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El Colegio de Sonora

Doctor Juan Poom Medina

Rector

Doctora Mercedes Zúñiga Elizalde

Directora de Publicaciones no Periódicas

Licenciada Inés Martínez de Castro N.

Jefa del Departamento de Difusión Cultural

ISBN: 978-607-8576-39-5

Primera edición, D.R. © 2018

El Colegio de Sonora

Obregón 54, Centro

Hermosillo, Sonora, México

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El Colegio de San Luis

Doctor David Eduardo Vázquez Salguero Presidente

Doctora Claudia Verónica Carranza Vera

Secretaria Académica

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Primera edición, D. R. © 2018

El Colegio de San Luis, A. C.

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Edición en formato digital:
Ave Editorial (www.aveeditorial.com)

La fotografía de la portada es de dominio público y originalmente se encuentra en los National Anthropological Archives. The University of Arizona Library, proporcionó una copia de la misma, que se localiza con la siguiente referencia: Special Collections, W.J. McGee Photograph Collection (MS 483), Box 1, folder 5, number 4277a-2, Dinwiddie photographer. En la página cuatro se reproduce la ficha descriptiva que acompaña la fotografía.

Hecho en México / Made in Mexico

Introducción

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el 12 de julio de 1893, cuando Frederick Jackson Turner presentó su texto, señero y polémico, sobre la frontera norteamericana ante la reunión de la American Historical Association (Turner 2010). En él se hizo eco del influyente paradigma etnocentrista, que consideraba el encuentro de culturas diferentes, las europeas y las americanas, como un choque de la civilización contra la barbarie. Con esta visión pretendía justificar el avasallamiento de los pueblos indígenas por el avance de los colonos anglosajones hacia el oeste. De igual manera buscó idealizar el sistema político norteamericano como producto, precisamente, de ese avance. Por su carga ideológica, el texto de Turner ha provocado enconados debates en el mundo académico, pero aun así se convirtió en el punto de partida indispensable para el estudio histórico de las zonas de frontera. Al inicial planteamiento turneriano se agregó la denominada escuela de las Spanish Borderlands, promovida por Herbert Eugene Bolton, la cual –manteniendo el etnocentrismo– se distinguió de Turner al incorporar a su investigación a grupos humanos totalmente ignorados por él: los españoles y los indígenas de las misiones. En la visión de Bolton, estos últimos eran considerados como los sujetos pasivos a evangelizar, primer paso para civilizarlos (Bolton 1917; Weber 1987, 33-54).

Como parte de los procesos críticos desarrollados a partir de la década de 1960, el paradigma turneriano fue severamente cuestionado en el mismo lugar donde surgió, para dar pie a desarrollos historiográficos que promovían el interés en los indígenas como actores, las mujeres, las minorías étnicas, los desarrollos económicos, entre otros temas (Ratto 2001, 106-107). El aporte principal de esta renovación historiográfica fue demoler el paradigma etnocentrista de civilización versus barbarie. A la par, el espacio objeto de interés historiográfico se extendió de Estados Unidos a otras zonas de frontera latinoamericanas, como el norte de México, las pampas argentinas, el sur chileno, los llanos venezolanos y el sertão brasileño (Hennessy 1978). En estos países, sobre todo en Argentina y Chile, se desarrollaron importantes historiografías sobre las fronteras.

Asimismo, el concepto de frontera ha ido enriqueciéndose, desde la visión turneriana, que la veía como free land a ser conquistada para la civilización, hasta los espacios donde se encuentran pueblos de culturas muy diferentes, sin que ninguno de ellos pueda imponerse de manera duradera sobre el otro (Schröter 2001, 367). Igualmente, se ha pasado de ver la frontera como un espacio territorial continental a otro espacio que se inicia en las costas: las fronteras marítimas (Clark 2009, 20-30). En el idioma inglés, el concepto mismo de frontier se ha desarrollado integrando otros conceptos relacionados como border y borderland para aludir a límites nacionales y zonas donde se encuentran las potencias coloniales (Adelman y Aaron 1999, 816); también son de mencionar los conceptos construidos en la historiografía argentina y chilena: límite y frontera, complejo fronterizo (Boccara 2005, 33).

También habría que incluir los desarrollos más recientes que aluden a las “fronteras étnicas”, ya no concebidas necesariamente en términos territoriales, sino como “ámbito donde se construye la etnicidad”, considerando que es un “mecanismo de organización social más que de una nebulosa cultura”, donde “los límites persisten a pesar del flujo de personal a través de ellos” (Quijada 2002, 127); asimismo los procesos de “fronterización” a partir de las representaciones construidas por los conquistadores (Sheridan 2015, 24-26).

Las visiones generales inauguradas por el planteamiento turneriano abordaron un tema importante de discusión: ¿qué tanto influyen las condiciones de frontera en la conformación de la sociedad que las vive? Turner atribuyó a tales condiciones el carácter supuestamente democrático y excepcional de las instituciones norteamericanas. Silvio Zavala creyó que tuvieron que ver con el carácter supuestamente liberal del norte mexicano, aunque no dejó de observar la impronta coercitiva de control de la mano de obra por parte de los hacendados y estancieros (Weber 1987, 44). Este viejo debate cobró interés en el intento de explicar la importante participación del norte de México en la revolución que se inició en 1910, lo que se hizo en gran medida al incorporar al análisis las condiciones de frontera de las sociedades norteñas, en especial el aspecto relacionado con la violencia endémica que las caracterizó por la guerra contra los indígenas (Carr 1973, 322-323).

El tema del impacto de la violencia endémica en la sociedad ha sido central en los abordajes historiográficos sobre las zonas de frontera latinoamericanas. Duncan y Markoff establecieron las coordenadas con las que se caracterizó a estos espacios.

En primer lugar plantearon el poco interés del aparato estatal en invertir lo suficiente para garantizar la seguridad ante la existencia de grupos indígenas independientes o con la suficiente autonomía y capacidad militar para enfrentar exitosamente a los conquistadores y colonos, creándose una situación en la que el Estado no tenía el monopolio de la violencia, por lo que permea la sociedad, haciendo de ella una incubadora de especialistas en la violencia. Por otra parte, la lejanía o relativo aislamiento de los centros de poder político ocasionaba que los habitantes de estas zonas arreglaran sus relaciones sociales de acuerdo a sus necesidades locales, sin atender las leyes generales establecidas por el aparato monárquico o el Estado nacional, asumiendo como normales prácticas ilegales como el contrabando, la rapiña, el cautiverio, la bigamia, la vagancia. Estos elementos conformaban un orden social y político particular en las zonas de frontera. Tal situación se empezó a revertir en la medida en que el Estado reforzó su presencia en estas zonas desde fines del siglo xix (Duncan y Markoff 1978).¹ Éste es el tema general que estructura el contenido de este libro.

A tono con la visión anterior, se han hecho importantes contribuciones que analizan la sociedad de frontera, pero un elemento innovador ha sido el interés creciente por indagar el impacto de la situación de frontera en las sociedades indígenas, sobre todo en el cambio cultural que experimentaron a raíz del contacto con la sociedad occidental. Estos trabajos, sin negar el impacto de la violencia, han abandonado los abordajes en blanco y negro, permitiendo recuperar un conjunto documental que indica la existencia de relaciones pacíficas entre indígenas y no indígenas. Así, los grupos nómadas ya no aparecen como “bárbaros” que sólo buscan el pillaje, sino como grupos inmersos en circuitos comerciales; los indígenas y los no indígenas ya no son vistos como bloques homogéneos que chocan sin cesar, sino que se advierten las diferencias en su seno y la variedad de relaciones que pueden entablar entre sí, haciéndose visible la importancia de los indígenas aliados y amigos, los intermediarios mestizos, la mediación que da origen a una diplomacia fronteriza en la que la figura de los parlamentos es recuperada como una práctica de suma importancia en la vida fronteriza (Jong 2016; Radding 2015; White 2011). El interés en los grupos indígenas es un aspecto que se recupera en la mayoría de las contribuciones de este libro.

Un elemento fundamental en el enriquecimiento de la historiografía sobre las fronteras ha sido el ir de los planteamientos sintéticos muy generales a una observación micro, mucho más cercana a las prácticas de los actores, permitiendo ampliar las caracterizaciones de estas sociedades fronterizas. En esta sintonía, desde hace algunos años El Colegio de Sonora, a través del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera y su cuerpo académico prodep, ha buscado coadyuvar a un mejor conocimiento de las sociedades de frontera, principalmente del norte de México, enmarcándolas en las orientaciones historiográficas recientes, desarrolladas en otros países donde el estudio de las sociedades fronterizas es un área consolidada. Fue así que en octubre de 2015 se realizó en Hermosillo, Sonora, México, el VI Coloquio de estudios históricos de región y frontera, en el que participaron especialistas en la historia del norte de México y la Dra. Ingrid de Jong, de la Universidad de Buenos Aires, como invitada especial, para presentar trabajos de investigación sobre el orden social y político en las zonas de frontera en Hispanoamérica. Como fruto de ese evento se presenta este libro colectivo.

El volumen comprende nueve capítulos que se ubican espacialmente en el septentrión novohispano y mexicano en un periodo de tiempo que se expande desde el siglo xvi al xx. Al final se agrega un texto, a manera de apéndice, en el que se hace una reflexión sintética acerca de la historiografía etnohistórica argentina, con la intención de brindar un panorama de la evolución reciente de esta área de estudios en un país donde la historiografía de las fronteras ha tenido un notable desarrollo. Su inserción tiene el objetivo de coadyuvar (con el conocimiento de temas y bibliografía) a la utilización de este bagaje intelectual en las investigaciones sobre las zonas de frontera en nuestro país. Su contenido coincide con temas centrales del contenido del libro: recuperar la presencia de las sociedades indígenas y mostrar las vías a través de las cuales el aparato del Estado nacional empezó a hacerse presente en zonas donde tradicionalmente fue débil su accionar.

Los dos primeros capítulos se ubican en los primeros tiempos del contacto hispano-indígena. Juan Carlos Ruiz Guadalajara brinda una visión renovada sobre un tema clásico de la historiografía fronteriza del norte novohispano: el largo proceso de conquista del territorio denominado Gran Chichimeca. La clave de la renovación, como lo apunta el autor, reside en abandonar las representaciones con que los españoles entendieron el mundo de los indígenas cazadores-recolectores que habitaban el territorio mencionado y reconocer su complejidad, tanto en su diversidad étnica como en la importancia de los conocimientos sobre su territorio y en la relación de estos grupos con los conquistadores, que fue más allá de la guerra. Para adentrarse en el tema el autor centró su estudio en uno de los grupos indígenas del Gran Tunal: los guachichiles.

Por su parte, Chantal Cramaussel aborda un tema novedoso: las relaciones interétnicas establecidas en el denominado Bolsón de Mapimí, zona que por sus características desérticas los españoles nunca pretendieron poblar, quedando como un territorio ocupado estacionalmente por indígenas cazadores-recolectores que sabían aprovechar sus recursos, entre los que sobresalían las salinas que ahí existían o como zona de refugio por indígenas rebeldes. La autora documenta las campañas militares de 1652-1653 y 1721-1722 contra los indios que lo habitaban, en las que confirma la complejidad del mundo indígena y colonial, pues en ellas fue importante la presencia de auxiliares indígenas. Por otra parte, también era usual la búsqueda de la paz, en la que un punto central era el cambio y canje de cautivos de ambas partes.

Los vecinos en armas y sus milicias es el tema que aborda María del Valle Borrero Silva, quien brinda una visión panorámica y conceptual que se remonta a la Edad Media hispana, distinguiendo entre el ejército y las milicias, así como los cambios que adoptaron estas últimas con las denominadas reformas borbónicas y los procesos políticos que condujeron a las independencias hispanoamericanas. Borrero documenta que en provincias fronterizas como Sonora era común que los milicianos participaran en la guerra contra los indígenas. Si bien la fortaleza del sistema presidial motivó que perdieran preponderancia, pronto la guerra contrainsurgente y la independencia condujo a su decadencia y a que de nueva cuenta las milicias de vecinos fueran las responsables de la defensa de los poblados.

En los siguientes dos capítulos se analizan situaciones que muestran cómo se expresó, en zonas fronterizas, la agitada vida política de las primeras décadas del México independiente. En el capítulo de José Marcos Medina Bustos se da cuenta de la amplia participación política de los pobladores de la provincia de Sonora, la cual incluyó a los indígenas, tanto en las elecciones como en los denominados pronunciamientos. Se resalta la importancia que adquirieron los grupos armados de los indígenas de los pueblos, ya fuera en el nuevo ciclo de rebeliones contra las leyes liberales que desconocían sus repúblicas y su control de las tierras comunales, como en apoyo a las facciones de las familias notables que se disputaban el poder político. Esto último fue una práctica novedosa que se mantuvo hasta la revolución de principios del siglo xx, con la que los indígenas buscaban defender sus derechos.

Mario Alberto Magaña Mancillas analiza la situación política del Partido Norte de la Baja California al mediar el siglo xix, la cual se caracterizó por una gran inestabilidad producto de las invasiones extranjeras y el abandono de las autoridades del centro del país, lo que ocasionó el desarrollo del bandolerismo y que muchos habitantes migraran hacia la California norteamericana, empeorando el poblamiento del Partido Norte. En ese contexto es importante resaltar las prácticas políticas de los pocos pobladores que permanecieron, como eran las reuniones de los vecinos para elegir de manera directa a sus autoridades, lo cual iba a contrapelo de la práctica usual en el resto del país, como lo eran las elecciones indirectas. Este mismo ejercicio de participación directa y autogobierno se realizó para aprobar un documento cuasi constitucional titulado Organización administrativa del Partido Norte de la Baja California, en 1857, con lo cual de hecho los pobladores asumían facultades de un estado soberano a pesar de ser un territorio dependiente de los poderes federales.

El resto de los capítulos se ubican en la etapa histórica en la que el aparato de Estado nacional empieza a hacerse presente; así, Ignacio Almada Bay analiza el proceso a través del cual los territorios indígenas del sur de Sonora, en donde yaquis y mayos habían logrado un alto grado de autonomía conformando verdaderas “fronteras internas”, fueron incorporados a la jurisdicción nacional. Las vías utilizadas comprendieron la guerra encabezada por el Ejército federal, apoyado por las milicias de vecinos; la colonización de población blanca y mestiza promovida por la apertura de canales de riego y el reparto de tierras; la construcción de vías de comunicación, destacando las férreas, que facilitaron el traslado de tropas, personas y productos.

Desde una perspectiva diferente, Laura Shelton también se interesa en mostrar cómo el Estado buscó imponer un orden social en Sonora y Nuevo León a través del control de las actividades relacionadas con la preservación de la salud, particularmente de la atención a las mujeres parturientas. En el caso de Nuevo León destaca la temprana profesionalización de la actividad de las parteras por medio del establecimiento de la Escuela de Medicina y el Consejo de Salubridad desde mediados del siglo xix. En cambio, en Sonora, la atención de la salud fue precaria, como lo expresa el dato de que la Escuela de Medicina en el estado se estableció hasta el año 2000. La actividad de las parteras fue la vía común para atender a las embarazadas, hasta 1935 cuando el gobierno federal, a través del organismo denominado Servicios Sanitarios Coordinados, estableció sanatorios, lo cual mostraría que en Sonora la presencia estatal en este ámbito fue un fenómeno tardío.

Ana Luz Ramírez, por su parte, aborda los mecanismos mediante los cuales el Estado posrevolucionario, a nivel nacional y local, buscó integrar a los indígenas comcáac de la costa central de Sonora a las estructuras económicas y culturales de la región. En la instrumentación de tales políticas fueron importantes los intermediarios que, aprovechando su aceptación por los indígenas, se convirtieron en interlocutores con las autoridades estatales para la promoción de actividades que, se consideraba, beneficiarían a los comcáac, como la atención al turismo, la formación de cooperativas pesqueras y la fundación de escuelas. Tales proyectos, si bien incidieron en cambios en la cultura comcáac –principalmente una reducción de su movilidad espacial–, no provocaron su desaparición, sino más bien una adecuación a la nueva situación que se creó con la explotación económica de la costa, fenómeno que se desarrolló con fuerza desde mediados del siglo xx.

Raquel Padilla dedica su capítulo a explicar el liderazgo militar del yaqui Sebastián González, quien a mediados del siglo xx encabezó a su pueblo en la defensa del territorio y en la promoción de su mejora social. Utilizando en gran medida testimonios orales, la autora reconstruye la trayectoria vital de González, en la que destaca su reconocimiento como capitán de la milicia yaqui, aunque posiblemente él mismo difundió la versión de que también era oficial del Ejército mexicano, de manera similar a como lo habían sido líderes como Juan Maldonado (Tetabiate) a fines del siglo xix. La autora considera que liderazgos como el de Sebastián González gozaban de un prestigio otorgado por la creencia yaqui de que poseía un don o gracia obtenida de la divinidad al ser designado desde su nacimiento como capitán coyote. En torno a planteamientos de este tipo, Padilla realiza una importante contribución para comprender el lugar de la milicia en el sistema de creencias yaqui.

Finalmente, a manera de apéndice, se presenta la reflexión sintética de Ingrid de Jong acerca del territorio y la territorialidad indígena en la etnohistoria de la Pampa y la Patagonia, durante el siglo xix. Es una contribución importante porque analiza las aportaciones de la etnohistoria argentina de las últimas tres décadas, las cuales han avanzado en historizar las relaciones interétnicas, lo que ha permitido abandonar esquemas esencialistas como la separación entre nómadas y sedentarios; la asignación atemporal de espacios a grupos étnicos y la respuesta indígena constreñida a la resistencia o la aceptación. De igual manera ha sido importante la incorporación del análisis regional, de conceptos como etnogénesis y de relativizar el concepto de Estado, para comprender de mejor manera los territorios y la territorialidad, los procesos de creación y desaparición de identidades, así como las relaciones de tipo personal más que institucional establecidas entre grupos indígenas y de hispano-criollos.

Como podrás apreciar, estimado lector, esta obra colectiva expresa el interés por recuperar la historia de las zonas fronterizas para tener una visión más amplia de la historia de México, la cual –generalmente– se ha construido a partir de los procesos desarrollados en las zonas centrales.

José Marcos Medina Bustos

Bibliografía

Adelman, Jeremy y Stephen Aron. 1999. From borderlands to borders: empires, nation-states, and the peoples in between in North American history. American Historical Review 104 (3): 814-841.

Almada Bay, Ignacio L. 2008. Ilícitos, solidaridades y tradiciones locales en la construcción de una identidad territorial en la frontera norte de México. Sonora ¿Una tierra de excepción? La perspectiva de Antiguo Régimen. En El norte de México: entre fronteras, compilado por Juan Luis Sariego, 203-238. México: inah, conacyt, enah-Chihuahua.

Alonso, Ana María. 1997. Thread of blood. Colonialism, revolution, and gender on Mexico’s northern frontier. Tucson: University of Arizona Press.

Boccara, Guillaume. 2005. Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas. Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de Nathan Wachtel. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria (13): 21-52.

Bolton, Herbert Eugene. 1917. The mission as a frontier institution in the Spanish-American colonies. The American Historical Review 23 (1): 42-61.

Carr, Barry. 1973. Las peculiaridades del norte mexicano, 1880-1927: ensayo de interpretación. Historia Mexicana 22 (3): 320-346.

Clark, Hugh R. 2009. Frontier discourse and China’s maritime frontier: China’s frontiers and the encounter with the sea through early imperial history. Journal of World History 20 (1): 1-33.

Duncan Baretta, Silvio R. y John Markoff. 1978. Cattle frontiers in Latin America. Comparative Studies in Society and History 20 (4): 587-620.

Hennessy, Alistair. 1978. The frontier in Latin American history. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Jong, Ingrid de. 2016. Las prácticas diplomáticas en los procesos de expansión estatal: tratados de paz y parlamentos en pampas y araucanías. En Las poblaciones indígenas en la conformación de las naciones y los Estados en la América Latina decimonónica, compilado por Ingrid de Jong y Antonio Escobar Ohmstede, 291-347. México: El Colegio de México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, El Colegio de Michoacán.

Quijada, Mónica. 2002. Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continuidades y discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos xviii-xix). Revista de Indias lxii (224): 103-142.

Radding, Cynthia. 2015. Pueblos de frontera. Coloniaje, grupos étnicos y espacios ecológicos en el noroeste de México, 1700-1850. México: El Colegio de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura, Universidad de Sonora, The University of North Carolina at Chapel Hill [primera edición en inglés, 1997].

Ratto, Silvia. 2001. El debate sobre la frontera a partir de Turner. La New Western History, los Borderlands y el estudio de las fronteras en Latinoamérica. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 24, 105-125.

Schröter, Bernd. 2001. La frontera en Hispanoamérica colonial: un estudio historiográfico comparativo. Colonial Latin American Historical Review 10 (3): 351-385.

Sheridan Prieto, Cecilia. 2015. Fronterización del espacio hacia el norte de la Nueva España. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Turner, Frederick Jackson. 2010. The significance of the frontier in American history. En The frontier in American history, de Frederick Jackson Turner, 22-59. Mineola, Nueva York: Dover Publications Inc. [ebook].

Weber, David. 1987. Myth and the history of the Hispanic Southwest. Albuquerque: University of New Mexico Press.

White, Richard. 2011. The middle ground. Indians, empires, and republics in the Great Lakes Region, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press.

¹ Estudios de caso donde se parte del impacto de la situación de frontera en la sociedad son los trabajos de Alonso (1997) y Almada Bay (2008).

La transformación cultural de los nómadas guachichiles en su integración a la dominación hispánica, 1550-1700¹

Juan Carlos Ruiz Guadalajara²

Los guachichiles novohispanos
como problema de investigación

Uno de los debates más complejos de la historiografía novohispanista, y que comienza a remontar la escasez de nuevos exponentes, es el que se refiere a la continuidad o a la desaparición de los distintos grupos denominados chichimecas en la trayectoria histórica de la Nueva España.³ Los ya no tan nuevos enfoques sobre el tema, casi todos posteriores a la obra de Philip Powell (1977), comenzaron por cuestionar la imagen de una rígida taxonomía prehispánica entre nómadas y sedentarios, ilusoria idea que tuvo efectos adversos para la comprensión histórica y que fuera originada tras la propuesta de Paul Kirchhoff (1960) para definir el área cultural mesoamericana del Posclásico tardío. Si bien esta imagen de rigidez es ajena a las intenciones originales de Kirchhoff, lo cierto es que generó un tipo de visión evolucionista que orientó la mirada que muchos estudiosos lanzaron sobre las culturas que enfrentaron la expansión de los cristianos hacia el norte aridoamericano en los siglos xvi y xvii. Dicha visión dio por sentado que las formas de reproducción social de los denominados chichimecas correspondían a una situación de atraso e inferioridad, haciendo eco de la barbarización del nómada realizada por los españoles a través de las representaciones jurídico-administrativas que utilizaban para clasificar a la población indígena en proceso de dominación. Otros efectos adversos derivados de esta rígida taxonomía fueron, por un lado, la común aceptación acrítica de una frontera lineal y casi impermeable que dividía tajantemente el mundo agrícola mesoamericano del universo de los recolectores-cazadores chichimecas; por el otro, el predominio de una idea homogénea de la realidad del nómada prehispánico que negaba, o al menos no permitía, visualizar la complejidad y plurietnicidad de sus componentes.

Los nuevos estudios pretenden desmontar las categorías utilizadas por la mayoría de los españoles, y que por lo general fueron producto de operaciones de síntesis mediadas por las intencionalidades de una cultura hispánica de raíz romana, para entonces dominante, en expansión y con la hegemonía incontestable de la violencia (Ruiz y Sabatini 2009, 502). Son esas categorías las que aparecen en las fuentes históricas más recurridas. Otro de los aspectos que ha comenzado a surgir en el estudio de los nómadas chichimecas es el de su relación con el territorio y la territorialidad. Los acercamientos predominantes, entre los que se incluyen los hispánicos de nuestro periodo de estudio, mostraban una imagen del chichimeca errante, siempre en busca de alimento y protección en formaciones y refugios naturales. También lo mostraban dueño de una especie de naturaleza belicosa y fiera que le animalizaba y llevaba a atacar para hacer daño. A esto se agregaba un elemento de ahistoricidad que en el fondo negaba cualquier tipo de cambio social entre estos grupos, creando una imagen estática de ellos. Las recientes interpretaciones, basadas en nuevos métodos y fuentes, han mostrado que la relación de los nómadas chichimecas con el territorio fue también política, estableciendo esquemas de posesión, identidad y administración de los recursos con base en formas específicas de organización social y de gobierno. Esto se tradujo en procesos de producción del espacio social anclados, por supuesto, al territorio, sus delimitaciones y representaciones, involucrando además relaciones de conflicto y solidaridad con grupos vecinos, tanto nómadas como sedentarios.

Estas y otras interpretaciones de reciente formulación nos permiten abrir nuevos caminos para intentar dilucidar uno de los aspectos más desconocidos sobre las naciones nómadas chichimecas, a saber, los múltiples procesos de su transformación en el seno de la Monarquía Hispánica. No está de más especificar que, ante la complejidad del universo de naciones nómadas y seminómadas que se incluyeron en la denominación histórica de chichimecas, es imposible plantear un estudio general que las abarque.⁴ Las experiencias de cada nación respecto a las dinámicas y ritmos de la expansión hispánica hacia el septentrión del territorio novohispano determinaron escenarios diversos que merecen un esfuerzo de particularización histórica. Incluso las diversas parcialidades nómadas y seminómadas que por idioma, etnicidad e identidad formaban parte de una misma nación llegaron a desarrollar respuestas con desenlaces variados. La necesidad de la regionalización y sobre todo de la práctica microhistórica en muchas de sus modalidades es una de las mejores vías para acercarnos a este problema. Ante esa complejidad, debemos hacer las siguientes precisiones para acotar el objetivo de este capítulo:

La expansión de la Monarquía Hispánica hacia el septentrión americano generó muy variadas experiencias de frontera, algunas incluso sincrónicas por acción de los varios milicianos españoles que encabezaron las empresas de conquista y consiguieron la dominación violenta o pactada de diversas naciones. Mas no fue una expansión uniforme sobre el territorio. En ocasiones alguna expedición hacia algún punto del inmenso septentrión o de la tierra adentro tenía éxito en términos de hallazgos de metales preciosos, lo que permitía abrir un frente de migración, colonización y administración que dependía de muchos factores para la posible consolidación e integración de un espacio territorial a la Monarquía Hispánica. Entre lo ya consolidado en la Nueva España y la Nueva Galicia, es decir, entre el centro-occidente y los nuevos hallazgos en el norte durante el siglo xvi, generalmente se abrieron grandes espacios sin dominación efectiva de los cristianos, lo que implicaba una de las tantas modalidades de dominación discontinua que caracterizaron la formación de los espacios fronterizos de la Monarquía y la relación con sus vecindades. En nuestro caso, el campo de estudio que hemos desarrollado en los últimos años se ha centrado en el ámbito de lo que fuera la primera experiencia de frontera septentrional de la Nueva España durante su etapa formativa en el siglo xvi, esto es, el territorio inmediato a las culturas sedentarias del centro mesoamericano denominado como Gran Chichimeca, el cual incluyó al Gran Tunal guachichil.

La delimitación de este territorio es muy compleja. Lo encontramos ya inserto en las concepciones que dividían por rumbos los distintos planos del universo entre los nahuas y tarascos en el Posclásico mesoamericano; dicha representación, base de la ubicación mesoamericana del chichimecapan, fue retomada por los españoles en su reconocimiento y clasificación del territorio, ahora bajo la idea de una Provincia de los Chichimecas o Llanos de los Chichimecas. Por tanto, en términos hispánicos dicha provincia se construyó desde criterios jurídicos que no reflejaban la realidad espacial asociada a los grupos que la habitaban. Ha sido la investigación etnográfica y etnohistórica la que más ha ayudado a desentrañar el tejido de naciones que albergaba el denominado Gran Norte de México, incluido el Gran Tunal, si bien tampoco hemos logrado comprender satisfactoriamente los procesos de transformación de esas naciones como resultado de la dominación de los cristianos.⁵ Desde una perspectiva histórica, a la llegada de los españoles el territorio de nuestro estudio era el espacio de reproducción, principalmente, de las naciones guamare, guachichil, zacateca y pame, clasificación de suyo deficiente, pues desconocemos el tipo de diversidad que oculta. Tenemos la certeza de estar ante naciones con idioma propio, ramificaciones y territorios definidos, aunque desconocemos el alcance temporal de esta última situación. Por ejemplo, ¿desde cuándo estaban los guamares en los territorios septentrionales inmediatos a los dominios tarascos?, ¿cuándo llegaron los guachichiles a los territorios del Gran Tunal?, ¿los disputaron y ganaron a otras naciones?

En este capítulo centraremos nuestra atención en los nómadas guachichiles y en su proceso de transformación cultural derivado de su enfrentamiento con los cristianos y de su posterior integración al nuevo orden político hispánico. El primer problema de investigación que surge tiene que ver con la caracterización de esta nación y la comprensión de la territorialidad que manejaban antes de la irrupción cristiana. Contamos al menos con dos fuentes documentales que permiten una reconstrucción bastante aceptable de los principales rasgos culturales de las naciones nómadas del Gran Tunal, incluida la guachichil. Me refiero, por un lado, a la crónica de fray Guillermo de Santa María, escrita entre 1575 y 1580, y por el otro, a la descripción realizada en 1583 por el cura de San Miguel el Grande, Juan Alonso Velázquez (Santa María 1999).⁶ Ambos documentos se sustentaron en la experiencia directa con los nómadas y fueron escritos en el contexto de la etapa más violenta de la denominada guerra de los chichimecas. Se originaron, por tanto, con similar intencionalidad: informar sobre las características de los nómadas y sugerir a las autoridades vías de solución a la violencia. Estas descripciones, sobre todo la de Velázquez, confirman el sentido de posesión del territorio entre los nómadas y los conflictos que existían entre dichas naciones en la defensa de sus espacios de reproducción y sus recursos.⁷ También muestran que los guachichiles contaban con al menos otras dos ramificaciones internas denominadas guaxabanes y sanzas, y tal vez otras dos, los samúes y los macolías (Santa María 1999, 206-208).

Con base en estos y otros documentos novohispanos, es posible establecer que el territorio guachichil, al cual nos referiremos como la Guachichila, estaba formado por una extensa franja irregular que de sur a norte abarcaba poco más de 500 kilómetros; partía desde las inmediaciones de lo que posteriormente fue la villa de San Miguel el Grande y llegaba hasta lo que después fue la villa de Saltillo (ver figura 1). Entre su extremo sur y la parte media de esa franja encontramos un progresivo ensanchamiento del territorio hasta alcanzar más o menos 200 kilómetros de anchura en dirección este-oeste, dimensión que se mantiene constante casi hasta llegar a Saltillo. Este enorme espacio es un altiplano predominantemente semidesértico, integrado a lo que actualmente se conoce como el desierto de Chihuahua, y cuenta con una extraordinaria biodiversidad, recursos y sistemas serranos que fueron aprovechados con eficiencia por las parcialidades guachichiles en sus ciclos estacionales. Las vecindades de los guachichiles al inicio del siglo xvi fueron muy diversas: hacia el sur partían términos con los nómadas guamares; por el oriente tenían las estribaciones de la Sierra Madre Oriental como barrera y refugio natural, espacio que los llevó a relacionarse con otomíes del señorío de Xilotepec, con pames y, más al norte, con otros grupos nómadas y seminómadas aledaños al área de influencia huasteca; por el norte no se aprecian con suficiente claridad los grupos nómadas vecinos; y en la banda ubicada al occidente de la franja guachichil se ubicaban por el sur los guamares y por el norte los zacatecos.

Figura 1. Área aproximada del territorio de los guachichiles hacia 1550 y su situación frente a la ocupación hispánica en 1650

Fuentes: agi, México 110; agi, Patronato 83; agi, Patronato 182; agi, Contaduría 851; agi, Contaduría 874; agi, Guadalajara 4; Martínez Romero 2015; Mota y Escobar 1966; Salas 2009; Santa María 1999; Ruiz Guadalajara 2016; Zapata 2013. Agradezco al maestro Sergio Tonatiuh Serrano Hernández su ayuda para la elaboración de este mapa.

No contamos con la más mínima noticia que permita arriesgar un cálculo de población guachichila a comienzos del siglo xvi. Tan sólo tenemos la seguridad de estar ante un reducido universo poblacional. Lo anterior se basa en dos premisas: el conocimiento antropológico que tenemos sobre la limitada capacidad del modo de reproducción nómada para lograr aumentos demográficos significativos y las noticias que da el bachiller Velázquez sobre lo vulnerables que eran los chichimecas en la guerra por ser pocos: “quizá por ser pocos como es de creer se procuran conservar y no venir a menos con suma diligencia, y tanto que se entiende de ellos que dejan de acometer e intentar muchas empresas por no perder ningún hombre de guerra”.⁸

La baja densidad demográfica y el régimen nómada daba por resultado un patrón de dispersión mediante parcialidades y clanes, con jefaturas encargadas de mantener el dominio, manejo y defensa del territorio, así como de sustentar las redes de comunicación con las otras parcialidades, estableciendo ciclos de encuentro y de congregación para la guerra y los intercambios. Se trataba, por tanto, de una nación dispersa y cohesionada por cultura, idioma y prácticas concretas sobre un espacio enorme que se tradujo en una territorialidad propia.

En cuanto a las relaciones de los guachichiles con otros grupos y territorios antes del arribo de los españoles, existen diversos indicios que permiten plantear algunas líneas de investigación. Por ejemplo, el territorio guachichil contaba con diversos recursos que sus habitantes habían integrado a sus prácticas medicinales y rituales, siendo el peyote el más importante por sus cualidades psicodinámicas y su carácter endémico. Esta cactácea, que también representaba un importante recurso energético para el nómada, fue utilizada desde tiempos remotos por nómadas y sedentarios, y en el posclásico mesoamericano la encontramos presente en muchas culturas de Mesoamérica, incluidos los nahuas, lo que indica vínculos y relaciones comerciales o de intercambio con los guachichiles y su territorio.⁹ Otros indicios, derivados del tipo de eventos que se desarrollaron en el enfrentamiento con los cristianos durante la segunda mitad del siglo xvi, apuntan a la capacidad de los jefes de parcialidades guachichilas para relacionarse políticamente con los grupos fronterizos nómadas y sedentarios. Al menos en el caso de los guachichiles y su relación con zacatecos y guamares no queda duda de este tipo de relaciones frecuentes dirigidas a dirimir conflictos o establecer alianzas. Algo similar parece haber sucedido con los caxcanes y otros grupos mesoamericanos. Nuevas líneas de investigación en torno a las rutas de intercambio entre los guachichiles y otros territorios podrán abordar el comercio de sal, pieles, plantas y posiblemente metales preciosos y cuarzos a muy baja escala.

Como se puede apreciar, en el estudio de los guachichiles prehispánicos no sólo enfrentamos la escasez de vestigios propia de una cultura nómada, sino que también padecemos la extinción de su idioma y la inexistencia de un vocabulario ante el desinterés que los españoles mostraron hacia la cultura de este grupo, considerado el más fiero y bárbaro de todos los chichimecas que enfrentaron el avance cristiano hacia el norte. Incluso la denominación de este grupo como “guachichil” proviene del mundo náhuatl, por lo que desconocemos su nombre original.¹⁰

Más allá de estas limitaciones, contamos con una imagen lo suficientemente clara sobre las principales características de esta nación, lo que nos permite establecer el ejercicio de contraste necesario para visualizar sus diversas transformaciones en su enfrentamiento con los cristianos y en su final integración a la Monarquía Hispánica. Respecto al término “cristianos”, utilizado recurrentemente en este ensayo para definir a los agentes sociales que establecieron la dominación hispánica, es necesario precisar que con su uso nos referimos no sólo a los españoles en todas sus variedades regionales y laborales, sino también a todos aquellos grupos indígenas de Mesoamérica que, ya cristianizados, migraron y colonizaron, incluso como conquistadores, la tierra guachichila, contribuyendo con ello a la implantación del orden institucional y hegemónico del régimen hispánico. Como veremos, el territorio guachichil compartió con toda la Gran Chichimeca el proceso de colonización de tres naciones mesoamericanas: los nahuas principalmente representados por los tlaxcaltecas, los tarascos de Michoacán y los otomíes provenientes, muchos de ellos, del señorío de Xilotepec. Cada una de estas naciones ejerció dominio sobre el territorio guachichil de diferente manera, pero siempre en su carácter de cristianos y vasallos del rey.

Por último, en este ensayo daremos, por motivos de espacio, un seguimiento panorámico a la transformación cultural de los guachichiles nómadas en guachichiles novohispanos a partir de dos grandes periodos, y con base en tres posibilidades o formas de integración a la sociedad novohispana. El primer periodo lo ubicamos entre 1550 y 1591; el segundo desde 1591 hasta el final del siglo xvii. Se trata de una delimitación temporal esquemática y por supuesto arbitraria, pero la consideramos muy útil como base para analizar la trayectoria histórica de la territorialidad guachichila en su fase de desintegración e integración a la Monarquía Hispánica. Las tres posibilidades a explorar en cada periodo son, en primer lugar, la aceptación de la dominación hispánica mediante la formación de repúblicas de indios; en segundo lugar, la inserción atomizada e incluso individualizada de guachichiles en la sociedad novohispana; y en tercer lugar, el desplazamiento de parcialidades guachichilas hacia los márgenes de los nuevos territorios cristianos y las relaciones que establecieron con éstos. El objetivo es vislumbrar, por tanto, una línea de historicidad capaz de plantear problemas de investigación en torno a la producción de un nuevo espacio económico y político, y que tuvo como consecuencia final la desaparición de los nómadas guachichiles.

Primera fase, violencia hispánica y despojo
del territorio: 1550-1591

Fueron dos los acontecimientos centrales que aceleraron la necesidad de los españoles de dominar los Llanos de los Chichimecas Blancos: el triunfo de las huestes indo-españolas en la guerra del Mixtón en 1541 sobre la confederación de naciones nómadas y sedentarias encabezada por Tenamaxtle y los caxcanes, y el descubrimiento de la plata tanto en Zacatecas hacia 1546 como en Guanajuato entre 1553 y 1554. Surgió con ello la necesidad de resolver por parte de los españoles tanto el trazado de una ruta directa entre la Ciudad de México y las minas de Zacatecas como la integración de un sistema regional de producción de bastimentos que permitiera el progreso de las minas y de las poblaciones que éstas generarían. Ambos proyectos eran prioritarios para asegurar los nuevos descubrimientos y continuar el avance de las exploraciones hacia el inmenso septentrión americano.

El trazado de la ruta o camino entre México y Zacatecas significaba atravesar la región meridional del territorio de los guachichiles. Ya entre 1542 y 1544 el franciscano fray Juan de San Miguel había misionado en la Guachichila y en su camino de retorno hacia Michoacán había logrado fundar el pueblo de San Miguel de los Chichimecas, justo en el extremo sur del territorio guachichil y en zona de transición hacia el territorio de los guamares. La fundación de San Miguel logró congregar a guamares que habían pactado su sedentarización, así como a colonos tarascos y otomíes. No contamos con suficiente información para conocer los mecanismos utilizados por fray Juan para lograr la colaboración de estos guamares; lo cierto es que después de diez años de existencia San Miguel de los Chichimecas fue atacado y destruido en 1554 por otra parcialidad de nómadas guamares conocida como copuces (Santa María 1999, 205). Desconocemos los motivos, pero la destrucción coincide con los descubrimientos de plata en Guanajuato y con el aumento de la penetración de los cristianos en territorio guamare: diversos españoles recibían en estos años numerosas mercedes para estancias de ganado y caballerías de tierra en dicho territorio, llevando indios migrantes, negros esclavos, marcando términos y originando disputas por el acceso al agua, por ejemplo. La destrucción también coincide con los primeros años del trazado de la ruta directa a Zacatecas, que tuvo en San Miguel un punto estratégico.¹¹ Dicha cualidad implicó un inmediato esfuerzo de refundación de San Miguel, ahora como villa española y conservando la presencia de tarascos, otomíes y guamares. El proyecto se desarrolló entre 1555 y 1559, dando lugar a San Miguel el Grande (Wright 1999, 54-55).

En sus primeros años esta villa española formó parte de la alcaldía mayor de Xilotepec y en 1562 se erigió como cabecera de una nueva alcaldía mayor que tuvo límites indefinidos en tierra de chichimecas. Fue, por tanto, una de las primeras manifestaciones del reordenamiento jurídico y administrativo que el territorio chichimeca comenzó a experimentar con el avance de la dominación hispánica; tuvo además fuertes implicaciones para los guachichiles, pues la villa como nodo urbano permitió a los cristianos asegurar y penetrar con mayor fuerza el sur de la tierra guachichila. Es importante destacar también que el proceso de formación de la villa española de San Miguel, así como de su alcaldía, fue contemporáneo a la gran alianza de 1561 realizada por los zacatecos y guachichiles, quienes se unieron en un frente de guerra que asoló el entorno de Zacatecas e intentó expulsar a los cristianos de sus territorios.¹² Esto derivó en una política hispana para el fortalecimiento de la nueva alcaldía mediante la fundación de una segunda villa en el camino de la plata. La intención fue establecer una frontera capaz de separar a los guamares de los guachichiles. El nuevo asentamiento, denominado Villa de San Felipe y administrado espiritualmente por franciscanos, fue fundado con apoyo de migrantes tarascos y en un espacio desde el cual se tenía acceso hacia el Gran Tunal de los guachichiles, lo que permitió a los misioneros aumentar su interacción con ellos (Powell 1977, 80 y 244). Tenemos entonces un proceso de avance múltiple sobre el territorio guachichil y que tuvo a Zacatecas como polo de atracción hacia el norte. En dicho proceso es posible observar los intereses de diversos tipos de territorialidad hispánica.

Por ejemplo, la tierra chichimeca comenzó a ser disputada jurisdiccionalmente entre la Nueva España y la Nueva Galicia, reino este último que había integrado Zacatecas a su ámbito administrativo desde su descubrimiento. Así, las acciones de resistencia de los guachichiles se desarrollaban también en medio de estas presiones políticas derivadas de los conflictos y pugnas entre jurisdicciones hispánicas en proceso de definición. A ello debemos añadir el otro flanco de penetración hispánica sobre el territorio guachichil por el noroeste, es decir, desde el ámbito zacatecano. De hecho, el descubrimiento de Zacatecas permitió en 1549 el de los yacimientos de sal bautizados como las Salinas de Santa María y posteriormente los del Peñol Blanco, ubicados a corta distancia al oriente de las minas, en plena tierra guachichil.¹³ Poco tiempo después, y como resultado de nuevas exploraciones y persecuciones punitivas contra guachichiles insumisos, los españoles descubrieron al noreste de Zacatecas las minas de Mazapil en 1568, también en territorio guachichil, abriendo con ello otro polo de migración y colonización adverso a los nómadas (Salas 2009, 87-88).¹⁴ Seis años después, en 1574, las exploraciones por dicho flanco occidental permitieron el descubrimiento y primera fundación de las minas de Charcas, también en territorio de guachichiles y justo en el periodo de mayor violencia entre éstos y los cristianos. La primitiva Charcas fue prontamente abandonada ante los ataques de los nómadas para ser refundada diez años después, en 1584, como Minas de Charcas y Real de Navidad. De acuerdo a la crónica franciscana de Arlegui, en 1583 fray Diego de la Magdalena, quien llevaba muchos años en la zona, habría comenzado a congregar algunas familias de guachichiles en Charcas y Venado (Arlegui 1737, 209-256; Martínez Romero 2015, 37).¹⁵

Otros datos confirman una intensa actividad de algunos franciscanos dirigida a evangelizar parcialidades guachichiles que aceptaban plegarse al cristianismo y a la sedentarización. Desconocemos muchos detalles sobre estos procesos, pero es posible plantear que fueron lentos e implicaron el necesario establecimiento, en un primer momento, de relaciones de amistad entre frailes y caudillos de parcialidades chichimecas. No es descartable la idea de que los franciscanos hayan logrado un cierto grado de evangelización sobre algunos guachichiles incluso sin la exigencia de abandonar el nomadismo. Consideremos, por ejemplo, que casi simultáneamente a la fundación de Charcas los españoles avanzaron por el sur hacia el interior del Gran Tunal guachichil, estableciendo un presidio en lo que denominaron el Valle de San Francisco, al norte de la villa de San Felipe. Se trataba de una importante avanzada en tierra de guerra, que aprovecharon los frailes para incrementar su interacción con los para entonces ya muy transformados guachichiles (Powell 1977, 181-182).¹⁶

En 1583, por ejemplo, el bachiller Velázquez, como cura de San Miguel el Grande, declaró tener amistad con don Juan y don Alonso, capitanes de los copuces y los guamares, respectivamente, y también con Naguadaname y Atanatoya, capitanes guachichiles que “por no ser bautizados no tienen nombre de cristianos. Y entiendo que en todo tiempo se confiarán de mi como lo hacen porque siempre les he dicho lo que les conviene [...] y procuraré conservarlos en mi amistad”.¹⁷ Frente a las mediaciones desarrolladas por varios agentes sociales de naturaleza eclesiástica, no debemos perder de vista la acción de milicianos españoles, quienes tras años de operar en el escenario de guerra también habían adquirido un conocimiento profundo sobre los guachichiles y su territorio. Podemos mencionar como los más representativos de este fenómeno a los capitanes Juan Morlete y al mestizo Miguel Caldera, quienes desde 1586 comenzaron a privilegiar la persuasión y la atracción de guachichiles a la paz mediante regalos, estrategia de proveeduría que en 1588 sería adoptada como política oficial por el virrey Villamanrique ante los buenos resultados que se le atribuyeron (Powell 1980, 186-188; Ruiz 2010, 43; Zapata 2013, 245). Otra expresión concreta de estas mediaciones la tenemos en 1589, cuando constatamos la presencia de los franciscanos al norte del Valle de San Francisco organizando una congregación de guachichiles conocida como puesto de San Luis de la Paz, germen del posterior pueblo español de San Luis Potosí. La fundación del puesto de San Luis y su fugaz existencia guarda aún muchas interrogantes; sin embargo, parece fuera de duda que la paternidad de esta congregación guachichil pertenece también a fray Diego de la Magdalena.

Fue de cara a estos consistentes avances de la pacificación cuando el virrey Luis de Velasco decidió impulsar el proyecto de los franciscanos para realizar la colonización de aquellas fronteras mediante la ya célebre migración de cuatrocientas familias tlaxcaltecas (Martínez Baracs 1993, 213). Dicha migración cuenta ahora con numerosos estudios y documentos que permiten confirmar sus intenciones transculturizantes. Si bien Velasco consideraba que los guachichiles podrían aprender de los tlaxcaltecas el cultivo de la tierra y la vida en policía, no debemos soslayar que en el fondo la migración pretendía establecer, bajo capitulaciones y privilegios hacia los tlaxcaltecas migrantes, una sucesión de pequeñas colonias que hicieran efectiva la presencia de la dominación y la pax hispánicas. La migración también implicó la exportación hacia la Guachichila del modelo de república de indios del centro novohispano (en este caso de los indios más leales a Dios y al rey de España),¹⁸ generando un ámbito de segregación hacia los guachichiles que terminaría por estimular futuros conflictos. Asimismo, es interesante constatar que los franciscanos, en alianza con Miguel Caldera, Juan de la Hija, Francisco de Urdiñola y otros milicianos involucrados en el control de la frontera chichimeca, diseñaron la migración cuyo objetivo principal era el aseguramiento del territorio de los guachichiles y de las congregaciones ya existentes, tanto en sus puntos centrales y estratégicos como en sus márgenes septentrionales.

Basta observar la distribución que Caldera y Rodrigo de Río de Loza hicieron de los tlaxcaltecas, quienes fueron puestos bajo el amparo de capitanes protectores. Tras recibirlos hacia agosto de 1591 en Cuicillo, Zacatecas, fueron repartidos para formar seis colonias o barrios, como San Esteban de la Nueva Tlaxcala en el extremo norte de la Guachichila. En otros puestos llegaron para integrar sus repúblicas al lado de congregaciones de guachichiles ya existentes. En Charcas, por ejemplo, el capitán Juan de la Hija había recibido de paz a mil guachichiles encabezados por veintiséis capitanes en 1590 (Powell 1980, 181), y un año después llevaba a los tlaxcaltecas para formar su barrio “de por sí”, es decir, separado de los otros indios, incluidos los tarascos, a quienes encontramos también con barrio propio. Recordemos que el Real de Minas de Charcas fue refundado en 1584 y que se había consolidado desde entonces como un punto de interacción entre los franciscanos y los guachichiles de esa zona. Caldera, por su parte, aprovechó la migración tlaxcalteca para intentar asegurar las congregaciones de guachichiles que los franciscanos habían creado en el Gran Tunal desde 1589. Si bien el famoso capitán mestizo se había movido por años para asegurar desde Jeréz, Colotlán y Tlaltenango la frontera occidental del territorio guachichil, su interés por el Gran Tunal le venía al menos desde 1587, cuando tuvo, por voz de milicianos y exploradores, noticias sobre la existencia de otro Potosí hacia el oriente de Zacatecas.¹⁹ Con esta intención, Caldera trasladó guachichiles hacia Colotlán y el Teúl en el flanco occidental de la Guachichila, y otros más hacia el flanco oriental, justo en el Gran Tunal, asentándolos en San Miguel Mexquitic y poco después en el puesto de San Luis de la Paz, donde fray Diego de la Magdalena había congregado guachichiles.

Visto lo anterior en términos panorámicos, podemos establecer que entre 1550 y 1591 el enorme territorio de los guachichiles fue sistemáticamente explorado y ocupado principalmente por estancieros y mineros españoles que obtuvieron mediante mercedes la tierra en propiedad. Paralelamente, los descubrimientos mineros estimularon una migración pluriétnica y de escala intensiva hacia la zona, iniciando la formación de economías regionales articuladas precisamente a los ritmos de la producción minera. El nuevo paisaje productivo que comenzó a surgir en medio de la resistencia de los nómadas tuvo también impactos ambientales definitivos en la tierra de los guachichiles, principalmente por la llegada masiva de especies de ganado mayor y menor, por el establecimiento de la agricultura, por la disputa de los recursos hídricos y el inicio de la explotación intensiva de los escasos recursos forestales para usarlos como combustible en las haciendas de beneficiar metal en Mazapil y Charcas (Studnicki-Gizbert y Schecter 2010, 100-105), por mencionar sólo algunos factores. Esta reconfiguración productiva del territorio guachichil estuvo acompañada por la fundación de asentamientos y congregaciones que materializaron la presencia de las instituciones temporales y espirituales hispánicas. El resultado en esta primera fase, en términos de jurisdicciones, fue la fragmentación política del territorio guachichil y su distribución entre diferentes alcaldías mayores adscritas a dos reinos hispánicos y a dos obispados en plena lucha por definir sus fronteras.

No debemos olvidar, además, que todos estos procesos de cambio tuvieron como constante la presencia de la violencia generada por el proyecto de dominación hispánica. Este factor fue, en los hechos, el que llevó a los guachichiles a su más rápida transformación cultural.²⁰ Baste mencionar que a la vuelta de unos cuantos años diversas parcialidades guachichiles se habían apropiado de los recursos técnicos que daban una ventaja inicial a los hispanos, principalmente el caballo. También hicieron adaptaciones a sus puntas de flecha para poder penetrar las cotas españolas. En los primeros años del enfrentamiento los guachichiles, al igual que todos los chichimecas, mataban al ganado español que comenzó a proliferar en su territorio; pocos años después aprendieron la vaquería y comenzaron a robarlo para realizar intercambios comerciales con otros grupos de la tierra adentro. También adoptaron al perro europeo, convirtiéndolo en centinela. Otras noticias dan cuenta de la adopción del arcabuz y los esfuerzos de los guachichiles por hacerse de pólvora, plomos y pedernales a través de indios ya cristianizados. Esta adopción de la tecnología y los recursos hispánicos, aunada a la movilidad y conocimiento de su territorio, hicieron de los guachichiles un enemigo demasiado complicado.

Existen otras transformaciones que son más difíciles de documentar, por ejemplo, aquellas referidas a la organización social, o aquellas otras asociadas a la ruptura de las dinámicas de alianzas e intercambios entre parcialidades guachichiles por efecto de la ocupación cristiana de su territorio, así como por las nuevas dificultades para acceder a sus espacios y recursos. En este punto debemos insistir en que uno de los efectos más devastadores para diversas parcialidades guachichiles fue la constante merma de mujeres provocada por los ataques de los españoles sobre sus campamentos. De la parte española, el fenómeno de las mujeres guachichilas como botín provocó el surgimiento de una amplia bastardía, siendo su fruto más acabado el capitán Miguel Caldera; del lado guachichil las consecuencias fueron la merma sistemática de población y la necesidad de los hombres para buscar, por raptos o intercambios, mujeres que permitieran el crecimiento del grupo. Asimismo, las nuevas sociabilidades producto de los nuevos actores sociales que se insertaron en el territorio y de sus intenciones de dominación y control de recursos, habrían obligado a diversos capitanes guachichiles a buscar puentes y mediaciones con los cristianos, no sólo como estrategia de resistencia sino también de preservación. Otras parcialidades habrían optado por retirarse hacia los sistemas montañosos del territorio guachichil para alejarse de los cristianos. Estos ejemplos de transformación en la organización social de los guachichiles obligan a pensar en una escala diferenciada de impactos.

Podemos proponer, como hipótesis, que esta escala diferenciada y sus mecanismos de mediación determinaron los resultados y escenarios diversos de transformación de los guachichiles en el contexto de la exitosa integración de su territorio a la Monarquía Hispánica. Así, al final de este primer periodo encontramos una transición de muchos guachichiles hacia el sedentarismo como resultado de las negociaciones con diversos mediadores hispanos o bien como producto de la violencia de los mismos. La expresión más acabada de lo anterior la tenemos en la consolidación de congregaciones de guachichiles organizadas por los españoles bajo el estatuto de repúblicas o pueblos de indios pacificados, sujetos a la cristianización y beneficiarios de un régimen de protección y proveeduría de bastimentos patrocinado por el rey de España. Este tipo de congregación también permitió a los guachichiles mantener su dimensión como colectividad o parcialidad y, por lo tanto, preservar sus mecanismos de reconocimiento de jefaturas internas. Pensamos que sobre esta base los guachichiles sedentarios habrían adaptado la nueva figura del gobernador de indios y sus capitanes, formas propias de su nueva condición como repúblicas de indios reconocidas por el derecho de Indias. Todo ello lo tenemos bien documentado para este periodo en casos como Mazapil, Charcas, Venado, Colotlán, Mexquitic y el puesto de San Luis, y debe ser investigado con nuevas fuentes en casos como los de Santa María del Río. La otra cara de la dominación y sedentarización de guachichiles implicó su atomizada integración, voluntaria o forzada, a los diversos asentamientos urbanos y rurales de los cristianos bajo múltiples modalidades y estrategias.

Segunda fase, los guachichiles novohispanos: 1591-siglo xvii

Con el aseguramiento del Gran Tunal y el inicio de la sedentarización de parcialidades guachichiles convertidas en pueblos de indios, la dominación hispánica encontró un cauce de estabilidad en la región y dio paso a diversos procesos de integración y conflicto interétnico. Las consecuencias desadaptativas para el nómada guachichil, por tanto, fueron definitivas. No sólo implicaron la final extinción de un tipo de territorialidad que se sustentaba en prácticas específicas de reproducción social y producción del espacio económico y político, sino que también forzaron la coexistencia de los guachichiles con otros grupos indígenas de raíz mesoamericana a partir de una doble condición de segregación-integración (Martínez Baracs 1993, 244). Respecto a la nueva relación de vasallaje como miembros de la Monarquía Hispánica, los guachichiles que habían aceptado la paz por compra, así como sus descendientes, quedaron sujetos a la política de proveeduría y protección por parte del rey a través de sus capitanes administradores de la frontera chichimeca. También quedaron sujetos a la justicia del rey y a la acción evangelizadora de los franciscanos. Los guachichiles, ya como comunidad o atomizados, entraron así en una segunda fase de cambio social, donde sus formas de resistencia se desarrollarían siempre en el seno del nuevo orden y en tensión con su final transformación cultural como novohispanos.

Este proceso, que como hemos esbozado se concretó con la paz por compra y con el hito de la migración tlaxcalteca en 1591, se vio dinamizado con extraordinaria velocidad por el descubrimiento que los hombres del capitán Caldera hicieran del Cerro de San Pedro Potosí en marzo de 1592. Dado que la cañada anexa al Potosí novohispano resultaba inviable para crear un asentamiento, los españoles enfrentaron la necesidad de fundar un pueblo en el valle vecino, justo en el sitio donde se encontraba el puesto de San Luis de la Paz, habitado desde 1589 por guachichiles y al cual se había integrado una colonia tlaxcalteca procedente de San Miguel Mexquitic hacia finales de 1591 o principios de 1592. El puesto de San Luis, con sus múltiples ojos de agua, era un sitio estratégico que reunía las condiciones para desarrollar un pueblo español de carácter protoindustrial dedicado tanto al beneficio de los metales como a la organización política y económica del territorio. Surgió entonces San Luis de Mezquitique o San Luis minas del Potosí en noviembre de 1592. Por su lado, los tlaxcaltecas y guachichiles aceptaron reubicarse media legua hacia el norte para dar origen a dos pueblos de indios, la Asunción de Tlaxcalilla y Santiago. Un año después, en octubre de 1593, los españoles descubrieron los yacimientos de plata en Sierra de Pinos, a 65 kilómetros del pueblo de San Luis en dirección a Zacatecas. Estos hallazgos habían sido las primeras y más extraordinarias consecuencias de la paz, y darían lugar a otros en lo que fuera el corazón del territorio guachichil, los cuales se prolongarían hasta 1615 con la fundación de las minas de Guadalcázar.

El nuevo contexto otorgó a este territorio un rostro de frontera minera a la que llegaría una variada e importante cantidad de colonos y migrantes. En los nuevos yacimientos los mineros, muchos de ellos milicianos que habían logrado la pacificación, tuvieron que resolver la organización de la producción de metales, lo que implicó la transformación de grandes espacios debido, entre otros factores, a la fundación de haciendas de beneficio con sus respectivos molinos, a la apertura de caminos, a la búsqueda y apropiación del agua y la madera, a la formación de estancias y criaderos de ganado y mulas, al rompimiento de la tierra para ampliar las capacidades agrícolas de la nueva región, pero sobre todo, al aprovisionamiento de mano de obra. Buena parte de esos mineros y milicianos tenían minas en Zacatecas y experiencia en la organización del trabajo y el comercio de metales hacia la Ciudad de México.

Independientemente de su condición, el nuevo contexto dio origen a una emergente oligarquía regional hispánica, cuyos miembros y redes familiares se insertaron en la producción de metales, en la propiedad de la tierra, en los cargos de gobierno y en la administración espiritual de la zona para entonces en disputa entre las catedrales de Nueva Galicia y Michoacán. Fueron miembros de esta oligarquía los que operaron bajo el estatuto de protectores de indios, y en sus afanes por lograr recompensas del monarca por sus servicios en la pacificación continuaron con las tareas de atraer y asentar guachichiles de paz a cambio de “vestirlos” y proveerlos de alimento y “pasto espiritual” para cristianizarlos. Al menos así lo expresaron en sus diversas relaciones de méritos enviadas a Felipe II y Felipe III; sin embargo, detrás de estos esfuerzos asoma también la intención de organizar una red de asentamientos o ranchos de guachichiles pacíficos susceptibles de integrarse paulatinamente al trabajo. Un ejemplo lo encontramos en las acciones de los capitanes Miguel Caldera y Gabriel Ortiz de Fuenmayor.

Tras el hallazgo que hiciera del Potosí, Caldera se movió en dos espacios para materializar sus intereses políticos y económicos. Por un lado, estableció hacia el oriente de las minas sus haciendas de fundición de metal en el Real del Monte (posteriormente conocido como Monte Caldera), puesto estratégico para explotar la madera de las serranías aledañas; en este lugar congregó guachichiles y operarios a su servicio. Y por el otro, Caldera realizó importantes labores hacia el Valle de San Luis, participando en la fundación y organización del pueblo español, así como en la formación de nuevas rancherías de guachichiles en el paraje que sería bautizado como Valle del Armadillo. En 1594, por ejemplo, el virrey Velasco otorgó a Caldera cuatro caballerías de tierra en este valle, y también tuvo en dicho lugar una estancia de ganado, la cual aparece mencionada en su testamento en 1596, es decir, un año antes de su muerte (Montejano 1964, 15-17). La fidelidad hacia Caldera por parte de los guachichiles se aprecia claramente en el periodo crítico que va de marzo a noviembre de 1592, es decir, entre el descubrimiento del Potosí y la fundación del pueblo español de San Luis de Mexquitic:

En abril había sido atacada y destruida por nómadas de guerra la colonia tlaxcalteca de San Andrés del Teúl. Sesenta tlaxcaltecos murieron y muchas de sus mujeres fueros tomadas como botín. Ante ello, el virrey ordenó suspender el registro y beneficio de las minas del Potosí para permitir que el capitán Caldera, su descubridor, acudiese al castigo de los responsables. Caldera organizó entonces una expedición punitiva con una hueste de indios guachichiles del puesto de San Luis.²¹ Hacia julio de aquel año la hueste se hallaba de regreso, y en agosto el virrey ordenaba a Juan de Oñate, recién nombrado alcalde mayor en las minas descubiertas y por descubrir en la entonces denominada Provincia de Mezquitique Potosí y su comarca, administrar justicia, poniendo atención “de que los indios Guachichiles naturales como Tlascaltecos que allí están poblados y se poblaren sean bien tratados, amparados, defendidos y preferidos en todo lo que se les ofreciere, no consintiendo que mineros ni otras personas de las que fundaren y poblaren en las dichas minas les hagan molestia, agravio ni vejación [...] ni que les den ocasión alguna de desasosiego ni queja, sino que todos traten de los conservar y ayudar”.²²

Gabriel Ortiz de Fuenmayor, por su parte, se movió como miliciano al menos desde 1586, sirviendo en la pacificación de la tierra guachichila en un amplio espacio entre Zacatecas y el Río Verde. Desde la villa de San Felipe, de la que era vecino, pudo consolidar su influencia sobre los territorios del Gran Tunal, colaborando a partir de 1588 en las tareas de paz por compra y asentando a muchas parcialidades guachichiles que formaron rancherías en los valles de San Francisco, San Luis y Armadillo, “con lo cual se sosegó la tierra y se evitaron los robos y muertes que los dichos indios hacían en los caminos”.²³ Desde 1592 Ortiz de Fuenmayor fue uno de los encargados de administrar los recursos de la Real Hacienda destinados a la proveeduría de carne y maíz para los indios de paz, quedando bajo su responsabilidad las congregaciones de guachichiles asentadas en Venado, Espíritu Santo, las Bocas de Maticoya, San Luis, San Miguel, Armadillo y Santa María;²⁴ tras la muerte de Miguel Caldera fue nombrado por el virrey justicia mayor de San Luis y sus minas en 1597. El rápido dominio que Ortiz de Fuenmayor había logrado sobre los guachichiles de una amplia región quedó de manifiesto en 1599 durante el episodio de Juana, una india guachichila vecina de Tlaxcalilla, quien el 18 de julio de 1599 entró al templo para romper cruces y quitar imágenes, a la vez que convocó a los guachichiles, tlaxcaltecos y tarascos para ir a matar a todos los españoles del pueblo de San Luis.

De acuerdo a sus declaraciones, Juana era guachichila de la parcialidad de Namesuata, capitán guachichil que estaba asentado de paz en el pueblo de San Luis y sus minas; dijo tener diez años de vivir en Tlaxcalilla, aunque los tres últimos los había pasado fuera del pueblo. También declaró no ser cristiana ni bautizada. En la causa criminal abierta por Ortiz de Fuenmayor, se dice que al llamado de Juana acudieron alrededor de ciento cincuenta indios provenientes de Venado, Charcas y Bocas de San Miguel, lo que sugiere la continuidad, en un amplio territorio, de mecanismos de solidaridad entre los guachichiles de diferentes parcialidades y en el contexto de su dominación por los cristianos.²⁵ A pesar de esta reacción, Ortiz de Fuenmayor finiquitó la causa en un día y ahorcó a Juana en un punto del camino entre San Luis y Tlaxcalilla. La ejecución se hizo con toda la parafernalia y dramatismo que marcaba el derecho penal hispánico de la época, e incluyó el traslado de la sentenciada desde la cárcel al cadalso montada en una bestia, a toque de trompeta y voz de pregonero para difundir el delito. La reacción de los guachichiles fue de sometimiento.

Entre 1600 y 1612 Ortiz de Fuenmayor consolidó su posición como uno de los principales oligarcas de San Luis. Además de acrecentar su riqueza, se involucró en los pleitos jurisdiccionales que mantenía la Nueva España con la Nueva Galicia por el gobierno de Sierra de Pinos;²⁶ también mantuvo su actividad en los márgenes orientales de la tierra guachichila persiguiendo indios insumisos y asegurando caminos. Apoyó incluso nuevas exploraciones y congregaciones, como las realizadas en 1606 en la Provincia de Río Verde con guachichiles y pames. Existen además datos que indican que hacia este año Ortiz de Fuenmayor habría recibido órdenes del virrey de detener nuevos ofrecimientos de paz por compra “para excusar costa a Su Majestad”.²⁷ Hacia 1609 y en premio a sus servicios, el rey le concedió 500 ducados de renta por dos generaciones, y en 1612 fue electo diputado de república en el pueblo de San Luis.²⁸ Desde esta posición y animado por su inmenso poder, decidió explotar la imagen que él mismo se había forjado como “pacificador de chichimecas” para intentar obtener nobleza y un escudo de armas, en cuyo campo central aparecen hincados tres guachichiles con sus armas en el suelo, frente a un caballero español con armadura y espada montado en su caballo, haciendo alusión, por supuesto, a Ortiz de Fuenmayor. La alegoría del sometimiento de los guachichiles a la Monarquía Hispánica por acción de sus milicianos se complementaba con una divisa más que contundente: Sirviendo a Dios y a mi Rey, a yndomitas naciones puse ley.²⁹ (ver figuras 2 y 3).

Figura 2. Escudo de armas que solicitó Gabriel Ortiz de Fuenmayor al rey

Fuente: agi, Mapas y Planos. Escudos 181.

Figura 3. Detalle

Fuente: agi, Mapas y Planos. Escudos 181.

Desconocemos hasta ahora si el escudo le fue otorgado a Ortiz de Fuenmayor antes de su muerte en 1617. Lo cierto es que frente a esta imagen de artífice de la paz contrastan otros datos sobre el personaje que nos llevan a conocer mejor el funcionamiento de las proveedurías. Tania Zapata, por ejemplo, establece que éstas “fueron un sistema de redistribución de la riqueza de la que los protectores de indios sacaron bastante provecho personal e hicieron grupos de poder muy fuertes a lo largo del territorio guachichil” (Zapata 2013, 371).

David Martínez, por su parte, concede a las proveedurías de chichimecas la misma importancia que les dio Powell, sobre todo porque garantizaron de forma aceptable la cobertura de maíz de los pueblos guachichiles, impactando el desarrollo de sus capacidades de siembra (Martínez Romero 2015, 78). El caso de Ortiz de Fuenmayor confirma ambas funciones. Por un lado, la capacidad de los proveedores para gestionar y domesticar a los guachichiles sedentarizados; por el otro, la posibilidad de enriquecimiento mediante el manejo de dichos recursos en favor de la alta burocracia del virreinato.

En 1613, por ejemplo, un español llamado Juan de Salcedo, quien se presentaba como vecino de las minas de San Luis, escribió al Consejo de Indias desde Manila, Filipinas, solicitando licencia para pasar a España a informar sobre la corrupción que existía en el manejo del dinero destinado por el rey para sustento de los chichimecas; decía que un tal Gabriel Ortiz recibía en la Real Caja de México el dinero que se enviaba para sustentar a los chichimecas, pero que se lo quedaba falseando las cuentas con conocimiento del virrey, oidores y visitadores, a quienes hacía grandes regalos; que por haber desvelado esto fue enviado a las Islas Filipinas, donde estaba muy pobre y separado de su familia.³⁰

En cuanto al nuevo universo sociodemográfico que se desarrolló en el Tunal Grande a partir de su integración a la Monarquía Hispánica y de su reconfiguración económica por efecto de las minas, es necesario preguntarnos cuál fue su influencia en la transformación cultural de los guachichiles. El factor de atracción más importante para la migración hacia la zona lo representó el Potosí. Es cierto que cualquier descubrimiento minero de importancia generaba dicho efecto de atracción; sin embargo, en el caso del Potosí existió un elemento que marcó la gran diferencia con respecto a otros reales mineros: toda la plata de sus vetas estaba ligada a importantes cantidades de oro. Sin poder abordar las dimensiones culturales e influencia que tuvo la presencia del oro en las minas de Cerro de San Pedro Potosí para la conformación de un tipo específico de relaciones sociales, señalaré sólo algunos de sus impactos en el poblamiento de la región.³¹ En primer lugar, las características físicas del mineral obligaron a los mineros de la región a utilizar el sistema de beneficio por fuego. Las consecuencias de esta peculiaridad fueron enormes en términos de la transformación del paisaje ante el intensivo consumo de combustible vegetal en un amplísimo radio, pues a la vuelta de las dos primeras décadas de explotación de las minas una cantidad notable de espacios forestales habían sido arrasados (Studnicki-Gizbert y Schecter 2010, 105-108), propiciando además la conformación de un entramado de ranchos pluriétnicos de indios de diversas filiaciones que se especializaron en la producción de carbón. En los primeros años de formación de esta red de carboneras podemos visualizar cuadrillas formadas por migrantes tarascos, otomíes, pames, nahuas y mestizos.

La presencia del oro también atrajo con mayor intensidad la llegada de españoles y otros europeos de las naciones que formaban la Monarquía Hispánica. Recordemos que hasta 1640 Portugal formó parte de ella y que los portugueses integraron el oro de Cerro de San Pedro Potosí a sus redes de comercio, crédito y contrabando. Lo mismo hicieron los comerciantes españoles de metales desde la Ciudad de México a partir de agentes que migraron a San Luis. Se materializó con ello la rápida integración de esta zona a un mercado que abarcó, en las primeras décadas del siglo xvii, al menos tres océanos en medio de una primera mundialización del mercado de metales preciosos (Serrano s.a., 10). Debemos tener presente que en dicho siglo Cerro de San Pedro se convirtió en el primer productor de oro de la América Hispánica Septentrional y en el segundo de plata, sólo detrás de Zacatecas (ibíd., 327). Además, la ausencia del uso del azogue para beneficiar el mineral permitió de forma especialmente marcada prácticas de evasión fiscal que se mantuvieron hasta el siglo xviii, propiciando un entramado de relaciones de complicidad. A lo anterior se añade que entre 1592 y 1640 llegó a la zona una crecida cantidad de negros esclavos que se integraron a casi todos los ámbitos laborales, desde miembros de cuadrillas en el trabajo de extracción en las minas hasta capataces en las haciendas de beneficio, pasando por el ejercicio de múltiples oficios en el contexto urbano.

Por tanto, para 1610 y en el espacio formado por el pueblo español de San Luis y los pueblos de indios de su entorno, incluidas las minas de Cerro de San Pedro Potosí, se movían hablantes de guachichil, tarasco, náhuatl, otomí, huasteco, pame, zacateco, caxcan, coca, tecuexe, pinome, sayulteca, castellano, vasco, portugués, napolitano, siciliano, algunos de flamenco y griego, y muchos negros hablantes de al menos dos lenguas africanas, es decir, un mínimo de veinte idiomas. De acuerdo con Laurent Corbeil, en un contexto así de dinámico habrían sido las relaciones laborales el factor de mayor movilidad y transformación de las identidades indígenas. Para Corbeil, la definición de los ámbitos laborales estaba fuera del control de los indígenas, quienes no escogían a sus colegas de trabajo, de tal manera que construyeron y asentaron sus redes sociales sobre las estructuras disponibles impuestas por los españoles, mezclando sus propios marcos culturales con los de la sociedad colonial: “Sus identidades se volvieron muy complejas, mezclando las afiliaciones familiares y laborales con las diferencias económicas y las relaciones con el mundo español. En última instancia, no se puede observar una identidad indígena homogénea relacionada con el trabajo, sino más bien un mosaico de identidades interdigitadas, entremezcladas y superpuestas” (Corbeil s.a., 33).

En cuanto a la posibilidad de visualizar en términos demográficos la posición de los guachichiles novohispanos en el espacio urbano de San Luis y sus pueblos circundantes, y en el contexto de transformación de las identidades indígenas, Corbeil establece un cálculo con base en el libro de bautismos y matrimonios de la iglesia de Tlaxcalilla. Así, entre el periodo que va de 1594 a 1630 la población indígena en dicho espacio habría estado formada por un 27 por ciento de tarascos; 23 por ciento de nahuas; 17 por ciento de otomíes; 12 por ciento de indígenas procedentes de Nueva Galicia (entre los que se incluían caxcanes, tecuexes y cocas); 3 por ciento de chichimecas mayoritariamente guachichiles; y el 18 por ciento restante procedía de diversas regiones y era registrado simplemente como “indio” (ibíd., 5). Más allá de los márgenes de discusión sobre la metodología desarrollada para realizar este cálculo, nos parece útil para darnos una imagen del contexto plutiétnico en el que se movieron los guachichiles novohispanos en el Valle de San Luis durante sus primeras décadas de integración a la dominación hispánica. Traducido a cifras, también aproximadas, y con base en diversos reportes de funcionarios españoles de principios del siglo xvii, Corbeil calcula que la población indígena de San Luis, con sus minas y pueblos de su entorno inmediato, pudo rondar en 1620 entre los 15 y los 28 mil habitantes (ídem), por lo que la cantidad hipotética de guachichiles habría sido en este espacio concreto de entre 450 a 840 guachichiles.

Esta base cuantitativa, que deberá dialogar con futuros estudios demográficos, refleja la presencia de guachichiles novohispanos en la zona de mayor diversidad y concentración de población, justo donde tuvieron menos posiblilidades de mantenerse como grupo separado. Hacia el norte de lo que fuera la tierra guachichila vemos que esta condición cambia. Baste considerar la presencia guachichil en el Valle del Armadillo y su coexistencia con los pames; o lo que sucedía en Hedionda, asentamiento que fue exclusivamente república de indios guachichiles hasta comienzos del siglo xviii (Martínez Romero 2015, 51). Estamos, por tanto, ante ritmos históricos muy diferentes en las dinámicas de transformación de los guachichiles. Estas dinámicas han generado posturas diversas entre los escasos estudiosos del tema. Por ejemplo, Andrea Martínez lo aborda a la luz de la migración tlaxcalteca a la frontera, afirmando que en algunos lugares “las repúblicas de las naciones septentrionales se extinguieron tempranamente, y los tlaxcaltecas se entronizaron sin mayores dificultades”. Sugiere que detrás de la relativa extinción de los chichimecas puede esconderse un proceso de tlaxcaltequización o asimilación social y política de los indios septentrionales por parte del tlaxcalteca a partir de 1591; dicho proceso habría tenido como fundamento el hecho de que la convivencia igualitaria entre naciones indígenas, planteada en el proyecto de migración tlaxcalteca hacia el norte, haya quedado obstaculizada por la disparidad de experiencia política de los indios, e incluso por haber asumido los tlaxcaltecas una postura de conquistadores frente a los guachichiles (Martínez Baracs 1993, 235-244).

En contraste, Tania Zapata plantea que los guachichiles habrían reestructurado su identidad “para entablar cierto tipo de relaciones interétnicas que les garantizaran mayor control sobre el cambio social”, es decir, sobre la nueva situación impuesta por la dominación de los españoles; para la autora, los guachichiles habían experimentado fracturas, reajustes y otro tipo de cambios en su organización social, y para la última década del siglo xvi y las primeras del xvii “se encontraban en relación de asimetría y sujeción respecto a otros grupos étnicos y además en un aparente proceso de fragmentación en su organización social y aspiraciones grupales” (Zapata 2013, 26, 98). Esta interpretación aporta muchos elementos relevantes para explorar las rutas de integración del guachichil a la sociedad novohispana y plantea espacios de análisis que deben ser cuidadosamente desentrañados en las fuentes.

Como lo hemos señalado, estamos frente a un proceso histórico muy complejo, con ritmos y salidas diferentes, lo que provocó la coexistencia de múltiples formas de negociar los cambios y las permanencias de lo guachichil en el mundo novohispano. Por ejemplo, en su estudio sobre Venado y Hedionda, Martínez Romero documenta diversos escenarios de integración de los guachichiles como república de indios, en los cuales es posible observarlos tanto en la vertiente de la aculturación por coexistencia con tlaxcaltecas y tarascos (Venado) como en la modalidad de pueblo exclusivamente guachichil (Hedionda). En ambos casos establece que los guachichiles y el grupo de los denominados negritos (al parecer una rama de los guachichiles) “cambiaron sus estructuras familiares, sus modelos de organización y jerarquía política, su lengua, su cosmovisión y religiosidad, y sus modos productivos y de explotación de recursos” (Martínez Romero 2015, 85-86). En contraste, preservaron el referente de nación guachichila hasta bien entrado el siglo xvii aunque bajo nuevos parámetros de significación y sujetos a lentos procesos de mestizaje y disminución demográfica.

En San Sebastián Agua del Venado, por ejemplo, Martínez Romero muestra una tendencia al crecimiento de los tlaxcaltecas y tarascos y una disminución drástica de los guachichiles entre 1609 y 1674 (ibíd., 90-91). Dicho asentamiento, como vimos, fue organizado por los franciscanos hacia 1583-1584 para congregar guachichiles y negritos; posteriormente, en 1596, los mismos franciscanos promovieron el traslado de tlaxcaltecas que estaban asentados en Charcas y crearon en Venado el barrio de Tlaxcala; a comienzos del siglo xvii llegaron también los tarascos y fundaron un cuarto barrio, el de San Miguel. Con ello el poblado adquirió una fisonomía definida a partir de cuatro barrios que mantuvieron su distinción con base en la etnicidad y que establecieron una asimetría o jerarquización en la cual los tlaxcaltecas hicieron valer los privilegios a los que tenían derecho como conquistadores. El predominio poblacional de los indios de estirpe mesoamericana en el desarrollo social de Venado guarda muchas interrogantes. No se explica necesariamente por una baja demográfica de los guachichiles y negritos. Es posible que una parte de ellos se haya mudado paulatinamente a San Jerónimo de Agua Hedionda, asentamiento fundado entre la última década del siglo xvi y la primera del xvii, y que como hemos ya señalado se mantuvo predominantemente guachichil por más de un siglo. Esta condición habría permitido a los guachichiles una mejor capacidad de gestionar sus intereses sin la jerarquización social que existía en Venado.

Dicha jerarquización no sólo era el reflejo de las relaciones diferenciadas de poder que cada nación mantenía con la dominación hispánica; también se daba como expresión de una alteridad entre indígenas. La misma organización del gobierno indio en Venado refleja ya diferencias importantes: mientras los tlaxcaltecas y guachichiles de Venado contaban con su propio gobernador, a los negritos sólo se les permitió un capitán mayor. Como señala Martínez Romero, la figura del gobernador guachichil de Venado parece haber desaparecido para el siglo xviii. En contraste, los guachichiles y negritos de Hedionda se manejaron desde el origen con gobernador e incluso el pueblo aparece designado en libros parroquiales como San Jerónimo de la Hedionda de los Guachichiles (ibíd., 49-53). Algo similar se documenta con respecto a las cofradías. En Venado hubo tres (tlaxcalteca, guachichil y negritos) al menos desde principios del siglo xvii; sin embargo, con los años terminaron por caer bajo el control de los tlaxcaltecas. En contraste, Hedionda tuvo sólo una cofradía fundada por los guachichiles y negritos en 1637 para patrocinar el culto a la Asunción (ibíd., 144). Los guachichiles y negritos tuvieron, por tanto, mayor libertad y capacidad de gestionar desde Hedionda sus intereses como grupo y sus relaciones con los tlaxcaltecas y tarascos de Venado. La relación de los guachichiles de ambos asentamientos se muestra simbiótica, podemos considerarlos incluso una misma república, aunque siempre con el predominio de Hedionda en detrimento del número de guachichiles en Venado.

La calidad de Hedionda como república guachichil y su nexo con los guachichiles de Venado hacen de ambos asentamientos uno de los ejemplos históricos más interesantes de sedentarización y transformación cultural, pues muestra un caso de continuidad étnica en medio de una transición completa de nómadas a indios novohispanos, resultado de la reconfiguración del territorio causada por su integración a la cristiandad hispánica. Para acercarnos a las especificidades que adquirieron estos guachichiles novohispanos podemos explorar algunos aspectos de su adaptación a la vida agrícola. Como señalamos arriba, las congregaciones de guachichiles impulsadas por los franciscanos tuvieron el objetivo de convertir a los nómadas en indios “vestidos” y campesinos, “capaces” de vivir en policía y sujetos a la entonces considerada como “verdadera religión”. De ahí que las congregaciones hayan incluido tierras suficientes de cultivo y acceso al agua, como ocurrió en Venado y Hedionda. Las mismas dotaciones de tierra les fueron reconocidas a tlaxcaltecas y tarascos, generando conflictos por el control del agua. Lo interesante es que mientras esos grupos de raigambre sedentaria desarrollaron una eficiente agricultura, los exnómadas no se mostraron muy interesados en algo similar y siguieron practicando la recolección y la caza menor en el desierto; continuaron además con el uso del arco y la flecha para dicha actividad, manteniendo también sus ciclos de colecta y consumo de tunas, actividad esta última que les hacía descuidar sus sementeras.³²

Recordemos que en su descripción de 1583 el bachiller Alonso Velázquez dio noticia de que los nómadas chichimecas practicaban una agricultura de muy baja escala y en ciertas zonas,³³ seguramente en humedales a los que volvían después de un tiempo para recoger o consumir directamente los frutos. Todo indica que tras la pacificación los guachichiles habrían adaptado sus técnicas de explotación de recursos a su nueva condición de sedentarios y agricultores de bajo nivel. Al respecto existe una controversia histórica interesante para dar razón del subdesarrollo que acusan los guachichiles novohispanos como agricultores. Martínez Romero sostiene, por ejemplo, que la baja productividad agrícola que caracterizó a los guachichiles de Venado y Hedionda parece haber sido una consecuencia de la proveeduría de maíz que instrumentaron los españoles en la paz por compra y que, de acuerdo con este autor, seguía vigente en 1719 (Martínez Romero 2015, 78). Las dotaciones de maíz y carne habrían impactado así en las capacidades de los exnómadas para desarrollar la agricultura. Por su parte, Tania Zapata propone que las proveedurías a chichimecas condujeron a una rearticulación social guachichil y se convirtieron en uno de los muchos factores que en el contexto del avance del nuevo orden novohispano habrían provocado la pérdida del dominio del Tunal Grande por parte de los nómadas. Con ello esta autora cuestiona la versión tradicional que establece que los guachichiles cedieron al nuevo orden hispánico a cambio de recibir bienes de paz: “Tratamos de mostrar que no fueron los bienes en sí mismos, sino un complejo proceso de negociación y reestructuración de las relaciones sociales, las que dieron paso al dominio hispánico” (Zapata 2013, 243-244).

Podemos plantear también que los guachichiles que fueron beneficiarios de las proveedurías tuvieron en ellas un instrumento más para hacer viable su preservación, sin que esto implicara renunciar a la continuidad de ciertas prácticas asociadas a su antigua economía nómada y, por lo tanto, al acceso a recursos que proporcionaba el que había sido su territorio, transmitiendo a nuevas generaciones el conocimiento sobre el manejo del mismo. El nuevo escenario de la dominación de los cristianos también pudo orientar decisiones económicas en los guachichiles, tanto colectivas como individuales, en el sentido de ejercer la caza y recolección para insertar diversos productos en las nuevas redes comerciales que los españoles tejían sobre el territorio. Un ejemplo lo encontramos en el caso del comercio y falsificación de la piedra bezoar:³⁴ sabedores del valor que los cristianos le conferían, los chichimecas que a comienzos del siglo xvii se movían libremente entre la villa de Saltillo y el Nuevo Reino de León, muchos de ellos guachichiles, se especializaron en la caza de la cornicabra para obtener bezoar americano e intercambiarlo por cuchillos, frazadas y sombreros. Así lo informa en 1605 el obispo Alonso de la Mota y Escobar, quien además dice que los chichimecas se habían convertido en excelentes falsificadores de bezoar, imitándolo con tierras y betún con una precisión tal “que engañan al más diestro en conoçerlas” (Mota y Escobar 1966, 72-74). Procesos similares asociados a otros productos que se obtenían mediante recolección especializada y conocimiento del territorio están a la espera de ser investigados, siendo el tráfico del peyote el más interesante.

Sin embargo, el ejemplo más importante sobre la continuidad de las prácticas de reproducción de los guachichiles en el ámbito del avance de la dominación lo encontramos en la zona de Guadalcázar y el Jaumave, justo en el extremo noreste de la Guachichila.³⁵ Se trata de un caso de reciprocidad económica que se estableció entre parcialidades nómadas de las montañas y los españoles que fundaron sus haciendas de maíz en el Valle del Rincón después del descubrimiento de las minas de Guadalcázar en 1615. Al menos hasta la segunda mitad del siglo xvii y ante la escasez de mano de obra, los españoles esperaban cada año la bajada de los nómadas para realizar las labores agrícolas: “a el tiempo de la cosecha, escarda y siembra de el maiz que es lo que allí se coge bajan los indios chichimecos a servir a los españoles Y se alquilan, conque se han amansado Y hecho más tratables cada día” (Arnaldo de Ysassi 1982, 126-127). Al terminar eran retribuidos con maíz y retornaban a las montañas. La relación era voluntaria, sin ningún tipo de control hispánico sobre estos nómadas (Ruiz Guadalajara 2016). Situaciones de esta naturaleza pudieron ser frecuentes en los márgenes del territorio guachihcil, sobre todo si consideramos las noticias sobre nómadas guachichiles que mantuvieron su gentilidad en las montañas y que habrían establecido relaciones con los guachichiles novohispanos.

Todo lo mostrado hasta aquí permite dimensionar los diferentes grados de transformación cultural que experimentaron las parcialidades guachichiles durante el proceso de desintegración de su territorialidad a lo largo del siglo xvii. Y también permite comprender el grado de dificultad que representa historizar dichas transformaciones, sobre todo porque cada región interna de la Guachichila estuvo sujeta a diferentes presiones y reacciones. Estamos, por tanto, frente a una dominación hispánica que resultó hegemónica, aunque no fue homogénea; la Monarquía Hispánica se estableció en la Guachichila con grandísimas dificultades y el resultado, al menos para el siglo xvii, fue el surgimiento de múltiples realidades con grados también diversos de integración a la cristiandad y al orden jurídico, situación que el paso del tiempo y la acción de las autoridades hispánicas tardarían más de un siglo en modificar. Esta realidad múltiple de los guachichiles novohispanos se visualiza claramente en su etapa temprana a través de la visita que en 1609 hiciera el oidor Gaspar de la Fuente al territorio guachichil que en ese momento ya estaba bajo la jurisdicción de la Nueva Galicia.

En el trayecto que De la Fuente recorrió desde Zacatecas hasta Mazapil describió un espacio de 52 leguas de tierras despobladas, estériles de pastos y aguajes por ser salitrales. Cuatro leguas antes de la cabecera encontró un paraje conocido como San Juan de los Cedros, “do están poblados hasta treinta indios guachichiles” en una hacienda para trabajar tres ingenios y ocho hornos, por lo que recibían salario; en el mismo trayecto el oidor encontró también un ingenio de mulas perteneciente a Francisco de Urdiñola, gobernador de la Nueva Vizcaya, en un paraje conocido bajo el auspicioso nombre de Bonança, “do están rancheados algunos indios guachichiles”. Sobre Mazapil, el oidor dijo que “esta población y real de minas está en frontera de guachichiles y es la tierra más inexpugnable para ellos de toda la Galicia”, expresión que nos muestra los criterios de fragmentación con que los administradores hispánicos pensaban el territorio guachichil. Ya en la cabecera el oidor encontró que la gente traída a las minas “ha sido con violencia” y con excesos, y que se ejecutaban inhumanidades extraordinarias en castigos y prisiones domésticas, refiriéndose seguramente a chichimecas insumisos de tierra adentro. También dijo haber encontrado muchas indias casadas que habían sido arrebatadas a sus maridos, y que muchas de ellas se encontraban en mal estado, ¿quiénes eran estas mujeres?; el oidor aplicó entonces castigos a algunos indios “por haberlas sacado del poder de sus maridos”, lo que sugiere que tal vez se trataba de indios de raíz mesoamericana que abusando de dicha condición obtenían por la fuerza indias chichimecas ya sedentarizadas y casadas, muy probablemente guachichilas para el servicio doméstico, incluido el de los mineros españoles; baste pensar que el visitador reportó, además del templo parroquial, la existencia de dos capillas de indios de las cuadrillas con seis cofradías.

El oidor encontró en Mazapil una comunidad de cien guachichiles rancheados que se habían acogido a la paz por compra, “los más bautizados, aunque no trabajan porque Su Majestad les da lo necesario para vestir y comer y un protector que tiene cuidado de ellos”. Estos guachichiles mantenían una condición de segregación muy clara: por ejemplo, de los cuatro pozos que había en Mazapil, uno era exclusivo para ellos, aunque lo compartían con los animales; y cuando se presentaba escasez de agua, los guachichiles no la echaban de menos porque bebían de los agaves pequeños del desierto, como lo hacían en su gentilidad. Desde Mazapil el oidor atravesó el territorio hasta Venado, en la frontera con la Nueva España. En esa población encontró “rancheados y poblados setecientos indios de diferentes naciones guachichiles, negrillos y chanalaes, que la mayor parte de ellos son cristianos”; en Venado también vivían cuarenta y cinco indios tlaxcaltecos, tarascos y tonaltecas que tenían sus milpas, “y las de los guachichiles son pequeñas y se las comen en elote y como al tiempo que han de desherbarlas van a comer la tuna que es fruta que en España llaman higos de las Indias no les son de tanto provecho las sementeras como les fueran”.³⁶ En Venado el oidor también se allegó noticias que confirmaban la existencia de muchos indios circunvecinos sin bautizar que vivían en las serranías del altiplano, “y habiendo sabido la causa porque no se bajaban a poblar el dicho pueblo, los mismos indios que ya son cristianos dijeron que porque en él no había tierras para ellos y que ya no se les daba ropa ni comida”.³⁷

En esta fotografía encontramos ranchos de guachichiles, seguramente inducidos por mineros, que se integraron como mano de obra asalariada en labores asociadas a la minería. También congregaciones de guachichiles que se acogieron a la paz por compra y que se integraron a manera de ranchos o barrios en poblaciones mayores de carácter pluriétnico, como en los casos de la cabecera de Mazapil y Venado. Los guachichiles de Mazapil no trabajaban, vivían de la proveeduría y seguramente mantenían prácticas de caza y recolección; los de Venado, además de contar con la proveeduría y mantener sus prácticas de recolección, tuvieron tierra y mal trabajaron milpas. En este entorno asoman los primeros resultados de la coexistencia de los guachichiles sedentarios con el cristianismo, pero también son visibles abusos y brutalidad de los españoles e indios de estirpe mesoamericana hacia los chichimecas recién pacificados, muchos de ellos guachichiles. Asoma también un dato muy importante cuando, al referirse a los guachichiles sedentarios, el oidor dice cosas como “los más bautizados” o “la mayor parte de ellos son cristianos”, mostrando que los pragmáticos españoles aceptaron de inicio congregar de paz y proveer a los guachichiles sin exigirles renunciar del todo a sus prácticas rituales y creencias, menospreciadas como bárbaras y poco peligrosas.

La imagen que nos ha permitido visualizar De la Fuente refleja una situación que con ciertas variantes podemos hacer extensiva a todo el territorio guachichil durante el siglo xvii.

Por ejemplo, en el contexto del pueblo español de San Luis se debe considerar la influencia que sobre los guachichiles y otros grupos tuvo la crecida cantidad de negros que arribaron a la zona al menos hasta 1640 y que modificaron el rostro pluriétnico del Valle de San Luis y su Potosí; hacia Santa María del Río se deben considerar los efectos que sobre los guachichiles de paz tuvo la coexistencia con otomíes, pames y guamares; etcétera. En este escenario tan complejo de cambios marcados por la pacificación y final integración de la territorialidad guachichila a la Monarquía Hispánica destaca también el hecho de que se hayan formado islas y confines con guachichiles gentiles que establecieron relaciones diversas con los guachichiles sedentarios y con los españoles, lo que implicó intercambios de información y reciprocidad económica que abonaron las posibilidades de estos últimos para consolidar su hegemonía sobre el territorio. Finalmente, los guachichiles novohispanos que se preservaron como colectividad o grupo de interés fueron quienes se insertaron de forma más eficiente en el nuevo orden jurídico y social hispánico, haciendo uso de las instituciones y recursos que éste les otorgó; litigaron e incluso ganaron pleitos en defensa de sus derechos, asumiendo frecuentemente un discurso de identidad étnica, la cual terminó por diluirse a largo plazo bajo el efecto de profundas y definitivas transformaciones culturales que provocaron, incluso, la extinción del idioma guachichil.

Conclusiones

La reconfiguración económica y política del territorio guachichil, como consecuencia de su integración a la Monarquía Hispánica, implicó para los guachichiles y sus parcialidades múltiples procesos de violencia y despojo de sus espacios vitales de reproducción, obligándolos a desarrollar estrategias de resistencia y adaptaciones ante una situación de conquista irreversible. Dado su carácter de nómadas, los guachichiles, como todos los chichimecas del norte aridoamericano, fueron objeto de barbarización por parte de los españoles, representación que orientó un tipo específico de conquista basada en la idea de “civilizar” al guachichil y arrancarlo de su gentilidad mediante su conversión al cristianismo y su integración al orden institucional hispánico. Como política de Estado predominó, por tanto, la idea de salvarlos y preservarlos, si bien en el terreno de los hechos muchos guachichiles fueron objeto de una crueldad inaudita por parte de los cristianos españoles, quienes alimentaban con ello el ciclo de la violencia en el proceso de despojo y transformación del territorio. Además, los criterios jurídicos, filosóficos y teológicos planteados por los españoles para resolver el dilema de la guerra justa contra el nómada terminaron por negarle a los guachichiles cualquier sentido de propiedad y derechos sobre su territorio, legitimando el despojo y la ocupación hispánica del mismo.

A la reducción que hizo el español de la complejidad pluriétnica de las naciones del norte bajo el concepto chichimeca le siguió, por tanto, la negación de sus territorios específicos, su extensión y fronteras. Sin embargo, detrás de estos criterios y de su expresión en las fuentes documentales asoma la compleja territorialidad de los guachichiles. Dado que la territorialidad la hemos definido como el resultado de la producción social, económica y política del espacio a partir de prácticas específicas sobre el territorio, lo que hemos esbozado en este ensayo ha sido, precisamente, la desintegración de dicha territorialidad de los guachichiles ante las transformaciones culturales que éstos padecieron en su enfrentamiento con los cristianos y su final sedentarización. Este proceso de fractura del espacio guachichil fue múltiple y contó con diversos agentes de realización, mismos que hemos integrado bajo el concepto genérico de cristianos. Se incluyen en éste diferentes tipos de conquistadores, desde los milicianos y mercenarios españoles hasta caciques indígenas que los ayudaron en diversas campañas; también se incluyen diferentes tipos de migraciones de indios aliados, desde las migraciones capilares de tarascos y otomíes provenientes del sur hasta la migración inducida de los tlaxcaltecas.

Estos y otros agentes se desbordaron sobre el territorio guachichil, tomaron posesión de éste e insertaron nuevas formas de producción y organización del trabajo y del espacio. Fue un proceso paulatino que tuvo su etapa de mayor violencia entre 1550 y 1591, años que como hemos visto provocaron los cambios más importantes en la población guachichil, fundamentalmente por las transferencias culturales que absorbieron y adoptaron para revertir la original ventaja tecnológica de las armas y los recursos de guerra del español invasor. Dichas transferencias también incluyeron el contacto con diversos mediadores, a través de los cuales se establecieron los puentes y las sociabilidades que hicieron posible la congregación de guachichiles por acción de los franciscanos, o bien la estrategia de la paz por compra. El resultado final fue la integración de una cantidad significativa de guachichiles a un orden político que los domesticó para vivir con diferentes grados de cristianización en repúblicas de indios mediante proveedurías de maíz y carne. Si bien éste fue uno de los más importantes resultados del proceso y el que permitió mayores posibilidades de continuidad a la identidad étnica de los guachichiles, existieron otras variantes en su integración a la Monarquía Hispánica, desde la formación negociada de rancherías de guachichiles para el trabajo en haciendas de beneficio hasta guachichiles tomados como mano de obra esclava. A esto debemos añadir los espacios fronterizos que permitieron una reciprocidad económica entre españoles y parcialidades guachichiles que conservaron por algún tiempo su nomadismo, integrándolo a la lógica de la producción agrícola hispánica sin una dominación efectiva de por medio.

En lo que se refiere a los contextos de dominación efectiva, observamos también que algunas de las prácticas de aprovechamiento del territorio que habían ejercido los guachichiles como nómadas tuvieron continuidad en medio de las transformaciones socioculturales a las que fueron sometidos en su transición a guachichiles novohispanos. Los casos aparecen dispersos, pero confirman que los guachichiles preservaron el conocimiento sobre diversas técnicas de sobrevivencia asociadas a las especificidades de su hábitat. La muestra son los casos que hablan de guachichiles sedentarios acudiendo a la explotación estacional de tunas o con capacidad para sobrevivir sin agua corriente gracias a la obtención del líquido en agaves locales. Otras prácticas que preservaron en el contexto cristiano fueron la recolección de peyote y la obtención de insumos para mantener su tecnología de caza (madera, tendones de venado y pedernales). Lo anterior confirma que los guachichiles, tras perder las capacidades colectivas para producir su espacio y articular una territorialidad política como nación, conservaron aspectos básicos en la gestión de los recursos que proporcionaba el territorio.

La escala diferenciada de integración de los grupos guachichiles al orden hispánico que hemos presentado muestra que sus capacidades para reproducir un tipo de identidad étnica fueron eficientes cuando se manejaron como colectividad; en contraste, los que se integraron de forma atomizada o como grupos pequeños y aislados terminaron diluidos o desdibujados bajo la genérica categoría de chichimecos. Independientemente de las rutas que hayan tomado, los guachichiles se convirtieron en una minoría demográfica en lo que fuera su territorio y sólo en algunos reductos muy focalizados es posible encontrarlos a finales del siglo xvii y comienzos del siglo xviii asumiendo un discurso identitario como los pobladores originales de la tierra. Ello indica que las transferencias y transformaciones culturales que convirtieron al guachichil nómada en guachichil novohispano no cancelaron por completo la producción de la diferencia sociocultural. Incluso podemos afirmar que en algunos casos esas transferencias hicieron más efectiva dicha producción, en tanto que permitió hasta la primera mitad del siglo xviii la preservación de un discurso identitario basado en la etnicidad y superior a las realidades del mestizaje biológico.

Finalmente, es necesario plantear la necesidad de recuperar a los guachichiles y su territorialidad como sujetos históricos, premisa que se hace extensiva a una importante cantidad de naciones septentrionales que se encuentran soterradas en las representaciones producidas por la administración hispánica de la época. Bástenos pensar que la Guachichila, nombre que hemos dado a la expresión geográfica concreta de la territorialidad que manejaban los guachichiles en el siglo xvi, terminó políticamente repartida entre el reino de la Nueva Galicia, el reino de la Nueva España y la Provincia de Coahuila, jurisdicciones hispánicas sobre las que operaron otras tantas fragmentaciones temporales y espirituales (obispados, provincias evangélicas, parroquias, doctrinas y alcaldías). Cada una de ellas, como experiencia histórica y administrativa, ha dejado huellas parciales de la Guachichila, y en conjunto nos dan un claro ejemplo de las consecuencias que para el conocimiento histórico ha tenido la negación que los españoles hicieron sobre la cultura de los nómadas de la América septentrional, negación que fue replicada en el siglo xx por historiadores como Rafael Montejano o Philip Powell.

Archivos

agi Archivo General de Indias, Sevilla

aheslp Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí

Bibliografía

Arlegui, Joseph. 1737. Chronica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco de Zacatecas. México: Imprenta de Joseph Bernardo de Hogal.

Arnaldo de Ysassi, Francisco. 1982. Demarcación y descripción del obispado de Mechoacan y fundación de su iglesia cathedral, 1649. Bibliotheca Americana i (1): 67-204.

Brambila, Rosa. 1995. La zona septentrional en el Posclásico. En Historia antigua de México, volumen iii: El horizonte Posclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas mesoamericanas, coordinado por Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, 307-327. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Ángel Porrúa.

Braniff, Beatriz. 1974. Oscilación de la frontera septentrional mesoamericana. En The archaeology of West Mexico, editado por Betty Bell, 40-50. Ajijic: Sociedad de Estudios Avanzados del Occidente de México.

Corbeil, Laurent. s. a. Trabajo e identidades indígenas en San Luis Potosí, 1591-1630. San Luis Potosí: mecanoescrito inédito.

Jiménez, Alfredo. 2006. El Gran Norte de México. Una frontera imperial en la Nueva España (1540-1820). Madrid: Tebar.

Kirchhoff, Paul. 1994. Los recolectores-cazadores del norte de México. En El norte de México y el sur de los Estados Unidos, 133-144. México: Sociedad Mexicana de Antropología.

Kirchhoff, Paul. 1960. Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.

López Luján, Leonardo. 1989. Nómadas y sedentarios. El pasado prehispánico de Zacatecas. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Martínez Baracs, Andrea. 1993. Colonizaciones tlaxcaltecas. Historia Mexicana xliii (2): 195-250.

Martínez Romero, David Ricardo. 2015. Población, gobierno y conflictos en los pueblos de indios de San Sebastián Agua del Venado y San Jerónimo de Agua Hedionda: 1679-1767. Tesis de maestría en historia, El Colegio de San Luis.

Montejano y Aguiñaga, Rafael. 1964. El Valle de Santa Isabel del Armadillo, S. L. P. San Luis Potosí: edición del autor.

Mota y Escobar, Alonso de la. 1966. Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. Guadalajara: Instituto Jalisciense de Antropología e Historia.

Powell, Philip W. 1980. Capitán mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597). México: Fondo de Cultura Económica.

Powell, Philip W. 1977. La guerra chichimeca (1550-1600). México: Fondo de Cultura Económica.

Rodríguez Loubet, François. 1985. Les chichimeques. Archéologie et ethnohistoire des chasseurs-collecteurs du San Luis Potosí, Mexique. México: Centre D’Etudes Mexicaines et Centramericaines.

Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. 2016. Reciprocidad económica y transferencias culturales en los procesos de frontera: el caso de Guadalcázar (Nueva España) en el siglo xvii. En Fronteras: procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y Asia (siglos xvi-xx), coordinado por Valentina Favarò, Manfredi Merluzzi y Gaetano Sabatini, 455-498. Madrid: Fondo de Cultura Económica, Red Columnaria.

Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. 2010. Capitán Miguel Caldera y la frontera chichimeca: entre el mestizo historiográfico y el soldado del rey. Revista de Indias lxx (248): 23-58.

Ruiz Ibáñez, José Javier y Gaetano Sabatini. 2009. Monarchy as conquest: violence, social opportunity, and political stability in the establishment of the Hispanic Monarchy. The Journal of Modern History lxxxi (3): 501-536.

Salas Hernández, Juana Elizabeth. 2009. Microhistoria ambiental de Mazapil: la presencia española y la transformación del paisaje, 1568-1650. Tesis de maestría en historia, El Colegio de San Luis.

Santa María, Guillermo de. 1999. Guerra de los chichimecas (México 1575-Zirosto 1580). Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad de Guanajuato.

Serrano Hernández, Sergio Tonatiuh. s. a. La golosina del oro. La producción de metales preciosos en San Luis Minas del Potosí durante el siglo xvii. México: mecanoescrito inédito en proceso editorial.

Sheridan Prieto, Cecilia. 2004. Territorios y fronteras en el noreste novohispano. En Desierto y fronteras. El norte de México y otros contextos culturales, editado por Hernán Salas y Rafael Pérez-Taylor, 447-467. México: Plaza y Valdés, Universidad Nacional Autónoma de México.

Studnicki-Gizbert, Daviken y David Schecter. 2010. The environmental dynamics of a colonial fuel-rush: silver mining and deforestation in New Spain, 1522 to 1810. Environmental History xv (1): 94-119.

Velázquez, Primo Feliciano. 1897-1899. Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí. San Luis Potosí: Imprenta del Editor.

Weigand, Phil C. y Acelia G. de Weigand. 1996. Tenamaxtli y Guaxicar. Las raíces profundas de la Rebelión de Nueva Galicia. Zamora: El Colegio de Michoacán, Secretaría de Cultura de Jalisco.

Wright Carr, David Charles. 1999. La conquista del Bajío y los orígenes de San Miguel de Allende. México: Fondo de Cultura Económica, Universidad del Valle de México.

Zapata Ramírez, Tania Libertad. 2013. Etnicidad e identidad étnica guachichil en el Tunal Grande, 1560-1620. Tesis de maestría en historia, El Colegio de San Luis.

¹ Hago público mi profundo agradecimiento a la artista Wanda Casaril por el apoyo fundamental que me brindó para concluir este ensayo, así como a Sonia Deotto por haberla puesto en mi camino.

² Profesor-investigador de El Colegio de San Luis. Correo electrónico: juancarlos.ruiz@colsan.edu.mx

³ En años recientes un grupo de jóvenes y brillantes investigadores ha hecho aportaciones de primer orden al estudio de los guachichiles con investigaciones que están a la espera de ser publicadas y que he retomado para este capítulo. Los más importantes son Juana Salas, Tania Zapata, David Martínez, Sergio Serrano y Laurent Corbeil.

⁴ Abordar la cuestión chichimeca rebasa el objetivo de este capítulo. Remito al lector a los siguientes autores: Braniff (1974); Brambila (1995); Kirchhoff (1994); López (1989); Rodríguez (1985); Weigand y Weigand (1996); Sheridan (2004); Ruiz (2010).

⁵ Una útil reconstrucción etnográfica de ese “Gran Norte” que incluye nuestra zona de estudio se encuentra en Jiménez (2006).

⁶ La relación de Velázquez en Archivo General de Indias (agi), México 110, ramo 86.

⁷ agi, México 110, ramo 86. En diversos ensayos he abordado la reconstrucción de los rasgos culturales (materiales y sociopolíticos) de los nómadas, incluidos los guachichiles (véase Ruiz 2010, 35-39).

⁸ agi, México 110, ramo 86.

⁹ Hacia 1562 Sahagún registró en la Historia de las cosas de la Nueva España información sobre el peyote y su uso entre los mesoamericanos, ubicando el origen de la planta en tierra chichimeca. El proceso de integración del peyote a diversas prácticas en la cultura novohispana, así como sus representaciones, es uno de los proyectos que actualmente desarrollamos como parte de la Red Columnaria.

¹⁰ “Este nombre Guachichil es puesto por los mexicanos; compónese de cabeza y colorado. Dicen se lo pusieron porque se embijan lo más común con colorado y se tiñen los cabellos con ello, y porque algunos de ellos usan a traer unos bonetillos agudos de cuero colorado, y ansí a los gorriones de las jaulas, que tienen las cabezas coloradas, llaman guachichil” (Santa María 1999, 191).

¹¹ De acuerdo con Powell, para mayo de 1550 ya se habían iniciado los trabajos para abrir el nuevo camino a Zacatecas más allá de San Miguel (1977, 34).

¹² Sobre la confederación entre zacatecos y guachichiles en 1561, véase el informe de Pedro de Ahumada en agi, Patronato 182, R. 5.

¹³ Las Salinas del Peñol Blanco fueron estratégicas para la minería, lo que las convirtió en cabecera de una nueva alcaldía mayor en 1582, justo en los últimos años de la guerra a sangre y fuego contra los chichimecas.

¹⁴ Esta autora señala que desde 1567 fray Pedro de Espinareda había informado a la Audiencia de la Nueva Galicia de la existencia de yacimientos de metales preciosos en el territorio ubicado entre Fresnillo y Pánuco, y que la posibilidad para su explotación pasaba por la pacificación de los chichimecas, fundamentalmente los guachichiles.

¹⁵ David Martínez plantea que la presencia franciscana en Venado hacia 1583 pudo estar asociada a la refundación del convento franciscano de Charcas en 1584, “pues durante los años inmediatos al proceso de pacificación Venado se conformó como un poblado guachichil-negrito llamado Mazatepec, topónimo náhuatl que significa ‘Cerro de los Venados’” (Martínez Romero 2015, 45-46).

¹⁶ Este tipo de interacciones o mediaciones “amistosas” entre cristianos y guachichiles durante el periodo de la guerra a sangre y fuego (1570-1585) debe ser investigado a profundidad.

¹⁷ agi, México 110, ramo 86.

¹⁸ Los alcances de esta exportación del modelo de pueblo de indios del centro de Nueva España son muy polémicos. David Martínez, por ejemplo, con base en la definición de Bernardo García, afirma que los tlaxcaltecas llevaron al norte la estructura del altepetl, idea que debe ser contrastada con otras experiencias de congrega a finales del siglo xvi y bajo el modelo jurídico hispano-romano (Martínez Romero 2015, 16-17).

¹⁹ agi, México, 220.

²⁰ He abordado la transformación cultural de los guachichiles en otros ensayos, si bien mantengo diversas líneas e hipótesis abiertas, muchas de ellas actualmente en proceso de investigación (véase Ruiz 2010).

²¹ agi, Contaduría 874, no. 1: “Por quanto habiendo descubierto el capitán Miguel Caldera las minas que dicen del Potosi en el Valle de Mezquitique y teniendo de su riqueza por los ensayes buenas esperanzas y aviendo los españoles de toda aquella comarca registrados comenzado a beneficiar muchas minas, y apersevido con esto para proseguir el beneficio, se mandó suspender por evitar los inconvenientes y desasosiegos que se pudieran causar si en ausencia de los indios guachichiles de paz que allí están asentados y congregados y fueron en servicio de su majestad con el dicho capitán al castigo de los indios de San Andrés”.

²² Ídem.

²³ agi, Guadalajara 4, no.11; agi, Patronato 83, N. 4, R. 2.

²⁴ agi, Contaduría 851.

²⁵ Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (aheslp), Criminal, Caja 82, A-44, exp. 22. El caso de Juana ha sido un tema de difícil abordaje histórico y antropológico; para una relectura novedosa remito al lector al trabajo de Zapata (2013, 324-335).

²⁶ agi, Contaduría 874, no. 1.

²⁷ agi, Contaduría 874, no. 2.

²⁸ agi, Guadalajara 4, no. 1.

²⁹ agi, México 131; agi, Mapas y Planos. Escudos 181.

³⁰ agi, Filipinas 36, no. 75.

³¹ El tema de la presencia del oro en la producción de metales en San Luis Potosí en el siglo xvii finalmente ha sido desentrañado por la reciente investigación de Sergio Serrano Hernández, La golosina del oro (véase bibliografía). Estamos ante uno de los estudios de historia económica más importantes para la historiografía novohispanista.

³² agi, Contaduría 874, no. 2.

³³ agi, México 110, ramo 86.

³⁴ Este caso lo he tratado en otros ensayos como parte del análisis de las prácticas de reciprocidad económica entre los grupos involucrados en la formación de las fronteras concurrentes de la Nueva España, la Nueva Galicia, la Provincia de Coahuila y el Nuevo Reino de León (véase Ruiz 2016).

³⁵ Este territorio montañoso fue una zona de frontera para los guachichiles; marcaba la transición hacia el paisaje de lo que actualmente denominamos Sierra Madre Oriental.

³⁶ agi, Contaduría 874, no. 2.

³⁷ Ídem.

Indios de paz contra indios de guerra durante las campañas punitivas en el Bolsón de Mapimí, 1652-1653 y 1721-1722¹

Chantal Cramaussel²

En este capítulo se analiza el papel de los indios amigos en el proceso de conquista del Bolsón de Mapimí, ya que sin los indios auxiliares (también llamados “indios amigos”), los cautivos, y los nativos que se incorporaron a las haciendas, la extinción de los grupos de cazadores-recolectores del Bolsón de Mapimí en el transcurso del siglo xviii no se explica.³ Los grupos indígenas no sólo fueron poco a poco asimilados por los españoles, sino que jugaron un papel central en las guerras; conformaban, de hecho, el brazo armado por excelencia de los conquistadores que eran siempre inferiores en número durante los conflictos bélicos. La violenta represión de los alzamientos de los indios del Bolsón de Mapimí en 1652-1653 y 1721-1722, sobre los cuales se conserva mucha documentación en el Archivo Histórico Municipal de Parral,⁴ lo muestra.

A mediados del siglo xvii, las partes en pugna se conocían bastante bien; los españoles tenían tratos constantes con los gentiles del Bolsón, de los cuales obtenían parte de la sal indispensable para el beneficio de la plata. Los indios mantuvieron una relación, a veces pacífica, a veces violenta, con los españoles que los reducían a la esclavitud en tiempos de guerra y proporcionaban a los que aceptaban reducirse sobre todo ropa y a veces alimentos. Los gentiles, al igual que sus parientes en parte integrados a las haciendas, sabían que su presencia era necesaria para la buena marcha de la economía regional y eran capaces de negociar con todas las autoridades coloniales, desde el gobernador de la Nueva Vizcaya hasta el virrey.

Figura 1. El Bolsón de Mapimí a mediados del siglo xviii

Fuente: elaboración propia con base en Griffen 1969, Gerhard 1986 y Cramaussel y Carrillo en prensa.

El Bolsón de Mapimí tiene la fama de ser bastante inhóspito por formar parte de la amplia zona que los geógrafos han nombrado “el desierto chihuahuense”. Obtuvo su nombre de Santiago de Mapimí, un real de minas fundado a principios del siglo xvii, ubicado actualmente a 25 kilómetros de la ciudad de Bermejillo, Durango, en el límite suroeste del Bolsón, como se observa en la figura 1, en la que se consignan los principales asentamientos de la región a mediados del siglo xviii. El Bolsón es muy amplio, tiene una superficie de 114 000 kilómetros cuadrados y se extiende hoy en tres estados: Durango, Coahuila y Chihuahua.

Después de describir brevemente el proceso de colonización en las orillas del Bolsón de Mapimí, región desértica que los españoles nunca pretendieron poblar, me centraré en la composición de los ejércitos y en las negociaciones entabladas por los indios ante los gobernantes hispanos para huir de la esclavitud y sacar el mayor provecho de la sociedad colonial.

La conquista alrededor del Bolsón de Mapimí

Las primeras zonas de colonización al norte de Durango fueron la provincia de Santa Bárbara, fundada en 1563 (Cramaussel 2006a), Saltillo y Parras (ahora en Coahuila) en los años setenta. En ese último lugar, abandonado en 1581 (Valdés 2015, 72), la población indígena que moraba alrededor de enormes lagunas, como la de Mayrán, hoy en buena parte desaparecida, era más densa. El poblamiento de la provincia de Santa Bárbara y de Parras se afianzó a finales de la centuria, cuando se establecieron haciendas y ranchos en la zona aledaña.⁵ También se multiplicaron las estancias al sur de la provincia de Santa Bárbara, como en El Casco o en Ramos, en la orilla occidental del Bolsón. En el inicio, la evangelización de los indios recaía en el clero secular, pero pronto los franciscanos establecieron misiones en la provincia de Santa Bárbara (San Bartolomé data de 1574) y los jesuitas en la región de Parras (Santa María de Parras, 1598) (Cramaussel 2006a; Gerhard 1986, 408-409).

Al cobrar auge las minas de San José del Parral, descubiertas en 1631, se desplazó la colonización hacia el norte. En 1645 se erigió un presidio en Cerro Gordo (hoy Villa Hidalgo, Durango) para cuidar de los transeúntes y sobre todo de los comerciantes que abastecían el real de minas por el nuevo camino real de tierra adentro que pasaba por altiplano desértico (Cramaussel 2006b); en 1688 se establecieron otros presidios más (El Pasaje, El Gallo, San Francisco de Conchos, además de la compañía volante estacionada en San Bartolomé) hasta contar con una cadena, planeada desde hacía varias décadas, a lo largo del camino real que atravesaba de aguaje en aguaje la orilla oeste del Bolsón (Cramaussel y Carrillo en prensa; Carrillo y Cramaussel 2015; Cramaussel en prensa y 2016).

Desde Parral, los españoles de la provincia de Santa Bárbara se adentraron hacia el este para localizar salinas (indicadas con triángulos blancos en la figura 1). A mediados del siglo xvii, por la bonanza de Parral y de su distrito minero, se multiplicó por diez la producción de metal precioso en la Nueva Vizcaya y la sal era indispensable para el beneficio de la plata. A los indios del desierto se les obligó a recogerla, como lo hacían probablemente desde tiempo atrás para su consumo, pero esta vez en mayor cantidad y para provecho de los españoles (Cramaussel en prensa). Éste fue sin duda uno de los motivos del conflicto entre los conquistadores y los indios del Bolsón.

Además de los insumos imprescindibles para obtener plata, se requerían operarios en cantidad creciente. Los indios de la región que no habían sido encomendados fueron reducidos en misiones que se encargaban de su administración espiritual, pero los indios residían en haciendas a las que habían sido asignados, o junto a los presidios (Cramaussel 2006a, 185-234). Los tobosos del oeste del Bolsón fueron destinados a la misión franciscana de Atotonilco y sus vecinos, los salineros, a la misión jesuita del Tizonazo (véase figura 1), los indios de Coahuila fueron obligados a laborar bajo el régimen de encomienda en las haciendas de Saltillo y Parras. Pero la vida nómada no era compatible con la colonización española que obligaba a la formación de asentamientos permanentes.⁶ Al servicio personal fue condenado todo indio alzado, es decir, en franca rebelión o simplemente huido de la misión, presidio, hacienda o congrega en la que había sido asignado en algún momento. En cada levantamiento o fuga de los indios, y después de los ataques a los convoyes del camino de tierra adentro, las reducciones a la esclavitud fueron masivas, así como las deportaciones, hasta el siglo xviii incluido. A veces un acto de desobediencia representaba un simple pretexto para librar la guerra “a fuego y sangre”, puesto que los españoles tuvieron siempre interés por obtener más cautivos, aunque fuera para venderlos a los comerciantes que los llevaban tierra afuera. Pero no cabe duda que los ataques de los indios a las haciendas aisladas y a los convoyes del camino real también ocurrían; se daban sobre todo entre San Bartolomé y Cuencamé. Sin embargo, no provocaron abandonos prolongados en los asentamientos coloniales situados en los valles donde se desarrollaron la agricultura y la ganadería europeas desde el siglo xvi.

El este del Bolsón, más desértico y terreno predilecto de los cazadores de esclavos en el siglo xvi, se pobló un siglo después de la orilla occidental. Los españoles trataron de asentarse una y otra vez en el noreste novohispano que comprendía también muchos oasis y sitios propicios para la vida humana a lo largo de los ríos y de las lagunas, pero no lo lograron antes de los años setenta del siglo xvii. Las misiones franciscanas, que venían a reforzar indios tlaxcaltecas en múltiples ocasiones cambiaron también varias veces de lugar o fueron abandonadas (Valdés 2015, 72; Sheridan 2000, 98-117). La colonización se dificultaba ante la ausencia de indios sedentarios. La zona aledaña al presidio de Monclova, fundado en 1675 junto a la misión de San Francisco de Coahuila, fue abandonada entre nueve y doce veces hasta que Monclova pasó a ser capital de la Nueva Extremadura de Coahuila, erigida en gobernación en 1687. Dos años después se creó la villa de Santiago de Coahuila, al amparo del presidio del mismo nombre, en el sitio de las antiguas minas de Trinidad o Almadén, que fueron explotadas durante unos cuantos años en el siglo xvi (Gerhard 1986, 407).

Con el objeto de proteger el flanco oriental del imperio español e impedir eventuales invasiones de franceses e ingleses (Velázquez 1974, 116), los españoles quisieron establecer un cordón de presidios y misiones desde Coahuila hasta la frontera de Texas con la Louisiana, semejante al que existió en el camino real que llevaba en los años veinte hacia la villa de San Felipe El Real de Chihuahua (véase el mapa de Gerhard 1986, 417). A principios del siglo xviii se estableció el presidio de San Juan Bautista del Río Grande, pero hacían falta puntos intermedios para asegurar la ruta en regiones todavía sin conquistar. Se crearon misiones (Santoscoy 2000, 75) y en 1737, en la provincia de Coahuila, se autorizó la creación del presidio de Santa Rosa del Sacramento (desplazado al lugar de la actual ciudad de Melchor Múzquiz, Coahuila, dos años después) (Gerhard 1986, 408); esos presidios, como los de Texas, fueron trasladados varias veces (Valdés 2015), lo que muestra el carácter endeble del poblamiento colonial en el lejano noreste.

La colonización española progresaba de todos modos alrededor del Bolsón. En las inmediaciones del real de Mapimí, abandonado durante varias décadas, se erigió un presidio del mismo nombre en 1711 (Carrillo y Cramaussel 2016). En 1752, dado que los ataques de los indios se hicieron menos frecuentes, se suprimieron los presidios creados en el siglo anterior a lo largo del camino real y fueron sustituidos por una compañía volante estacionada en Huejuquilla (hoy Ciudad Jiménez, Chihuahua), al noreste de la antigua misión de Atotonilco. Tanto el presidio de Mapimí como el de Huejuquilla estaban ubicados en la orilla oeste del desértico Bolsón, donde los indios no sometidos ya estaban retrocediendo. Desde esos dos presidios, los españoles los perseguían hasta sus aduares (Carrillo y Cramaussel 2015; Cramaussel y Carrillo en prensa).

Pero los asentamientos coloniales no circundaban todo el Bolsón. Hasta 1773, fecha de erección del presidio de San Carlos, que no duró más de diez años debido al asedio de los indios, la presencia española fue inexistente entre Santa Rosa del Sacramento y La Junta de los Ríos Concho y Bravo. Era hacia el río del Norte (Bravo) y allende la corriente de este último río donde los indios perseguidos por los españoles en el Bolsón trataban de refugiarse, y desde la otra orilla del río se adentraban también en el septentrión novohispano. El capitán del presidio de Conchos, José de Berroterán, exploró la región para tratar de abrir y poblar un camino que uniera la provincia de la Nueva Vizcaya con la de Coahuila con el objeto de detener las invasiones indias. Concluyó que no era posible contar con esa vía porque no había suficiente agua, el río del Norte estaba encañonado, y abundaban los indios enemigos en su rivera septentrional. En 1748, ese experimentado capitán consideraba ilusorio el proyecto del marqués de Altamira de crear pueblos y presidios para circundar el Bolsón hacia el norte (Polzer y Naylor 1986, 225); opinaba que no había sitios “poblables” al sur de la corriente.

Existía sin duda una estrecha relación entre todos los indios del Bolsón y sus vecinos. Pero la asignación de los nombres de los indios de esa región, que se agrupaban y se dividían según la estación del año y efímeras alianzas, fue muy variable y ha representado un problema para la historiografía regional. Si bien no se ha dilucidado por completo la pertenencia de las múltiples bandas a grupos mayores, se sabe que los coahuiltecos hablaban un idioma distinto a los demás (Valdés 2015, 74-75)⁷ y que los salineros, como después los cocoyomes, eran tepehuanes (Cramaussel 2000), mientras que los tobosos, como los chizos y acoclames eran conchos (Álvarez 2000), como lo comprueban además los traductores que fungen en las informaciones de testigos y procesos judiciales. Muchas veces su nombre original correspondía a encomiendas, pero con el tiempo éstas desaparecieron junto con el nombre de los indios encomendados. Los indios también cambiaban de nombre cuando algún capitán pretendía haberlos exterminado. Tobosos (que se refiere a un indio a caballo) y salineros (el que recoge la sal) fueron apelaciones genéricas. Otro nombre genérico era el de coahuileños, que correspondía a una región (Valdés 2015, 72-73) y significaba en lengua de los indios “tierra adentro” según declaración, en 1716, del gobernador de Coahuila, don José Antonio de Eca y Múzquiz.⁸ Además de los irritilas de la región de Parras, con los que colindaban al sur, eran al parecer tres los grupos indígenas principales en el Bolsón de Mapimí: tobosos-acoclames-chizos, tepehuanes-salineros-cocoyomes-cabezas y coahuiltecos (los cuales encubrían una gran cantidad de grupos de distintos nombres).

El Bolsón mismo no era propiamente una zona de refugio, sino que los indios seminómadas establecían allí campamentos estacionales. Se quedaban parte del año cerca de las lagunas de Jaco y de las Salinas del Machete (hoy Salinas del Rey) para recoger la sal y aprovechar los múltiples ojos de agua que las rodean. Los nativos sacaban también recursos de las numerosas sierras de la región, que cuentan, casi todas, con ojos de agua. Practicaban allí una agricultura incipiente, sembrando calabazas y a veces maíz. En las cañadas que forman los arroyos antes de perderse en el desierto, la vida vegetal y animal es muy rica y abundan los venados, conejos y liebres. En sus laderas crece también el sotol, una planta de la cual se obtenía una bebida y cuyo cogollo era una fuente alimenticia importante. Y con los frutos de los encinos y de los mezquites se hacía una harina que se conservaba mejor que la de maíz. Pero desde luego que los indios iban también a cazar los bisontes (llamados cíbolos en la época colonial), más numerosos más allá del río del Norte y recorrían los valles al este de la Sierra Madre o los oasis orientales del Bolsón, para pescar y cazar. Los movimientos de los nativos se daban entre el río Bravo, el Conchos, el Florido y el Nazas, pasando por las múltiples lagunas y las salinas del altiplano. El uso del caballo les permitió optimizar sus traslados al mismo tiempo que se hicieron afectos a su carne, al igual que a la de las vacas que también se reprodujeron solas en el Bolsón y pasaron a representar un recurso alimentario más (Griffen 1969; Valdés 1995; Cramaussel en prensa).

La población nativa del Bolsón constaba de varios miles de indios, a pesar del hábitat aparentemente hostil en el que moraban. Gerhard da la cifra de 50 000 personas tan sólo para Coahuila en el momento del contacto (Gerhard 1986, 410). En 1687, una recua fue atacada por una cantidad considerable de indios; los testigos afirmaron que eran unos 1 500. Los españoles evaluaron en 2 000 indios los que se habían reunido en la misma fecha en la sierra de la Cadena (Cramaussel y Carrillo en prensa); en 1721 atacaron Monclova 600 indios y un centenar entró a Parras.⁹ Las cifras más comunes para grupos de indios que se encuentran esparcidas en la documentación y la bibliografía existente oscilan entre 200 y 300, sin contar a mujeres y niños. Para combatir a tantos rebeldes fue imprescindible una nutrida participación de indios amigos en las campañas.

Indios auxiliares y composición de la tropa
en las campañas de 1652-1653 y 1721-1722

Elaboré dos mapas que corresponden a la campaña de 1652 contra “los salineros, cabezas, acoclames, tobosos, nonojes, y tarahumaras”¹⁰ y a la de 1721 contra los “sisimbles, tobosos y coahuileños”. En ambos casos las persecuciones se llevaron a cabo a lo largo y ancho del Bolsón de Mapimí y corrieron en buena parte a cargo de los indios auxiliares.

Una tarea muy importante de los “indios de paz” era hacer la guerra a los alzados. Es por esta razón que en los expedientes sobre rebeliones se encuentran nombramientos de capitanes generales indios: en 1652 se designó al de los tepehuanes y a los dos de la Conchería.¹¹ Cuando se avecindaba una campaña punitiva, el reclutamiento militar (“hacer la gente de guerra que fuere necesaria”) se añadía al deber de los capitanes generales de congregar a los indios para trabajar en las haciendas y obligarlos a cultivar la tierra, criar gallinas y acudir a la doctrina.¹² En tiempos de guerra, se mandaba a cada pueblo y ranchería de indios de paz unos palitos con rayas que indicaban el número de hombres requeridos. Un comisario expresamente nombrado por el gobernador para levantar la tropa de los auxiliares iba a recogerlos, custodiado por soldados. También se designaba a un “proveedor y pagador”, el cual se encargaba de reunir los bastimentos donados y comprar los que hacían falta, luego los distribuía entre los capitanes del Ejército que se los repartían a los oficiales y a los soldados de su compañía.¹³ Esos víveres no provenían únicamente de ranchos y haciendas de españoles, se requisicionaban también en los pueblos de indios.¹⁴

El 18 de mayo de 1652, Diego Guajardo Fajardo requirió que se pagara de la caja real de Durango a 80 soldados y a 600 indios amigos para una campaña de seis meses proyectada para mediados de agosto en contra de los indios del Bolsón y de los tarahumaras que se habían rebelado.¹⁵ La cantidad de 600 indios era tal vez excesiva; a principios de julio de ese año el mismo gobernador programó reunir a tan sólo 422 indios auxiliares. Estos últimos eran originarios de las provincias de la Nueva Vizcaya conquistadas en el siglo xvi, algunas de las cuales se habían levantado en las primeras décadas de la centuria siguiente, como era el caso de las habitadas por los xiximes y los tepehuanes.

Los indios debían juntarse en Durango o en Parral, muchas veces a cien kilómetros o más de su lugar de residencia, y con frecuencia la Sierra Madre Occidental de por medio. A mediados del siglo xvii, el reclutamiento forzado de indios auxiliares en las misiones jesuitas y franciscanas corrió a cargo de Juan de Echevarría, un comisario que hablaba la lengua mexicana. Pero las expectativas de Guajardo Fajardo eran de nuevo desmesuradas. El capitán Echevarría no pudo alistar a más de 356 indios, incluyendo a 60 laguneros que se sumaron a la tropa. Faltaron en particular los xiximes (de Xoxotilma, Yayus, Los Remedios, Santiago y Otaes, en la vertiente occidental de la sierra), quienes alegaron, apegándose al discurso cristiano, que no querían ir porque se les había dicho que “no deben hacer la guerra, era del demonio”.¹⁶

Observamos en la figura 2 que la mayor parte de los reclutas provienen de la región de las barrancas, en la vertiente occidental de la sierra. Parras y San Francisco del Mezquital eran asientos de indios mexicanos y tlaxcaltecas que convivían con los lugareños. Los xiximes (entre San Andrés y San Pablo Hetasi), los tepehuanes (Milpillas) y los huicholes (Huazamota) de la Sierra conformaron también nutridos contingentes. La mayoría de los indios amigos que iban a la guerra provenía de misiones jesuitas y franciscanas, pero los había también de haciendas (San José del Sextín), que eran probablemente encomendados, y de presidios, como San Hipólito (y tal vez también Santa Catalina y San Andrés, donde la misión colindaba con el presidio).

Figura 2. Indios auxiliares en la campaña de 1652 y 1653

Fuente: ahmp, fc.c11.002.020, Diligencias para la guerra contra las naciones rebeldes, 1652.

No se pudo localizar la sierra de Achimoloya (30 indios) ni otro lugar llamado “Casse Castillo”, donde se requirieron a ocho más.

Después de vencer en 1652 a los indios alzados en el Peñol de Nonolat (actualmente de Santiago, cerca de Hércules, Coahuila), donde se dice que murieron 300 indios y fueron apresados 182 niños de 8 a 10 años, sin contar a las indias viejas y a las criaturas de pecho, los conquistadores fueron persiguiendo a los que habían escapado del enfrentamiento.¹⁷

Cuando se hizo una junta de guerra en julio de 1653 para alcanzar a los que habían podido huir de la masacre del Peñol, el capitán Cristóbal Nevares declaró que era necesario juntar a 400 indios auxiliares y no sólo a 200, como proponían otros, por si se enfermaban. De hecho, una grave epidemia de viruela había hecho estragos entre los indios de Parras (Rocha 1939, 179) y es probable que se hubiera propagado en toda la Nueva Vizcaya. Los españoles echaron entonces mano de todos los indios posibles; la meta original era reunir a 800 indios amigos en total. Llegaron incluso a reclutar indios en Namiquipa, entre los conchos que confinaban con los tarahumaras, cuando ni siquiera existía en ese lugar la misión franciscana que se fundaría en la siguiente década.¹⁸ En 1653 se integraron también a la campaña bélica, como indios auxiliares, los salineros, a los que se había combatido el año anterior, así como 200 tarahumaras, recién sometidos también, para vencer a los tobosos, los nonojes y los cabezas que seguían en armas.

Cabe preguntarse acerca de ese tipo de alianzas militares con indios apenas reducidos o aún sin conquistar cabalmente. Es probable que los españoles, bien informados por otros nativos, aprovecharan las rivalidades existentes entre grupos de indios. Se menciona a capitanes de Huejotitán y San Lorenzo (hoy Belisario Domínguez, Chihuahua), y también del Papigochi y del Valle de los Mulatos, donde se acababan de alzar meses antes contra los españoles, que tuvieron “dificultad para juntarlos”; no obstante, reunieron a cien tarahumaras en mayo de 1653.¹⁹ El Ejército al que se habían sumado los soldados indios y españoles reunidos en Durango salió de Parral en noviembre. Luego, como se menciona adelante, se incorporaron a la tropa 171 chizos y 200 cíbolos.

A pesar de las deserciones y de la epidemia de viruela, los españoles y sus aliados obtuvieron otra victoria en mayo de 1653 después de atacar de noche un campamento de indios desprevenidos, en el que mataron a 180 varones sin contar a los demás y redujeron al cautiverio a un centenar de personas que no llegaron todas vivas a Parral porque cayeron víctimas de inanición o de cansancio en el camino. En el ataque habían participado 200 cíbolos “de guerra” originarios de una región situada de ocho a diez días de camino. Siguieron las persecuciones hasta que se festejó la victoria final en Parral el 17 de septiembre de 1653. En el real de minas los chizos fueron los que se vanagloriaron de haber acabado con los tobosos; de hecho más de dos centenares de chizos habían combatido al enemigo; en julio, 44 chizos integraban la compañía del capitán Juan de Chavarría y en agosto se añadieron otros 127 chizos a la tropa.²⁰

A los indios auxiliares se les daba comida a cuenta de su sueldo, a veces ropa, y se aprovechaban del pillaje en campos enemigos. Los soldados indios ganaban un real por día y dos sus capitanes, además de la ración en harina y/o en cecina (lo que saliera a menor costo).²¹ Pero con frecuencia no era suficiente para contar con su fidelidad. En febrero de 1653 se constató que 37 indios (tepehuanes, julimes y conchos) habían desertado del ejército español, pero todos los demás seguían formando parte de la tropa. Sin embargo, en mayo, al cumplirse los seis meses de campaña, no se pudo detener a los de Guazamota: a pesar de haberles dado 330 pesos de sal, volvieron a su tierra.²² El costo de los objetos y bastimentos que se les proporcionaba a los soldados, así como el pago a los espías y a los correos se erogaban de las cajas reales a cuenta del fondo de paz y guerra, que se elevaba a 4 000 pesos. Pero podían proporcionarse además apoyos extraordinarios previo informe al Tribunal de Cuentas en la Ciudad de México y acuerdo del virrey en turno, que podían sacarse de las reales cajas de Durango y Zacatecas.²³

En el siglo xvii, como posteriormente, las campañas contra los rebeldes exigían una gran cantidad de recursos. El gobernador Guajardo Fajardo estimaba en 80 000 pesos el costo total de la campaña de seis meses que planeaba emprender en 1652. Explicaba que en Durango no había más que 12 000 pesos en la caja, ya destinados a la paga de los soldados de los presidios. Alegaba que contaba la Real Hacienda de Durango con tan pocos recursos por el peligro que asechaba a los dueños de carro en el camino de Parral, cuyas minas estaban entonces en auge. El gobernador pedía sacar 70 000 pesos de la caja real de Zacatecas, pero no obtuvo más de 20 000, y de la de Durango extrajo 11 000 más. De todos modos, era un monto de consideración; el pago para los salarios de los soldados de los presidios rondaba entonces los 30 000 pesos.²⁴

En 1653 llevaban a cientos de novillos en pie pero no podían transportar con éstos todo el bastimento necesario y tuvieron que recurrir a los hacendados de Parras y Patos para obtener en febrero harina de maíz. Además de la comida por varios meses y la requisición de mulas y recuas, en perjuicio de arrieros y comerciantes, se daban títulos de sargento mayor y de teniente, de capitanes y tenientes de capitanes, y de alféreces con el salario anual correspondiente. Los recursos solían sacarse de las cajas reales, donde los oficiales tenían que pagar la media anata. Españoles con experiencia militar obtenían el grado de sargento o de capitán y congregaban a su vez a sus respectivos alféreces, así como a los soldados de la companía a su cargo, pero estos últimos, al igual que los soldados indios, eran “pagados” con carne y maíz, y también recibían pólvora a cuenta de su salario.

Los encomenderos debían enviar un soldado con todas sus armas en cada campaña, pero a veces se negaban a hacerlo, como Juan Fernández de Morales, encomendero del Tunal (cerca de Durango), quien se rehusó a cumplir con esa obligación, alegando que sus indios no pagaban tributo. Cuando menos en 1652 el reclutamiento local no bastó para contar con un número suficiente de españoles y/o mestizos y mulatos. El capitán Alonso Ramírez del Prado, quien ya había sido capitán del presidio de Sinaloa, peleó anteriormente contra los tobosos, los cabezas, los gavilanes del desierto, así como contra los tepehuanes y los indios de la Sierra de Guazapares en las primeras décadas del siglo. Ese personaje contaba ya con 60 hombres y esperaba levantar a 90 más en Zacatecas “haciendo tocar el clarín y trompeta como se acostumbra en semejantes levas”. Los gastos causados por los traslados de la tropa los pagaría la Real Caja de Zacatecas extrayéndolos de la “cuenta de gastos de guerra de chichimecas”.²⁵ Pero sólo enroló a 40 “soldados arcabuceros de a caballo”, quedaba por alistarse otro tanto. En Durango se reunió a 80 más.²⁶ Estaban también en pie de guerra los soldados de Cerro Gordo, el único presidio existente a orillas del Bolsón en esa fecha y acudieron al llamado del gobernador los soldados de los demás presidios existentes en Nueva Vizcaya: Santa Catalina, San Hipólito y San Andrés. Se desconoce el número total de soldados y de reclutas del vecindario español, pero sumándolos a los indios todo el ejército se acercaba al millar de hombres.

Los indios auxiliares siempre estuvieron presentes en los conflictos armados. Cuando se alzaron los tarahumaras en 1690, no se sabe de qué lugares provenían los indios amigos, pero Berroterán recuerda que eran 500 en total entre chizos, conchos, tapacolmes, norteños, cíbolos y tepehuanes, todos del Bolsón o de los valles. También aclara que en las campañas que se organizaban cada año en la Tarahumara salían de 50 a 80 soldados y 150 indios auxiliaries (Polzer y Naylor 1986, 207).

En la figura 3 se indica el origen de los 381 indios amigos que levantaron los españoles en 1721 para partir en campaña en contra de los cocoyomes, acoclames²⁷ y el medio centenar de coahuileños que se sumaron también a los enemigos de los españoles, en esa entrada punitiva en contra de los indios que habían causado el abandono del presidio de Monclova y atacado Parras.²⁸ Al principio, poco más de la mitad de los indios auxiliares provenía de la Tarahumara, pero no únicamente: se requirió también una nutrida presencia de indios auxiliares radicados en las misiones situadas en las inmediaciones del Bolsón. Se observa que los españoles tuvieron cuidado en no recurrir a los indios de las misiones más cercanas a las tierras que recorrían los cocoyomes, sino que buscaron a los que vivían un poco más al norte. Esta vez no fueron requeridos los tepehuanes ni los xiximes. Había suficientes indios de paz al norte de la provincia de Santa Bárbara.

Figura 3. Indios auxiliares en la campaña de 1721

Fuente: ahmp, fc.c 11.017.177, Diligencias hechas para la providencias que se han de tomar contra los indios enemigos, 1721.

En enero de 1721 se estimó prudente esperar las aguas para poder transitar por el Bolsón; mientras tanto se hicieron los preparativos necesarios para la proyectada entrada. Como solía suceder cada vez que se preparaba una entrada, Martín de Alday, el gobernador de la Nueva Vizcaya, enfrentó serios problemas para reunir los bastimentos necesarios, en carne seca y harina, para una campaña de tres meses. Solicitó una vez más donativos voluntarios, pero no logró reunir más de 600 pesos en Parral y 700 en la villa de San Felipe El Real de Chihuahua, así como otros 700 en otras localidades donde los vecinos propocionaron reses, harina o caballos o dinero en reales. Alday exigió la cooperación del vecindario dado que en Nueva Vizcaya no se les cobraba alcabala y que las fuerzas reales les asistían para obtener mano de obra en las haciendas mineras y agrícolas. Puso también a los comerciantes a contribución, ya que la Corona les proporcionaba soldados de los presidios para escoltarlos: al inicio de cada mes salía para Chihuahua un convoy del Pasaje escoltado por 25 soldados y otros tantos auxiliares flecheros (Polzer y Naylor 1986, 208). Sin embargo, la campaña que estaba programada para septiembre tuvo que posponerse hasta noviembre porque no habían reunido suficientes víveres, ni estaba lista la carne.

Al igual que setenta años antes, la campaña punitiva descansó en las fuerzas armadas indias aliadas con los españoles y en el apoyo del vecindario. No se sabe si los bastimentos se recogieron también en las misiones, pero es probable. Sin embargo, cuando el capitán José de Berroterán hizo memoria de las hostilidades en el Bolsón durante 63 años, entre 1685 y 1748, sólo recordó los eventos más llamativos en los cuales murieron españoles. Berroterán no señala con exactitud, a pesar de su importancia, la participación de los indios auxiliares, mencionada en otras fuentes coloniales, probablemente para exaltar el papel jugado por los españoles y en particular por los soldados de los presidios. Excepcionalmente alude a los muertos indios aliados (ibíd., 205-226).

Los españoles se desplazaban con una tropa impresionante para ahuyentar al enemigo, que tuvo que haberse dado cuenta de los preparativos para la campaña. El traslado de hombres de un lado a otro de la provincia, la fabricación de flechas en gran cantidad y la obtención de bastimento en haciendas y pueblos durante varios meses no podían pasar desapercibidos. Tampoco parecía ser una táctica adecuada trasladar un ejército completo por el desértico Bolsón por las dificultades y el costo que esto representaba. Los españoles evitaban así que los atacaran los indios. Las marchas se efectuaban de noche y los españoles lograban vencer al enemigo cercándolo, como en el Peñol de Nonolat, o asaltándolo por sorpresa con cuerpos armados menores que contaban tal vez con los indios amigos más confiables. Pero nada se hubiera podido conseguir tampoco en el Bolsón sin recurrir a los espías para localizarlos y a los hombres que conocían el medio geográfico y en particular la ubicación de los ojos de agua.

Figura 4. El Peñol de Nonolat en el Bolsón de Mapimí

Fuente: imagen tomada por Chantal Cramaussel, 2015.

Las negociaciones políticas, los intercambios
de cautivos y de bienes

Con el tiempo hubo en el septentrión novohispano una cantidad creciente de gente que se encontraba entre varios mundos (el colonial, el de los indios sedentarios y el de los cazadores-recolectores), como lo muestra la facilidad con la que los colonizadores encontraban intérpretes, indios que hablaban varios idiomas, aliados y espías cuya presencia era constante tanto en tiempos de paz como de guerra.²⁹ En el bando de los españoles, los antiguos cautivos eran también los que conocían los aguajes y guiaban a los españoles en las campañas punitivas, mientras que otros europeos o de sangre mezclada, capturados a veces en su infancia, se habían incorporado a los grupos de indios (Cramaussel 2014). Los españoles eran pocos en el norte novohispano y la sociedad colonial tenía un carácter marcadamente mestizo. Como en otros lugares del virreinato, la pureza de sangre era propia de la elite; todos los demás, al igual que uno que otro oligarca, tenían antepasados y parientes de sangre africana o india (Cramaussel 2006a, 272-294).

Los acuerdos de paz entre los autonombrados “españoles” y los nativos fueron fuente de discordia permanente entre los indios del Bolsón. Unos indios se acogieron a las misiones, a las haciendas o los presidios, mientras que otros permanecían en pie de guerra, a veces por voluntad individual, a veces por acuerdo grupal. Como se mostró en el inciso anterior, en todos los conflictos pelearon los indios unos contra otros y estas luchas intestinas tendieron a acentuarse cuando hubo indios criados en el seno de la sociedad colonial que habían perdido los lazos con el mundo de sus ancestros. Hemos visto en la campaña de 1653 que a los indios recién reducidos se les exigía de inmediato su participación en la guerra contra los que aún no se sometían. Los conquistadores se beneficiaron también de las rivalidades y enemistades existentes entre indios del Bolsón, divididos en grupos unidos por el parentesco, pero que no eran fijos, como en todas las sociedades de cazadores-recolectores. El 25 de junio de 1653, por ejemplo, los salineros prometieron llevar a Parral las cabezas de los tobosos alzados; los tarahumares y chizos estaban decididos también a pelearse contra los gavilanes, ocomes y cabezas. Los salineros querían aliarse con los indios cíbolos para darles a los tobosos por la espalda.³⁰ En ese mismo año, los tobosos mataron a unos indios de Atotonilco (cerca de Tepehuanes) que pertenecían a la encomienda de Juan de Barraza y habían ido a recolectar tabaco cimarrón (macuche) sólo “por ser amigos de los españoles”.³¹ No sólo la alianza con los españoles, sino también las alianzas entre grupos de indios eran frágiles.

Para pedir la paz, los indios se dirigían a distintas autoridades. En varias ocasiones tuvieron la oportunidad de acudir directamente al virrey. Fue el duque de Albuquerque el que selló la paz con los tobosos y sus aliados en septiembre de 1653.³² En 1713, el gobernador de los chizos se entrevistó directamente con el virrey para pedir la paz, pero en el camino de regreso lo asesinaron los sisimbles que estaban en desacuerdo con ese tipo de negociaciones o tenían algún pleito pendiente con el indio que había recibido el cargo de manos de los españoles.³³ El marqués de Valero acogió a la delegación de siete cocoyomes y acoclames gentiles acompañados por dos soldados españoles que querían la paz, los consideró “en alianza” por real provisión del 5 de noviembre de 1720, de modo que hubo de liberar a todos los que se encontraban en la cárcel de Parral. El 8 de enero de 1721, la orden se ejecutó a pesar de la huida de parte de los indios tomados presos y del robo de la caballada que se habían llevado. Al año siguiente, una comisión de cuatro indios acoclames fue a México a hablar con el virrey para que se cambiara el lugar que les había sido destinado para que se asentaran (Cramaussel 2014).

Los indios del Bolsón, así como probablemente todos los demás, solían pedir la paz cada vez que llegaba un nuevo gobernador, sabían que era el mejor momento para obtener un indulto para los suyos, así como regalos de parte de los españoles (ver figura 5). Afirma lo anterior el cabecilla Juan de Lomas, jefe de los cocoyomes, quien no hablaba el castellano pero mandó escribir en español, en 1722, una carta dirigida al gobernador Juan de Alday en la que acusó a varios de los gobernadores de traición, por tomar presos a los nativos que habían dado anteriormente la paz.³⁴ Otras veces, los misioneros servían de intermediarios por conocer personalmente a los indios y saber algo de su lengua. Así, fray Alonso del Castillo, guardián del convento franciscano de Atotonilco “llamó de paz” a los alzados en julio de 1652, ofreciéndoles regalos en ropa y cuentas para agasajarlos. En ese mismo documento se insertó el nombramiento del 30 de junio de 1649 del gobernador y cacique de la nación tobosa en Atotonilco, el cual formaba parte de los que habían recibido regalos después de haberse rebelado.³⁵ En 1684, van a pedir la paz siete capitanes indios a fray Juan de Zumeta, conocido de los rebeldes, quien les da tasajos, maíz y tabaco y les dice de traer a la chusma (mujeres y niños).³⁶

Figura 5. La paz acordada a los cocoyomes (1682-1722)

Fecha
Gobernador de la Nueva Vizcaya
Lugar del asentamiento
Duración

1682
Bartolomé de Estrada
Covadonga
7 meses

1691
Juan Isidro de Pardiñas
Santa Cruz

¿1699?
Juan de Larrea
Atotonilco
2 años

1704
Juan Fernández de Córdoba
Conchos

1710
Antonio Deza y Ulloa

Huyeron

1715
Manuel de San Juan Santa Cruz
Nazas
7 meses

1722
Martín de Alday

Atotonilco

Boca del Cerro Gordo

Huyeron

8 meses

Fuente: ahmp, fc.c11.017.182, Autos de guerra contra los indios enemigos y paz de los indios cocoyomes, por el general Martín de Alday, gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, 1722.

Sin embargo, las alianzas entre españoles e indios del Bolsón nunca fueron duraderas porque no se resignaban a llevar una vida sedentaria ni a trabajar en las haciendas de los españoles. Ni misioneros, ni capitanes de presidio, lograron hacer cambiar la forma de subsistencia de los indios. Los cazadores-recolectores no entendían por qué tenían que permanecer en la misión esperando las cosechas, cuando había en la época de aguas muchos más recursos a su disposición. En 1654 se decía que los indios asignados a la misión de Atotonilco habían acordado la paz ocho veces y la habían quebrantado. Pedían la paz para obtener regalos, pero luego se daban a la fuga. Ésta era una costumbre ya muy hecha, en las haciendas también donde el enganche en géneros para retener a los indios dependía de la estación del año. Antes de la época de lluvias, cuando escaseaban las plantas de recolección, se tenía que ofrecerles más para que se incorporaran al trabajo, pero luego trataban de huir (Cramaussel 2006a, 224). El ejemplo de los cocoyomes es muy ilustrativo: nótese que pidieron la paz a cada uno de los gobernadores durante cuarenta años, con excepción del quinquenio de Gabriel del Castillo (1693-1698).

En 1721, como en ocasiones anteriores, para sellar la paz se llevó a cabo un intercambio de cautivos “por ser el principal pactado en las paces”. Los españoles rescataron a seis muchachos de 6 a 10 años, pagando un rescate de 31 pesos en ropa (“el atractivo de estas naciones”) para cada cautivo. A los indios se les devolvieron algunos parientes que “estaban en depósito en casa de vecinos” y habían sido apresados por el capitán de Conchos, pero una india grande no quiso regresar con los suyos, imploró con lágrimas quedarse con su amo con el que estaba engreída. Con los indios andaban también un mulato y un negro esclavo que los cocoyomes prometieron devolver a sus amos del Valle de San Bartolomé.³⁷

Dado que los conflictos que no se daban siquiera cada año, ni en todas partes, los intercambios comerciales entre indios y españoles eran constantes. Los más importantes eran los canjes y rescates de cautivos. La lista de objetos que pidieron los indios cocoyomes en 1722 por el rescate de cuatro cautivos españoles es muy aleccionadora. Nótese que los españoles que tienen el título de “don” valen más; esta diferencia refleja desde luego el conocimiento que tenían de las jerarquías en la sociedad colonial. (ver figura 6)

Figura 6. Rescate de cuatro españoles en 1722

Nombre
Varas de paño
Varas de bayeta (tela de lana)
Frezadas
Cargas de harina
Docenas de belduques (cuentas)
Huacales
Sombreros

Don Francisco González de Santillana
Media
30
30
2
2
40

Don Juan Ruiz de Avendaño
12
12
12
1
12
12

Juan Ventura
6

6

Isidro Antonio
10
10
10

12
12
2

Fuente: ahmp, fc.c11.017.182, Autos de guerra contra los indios enemigos y paz de los indios cocoyomes, por el general Martín de Alday, gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, 1722.

La comida (harina de maíz, carne, chancaca: piloncillo) no era, por lo tanto, lo único que apreciaban los indios. A cambio de pescado, carcajes de flechas, mezcal y sobre todo gamuza obtenida de los venados que cazaban, de carne seca de las vacas mesteñas o de objetos obtenidos por saqueos en lugares distantes pero a orillas del mismo Bolsón, los indios adquirían telas (se mencionan “paños” herejes, tal vez de fabricación inglesa) y principalmente tejidos de lana (bayeta y sayal), frezadas (cobijas, probablemente también de lana), listones capotes, gabanes, justillos, sombreros, papel, tabaco, cuentas, cuchillos y caballos (ver figura 7). El papel lo usaban para comunicarse con los españoles y mandaban escribir los recados por algún cautivo. Esos mismos géneros que eran objeto de cambalache en haciendas, presidios y misiones eran los que solicitaban a cambio de sellar la paz o entregar a cautivos. Los indios, por otra parte, parecen haber sido particularmente dados a los juegos de azar: en una ocasión pidieron naipes para jugar al renegado y cuando organizaban carreras de pelota, apostaban (¿cómo los tarahumaras en la actualidad?).

Todos los capitanes de los presidios tenían tratos con los indios de guerra y en más de una ocasión eran compadres de los rebeldes. Además, una vez pacificados, solían asentarlos o en los presidios o en sus propias haciendas. Así, los habitantes indios y no indios de la región pasaban a conocerse personalmente, no siempre para bien del imperio español. En 1721 los vecinos de Indé se negaron a salir en campaña porque decían que de hacerlo sus familias habrían quedado indefensas, ya que los indios identificaban a los pobladores, ubicaban sus casas y sabían cuántas armas tenía cada uno de ellos.³⁸ Había también indios buscados por la justicia que se refugiaban en las haciendas, como lo denunció en 1684 Juan Fernández de Retana, el capitán de Conchos. El presbítero Antonio de Salaíces, quien era nada menos que el comisario de la Inquisición en Parral, albergaba a varios de esos fugitivos, así como Bernardo de Armendáriz, connotado hacendado de San Bartolomé.³⁹

Figura 7. El cambalache

Indios del Bolsón
Asentamientos coloniales

Gamuza
Telas y tejidos

Sal
Frezadas (cobijas)

Carcajes de flechas
Cuchillos

Pescado
Papel

Carne seca
Tabaco

Harina de maíz

Piloncillo

Cuentas de vidrio

Caballos y mulas

Tasajo

Fuentes: ahmp, fc.c11.16.173, Diligencias para la paz que ofrecen los indios acoclames, por el general Martín de Alday, gobernador, 1720; Griffen 1979.

Si bien los indios del Bolsón mantuvieron a los españoles en zozobra, el conocimiento que tenían los conquistadores de sus enemigos conllevó su progresivo exterminio. Los españoles sabían dónde ubicarlos. En los años veinte del siglo xviii se decía que de haberse ejecutado anualmente las campañas en el Bolsón ya no habría quedado vivo ningún indio. En 1710 fueron deportados por orden del virrey indios del desierto presos en Parral. Otra deportación por cédula real se realizó en 1722 y otra más en 1726 (Griffen 1979, 63-70; Valdés y Venegas 2013). Pero hubo sin duda muchas otras individuales o de pocas personas cuando los comerciantes adquirían de los pobladores y soldados a presuntos “delincuentes” o huidos para revenderlos más al sur. En cuanto a las mujeres y con más frecuencia las pequeñas piezas de guerra, se distribuían entre los hacendados.

En el siglo xviii se agudizó el conflicto en el Bolsón de Mapimí por varias razones. Parral entró en decadencia y con el auge de Chihuahua se descubrieron otras salinas y se sometió a otros indios; además creció la población colonial, es decir, había más personas en la servidumbre de las haciendas, mientras que la nativa seguía en declive, mermada por las guerras y las epidemias. De igual manera, los indios sedentarizados en los valles, a orillas del Conchos y en Coahuila pasaron a ser las principales víctimas de las incursiones de los nómadas que arrasaban con todo. Por otro lado, contrario a las autoridades reales que llegaban de la península, los que llevaban tiempo viviendo en la Nueva Vizcaya, como el gobernador Martín de Alday en los años veinte, quien había sido capitán de presidio, ya no creían en la palabra de los indios que prometían asentarse sólo para pedir regalos y evitar campañas punitivas.

Pero los españoles y sus aliados indios no acabaron con los indios del Bolsón en el siglo xviii. En las últimas décadas de la época colonial, a los cocoyomes sobrevientes se les llamó “apaches” (es decir, “sublevados” en su idioma), como lo asentó el visitador de los presidios Emilio Langberg en 1851, quien afirmaba también que los apaches eran originarios del estado de Chihuahua, aunque ese grupo se extendía mucho más allá de sus fronteras: “Los naturales del Estado son los Apaches, y tienen su origen de los antiguos Cholomes y Cocollomes… el nombre de Apaches se les quedó desde aquellos tiempos en que se sublevarosn y rebelaron contra aquellos ministros apostólicos, por llamar en su idioma apaches a los sublevados” (Langberg 1946, 273).⁴⁰

En 1730, el capitán del presidio de Conchos, José de Berroterán, había firmado la paz por primera vez con un jefe calificado de “apache”, llamado Pascual, al mando de una fuerza que estimaba en 400 hombres que habitaban del otro lado del río del Norte. Prediciendo el futuro, el capitán temía que “si una vez estos se internaban… ocuparán casi todo el costado oriental de la Nueva Vizcaya y el occidental de Coahuila, y fácilmente destruirán ambas importantes gobernaciones” (Polzer y Naylor 1986, 218). El Bolsón siguió siendo el lugar predilecto de los rebeldes porque los españoles, y después los mexicanos, eran todavía incapaces de adentrarse en la zona fuera del último trimestre del año (después de las lluvias, cuando había más agua para los caballos) y mucho menos de sobrevivir en el medio ambiente desértico. La vida seminómada no formaba parte de su cultura.

En la época colonial como en el México independiente, reclutaron en el Bolsón a indios auxiliares, aprovechando los desacuerdos entre grupos de nativos que no tenían autoridad central. Del mismo modo, en el siglo xix, las viejas enemistades que oponían a apaches y comanches contribuyeron a su reducción y posterior extinción. Lo que tal vez sorprenda más en las campañas contra los indios del altiplano desértico en la época colonial es la nutrida participación de los indios de la Sierra Madre Occidental, en particular de los huicholes y sobre todo de los tarahumaras.

Archivos

agi Archivo General de Indias

ahmp Archivo Histórico Municipal de Parral, Hidalgo del Parral, Chihuahua

Bibliografía

Álvarez, Salvador. 2000. Agricultores de paz y cazadores recolectores de guerra: los tobosos de la cuenca del río Conchos en Nueva Vizcaya. En Nómadas y sedentarios en el norte de México. Homenaje a la Dra. Beatriz Braniff, editado por Marie Areti Hers, José Luis Mirafuentes y Miguel Vallebueno, 355-380. México: unam.

Carrillo Valdez, Celso y Chantal Cramaussel. 2016. El difícil poblamiento de Mapimí y la fundación del presidio en 1711. Revista de Historia (8): 63-93.

Carrillo Valdez, Celso y Chantal Cramaussel. 2015. Don Bernardo Antonio de Bustamante y Tagle (1708-1773), reformador de los presidios y fundador de Nuestra Señora de las Caldas de Huejuquilla. Revista de Historia (7): 11-42.

Cramaussel, Chantal (en prensa). El Bolsón de Mapimí: un hábitat indígena en la época colonial. En Caminos y vertientes del septentrión mexicano. Homenaje a Ignacio del Río, editado por José Enrique Covarrubias, Patricia Osante, Javier Manríquez y Juan Domingo Vidargas del Moral.

Cramaussel, Chantal. 2016. La compañía volante de campaña del Valle San Bartolomé (1688-1752). región y sociedad (67): 177-211.

Cramaussel, Chantal. 2014. El exterminio de los chizos, sisimbles, acoclames y cocoyomes del Bolsón de Mapimí. Revista de Historia (6): 35-56.

Cramaussel, Chantal. 2006a. Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara durante los siglos xvi y xvii. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Cramaussel, Chantal. 2006b. El camino real de tierra adentro. En Rutas de la Nueva España, editado por Chantal Cramaussel, 299-329. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Cramaussel, Chantal. 2000. De cómo los españoles identificaban a los indios. Naciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central. En Nómadas y sedentarios en el norte de México. Homenaje a la Dra. Beatriz Braniff, editado por Marie Areti Hers, José Luis Mirafuentes y Miguel Vallebueno, 275-303. México: unam.

Cramaussel, Chantal y Celso Carrillo Valdez (editores) (en prensa). El presidio de San Pedro del Gallo (1685-1752). Fuentes para su historia. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Gerhard, Peter. 1986. La frontera norte de la Nueva España. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Griffen, Willliam. 1979. Indian assimilation in the Franciscan Area of Nueva Vizcaya. Tucson: The University of Arizona Press.

Griffen, Willliam. 1969. Culture change and shifting populations in central northern Mexico. Tucson: University of Arizona Press.

Langberg, Emilio. 1946. Informe sobre las condiciones de vida en las colonias militares en el estado de Chihuahua [1851]. En Vidas y costumbres de los indios salvajes que habitaban el estado de Chihuahua a mediados del siglo xix. Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, vol. 6: 272-281.

Magaña Mancillas, Mario Alberto. 2010. Indios, soldados y rancheros. Poblamiento, memoria e identidades en el área de las Californias. La Paz: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Inistituto Sudcaliforniano de Cultura, El Colegio de Michoacán.

Medina Bustos, José Marcos e Ignacio Almada Bay. En prensa. Interethnic war in Sonora: indigenous captains general and cultural change, 1740-1832. En Borderlands of the American world, editado por Cynthia Radding y Danna Levin. Chapel Hill: University of North Carolina.

Polzer, Charles y Thomas Naylor. 1986. Presidio and militia on the northern frontier of New Spain. A documentary history. Tucson: University of Arizona Press.

Porras Muñoz, Guillermo. 1980. La frontera con los indios de Nueva Vizcaya en el siglo xvii. México: Banamex.

Rocha, José G. 1939. Campaña de los gobernadores de la Nueva Vizcaya contra los indios rebeldes. Una cruel matanza de tobosos. Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos 2 (5): 161-171.

Santoscoy, María Elena. 2000. Los puntos de agua organizan el espacio. En Breve historia de Coahuila, 19-92. México: Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México.

Schroeder, Albert. 1974. A study of the Apache Indians, tomo ii: The Apache and their neighbors. Nueva York y Londres: Garland.

Sheridan, Celicia. 2000. Anónimos y desterrados. La contienda por “sitio que llaman de Quauyka”. Siglos xvi-xviii. México: ciesas.

Valdés, Carlos Manuel. 2015. Sociedades y culturas en el río Nadadores a través del tiempo. Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila, Municipio de Nadadores, Municipio de San Buenaventura, Municipio de Santa Rosa, Museo Biblioteca Harold R. Pape, Archivo Histórico Parroquial de Saltillo.

Valdés, Carlos Manuel. 1995. La gente del mezquite. Los nómadas del noreste en la Colonia. México: ciesas, Instituto Nacional Indigenista.

Valdés, Carlos Manuel y Hernán Venegas. 2013. La ruta del horror. Prisioneros indios del noreste novohispano llevados como esclavos a La Habana, Cuba (finales del siglo xviii y principios del siglo xix). México: Plaza y Valdés.

Velázquez, María del Carmen. 1974. Establecimiento y pérdida del Septentrión de Nueva España. México: El Colegio de México.

¹ Este trabajo es parte de los resultados del proyecto no. 250624 de Ciencia Básica 2015 de conacyt titulado “El gran Norte novohispano-mexicano en el tiempo y el espacio: estudios sobre poblaciones y territorios en perspectiva comparada”.

² Profesora-investigadora de El Colegio de Michoacán. Correo electrónico: chantal@colmich.edu.mx

³ Los libros de referencia y pioneros en ese tema son los del antropólogo William Griffen 1979 y 1969. Ese autor abarca toda la época colonial y privilegia las fuentes del norte central. Sobre el alzamiento de 1652-1653, véase también: Porras 1980, en particular pp. 165-189.

⁴ Agradezco la gentileza de su director, Roberto Baca Ornelas, quien contribuyó a ordenar la documentación del archivo de manera ejemplar. Reseñé las campañas de las primeras décadas del siglo xviii en contra de los indios del Bolsón en Cramaussel 2014.

⁵ En Coahuila, el gobernador Francisco de Urdiñola se hizo de extensas propiedades que pertenecieron después al marquesado de Aguayo (Porras 1980, 338-339).

⁶ Este caso es diferente del de California, donde los españoles, que eran muy pocos, tuvieron que aceptar que los indios no estuvieran en los asentamientos coloniales a todo lo largo del año (Magaña 2010).

⁷ Este autor sospecha que esos indios pronto se extinguieron.

⁸ Archivo Histórico Municipal de Parral (ahmp), fc.c11.14.158, Autos de guerra contra los indios cocoyomes y acoclames… por Manuel San Juan de Santa Cruz, 1715.

⁹ ahmp, fc.c11.017.177, Diligencias hechas para las providencias que se han de tomar contra los indios enemigos por el ataque que hicieron a la villa de Santiago de Monclova, en la provincia de Coahuila, 1721.

¹⁰ ahmp, fc.c11.002.020, Diligencias para la guerra contra las naciones rebeldes, 1652; fc.c11.002.021, Expediente sobre la guerra que se hizo contra las naciones indias alzadas, toboso, acoclames, nonojes, cabezas, salineros y tarahumares, 1652.

¹¹ Esta última región se dividió en dos en ese año porque había muerto Juan Díaz, el gobernador anterior de la Conchería. Al nuevo capitán general que había sido anteriormente capitán en Julimes se le asignó: “la nación concha de la parte del río del Norte para los tobosos y todas las naciones a ellas agregadas”, es decir, los marmites, julimes, chizos, oposmes, conejos y tapacolmes. Los demás conchos se ubicaban al parecer en el alto río Conchos pero no se menciona el nombre del segundo gobernador ni los grupos de su jurisdicción (ahmp, fc.c11.002.021, Expediente sobre la guerra que se hizo contra las naciones indias alzadas, toboso, acoclames, nonojes, cabezas, salineros y tarahumares, 1652). Sobre los capitanes generales en Sonora, véase Medina y Almada, en prensa; esos cargos otorgados a indios fieles eran vitalicios y comprendían privilegios, así como el beneficio del fuero militar. Los capitanes generales servían a menudo de intermediarios entre españoles e indios y tenían que reunir tropas en tiempos de guerra en amplias zonas que los españoles consideraban pobladas por una misma nación.

¹² Publiqué el nombramiento de gobernador y capitán general de la nación concha del Norte dado a Hernando de Obregón. Lo había obtenido en 1653, el título le fue confirmado en 1666 (Cramaussel 2006a, 367). En Sonora el título de capitán general aparece más tarde a finales del siglo xvii (Medina y Almada, en prensa).

¹³ ahmp, fc.c11.002.035, Autos sobre la persecución de los indios tobosos y salineros, 1653. En esa campaña Pedro González de Junguitú cumplía con esa función.

¹⁴ En la campaña siguiente, la de 1653, en enero, se hace harina en los pueblos tarahumaras de San Felipe (en el alto río Conchos) y en Saguarichi (cerca de San Francisco de Borja, ahora en Chihuahua) (ahmp, c11.002.022, Persecusión de los indios salineros, cabezas y sus confederados, 1652).

¹⁵ Archivo General de Indias (agi), Guadalajara 29, r. 1, no. 26, Socorro del virrey de la Nueva España para hacer la guerra a los indios de la Nueva Vizcaya, 1652. Agradezco a Celso Carrillo este documento que paleografió, al cual me refiero también más adelante.

¹⁶ ahmp, fc.c11.002.023, Expediente con motivos de la guerra que hacen los indios de la Real Corona, julio de 1652. Los indios de Guazamota y de Milpillas que había ido a buscar el capitán del Tunal (cerca de Durango) no estaban todavía en Durango el 28 de julio, pero llegaron después. Otaes y Los Remedios están cerca de San Hipólito; no he podido ubicar los demás lugares.

¹⁷ ahmp, fc.c11.002.022, Persecución de los indios salineros, cabezas y sus confederados, 1652; fc.c11.002.035, Autos sobre la persecución de los indios tobosos y salineros, por Diego Guajardo Fajardo, gobernador del Reino, 1653.

¹⁸ ahmp, fc.c11.004.040, Autos en razón de la venida de los tarahumaraes para la guerra de los tobosos y los chizos, así como las juntas de guerra hechas en su virtud, 1653.

¹⁹ ahmp, fc.c11.004.039, Autos de guerra tocantes a la paz que se da a los indios que estaban en retirada coaligados con los tobosos, 1653.

²⁰ Ídem.

²¹ agi, Guadalajara 29, r. 1, no. 26, Socorro del virrey de la Nueva España para hacer la guerra a los indios de la Nueva Vizcaya, 1652.

²² ahmp, fc.c11.004.040, Autos en razón de la paz que se ha tratado con los salineros, 1653.

²³ agi, r. 1, no. 26, Socorro del virrey de la Nueva España para hacer la guerra a los indios de la Nueva Vizcaya, 1652; Porras 1980, 365. Un fondo de seis mil pesos fue creado en 1594, pero se redujo a cuatro mil pesos en 1625 (ibíd., 364). Con ese fondo se compraban también municiones para los vecinos que se integraban a la tropa (ibíd., 367).

²⁴ agi, Guadalajara 29, r. 1, no. 26, Socorro del virrey de la Nueva España para hacer la guerra a los indios de la Nueva Vizcaya, 1652. A Guajardo Fajardo no se le pagaba su salario porque debía 71 000 pesos del tiempo en que había sido gobernador en el presidio de San Martín, una isla del Caribe, cerca de Puerto Rico. Por otra parte, es probable que ese gobernador poco escrupuloso no diera la cifra exacta contenida en la caja real de Durango: en 1652, únicamente por concepto del diezmo sobre la plata se recaudaron 117 000 pesos. Agradezco este dato y el de los salarios para los soldados de los presidios a Salvador Álvarez, quien está estudiando las cuentas de la real caja de Durango.

²⁵ ahmp, fc.c 11.021, 1652.

²⁶ Los recursos solían sacarse de las cajas reales donde los beneficiarios tenían que pagar la media anata correspondiente.

²⁷ ahmp, fc.c11.015.165, Sublevación que intentan hacer los indios chizos, sisimbles y demás sus aliados contra la real Corona, 1717. En ese documento se dice claramente que los acoclames “hoy se llaman chizos”, cuando en el siglo anterior los acoclames eran tobosos y los chizos parecían ubicarse más al norte. Esto es una muestra más de la confusión general que surge al querer identificar etnónimos.

²⁸ ahmp, fc.c11.017.177, Diligencias hechas para las providencias que se han de tomar contra los indios enemigos, 1721.

²⁹ Se dice, por ejemplo, que a finales de julio de 1653 los indios enemigos espiaban de continuo a los españoles en Atotonilco durante las noches (ahmp, fc.c11.004.39).

³⁰ ahmp, fc.c11.004.040, Autos en razón de la paz a que se ha tratado con los salineros y sus aliados, abril de 1653.

³¹ Ídem.

³² ahmp, fc.c11.003.036, Autos de guerra tocantes a la paz que se da a los indios que estaban en retirada coaligados con los tobosos, 1653.

³³ ahmp, fc.c11.015.165, Sublevación que intentan hacer los indios chizos, sisimbles y demás sus aliados contra la real Corona, 1717.

³⁴ ahmp, fc.c11.017.182, Autos de guerra contra los indios enemigos y paz de los indios cocoyomes, por el general Martín de Alday, gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, 1722.

³⁵ ahmp, fc.c11.002.024, Averiguación de sobre el levantamiento de las naciones, julio de 1652. En el nombramiento se menciona que los indios tienen que criar gallinas, hacer sementeras, acudir a la doctrina y construir jacales, pero se añade también “que no se vendan ni saquen sin que primero me de cuenta de ello”. ¿Se trataba de proteger a los indios de los cazadores de esclavos o algunos indios eran también parte del negocio?

³⁶ Archivo Parroquial de San Bartolomé, caja 18, fólder 2, 1684.

³⁷ ahmp, fc.c11.16.173, Diligencias para la paz que ofrecen los indios acoclames, por el general Martín de Alday, gobernador, 1720.

³⁸ ahmp, fc.c11.017.177, Diligencias hechas para las providencias que se han de tomar contra los indios enemigos por el ataque que hicieron a la villa de Santiago de Monclova, en la provincia de Coahuila, 1721.

³⁹ Archivo Parroquial de San Bartolomé, Valle de Allende, Chih., caja 18, fólder 2. Agradezco a Rita Soto el haberme dado a conocer ese documento.

⁴⁰ Albert Schroeder (1974, 46) señala que la palabra “apachu” la utilizaban los indios zuñis para referirse a sus enemigos.

Viejos y nuevos actores en un espacio de frontera.
Las milicias de vecinos

María del Valle Borrero Silva¹

Introducción

El interés por estudiar a los vecinos que en determinados momentos constituyeron las milicias surge a raíz de la investigación realizada sobre los soldados presidiales y las compañías de indios auxiliares. A diferencia de los presidios y compañías de indígenas auxiliares, son las compañías de milicias de las que menos datos tenemos sobre su formación y desempeño, tanto en el último periodo colonial como en los inicios de la vida independiente.

Entre líneas, las fuentes nos hablan de las milicias de vecinos que salían a proteger sus sitios de residencia o eran solicitados a repeler los ataques de los apaches o a formar parte de los destacamentos acompañando a los soldados presidiales. Ello motivó su estudio y en este trabajo se presenta un primer acercamiento al tema.

Se tituló este capítulo “Viejos y nuevos actores en espacios de frontera” porque, como se verá, los vecinos, los milicianos, figuran desde la llegada de los españoles a la frontera del virreinato novohispano y continuarán siendo esenciales en la defensa de sus ciudades, villas y pueblos tras la independencia bajo un nuevo régimen de gobierno.

Origen y reorganización

El término milicia, del latín militia, miles y militis (soldado), tiene dos claras acepciones: una amplia, que hace referencia a todo lo que gira sobre la profesión o el servicio de las armas, y otra concreta, que es la que nos interesa aquí y que alude a un tipo de organización armada integrada por paisanos para defender una comarca o un país, prestar servicio como fuerza de reserva, mantener el orden público o luchar por una causa política determinada (Contreras 1992, 75).

Participar en la milicia es una de las formas más antiguas de prestar servicio militar. Son tropas que tienen un carácter secundario y auxiliar, sin capacidad atacante. Adquieren valor cuando combaten a la defensiva. La milicia es una característica de Estados poco consolidados y sin suficiente solvencia económica para mantener ejércitos poderosos (ibíd., 76-78). En el mundo hispánico las milicias funcionaron desde la Edad Media. Su origen se remonta a la tradición germánica, en la cual los hombres libres debían acudir a la guerra, al llamado del rey. Desde el siglo vii se emitieron reglamentos que obligaban a los vasallos de toda condición a responder a los llamados a la guerra, por razones defensivas o de conquista, conformando huestes, mesnadas, compañías de ballesteros y otros contingentes de fuerzas no profesionales pero disciplinadas (ibíd., 72-78). En el contexto de la reconquista, durante los siglos xii y xiii las milicias cobraron gran importancia. Raimundo Meneghello refiere que en esta época los términos milicia o consejo se usaban para referirse a “las fuerzas de combate y defensa conformadas por los habitantes de un núcleo urbano, que convocadas y controladas por el Consejo de la ciudad o poblado, contaba con su propia estructura de mando” (2009). En esta época las milicias gozaban de autonomía respecto al poder real, ya que podían realizar acciones de guerra contra los moros por cuenta propia. Fueron el reflejo de una sociedad cuya vida cotidiana transcurría en un clima de hostilidad bélica. Estos milicianos debían tener su propia montura y equipo de guerra; como retribución se les concedían privilegios durante el tiempo que duraba su servicio (ídem).

Un ejemplo de estos milicianos fueron los “caballeros villanos”, campesinos que poseían caballo y armas, y cuya actividad durante la baja Edad Media en contra de los moros les dio acceso a una mejor posición social, riquezas y exenciones fiscales. Su función era defensiva y tenían como obligación observar un estado de prevención y alerta constante, formando huestes.

Con el fortalecimiento de la monarquía disminuyó el protagonismo de las milicias, aunque siguieron siendo una fuerza importante. La autodefensa continuó como una práctica generalizada en la mayor parte de las fronteras de la monarquía ibérica, ya que la presencia de conflictos de limitada intensidad hizo que las ciudades mantuvieran una importante organización cívico-militar para rechazar posibles agresiones contra ellas y sus territorios, por lo que fueron estas fuerzas las que en buena medida “sostuvieron la defensa contra las incursiones de enemigos del rey” (Ruiz 2009a, 9-31). Esta situación daba a los pueblos una gran cohesión social. Ruiz Ibáñez apunta que los integrantes de las milicias tenían un fuerte sentido de dependencia municipal a través de los cuales se definía la sociedad, por lo que estudiar sus prácticas defensivas nos permite reconstruir “la cotidianidad política, social, cultural y militar” de estas sociedades (ibíd., 9-12).

Las milicias evolucionaron a través de la práctica. Sobrevivieron durante más tiempo donde eran más útiles y donde no existía otro tipo de presencia militar. Aunque predominó la idea de que América debía bastarse a sí misma para su defensa durante el Antiguo Régimen, estas tropas tuvieron un carácter secundario y auxiliar, sin capacidad atacante, que adquirían valor cuando combatían a la defensiva. Desde el momento de la conquista hasta la primera mitad del siglo xviii se registra en América una escasa presencia de ejércitos profesionales regulares. Tampoco se desarrolló una armada local. En esta época hubo una tendencia al desarme de la población nativa y fueron los encomenderos y cabildos los que tenía la obligación de formar milicias, cuya importancia se reducía a hacer alardes y aparecer en festividades (Gayol 2009, 461).

En la Nueva España, como en otros virreinatos, se impuso a los súbditos la obligación de prestar servicios de armas. Por una real cédula de 1535 dirigida a los vecinos de la Ciudad de México se les obligaba a prestar el servicio cuando fuera necesario, real cédula que se repetiría en años sucesivos para que no quedara duda de la obligatoriedad en todo el ámbito novohispano. Durante los siglos xvi y xvii, era obligación de todos los vecinos que tenían casa poblada en las ciudades y puertos poseer armas, realizar guardias, acudir a los alardes, participar en el ceremonial municipal, contribuir a las festividades religiosas y correr al rebato y empuñar las armas en situaciones de peligro para su localidad, como, por ejemplo, un ataque de corsarios (Marchena 1992, 11; Cruz 2006, 74; Ruiz 2009a, 13). La obligación llevaba aparejada repartir a los vecinos las armas necesarias. Era al virrey a quien competía que en las casas reales y en las de los españoles se encontrasen las armas precisas.

Aunque en un principio los indígenas estaban exentos del servicio militar y les estaba prohibido portar armas debido a la desconfianza por su lealtad, cuando no hubo más remedio se contó con ellos, pero limitándoles el uso de armas de fuego. Varias cédulas de los años 1501 y 1534 reiteraban la prohibición de que se vendieran o intercambiaran armas ofensivas o defensivas con los indígenas, añadiéndose a la que ningún armero enseñara su oficio a los indios. Esta prohibición general con el tiempo se fue diluyendo ante la necesidad de tener que defender los territorios de las incursiones de los extranjeros y corsarios, y se empezó a reclutar a indios, mestizos, mulatos y negros, estos últimos desde la década de 1550 (Vinson 2005, 48), con lo que la obligación del servicio de las armas se extendió prácticamente a toda la población.

Distintos autores coinciden en la poca efectividad de las milicias hasta el siglo xviii. Se consideraba que en la práctica eran unidades aisladas, sin nexo entre ellas, sin normativa general, salvo algunas disposiciones reales expedidas en el siglo xvi; sin escalafonamiento de sus miembros, con un escaso entrenamiento militar y poco disciplinadas. Aunque era obligación personal de los milicianos disponer de armas, no siempre era así, por lo que en ocasiones de emergencia estas fuerzas se encontraban sin los pertrechos de guerra necesarios (Morelli 2009, 420; Marchena 1992, 8-433 pássim; Ruiz 2009a, 13). No obstante estos inconvenientes, las milicias eran una realidad cotidiana del poder a escala local. La pertenencia a un cuerpo de milicia permitía una participación política. A pesar de que sus oficiales no eran considerados en la estructura militar formal, pertenecer a las milicias daba acceso a “una serie de privilegios personales que los colocaban a medio camino del fuero militar” (ibíd., 11-27).

En definitiva, la organización de milicias se consideraba importante por constituir una supuesta reserva numérica de combatientes en caso de un ataque, prácticamente sin ningún costo para la Corona. Funcionaron de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada región, siendo el capitán de la tropa el único factor aglutinante, lo que hace que su estructura sea parecida a las de las compañías presidiales del siglo xvii (Marchena 1992, 414).²

Época de cambios

A partir de la segunda mitad del siglo xviii, en ciertas regiones del septentrión de la Nueva España las autoridades virreinales se propusieron aplicar algunos de los cambios que los ministros del nuevo régimen habían intentado imponer en sus dominios de ultramar, luego de transformar en la península la estructura imperial heredada por los Habsburgo y de establecer un sistema de gobierno sustentado en el absolutismo monárquico y en la voluntad reformista.

En esta etapa, denominada como la “militarización de Hispanoamérica” (Losa 2006, 184), apareció “un novedoso planteamiento sobre el ejército y la defensa territorial”, que supuso la transformación del sistema defensivo en toda la América Hispánica: se empezó a dar importancia al estado de la tropa regular, sus armas y pertrechos; surgieron los planes defensivos para evitar ataques de potencias enemigas al territorio y al tráfico comercial y se expidieron reglamentos para la creación de cuerpos de milicias que servirían como fuerzas auxiliares a la tropa regular (Marchena 1992, 2; Cruz 2006, 75-76). A partir del siglo xviii el sistema defensivo borbónico aplicado en América se basó concretamente en un núcleo de fuerzas permanentes o “cuerpos fijos”, “reforzado con tropas del ejército español que eran enviadas y relevadas periódicamente [...] y con una gran masa de unidades de milicias, que sólo percibían su sueldo cuando eran movilizadas”. Las milicias desempeñaron un papel importante en todos los conflictos que tuvieron lugar en América (Contreras 1992, 79-80).

Dentro del afán de cambio, una nueva concepción político-económica se empezó a abrir camino entre los consejeros y ministros hispanos, quienes, entre otros aspectos, encararon el problema de las relaciones entre las colonias y la metrópoli. En esta nueva generación de funcionarios reales surge la idea de establecer un sistema defensivo militar estable en América a partir de los conflictos internacionales que España enfrentaba con las demás potencias europeas. La presión internacional sobre el Imperio español se agudizó a partir de los años centrales del siglo xviii, y sobre todo después de la toma de La Habana por los ingleses en 1762, situación por la cual las autoridades reales tuvieron que emplear en el Nuevo Mundo gran parte de su aparato administrativo al servicio del sistema defensivo.

Entre las primeras medidas importantes que se tomaron para defender el territorio y establecer un aparato represivo que le permitiera a la Corona española aplicar las reformas tendientes a ejercer un amplio control sobre el comercio y la sociedad novohispanos, destacan el empeño de trasladar a ese reino el mayor número posible de peninsulares adictos al reformismo y la tarea de transformar las milicias coloniales en instituciones monárquicas financiadas con las contribuciones que para este fin se recaudaran en América. Para hacer de las milicias un instrumento al servicio del Imperio su formación dejó de estar en manos de particulares y pasó a manos de gente comisionada, sin que por ello se dejase de aprovechar la influencia de los prominentes en las zonas donde se pretendía formar alguna compañía. Con estas miras fue enviada a Nueva España una misión militar encabezada por el entonces capitán general de Andalucía, el teniente general Juan de Villalba y Angulo, para que se ocupara del mejoramiento de la defensa militar y del fortalecimiento de las tropas virreinales en Hispanoamérica mediante la creación de un ejército regular estructurado a la europea y reglamentar las milicias.

Normatividad y reglamentación de las milicias

Se han identificado varios periodos en el proceso de creación de milicias tanto en España como en América. El primer momento corresponde al último tercio del siglo xviii y la primera década del xix, en el cual aumentó el número de milicianos en Indias y en España.

En enero de 1734 se emitió la real ordenanza sobre las milicias provinciales de la Corona de Castilla, dando inicio a lo que se conoce como la etapa clásica de las milicias provinciales, que finalizará a principios del siglo xix. La citada real ordenanza representó entonces la culminación de la legislación sobre milicias en el siglo xviii. En estas milicias podían enlistarse indios como castas, aunque se priorizaban las de españoles; se conformarían regimientos en los principales centros de población y compañías en las regiones donde la población estuviera dispersa. La obligación del servicio miliciano comprendía a todos los hombres entre 16 y 40 años, quienes debían formar un padrón de donde se seleccionara a la primera clase, conformada por los solteros; éstos debían reunirse periódicamente para recibir entrenamiento militar.

En 1766 Carlos III emitió un nuevo reglamento de milicias, que, aunque mantuvo el espíritu de las ordenanzas de 1734, decretaba que pasarían a ser milicias urbanas para la defensa de las costas y fronteras.

La diferencia entre las milicias provinciales y las urbanas consistió en que si las primeras se conformaban a través del reclutamiento por sorteo y se utilizaban para el reemplazo del Ejército y defensa en general, las milicias urbanas eran voluntarias o bien, reclutadas entre los gremios, y eran utilizadas para la defensa local.

Las provinciales, como se ha mencionado, exigían el sorteo para su alistamiento, y éste se hacía de manera que recayera en la menor cantidad de solteros posible, para que pudiesen dedicarse a los trabajos del campo, a las artes y oficios. En las urbanas, donde el alistamiento era voluntario, se esperaba a los más idóneos, independientemente de que fueran casados o no.³

El reglamento de 1782 expedido para la Nueva Vizcaya, del cual se imprimieron 200 ejemplares para que se distribuyeran por todo el reino, dice: “Estas milicias y cuantas se crearen las provincias internas deben ser de las clase de provinciales que se han de gobernar en algunos puntos por las ordenanzas de estos cuerpos en otros por las expedidas para los urbanos y en muchas por las particulares reglas que exige la constitución del país y la guerra con los indios”. Se habla de la importancia de crear cuerpos de milicias para la mayor seguridad y defensa de las provincias frontera con los indios.⁴ Menciona el reglamento que de manera voluntaria se formase un destacamento de 300 hombres, y si ello no fuese factible, se procedería al sorteo o elección hasta completar ese número. Esta cantidad de hombres aumentaría o disminuiría dependiendo del grado de las hostilidades. Para lo referente a la instrucción, señala que las milicias que hicieran el servicio en las fronteras de las provincias internas se arreglasen a las ordenanzas de los presidios.⁵

Un segundo momento de las milicias se puede ubicar en el periodo que va de 1808 a 1820 y fue homogéneo tanto en España como en Hispanoamérica. Coincide con las guerras de independencia americanas y las revoluciones liberales vinculadas al constitucionalismo gaditano. En este periodo se consolidó la idea de los “ciudadanos en armas como garantes de la nación”. Son las milicias nacionales previstas en la Constitución de Cádiz (Gayol 2009, 463). En ambos territorios aumentó la cantidad de cuerpos compuestos por ciudadanos armados, lo cual contribuyó al surgimiento de nuevos actores políticos (ibíd., 464).

A partir de la década de 1820 se puede ubicar un tercer periodo. En esta época se consuman las independencias americanas, en las cuales las milicias tuvieron un papel preponderante. En esta etapa se puede situar el “momento de arranque en la creación de los ejércitos propiamente nacionales” (ídem).

Las milicias en la provincia de Sonora y Sinaloa

Durante el siglo xvii, debido a la solitaria presencia del presidio de Sinaloa, fue una práctica común que los vecinos participaran en la guerra contra los indígenas belicosos, organizando partidas con objetivos específicos. Un ejemplo fue el alzamiento pima de 1649, el cual motivó que el alcalde mayor, Simón Lazo de la Vega, convocara a una junta de guerra a todos los españoles, sirvientes e indios amigos, dando como resultado la reunión de 45 vecinos. Sin embargo, los oficiales reales juzgaban de poca efectividad tales milicias, porque carecían de disciplina, de instrucción y no los obedecían; los vecinos, por su parte, se quejaban de que las obligaciones del servicio militar les impedían atender sus ocupaciones y que los oficiales abusaban de ellos. A pesar de lo mencionado, los milicianos continuaron desempeñando un papel clave durante alzamientos muy peligrosos, como el de los yaquis en 1740.

Las milicias no se consideraban parte del Ejército, por lo que no se podía hacer carrera militar en ellas, tampoco se acuartelaban ni recibían instrucción militar, aunque gozaban de ciertos privilegios cuando participaban en campañas, como paga y fuero militar, que les permitía quedar exentos de castigos públicos (Morelli 2009, 422), y derecho aparte del botín que se reunía cuando se capturaba a los enemigos. Eran fundamentalmente grupos armados que se organizaban para pelear contra los indios y luego regresaban a sus ocupaciones habituales.

En la gobernación de Sonora y Sinaloa se intentó dar cierto orden a la conformación de las milicias de vecinos mediante las llamadas milicias provinciales, en las cuales se debían enrolar todos los hombres adultos (exceptuando vagos y sirvientes) de las localidades, para recibir instrucción militar y adiestramiento en el uso de las armas. Las autoridades debían proporcionar el armamento, ya fuera al costo o gratis. Las milicias provinciales lograron conformarse con cierta facilidad en los centros de población más estables, como los de la provincia de Sinaloa, ya que significaban una vía para adquirir preeminencia social y fueros militares, además de que se facilitaba el reclutamiento y la reunión de los milicianos para hacer las prácticas. En cambio, en lugares de poblamiento más inestable como la provincia de Sonora, el reclutamiento y el adiestramiento resultaba más difícil, pues los reclutas tendrían que trasladarse desde lugares alejados (Río 1995, 158-164).

En 1766 las autoridades virreinales ordenaron la formación de compañías milicianas en las fronteras. Juan de Pineda, entonces gobernador, procedió a formar los cuerpos milicianos. Con el fin de que estuvieran equipados para contrarrestar las hostilidades, José de Gálvez envió armamento a Pineda para que lo distribuyera entre los habitantes que se enlistaran; de esta manera envió cuatrocientas lanzas, trescientas espadas, trescientas escopetas, igual número de pares de pistolas y pólvora.

A pesar de que se preferían las milicias compuestas por españoles, la primera compañía que Gálvez formó fue la compañía de pardos de Mazatlán. El reglamento para el régimen, servicio y gobierno del cuerpo de pardos de caballería ligera del pueblo de San Juan Bautista de Mazatlán se emitió a través de una real orden de 23 de marzo de 1792. La compañía se ubicó a nueve leguas del mismo puerto y pertenecía a la alcaldía mayor de Copala; sus habitantes eran mulatos que ejercían funciones de vigilancia, por lo que se les reconoció como milicianos costeños. A esta milicia se le concedió el goce del fuero y los honores militares.

Sin embargo de que ninguno de los Yndividuos del cuerpo provincial de Mazatlan ha de gozar sueldo ni haver en tiempo de paz, a excepción de los ocho pesos mensuales asignados al Capitan Mateo Ortega en el Artículo 2° titulo 2°, será de su obligación custodiar el puerto distante nueve leguas al poniente del pueblo, manteniendo constantemente un destacamento de un Sargento, cabo o carabinero y nueve hombres, con los quales se proveerán una o dos centinelas que vigíen y observen la costa, dándose parte sin demora por el Comandante al Gobernador Sub- Ynspector de las novedades que merezcan su conocimiento.⁶

De acuerdo a lo mandado por S. M., el cuerpo estuvo conformado con doscientos veinte hombres divididos en cuatro compañías de cincuenta y cinco plazas, compuestas de capitán, teniente, alférez, dos sargentos, dos cabos, dos carabineros, un tambor o trompeta y cuarenta y cinco soldados. Otra compañía miliciana fue la que se ubicó en el real de los Álamos, aunque en este caso no se conoce cómo estuvo compuesta, aunque sí fue de españoles.

En general, pareciera que durante la fortaleza del sistema presidial las milicias no jugaron un papel importante en la defensa de la frontera; incluso fue política de altos oficiales, como el comandante general Teodoro de Croix, fortalecer las tropas presidiales en lugar de crear más milicias. Así lo demostró cuando prefirió usar donativos particulares destinados a organizar milicias que componer unas compañías permanentes denominadas ligeras.

En contrapartida a la decadencia del sistema presidial, las milicias de vecinos aparecen desempeñando un papel más importante, sobre todo porque la decadencia de los presidios los obligó a tomar en sus manos la defensa de sus poblados; además, la nueva legislación mantenía la conformación de las milicias ahora denominadas cívicas, y a medida que fueron consolidándose centros de población fue más fácil reclutarlas y organizarlas.

En 1801 se dictó un nuevo reglamento para las milicias en donde se recurría a este sentimiento de militarismo cívico, de ahí la nueva denominación. Algunos historiadores del Ejército en la Hispanoamérica borbónica han querido ver o han venido repitiendo las críticas de la época, dando por sentado que el crecimiento militar tuvo un efecto contraproducente en la sociedad colonial, haciendo surgir entre los que prestaban el servicio en las milicias un sentimiento protonacionalista entre los americanos; sin embargo, otros afirman que las reformas a las milicias pudieron haber fortalecido la lealtad a la Corona entre la población de color. Un estudio detallado de las milicias de color en la Nueva España a finales del siglo xviii indica que la militarización de los pardos y mulatos tuvo implicaciones ambiguas; a la conclusión que llega este estudio es que es difícil encontrar evidencias de que el servicio en las milicias alterara la jerarquía social al mejorar las oportunidades de vida de los pardos o mulatos. Si éstos se unían a las milicias era con la meta de mejorar su estatus entre sus pares, y no tanto para competir por la igualdad con los blancos (Vinson 2005).

Uno de los historiadores más relevantes del Ejército colonial español sostiene que para comprender la respuesta de los militares antes la crisis política y el conflicto en las colonias, debemos concentrarnos en la identidad social de los soldados y en las relaciones de los oficiales con las elites locales (Marchena 1992).

Las milicias durante la guerra de independencia
e inicio de la vida independiente

Aun siendo la intendencia de Arizpe una región periférica del Imperio español, se vio involucrada tanto en la guerra de independencia como en la revolución liberal que le siguió, no con un papel protagónico, pero sí afectó y trastocó el orden monárquico que se había construido en la región. El ambiente de agitación y participación que significó la crisis política y la revolución liberal incluyó a varios sectores de la población, especialmente a los vecinos-soldados presidiales que participaron en la guerra civil (Medina 2011 y 2014).

Aunque la guerra civil fue prácticamente controlada en la región desde sus inicios, los efectos que se dejaron sentir fueron más bien de índole económica, y en especial la incapacidad de la real hacienda para continuar pagando de manera regular los sueldos de los soldados presidiales, lo cual afectaría al sistema de defensa fronterizo contra los indios nómadas y minaría la fidelidad de tropas indígenas como los ópatas. Las nuevas formas de ejercer el poder una vez consumada la independencia, donde los notables de la región salieron enormemente beneficiados a costa de los pueblos indios y vecinos pobres que no accedieron a los nuevos órganos de gobierno y representación, se tradujeron en un rechazo del liberalismo por los pueblos indios y rompió el equilibrio de la paz relativa que primó durante las últimas décadas del siglo xviii, iniciándose sobre todo a partir de 1820 una serie de rebeliones indígenas, las cuales fueron aumentando en intensidad y extensión.

Fue esta intranquilidad la que generó que el Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Occidente decretara y promulgara unos decretos en 1825 y 1826 donde se establecía que conforme a la ley del 21 de marzo de 1824 las compañías de milicias activas se destacarían en Culiacán, en el Pitic y en Arizpe, “con el fin de remover los obstáculos que empiezan a presentarse sobre el pronto y necesario establecimiento de la milicia activa del estado ha tenido a bien a decretar por la respectiva a los puntos del Pitic y Arispe lo siguiente: el alistamiento de las compañías de la milicia activa se verificara con arreglo al sistema de quintos que se observó en el gobierno español”.⁷

El reglamento de 1830 habla de cinco departamentos, y en cada uno de ellos tenía que existir un batallón de infantería, un regimiento de caballería y una compañía de artillería. En dicho reglamento se disponía que a través de los ayuntamientos se alistarían los ciudadanos que conformarían la milicia y se le solicitaba al mismo ayuntamiento informes de aquellos sujetos idóneos para ocupar los puestos de jefes y oficiales. La milicia estaría comprendida por todos los habitantes de entre 18 años y 50 años, exceptuando los jornaleros, los que tuvieran impedimento físico y los españoles.

A manera de conclusión

En este primer acercamiento al tema de las milicias, se ha podido ver cómo se hizo un primer esfuerzo para el establecimiento de las milicias novohispanas. Aunque se pueden rastrear desde fines del siglo xvi, será en el siglo xviii cuando aparecen de manera más consistente las milicias provinciales, urbanas y cívicas en un contexto reformista en el que la Corona pretendía que los territorios de ultramar tuvieran la principal responsabilidad de su propia defensa junto a las tropas del Ejército. Una vez consumada la independencia, la estructura miliciana lejos de desaparecer se integró, y con instrumentos para su regulación ya de orden liberal, pasaron a denominarse milicias cívicas y siguieron constituyendo un elemento fundamental para la defensa de estos territorios, como lo había sido desde el siglo xvii.

Archivos

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ags Archivo General de Simancas

ahce Archivo Histórico del Congreso del Estado

pares Portal de Archivos Españoles, Gobierno de España, Ministerio de Cultura

sg Secretaría de Guerra

Biblioteca del Archivo Histórico Nacional

Bibliografía

Almada Bay, Ignacio. 2000. Breve historia de Sonora. México: Fondo de Cultura Económica.

Asebey Claure, Ricardo y Roger Mamani Siñani. 2009. Hombres en armas: milicias americanas y guerrillas en la independencia. Revista Ciencia y Cultura (22-23): 107-114.

Belmonte Postigo, José Luis. 2007. El color de los fusiles. Las milicias de pardos en Santiago de Cuba en los albores de la revolución haitiana. En Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), editado por Manuel Chust y Juan Marchena Fernández, 37-51. Madrid: Iberoamericana.

Borrero Silva, María del Valle y Jesús Dénica Velarde Cadena. 2013. Los indios auxiliares: las compañías de ópatas de la provincia de Sonora. En Indios, españoles y mestizos en zonas de frontera, siglos xvii-xx, coordinado por José Marcos Medina y Esther Padilla Calderón, 95-116. Hermosillo: El Colegio de Sonora, El Colegio de Michoacán.

Chust, Manuel y Juan Marchena (editores). 2007. Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850). Madrid: Iberoamericana.

Contreras Gay, José. 1992. Las milicias en el Antiguo Régimen. Modelos, características generales y significado histórico. Chronica Nova: revista de historia moderna de la Universidad de Granada (20): 75-103.

Cruz Barney, Óscar. 2006. Las milicias en la Nueva España: la obra del segundo conde de Revillagigedo (1789-1794). Estudios de Historia Novohispana (34): 73-116.

Dobyns, Henry F. 1972. Military transculturation of northern Piman Indians, 1782-1821. Ethnohistory 19 (4): 323-343.

Faulk, Odie B. 1976. El presidio: ¿fuerte o farsa? En El México perdido. Ensayos sobre el antiguo norte de México, 1540-1821, editado por David J. Weber, 55-67. México: sep/Setentas.

García Fuente, Pablo. 2013. El caballero villano durante la reconquista castellana. Tesis de grado en historia, Universidad de Cantabria.

García González, Francisco. 2000. Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra (Alcaraz, siglo xviii). Madrid: Ministerio de Agricultura y Pesca.

Gayol, Víctor. 2009. Las milicias nacionales en la construcción del Estado-nación en España e Hispanoamérica, siglo xix: hacia un balance historiográfico. En Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías ibéricas, coordinado por José Javier Ruiz Ibáñez, 460-480. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Groizard y Coronado, Carlos. 2007. Las milicias locales en la Edad Media. Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 55 (1909), pp. 353-362. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/portales/mal_llamados_incunables_americanos/obra/las-milicias-locales-en-la-edad-media-0/

Güereca Durán, Eréndira Raquel. 2013. Las milicias de indios flecheros en la Nueva España, siglos xvi-xviii. Tesis de maestría en historia, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gutiérrez Escudero, Antonio. 1982. Una guarnición de fronteras en América: ejército y milicias en Santo Domingo (1700-1748). Temas de historia militar: 446-460.

Hernández Chávez, Alicia. 2007. La Guardia Nacional en la construcción del orden republicano. En Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), editado por Manuel Chust y Juan Marchena, 223-246. Madrid: Iberoamericana.

Hernández Silva, Cuauhtémoc. 1996. Insurgencia y autonomía: historia de los pueblos yaquis, 1821-1910. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista.

Herrera Montero, Bernal. 2009. Estudios subalternos en América Latina. Diálogos. Revista electrónica de historia 10 (2): 109-121.

Hu-DeHart, Evelyn. 1995. Adaptación y resistencia en el Yaquimi: los yaquis durante la Colonia. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Imízcoz Beunza, José María. 2001. Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos xv-xix). Bilbao: Universidad del País Vasco.

Lafora, Nicolás de. 1939. Relación del viaje que hizo a los presidios internos situados en la frontera de la América Septentrional. México: Pedro Robredo.

Losa Contreras, Carmen. 2006. La formación de la milicia urbana en la Nueva España. Anuario de la Facultad de Derecho (24): 177-214.

Marchena, Juan. 1992. Ejército y milicias en el mundo colonial americano. Madrid: Mapfre.

Martínez, Juan José. 2014. De milicianos del rey a soldados mexicanos. Milicias y sociedad en San Luis Potosí, 1767-1824. Madrid: Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigación Científica, Diputación de Sevilla.

McFarlane, Anthony. 2008. Los ejércitos coloniales y la crisis del imperio español, 1808-1810. Historia Mexicana lviii (1): 229-285.

Medina Bustos, José Marcos. 2014. Ethnics militias and insurgency in the Arizpe Intendancy. Journal of the Southwest 56 (1): 53-81.

Medina Bustos, José Marcos. 2011. Alejo García Conde y la crisis del imperio español. De la guerra de frontera a la guerra civil, 1808-1822. En Los comandantes realistas y la guerra de independencia, coordinado por Jaime Olveda, 175-218. Guadalajara: El Colegio de Jalisco

Medina Bustos, José Marcos. 2008. La representación política de Antiguo Régimen y la transición al liberalismo en una zona de frontera. Sonora, 1650-1824. Tesis de doctorado en ciencias sociales, El Colegio de Michoacán.

Meneghello, Raimundo. 2009. Milicias concejiles en la plena Edad Media hispana. El caso de Castilla y León en los siglos xii y xiii. Revista Electrónica de Historias del Orbis Terrarum. Estudios clásicos, árabes y bizantinos. https://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2009/08/10/milicias-concejiles-en-la-plena-edad-media-hispana-el-caso-de-castilla-y-leon-en-los-siglos-xii-y-xiii/#_edn4 (10 de agosto).

Mirafuentes, José Luis. 1992. El “enemigo de las casas de adobe”. Luis del Sáric y la rebelión de los pimas altos. En Organización y liderazgo en los movimientos populares novohispanos, editado por Felipe Castro Gutiérrez, Virginio Guedea y José Luis Mirafuente, 147-171. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.

Moorhead, Max L. 1991. The presidio. Bastion of the Spanish borderlands. Estados Unidos: The University of Oklahoma Press.

Morelli, Federica. 2009. ¿Disciplinadas o republicanas? El modelo ilustrado de milicias y su aplicación en los americanos (1750-1826). En Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías ibéricas, coordinado por José Javier Ruiz Ibáñez, 417-436. México: Fondo de Cultura Económica.

Navarro García, Luis. 2002. Nobleza criolla y milicia en México, 1766. Temas Americanistas (15): 56-74.

Navarro García, Luis. 1964. Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de la Nueva España. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.

Nentvig, Juan. 1971. Descripción geográfica de Sonora. México: Archivo General de la Nación.

Rangel Silva, José Alfredo. 2007. Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 1793-1813. En Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), editado por Manuel Chust y Juan Marchena, 53-77. Madrid: Iberoamericana

Río, Ignacio del. 1995. La aplicación regional de las reformas borbónicas en Nueva España: Sonora y Sinaloa, 1768-1787. México: unam.

Ruiz Ibáñez, José Javier. 2009a. El modelo ilustrado de milicias y su aplicación en los territorios americanos (1750-1826). En Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías ibéricas, coordinado por José Javier Ruiz Ibáñez, 417-418. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Ruiz Ibáñez, José Javier 2009b. Introducción: Las milicias y el rey de España. En Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías ibéricas, coordinado por José Javier Ruiz Ibáñez, 9-38. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Sobrevilla Perea, Natalia. 2007. Ciudadanos armados: las armas nacionales en la construcción de la nación en el Perú de mediados del siglo xix. En Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), editado por Manuel Chust y Juan Marchena, 159-184. Madrid: Iberoamericana.

Vega, Josefa. 1986. La institución militar en Michoacán en el último cuarto del siglo xviii. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Vinson, Ben. 2005. Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo xviii en México. En Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, coordinado por Juan Ortiz Escamilla, 47-60. México: El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana.

Vinson, Ben. 2000. Los milicianos pardos y la construcción de la raza en el México colonial. Signos Históricos 2 (4): 87-106.

Yetman, David. 2012. Conflict in colonial Sonora. Indians, priets and settlers. Albuquerque: The University of New Mexico Press.

Zúñiga, Ignacio. 1985. Rápida ojeada al estado de Sonora. Sonora: Gobierno del Estado de Sonora.

¹ Profesora-investigadora de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: mvalle@colson.edu.mx

² Los autores que han estudiado a las milicias apostadas en los presidios y otros puntos estratégicos de avanzada las consideran como una excepción, ya que reconocen su efectividad en situaciones de peligro (Gayol 2009, 461-462). Antonio Gutiérrez Escudero señala que las milicias ciudadanas de Santo Domingo fueron cuerpos auxiliares muy efectivos que sirvieron para vigilar a los asentamientos franceses próximos. En situaciones de emergencia, las autoridades españolas recurrieron al reclutamiento general para las milicias de todos los hombres mayores de 15 años, sin importar su calidad étnica (1982, 455).

En el caso de San Luis Potosí, considerada una región de frontera, los cuerpos de milicias existentes hasta la primera mitad del siglo xviii tenían una gran actividad por ser las encargadas de efectuar incursiones contra los nómadas. Sus gastos eran afrontados por los capitanes, por lo que éstos debían ser personajes acaudalados que estuvieran en la posibilidad de equipar a los milicianos (Rangel 2007, 53-55)

³ Hay un rico y detallado informe titulado “Providencias que exige el establecimiento de milicias en las provincias internas razones que lo recomiendan y utilidades que prometen”, en donde se argumenta y defiende el método de la elección más que el sorteo a la hora de elegir a los componentes de las milicias (Archivo General de Indias [agi], Guadalajara, 523).

⁴ Real reglamento para las milicias provinciales de Nueva Vizcaya 10 de marzo 1782, Archivo General de la Nación (agn), Bandos, vol. 12, exp. 6.

⁵ Ídem.

⁶ Reglamento para el cuerpo de pardos de caballería ligera del pueblo de San Juan Bautista de Mazatlán, Archivo General de Simancas (ags), sgu 7023, 13-18.

⁷ Gobierno del Estado de Occidente, 15 julio de 1826, Archivo del Congreso del Estado de Sonora (aces), caja 40, legajo 83, exp. 15.

Los pronunciamientos de Juan José Tobar (1832-1833) en Sonora y la participación indígena. ¿Una nueva práctica política?¹

José Marcos Medina Bustos²

Entre febrero de 1832 y febrero de 1833, Juan José Tobar, un capitán retirado de la tropa presidial, encabezó cuatro pronunciamientos. Con ellos el Estado de Sonora entró de lleno en la práctica que se había vuelto parte de la cultura política nacional, consistente en demandar cambios políticos a través de la presión de un grupo que podía ejercer la violencia por tener el apoyo de grupos armados, legitimados en un “plan” que contenía una serie de demandas avaladas por diversos grupos sociales que se expresaban en la firma de individuos del plan mencionado, pretendiendo representar al “pueblo soberano”.³

La introducción en Sonora de tal práctica se dio con la adhesión al Plan de Iguala y al Plan de Casamata. Los primeros ensayos en la política local fueron el efímero pronunciamiento federalista de Mariano Urrea del 14 de julio de 1823 para crear el Estado de Sonora y el promovido entre los indígenas ópatas por Juan José Tobar en 1824 para que Mariano Urrea fuera nombrado gobernador del Estado de Occidente. Otro germen de pronunciamiento fue el que lanzaron los vecinos y el ayuntamiento de la villa de Sinaloa el 3 de junio de 1824 contra la manipulación de las elecciones de diputados al Congreso Constituyente del Estado de Occidente por los vecinos principales de la villa de Culiacán. Conatos similares se volvieron a experimentar hasta 1829, cuando los partidarios de la división del Estado de Occidente no encontraron otra forma para obligar al Congreso a cumplir los decretos nacionales en su favor. Así, en junio hubo un levantamiento en El Palmito en la provincia de Sinaloa y otro en el pueblo de Aconchi en la provincia de Sonora, en el que participaron indígenas ópatas⁴ (véase figura 1).

Figura 1. Estado de Occidente, 1824-1831.
Principales poblaciones y grupos indígenas

Fuente: adaptado por el autor de Medina 2017, 46.

En Sonora no se habían vuelto a dar adhesiones a pronunciamientos nacionales hasta 1832, cuando Juan José Tobar hizo dos levantamientos: uno a favor del lanzado por la guarnición de Veracruz el 2 de enero de 1832 contra los ministros del presidente Anastasio Bustamante y otro apoyando el decreto de la legislatura de Zacatecas para que Manuel Gómez Pedraza fuera reconocido como el legítimo presidente y que –en consecuencia– Bustamante dejara de serlo.

En este capítulo se estudia la participación de los grupos locales de poder en los pronunciamientos encabezados por Tobar, con lo cual se pretende contribuir a las nuevas interpretaciones historiográficas que consideran necesario recuperar la dimensión regional y local del complejo proceso de conformación del Estado nacional mexicano, que posibilite ir más allá de la historia reconstruida desde las fuentes de los archivos nacionales e incorporar a los actores políticos locales que, a ras de suelo, participaban políticamente, respondiendo a las situaciones tanto locales como nacionales, con lo cual se observa que la vida política estaba lejos de ser un asunto exclusivo de las elites, sino que involucraba a amplios sectores de la población, incluyendo a los sectores populares (Ducey 2015, 21).

El territorio que históricamente se denominó Sonora se caracterizó desde principios del siglo xviii por ser la frontera de la cristiandad, más allá de la cual empezaba un territorio ocupado por indígenas independientes o “gentiles”, como se les decía en la época. Entre esos indígenas hubo algunos que vivían de la caza, la pesca, la recolección y de la guerra, como fue el caso de los seris y los apaches; la incapacidad de los españoles para dominarlos los obligó a crear estructuras militares indígenas en los pueblos de misión (capitanes generales por cada “nación), capitanes en los pueblos, milicias, para que sirvieran como auxiliares en su combate a los nómadas; asimismo, se promovieron las milicias de vecinos españoles y una tropa especial para el combate a los indígenas: la presidial, denominada así porque sus cuarteles eran conocidos como presidios.⁵

Las estructuras militares mencionadas estaban actuantes en el momento de la crisis monárquica, la explosión insurgente y la conformación del nuevo Estado mexicano, por lo que, junto con las instituciones representativas introducidas por la legislación liberal, fueron vías a través de las cuales los habitantes de estos territorios tan alejados de las áreas centrales se involucraron en la nueva vida política. Estos aparatos militares fueron especialmente requeridos en la nueva práctica de los pronunciamientos, que se distinguieron de la práctica electoral en que no discriminaban a los milicianos por su nivel educativo, su cultura o por su propiedad, convirtiéndose en los medios más efectivos para involucrar a los sectores populares en los asuntos políticos del momento. En este trabajo se analizan los pronunciamientos de Tobar y se dedica especial atención a la participación indígena, tomando en cuenta que fue la primera vez que se documenta con cierta profusión su alianza con los bandos en pugna de las elites locales, fenómeno que se profundizará en años posteriores, pues comprendieron la importancia que tenía en la lucha política contar con el apoyo de los indígenas, quienes mantenían vivas y actuantes sus estructuras militares, las cuales aprovecharon para negociar la defensa de sus intereses.

Una época de cambios: pronunciamientos y elecciones,
un nuevo ciclo de guerra interétnica

Los habitantes de la lejana provincia de Sonora, al igual que el resto de los dominios españoles, se vieron afectados por la serie de procesos iniciados a raíz de la crisis monárquica de 1808, como la introducción de las instituciones liberales en los reinos americanos que reconocieron a las Cortes de Cádiz; la guerra civil iniciada con el levantamiento de Miguel Hidalgo y la consecución de la independencia a través del Plan de Iguala. Si bien la afectación fue menos destructiva que en las áreas centrales de la Nueva España, tales procesos produjeron cambios importantes.⁶

Un primer cambio fue la reestructuración de los circuitos comerciales con la apertura del comercio marítimo, lo que permitió la consolidación de poblaciones como centros comerciales en donde se desarrolló el poder económico y social de los notables regionales. Otro cambio de consideración fue que las instituciones liberales establecieron la igualdad ante la ley y la conformación de órganos representativos de gobierno a nivel local, provincial y nacional, electos por los ciudadanos, equivalentes a los vecinos de los centros de población; a la par que se empezó a participar en la práctica política denominada: pronunciamientos, primero de orden nacional y luego local. Por otra parte, comenzó a sentirse la presencia del Estado nacional, tanto demandando recursos humanos y fiscales en formas tales que los habitantes de estos territorios no estaban acostumbrados a dar como el “contingente de sangre” para el Ejército nacional.

Los cambios anteriores tuvieron diversas consecuencias, de las que me interesa destacar dos: 1) El reinicio de un nuevo ciclo de inconformidad de los indígenas de los pueblos que habían sido de misión, que se expresaría en una serie de rebeliones. 2) La lucha política emprendida por las elites regionales por establecer en sus respectivos territorios la residencia de los poderes que ejercían la soberanía estatal, tanto en el Estado de Occidente como en el de Sonora.

En relación con el primer tema, ya ha sido documentado que desde fines del siglo xviii la provincia de Sonora, como el resto de las Provincias Internas, vivió, por primera vez, una situación de paz relativa con los grupos indígenas, tanto nómadas como agricultores, que le dio una oportunidad de progresar (Navarro 1965, 1). La situación anterior empezó a deteriorarse como consecuencia de los procesos desatados a raíz de la crisis monárquica de 1808, como fue la aplicación del liberalismo gaditano que dejó sin cobertura legal al gobierno indígena de los pueblos al establecer los ayuntamientos como único gobierno local reconocido y al establecer leyes para dividir las tierras comunales en propiedad particular. Por otra parte, el servicio militar que prestaban los ópatas en defensa de sus pueblos de los ataques apaches fue utilizado para enviarlos al sur de la provincia de Sinaloa y a la Nueva Galicia para combatir a los insurgentes, obligándolos a hacer un esfuerzo extraordinario, que se salía de lo que había sido el servicio militar acostumbrado (Medina 2014, 70-72).

Fue así que los primeros en explotar en violentas rebeliones fueron los auxiliares tradicionales de los españoles, los soldados ópatas, los cuales protagonizaron varios levantamientos entre 1819 y 1824. Los yaquis también se levantaron en 1825 y en 1826 (Medina 2015, 162-165 y 174-177). En este último levantamiento surgió el liderazgo de Juan Ignacio Jusacamea, conocido como La Bandera o Banderas, quien logró atraer a los indígenas mayos tanto del río Mayo como del río Fuerte y a grupos de pimas y ópatas. Fue tal la fuerza de su movimiento que el gobierno del estado decidió trasladar la capital de la villa de El Fuerte al mineral de Cosalá, en el sur de la provincia de Sinaloa. El liderazgo de Juan Ignacio Jusacamea ha llamado mucho la atención por una serie de proclamas en las que utilizó un lenguaje de tono mesiánico, en el que se decía enviado por la Virgen de Guadalupe para recuperar la corona de Moctezuma, y en una de las proclamas él mismo se consideraba rey, lo que sugiere que pensaba en una monarquía indígena. Sin embargo, no era un movimiento nativista, pues convocaba a unírsele a todos aquellos que quisieran luchar contra los “gachupines”. Por otra parte, no pretendió llevar su lucha a un enfrentamiento a muerte contra los “blancos”, pues constantemente intentaba llegar a un acuerdo con las autoridades para detener la guerra (ibíd., 182-185).

Finalmente, el general José Figueroa, comandante general, exinsurgente, yorkino y amigo de Vicente Guerrero, ante su incapacidad de derrotar el levantamiento, decidió ofrecer a Banderas el indulto aprobado por el Congreso nacional, firmándose la paz en el pueblo de Pótam el 13 de abril de 1827. En la ceremonia de indulto, Banderas afirmó que no sabía que ya se había logrado la independencia y expulsado a los españoles, que era por lo que peleaba. Figueroa aceptó este argumento y lo nombró teniente general del Yaqui, encargado de terminar de pacificar su territorio (ibíd., 186).

Al finalizar este levantamiento Banderas abandonó el discurso guadalupano, monárquico y toda mención a Moctezuma (Hu-DeHart 1984, 33). A partir de entonces se asumió como la autoridad indígena del gobierno del estado en los ríos Yaqui y Mayo, y entró de lleno en los avatares de la intensa vida política que las nuevas instituciones introdujeron en el territorio de las antiguas provincias de Sonora y Sinaloa, unidas en el Estado de Occidente.

Otro tema importante de estos años fue la creciente división política que empezó a aflorar entre las elites regionales, pues la paz pactada con los yaquis se dio en el marco de un grave conflicto de poderes entre un grupo mayoritario de diputados y el gobernador del Estado de Occidente, Francisco Iriarte, en torno al tema de la ubicación de la capital, si se iba a Culiacán o a El Fuerte, donde la había fijado la ley de conformación del estado.⁷

Al imponerse la mayoría mencionada, el gobernador y diputados de Culiacán volvieron a plantear la división del estado en dos, en contra de la cual se manifestaron los diputados de la “Alta Sonora” y del departamento del Fuerte. Esta fractura entre las elites regionales por sus intereses particulares embonó con el conflicto que a nivel nacional enfrentó a las logias masónicas del rito de York y del rito escocés. Los primeros eran anti-hispanistas, federalistas y no dudaban en apoyarse en sectores populares, en tanto que los segundos no compartían la fobia contra los españoles, pugnaban por un gobierno nacional con más facultades y por mantener el orden social, excluyendo de la política al “pueblo bajo”.⁸ En el Estado de Occidente, los partidarios de mantenerlo unido se afiliaron a los yorkinos, en tanto que los divisionistas lo hicieron con los escoceses.

En este contexto se inició una etapa en la que las luchas faccionales entre las elites regionales se expresan en el seno de los grupos indígenas, y tanto aquéllas como éstos pretenden utilizarse mutuamente para defender sus intereses particulares.

El ataque liberal radical contra los indígenas
y la exacerbación de la lucha faccional por la
división del Estado de Occidente (1827-1830)

El 21 de octubre de 1827, Juan Ignacio Jusacamea de la Bandera, “general de los Ríos”, envió una carta al gobernador del estado, Francisco Iriarte, la cual se recoge con cierto detalle por ser expresiva del cambio experimentado por el líder yaqui. Comienza reconociendo la autoridad y virtudes del gobernador, “como hijo del suelo americano”, haciéndose eco del antihispanismo promovido por los yorkinos; también dio pleitesía al “sistema” y apeló, con el tono propio del Antiguo Régimen, al atributo paternal del jefe del gobierno para con los indígenas: “para el amparo de todo indegena que jime por su madre patria y sagrada Religión”.⁹

Continúa su carta buscando convencer al gobernador de su sincera rendición al señalar que él, como “uno de los acojidos” al indulto, hizo “propósito de un verdadero arrepentimiento” y que se entregó “como Católico Cristiano al yugo de nuestras sabias leyes […] en orden a la pacificación, y los demás asuntos relativos a la tranquilidad y bien publico de los avitantes indegenas que pueblan los Rios de Yaqui y Mayo, y se ben a mis ordenes”. Pero que no había tenido comunicación del gobierno, lo que hacía desconfiar a los indígenas, pues no les comunicaba “las supremas disposiciones de V. E.”, las cuales se hallaba “con ardientes deceo de obedecerlas, respectarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir”.¹⁰

Le recuerda al gobernador que el comandante general, José Figueroa, lo había nombrado “teniente o capitán general del Rio Yaqui y Mayo” y asignado un sueldo de veinte pesos mensuales, pero que todavía no tenía “la superior aprobacion de V.E. del citado empleo”, por lo que le pide “me dé norma para guiarme y leyes para gobernar mis Pueblos”.¹¹ Le asegura que, celoso de sus deberes, mantiene a “los hijos” en un “puño (exceptuando, uno u otro montaraso qe. amas de la multiplicidad qe. ocupan las vegas de los Rios de indegenas, qe. se hallan reducidos en los pueblos) quedan expersos cometiendo unicamte. Robos y jarear algs. Vestias a los quales persigo diariamente sin perder tiempo”.

Finalmente, le suplica proporcione sacerdotes a los ocho pueblos del río Yaqui para que “socorran el pasto espiritual” de sus habitantes. En el mismo tenor le comenta que el vicario que supervisaba a los cuatro curas de los ocho pueblos era el padre Pedro Leiba, pero que “dicho sacerdote es ajeno de nuestro sistema, no es independiente, se vé sin merito de la estimación de los Pueblos”.¹²

Aun cuando se pueda especular qué tanto del discurso de la carta se puede atribuir a quien la escribió, pues al parecer Banderas no sabía hacerlo (firmaba con una cruz), es evidente que está en el marco de un pacto con las autoridades mexicanas acordado en el momento de indultarse, pero que el gobierno del estado no le dio seguimiento, lo cual podría ser atribuido a la crisis política producida por el enfrentamiento entre las elites regionales o a que el gobernador no estuvo de acuerdo en el pacto, como tampoco lo estuvieron los ayuntamientos de las poblaciones cabezas de partido, los cuales representaban a los vecinos principales de las diferentes regiones del estado que, en un discurso homogéneo, denunciaron la falta de castigo a los yaquis insurrectos.

A pesar del desacuerdo de sectores de las elites con Banderas, éste surge como el único líder reconocido por los yaquis y mayos, como su “general”, el cual –en este momento– aparece comprometido con la pacificación y el castigo de los yaquis “montaraces” que vivían del robo y cazar (“jarear”) ganado. Es de resaltar la insistencia de Banderas de presentarse como “general de los ríos”, del Yaqui y Mayo, un resultado del reciente levantamiento en el que logró unir bajo su liderazgo a los dos grupos indígenas.

Otro aspecto a enfatizar es que la utilización que hizo Banderas de palabras relacionadas con la independencia y el antihispanismo, al calificar al gobernador como “hijo del suelo americano” y denunciar al padre Pedro Leiba como opositor a la independencia y al “sistema”, sugiere que pretendió encajar con el discurso de tendencia yorkina, el cual –seguramente– no era bien visto por los escoceses, como el gobernador Iriarte. Este asunto es importante, porque, como se verá más adelante, fue con personajes de la tendencia yorkina que Banderas mantuvo una relación.

Poco después de la carta de Banderas el Congreso del Estado destituyó al gobernador Iriarte el 27 de noviembre de 1827, nombrando en su lugar a José María Gaxiola, de filiación yorkina, con lo cual fue la tendencia hegemónica durante casi año y medio, logrando mantener unido el Estado de Occidente y llevar a su candidato, Vicente Guerrero, a la presidencia de México; además, aprovechó su preponderancia para legislar en materia de indígenas: aprobó el Decreto 41, del 18 de enero de 1828, que ratificó el indulto a los yaquis y mayos (Medina 2017, 164-165), y el 44, del 6 de febrero de 1828, por el cual se creó un “partido” con los ocho pueblos del río Yaqui, designando al presidio y villa de Buenavista como ayuntamiento cabecera (ibíd., 168-170). Con ello, esta primera legislatura aceptó la paz pactada, pero, a la vez, se hizo eco de la necesidad de contar con una autoridad política y militar cercana a los pueblos yaquis que facilitara su control.

Controlar a los yaquis no sería fácil, pues durante los meses siguientes la documentación consultada muestra la preocupación de los vecinos de haciendas y pueblos “de la frontera” por los robos que realizaban grupos de yaquis, como denunciaba el alcalde de Suaqui en abril de 1828,¹³ pero también se sufrían robos en los mismos pueblos yaquis, como informaban los alcaldes y síndicos del río a fines de mayo.¹⁴ Esta situación sugiere que Banderas no estaba haciendo bien su papel de perseguir a los ladrones, posiblemente debido a que el gobierno no reconocía oficialmente su cargo como capitán general.

La segunda legislatura, que funcionó entre el 1 de marzo de 1828 y el 13 de septiembre de 1829, aprobó dos decretos de gran trascendencia: el 88 y el 89, del 30 de septiembre de 1828, el primero titulado Ley para el Gobierno Particular de los Pueblos Indígenas y el segundo Ley para el Repartimiento de Tierras a los Pueblos Indígenas, Reduciéndolas a Propiedad Particular (ibíd., 213-220). En ellos se definió una política de un marcado carácter liberal hacia los indígenas, ya que desaparecían el gobierno indígena, sus estructuras militares y el control que ejercían sobre las tierras de sus pueblos.

Los ópatas fueron los primeros en reaccionar: desde marzo de 1829 empezaron a plantear que querían regresar a su “gobierno anterior”, lo cual atemorizó al gobierno del estado alineado con los yorkinos, pues la amenaza de un levantamiento indígena se sumó a la presión que los opositores a esta corriente estaban ejerciendo a nivel nacional, ya que el Congreso aprobó la división del estado y la reposición de Francisco Iriarte como gobernador, medidas que fueron rechazadas por el Congreso estatal, lo cual condujo al primer levantamiento armado por la reinstalación de Iriarte y la división del estado, en El Palmito, lugar ubicado en el sur de la provincia de Sinaloa, en junio de 1829.

Esta situación, complicada para los yorkinos, condujo a que la legislatura diera marcha atrás en la aplicación de la Ley 89, pues se aprobaron varios decretos tendientes a suspenderla temporalmente.¹⁵ Por otra parte, el gobernador José María Gaxiola se comunicó con Banderas el 30 de julio de 1829, tratándolo de “estimado amigo” e “hijo”, para pedirle que terminara las diferencias con Juan María Jusacamea, rival indígena de Banderas, y que entre ambos cuidaran la paz de los pueblos.¹⁶ Después de esta carta aparecen otras tantas de funcionarios de tendencia yorkina que mostrarían un interés de esta corriente por tener a Banderas como aliado. En tanto, otros sectores de las elites de la provincia de Sonora se alinearon abiertamente con Iriarte y los partidarios de la división, como se evidenció en el Plan de Aconchi lanzado por Leonardo Escalante el 27 de agosto de 1829, con el apoyo militar de indígenas ópatas, a los cuales les ofreció que el nuevo estado les resolvería el problema de las tierras. Ante la perspectiva de una guerra civil, la legislatura decidió reinstalar a Iriarte como gobernador el 30 de agosto de 1829 y aceptar el decreto de división del Estado de Occidente el 10 de septiembre.

El año de 1830 marcó el inicio de una nueva situación, en la que los simpatizantes de la corriente moderada y conservadora a nivel nacional dominaron la escena política estatal. Este cambio se vio reflejado en la relación con Banderas, pues, por un lado, la facción dominante –desde el ayuntamiento de Buenavista– buscó acabar con su liderazgo y apuntalar el de Juan María Jusacamea, en tanto que los debilitados yorkinos reforzaron su relación con Banderas. Así, desde el 20 de enero Juan José Encinas, alcalde del ayuntamiento de Buenavista, alertó al alcalde del pueblo de Tórim para que evitara que los “hijos del pueblo” fueran seducidos por “un hombre pervertido a la corrupción de sus crímenes”,¹⁷ en clara alusión a Banderas. También con esa fecha el mismo ayuntamiento citó a Banderas para interrogarlo, pero éste se rehusó a asistir, por lo que su rival, Juan María Jusacamea, ofreció su gente para capturarlo.¹⁸ (Para ubicar los lugares que se mencionan en torno a estos acontecimientos, véase la figura 2).

Figura 2. Ubicación aproximada de los lugares mencionados y de los grupos indígenas participantes en las contiendas políticas, 1830-1833

Fuente: elaboración del autor a partir de la documentación mencionada en este capítulo.

A raíz de esta serie de ataques a Banderas, la documentación registra un aumento en su correspondencia con personajes ligados al yorkinismo. Por ejemplo, José Manuel de Estrella, diputado en el Congreso estatal, le escribió el 20 de febrero de 1830 refiriéndose a él como “mi amado Juan” y le decía que le dejó una camisa y la “carga” que le pidió en casa de José Otero, vecino y comerciante de Buenavista y miembro de la red yorkina, y le pidió que capturara a los ladrones, ya que eran “muchas las quejas” que había oído sobre esto.¹⁹ Un día después, José María Gaxiola, el exgobernador, le escribía que no temiera “las persecuciones” de sus enemigos, que posiblemente se le persiguiera porque él lo defendió. También le informó que Guerrero ya no era presidente.²⁰ El 26 de febrero le escribió José Otero a Banderas para decirle que no supo qué andaba haciendo Juan María Jusacamea en Buenavista y le reafirmaba: “Amigo mio si usted en nada se haya culpado no tema” y le pide le busque una “burra parida” de su propiedad que sabía la tenían en los pueblos.²¹ De manera similar, Juan Miguel Riesgo, funcionario federal de Hacienda y reconocido yorkino, se cartea con José María Madrid, secretario de Banderas y celador de la aduana en Pótam, a quien le comunicó el 22 de junio que fue asaltado un correo con su correspondencia por ocho yaquis, le pidió que capturara a los malhechores.²² Poco después, el 8 de julio le informa que se va de Sonora y le manda una carta del vicepresidente dirigida a los “generales de las naciones indígenas” para que se la lea a Banderas.²³ Mientras tanto, los enemigos de Banderas continuaron sus ataques: la tercera legislatura del Estado de Occidente aprobó el Decreto 171, del 30 de octubre de 1830, en el que se reafirmaba la Ley 88 y la desaparición de los “empleos de capitanes y tenientes grales. en todos los pueblos de indígenas”; además facultó al gobierno para que “separe de los ríos Yaqui y Mayo a todos aquellos q. notoriamente imbiertan la tranquilidad del modo qe. halle por más conveniente” (Medina 2017, 299-300). Que este decreto estaba dirigido contra Banderas lo corrobora la pronta respuesta de su rival, Juan María Jusacamea, quien comunicó haber recibido el Decreto 171, el cual le había “agradado más y a todos los avitantes de este río, y desean que venga la fuerza pronto para sacar a Juan Ignacio Jusacamea (a) la Vandera”, a quien acusa de no “pasar un día” sin que mate “uno o dos”.²⁴

La reacción de Banderas a los ataques se puede inducir por el comunicado que hizo Salvador Molina, alcalde del pueblo de Cocori [sic], a José Santos Terminel, alcalde del ayuntamiento de Buenavista, en el que le informa que había estado en el pueblo “el hombre Banderas” para sacarlo a él y al síndico, pero que no lo pudo hacer “porque muchos hombres hablaron en contra”; sin embargo, amenazó con volver con más gente para “sacar lo mas alcaldes de los pueblos”. Le dijeron que no tenía facultades para hacerlo, a lo que respondió que “no tiene en qe. ver con el gobierno porque no está bajo el dominio del gobierno oi en el dia no obedece mas de un solo Dios”.²⁵ El gobernador del estado se dio por enterado de los “amagos” y “movimientos revolucionarios” de Banderas, pero que por “razones políticas”, dado que estaba inminente la división del estado, no había juzgado conveniente atacarlo.²⁶

A la par que se enrarecía la relación con los yaquis, en el norte del estado los ópatas daban muestras de una creciente inconformidad con las nuevas instituciones. Así, el 30 de marzo de 1830 el teniente general ópata Juan Evangelista Barrios informó al comandante militar Manuel Ignacio Arvizu que, en el pueblo de Arivechi, Antonio Baiza había hecho una junta con indígenas de los pueblos de Pónida, Santo Tomás, Sahuaripa, Bacanora, Tónichi y Soyopa, para invitarlos a ir todos juntos a comparecer ante el gobierno.²⁷ Para el 4 de mayo, informaba el ayuntamiento de Moctezuma que Baiza y José Dolores Gutiérrez se habían puesto a la cabeza de los naturales de Nácori y Mochota para “reclamar con las armas, el dinero producido de la venta de bienes pertenecientes a nuestra señora de Loreto de Bacadehuachi” y que habían comenzado a “hostilizar al vecindario”. Por este levantamiento ambos líderes fueron apresados en Arizpe, pero los pueblos continuaron organizándose. El 10 de septiembre, a iniciativa del alcalde y el capitán de Sinoquipe, el capitán de Tuape, y el alcalde y el capitán de Chinapa, Juan Güirizo, invitaron a los demás pueblos de la nación ópata a nombrar un defensor y apoderado general para que defendiera sus derechos, para lo cual propusieron a Salvador Moreno, vecino de la villa de Moctezuma. A continuación capitanes y representantes de los pueblos de Sinoquipe, Tuape, Chinapa, Bacoachi, Cuquiárachi, Banamichi, Aconchi, Baviácora y Batuc se manifestaron de acuerdo.

Con este nombramiento, Salvador Moreno convocó a los pueblos a nombrar dos representantes para presentarse en Arizpe y saber cuál era la causa del “dilatado padecer de Dolores y Baiza”, pues a éstos se les mantenía prisioneros sin declararles la formal prisión. A principios de noviembre, 20 hombres de Chinapa y demás pueblos del partido de Moctezuma se reunieron con Luis Iberry, alcalde del ayuntamiento de Arizpe, a quien le solicitaron les entregara a Dolores y Baiza, pues querían los acompañaran a la capital a tratar los asuntos de los bienes de Nuestra Señora de Bacadehuachi, lo de las tierras y del “gobierno anterior de los pueblos bajo las bases en que tenían en el gobierno español”.²⁸

José Dolores Gutiérrez, ya en libertad, se presentó con ocho hombres armados en los pueblos de Guásabas y Bacadeuachi, “con objeto de moverlos bajo los especiosos pretextos de Justicia, Religión y Verdad”, indicando que en Cumpas se reuniría con la fuerza de otros pueblos que había citado, para “quitar de la comisión” que tenía del gobierno del estado, Manuel Escalante y Arvizu, y poner en su lugar al mencionado Salvador Moreno.²⁹ La “comisión” aludida de Manuel Escalante y Arvizu era la de aplicar en los pueblos ópatas la Ley 89. En estos movimientos se perfilaron dos líderes que serán importantes en los siguientes meses: José Dolores Gutiérrez y Juan Güirizo.

El Congreso Constituyente del Estado de Sonora se conformó el 14 de abril de 1831, en un contexto de conflicto entre las elites dominantes y los indígenas, por un lado; y de ensayos de alianzas entre los indígenas y sectores de las elites que les interesaba su apoyo, por otro. Tal situación motivó que realizaran cambios importantes en la relación con los indígenas.

Liberalismo pragmático: aceptar gobiernos indígenas
e introducir la división entre ellos

Si bien la función principal del Congreso Constituyente era redactar la Constitución del nuevo estado, tuvo que enfrentar dos problemas de urgente solución: uno fue el de la ubicación de la capital y otro el de la relación con los indígenas (Salmerón 1998, 140). En relación con el primero, tal como había sucedido en el Estado de Occidente, las elites locales se dividieron en torno al lugar donde debían residir los poderes gubernamentales, pues el decreto nacional para crear el Estado de Sonora la había ubicado en la ciudad de Hermosillo. Lo anterior fue impugnado por las elites de la ciudad de Arizpe, que concentraba a las poderosas familias de militares presidiales y propietarias de haciendas. Así, desde el 28 de marzo hasta el 23 de agosto de 1831 hicieron varios intentos para que la capital se trasladara a Arizpe, aunque, finalmente, se llegó al consenso de que este asunto lo resolviera el primer Congreso Constitucional.

El Congreso Constituyente, sensible a la problemática indígena, le dedicó varios decretos, entre los que destacó el número 16, del 1 de junio de 1831, en el que se dio marcha atrás en lo estipulado en la Ley 88, pues estableció un gobierno indígena particular para los yaquis y mayos. Así, señaló que habría un “alcalde mayor” en el río Yaqui y otro en el río Mayo; el gobierno de cada pueblo recaería en un “regidor” y ambos cargos serían electos “popularmente” cada año. Autorizó la permanencia de las milicias étnicas, aunque con la denominación de “milicias cívicas”, las cuales se compondrían de dos alféreces, dos sargentos, dos cabos y 30 hombres de cada pueblo. Asimismo, permitió la existencia de un capitán general y su teniente en cada uno de los ríos, los cuales serían electos “popularmente”, en tanto que los otros oficiales los nombrarían los capitanes generales. Su función sería auxiliar a las autoridades de estado. Finalmente, el decreto mencionado, introdujo el cargo de “director de los indígenas” para cada río, el cual sería ocupado por un “ciudadano de confianza” nombrado por el gobierno estatal, con la función de arreglar los problemas internos de los pueblos y realizar visitas a los mismos (Medina 2015, 190-191).

Con el Decreto 16 el Congreso Constituyente rompió la política homogeneizadora hacia los indígenas, adoptada por los liberales gaditanos y del Estado de Occidente, y abrió la posibilidad de gobiernos indígenas particulares al establecer en la Constitución del Estado de Sonora que, en relación con el gobierno local de los pueblos indígenas, se podrían hacer “excepciones”.³⁰ Con ello se ofreció una salida negociada a la inquietud indígena en los ríos Yaqui y Mayo, pero el gobierno estatal no cejó en su empeño de acabar con el liderazgo de Banderas, como se verá a continuación. Cabe mencionar que en este momento no se atendió la demanda de los ópatas de regresar al “gobierno anterior”.

Las elecciones contempladas en el Decreto 16 se realizaron durante el mes de julio en el río Mayo; fueron electos como alcalde mayor José de la Portilla y como capitán general José Manuel Valenzuela (Hu-DeHart 1984, 39). El gobierno del estado designó como director a José María Almada, miembro de una familia acaudalada y notable de Álamos. En el Yaqui seguramente también se realizaron elecciones, aunque no se han localizado las actas, pues documentación posterior da cuenta de individuos que ostentaban cargos de regidor o de capitán general. El gobierno designó como director del Yaqui a Tiburcio Ángel de Toledo.³¹

Estos procesos electorales, lejos de reducir las inconformidades, se convirtieron en un elemento más de conflicto. El motivo principal fue que –al parecer– el gobierno del estado las manipuló para que Banderas y sus seguidores no quedaran electos, pues informes de los mismos funcionarios indican que tenía “partido preponderante” en el río Yaqui. Ante tal imposición, Banderas, según se informó al gobierno del estado a fines de agosto, se apoderó “del mando en el río”, “con agravio de las autoridades establecidas conforme a la ley 16”, “despojando arbitrariamente a los que las habían obtenido y no eran de su partido”.³² En el mismo tenor Diego Tabares, alcalde de Buenavista, informó al gobernador que el 30 de agosto se presentó Banderas en el pueblo de Bácum con “tropa armada”, que “formó junta” y desconoció los nombramientos de capitán, teniente general, alcalde mayor y “demás puestos de la ley 16”.³³

Lo mismo sucedió en el río Mayo, donde el capitán general, José Manuel Valenzuela, escribió desde el pueblo de Santa Cruz al director Almada, el 8 de septiembre, que eran frecuentes “las novedades que cargan algunos indios descontentos del gobierno interior de estos pueblos; Anuncian con Bastante fundamto. una Rebulocion”, por lo que le pedía quince fusiles, pólvora y balas por mientras lo auxiliaba con una fuerza militar. Sus temores se hicieron realidad cuando el día 17 se le presentaron los rebeldes dispuestos a quitarle el “bastón” y poner a Ysidro Goicoechea de capitán general, argumentando que “no se les tomó parecer” para darle el “empleo” (esta queja sugiere que la junta electoral fue organizada de tal manera que no estuvieran presentes). Señaló que los rebeldes Juan Zacarías, Miguel Luis Baconi, José Quijano, Agustín Tabo y Manuel Neopor seguían órdenes del “revolucionario Banderas”.³⁴ El conflicto se prolongó en el río Mayo, costándoles la vida a Valenzuela y a sus dos hijos en febrero de 1832.

La incapacidad de someter a Banderas motivó que en noviembre de 1831 renunciara a su puesto el director del Yaqui, Tiburcio Ángel Toledo, y que el comandante general, Ramón Morales, declarara estallada la sublevación yaqui a fines de marzo de 1832, y el gobernador emitiera una orden para reclutar gente para la milicia cívica en todo el estado.³⁵ A la par de los preparativos mencionados, el gobierno reforzó sus vínculos con los indígenas opositores de Banderas. Por ejemplo, el 12 de abril se enlistó a los yaquis que habían migrado al puerto de Guaymas por las supuestas atrocidades de los “sublevados que obedecen al criminal Vanderas”, encabezando la lista Juan María Jusacamea, Juan Mateo Marquín (teniente general) y Juan Zacarías Armenta, quienes recibieron un apoyo monetario de 10, 8 y 6 pesos, respectivamente.³⁶

Aun en esta situación tan crispada, se mantuvo la comunicación entre Banderas y José Otero. El 7 de abril, en una carta que Otero le envió al “Señor general Cuchacame y amigo Juan Banderas” le decía que había recibido noticias de Cocori de que “había mucha indiada de Mayo” en el pueblo, que la habían hecho bajar de la sierra porque andaban robando, lo cual le daba mucho gusto y que conseguiría llegara a “oídos del gobierno para que sepa que ustedes persiguen a los ladrones y que todos los chismes contra ustedes son puras mentiras”; que el padre Félix “está ayudando con el gobierno para que no entren tropas”.³⁷

Los acontecimientos documentados permiten dar cuenta de la complejidad de las relaciones interétnicas en estos momentos. Por una parte está presente el liderazgo de Juan Banderas con “predominio” tanto en el río Yaqui como en el Mayo, fenómeno importante que sugiere la existencia de un proceso a la unidad entre estos grupos indígenas. Banderas mantiene lazos de alianza con individuos de las elites sonorenses, identificados con la corriente cuyos antecedentes se remontan a la masonería del rito de York. Estas personas, si bien difieren de la corriente política nacional predominante (Bustamante y aliados) y sus seguidores en el gobierno del estado, coinciden con ellos en que es necesario detener las afectaciones que hacen indígenas dedicados al robo de arrieros o ganado de ranchos y haciendas ubicados en las fronteras del territorio yaqui, por lo que presionan a Banderas para que persiga a estos “malhechores”. Sin embargo, es difícil saber si Banderas realmente hace esfuerzos por detener a estas personas o si las deja actuar o, incluso, si son sus propias tropas, como lo denunciaban sus opositores.

Por otra parte, el gobierno del estado, alineado con el presidente Anastasio Bustamante, no reconoce a Banderas y se hace eco de la animadversión que le tienen las elites locales, las cuales se apoyan en el ayuntamiento de Buenavista para acusarlo de los robos; igualmente da crédito a las denuncias que hacen sus adversarios indígenas, quienes lo acusan de arbitrariedad, no respetar la ley y de asesinatos. Estos adversarios indígenas de Banderas obtienen los favores del gobierno, el cual pretendió llevarlos a ocupar los nuevos cargos de gobierno creados por el Decreto 16. Sin embargo, Banderas impuso su fuerza política y militar, desconociendo a las nuevas autoridades, lo cual condujo a la guerra declarada.

Al escenario trazado se agregó un elemento más: los pronunciamientos de Juan José Tobar.

Los pronunciamientos de Tobar: los indígenas y
la lucha faccional entre las elites locales

El 2 de enero de 1832 se pronunció la guarnición de Veracruz en defensa de la Constitución federal de 1824 y por la destitución de los ministros del gabinete del presidente Anastasio Bustamante, los cuales eran considerados enemigos de la soberanía de los estados. Además, se pidió al general Antonio López de Santa Anna que se pusiera al frente del pronunciamiento. A lo largo del año se dieron adhesiones y manifestaciones en contra a lo largo y ancho del país, dividiéndose “la opinión de los pueblos”, por lo que la resolución del pronunciamiento quedó en el enfrentamiento armado. Después de sangrientas batallas, los promotores del pronunciamiento obtuvieron el triunfo y la paz se logró en el mes de diciembre cuando se firmaron los acuerdos de la Hacienda de Zavaleta, por los que renunciaba el presidente (Vázquez 1992, 172-184).

Este pronunciamiento ha sido considerado como la reacción de una constelación de fuerzas y actores políticos identificados con el federalismo, la libertad de prensa y contra el autoritarismo de medidas tomadas por el gabinete de Bustamante, encabezado por Lucas Alamán, personificación de las fuerzas políticas conservadoras (Rodríguez 1992, 150). Pero también habría que agregar, como parte de los impulsores, a los militares liderados por Santa Anna, los cuales no tenían una postura política de carácter ideológico, sino más bien pragmática, en la que sus intereses personales eran importantes, así como para dónde iba la “voluntad general”.

En Sonora, en el momento del lanzamiento del pronunciamiento de Veracruz, el problema principal eran los indígenas, tanto los apaches, que empezaron a abandonar los asentamientos de paz en los presidios del norte, como los habitantes de los pueblos, que se sentían afectados; los ópatas seguían insistiendo en la usurpación de sus tierras y en regresar al “gobierno anterior”, en tanto que yaquis y mayos se encontraban levantados por la manipulación de las elecciones que les permitía tener autoridades particulares. A lo anterior se agregó que la división entre las elites locales volvió a aflorar.

El 28 de enero de 1832, el gobernador del estado, Leonardo Escalante, fue informado de inconformidades por terrenos entre el ayuntamiento de la villa de Horcasitas y don Manuel Francisco Aguilar, a quien el gobernador había favorecido. Tal intervención fue resistida por el ayuntamiento y vecinos, amenazando con tomar las armas inducidos por “una mano secreta” que, según el informante, resultó ser José Manuel de Estrella.³⁸ Poco después, el 17 de febrero, el gobernador escribió al comandante general, diciéndole que había una sensible “alteración del ánimo en gran parte del vecindario de Horcasitas contra el gobierno a mi cargo”, y que había contra él un “plan formado y ramificado con mucha anticipación”. Le pidió le enviara un contingente de sesenta hombres de “tropa permanente”, pues para su defensa sólo contaba con la milicia local de Hermosillo, de la cual desconfiaba, ya que “varios de sus individuos están desertando y apareciendo cómplices en la conspiración que se prepara”.³⁹

El temor mencionado del gobernador tenía fundamentos, pues ese mismo día Francisco Eduardo Escoboza, comandante de la milicia local de Hermosillo, le informó que el sargento Tranquilino Mireles y el soldado Ignacio Luján se habían fugado del cuartel con sus armas y habían partido rumbo a Horcasitas.⁴⁰ Al mismo tiempo, el mencionado Escoboza interrogó al soldado de la milicia local, Serafín Vélez, quien declaró que el 15 de febrero el cabo Gil Romo le había dicho que toda la “cívica” estaba por levantarse, unos se irían para el pueblo serrano de Arivechi y otros para la villa de Horcasitas, y que lo invitaba a unírseles, que José María Vélez Escalante “tenía monturas, caballos, armas y cinco mil pesos a disposición de los que quisiesen seguirlo”. Preguntado por el motivo de la rebelión, respondió que había “oído de la boca” de Vélez Escalante que “su intento era variar la constitución porque era una cochinada y obra de pícaros”, que “todo lo obrado hera por hato de aspirantes llenos de ignorancia”, que él pondría “hombres inteligentes y los pueblos que lo resentían quedarían libres”.⁴¹

Continuando con el interrogatorio, se le preguntó quiénes apoyaban la “rebolución” [sic] y quiénes eran los “corifeos”, a lo cual respondió que contaban con “treinta y tres pueblos pa. llebar adelante la empresa: que corifeos es Escalante, Director D. Manuel Estrella y D. Juan José Tobar pa. ponerse a la cabeza de las tropas”; que vinieron por este último de la villa de Horcasitas el día 15 a la medianoche y que en Pueblo de Seris tenían listos sesenta hombres para marchar a una reunión que debía ser en la mencionada villa, y en el pueblo de Arivechi o Tónichi.⁴²

El interrogatorio anterior es importante porque identifica a las personas involucradas en el movimiento: Estrella, Vélez Escalante y Tobar. Los dos primeros son reconocidos por su afinidad con las logias yorkinas; ya se mencionó el papel de Estrella como promotor de la unión del estado y su relación con distinguidos miembros de esta corriente, como Juan Miguel Riesgo y José María Gaxiola. En cuanto a Vélez Escalante, fundó la logia India Yaqui en Hermosillo entre 1826 y 1827 (Almada 2009, 722). Además, se ha documentado que fue un activo promotor de la expulsión de españoles; en particular buscó se le aplicara la ley de expulsión al rico comerciante hermosillense Francisco Monteverde, sin lograrlo. De manera similar, aparece a fines de 1829 encabezando un pequeño grupo armado en Pueblo de Seris para apoyar al gobernador del Estado de Occidente, José María Gaxiola (Grageda 1999, 48, 84).

Juan José Tovar era militar presidial de larga trayectoria en los presidios ópatas. A fines de diciembre de 1810, con el grado de sargento de la tropa ópata de Bavispe, viajó al sur de la intendencia de Arizpe a combatir a los insurgentes de José María González Hermosillo (Medina 2011, 205), donde todavía estaba en diciembre de 1817;⁴³ en marzo de 1824 aparece como teniente graduado, “seduciendo” a los pueblos ópatas de Opodepe, Cucurpe y Nacameri, así como a los pueblos pimas bajos de San José de Pimas y Santa Rosalía para que realizaran representaciones al gobierno nacional pidiendo que el coronel Mariano Urrea, otro militar de origen presidial, quedara como gobernador del recién creado Estado Interno de Occidente.⁴⁴ En 1832 ya estaba retirado, pues se le designa en la documentación como “capitán retirado”, pero mantenía su fuero militar y ascendiente sobre las fuerzas armadas. Para estos años ya era vecino de Hermosillo.

La trayectoria de estos personajes indica que el conato de pronunciamiento fue promovido por la corriente política de filiación yorkina y un militar que tenía experiencia en “seducir” a los indígenas para involucrarlos en las pugnas políticas de las facciones de notables. De este último hace falta indagar sus posibles conexiones nacionales. El interrogatorio comentado muestra que se presumía una relación con los indígenas, cuando se afirmaba que contaban con treinta y tres pueblos, número asociado a los ópatas; también se observa que no hay una clara relación con las demandas planteadas por la guarnición de Veracruz, más bien pareciera ir dirigido contra al gobierno estatal buscando capitalizar el descontento de los vecinos de la villa de Horcasitas.

La participación indígena se dio a conocer cuando Pedro Campoa, gobernador del pueblo ópata de Nácori, informó el 18 de febrero al alcalde de Mátape que el día de la Candelaria (2 de febrero) había pasado por el pueblo el capitán ópata del pueblo de Chinapa, Juan Güirizo, quien les hizo el “convite” para reunirse el día 20 en pueblo de Álamos.⁴⁵ Al parecer esta reunión se realizó, pues el 24 de febrero se denunció ante el ayuntamiento de Hermosillo que en el pueblo de Álamos se había congregado un número considerable de “ópatas y varios vecinos que acaudilla el teniente o capitán retirado don Juan José Tobar”.⁴⁶ En el mismo tenor, el 29 de febrero el vecino Juan Durazo escribió al comandante general del estado: “haciendo reunión de indios ópatas armados y que habiendo estado en conversación con Tobar, se expresó que su objeto era atacar al gobierno del estado”.⁴⁷

Este intento de sublevación duró unos pocos días, pues el gobierno logró aprehender a José María Vélez Escalante y José Manuel Estrella, así como a varios de los soldados de la milicia local de Hermosillo. Al parecer Juan José Tobar logró pactar su rendición a principios de marzo. En cuanto a los objetivos del levantamiento, el gobierno del estado informó el 19 de febrero al secretario del Despacho de Relaciones Exteriores que “la constitución y autoridades” estatales habían sido “el blanco a donde los proyectadores del desorden han acertado sus tiros”; aunque luego afirmaba que “las actuales circunstancias de la federación, han hecho creer a este gobierno que los acaecimientos de Sonora tendrían su origen de la citada plaza de Veracruz, o serán un ramo del plan porque aquellos son regidos”.⁴⁸

Una vez controlado el pronunciamiento, se instaló el primer Congreso Constitucional del Estado de Sonora el 2 de abril de 1832, y también entró en funciones el nuevo gobernador Manuel Escalante y Arvizu. Tanto el gobernador como la mayoría de los diputados eran vecinos de la jurisdicción de Arizpe, por lo que uno de sus primeros decretos, el número 3, del 13 de abril, trasladó la capital a Arizpe; fue objetado por el exgobernador Leonardo Escalante, quien ahora se desempeñaba como miembro del Consejo de Gobierno, con lo cual expresaba el sentir de la elite hermosillense. A pesar de lo anterior, los supremos poderes del estado fueron trasladados a Arizpe el 25 de mayo de 1832 (Salmerón 1998, 154-157).⁴⁹

Si en el primer levantamiento fueron poco claros sus objetivos, hubo un segundo que se lanzó el 3 de junio de 1832 en Pueblo de Seris,⁵⁰ el cual se ubicaba de lleno en la problemática nacional, pues pretendía “oponer un dique á los males que aquejan a la Patria por el despotismo y tiranía Ministerial” y se adherían “en todas sus partes al glorioso, justo y libre pronunciamiento del Excelentísimo Señor General don Antonio Lopez de Santa Ana”. Este pronunciamiento era lanzado por algunos de los personajes que habían aparecido en el primer levantamiento, como fue el capitán retirado Juan José Tobar; ahora se sumaron Manuel Vélez Escalante (hermano de José María) y Antonio León, algunos de los milicianos ya mencionados, como Tranquilino Mireles y varios vecinos notables de Pueblo de Seris, como los Araiza. De particular importancia es la firma de José Dolores Gutiérrez, “por los treinta y seis pueblos de Ópatas”,⁵¹ que atestiguaría la alianza de esta facción con los indígenas ópatas que venían pugnando por regresar “al gobierno anterior”.

La identidad de la facción política que estaba detrás del pronunciamiento fue denunciada por el soldado José María García Herreros, quien en una proclama dirigida a su compañía apuntó: “Se sabe que en el Pueblo de Seris ha asomado la cabeza la facción del año 28 memorable por los hechos de la Acordada y Parián en la capital de México”, en alusión directa a los yorkinos y terminaba llamando a defender al “actual supremo jefe y su ministerio”.⁵²

El apoyo indígena se materializó en el interrogatorio que hizo el juez de paz de Ures, Gabriel de Estrella, el 3 de junio de 1832, al “ciudadano indígena” Manuel López, del pueblo pima de Santa Rosalía, quien dijo que habían pasado por este lugar 35 indígenas ópatas armados, encabezados por tres capitanes: José el Grande, del pueblo de Álamos; Julián, del pueblo de Sinoquipe; y otro del pueblo de Nácori Grande; que le dijeron que iban a unirse a Banderas y Jusacamea para tomar el puerto de Guaymas, que de regreso atacarían a Hermosillo y que estaban guiados por un “buen militar”, que era Tobar y León, y que contaban con la mayor parte del Tiburón (en referencia a los indígenas seris); lanzaron el “grito de Santana”. Dijeron que “querían vivir como antes”.⁵³

A diferencia del temprano apoyo de los ópatas a Tobar, será hasta este pronunciamiento que se intentó hacer alianza con los yaquis. En un reporte que hizo José María Mendoza, tesorero del estado, al gobernador le comunicó que los pronunciados trataron de “seducir” a Juan María Jusacamea, el rival de Banderas, “más este fiel indio nada le torcio, ni ofertas, ni amagos, ni el ejemplo de algunos militares que olvidados de sus deberes rompieron frágilmente los respetos”.⁵⁴

Lo que no logró Tobar con el anterior lo consiguió con Banderas, con quien empezó a tener correspondencia desde principios de agosto, en la cual se refiere a él como “amigo” y le pide que castigue a los malhechores que seguían haciendo robos y muertes, hasta el grado de reclamarle: “tú me has ofrecido que tú y tus tropas no harán daño a nadie, es preciso que cumplas con tu palabra, que hagas lo que yo te digo”. Le exige que castigue a sus soldados que robaron a Cayetano Henríquez “una yunta de bueyes, una vaca parida, tres vaquillas y tres toros”. Le reclama que ya hicieron la paz y que todavía continúen los robos.⁵⁵ Al hablar de la paz se refiere a que se había amnistiado el 2 de agosto, comprometiéndose a controlar la sublevación de yaquis y mayos,⁵⁶ pues su pronunciamiento no tuvo éxito, a pesar de que fue apoyado por el ayuntamiento de Hermosillo con dinero y armas, y logró extenderse a otros lugares importantes del estado, como Guaymas, Baroyeca, Buenavista y Álamos (Salmerón 1998, 168-170).

El gobernador hizo llegar al Congreso un parecer en el que decía que “empieza a presentarse la revolución en su verdadero punto de vista”, que los “movimientos del día se encaminan todos a la política del Estado”, como la “revocación del decreto de traslación” de la capital de Hermosillo a Arizpe, lo cual parecía ser “el principal fin de los citados movimientos” y que Tobar “obra en ello, quizá sin conocer el todo esos designios. Los autores del proyecto, se aprovecharon tal vez de la ocasión que les presentaba el disgusto y exasperación de ese valiente oficial”.⁵⁷

Mientras Tobar se amnistiaba, el Congreso de Zacatecas dio un nuevo impulso a la lucha contra Bustamante, pues el 10 de julio emitió un decreto desconociéndolo y llamando a Manuel Gómez Pedraza a ocupar la presidencia, como el legítimo ganador de las elecciones de 1828. Cuando se enteró de este decreto, Tobar se volvió a pronunciar, ahora en el puerto de Guaymas, el 19 de agosto de 1832, adhiriéndose a lo proclamado por Zacatecas. Explicó públicamente que había aceptado la amnistía porque con la remoción del ministerio se cumplía con el plan de Santa Anna, pero que las noticias posteriores le hicieron ver que “el señor Bustamante ha seguido las lecciones de Alamán y Facio” y que por eso se unía al decreto del Congreso de Zacatecas y terminaba con la consignas: “Viva la Federación, Viva Pedraza”.⁵⁸

A pesar de que tuvo algunas adhesiones, logrando una fuerza de 300 hombres, rápidamente fue derrotado en el puerto de Guaymas el 25 de agosto. Se le recluyó en una casa particular bajo palabra de honor, pero se fugó a los cuatro días, acompañado por Dolores Gutiérrez y diez ópatas.⁵⁹ La alianza de ópatas y yaquis se observa en la comunicación desde Buenavista, de Dolores Gutiérrez con Banderas de fecha 22 de agosto, en la que le dice: “Amigo mio noy mas que confiar en lo que tenemos dicho. Los oficiales todos retornan a u. sus finas expresiones y lo mismo a toditos los hermanos que cuentan con que todos son unos y amigos nuestro comandante tovar estima u. todos y dice que no creer le hagan ninguna traición si va”.⁶⁰

Este nuevo pronunciamiento de Tobar impidió que el gobierno del estado implementara la campaña contra los yaquis, pues las tropas reunidas para tal objeto se tuvieron que destinar contra los pronunciados. A la par, el gobernador buscó separar a los ópatas del influjo de Tobar, convocándolos a nombrar dos representantes de cada pueblo y reunirse en la capital para que hicieran sus peticiones, lo cual se realizó el 25 de agosto. En esa reunión mayoritariamente pidieron que se les regresaran sus tierras, se les permitiera mantenerse en el “gobierno anterior” y que se les pusiera un capitán general, ya fuera Juan Güirizo, de Chinapa, o Blas Medrano, de Bacerac. Como resultado de esa reunión, el Congreso del Estado emitió la Ley 36, del 31 de agosto de 1832, en la que se estableció que los indígenas ópatas de cada pueblo decidieran si se mantenían en el gobierno actual o el anterior; asimismo que decidieran quién ocuparía el cargo de capitán general y eligieran un gobernador, un síndico y dos vocales para el gobierno de sus pueblos (Medina 2015, 198-199). Esta política negociadora contribuyó a dividir a los ópatas, alejando a algunos pueblos de los partidarios de Tobar, como Dolores Gutiérrez y Juan Güirizo. Tal división se manifestó en la votación para capitán general, la cual ganó Juan Güirizo, pero con tan poca diferencia que fue un liderazgo impugnado.

Al parecer Tobar fue hecho prisionero, como se desprende de una carta que le mandó Dolores Gutiérrez el 10 de septiembre desde el pueblo yaqui de Tórim, en la que le dice “mi estimado compañero mi hermano”, que siente “mucho lo de su pricion”, y le pide razón de “los demás muchachos qe. se q.daron en el Guaymas”.⁶¹ El mismo día 10, desde Buenavista, Tobar se comunicó con Banderas para agradecerle que pregunte por su salud, pues estaba herido de una pierna, y le pidió que mantuviera en paz a los pueblos, que no lo hiciera quedar mal con el gobernador;⁶² posteriormente, el 21, José Otero le informó a Banderas que Tobar se encontraba curándose en la capital de Arizpe, pero que volvería pronto a “darles alivio a ustedes: pues hablo con los que obedecen al gobierno y respetan las leyes”.⁶³ El compromiso de Banderas con Tovar se manifiesta en la carta que le escribió Manuel Ozuna, gobernador del pueblo mayo de Tesia, el 28 de septiembre, en la que le dice que Tobar le pidió indios para fuera del pueblo, pero que no quisieron y los tuvo que castigar (Dedrick 1985, 164-165).

Todavía Tobar logró que el 2 de noviembre la tropa de Arizpe se pronunciara por Manuel Gómez Pedraza como presidente, pero al parecer sólo fue un amago a las autoridades para lograr una amnistía que pactó el día 3, con las siguientes condiciones: se le considere en absoluta libertad junto con los pronunciados; se dará por concluida la causa judicial que se le seguía; se le regresarán 1 200 pesos por la expedición al Yaqui; la comandancia general aceptará sus servicios para pacificar a los yaquis.⁶⁴ Estos compromisos de Tobar en relación con pacificar a los yaquis parecen ser un medio para mantener fuerzas armadas a su mando y tener comunicación con Banderas.

Poco después de la negociación con Tobar, el gobernador Manuel Escalante y Arvizu retomó la campaña contra los yaquis,⁶⁵ pero la situación cambiaría sustancialmente al ser capturados los líderes Juan de la Bandera, Dolores Gutiérrez, Melchor N., Gregorio Paredes, el ópata Lorenzo y 26 indígenas más de su guardia el 6 de diciembre en Soyopa, un pueblo ubicado fuera del territorio yaqui. Tal suceso fue narrado por Ignacio Ortega, comisionado por el gobierno del estado para reunir una milicia de vecinos de su pueblo y partir con rumbo a los pueblos de Tónichi y Soyopa, que se encontraban amenazados por alrededor de 600 yaquis sublevados.⁶⁶

Al parecer los indígenas no llevaban la intención de tomar violentamente los pueblos, pues pidieron permiso para entrar y sus autoridades se lo negaron. Según el informe del mencionado Ortega, entró en conferencia con los “cabecillas” para saber sus intenciones y, a la par, había hecho varios pedidos de auxilio al capitán general de la nación ópata, Juan Güirizo, quien llegó la noche del día 4, pero observó que “la conducta de dicho general no era la que yo me prometía. Sus palabras y sus actos eran igualmente sospechosos. Trataba a Banderas de hermano y usaba con él de miramientos”.⁶⁷

El día 5 se dedicó a conocer los “designios de los sublevados”, los cuales, en sus palabras, eran:

recorrer los pueblos del centro, pasar a Arivechi y Sahuaripa, reclutar gentes para su partido y engrosada así su fuerza venir por Oposura a esta capital, destruir el gobierno, pasarse por el río de Sonora aumentando su ejército, colocarse en Ures, excitar al capitán Juan José Tovar para que se pusiese a la cabeza de esas fuerzas, y que unidas estas a la de tres mil yaquis, que vendrían por Subiate, se atacase Hermosillo y se exterminase la raza llamada blanca.⁶⁸

Es difícil aceptar que le hayan confiado tales planes tan destructivos en una “conferencia”, ya que si eso tuvieran en mente seguramente habrían atacado los pueblos; lo más probable es que pretendieran formar una fuerza y ponerla al servicio de Tobar, para sus pronunciamientos, pero para Ortega –haciéndose eco del discurso oficial– lo harían para exterminar a los blancos.

Siguiendo con el informe de Ortega, señaló que ese mismo día 5 le llegaron auxilios de Ónavas, Sahuaripa y Bacanora y recibió noticias de hallarse una división de “cívicos y auxiliares” sobre Soyopa. A los jefes de éstos les expuso su plan que se reducía a impedir la fuga de los sublevados, pero que en la madrugada del día 6, “sin combinación” con su división, don Leonardo Escalante atacó el campo de los yaquis, sin lograr el triunfo pues sólo contaba con 300 hombres y que si hubiera esperado a los 270 que él traía, podrían haber ganado.

Cuando advirtió “los fuegos” aprehendió a los “enunciados cabecillas”, exceptuando a Dolores Gutiérrez, a quien no trató realmente como prisionero porque el general Güirizo se opuso, diciendo que él “respondía de ese reo”. El día 7 salió con rumbo a la capital, Arizpe, conduciendo a los prisioneros. Advierte en su informe que Güirizo se llevó por su parte a Dolores Gutiérrez y que “no es bueno y sí muy sensible el estado que guarda la nación ópata”.⁶⁹ La aprehensión de Banderas y Gutiérrez sin dar batalla sugiere que no esperaban que sucediera, que confiaban en que sus relaciones con Tobar o Güirizo los mantendría a salvo, pero se equivocaron.

Finalmente todos los detenidos, incluyendo a Gutiérrez, fueron presentados en Arizpe a la comandancia general. De inmediato los ayuntamientos de las cabeceras de partido y otros pueblos enviaron representaciones al gobierno del estado, exigiendo la pena capital para los “cabecillas”.⁷⁰ Por otra parte, se informó de movimientos en el pueblo ópata de Aconchi, en donde en “vísperas de pascua pasó un indio de Chinapa hasta Hermosillo a llamar a don Juan José Tobar de orden de Güirizo, y el día 29 pasó de regreso sin que se halla sabido cosa alguna en orden a la contestación”.⁷¹ Al final el “consejo de guerra de oficiales” sentenció a pena de muerte a Juan Ignacio Cruz de la Bandera y Dolores Gutiérrez, la cual se ejecutó el 7 de enero; asimismo enviaron a presidio, fuera del estado, por diez años, a “siete cómplices” y quedaron pendientes de juzgar 22 indígenas.⁷²

Una de las consecuencias de la captura de los líderes indígenas fue una mayor presión sobre el capitán general ópata Juan Güirizo, pues se empezaron a dar quejas contra él. Así, el 10 de diciembre de 1832, José Procopio Figueroa se dirigió al gobernador del estado en representación del pueblo de Batuc para decirle que “estos indígenas están mal contentos con el general de su nación”, porque además de que divulgó “especies subersivas”, los reprendió públicamente porque habían entrado en la guerra contra los rebeldes, por lo que “recelan traición”; que por lo mismo los indígenas de Soyopa “no quisieron dar favor a los nuestros”, demostrando estar ya “seducidos” por el general.⁷³

También había temor de un nuevo levantamiento, como lo atestiguaba la existencia de rumores en Guaymas, desde donde el gobernador decía que se preparaba “bajo no se que miras”, según su comunicado de 18 de diciembre. Ese mismo día Ignacio Bustamante, vicegobernador, comunicaba al Congreso en Arizpe que se hablaba de pronunciamiento de “diez mil modos”: contra el régimen, contra intereses de vecinos de Arizpe o contra la prisión de Gutiérrez y Banderas.⁷⁴

Tales rumores se hicieron realidad cuando el 24 de febrero de 1833 Juan José Tobar volvió a pronunciarse en Pueblo de Seris; en esta ocasión las demandas fueron totalmente locales.⁷⁵ En primer lugar, seguramente buscando el apoyo de los soldados, pidió la destitución del comandante general Ramón Morales, así como la revisión de su manejo de los “caudales” por una “una junta compuesta de tres oficiales, de cualquier clase con tal que sean natos del Estado”. Esta misma Junta formaría un presupuesto “de los alcances que cada uno tenga desde el año de 1824, hasta el pasado de 1832, y lo elevará al excelentísimo señor presidente de la República” pidiendo se satisfaga a la brevedad, dada “la notoria indigencia de estos fieles servidores por la carencia de sus haberes”.

Otro punto importante del pronunciamiento fue el 6º, dedicado a sus aliados ópatas, pues pedía que se respetara “el nombramiento que los ópatas han hecho para General de sus pueblos, en el indígena de Chinapa Juan Guirizo”, advirtiendo que cualquier acto que pretendiera destituirlo sería considerado injusto y le daría el derecho de hacer uso de la fuerza. Sobre el mismo tema indígena, planteó que el Congreso arreglara “el repartimiento de tierras en todos los pueblos de indígenas del Estado”.

Por otra parte, pretendió obtener el apoyo de los vecinos pudientes de Hermosillo, exigiendo que el gobernador del estado hiciera una consulta de la “opinión de los pueblos” para que se expresaran dónde debía ubicarse la “capital del estado y residencia de los supremos poderes”, con lo cual esperaba que regresara la capital a Hermosillo. Firmaban el pronunciamiento “militares y ciudadanos”, sobresaliendo Antonio León como apoderado de los 36 pueblos ópatas.

Güirizo intentó movilizar apoyo de los pueblos ópatas, para lo cual mandó una circular “en cordillera” a los “gobernadores y capitanes a guerra de los pueblos de Cumpas, Oposura, Guasava, Guachinera, Nacori”. Mandó que atendieran sus órdenes: “estén alerta […] no agan falta a la citada llamada a darles auxilios a señor Dn. Juan José Tovar, porque es un hombre fiel católico christiano, desfiende a la religión católica de su patria y suelo”.⁷⁶ El gobernador indígena de la villa de Moctezuma, Juan Isidro Bojórquez, fue apresado por haber circulado la orden anterior.⁷⁷ Por otra parte, el gobierno del estado intentó separar a Güirizo de Tobar, pagándole 50 pesos de su sueldo vencido como capitán general, para que fuera a auxiliar al comandante general.⁷⁸

El problema principal de este nuevo pronunciamiento fue que no logró el apoyo de los notables de Hermosillo, sino que, al contrario, lo rechazaron y se prepararon para luchar contra él. Así lo manifestó Leonardo Escalante al comandante general el 2 de marzo, cuando le informó que Tobar se había fugado de Pueblo de Seris.⁷⁹ Antes de salir de este lugar Tobar escribió al coronel José María Elías González, felicitándolo por haber sustituido al comandante general, Ramón Morales, y le pidió una entrevista para ponerse de acuerdo. De igual manera envió una carta a su “querido amigo” José Manuel Estrella, solicitándole su “influjo” con el nuevo comandante para “que no lo perjudique”. En estas condiciones Tobar se entregó el 4 de marzo, en Ures, al mencionado Elías González junto con Manuel Vélez Escalante, Francisco Varela e Ignacio Sáenz Rico.⁸⁰

Cuando los vecinos y milicianos de Hermosillo se enteraron de la captura de Tobar, le enviaron al gobernador una representación firmada por una gran cantidad de personas, en la que pedían que fuera juzgado por las autoridades de Hermosillo, un juzgado común. Con ello se abría un debate sobre el fuero militar que ostentaba Tobar, que obligó a la comandancia general a enviarlo a que fuera juzgado en la Ciudad de México, por la “animosidad y predisposición contra este oficial en el Estado”.⁸¹ Éste fue el último pronunciamiento de Tobar y su salida de la política estatal hasta 1838, cuando de nueva cuenta reaparecerá encabezando a yaquis y ópatas en apoyo a Manuel María Gándara en su enfrentamiento con el federalista José Urrea.

Consideraciones finales

Las elites sonorenses heredaron del Estado de Occidente dos problemas de difícil solución: 1) La lucha faccional por hacer prevalecer sus intereses territoriales, la cual se entreveró con la disputa nacional entre las tendencias políticas radicales y conservadoras. 2) El renacimiento de la rebeldía indígena ante las políticas liberales que acababan con el gobierno indígena, sus estructuras militares y su control de las tierras comunales de los pueblos.

Las facciones de las elites en Sonora, enfrentadas entre sí, encontraron liderazgos indígenas dispuestos a realizar alianzas para reforzar su posición. Los hubo de dos tipos: 1) Los que surgieron rompiendo o impugnando la nueva institucionalidad liberal, pero que terminaron aliándose, en mayor o menor medida, con la facción identificada con el espectro político radical. Así, los personajes de filiación yorkina desde el indulto otorgado en 1827 sellaron una alianza con el yaqui Juan Ignacio Jusacamea, la Bandera. También estaría el caso de Juan José Tobar, militar influenciable por la anterior tendencia, quien aprovechó su vieja relación con los ópatas para atraer como aliados a José Dolores Gutiérrez y al capitán general Juan Güirizo. 2) Los que se identificaron con las nuevas instituciones e impugnaron los liderazgos rebeldes, aliándose con la facción más conservadora que controlaba el gobierno estatal, como fue el caso del yaqui Juan María Jusacamea, quien fue utilizado para minar el liderazgo de Banderas.

En 1832 las pugnas entre las elites locales y sus aliados indígenas coincidieron con las nacionales en contra del gabinete de Bustamante. Desgraciadamente para las fuerzas contrarias al vicepresidente, los altibajos del pronunciamiento iniciado en Veracruz no les permitieron tumbar al gobierno estatal. Además, su alianza con los indígenas rebeldes los distanció de la mayoría de las elites locales que los consideraban un peligro para el orden que anhelaban y exigían su castigo. Su debilitamiento fue mayor por la aprehensión y fusilamiento de Banderas y Gutiérrez, de tal manera que su último pronunciamiento en defensa de Güirizo fue un fracaso anunciado.

Las alianzas fraguadas entre elites e indígenas durante estos años no cesarán de utilizarse en los próximos, convirtiéndose en una nueva característica de la política estatal.

Archivos

ages Archivo General del Estado de Sonora

agn Archivo General de la Nación

asma Arizona State Museum Archives

inah Instituto Nacional de Antropología e Historia

Bibliografía

Almada, Francisco R. 2009. Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura.

Dedrick, John M. 1985. Las cartas en yaqui de Juan Bandera. Tlalocan 10: 119-187.

Ducey, Michael T. 2015. Una nación de pueblos. Revueltas y rebeliones en la Huasteca mexicana, 1750-1850. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Fowler, Will (coordinador). 2010. Forceful negotiations. The origins of the pronunciamiento in nineteenth-century Mexico. Lincoln: University of Nebraska Press.

García Becerra, José Antonio. 1996. El Estado de Occidente. Realidad y cisma de Sonora y Sinaloa, 1824-1831. México: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional.

Grageda Bustamante, Aarón Aurelio. 1999. Alteraciones a la tranquilidad pública en Sonora, con motivo de la expulsión de españoles (1827-1831). Tesis de licenciatura en historia, Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora.

Guerra, François-Xavier. 2000. El pronunciamiento en México: prácticas e imaginarios. TRACE (37): 16-26.

Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc. 2003. Las provincias de Sonora y Sinaloa, 1821-1825: el camino hacia el federalismo. En El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), coordinado por Josefina Zoraida Vázquez, 555-582. México: El Colegio de México.

Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc. 1995. Las élites regionales y la formación del estado de Sonora, 1790-1831. Tesis de doctorado en historia, El Colegio de México.

Hu-DeHart, Evelyn. 1984. Yaqui resistance and survival. The struggle for land and autonomy, 1821-1910. Madison: The University of Wisconsin Press.

Los pronunciamientos en Sonora 1821-1846. http://sitios.colson.edu.mx/pronunciamientos/ (10 de diciembre de 2016).

Medina Bustos, José Marcos (compilador y autor del estudio introductorio). 2017. Colección de decretos del Estado Libre de Occidente, 1824-1831. Hermosillo: El Colegio de Sonora y el H. Congreso del Estado de Sonora.

Medina Bustos, José Marcos. 2015. Cambio político y las rebeliones de indígenas ópatas y yaquis (1819-1827). En Violencia interétnica en la frontera norte novohispana y mexicana. Siglos xvii-xix, coordinado por José Marcos Medina Bustos y Esther Padilla Calderón, 157-193. Hermosillo: El Colegio de Sonora, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Baja California, University of North Carolina-Chapel Hill.

Medina Bustos, José Marcos. 2014. Ethnic militias and insurgency in the Arizpe Intendancy. Journal of the Southwest 56 (1): 53-81.

Medina Bustos, José Marcos. 2011. Alejo García Conde y la crisis del imperio español. De la guerra de frontera a la guerra civil, 1808-1822. En Los comandantes realistas y la guerra de independencia, coordinado por Jaime Olveda, 175-217. Guadalajara: El Colegio de Jalisco.

Medina Bustos, José Marcos. 2010. La crisis de la monarquía hispánica en una zona de frontera: la intendencia de Arizpe, 1808-1821. En La independencia en el septentrión de la Nueva España. Provincias Internas e intendencias norteñas, coordinado por Ana Carolina Ibarra, 217-248. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Medina Bustos, José Marcos. 2008. La representación política de Antiguo Régimen y la transición al liberalismo en una zona de frontera. Sonora 1650-1824. Tesis de doctorado en ciencias sociales, El Colegio de Michoacán.

Navarro García, Luis. 1965. Las provincias internas en el siglo xix. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-americanos.

Ortega Noriega, Sergio e Ignacio del Río (coordinadores). 1993. Tres siglos de historia sonorense (1530-1830). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Quijada Hernández, Armando. 1981. Sonora. Génesis de su soberanía. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Rodríguez O., Jaime E. 1992. The origins of the 1832 rebellion. En Patterns of contention in Mexican history, editado por Jaime E. Rodríguez O., 145-162. Wilmington: Scholarly Resources.

Salmerón, Rubén. 1998. El poder y el Estado en Sonora: 1830-1846. Tesis de doctorado en historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.

Vázquez, Josefina Zoraida. 1992. Los pronunciamientos de 1832: aspirantismo político e ideología. En Patterns of contention in Mexican history, editado por Jaime E. Rodríguez O., 163-186. Wilmington: Scholarly Resources.

Vázquez Semadeni, María Eugenia. 2010. La formación de una cultura política republicana. El debate público sobre la masonería. México, 1821-1830. México: unam, El Colegio de Michoacán.

¹ Este trabajo es producto del proyecto financiado por conacyt titulado “‘Los pueblos’ y la representación política en Sonora, 1821-1848”, referencia 178308. Agradezco el apoyo de David Contreras Tánori, Paola Licón Almada y José Manuel Moreno Vega, quienes fungieron como asistentes del proyecto en diferentes momentos.

² Profesor-investigador de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: mmedina@colson.edu.mx

³ Comparto la visión sobre los pronunciamientos planteada por Guerra (2000) y Fowler (2010), como un fenómeno complejo que va más allá de la ambición personal de los jefes militares.

⁴ Los pronunciamientos en Sonora, 1821-1846, http://sitios.colson.edu.mx/pronunciamientos/.

⁵ Estos temas se analizan con profundidad en Ortega 1993.

⁶ En relación con el impacto de la institucionalidad gaditana en Sonora, véanse Hernández 1995 y Medina 2008. Acerca de la crisis monárquica y la insurgencia, véase Medina 2010.

⁷ El tema del asunto de la división del Estado de Occidente ha sido abordado por Quijada 1981, García 1996 y Hernández 2003, entre otros.

⁸ El discurso de las logias en Vázquez 2010, 120.

⁹ Archivo General del Estado de Sonora (ages), Fondo Ejecutivo (fe), tomo 38, expediente 2.

¹⁰ Ídem.

¹¹ Ídem.

¹² Ídem.

¹³ Manuel del Castillo al gobernador del estado Francisco Gagiola [sic]. Suaqui, 20 de abril de 1828 (Fotocopia de documentos originales en posesión del autor. Estos documentos me fueron proporcionados gentilmente por el Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, los cuales tienen una referencia que fue modificada por los directivos del Archivo Histórico del Estado de Sonora. No ha sido posible encontrarlos con la nueva clasificación. En caso de que sea necesario confrontar la documentación por algún lector, estoy en la mejor disposición para facilitar el acceso al documento requerido).

¹⁴ Alcaldes y síndicos de los ocho pueblos de este río al gobernador. Cocori [sic], 28 de mayo de 1828. ages, fe, tomo 17, expediente 2, documento 012442.

¹⁵ Tales fueron los decretos 101, del 6 de febrero (Medina 2017, 238), y el 137, del 27 de agosto (ibíd., 254), ambos de 1829.

¹⁶ El gobernador José María Gaxiola a Juan Ignacio. Hermosillo, 30 de julio de 1829 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

¹⁷ Juan José Encinas, alcalde del Ayuntamiento de Buenavista al alcalde de Torim. Buenavista, 20 de enero de 1830 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

¹⁸ Arizona State Museum Archives (asma). Edward H. & Rosamond B. Spicer Papers, caja 89, fólder 259.

¹⁹ José Manuel de Estrella a Juan Ignacio Jusacamea. Álamos, 20 de febrero de 1830 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

²⁰ El gobernador José María Gaxiola a Juan Ignacio Cruz de la Bandera. Álamos, 21 de febrero de 1830 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

²¹ José Otero a Juan Ignacio C. de la Bandera. Buenavista, 26 de febrero de 1830 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

²² Juan M. Riesgo a José María Madrid. Guaymas, 22 de junio de 1830 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

²³ Juan M. Riesgo a José María Madrid. Guaymas, 8 de julio de 1830 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

²⁴ asma, caja 89, fólder 259.

²⁵ Salbador Molina a José Santos Terminel. Cocori, 28 de febrero de 1831 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

²⁶ Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), Microfilms Colección Sonora, rollo 14, parte 1.

²⁷ ages, fe, tomo 65, expediente 3, documentos 040473-040474. Manuel Escalante y Arvizu al gobernador. Arizpe, 24 de febrero de 1830.

²⁸ Ibíd., documentos 040480, 040488, 040489, 040490, 040492, 040493, 040495.

²⁹ ages, Fondo Congreso (fc), caja 1, tomo 1, año 1830. El comandante de Arizpe al congreso del estado de Occidente. Álamos, a 26 de noviembre de 1830.

³⁰ Este matiz en el cambio de política hacia los indígenas de parte de las elites del Estado de Sonora no es apreciado en su justa dimensión por Salmerón, para quien esta legislación continuaba en la misma línea homogeneizadora del Estado de Occidente. Por ejemplo, no percibe que las “milicias cívicas” de la Ley 16 eran las milicias indígenas que la Ley 88 había pretendido abolir (Salmerón 1998, 142-143).

³¹ inah, Microfilms Colección Sonora, rollo 14, parte 1.

³² asma, caja 89, fólder 259.

³³ inah, Microfilms Colección Sonora, rollo 14, parte 1.

³⁴ Ídem.

³⁵ inah, Microfilms Colección Sonora, rollo 14, parte 3.

³⁶ Ídem.

³⁷ José Otero al señor general Cuchacame y amigo Juan Banderas. Buenavista, 7 de abril de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

³⁸ ages, fe, tomo 65, expediente 9, folio 040547.

³⁹ Ibíd., folio 040574.

⁴⁰ Ibíd., folio 040565.

⁴¹ Ibíd., folio 040567 vuelta.

⁴² Ibíd., folio 040568.

⁴³ Archivo General de la Nación (agn), Provincias Internas, volumen 206, foja 542.

⁴⁴ agn, Fondo Gobernación (fg) sin sección, expediente 74, caja 28, ff.4r-9r.

⁴⁵ Ibíd., 040565.

⁴⁶ Ibíd., 040620.

⁴⁷ Ibíd., 040642.

⁴⁸ Ibíd., 040605.

⁴⁹ Salmerón (1998, 157) considera que la prisa con que se tomaron estos acuerdos obedecía a que “unos tres meses antes del 25 de mayo había estallado un pronunciamiento cerca de Hermosillo (en el Pueblo de Seris) con el encubierto propósito de impedir que se trasladara la capital a la frontera”. Sin embargo, no ofrece información acerca de este pronunciamiento y es probable que lo confunda con el de 24 de febrero de 1833, porque lo que hemos aportado sobre el conato de pronunciamiento de febrero de 1832 demuestra que no se originó en Pueblo de Seris y que no planteó el tema de la capital. En cambio el de 1833 se dio en Pueblo de Seris y sí planteó el asunto de la capital, como se verá más adelante en este capítulo.

⁵⁰ Pueblo de Seris fue el nombre de un poblado que originalmente había sido una misión franciscana para los indígenas seris, ubicado en la banda sur del río Sonora, en tanto que en la banda norte se había establecido la villa y presidio del Pitic, que en 1828 adquirió el nombre de ciudad de Hermosillo. En Pueblo de Seris algunas familias de notables adquirieron tierras para la agricultura y, a pesar de la cercanía con Hermosillo, mantuvo fisonomía propia, con su parroquia, juez de paz, en ocasiones ayuntamiento.

⁵¹ agn, fg, 1832, s/c, caja 15, 4.

⁵² ages, fe, tomo 65, expediente 13, folio 046792. Buenavista, 17 de junio de 1832.

⁵³ ages, fe, tomo 65, expediente 11, folio 040680.

⁵⁴ ages, fe, tomo 65, expediente 11, folio 04603. Arizpe, 10 de julio de 1832.

⁵⁵ Juan José Tobar a Juan Ignacio Cruz de la Bandera. Buenavista, 12 de agosto de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁵⁶ ages, fe, tomo 65, expediente 12, folio 040773.

⁵⁷ ages, fe, tomo 65, expediente 11, folio 040704. Salmerón considera que los pronunciamientos de Tobar tuvieron como objetivo el traslado de la capital a Hermosillo, por lo que su explicación de los mismos es de la lucha entre las elites de este lugar y las de Arizpe. Sin embargo, es importante tener claro que sólo los Vélez Escalante y los Araiza lo apoyaron, en tanto que el resto de la elite hermosillense (por ejemplo los Monteverde, Rodríguez, Velasco, entre otros) en ningún momento aparecen apoyando a Tobar, incluso, en el pronunciamiento del 24 de febrero de 1833, cuando se planteó explícitamente el tema de la capital, lo combatieron y firmaron pidiendo su castigo. En este trabajo se considera el asunto de la ubicación de la capital como uno entre varios, dándole más peso a la acción de las facciones políticas que respondían tanto a aspectos nacionales como locales.

⁵⁸ ages, fe, tomo 65, expediente 13, folios 040789-040790.

⁵⁹ ages, fe, tomo 65, expediente 12, folio 040783.

⁶⁰ Dolores Gutiérrez a Juan Ignacio Cruz de la Bandera. Buenavista, 22 de agosto de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁶¹ Dolores Butierrez [sic] a Juan José Tobar. Torim, 10 de septiembre de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁶² Juan José Tobar a Juan Cruz de la Bandera. Buenavista, 10 de septiembre de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁶³ José Otero a Juan Bandera. Buenavista, 21 de septiembre de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁶⁴ ages, fe, tomo 65, expediente 14, folio 40855.

⁶⁵ asma, caja 89, fólder 259.

⁶⁶ Informe de José Ignacio Ortega al gobernador del estado. Arizpe, 14 de diciembre de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁶⁷ Ídem.

⁶⁸ Ídem.

⁶⁹ Ídem.

⁷⁰ asma, caja 89, fólder 259.

⁷¹ ages, tomo 55, expediente 4, folio 034875.

⁷² asma, caja 89, fólder 259. El comandante Ramón Morales al oficial mayor del Despacho de Guerra y Marina, Arizpe, 9 de enero de 1833.

⁷³ José Procopio Figueroa al gobernador del estado. Batuco, 10 de diciembre de 1832 (fotocopia de documentos originales en posesión del autor).

⁷⁴ ages, fe, tomo 65, expediente 14, folios 040879-040880 y 040875-040877.

⁷⁵ agn, fg, sin sección, caja 167, expediente 16-1.

⁷⁶ ages, fe, tomo 55, expediente 4, folio 034915.

⁷⁷ ages, fe, tomo 65, expediente 16, folio 040958.

⁷⁸ ages, fe, tomo 65, expediente 15, folio 040913.

⁷⁹ ages, fe, tomo 65, expediente 16, folio 040930.

⁸⁰ Ibíd., folios 040929, 040931, 040928.

⁸¹ Ibíd., folios 040946-040950, 040964.

En el desorden social y político, un esbozo constitucionalista para el Partido Norte de la Baja California en 1857¹

Mario Alberto Magaña Mancillas²

En este ensayo se analiza y presenta en extenso el documento “Organización administrativa del Partido Norte de la Baja California”, realizado por José Castro en 1857, y quien fuera subjefe político del Partido Norte.³ Este manuscrito es clave para comprender la situación regional que permita elaborar una nueva interpretación historiográfica en este ámbito, ya que muestra un intento por crear orden e institucionalidad jurídica en una época significativa en la construcción del proyecto nacional en México, que, como se verá, no fue el primero, pero también revela que las circunstancias de una lejanía extrema de las áreas centralistas de la toma de decisiones siempre llevó a las llamadas regiones periféricas, así vistas desde los centros, a buscar resolver y normar su vida política. Es así que este texto busca aportar ideas para futuros proyectos de investigación histórica desde una perspectiva regional, es decir, desde la comprensión de las sociedades regionales, desde su propio devenir histórico, demográfico y sociocultural, desde las regiones mismas.

Siempre tomando en cuenta que la región no está dada, en cuanto a la dimensión espacial e histórica, sino que es una hipótesis de trabajo por demostrar, por tanto se parte de una aproximación con base en el conocimiento inicial, y se va modificando y adaptando según avanza la investigación histórica hasta poder postular una región histórica o socio-cultural (como categoría analítica) que sea funcional a las interacciones socioculturales y políticas de las sociedades que la habitan-pueblan-tatúan (es decir, un constructo sociocultural de un grupo históricamente determinado), que a su vez es manejada como una hipótesis de trabajo, en otro nivel de análisis y de investigación. En este sentido, el objetivo de la historia regional sería comprender a los grupos socioculturales que habitan-pueblan un espacio que lo hacen suyo como territorio identitario, en un momento histórico específico, pero sin olvidar que esos grupos en un espacio y en un tiempo no están solos, ni aislados, tienen contactos con otros grupos en otros territorios, todos en un momento histórico. Es por ello que se espera que esta aportación apoye esa perspectiva.

La situación político-institucional regional

De forma muy breve se puede sintetizar lo que ocurrió en la región septentrional, denominada Frontera o Fronteras (véase mapa anexo), del Partido Norte de la Baja California después de la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, hasta la muerte de José Castro, en 1860: la sociedad regional del Partido Norte de la Baja California se sumió en un caos con crisis demográfica y económica debido al duro golpe a la economía regional y de la inseguridad pública provocada por las incursiones estadounidenses entre 1846 y 1850; los conflictos entre las autoridades de facto y de derecho de la Colonia militar de la Frontera (1850-1852); la crisis filibustera de William Walter (1853-1854); la nueva lucha por el poder contra Antonio María Meléndrez (1854-1855) (Valadés 1974, 48), y la administración de José Castro (1856-1860). Los rancheros frontereños y sus familias fueron los más afectados, al punto que, en diversas ocasiones, emigraron para refugiarse en el área del pueblo de San Diego, entonces bajo la protección de la comandancia militar estadounidense acuartelada ahí (Magaña 2014, 109-138).

Todo parece indicar que a la salida de Walker y los remanentes de su fuerza filibustera de la región, en mayo de 1854, fue Meléndrez quien quedó al mando del Partido Norte de la Baja California, según la información en español que se publicó en algunos periódicos de la California estadounidense, por ejemplo, “el 2 [de mayo], se reunió el pueblo en La Grulla para darse autoridades que no había en el partido; y como era de esperar reuniera la opinión el señor Meléndrez, tanto por los esfuerzos patrióticos que a la vez hacía, como por preceder ser el encargado por el señor Negrete, la junta popular acordó nombrarlo provisionalmente subjefe y comandante redactando una acta”.⁴

Por su parte, Francisco del Castillo Negrete, antiguo capitán de la Colonia militar y subjefe político, se rehusaba a abandonar el pueblo de San Diego, California, incluso cuando se le solicitaba su regreso,⁵ y en julio de 1854 escribió:

Cual será peor, que más de [José Antonio] Chávez⁶ o Meléndrez. Yo no quiero mandar en ese país sin tropa y sin dinero. Dejarlos. Uno u otro se ha de destruir o ha de ceder; y luego el otro se destruye solo. No tienen cabeza, no hay recursos en el país, no están bien queridos; necesitan vivir a costa de otros: no les han de querer dar, lo han de tomar a la fuerza; se disgusta el vecindario y caen. Aquel es un país que no sabe o no quiere sostener a su autoridad legal. De lo contrario, los buenos darían de sus recursos para mantener una fuerza con que apoyar aquella.⁷

Así, Meléndrez ejerció de facto la autoridad regional entre mayo de 1854 y junio de 1855. Su prioridad fue realizar varias campañas en contra de los indígenas de la zona, sin que quedara claro el motivo de ellas. En el México del siglo xix, todas las regiones donde la autoridad se debilitó o desapareció los grupos indígenas recuperaron o intentaron recobrar parte de su poder político y demostraron su capacidad para realizar actos considerados como delitos por la “gente de razón”. El Partido Norte de la Baja California no fue la excepción. El ganado vacuno y caballar se había convertido en parte de la dieta indígena desde el siglo xviii, y ante la falta de quien cuidara los animales o bajo el pretexto del permiso concedido por el propio Meléndrez para atacar el ganado de los filibusteros, los nativos se apropiaron de algunas cabezas, lo que echó por tierra el frágil equilibrio entre grupos indígenas, los rancheros y las autoridades de facto de la región (Walther 1988, 71-73).⁸

Por otra parte, la situación de inestabilidad provocada por la excursión de los filibusteros y la poca continuidad de los gobiernos locales también había propiciado la entrada de múltiples bandoleros (tanto estadounidenses como mexicanos) que se dedicaron a asolar la zona ranchera del Partido Norte, principalmente en las áreas costeras hacia el océano Pacífico. En parte protegidos por la circunstancia de la cercanía de la línea divisoria mexicano-estadounidense que impedían a las autoridades en San Diego y a las del Partido Norte perseguirlos de manera conjunta o más allá de la frontera, en cada caso, pero también aprovechando el desorden regional en el Partido Norte, y la escasa fuerza de respuesta de las autoridades formales o de facto, siempre a expensas de lo que pudieran aportar los rancheros regionales.

Fue así como Meléndrez emitió un bando a inicios de 1855 para controlar el problema de la inseguridad en la región, infestada por delincuentes “que a menudo se han introducido en esta [la región de la] Frontera, procedentes de la Alta California, estado de la Unión Americana, y en la necesidad de conservar la paz y la tranquilidad pública, así como la seguridad de la propiedad y personas de este vecindario también amenazados por los mismos asesinos”.⁹ El punto tercero del bando muestra el nivel de descomposición socioeconómica en la región, porque establece que “todos los dueños de ranchos del tránsito, como jueces auxiliares, quedan facultados para arrestar o aprisionar a los criminales que se introduzcan, cuando tenga noticia de ello; y verificado que sea, dará cuenta a esta comandancia para la resolución que sea conveniente”.¹⁰ El bando lo firmó Meléndrez como comandante militar de la Frontera del norte de la Baja California, y se dio “sobre el campo de vigilancia cerca de la línea limítrofe en el Rancho de la Ti Juana”.¹¹ Es decir, al pie de la línea divisoria binacional.

Antonio María Meléndrez, hijo de un antiguo soldado misional (don Guadalupe Meléndrez) y luego ranchero de la región, gobernó de manera temporal hasta el mes de junio de 1855, cuando después de un extraño y muy confuso juicio fue fusilado por supuestas órdenes de José María Blancarte (Walther 1988, 77-95). Según Valadés, muchas personas percibieron desde el sur peninsular que se orquestaba una acción contra Meléndrez. Este autor señala que personajes como Félix Gilbert y Modesto Arriola trataron “de prevenir a Meléndrez de lo que se intentaba en su contra, pero no hallaron medio alguno de hacerlo, a causa de la incomunicación con la [región de la] Frontera” (Valadés 1974, 49).

El 26 de junio de 1855 arribó el teniente José Pujol y se encargó de la administración político-militar del Partido Norte de la Baja California, como autoridad formal, al mismo tiempo que procesó a Meléndrez, quien fue sentenciado a muerte (Walther 1988, 85). Pujol estuvo al mando de la región de manera provisional, ya que el coronel José María Oñate había sido nombrado subjefe político por el gobierno nacional y llegó después de las acciones de Pujol. Oñate realizó la travesía por barco por el golfo de California y desembarcó en la playa de San Felipe y de ahí se trasladó por tierra hasta el pueblo de San Vicente (véase figura 1). Por su parte, Pujol, con menos hombres, había realizado la travesía por tierra de sur a norte, tal vez siguiendo las antiguas rutas coloniales (Valadés 1974, 48-49).¹² Sin embargo, a los ocho meses Oñate dejó la región, el 16 de febrero de 1856, y es muy probable que por el puerto de San Diego (Alric 1995, 69).

Figura 1. Mapa de la región septentrional del Partido Norte de la Baja California hacia 1860

Fuente: elaboración propia con base en Moreno 1987, 36-38.

Debido a los cambios en la jefatura política de la Baja California (con sede en La Paz), el nuevo titular, José María Gómez, nombró subjefe político del Partido Norte al capitán Francisco de Paula Ferrer, en sustitución de Oñate (Valadés 1974, 54). Este funcionario había sido hasta entonces el titular de la capitanía del puerto de La Paz. Sin embargo, duró muy poco en el nuevo puesto, ya que por la pobreza extrema de la zona y de sus habitantes, la falta de apoyos y la anárquica situación sociopolítica, pronto abandonó también el Partido Norte, encaminándose hacia la California estadounidense (ídem), pero informó:

Hoy no se encuentra en [en el pueblo de] Santo Tomás nada absolutamente que vender, y unas familias con otras cambian lo que más falta les hace para alimentarse. Muchos días me veo precisado a darles un poco de azúcar, arroz, carne que sólo la tropa come, de sargento abajo, porque me convenzo por mi vista, de la suma miseria que tienen, y esto lo acreditaría con multitud de súplicas y pedidos por escrito que tengo en mi poder, siéndome muy sensible no atender, como deseara, a tantas necesidades; el rancho de la tropa es escaso, y la mayor parte del tiempo carece de algunos artículos (citado en Valadés 1974, 57).

Por su parte, el sacerdote Henry Alric,¹³ quien llegó más o menos en la misma época que el capitán Ferrer, describió el 1 de marzo de 1856 al pueblo de Santo Tomás de la siguiente manera: “No había más de 22 casas todas mal construidas: unas cubiertas de bejuco, otras de maleza, y éstas recubiertas de una fuerte capa de barro para preservarlas de los calores. […] Las puertas, los vidrios y los postigos brillaban por su ausencia; pero estaban sustituidos por pieles de animales o por biombos de ramas verdes de árbol” (Alric 1995, 72). A Francisco de Paula Ferrer, quien había sustituido a Oñate, quien a su vez había sustituido a Pujol, que ejercía de facto, fue reemplazado por el coronel José Castro, un antiguo altacaliforniano, en agosto de 1856. Es decir, desde la elección por “junta popular” de Meléndrez el 8 de julio de 1854 hasta la llegada de José Castro hubo cuatro titulares de la autoridad en el Partido Norte de la Baja California en dos años. Pero si tomamos desde el establecimiento de la Colonia militar a finales de 1849, en seis años hubo ocho autoridades incluyendo a William Walker.

El gobierno regional del coronel José Castro

Es de destacar que entre 1849 y 1860 el Partido Norte de la Baja California tuvo dos autoridades que procedían de la antigua Alta California novohispana: Manuel Castro y José Castro, al parecer parientes (en una carta José le dice “primo” a Manuel y en otra le dice “querido hermano”).¹⁴ Manuel fue capitán de la Colonia militar de la Frontera entre 1849 y 1852, mientras que José, subjefe político entre agosto de 1856 y abril de 1860. Ambos participaron en la defensa de la Alta California durante la invasión estadounidense en 1846. Por su parte, José Castro fue descrito en 1844 “con un cuerpo delgado, rostro oscuro y bigotes negros, nariz puntiaguda, las mejillas flácidas, ojos inquietos y manos y corazón tan desagradables que... requieren una capa española... para cubrirlos” (Pitt 1998, 17). Nació en Monterrey en 1808, según la información obtenida por medio de Early California Population Project.¹⁵

En 1845, José Castro era el comandante militar de la Alta California¹⁶ y después de varios enfrentamientos con las tropas estadounidenses en 1846 (durante la guerra de Estados Unidos contra México) abandonó la región, llegando a Guaymas. Algunos autores señalan que José Castro acompañó a Pío Pico y José Matías Moreno, quienes el 10 de agosto de 1846 salieron del pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles e iniciaron su huida hacia el sur por la península, llegando al puerto de Mulegé el 22 de octubre; realizaron la travesía en seis semanas y después Castro siguió hacia Sonora (Magaña 2009, 136).

Al parecer, después del Tratado de Guadalupe-Hidalgo (1848), José Castro regresó a la Alta California, pero según Leonard Pitt, “se encontró con los yankees tan enojados con él que por prudencia se puso el traje de ranchero y vivió tranquilamente en San Juan Bautista y Monterrey. [Pero] en 1856, a la edad de 46 años, el viejo deseo del servicio público se apoderó de él y se fue a Baja California para ocupar el puesto de subjefe político y comandante” (Pitt 1998, 138). En cuanto al gobierno de José Castro en el Partido Norte, quien “al igual que sus antecesores, gobernaría la Frontera con bastante independencia”, según María Eugenia Altable (1999, 42), el padre Alric relató que

en 1857, cuando el coronel Castro, que, como su predecesor, carecía de todo, me obligó a proporcionarle víveres para su tropa; tomó por valor de dos mil piastras, o sea diez mil francos, que nunca ha pagado. Aquel préstamo forzoso en especies me puso en apuros y me desalentó. Salí del territorio, bien decidido a no volver nunca, si no fuera para rematar lo que me pertenecía. Por consiguiente, habiendo dejado la [región de la] Frontera de la Baja California, acepté la plaza de capellán militar en el Fuerte Yuma, en los Estados Unidos de América, donde permanecí durante ocho meses (Alric 1995, 75).

Por su parte, Adrián Valadés señaló que durante los tres años que Castro ocupó el puesto “gobernó el Partido del Norte de una manera desordenada. Se rodeó de gente perdida, tanto de la Alta California como de la península, y cometió toda clase de abusos, sin que el gobierno general ni el del territorio hubieran podido impedirlos, debido a las circunstancias porque atravesaba la nación” (Valadés 1974, 99). Sin embargo, éste es un discurso valorativo que también se aplicó anteriormente a las administraciones locales de personajes como Francisco X. Gastélum, Manuel Castro y José Antonio Chávez, entre otros (Magaña 2010, 371 y 417-429). Más bien la indiferencia de los gobiernos peninsular y nacional fue la causante de la inestabilidad en los gobiernos locales del Partido Norte de la Baja California durante la segunda mitad del siglo xix.

Según los cronistas regionales, durante su administración José Castro se ausentaba de forma constante del Partido Norte de la Baja California, posiblemente hacia la antigua Alta California, ya que, como le sucedió a Manuel Castro, sus intereses y patrimonio familiar se encontraba en la zona de Monterrey, en el norte del entonces estado de California, Estados Unidos, donde se le había concedido en 1839 el rancho “San Justo”, en el distrito de Monterrey, con una extensión de 7 022.44 hectáreas (Ortega 2001, 363). Durante estas ausencias el mando recaía en Feliciano Ruiz de Esparza (Valadés 1974, 99), el cual era su secretario, en un inicio, pero terminó controlando el mando militar del Partido Norte. Castro regresó el 14 de enero de 1860 del que se convirtió en su último viaje fuera de la jurisdicción a su cargo y de inmediato tomó “posesión de la subprefectura que había confiado interinamente a Esparza; pero éste se negó a entregarle el mando militar y fue [Esparza] a residir a Santo Domingo con su tropa” (Alric 1995, 101).

El 5 de abril de 1860 José Castro fue asesinado en circunstancias poco claras, de modo que el gobierno del Partido Norte se quedó sin subjefe político. No obstante, como señaló el padre Alric: “La autoridad civil pasó inmediatamente a las manos de Esparza, que se había reservado ya el mando militar y sólo a regañadientes había entregado el civil. Convocó a los habitantes de [la región de] la Frontera a la casa de la comandancia que estaba en El Sauzal, a fin de proceder, el 20 del mismo mes, a la elección de un gobernante provisional” (ibíd., 101). Fue elegido el propio Esparza,¹⁷ y desde ese momento comenzó una lucha feroz por el mando regional entre las autoridades de origen externo y los rancheros de la región de la Frontera, en el Partido Norte, como ya había sucedido en el periodo 1852-1853.

José Matías Moreno, al ver declinar su influencia frente a la de José Castro y Feliciano Ruiz de Esparza, entre fines de 1860 y principios de 1861 decidió buscar ayuda en el gobierno peninsular, bajo el argumento de que Castro y Esparza, en sus momentos, pretendían separar el norte de la Baja California de la república mexicana y adherirla a la California estadounidense. Pero uno de los motivos fundamentales de su decisión fue la lucha por la apropiación de los terrenos que pudieran ser ofrecidos a colonos y especuladores en la región y que Castro y en parte Esparza estaban distribuyendo (Magaña 2009, 147-150). Así, Moreno logró imponerse por la fuerza con un numeroso contingente traído desde Sinaloa (Alric 1995, 120-121), expulsando a Esparza.

Esta lucha por el control de las adjudicaciones de tierras estaba enmarcada en un proceso nacional, ya que entre 1850 y 1861 se dieron algunas disposiciones, por parte de las autoridades mexicanas, sobre la tenencia de la tierra, que al parecer poco pesaron en el norte de la Baja California, inmerso en su propia dinámica sociopolítica (Magaña 2009, 119-156). La primera reglamentación que tuvo un impacto real en la región fue la expedida por Ignacio Comonfort y se denominó “Decreto que las ventas o enajenaciones de las islas o terrenos baldíos de la Baja California que se hubieren hecho desde 1821 hasta el presente son nulas mientras no obtengan la ratificación del supremo gobierno”, mejor conocida como la Ley del 10 de marzo de 1857, que motivó la revisión general y detallada de la situación de la tenencia de la tierra en la Baja California, a finales de ese mismo año, lo que dio lugar a la realización del memorial de Urbano Ulises Lassépas (1995). Por su parte, el 14 de marzo de 1861, Benito Juárez ratificó lo dispuesto por Comonfort al emitir el “Decreto que considera nulas todas las enajenaciones realizadas por cualquier autoridad sin el consentimiento del gobierno general”.¹⁸ Estos decretos son evidencia de una mayor presencia del gobierno nacional en el norte de la Baja California, que se reforzó con el apoyo militar a José Matías Moreno y su posesión como subjefe político en esta región en 1861.

¿Institucionalización jurídica?

Como se puede apreciar en el resumen histórico de los principales acontecimientos políticos en el Partido Norte de la Baja California, entre 1846 y 1860, hubo una continua situación de caos, crisis social, económica e incluso demográfica (Magaña 2015, 38-52). Sin embargo, existieron serios intentos por mantener y establecer una vida pública ordenada, en la medida de las posibilidades de las autoridades locales, que lo manifiestan las disposiciones emitidas de manera local por Agustín Mancilla en el “Bando de policía” en 1845,¹⁹ o las del capitán Manuel Castro, quien señaló en 1850:

Los ramos de administración pública se hallan en los pueblos de esta Frontera en una completa desorganización. Las disposiciones del supremo gobierno y las del particular del Territorio si bien se reciben jamás se sabe se les de publicidad y menos el debido cumplimiento. […] Ninguno de los funcionarios es debidamente respetado, pero ni tampoco ellos conocen autoridad alguna que las excite siquiera al cumplimiento de sus deberes. Los habitantes de esta Frontera han vivido casi siempre en el mayor abandono […].²⁰

Así, con esa misma intención de poner orden público a la región septentrional de la península, José Castro emitió en 1857 la “Organización administrativa del Partido Norte de la Baja California”.²¹ Además de los artículos que buscaban mantener la organización de la jurisdicción y que desde ese año ordenaban que los principales puestos fueran elegidos por votación de los vecinos, destaca en esta reglamentación la suerte de exposición de motivos con que se inicia el documento, en que este funcionario exponía:

Observad ahora que en el aislamiento en que os halláis a tanta distancia de la superioridad del Territorio, vecinos a un estado extranjero, diseminada vuestra corta población a distancias considerables y por mil circunstancias que no ignoráis; estáis muy expuestos a los abusos y arbitrariedades de vuestras primeras autoridades, no menos que al más espantoso desorden y anarquía. Este peligro no es un ensueño, o una simple previsión mía que pudiera fallar, sino una terrible verdad en que os ha aleccionado la experiencia más de una vez; y no reconocerla sería por cierto la mayor desgracia para vosotros. Lejos de eso debéis prevenirla y nunca más oportuna para el efecto que ahora que vais a comenzar el ejercicio de vuestra soberanía, ahora qué vais a constituir vuestras autoridades.²²

Además, esta “Organización administrativa” se debe enmarcar en el proceso nacional de creación, promulgación y oposición a la denominada Constitución de 1857, pero que oficialmente fue titulada “Constitución Política de la República Mexicana”, jurada y firmada el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Ésta fue producto del trabajo de un Congreso Constituyente que se había instalado el 14 de febrero de 1856, con base en las propuestas del Plan de Ayutla (1º de marzo de 1854) y del Plan de Acapulco (11 de marzo de 1854). El texto constitucional fue promulgado por Ignacio Comonfort el 12 de febrero y se publicó en bando solemne el 11 de marzo de 1857 (Rabasa 1994, 61-62, 64 y 77).

Por ello se empezó a conocer en el país ese mismo año, por ejemplo, en Sinaloa, “el Ejecutivo [Pomposo Verdugo] tuvo que pedir licencia temporal, solicitándole al doctor Miguel Ramírez se hiciese cargo del gobierno; tocándole a éste promulgar la nueva Carta Magna el 19 de abril de 1857” (Carrillo 2000, 39).

En el caso de Castro, es obvio que conocía la Constitución de 1857, ya que cita, aunque no de manera textual, el artículo primero en su “Organización administrativa”, además de que el que denominamos esbozo constitucionalista se dio a conocer hasta el 21 de diciembre de 1857. Es muy posible que obtuviera una copia desde Sinaloa, vía La Paz, por alguno de los múltiples barcos que intercambiaban mercancías, personas y noticias entre Mazatlán, La Paz, Monterrey, Santa Bárbara y San Diego.

Además, existe evidencia documental que muestra que el conocimiento de la Constitución de 1857 estaba presente en los principales líderes locales. Por ejemplo, en una carta de Juan Mendoza al propio José Castro, escrita en San Diego el 2 de febrero de 1860, el primero le decía:

“Señor, el señor Esparza decía que defendía la autoridad de usted y la Constitución del 57, esta ley el que la proclama la debe ejecutar. El señor Esparza la ha barrenado por medio, esta dice que las propiedades son inviolables,²³ dice otro artículo que en delitos políticos no hay pena de muerte,²⁴ pero no hay ley sino represalia, capricho y nada más” (Burton-Carvajal 2008, p. 111).

Reflexiones finales

Así, al entrar el Territorio de la Baja California (incluido el Partido Norte) bajo la influencia, la mayor presencia y el control de la administración nacional mexicana, se fueron perdiendo la autonomía local y regional que se habían logrado disfrutar y de cierta manera construir entre 1821 y 1861. En general, con escasos meses de diferencia, en toda la sociedad peninsular tanto del sur como del norte, “la falta de consenso socavaría los cimientos de la autonomía y el gobierno general retomaría su capacidad de intervención en el Territorio, como parte de una política general tendiente a controlar la toma de decisiones desde el aparato ejecutivo nacional” (Altable 1999, 59). Además, desde fines del siglo xix se fueron olvidando las experiencias normativas surgidas desde las autoridades locales y regionales, mediante personajes vinculados a las luchas por la sobrevivencia en el noroeste del periodo colonial tardío y de la resistencia a las invasiones estadounidenses y filibusteras de mediados del siglo xix.

Sin embargo, la propia existencia de un documento como “Organización administrativa del Partido Norte de la Baja California”, elaborado en una de las regiones periféricas del naciente Estado-nación liberal mexicano, al mismo tiempo que la denominada Constitución de 1857, creo que amerita por lo menos una revisión de este periodo histórico desde una perspectiva de historia regional, entendida como “un método ejercitado desde dentro de las estructuras que se analizan, partiendo fenomenológicamente de los hechos que producen el contenido histórico regional. ‘Desde dentro’, porque la estructura de lo regional aporta desde sí misma los elementos que permiten construir su conocimiento” (Vivanco 2006, 69).

Archivos

ad-iih Acervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas, uabc

am-iih Acervo de Microfilmes del Instituto de Investigaciones Históricas, uabc

ahplm Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”, rc: República Centralista

bl Bancroft Library, hs: Hayes Scrapbooks, cb: compilaciones
de documentos donados en grupo

hl Huntington Library, ecpp: Early California Population Project

hlc Helen Long Collection

sdpl San Diego Public Library, sdh: San Diego Herald

Bibliografía

Alric, Henry J. A. 1995. Apuntes de un viaje por los dos océanos, el interior de América y de una guerra civil en el norte de la Baja California. Mexicali: Secretaría de Educación Pública, Universidad Autónoma de Baja California.

Altable, María Eugenia. 1999. De la autonomía regional a la centralización en el Estado mexicano. Baja California, 1859-1880. La Paz: Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Burton-Carvajal, Julianne. 2008. Commander José Castro in the two Californias. Including his final correspondence, 1856-1860. Monterey: Monterey History & Art Association.

Carrillo Rojas, Arturo. 2000. Conflictos por el poder. Sinaloa de 1831 a 1880. Culiacán: foeca, difocur.

Dublán, Manuel y José María Lozano. 1877. Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, edición oficial, tomo viii. México: s. e.

García Flores, Raúl. 2008. Ser ranchero, católico y fronterizo. La construcción de identidades en el sur de Nuevo León durante la primera mitad del siglo xix. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Lassépas, Ulises Urbano. 1995. Historia de la colonización de la Baja California y decreto del 10 de marzo de 1857. México: Secretaría de Educación Pública, Universidad Autónoma de Baja California.

Magaña Mancillas, Mario Alberto. 2015. Población y nomadismo en el área central de las Californias. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California.

Magaña Mancillas, Mario Alberto. 2014. William Walker y los frontereños en el norte de la Baja California, 1853-1854. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 19 (1): 109-138.

Magaña Mancillas, Mario Alberto. 2010. Indios, soldados y rancheros. Poblamiento, memoria e identidades en el área central de las Californias, 1769-1870. La Paz: Gobierno del Estado de Baja California Sur, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, El Colegio de Michoacán, Conaculta.

Magaña Mancillas, Mario Alberto. 2009. De pueblo de misión a rancho frontereño: historia de la tenencia de la tierra en el norte de la Baja California, 1769-1861. Estudios fronterizos (19): 147-150.

Magaña Mancillas, Mario Alberto. 2005. Baja California-California: ensayo histórico de su conformación de frontera de gentilidad a frontera binacional. En La frontera interpretada. Procesos culturales en la frontera noroeste de México, coordinado por Everardo Garduño, 19-50. Mexicali: H. Congreso de Baja California, Centro Cultural Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California.

Moreno, José Matías. 1987. Descripción del Partido Norte de la Baja California, 1861. Paleografía e introducción de David Piñera Ramírez y Carlos Paredes. Colección Fuentes documentales para la historia de Baja California, año 4, núm. 2.

Moyano Pahissa, Ángela. 1995. Prólogo a la edición en español. En Apuntes de un viaje por los dos océanos, el interior de América y de una guerra civil en el norte de la Baja California, Henry J. A. Alric, 7-31. Mexicali: Secretaría de Educación Pública, Universidad Autónoma de Baja California.

Ortega Soto, Martha. 2001. Alta California, una frontera olvidada del noroeste de México, 1769-1846. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Plaza y Valdés.

Pitt, Leonard. 1998. The decline of the Californios. A social history of the Spanish-speaking Californians, 1846-1890. Berkeley: University of California Press.

Rabasa, Emilio O. 1994. Historia de las constituciones mexicanas. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Valadés, Adrián. 1974. Historia de la Baja California, 1850-1880. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Vivanco Saavedra, Luis Ignacio. 2006. Sobre la posibilidad de una filosofía de la historia regional. Revista de Filosofía (54): 65-78.

Walther Meade, Adalberto. 1988. Antonio Ma. Meléndrez. Caudillo y patriota de Baja California. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California.

Anexo

Documento

Organización Administrativa del Partido Norte de la Baja California

Adaptada provisionalmente por la junta electoral del 21 de diciembre de 1857.

Puerto de la ensenada de Todos Santos.

1857

Ciudadano de la Frontera,

Se aproxima el día en que debéis elegir nuestras autoridades según el orden constitucional que ha comenzado a regir desde septiembre pasado. Un subjefe político, un juez del partido y sus alcaldes constitucionales son los funcionarios que tenéis que escoger entre vosotros mismos con todo el tino y cordura que corresponden a la importancia de sus funciones.

Observad ahora que en el aislamiento en que os halláis a tanta distancia de la superioridad del Territorio, vecinos a un estado extranjero, diseminada vuestra corta población a distancias considerables y por mil circunstancias que no ignoráis; estáis muy expuestos a los abusos y arbitrariedades de vuestras primeras autoridades, no menos que al más espantoso desorden y anarquía. Este peligro no es un ensueño, o una simple previsión mía que pudiera fallar, sino una terrible verdad en que os ha aleccionado la experiencia más de una vez; y no reconocerla sería por cierto la mayor desgracia para vosotros. Lejos de eso debéis prevenirla y nunca más oportuna para el efecto que ahora que vais a comenzar el ejercicio de vuestra soberanía, ahora que vais a constituir vuestras autoridades.

Organizar y normar el ejercicio del poder público, conteniendo sus abusos y demasías de un modo pacífico y ordenado, es lo que hacen todos los pueblos para no caer en los extremos viciosos que os he mostrado; y si bien respecto de vosotros esta obra está encomendada a otros manos, la falta de ella, y la ley suprema de la necesidad y vuestros más caros intentos comprometen y autorizan al mismo tiempo a realizarla por vosotros mismos sin que por esto pueda entenderse de ninguna manera que desacatáis las disposiciones supremas, pues que no existen todavía o si existen, vuestra excepcional posición las hace impracticables. Esta pequeña rueda de la magna política de nuestra nación, guarda una desproporcionada distancia para que se regularse un movimiento por el mismo mecanismo de las otras de su clase. La responsabilidad de los primeros [ilegible] es muy remota y la sociedad es muy pequeña y diseminada. En tal concepto, entended también que estáis en el caso de ampliar la esfera de vuestra autoridad política, así como la de vuestra administración de justicia, en proporción de vuestras necesidades e intereses públicos. Vuestro país y vuestra situación demandan brazos y población, y sabed, que propiedad raíz y los elementos de riqueza ofrecen generosamente a la inmigración, son los medios a propósito para atraerla y establecerla. Por otra parte, vuestros hermanos que cansados de sufrir la dominación extranjera o perseguidos por ella, vienen a abrigarse en el seno de su madre patria tienen un derecho indisputable sobre vuestro suelo del mismo modo que vosotros, y la unión de unos y otros será con el tiempo un baluarte inexpugnable a la ambición y filibusterismo de esa raza enemiga de la vuestra.

Prestadles pues vuestra hospitalidad y protección para establecerlos con vosotros. No os detengáis pues para autorizar entre vosotros mismos a vuestra autoridad política para conceder la propiedad raíz sobre los terrenos baldíos, para favorecer las empresas sobre los diversos ramos que constituyen la riqueza de vuestro suelo y habilitar el comercio, que os proporcionará los goces de la comodidad y la abundancia. Bajo todos respectos; el progreso es para vosotros una necesidad imperiosa, y ni las actuales instituciones de nuestra patria, ni la administración que está a su frente, son enemigas de él: marchad en esa confianza.

A vuestro juez del Partido, necesitáis habilitarlo con las atribuciones de un juez de 1ª Instancia; porque distados como estáis por una distancia desierta del lugar de residencia del que está señalado para todo el territorio, son interminables vuestros asuntos que caen bajo su incumbencia, y de consiguiente la justicia es inasequible. Si el asunto es civil, os veis perjudicados en vuestros intereses, y divididos unos de otros por el oneroso y acuciosidad que engendran siempre las diferencias no definidas. Si el asunto es criminal, o tenéis que pasar por la impunidad de un delito por falta de medios para conducción y custodia del reo, o aventuráis a su fuga en tan dilatados caminos; y el hombre perverso que calcula esta alternativa de vuestra administración de justicia y otras circunstancias, se la usa fácilmente a sus iniquidades, cuyas víctimas sois vosotros mismos.

Ninguna sociedad puede subsistir sin una administración de justicia, y el pueblo de la Frontera la necesita como todos, pronta y eficiente a decidir las diferencias entre sus particulares y desembarazar sus negocios, no menos que a castigar el crimen, contener la perversidad y moralizar las costumbres. El derecho de vuestra propia conservación, os autoriza a establecer entre vosotros en materia criminal, y como no podéis negar la apelación, os es indispensable la mano de esa institución del jurado adoptado por la mayor parte de las naciones civilizadas, que aunque no la abraza expresamente nuestra constitución, tampoco la repugna: pues como ha asentado muy bien en su Artículo 1º “Los derechos del hombre son la base y el objeto de las disposiciones sociales”.²⁵ No se puede objetar que existe una ley vigente de organización judicial y que os apartáis de ella, porque no está en vuestra mano hacer que las circunstancias del Partido sean de otro modo que como son; en tal caso sería la ley que se apartó de vosotros. Pero analizando más la cuestión se ve muy bien que seguir el fin, el espíritu de la ley, es a saber: la pronta y recta administración de justicia, el orden, la paz y la seguridad pública, lo que por el contario tendríais que desatender si os sujetáis a la letra o mero tenor de ella.

La sola dificultad que se pudiera ofrecer sería tal vez respecto del extranjero que delinquiere o tuviere asuntos pendientes del conocimiento de vuestra administración en el Partido; pero está salvada si en el reglamento que adoptáis, se sujetan expresamente todos los extranjeros que habiten en el Partido, o tengan negocios en él; pues si desde el momento de la respectiva promulgación permanecen o mantienen negocios entre vosotros, por este solo hecho quedan sometidos por si mismos a vuestro régimen interior y no hay lugar a reclamación alguna por parte de sus gobiernos por motivo de algún procedimiento que emane de él, bien fuese en lo civil, o bien en lo criminal.

Por lo que hace a las sentencias del juez del Partido, aunque sean de la competencia del juez de 1ª instancia tendrán no obstante la misma fuerza y presentarán a las partes, las mismas garantías que si fuesen pronunciadas por él, porque si bien no es un juez nato de la [Ley] esta misma autoriza sus actos, aunque no sea sino en la calidad de un juez árbitro entre vosotros. En conclusión, las necesidades públicas y vuestros derechos, os demandan y habilitan a la vez para ensanchar a tales términos las atribuciones de vuestra autoridad judicial.

Estas son, Ciudadanos de la Frontera, las bases del arreglo que debéis y necesitáis plantear entre vosotros, si queréis Orden, Libertad y Progreso. Mas para verificarlo, yo presentaré a vuestra junta electoral el proyecto correspondiente para su deliberación: Si le presta su aprobación, entonces quedáis obligados a cumplirlo y sostenerlo con una obra propia vuestra, como la base de vuestro bienestar y progreso y como una condición en fin de vuestra propia conservación. Tal proyecto es el fruto del estudio experimental hecho por mí, de vuestro estado y circunstancias en todo el tiempo de mi mando, y os lo ofrezco como una prueba de la amistad que os declaré desde el momento de mi llegada.

No dudo que la superioridad le otorgará su aprobación haciendo tal vez, alguna reforma o [ligera] modificación, porque no he perdonado medio ni ocasión para manifestarle las exigencias de vuestra situación.

Os indiqué al principio de esta manifestación que tengo que desprenderme del mando político del Partido porque así lo previene el orden constitucional, ignoro si en mi ejercicio habré perjudicado a alguno de vosotros, por mi parte, mi consciencia está tranquila; mas no por esto me encuentro satisfecho, porque no os conseguí todo el bien que deseara, pero creo que os he dado el camino a él, y os ofrezco en el puerto en que debo permanecer hasta que la superioridad se digne relevarme, os ofrezco, repito de la mejor buena fe, mi cooperación y ayuda como vuestro amigo que soy.

José Castro, coronel del ejército, 2º cabo de la comandancia principal, comandante militar y subjefe político del Partido Norte de la Baja California a los habitantes de él, sabed:

Que el pueblo de la Frontera representado en la junta electoral del 21 del corriente ha adoptado para su régimen interior la siguiente:

Organización Administrativa

Título 1º

División jurisdiccional.

Art. 1º. El Partido se divide en seis secciones jurisdiccionales, es a saber: El Descanso, San Antonio (Mineral), Santo Tomás, San Vicente, San Quintín y el Rosario.

Art. 2º. La jurisdicción del Descanso, comprende, el mismo lugar, Misión Vieja, el Rosarito, Cueros de Venado, Santo Domingo, los Vallecitos, Las Juntas, Tecate, San Isidro (rancho), Jesús María y Tijuana.

Art. 3º. La de San Antonio comprende, este lugar, Guadalupe, Valle de San Rafael, Agua Caliente, Aguajito y la Ensenada.

Art. 4º. La de Santo Tomás, comprende, este lugar, La Grulla, el Pueblito, La [ilegible] y San José de la Agua Caliente.

Art. 5º. La de San Vicente comprende este lugar, San Isidro (mineral), Guadalupe, San Jacinto, La Berrenda, La Calentura, El Salado, San Rafael, San Telmo y San José.

Art. 6º. La de San Quintín comprende este Puerto, San Ramón, Santo Domingo, San Pedro Mártir y San Simón.

Art. 7º. La del Rosario, comprende este lugar, los Mártires, San Fernando, San Borja y Santa Gertrudis.

Art. 8º. Quedan reconocidos como pueblos: Santo Tomás, San Vicente y el Rosario.

Art. 9º. Queda reconocido como cabecera del Partido el pueblo de Santo Tomás.

Título 2º

Instalación de las autoridades del Partido.

Art. 10. La administración económico-político gubernativa del partido, será ejercida por una autoridad especial nombrada popularmente, y que se llamará “Subjefe político del Partido Norte de la Baja California”.

Art. 11. Los ramos judiciales y de policía se administrarán por un juez denominado del Partido, seis Alcaldes constitucionales y los agentes de policía que se juzguen necesarios.

Art. 12. Todas y cada una de las secciones del Partido, elegirán el 1er. domingo de diciembre su respectivo Alcalde constitucional y dos electores.

Art. 13. El Colegio de Electores reunidos en la cabecera elegirá a pluralidad de votos el 3º domingo del mismo mes, la autoridad política y el juez del Partido.

Art. 14. Todos los funcionarios públicos del Partido, entrarán a ejercer sus respectivos cargos o empleos, previo el juramento de estilo el día 1º del año.

Art. 15. Los pueblos señalados del Partido nombrarán sus respectivos cuerpos municipales, cuando contengan un número suficiente de vecinos para componerlos.

Art. 16. Entretanto las facultades cometidas a dichos cuerpos serán ejercidas por los Alcaldes respectivos.

Art. 17. Mientras no se señala una renta segura y suficiente para subvenir a las precisas necesidades del Subjefe político y juez del Partido; estos funcionarios residirán en el lugar de su elección con tal que no sea fuera del Partido.

Art. 18. No son renunciables los nombramientos de elección popular a los empleos o cargos públicos del Partido, sino por enfermedad grave suficientemente justificada.

Art. 19. En tal caso se nombrará un sustituto hasta su restablecimiento.

Art. 20. Si la enfermedad se prolongase por más de tres meses o acaece el caso de muerte; entonces el juez del Partido determinará nueva elección.

Art. 21. La renuncia del subjefe político se presentará y justificará ante el juez del Partido y este funcionario asociado del comandante militar y capitán de la Guardia Nacional nombrarán el sustituto.

Art. 22. La renuncia del juez del Partido, se pondrá y justificará ante el subjefe político, y este en unión del comandante militar y capitán de la Guardia Nacional, nombrarán el sustituto.

Art. 23. En caso de nueva elección del juez del Partido, corresponde al subjefe político el ordenarla.

Art. 24. La sustitución de los alcaldes se hará por el juez del Partido y así mismo ordenará su nueva elección cuando llegue el caso.

Art. 25. Mientras se hace la sustitución o reelección del subjefe político ejercerá en su lugar el juez del Partido.

Título 3º

Organización administrativa.

Art. 26. Los alcaldes constitucionales y agentes de policía, dependen inmediatamente del juez del Partido.

Art. 27. Los agentes de policía están subordinados a los alcaldes de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 28. Los actos y órdenes del subjefe político en la órbita de sus atribuciones serán acatados, cumplidos y sostenidos por todos los funcionarios del Partido.

Título 4º

Atribuciones.

Art. 29. Es un deber de todos vigilar por el orden, tranquilidad, moral, paz y seguridad pública.

Art. 30. Con tal fin el juez del partido ejercerá las atribuciones de un juez de 1ª instancia.

Art. 31. Los alcaldes conocerán en los juicios de conciliación y en las demandas civiles que no excedan del valor de cien pesos.

Art. 32. En materia criminal por un caso sucedido dentro su jurisdicción, le toca librar la respectiva orden de aprehensión del reo, o reos, e instruir sumario del hecho dando cuenta inmediatamente del suceso al juez del Partido, remitiendo oportunamente el reo, sumario y cuerpo del delito.

Art. 33. A los agentes de policía corresponde solamente evitar las riñas, el orden y la inmoralidad, vigilar la seguridad pública y aprehender a los criminales en delito infraganti, dar oportuna cuenta a sus alcaldes respectivos y cumplir sus órdenes y mandatos.

Art. 34. Todo asunto de un carácter contencioso, informativo o de autenticidad, es del resorte y conocimiento de la autoridad judicial.

Art. 35. Son definitivas las sentencias de los alcaldes, en asuntos que no excedan de cincuenta pesos y apelables en los de mayor cantidad.

Art. 36. La apelación se interpone ante el juez del partido, en el tiempo y términos que las leyes previenen.

Art. 37. Igualmente se hará efectiva ante el juez del partido la responsabilidad de los alcaldes.

Art. 38. Respecto a los fallos del juez del partido en asuntos civiles, se citará a lo que las leyes determinan para los de un juez de 1ª instancia en cuanto a su apelación.

Art. 39. En los criminales cuando no impongan la pena última, serán apelables definitivamente ante un jurado compuesto de cinco individuos idóneos nombrados por la autoridad política que resolverán a mayoría de votos.

Art. 40. En caso de pena última del jurado de apelación se compondrá de doce individuos que resolverán por unanimidad de votos para confirmar la sentencia, o por pluralidad para absolver o disminuir la pena.

Art. 41. En caso de responsabilidad del juez del partido, la parte agraviada elevará su queja al subjefe político, y este, nombrará doce individuos que erigidos en tribunal o jurado; juzgaran el caso definitivamente.

Art. 42. Para ser individuo del jurado se requiere: 1º) Ser ciudadanos mexicanos, 2º) Residir en el partido, 3º) No tener mala opinión ni fama, 4º) No ser vago ni mal entretenido.

Art. 43. Serán recusables por faltas de los requisitos del artículo anterior y las causales porque lo son los jueces y los testigos según [ilegible].

Art. 44. Cuando el subjefe político excediendo o abusando de sus facultades ataca la libertad, vida, honra, e intereses de los habitantes, o las instituciones vigentes o nuestra nacionalidad; el juez del Partido no solo está autorizado, sino que está en el deber de proceder según fuere la gravedad del caso, a evitar, o contener dichos males convocando a todos los alcaldes del Partido para destituir de común acuerdo dicha autoridad siempre dando cuenta a la superioridad y disponiendo una nueva elección en misma forma prescrita en los artículos 12 y 13 de este reglamento.

Título 5º

Disposiciones económico-políticas.

Art. 45. La autoridad política del partido favorecerá de preferencia la inmigración y establecimiento de la raza hispanoamericana en el Partido.

Art. 46. Procurará la más igual económica y justa repartición de los terrenos baldíos cuya ocupación autorice.

Art. 47. No ofrecerá la propiedad de ningún terreno baldío sino a condición de que el solicitante entre ocupándolo en un término que no pase de cuatro meses.

Art. 48. No reconocerá como válido ningún título expedido por los antiguos gobernadores de la Alta California, los jefes políticos del territorio, subjefes políticos del Partido y comandantes de colonias; sino fueron sucedidos de la posesión judicial, o sus terrenos han sido abandonados por más de dos años, y especialmente si hubiere un nuevo ocupante de ellos.

Art. 49. Todo funcionario público sin excepción alguna antes de tomar posesión de su encargo, prestará juramento de guardar la constitución general y el presente reglamento.

Art. 50. Todos los habitantes del Partido sin excepción alguna, están obligados a someterse a este reglamento y las disposiciones que de él emanen.

Art. 51. Los extranjeros residentes en el Partido y los que en lo sucesivo inmigren, con solo el hecho de entrar o permanecer en el país, quedan sujetos a lo que previene el artículo anterior.

¹ Agradezco la generosidad de la Dra. Martha Ortega Soto para la revisión de una versión previa de este texto, por lo que mejoró de forma sustancial, pero la responsabilidad es completamente mía. Este texto es producto del proyecto de investigación individual titulado “Los soldados misionales de la comandancia militar de la Frontera (1769-1845)”, y que es parte del proyecto colectivo “El Gran Norte novohispano-mexicano en el tiempo y el espacio: estudios sobre poblaciones y territorios en perspectiva comparada”, coordinado por el Dr. José Refugio de la Torre y la Dra. Chantal Cramaussel, apoyado por conacyt.

² Investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Culturales-Museo. Correo electrónico: alberto.magaa@uabc.edu.mx

³ El territorio del actual estado de Baja California desde 1845 hasta 1888, aproximadamente, se denominó Partido Norte de la Baja California (en algunos momentos también se le denominó la Frontera o Fronteras, especialmente por las autoridades locales), luego fue identificado como el Distrito Norte de la Baja California hasta 1920. Ambas figuras jurisdiccionales implicaban que las sociedades que las habitaban estaban sometidas a la autoridad territorial peninsular que residía en el puerto de La Paz, la cual dependía del gobierno nacional.

⁴ Bancroft Library (bl), Hayes Scrapbooks (hs), F851 H4 R9a. Columna anónima, periódico La Estrella, sábado 8 de julio de 1854.

⁵ Castillo Negrete dijo que Meléndrez “me llamó reconociéndome, no le hice caso”. bl, cb, vol. 13, exp. 379. Carta de Francisco Javier del Castillo Negrete a Mariano G. Vallejo, San Francisco, 16 de agosto de 1854.

⁶ Castillo Negrete se enfrentó a Chávez por la titularidad de la Colonia militar y por tanto por el poder de adjudicar tierras baldías aproximadamente un año antes (noviembre de 1851 a enero de 1852) de la invasión filibustera (diciembre de 1853 a mayo de 1854) (Magaña 2010, 424 y 463).

⁷ bl, cb, vol. 85, exp. 137. Carta de Francisco Javier del Castillo Negrete a José Matías Moreno, San Francisco, 27 de julio de 1854. Las cursivas son nuestras.

⁸ Algo similar ocurrió en el noreste mexicano en el tipo de enfrentamientos denominados “conflictos cotidianos”, producto de la debilidad gubernamental frente a los indios (García 2008, 75-77).

⁹ San Diego Public Library (sdpl), San Diego Herald (sdh), vol. iv, núm. 42, sábado 13 de enero de 1855, p. 2. “Proclamation”. Se publicó en inglés y en español.

¹⁰ Ídem.

¹¹ Ídem.

¹² Sobre las rutas, consúltese Magaña 2015, 155-187.

¹³ Este religioso francés salió de Francia en 1850 y regresó en 1867, publicó las memorias de sus viajes en francés, en tres versiones (1866, 1867 y 1869), y falleció en 1883 (Moyano 1995, 7 y 28).

¹⁴ bl, cb, vol. 52, exp. 245. Carta de José Castro a Manuel Castro, Ensenada, 11 de mayo de 1858. Acervo de Microfilmes del Instituto de Investigaciones Históricas (am-iih), rollo 10, f. 627. Carta de José A. Castro a Manuel Castro, Hacienda de Guadalupe, junio [sin año]. En la reconstrucción genealógica de la familia Castro se demuestra que ambos eran primos hermanos, José era hijo de José Tiburcio (1776-1841), y Manuel de Simeón (1784-1842), ambos hijos a su vez de Macario Castro y Potenciana Ramírez (Burton-Carvajal 2008, 180-185).

¹⁵ Otra fuente establece que nació en 1807, en el presido de Monterrey, y su nombre completo era Josef Antonio María de Jesús Castro (ibíd., 9 y 182).

¹⁶ Antes había sido secretario del Ayuntamiento del naciente pueblo de Monterrey, Alta California, entre 1828 y 1831, y presidente de la Diputación Territorial en 1836, entre otros puestos (ibíd., 9).

¹⁷ Probablemente con base en el artículo 10º: “La administración económica-política gubernativa del Partido, será ejercida por una autoridad nombrada popularmente”. am-iih, rollo 10. Organización administrativa del Partido Norte de la Baja California, Puerto de la ensenada de Todos Santos, 21 de diciembre de 1857.

¹⁸ Acervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas, uabc (ad-iih), Gobernación, 16.62. “Anulación de las enajenaciones de terrenos baldíos en la Baja California”. Benito Juárez, ciudad de México, 14 de marzo de 1861.

¹⁹ Archivo Histórico “Pablo L. Martínez” (ahplm), República Centralista (rc), leg. 43, doc. 232 (1845) “Bando de buen gobierno”. ahplm, rc, leg. 43, doc. 9545 (1845). ahplm, rc, leg. 43, doc. 9590 (1845) “Apéndice al Bando de buen gobierno dictado por la Junta municipal de Fronteras en 29 de enero y aprobado por este gobierno político en 6 de marzo de 1845”.

²⁰ am-iih, rollo 9. Carta posiblemente de Manuel Castro, Rosario, 13 de abril de 1850.

²¹ am-iih, rollo 10. Organización administrativa del Partido Norte de la Baja California, Puerto de la ensenada de Todos Santos, 21 de diciembre de 1857, f. 662-671. Véase el anexo.

²² Ibíd., f. 662.

²³ Tal vez es una interpretación del primer párrafo del artículo 27: “La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse” (Dublán y Lozano 1877, 384-399).

²⁴ Se refiere al artículo 23: “Para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley” (ibíd., 384-399).

²⁵ El artículo 1º de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 dice: “El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara: que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución” (ibíd., 384-399).

El Valle del Mayo, 1886-1910.
Fronteras en disolución

Ignacio Almada Bay¹

Los valles de los ríos Yaqui y Mayo fueron considerados una frontera interior (Revilla 2014, 23-24) de manera intermitente en el siglo xix por los gobiernos estatal y nacional, de 1825 a 1832 por el levantamiento conducido por Juan Banderas y de 1875 a 1886, cuando es reprimida la rebelión dirigida por José María Leyva, Cajeme. Este trabajo se concentra en el orden social y político que se impuso a partir de 1886 en el Valle del Mayo. Se propone como hipótesis que explica el sometimiento de los mayos y la generación de un sincretismo cultural por ellos a la expansión en la región del papel del Estado-nación con los objetivos de pacificar, poblar, comunicar y homogenizar, desempeñando un papel crucial el Ejército nacional y los vecinos armados, la extensión de las comunicaciones –en especial el ferrocarril– y la difusión de la tecnología hidráulica por el crecimiento de la superficie agrícola irrigada por canales. Así se incorporó el Valle del Mayo al Estado nacional y éste estableció ahí de manera fluctuante el monopolio de la violencia en el periodo 1886-1910. Los cambios tuvieron como consecuencia transformar a Sonora en una región exportadora, cuyo espacio se vinculó a Estados Unidos e hizo a las compañías extranjeras beneficiarias de los proyectos gubernamentales (Vega 2011, 367).

La geografía del noroeste de México se distingue por ser “una región separada del resto del país por la Sierra Madre Occidental, muy difícil de penetrar” y su economía se vinculó a Estados Unidos de manera significativa desde 1882, año en el que se concluyó el tramo ferroviario Guaymas-Nogales, hasta el 25 de abril de 1927, cuando 45 años después un convoy del Ferrocarril Sudpacífico llegó a Guadalajara, recorriendo 1 762 kilómetros desde Nogales (Pletcher 1948, 34; Almada 1983, 245). Entre la muralla de la Sierra Madre y el litoral, sobre la faja costera, las “llanuras más húmedas fueron habitadas por una población indígena” (Bataillon 1981, 104). De ésta, una porción de los yaquis permaneció insurgente de manera recurrente hasta 1939.²

El Valle del Mayo

La población blanca y mestiza irradió de los centros mineros en las estribaciones de la Sierra Madre hacia el Valle del Mayo desde 1680, ochenta y siete años antes del fin en la región del régimen misional de la Compañía de Jesús en 1767 (Almada Bay, Medina y Borrero 2008, 239-259).

Los pueblos mayos no estuvieron organizados de manera tan estructurada como los yaquis después de 1767: carecían de un territorio claramente delimitado y vivían entremezclados con blancos y mestizos desde el descubrimiento de las minas en la región en 1680. “En un espacio fluido de conflicto, adaptación y cambio” (Larson 2002, 44) no pudieron resistir el asedio por sus tierras y aguas, la erosión del orden social y político que presidían las autoridades nativas por la infiltración en sus pueblos de vecinos blancos y mestizos, el desigual intercambio cultural y la sucesión de derrotas y de oportunidades perdidas.

La resistencia de los mayos al despojo de sus tierras y aguas, así como de sus usos y costumbres se manifestó de diversas formas en el periodo del México independiente en respuesta al escurrimiento e interferencia de población blanca y mestiza en la cuenca del Bajo Río Mayo –el espacio que va del pueblo ribereño de Camoa hasta la boca del río en el golfo de California, véase figura 1–, ya fuera combatiendo al lado de una facción de notables –a favor de la red de Manuel María Gándara en contra de las redes de José Urrea e Ignacio Pesqueira–,³ como sucedió entre 1838 y 1868 –lo que difirió la colonización del Valle del Mayo e hizo fracasar la Colonia Pesqueira planeada para ocupar ambas orillas del río entre los pueblos de Cohuirimpo y Etchojoa–,⁴ ya fuera luchando en alianza con los yaquis contra fuerzas gubernamentales y de vecinos, como ocurrió en 1825-1832, encabezados por Juan Banderas, y entre 1875 y 1886, cuando participaron en el levantamiento dirigido por José María Leyva, Cajeme.

Como parte del levantamiento de 1875, fueron incendiados en la región mayo los pueblos de Etchojoa, Santa Cruz y Masiaca y el principal asentamiento blanco y mestizo del Bajo Río Mayo, Navojoa, fue atacado en tres ocasiones; en 1885 se prendió fuego hasta que ardieron el puerto de Agiabampo, la hacienda de Mayobampo, tres ranchos y el pueblo de Masiaca de nueva cuenta –véase mapa–, para quedar ocupado como cuartel por cerca de mil mayos y yaquis alzados.

Luego de la derrota del levantamiento en 1886, se difundió entre los mayos en 1890 y 1892 un mesianismo expresado en un brote de santos y santas, hombres y mujeres mayos que alivian enfermedades y predicen el futuro, los cuales son apresados y expulsados a Baja California y Arizona. Todavía en 1892, mayos alzados atacaron al grito de “¡Viva Dios y Santa Teresa de Cabora!” los pueblos de Navojoa y Cohuirimpo, matando al presidente municipal y al comisario, respectivamente; lograron tomar Navojoa por unas horas y saquearon los comercios principales (véase figura 1; Spicer 1969, 830-845; Almada Bay 2009, 36-63).⁵

La opresión que siguió al levantamiento de 1875-1886 aceleró el declive de la autoridad civil y militar mayo, decaimiento que debilitó su facultad medular de asignar periódicamente la tierra para su cultivo por las familias de cada pueblo y erosionó el poder de la esfera religiosa. Aun así el ceremonialismo y su calendario ritual que gira a través de fiestas que marcan los ritmos estacionales, organizadas por jerarquías rotativas, persisten como los elementos básicos culturales que dan cohesión, memoria e identidad a los mayos y readaptados continuamente éstos los han fundido en una religiosidad sincrética y popular, no mediada por las autoridades eclesiásticas ni por las autoridades municipales o estatales (Figueroa 1994, 242-292; O’Connor 1989, 53-67; Spicer 1970, 105-112).

De este modo cristalizó la pacificación del Valle del Mayo que dio margen a cambios radicales provocados por la usurpación de las tierras y aguas que ocupaban los mayos, quienes, desarticulados para resistir, con sus autoridades circunscritas al exterior a una labor de mediación y al interior plegadas a funciones ceremoniales, fueron incorporados al trabajo, bajo una mezcla de coerción y persuasión, en las haciendas, molinos harineros y obras de riego que se fueron abriendo y construyendo.

El proceso de “territorialización” del espacio por el Estado-nación –como parte de una estrategia de control de los recursos, como medio para tornar visible el poder, de reificar a éste, y para legitimar la distribución jerárquica de actores y entidades (Sack 1983, 58-59)– había configurado al distrito de Álamos de manera que incluía la cuenca del río Mayo, y su valle, conocido con este nombre el área que va, tomando al río como eje, desde el pueblo de Camoa, donde empiezan a abrirse la planicie y a retraerse las sierras, hasta la boca del río, próxima al pueblo de Huatabampo y éste a la bahía de Yavaros. Al oriente de la ciudad de Álamos, el distrito incluía las ramificaciones de la Sierra Madre Occidental en los linderos con Chihuahua y al sur hasta los límites con Sinaloa, abarcando el curso abundante en agua a lo largo del año del arroyo Cuchujaqui que drena en el río Fuerte y que serpentea una cuenca cruzada por arroyos de menores dimensiones y por lomas de todos los tamaños, con numerosas palmeras entre el bosque espinoso. Al norte y noroeste de la cabecera del distrito, las sierras alternan con valles pequeños, donde se levantaron los asentamientos de población blanca y mestiza de Nuri y El Quiriego. Hacia el noreste, el distrito incluía el mineral de Río Chico en plena Sierra Madre.

En cuanto a la composición interna político-territorial, el distrito de Álamos comprendía en 1907 a 12 municipios, una ciudad, 11 pueblos, 50 comisarías, 53 congregaciones, 28 haciendas, 6 minerales y 302 ranchos. Un total de 451 asentamientos, esparcidos entre la sierra y el mar, al norte del Valle del Fuerte y al sur del Valle del Yaqui, sirviendo como límite con éste el arroyo Cocoraqui –véase figura 1–, que desemboca en Paredón Colorado.⁶ En 1894 se reportaba que la ciudad de Álamos contaba con siete escuelas, tres de varones y cuatro de niñas, y con un hospital en un edificio adecuado (Dávila 1894, 267).

Figura 1. El río Mayo, 1880-1910

Fuente: elaborado por el autor con base en fuentes citadas en este capítulo.

En 1907 los asentamientos de nombre mayo o cahita predominan en el valle, los de nombre castellano en la sierra, sugiriendo una distribución diferenciada de la población mayo, blanca y mestiza y un ejercicio del poder variado que compartían las autoridades formales –las de los gobiernos municipales y distrital– y las autoridades de carácter informal de los pueblos de mayoría mayo que conservaban su cabildo indígena y elegían un gobernador, siguiendo una práctica que se remonta al primer tercio del siglo xix (Medina y Almada Bay, en proceso de edición).

El impacto de la tecnología hidráulica

La apertura de canales de riego para sangrar el cauce del río fue un parteaguas para el proceso de ocupación por población no indígena de un territorio poseído por los mayos, proceso que se aceleró y legitimó hasta implantarse en la región, gracias a la tecnología hidráulica para abrir tierras al cultivo por medio de agua rodada y a la presencia del Ejército.

En el distrito de Álamos, el primer canal se tramitó y empezó a construir en 1864 y fue abierto en 1865 en la margen izquierda del río, de 12 kilómetros de extensión, con un costo de 30 000 pesos y una toma de agua de 318 litros por segundo, por gestiones de Martín, José de Jesús y Francisco Salido para sembrar 200 hectáreas y mover un molino harinero a partir de 1867, con una maquinaria que costó 45 000 pesos, en la hacienda Tres Hermanos. Todo esto funcionaba cuarenta años después, en 1904. La solicitud señaló como justificación la prosperidad que traería el aumento de la producción agrícola y el fortalecimiento de la paz entre los mayos por “el amor al trabajo”.

La hacienda se ubicaba entre dos pueblos mayos: se hallaba 11 kilómetros abajo del pueblo de Conicárit y 7 kilómetros y medio arriba del de Camoa –véase figura 1–. En 1906 contaba con un camino carretero a Navojoa de 25 kilómetros de longitud que pasaba por Tesia y Camoa y con otro a Álamos de 48 kilómetros de largo que pasaba por Minas Nuevas, El Carrizal, El Ranchito y Tres Marías. El molino en 1908 producía 62 100 kilos de harina al año con un valor de 11 250 pesos con cuatro operarios y la propietaria era Concepción Salido de Roy.⁷

La Casa Ortiz poco tiempo después construyó el canal que luego se conoció como el Canal de Orrantia, en la margen izquierda, a la altura del pueblo de Tesia. A su vera, el molino, con la razón social “Orrantia y Quirós”, fundado en 1874, en 1908 producía 276 000 kilos de harina movido por vapor (Montaño y Gaxiola 1932, 41; García y Alva [1905-1906] 2005, 248).

Antonio Goycoolea gestionó en 1872 la concesión de aguas para tomar 318 litros por segundo del arroyo Bacamocha, concesión que obtuvo en 1873 y que lo llevó a abrir un canal de 11 kilómetros de longitud, paralelo al río a 300 metros de distancia de éste, para irrigar 200 hectáreas de su hacienda Santa Bárbara, localizada frente a Tres Hermanos río de por medio. El molino de esta hacienda en 1908 producía 69 000 kilos de harina con un valor declarado de 12 250 pesos, con cuatro operarios, movido por agua y su propietaria era Faustina S. de Goycoolea (Lorenzana 2010, 46-50; García y Alva [1905-1906] 2005, 238).

Entre 1892 y 1902 se construyeron o estaban en vías de construcción nueve canales sobre la margen derecha del río Mayo, que, sumados, conducirían 35 500 litros. Sobre la margen izquierda, otros nueve canales extraerían cerca de 40 000 litros (Aguilar 1977, 31).

El canal más grande sobre la orilla derecha del río, con diez mil litros, era el de la hacienda Jupateco, que contaba con una extensión de 6 270 hectáreas y había sido adquirida en 1890 por el general José Tiburcio Otero (1834-1900), nativo de Baroyeca, mineral ubicado entre los valles del Yaqui y del Mayo, quien hizo carrera militar a las órdenes del general Pesqueira, fue prefecto del distrito de Álamos a fines de la década de 1860 y en 1875 fue electo vicegobernador constitucional para el bienio 1879-1881; ocupó la gubernatura del 1 de septiembre de 1879 al 30 de enero de 1880; en 1890 se le dio el mando de la línea del río Mayo con sede en Huatabampo y comenzó la construcción del primer edificio escolar de este pueblo. A ocho kilómetros de Huatabampo, la cabecera del municipio más al poniente sobre el río Mayo y que linda con el mar de Cortés, se situó desde 1890 la casa principal de la hacienda en el punto conocido como El Citavaro. En 1904 se cultivaban 1 171 hectáreas, divididas en cinco campos o “labores” de la descendencia del general Otero, haciendo cabeza su hijo del mismo nombre (García y Alva [1905-1906] 2005, 249; Aguilar 1977, 31; Almada 1983, 479-480).

Por su perfil de militar de carrera del Ejército federal y ser originario de Chihuahua, el general brigadier Ángel García Peña –futuro secretario de Guerra del presidente Francisco I. Madero, de marzo de 1912 a febrero de 1913– es una excepción entre los inversionistas que abrieron molinos harineros y canales de riego en haciendas del Valle del Mayo. García Peña y Jesús Morales, uno de los comerciantes más prósperos de Navojoa, construyeron un molino de harina al costado oriente del pueblo de San Ignacio Cohuirimpo, sobre una loma que mira al río, con el equipo más moderno. La razón social fue “Morales y García Peña”. El molino se llamó “General García Morales” y producía la harina “Cachora”, denominada así por ser el apelativo popular del mismo general. El molino fundado en 1897 era movido por vapor, en 1908 con 6 operarios produjo 552 000 kilos con un valor de 80 000 pesos. La sociedad incluía la hacienda “Juárez” de 13 000 hectáreas, con un canal que en 1904 irrigaba 600 hectáreas de magnífica tierra. La toma de agua se hallaba a siete kilómetros al sur de Navojoa (García y Alva [1905-1906] 2005, 247; Aguilar 1977, 31).

Al inicio, la irrigación en el Valle del Mayo con infraestructura hidráulica, como canales, compuertas, tomas de agua, diques, represos y puentes, fue mayormente obra de particulares: de empresarios e inversionistas, nativos del estado de Sonora y en su mayoría del distrito de Álamos (Aguilar 1977, 31), que así extendieron su patria chica, gracias a que emplearon la mano de obra de los mayos y aprovecharon su disposición para la paz. La irrigación con infraestructura hidráulica fue gestionada y tramitada ante los ayuntamientos, los prefectos y el gobernador (Lorenzana 2010, 29-64), a diferencia del Valle del Yaqui, donde se otorgaron grandes concesiones tramitadas ante el gobierno federal en la capital del país.⁸

La producción industrial del distrito de Álamos en 1908 incluía pan, panocha (piloncillo), mezcal, calzado, pieles (vaquetas), ropa hecha, artículos de hojalatería y carros de tracción animal. La producción anual registrada de mezcal de diez establecimientos era de 153 000 litros. La producción de harina en 1908 se reportaba en siete molinos más que los citados aquí, ubicados en Huatabampo, Navojoa, Nuri, El Quiriego, La Aduana y San Vicente.

La oleada de cambios

El arribo a Sonora de las entidades del Estado-nación se registró a partir de 1882 con los objetivos de pacificar, poblar, comunicar y homogenizar, metas que se volvieron tangibles en la vida cotidiana de la población, excepción hecha de los yaquis rebeldes que permanecieron por fuera del Estado y de la Iglesia.

La llegada de contingentes del Ejército federal con residencia permanente y móvil en la entidad y la unidad del mando político dieron estabilidad y eficacia a los gobiernos y a las instituciones públicas. Los cambios difundían la modernidad: el aumento de migrantes y de nacimientos, la extensión de las líneas ferroviarias y telegráficas, y el inicio de la homogenización de la población por la enseñanza de la lectura y escritura del castellano y la difusión de pautas de sociabilidad moderna para vestir, calzar, comer, cortarse el pelo, rasurarse y bañarse periódicamente, cumplir horarios y fechas de entrega, bailar al ritmo de piezas musicales de autores locales, nacionales y extranjeros, casarse ante el juez y despedir a los difuntos en el panteón civil (Almada Bay 2013, 71-72).

Junto con los efectos de las dos revoluciones industriales del siglo xix occidental, la generación de energía por el vapor y la electricidad y de tecnología de punta, conjugándose a favor la accesibilidad a la frontera con Arizona y al capital estadounidense y la extensión de la vía férrea, en una “agresiva búsqueda de materias primas, mercados y conocimientos” (Larson 2002, 14), estos cambios se diseminaron en los centros urbanos y en los minerales y de ahí pasaron al campo (Pletcher 1946, pássim; Pletcher 1948, 4-5 y 21-24), golpeando al mundo indígena que permanecía renegociando a través de sus autoridades étnicas “las relaciones de poder de fuerza bruta”, lo que quedaba del autogobierno en los planos práctico y simbólico y las estrategias de subsistencia campesinas (Larson 2002, 15-19) y se asimilaba culturalmente de manera subordinada, readaptándose continuamente, incluidas sus fiestas religiosas.

La locomotora y el generador o dínamo –en general todo tipo de maquinaria–significaron un progreso que pareció imparable, accesible y benéfico para la población general. Los costos ecológicos derivados del desmonte por el consumo de leña como combustible y por la apertura de las tierras de riego y de la explotación de las minas –que provocaron la merma del bosque espinoso y de la tupida arboleda que poblaba el ancho cauce del río y los arroyos– se pasaron a las siguientes generaciones, así como los costos sociales del despojo de las tierras y aguas de los mayos y de la erosión de su cultura.

A partir de 1886, la población de la entidad fue sacudida por cambios sucesivos, múltiples, revueltos y vertiginosos, precipitados por la pacificación que trajeron el fin de los santuarios transfronterizos de los apaches chiricahuas y de sus incursiones y la reducción de los yaquis rebeldes a la Sierra del Bacatete. La viga maestra de los cambios tuvo como efecto hacer de Sonora una región exportadora, que dispusiera de una red de transporte que comunicara espacios regionales y subregionales con Estados Unidos, y hacer de las compañías extranjeras un considerable “beneficiario de los proyectos gubernamentales” (Vega 2011, 367).

Desde 1888, el despliegue de la expansión del papel del Estado en el Valle del Mayo se tornó sistemática y arrolladora. La construcción de un torreón con hileras circulares de troneras de tres niveles junto al molino de la hacienda Juárez, vigilando la densa y dilatada alameda por donde escurría el río Mayo, entre los pueblos de Cohuirimpo y Navojoa, como la edificación de escuelas públicas en Navojoa y Huatabampo, familiarizó a la población con las dos caras del dominio del espacio “territorializado” por el Estado-nación: la coerción y el consenso.

La revolución tecnológica de la época contribuyó a vencer a los mayos reacios. En los 21 años transcurridos entre 1886 y 1907, la ciudad de Álamos quedó comunicada por líneas telegráficas con el centro del estado, con la sierra limítrofe de Chihuahua y con el puerto de Agiabampo en el litoral del mar de Cortés; se realizaron obras para distribuir el agua potable, se construyeron el mercado municipal, el palacio municipal, el rastro y el kiosco de la plaza de armas; la cárcel municipal se edificó en el cerro más céntrico de la ciudad y se tendió la vía con la estación de Navojoa de la línea troncal del Ferrocarril de Sonora, estación que distaba 187 kilómetros de Empalme y 614 de Nogales. En la víspera de la depresión mundial de 1907-1908, la ciudad de Álamos, como capital de distrito y cabecera municipal, como centro de negocios y de inversiones, irradiaba progreso, un progreso basado en un intercambio desigual entre los polos urbanos y el campo, habitado mayormente por campesinos mayos.

En 1906, el distrito contaba con 11 agencias de correo, una en cada municipio que lo conformaba. Y de Álamos partían siete caminos carreteros que comunicaban esta ciudad con Cócorit (distrito de Guaymas) con dos vías, una de 156 kilómetros y otra de 124, con el mineral de La Dura en el distrito de Ures de 193 kilómetros, con Chínipas, Chihuahua, de 90 kilómetros que incluyen 30 de herradura, con El Fuerte, Sinaloa, de 90 kilómetros, con el puerto de Agiabampo de 90 kilómetros, más el de Navojoa a Médano Blanco, junto al mar, pasando por el corazón demográfico y económico del valle: Cohuirimpo, San Pedro, Etchojoa, Huatabampo y Moroncárit, de 60 kilómetros.⁹

El proceso de urbanización material y cultural en Sonora se fortaleció y propagó a lo largo de la vía férrea y telegráfica Nogales-Navojoa con la creación de nuevos asentamientos –como Nogales y Empalme– y el reacomodo de otros que se aproximaron a su vera, como Navojoa, que se trasladó a la loma de la estación, lo que consolidó el cambio del eje de la población en Sonora, trasladándose éste de la sierra a los valles costeros. Puede afirmarse que el ferrocarril “integró los fragmentos de Sonora”: en 1905 el 70 por ciento de los pasajeros viajaron en tercera clase, la más barata, y un porcentaje similar viajó a la estación más próxima. Y empezaron las “corridas especiales” a las fiestas de San Francisco en Magdalena, a celebrar el año nuevo a Hermosillo, al carnaval en Guaymas.

La conexión ferroviaria con Estados Unidos multiplicó las relaciones transfronterizas por medio de los intercambios económicos, demográficos y culturales entre la población de Sonora y la de Arizona y posibilitó la comunicación de los miembros de las familias dispersas en ambos lados de la línea; los artículos y los estándares estadounidenses se volvieron sinónimo de lo moderno; las mercancías de Estados Unidos desplazaron a las europeas que llegaban por barco a Guaymas, por baratas, como fue el caso de las herramientas (Tinker 1997, 127-148 y 256).

En Sonora, las políticas del gobierno porfirista promovieron los procesos de pacificación, poblamiento, comunicación y homogenización, característicos del Estado-nación, enganchando la economía local tecnológicamente moderna –como la minería– y la agroexportadora a la economía de Estados Unidos. Se registraron auge económico y crecimiento demográfico. Entre 1880 y 1910, la población de Sonora creció un 131 por ciento (Vega 2011, 367-369; Voss 1990, 152).

La Comisión Geográfico-Exploradora

La derrota militar en 1886 de los mayos y yaquis se alcanzó por un despliegue del Ejército federal y de vecinos alistados en la Guardia Nacional. Como parte de la presencia permanente y móvil del Ejército, en mayo de 1887 arribó a Hermosillo personal de la Comisión Geográfico-Exploradora, bajo la dirección del coronel de Estado Mayor Especial, ingeniero Agustín Díaz, para “ocuparse del trazo, fraccionamiento y reparto de terrenos” entre indígenas de los ríos Yaqui y Mayo, a los que el gobierno de Porfirio Díaz había dado posesión legal de tierras, de “la construcción de los canales de riego necesarios” y de levantar una carta del estado, y adoptó el nombre de Comisión Científica de Sonora (García Martínez 1975, 486-492; Sánchez 1975, 563). Éste es un ejemplo de la conexión entre los niveles nacional y local que ocurrió durante el porfiriato en Sonora y del despliegue de las entidades del Estado-nación que arribaron entonces.

La Comisión Geográfico-Exploradora había sido creada en enero de 1877 por Vicente Riva Palacio, secretario de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, como Comisión de Cartografía, desarrollada a partir de una comisión de ingenieros que definiría “un programa integral y detallado de trabajo cartográfico”. La Comisión Geográfico-Exploradora inició sus trabajos el 5 de mayo de 1878, apoyando el trazo de los mapas “en una serie de puntos clave determinados astronómicamente a lo largo de las vías telegráficas y ferroviarias” (García Martínez 1975, 486-492 y 502).

El líder de la comisión fue el ingeniero topógrafo Agustín Díaz (1830-1893), quien había egresado del Colegio Militar como teniente en el Cuerpo Nacional de Ingenieros en 1847 y quien formara parte, entre 1850 y 1857, de la comisión mexicana para demarcar los límites con Estados Unidos después de la guerra de 1848. En octubre de 1885 se le expidió despacho de coronel de Estado Mayor Especial por acuerdo del presidente de la República, en reconocimiento a su labor al frente de la Comisión Geográfico-Exploradora (Sánchez 1975, 556-563).

El 10 de junio de 1887, en el Valle del Yaqui, el coronel Agustín Díaz, en su carácter de jefe de la Comisión Científica de Sonora, en presencia de yaquis, les dirigió un mensaje que subrayó las garantías ofrecidas en nombre del presidente Díaz para que regresaran a sus casas y se dedicaran a trabajar, asegurándoles el derecho a cultivar las tierras que se les fraccionaran. Los objetivos de la comisión eran más amplios: asentar a los yaquis en pueblos que contaran con una plaza y una distribución cuadriculada de los solares –“el fundo de cada pueblo sería un cuadrado de 1,000 metros por lado” (González 1985, 251)– y fraccionar la tierra agrícola en lotes que se titularían gratis a yaquis y a colonos (Craib 2004, 165-166).

La Comisión Científica de Sonora trazó varios pueblos para que yaquis, mayos y colonos los ocuparan –como Etchojoa y Huatabampo, en el Valle del Mayo– y construyó algunos canales de irrigación, pero los yaquis rebeldes continuaron alzados. El coronel Díaz estuvo en Sonora del 24 de marzo de 1887 al 26 de abril de 1888, día en que entregó el mando al coronel de Estado Mayor Ángel García Peña, para reasumir la dirección de la Comisión Geográfico-Exploradora, con sede en Xalapa, Veracruz (Sánchez 1975, 564).

El arraigo en pueblos y el reparto de la tierra eran dos de las columnas estratégicas para someter y asimilar a los yaquis y mayos: “El orden social y el progreso capitalista dependían de la imposición de un nuevo orden espacial [...]. La subyugación espacial sería rigurosamente racional. Cada nuevo asentamiento contaría con una plaza central con calles rectilíneas que partirían de ella; cada parcela sería geométrica y uniforme”, subraya Craib (ídem).

Otra era la campaña contra los yaquis rebeldes, que en esos años registraron dos reveses: la toma de la posición fortificada del cajón Buatachive, en los desfiladeros de la Sierra del Bacatete, consumada el 12 de mayo de 1886 por un contingente al mando del general Ángel Martínez, y la muerte de Cajeme, quien, capturado el 12 de abril de 1887 en San José de Guaymas, se le aplicó la ley fuga el 23 de abril (Troncoso [1905] 1977, 124-129 y 154-155; González 1985, 250). La defensa de la integridad de lo que los yaquis consideraban su territorio –“Dios nos dio a todos los yaquis el río, no un pedazo a cada uno”– y de la autonomía de sus autoridades eran las causas de su insurgencia, cuyos alzamientos eran respuestas a intentos de despojarlos de su suelo, como en 1885, cuando el gobierno de Sonora trató de formar el catastro de la propiedad para el repartimiento de las tierras de los valles de los ríos Yaqui y Mayo con el fin de identificar y ocupar los baldíos (ibíd., 250-252).

De acuerdo con el secretario de Fomento, Manuel Fernández Leal, las prioridades de la Comisión Geográfico-Exploradora en 1896 eran mayormente utilitarias y desarrollistas: “fomentar la agricultura y la industria, para atraerles capital, para sugerir a nacionales y extranjeros la explotación de nuestras riquezas”, urgía un mapa catastral de la república y prestar servicios públicos “para la medición de terrenos baldíos, apeos y deslindes” (García Martínez 1975, 540-542).

Uno de los resultados del trabajo cartográfico de la Comisión Geográfico-Exploradora en Sonora es el croquis del Valle del Yaqui, donde, en el margen izquierdo del cauce, se aprecian los “bloques” o cuadrados agrícolas –que se trazaron y continúan en uso hasta el día de hoy–, incluido en los libros de Francisco P. Troncoso y de Fortunato Hernández, publicados en 1905 y 1902, respectivamente.¹⁰

La liza por los recursos de una región subordinada

Se han reconocido cinco proyectos de colonización para el Valle del Yaqui y al menos tres para el Valle del Mayo entre 1859 y 1890;¹¹ e identificado 18 proyectos de vías férreas paralelas o transversales¹² al ferrocarril Nogales-Empalme-Navojoa-San Blas,¹³ concesionados entre 1880 y 1910, los cuales, en su mayoría, fueron transferidos a otras compañías o cancelados (Vega 2011, 363).

Para los mismos años, trece concesiones ferroviarias se otorgaron, para comunicar alguna localidad de Chihuahua –por lo general Ciudad Juárez o Casas Grandes– con un puerto marítimo ubicado en Sonora –Guaymas o Agiabampo– o fronterizo –como Agua Prieta– o con uno marítimo en Sinaloa, por lo regular Topolobampo.¹⁴

Seis de estas concesiones fueron absorbidas por compañías ferroviarias –como la Symon-Feguson, dada en 1877, para unir por vía férrea a Guaymas con Paso del Norte, que, constituida como la Compañía del Ferrocarril de Sonora, construyó el tramo Guaymas-rancho Los Nogales, el cual, terminado en 1882, fue arrendado en 1887 por el Ferrocarril Sud Pacífico de Estados Unidos y en 1907 adquirido por el ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe– o fueron canceladas por vencimiento de la vigencia de la concesión. Y siete concesiones fueron construidas en dirección al Golfo de California, recorriendo porciones de la Sierra Madre Occidental en longitudes diversas, partiendo del estado de Chihuahua (Almada 1971, 57-178).

En el Valle del Mayo, entre 1864 y 1918, se abrieron 22 canales, combinando la inversión de empresarios locales y la fuerza de trabajo de los mayos, con el objetivo de transformar una faja costera de vegetación cactácea y maleza espinosa, en una extensión regada por agua rodada, gracias a la infraestructura hidráulica, empezando por su pieza básica: los canales de riego. El éxito registrado en las tierras bajo regadío impulsaba la apertura de más canales (Lorenzana 2006, 3-9; Bataillon 1981, 101). Estos emprendedores, muy desiguales en sus capacidades financieras, se tornarán, como conjunto, en uno de los actores decisivos para colonizar los valles del Mayo y Yaqui, marginar a la población nativa y contener los intereses estadounidenses en los valles.¹⁵

Entre los intentos de colonización del Valle del Yaqui en el siglo xix, el más logrado es el emprendido por Carlos Conant Maldonado (1842-1907), quien celebró un contrato el 22 de agosto de 1890 con la Secretaría de Fomento para deslindar, fraccionar y colonizar las riberas de los ríos Yaqui y Mayo en Sonora y del Fuerte en Sinaloa.

La concesión autorizaba abrir un canal en cada uno de las márgenes de los ríos, con derecho a tomar la tercera parte del caudal, “se obligaba a respetar los derechos adquiridos con anterioridad sobre uso y aprovechamiento de ellas” y se precisaban las obras, los tiempos de iniciación y conclusión de éstas, su secuencia en los tres ríos, licencia para construir puentes y caminos, libertad para importar maquinaria y materiales por el plazo de quince años, exención de impuestos por veinte años –excepto los del timbre–, y la autorización para deslindar los terrenos baldíos y demasías comprendidos en un vasto perímetro que partía de Camoa, sobre el río Mayo, hasta el pueblo de Buenavista junto al río Yaqui, seguía al poniente hasta la Sierra del Bacatete y de ahí a la desembocadura del río Mayo y por la margen derecha de éste regresaba a Camoa –incluyendo una porción significativa de poblados yaquis y mayos y sus tierras y aguas–, fijando un máximo de un millón de hectáreas como compensación por el deslinde.

La Sonora and Sinaloa Irrigation Company (ssic), que Conant estableció en 1891, concluyó el deslinde al año siguiente e inició los canales. Pero se declaró en liquidación en 1906 y la Richardson Construction Company adquirió sus derechos, empresa que luego se reorganizó como Compañía Constructora Richardson. Ésta celebró con la Secretaría de Fomento un nuevo convenio que modificó el original de la ssic y se circunscribió al río Yaqui, dando prioridad a la construcción de infraestructura hidráulica y al fraccionamiento para colonización (Almada 1983, 145-146; Dabdoub 1995, 259-291).

Vacilaciones y costos del progreso

Estos procesos también generaron costos y riesgos. El porfiriato como pirámide de vínculos locales y regionales –basados en “el binomio lealtad-favores” (Guerra 1988, 154-157)–, el poder presidencial como supuesto factor imparcial al que acuden las partes en conflicto y la importancia de los “sutiles equilibrios de la política local” corresponden a prácticas de la primera etapa del porfiriato en Sonora, 1883-1900. A partir de 1900 predominaron los costos y la incertidumbre, producidos por la centralización, la reelección continua de una fracción de la clase política en los cargos públicos decisivos, las crisis económicas cíclicas, la concentración de la riqueza, de la tierra y de las oportunidades, que acentuaron las distancias sociales y raciales (Almada Bay 2013, 75 y 80; Vega 2011, 365-370).

El consumo diferenciado entre pobres y ricos se hizo creciente y ostensible y seguía divisiones raciales, más manifiestas según menor fuera el asentamiento, entre blancos, mestizos y mayos, como en los ranchos; y también en la ciudad, donde la delimitación del suelo urbano en el transcurso de los años siguió un patrón de aglutinamiento por círculos de amigos en la política y en los negocios, más que por las sociabilidades tradicionales como las redes de parentesco consanguíneo.

El orden social y político en el Valle del Mayo cambió entre 1886 y 1911. A la derrota militar de los mayos siguió la corrosión de sus autoridades, usos y costumbres. La población blanca, mestiza y los mayos asimilados también registraron cambios, incluso las elites, formadas por ramas de redes familiares que se vincularon por matrimonio, compadrazgo o sociedad en los negocios o que supieron negociar oportunamente con el triunvirato que se turnaba la gubernatura, formado por Luis E. Torres, Ramón Corral y Rafael Izábal y sus familias políticas, los Monteverde y los Escalante, de donde provenían sus esposas.

La centralización nacional se reprodujo a nivel estatal, distrital y municipal. Así, en 1891 se cambió la Constitución local para que dejaran de ser puestos de elección y se volvieran de designación los prefectos, comisarios de policía y jueces de primera instancia (Almada Bay y Medina 2001, 252).

La circulación de los diputados del Congreso local –que duraban dos años en el cargo–, de los prefectos –la Constitución reformada en 1891 estipulaba que eran designados y removidos por el Ejecutivo– y de los presidentes municipales –de periodos anuales– se tornó lenta hasta volverse en varios casos una reelección continua indefinida. Doce personas fueron reelectas al Congreso durante 16 años continuos o más, entre ellas dos por 28 años: Bartolomé Salido Zayas entre 1883-1911 por los distritos de Álamos y Moctezuma y Gustavo Torres Viniegra por los de Magdalena, Arizpe y Ures (ibíd., 250-251 y 273). Las prefecturas observaron también una sucesión prolongada como la de Álamos, ocupada durante 14 años por Francisco Salido Zayas, entre 1897 y 1911. Mientras que en las presidencias municipales la reelección sucesiva por largos periodos no fue tan frecuente, como el caso de Vicente V. Escalante (1822-1901) en Hermosillo, que la ocupó durante doce años entre 1888 y 1900 y el de Jacinto Padilla en Magdalena, que la retuvo por once entre 1900 y 1911.¹⁶

La paradoja para el progreso de las elites locales fue “más control y menos autonomía. El precio de la aceleración del progreso, el poder y el prestigio fue la creciente renuncia a su prerrogativa de determinar su destino”. Por la cuantiosa inversión extranjera en la economía podían perder el acceso a las oportunidades de hacer negocios o de conservarlos. En la política, la centralización podía hacerlos a un lado. Para protegerse, los políticos se tornaron los intermediarios de los negocios privados, que obtenían prerrogativas como exenciones de impuestos, dando lugar a una conexión duradera entre política y negocios (Voss 1990, 150-154).

El peso de factores extralocales políticos y económicos se tornó mayor y más palpable (ibíd., 149-150). Los propietarios locales grandes, medianos y pequeños no podían competir con los grandes inversionistas en el campo de la minería y el ferrocarril. Los denuncios mineros de cualquiera podían ser adquiridos a la buena por inversionistas foráneos que ofrecían montos irresistibles. Los ranchos podrían ser partidos por la vía férrea y cabezas de ganado y vecinos muertos por los convoyes a la mala, con el disimulo de las autoridades y una desigual exigencia para el cumplimiento de la concesión que adjudicaba una extensión apreciable a ambos lados de la vía al ferrocarril, sin que éste cumpliera con levantar un cerco a cada lado de la vía férrea.¹⁷

Sonora se diversificaba con el arribo de los chinos, de los connacionales y de europeos y estadounidenses, mientras que los indígenas hacían mayoría en los asentamientos del campo o se diluían en los centros urbanos o mineros, mezcla que daba lugar a hirientes contrastes en la ocupación del suelo urbano y a tensiones con los estadounidenses y los chinos. Un ejemplo de la heterogeneidad de la población en un mineral es Minas Prietas-La Colorada en 1895, donde con 5 604 personas, había connacionales de 24 entidades de la república (273), estadounidenses (128), chinos (84), europeos de ocho países (84) y de América Latina (3). “Sonorenses” y yaquis y mayos, identificados por la lengua cahita, sumaban el 90 por ciento (Tinker 1997, 183-184).¹⁸ Este panorama es resumido así por el historiador Stuart Voss:

Al llegar a 1910, Sonora tenía un mayor porcentaje de residentes extranjeros que cualquier otro estado, y ocupaba el segundo lugar en números absolutos. En los primeros años del siglo xx las inversiones estadounidenses en minas eran mayores en Sonora que en ningún otro estado, [...]. En cuanto a la inversión estadounidense total, Sonora ocupaba el tercer lugar [...]. También para 1910 los migrantes internos constituían una décima parte de la población de Sonora (1990, 152).

El recurso a la coerción no se podía ocultar: “En 1900, Sonora tenía el mayor contingente de ‘fuerzas públicas’ de todos los estados, y en 1910 casi duplicaba el número de fuerzas armadas federales de cualquiera de los demás estados” (ibíd., 151).

La resistencia de los yaquis había llevado a subrayar la dimensión territorial del conflicto y de las soluciones previstas por los militares, como expulsar “del territorio Yaqui a todos los indios, declarando federal el distrito de Guaymas, estableciendo colonias protegidas por las tropas de la federación y construyendo un ferrocarril estratégico que cruzara la comarca” (Hernández en Balbás y Hernández 1985, 203) y proponer “la ocupación militar del territorio Yaqui, sin abrir campaña contra los aborígenes; único medio, en mi concepto, de civilizar aquellas tribus sometiéndolas a un régimen estricto, bajo la inmediata vigilancia de la federación”. Esta posición se atribuye al general Bernardo Reyes, quien había estado al mando de la Primera Zona Militar (formada por Sonora, Sinaloa y los distritos norte y sur de Baja California) de noviembre de 1880 a enero de 1883 (ibíd., 252-253).¹⁹

La deportación de yaquis a haciendas henequeneras en la península de Yucatán, efectuada entre 1902 y 1907, y la aplicación de medidas de control de la circulación de esta etnia en la entidad promovieron el éxodo de yaquis a Arizona, donde establecieron asentamientos permanentes, y su dispersión por el centro y norte de Sonora (Padilla 1995). La “Campaña del Yaqui” –que incluyó la construcción de cuarteles en varios pueblos yaquis y la colonización por población no yaqui–, la deportación y el control de la circulación de esta etnia probablemente influyeron para que los mayos no emprendieran una resistencia abierta y permanecieran sometidos (Padilla y Reyes 2015, 275-309).

Los riesgos de la conexión del distrito de Álamos con el comercio internacional, a través de la exportación de la plata, el ganado, el garbanzo, las pieles o vaquetas, se hicieron patentes en “la continua devaluación de la plata desde 1872” (Gracida 2014, 26), las crisis de 1904 y de 1907-1908, ésta por efecto de una depresión mundial. Su impacto fue más fuerte aún en los centros mineros que extraían cobre en el noreste de Sonora, causando desempleo, cierre de minas y escuelas y migración a los valles costeros. La crisis de 1907-1908 afectó severamente la minería de la plata de la región de Álamos e impactó el resto de las actividades económicas, provocando una migración del área serrana, hacia el Valle del Mayo, y causando la supresión de los municipios de La Aduana, Minas Nuevas y Promontorios, contiguos a Álamos, debido a la despoblación (ibíd., 122-125).

Si bien el crecimiento de la superficie agrícola irrigada, el auge del garbanzo desde 1900 y el arribo del ferrocarril en mayo de 1907 y la continuación del tendido de la vía férrea hacia el sur y a Álamos paliaron el decaimiento de la minería de la plata, que hizo crisis en la depresión mundial de 1907-1908, en 1910 el panorama del Valle del Mayo era el de un atropellado reacomodo de población errante, entre los rescoldos de la usurpación de tierras y aguas a los mayos y el abanico de sus modalidades de resistencia, y las frustraciones de la variopinta mano de obra y la incertidumbre de los inversionistas locales.²⁰ La economía y el espacio habían quedado enlazados a Estados Unidos y las grandes compañías estadounidenses se beneficiaron de manera significativa de las políticas públicas aplicadas entre 1886 y 1910, marginando a los empresarios regionales no vinculados a la política.

Archivos

ages Archivo General del Estado de Sonora, fe: Fondo Ejecutivo

Bibliografía

Aguilar Camín, Héctor. 1977. La frontera nómada: Sonora y la revolución mexicana. México: Siglo XXI Editores.

Almada, Francisco R. 1983. Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Almada, Francisco R. 1971. El ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. México: Libros de México.

Almada Bay, Ignacio. 2013. El porfiriato en Sonora. En Historia regional de Sonora, de José Marcos Medina Bustos, María del Valle Borrero Silva, Zulema Trejo Contreras, Ignacio Almada Bay, Esther Padilla Calderón y Miguel Manríquez Durán, 70-84. Hermosillo: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

Almada Bay, Ignacio. 2010. De regidores porfiristas a presidentes de la República en el periodo revolucionario. Explorando el ascenso y la caída del “sonorismo”. Historia Mexicana lx (2): 729-789.

Almada Bay, Ignacio. 2009. La conexión Yocupicio. Soberanía estatal y tradición cívico-liberal en Sonora, 1913-1939. México: El Colegio de México.

Almada Bay, Ignacio, José Marcos Medina Bustos y María del Valle Borrero Silva. 2008. Towards a new interpretation of the colonial regime in Sonora, 1681-1821. Journal of the Southwest 50 (4): 375-412.

Almada Bay, Ignacio y Esperanza Donjuan Espinoza. 2002. El Club Verde de Hermosillo y Carmen Serna Salazar. El caso de un eficaz árbitro componedor en 1900. En Las mujeres: protagonistas de la historia en Sonora, tomo i. Hermosillo: Instituto Sonorense de la Mujer.

Almada Bay, Ignacio y José Marcos Medina. 2001. Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000. México: Cal y arena.

Balbás, Manuel y Fortunato Hernández. 1985. Crónicas de la guerra del yaqui. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Bataillon, Claude. 1981. Las regiones geográficas en México. México: Siglo XXI Editores.

Craib, Raymond. 2004. Cartographic Mexico. A history of state fixations and fugitive landscapes. Durham: Duke University Press.

Crumrine, N. Ross. 1974. El ceremonial de pascua y la identidad de los mayos de Sonora (México). México: Instituto Nacional Indigenista.

Dabdoub, Claudio. 1995. Historia de El Valle del Yaqui. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Dávila, F. T. 1894. Sonora histórico y descriptivo. Nogales, Ariz.: s.p.i.

Donjuan Espinoza, Esperanza. 2006. Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora. Una revisión de los recursos de impugnación de resultados electorales municipales, 1900-1910. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Figueroa, Alejandro. 1994. Por la tierra y por los santos. Identidad y persistencia cultural entre yaquis y mayos. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

García Martínez, Bernardo. 1975. La Comisión Geográfico-Exploradora. Historia Mexicana xxiv (4): 485-555.

García y Alva, Federico. 2005 [1905-1907]. Álbum-directorio del estado de Sonora. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

González Navarro, Moisés. 1985. Historia moderna de México. El porfiriato. La vida social. México: Hermes.

Gracida Romo, Juan José. 2014. La historia del Ferrocarril Sud-Pacífico de México y del Río Mayo durante el porfiriato y la revolución mexicana, 1905-1932. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Guerra, François-Xavier. 1988. México. Del Antiguo Régimen a la revolución. I. México: Fondo de Cultura Económica.

Hernández, Fortunato. 1902. Las razas indígenas de Sonora y la guerra del yaqui. México: Casa Editorial J. de Elizalde.

Holguín Balderrama, Juan Carlos. 2015. Las fiestas cívicas y la inauguración de obra pública en Álamos durante el porfiriato: 1892-1910. Una política de progreso y legitimidad. Tesis de maestría en ciencias sociales, El Colegio de Sonora.

Hu-DeHart, Evelyn. 1984. Yaqui resistance and survival. The struggle for land and autonomy, 1821-1910. Madison: University of Wisconsin Press.

Hu-DeHart, Evelyn. 1981. Missionaries, miners and indians. Spanish contact with the Yaqui Nation of northwestern New Spain 1533-1820. Arizona: The University of Arizona Press.

Larson, Brooke. 2002. Indígenas, élites y Estado en la formación de las repúblicas andinas, 1850-1910. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Logan, Walter S. 1894. Yaqui land convertible stock. Nueva York: Sonora and Sinaloa Irrigation Company.

Lorenzana Durán, Gustavo. 2010. Empresarios y empresas agrícolas: espíritu emprendedor e innovador en el Valle del Mayo, Sonora, 1864-1910. En Empresas y empresarios en el noroeste de México. Estudios de caso, coordinado por Juan Manuel Romero Gil, 19-65. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Lorenzana Durán, Gustavo. 2006. Canales y presas: avance de la frontera agrícola en el sur de Sonora, 1890-1942. XXX Simposio de historia y antropología de Sonora, Hermosillo: Universidad de Sonora, cd-rom.

Medina, José Marcos e Ignacio Almada Bay (en proceso de edición). Interethnic warfare in northwestern New Spain: the shifting cultural and political environments of indigenous militias, 1740-1821. En Borderlands of the Iberian world, editado por Danna Levin Rojo y Cynthia Radding. Chapel Hill-Ciudad de México: The University of North Carolina-Chapel Hill, College of Arts & Sciences, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Mexico Research Network.

Memoria de la administración pública del estado de Sonora, durante el periodo constitucional de 1903 a 1907, presentada a la Legislatura del mismo por el gobernador C. Rafael Izábal. 1907. Hermosillo: Imprenta Oficial.

Montaño, Raúl E. y Octavio P. Gaxiola (editores). 1932. Álbum del Mayo y del Yaqui. Directorio comercial 1933. Navojoa: Imprenta Montaño.

O’Connor. Mary I. 1989. Descendants of Totoliguoqui. Ethnicity and economics in the Mayo Valley. Berkeley: University of California Press.

Padilla, Raquel. 1995. Yucatán: fin del sueño yaqui. El tráfico de los yaquis y el otro triunvirato. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Padilla Calderón, Esther y Amparo A. Reyes Gutiérrez. 2015. El valle de los yaquis y la colonización “oficial” en un contexto de guerra, 1880-1900. En Violencia interétnica en la frontera norte novohispana y mexicana. Siglos xvii-xix, coordinado por José Marcos Medina Bustos y Esther Padilla Calderón, 275-309. Hermosillo: El Colegio de Sonora, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Baja California, University of North Carolina-Chapel Hill.

Pletcher, David M. 1948. The development of railroads in Sonora. Inter-American Economic Affairs i (4): 3-45.

Pletcher, David M. 1946. American capital and technology in north-west Mexico, 1876-1911. A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. Department of History. University of Chicago.

Ramírez Zavala, Ana Luz. 2014. “De todo esto se han aprovechado esos hombres políticos y revolucionarios.” Los yaquis durante el proceso de formación del Estado posrevolucionario, negociación y cambio cultural, 1920-1940. Tesis de doctorado en historia, El Colegio de México.

Revilla Celaya, Iván Arturo. 2014. Utopías liberales: proyectos de colonización y rebeliones indígenas en los valles del Yaqui y del Mayo, 1853-1867. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Sack, Robert D. 1983. Human territoriality: a theory. Annals of the Association of American Geographers 73 (1): 55-74.

Sánchez Lamego, Miguel A. 1975. Agustín Díaz, ilustre cartógrafo mexicano. Historia Mexicana xxiv (4): 556-565.

Spicer, Edward H. 1970. Contrasting forms of nativism among the Mayos and Yaquis of Sonora, Mexico. En The social anthropology of Latin America. Essays in honor of Ralph Leon Beals, editado por Walter Goldschmidt y Harry Hoijer, 104-125. Los Ángeles: University of California.

Spicer, Edward H. 1969. The Yaqui and Mayo. En Handbook of Middle American Indians. Ethnology. Part two, editado por Evon Z. Vout, 830-845. Austin: University of Texas Press.

Tinker Salas, Miguel. 1997. In the shadow of the eagles. Sonora and the transformation of the border during the Porfiriato. Berkeley: University of California Press.

Troncoso, Francisco P. 1977 [1905]. Las guerras con las tribus yaqui y mayo del estado de Sonora. México: Instituto Nacional Indigenista.

Vega Amaya, María Patricia. 2011. Una indagación historiográfica sobre la presencia norteamericana y el curso geográfico de la revolución en Sonora, 1890-1915: La sierra, la frontera y los valles del sur del estado. En De los márgenes al centro. Sonora en la independencia y la revolución: cambios y continuidades, compilado por Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina Bustos, 353-386, Colección 2010. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

Voss, Stuart F. 1990. El noroeste de México. En Las alianzas de familia y la formación del país en América Latina, en Diana Balmori, Stuart F. Voss y Miles Wortman, 109-179. México: Fondo de Cultura Económica.

¹ Profesor-investigador de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: ialmada@colson.edu.mx

² El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas, a los CC. Gobernadores de los ocho pueblos de la Tribu Yaqui, Pótam, Son., 10 de junio de 1939, en Dabdoub (1995, 233); la intermitencia de la insurgencia yaqui, en Troncoso [1905] 1977, 65.

³ Los mayos, como los yaquis, buscaron así lograr “un control de facto de sus comunidades”, y de esa manera impedir que no aborígenes se arraigaran entre ellos y diferir la implantación de “reformas drásticas” (Hu-DeHart 1984, 56-93).

⁴ También evitó la pérdida del fértil valle de Aguacaliente, que tiene por costado poniente la Sierra del Bacatete, el corazón simbólico y operativo de la resistencia yaqui (Revilla 2014, 81-128 y 182-183).

⁵ Un informe elaborado por militares federales acerca del levantamiento, el movimiento de los santos, la devoción por Teresa Urrea entre los mayos, la visita de un contingente armado de Tomóchic al rancho de Cabora, y el ataque por mayos a Navojoa y a Cohuirimpo el 15 de mayo de 1892, en Troncoso [1905] 1977, 69-70, 108-155, 172, 181-199; el ataque a Navojoa en 1892, en García y Alva [1905-1906] 2005, 247.

⁶ Memoria de la Administración Pública del Estado de Sonora, durante el periodo constitucional de 1903 a 1907 [...], 1907, “Distrito de Álamos”, sin paginar.

⁷ La visión de los empresarios alamenses para explotar el Valle del Mayo y datos puntuales, en Aguilar 1977, 23 y 29-33; el entorno, los antecedentes de la ocupación del suelo a expensas de los mayos, varias empresas familiares de los Salido, la solicitud para abrir el canal y la respuesta positiva del gobernador Pesqueira, en Lorenzana 2010, 29-31; el funcionamiento de la hacienda y del molino en 1904 y su ubicación, en García y Alva [1905-1906] 2005, 238; el año de fundación y la producción de 1908, en Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, Dirección General de Estadística, Estadística Industrial, Estado de Sonora, Distrito de Álamos, Año de 1908, Archivo General del Estado de Sonora (ages), Fondo Ejecutivo (fe), tomo 2367, sin foliar. Ésta es la fuente de los subsecuentes molinos citados para los datos de fundación y los de operación en 1908. Los caminos en Memoria de la Administración Pública del Estado de Sonora, durante el periodo constitucional de 1903 a 1907 [...], 1907, “Caminos existentes en el Estado hasta el 31 de diciembre de 1906”, sin paginar.

⁸ Como el convenio que celebró Carlos Conant Maldonado con la Secretaría de Fomento en 1890 para el deslinde, fraccionamiento y colonización de las riberas de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte (Almada 1983, 145-146).

⁹ Holguín 2015, 140; Memoria de la Administración Pública del Estado de Sonora, durante el periodo constitucional de 1903 a 1907 [...], 1907, “Itinerarios de los ferrocarriles [...], “Oficinas de correos [...]”, “Caminos existentes en el Estado hasta el 31 de diciembre de 1906”, sin paginar.

¹⁰ En ambos, el croquis levantado se denomina “Croquis de la Sierra del Bacatete y del Rio Yaqui” [sic]. La calidad tipográfica del croquis inserto en el libro de Hernández es mejor.

¹¹ La concesión federal otorgada a Conant en 1890 no está incluida; Revilla 2014, 81-91, 95-101, 107, 111 y 124-128 para el Valle del Yaqui y 93-95, 108 y 111-124 para el Valle del Mayo; Ramírez 2014, 115-116 y 287.

¹² Las concesiones de ramales dentro del estado de Sonora predominan en esta relación; Vega 2011, 362-363.

¹³ El tendido de la vía férrea alcanzó en diciembre de 1907 la estación de San Blas en el estado de Sinaloa, estación ubicada en el Valle del Río Fuerte, al oriente de Topolobampo y de Los Mochis y al poniente de El Fuerte; Almada 1983, 245.

¹⁴ Predominan en esta relación las concesiones que incluyen en sus extremos un punto ubicado en el estado de Chihuahua fronterizo con Estados Unidos y un punto en el litoral del Golfo de California; Almada 1971, 57-101.

¹⁵ Los efectos negativos de la reorganización económica de Sonora para integrarse a la economía estadunidense en los productores agrícolas y la suspicacia y resistencia de éstos frente a los intereses de las compañías estadounidenses, en Vega 2011, 370-372.

¹⁶ Salido, en Almada Bay 2010, 747; Escalante, en Almada Bay y Donjuan 2002, 258-259 y 270; Padilla, en Donjuan 2006, 254.

¹⁷ Los estragos causados por el tendido del ferrocarril y el desplazamiento de los convoyes, en Aguilar 1977, 95-98; una visión global de las percepciones negativas de las inversiones extranjeras en vías férreas y minería por distintos actores de la sociedad en Sonora, en Vega 2011, 365-370.

¹⁸ Las tensiones con extranjeros, en especial con estadounidenses y chinos, en Tinker 1997, 194-197.

¹⁹ La estancia del general Reyes, en Almada y Donjuan 2006, 256.

²⁰ Con matices de la interpretación de Aguilar 1977, 32-33; Almada 1983, 245.

La obstetricia como un símbolo del Estado moderno: Sonora y Nuevo León, a fines del siglo XIX y principios del XX¹

Laura Shelton²

Demetrio Mejía, jefe de la clínica interna de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en su curso sobre la mortalidad en México por la Academia Nacional de Medicina, escribió lo siguiente: “Las naciones progresan por el crecimiento de su población” (Mejía 1879, 274). Aunque las epidemias eran el tema principal de su estudio, Mejía vio la mortalidad infantil y materna como un grave problema para el futuro político y social de la nación. A principios del siglo xx, en la mayor parte del país, menos de cincuenta por ciento de los niños sobrevivían hasta un año de edad.³

Mejía y otros médicos expertos pensaban que la mortalidad de los infantes y de las madres debería reducirse con mejor atención en la etapa prenatal, con la participación de obstetras profesionales titulados y con más educación sobre la higiene pública. También creían que el Estado mexicano jugaba un papel fundamental para lograr lo anterior.

Este estudio explora por qué el parto y el trabajo de las parteras pasaron de ser “el negocio de las mujeres” a una cuestión de interés nacional en México a finales del siglo xix. Específicamente, busca entender estos procesos en dos estados del norte de México, Sonora y Nuevo León. La historia de la obstetricia en el norte mexicano es, parafraseando al filósofo Michel Foucault, una historia del fortalecimiento del “poder interior del Estado”, a través de la aparición del término “población” como un elemento fundamental de un país rico y poderoso, donde una “sociedad afirma que su futuro y su fortuna” están ligadas no sólo al “número y virtudes de sus ciudadanos”, sino también a la “manera en que cada cual hace uso de su sexo” (Foucault 1983, 34-36).

Durante el porfiriato la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna se convirtió en asunto de interés nacional. Sin embargo, cuando nos fijamos en lugares específicos, como Sonora y Nuevo León, se observa que estas campañas de salud pública eran desiguales. En Sonora, la modernización de la medicina, incluyendo la obstetricia, era un proceso más lento que en el caso de Nuevo León. Un análisis comparativo de estas experiencias muy diferentes nos permite entender que la influencia del Estado, como aparato jurídico-político, y su orden impuesto en los campos de la medicina, era muy variable, dependía tanto de la disponibilidad de recursos como de la participación de individuos y grupos dedicados a modernizar la práctica de la medicina. Por otra parte, también es necesario tomar en cuenta la fuerza de las tradiciones locales y las prácticas de la medicina popular en cada lugar.

Este estudio también propone que es necesario el enfoque de género al hacer la historia de la modernización de la medicina. En este caso, el Estado estaba encarnado en los funcionarios de la salud pública, en su mayoría hombres, encargados de la regulación de la salud materna y fetal. Como se verá, sus esfuerzos tendrían enormes consecuencias para el trabajo y la autonomía de las parteras en Nuevo León, en tanto que poco pudieron hacer en Sonora.

Desde fines del siglo xix la Escuela de Medicina de la unam tuvo una rápida expansión de la investigación en todas las áreas de la medicina, incluyendo la obstetricia. Su interés incluía temas como la prevención de la fiebre puerperal, la hemorragia posparto, la realización de cesáreas, la prevención de abortos involuntarios, la retención de la placenta, entre otros (Canales 1897, 7-32; Cruz 1897, 9-21; Gómez 1891, 5-41; Ibáñez 1882, 7-43; Navarro y Carona 1873, 6-81; Menocal 1869, 1-43; Rendón 1891, 6-69). Algunos médicos plantearon que la pelvis de las mujeres mexicanas era más estrecha y, por lo tanto, que la enseñanza sobre el uso de fórceps era sumamente importante. Según la historiadora Laura Cházaro, estos discursos médicos sobre los cuerpos de las mujeres mexicanas se cruzaban con las ideologías raciales dominantes acerca de la superioridad europea sobre los mestizos y los indígenas. También los médicos de obstetricia en la Ciudad de México veían a las parteras como si fueran ignorantes y creían que hacían daño a las madres y a los recién nacidos (Cházaro 2005).

¿Cuál fue la influencia de estas ideas en el norte de México? Voy a tratar de responder a esta pregunta a través de tres aspectos: 1) La creación de instituciones educativas para los médicos y las parteras; 2) El establecimiento de normas profesionales de tratamiento, y 3) La capacidad del Estado para regular la conducta de los médicos y parteras titulados y no titulados.

Los funcionarios de Nuevo León pretendieron que las prácticas médicas modernas tuvieran una mayor influencia en los partos y promovieron la creación de una nueva clase de parteras profesionales, que trabajaran bajo la estrecha supervisión de un establecimiento médico dominado por los hombres. La presencia de parteras tituladas, capacitadas con nuevos e higiénicos métodos de parto eran símbolos importantes de la modernidad. En Sonora, nos encontramos con una retórica similar acerca de las prácticas modernas en el parto, pero las instituciones educativas necesarias para difundirlas estuvieron ausentes hasta finales del siglo xx.

Debido a que la trayectoria de la obstetricia es tan diferente en Sonora y Nuevo León, los dos estados nos dan una oportunidad para explorar dos formas distintas a través de las cuales el Estado trató de imponer orden. En el estudio de ambos casos se observa que, además de considerar el papel de los mandatos y las políticas nacionales, también hay que tomar en cuenta el ámbito local en el desarrollo de la salud pública. En el caso de Sonora, de manera particular, es necesario explorar más allá de los márgenes del poder del Estado para obtener una comprensión más completa de la atención a los partos, ya que recayó en gran medida en las manos de las mujeres locales, quienes aprendieron a ser comadronas a través de la enseñanza de otras mujeres con experiencia.

Creación de instituciones de tratamiento
y de aprendizaje: Nuevo León

Nuevo León tiene una de las escuelas más antiguas de medicina en todo el país, así como algunos de los hospitales más antiguos con funcionamiento continuo. La primera Constitución del Estado estableció que “protege la libertad de todo hombre para aprender o para enseñar cualquiera ciencia, arte u oficio” (Aguirre 1944, 12). En 1826, el Decreto provisional número 73 autorizó la fundación de una escuela médico-quirúrgica en la capital del estado: Monterrey. Esta primera escuela sólo duró hasta la primavera de 1831 porque no hubo suficientes médicos para proporcionar instrucción. Sin embargo, estas leyes y los esfuerzos estatales sugieren que la enseñanza médica era un objetivo fundamental de los líderes del estado de Nuevo León desde el principio de su historia.

Lo que hizo que Nuevo León fuera diferente de los estados vecinos en el norte de México no fue sólo su riqueza industrial, sino también la existencia de un grupo de médicos que se dedicó a la creación de hospitales, programas de salud pública e instituciones de educación médica. Esta pequeña comunidad médica tuvo estrechos vínculos con la legislatura estatal y ella misma estuvo involucrada en la política local. Por ejemplo, en 1851 se formó el Consejo Superior de Salubridad, un organismo dedicado a la fundación de las escuelas públicas, una universidad estatal, una escuela de medicina y un hospital público. El Consejo logró que el Congreso del Estado creara una universidad y una escuela de medicina, las cuales fueron puestas a cargo de la administración de la Secretaría General del Gobierno (Benavides 1998, 22).

Una figura clave en el Consejo fue un joven médico llamado José Eleuterio González (conocido cariñosamente en Nuevo León como Gonzalitos), quien llegó a Monterrey en 1833, a la edad de 20 años, con una especialidad en obstetricia; recién había adquirido su título en la Escuela de Medicina de Guadalajara, su ciudad natal. Seis meses más tarde, en 1834, fue nombrado director del Hospital de Nuestra Señora del Rosario. González y sus colegas impartieron cursos a los estudiantes de medicina en el hospital, hasta que el estado fundó la Escuela de Medicina en octubre de 1859 como parte del Colegio Civil. Un año después, en 1860, este mismo grupo de médicos fue fundamental en la creación del Hospital Civil de Monterrey, con la idea de que una escuela de medicina exitosa necesitaba un hospital donde sus estudiantes pudieran desarrollar la experiencia clínica. En 1866 la institución también quedó bajo el liderazgo de José González (González y Ortiz 2013, 11-12).

González hizo de la obstetricia y la formación de parteras una parte importante del programa de la Escuela de Medicina desde el principio de su historia. Anteriormente, a partir de 1828, las parteras de Nuevo León habían recibido instrucción del doctor italiano Pascual Constanza, director del Hospital de Nuestra Señora del Rosario, el cual tuvo sus primeros antecedentes en la época colonial. Parece que Constanza dio instrucción profesional a algunas personas, pero sus estudios no eran formales y no se les otorgaba ningún título. En 1853, José González, bajo la autoridad del Consejo de Salubridad, ofreció una cátedra de partos para hombres y mujeres, y cuando fundaron la Escuela de Medicina en 1859 se incluyó la carrera de partos como parte del programa de estudios. Desafortunadamente no tenemos documentos sobre cuántos estudiantes estuvieron inscritos en la Escuela de Medicina en esa época (Jaramillo-Tallabs 2010). Sin duda hasta ese momento la mayoría de las mujeres aprendieron a ser parteras gracias a la enseñanza de sus madres y tías, fuera de la autoridad del Consejo de Salubridad. Sin embargo, a diferencia de Sonora, una infraestructura estaba en su lugar para crear un programa de formación para parteras profesionales.

¿Qué podemos aprender del primer grupo de mujeres que lograron titularse como parteras ante los doctores de la Escuela de Medicina o el Consejo de Salubridad? Las mujeres como Rita Galindo de Díaz (1871), Elena Knapp (1873) y María Saldívar (1899) vivían en Monterrey o provenían de pueblos muy cercanos a la capital. La proximidad de estas estudiantes a Monterrey sugiere que las mujeres que vivían lejos continuaron aprendiendo partería en la forma tradicional de las mujeres mayores en sus comunidades. El caso de Elena Knapp también revela la presencia de médicos extranjeros en el norte de México durante el porfiriato. Knapp era una joven estadounidense que aprendió a atender los partos con su padre, Moisés Knapp, un médico que ejerció en Cadereyta Jiménez, un pueblo al este de Monterrey. Dada su experiencia práctica, Knapp se tituló antes, pues fue examinada por los tres médicos del Consejo de Salubridad y pasó el examen en el primer intento (ibíd., 73-74).

También está claro que las mujeres que optaron por estudiar la partería en la Escuela de Medicina ocuparon un papel subordinado en el campo de la práctica médica, ya que se desempeñaron como parteras o enfermeras, a pesar de que en los primeros tiempos del funcionamiento de la escuela llevaban los mismos cursos en conjunto con los hombres que estudiaban medicina. En junio de 1915, por ejemplo, el doctor Jesús Lozano Garza informó que cuatro estudiantes completaron su segundo año de obstetricia, los cuales eran dos hombres, Tomás de la Peña y José Hernández, y dos mujeres, Margarita Mancha y Carlota Garza. Todos ellos obtuvieron buenos resultados en sus exámenes.⁴ En su tercer año como estudiante de obstetricia, Margarita Mancha fue descrita por su profesor, Juan de Treviño, en los siguientes términos: “con buenas disposiciones intelectuales, muy grande aplicación, excelente conducta, y pobre”.⁵

La creación en 1919 de la Escuela de Enfermería de Nuevo León parece haber ocurrido, en parte, para evitar la competencia directa entre los estudiantes varones y mujeres que asistían a las mismas clases de obstetricia. Por ejemplo, María Saldívar, quien se tituló en octubre de 1899, durante muchos años permaneció como partera en Monterrey y posteriormente fue profesora de obstetricia en la Escuela de Enfermería. En cambio, sus homólogos masculinos se convirtieron en médicos y algunos de ellos se desempeñaron como profesores en la Escuela de Medicina. Esta diferencia en el desempeño profesional de las parteras se daba a pesar de que habían llevado los mismos cursos en obstetricia que los hombres.

Entre los años 1880 y 1930, el número de estudiantes en la Escuela de Medicina se amplió, a pesar de una caída en la matrícula durante los años álgidos de la revolución mexicana. Los informes sobre la Escuela de Medicina indican que el número de estudiantes matriculados osciló alrededor de 40 durante la década de 1890. En julio de 1893, 47 estudiantes se inscribieron, y el doctor Juan de Dios Treviño informó que entre estos estudiantes, 10 tomaron cursos en obstetricia y pasaron sus exámenes. Fue el curso más solicitado por los estudiantes, junto a materias como fisiología, anatomía, y patologías externas e internas.⁶

Además de tener una mayor matrícula de estudiantes, los planes de estudio ampliaron los contenidos de obstetricia haciéndola más sofisticada y continuaron incluyendo a las parteras.⁷ En 1929, la Escuela de Medicina ofreció un programa de tres años para las mujeres que querían convertirse en parteras tituladas. Los estudiantes de primer año aprendieron anatomía y fisiología de la pelvis normal, así como nociones anatómicas y fisiológicas de los órganos reproductivos de la mujer. Estudiaron nociones de embriogenia, del embarazo normal, del parto normal, el puerperio normal, higiene y terapéutica obstétricas. En el segundo año, los estudiantes se concentraron en preñez patológica, como sífilis, cardiopatías, tuberculosis y distocia maternal. También aprendieron de enfermedades generales que coinciden con el embarazo, como vómitos simples, convulsiones eclámpticas y desprendimiento prematuro de la placenta. Estudiaron operaciones obstétricas, cómo administrar inyecciones intrauterinas y episiotomías; también cómo prevenir infecciones del recién nacido. Durante los dos años de clínica, aprendieron cómo hacer exámenes de orina; los mecanismos del parto en los casos de presentaciones y posiciones “viciosas”; y la prescripción de medicamentos, que las parteras también podían hacer.⁸ Durante este periodo, las exigencias teóricas y clínicas a las parteras eran muy similares a las que los estudiantes de medicina, en su mayoría hombres, tuvieron cuando estudiaron obstetricia.

El caso de Nuevo León demuestra que los médicos no pretendían acabar con las parteras, sino que buscaban ponerlas bajo la autoridad de un establecimiento moderno y dominado por los hombres. En contraste con la capital de México, se daba una mayor cooperación entre los médicos y parteras, ya que, al menos por un tiempo, ambos recibieron una educación similar, a pesar de que las mujeres finalmente se encontraron en una posición subordinada. Esta tolerancia fue en parte un legado de José González, quien vio que las parteras tenían un papel importante que desempeñar en la prestación de la asistencia sanitaria.

A pesar de que la infraestructura del Consejo de Salubridad no tenía un alcance significativo fuera de la ciudad de Monterrey, sí representó un núcleo dedicado y unificado de las elites, médicos, políticos y líderes empresariales locales, dedicada a educar a una nueva generación de parteras, médicos y enfermeras. De sus esfuerzos surgió una de las escuelas de medicina más antiguas y prestigiosas de la nación mexicana.

Creación de instituciones de tratamiento
y de aprendizaje: Sonora

En Sonora también se hicieron esfuerzos para dar atención a la salud de sus residentes, patrocinados tanto por el gobierno estatal como por sectores privados; pero en contraste con Nuevo León, fueron más esporádicos y se centraron en el tratamiento de las epidemias más que en la obstetricia. Durante el periodo colonial, los jesuitas habían proporcionado asistencia sanitaria en las misiones, en tanto que el comandante general, Teodoro de Croix, fundó en 1779 el Hospital Militar de Arizpe, capital de las Provincias Internas; es el más antiguo patrocinado por un aparato estatal. Este hospital tenía alrededor de 25 camas y funcionó entre 1786 y 1862.

Al finalizar el siglo xix sólo había tres hospitales en todo el estado: en la ciudad de Hermosillo, el puerto de Guaymas y la ciudad minera de Álamos. En Hermosillo, el Hospital Civil fue fundado en 1871, con una donación del gobierno de 1 000 pesos. La señora Justina Almada de Urrea estableció el Hospital de Jesús en Álamos durante la década de 1880, y el Hospital Civil de Guaymas fue creado en 1897 (Muro 2003). La Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora fue fundada hasta el año 2000, a pesar de que más de un siglo antes, en 1881, el gobernador de Sonora, Rodrigo Ortiz Retes, había encargado al doctor Pedro Garza establecer el Instituto Sonorense para la formación de una gama de profesiones, que incluía la de médico, cirujano y obstetra. Sin embargo, tales esfuerzos fracasaron, debido a la falta de apoyo financiero del Congreso del Estado y a la inestabilidad política durante el levantamiento del indígena yaqui José María Leyva, Cajeme, que causó agitación en el gobierno estatal (González y Sámano 2003).

El Estado tuvo un papel muy pequeño en la atención a la salud de los habitantes de Sonora, incluso en el campo de la obstetricia. Sería hasta después de la revolución mexicana que se sintió su presencia. En 1929 el doctor Antonio Quiroga ocupó el primer cargo de ámbito estatal para la atención de la salud pública. Quiroga ayudó a formular el Código Sanitario del Estado de Sonora en 1930. Dos años más tarde jugó un papel importante en el establecimiento del primer servicio materno infantil del estado, ubicado en la ciudad de Hermosillo. En 1935, el gobierno nacional fundó los Servicios Sanitarios Coordinados, que absorbió al Sanitario del Estado de Sonora.

La fundación de los Servicios Sanitarios Coordinados marcó el primer esfuerzo centralizado para proporcionar salud preventiva a nivel nacional, incluida la salud prenatal. Su primer director, el doctor Gustavo Viniegra, abrió centros de atención en Hermosillo, Magdalena, Cananea, Ciudad Obregón, Navojoa, Vícam, Cumpas y Sahuaripa, los cuales contaron con un médico, una enfermera, un oficial sanitario y un mozo (Muro 2003, 347). Estos funcionarios sanitarios locales se acercaron a las parteras e incluso jugaron un papel en su contratación y formación bajo la supervisión de la oficina de Servicios Sanitarios Coordinados. Estas relaciones necesitan más estudios en el estado de Sonora, pero en otras regiones de México estas clínicas de salud locales marcaron un principio en la creación de un nuevo tipo de partera, entrenado en la medicina moderna y que, finalmente, respondió a las autoridades médicas masculinas.

En lo general, en el caso de Sonora nos encontramos con escasa infraestructura médica durante todo el siglo xix, lo cual quiere decir que la mayoría de los sonorenses dependía de la medicina tradicional o popular para el tratamiento de sus enfermedades y, afortunadamente para ellos, Sonora tenía una rica tradición de la medicina popular, que hundía sus raíces en una mezcla de conocimientos indígenas, europeos, asiáticos y africanos. De hecho, como podemos ver en el Florilegio medicinal del jesuita Juan de Esteyneffer, el conocimiento médico indígena y europeo se entrelazó en una fecha temprana en la historia de Sonora, como resultado de las interacciones entre los misioneros y los indígenas.

Con El florilegio medicinal se puede observar que los tratamientos eran locales y dependían en gran medida de los diversos ecosistemas de Sonora, por lo que cada región ofrecía sus recursos propios, conformándose farmacopeas indígenas particulares. Las comunidades sonorenses adoptaron las plantas de Europa, África y Asia. El jesuita Juan de Esteyneffer vivió de vez en cuando en el noroeste de México durante más de una década, entre 1704 y 1716, sirviendo como médico en las misiones de la Pimería Alta y en las de Mátape, Cucurpe, Arizpe y Sinoquipe. Además del tratamiento de enfermedades entre los indios y sus compañeros jesuitas de misión, Esteyneffer recogió una enorme cantidad de información sobre la medicina indígena e incorporó lo que aprendió de los curanderos indígenas en sus propios regímenes de tratamiento. También mantuvo registros muy cuidadosos de estos remedios y catalogó su amplio conocimiento médico y farmacéutico en El florilegio medicinal, que publicó en la Ciudad de México en 1712 (Manzo 2003, 100).

El florilegio disfrutó de una amplia distribución a través de las misiones en el noroeste de México y su influencia ha persistido en los tratamientos médicos populares hasta hoy. Por ejemplo, la “caída de mollera” y su tratamiento, descrito por Esteyneffer, todavía se utiliza en algunas comunidades mexicanas, americanas, yaquis y tarahumaras (ibíd., 104). Muchos de los remedios y tratamientos de Esteyneffer establecidos para la salud prenatal, abortos involuntarios y el parto podrían proporcionar alguna información sobre los tratamientos que las parteras tradicionales en Sonora utilizaban durante los siglos xix y xx.

Esteyneffer ofreció amplios detalles acerca de una variedad de enfermedades relacionadas con trastornos ginecológicos, el embarazo y el parto, incluyendo lo que hoy llamaríamos depresión y cambios de humor, que los médicos porfiristas identificaron como la histeria, en tanto que para Esteyneffer eran síntomas del “mal de Madre”, del cual identificaba muchas causas, como miedos graves, temor de ahogarse y la dispersión de vapores del útero en otras partes del cuerpo. Los tratamientos que recomendaba incluían: hacer friegas de medio cuerpo abajo, “apretarle recio los dedos de las manos, y llamarla bien recio por su nombre propio; o arrancar algunos pelos de la cabeza o del cuerpo”. También recomendó que las parteras refregaran “las plantas de los pies con sal y vinagre fuerte” o aplicar “a las narices cosas de mal olor, como humo de tabaco, o lana quemada, o la pezuña quemada de cualquiera animal” incluso “aplicar para oler del excremento humano” (Esteyneffer 1978, 333-338).

Esteyneffer dio consejos sobre cómo tratar a las mujeres embarazadas para evitar abortos involuntarios, incluyendo tomar licor en poca cantidad y llevar una dieta sana para guardarse contra las enfermedades (ibíd., 339-340). Advirtió acerca de los signos de un aborto involuntario, los cuales incluían: “una flaqueza extraordinaria, pesadez en los riñones y en las caderas, escalofríos, dolor en los rincones de los ojos; apestarse el vientre del ombligo arriba; repentina baja o flojedad de los pechos”. También alertaba de que había más riesgo de “mal parir” después de un golpe, una caída o de ejercicio fuerte (ibíd., 341-342). Esteyneffer también recomendó el uso de medicamentos y remedios de plantas locales, algunos de los cuales permanecieron en uso hasta bien entrado el siglo xx, incluyendo semilla de llantén, “grana con que tiñen” e incienso; la clara de huevo batida con trementina, raíz de chicura, epazote y manzanilla de coyote.

El trabajo de Esteyneffer refleja la existencia de una gran cantidad de conocimientos sobre el tratamiento de los partos normales y anormales mucho antes de la “medicina moderna” y revela un rico intercambio entre los métodos de tratamiento y la farmacopea europea, indígena, africana y remedios asiáticos. Esteyneffer observó que en los pueblos indígenas identificaban un parto difícil cuando duraba más de 24 horas, lo que podría ser porque el bebé estaba muerto, débil, grande o en posición incorrecta, pero que las parteras sabían cómo corregir los dos últimos problemas y que era muy importante cuidar a la madre y no permitirle empujar antes del tiempo correcto.

Otras recomendaciones previas al parto eran que las embarazadas evitaran el aire frío y seco, así como el aire muy caliente, porque se dañaba a la criatura y a la madre. Se podían aplicar remedios por vía oral o en la piel de la parturienta, incluidos mirra, azafrán, canela, agua de artemisa o de Santa María; los polvos sin olor o pimienta molida o cebadilla para favorecer que estornudaran y “echaran la criatura”, pero sólo un poco porque estornudar demasiado debilitaba la cabeza. Para los partos demorados recomendaba dar a beber “unas pepitas cuadradas del color de hierro, que comúnmente vienen chiquitas de Philipinas, que llaman piedras de San Ignacio”. En el perineo se aplicaba aceite de azucena blanca, manteca de azar, y aceite de Alucema para prevenir desgarres cuando salía la cabeza del bebé durante el parto (ibíd., 343-347).

Una vez que los profesionales de la salud del gobierno, a principios del siglo xx, se hicieron presentes en los pueblos de Sonora, se encontraron con estas ricas tradiciones de prácticas de salud prenatal y de parto, aunque –a diferencia de Esteyneffer–, estos médicos del “estado moderno” durante el porfiriato y la revolución estaban menos dispuestos a reconocer el conocimiento médico indígena y popular. Como veremos, a fines del siglo xix y principios del siglo xx, las políticas de salud se caracterizaron por sus esfuerzos para crear y hacer cumplir las normas profesionales, así como para regular e “imponer el orden” en quién podría atender a las mujeres embarazadas y en el parto.

La regulación de los médicos y las parteras

Los funcionarios del gobierno mexicano tienen una larga historia de expresar su preocupación por la falta de médicos titulados y sobre el denominado “charlatanismo”, término que corresponde a la idea de que era peligroso e irresponsable que personas sin la preparación médica oficial asistieran a los enfermos. Desde tiempos tan lejanos como 1528, el Ayuntamiento de México ordenó que para ejercer la medicina o la cirugía, una persona tenía que estar titulada con el fin de evitar la propagación del charlatanismo (Pennock 2003, 454). Durante el porfiriato se observa una creciente preocupación entre los funcionarios estatales de salud acerca de las personas que practicaban la medicina sin tener título oficial. Diversas asociaciones médicas en Guadalajara y Veracruz se dedicaron a combatir al “charlatanismo”. Por ejemplo, la Sociedad Mutualista Médico-Farmacéutica de Guadalajara escribió editoriales e hizo campaña contra el “charlatanismo”. En Sonora, durante la epidemia de viruela de 1893, el presidente municipal de Navojoa, C. Cuellos, junto con otros presidentes municipales del estado, solicitaron al gobierno pus vacuno y médicos competentes para administrar las vacunas. Se quejaron de la abundancia de “charlatanes”, que se aprovechaban de los temores del público durante las epidemias y vendían medicamentos ineficaces y ofrecían tratamientos falsos para obtener beneficios personales.⁹

El 30 julio de 1880, Ignacio Mariscal, de la Secretaría de la Academia Nacional de Medicina, pidió lo siguiente:

Saber en qué puntos faltan medicos para asistir á los enfermos y poder así presentar anualmente a los alumnos que se reciban y no saben a donde dirigirse, puntos de eleccion para establecerse y evitar lo que hoy pasa con la aglomeración de medicos en las poblaciones más importantes, cuando serían más fructuosos si se esparcieran en todos los lugares poblados de la República. Por esta y otras consideraciones analogas, la Academia de Medicina me ha autorizado para que suplique á Usted abiertamente se sirva pedir á los Gobernadores de todos los Estados […] los nombres y residencias de todos los medicos, farmacéuticos, veterinarios, parteras y dentistas que ejercen su profesion con título legal, dentro de los limites de cada Estado”.¹⁰

Tanto en Sonora como en Nuevo León, los gobernadores ordenaron hacer un censo de profesionales de la medicina en sus respectivos estados. En el caso de Nuevo León, el oficial mayor, Carlos Villarreal, reportó 94 doctores titulados trabajando en toda la entidad. Aunque muchos médicos se ubicaban en la capital y en las ciudades, también los había en varias comunidades más pequeñas. Su presencia en diversos lugares del estado reflejaba el impacto de la Escuela de Medicina de Nuevo León. De 94 médicos, sólo cuatro recibieron sus grados fuera del estado, tres en París y uno en Guadalajara. Los otros 90 fueron formados en Monterrey. Villarreal informó sólo de dos parteras tituladas, Rita Galindo de Díaz y Elena Knapp, quienes ejercitaban su profesión en Cadereyta Jiménez, cerca de Monterrey.¹¹

En Sonora, la información acerca de los médicos titulados durante la década de 1880 muestra que eran mucho menos que en Nuevo León. En enero de 1881, el distrito de Guaymas tenía tres médicos. Dos habían estudiado en la Ciudad de México y uno en Madeira, Portugal.¹² En 1880 no había médico titulado en los distritos de Altar y Arizpe. El distrito de Hermosillo reportó siete médicos el 3 de noviembre de 1880. En Sahuaripa había dos médicos, uno estadounidense y el otro inglés.¹³ Había otros médicos en el estado, pero muy pocos afirmaban ser titulados. El número de médicos titulados que practicaban la medicina creció en los siguientes veinte años, pero –a diferencia de Nuevo León– Sonora siguió dependiendo de las personas que estudiaron medicina fuera del estado para brindar atención médica, la mayoría de las cuales lo habían hecho en las ciudades de México o de Guadalajara. Mientras tanto, no había programas para la formación de parteras.

Además de registrar y localizar médicos titulados, algunos congresos estatales, incluido el de Nuevo León, aprobaron legislación para expulsar a las personas que practicaban la medicina sin título legalmente expedido. El 25 de mayo de 1918, el periódico oficial publicó la Ley 55, sobre el ejercicio de la medicina. Esta ley estableció que: “Las personas que ejerzan las profesiones […] como medicina y partero/partera, necesitan para verificarlo registrar su título”.¹⁴ Como castigo, el gobierno podría multar y encarcelar a personas que practicaban la medicina sin titularse; aunque se podrían hacer excepciones para los que estaban dispuestos a tomar los exámenes de competencia, y para comadronas que trabajaran bajo la autoridad de un médico titulado.

En febrero de 1927, el Congreso del Estado presentó otra versión de la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de las Profesiones Médicas y sus Ramos. En 1928, el Consejo Superior de Salubridad anunció que “se ha preocupado por hacer efectiva la Ley sobre el ejercicio de la medicina y sus ramos en el Estado de Nuevo León”. A pesar de sus esfuerzos para crear un registro de títulos profesionales y su voluntad de imponer “fuertes multas a aquellos que [ejercieran] sin poseer ningún título legal”,¹⁵ un año más tarde, el Consejo menciona específicamente los peligros para la salud pública ocasionados por las parteras no registradas:

En relación con el ejercicio de la medicina debe poner en conocimiento de esa Superioridad, que en vista de los graves perjuicios causados en nuestro medio por un gran número de señoras que se dedican a ejercer como parteras y después de estudiar detenidamente tan grave problemas, se determine organizar un curso teórico práctico a estas señoras, contando para ello con la colaboración de tres médicos de esta ciudad, con el fin de hacerles ver los perjuicios que están ocasionando y enseñarles lo indispensable para que no causen daño. Logramos para esta inscripción 75 personas, las cuales están recibiendo los consejos médicos necesarios.¹⁶

El Consejo Superior demostró el deseo de “poner orden” en la forma en que las parteras hacían su trabajo y ponerlas bajo la autoridad de un establecimiento médico dominado por los hombres. A pesar de eso, no trató de eliminar su profesión por completo, como ocurrió en Estados Unidos. Mientras tanto, en Sonora los funcionarios de salud locales centraron su esfuerzo en la regulación de los médicos de sexo masculino y no en las parteras, probablemente porque había tan pocos médicos en todo el estado que las comunidades locales seguían necesitando parteras que se ocuparan de atender los partos.

Conclusión: Nuevo León y Sonora en perspectiva comparada

Tanto en Nuevo León como en Sonora, los funcionarios estatales aspiraron a controlar la práctica médica durante la segunda mitad del siglo xix, incluyendo obstetras y parteras. En el caso de Nuevo León, el deseo de contar con médicos profesionales que ejercieran con métodos “modernos” provino de un pequeño grupo de médicos y vecinos notables, el cual abogó con éxito por la creación de la Escuela de Medicina y el Consejo de Salubridad, instituciones que rigieron los asuntos de salud pública en la entidad desde la década de 1850, mucho antes de que el Estado revolucionario se involucrara en la atención de la salud pública nacional, el Consejo de Salubridad supervisó la profesión médica e impuso el orden sobre quién podría ejercer la profesión y lo que podrían hacer por sus pacientes.

Por el contrario, en Sonora los esfuerzos para modernizar y profesionalizar la medicina, incluyendo la obstetricia y la partería, llegó desde el exterior, en forma de políticas nacionales de salud pública hasta la década de 1930, por lo que la experiencia de Sonora permite observar la práctica médica desde fuera de los márgenes del poder del Estado.

Finalmente, cabe mencionar que tanto Sonora como Nuevo León tuvieron una rica herencia de medicina popular y tradicional, la cual no desapareció con la llegada de las políticas médicas modernas.

Archivos

ages Archivo General del Estado de Sonora

ahenl Archivo Histórico del Estado de Nuevo León

Bibliografía

Aguirre Pequeño, Eduardo. 1944. Datos para la historia de la Escuela de Medicina de Monterrey. Monterrey: Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Benavides García, Raymundo. 1998. Historia de la salud pública de Nuevo León (1820-1950). Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Canales, Francisco. 1897. Hemorragias postpartum. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Cházaro, Laura. 2005. Mexican women’s pelves and obstetrical procedures. Feminist Review (79): 100-115.

Cruz, David. 1897. Indicaciones formales para provocar aborto. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Esteyneffer, Juan de. 1978 [1712]. Florilegio medicinal: o, Breve epítome de las medicinas y cirujia la primera obra sobre esta ciencia impresa en Mexico en 1713. México: Academia Nacional de Medicina.

Foucault, Michel. 1983. Historia de la sexualidad, volumen 1: La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores.

Gómez Suárez, Fernando. 1891. Fiebre puerperal. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

González, José Eleuterio y Armando Hugo Ortiz Guerrero. 2013. Publicaciones del Dr. José Eleuterio González en ciencias médicas, tomo iii. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

González Gómez, María Cristina y José Gustavo Sámano Tirado. 2003. El primer intento de una escuela de medicina en Sonora en 1881. En Apuntes históricos de la medicina en Sonora, compilado por César Quijada y José Gustavo Sámano, 555-566. Hermosillo: Sociedad Sonorense de Historia.

Ibáñez, Joaquín. 1882. Someras reflexiones sobre el aborto obstétrico. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Jaramillo-Tallabs, Sandra Elizabeth. 2010. La mujer en la medicina. Medicina Universitaria 12 (46): 70-78.

Manzo Taylor, Francisco Jesús. 2003. El florilegio medicinal de todas las enfermedades: primer libro de medicina escrito en Sonora. En Apuntes históricos de la medicina en Sonora, compilado por César Quijada y José Gustavo Sámano, 97-107. Hermosillo: Sociedad Sonorense de Historia.

Medina Bustos, José Marcos. 1997. Vida y muerte en el antiguo Hermosillo (1773-1828): un estudio demográfico y social basado en los registros parroquiales. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Mejía, Demetrio. 1879. Estadística de mortalidad en México. Gaceta Médica de México 14 (14): 273-301.

Menocal, Francisco de S. 1869. Estudio sobre el aborto en México. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Muro Dávila, Francisco Javier y Guillermo Vázquez Fuentes. 2003. Surgimiento de hospitales en Sonora. En Apuntes históricos de la medicina en Sonora, compilado por César Quijada y José Gustavo Sámano, 338-355. Hermosillo: Sociedad Sonorense de Historia.

Navarro y Carona, Eduardo. 1873. Del parto prematuro. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Pennock Bravo, Hugo. 2003. La cirugía en Sonora: semblanza histórica de la cirugía en Sonora. En Apuntes históricos de la medicina en Sonora, compilado por César Quijada y José Gustavo Sámano, 453-535. Hermosillo: Sociedad Sonorense de Historia.

Radding, Cynthia. 1997. Wandering peoples: colonialism, ethnic spaces, and ecological frontiers in northwestern Mexico, 1700-1850. Durham: Duke University Press.

Rendón, Rómulo. 1891. Influencia del embarazo en las enfermedades del corazón. Tesis de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. 1956. Estadísticas sociales del porfiriato, 1877-1910. México: Talleres Gráficos de la Nación.

¹ Agradezco a Ana Isabel Grijalva, Sofía Ruiz-Alfaro, José Marcos Medina, Cristina Santeliz y David Contreras por sus comentarios y sugerencias tanto para la elaboración de la ponencia como para este capítulo.

² Profesora-investigadora de Franklin and Marshall College. Correo electrónico: laura.shelton@fandm.edu

³ En el estado de Sonora, las tasas de mortalidad entre los bebés y los niños pequeños también eran sumamente altas, como lo habían sido durante los periodos colonial y republicano temprano. La fiebre amarilla, la tuberculosis, la disentería, la diarrea y la pleuresía ocasionaban la muerte de muchos bebés y niños. En 1895, Sonora reportó 1 717 nacimientos y 1 247 defunciones de niños entre el nacimiento y los cinco años. En 1905, entre 4 756 nacimientos hubo 2 543 muertes entre los niños menores de un año. Véanse Medina 1997, 295; Radding 1997, 103-141; Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística 1956, 25, 33.

⁴ Archivo Histórico del Estado de Nuevo León (ahenl), ramo Educación, Escuela de Medicina, caja no. 2, 1902-1915, carpeta 2/3, 1909-1915. “Informe de la Escuela de Medicina,” f. 2.

⁵ Ibíd., f. 3.

⁶ ahenl, ramo Educación, Escuela de Medicina, caja no. 1, 1870-1901, carpeta 1/4, 1893-1894. “Estado que manifiesta el resultado de los examines verificados en el presente años”, f. 1.

⁷ ahenl, ramo Educación, Escuela de Medicina, caja no. 8, 1928-1932, carpeta 8/3, 1929.

⁸ ahenl, ramo Educación, Escuela de Medicina, caja no. 8, 1928-1932, carpeta 8/2, 1929, f. 1.

⁹ Archivo General del Estado de Sonora (ages), ramo de Salud, tomo 792, año 1891, f. 1-28. “Solicitudes de vacunas”.

¹⁰ ages, ramo de Salud, tomo 83, años 1880-1881, exp. 17, f. 051276-051284, “Anuncio de Secretaría de la Academia de Medicina”.

¹¹ La Sala del Museo Dr. Ángel Oscar Ulloa, Universidad Autónoma de Nuevo León, Historia de la Medicina en Nuevo León, Consejo de Salubridad, Siglo xx, “Noticia de los Médicos, Farmacéuticos y Parteros, con expresión de las fechas en que se recibieron y del lugar de su residencia”, 31 de julio de 1887.

¹² ages, ramo de Salud, tomo 83, años 1880-1881, exp. 17, f. 05839. “Lista nominal de los médicos y farmacéuticos, residentes en este Distrito” [Guaymas].

¹³ ages, ramo de Salud, tomo 83, 1880-1881, exp. 17, fs. 015279-015291, “Lista nominal de los médicos y farmacéuticos, residentes” [Altar, Arizpe, Hermosillo, Sahuaripa].

¹⁴ Periódico Oficial, 25 de mayo de 1918, p. 2.

¹⁵ Sala del Museo Dr. Ángel Oscar Ulloa, Universidad Autónoma de Nuevo León, Historia de la Medicina en Nuevo León, Consejo de Salubridad, Siglo xx, “Registro de Títulos”, 16 de septiembre de 1928, f. 63.

¹⁶ Sala del Museo Dr. Ángel Oscar Ulloa, Universidad Autónoma de Nuevo León, Historia de la Medicina en Nuevo León, Consejo de Salubridad, Siglo XX, “Registro de Títulos”, 1929, p. 93.

Agentes de cambio cultural entre los comcáac durante la primera mitad del siglo xx¹

Ana Luz Ramírez Zavala²

Con el objetivo de comprender el proceso histórico que promovió la incorporación de los comcaác³ a la dinámica económica regional durante el siglo xx, en este trabajo se analizará la injerencia que tuvieron distintos individuos en la puesta en marcha de proyectos oficiales de carácter federal, de índole económica y social, a que se vio sujeta esta población que hasta entonces se había mantenido relativamente independiente de las instituciones estatales.

Este proceso se desarrolló en el contexto de construcción del Estado posrevolucionario que comprendió, entre otras cosas, la homogeneización⁴ de la población mexicana considerándose dentro de este objetivo a la población indígena para la que se diseñaron distintos programas de incorporación. En el ámbito económico y particularmente en el escenario regional, fue determinante para los comcáac el auge comercial de las pesquerías del Golfo de California por la demanda internacional y el desarrollo incipiente que observó el turismo en México; específicamente en Sonora, la zona habitada por éstos.

En este sentido, se estudiará la intervención de dos personajes no indígenas: Roberto Thomson y Jesús Solórzano, en los que convergieron intereses individuales y oficiales y quienes dirigieron proyectos públicos y privados con los objetivos comunes de lograr la integración de los seris a la economía regional y de evitar su “extinción”, según fue declarado por los mismos actores (Bourillón 2002, 38). También se tomará en cuenta el carácter de las relaciones que estos personajes establecieron con la etnia y con las autoridades mexicanas en sus distintos órdenes de gobierno, sin olvidar los beneficios personales que dichos individuos obtuvieron de su labor como intermediarios. Además, se caracterizó a los comcáac que en ese tiempo desempeñaron el mismo papel.

Antecedentes y contexto histórico

Los comcáac son un grupo indígena que habita en la región costera del estado de Sonora, en las comunidades de Desemboque y Punta Chueca en los actuales municipios de Pitiquito y Hermosillo, respectivamente. Cabe mencionar que el espacio donde habitan es costa desértica.

Históricamente este grupo se caracterizó por su residencia nómada estacional, es decir, el desplazamiento dentro de su territorio habitando por temporadas en campamentos para explotar los recursos de su hábitat, en función de los ciclos de la flora y la fauna, así como aspectos simbólicos propios de su organización cultural. La pesca ha constituido su principal actividad de subsistencia y hasta la segunda mitad del siglo xx ésta era complementada con la recolección y la caza (Luque 2006, 94).

Hasta el periodo que aquí se estudia los seris no habían sido integrados al orden social, político y económico de los distintos regímenes, por lo que hasta la primera década del siglo xx fueron objeto de campañas militares y otras formas de dominación que mermaron considerablemente su población, disminuyendo a 196 individuos en 1925, siendo ésta la cifra más baja registrada. La persecución militar se agudizó como parte del proceso de la colonización de la Costa de Hermosillo a partir de la segunda mitad del siglo xix, al no poder incorporarlos como mano de obra en los ranchos ganaderos y agrícolas; la situación se agravó con su deportación a otros estados de la república por el interés que las islas Tiburón, San Esteban y Ángel de la Guarda habían despertado en exploradores y mineros nacionales y extranjeros durante el porfiriato, las cuales no pudieron ser explotadas por la escasez de agua en la zona (Bowen 2000, 176-199). La colonización y la persecución de la que fueron objeto provocaron la reducción de su población y su territorio, así como el fenómeno de etnogénesis por la desaparición de las bandas en que se distinguían culturalmente.⁵

Dichas exploraciones mostraron la riqueza de la fauna, atractiva para la práctica de la caza y la pesca deportiva, dando como resultado la promoción de la región como destino turístico en diversas revistas estadounidenses.⁶ Aunque la posibilidad de hacer turismo en México se vio interrumpida por la lucha armada de la revolución mexicana, un nuevo impulso a esta actividad tuvo lugar a partir de la década de 1920 con la aparición de mapas, guías turísticas y formación de clubes de exploradores de caminos mexicanos (Freeman 2012, 88-90).⁷

En Sonora, a mediados de la década de 1920, se fundó un club de pesca y caza deportiva en Bahía de Kino para ciudadanos norteamericanos que incluía hospedaje y excursiones a la isla Tiburón para realizar dichas actividades (1926-1932); otro atractivo para los visitantes era tomarse fotos con los indígenas. Los turistas eran transportados en una avioneta desde Tucson, Arizona, hasta el balneario.⁸

El negocio The Sportsmen’s Club contó con doce habitaciones de madera y otras más de adobe. El hotel tuvo que cerrar como consecuencia de la crisis de 1929 y un año después los bienes fueron embargados por el gobierno de Sonora. En adelante un comerciante de apellido Corona se encargó de dar hospedaje a los turistas que llegaban al balneario (Ryerson 2005, 143; Bourillón 2002, 31-32; Coolidge 1973, 19; Prensa 1930).

La atención que recibieron los seris en ese periodo se debió en parte a la imagen que la prensa sensacionalista creó sobre ellos como antropófagos, lo que debió despertar el interés de la escuela norteamericana de antropología para estudiarlos.⁹ A partir de esos estudios se evidenciaron las condiciones de pobreza en la que éstos vivían y la poca asistencia que el gobierno mexicano les había prestado.

Algunas consideraciones sobre el cambio cultural

Federico Navarrete Linares en su obra Hacia otra historia de América. Nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas señala que el cambio cultural en los sociedades diferenciadas, aunque es un fenómeno dinámico, por lo general es concebido desde las esferas de poder de distintos regímenes; para lograrlo se desarrollan “teorías-programas” a través de las cuales se han impuesto categorías de diversa índole a ciertos sectores sociales para otorgar derechos y obligaciones, además de justificar las relaciones de dominación. Para el diseño de estos planes se ha requerido del estudio y conocimiento de los grupos que pretenden ser transformados o incorporados. No obstante, como es evidente, los resultados de dichas políticas han distado mucho de los objetivos con los que fueron creados, pues las identidades étnicas han persistido en muchos de los casos (Navarrete 2015, 16-47).

En este sentido, Navarrete propone que para entender el “desenlace” de este proceso se deben reconocer los diversos elementos sociales, políticos, económicos y culturales que intervienen en este fenómeno, considerando las dinámicas y los mecanismos, así como los agentes que participan y las interacciones que se dan entre ellos; la aceptación o la resistencia de parte de las comunidades a quienes van dirigidos, además de distinguir los ámbitos en donde sucede la transformación cultural (ibíd., 31-43).

Programas y dinámicas de cambio cultural

Los programas de cambio cultural son proyectos que la clase dirigente ha diseñado para asegurar su posición de poder y ordenar sus relaciones con los diversos sectores sociales, es decir, permiten asegurar el orden social, entendido como el conjunto de instituciones que integran la totalidad de las relaciones humanas en una sociedad determinada (Greco 2003, 192). Con respecto a la población indígena de México, estas directrices han observado diversas características y objetivos dependiendo del momento histórico en que se han puesto en marcha; se pueden mencionar la evangelización, el indigenismo, la educación oficial, entre otras. Con las anteriores se ha pretendido transformar o hacer desaparecer ciertos elementos culturales que representan, significan y simbolizan elementos de identidad étnica (Navarrete 2015, 50-66).

Para ello se han empleado diversos métodos, desde la coerción u otros, como el uso de las artes, la instrucción, el establecimiento de nuevas instituciones y la introducción de nuevas tecnologías. Todo lo anterior ha cambiado en múltiples formas a los pueblos indígenas, interfiriendo en sus interacciones internas y externas, así como en la explotación de los recursos (ibíd., 68-73).

Por su parte, los grupos indígenas han mostrado su capacidad para resignificar y adaptar los nuevos elementos que les fueron impuestos por los programas de cambio cultural. Entre estos mecanismos se pueden mencionar las apropiaciones y expropiaciones de elementos culturales externos; la asimilación, además de la innovación (ibíd., 73-79).

Los programas de cambio cultural entre los comcáac antes del siglo xx tal vez se puedan reducir a la organización de su población en pueblos de misión, proyecto que en general se considera infructuoso porque no se logró cambiar su patrón de residencia estacional, ni hacerlos practicantes de la agricultura y la ganadería. De estas actividades económicas dependió el régimen de misiones jesuitas y franciscanas en el noroeste del virreinato novohispano, pues de ellas no sólo se mantenía a los indígenas misionados, sino que obtenían excedentes que eran vendidos a los reales y villas, además de permitir el sustento para la fundación de nuevas misiones. En el caso concreto de los seris, dichas actividades no lograron su arraigo a la tierra, por lo que solían abandonar los pueblos de misión. La sedentarización de la población originaria era necesaria en la frontera para asegurar los territorios y facilitar el proceso de colonización (Spicer 2006, 112).

A mediados del siglo xix Pascual Encinas y su hermano Ignacio, considerados los primeros colonizadores de la costa de Hermosillo, incluyeron en su proyecto de colonización a la población indígena, tratando de incorporarlos como mano de obra. Al no lograrlo, desarrollaron un proyecto que contempló la catequesis y la institución de una escuela de instrucción elemental, pero tampoco se logró reducir a los seris para integrarlos a la vida ranchera (Thomson 1989, 35-37). Aquí vale la pena anotar que las escasas políticas a las que estuvieron sujetos los comcáac, al igual que las pocas directrices fomentadas en su territorio por intereses oficiales o privados se debe, en parte, a que la zona en donde reside esta población es desértica, por lo cual requiere una alta inversión para el desarrollo de la agricultura, además de la dificultad de retener a la población como mano de obra por su trashumancia.

En este contexto, estudios históricos y etnográficos sobre este grupo indígena coinciden en señalar que a partir de la segunda década del siglo xx empiezan a suceder acontecimientos en el orden internacional, nacional y regional que determinaron cambios culturales entre los seris. En el aspecto económico, el interés comercial de las pesquerías del Golfo de California en el contexto de entreguerras, la Gran Depresión y la segunda guerra mundial, principalmente por la demanda de la totoaba, la tortuga marina y la vitamina D extraída del tiburón. Lo anterior provocó no sólo que los indígenas entraran al comercio del pescado, sino que además fomentó la llegada de pescadores y comerciantes mestizos a los campamentos pesqueros históricos de los indígenas, causando problemas entre ambas poblaciones (Cuéllar 1980, 23-79; Bahre, Bourillón y Torre 2000, 565-571).

En el ámbito político, el proceso de construcción estatal en el que se planteó la incorporación de la población indígena en el proyecto de nación. Para alcanzar ese cometido, en el periodo que aquí se trata se emplearon distintas acciones y programas dirigidos desde el gobierno federal y que las autoridades estatales debían apoyar para su concreción.

En el caso específico de los seris, se establecieron varias escuelas rurales en sus comunidades a partir de 1925. No obstante, las que funcionaron entre esta fecha hasta 1952 fueron intermitentes y poco exitosas¹⁰. Como parte del programa educativo de la Secretaría de Educación Pública (sep), se establecieron dos colonias agrícolas, las cuales fracasaron al tratar de imponer la práctica de la agricultura y la ganadería, que eran ajenas a las actividades de subsistencia de los seris, por lo que los funcionarios de dicha institución, entre ellos el profesor Roberto Thomson, de quien se hablará en este trabajo, promovieron el fomento y mejoramiento de la actividad pesquera.

En 1939 el Departamento de Asuntos Indígenas, institución de carácter federal directamente sujeta al presidente de la república, elaboró un estudio para diseñar un programa de mejoramiento económico para los seris en donde se consideró de manera integral mejorar sus condiciones de vida.¹¹ Como para entonces no hubo intermediarios locales interesados en velar por la puesta en marcha de este programa, como en su momento lo hizo Thomson con el programa de educación rural, aquél no llegó a ser desarrollado, a excepción de la cooperativa pesquera, la cual sí fue creada, fungiendo de mediador Jesús Solórzano, otro de los personajes que serán analizados en este trabajo.¹²

En este tenor, los seris establecieron complejas relaciones con los funcionarios de ciertas dependencias y negociaciones de carácter comercial con los vendedores del pescado, conocidos como armadores, quienes además les rentaban el equipo de pesca a los indígenas (Bourillón 2002, 30-38; Rentería 2006, 61).¹³

Para finales de la década de 1940, otro factor que debió obligar a las autoridades a introducir programas que consideraran a la población nativa fue la política de colonización de la Costa de Hermosillo con fines agrícolas, para la cual se invirtió en obras de irrigación, desarrollo de infraestructura, como la construcción de la presa Abelardo L. Rodríguez y de caminos (Moreno 2006, 61-190). No obstante, como se verá más adelante, el gobierno de Sonora, aparentemente, se mantuvo al margen.

La combinación de estos factores e intereses generaron que el cambio cultural entre los seris se diera de manera acelerada, porque, como señala Luis Bourillón, por primera vez la pesca –su actividad principal de subsistencia– había adquirido importancia dentro de la economía regional (2002, 31-32). En este sentido, el antropólogo William Neil Smith considera que en este proceso los seris como pescadores lograron incorporarse al mercado de trabajo, lo que no se había logrado bajo el régimen misional y la colonización; además de adaptar las nuevas tecnologías a esta práctica sin perder el control sobre el cambio cultural, es decir, la capacidad de definir el carácter de la transformación (Navarrete 2015, 56).¹⁴

Entre los cambios culturales que se presentaron en la segunda mitad del siglo xx destacan la práctica de la pesca comercial, que implicó la dependencia del uso de tecnología y equipo de pesca;¹⁵ también se vieron forzados a constituir una cooperativa pesquera, corporación a través de la cual el gobierno federal obligaba a los pescadores a vender la captura. Otro aspecto que se vio modificado fue su patrón de residencia; se asentaron en Desemboque a principios de la década de 1940 y para 1950 un grupo de 50 individuos se separó del resto para vivir en Punta Chueca (Bourillón 2002, 30-35).¹⁶

Otros fenómenos observados son la dependencia del consumo de alimentos que ellos no producían, modificándose su dieta; el uso de materiales no perecederos para la construcción de sus habitaciones; cambios en los sistemas de explotación de los recursos; el aumento de la población; además de manufactura y venta de artesanías como fuente de ingresos (Griffen 1959, 3; Bowen 1983, 237-239).

Agentes de cambio cultural

Los agentes de cambio cultural son aquellos individuos que desempeñan el papel de intermediarios en las relaciones entre grupos sociales diferenciados y autoridades de diversos regímenes y otros grupos de poder de carácter regional. Getz, Raftery y Tamura han identificado dos tipos de mediación cultural: los conciliadores (bridges) y los agentes (brokers). Los primeros se pueden definir como aquellos sujetos que sirven de enlace entre dos culturas, teniendo ellos identidades duales y su objetivo es concertar el acuerdo entre ambos “mundos”.¹⁷ Por su parte, los agentes o brokers pueden pertenecer a la clase dominante o subordinada; éstos se encargan de negociar las relaciones de poder. Bridges y brokers conocen las diferencias culturales y promueven su reconocimiento para negociar la convivencia entre dos grupos diferenciados. Cabe mencionar que un individuo puede desempeñar ambos papeles y participar en el cambio cultural (2010, 221-225).

Los agentes pueden ser de ascendencia indígena; por lo general son letrados, han aprendido el uso del idioma y desempeñan puestos de poder dentro de su comunidad que han sido otorgados desde afuera; suelen fungir como autoridades, profesores indígenas, intérpretes, escribanos, etcétera. En otras ocasiones, los individuos que representan al sector que resiste también actúan como intermediarios, pues tienen la capacidad de debatir las políticas oficiales (Navarrete 2015, 56-66).¹⁸

En el caso comcáac se sabe poco de la actuación de los agentes indígenas porque existen escasas referencias sobre éstos en las fuentes. A lo sumo, se puede llegar a conocer los nombramientos de los individuos que fungieron como gobernadores de la tribu y sus atribuciones, pero es difícil conocer a través de la documentación oficial cómo desempeñaron estas funciones.

En 1923 se nombró gobernador de la tribu seri al señor Juan Tomás y a Francisco Molina segundo comandante, quien operaría en la isla Tiburón. Para 1925, cuando se firmó un convenio de desarme entre el gobierno de Sonora y la tribu seri, se designó a Manuel Dávila gobernador y a Francisco Romero su ayudante. En dicho documento se señalaron las funciones de estos individuos, entre las que destacan cuidar del orden; informar a las autoridades mexicanas sobre el avistamiento de embarcaciones; procurar que los individuos en edad de trabajar mantuvieran un empleo; cuidar que los niños asistieran a la escuela; mantener el control de la movilidad de la población, la cual no podía salir de la isla Tiburón sin el permiso de las autoridades mexicanas; además debían castigar a los individuos que observaran mala conducta. Durante el gobierno de Rodolfo Elías Calles, Francisco Romero había sido nombrado gobernador. Según Dane y Mary Coolidge, pareja que visitó a los seris en 1930, Romero no tenía autoridad moral sobre la tribu porque no conseguía que las autoridades sonorenses le dieran provisiones a la tribu; además de que su designación en el puesto se debía a la injerencia del ranchero Roberto Thomson. Por lo anterior se considera que el mantenimiento del poder también debía estar determinado internamente. De 1940 a 1943 se otorgó el nombramiento de gobernador a Alberto Villalobos, quien además fue electo presidente de la cooperativa pesquera (Coolidge 1973, 157-158).¹⁹

Lo que se puede observar es que los personajes mencionados fungían como intérpretes y escribanos, es decir, dominaban el español y sabían leer y escribir; por eso el gobierno de Sonora debió de nombrarlos autoridades indígenas. A la postre, los individuos que asistieron a la escuela rural establecida por Thomson se volvieron funcionarios de la cooperativa (Bourillón 2002, 34).²⁰

Así, Roberto Thomson Herrera²¹ e Ignacio Romero ejercieron cargos en la cooperativa pesquera, respectivamente como vocal suplente y secretario del consejo de administración.²² Según Conrado Santillán, los seris consideraban que los que recibían educación posteriormente se aprovechaban de los que no sabían, como había pasado con los indígenas que habían sido funcionarios en la cooperativa y en este sentido opusieron resistencia a la educación de sus hijos. En contraposición, Norman Krekler, el comisionado de American Friend Service Committee (en adelante afsc),²³ en 1949 apuntó que de 208 indígenas seris sólo 4 sabían leer y escribir. El presidente y el secretario de la cooperativa no eran letrados, excepto el tesorero (Santillán 1993, 87; Bourillón 2002, 34).²⁴

En el marco de los estudios etnográficos realizados durante el periodo que interesa a este trabajo y en años posteriores, algunos de estos sujetos fungieron como intermediarios entre los investigadores y la comunidad. A través de dicha información es posible conocer cómo los informantes indígenas adquirían cierta posición de poder en esta relación, conduciendo la investigación hacia los intereses y redes políticas, económicas y de parentesco de los individuos involucrados. Así lo refiere Scott Ryerson, quien hiciera trabajo de campo en 1969 con el objetivo de estudiar el cambio económico que se observó entre los seris durante la primera mitad del siglo xx. Durante su visita, el indígena Roberto Thomson Herrera fungió como intermediario, informante e intérprete, cobrando por esta labor. Ryerson consideró que su trabajo de campo no era representativo por el reducido número de entrevistas que pudo realizar, en parte porque Thomson limitaba los encuentros del investigador (Ryerson 2005, 120-123).

Con la organización de la cooperativa pesquera, es posible conocer a través de las actas de las asambleas los aspectos que en el proceso de pesca los indígenas debieron de cambiar para la explotación de los recursos marinos;²⁵ además de la agencia de los indígenas para negociar con el gobierno mexicano sus necesidades y para solicitar la salida de los personajes que afectaban sus intereses, tanto indígenas como mestizos. Mediante esta organización los seris solicitaron asistencia técnica, servicios médicos, préstamos crediticios y la intervención de varias instituciones como el Instituto Nacional Indigenista, entre otras.

Como agentes de cambio cultural también operan individuos que son ajenos a las comunidades indígenas, quienes a través del ejercicio de diversas funciones negocian el carácter de los programas implementados por el grupo de poder. Dependiendo del momento histórico, se pueden considerar como agentes de cambio no indígenas a los misioneros, a los ministros del clero secular, a las autoridades civiles y militares. En el siglo xx a los maestros, antropólogos, funcionarios de dependencias de gobierno, comerciantes, turistas e individuos mestizos que vivían dentro de los territorios indígenas o en sus inmediaciones (Navarrete 2015, 65-66). Los personajes que aquí se analizan se pueden considerar como agentes o brokers, fungiendo como mediadores de las relaciones de poder. Según Lynee Getz, el papel de este este tipo de intermediarios facilitó la transición de las poblaciones indígenas a la modernidad (2010, 248).

Para lograr un mayor entendimiento del proceso de cambio cultural que observaron los seris, a continuación detallaré el papel que desempeñaron dos de los agentes no indígenas que más destacaron en las relaciones entre los comcáac y las autoridades mexicanas en la primera mitad del siglo xx.

Roberto Thomson Encinas nació en el estado de Arizona en 1888, creció en la hacienda San Francisco de la Costa Rica en Hermosillo, fue nieto de Ignacio Encinas y sobrino nieto de Pascual Encinas –primeros colonizadores de la Costa Central de Sonora a mediados del siglo xix–. Durante su infancia presenció la crueldad con la que se trataba a este grupo indígena en las campañas militares, a decir de él; lo anterior determinó que como adulto estuviera dispuesto a ayudar a la población seri. Por su cercanía con estos indígenas, Roberto Thomson durante gran parte de su vida llegó a desempeñar diferentes funciones de intermediación entre esta etnia y las autoridades mexicanas, comerciantes, rancheros, pescadores, turistas norteamericanos y varios antropólogos que hicieron trabajo de campo con los seris en el siglo xx (Thomson 1989, 18; Ryerson 2005, 127-129).²⁶

En la década de 1920 ocupó el cargo de “jefe de vigilancia de la tribu seri”, el cual le fue otorgado por el gobierno de Sonora por su relación de amistad e influencia entre algunos sectores de este grupo indígena.²⁷ A decir del propio Thomson, sus objetivos como jefe de vigilancia fueron establecer la paz y evitar el exterminio de esta población, la cual para entonces era perseguida por los vaqueros de la región para castigar el robo de ganado, además de que, según él, éstos pretendían tomar posesión del territorio comcáac. Su intención era mejorar las relaciones entre la etnia con otros sectores sociales de la localidad. Como se mencionó, bajo este cargo ejerció cierta influencia en el nombramiento de las autoridades indígenas que eran reconocidas y pagadas por el gobierno de Sonora (Ryerson 2005, 125-133).

En 1925, después de un incidente en que se responsabilizó a la tribu de dar muerte a 11 reses, el gobierno de Sonora ordenó el desarme de los indígenas, nombrándose como comisionado a Thomson, quien hizo saber del descontento de la tribu por la entrega de las armas al gobierno y dio a conocer a la etnia las condiciones que éste imponía; además se tomó la libertad de hacer algunas sugerencias para que la pacificación fuera exitosa. A decir de Thomson, él evitó que el general Manzo abriera la campaña militar en contra de los seris ofreciéndose a desarmarlos sin el uso del Ejército.²⁸

Paralelamente a sus funciones de jefe de vigilancia, en 1923 junto con el delegado de la sep en Sonora, Cenobio Rivera Domínguez, Thomson puso en marcha en el poblado de Palo Alto un proyecto para la enseñanza del cultivo de la tierra para algunas familias seris. Además, se desempeñó como director y maestro de la escuela rural número 6 en Carrizal (1925-1928)²⁹ y más tarde como profesor de la escuela en Bahía de Kino (1932),³⁰ mientras que su hermano Luis se hizo cargo de la escuela en Pozo Coyote (1925-1927) (Thomson 1989, 23; Ryerson 2005, 142). Por los servicios prestados a la sep, los hermanos Thomson llegaron a percibir salarios más altos de los que normalmente recibía un maestro rural (Marak 2009, 92).

Thomson gestionó proyectos y recursos en beneficio de los seris, como la creación de un almacén, la construcción de caminos; también estableció tratados comerciales para la venta de la producción pesquera, de gamuzas y cestería; además colaboró en el transporte del pescado a Hermosillo, Ures y Nogales para su venta (Ryerson 2005, 142). Su injerencia traspasó el ámbito regional, haciendo llegar diversas solicitudes a dependencias de carácter federal, como la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Agricultura y Fomento, a la cual pidió la exención de impuestos de pesca y caza de venado; su intención era que los seris practicaran sus actividades de subsistencia a escala comercial.³¹

Por otro lado, Thomson ayudó al empresario Y. L. Holmes a construir el club deportivo de Bahía de Kino a mediados de la década de 1920; también presentó a los turistas norteamericanos con los indígenas a quienes entregaban ropa, comida y dinero por tomarse fotos con ellos (Prensa 1930). En entrevistas y artículos posteriores a estos años, aquél refiere que el señor Holmes, en 1929, incendió las casas de los seris para sacarlos de los terrenos, despojándolos de la zona donde se encontraba la totoaba para evitar que le hicieran competencia en la pesca. A pesar de lo anterior, Thomson consideraba que Holmes había sido el “mejor enemigo” de los seris (Ryerson 2005, 130-131; El Imparcial 1956b).

La relación que los seris establecieron con los turistas norteamericanos también se considera un factor de cambio cultural; aunque no será estudiado en este trabajo, es necesario mencionar que otros autores estiman que en estos años se inició la intervención norteamericana en ciertas actividades de asistencia en la que se atendió con provisiones y cuidados médicos a esta comunidad indígena, equiparándose con la operación del Instituto Lingüístico de Verano y de la afsc; ambas se establecieron en territorio seri durante la década de 1950. Más tarde, comerciantes norteamericanos entablaron vínculos con los indígenas para adquirir artesanías para su venta en Estados Unidos. En este sentido, de acuerdo con Smith, la presencia de ciudadanos norteamericanos fue vista de manera positiva por los seris (Smith 1953).³²

La buena recepción que daban los seris a los norteamericanos fue explicada por el comisionado de afsc, Norman Krekler, en relación con la creencia comcáac de que existen cinco razas: yaquis, pápagos, apaches, seris y una tribu de blancos que migraron al norte. A decir de aquél, los seris consideran que los norteamericanos son los descendientes de dicha “tribu amiga”; en contraposición, los mexicanos eran vistos como invasores (Krekler 1949).

Cabe destacar que Thomson, en sus actividades de intermediación con las autoridades regionales, se distinguió por apelar a las características culturales de nomadismo de los seris ante la demanda de los ganaderos de restringir su movilidad. En contraposición, en sus recomendaciones y planes intentó conseguir que practicaran la agricultura los seris, lo que en su consideración se lograría mediante la educación, el trabajo, la agricultura, la industria y el comercio.³³

Por otro lado, Thomson solía anteponer la seguridad de los seris ante la amenaza de que los rancheros ejecutarían a aquéllos si se les encontraba fuera de la isla Tiburón, donde el gobierno pretendía confinarlos. En este sentido, Thomson trató de que el gobernador de Sonora tomara una postura sobre el tratamiento que se daría a los seris. El carácter protector que asumió Thomson también se dejó ver cuando en enero de 1923 en la prensa norteamericana se rumoró la llegada de una expedición a la isla Tiburón encabezada por el cineasta Cecil B. DeMille, quien según publicaciones sensacionalistas iría a documentar a “los caníbales de la Isla Tiburón” y se agregaba que para su seguridad los viajeros iban fuertemente armados. Esta noticia provocó un problema diplomático; el gobernador de Sonora tuvo que organizar a un grupo de al menos veinte personas, entre las que se encontraba Roberto Thomson para evitar que los viajeros arribaran a la isla. La comisión permaneció expectante durante una semana, pero los exploradores nunca llegaron por las malas condiciones del clima.³⁴

La actuación de Roberto como intermediario puede ser controvertida si se contrastan sus escritos en diversos contextos, así como algunas de sus acciones. Por un lado, en la documentación que dirigió a las autoridades como jefe de vigilancia su discurso fue en torno a satisfacer el interés, por parte de la población no indígena, de controlar a la tribu. Por otro lado, llama la atención que cuando dirigió solicitudes a las dependencias de gobierno, como permisos o exención de impuestos a favor de la etnia, generalmente se incluía entre los beneficiarios. Lo anterior fue empleado por sus detractores, asegurando que obtenía privilegios personales en dichas negociaciones; por ejemplo, ante la restricción de que el gobierno de Sonora había hecho a los seris de no permitir visitas a la isla, Dane y Mary Coolidge denunciaron que Roberto Thomson llevaba a sus amigos y permitía a Francisco Romero cobrar cinco pesos por ser guía (Coolidge 1973, 166).³⁵

En los años venideros aparecieron varios artículos de carácter periodístico firmados por este personaje en algunas publicaciones norteamericanas, así como en la prensa regional, en los cuales se puede apreciar la percepción que tenía de los seris y como ésta fue evolucionando con el tiempo.³⁶ Solía escribir sobre diversos acontecimientos históricos a los que había sobrevivido la tribu; también hacía referencia a ciertas prácticas culturales, como sus estrategias de caza, exaltando los conocimientos que éstos tenían sobre la astronomía, su medio y el control de sus recursos. Lo anterior me hace suponer la familiaridad y cercanía que Roberto Thomson llegó a tener con los indígenas. De la misma manera, describía de forma positiva las características físicas de los comcáac como saludables y de buen talante.³⁷

En una serie de artículos que Thomson escribió en el año de 1956 en la prensa regional manifestaba que su labor no llevaba ningún interés personal, sólo el de “serle útil a la tribu” y a los que para entonces trabajaban para encontrar solución a los problemas de ésta.³⁸ El servicio que Roberto Thomson prestó a la tribu seri, independientemente de que le dejara algún tipo de ganancia, hizo visible la hostilidad en contra de ésta por parte de residentes no indígenas de la zona, como ganaderos y comerciantes. Además, ha permitido conocer el estado en que se encontraba este grupo indígena dentro del vacío historiográfico que prevalece en la historia comcáac.

Varios estudiosos de la población comcáac consideran que la labor de Roberto Thomson Encinas fue positiva porque logró establecer relaciones comerciales más justas para los indígenas y trabajó para conseguir medios de producción propios para la tribu. Además, la familia Thomson apoyó a esta población durante los diversos episodios epidémicos que se suscitaron en las décadas de 1920 y 1930.³⁹ Por otro lado, se ha atribuido el efímero éxito del proyecto educativo al cuidado que tuvieron los hermanos Thomson para adecuarlo a las características culturales de los seris al hacer itinerante la escuela rural durante sus primeros años (Smith 1953; El Imparcial 1956c). Aunque lo anterior fue una característica del proyecto de misiones culturales y escuelas rurales que implementó la sep desde la administración de José Vasconcelos,⁴⁰ hay que considerar que el proyecto educativo de carácter federal sufrió modificaciones –como el cambio de los delegados en la entidad–, por lo que su operación y continuidad dependió del arbitrio de agentes locales, como lo fue Roberto Thomson. Para Scott Ryerson, la actuación de aquél fue indispensable en las transformaciones culturales que observó la tribu seri en las décadas de 1920 y 1930 (Ryerson 2005, 124).⁴¹

La injerencia de Thomson como intermediario de la población comcáac, aparentemente, se redujo en la década de 1930 a petición de los propios indígenas, quienes le solicitaron que se retirara de la zona (Marak 2009, 101-102). Al finalizar esta década, Jesús Solórzano participó en la organización de la cooperativa pesquera seri, lo que debió de disminuir la influencia de Thomson cuando la comunidad se estableció de manera permanente en Desemboque a partir de 1941.

En este sentido, se puede considerar al colimense Jesús Solórzano como otro agente de cambio cultural de la población comcáac. Se dice que tenía ascendencia indígena, lo cual se ha interpretado como un factor a su favor en la relación que llegó a establecer con los seris (Bourillón 2002, 37). A diferencia de la información que hasta el momento he podido obtener de la actuación de Thomson, de Solórzano se sabe poco del contexto que lo trajo a Sonora y lo que pasó con él una vez que salió del territorio seri. No obstante, es posible perfilar su labor como intermediario entre este grupo indígena, las autoridades mexicanas y los comerciantes de la región.

La presencia de Solórzano en el área se ha registrado a partir de 1938, cuando este personaje participó en la fundación de la cooperativa pesquera en beneficio de la tribu seri, atendiendo el marco legal de la época, que establecía que la comercialización de los productos marinos debía hacerse por medio de dicho organismo, a través del cual sus miembros tenían derecho a vender de manera directa los productos, siendo supervisados y apoyados por el estado. Para ese año se había determinado que la explotación con fines comerciales de determinadas especies, entre ellas la totoaba, quedaría reservada a las sociedades cooperativas (Valenzuela 2012, 11).

La cooperativa se estableció bajo la denominación “Sociedad Cooperativa de Pescadores de la Tribu Seri, S. C. L.” en Bahía de Kino el 29 de noviembre de 1938. Un año después fue reconocida por Lázaro Cárdenas y se autorizó la pesca de diversas especies, como tiburón, tortuga marina, totoaba, en el área que comprendía desde Puerto Lobos hasta Guaymas. Esta organización estuvo compuesta por 59 integrantes, entre los cuales se encontraba Solórzano, quien para entonces tenía 25 años; formó parte del consejo de administración como comisionado de la organización de la producción. Además había otros cuatro individuos no indígenas que también ocupaban cargos (Bourillón 2002, 36-37; Rentería 2006, 64).⁴²

En teoría, mediante este organismo sus integrantes aseguraban la obtención de crédito; el mejoramiento de los medios de producción; el aumento en la capacidad de producción; la eliminación de intermediarios; sistemas de control y supervisión de la operación de producción. En la práctica la cooperativa pesquera llegó a ser controlada por comerciantes no indígenas, quienes obtuvieron los mejores beneficios, sin llegar a distribuirse equitativamente los ingresos. En este sentido, José Arturo Cuéllar estima que a la salida de Solórzano, 80 por ciento de las ganancias y 50 por ciento del crédito quedó en los bolsillos de los armadores (1980, 82-87).

En el invierno de 1940, Solórzano decidió establecer la cooperativa en Desemboque para evitar la competencia con otros armadores, así como las relaciones mercantiles desiguales para los indígenas. De esta manera, se considera que el control económico de Solórzano en Desemboque benefició a los seris porque permitió protegerlos de la explotación de otros comerciantes, además de disminuir el contacto con la población mestiza, así como prohibir la venta y el consumo de alcohol y drogas con el que se solía pagar la producción pesquera (Smith 1953; Bourillón 2002, 38).

Por lo anterior, a este personaje se le ha atribuido el establecimiento de los seris en Desemboque. Cabe mencionar que dentro del patrón de asentamiento de éstos, de carácter estacional cíclico, este lugar ya formaba parte de sus estaciones de residencia; lo que sucedió entonces fue que su estancia comenzó a prolongarse hasta volverse permanente.⁴³

Solórzano procuró introducir diversas prestaciones y servicios a la comunidad de Desemboque invirtiendo en esta empresa. Así, construyó la oficina de la cooperativa y un almacén para congelar los productos. Además, se encargó de proveer de bienes de consumo a la población. También gestionó el establecimiento de una escuela federal, que a decir del antropólogo William Smith fue poco exitosa entre la población seri por la prohibición e imposición de ciertas prácticas como el uso del cabello corto y el empleo del idioma español, que detonó en el cierre del establecimiento por las autoridades federales debido a la falta de estudiantes (1953). Cabe mencionar que en el acta constitutiva de la cooperativa pesquera se estipulaba la gestión de algunos de estos medios y servicios.⁴⁴

En el mismo tenor, Solórzano trató de involucrar a las autoridades regionales en el proyecto de desarrollo de la comunidad de Desemboque, para lo cual invitó a Abelardo L. Rodríguez a visitar el pueblo. En el marco de la presencia de Rodríguez en la zona, un grupo de seris aprovechó para solicitarle al candidato que el gobierno los proveyera con un barco de mayor capacidad, pero recibieron una negativa de aquél,⁴⁵ creándose un conflicto cuando los indígenas acusaron a Solórzano de monopolizar el comercio en la zona (Smith 1944).

Aparentemente, a raíz de este episodio Solórzano perdió la exclusividad comercial pesquera en Desemboque; además el crecimiento económico del lugar se detuvo, reduciéndose la demanda a 50 por ciento por el descenso en la demanda de los productos del mar debido a la conclusión de la segunda guerra mundial y a la producción sintética de las vitaminas que se obtenían del hígado de tiburón. Todo lo anterior llevó a Solórzano a la quiebra, viéndose obligado a abandonar el lugar en 1948. Aparentemente, el gobierno estatal se mantuvo al margen de participar o desarrollar cualquier política para este grupo indígena hasta entrada la década de 1950 (Smith 1953; Rentería 2006, 68).⁴⁶

Aunque varios autores consideran que la cooperativa dejó de funcionar a la salida de Solórzano, siguió operando, al parecer dirigida por el indígena Roberto Thomson Herrera, quien consiguió equipo a través del financiamiento otorgado por el Banco Nacional de Crédito Cooperativo. En 1951 se revocó la autorización a la cooperativa para funcionar, después de haberse comprobado varias infracciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas, como no desarrollar las actividades por las que se había constituido; no llevar libros contables; carencia de equipo; que los socios no contribuían con la cooperativa y trabajaban por cuenta propia, entre otras (Rentería 2006, 93; Diario Oficial de la Federación 1951).

Consideraciones finales

Los cambios culturales que observó la población comcáac a partir de la primera mitad del siglo xx obedecieron a diversos aspectos que, en su mayoría, estaban relacionados con el auge económico de la Costa Central de Sonora por la demanda comercial de los productos marinos y, en menor medida, por el impulso turístico que tuvo Bahía de Kino en la década de 1920 y el programa federal de incorporación de la población indígena.

En este marco, durante la década de 1920, a fin de garantizar el desarrollo económico de la zona, las autoridades regionales mostraron cierto interés por tratar de controlar la movilidad de la tribu seri; ésta, por su tradición trashumante dentro de su territorio ancestral, solía penetrar en los ranchos de la parte continental para cazar y recolectar según su patrón de subsistencia, lo que desde el siglo xix había provocado conflictos y violencia entre los rancheros y la etnia. Posteriormente, instituciones federales y de culto protestante, así como agentes locales movidos por intereses personales, desarrollaron y operaron proyectos de diversa índole que contemplaron a esta población indígena.

Las diversas acciones implementadas por los que en este trabajo he denominado agentes de cambio cultural no indígenas fungieron en ambas vías para mediar los programas oficiales y las relaciones de mercado, ajustándolas a las condiciones de la región y de la tribu. Se podría argumentar que, en parte, los intereses personales de estos individuos los llevaron a gestionar la continuidad de los proyectos oficiales y de negociar con los comcáac, resultando en un mayor éxito en las acciones emprendidas.

El contexto de bonanza económica, las políticas indigenistas de las décadas de 1920 y 1930 y la actuación de agentes regionales fueron factores que, combinados, repercutieron en el carácter de las relaciones que establecieron los seris con la sociedad sonorense y las autoridades mexicanas, así como el cambio de algunos aspectos de su organización social, como su patrón de asentamiento al establecerse durante periodos más prolongados en dos de los que fueran sus antiguos campamentos y que les permitió modificar su sistema económico.

Como observó Smith, refiriéndose a otros acontecimientos, los seris tuvieron la capacidad de controlar algunos de los factores que contribuyeron al cambio cultural durante estas décadas, pues ellos fueron los que decidieron seguir a Solórzano a Desemboque, huyendo del contacto con los mestizos después de un cuadro epidémico al que sobrevivieron en Bahía de Kino; en el mismo tenor, forzaron la salida de los agentes que los perjudicaban, como en su momento pasó con Thomson y Solórzano. En años posteriores solicitaron la instalación de una escuela porque vieron en la educación un medio que les permitiría establecer relaciones comerciales justas con los armadores de la zona. No obstante, siguieron conservando elementos identitarios como el uso de su lengua y cierta autonomía del resto de la sociedad sonorense.

Acervos

ages Archivo General del Estado de Sonora, fom: Fondo Oficialía Mayor

agn Archivo General de la Nación, fp: Fondo Presidentes y fsep: Fondo sep

Hemeroteca de la Universidad de Sonora

Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970)

Hemerografía

Diario Oficial de la Federación. 1951. Acuerdo que revoca la autorización que para funcionar se otorgó a la sociedad cooperativa de producción pesquera tribu seri, S. C. L. 5 de noviembre, 5-6.

El Imparcial. 1956a. Fue firmada la paz con los indios seris en la época del gobierno de Don Alejo Bay. 9 de febrero.

El Imparcial.1956b. Don Roberto Thomson pone de actualidad una carta. 22 de febrero.

El Imparcial. 1956c. Tribu seri. 13 de marzo.

Heraldo de México. 1924. El gran balneario fronterizo será construido en Bahía de Kino. 1 de junio.

Prensa. 1924. Una interesante excursión a la Bahía de Kino. 12 de mayo.

Prensa. 1925. Un maravilloso espectáculo en la Bahía de Kino. 30 de diciembre.

Prensa. 1930. Será embargado el hotel de la Bahía Kino. 16 de noviembre.

Bibliografía

Bahre, Conrad, Luis Bourillón y Jorge Torre. 2000. The Seri and commercial totoaba fishing (1930-1965). Journal of the South-west 42 (3): 559-575.

Bourillón Moreno, Luis. 2002. Exclusive fishing zone as strategy for managing fishery resources by the Seri Indians, Gulf of California, Mexico. Tesis de doctorado en filosofía, Universidad de Arizona.

Bowen, Thomas. 2004. Cecil B. DeMille and the Tiburon Island adventure. Journal of the Southwest 46 (3): 559-592.

Bowen, Thomas. 2000. Unknown island. Seri Indians, Europeans, and San Esteban Island in the Gulf of California. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Bowen, Thomas. 1983. Seri. Handbook of the North American Indians, 10. Southwest, editado por Alfonso Ortiz, 230-249. Washington: Smithsonian Institution.

Coolidge, Dane and Mary. 1973 [1939]. The last of the Seris. The aboriginal Indians of Kino Bay, Sonora, Mexico. New Mexico: The Rio Grande Press.

Cuéllar, José Arturo. 1980. La comunidad primitiva y las políticas de desarrollo (el caso seri). México: unam.

Davis, Edward H. y Yale Dawson. 1945. The savage Seris of Sonora. The Scientific Monthly (60): 193-201; 261-268.

Freeman, J. Brian. 2012. El automóvil y el turismo norteamericano en México, 1900-1940. En Ciencia y tecnología. Apuntes para su reflexión en la historia de México, editado por Ilse Álvarez, Sandra Pichardo y César Salazar, 81-92 México: Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, A. C.

Getz, Lynee M. 2010. The Quaker, the primitivist, and the progressive: three cultural brokers in New Mexico’s quest for multicultural harmony. The Journal of the Gilded Age and Progressive Era 9 (2): 243-256.

Getz, Lynne M., Judith R. Raftery y Eileen H. Tamura. 2010. Bridging borders, brokering divides: confronting the limits of cultural assimilation: introduction. The Journal of the Gilded Age and Progressive Era 9 (2): 221-225. http://www.jstor.org/stable/27821468.

Greco, Orlando (editor). 2003. Diccionario de sociología. Buenos Aires: Balleta.

Griffen, William 1959. Notes of Seri Indian culture, Sonora, México. Gainesville: University of Florida Press.

Krekler, Norman. 1949. Report to A.F.S.C. on Seri Indians, september 18th. Documento inédito.

López Caballero, Paula. 2017. Indígenas de la nación. Etnografía histórica de la alteridad en México (Milpa Alta, siglos xvii-xxi). México: fce.

Luque Agraz, Diana. 2006. Hant comcáac. Naturalezas, saberes y territorios comcáac (seri). Diversidad cultural y sustentabilidad ambiental. Tesis de doctorado en ciencias políticas y sociales, unam.

McGee, William J. 1980. Los seris. Sonora, México. México: Instituto Nacional Indigenista.

Marak, Andrae. 2009. From many, one. Indians, peasants, borders, and education in callista Mexico, 1924-1935. Calgary: University of Calgary Press.

Moreno Vázquez, José Luis. 2006. Por debajo del agua. Sobrexplotación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosillo, 1945-2005. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Moser, Edward. [1976]. Bandas seris. Calafia 3 (3). http://www-01.sil.org/mexico/seri/A004-BandasSeris-sei.pdf.

Navarrete Linares, Federico. 2015. Hacia otra historia de América. Nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas. México: unam. http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/haciaotra/america.html.

Quinn, C. R. y E. Quinn (editores). 1965. Edward H. Davis and the Indians of the Southwest United States and Northwest Mexico. California: Elena Quinn Downey.

Rentería Valencia, Rodrigo. 2006. Los bordes indomables. Etnografía del ritual y la identidad étnica en los comcáac. Tesis de licenciatura en etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Ryerson, Scott. 2005. “I was the one to make the pence”: Roberto Thomson and the Seri Indians. Journal of the Southwest 47 (1): 117-152.

Santillán Mena, Conrado. 1993. Los seris: de la economía de cambio a la economía de consumo. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Smith, William Neil. 1953. The ethno-history of the Seri Indians from 1890 to 1953. A study in native conservatism and adaptability. Tucson, Arizona, September first. Inédito, versión revisada en 1966.

Smith, William Neil. 1944. Report on Seris from visit to Tiburon, 10-11th September. Inédito.

Spicer, Edward. 2006. Cycles of conquest. The impact of Spain, Mexico, and the United States on the Indians of the Southwest, 1533-1960. Tucson: The University of Arizona Press.

Thomson, Roberto. 1989. Pioneros de la Costa de Hermosillo (la hacienda de Costa Rica 1844). Hermosillo: Artes Gráficas y Editoriales Yescas.

Thomson, Roberto. 1947. Mis amigos los seris. Juventud 9 (155): 8.

Thomson, Roberto. 1947. Mis amigos los seris. Juventud 9 (152): 8.

Thomson, Roberto. 1947. Mis amigos los seris. Juventud 9 (151): 18.

Thomson, Roberto. 1946. Mis amigos los seris. Juventud 9 (141): 16, 17, 29.

Thomson, Roberto. 1931a. Son of the Stone Age. The Seri modern Mexico’s most savage Indians as told to H. H. Dunn. Travel 56 (6): 43-44, 54-56.

Thomson, Roberto. 1931b. Beads tame last cannibal tribe. Popular Science Monthly (enero): 59, 137-138.

Valenzuela Reyes, María Delgadina. 2012. Las cooperativas de producción pesquera. Su lugar en la Constitución y en las diversas leyes de pesca mexicanas. Letras Jurídicas (26): 1-22.

Whalen, William J. 1977. La sociedad de los amigos o cuáqueros. Chicago: Abbey Press.

Williams, Michael. 1911. Tenderfeet of Tiburon. The outing magazine (59): 97-110.

¹ Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “El proyecto educativo entre los comcáac, 1924-1946”, financiado con recursos sep-prodep.

² Profesora-investigadora de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: aramirez@colson.edu.mx

³ Es el término con el que se autorreconocen. Históricamente fueron denominados seris, palabra que será empleada indistintamente en este trabajo para hacer referencia a este grupo indígena.

⁴ El uso del castellano como lengua común; difusión de sentimientos y valores (como cooperación, civismo, higiene, entre otros) que infundieran una identidad nacional (López 2017, 119).

⁵ El lingüista Edward Moser determinó que entre los seris se distinguieron seis bandas en función de diferencias dialectales; las bandas ocupaban distintos territorios políticamente diferenciados (Moser, consultado en http://www-01.sil.org/mexico/seri/A004-BandasSeris-sei.pdf).

⁶ Wide World Magazine, The Outing Magazine, Travel, Popular Science Monthly, entre otras. Para la década de 1920 circularon distintas publicaciones promoviendo la visita en automóvil a México entre los ciudadanos norteamericanos (Freeman 2012, 83).

⁷ La promoción del turismo en México está ligada al fomento del uso del automóvil en Estados Unidos; en ese contexto el gobierno mexicano dio impulso a la construcción de caminos y carreteras durante el régimen presidencial de Plutarco Elías Calles (ibíd., 87).

⁸ Desde 1924 en la prensa nacional y norteamericana se comenzó a promocionar la apertura del club deportivo. En este marco el fotógrafo y cineasta Jesús H. Abitia visitó la bahía para filmar y tomar fotografías con el fin de promocionar la belleza natural del balneario (Prensa 1924; Heraldo de México 1924; Prensa 1925).

⁹ Entre algunos de los antropólogos que hicieron trabajo de campo en estas décadas destacan: Davis (1922 y 1945); Kroeber (1931); Maas (1923); Hyatt (1936); Bonilla (1941) y Smith (1944).

¹⁰ Institución sujeta a la Secretaría de Educación Pública de carácter federal. Las escuelas rurales para los seris se establecieron en Carrizal entre 1925 y 1928; en Bahía de Kino entre 1929 y 1932; en Desemboque a partir de 1941.

¹¹ En éste se contempló educación; desarrollo de infraestructura para la actividad pesquera; atención médica, organización de la cooperativa y la satisfacción de necesidades materiales como dotación de equipo de pesca, herramientas y materiales de construcción.

¹² Archivo General de la Nación (agn), Fondo Presidentes (fp): Lázaro Cárdenas del Río, c. 0134, exp. (136.3/2003 136.3/2112)/101005/89 136.3/2091, Informe, Héctor Alcázar Ugarte, Hermosillo, 25 de mayo de 1939; Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil, Smith papers, 1829-1975, Report on seris from visit to Tiburon 10-11th September 1944, inédito; e Historical notes seri region. En adelante lo voy a citar como Smith 1944.

¹³ agn, fp: Lázaro Cárdenas del Río, caja 0134, expediente (136.3/2003 136.3/2112)/101005/89 136.3/2091, Informe, Héctor Alcázar Ugarte, 25 de mayo de 1939.

¹⁴ Smith, William Neil. 1953. The ethno-history of the Seri Indians from 1890 to 1953. A study in native conservatism and adaptability. Tucson, Arizona, September first, inédito, versión revisada en 1966. En Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970). En adelante lo citaré como Smith 1953.

¹⁵ En lugar de arpones, arcos y flechas, así como balsas de madera, entre 1920 y 1970 comenzaron a implementar las redes, la caña, el bote con motor que funcionaba con gasolina. Esto los volvió dependientes de los armadores que los proveían de estos equipos y suministros (Bowen 1983, 238).

¹⁶ Si bien continuaron trasladándose a otros campamentos y a la isla Tiburón para la captura de la tortuga marina y otras especies, las temporadas se volvieron más cortas y se hicieron en grupos más reducidos.

¹⁷ Como, por ejemplo, los hijos de migrantes.

¹⁸ Algunos de éstos pueden ser autoridades indígenas; mujeres que sirven como intermediarias; jóvenes que han sido educados en instituciones oficiales (Navarrete 2015, 56-66). En el caso de los seris, Juan Astorga o Mashem, indígena que había sido castellanizado, fungió como intérprete e intermediario entre los indígenas, los rancheros de la zona y las autoridades sonorenses hacia mediados del siglo xix. Con respecto a la intermediación de las mujeres, éstas se encargaban de explorar la recepción de los rancheros sonorenses sobre su presencia en la zona; así, una anciana se establecía en el rancho durante un par de días, posteriormente llegaban más mujeres con los niños, y si su presencia era aceptada, comenzaban a construir sus habitaciones; con los días iba aumentando el número de familias (McGee 1980, 171-183).

¹⁹ Varios documentos. Archivo General del Estado de Sonora (ages), Fondo Oficialía Mayor (fom), tomo 3611, gobernador de Sonora a Juan Tomás, 11 de diciembre de 1923; tomo 3713, gobernador de Sonora a Francisco Molina, 17 de septiembre de 1924; tomo 3814, gobernador de Sonora a Manuel Dávila, 4 de agosto de 1925 y caja 39, ramo huelgas, tribu seri y ejidos, años 1941-1943; Acta y bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa Pescadores de la “Tribu Seri” S. C. L. de Bahía de Kino Sonora, México, 1938-1945. En Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970).

²⁰ ages, fom, tomo 3814, Pascual Blanco a Alejo Bay, 1925.

²¹ Indígena que fue bautizado por Roberto Thomson Encinas; aquél fue funcionario de la cooperativa pesquera en varias ocasiones.

²² Acta y bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa Pescadores de la “Tribu Seri” S. C. L. de Bahía de Kino Sonora, México, 1938-1945. En Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970).

²³ Asociación religiosa protestante de carácter internacional que presta asistencia social en países en vías de desarrollo a través de la organización de voluntarios en campamentos, quienes desarrollan programas de diversa índole para combatir la desigualdad, la violencia y promover los lazos comunitarios (Whalen 1977, 5-8).

²⁴ Para aclarar estas contradicciones con respecto a la instrucción de los funcionarios de la cooperativa, habrá que determinar qué individuos desempeñaron cargos y en qué momento. Report to afsc on Seri Indians by Norman Krekler, September 18, 1949, inédito. En Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970). En adelante lo citaré como Krekler 1949.

²⁵ Como gestionar los permisos de pesca para las distintas especies; practicar las artes de captura que eran permitidas; respetar la prohibición de pesca de determinadas especies o en determinados lugares como en su momento se hizo en la isla Tiburón.

²⁶ Roberto Thomson fue quien en 1922 presentó al coleccionista Edward H. Davis con los seris; éste se jactaba de que ambos eran los únicos amigos no indígenas de la tribu. Además Thomson se convirtió en el guía de aquél en otros viajes para visitar a otros indígenas, como yaquis, mayos, coras y huicholes. Thomson también apoyó al antropólogo Alfred Kroeber en 1931 y a finales de la década de 1960 trabajó con Scott Ryerson (Davis y Dawson 1945, 193; Quinn y Quinn 1965, 114-130; Ryerson 2005, 124).

²⁷ No se sabe con precisión en qué año le fue otorgado el cargo de jefe de vigilancia a Roberto Thomson. En un artículo publicado en 1956 se señala que entre 1915 y 1923, cuando Plutarco Elías Calles fungía como comandante militar del estado, éste lo mando llamar para pedirle un informe sobre la situación de la Costa de Hermosillo por varias quejas en contra de los seris. Al entregarle su informe a Calles, éste lo despidió diciéndole que velara por la tribu. Para 1922 Cenobio Rivera, delegado de la sep en Sonora, ya refiere la ocupación de este cargo por Thomson por el que devengaba tres pesos diarios. Además, en una de las entrevistas que Thomson concedió al antropólogo Scott Ryerson refiere que por el interés de desarrollar el turismo en la zona el gobierno dedicó varias acciones para gobernar a los seris, entre ellas comisionarlo para vigilarlos (El Imparcial 1956a; ages, fom, tomo 3611, 1923; Ryerson 2005, 131).

²⁸ ages, fom, tomo 3814, Roberto Thomson al gobernador de Sonora, 21 de febrero de 1925 y 2 de marzo de 1925; El Imparcial 1956a.

²⁹ Thomson refiere que en realidad esta escuela fue itinerante, pues seguía a la población atendiendo su patrón de residencia estacional (El Imparcial 1956c).

³⁰ Esta escuela fue establecida en las instalaciones del club deportivo para entonces abandonado (Bourillón 2002, 34).

³¹ Varios documentos. ages, fom, tomo 3611, 1923; tomo 3741, Hermosillo, Roberto Thomson a Francisco Lagston, 31 de octubre de 1924 y Roberto Thomson al gobernador del estado, 26 de abril de 1925 y 26 de mayo de 1925.

³² Para 1911, en las crónicas de los viajes que había hecho a la isla Tiburón para cazar, Michael Williams hizo referencia a la buena recepción que le daban los seris cuando los visitaba, pues les llevaba ropa, utensilios y cigarros a manera de regalos, apuntando con incredulidad las historias de canibalismo y violencia que existían en el imaginario colectivo sobre este grupo étnico al observar las relaciones de reciprocidad que había entre ellos (Williams (1911).

³³ Por lo menos en dos ocasiones Thomson negoció con las autoridades federales y estatales apoyo para establecer colonias agrícolas para los seris (1927 y 1930). Esto ya había sido propuesto con anterioridad por Cenobio Rivera Domínguez, quien fungiera como representante de la sep en 1922 (El Imparcial 1956b; ages, fom, tomo 3741, Roberto Thomson al secretario de gobierno, Hermosillo, 26 de mayo de 1925; agn, Fondo sep (fsep), sección: departamento de educación/escuelas rurales y cultura indígena, caja 16, delegado de Sonora: creación de una colonia para mejorar las condiciones de vida de los seris, 1922).

³⁴ Cecil B. DeMille fue un cineasta norteamericano que en 1923 planeó un viaje por barco para explorar el Golfo de California con la intención de cazar, pescar y filmar. Él y el grupo que lo acompañó estaban interesados en conocer a los seris, connotados para entonces por su supuesto canibalismo. Las noticias publicadas sobre la expedición provocaron problemas a los viajeros, quienes tuvieron que asegurar que su viaje era con fines recreativos. Al final, los excursionistas sólo llegaron al puerto de Guaymas (Bowen 2004).

³⁵ A continuación se cita un extracto de una de las solicitudes que Roberto Thomson hizo a las autoridades sonorenses: “Que se nos consiga un permiso de pesca en las aguas del golfo absento [sic] de pagos de contribuciones hasta donde sea posible y por el periodo más largo posible así como por una cantidad no menos de una tonelada diaria de pescado o marisco. Que se nos permita vender los productos de esa pesca en cualesquiera plaza del país. Que se solicite el permiso de pesca en nombre mío o del Sr. Luis Thomson que anteriormente lo obtuvo con los mismos fines. Y que ya establecido el negocio se nos proteja contra personas falluqueras o negociantes que pasando por encima de nosotros vayan a desquiciar a los indios de las bases o condiciones que con nosotros hayan contraído.

Que se nos consiga un permiso para construir una casa almacén en Pozo Peña y otro en el Estero del Embarcadero de los seris en la Punta de San Miguel, para construir un camino que una esas casas con esta población y por último un permiso para usar el estero mencionado como base para fondear las canoas, para construirlas, repararlas etc y para usarlo también como puntos de embarque y desembarque de personas que quieran visitar la Isla.

Al pedir nosotros permiso en esa forma no es que queramos monopolizar la pesca ni perjudicar a nadie absolutamente [...], [lo que emplea] mucho tiempo y mucha paciencia en moralizar a los indios en conquistarles confianza.

Que solo con un permiso del gobierno puedan acampar en la isla o cazar individuos extraños a los seris pues siempre que ha habido dificultades o desgracias que lamentar en la región seri se debe a esas razones indicadas y a que los visitantes toman el agua depositadas por las lluvias en los depósitos de piedras naturales, llamadas tinajas y que los indios cuidan mucho de esos almacenes por ser insuficientes para el consumo de ellos durante el tiempo en que necesitan vivir en esos lugares” (ages, fom, tomo 3741, Hermosillo, Roberto Thomson al secretario de gobierno, 26 de mayo de 1925).

³⁶ En 1931 apareció un artículo de Thomson en la revista Travel según lo dicho a H. H. Dunn. En éste, Thomson refiere la desaparición de alrededor de 50 exploradores en territorio seri aludiendo al supuesto canibalismo de este grupo indígena. Por otro lado, llama la atención la concepción que tiene sobre su evolución cultural porque no cocinaban sus alimentos, eran nómadas y no usaban determinadas herramientas como el cuchillo. Este artículo se contrapone a la representación que Thomson solía hacer sobre los seris. Según Ryerson, este artículo no fue producto de la entrevista de Dunn a Thomson, pues éstos nunca se conocieron y aparentemente el primero nunca estuvo en Sonora (Thomson 1931a, 43-44 y 54-56; Ryerson 2005, 126). En el mismo año apareció otra publicación firmada por Thomson en la revista Popular Science Monthly en el mismo tono sensacionalista que la anterior. Por esto y por datos sobre población erróneos que contiene el artículo, puedo argumentar que éste tampoco fue escrito por Thomson (Thomson 1931b).

³⁷ Entre 1946 y 1947 participó en la revista Juventud con una serie de artículos que, además de lo que ya se refirió, pueden servir para conocer la división por género y edad que los seris tenían sobre el trabajo, destacando la participación de hombres mujeres, niños y ancianos en las actividades de subsistencia de la tribu, además de aludir a otros temas. Cabe mencionar que la narración la hace en primera persona y en determinados episodios documenta su intervención en los sucesos que está narrando (Thomson 1946 y 1947).

³⁸ En la década de 1950 operaron varios programas de diversa índole en atención a este grupo indígena, como la intervención de tres grupos protestantes: los Traductores Wycliff de la Biblia del Instituto Lingüístico de Verano, la American Friends Service Committee, que promovió la reapertura de la escuela rural de Desemboque y patrocinó las mejoras en el edificio y un sobresueldo para el profesor, y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús; la actuación del ini a finales de esta década y la ejecución de un proyecto educativo (Rentería 2006, 71-84).

³⁹ Entre 1925 y 1926 los seris que residían en el paraje Palo Alto se vieron afectados por la influenza y de 1937 a 1939 por sarampión (Smith 1953).

⁴⁰ agn, fsep, sección departamento de educación y cultura indígena, caja 64, Circular no 9, 7 de junio de 1922.

⁴¹ Cabe mencionar que Thomson y el antropólogo Scott Ryerson llegaron a establecer una relación estrecha de amistad. A la muerte del señor Thomson en 1969, éste dispuso que su archivo fuera donado al investigador (Ryerson 2005, 126).

⁴² Acta y bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa Pescadores de la “Tribu Seri” S .C. L. de Bahía de Kino Sonora, México, 1938-1945. En Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970).

⁴³ Desemboque se considera como un “antiguo campamento” o icaheme en lengua comcáac; por lo general, éstos se encuentran cerca de un abastecimiento de agua (Luque 2006, 92).

⁴⁴ Acta y bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa Pescadores de la “Tribu Seri” S. C. L. de Bahía de Kino Sonora, México, 1938-1945. En Universidad de Arizona, Special Collections, William Neil Smith papers, 1829-1975 (Bulk 1944-1970).

⁴⁵ Cabe mencionar que la señora Aída S. Rodríguez, esposa de Abelardo, fue una de las propietarias con mayor extensión en la Costa de Hermosillo, la cual se abrió a la colonización a finales de la década de 1940 (Moreno 2006, 151-156).

⁴⁶ En 1944 William N. Smith consideraba que el gobierno de Sonora procuró atender las necesidades de los comcáac mediante el establecimiento de una escuela en Desemboque y de un destacamento militar en el arroyo San Ignacio, cerca del mismo pueblo, que a decir de su comandante se estableció en beneficio de los indígenas. No obstante, me parece que la instalación de la escuela debió ser gestionada por Solórzano y ésta era de carácter federal; por su parte, el establecimiento del Ejército debió responder a la pretensión de control sobre la tribu a la que le quitaron sus armas de fuego en ese año para evitar enfrentamientos con los pescadores no indígenas. El contexto en que se asentaron ambas instituciones requiere ser estudiado con mayor profundidad para determinar la participación del gobierno de Sonora (Smith 1944).

Sebastián González,
¿un yaqui entre dos milicias?

Raquel Padilla Ramos¹

Introducción

Sebastián González fue un yaqui que fungió como gestor para el asunto de los linderos del territorio yaqui (ver figura 1) durante la quinta década del siglo xx. Algunos yaquis señalan que González era capitán del Ejército mexicano y capitán en la milicia de la tribu; otros indican que era capitán dentro del organigrama militar yaqui y comandante del Ejército mexicano. Aprendió a moverse en los dos mundos, pero siempre desde su situación de yaqui. Suya era la rúbrica: “Para defender a la tribu todo se vale”, lo cual nos da una idea de sus métodos de gestión. Es un personaje escasamente mencionado en las fuentes documentales y en la historiografía, pero con frecuencia presente en la tradición oral yaqui.

Este capítulo intentará describir y analizar las tácticas de Sebastián González para introducirse y permanecer en el nuevo orden social en territorio yaqui, impuesto desde nuevas instituciones que funcionaban en el contexto de consolidación del Estado posrevolucionario, así como determinar sus cargos cívico-militares. Mis fuentes serán orales y hemerográficas, primordialmente, pero también bibliográficas, y mi análisis será a partir de las herramientas de la antropología simbólica y los estudios subalternos.

Figura 1. Pueblos del Río Yaqui

Fuente: elaboración del autor.

Carisma y liderazgo

La guerra del Yaqui es considerada una guerra secular porque empezó con la rebelión de Juan la Bandera en 1825 y culminó con la dotación oficial de títulos territoriales durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940); sin embargo, a lo largo de este siglo no tuvo las mismas formas de expresión ni exactamente las mismas demandas. Tal parece que ambas fueron profundamente influidas, aunque no determinadas, por supuesto, por las figuras carismáticas de sus líderes.

El antropólogo norteamericano James C. Scott sostiene que los actos carismáticos tienen que ver con la disidencia oculta, y que el carisma no es una cualidad por sí misma, sino algo relacionado más bien con las expectativas que se tienen puestas en quienes los ejecutan (figuras carismáticas); se trata de un lazo mediante el cual “unos observadores interesados reconocen (y pueden incluso ayudar a producir) una cualidad que ellos admiran” (Scott 1990, 45). Bajo esta tesitura, generalmente un líder carismático es producto de su cultura, aunque esto no impide que toque a otras.

Así, tenemos que con Juan la Bandera la guerra yaqui se manifestó como un movimiento más generalizado y aglutinador al que se incorporaron otros grupos étnicos, como el mayo y el ópata, en el marco de una deseada confederación indígena. Juan Ignacio Jusacamea, que ése era su nombre, inició en territorio yaqui un movimiento contra los gachupines apenas cuatro años después de consumada la independencia nacional (Padilla 2010). Hay yaquis que se refieren a él como Juan Banteam, palabra prestada del español para referirse a la bandera; sin embargo, algunos investigadores han descubierto que su nombre verdadero era Juan de la Cruz. Si sumamos a esto la variable de que entre los yaquis existe el apellido Lavandera, el apelativo de este personaje se complica.

La lucha de Juan alcanzó niveles de convulsión social con visos de milenarismo. En sus proclamas afirmaba haber sido abanderado por el emperador azteca Moctezuma y que iba en pos de la corona de la Virgen de Guadalupe para impulsar el fundamento libertario de los yo’emem² (Spicer 1994).

La turbulencia del siglo xix nos impide detallar en este espacio cada uno de los alzamientos indígenas o las incursiones de éstos en otros movimientos sociales, pero a grandes rasgos podemos decir que después de sofocada la conmoción de Jusacamea, los yaquis se adscribieron al gandarismo. No era una causa suya, pero representaba una opción de mantener el statu quo, que en el mundo indígena implicaba conservar las tierras y mantener alejadas las intenciones yoris³ de inmiscuirse en su gobierno.

Antes de él, entre 1736 y 1740, un homónimo suyo a quien apodaban el Muni, junto con Juan Calixto y Bernabé Basoritemea, entre otros, iniciaron una sublevación en contra del régimen misional, que demandaba sobre todo el respeto a la autonomía política. Cuenta el historiador Luis Navarro que cuando Jusacamea fue hecho prisionero en Pótam por los blancos, logró poner al tanto a sus seguidores para que intentaran liberarlo. A su llamado acudieron más de dos mil guerreros; los soldados del gobernador temían iniciar un enfrentamiento y ante las tensiones que privaban, ¡el propio Muni se ofreció como mediador!, lo cual fue aceptado, de modo que “casi legendario, todavía atado, manifiestamente prisionero para que brillase más su autoridad”, habló a los suyos y los persuadió para que depusieran las armas y volvieran a sus casas (Navarro 1966). El carisma del Muni radicaba, pues, en su poder de convencimiento mediante la palabra hablada, característica que poseían y aún tienen los líderes yaquis, ya sea del ámbito político, civil o militar.

Hasta donde la historiografía reciente nos permite observar, a no ser por Mateo Marquín (Trejo 2013; Padilla y Trejo 2016), en el lapso entre la insurrección de Bandera y la de Cajeme prácticamente no hubo dirigentes nativos que destacaran, pues no estaban reivindicando cuestiones étnicas (en apariencia). Cajeme, cuyo nombre era José María Leyva Pérez, supo fortalecer el gobierno y la economía yaquis al recuperar el peso político y la honorabilidad de la asamblea, así como por promover el cobro de cuotas especiales para el tránsito por el territorio y río Yaqui (Aguilar 1986). Con la consolidación de la nación yaqui bajo Cajeme, el Ejército federal tuvo que enfrentarse a una milicia indígena organizada y bien armada. Por su parte, Cajeme era reconocido como audaz con la palabra, y de acuerdo con Ramón Corral, gobernador de Sonora a fines del siglo xix, “era una especie de fantasma que se desvanecía como una sombra en el momento de ponérsele la mano encima”.⁴ Éstos son indicios de los elementos en los que descansaba su liderazgo carismático.

De la muerte de Cajeme, acaecida en 1887, a la de Juan Maldonado (Tetabiate), ocurrida en 1901, las condiciones no eran las mismas, pues los yaquis ya estaban mermados territorial y anímicamente. Tetabiate hizo gala de ingenio militar para fragmentar la milicia yaqui en varios cuerpos de alzados que pudieran hacer una guerra de guerrillas (Padilla 2002). Además de la valentía como rasgo carismático, hay que añadir el evento que le dio el nombre yaqui, el cual proviene de Tetabiakti, “piedra volteada” o “el que voltea las piedras”. Según la memoria indígena, Tetabiate, desarmado y acorralado, preparó una estrategia de guerra en contra del enemigo que consistió en rodar las piedras desde la cima del cerro llamado Tetacombiakti. En este encuentro los yaquis resultaron vencedores.⁵

Vale aclarar que también, según testimonios yaquis, los antepasados de este líder provenían de una familia acaudalada,⁶ lo que le pudo haber dado mayor fuerza a su carisma en el seno de la etnia.⁷ En forma de guerrilla se mantuvo la insurgencia yaqui aun después de la muerte de Tetabiate en 1901. La manera como este líder perdió la vida también delineó su carisma en la visión de la tribu, pues está profundamente enraizada en el ethos grupal, en la concepción que tienen de la vida y de la muerte y de la defensa de su pueblo.⁸

Dolores Islas es uno de los yaquis más recordados por el propio pueblo yaqui, aunque la historiografía no recoge más referencias de él que las que nos proporciona el médico militar porfiriano Manuel Balbás. Islas, conocido como “el de la camisa colorada”, murió con arrojo en la acción del Buatachive, defendiendo a un grupo de familias en huida (Balbás 1985), lo que le permitió permanecer en la memoria de la tropa yo’emia como ejemplo de orgullo y sacrificio.

En cambio, el jefe Luis Bule (también escrito Buli), al morir en batalla al servicio de las fuerzas del gobierno, no posee el don del carisma desde la perspectiva yaqui. Él continuó la lucha aproximadamente entre 1908 y 1911, y luego ésta se fragmentó en dos grupos diferenciados: quienes se adhirieron al movimiento revolucionario y quienes optaron por mantenerse al margen para seguir luchando por las demandas propiamente yaquis. El paladín de los últimos era Juan José Sibalaume. Entre los primeros podemos mencionar a Ignacio Mori y Luis Espinoza (hijo de Julián, intérprete de Tetabiate).

Sibalaume era monolingüe, al igual que Tetabiate. Permaneció en la sierra y no se sabe con exactitud cuándo ni cómo murió; aun entre los yaquis hay discrepancias (Padilla en prensa). Una vez más el misterio de la muerte rodea al personaje de un halo de carisma. Dolores Matus, por ejemplo, afirmaba durante nuestra conversación en la primavera del año 2006 que murió asesinado por los testaferros de Porfirio Díaz,⁹ lo cual es lejanamente posible, dado que en 1913 Sibalaume todavía andaba en la montaña. Otro colaborador, Pedro Valdés, me indicó que su muerte fue por causas naturales, “porque si hubiera sido de otro modo lo sabría”.¹⁰ Paco Ignacio Taibo ii ubica su muerte en 1920 (Taibo 2013).

La tumba de Sibalaume destaca dentro del antiguo panteón yaqui del Bacatete, en un rancho llamado Bacatetito. Al igual que el recinto mortuorio de Juan Maldonado Tetabiate, el de Juan José es frecuentemente visitado por yaquis de los pueblos, quienes suben a arreglarlo para rendir honras fúnebres a sus áchalim y realizarles ceremonias y danzas.

A la muerte de Sibalaume se erigió como líder moral de la tribu alzada Jesús Raju (Rahu, Rahum). Aun cuando llegó la paz, Raju se negó a bajar de la sierra. Manos yaquis se encargaron de ultimarlo por los rumbos de Oroz, cerca de un aguaje, comisionadas por el mismo Ejército. Según fuentes orales, quien lo mató llevó en vida el nombre de Luis Molina, comandante del pueblo de Vícam y miembro del Ejército federal con el grado de capitán; era un hombre que había sido desterrado a Quintana Roo:

Un señor que nació apache, ese señor dice que lo mataron. Era un compa que los yaquis, era un niño apache que los yaquis raptaron de por allá y lo crecieron en la Sierra. Todavía el pueblo mayor de aquí de Vícam, don Florentino, es descendiente de ese apache, a ese también lo mataron. Don Luis tenía la consigna de que bajaran vivo o muerto a Jesús Raju. Yo sólo te digo algo [inaudible]: Raju fue el último guerrero yaqui.¹¹

No todos los yo’emem coinciden con esta versión; sin embargo, es probable que Jesús Raju fuese el último hombre que ameritara ser llamado achai yo’owe (padre mayor), ya que los dirigentes que surgieron después carecían de reconocimiento moral, por estar más identificados con el Ejército federal. Uno de ellos es el coronel Francisco (en ocasiones se le encuentra como Manuel o Luis) Pluma Blanca, de Bataconcica, de quien nos podemos ocupar en otra ocasión. Sebastián González, en cambio, estaba en otro nivel por razones que expondré más adelante.

A medida que la revolución mexicana se institucionalizaba, los yaquis fueron sucumbiendo a las promesas del gobierno sobre la restitución de sus tierras, la dotación de la mitad de las aguas de la presa La Angostura y el respeto a su forma autónoma de gobierno. La táctica de lucha yaqui cambió, adaptándose a las nuevas condiciones nacionales, al punto de entregar las armas en ceremonia oficial en Vícam Pueblo¹² frente al general Antonio Ochoa.¹³

Entre los yaquis, la necesidad de un líder con atributos militares se mantuvo por buen tiempo, hasta que la posrevolución atrajo y cooptó a los jefes, restándoles prestigio ante la tropa yo’emia.¹⁴ Así fue el caso de Pluma Blanca. Ante la nueva situación, este personaje se hizo de un grupo de adictos que sabía entablar relaciones con los yoris, como Dolores Matus, quien guardaba vínculos cercanos con el general Lázaro Cárdenas en calidad de informante.¹⁵ El último reporte del antropólogo Alfonso Fabila sobre la tribu yaqui advertía que este último era un personaje al que había que mantener en observación y procurar contrarrestarle poder (Fabila 2012).

El jefe Pluma Blanca, como capitán mayor de la tribu y coronel del Ejército federal, no pudo aglutinar a la etnia a su alrededor, pero con él se hicieron importantes gestiones relacionadas con los linderos del territorio. Desafortunadamente el alcoholismo no sólo menoscabó su poder étnico y su capacidad de vinculación hacia el exterior, sino que terminó también con su vida (Padilla en prensa). La historiadora Ana Luz Ramírez, en su tesis doctoral sobre los yaquis durante el proceso de formación del Estado posrevolucionario de 1920 a 1940 (Ramírez 2014), ha desarrollado una profunda investigación sobre el proceso mediante el cual los jefes militares yaquis fueron perdiendo autoridad y presencia entre los indígenas.

Este breve repaso por la jerarquía política/militar yaqui tiene la intención de mostrar cómo ésta iba respondiendo a los distintos contextos nacionales y regionales y a las diversas maneras de atentar contra su autonomía y su posesión territorial. En cada momento los yaquis estuvieron dirigidos por líderes carismáticos con autoridad moral y ascendencia sobre sus congéneres, sin que ese reconocimiento fuera homogéneo.

Sebastián González

Es generalizada la creencia en territorio yaqui de que Sebastián González fue un militar con reconocimiento en el Ejército federal a pesar de que nunca dio servicio al país, aunque no hay acuerdo respecto al grado poseído, pues algunos¹⁶ señalan que fue capitán, mientras que otros¹⁷ dicen que fue comandante. Consideremos que González es un personaje de cuya biografía al modo oficial carecemos. Sus gestiones encaminadas a la definición de los linderos, pero también a la mejoría social, como la solución de demandas de equidad racial, servicios médicos, construcción de escuelas y restricción de bebidas embriagantes (Pierce 2008), fueron las que le brindaron el reconocimiento por parte de la tribu y del gobierno mexicano. Su figura aún reverbera en la memoria viqueña, sobre todo por el profundo temor que despertaba en la propia yo’emia, ya que, señalan, “nunca se quitaba el sombrero para que la gente no viera sus cuernos porque era el diablo”.¹⁸ Cuando se lo llegaba a quitar, dicen otros, siempre llevaba un paño rojo en la cabeza.

Aparentemente, el personaje en cuestión nació en el Babójori (baa gojoi, “hoyo de agua” o “bolsa de agua”), frente al cerro del Omteme, por 1890, en un contexto de guerra, persecución y pobreza extrema. El Babójori estuvo poblado aproximadamente hasta 1980; de hecho, personal del Instituto Nacional Indigenista atendía allí una escuelita. Uno de los yaquis que coadyuvó con información para este capítulo indicó que la madre de González era de origen mayo, y es que el matrimonio interétnico yaqui/mayo era algo usual entonces, ahora un poco menos; sin embargo, otro lo negó categóricamente, tal vez porque no es conveniente reconocer influencia mayo en un líder tan significativo para los yaquis. Ninguno de mis colaboradores recordó el segundo apellido de Sebastián, pero uno de sus nietos afirma que es Contreras.¹⁹

Sebastián González portó invariablemente, a partir de cierto momento, como señal de estatus tal vez, sombrero de cuatro pedradas²⁰ y camisa militar. El nombre de Sebastián González aparece de diversas maneras en la vida de los pueblos yaquis. Él vivía obsesionado con la idea de fundar una escuela primaria en su pueblo,²¹ para lo cual cedió el terreno frente a su casa y fabricó tres mil ladrillos, que también donó. La escuela en un principio fue llamada Josefa Ortiz de Domínguez, ya que Sebastián se opuso a que llevara su nombre, pero a su muerte se lo cambiaron.

Por 1947 existió una zona forestal de la tribu yaqui llamada Sebastián González, a la cual en ese año le fueron retirados los derechos de venta de sus productos por no cumplir cabalmente con los requisitos. Era una sociedad dedicada a la exportación de carbón vegetal a Estados Unidos, particularmente de madera muerta (leña) y bloques de palofierro que se usaban para la fabricación de barcos. Los socios eran yoris (blancos) recién asentados en Vícam, aunque los cortadores eran yaquis, así que llama la atención que le pusiesen el nombre del yo’eme que da propósito a este trabajo.²² Asimismo, hay un barrio denominado Sebastián González en el poblado de Vícam.

González era sumamente respetado dentro de la tribu, de acuerdo a mis fuentes orales; sin embargo, la historiadora Ana Luz Ramírez detectó que

aquellos con algún cargo en los batallones auxiliares como el coronel Francisco Plumablanca y otros como el capitán Sebastián González que usaron su autoridad para tratar de congraciarse con funcionarios regionales en detrimento de los intereses de la tribu, estos eran considerados como vendidos “[...] al blanco y adictos incondicionales del gobierno mexicano [...]” por no respetar la “ley yaqui” (Ramírez 2014).

Sebastián siempre andaba armado, según me comentó su nieto (quien me hizo ver que era ilegítimo).²³ Rey David C., hombre dedicado a la soldadura, de mediana edad, dijo así:

Mi abuelo era un hombre bragado, muy valiente. Era capitán del ejército porque sirvió al gobierno en algún momento. Mi abuelo sembraba la tierra con créditos del Banjidal… Una vez vio a un soldado molestando a una mujer de la Tribu que estaba colectando trigo [al parecer los sembradíos trabajados con apoyo económico de Banjidal eran custodiados por soldados]. Mi abuelo le dio orden al soldado de que no volviera a molestar a esa mujer ni a ningún yo’eme que anduviera recogiendo trigo.²⁴ Pero luego, después de un tiempo, mi abuelo vio cómo el soldado volvió a molestar a la mujer, y sin aviso de por medio se acercó y le metió un tiro en la frente diciéndole: “Te lo advertí”… No hubo corte marcial, pero sí le impusieron un arraigo domiciliario por un tiempo. Eso no impidió que saliera por las noches de su casa, como animal [¿nahual?] porque dicen que mi abuelo era un guerrero coyote, de esos que hacen ceremonia y pactan con el diablo porque, decía, “para defender a la tribu todo se vale”.²⁵

Información similar respecto a González me compartieron varios yaquis. Incluso casi diez años después de mi conversación con Rey David, el secretario del pueblo de Vícam, al hablar de las características de su propio liderazgo, me comentó que él difícilmente llegaría a realizar una visita al yo’o joara como Sebastián González, pues todos los yaquis sabrían que su alma no descansaría en Gloria.²⁶ Posteriormente me detendré sobre esto.

González se encargó de repetir a su nieto Rey David que creyera en los yo’emem. Su descendiente lo cuestionaba preguntándole cómo podía creer en ellos si veía a los gobernadores corromperse, a lo que el abuelo le decía: “Ten fe en lo que no ves, no en lo que puedes ver”, palabras muy profundas, tal vez inesperadas en un yaqui que jamás entró a la iglesia y de hecho era reconocido como no religioso, ni siquiera respecto a la Segunda Santa Iglesia, que es como se conoce a la Iglesia yaqui.

Es importante distinguir entre quienes recibieron grado militar por parte del Ejército federal y los que lo obtuvieron en el seno de la tribu, pues, como quedó antedicho, los yaquis manejan su propia milicia. Hemos avanzado en el estudio de la composición de la organización bélica yaqui, pero su organigrama militar en el largo tiempo aún está por estudiarse. Contrario a lo que algunos hemos sostenido en otras ocasiones, ahora afirmo que los grados militares yaquis (capitán, alférez, soldados) se obtienen primero por manda, sobre todo de los padres. Esto significa que el compromiso se adquiere antes que nada en el ámbito familiar. En segundo orden, los grados militares yaquis son conseguidos por la capacidad de convocatoria y de persuasión; también influyen el valor y los logros. La carrera militar en términos curriculares no tiene nada que ver con la milicia yaqui.

El nivel máximo dentro de la tropa yaqui es el de capitán, figura relacionada con el capitán general de la época colonial. Lo de general era por la extensa jurisdicción, la cual abarcaba todos los pueblos del Río Yaqui e incluso, a veces, del Río Mayo. La tropa (como se conoce a la milicia yaqui, pero también a las familias) se divide en tres: los soldados o coyotes, la caballería y los fariseos o chapayekam. En todos los casos el grado máximo es el de capitán.

Sibalaume, por ejemplo, por parte de la etnia tuvo el grado de capitán y “eso equivalía a los generales de ahora”, según me hicieron saber Silverio y Rey David.²⁷ A Tetabiate, en las crónicas de la época se le antepone el vocablo capitán, es decir, coyote, pero ahora algunos yaquis se refieren a él como general. En el libro Yaquis, Paco Ignacio Taibo II sostiene que a Tetabiate le fue retirado el cargo de capitán por los mismos yaquis (Taibo 2013). No conocemos fuentes históricas que sostengan esta especie; en realidad los cargos políticos, militares o religiosos yaquis, aun cuando fuesen vitalicios, son raramente licenciables.

Respecto a los líderes carismáticos históricos, a casi todos el gobierno les otorgó la capitanía general del río Yaqui y a veces hasta del río Mayo. Era éste un cargo miliciano con jurisdicción local, sin adscripción de ningún tipo al Ejército nacional. Así sucedió con los dos Jusacamea y Mateo Marquín (siglos xviii y xix).²⁸ Algunos yaquis, en cambio, sobre todo desde fines del siglo xix, fueron afiliados a tropas auxiliares, como es el caso de Tetabiate, y otros a la milicia formal de la federación, como Ignacio Mori.

Sebastián González no cuenta con un expediente militar en la Secretaría de la Defensa Nacional pese a que yaquis refieren que perteneció al Ejército federal. La historiadora Ana Luz Ramírez advierte que en éste era reconocido como comandante en el primer batallón auxiliar (Ramírez 2014); sin embargo, la comandancia no es precisamente un grado militar, sino la acción de ejercer el mando sobre un grupo de soldados, para lo cual se requiere tener grado.

Analizando la información proporcionada por mis colaboradores yaquis, cotejada con fuentes historiográficas y el hecho de la inexistencia de un expediente u hoja de servicios de Sebastián González en la sedena, puedo afirmar, tomando en cuenta que esto es algo inusual dentro de las formas organizacionales yaquis, que González fue tanto capitán como comandante, ambos cargos dados y ejercidos en el seno de la tribu. Es probable que González difundiera la especie de que el Ejército federal lo había gradado como comandante o capitán y con el uso de la casaca militar esta idea se reforzara.

Vale la pena detallar un poco cómo se conforma la milicia yaqui. En su conjunto, es denominada tropa y la constituyen los sontaos (soldados), cabo, sargento, teniente y capitán. Si un yaqui es persignado como soldado no podrá jamás ser cabo, no hay ascensos, ahí donde se le consagra debe quedarse. Tanto capitán como comandante pertenecen al organigrama militar (wiko’o yaura o “ejército del arco”), aunque no están del todo excluidos del civil. Sus funciones, aunque parecidas, no se traslapan, pues mientras el comandante es el encargado de la salvaguarda del territorio teniendo autoridad para resolver cualquier problema que se presente en el recorrido que le corresponde (uno de los Ocho Pueblos y sus áreas correspondientes), el capitán tiene por función la protección de la integridad de la yo’emia.

Sólo los capitanes y sontaos son coyotes. Enriqueta Lerma funde y confunde las ocupaciones del comandante y el capitán:

El tercer lugar en el mando lo ocupa el Wiko’o ya’ut (“el capitán”), conocido también como coyote, éste se encarga de la defensa del territorio en su conjunto, de supervisar el respeto de los linderos de su pueblo y de vigilar la porción de monte y sierra que le corresponde a su gobierno. Sus funciones se extienden a la protección de la gente y la preservación del orden público (Lerma 2011, 65).

En ese sentido y siendo González capitán y comandante, la gestión por los linderos era asunto de su incumbencia. El resultado de sus negociaciones fue, a decir de los yaquis, satisfactorio aunque incompleto.²⁹ González habita en la memoria yaqui con mayor consideración y respeto que otros jefes contemporáneos como Dolores Matus o el coronel Pluma Blanca, este último capitán del pueblo de Bácum. Probablemente esto se debe a que se desempeñaba como capitán y comandante, y aunque se cree que perteneció al Ejército federal, entre los yaquis no se le considera torokoyori. Influyó también su carácter decidido, su sobriedad respecto al alcohol y la gracia maligna que le acompañaba.

Silverio Jaime, miembro de la tropa de Vícam y profesor bilingüe de origen huiriveño, fue pieza clave para entender el halo carismático de González. Silverio tiró la hebra a través de un relato que me compartió Dolores Matus sobre una visita a Hermosillo que hiciera con varios yaquis. Entre los yaquis que viajaban con Matus iba Pluma Blanca. Don Lolo me contó lo siguiente:

Una vez… íbamos para Hermosillo, íbamos como cerca de setenta hombres, todos armados, y había un hotelito ahí frente donde está La Parisina en la calle real, la Serdán, una casa de huéspedes. Bueno, ocupamos toda la casa de huéspedes, eso fue temprano, como a las ocho de la noche. –Bueno pues, a dormir porque mañana vamos a madrugar para Hermosillo–. Entonces no había carretera.
Resulta que como a las once de la noche, ahí están tocando la puerta de la casa, entonces vivíamos por la avenida seis, por donde está la legionaria, esa casa de cerco grandota, bueno, mija. Era el dueño de la casa de huéspedes: – ¿Bueno y qué pasa? –Ay, señor, están emborrachándose ahí y todos están armados ahí. – ¿Y qué? No van a usar las armas, están acostumbrados, si ustedes los provocan entonces sí. –No, usted vaya a ver cómo lo arregla.
¡Chihuahua! Eran como las once de la noche, más cansado… pues ahí voy.

Y tuvo que ir don Lolo a desarmar a los yaquis, para tranquilidad de los vecinos; pero al día siguiente en la mañana salieron en la troquita³⁰ del Coronel, que le había regalado el general Lázaro Cárdenas, y en un rancho ubicado en un lugar del camino conocido como El Cajón del Diablo, uno de ellos mató unos patos canadienses que estaban pernoctando allí e hicieron pato a las brasas. Luego, como a las dos o tres de la tarde, al capitán mayor de la tribu le volvió a dar hambre y mandó matar algunos animales, pues en el rancho abundaban venados, cochis jabalíes, coyotes y conejos.

Los emisarios regresaron con un venado que comieron asado con algo de pan que llevaba uno de los viajeros. Pero no contaban con que la humareda los delataría:

Resulta que pasó un carro y nos vio, estábamos ahí todos, vio a todos armados y dio parte a la Cuarta Zona… –Yo creo que están alzados, traen muchas armas y no sé qué tantas cosas.
Pues ahí viene la tropa ¡Chihuahua!, y ya para entonces ya nos desocupamos de todo y los encontramos por allá, como a 10 km cerca de La Pintada. No había restaurant, no había nada: – ¿Y qué andan haciendo muchachos? –Vamos a Hermosillo a un negocio. – ¿Y qué andan haciendo? –Pues un asunto. –Bueno, váyanse atrás, y ahí vamos.

El periplo era para hacer una visita al gobernador, pero don Lolo tampoco especificó de qué se trataba el asunto. Una vez en Hermosillo, les salió un ayudante (enviado del mandatario) a su encuentro que los invitó a descansar, les llevó cerveza y comida. En la borrachera, pronto salieron a relucir las arpas y violines y todos se pusieron a bailar. Por los instrumentos mencionados, deduzco que eran pascolas. Ante la preocupación de los vecinos, también tuvieron que entregar las armas a don Lolo, que era el sobrio del grupo. De hecho, Dolores tuvo que pedir al enviado del gobernador que ya no les llevara más cerveza, pues así no estarían en condiciones de ver al Ejecutivo, como de hecho sucedió, ya que tuvieron que regresar sin lograr su cometido.

Después de mi larga conversación con don Lolo, en Vícam el profesor Silverio me preguntó si Dolores me platicó acerca de la comitiva que iba a Hermosillo con la intención de ver al gobernador. Le dije que sí, y entonces me cuestionó si don Lolo me contó que no pudieron ver al gobernador, a lo que también contesté afirmativamente. Finalmente, Silverio me preguntó si además don Lolo me había explicado por qué ese grupo de yaquis con el que iba no pudo ver al gobernador. Le respondí que no, que sólo me había dicho, como entre enojado y lamentándose, que no pudieron verlo. Entonces Silverio me narró lo siguiente:

Llegaron los yaquis a Hermosillo, se alojaron en el hotel San Alberto. Como los huéspedes del hotel estaban preocupados y temerosos de los yaquis, don Lolo tuvo que desarmarlos a todos. Todos confiaban en él, así que le entregaron sus armas. De ese modo podían tomar a gusto, sin temor a sacar el arma por cualquier bronca.
Al día siguiente, temprano, antes de ir a ver al gobernador, llegó un soldado y les dijo que el general… [Silverio se quedó pensativo y no pudo recordar el nombre]… los esperaba en el cuartel, el cuartel 14.³¹ Pues allá van los indios, del San Alberto [se refiere a un hotel céntrico] al 14, caminando por las banquetas angostas de Hermosillo, “ahí sí que en fila india”.³²

Silverio es un narrador innato, así que sus recursos discursivos son muy amplios, en los que están incluidos su voz pausada y segura, y ademanes suaves, acordes al compás de sus palabras. Con esta aclaración, el lector comprenderá que la anécdota de don Lolo se vio potencialmente enriquecida con la relatoría del profesor huiriveño. Para dar solemnidad a su tradición, Silverio me comentó que toda la gente de Hermosillo miraba a los hombres entre sorprendida y temerosa: “Tantos yaquis juntos, todos armados, la guerra estaba tan reciente…”.

Al llegar al cuartel 14 entraron los jefes yaquis con el general; entre ellos don Lolo y con él, el aguerrido Sebastián González, capitán del Ejército, líder de la tribu del pueblo de Vícam. El general les preguntó qué hacían en Hermosillo. Como la comitiva era en su mayoría monolingüe, don Lolo se encargó de traducir. González dio un paso adelante y pidió a Dolores que informara al general que iban a ver al gobernador.

Después de un pausado silencio, el general dijo: “¿Y por qué chingados vienen sin mi permiso? ¿Qué no saben que cualquier paso que ustedes den lo tienen que hacer bajo mi autorización?”. González exigió traducción, don Lolo sudaba. Cuando éste tradujo, González se acercó, arrogante, al general, desenfundando el arma y cortando cartucho, y le dijo en lengua yaqui, pidiéndole a don Lolo que la hiciera de intérprete, palabras más palabras menos: “Nosotros no necesitamos tu permiso para nada, nosotros somos autónomos y hacemos lo que queremos.”

Silverio añadió que los minutos se hicieron eternos, luego el general se puso de pie y los soldados a su alrededor apuntaron a González, esperando la orden de disparar. Pero después de un rato de intercambio de miradas fieras, el general dio la orden de bajar las armas a sus soldados. González también la bajó y la volvió a enfundar. Acto seguido se fueron los yaquis de allí, sin ver al gobernador y con rumbo a los pueblos del río Yaqui. Hasta aquí la ampliación de la anécdota por parte de Silverio.

La gracia de Sebastián González

Más allá del carisma del que nos habla James C. Scott, los yaquis reconocen un don o gracia que desde la divinidad se derrama sobre el yo’eme en el plano individual. A esta gracia espiritual la llaman si’ttaka’a; es un halo de iluminación o sabiduría que poseen ciertos hombres o mujeres y que los entrelaza con su cosmos: Ocho Pueblos, río, tierras de cultivo, sierra y costa-mar. Todos conforman el itom ania o “nuestro mundo” y son atravesados por un reino de flores o sewa ania (Moctezuma 2003), espacio a donde van a dar los espíritus o las almas de los yaquis (Olavarría, Aguilar y Merino 2009).

Posee si’ttaka’a o gracia el curandero, el músico, el que elabora atuendos para danzantes, el chapayeka, el venado, el pascola, el matachín, y también la posee el coyote. Es probablemente durante la ceremonia de consagración de cada uno de ellos cuando la reciben, aunque hay yaquis que afirman que se nace con ella. A pesar de que la consagración para los guerreros yaquis es una ceremonia de carácter doloroso, no podría tipificarse como ritual de aflicción tal y como lo define el antropólogo escocés Victor Turner. Los rituales de aflicción se realizan para erradicar la mala suerte por la intervención del espíritu de algún pariente muerto; así pues, se trata de un ritual liberador de malas fortunas (Turner 2001). En cambio, el protocolo solemne que se lleva a cabo para el capitán coyote es de imposición y carga, e implica servicio profundo.

El ritual para el guerrero yaqui es del tipo de crisis vitales (ídem), específicamente de iniciación por tratarse de un punto definitorio en el desarrollo social-comunitario del individuo yo’eme. De hecho, el consagrado para coyote queda marcado por el resto de sus días y la ceremonia se vuelve más doliente cuando se trata de un niño (Lerma 2011). Ésta es encabezada por el maestro yowe o maestro mayor de la Iglesia yaqui; en ella se reza el juramento yaqui, que a razón dice:

Para ti no habrá Sol

Para ti no habrá Noche

Para ti no habrá Muerte

Para ti no habrá Dolor

Ni Sed, Ni Hambre, Ni Frío

Ni Enfermedades, Ni Familia,

Nada podrá atemorizarte...

Todo habrá concluido para Ti

Excepto una cosa;

El cumplimiento del deber en

el puesto que se te designe;

ahí quedaras para la defensa

de tu Nación, de tu Pueblo, de tu Raza

de tus Costumbres, de tu Religión.

¿Juras cumplir con el Mandato Divino?

¡Jewi! Sí.

Las mujeres y hombres coyotes son altamente respetados en el seno de la etnia yaqui, en virtud de que son personas que recogen y guardan sus intereses personales, anteponiendo siempre los comunitarios.

La capitanía yaqui implica un inmenso sacrificio y Sebastián González quiso ser de los mejores. Por eso, a pesar del alto costo que envolvía, se atrevió a ingresar a un yo’o joara.³³ Este espacio misterioso y temido por los mismos yaquis puede ser una cueva o un abrigo rocoso, en donde se pasan tres días con sus noches, buscando respuestas y recibiendo revelaciones en sueños. En la crónica del misionero jesuita Andrés Pérez de Ribas, quien fue el primer evangelizador del Yaqui, se narra que los cerros cercanos y lejanos a los pueblos del río (entre ellos, naturalmente, los de la Sierra Bacatete), los yaquis “celebraban las fiestas y tratos que tenían con los demonios” (Pérez de Ribas 1985, 163).

Desde tiempos inmemoriales, lomeríos y montañas han estado vinculados a la resistencia indígena y a pactos con seres numinosos o entes cuasi anímicos. Aunque no es común, tampoco es extraño, por ejemplo, que al cerro Samawaka en el Bacatete, o la cueva El Encanto del cerro conocido como Takalai, ubicado en San Carlos Nuevo Guaymas, acudan en solitario danzantes de venado y pascolas yaquis para pactar con esos seres que los ignacianos identificaban, y ahora los yaquis, “con el demonio”. Evidentemente estamos ante una resignificación que personifica las antiguas fuerzas malignas con la figura del demonio bíblico.

Al visitar el yo’o joara, el yaqui se interna a tiempos y espacios liminares en los que las reglas individuales se subvierten. El encantamiento sólo puede ocurrir en el mundo del monte o juya ania en contacto con el mundo antiguo o yo’o ania. Interesante por su contradicción es que ambas dimensiones son tocadas por el sewa ania, o mundo flor, en donde se revelan los sueños y radican el venado, la belleza y la Gloria. El sewa ania es un mundo florido que tiene que ver con los nexos que se establecen entre lo arcaico y lo nuevo, lo ignoto y lo sabido.

Al sewa ania pertenecen lo sagrado, lo antiguo y, por supuesto, los ancestros (Martínez 2009). A través del espíritu de la flor que ingresa a la persona mediante el sueño profundo, la gracia asigna habilidades, a veces sin siquiera pedirlas. Sin embargo –y he ahí la contradicción–, el costo que se puede pagar por internarse en el yo’o joara es la pérdida de la Gloria como sinónimo de vida después de la muerte.

Conclusiones

Sebastián González estaba provisto de gracia en virtud de ser capitán coyote por manda, consagración y convicción; no obstante, resultándole insuficiente, Sebastián visitó el yo’o joara para realizar un encantamiento que le permitiera ser el mejor en su materia, esto es, la seguridad del territorio y de la yo’emia. Entre los yaquis es generalizada la idea de que en ese sitio específico, el cual ubican no muy lejos de Vícam, González hizo un pacto con seres numinosos. Como ya apunté, no es ésta una práctica generalizada entre los yaquis, aunque sí aceptada, pues se reconoce que es a favor del pueblo.

A diferencia de los grandes jefes yaquis que se han caracterizado por liderazgos sustentados en la fuerza y dilatación de sus palabras, Sebastián González era parco en el hablar. Ante esta carencia, se vio en la necesidad de apoyar su dirigencia en fuerzas ocultas que aunque conocidas, no están al alcance del yaqui común. Había entre los yaquis un reconocimiento de su figura como miembro valiente y destacado de la jerarquía militar, que se potenció con la decisión de ingresar en los misterios del mundo antiguo para fortalecer su gracia, a sabiendas del riesgo inminente de perder su alma. “Para defender a la tribu todo se vale”.

Referencias bibliograficas

Aguilar Camín, Héctor. 1986. La frontera nómada. Sonora en la revolución mexicana. México: Siglo XXI.

Balbás, Manuel. 1985 [1927]. Recuerdos del Yaqui. En Crónicas de la guerra del Yaqui. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Fabila Montes de Oca, Alfonso. 2012 [1958]. Los yaquis de Sonora. Restitución de tierras, paz y trabajo. Informe etnográfico. México: cdi.

Lerma, Enriqueta. 2011. El nido heredado. Tesis doctoral en antropología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Martínez, Constantino. 2009. Codificación del tiempo y del espacio en lengua yaqui. Ruta Crítica. Revista de la Universidad de Sonora. www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/21-Codificaci%C3%B3n%20del%20tiempo%20y%20el%20espacio%20en%20la%20lengua%20yaqui.pdf (21 de febrero de 2009).

Moctezuma, José Luis. 2003. Luz de tierra incógnita. El territorio y lo sagrado en Sonora. En Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. iii, colección Etnografía de los pueblos indígenas de México, coordinado por Alicia Barabas, 125-196. México: inah.

Navarro García, Luis. 1966. La sublevación yaqui de 1740. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

Olavarría, María Eugenia, Cristina Aguilar y Érica Merino. 2009. El cuerpo flor. Etnografía de una noción yoeme. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Miguel Ángel Porrúa.

Padilla, Raquel (en prensa). Los partes fragmentados. Narrativas de la guerra y la deportación yaquis. México: inah.

Padilla, Raquel. 2010. Autonomía y ley de Dios en las significaciones imaginario sociales yaquis bajo la jefatura de Juan Banderas. En Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales indígenas de Sonora, coordinado por Esperanza Donjuan, Dora Elvia Enríquez, Raquel Padilla y Zulema Trejo, 173-215. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Padilla, Raquel. 2002. Un tratado de Tacubaya y la comisión de yaquis maderistas. Temas Antropológicos. Revista de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán 24 (1): 5-28.

Padilla, Raquel y Zulema Trejo. 2016. Entre los yaquis la muerte tiene permiso. https://www.academia.edu/10163029/Entre_los_yaquis_la_muerte_tiene_permiso (9 de febrero de 2016).

Pérez de Ribas, Andrés. 1985 [1645]. Los triunfos de nuestra Santa Fe. Páginas para la historia de Sonora. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Pierce, Gretchen Kristine. 2008. Sobering the revolution: Mexico’s anti-alcohol campaigns and the process of State-building, 1910-1940. Tesis de doctorado en historia, Universidad de Arizona.

Ramírez Zavala, Ana Luz. 2014. “De todo se han aprovechado esos hombres políticos y revolucionarios”. Los yaquis durante el proceso de formación del Estado posrevolucionario: negociación y cambio cultural, 1920-1940. Tesis de doctorado en historia, El Colegio de México.

Scott, James C. 1990. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. México: Era.

Spicer, Edward H. 1994. Los yaquis, historia de una cultura. México: unam.

Taibo II, Paco Ignacio. 2013. Yaquis. Historia de una guerra popular y de un genocidio en México. México: Planeta.

Trejo, Zulema. 2013. Leyes especiales para el gobierno de los pueblos indígenas. Sonora, 1831-1853. Fronteras de la Historia, 18 (2): 105-131.

Turner, Victor. 2001. La selva de los símbolos. Madrid: Siglo XXI.

Referencias hemerográficas

Diario Oficial de la Federación. 1947. 19 de noviembre.

La Constitución, periódico oficial de Sonora. 1887. Número 27, tomo ix. 1 de julio.

Referencias orales

Dolores Matus, Guaymas, febrero y marzo de 2006.

Humberto Urías, Tórim, Río Yaqui, 23 de junio de 2015.

Jerónimo Jiménez, Vícam, Río Yaqui, 8 de enero de 2018.

Mario Luna, cereso ii de Hermosillo, abril de 2015.

Martina Tadeo, Pótam, Río Yaqui, febrero de 2010.

Rey David C. y Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, 1 de marzo de 2006.

Vicente Espinoza, Vícam, Río Yaqui, septiembre de 2015.

Zulema Trejo, Hermosillo, 9 de septiembre de 2015.

¹ Investigadora del Centro inah-Sonora. Correo electrónico: raquel_padilla@inah.gob.mx

² Etnónimo de los yaquis.

³ Yori es el término que los yaquis utilizan para referirse al hombre blanco o no indígena.

⁴ Biografía de Cajeme por Ramón Corral, en La Constitución 1887.

⁵ Conversación de la autora con Humberto Urías, Tórim, Río Yaqui, 23 de junio de 2015.

⁶ Testimonio de Martina Tadeo, Pótam, Río Yaqui, febrero de 2010.

⁷ Conversación de la autora con Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, marzo de 2006.

⁸ Véanse Padilla y Trejo (2016) y Padilla (en prensa). Tetabiate murió en 1900 en un lugar cercano al Mazocoba en la Sierra Yaqui. Su compadre Loreto Villa, quien ya se había adherido a las fuerzas del gobierno e inmerso en las huestes del coronel Aureliano Torres, lo perseguía. En una escaramuza, los soldados federales observaron a un yaqui que era cargado en camilla. Estaba malherido, pero aún podía descargar su Winchester. Al caer muertos los camilleros, los soldados se acercaron para darse cuenta de que se trataba de Tetabiate, identidad que fue confirmada por Loreto. Torres, dice la memoria yaqui, extendió su pistola a Villa para que él mismo se encargara de ultimar a Tetabiate (conversación de Silverio Jaime con la autora en la primavera de 2006, en Vícam, Río Yaqui).

⁹ Conversación con Dolores Matus, Guaymas, marzo de 2006.

¹⁰ Conversación con Pedro Valdés, Las Guásimas, marzo de 2006.

¹¹ Conversación con Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, marzo de 2006. Silverio considera que Molina emulaba a Cajeme, porque “patrullaba todo lo que es el lindero, a caballo [...] En ese entonces quisieron ver lo de los linderos, estamos hablando ya de los cuarenta y tantos; y era un sanguinario, veía un [inaudible] por un camino y no le gustaba o le caía mal y… [Fue] una etapa muy significativa en la historia de la tribu [inaudible], muy arbitrario, como que la ley del ejército era lo que imperaba [inaudible], eso nadie lo documenta. Ese señor castigó a mucha gente, por ejemplo mató, quiso controlar mucho”.

¹² Aunque los yaquis dicen que fue una simulación y que sólo se entregaron las armas viejas e inútiles.

¹³ Huelga aclarar que en 1913 figuró en la guerra del Yaqui otro militar (capitán) de apellido Ochoa, cuyo nombre era Cenobio.

¹⁴ Por tropa yo’emia se entiende a las familias yaquis.

¹⁵ Conversación con Dolores Matus, Guaymas, febrero de 2006.

¹⁶ Conversación con Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, marzo de 2006. Jerónimo Jiménez, también de Vícam pero nacido en tiempos de la deportación en Tlaxcala, sostiene que llegó a ser “capitán de línea” (8 de enero de 2018, información proporcionada a la autora).

¹⁷ Conversación con Vicente Espinoza, Vícam, Río Yaqui, septiembre de 2015.

¹⁸ Conversación con Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, marzo de 2006.

¹⁹ Conversación con Rey David C., Vícam, Río Yaqui, marzo de 2006.

²⁰ Casi todos los yaquis usan sombrero de una o dos pedradas.

²¹ Conversación con Vicente Espinoza, Vícam, Río Yaqui, septiembre de 2015.

²² Diario Oficial de la Federación, 19 de noviembre de 1947, pp. 4 y 5 (acuerdo emanado de la Secretaría de Economía).

²³ Ilegítimo porque su abuela tuvo una relación con González, pero no era su mujer oficial. Sin embargo, González siempre estuvo pendiente de ellos, hasta que su hija (madre de Rey David) se enamoró de un yori. González la desconoció y amenazó con matar al marido, cosa que de hecho intentó, pero no pudo. A raíz de ello el muchacho, que trabajaba en ferrocarriles, solicitó su cambio a la ruta de Cananea, Agua Prieta y Nacozari. Ya en vísperas de morir, González pidió que le anotaran en un papel los nombres de todos sus nietos y mandó llamar a su hija para reconciliarse (conversación con Rey David C., Vícam, Río Yaqui, 1 de marzo de 2006).

²⁴ Rey David me hizo saber la diferencia entre segar y recolectar trigo, como dando a entender que el daño que pudo hacer esa señora era mínimo, pues era como recoger sobras.

²⁵ Conversación con Rey David C. y Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, 1 de marzo de 2006.

²⁶ Conversación con Mario Luna, cereso ii de Hermosillo, abril de 2015.

²⁷ Conversación con Rey David C. y Silverio Jaime, Vícam, Río Yaqui, 1 de marzo de 2006.

²⁸ Conversación con Zulema Trejo, especialista en milicias indígenas del noroeste de México, Hermosillo, Sonora, 9 de septiembre de 2015.

²⁹ El territorio yaqui fue restituido mediante decreto del general Lázaro Cárdenas en 1940, pero sólo contempló una tercera parte del territorio ancestral.

³⁰ Troque, camión pequeño.

³¹ Llamado así por albergar al batallón 14. Dicho cuartel está ubicado en el centro de la ciudad de Hermosillo, en un edificio que ocupa hoy la Secretaría de Educación Pública.

³² Conversación con Silverio, Vícam, Río Yaqui, febrero de 2006.

³³ Absolutamente todos mis colaboradores yaquis coinciden en este evento. Yo’o es “antiguo” o “mayor” y joara puede traducirse como “pueblo” o “lugar”.

Apéndice.
Territorialidad y territorios indígenas en la etnohistoria de Pampa y Patagonia, siglo xix¹

Ingrid de Jong²

Introducción

La dimensión territorial, central en la conformación y agencia de los sujetos indígenas, ha sido un aspecto generalmente naturalizado, homogeneizado y folclorizado, y destacado en todo caso por sus contrastes y resistencias respecto a los proyectos estatales. En la Argentina de las últimas tres décadas los trabajos provenientes de la antropología y la historia renovaron profundamente los enfoques sobre la población indígena y su lugar en la historia colonial y nacional. En principio, se produjo un fuerte énfasis en cuestionar los supuestos ahistóricos con que la etnología clásica había encarado, hasta mediados del siglo xx, el estudio de las identidades étnicas, en particular aquellas que se referían a grupos “no sometidos” por la dominación colonial. Pero estos replanteos siguieron ritmos muy disímiles en los distintos espacios de frontera configurados a partir de la presencia hispana, como las de las Pampas, la Patagonia, el Chaco y el Litoral y la Banda Oriental. Los estudios acerca de los procesos de colonización y conformación de los Estados en estos ámbitos respondieron a diferentes tradiciones de investigación, lo cual se tradujo en el relativo aislamiento de estas investigaciones y el desarrollo de perspectivas teóricas y metodológicas distintas. Sólo recientemente algunas publicaciones han comenzado a superar esta fragmentación con base en estudios comparativos y la comunicación de recursos analíticos para el abordaje de las fuentes históricas.³ Quizás por ello no sea casual el recorte de análisis que planteamos aquí. Es sobre las Pampas y la Patagonia donde probablemente se han producido los avances más importantes, lo que facilita su comparación con otras regiones y/o países. La continuidad de la autonomía indígena hasta las postrimerías del siglo xix les imprimió rasgos particulares que los acercan al sur de Estados Unidos y norte de México, donde la frontera como proceso de larga duración implicó la interacción de los Estados coloniales y republicanos con grupos que permanecieron formalmente ajenos al cuerpo político de la sociedad hispanocriolla, interactuando tanto a partir de la violencia como de negociaciones diplomáticas, dando lugar a diversas líneas de intercambios comerciales y a la formación de espacios sociales de frontera,⁴ social y políticamente “mestizos”, que acompañaron y/o condicionaron el avance territorial no indígena.

La visualización de las dinámicas indígenas de las Pampas y la Patagonia en la larga duración resulta de perspectivas académicas relativamente recientes que apuntaron a integrar historias que habían permanecido separadas o subsumidas al registro unilateral del desarrollo de las formaciones estatales. La reconstrucción de los vínculos históricos entre la población indígena y la historia social y económica hispanocriolla se produjo inicialmente a expensas de representar a la sociedad indígena como una entidad homogénea, dejando de lado la visualización de sus oposiciones internas y sus diversas modalidades de relación económica y política con la sociedad estatal, percibida, por otra parte, no menos monolíticamente. En lo que al siglo xix se refiere, recién en las últimas décadas comenzaron a surgir nuevas preguntas acerca de la transformación que supuso para estas sociedades indígenas el vínculo con los Estados, en torno a su participación en las actividades económicas regionales y en las dinámicas políticas criollas, así como sobre sus estrategias ante los proyectos estatales de ocupación de sus territorios. En este sentido, si bien los estudios acerca de las prácticas de la territorialidad indígena no han conformado aún una línea definida de investigación, las nuevas preguntas sobre este tema son posibles gracias a aquellos aportes que han logrado sacudir el mapa de “etnias discretas” para apuntar a reconstruir sus dinámicas económicas, sociales y políticas movilizadas por la relación con los Estados en proceso de formación y consolidación. En estos trabajos, sin embargo, “territorio” y “territorialidad” pueden llegar a asumir significados muy distintos.

El propósito de este capítulo es ofrecer una síntesis de los sentidos asumidos por los conceptos de territorio y territorialidad indígena en las investigaciones etnohistóricas desarrolladas sobre las Pampas y la Patagonia del siglo xix, destacando las aproximaciones recientes y algunos interrogantes que marcan la futura agenda de investigación. Ello implica recuperar perspectivas en las que estos términos han sido utilizados con diferentes sentidos y distinta rigurosidad. Aunque la voluntad interdisciplinaria no siempre se ha traducido en diálogos explícitos, los conceptos de territorio y territorialidad en la etnohistoria de estas regiones han incorporado paulatinamente las críticas e innovaciones que tuvieron lugar en la geografía, particularmente en la nueva geopolítica surgida en la década de 1980, dirigidas hacia un distanciamiento de la concepción naturalista y/o jurisdiccional sobre el territorio para acercarse a la territorialidad como práctica y constructo social. Resultaron influyentes las propuestas de la arqueología y geografía norteamericana (Tuan 1974; Gosden 1989; Hirsch 1995) y sus desarrollos latinoamericanos (Santos 1990 [1978], entre otros), en sintonía con los desarrollos de la geografía humana (Raffestin 1980; Claval 1995) y la antropología francesas (Descola 2001).

En consonancia con estas propuestas, concebimos en este trabajo el territorio como “un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” (Lopes de Souza 1995, 78). En este sentido, y de acuerdo con Sack, los territorios devienen del ejercicio de la territorialidad, concebida como la “estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas, fenómenos y sus relaciones, a través de la delimitación y ejerciendo control sobre un área geográfica” (1986, 17). Lejos entonces de remitir únicamente al espacio en cuanto soporte material, previo a las relaciones sociales, el territorio es en sí mismo “un proceso, constitutivo del entramado de las relaciones sociales” (Benedetti 2011, 51) y se entiende “en asociación directa con el poder y la consideración del sujeto social que lo define” (Benedetti 2014, 15). Sin embargo, en tanto no se circunscriben sólo a las modalidades estatales, las prácticas de la territorialidad pueden asumir formas discontinuas en el espacio, caracterizarse por su flexibilidad y presentarse bajo diversas escalas espaciotemporales (Raffestin 1980; Benedetti 2011).

En lo que sigue de este trabajo, describiremos el lugar y el sentido asignado al término “territorio” en las formas de imaginar y conceptualizar al indígena por la etnología clásica de Pampa y Patagonia, para abordar luego los usos de los conceptos de territorialidad y territorio en el nutrido campo de interrogantes abiertos a partir de la historización de las relaciones fronterizas y la consideración de los indígenas como actores inescindibles del proceso de formación y consolidación de los Estados nacionales. A continuación analizaremos los contrapuntos y articulaciones entre aquellas perspectivas que enfatizan la influencia directa e indirecta de los Estados en los ordenamientos territoriales indígenas y otras que, retomando un enfoque regional, postulan la necesidad de reconstruir la lógica social indígena y sus formas propias de construir el territorio y ejercer la territorialidad durante el siglo xix.

Del “nomadismo” al enfoque regional

En contraste con la distribución del trabajo científico en otros países latinoamericanos, durante gran parte del siglo pasado la disciplina histórica argentina excluyó al indígena de sus objetos de conocimiento y su análisis permaneció bajo la órbita de los estudios etnológicos y arqueológicos. El tratamiento acerca de la territorialidad indígena en las Pampas y la Patagonia, por consiguiente, siguió una trayectoria consistente con las formas en que fueron abordadas académicamente las “culturas” y los “grupos étnicos” indígenas de la etnología clásica de la primera mitad del siglo xx. Como la política, la lengua o la religión, la territorialidad constituyó un aspecto derivado de representaciones cuasi esencialistas acerca de los rasgos propios de las unidades culturales o étnicas recortadas como “tehuelches”, “pampas”, “huilliches” o “manzaneros”, “ranqueles” y “salineros”. Su tratamiento se tradujo en el postulado generalizado –y sin mayor contenido– del “nomadismo” y el dibujo con base en el “lápiz feliz” (Nacuzzi 2002, 261) de los territorios ocupados por cada grupo, bajo discusiones acerca de su distribución en épocas pre- y poshispánicas (Casamiquela 1982a y b; 1965). Hasta la década de 1980 no parecía haberse problematizado demasiado la relación de estas sociedades con el espacio, ni mucho menos los cambios que implicó la presencia colonial y la conformación de relaciones de frontera.

En los últimos treinta años, y en el marco del fortalecimiento de la perspectiva histórica sobre las sociedades indígenas de la Araucanía, las Pampas y Norpatagonia, tanto en la historiografía chilena como en las investigaciones etnohistóricas en Argentina el término “territorio indígena” comenzó a ocupar un lugar de discusión como referente espacial de la dinámica histórica que involucraba a los indígenas a uno y otro lado de la cordillera de los Andes y a lo largo de un extenso periodo que se iniciaba con la presencia hispanocriolla y terminaba con las campañas de ocupación territorial encaradas por los Estados argentino y chileno. En este sentido, hay un claro consenso en que la llamada “Frontera Sur” con el indígena en la actual jurisdicción argentina –un amplio arco que se desplegaba desde el sur de la provincia de Mendoza en la cordillera de los Andes, pasando por las provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe, atravesando de norte a sur la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el Atlántico– constituyó un espacio de interacción, confrontación e influencias recíprocas entre indígenas y blancos desde los primeros momentos de ocupación colonial. Integraba a su vez un ámbito mayor que incluía a las poblaciones de la Araucanía y sus fronteras con los hispanocriollos allende la cordillera de los Andes. Distintos autores han destacado a la Araucanía y las Pampas en su carácter de unidad social y económica que, si bien se originaba en relaciones preexistentes a la presencia hispana, había adquirido una nueva dinámica a partir de los vínculos entre los Estados coloniales y los grupos indígenas del área. A principios de la década de 1980, León Solís proponía la denominación de “territorio indio” para dar cuenta de los vínculos de cooperación militar y económica entre grupos indígenas de ambos lados de la Cordillera, que habrían condicionado sus relaciones con los Estados coloniales y republicanos (León 1981). Otros se refirieron al “área arauco-pampeano-patagónica” (Bechis 2008a) como una unidad desde la cual comprender las interrelaciones internas al mundo indígena, cuya articulación con los polos de desarrollo capitalista del Río de la Plata y el sur chileno la convertía en parte de un “sistema” de carácter “poliétnico y policéntrico” (Palermo 1999). En el mismo sentido, la atención prestada a los intercambios comerciales, las migraciones e influencias culturales vertebradas por los Andes condujeron a percibir a las poblaciones indígenas como actores dentro de un mismo ámbito cultural y económico articulado por la cordillera que a lo largo de más de dos siglos los involucró como abastecedores de ganado en pie obtenido en las pampas y conducido a la Araucanía a través de los pasos cordilleranos (Bengoa 1996; Mandrini 1991 y 1987; Bandieri 1996). En este “espacio fronterizo” las “redes indígenas” de intercambio –que además de animales canalizaban el intercambio de sal, textiles, aguardiente, tabaco y metales– se conectaban así con las “redes capitalistas” de intercambio generadas en los centros coloniales en el valle central de Chile, el área del Río de la Plata y Potosí (Pinto 2000; 1996). Todos estos autores subrayaron las fuertes consecuencias que esto aparejó para la sociedad indígena, y la posibilidad de registrar los cambios a nivel político, diplomático e identitario relacionados con esta articulación económica. En consonancia, desarrollos posteriores plantearon la complejidad de niveles e imbricación de espacios locales y fronteras distantes dentro de una misma totalidad: a través del concepto “complejo fronterizo” Boccara (2005)⁵ alude a estas configuraciones de larga duración, que conectaron diferentes fronteras, mercados y poblaciones, así como lógicas políticas, culturales y comerciales distintas, dentro de las cuales los indígenas hallaron y construyeron las condiciones de reproducción de su autonomía territorial y política, no sin atravesar las notables transformaciones como las que registramos en la sociedad indígena arauco-pampeana a lo largo de los siglos xviii y xix.

Una de las imágenes relacionadas con la participación indígena en este comercio regional acompañó estos avances, resistiendo sin embargo los intentos de historización: se trata del paradigma del “malón”, nombre que recibían las incursiones indígenas de saqueo a los establecimientos de la Frontera Sur pampeana. Según diversas aproximaciones históricas, esta estrategia de abastecimiento se habría consolidado al agotarse, a mediados del siglo xviii, el ganado libre o “cimarrón” que había proliferado en las pampas durante gran parte de la etapa colonial. Nuevos enfoques cuestionan esta imagen que se extiende hasta la etapa final de las fronteras, demostrando vías alternativas de obtención de ganado para este circuito regional de comercio, como las desarrolladas por los mismos indígenas en las áreas de pastoreo en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el norte de la actual provincia de Neuquén, sobre la cordillera de los Andes (Alioto 2011). Paralelamente, otros investigadores reconstruyeron la trama de motivaciones de los grandes malones del siglo xviii, que se produjeron en respuesta al surgimiento de conflictos intertribales y a la búsqueda de mantener abiertas las vías de comercio interétnico en las fronteras de Buenos Aires (Crivelli 1991; Carlón 2014a y b).⁶ El comercio regional de ganado, que concitó una mayor presencia de contingentes araucanos en las pampas, dio lugar a un amplio arco de interacciones con las poblaciones locales, que incluyeron tanto los enfrentamientos intraétnicos como la acción militar conjunta en los conflictos fronterizos, pasando por situaciones de fisión y fusión de parcialidades. Una gran movilidad espacial y una dinámica adscripción política y parental caracterizó las alianzas y conflictos entre estos grupos, rasgos propios de la estructura política segmental ⁷ de estas poblaciones. Hacia principios del siglo xix, estos procesos de articulación parental, política y económica habían redundado en un importante grado de homogeneización cultural⁸ de poblaciones de uno y otro lado de las cordilleras y en la generación de nuevos grupos étnico-políticos que ejercían el control estable de ciertos espacios pampeanos, como los “ranqueles” del norte pampeano y los “huilliches” del sur neuquino. La visibilidad étnica de estos asentamientos reflejaba el desarrollo de disputas por el control de espacios de abastecimiento y rutas de transporte de ganado que acompañó el incremento de población indígena en el área desde fines del siglo xviii y que adquirió aún más intensidad en el contexto de los procesos independentistas.

Vinculado al proceso bélico que acompañó la independencia chilena y que involucró a distintos sectores indígenas de la Araucanía,⁹ nuevos grupos arribados a las pampas entraron en relaciones con el gobierno argentino y se asentaron definitivamente en este espacio –en las áreas del norte y este de la provincia actual de La Pampa, sur de Neuquén y cuenca de los ríos Colorado y Negro–, cambiando la configuración previa del mapa político pampeano (Villar y Jiménez 2003). Además del peso adquirido por los enfrentamientos aparejados por las independencias, debe tenerse en cuenta que durante estas primeras décadas del siglo xix las poblaciones pampeano-norpatagónicas quedaron situadas en el centro de las nuevas tensiones generadas a nivel regional por la reorientación paulatina entre dos tendencias contrapuestas: aquella marcada por la reorientación del mercado rioplatense hacia la producción agrícola con destino a mercados atlánticos y sus consecuencias –el avance sobre las tierras de producción ganadera indígena en las pampas– y la continuidad de la integración comercial de los territorios indígenas hacia el Pacífico (Jong 2016).

En síntesis, en las últimas décadas, un conjunto amplio de investigaciones postularon la necesidad de enfocar en las relaciones económicas que articulaban diversos segmentos de la sociedad indígena e hispano-criolla a ambos lados de la cordillera de los Andes como marco explicativo de cambios complejos que involucraron el desplazamiento, la ocupación de nuevos territorios y formación de nuevos grupos étnicos en el espacio arauco-pampeano-norpatagónico, ligando estas transformaciones a la participación indígena en los circuitos comerciales regionales. El concepto de región entendido como expresión espacial de las relaciones económicas (Van Young 1987; Assadourian 1982) subyace al reemplazo de la imagen clásica del “nomadismo” y su complejización a partir de comprender al indígena como un actor dentro de un sistema productivo y comercial que se extiende en la escala que requiere su misma explicación.¹⁰ Creemos, sin embargo, que a pesar de constituir un elemento contextual imprescindible, el comercio transcordillerano corre el peligro de fijar una nueva imagen cuya capacidad explicativa obture la formulación de nuevas preguntas y la indagación sobre las distintas dimensiones y dinámicas involucradas. Forma parte de la agenda de estudios regionales, en este sentido, la reconstrucción de los ritmos, condicionamientos, modalidades y hasta de los diversos actores que protagonizaron este sistema comercial a lo largo del siglo xix, aspectos que sólo recientemente comienzan a ser abordados desde investigaciones de diversa orientación (Alioto 2011; Bello 2011; Llorca-Jaña 2014; Jong 2016).

La “territorialidad” en foco: usos y sentidos del término

La “tierra” y sus connotaciones culturales ha sido un tema recurrente en la mayor parte de los abordajes tradicionales acerca de la cultura mapuche. En tal sentido las etnografías clásicas han hecho hincapié en los significados ligados a la Mapu o Ad-mapu como configuraciones que han sido transmitidas y recreadas de generación en generación. Desde posturas más o menos esencialistas, han coincidido en presentar la circularidad del tiempo y la división cuatripartita del espacio como elementos centrales de la concepción mapuche del mundo. Las cosas, el territorio, las personas y los seres vivos se consideran partes interrelacionadas de una sola totalidad (Guevara 1908; Cooper 1946). Un rasgo central se refiere a la identificación del Puel Mapu (“tierra del Este”, o “límite de la tierra”) como parte –junto al Ngulu Mapu (“tierra del oeste”)– del Wallmapu, una totalidad separada y a la vez articulada por la Cordillera de los Andes. En relación con ello, análisis más recientes abordan las formas históricas de apropiación simbólica del espacio (en términos de Raffestin 1980) o de “ritualización de la geografía” (Bello 2014) entre los mapuches de la Araucanía, buscando la relación de estos procesos con aspectos de carácter económico y social de estas poblaciones. De esta manera, las representaciones del Puel Mapu como un territorio con atribuciones positivas, los significados mágicos y rituales ligados a los pasos cordilleranos, a los árboles y grandes rocas de los caminos que conducían a ellos, las ofrendas, rogativas y rituales oraculares que marcaban este pasaje geográfico evidencian la centralidad que las Pampas asumían para los grupos araucanos en términos políticos, económicos y culturales (ídem).

Para el este cordillerano, se encuentran aportes significativos realizados desde la etnohistoria y la arqueología sobre los usos del espacio por los indígenas de la Patagonia y sur de Buenos Aires del siglo xviii y xix. Con base en una lectura crítica de las fuentes administrativas españolas del fuerte de Carmen de Patagones, Nacuzzi (1998) pensó a los territorios étnicos en cuanto expresión de “organizaciones socialmente efectivas”,¹¹ destacando las formas cambiantes y situadas por las que los rótulos étnicos y las delimitaciones territoriales fueron aplicadas por funcionarios españoles y por los propios caciques que entraban en relación con los mismos, colaborando a desarticular la asociación simple y fija entre grupo étnico-cultura-territorio sobre el que se había construido el “mapa étnico” de la etnología clásica del siglo xx.¹² Articulando la lectura de fuentes y la investigación arqueológica, otros trabajos (Nacuzzi 1991; Berón y Migale 1991; Nacuzzi y Pérez de Micou 1994) avanzaron además en la reconstrucción de la movilidad y contacto entre los grupos de las Pampas y Patagonia, identificando las áreas de control relativas de cada cacique, los recorridos, los “asentamientos permanentes” y los “paraderos” que podían compartirse con otros grupos. Apuntaron a entender, en este sentido, los comportamientos territoriales desde las lógicas organizativas de estas sociedades, lo cual implicó discernir el ámbito de reconocimiento de los territorios “propios” por los “otros” grupos, sin dejar de considerar la alta movilidad intragrupal y la flexibilidad en la pertenencia étnica dada por su organización segmental.

Las investigaciones encaradas desde la arqueología, por otra parte, contribuyeron a profundizar el diálogo teórico con la geografía humana, a partir de la incorporación de conceptos como “territorio”, “territorialidad” y “paisaje” (Berón et al. 2002-2003; Bayón y Puppio 2003; Curtoni 2007 y 2004, entre otros). Paulatinamente, la territorialidad dejó de concebirse en términos únicamente económicos, para introducir otro tipo de indicadores sociales. Con base en las propuestas de Casimir (1992), el objeto se desplazó del “territorio” al “comportamiento territorial” humano entendido como aquel que busca optimizar el acceso individual y/o grupal a recursos localizados temporales o permanentes, para satisfacer tanto las necesidades básicas y universales o culturales específicas, o ambas, mientras simultáneamente disminuye la probabilidad de conflictos sobre ellos. Las fronteras del territorio, de esta manera, son definidas por el propio grupo que usa y controla un espacio dado y por la existencia de otros grupos que manejan espacios cercanos (Berón et al. 2002-2003, 153). En esta misma dirección, y poniendo el énfasis en los aspectos materiales y simbólicos de la construcción del espacio social por parte de colectivos o grupos, Curtoni (2007; 2004) propone entender la territorialidad como “una construcción social flexible y que se relaciona con la percepción el entorno, valores e historias asociados a los lugares y sentidos de pertenencia” (topofilia, en el sentido de Tuan 1974). La territorialidad es vinculada así a la “socialización del paisaje”, constituyendo “un fenómeno socio-político que varía en el tiempo y que en ocasiones puede ser no contiguo en el espacio […] un mismo grupo puede poseer más de un territorio y la territorialidad manifestarse en distintas dimensiones”. De esta manera, “si existe un territorio y es reconocido como tal es porque representa a alguien”, ya que “cuando un grupo se conforma y actúa en el tiempo/espacio, construye un entorno/territorio, un paisaje” (Curtoni 2004, 92).

El concepto de “paisaje” ha sido definido como un producto social, vinculado con un tiempo y contexto cultural determinado (Gosden 1989; Hirsch 1995), pero también con las relaciones de poder y significación mediante las que se construyen las unidades territoriales (Zedeño 1997). Es decir, los paisajes y lugares no son preexistentes a los individuos; son activamente conceptualizados y construidos por los agentes sociales. La ocupación del paisaje implica la elaboración de sentimientos, ideas de arraigo y pertenencia, de rechazo o de posesión y necesidades de marcar y transformar ese espacio. En esta perspectiva, las representaciones y sentidos que forman parte de la socialización del paisaje pueden estar promovidos por variables sociales y políticas no siempre relacionadas con factores tecno-económicos y son, como toda relación entre los grupos humanos y su entorno, dinámicos (Curtoni 2004, 89-92).

Desde las investigaciones históricas y etnohistóricas recientes, por otra parte, la territorialidad indígena comenzó a ser vista como una práctica sujeta a transformación a partir de las relaciones establecidas con las entidades estatales. Ello fue planteado para el régimen de “indios amigos” incorporados a las milicias estatales y asentados en la frontera de Buenos Aires durante el siglo xix. Estos trabajos señalaron el impacto de esta experiencia de estos contingentes indígenas, para los cuales la construcción y ocupación del territorio devino en una instancia de negociación con el Estado (Lanteri et al. 2011; Literas y Barbuto 2015), promoviendo por parte de algunos caciques solicitudes de concesión de tierras en propiedad que no sólo reconocían la previa posesión estatal, sino que habilitaron paradójicamente la adopción de la figura legal de la “propiedad comunal” por poblaciones que históricamente no se habían organizado bajo un régimen comunal de tierras (Jong 2014a). El rastreo de estos procesos resulta significativo para comprender las transformaciones históricas de la construcción territorial indígena.¹³ La constatación de una distancia entre las construcciones territoriales indígenas y estatales está presente también en otros trabajos sobre “indios amigos”, aunque desde otros parámetros conceptuales. En el análisis sobre el orden fronterizo organizado durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la primera mitad del siglo xix, Cutrera (2014) distingue la idea de “espacio” de la de “territorio” o “territorialidad”, aplicando la noción de “espacio” a los grupos indígenas, y entendiendo la “territorialidad” como expresión de la acción de la sociedad hispanocriolla. Se basa para ello en Sack (1983), para quien “la territorialidad humana implica el intento de afectar, influir o controlar acciones e interacciones –de gente, de cosas y relaciones– a través del intento de control sobre un área geográfica”. Dicho intento puede ser hecho por grupos o individuos específicos y puede aplicarse a escalas o dimensiones variables. En este sentido, Sack señala que “mientras que todos los miembros de organizaciones sociales ocupan un espacio, no todas las organizaciones hacen tales afirmaciones territoriales” (citado en Cutrera 2014). En la interpretación que esta autora realiza sobre las propuestas de Robert Sack, la sociedad estatal y la indígena se conciben bajo una relación polarizada respecto a la territorialidad, cuya práctica sólo es reconocida al Estado. El riesgo aquí consiste no sólo en desconocer la dimensión del poder en las sociedades indígenas, sino sus formas históricas de construir y disputar la territorialidad, restando visibilidad a su agencia y convirtiendo al Estado en el único vector activo del proceso histórico.

Las prácticas políticas de construcción del territorio por parte de los indígenas han sido objeto de interés de autores como Bechis, quien, como veíamos antes, se ocupó de los desplazamientos mapuches hacia el oriente cordillerano producidos entre los siglos xviii y xix, a los que aludió como “geopolíticas indias”.¹⁴ Estas estrategias de penetración protagonizadas por agrupaciones periféricas al territorio estrictamente araucano apuntaron a ocupar la zona más cercana a la pampa húmeda, pampa semihúmeda y seca y las estribaciones de la cordillera. El mantenimiento de los vínculos entre el sector migrante y los grupos-madre fue fundamental para los grupos migrantes que ocuparon el este cordillerano –como los pehuenches, los huilliches y especialmente los salineros– en tanto les habría permitido contar con la solidaridad militar de sus parientes frente a las presiones de los blancos de la frontera bonaerense y otros grupos indígenas (Bechis 2010a). La construcción de territorios realizada por las parcialidades mapuches en el siglo xix se basó así en estos dispositivos de alianza parental, intercambio económico y solidaridad militar que permitió integrar territorios discontinuos y geográficamente dispersos. El mismo orden territorial y político mapuche en la Araucanía, de esta manera, se habría organizado en función de sus conexiones con el Puel Mapu (Bechis 2010b; Bello 2011). La configuración de territorios indígenas en las Pampas definió diversos espacios sujetos al control de jefaturas indígenas, articulados en tramas de alianzas político-militares y circuitos de circulación de personas y mercancías (Bello 2015). Estos territorios fueron analizados desde la arqueología por Curtoni (2007), quien relevó el trazado de las “rastrilladas” o caminos en el centro-este de la actual provincia de La Pampa, identificando dos patrones distintos: por un lado los caminos principales que conectan grandes distancias, vinculados al tránsito de ganado destinado al comercio con Chile, como “el camino de los chilenos” en la zona de Salinas Grandes, donde los “salineros” distribuyeron sus asentamientos en forma lineal y en sintonía con el ordenamiento del paisaje dado por esta gran rastrillada. Por otro, en el área ocupada por los ranqueles al noreste de La Pampa, una red de rastrilladas secundarias, no determinada por el tráfico ganadero, que vinculaban diferentes asentamientos dentro de un mismo territorio, implicando una menor escala de las conexiones. Éstas adoptaban una estructura radial que expresaba la disposición jerárquica de los asentamientos en torno a un centro, reflejando a la existencia de “linajes” organizados en torno a un jefe al que respondían diferentes caciques secundarios, de tal manera que los líderes de menor importancia quedaban más alejados del centro radial. El autor reconoce así en estos ordenamientos del paisaje la expresión de una organización sociopolítica liderada por diferentes jefes o “caciques”, cacicatos a los que correspondían territorios particulares, constituyendo éstos los “territorios de ocupación”, cuya estructuración se diferenciaría de los “territorios de dominio” y los “territorios temporales”, que al estar relacionados con los vaivenes del poder sociopolítico, serían inestables e irían sufriendo modificaciones a través del tiempo.¹⁵ Esta interpretación se fundamenta en la premisa de que los caciques de mayor poder eran los que controlaban y concentraban la circulación de información, bienes y recursos (Mandrini 1987; Bechis 2008a). Creemos, sin embargo, necesario reflexionar acerca del efecto de mutua confirmación que puede producirse entre los modelos desde los que se “leen” las huellas materiales en la arqueología –como el de las “grandes jefaturas”–. Nos referimos a la necesidad de distanciar las evidencias de estructuras jerárquicas de asentamiento y la dinámica histórica de sus asociaciones políticas. En este sentido, si no se tienen en cuenta los distintos planos o ritmos temporales desde los que interrogamos las fuentes documentales y arqueológicas, existe el peligro de fijar equivalencias entre territorios, parcialidades y unidades políticas indígenas. A este respecto, las fuentes documentales proporcionan indicios de flexibilidad y segmentalidad en las acciones y adscripciones políticas indígenas que no necesariamente pueden deducirse del mapeo de rastrilladas.¹⁶

Los enfoques etnohistóricos recientes sobre las dinámicas indígenas en Pampa y Patagonia en el siglo xix muestran así un paulatino avance en la búsqueda de apoyaturas teóricas para el uso de los conceptos de territorialidad y territorio. En contraste con una primera naturalización y ahistorización de los espacios ocupados por los indígenas, los enfoques de las últimas décadas han abierto la posibilidad de reconocer los territorios de las Pampas y Patagonia como constructos sociales cuya comprensión requiere atender las lógicas sociales y condiciones históricas de las sociedades que los ocupan y representan. La articulación de métodos y perspectivas de diferentes disciplinas –desde la geografía, la arqueología hasta la etnografía y la historia– parece ser necesaria para el abordaje de un fenómeno político y dinámico como lo es la territorialidad, cuyas características y condicionamientos históricos pocas veces quedan atrapadas en la trama documental: nos referimos a las dimensiones productivas y simbólicas de la relación con el espacio, que incluían espacios de veranada, invernada, rastrilladas, sementeras, etcétera, representados como pertenecientes a personas, linajes o grupos determinados, ligados a pautas de desplazamiento estacionales y a la desagregación y reagregación de personas y grupos familiares (Arias 2014). En el espacio panaraucano, el territorio y sus recursos se hallaban bajo el dominio de los linajes predominantes, por lo que este dominio implicaba ocupaciones, usos y límites difusos (Bello 2015, 2011). Las representaciones de posesión sobre estos espacios eran, sin embargo, ajenas a los principios de propiedad privada capitalista: “Cuando mencionaban [los líderes] ‘su propio terreno’ no lo hacían como un mero recuento de propiedades, sino invocando el derecho a autogobernarse en ese espacio y subrayando las posibilidades vitales que este representaba para su comunidad” (Arias 2014, 290). En síntesis, la construcción de territorios étnicos o de linaje debe ser entendida en el marco del ejercicio y representación de la territorialidad indígena.

La territorialidad indígena en las fronteras
y los dispositivos de poder

Los problemas que abordaremos en este acápite y que marcan parte de la agenda futura de investigación nos remiten nuevamente a los marcos regionales y a las perspectivas desde las cuales reconstruir e interpretar los procesos de cambio y continuidad en fenómenos de larga duración como las fronteras. En tanto los grupos no construyen solos su territorio, al hablar de territorialidades estamos refiriéndonos a coproducciones, en las que interviene claramente el reconocimiento o desconocimiento simbólico y/o material de los “otros”, sean otros grupos indígenas o los Estados, reconocimiento (o no) que no deja de tener grandes efectos, tanto para una como otra parte de la relación (Bayón y Pupio 2003). Las relaciones de frontera se convierten así en un elemento intrínseco al análisis de la territorialidad indígena en las Pampas y la Patagonia. En este sentido, Bechis fue pionera en ligar las transformaciones indígenas a los procesos de conformación del Estado nacional, aunque intentando al mismo tiempo evitar caer en los esquemas polarizados del tipo “resistencia/aculturación”. Retomando una idea inicial de Fried (1967), propuso enfocar la historicidad indígena en estrecha relación con la conformación del Estado-nación, entendiendo como “efectos sesgantes” a aquellos cambios ocurridos en una sociedad sin Estado en función de su contacto o relación con una sociedad estatal (Bechis 2008a). Estos efectos pueden rastrearse desde la etapa colonial con la influencia de los mercados coloniales en la ocupación y control de territorios de caciques y seguidores, en función de la posibilidad de controlar las áreas de abundancia de ganado, o aquellas más cercanas a las fronteras, donde se podía comerciar, recibir regalos y raciones. A su vez, y como estrategia de defensa, la propia administración colonial del Río de la Plata intentó fortalecer a través de tratados de paz la representación de algunos caciques sobre los espacios no controlados por los españoles. Posteriormente, la tribalización y la militarización que acompañaron la competencia indígena por el control de circuitos comerciales habrían formado parte de los “efectos sesgantes” de la presencia estatal sobre las poblaciones del espacio arauco-pampeano-patagónico (Bechis 2008a, 2010a).

Las políticas estatales para la Frontera Sur durante las primeras décadas del siglo xix, en particular instituciones fronterizas como el comercio y los tratados de paz, pasan a tener un lugar destacado en estas transformaciones. La política de tratados de paz desarrollada por el Estado argentino a lo largo del siglo xix ha sido reconstruida por diversos investigadores (Levaggi 2000; Tamagnini y Pérez 2002; Pérez 2014 y 2008; Jong 2011 y 2007) e interpretada como “dispositivos de poder” (Boccara 2005; 2003). Entre 1838 y 1878, los caciques principales de las parcialidades de las Pampas y Norpatagonia acordaron tratados de paz con las autoridades de las jurisdicciones fronterizas cercanas a sus territorios, por los cuales obtenían raciones periódicas en ganado, bienes de consumo, sueldos y títulos militares. Aunque con interrupciones debidas a las recurrentes crisis faccionales relacionadas con el control del Estado argentino –que involucró en algunos periodos a las propias parcialidades indígenas–, esta política diplomática se extendió hasta las vísperas de las campañas militares de conquista de los territorios bajo autonomía indígena conocidas como la “Campaña al Desierto” (1879-1885). La discusión sobre el alcance de los efectos de los tratados de paz en tanto “dispositivos de poder” estatal sobre la población indígena, sin embargo, aún se halla abierta.

Los aportes de estos últimos años han permitido identificar los objetivos de ordenamiento político de la población indígena presentes en la política diplomática estatal en la Frontera Sur. Los tratados de paz de la segunda mitad del siglo xix buscaban “entretener la paz para ir conquistando la tierra” –según la expresión de uno de los funcionarios encargados del “negocio pacífico” en 1863–, es decir, ganar tiempo hasta reunir las condiciones necesarias y fragmentar la capacidad de resistencia hacia los planes de expansión territorial planificadas ya desde la década de 1860 (Jong 2010). En este camino, interpretábamos que hacia fines de la década de 1870 la diplomacia estatal había logrado separar los procesos de negociación de las parcialidades indígenas canalizándolos a través de distintas jurisdicciones fronterizas, consolidando la diferenciación de sus territorios y líderes, fragmentando las alianzas intertribales y reduciendo así su capacidad de rechazo conjunto a los avances parciales de frontera. Claramente, estos tratados no favorecieron la entrega de tierras como vehículo para la incorporación de los indígenas al orden estatal, excepto las ya referidas concesiones de tierras en la frontera de Buenos Aires a los “indios amigos” durante la década de 1860, casos excepcionales tanto desde la demanda indígena como desde la propia política estatal, que no satisfizo siquiera los pedidos de todos los “caciques amigos” solicitantes. La experiencia es signo, sin embargo, de las vías que había abierto la diplomacia fronteriza, pasibles de canalizar expectativas indígenas de incorporación al ámbito territorial y legal estatal decimonónico (Jong 2011; 2010).¹⁷

Enfoques recientes, relacionados con el análisis de las transformaciones históricas que acompañaron la etnogénesis reche-mapuche en la frontera araucana (Boccara 2005; 2003), inspiran a resituar la perspectiva desde la cual interpretar las relaciones de frontera en las Pampas y Norpatagonia. A ello colaboran los intentos por reconstruir las trayectorias de negociación fronteriza desde los proyectos políticos de las propias parcialidades (Tamagnini y Pérez 2002; Vezub 2009; Jong 2011; Davies 2013; Pérez 2014) y de liderazgos que, como el de Calfucurá en Salinas Grandes (1834-1873), no sólo sentó la base de la conformación de una nueva identidad étnica –los “salineros”–, sino que conectó política y económicamente los diversos territorios de las Pampas, las cordilleras y diversos sectores de la Araucanía, organizando el comercio regional bajo una escala sin precedentes (Jong 2016). En este sentido, y según sugirió ya Boccara (2003), la sociedad mapuche podría comprenderse dentro de la propuesta de “purchase societies” realizada por Helms (1969) para aquellas formaciones sociales no estatales desarrolladas sin una sujeción política al Estado pero con capacidad de obtener o forzar el intercambio con éste. Al respecto, las raciones en ganado y alimentos entregadas por el Estado, la apropiación de cautivos –para intercambio o fuerza de trabajo– y el saqueo de ganado constituyeron vías que complementaron el comercio, objeto principal de la práctica diplomática indígena en las fronteras. Esta interpretación nos acerca a la propuesta de Hammaläinen (2001) sobre el “imperio comanche”, como denomina al sistema de intercambio regional impuesto por esta población indígena a las fronteras coloniales de España, Francia, México y Estados Unidos a lo largo de la segunda mitad del siglo xviii y comienzos del xix. En esta perspectiva, una sociedad no estatal, como la comanche, no sólo habría opuesto un límite al avance sobre sus tierras, sino que habría integrado los espacios de ocupación colonial a su propia reproducción y expansión social y económica. Este “imperio” habría sido posible con base en un conjunto de acciones compuestas por el saqueo, el comercio y la diplomacia, mediante las que habrían logrado dar continuidad a formas de articulación política fronteriza claramente orientadas hacia el cumplimiento de demandas indígenas. No es nuestra pretensión parangonar los procesos de articulación y expansión mapuche en el espacio arauco-pampeano-patagónico durante la primera mitad del siglo xix con el caso comanche, con el que guarda importantes distancias.¹⁸ Sin embargo, el ejemplo resulta inspirador para rescatar del espacio fronterizo sudamericano aquellos rasgos –como la articulación entre la diplomacia, el comercio de la producción propia, el saqueo y/o los ataques en gran escala– que remiten a patrones de interacción social, política y económica indígena a nivel regional con potencial para condicionar e imprimir sus modalidades y objetivos a las interacciones fronterizas.

En relación con la territorialidad construida en el marco de estos sistemas regionales, queremos realizar dos observaciones. En primer lugar, la necesidad de repensar la interpretación acerca de la diferenciación de territorios de negociación diplomática operante entre las parcialidades indígenas pampeanas. Este rasgo, que inicialmente intentamos explicar enfatizando los efectos de los dispositivos de poder estatales (Jong 2011), puede ser interpretado, desde una perspectiva situada más claramente en el campo indígena, como expresión de la propia geopolítica indígena. Ésta involucraría la competencia entre parcialidades por el control de los territorios, pero también rasgos de articulación comercial y negociación diplomática entre las mismas, así como una importante flexibilidad política interna a lo que por largo tiempo fueron considerados por la etnohistoria liderazgos monolíticos. Durante las décadas centrales del siglo xix, la diferenciación de fracciones fronterizas donde parlamentar, comerciar y malonear parece responder a una lógica territorial indígena más que a la imposición o segmentación buscada por los funcionarios de Estado. Este ejercicio de la territorialidad implicaba el manejo diplomático de la competencia intertribal de tal manera de evitar los conflictos y respetar los compromisos diplomáticos de las parcialidades que negociaban con “sus” fronteras, y desplazar así los saqueos o “malones” hacia las fronteras donde no se mantenían tratados de paz. Así, las fronteras donde se recibían raciones eran preservadas y la planificación de grandes malones no afectaba los acuerdos diplomáticos (Jong 2016; 2014b).

En segundo lugar, es necesario llamar la atención acerca de la trama móvil de adscripciones políticas, relaciones de intercambio y lazos de parentesco que articulaba a una población de guerreros, comerciantes y parientes y que fluía por debajo de las etnias o cacicatos que solemos distinguir desde las fuentes como unidades políticas y territoriales distintas y fijas. Esta trama de relaciones operaba hasta cierto punto en forma independiente de la diplomacia intertribal e interétnica llevada adelante por los caciques, aunque sin duda también era la que le daba sustento. El panorama de las décadas centrales del siglo xix nos muestra líderes que representan un control territorial estable, pero a los que subyace una flexibilidad importante en las conductas políticas de sus seguidores, que no coinciden con los límites étnicos y territoriales que solemos reconstruir con base en las fuentes de la administración fronteriza. Ello nos lleva a reflexionar sobre los diferentes niveles que involucraba la acción política indígena: a nivel de los cacicatos, o “primeras líneas” y a nivel de las “segundas líneas”, mediante pautas económicas y parentales entre familias que desdibujan o atraviesan las que solíamos reconocer como fronteras étnicas o área de influencia de los liderazgos.¹⁹ Las relaciones entre grupos identificados como pertenecientes a etnias distintas –como ranqueles y salineros– rompen la imagen de diferenciación étnico-política y delimitaciones territoriales claras y estables, introduciendo el carácter difuso y flexible del comportamiento político y la vitalidad de las relaciones que atravesaban los límites de los grupos y territorios que suponemos bajo el área de influencia y control de los grandes cacicazgos. En la medida que la territorialidad nos habla del comportamiento político y de las relaciones que unen al grupo que la ejerce, las lecturas de las fuentes atentas a la población indígena y no sólo a las acciones diplomáticas de sus líderes nos muestran comportamientos y relaciones que atraviesan y borran los límites de lo que pensábamos como “organizaciones socialmente efectivas”. La flexibilidad de la adscripción política nos lleva a pensar en territorios étnicos de límites difusos, asentados sobre interacciones e intercambios más que en exclusiones o separaciones.

Palabras finales

El seguimiento realizado aquí muestra que el territorio y la territorialidad indígena han ido ganando el interés de aquellos académicos volcados a la historia de las fronteras de Pampa y Patagonia. El diálogo de los estudios arqueológicos y etnohistóricos con elementos teóricos de la geografía humana permitieron desnaturalizar e historizar esta dimensión. La territorialidad indígena puede abordarse así tanto en lo que marca su diferencia con las concepciones cartesianas y occidentales como en sus posibles transformaciones o “efectos sesgantes” ejercidos por los Estados y sus “dispositivos de poder”, pasando por la reconstrucción de los proyectos de afirmación territorial indígena construidos en el marco del mantenimiento de su autonomía. En este sentido, el control del espacio, la construcción de territorios y especialmente la articulación de las diversas fronteras con las que estas sociedades se vinculaban fue fundamental para el mantenimiento de su autonomía política y la continuidad de los intercambios económicos de distinto tipo (malones, comercio, venta de cautivos, raciones) con las sociedades estatales. En términos de Boccara (2005), fue precisamente a través del dominio de distintos espacios y del juego entre varias fronteras que los indios pudieron eludir por largo tiempo la empresa de sujeción y colonización.

La etnohistoria reconoce desde los últimos años que la periodización y contextualización espacial de los procesos que estudia debe realizarse también desde la perspectiva de los actores indígenas y no sólo desde los ritmos del desarrollo estatal, lo cual no excluye la necesidad de relativizar las concepciones monolíticas acerca de este último, al menos desde el ángulo de su política de fronteras. En el caso de la sociedad indígena arauco-pampeano-patagónica, situar la perspectiva de análisis en la reconstrucción de la lógica social y política segmental durante las décadas centrales del siglo xix obliga a ampliar la escala y retornar a una perspectiva regional, dentro de la cual los territorios indígenas se presentan como construcciones dinámicas y discontinuas, con bordes difusos e imbricados, resultado de la gestión de las relaciones intertribales en diferentes niveles que nos llevan a considerar tanto las “segundas líneas” como la diplomacia cacical entre agrupaciones distantes.

La agenda futura en relación con las prácticas territoriales indígenas en el espacio pampeano-norpatagónico requerirá profundizar la reconstrucción de las relaciones intertribales e interétnicas sin perder de vista la articulación histórica de este espacio con la Araucanía, profundizando en las etapas, fluctuaciones y actores involucrados en el comercio regional. Es desde el contrapunto entre el marco regional y los espacios locales, y entre los “efectos sesgantes” de la relación con los Estados y los propios proyectos indígenas en su capacidad creativa y desde los horizontes que marcaban sus lógicas sociales que será posible mejorar nuestra comprensión de las dinámicas económicas, políticas y territoriales en esta macrorregión.

Bibliografía

Alioto, Sebastián. 2011. Indios y ganado en la frontera. La ruta del río Negro (1750-1830). Rosario: Prohistoria, Universidad Nacional del Sur.

Arias, Pablo. 2014. Mercantilización del territorio en los Andes neuquinos. La relación entre la privatización de la tierra y la privatización del conocimiento (1876-1963). En Bienes comunes. Espacio, conocimiento y propiedad intelectual, de Camilo Calderón Acero et al., 275-328. Buenos Aires: clacso.

Assadourian, Carlos Sempat. 1982. El sistema de la economía regional. Mercado interno, regiones y espacio económico. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Bandieri, Susana. 1996. Entre lo micro y lo macro, la historia regional: síntesis de una experiencia. Entrepasados. Revista de Historia vi (11): 71-100.

Bayón, C. y M. A. Pupio. 2003. La construcción del paisaje en el sudoeste bonaerense (1865-1879): una perspectiva arqueológica. En Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos xviii-xix, compilado por R. Mandrini y C. Paz, 343-374. Neuquén: cehir.

Bechis, Martha. 2010a [1999]. Unidad de análisis, identidad e historicidad en el estudio del pueblo mapuche en el siglo xix. En Piezas de etnohistoria y de antropología histórica, de Martha Bechis, 101-114. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Bechis, Martha. 2010b [1974]. La diáspora araucana y sus consecuencias en la guerra de Arauco. En Piezas de etnohistoria y de antropología histórica, de Martha Bechis, 2-27. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Bechis, Martha. 2008a [1989]. Los lideratos políticos en el área araucano-pampeana en el siglo xix: ¿autoridad o poder? En Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, de Martha Bechis, 263-296. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Bechis, Martha. 2008b [1985]. Geopolíticas indias en el área araucana alrededor de 1830. En Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, de Martha Bechis, 38-52. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Bello, Álvaro. 2015. Poder, relaciones interétnicas y formación del Estado en los márgenes. La Araucanía en el siglo xix. En Diálogos de historia. Miradas y alcances de la investigación en Chile con enfoque regional, editado por Yéssica González Gómez, 169-188. Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera.

Bello, Álvaro. 2014. Cordillera, naturaleza y territorialidades simbólicas entre los mapuche del siglo xix. Scripta Philosophiæ Naturalis 6: 21-33.

Bello, Álvaro. 2011. Nampülkafe: el viaje de los mapuches de la Araucanía a las pampas argentinas. Territorio, política y cultura en los siglos xix y xx. Temuco: Universidad Católica de Temuco.

Benedetti, Alejandro. 2014. Espacios fronterizos del sur sudamericano. Propuesta de un modelo conceptual para su estudio. Estudios Fronterizos 15 (19): 11-47.

Benedetti, Alejandro. 2011. Territorio: concepto integrador de la geografía contemporánea. En Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía, coordinado por Patricia Souto, 11-82. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Bengoa, José. 1996 [1985]. Historia del pueblo mapuche. Santiago: Ediciones Sur.

Berón, Mónica, Rafael Curtoni, Claudia Montalvo, Graciela Visconti y Alberto Pérez. 2002-2003. Arqueología en la laguna de Chillué (Departamento Guatraché, La Pampa, República Argentina). Contribución a la historia de la formación de los territorios. Arqueología 12: 135-171.

Berón, Mónica y Laura Migale. 1991. Rutas de comercio indígena y paraderos: el sitio Tapia Moreira, provincia de La Pampa. Revista Shincal 3 (3): 129-134.

Boccara, Guillaume. 2005. Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas. Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria (13): 21-52.

Boccara, Guillaume. 2003. Fronteras, mestizaje y etnogénesis en las Américas. En Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos xviii y xix, editado por R. Mandrini y C. Paz, 63-108. Neuquén: iehs, cehir, Universidad Nacional del Sur.

Carlón, Florencia. 2014a. Repensando los malones del siglo xviii en la frontera de Buenos Aires. En Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1720-1830), coordinado por D. Barriera y R. Fradkin, 255-279. La Plata: fahce-edunlp.

Carlón, Florencia. 2014b. Una vuelta de tuerca más: repensando los malones en la frontera de Buenos Aires durante el siglo xviii. Revista Tefros 12 (1): 26-49.

Casamiquela, Rodolfo. 1982a. Tehuelches, araucanos y otros en los últimos 500 años de poblamiento del ámbito pampeano patagónico [primera parte]. Síntomas 4: 17-29.

Casamiquela, Rodolfo. 1982b. Tehuelches, araucanos y otros en los últimos 500 años de poblamiento del ámbito pampeano patagónico [segunda parte]. Síntomas 5: 20-26.

Casamiquela, Rodolfo. 1965. Rectificaciones y ratificaciones. Hacia una interpretación definitiva del panorama etnológico de la Patagonia y área septentrional adyacente. Instituto de Humanidades, Universidad Nacional del Sur.

Casimir, M. J. 1992. The dimensions of territoriality: an introduction. En Mobility and territoriality, editado por M. J. Casimir y A. Rao, 1-26. Oxford: Berg.

Claval, Paul. 1995. La geographie culturelle. París: Nathan Editions.

Cooper, John M. 1946. The Araucanians. Handbook of South American Indians, Bur. Amer. Ethnol. Bull, 143, vol. ii: 687-760.

Cordero, Guido. 2016. Dos miradas a los malones. Vías alternativas para la comprensión de las incursiones indígenas (1865-1870). En Diplomacia, malones y cautivos en la Frontera Sur, siglo xix. Miradas desde la antropología histórica, compilado por Ingrid de Jong, 217-262. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Crivelli Montero, Eduardo. 1991. Malones: ¿saqueo o estrategia? El objetivo de las invasiones de 1780 y 1783 a la frontera de Buenos Aires. Todo es Historia 24 (283): 6-32.

Cuadernos del Sur. Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur.

Curtoni, Rafael. 2007. Análisis e interpretación de las rastrilladas indígenas del sector centro-este de la provincia de La Pampa. Revista de Arqueología Histórica de Argentina y Latinoamérica (1): 65-92.

Curtoni, Rafael. 2004. Territorios y territorialidad en movimiento: la dimensión social del paisaje. Etnia (46-47): 87-101.

Cutrera, María Laura. 2014. Subordinarlos, someterlos y sujetarlos al orden. Hacerlos así entrar en orden. Rosas y los indios amigos de la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1855. Buenos Aires: Teseo, Universidad de San Andrés.

Davies, Geraldine. 2013. Haciéndonos parientes: diplomacia y vida cotidiana entre los linajes indígenas de Nord Patagonia y los criollos de Carmen de Patagones (1852-1879). Tesis para optar al grado de magíster en ciencias sociales y humanidades, Universidad Nacional de Quilmes.

Descola, Philippe. 2001. Construyendo naturaleza, ecología simbólica y práctica social. En Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas, coordinado por Philippe Descola y Gísli Pálsson, 101-123. México: Siglo XXI.

Fried, Norton. 1967. The evolution of political society. An essay in political anthropology. Nueva York: Harper & Row.

González, Héctor y Hans Gundermann. 2015. Territorios y conflictos étnicos. Los casos aymara y atacameño en Chile. Seminario Territorios, identidades y conflictos étnicos en los Andes, Arica, Universidad de Tarapacá, 11-13 de noviembre.

Gosden, C. 1989. Prehistoric social landscapes of the Arawe Islands, West New Britain Province, Papua New Guinea. Archaeology in Oceania (24): 45-58.

Guevara, Tomás. 1908. Psicolojía del pueblo araucano. Santiago: Cervantes.

Hammaläinen, Pekka. 2001. The Comanche Empire. A study of indigenous power, 1700-1875. Helsinki: Helsinki University Press.

Helms, Mary. 1969. The purchase society: adaptation to economic frontiers. Anthropological Quarterly 42 (4): 325-342.

Hirsch, Eric. 1995. Introduction. En The anthropology of landscape. Perspectives on place and space, editado por Eric Hirsch y Michael O´Hanlon, 1-30. Oxford: Clarendon Press.

Inostroza Córdova, Luis Iván. 2015. Economía agroindustrial de Concepción y expansión triguera fronteriza: campesinos y mapuches en Biobío-Malleco, 1820-1850. América Latina en la historia económica 22 (1): 59-84.

Jong, Gerardo de. 1981. El análisis regional: consideraciones metodológicas. Boletín Geográfico (8): 27-34.

Jong, Ingrid de. 2016. Entre el malón, el comercio y la diplomacia: dinámicas de la política indígena en las fronteras pampeanas (siglos xviii y xix). Tiempo Histórico 6 (11): 17-40.

Jong, Ingrid de. 2014a. El acceso a la tierra entre los indios amigos de la frontera bonaerense, 1850-1880. Sumario. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (27): 87-120.

Jong, Ingrid de. 2014b. “El negocio de la paz”: la trayectoria diplomática de Calfucurá (1860-1873). En Pueblos indígenas, conformación de los Estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina, coordinado por Héctor Hugo Trinchero, Luis Campos Muñoz y Sebastián Valverde, 155-197. Santiago de Chile: Universidad Academia Humanismo Cristiano.

Jong, Ingrid de. 2011. Las alianzas políticas indígenas en el período de organización nacional: una visión desde la política de Tratados de Paz (Argentina 1852-1880). En De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas políticos en la Frontera. Río de la Plata, siglos xviii-xx, editado por Mónica Quijada, 81-148. Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz.

Jong, Ingrid de. 2010. “Indios Amigos” en la frontera: vías abiertas y negadas de incorporación al Estado-nación (Argentina, 1850-1880). En La arquitectura histórica del poder: naciones, nacionalismo y Estados en América Latina. Siglos xviii, xix y xx, coordinado por Antonio Escobar Ohmstede, Romana Falcón y Raymond Buve, 157-188. México: El Colegio de México/cedla.

Jong, Ingrid de. 2007. Políticas indígenas y estatales en Pampa y Patagonia (1850-1880). Habitus 5 (2): 301-331.

Lanteri, Sol, Silvia Ratto, Ingrid de Jong y Victoria Pedrotta. 2011. Territorialidad indígena y políticas oficiales de colonización. Los casos de Azul y Tapalqué en la frontera sur bonaerense (siglo xix). AntíTeses 4 (8). Universidad Estadual de Londrina. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/issue/view/620.

León Solís, Leonardo. 2015. Ventas de tierras mapuche en los preámbulos de la pacificación de la Araucanía: Nacimiento, 1864-1866. Tiempo Histórico 6 (10): 57-86.

León Solís, 1981. Alianzas militares entre los indios araucanos y los grupos indios de las pampas: la rebelión araucana de 1867-1872 en Argentina y Chile. Nueva Historia. Revista de Historia de Chile i (1): 3-49.

Levaggi, Abelardo. 2000. Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina (siglos xvi-xix). Buenos Aires: Universidad del Museo Social Argentino.

Literas, Luciano y Lorena Barbuto. 2015. El acceso a la tierra de los indios amigos. Una comparación preliminar de las tribus de Catriel y Rondeau (Buenos Aires, segunda mitad del siglo xix). Revista Tefros 13 (2): 1-22. http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/issue/view/26/showToc.

Llorca-Jaña, Manuel, 2014. A reappraisal of Mapuche textiles production and sheep raising during the nineteenth century. Historia 47 (1): 91-111.

Lopes de Souza, Marcelo. 1995. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. En Geografia: conceitos e temas, editado por P. C. da Costa Gomes y R. Lobato Corrêa, 77-116. Río de Janeiro: Bertrand.

Mandrini, Raúl. 1991. Procesos de especialización regional en la economía indígena pampeana (siglos xviii-xix): el caso del suroeste bonaerense. Boletín Americanista 41: 113-136.

Mandrini, Raúl. 1987. Desarrollo de una sociedad indígena pastoril en el área interserrana bonaerense. Anuario del iehs (2): 71 98.

Middleton, John y David Tait. 1958. Tribes without rulers. Studies in Africa segmentary systems. Londres: Routledge & Kegan Paul.

Nacuzzi, Lidia. 2010. Introducción. En Fronteras. Espacios de interacción en las tierras bajas del sur de América, compilado por Carina Lucaioli y Lidia Nacuzzi, 7-19. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antroplogía.

Nacuzzi, Lidia. 2002. Los grupos, los nombres, los territorios y los blancos: historia de algunos nombres étnicos, en Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas, compilado por Guillaume Boccara, 259-290. Quito: Abya Yala-ifea.

Nacuzzi, Lidia. 1998. Identidades impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Nacuzzi, Lidia. 1991. La cuestión del nomadismo entre los tehuelches. Memoria Americana (1): 103-134.

Nacuzzi, Lidia, Carina Lucaioli y Florencia Nesis. 2008. Pueblos nómades en un estado colonial. Chaco, Pampa, Patagonia, siglo xviii. Buenos Aires: Antropofagia.

Nacuzzi, Lidia y Cecilia Pérez de Micou. 1994. Rutas indígenas y obtención de recursos económicos en Patagonia. Memoria Americana (3): 91-103.

Ortelli, Sara. 1996. La araucanización de las pampas. Realidad histórica o construcción de los etnólogos. Anuario del iehs 11: 203-225.

Palermo, Miguel Ángel. 1999. Mapuches, pampas y mercados coloniales. cd-rom de especial de etnohistoria. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Pérez Zavala, Graciana. 2014. Tratados de paz en las Pampas. Los ranqueles y su devenir político (1850-1880). Buenos Aires: aspha.

Pérez Zavala, Graciana. 2008. Relaciones interétnicas asimétricas: consideraciones sobre el proceso de arrinconamiento territorial y político de los ranqueles durante la segunda mitad del siglo xix. En Arqueología de la frontera. Estudios sobre los campos del sur cordobés, compilado por Ana María Rocchietti y Marcela Tamagnini, 131-184. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.

Pinto Rodríguez, Jorge. 2000. De la inclusión a la exclusión. La formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche. Santiago de Chile: Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile.

Pinto Rodríguez, Jorge. 1996. Integración y desintegración de un espacio fronterizo. La Araucanía y las Pampas, 1550-1900. En Araucanía y Pampas. Un mundo fronterizo en América del Sur, editado por Jorge Pinto Rodríguez, 11-46, Temuco: Universidad de la Frontera.

Raffestin, Claude. 1980. Pour une geographie du pouvoir. París: Librairies Techniques.

Ramos, Ana y Walter Delrio. 2008. Corrales de piedra, campos abiertos y pampas del camaruco. Memorias de relacionalidad en la meseta central del Chubut. Memoria Americana 16 (2): 149-166.

Ratto, Silvia. 2011. Estado y cuestión indígena en las fronteras de Chaco y la Pampa (1862-1880). Sumario, Revista de Ciencias Sociales 3 (20): 7-28.

Ratto, Silvia y Marcelo Lagos. 2008. Políticas estatales en Territorios Nacionales: Patagonia y Chaco desde fines del siglo xix a mediados del siglo xx. 3as. Jornadas de historia de la Patagonia, San Carlos de Bariloche, 6-8 de noviembre.

Sack, Robert. 1986. Human territoriality. Its theory and history. Cambridge: Cambridge University Press.

Sack, Robert. 1983. Human territoriality: a theory. Annals of the Association of American Geographers 73 (1): 55-74.

Santos, Milton. 1990 [1978]. Por una geografía nueva. Madrid: Espasa Calpe.

Tamagnini, Marcela y Graciana Pérez Zavala. 2002. El debilitamiento de los ranqueles: el tratado de paz de 1872 y los conflictos intraétnicos. En Funcionarios, diplomáticos, guerreros: miradas hacia el otro en las fronteras de Pampa y Patagonia (siglos xviii y xix), compilado por Lidia Nacuzzi, 199-157. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Tuan, Yi-Fu. 1974. Topofilia. A study of environmental perception, attitudes and values. Nueva York: Columbia University Press.

Van Young, Eric. 1987. Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas. Anuario iehs (2): 255-281.

Vezub, Julio. 2009. Valentín Saygüeque y la Gobernación Indígena de las Manzanas. Poder y etnicidad en la Patagonia Septentrional (1860-1881). Buenos Aires: Prometeo libros.

Villar, Daniel y Juan Francisco Jiménez. 2003. La tempestad de la guerra: conflictos indígenas y circuitos de intercambios. Elementos para una periodización (Araucanía y las Pampas, 1780-1840). En Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos xviii y xix, compilado por Raúl Mandrini y Carlos Paz, 123-172. Neuquén: Instituto de Estudios Histórico Sociales, cehir, Universidad Nacional del Sur.

Zedeño, María Nieves. 1997. Landscapes, land use and the history of territory formation: an example from Puebloan Southwest. Journal or Archaeological Method and Theory 4 (1): 67-103.

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el coloquio “La participación indígena en la construcción de los Estados-nación, siglos xix y xx. Visiones desde México y Argentina”, organizado por el ciesas de México, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata en el Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 7 y 8 de abril de 2011.

² Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) y profesora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

³ Ejemplos de ello son los aportes de Ratto y Lagos (2008), Nacuzzi, Lucaioli y Nesis (2008) y Ratto (2011).

⁴ Entendemos estos espacios sociales de frontera como “una zona permeable, porosa, en constante reacomodamiento territorial y poblacional, en donde eran habituales la comunicación y el intercambio pacífico o conflictivo entre ambos grupos y los procesos de mestizaje cultural, social político y económico” (Nacuzzi 2010, 8).

⁵ Esta noción plantea la necesidad de tomar en cuenta todos los espacios (fronteras diferentes, “tierra adentro” o hinterlands, etcétera), puntos de vista (alianzas de diverso tipo, redes de confederación, subordinación, parentesco, intercambio) y combinación de actividades diversas (guerra, pillaje, diplomacia, comercio) que configuran espacios macrorregionales desde los que se debe reconstruir el actuar indígena (Boccara 2005, 47).

⁶ En este sentido, si bien los “malones” devinieron también en una empresa económica que podía convocar la acción conjunta de diversos líderes indígenas y de distintas parcialidades étnicas de ambos lados de los Andes, su relación directa con las demandas trasandinas no es tan evidente.

⁷ Basándose en Middleton (1958), Bechis entiende por tal una configuración política formada por la repetición o fisión de unidades o segmentos autosuficientes más pequeños que la sociedad, sin que haya una estructura política superior que los contenga (Bechis 2008a).

⁸ Ortelli (1996) se refiere a estos procesos como la araucanización de los pueblos indígenas de la Pampa y la Norpatagonia, que se habrían expresado en la migración física y en la expansión de elementos culturales significativos como el mapudungum, que para principios del siglo xix era la lengua franca en el área. Bechis sostiene al respecto que se trataría en realidad de dos procesos simultáneos: a la mapuchización de las pampas se superpone la tehuelchización de los araucanos, como resultado de la adaptación al nuevo medio de los nuevos pobladores (2010a, 30).

⁹ Durante la llamada “Guerra a Muerte” en Chile entre 1819 y 1821, la lucha entre “patriotas” y “realistas” en territorio chileno involucró a distintos sectores indígenas de la Araucanía a las filas de ambas facciones. Durante el resto de la década de 1820 estos enfrentamientos se trasladaron al escenario pampeano, suscitando la presencia de fuerzas étnicamente mixtas que disputaron por la ocupación de espacios y la negociación con las autoridades argentinas, así como la realización de incursiones de saqueo con el objeto de abastecerse y comerciar.

¹⁰ A diferencia de las delimitaciones geográficas o jurídicas de las entidades regionales, Van Young (1987) proponía concebir la región como espacialización de las relaciones económicas, siguiendo fronteras que generalmente atraviesan estos límites. En consonancia con lo que sostienen Van Young y el mismo Assadourian (1982) en cuanto a la crítica de la delimitación a priori de las regiones y teniendo en cuenta la necesidad de reconstruir las relaciones económicas pero también las políticas y sociales, Gerardo de Jong propone un abordaje metodológico que tenga en cuenta el carácter histórico y dinámico de las relaciones involucradas en la identificación de una región, en tanto “la región comienza y termina donde comienza y termina su explicación” (1981, 30).

¹¹ Nacuzzi concibe los territorios como expresión de un grupo étnico en cuanto organización socialmente efectiva: “Cada cacique tenía jurisdicción sobre territorios perfectamente deslindados, con pautas de tránsito y de utilización de los paraderos ubicados en territorios ajenos” (1998, 161).

¹² Como afirman Ramos y Delrio (2008, 150), “la ‘cuestión indígena’ como política de estado en Argentina ha estado acompañada por la elaboración académica de mapas étnicos –no sólo territoriales, agregaríamos–, en tanto el reconocimiento hegemónico de estas entidades en el espacio geográfico se ha basado en otros datos discretos o esenciales, tales como la lengua, el fenotipo y la ascendencia biológica, devenidos en indicadores de ‘autenticidad’”.

¹³ Al respecto, y en relación con los aymaras de Atacama, González y Gunderman (2015) señalan que frecuentemente las representaciones territoriales indígenas, sobre las que se basan sus acciones de defensa de la tradición comunal contienen las huellas de la subordinación, en tanto han incorporado las nociones dominantes acerca del territorio como un objeto continuo, discreto y delimitado, desvinculado de las estructuras reticulares y discontinuas, “archipielágicas”, que formaban parte de la concepción indígena.

¹⁴ Bechis propone aplicar el concepto de geopolítica a sociedades sin Estado, como las arauco-pampeanas, definiendo a la geopolítica como “la ocupación intencional o de hecho de un espacio con el propósito de apoyar los intereses del grupo madre que permanece en su territorio” (2008b, 38).

¹⁵ El territorio de dominio, al estar relacionado con los vaivenes del poder sociopolítico, tiene límites más flexibles e indefinidos, es inestable y va sufriendo modificaciones a través del tiempo. Los territorios temporales pueden relacionarse con espacios discretos donde esporádicamente se realizan actividades socialmente definidas, como ferias de intercambio, ritos de encuentros, o lugares que por su estructuración topográfica favorecen el tránsito humano y sirven como conectores entre distintas etnias y territorios. A su vez, en el territorio de ocupación, reconoce un patrón de asentamientos con distancia espacial respecto del centro, asociada a una estructura social jerárquica (Curtoni 2004, 94).

¹⁶ Las rastrilladas poco nos dicen acerca de los conflictos y desgranamientos políticos de los ranqueles y salineros durante las últimas décadas de la frontera, de la relocalización de algunos grupos como producto de las relaciones de fuerza y la firma de tratados de paz, así como tampoco nos hablan de las comunicaciones con grupos más distantes al espacio analizado, a los procesos de confederación política con grupos distantes, con fuerzas no continuas en el espacio en determinadas coyunturas. Tampoco nos revelan los posicionamientos divergentes que los principales caciques ranqueles fueron adoptando en relación con el Estado en estas décadas (Tamagnini y Pérez 2002; Pérez 2014; Jong 2011 y 2010).

¹⁷ Señalamos, al respecto, el fuerte contraste que se produce entre las fronteras pampeana y araucana, en tanto a mediados del siglo xix se hace evidente el proceso de mercantilización de tierras indígenas que acompaña la penetración capitalista al sur del Biobío y que también involucra la venta de fuerza de trabajo y la producción mapuche para el mercado triguero (Inostroza 2015; León 2015).

¹⁸ Creemos además que esta reconstrucción de la experiencia comanche implica el riesgo de extremar la coherencia de las estrategias indígenas convirtiéndolas en un sistema funcional, desconociendo el carácter histórico, frágil y heterogéneo de esta dinámica comercial. Las Pampas y la Araucanía guardan fuertes distancias respecto al Imperio Comanche, tal como la ausencia de un campo político marcado por la competencia entre potencias coloniales y la limitada capacidad de imposición sobre los territorios ocupados por las repúblicas argentina y chilena a lo largo del siglo xix.

¹⁹ Un buen análisis sobre las tensiones internas a la organización de los cacicatos indígenas y la flexibilidad de las conductas políticas expresadas en la acción de los líderes secundarios puede encontrarse en el reciente trabajo de Guido Cordero (2016).

Colofón

Junio de 2018

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Fotografía de portada:

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Departamento de Difusión Cultural de

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