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PLAN DE LA OBRA

ÍNDICE

Agradecimientos

PREFACIO

I. INTRODUCCIÓN

II. LA NATURALEZA QUE SE CONSERVA ES UNA NATURALEZA POLITIZADA

III. MÉTODO DE APROXIMACIÓN

IV. ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA CONSERVACIÓN

V. DOS MARCOS NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

VI. LOS DEMONIOS DE LA CONSERVACIÓN

VII. EN LA ESFERA DE LOS TRÓPICOS

VIII. ES MÁS FÁCIL DRENAR EL TRÓPICO QUE IRRIGAR EL DESIERTO

EL SURESTE MEXICANO

LA AMAZONIA BRASILEÑA

INTEGRAR Y REMOVER

EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ (PROYECTO MESOAMÉRICa) Y BRASIL EN ACCIÓN

CONTROVERSIAS Y OPOSICIÓN SOCIAL

IX. POLÍTICA CONSERVACIONISTA Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS, VERACRUZ (RBT)

LA RESERVA CAMPESINA DE LA BIOSFERA LOS CHIMALAPAS, OAXACA (RCBC)

SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN, BRASIL

LA RESERVA EXTRACTIVISTA CHICO MENDES, ACRE (RESEXCM)

X. CONSERVACIÓN, SOBERANÍA, ESTADO Y SOCIEDAD

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: ¿HORIZONTE TECNOECOLÓGICO? EN POS DE UNA GEOPOLÍTICA EN CLAVE NACIONAL

POSFACIO

REFERENCIAS

La naturaleza que nunca murió.

Un ensayo de ecología política sobre el desarrollo y la conservación
en el trópico húmedo en México y Brasil

Primera edición en formato digital, 2019

© Mauricio Genet Guzmán Chávez

© El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Fracc. Colinas del Parque

San Luis Potosí, S. L. P. 78294

www.colsan.edu.mx

E-ISBN: 978-607-8666-40-9

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Conversión a ePub: Servicios Editoriales de Editorial Albatros

Hecho en México

PLAN DE LA OBRA

Esta obra propone un análisis crítico sobre la política conservacionista centrada en la creación de áreas naturales protegidas desde una perspectiva comparativa y con el enfoque de la ecología política. La tensión conceptual se establece a partir del análisis diacrónico sobre el impacto de las políticas y los programas de desarrollo en las regiones tropicales húmedas de México y Brasil, los cuales provocaron la transformación radical de los paisajes, el deterioro de los ecosistemas, y presuponen, en buena medida, los discursos y las estrategias conservacionistas actuales. Este trabajo constituye un esfuerzo de síntesis, dado que se esfuerza por identificar el quiebre del modelo de desarrollo conducido por los respectivos Estados nacionales, hacia un enfoque neoliberal que insiste en los mecanismos de mercado (mercantilización de la naturaleza) como estrategia central de la conservación de la biodiversidad.

ÍNDICE

Prefacio

I. Introducción

II. La naturaleza que se conserva es una naturaleza politizada

III. Método de aproximación

IV. Ecología política de la conservación

V. Dos marcos nacionales para la conservación y el desarrollo

VI. Los demonios de la conservación

VII. En la esfera de los trópicos

VIII. Es más fácil drenar el trópico que irrigar el desierto

El sureste mexicano

La Amazonia brasileña

Integrar y remover

El Plan Puebla-Panamá (Proyecto Mesoamérica) y Brasil en Acción

Controversia y oposición social

IX. Política conservacionista y las áreas naturales protegidas

La reserva de la biosfera Los Tuxtlas, Veracruz (rbt)

La reserva campesina de la biosfera Los Chimalapas, Oaxaca (rcbc)

Sistema de Unidades de Conservación, Brasil

La reserva extractivista Chico Méndez, Acre (resexcm)

X. Conservación, soberanía, Estado y sociedad

Áreas naturales protegidas: ¿horizonte tecnoecológico? En pos de una geopolítica en clave nacional

Posfacio

Referencias

Dedicado a mi madre María del Carmen Chávez González

PREFACIO

La idea del fin o la muerte de la naturaleza al principio me pareció provocadora y luego suscitó mi desacuerdo, que juzgo necesario explicar para trascender la retórica posmoderna y el dualismo ontológico que sirve de sustento tanto al discurso de la conservación de la naturaleza como a los distintos tipos de desarrollo. Bill McKibben (2006) advierte que los seres humanos ya alcanzamos todos los rincones del planeta, prácticamente no dejamos un solo espacio libre de nuestras intervenciones y manipulaciones. El grado de alteración provocado cobró proporciones planetarias y al parecer no hay vuelta para atrás si atendemos las señales del cambio climático global. Éste es el fin de la naturaleza. El correlato de esta narrativa se conoce como el mito de la naturaleza intocada; hacia allá apunta uno de los discursos del conservacionismo: conservar los parches, los reductos, las áreas no perturbadas por el hombre, es decir, bosques, selvas, manglares, desiertos, los océanos, que propiamente deberíamos llamar naturaleza por el simple hecho de que han podido mantener la dinámica en sus procesos biológicos en una condición relativamente libre de la intervención humana (Diegues, 2000). En el primer caso, la naturaleza dejó de serlo por exceso de manipulación humana; en el segundo, la naturaleza ha sido reducida y, por tanto, debe ser mantenida aparte, separada de las culturas, porque se corre el riesgo de perderla.

En un sentido similar, Carolyn Merchant (1980) se refiere a la muerte de la naturaleza al criticar los intentos por controlarla y someterla desde que en el siglo XVII se fija con la Revolución Industrial el desarrollo tecnológico como medida de progreso y, paralelamente, se obstaculiza la aportación de las mujeres en la construcción del conocimiento científico.

Los enfoques de McKibben y de Merchant me parecen necesarios, pues afinan nuestra reflexión sobre los elementos discursivos y prácticos que moldean y detonan la crisis ambiental, pero sólo comparto sus percepciones en tanto metáforas incitantes. El propósito en ambos casos, así lo juzgo, es venir a socavar el dualismo cultura/naturaleza sobre el cual se sostiene el modelo civilizatorio hegemónico, vale decir “la constitución moderna” (Latour, 2007). No dudemos del contagio antropogénico como acumulación de hechos expansivos, de duración y consecuencias incomensurables; pero no incurramos en la actitud soberbia de deshabilitar o anular los poderes autónomos de la naturaleza, en buena medida interdependientes de nuestras voluntades y afanes (Murphy, 2002).

Dos hombres de conocimiento, a la postre mis maestros, de quienes aprecio su fina percepción y oído atento ante las voces de la naturaleza, me dijeron casi en susurro uno, en un canto el otro: pero la vida, la vida en sí, nunca se acaba, esa nunca muere. En esa modulación, me parece, se puede entender la amenaza que representa la especie humana para sí y para todas las otras formas de vida; pero en la catástrofe la vida se autorregenera, se transmuta y proyecta hacia nuevas formas. El impulso vital que nos engrandece y deja su huella geológica es algo que nos trasciende, viene de antes, está dentro y continuará después de nosotros.

Los relatos y las imágenes que evoco en este ensayo de ecología política remiten justo a una ponderación histórica del sueño fáustico por controlar a la naturaleza, con propósitos presuntamente emancipatorios; o, en los términos de la ideología del desarrollo, para hacer posibles los fines del progreso. En más de un sentido, la muerte de la naturaleza puede advertirse en los etnocidios, en los desarraigos y desplazamientos forzados de crecientes grupos humanos, en la simplificación del ambiente y el arrasamiento de poblaciones no humanas. No obstante, la lluvia continúa precipitándose sobre las flores en los campos radiactivos de Chernóbil. La guía no está en la racionalidad instrumental, sino en el renovado impulso de seguir la larga jornada dando y recibiendo, de manera recíproca, en todas nuestras relaciones en el planeta (La Follete y Maser, 2017).

El impulso para anexar la naturaleza, los animales,

otras razas y culturas, y colocarlas sobre una

jurisdicción universal, está efectivamente en toda parte.

Jean Baudrillard

O que vocês chamam de meio ambiente

é o que sobra do que vocês destruíram.

Davi Kopenawa Yanomami

I. INTRODUCCIÓN

El itinerario de este ensayo refleja en buena medida los azares de mi formación académica, los tópicos y líneas de investigación que se encuentran en mi campo central de investigación antropológica: los estudios socioambientales, que indagan las múltiples y contradictorias relaciones entre la sociedad y el ambiente. Esto fue así desde que me embarqué en el estudio de caso de la relocalización compulsiva conducida por el Estado mexicano en el valle de Uxpanapa, Veracruz, a partir de la construcción de la presa Cerro de Oro Miguel de la Madrid, en la cuenca alta del río Papaloapan, en el estado de Oaxaca (Guzmán, 1994). Proseguí esta línea en mi tesis de maestría al estudiar los procesos de adaptación de los rancheros ejidatarios del altiplano potosino, a la postre habitantes del Sitio Sagrado Natural de Wirikuta (Guzmán, 1998).Incursioné en la sociología ambiental en mi tesis de doctorado en la que analizo los discursos de la biodiversidad y las estrategias de marketing de dos empresas brasileñas dedicadas a la producción y venta de productos cosméticos (Guzmán, 2004). Este itinerario no ha trazado un camino recto, determinado de antemano, me resulta más apropiado considerarlo como una red de veredas por momentos sinuosas, que se ha hecho patente en los temas y las orientaciones teóricas y conceptuales trabajadas en cada alumbramiento. En el estudio sobre la relocalización de los chinantecos en el valle de Uxpanapa, centré mi atención en el papel de los liderazgos políticos en su función de intermediación entre el Estado —sus agencias hidroburocráticas— y la población indígena, para consumar la expulsión de su territorio ancestral; una operación de traslado, según el eufemismo oficial. En esta experiencia, no había manera de sustraerse a los efectos colonizadores y el lastre depredador de los recursos naturales en uno de los territorios de selva tropical casi virgen hasta finales de la década de 1970 (Guzmán, Cruz y Zavala, 1993).

El contraste entre la selva tropical y los paisajes semiáridos del desierto chihuahuense en el altiplano potosino provocó un extrañamiento en mi mirada. Con el auxilio de la ecología cultural y la ecología humana, me propuse entender cómo se las ingenian los habitantes de estas regiones para sobrevivir en su día a día y en un contexto histórico pautado por la transformación de las relaciones y los modos de producción, esto es, el tránsito de una economía de caza y recolección a una economía agroganadera influida por la minería en la zona serrana durante el régimen colonial, la pax porfiriana de las grandes haciendas y el periodo posrevolucionario marcado por la reforma agraria (sistemas pastoriles y agricultura de secano) (Guzmán, 1998).

A lo largo de esta travesía, las discusiones sobre el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad han sido moneda corriente; temas cuyo debate se sitúa en el centro de las preocupaciones académicas y en la agenda pública de la política ambiental desde los años previos y posteriores a la Cumbre del Medio Ambiente de Río, 1992. La última década del siglo XX y la primera del XXI fueron dedicadas a los asuntos de la conservación mediante la política de creación de áreas naturales protegidas (ANP) y se insertaron en la crítica del desarrollo convencional. Las voces discordantes asumieron los desafíos de la participación social en los criterios y estrategias para resolver los problemas de la desigualdad y la pobreza. De forma paralela, iniciaron el debate implícito en la apropiación y uso del conocimiento derivado de la biodiversidad y los regímenes que de facto suponen una restricción en el uso de los recursos por parte de las poblaciones locales. Estos debates siguen vigentes, pero en cierta forma fueron desbordados por la problemática del cambio climático global y entraron en la fase que Beatriz Santamarina caracteriza como la normalización e institucionalización del ambiente (Santamarina, 2006).

La conceptuación de la biodiversidad, su interpretación y relevancia en el campo de las políticas ambientales de alcance global y repercusión nacional, regional y local, se han transformado desde que el término fuera propuesto como una contracción de dos palabras: diversidad biológica. Aun cuando el término posee una definición precisa para distinguir la diversidad en tres niveles (especies, ecosistemas y genético) (Durand y Neyra, 2009; Durand, 2017), las mutaciones obedecen a ponderaciones cambiantes en dichas políticas, que no son sino resultado de los forcejeos, resistencias y conflictos surgidos tras la producción de conocimiento (científico o no), su diseminación, apropiación y uso en las diferentes esferas de la vida social.

En el Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, dialogué en el transcurso de mi doctorado con varios profesores concentrados en el estudio de las políticas ambientales, los movimientos socioambientales, los regímenes y acuerdos de gobernanza ambiental global y los procesos de cambio socioambiental graduados por las demandas de sectores de la sociedad (campesinos, pobladores locales, consumidores) con una mayor conciencia ambiental. En este ámbito académico, una vibrante bibliografía me fue proporcionada por el Dr. Paulo Freire Vieira, que se tomaba muy en serio los asuntos del ecodesarrollo desde la vertiente de Ignacy Sachs —acaso uno de los artífices del concepto de desarrollo sustentable, junto con su colega Maurice Strong—; leí los estudios acerca de la racionalidad ambiental, de Enrique Leff, así como los trabajos de índole etnográfica producidos por una amplia red de investigadores franceses, indios, canadienses y de otras latitudes, alentados por la teoría de los bienes comunes de la Premio Nobel de Economía Ellinor Ostrom, a contrapelo de la formulación hipotética conocida como tragedia de los bienes comunes de Garret Hardy. Muchas ideas y sugerencias valiosas de esta literatura apuntalan las claves personales de mi itinerario académico respecto al meollo del presente ensayo, y me permiten entender mejor de qué modo los procesos de colonización, los grandes proyectos de infraestructura y los programas de desarrollo anulan las instituciones locales, entendidas como reglas y consensos que moderan, ponen límites y definen el aprovechamiento de los recursos naturales; las modalidades, ritmos y estrategias de su manejo.

Mis profesores Héctor Leis, un argentino abrasileñado, y Franz Brüseke, un alemán encantado con lo brasileño, inocularon la duda epistemológica sobre el ambientalismo desde mi llegada al país sudamericano. Las discusiones de Leis y su colega Eduardo Viola, Brüseke idem, repercutieron en el ánimo indispensable para ir “toreando” el ambientalismo y los diferentes ecologismos, y discutirlos críticamente como parte del ecumenismo ecológico establecido por los países del norte. Explícitamente, la acentuación de las desigualdades geográficas y las dinámicas de poder insertas en los programas, acuerdos y tratados de gobernanza ambiental de alcance planetario: tal es el tema central para entender la destrucción/conservación de las selvas tropicales mexicanas y las selvas amazónicas. En este ensayo discuto el fenómeno valiéndome del concepto de geopolítica.

A lo largo de esta travesía, he navegado, por riesgo y cuenta propia, en la ecología política de Bruno Latour y Arturo Escobar. La obra de estos dos pensadores es fundamental en mis atisbos. La dualidad que gira en torno a la conservación de la biodiversidad como hija y heredera de la razón instrumental, de la racionalidad occidental y, por tanto, de la modernidad, es asumida por ambos, con enfoques distintos, como el proyecto político central de las resistencias, de las alteridades y de las otras culturas-naturalezas. Un poco en tono de parodia decimos que la conservación de la biodiversidad es una de las últimas fases del proyecto civilizatorio de una sociedad que ha decidido quemar sus naves de manera apresurada (Klein, 2015). Queda insistir, entonces, en que este proyecto, visto como un experimento a escala global, se construye y legitima a partir de discursos y prácticas que se fijan y establecen como realidades aparentes dentro de campos políticos controversiales y conflictivos. Campos en donde el poder, entendido como forcejeos y resistencias, revela y desnuda los mecanismos que definen la verdad en tanto dispositivo del control humano; en un horizonte utópico mediado por la inmanencia de lo diverso (cultural y biológico). Este ensayo comparativo sobre la conservación de la naturaleza desde la perspectiva sur-sur, se aventura a una descomprensión del tiempo (la del tiempo lineal en la idea del desarrollo de Occidente) y, sobre todo, con una crítica a la representación que los Estados mexicano y brasileño se han construido sobre sus selvas tropicales húmedas.

Este ensayo tiene su antecedente en un texto que presenté como protocolo de investigación en el doctorado de Sociología Política de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, hace casi dos décadas. Su vigencia radica en el valor que atribuí desde un principio al enfoque comparativo para entender las tramas pendulares del binomio conservación-desarrollo. Para decirlo de manera sucinta, los desarrollistas (planificadores, funcionarios públicos, ideólogos, tomadores de decisión) minimizaron los efectos adversos del desarrollo sobre la naturaleza y así justificaron los proyectos de intervención como el camino correcto hacia la meta universal del bienestar humano comprobable en cifras e indicadores. En aras del progreso, se justificaba todo sacrificio. El desvío y trasvase de agua a los centros urbanos, la construcción de represas para la generación de energía y las líneas de transmisión y distribución eléctrica, la construcción de carreteras y la expansión urbana, así como el incremento de la producción de alimentos mediante el uso de agroquímicos. Todo eso tuvo como soporte ideológico la idea del desarrollo y la modernización. “Un movimiento progresivo hacia formas más complejas e integradas desde el punto de vista tecnológico e institucional. Este proceso es activado y mantenido mediante la paulatina y creciente inserción en los mercados de mercancías en una serie de intervenciones que involucran la transferencia de tecnología, conocimiento, recursos y formas de organización del mundo más desarrollado o sector de un país hacia las partes menos desarrolladas” (Long, 2007: 37). Desde esta perspectiva, las sociedades tradicionales, campesinas o áreas no modernizadas de la sociedad son emplazadas a transformar sus patrones económicos y socioculturales y dejarse conducir por las vías férreas del desarrollo, el bienestar y la superación de su pobreza. El desarrollo puede concebirse más atinadamente como un aparato discursivo muy sofisticado que emerge victorioso de la confrontación entre formas de conocimiento y que es habilitado mediante diferentes dispositivos de poder. En ese sentido, Escobar afirma que ese discurso es un insumo ideológico en el proceso de construcción del Tercer Mundo, visto fatalmente como “subdesarrollado” (Escobar, en Long, 2007: 113). Los análisis marxistas y neomarxistas vinculados a la economía política pusieron en entredicho estos procesos al señalar la voracidad expoliadora de la naturaleza inherente a la expansión del capital y su ansia por abrir nuevos mercados de consumo. La aparición de posturas críticas ante el desarrollo —piénsese en la teoría de la dependencia— ofreció ciertos elementos que más adelante servirían en la formulación de las versiones del desarrollo sustentable, y, por este conducto, el preservacionismo estadounidense decimonónico sería paulatinamente empujado hacia el conservacionismo que se discute en este texto: un dispositivo con el cual se pretende imponer ciertos límites a los efectos negativos del desarrollo, reconciliar el desarrollo, revertir los problemas de degradación de la naturaleza, generar nuevos modelos de interacción de la sociedad global con su ambiente. La tendencia pendular de dicho binomio (conservación-desarrollo) se inscribe entonces en la política global y los esquemas nacionales de la conservación desde los cuales se establecen las modalidades de intervención, como veremos más adelante, en algunos casos conservación estricta sin presencia humana y en otros todo lo contrario.

La razón de mayor peso en la actualidad de este estudio se refiere a la transformación conceptual de la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad como asunto central de la política ambientalista fue desbancada por las discusiones sobre el cambio climático global. Los imperativos de la conservación, aun cuando las incertidumbres científicas continúan vigentes, han sido subordinadas a otras prioridades que señalan el rumbo de los debates científicos y del ambientalismo como una ideología que puede servir tanto al fortalecimiento de la conciencia ambiental de la sociedad como a intereses particulares y de corporativos trasnacionales. Leff y otros autores lo denuncian desde hace tres décadas: los desdoblamientos de la biodiversidad hacia consideraciones de tipo economicista (la naturaleza como capital natural, la noción de servicios ambientales y el modelo de pago o compensación asociados a ellos) han sido y continuarán siendo el principal obstáculo en las décadas por venir para lograr un nuevo pacto o relación con la naturaleza —como racionalidad ambiental y diálogo de saberes (Leff, 2008). En esa línea argumentativa, este ensayo responde al mismo tema central esbozado en la dicotomía o binomio: conservación y desarrollo.

En 2010, con la ayuda de mi asistente, actualicé los datos referentes a la extensión de las áreas naturales protegidas. Posteriormente, al surgir el conflicto minero de Wirikuta, retomé mi interés por el manejo de los conflictos en estas áreas en el norte del país, e impartí un par de cursos sobre naturaleza y cultura en la maestría en Antropología Social y, a partir de mi participación en la Red de Estudios sobre Sociedad y Medio Ambiente (resma), encontré estímulos invaluables para retomar y afinar mi estudio con el enfoque de la ecología política. Hallé un aliciente en la lectura del libro Naturalezas desiguales, de Leticia Durand (2017), en cuyas páginas la autora trilla los caminos de la conservación mediante el enfoque del análisis del discurso. ¿Cómo se ha construido y normalizado el discurso de la conservación?, ¿cómo conviven, se entrelazan y chocan diferentes visiones y proyecciones sobre lo que es la naturaleza? Entiendo, con Durand, que la naturaleza es una construcción social cuya definición se encuentra mediada, es decir, representada por nuestros sistemas cognitivos culturales y los medios técnicos con los cuales interactuamos con ella, la conocemos, la desvelamos y nos hacemos ideas sobre ella, es decir, la nombramos y representamos. Aquí creo necesario un pequeño matiz: la ideación o representación de lo que es la naturaleza sólo es posible a partir de prácticas, de un hacer situado en el mundo; y toda práctica, desde un punto de vista antropológico, o si se quiere cultural, se inscribe en la operatividad técnica habilitada por el cuerpo humano en primer lugar; y en segundo, como operatividad tecnológica en tanto extensión, especialización y sofisticación del propio cuerpo. En este sentido, el análisis de los discursos sobre la conservación de la naturaleza cuya pista sigo está un poco más acá del análisis posestructural, pues mi foco no está en “la serie, prácticamente infinita, de conocimientos particulares socialmente construidos” (Durand, 2017: 31), sino en los grandes bloques discursivos que propician el vaivén civilizatorio del desarrollismo tropical en Brasil y México. El desarrollo y la modernización son los discursos clave que irrumpen en los territorios de estas dos naciones. Ambos discursos se originan y son legitimados dentro del Estado y por el Estado en tanto que ente histórico, vale decir, una formación política definida en términos históricos cuya lógica se entiende a partir de redes y mecanismos destinados al ejercicio de la soberanía, esto es, el control y la defensa territorial mediante el uso legítimo del poder y la fuerza para convencer, imponer o someter. En este sentido, un propósito del presente estudio es revelar la ruptura histórica que opera entre “la mirada del Estado”, en tanto monopolio de la verdad, hacia regímenes cuya mayor pluralidad política no los libra de afrontar mayores tensiones, conflictos y violencias en torno al manejo de recursos ya mercantilizados o en vías de mercantilización.

El tránsito de un Estado benefactor a uno neoliberal supone desde luego una adecuación de los discursos conservacionistas; la recurrencia ideológica, discursiva, que alimenta todo desarrollo sustentable es por ello tragedia anunciada, pero los goznes y las articulaciones entre diferentes actores, sus conflictos y discrepancias nos revelan las diferentes tesituras de varios dilemas. El dilema filosófico y el geopolítico están ampliamente representados en la literatura revisada y constituyen dos núcleos discretos y potencialmente controversiales del conservacionismo. En ocasiones, éstos se traslapan. Históricamente, la conservación de la naturaleza no deja de ser vista como un asunto civilizatorio, una preocupación ideológica, ética, de los seres humanos, propiciada por la transformación o por la devastación de los ecosistemas desde el antropoceno. El mismo movimiento antropogénico dictado por la expansión de los sistemas de control, uso y derroche de energía, nos conduce a la geopolítica de la conservación, definida como el posicionamiento estratégico (con diferentes medios) de ciertos actores (Estados nación, empresas trasnacionales, comunidades) para apropiarse, controlar y beneficiarse de los recursos naturales (energéticos) en una escala global.

II. LA NATURALEZA QUE SE CONSERVA ES UNA NATURALEZA POLITIZADA

Algunos autores opinan que la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable son cosas opuestas y aun contradictorias. Puesto que todo desarrollo consiste explícitamente en el manejo de sistemas productivos, es decir, en la antropización de los ecosistemas naturales, se torna prácticamente imposible preservar estos últimos en condiciones intocadas, prístinas o simplemente imperturbadas (Janzen, 1986; Dourojeanni y Padua, 2001; Rolstom III 2000; Terborgh, 2004).

Otros autores afirman que el desarrollo y la conservación, más que una simple sustantivización de prácticas opuestas, conforman una díada interrelacional en la cual intervienen procesos y dinámicas de diversa índole —biológicas, culturales, políticas y sociales—. En otras palabras, la conservación y el desarrollo son fenómenos contingentes, expuestos a y dependientes de una heterogeneidad de esferas y campos que configurarían una dimensión definida como socioambiental (Toledo y Boege, 2010; Boege, 2008; Leff, 2008).

Los defensores de la primera postura argumentan que el mayor agente transformador de los ecosistemas en los últimos miles de años ha sido la especie Homo sapiens; incluso intentan demostrar con registros paleontológicos que la extinción masiva de megafauna coincide con las trayectorias de expansión y circulación de nuestra especie (Fernández, 2000; Diamond, 2007). Una discusión que en cierta forma estarían respaldando los defensores del antropoceno como la era geológica en la que es evidente la incidencia de los seres humanos en los procesos bioclimáticos (Trischler, 2017). Si estos autores confirmasen sus hipótesis, y para esto se sirven de ejemplos recientes de extinción causados por sociedades indígenas, aseveran que no hay razones para suponer que las áreas naturales protegidas que incluyen población humana, sin importar su llamado al desarrollo sustentable, garantizarán la integridad de los ecosistemas y la manutención de las especies a largo plazo.

La posición contraria esgrime el argumento de que la conservación de la biodiversidad no debe limitarse a una operación de carácter técnico-científico, ni el desarrollo supeditarse al mero crecimiento económico. Múltiples experiencias registradas en todo el mundo y en diferentes periodos históricos en el seno de sociedades indígenas y tradicionales brindan evidencias de que la biodiversidad es un elemento funcional de la cultura. Y no sólo eso: en algunos casos, la biodiversidad es la resultante misma de las actividades antrópicas. Por tanto, concluyen que es necesario incorporar a las personas, a las poblaciones locales en los planes de manejo de las áreas naturales protegidas; y sostienen la tesis según la cual conservación sin desarrollo o desarrollo sin conservación es un contrasentido (para la antropización de las selvas tropicales, véase Gómez-Pompa y Kaus, 1987; 1990; una discusión sobre parques y población humana: Ghimire y Pimbert, 1997; Wells, Brandon y Hanna, 1992; Sachs y Weber, 1997; Diegues, 1993; Redford y Sanderson, 1998; para el caso mexicano, Toledo, 2015).1

En esta polémica, que a veces frisa en la paradoja, ha sido posible oír principalmente a biólogos y antropólogos, algunos de ellos convertidos en políticos o asesores científicos de empresas, o funcionarios públicos o directivos de organizaciones ambientalistas internacionales. Eventos organizados con gentileza para acercar a biólogos y antropólogos; avances importantes para conciliar teóricamente los fundamentos de la biología de la conservación, de los primeros, con los enfoques culturales del campo de la antropología ecológica y la ecología humana, de los segundos, son ampliamente discutidos en la obra de Primack et al. (2001), la cual se centra en la realidad latinoamericana. Un libro concebido con una perspectiva igualmente interdisciplinaria, aunque restringido a la Amazonia brasileña, es el que coordinó Capobianco (2001). De publicación reciente, Una mirada sobre los ecosistemas en México, coordinado por Balvanera et al. (2016), ofrece una perspectiva global de la conservación, asumiendo la complejidad de las interrelaciones que en particular establecen los diferentes grupos de la sociedad mexicana con su ambiente. Estas referencias no agotan desde luego la literatura especializada en la conservación; concebidas desde una perspectiva biológica o ecológica, se abren a los temas socioculturales, demográficos y los procesos que provocan directa o indirectamente la pérdida de la biodiversidad, como el cambio de uso de suelo, el saqueo ilegal de especies y sustancias, lo que se conoce como biopiratería, en redes de comercio que operan en diferentes escalas, o los programas de desarrollo y los proyectos extractivistas. Sin embargo, en estos casos, aun cuando los autores citados advierten la importancia del conocimiento biológico (su generación y diseminación) y los contextos socioculturales respectivos, distan de incorporar la dimensión política, específicamente en lo que atañe al poder, concepto esencial para entender no sólo la propia definición de prioridades académicas en materia ambiental, sino la formulación de políticas ambientales públicas y el forcejeo entre actores que defienden proyectos distintos (o aun inconciliables), con consecuencias directas en el manejo y conservación de los recursos naturales en México, en Brasil o en cualquier otra parte del mundo.

Desde otra perspectiva, el antropólogo Eckart Boege, en su obra El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México (2008), insiste en la relación cultura-naturaleza para atender la problemática de la conservación. Apoyado en estadísticas demográficas, socioculturales, cartografía y trabajo de campo, su estudio corrobora la asociación entre biodiversidad y grupos indígenas sobrevivientes de procesos de dominación que datan de la colonia, que aun se yerguen como defensores de un patrimonio que es natural y cultural y, por ello, biocultural. Esta aproximación es mediadora fundamental para matizar los análisis que se apoyan únicamente en los programas y políticas internacionales y así postulan procesos inequívocos de dominación, saqueo de recursos y amenazas contra la soberanía, como lo concibe Delgado-Ramos en su libro Biodiversidad, desarrollo sustentable y militarización (2004).

Con un enfoque semejante al de Leff, el biólogo crítico Víctor M. Toledo ha insistido en la necesidad de recuperar e incorporar los saberes campesinos e indígenas en las tareas del desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad. Su obra es relevante y sus planteamientos específicos son pertinentes si se les mira desde un enfoque particular de la ecología política (Toledo, 2015; Toledo, 2006; Barrera-Bassols y Toledo, 2018).

Los esfuerzos más o menos explícitos para conciliar los imperativos del desarrollo con los objetivos de la conservación ocupan un lugar preminente en la obra de Leff. A pesar de la congruencia de sus planteamientos, por un insistente tono utopista, en ocasiones se precipita en el salvacionismo ecologista, como si la constatación del riesgo y el anuncio de la extinción inminente fueran suficientes para despertar la conciencia ambiental adormilada por la razón instrumental economicista. Su diagnóstico es pertinente y acertado, pero, igual que en Toledo, notamos una especie de prédica ecológica confiada en exceso en los atributos de la razón (ambiental) (Leff, 1998, 2004; Toledo, 2015). Un defecto que podría atribuirse a la velocidad de los cambios y la compresión evolutiva que registramos en tanto individuos de una modernidad reflexiva que se atasca con sus propios acervos de datos.

Ante los frutos funestos del desarrollo determinado por criterios puramente económicos, el pensamiento crítico se torna perentorio, aunque resulte insuficiente para la denuncia y el fortalecimiento de cosmologías, mundos de vida y naturalezas que se expresan en frecuencias alternativas. Cosmologías de las que, más nos vale no ignorarlo, se nutre ese pensamiento. Poner esto sobre la mesa del ambientalismo (mejor, en la de la ecología política), es algo que debe reconocerse en ambos autores.

Una vía de salida del utopismo referido se abre en los discursos que reflejan prácticas y perspectivas en el contexto de la división moderna del trabajo social. Hacia ese propósito se encamina el estudio Naturalezas desiguales. Discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México (2017), de Leticia Durand. Recuento peripatético de los discursos que habitan el conservacionismo como trayectoria del desarrollo y del desarrollo sustentable como bocanada antropogénica. El espectáculo de la naturaleza como proyecto de jurisdicción universal posee sus propios relatos y narrativas, los cuales compiten y se recomponen a la sazón de la interactividad sobremoderna, hiperreal. En esa tesitura, el antagonismo cultura/naturaleza se reconstruye sobre bases formativas disciplinares y que se deben tanto a una biografía, una cosmología, como a una perspectiva laboral comprometida con objetivos y metas fijados en programas sujetos a descalabros y reinterpretaciones. El origen del mundo se refiere a un relato del mundo que no puede ser como lo conocieron nuestros ancestros; la narrativa del origen mundo es una recombinación de saberes, prácticas y memorias activados en contextos particulares.

Es copiosa la literatura sobre el tema, y los consensos institucionales y teóricos son patentes en los programas y acuerdos internacionales de conservación y desarrollo (por ejemplo, Man and Biosphere, de la Unesco; la Convención sobre Diversidad Biológica; las varias ediciones de los Congresos Mundiales sobre Parques; y los Congresos Nacionales sobre Áreas Naturales Protegidas). Asimismo, han sido diseñados mecanismos de transferencia de recursos financieros para fortalecer las políticas nacionales conservacionistas. No obstante, persisten en espera de respuesta estas interrogantes: desarrollar cómo, hasta cuánto, a qué precio; conservar qué, cuánto, en dónde y con qué estrategias. Se mantienen en suspenso en los círculos gubernamentales y académicos; más aún, son sintomáticas de la sociedad del riesgo globalizado (Beck, 2008).

Dos cuestiones interrelacionadas están determinando que el desarrollo y la conservación contituyan en realidad una aporía. Por un lado, el debate se encuentra saturado de incertidumbres en el interior del propio conocimiento científico. Esto sin duda repercute en las formas como son encaradas las soluciones y definidas las políticas públicas en relación con esta interrogante: ¿la pérdida de la biodiversidad representa una amenaza para la sobrevivencia de la humanidad? Ésta que se revela como una preocupación antropocéntrica recorre con su lastre la miseria de la convivialidad como hecho producido en la evolución de las especies y los ecosistemas en la cúspide del desarrollo capitalista. Y conduce a lo siguiente: las otras formas de vida (no humanas) poseen un valor intrínseco, es decir, escapan a una estimación de tipo funcional, utilitario y directo para la humanidad (para las culturas); componen, junto con la especie humana, el tejido de la conciencia vital a un grado difícil de estimar (Wilson, 2002; 2006).

Por lo tanto, es legítima la pregunta: ¿la conservación de la biodiversidad es la estrategia más adecuada para resolver los problemas ambientales más acuciantes y críticos que enfrentamos en el planeta (abasto regular de agua, cambio climático, provisión adecuada de alimentos y viviendas apropiadas)? (Para esta polémica, véase Moutinho y Nepstad, 2001; Almeida y Carneiro, 2001; McGrath, 1997; Nepstad, 1997; Redpath et al., 2015; De Ambrosio, 2015; Allit, 2015). Si concedemos importancia al campo controversial que suscita la conservación en tanto política pública, no podemos deslindar los intereses geopolíticos que engrosan y saturan los discursos y programas de conservación. ¿Conservar y proteger para qué o para quién? (Bravo y Carrere, 2004).2 Así encontramos varias denuncias y análisis críticos que ponen en evidencia el falso proteccionismo, presuntamente sustentado en los valores intrínsecos de la biodiversidad, manipulado por empresas farmacéuticas, cosméticas y alimentarias en un afán por asegurar un acceso privilegiado a los bienes y activos ocultos de la naturaleza (Hannigan, 1995; Delgado-Ramos, 2004; Guzmán, 2010, para el caso de la industria cosmética; Toledo, 2015, ofrece un panorama de los diversos proyectos que actualmente se llevan a cabo en México).3

De igual forma, la manipulación genética asociada al conocimiento de la biodiversidad ha provocado desde hace varios años numerosas controversias relacionadas con el desarrollo de organismos y sustancias destinados a la alimentación y la medicina:

Este tema es controvertido debido, por un lado, a que aún requerimos investigación sobre los posibles efectos de la modificación de los genomas en la expresión y funcionamiento de los genes, así como sobre los efectos que los organismos genéticamente modificados (OGM) pueden tener sobre el medio ambiente y la biodiversidad. Por otro lado, existe la controversia porque estos cambios y posibilidades de manipular la esencia de la vida conllevan la revisión de aspectos éticos, culturales, sociales y económicos (Ortiz, 2010: 312).

Al respecto surgen dudas y se perfilan evidencias sobre los riesgos de la pérdida de biodiversidad en regiones catalogadas como centros de diversificación de ciertas especies, como el maíz en México, en donde se han llevado a cabo programas de liberación de este tipo de organismos. La presión que ejercen empresas como Monsanto (ahora absorbida por Bayer) para que las autoridades competentes en distintos países liberen y autoricen la producción en gran escala de estos cultivos ha echado mano de estrategias comerciales y de política científica bastante cuestionables en su afán de demostrar su inocuidad en la salud y en el ambiente. Sin embargo, sus presuntas demostraciones no han sido convincentes, motivo por el cual los transgénicos y la tecnología que los alienta continúan bajo severos cuestionamientos. Además de los riesgos atribuidos directamente a los OGM, diversos sectores (productores rurales, consumidores) se oponen al esquema monopólico y trasnacional de las grandes firmas que impulsan este tipo de tecnología; el lucro y la maximización de la ganancia distinguen sus objetivos, envueltos en una supuesta búsqueda de beneficios para la sociedad (eliminar el hambre mediante el aumento de la productividad o el descubrimiento de nuevos medicamentos para aliviar las enfermedades).

La distinción entre racionalidad económica y racionalidad ecológica (Leff, 2004) trasciende toda orientación conservacionista y se encuentra en la base de la discusión sobre los estilos de desarrollo y el proyecto civilizatorio de la sociedad posindustrial (véase Bell, 1977; Escobar, 1997 y 1999; Latour, 2004). En este ensayo tomo distancia del enfoque biocéntrico porque se desliza peligrosamente por un filo ahistórico y porque evade la cuestión central que genera el problema de la expansión humana y que se manifiesta en la actual fase de desarrollo de la civilización. Es insuficiente la creación de áreas naturales protegidas si no se resuelven las causas estructurales de los desajustes y el deterioro ambiental. Al mismo tiempo, advierto engañosos los discursos y las prácticas verdes o sustentables, los cuales no conducen hacia otro modelo de producción y consumo, sino que acentúan el proceso de mercantilización de la naturaleza y con ello intensifican las formas de explotación tanto de los individuos como de la propia naturaleza (Brockington, 2004; Santamarina, 2006; Guzmán, 2016; Durand, 2014). En buena medida, se puede reconocer que la politización de la naturaleza surge propiamente a partir de los esfuerzos patentes en la política global con la cual se “busca disolver las contradicciones entre medio ambiente y desarrollo” (Leff, 1998: 21).

La política que sustenta la creación de áreas naturales protegidas forma parte de los procesos de globalización o mercantilización de la naturaleza. Para algunos autores, esta globalización expresa el carácter inequívoco de políticas y estrategias de control, aseguramiento de territorio, recursos naturales y el sometimiento de poblaciones en una escala mundial (Delgado-Ramos, 2004; West, Igoe y Brockington, 2006). En esta misma perspectiva, organizaciones internacionales ambientalistas como World Wild Foundation (WWF), The Nature Conservancy (TNC), la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Conservation International (CI) y las diferentes agencias de cooperación y asistencia de los países del norte desempeñan un papel crucial al definir el carácter, los tiempos y las prioridades de la conservación en una escala planetaria. No son pocos los casos en los que el espíritu altruista en el manejo de los parques nacionales se pone en riesgo por la imposición de reglas y la subordinación de las agencias nacionales a estas instituciones trasnacionales de corte ecologista (Becker, 2004, 2010; West, Igoe y Brockington, 2006). Los sellos verdes de la industria forestal, por ejemplo, lejos de detener procesos de deforestación en la Amazonia, dan lugar a mercados lucrativos y una ilusión de consumo responsable que no detiene la lógica de las desigualdades entre el norte y el sur.4

El problema que deriva del binomio conservación-desarrollo podría considerarse peccata minuta si pudiera demostrarse que los programas y proyectos logran la armonización entre desarrollo y conservación. Pero no parece que así esté sucediendo en todo el mundo, a pesar de algunas señales alentadoras (Clusener-Godt y Sachs, 1994; Primack et al., 2001, por ejemplo, los capítulos xx, xxi; o las resistencias socioambientales que amparan experiencias contrahegemónicas locales, véase Toledo, 2015: 85-117). Específicamente en el hemisferio sur del continente americano, aunque con réplicas en el norte semiárido, en África y Asia, se ha detectado una especie de supresión de las demandas políticas locales mediante la imposición de agendas conservacionistas (políticas) gobernadas por la industria turística, las agencias del Estado, ciertos sectores académicos y las agencias de cooperación para la conservación. Esta situación ha sido documentada por Celata y Sanna (2012) en el caso de las Islas Galápagos, Ecuador; estos autores se refieren a una serie de procesos que han derivado en la cooptación del sistema político por el mainstream conservacionista y la abierta rebelión de los pobladores locales; un fenómeno que ellos caracterizan como pospolítico.

El paradigma de la biodiversidad insufló los discursos sobre el desarrollo a lo largo de los años noventa, década que registró el número más importante de nuevas reservas naturales (West, Igoe y Brockington, 2006: 253) y una parte de la primera década del siglo XXI; reforzó, en buena medida, la lógica de producción y consumo capitalista, especialmente en el campo de la agroindustria y las industrias farmacéutica, cosmética y turística (McGrath, 1997; Guzmán, 1998, 2010 ; Marín, 2015; López, 2015). Si bien en términos políticos los discursos sobre la biodiversidad nunca supusieron una radicalidad que subvirtiera los fundamentos de esta lógica geopolítica, sí insistían en la necesidad de nuevos pactos con la naturaleza, acaso la definición de principios éticos emanados de la propia modernidad, tendentes a enmendarla no a socavarla (Wilson, 2002; Tererborgh, 2004). Programa de difícil, si no imposible cumplimiento, si los fundamentos dualistas que rigen la modernidad y el pensamiento filosófico de Occidente se imponen como vías de acceso a la experiencia y al conocimiento. Todo se desmoronaría como un castillo de naipes —la torre de control colapsaría, el consejo de administración entraría en caos, la pizarra del mercado de valores se caería, etcétera— si descubriéramos que la dualidad naturaleza/cultura no es un principio ordenador presente en todas las ontologías y que, más allá de este acceso restricto y esta forma de diseccionar, otras formas posibilitan la interacción entre humanos y no humanos (Descola y Pálsson, 2001; Viveiros de Castro, 2002; Latour, 2007).

La biodiversidad es un resultado del proceso coevolutivo en el que nos insertamos en tanto especie humana; ella es el material de que está hecho aquello que denominamos el tejido de la vida.5 En principio, como la vida, la biodiversidad no tiene valor. Pero la forma como manipulamos la vida y la misma existencia del término refleja la violencia que ejercemos transformando el no valor en valor y la contingencia en fatalidad operativa. La biodiversidad se sitúa en la esfera de circulación de las mercancías, pero cuando no se invoca esta finitud, ella continúa inexorable en la regulación de los procesos climáticos globales, otorgando flexible respuesta a los ecosistemas perturbados y manteniendo una relativa redundancia para expresar la irracionalidad de la diversidad de vida (esto último forma parte de las incertidumbres teóricas sobre la biodiversidad).

Cuando afirmamos que la biodiversidad es un problema socialmente construido, no damos a entender que este problema carezca de bases objetivas o que deje de ser un problema real. La crisis de la biodiversidad se encuentra circunscrita a un contexto sociohistórico determinado; su presentación (performance) y su emergencia se explican a partir de las formas mediante las cuales se elaboran mensajes y se crean públicos. Este papel clave lo juegan las comunidades epistémicas, formadas por científicos que dimensionan la gravedad de dicha crisis. Estas comunidades, al mismo tiempo, alimentan y dependen de un complejo aparato institucional desde el cual se generan los fondos para la investigación: laboratorios comerciales, agencias de financiamiento y apoyo a la ciencia y centros de investigación pública (Hannigan, 1995; Hayden, 2003).

La condición “fabricada” (construida) de las problemáticas ambientales permite revisar los discursos y prácticas, puesto que ellas tienen una cara doble: se corresponden a situaciones y dinámicas objetivas (la pérdida de la diversidad biológica), pero su intelección, cognición y percepción depende del contexto tecnológico, cultural e histórico. Si se nos permite una alusión neomarxista, diríamos que la cognición de los problemas ambientales es el resultado de la conciencia adquirida sobre el proceso de producción y de explotación del ambiente. Y como esta conciencia no es pura objetividad, se encuentra mediada por las metáforas que empleamos para nombrarla (Tyrtania, en prensa), vemos cómo el problema de la biodiversidad se construye y es negociado por actores sociales con capacidades diferenciadas en lo que respecta al conocimiento y el poder (Long, 2007; Latour, 2004), esto que Leticia Durand define a partir de la idea de naturalezas desiguales (Durand, 2017). El concepto de biodiversidad, la imagen que evoca, no es la misma para un consultor del WWF que para un extractor de látex de la selva amazónica. Aunque en el fondo la biodiversidad no sea otra cosa sino la biodiversidad (léase, la vida).

III. MÉTODO DE APROXIMACIÓN

Este ensayo presenta un análisis comparativo sur-sur sobre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en México y Brasil, centrado en sus respectivas políticas para el manejo y gestión de áreas naturales protegidas. Específicamente, se abordan dos regiones de contornos difusos y cuyas definiciones escapan a las simplezas: el sureste mexicano y la Amazonia brasileña.

Tratándose de un ejercicio de reflexión comparativo, es oportuna una revisión sobre los procesos paradigmáticos que han guiado el desarrollo de estas regiones en el contexto del Estado nación respectivo. Estos procesos son los antecedentes directos y su comprensión permite entender cómo surgen y se afirman las políticas conservacionistas y los programas de desarrollo sustentable en las dos regiones estudiadas.

En el momento en que la biodiversidad y el desarrollo sustentable pasaron a formar parte de la agenda ambiental internacional y nacional, particularmente en la década de los ochenta, también comenzaron transformaciones en los niveles y escalas de representación situados entre lo local y lo global. En el plano internacional, se transitó hacia la consolidación de instrumentos, políticas y programas ambientales y de desarrollo con el espíritu de gobernabilidad global, sobre todo a partir de Estocolmo (1972), el Informe Brundtland (1987) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro (1992). Por medio de mecanismos tales como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio para Cambio Climático de Río 92 y otros más, se establecieron compromisos y obligaciones para la superación de la pobreza, la conservación de la biodiversidad, la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. El desdoblamiento de estos objetivos y la realidad geopolítica impusieron una serie de corresponsabilidades entre países ricos y pobres, entre el norte industrializado y el sur pobre pero poseedor de la mayor biodiversidad mundial.6 Mucho de lo cual fue recogido en la propuesta de la Agenda 21.

De un lado, transferencia tecnológico-científica y de recursos financieros; del otro, programas nacionales de conservación (aumento de áreas naturales protegidas, bancos genéticos, etcétera) y desarrollo sustentable. Esto, grosso modo, ha provocado una redefinición de objetivos y prácticas institucionales de los Estados nación. En este ensayo se examinan algunos de los aspectos más relevantes que engloban la política ambiental de Brasil y México. Las instancias de gobierno global (mejor: de gobernabilidad planetaria) no implican automáticamente, como su nombre podría sugerir, la pérdida de la soberanía nacional, sino que constituyen el ámbito en el que ocurre una reorientación de las atribuciones y capacidades del Estado. Específicamente, el tema de la política ambiental demanda una readecuación del aparato institucional, de los órganos ambientales de gobierno encargados de regular, legislar y dirimir conflictos relacionados con el uso, acceso y beneficios de la biodiversidad, contaminación ambiental, servicios ambientales, entre otras cuestiones. Si los Estados nacionales fracasan en el desempeño del papel que les corresponde, eso puede desatar fuerzas centrífugas y aun provocar, como de hecho está sucediendo, una pérdida de soberanía sin precedentes en la historia de esta formación sociopolítica.7

El reconocimiento del papel del Estado es importante sobre todo cuando se habla de su adelgazamiento o decadencia, y de la porosidad entre lo externo y lo interno en el contexto de las políticas neoliberales. Eduardo Viola, sociólogo brasileño, define esta situación como una transición del sistema internacional hacia un sistema global trasnacional bifurcado, es decir, un sistema que continúa siendo Estado céntrico y al mismo tiempo multicéntrico. A este último lo caracteriza la presencia de múltiples actores sociales: corporaciones trasnacionales, ong intergubernamentales, comunidades epistémicas, medios de comunicación y formadores de opinión (Viola, 1992: 5). Los ecólogos políticos que desarrollan su trabajo en África consideran que la corriente principal del conservacionismo se ha movido en las últimas dos décadas hacia una posición asumida plenamente con las fuerzas del capitalismo. La naturaleza es vuelta espectáculo, empaquetada y dispuesta bajo diversas formas de consumo y, en los circuitos comerciales, aparece una gran cantidad de actores a los que se favorece incluso a costa de la propia conservación y de las condiciones de vida de las poblaciones humanas (Castree, 2001, 2008; Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Büscher et al., 2012; Brockington y Duffy, 2010; Neumann, 2015).

Al reconocer el contexto actual en el que se mueve el ambientalismo, los marcos institucionales (nacionales e internacionales), así como la naturaleza de la acción social, este examen busca entender el carácter multidimensional de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable; en otras palabras, se trata de responder ¿por qué estas regiones, espacios o áreas se han tornado visibles e importantes en el plano internacional?, ¿cuáles son los procesos sociopolíticos locales, nacionales e internacionales que se revelan desde que estas regiones circulan en la esfera de las preocupaciones globales de conservación?, ¿cómo son traducidos y decodificados los discursos sobre la conservación de la biodiversidad en los contextos locales?, o ¿qué intereses anteponen los actores locales frente a las políticas y los discursos conservacionistas?

Mapa 1. Áreas naturales protegidas federales dentro del trópico húmedo de México.

En este ensayo se hace un esfuerzo por integrar una perspectiva macro-micro sobre los procesos que comprenden la destrucción y la conservación de los ecosistemas. Esta tarea ha llevado a esbozar o suponer algunos procesos clave de estructuración y construcción territorial, sin profundizar en el debate mismo del territorio. Los procesos históricos de ocupación, colonización, extracción y explotación de recursos muestran dinámicas y características particulares en cada región, pero comparten un patrón general. Dilucidar este patrón es importante en la medida que nos revela el imaginario que Occidente edifica a partir de los ecosistemas biodiversos. En función de este imaginario, se habilita y ejerce la intervención, se legitima una violencia estructural (ecocidios y etnocidios) y, finalmente, se extiende la mano financiera salvadora. Para mí ha sido más importante entretejer las diferentes regiones a partir del análisis de los imaginarios que hacen posible la acción modernizadora del Estado, sea este mexicano o brasileño (Scott, 1998). Esta visión macro se sustenta en una amplia revisión bibliográfica que el lector tendrá oportunidad de reconocer a lo largo del texto.

Me refiero al trópico húmedo mexicano para comprender una amplia región de bosques tropicales y neotropicales que se extiende desde el estado de Veracruz hasta la península de Yucatán. Esta superficie abarca diversas subregiones, territorios y culturas. Sigo el mismo criterio al hablar de la Amazonia brasileña. La frontera que establece el Estado nación es ya una delimitación arbitraria, y en ese sentido hay muchas amazonias que forman ese inmenso “pulmón” de la biosfera. Pero la Amazonia se compone de innumerables territorios y ecosistemas en donde se asientan diferentes pueblos con sus culturas semejantes y diferenciadas.

Por lo mismo, hablar de la Amazonia brasileña implica un exceso puesto que en el interior de este bioma se localizan ecosistemas diferenciados tanto por los especialistas como por los propios habitantes: los terrenos inundables, las tierras firmes, los asentamientos de las poblaciones ribereñas (riberinhos) y de los grupos asentados en los bosques densos en donde llueve la mayor parte del año (Cruz, 2016).8

Resultaría por demás ambicioso y hasta cierto punto imposible hablar con suficiencia de todo el sureste mexicano y de toda la Amazonia brasileña, razón por la cual propongo hablar de estas totalidades a partir de casos reportados y registrados en la bibliografía especializada. Tampoco en este caso pretendo una revisión exhaustiva, pero sí amplia, que permita reconstruir y caracterizar las tendencias generales de lo que ha significado el desarrollo, sin ambages: la destrucción de la selva tropical húmeda en estas dos amplias regiones del continente americano.

Como muchas delimitaciones territoriales y geográficas, más allá de la precisión con la que sus fronteras pueden ser establecidas, me parece necesario entender el trópico húmedo (the tropical rain forest) como una idea construida a lo largo del tiempo, principalmente por medio del contacto y la incursión de viajeros, naturistas, antropólogos, funcionarios y los diferentes frentes colonizadores. En este sentido, el trópico húmedo emerge como una noción territorial de la colonialidad del poder (Quijano, 2000) a partir de la cual se fija la imagen de abundancia, fertilidad y población escasa y esparcida en un inmenso territorio. Esta imagen será reactualizada de forma constante a lo largo de los siglos por estos observadores foráneos, hasta formar y solidificar una idea de Edén o paraíso terrenal cuyos recursos deben ser explotados sin tregua. La justificación para desarrollar el trópico húmedo se asocia a la colonialidad del poder por el sesgo antropocéntrico desde el cual se descalifica a sus pobladores como poco industriosos, dados a la melancolía y la abulia, razón por la cual se les despoja, aniquila y somete a políticas de colonización. Varios autores han cuestionado este mito. A partir del análisis de datos etnohistóricos, sugieren que, previo al contacto con los españoles y portugueses, la gran Amazonia pudo haber estado densamente poblada, con cerca de quince millones de habitantes. Esto significa que el edén como tal era el resultado de diversas intervenciones en el ambiente, de acuerdo con las necesidades de alimento y habitación; la rica biodiversidad no sería entonces una condición natural o digamos espontánea, sino el resultado en parte de la intervención humana (Slater, 2001; Denevan, 1992). El mito ha mantenido su potencia, pero, tras los desfalcos desarrollistas y los diversos estudios científicos, el trópico ahora es pensado como un ecosistema extremadamente frágil y complejo, lo cual no obsta para que siga siendo percibido como espacio productivo por excelencia (tipos monoespecíficos, como la ganadería, la palma africana o el hule natural).

MAPA 2. ECOSISTEMAS DE BRASIL.

El presente ensayo construye sus reflexiones a partir de trabajo de campo realizado en diferentes momentos y se apoya en estudios de caso centrados en las políticas o los procesos relacionados con el manejo, uso, conservación o explotación de los recursos naturales. En 1991 y 1992, realicé investigación sobre el proceso de relocalización de los chinantecos afectados por la presa Cerro de Oro en Oaxaca (Guzmán, 1994). Dicha relocalización implicó la colonización en 1978 del valle de Uxpanapa, una selva tropical hasta esa fecha prácticamente virgen. En 2001, la investigación se centró en la reserva extractivista Chico Mendes, en el estado de Acre, Brasil, y la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, México (Guzmán, 2006). Ese mismo año, en una estancia de investigación en el Museo Goeldi, en la ciudad de Belém, Pará, tuve la oportunidad de consultar bibliografía especializada sobre el desarrollo en la región amazónica brasileña; conversé con productores, comerciantes y académicos durante la travesía Belém-Puerto Velho, es decir, desde la desembocadura del río Amazonas en el estado de Pará hasta una de las secciones del río Madeira, en el estado de Rondonia.

En 2009 y 2010, participé en un proyecto de investigación que buscó dilucidar el alcance de la política conservacionista en la reserva de la biosfera Montes Azules, Chiapas, desde la perspectiva del análisis del discurso. Atento a los conflictos derivados de las políticas conservacionistas, he seguido la problemática del sitio sagrado natural de Wirikuta, aun cuando no se incluye en este texto, un área natural protegida de carácter estatal, cuyos procesos y dinámicas particulares confirman ciertas tendencias sobre las dinámicas territoriales que se destacan en este ensayo: la conservación forma parte de las contiendas para afirmar, legitimar y defender visiones del mundo relacionadas con la identidad, el territorio y la cultura (Guzmán y Kindl, 2017).

El análisis de la bibliografía especializada y la reflexión suscitada por el trabajo de campo realizado en diferentes momentos se han centrado en los aspectos que definen el perfil de la política orientada hacia la creación de áreas naturales protegidas. Esta política es una de las estrategias más importantes del Estado brasileño y del mexicano para alcanzar los objetivos de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. En torno de estas áreas confluyen políticas y actores sociales con sus respectivos intereses y percepciones sobre el ambiente, y eso supone conflictos, acuerdos y negociaciones. En el trópico húmedo mexicano se localizan algunas de las áreas naturales protegidas más importantes y críticas por su alta biodiversidad y, asimismo, conflictos agrarios de larga trayectoria histórica. El balance crítico pretende abonar el campo para una discusión teórica más profunda sobre la díada conservación y desarrollo.

Soy consciente de la enorme desproporción entre la Amazonia y lo que, como diría Davi Yanomami en el epígrafe, resta de la selva húmeda mexicana. Confío en la utilidad de la comparación sur-sur y destaco el efecto espejo que se produce al momento de acercar dos situaciones contrastantes en muchos aspectos, pero con desafíos similares, e insertas en el contexto de la globalización y la mercantilización de la naturaleza.

En el apartado “Los demonios de la conservación”, expongo una postura crítica del programa conservacionista, sin distinción entre el modelo preservacionista (o conservacionismo que excluye la presencia humana) y el conservacionismo sustentable que admite y argumenta la necesidad de la participación de la población local (humana).

El establecimiento de modelos, la sistematización, los ordenamientos ecológico-económicos, sistemas de georreferencia y planes de manejo a los que se encuentran sujetos tanto el territorio amazónico como el trópico húmedo mexicano esconden, en tanto potencialidad técnica, mapas, stricto sensu, que apuntan hacia formas más sofisticadas y precisas de explotación de los recursos naturales (Tyrtania, en prensa). Aunque estas herramientas se consideran fundamentales para la planeación y el diseño de políticas públicas coherentes con los objetivos de la conservación y el desarrollo sustentable, su uso potencial es una cuestión que desborda la racionalidad técnica y se subsume en una dimensión sociopolítica en la que se encuentra la fragilidad y constante trasplante de las tecnoburocracias, el relevo de grupos de poder con intereses divergentes o contradictorios, el encubrimiento o manipulación de información aparentemente neutra (Melville, en prensa).

Desde otro punto de partida, coincido con Andrew Mathews, para quien la ignorancia contrapuesta al conocimiento juega un papel fundamental en el vaciamiento de metas y objetivos definidos en las políticas ambientales (Mathews, 2006). El conocimiento oficial —aquel que emana de los especialistas y de los documentos o planes gubernamentales o de las agencias internacionales— sufre diversas mutaciones a lo largo de su aplicación, muchas veces explicada como una excesiva opacidad en la atribución y desempeño de responsabilidades, o bien como resultado de réplicas, resistencias o el choque con conocimientos situados. Esto juega tanto a favor como en contra de las mejores o peores intenciones del conservacionismo.

En este aspecto difiero del análisis de Gian Carlo Delgado-Ramos (2004), que propone una lectura totalizadora de la política conservacionista que se gesta a partir de un trazo meticuloso sobre la importancia geoestratégica de los recursos naturales; las instituciones gubernamentales, las empresas trasnacionales y las agencias de cooperación internacional confluyen en un nuevo horizonte de intervención y despojo territorial. Pero las trayectorias de los procesos geopolíticos no parecen gobernadas indiscutiblemente por una razón tecnoburocrática que logre sus objetivos programáticos. En cada uno de los intentos fallidos de colonización del trópico, los yerros y desviaciones se producen como efectos no deseados. Efectos que se traducen y pueden ser interpretados como la emergencia de nuevas socionaturalezas: atrás de las fatalidades anunciadas, de los efectos perversos del mal desarrollo, surgen, como efectos no planificados, nuevas modalidades de uso de los recursos y estrategias de reparación o atenuación de daños que nos invitan a reconsiderar los supuestos teóricos. Puesto que la intervención de estos entes se pretende precisa y limitada en el tiempo, lo que sigue es una enorme tarea cotidiana de recuperación y resignificación de espacios, de prácticas cotidianas de interacción con y en el ambiente de parte de los que se quedan.

Aunque se detectan tendencias que muestran el carácter intervencionista y neocolonial de muchas de estas instituciones, e incluso de organizaciones internacionales ambientalistas, resulta más fácil apreciarlas como entidades heterogéneas, complejas en términos organizativos y que no logran eliminar las divergencias asociadas a principios, valores y trayectorias biográficas de los sujetos concretos, sean pobladores, funcionarios o activistas.

La conservación y el desarrollo se conectan mediante una serie repetitiva de chispazos que anuncian o prometen la reconciliación de la civilización con la naturaleza. Cuando todo es natural, ambiental, ecológico; cuando todo lo que resta debe ser conservado, preservado, puesto a la parte del todo, nada es ambiental, natural, ecológico, toda conservación es espectáculo, es política y es geopolítica en pos del aseguramiento como continuidad de un proyecto de desigualdad cuyo vector es el derroche y el lujo desmesurado.

En sus proyecciones, ambos conceptos (conservación y desarrollo) provocan una remodelación de la naturaleza como parada táctica del impulso civilizatorio al que le urge la estandarización, la uniformización y la pasteurización de las diferencias (alteridades) radicales (Baudrillard, 1990). En tanto prácticas discursivas, la conservación y el desarrollo sustentable están sujetos a múltiples interpretaciones, sus sentidos últimos estarían informando conocimientos y prácticas diferenciadas y alternativas, sobre todo si se reconoce un modelo hegemónico que debe ser desafiado, contrarrestado desde el discurso (Escobar, 2000). El desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad podrían constituir elementos paradigmáticos para un fortalecimiento de experiencias alternativas a la globalización de los agentes y empresas trasnacionales. Este ensayo pretende ser una contribución en dicho sentido, especialmente cuando creemos que las miradas retrospectivas, de conjunto y comparativas tienen mucho que enseñarnos.

IV. ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA CONSERVACIÓN

El análisis y las reflexiones aquí expuestas se insertan en la vertiente teórica conocida como ecología política; más que una teoría propiamente unificada, se trata de un enfoque multidisciplinario o incluso transdisciplinario en el cual confluyen procedimientos tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales para explicar el cambio socioambiental (Durand et al., 2010; Brian y Bailey, 2000; Wilshusen et al., 2003; Robbins, 2005). Si algo identifica a los estudios que se ciñen a esta perspectiva es la relevancia otorgada a la dimensión política en los procesos que intervienen en dicho cambio. En el trazo de las influencias asimiladas por la ecología política, algunos autores consideran que se trata de un desdoblamiento de la economía política, puesto que los temas ambientales son problematizados en sus interconexiones o escalas locales, nacionales y globales. Así, los intereses, percepciones, prácticas y políticas (programas y proyectos) relacionados con el manejo, el acceso y el uso de recursos naturales se encuentran mediados y definidos por la interacción entre actores sociales que poseen atributos y condiciones diferenciales en lo que respecta al conocimiento y el poder. Esto conduce inevitablemente a una distribución inequitativa tanto de los beneficios como de los daños o perjuicios derivados del cambio socioambiental.

En este estudio no me detendré en las diversas propuestas metodológicas que han incursionado, con el respaldo de la ecología política, en diferentes temáticas que expresan la relación conflictiva y politizada de la sociedad con su ambiente. El lector interesado encontrará una extensa bibliografía que remite a la ecología política del turismo, de los transgénicos, del agua, de los pesticidas, etcétera, pero en todos los casos los autores otorgan un peso diferencial a ciertas categorías de análisis con las cuales es posible apreciar de una manera distinta las interacciones entre los niveles macro y microsociales, entre la agencia y la estructura, la producción y el consumo de la naturaleza en tanto dimensiones problemáticas de las relaciones modernas cultura/naturaleza. No es probablemente adecuado referirse a una evolución de la ecología política, pero sí a una depuración, y se corren ciertos riesgos cuando se habla de estudios que pasan por alto los procesos ecológicos o biológicos y se concentran en los sociopolíticos y los socioculturales, en demérito del carácter multidisciplinario de este enfoque (Nygren y Rikoon, 2008). La ecología política se ha robustecido y ampliado su repertorio al incorporar un análisis crítico, atento a los discursos y las prácticas mediante las cuales son construidos y sostenidos determinados regímenes de verdad. De igual forma, ha insistido en situar dichos discursos y prácticas en contextos reales, ahí suceden las interacciones entre actores humanos y no humanos cargados con sus propios intereses y capacidades de acción.

¿Qué se entiende por ecología política de la conservación? Para dar una respuesta, es necesario reconocer que la conservación de la biodiversidad —en tanto política ambiental e instrumento de gobernanza ambiental global— se ha focalizado de forma preponderante en la creación de áreas naturales protegidas; aun cuando ciertas aproximaciones ven los regímenes de conservación como un producto cultural asociado a ciertas prácticas de grupos tradicionales, la conservación que se discute está directamente ligada a una concepción moderna de la relación sociedad/naturaleza. Este hecho es fundamental para entender la producción académica y las críticas de la ecología política de las áreas naturales protegidas (entiéndase conservación) en las últimas décadas.

De acuerdo con West, Igoe y Brockington (2006: 251), el análisis sobre la creación, la gestión y el manejo de las áreas naturales protegidas es una oportunidad para ver y comprender cómo se produce la naturaleza (el ambiente) y la cultura en medio de acciones encaminadas al manejo de discrepancias que surgen en la interacción entre ambas esferas. Las preguntas clave para estos autores son éstas: ¿cuáles son los efectos que producen las áreas naturales protegidas en términos sociales, materiales y simbólicos?, y estas áreas ¿cómo impactan la vida de las personas y sus alrededores? Tras responder, se puede intentar una mirada retrospectiva que a su vez nos permita elucidar las temáticas y la construcción de problemas, de la ecología política de la conservación. Los primeros estudios destacaron los conflictos surgidos a partir de los modelos de planeación de arriba abajo; las áreas protegidas en todo el mundo han sido creadas a lo largo de más de cuatro décadas de conservacionismo a partir de criterios imbuidos de una racionalidad tecnopolítica ajena a la dimensión sociocultural de los habitantes locales. En muchos casos se denunció que los decretos de creación o las demarcaciones se realizaron sin la participación y el consenso de quienes han habitado ancestral o tradicionalmente estos territorios (Ghimire y Pimbert, 1997; Brandon et al., 1998; Paz, 2005; Trench, 2002; Haenn, 2005). En lo que se ha tachado como “áreas protegidas de papel”, se registran efectos adversos cuando la demarcación no incluye los mecanismos financieros ni organizacionales para gestionar dichas áreas. En este caso, algunas áreas carecen de plan de manejo, o bien dicho plan ha sido definido sin consultar a la población local. De tal forma que las prohibiciones de hacer uso de los recursos en determinadas áreas (núcleo) transforman a los usuarios tradicionales en extractores ilegales, o, ante la nula fiscalización, convierten estas áreas en zonas de libre acceso, con resultados contrarios a lo esperado.

Otra área de interés para la ecología política de la conservación se ha centrado en la discusión y análisis de los procesos de negociación y de conflicto que surgen entre los diversos actores sociales involucrados en la conservación (población local, organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, agencias de gobierno, académicos y sector privado). En diferentes estudios se puede observar cómo las políticas conservacionistas generan procesos de negociación que incluyen alianzas entre sectores de la población que pueden beneficiarse de su capital (político, social y cultural) para lograr beneficios, en detrimento de otros sectores. Desde este punto de vista, se observa que la conservación produce ganadores y perdedores; acentúa la inequidad social y en algunos casos ha propiciado cambios en la estructura de autoridad y toma de decisiones, así como en los derechos de uso de la tierra (Agrawal y Ostrom, 2001; Wilshusen et al., 2002; Celata y Sanna, 2012; Durand, 2014).

Desde que las áreas naturales protegidas han sido avizoradas como espacios privilegiados para alcanzar la sustentabilidad ecológica y la eficiencia económica, en varios países se han creado programas para impulsar actividades ecoturísticas en su interior. Actividades que han repercutido en el abandono de las tradicionales, primeramente la agricultura, y dado pie a la folclorización o la escenificación descontextualizada para satisfacer la curiosidad de los visitantes (West y Carrier, 2004; Trench, 2002). Asimismo, en algunas áreas, las relaciones de género han sido trastocadas, pues no son pocos los casos en que las mujeres asumen nuevas responsabilidades como artesanas, empresarias o guías de turistas; lo mismo sucede con niños y adultos que incurren en nuevas actividades más lucrativas, en detrimento de las tradicionales.

En los nuevos escenarios alentados por las áreas naturales protegidas, los estudios apoyados en la ecología política observan los efectos diversos de la mercantilización de la naturaleza, ya sea mediante mecanismos de compensación, como el pago por servicios ambientales, los subsidios que favorecen la contemplación de determinados paisajes, o bien por medio del comercio de plantas o productos elaborados con plantas y souvenirs evocativos de las reservas. En algunos casos, los estudios sobre las políticas de conservación en sitios concretos han prestado atención a las estructuras locales, cómo son reconfiguradas positivamente para transitar desde un perfil campesinista hacia modalidades más complejas de activismo ambientalista o de corte empresarial (Merino y Hernández, 2004; Cano, 2013).

La conservación neoliberal, como se le comprende en este ensayo, lleva a reconsiderar las coordenadas que dan pauta y definen las relaciones de la sociedad —¿por qué no decir de nuestra civilización?— con su ambiente. Ahí se construyen y entrelazan visiones de mundo contradictorias: se ubica una tendencia planetaria ante la crisis ambiental, pero esto se hace recurriendo a los mecanismos de mercado. Las áreas protegidas son convertidas en áreas de reserva dentro de una geopolítica de aseguramiento de recursos que por ahora pueden valorarse en términos estéticos y bioculturales. Esta modalidad se consolida propiamente con la normalización del discurso del desarrollo sustentable, con el cual se refuncionaliza y reprograma el sistema producción-consumo capitalista para crear espacios de desaceleración simulada; es decir, nuevas modalidades de intervención planificada. El otro rasgo de la conservación neoliberal se proyecta en la malla de relaciones que posibilita la intervención de actores que se mueven en múltiples escalas. Hablar de un Estado neoliberal que promueve la conservación neoliberal es como tapar el sol con un dedo. Ahí, en las desregulaciones, en los programas de cooperación bilaterales o multilaterales que posibilitan la asistencia técnica y financiera, en los atributos y capacidades institucionales, los estados juegan un papel decisivo para mediar y atenuar los procesos de cambio socioambiental asociados a la conservación, fundamentalmente en lo que atañe a la creación de áreas naturales protegidas. Por eso, quizá sea más apropiado pensar en la conservación neoliberal como un modelo que se define no simplemente por su tendencia mercantilista, sino, justamente, por las resistencias que emergen en la disputa de visiones de mundo contrapuestas. Desde una cierta perspectiva, la conservación aparece como otra forma de desarrollo. Una forma cuya seducción sólo puede completarse en lo que algunos autores han llamado la virtualización de la naturaleza o su ecoespectacularización: esto incluye la proliferación de discursos mediáticos con los cuales se modela, se construye o produce la naturaleza como algo distante y cercano a la vez, algo que puede ser consumido y que define el tipo de vínculos de los seres humanos urbanícolas con los pobladores locales, los no humanos y los diferentes tipos de intermediarios (Carrier y Miller, 1998; Carrier y West, 2009; Vivanco, 2001; Vivanco y Gordon, 2006).

V. DOS MARCOS NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

México posee una superficie total de 1 964 375 km2 (INEGI, 2010). El territorio de Brasil comprende 8 514 877 km2 (IBGE, 2017). Ambos países son, respectivamente, la decimotercera y la undécima economía del mundo.9 Junto con Chile y Argentina, forman parte del reducido grupo de países latinoamericanos cuyas economías son catalogadas como “emergentes”, es decir, países que alcanzaron niveles altos de crecimiento e industrialización, no obstante sus enormes áreas y amplios sectores sociales en condiciones precarias como el resto de los países subdesarrollados. En ciudades como São Paulo, por ejemplo, el ingreso anual per cápita es siete veces mayor que en el estado de Piaui, en la región noreste.

De acuerdo con datos recientes dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), en México, 64.8 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, 27.7 millones carecen de los servicios básicos de vivienda y 24.6 millones enfrentan dificultades de acceso apropiado a la alimentación (Coneval, 2018).

De igual forma, en Brasil, después de importantes avances en su política social enfocada en la superación de la pobreza, datos recientes dados a conocer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reportan que al menos 50 millones de brasileños viven debajo de la línea de pobreza, es decir, 25.4 por ciento de la población total de ese país, con ingresos inferiores a 5.5 dólares diarios (IBGE, 2017).

Mientras el ingreso anual per cápita en Brasil para 2010 se calculó en 9 990 dólares y el de México en 9 040 dólares —en el ranking mundial ocupan el lugar 61 y 64, respectivamente (Banco Mundial)—, el salario mínimo con el cual sobrevive una familia de la periferia urbana o del campo en cualquiera de los dos países difícilmente alcanza los 90 dólares mensuales.10

Brasil y México son países que producen riqueza abundante y, por tanto, contribuyen en forma destacada al funcionamiento del sistema económico mundial. El ingreso anual bruto de México en 2008 fue de 1 062.4 billones de dólares y el de Brasil de 1 401.3 billones (World Bank Group, 2018). Esta riqueza se basa fundamentalmente en la prodigalidad y abundancia de recursos naturales renovables y no renovables. El contraste entre riqueza y miseria o el desequilibrio socioeconómico interno en estos dos países ha sido explicado como una consecuencia del propio proyecto de desarrollo nacional, así como de la dinámica geopolítica y económica global en la cual se insertan. A partir de la teoría de la dependencia se ha señalado la forma como dicho proyecto fue conducido por una élite político-empresarial y, en consecuencia, cómo ciertos sectores de la economía han sido favorecidos en detrimento de otros, lo que reprodujo y perpetuó la explotación social del trabajo, sobre el ambiente y la distribución desigual de la renta; se trata de un proceso histórico examinado con el concepto de colonialidad de poder. Al discutir la dependencia a la que se encuentran sujetas “las economías emergentes”, se entendió que economías nacionales como la mexicana y la brasileña se encuentran amarradas a las fuerzas y tendencias que caracterizan el funcionamiento de la economía global. Ya sea en un modelo de Estado benefactor o en el modelo neoliberal, estas economías funcionan en un esquema altamente jerarquizado, desempeñándose como apéndices o subordinadas a los intereses de las corporaciones de alcance mundial (Quijano, 1992; 2000).

Desde esta perspectiva, México y Brasil son países con grandes posibilidades de desarrollo, tomando la palabra en su sentido más laxo. No solamente cuentan con recursos naturales en abundancia, también disponen de equipos técnicos y profesionales, centros de excelencia, que trabajan en áreas de investigación básica y aplicada. Pero el tipo de inserción —su manera de entrar o de ser conminados a entrar— en el sistema económico mundial, a la vez que los estimula, les impide financiar su propio desarrollo; la paradoja del desarrollo que enfrentan estos países es la imposibilidad de autofinanciarse. En su calidad de economías emergentes, continúan siendo dependientes del financiamiento externo. México y Brasil son las dos principales agendas del Banco Mundial, es decir, son dos de sus principales deudores. Por ejemplo, en junio de 2010, el mismo banco aprobó un préstamo de U$495 millones a Brasil para el proyecto de mejora de la distribución eléctrica de la compañía paraestatal Electrobras.

Así, no obstante que México era en 2001 el quinto productor mundial de petróleo (en 2018 pasó a la posición once, de acuerdo con The World Factbook [2018]) la entrada de divisas por esta actividad no ha podido ser aplicada para dinamizar otros sectores económicos atrasados del país. Se calcula que, a partir de la crisis de 1982, México pagó ya siete veces su deuda externa, sin lograr cancelarla debido a los intereses y correcciones adheridas al servicio de ésta con recursos básicamente provenientes de la industria petrolera. Por su parte, Brasil producía en 2006 el 76.01 por ciento del petróleo consumido internamente; es el primero o uno de los primeros productores mundiales de algunos metales como aluminio, hierro y oro; además, posee un parque industrial altamente complejo y competitivo, mayor que el mexicano (por ejemplo, en construcción civil, aeronáutica y perforación petrolera). Empero, no está libre de una agobiante deuda externa, la cual se calcula en 255 614 millones de dólares, mientras que la deuda mexicana ascendía a 203 984 millones de dólares en 2008. Condiciones que los inhabilitan por igual para resolver los problemas más inmediatos de la agenda ambiental; por ejemplo, disponer de una efectiva política de fiscalización y transferencia de recursos para la administración de sus áreas naturales protegidas.

Si México y Brasil realmente se proponen enfrentar sus respectivas problemáticas ambientales y fortalecer sus políticas conservacionistas, requieren necesariamente del flujo amplio y constante de recursos financieros externos, e incluso, cada vez más, en la forma de cooperación internacional, ya sea bilateral o multilateral.

Aproximadamente 77.2 por ciento de la población en México, cuyo total para 2008 se calculaba en 106 350 434, y 85.6 por ciento de la población en Brasil, calculada en 191 971 506, se concentra en las ciudades.11 La población rural restante, en su gran mayoría debajo de la línea de pobreza, es el sector reluctante a abandonar un estilo de vida dependiente en mayor o menor grado de los recursos naturales, con independencia de la marginación en la que se encuentren. Esta tendencia a la concentración urbana evidencia el efecto de las políticas públicas encaminadas a la industrialización, en donde lo rural, concebido como soporte en principio, pasó a ser visto como un lastre para el “verdadero desarrollo”.

La intensa migración de la población rural a ciudades sometidas a una intensa favelización, aunque comprende periodos específicos en las décadas de los setenta y ochenta, no es un fenómeno acabado si observamos una expansión de la retícula de ciudades grandes y medianas. La contraparte, en la Amazonia y en el sureste mexicano, es una fragmentación y dispersión de asentamientos de menos de cien habitantes, carentes de servicios básicos o con un acceso deficiente. Asistimos entonces a procesos de concentración y dispersión contradictorios, en un doble fenómeno demográfico que refleja procesos de una urbanización deficiente y caótica y, asimismo, una ruralidad reluctante que, inclusive en precarios ambientes urbanos, reproduce formas y estilos de vida en mayor o menor medida dependientes de lo que brinda el ambiente.

La fuerte concentración urbana nos permite percibir que las principales dinámicas que propician la destrucción del medio (de los bosques tropicales, en el caso de este estudio) se sitúan más allá de los límites concretos del “campo” o de las áreas protegidas. Algunos de los problemas ambientales más agudos se presentan precisamente en las ciudades medianas y en las grandes, así como en las áreas aledañas. Las ciudades de más reciente expansión son las que concentran la mayor parte de estos problemas. En particular, por la demanda de consumo de recursos específicos provenientes del sector agropecuario y forestal, como madera, semillas, fibras, plantas medicinales, frutas, verduras y carne, pero también por la transformación violenta de los paisajes naturales, provocada principalmente por la demanda de servicios urbanos.

Al parecer, México y Brasil han conseguido estabilizar su crecimiento demográfico y han consolidado aquello que los especialistas llaman “transición demográfica”,12 pero los efectos acumulados de un crecimiento descontrolado son evidentes en los más variados ecosistemas, desde las regiones semiáridas hasta las selvas tropicales, pasando por los ecosistemas templados y marinos.

Las diferencias territoriales y demográficas entre Brasil y México, para dar cauce al análisis comparativo, se vuelven menores por efecto de las dinámicas de desarrollo y las presiones antrópicas que de ellas derivan y que, a su vez, han impedido una interacción más armónica con el ambiente, de ahí que todo nuevo enfoque o programa de intervención y desarrollo debería afanarse en revertir esta situación histórica. Queda claro que la sustentabilidad y la conservación de la biodiversidad no fueron objetivos centrales del proyecto nacional mexicano, ni del brasileño. Por tanto, es en este entorno demográfico y bajo una fuerte presión sobre los recursos como finalmente se incorporan dichos objetivos al proyecto nacional.

Es obvio que algunas diferencias vuelven forzada la comparación, por ejemplo, la extensión territorial es crucial para entender los procesos de gestión y administración de las áreas naturales protegidas, pero a esto se le debe agregar la densidad poblacional. Desde una cierta perspectiva, la población local es el elemento clave para la conservación. En México no hay otra opción porque en todas estas áreas hay una fuerte ocupación y no escasean los conflictos agrarios. Una situación más parecida a la que enfrenta la India. En Brasil, por ejemplo, se creó en 2002 un parque con 3 800 000 hectáreas, el Parque Nacional Montañas de Tucumaque, en el estado de Amapá; pero en este país sudamericano, cuya densidad de población humana es extremadamente baja, el asunto no es el impacto directo de un proyecto como el de este parque, sino cómo son contenidas las incursiones de extractores externos (talamontes, ganaderos y mineros de distinta escala). En cualquiera de las dos perspectivas, el aspecto crucial consiste en la creación de proyectos productivos que promuevan las capacidades de la población local hacia formas productivas que reafirmen sus lazos territoriales; que fortalezcan sus lazos sociales para mantener sistemas de control, vigilancia y protección de sus recursos naturales; y que aseguren la presencia de un Estado fuerte que establezca firmes principios de soberanía sobre el territorio y sus recursos. Esto implica una transformación radical de la política conservacionista.

Según la FAO, para 2005, el área forestal en México comprendía 64.2 millones de hectáreas (32.8 por ciento de la superficie total cubierta por bosques en América Central). En Brasil, la superficie forestal se eleva poco más de siete veces con 477.7 millones de hectáreas (FAO, 2005). Así, mientras en México la política conservacionista, mediante las diferentes modalidades de conservación (federales y estatales), ha logrado proteger cerca de 13.0 por ciento del territorio nacional; en Brasil, las unidades de conservación y las tierras indígenas —a la postre también consideradas áreas protegidas—, sumadas, abarcan 25 por ciento del territorio nacional, un área superior al territorio de cinco países europeos (Francia, España, Portugal, Gran Bretaña, Italia y Alemania) (Cruz, 2016: 148).

Las dimensiones y retos que enfrenta la conservación de la biodiversidad son diferenciadas, pero esencialmente idénticas; por ejemplo, Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor índice de deforestación en el mundo, según reporta la FAO. En 2005, Brasil ocupaba el primer lugar de países con la más alta tasa de pérdida forestal, con 3.1 millones de hectáreas al año. Esta situación cobra tintes más dramáticos y desoladores en México, donde los ecosistemas mejor conservados se han reducido dramáticamente, pues se calcula que 95 por ciento de los bosques tropicales han sido en mayor o menor medida alterados profundamente.13 Aunque en los últimos años la situación parece haber cambiado, ya que, según diagnósticos de la FAO, en el periodo 2005-2010 la deforestación en México se redujo en 35 por ciento, aunque no está por demás recordar que en la década de 1980 la deforestación en este país alcanzó 1 200 millones de hectáreas al año.

¿Qué es lo qué torna especialmente interesantes a México y Brasil dentro de la estrategia global de conservación de la biodiversidad? ¿Por qué elegí estos países para un estudio comparativo?

México se ubica entre los cinco primeros países megadiversos, alberga cerca de 60-70 por ciento de la diversidad que se conoce en el planeta, y ocupa el undécimo lugar en recursos forestales. Posee 530 especies de mamíferos, 804 especies de reptiles, 425 000 especies de insectos y 24 000 especies de plantas vasculares. México es uno de los doce países con mayor biodiversidad en el planeta (Conabio, 2017; Balvanera et al., 2016; Durand y Neyra, 2010). Esta condición ha sido propiciada por una contrastante y accidentada orografía, y una amplia variación altitudinal asociada con factores climáticos, geológicos y edafológicos.

Brasil rompe casi todos los registros de biodiversidad; es el país más importante al respecto. Cuenta con 578 especies de mamíferos (el mayor número de primates en el mundo: 62 especies, que representan 24 por ciento del total mundial), el mayor número de especies; 775 especies de anfibios, 633 especies de reptiles, 1696 aves y 3 010 especies de animales vertebrados (Capobianco, 2001; Lewinsohn y Prado, 2003). Su flora es la más diversa de todo el mundo; representa 22 por ciento del total mundial. Asimismo, en Brasil se encuentra la mayor planicie inundable (Pantanal) y la mayor selva húmeda tropical (Amazonia); un quinto del agua dulce y la mayor reserva de tierras con potencial agrícola aún no utilizadas del planeta.

Como he apuntado, la fuerte presión antrópica sobre los ecosistemas en México contrasta con el escaso poblamiento en la región amazónica brasileña. Esto se ha resuelto en apariencia, en el primer caso, mediante la creación de reservas de la biosfera, una modalidad que, bajo sello mexicano, ha permitido la demarcación de áreas protegidas sin excluir la presencia humana, aunque restringiendo ciertas actividades en las áreas núcleo.

En Brasil, la discusión en torno a la política conservacionista se encuentra más polarizada entre quienes se inclinan por modelos estrictos de conservación en los que se excluye la presencia humana, y quienes abogan por modelos flexibles y con un uso sostenible de los recursos por parte de las poblaciones locales. Observamos dos tendencias que han incidido directamente en el modelo conservacionista brasileño. Por un lado, es necesario enfocar la fuerte presión internacional para proteger la Amazonia, y por el otro, el fortalecimiento del socioambientalismo brasileño, cuya opción fue fuertemente respaldada por los dos gobiernos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).14 En el agudo análisis realizado por Getulio de Souza Cruz, en su libro Indigenismo y ambientalismo (Cruz, 2016), se confirma que el Estado brasileño ha reaccionado a las presiones externas e internas y ha creado uno de los más amplios modelos de conservación que hay en el mundo; empero, de acuerdo con este autor, su marcado énfasis en el desarrollo sustentable no alcanza para evitar una inmovilización de las capacidades reales de desarrollo de la región amazónica: a pesar de que se promueve la armonización entre éste y la conservación, las restricciones impuestas acaban convirtiendo esta región en un banco de reserva para intereses que se perfilan allende las fronteras nacionales y ajenas a las capacidades de gestión y administración del Estado (Cruz, 2016:151).15

VI. LOS DEMONIOS DE LA CONSERVACIÓN

Instalados en la modernidad, pusimos punto final al siglo XX y comenzamos el XXI sintiéndonos con mayor poder y autoridad para hablar de la naturaleza, y en su nombre. Es curioso constatarlo. Y esta vocinglería amplificada por la técnica moderna no sólo simula, sino que efectivamente traspasa y diluye la frontera que antaño establecimos entre cultura y naturaleza; pero no porque hayamos transitado hacia un campo, una práctica unificada y trascendente con la naturaleza. La algazara se debe más bien a que el gran referente —la naturaleza—, como diría Jean Baudrillard, ha muerto. En el estadio conservacionista-destructor de nuestra civilización, no sólo son remplazados los viejos relatos y las cosmovisiones que daban sustento al equilibrio entre el hombre y su medio, ni se extendieron simplemente las capacidades humanas para conocer nuestro entorno (la técnica como herramienta); de hecho, asistimos, por medio del arte de la ensoñación técnica, a la revelación de la naturaleza técnica de la naturaleza (J. Brun, en Hottois, 1999: 69). El mito de la naturaleza intocada, del trópico húmedo como el edén por poetas y pintores soñado, ha tenido que rehabilitarse. La metáfora que sirvió a los intereses de la exploración como avanzadilla de la conquista ha quedado en cierta forma anacrónica. Aquí y allá el progreso y la innovación tecnológica, intervenciones más precisas y sofisticadas, le dan vida artificial mediante el discurso de la sostenibilidad. En los brazos de la razón instrumental, la naturaleza nace muerta; nada de esto tiene que ver con el reconocimiento de otras naturalezas que interpelan otras culturas hasta ahora radicales, inasimilables para Occidente. Para estas culturalezas, la naturaleza nunca murió, hubiera sido como destinarles el triste fin de deambular como chuchallaquis (recuérdese El abrazo de la serpiente, película colombiana de Ciro Guerra), almas que deambulan sin conciencia.

La selva tropical fue y aún es para algunos silvícolas que viven en la Amazonia, de una forma que nunca lo será para nosotros, urbícolas —vivimos principalmente del despojo tecnoindustrial perpetrado al campo— y modernos conservacionistas. Nosotros precisamos de implementos, de ojos artificiales, de guantes y de satélites para conocerla y mejor explotarla… desarrollarla de forma tumultuaria. Nuestro método para conocer la selva y representárnosla es simplemente refractario, propio de una visión intermediada por la tecnociencia. Destruir y reparar humanamente son parte del mismo movimiento pendular.16

Las políticas para desarrollar el trópico húmedo mexicano y la floresta amazónica, ejecutadas a caballo de múltiples programas y proyectos de colonización, agropecuarios, extractivistas o conservacionistas, son hijas originales de este “desocultamiento” —en el sentido heiddegeriano— de la selva. Entonces, dos movimientos aparentemente opuestos comparten la escena y el mito prometeico de la selva: desarrollar y conservar.

El concepto de biodiversidad formulado tierra adentro de la biología expresa de forma objetiva el fenómeno fundamental de la variabilidad de formas de vida en cuanto especies, ecosistemas y estructuras genéticas. Pero al antecederle el vocablo conservación, la biodiversidad no sólo gana mayor complejidad, sino que deja de ser un asunto puramente biológico. Al sumársele este sustantivo, estamos significando una actitud proactiva hacia la biodiversidad. Estamos haciendo notar que la biodiversidad debe ser encarada con una actitud que, al estar asociada a su cuidado o mantenimiento, se sitúa en el extremo opuesto de la actitud que propicia su destrucción o deterioro.

La actitud proclive a la conservación de la naturaleza existió, si acaso todavía, entre grupos tribales y sociedades políticamente complejas, en una gran diversidad de ecosistemas y bajo una gran variedad de prácticas y estrategias adaptativas —cazadores, colectores, hortícolas, pastores, agricultores. Sin embargo, la actitud conservadora moderna se destaca sobre las otras por sustentarse en una percepción particular sobre la relación cultura-naturaleza que tiene dos momentos.

En el primero, se establece una dicotomía excluyente asociada a otras como racional/irracional; masculino/femenino, objetivo/subjetivo, cuerpo/mente. En el segundo, sin suprimir la base anterior, aunque modificándola y matizándola, las supuestas fronteras se desvanecen como consecuencia de la hibridación de la enorme constelación de formas sintéticas actuantes en el mundo social.17

De acuerdo con una rica literatura antropológica, es posible confirmar y reconocer formas alternativas de construcción de la relación cultura-naturaleza, diferentes de la forma dicotómica racional propia de la cultura occidental (Descola y Pálsson, 2001; Viveiros, 2002). Para algunos pueblos de la Amazonia, como los tukano de Perú, la conservación, más que una actitud dictada por principios científicamente validados y dispuestos mediante políticas o estrategias nacionales o internacionales, es un aspecto de su cosmovisión y práctica que deriva de un ser y estar en el mundo. En su concepción del mundo, la tierra no es un objeto inanimado, pero tampoco un organismo autosustentable. En tanto entidad viva, la tierra requiere de las actividades rituales y cantos del hombre para la repetición y sucesión de los ciclos vitales. El hombre no está separado de la naturaleza y su deber es dar en reciprocidad (Reichel-Dolmatoff, 1996; Chernela, 1987; Descola, 2001; Viveiros, 2002).18

En la cultura occidental, la necesidad de la conservación es una respuesta ideológica al proceso mismo de desarrollo tecnoindustrial. Esta ideología puede nutrirse o incorporar fragmentos de cosmovisiones indígenas o prácticas religiosas (respeto de tabúes, santuarios religiosos, programas de ecoturismo), pero, fuera de esto, sedimenta o se solidifica en un conjunto de relaciones de poder-conocimiento ultrarracionales, en el sentido propio del utilitarismo. Mecanismo mediante el cual los aspectos sagrados son ultimados (sacrificados) por la fatalidad culposa de la civilización contemporánea.

La diversidad cultural comprendida por los antropólogos como resultado y condición de la diversidad biológica pasa a ser considerada por el experto conservacionista no en su verdad arcaica ni en su cualidad primigenia, sino exclusivamente a partir de su verificabilidad. La conservación de la biodiversidad se erige entonces, a partir de ahora, en el saber calificado, desde donde la civilización se autodenomina salvadora de la vida en sentido extenso.

Otro aspecto no menos relevante del carácter moderno de la conservación, y que sirve precisamente de telón de fondo del conflicto antes señalado, es la comprensión global del problema del deterioro y la pérdida de la biodiversidad, sólo posible a partir del uso de instrumentos técnicos sofisticados de la civilización actual (internet, satélites y diferentes aparatos de medición, softwares, sistemas de georreferenciación). La comunicación instantánea se pone al servicio de la causa conservacionista, pero la velocidad videocomunicativa es un fruto de la expansión del sistema, cuyos rasgos negativos, acaso sus desviaciones, han puesto en peligro la continuidad de la diversidad de formas de vida en nuestro planeta. La conservación de la biodiversidad es, pues, un estado del ser contemporáneo. Además de ser un problema biológico y técnico, es un problema sociocultural, económico y ético.

En relación con el párrafo anterior, resulta de primer orden la valoración que adquiere la biodiversidad en términos de su importancia comercial (recursos genéticos), su disponibilidad, el derecho a obtener sus beneficios tanto desde la perspectiva de sus “custodios” (comunidades, tribus, etnias) como de sus potenciales expropiadores (trasnacionales agrícolas, farmacéuticas y empresas turísticas), los Estados nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Todos estos actores sociales constituyen en su conjunto un tejido local-global; asociados o disociados, en alianza o en conflicto. En este tejido se estampa la diversidad de intereses y percepciones sobre la biodiversidad. Sucede entonces lo que denominamos proceso de negociación de la biodiversidad, tema que debemos considerar como el marco político fundamental de los enlaces sociales y territoriales en las diferentes escalas espaciales (lo local, regional, nacional e internacional) (Guzmán, 2010; Durand, 2017).19

En este texto destaco los principales rasgos de los programas y proyectos de desarrollo (im)puestos en marcha en el trópico húmedo mexicano y la Amazonia brasileña por los respectivos Estados nacionales. En el plano metodológico, he distinguido dos enfoques desarrollistas: el desarrollo “tradicional” y el desarrollo sustentable, aquí denominados vector tecnoindustrial y vector tecnoecológico, respectivamente, siguiendo la conceptuación propuesta por la geógrafa brasileña Bertha Becker (2001, 2010), conceptos retomados por un equipo de especialistas en planeación socioambiental de Brasil (Ministério do Meio Ambiente, 1995).

Esta conceptuación me parece útil en la medida en que permite identificar tendencias y modelos generales de desarrollo, desde una perspectiva geopolítica de uso y aprovechamiento de recursos que se corresponde con los campos discursivos y sus prácticas en torno a la conservación de la biodiversidad. Si bien reconozco una trayectoria histórica en la aparición de uno y otro modelo, constato que no se ha dado una sustitución o remplazo y sí una discusión más sobre la supuesta tendencia homogénea del desarrollo clásico (véase Escobar, 1999) y los diversos desarrollismos (Esteva, 2000).

Es un objetivo de este ensayo demostrar que el trópico húmedo brasileño y el mexicano han sido blanco de políticas nacionales e internacionales similares, y que estas políticas han provocado destrucción de las selvas. También me propongo hacer un ejercicio de reflexión sobre las contradicciones inherentes a las prácticas y experiencias interesadas en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en ambos países, en particular en el trópico húmedo. Estas contradicciones son resultantes, obviamente, de estrategias políticas y económicas que operan en el plano local, nacional e internacional, pero el principal obstáculo para su superación radica en la imposibilidad de trasgredir y mudar la visión capitalocéntrica (centrada en el capital; véase Escobar, 2000) que permea todo tipo de intervención, incluidas algunas experiencias llamadas alternativas o sustentables.

VII. EN LA ESFERA DE LOS TRÓPICOS

En los trópicos ya se intentó de todo, pero hace no más de treinta años que la conservación de sus recursos naturales pasó a integrarse a los planes de desarrollo. Se intentó de todo, y todo quiere decir: empresa agropecuaria extensiva, monocultivos forestales, extracción petrolera y mineral, además de polos de desarrollo urbano-industriales (para el caso brasileño, véase Fearnside, 1991; Davis, 1977; para el caso mexicano, Tudela, 1988; Szekely y Restrepo, 1988; Barkin, 1978; Paz, 1995). Este modelo de ocupación y aprovechamiento de recursos pertenece a un estilo de desarrollo identificado como el vector tecnoindustrial, el cual representa una tendencia que aglutina intereses de grupos políticos —en los diferentes niveles de gobierno— y militares, élites empresariales y multinacionales en torno del territorio-trópico y sus recursos. En una primera fase de desarrollo, entre la década de los cuarenta y finales de los ochenta, las políticas públicas favorecen predominantemente al vector tecnoindustrial. Trazos incipientes pero definidos de esta tendencia se marcan en los años previos y durante la segunda guerra mundial; se afirman en la posguerra y, a la postre, en la década de los setenta, por medio de grandes proyectos de infraestructura —asistidos por agencias internacionales de desarrollo—, se delinea el perfil de las regiones tropicales en la división internacional de producción-consumo, básicamente con la misma configuración actual. El Estado es el principal agente modernizador (Melville, en prensa; Bartolomé y Barabas, 1990; Scott, 1998). Ya en la década de los noventa y en el inicio del siglo XXI, el sector empresarial adquiere mayores bríos, y entonces sustituye al Estado, el cual se transforma en simple gestor y mal negociador de los intereses colectivos.

Esta retrospectiva general sirve para el caso mexicano y el brasileño. Ambos países experimentaron en un lapso promedio de tres décadas sus respectivos milagros económicos —con tasas sorprendentes de crecimiento—, se urbanizan y crean una base industrial primaria configurada en el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se agota en la década de los ochenta, y los dos países latinoamericanos entran en profundas crisis de crecimiento; si bien algunos problemas estructurales se manifestaban ya a mediados de los sesenta, por ejemplo, el caso del sector agropecuario mexicano (Barkin, 1978).20

Este vector tecnoindustrial se afianza en el trópico mexicano con la industrialización petrolera, la urbanización y el enorme crecimiento de sus polos privilegiados: Coatzacoalcos y Minatitlán en Veracruz, y Cárdenas en Tabasco. En Brasil, el eje rector es la actividad minera, que caracteriza a la industrialización de la Amazonia oriental; y en el corazón amazónico, la zona industrial de Manaus. Todo esto acontece de manera impetuosa durante la década de los setenta, y el estruendo de tanta actividad es pretexto idóneo para justificar la sordera de gobiernos que no atienden las denuncias y críticas internacionales por los etnocidios y ecocidios que conlleva la vorágine modernizadora. Registramos, por ejemplo, la postura oficial de la delegación brasileña en la Conferencia sobre Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, donde se negó a admitir cualquier tipo de enjuiciamiento que condujese a frenar el modelo de desarrollo vigente en ese momento, o al menos sus excesos.

En consecuencia, el movimiento ambiental se fortalece principalmente en los países más industrializados. No es posible entender el surgimiento del movimiento ambiental nacional en Brasil y México sin recurrir a sus interfases con el ambientalismo de Estados Unidos y Europa. El concepto de desarrollo sustentable popularizado por el Informe Bruntlandt (1987) tuvo importante resonancia en los planes y políticas de desarrollo nacionales. Las frágiles e incipientes instituciones de gobierno fueron reformuladas; se crearon nuevos departamentos, direcciones y hasta secretarías, con la encomienda de guiar el nuevo desarrollo; al mismo tiempo, se inició un proceso tendente a dar coherencia a la política ambiental (para el caso mexicano, Simonian, 1999; para el caso brasileño: Urban, 1998). A mediados de los años ochenta, las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas entran en una fase de consolidación y ampliaron su campo de actuación, su red de relaciones y, en algunos casos, se profesionalizaron.21 Comienza a figurar una modalidad de la asistencia financiera internacional: la cooperación para el desarrollo y el ambiente, concebida como un instrumento tendente a disminuir los desequilibrios entre países del norte y los del sur. En esta transición, por lo menos discursiva, debemos reconocer el impacto del Informe Meadows (1972), del Club de Roma, que, en su contenido polémico, alerta sobre el carácter finito de los recursos y la insustentabilidad del modelo industrial de desarrollo (capitalista o socialista). Dicho informe también señala los efectos contraproducentes de la modernidad; denuncias y evidencias que suscitan una amplia insubordinación de la sociedad civil, sobre todo en los países del norte desarrollado.

Estos cambios en el énfasis dado al desarrollo y la revaloración de la naturaleza, operados mediante nuevas políticas e instituciones globalizadas, son verificables mirando de cerca la evolución de actores trasnacionales ambientalistas como WWF, Greenpeace, UICN, The Nature Conservancy (Luke, 1997), la apertura de líneas de crédito verde del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el surgimiento de un empresariado ecológico nacional y trasnacional. Pero no se trata sólo de cambios en el plano internacional: cuando se habla de un ambientalismo globalizado, necesariamente debe entenderse su otro polo local. Emblema de las diversidades culturales, de los movimientos sociales que se afirman en sus reivindicaciones identitarias respecto a prácticas y creencias, formas diferentes de producir y relacionarse con el ambiente.

En este contexto histórico y ante la red que surge de los intereses asociados o divergentes de los diferentes actores, algunos autores hicieron alusión a un ambientalismo multisectorial (cfr. Viola 1992; Viola y Leis, 1998); en el presente contexto, significando básicamente lo mismo, nos referimos al vector tecnoecológico. Con él pretendemos aguzar nuestro análisis sobre los procesos de negociación en las fronteras de las políticas conservacionistas, preservacionistas y el desarrollo sustentable.

Estos cambios no han implicado la sustitución de un modelo por el otro. En otras palabras, no significa que ahora el vector tecnoecológico domine el panorama mundial. Lo que se destaca es una alternancia discursiva que sugiere una transición a largo plazo; aunque, de acuerdo con las más recientes tendencias, el fracaso de la reunión Rio + 10, Johannesburgo 2002 y la retirada de Estados Unidos del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, pareciera que el proyecto de una sociedad planetaria sustentable se torna cada vez más utópico (Lezama, 2013-2014).

Los recursos monetarios internacionales destinados a promover el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad son insuficientes para enfrentar los retos de la conservación. No son prácticamente nada frente a los recursos destinados a financiar el desarrollo con el esquema tradicional (Hageman, 1996). Y esto se reproduce en igual medida con los recursos destinados a promover el turismo de masas frente a los proyectos enfocados al ecoturismo.

Desde una perspectiva sociológica, algunos autores sugieren la necesidad de reorientar la teoría social con el objetivo de trascender conceptos totalizantes como desarrollo y capitalismo, contraponiendo narrativas y saberes locales con el propósito de estimular proyectos alternativos afines con la diversidad cultural biológica (Escobar, 2000; Boege, 2008). Las preguntas, entonces, demarcan los límites y condiciones que el desarrollo capitalista tendría que resolver.22

Los desafíos de armonizar la relación conservación/desarrollo sustentable se presentaban como enigmas esperanzadores en los años que van de 1980 a 2000; al paso del tiempo, las diversas experiencias locales y comunitarias de conservación de la biodiversidad se fueron politizando, y dejaron entrever complejas interacciones, percepciones contrastantes sobre qué y cómo conservar y cómo traducir el desarrollo desde cosmologías o visiones culturales particulares.

El “tripié teórico” propuesto por el ecodesarrollo (desarrollo social/eficiencia económica/conservación del ambiente) aún parece pertinente y necesario (véase Sachs, 1982 y 1997; Leff, 1993, y la crítica a este concepto en Leff, 1998); sin embargo, ha sido evidente a lo largo de tres décadas de desarrollo sustentable que la racionalidad económica continúa imponiéndose como dogma supremo en el proyecto de civilización, de forma tal, que los mayores obstáculos para consolidar, no digamos los grandes proyectos, sino las experiencias locales, comunitarias de desarrollo y conservación, son precisamente la vulnerabilidad económica o los efectos contraproducentes de la capitalización/consumo a que luego se ven sometidas.

De manera sumaria, no existen referentes empíricos consolidados ni en la Amazonia brasileña ni en el sureste mexicano que permitan hablar de la sustentabilidad socioeconómica ambiental a largo plazo, en ámbitos locales previamente impactados por los procesos de modernización y desarrollo. Es posible reconocer en la literatura sobre otras regiones, en la costa pacífico de Colombia, por ejemplo, procesos alternativos de defensa del territorio y de la autonomía política que surgen y son mantenidos desde que la biodiversidad es reinterpretada y luego incorporada como elemento central de una política cultural local: biodiversidad = cultura + territorio (Escobar, 1997). En forma semejante, se presenta el movimiento de los seringueiros (extractores de látex natural) de Acre, Brasil, en las décadas de los setenta y los ochenta. Este movimiento obtuvo el reconocimiento de su derecho a la tierra por parte del Estado brasileño a partir de un fuerte llamado a la identidad cultural y a los usos tradicionales de la selva; empero, de acuerdo con varios analistas y observadores, no ha conseguido afirmar la viabilidad económica del proyecto hasta ahora (Gonçalves, 2001, para un análisis de las dimensiones socioculturales del movimiento de los seringueiros).

La eficacia de las movilizaciones socioambientales no necesariamente se traduce en viabilidad económica o ecológica. El éxito de un modelo o un proyecto histórico evaluado por estas tres dimensiones depende de factores internos —la organización, el capital social— y externos —la asesoría política y técnica—, los cuales resultan ser aleatorios e impredecibles. La economía extractiva en las selvas tropicales, a pesar de sus innegables virtudes —pero precisamente por su interdependencia con el mercado y sus interrelaciones con otras prácticas productivas—, es un buen ejemplo de precariedad aun alcanzando los tres objetivos ya subrayados por el ecodesarrollo (Homma, 1993; 1994; Lescure et al., 1997).

Algunos proyectos de desarrollo sustentable en la Amazonia y el sureste mexicano han alcanzado reconocimiento y prestigio nacional e internacional. Pero la artificialidad con la que son mantenidas ciertas estructuras necesarias para su reproducción dificulta que se los considere como modelos acabados, posibles de réplica, inclusive porque su éxito radica precisamente en la excepcionalidad de sus rasgos.23

De cualquier forma, la conservación de la biodiversidad y el despliegue del vector tecnoecológico, concebido como un todo (políticas públicas, actores, instituciones y asistencia financiera), hacen visibles ciertas contradicciones ya presentes en el pasado, pero ahora exacerbadas en el contexto de la mercantilización de la naturaleza; contradicciones que son además reconocidas por la teoría social (Durand, 2014; West, Igoe y Bockington, 2006).

Lejos de ser un asunto biológico enteramente técnico, la creación de unidades de conservación (parques, reservas, estaciones ecológicas, unidades de manejo ambiental, etcétera), como estrategia central para la conservación de la biodiversidad, se encuentra inmersa en una red de intereses locales y trasnacionales, donde el Estado nación (en este caso, el brasileño y el mexicano), a pesar de su impotencia para administrar, legislar y fiscalizar esta riqueza, aún es un actor clave en la medida en que aún detenta atribuciones para dirimir conflictos, legitimar y conducir tendencias de desarrollo, y continúa siendo el principal interlocutor en el traspaso de recursos internacionales para la política ambiental. Sin duda alguna, la arena ambiental, específicamente la gestión de áreas naturales protegidas, representa una prueba definitiva para el ejercicio de la soberanía de los Estados en el contexto de las políticas neoliberales sobre la naturaleza.

VIII. ES MÁS FÁCIL DRENAR EL TRÓPICO QUE IRRIGAR EL DESIERTO

Existen varios trópicos y dentro de ellos gente diversa aprovecha microecosistemas heterogéneos. Por una suerte de agresión verbal, al hablar del trópico húmedo, de la selva tropical como si se tratase de una entidad homogénea creemos adquirir un cierto halo de omnipotencia y control sobre ella. Al hacerlo repetimos el prejuicio típico de los tecnócratas que diseñan planes y programas de desarrollo para “el trópico”, como si todo en él fuera igual: paisajes y culturas. La intervención para modernizar los trópicos se sustenta en varias ideas falsas, de entre las cuales destacamos éstas: que el trópico y la gente que lo habita ancestralmente demanda soluciones; que el trópico debe ser modernizado, en su caso, haciendo alusión al mito de la selva deshabitada, colonizado mediante la capitalización y concentración de su riqueza hacia un monotipo de explotación: ganadera, mineral, forestal, agrícola o extractiva. En realidad, el trópico húmedo es cultural y biológicamente diverso.

El análisis comparativo que presentamos del trópico húmedo mexicano y el brasileño se basa no en esas heterogeneidades de los ecosistemas y la cultura, sino en las trayectorias homogéneas de los programas modernizadores, cortados con la misma tijera, y cuyos impactos notorios son la homogeneización de paisajes y la reducción de la diversidad cultural y biológica.

En los proyectos nacionales de desarrollo, tanto el sureste mexicano como la Amazonia brasileña fueron destinados a servir como territorio de frontera. El hecho de que no se intentara una opción de desarrollo acorde con las particularidades del trópico húmedo hasta el surgimiento del vector tecnoecológico, demuestra el carácter periférico de estas regiones en el proyecto nacional. El trópico fue visto entonces como la última frontera agropecuaria, la última frontera de colonización, la última reserva de vida silvestre, suministradora por excelencia de materias primas (Léna y Oliveira, 1991).

Aunque en el periodo inicial de la modernización del trópico hubo propuestas de modelos de desarrollo con fuerte énfasis en las necesidades locales, y con la pretensión de crear y articular redes de producción-consumo y fortalecer dinámicas culturales con base en un modelo endógeno que privilegiaba la región, el modelo de polos o enclaves de desarrollo terminó por ser el modelo predominante. Este tipo de modelo se orientó para servir a un propósito —estimular el desarrollo de las regiones centrales que eran el escenario de la industrialización acelerada del capitalismo—, básicamente mediante la interconexión de centros urbanos habilitadores y concentradores en la lógica de producción y consumo. En sus rudimentos, este sistema se sirvió de estructuras mercantiles premodernas, como el aviamento (un sistema parecido a la retención por deudas que se practicaba en las haciendas mexicanas) o la arriería, formas coloniales extractoras de plusvalía no desaparecidas del todo y refuncionalizadas por el neocolonialismo. Más tarde, la interconexión se intensificó y estas estructuras fueron sustituidas por otras modernas, con un resultado lógico: la expansión de la red vial y la velocidad de los sistemas de telecomunicaciones, transportes y de las tecnologías extractivas, donde la minería es el caso emblemático (Svampa y Antonelli, 2009).

En la literatura sociológica latinoamericana, este modelo de desarrollo nacional se ha definido como una especie de colonialismo interno, pues reproduce en un contexto nacional la dinámica internacional entre países desarrollados y subdesarrollados. Éste es en sí el tamaño del reto que hoy se yergue frente a los políticos, tomadores de decisión: ¿cómo insertar estas regiones en el centro mismo de un proyecto nacional?

EL SURESTE MEXICANO

En relación con los proyectos de tinte nacionalista en México, habría que destacar la presa hidroeléctrica Lic. Miguel Alemán, cuya construcción en los años cincuenta fue la primera intervención con grandes efectos socioambientales en el trópico. Seguiría una serie de emprendimientos de magnitud similar, como las presas de la cuenca del río Grijalva y el Plan Chontalpa en Tabasco, en los años sesenta; las hidroeléctricas montadas a lo largo de la red hidrográfica chiapaneca, las presas Cerro de Oro en Oaxaca, en los setenta; y los grandes proyectos de colonización compulsiva, que en buena medida fueron efectos colaterales de aquellas primeras grandes obras —por ejemplo, en Uxpanapa—, así como toda la red de caminos y proyectos de asistencia social subsecuentes.

Estos casos han sido estudiados por una gran variedad de investigadores. No es necesario repasar aquí sus resultados, bien conocidos, sino destacar algunos rasgos comunes a este tipo de emprendimientos y sus secuelas (Barkin, 1978; Szekely y Restrepo, 1988; Tudela, 1989; Ewell y Poleman, 1980; Night y Rodríguez, 1995; Paz, 1995). 24 Uno de estos rasgos es el de concebir el problema del desarrollo del trópico como si fuera problema eminentemente técnico: “Siempre será más fácil drenar el trópico que regar el desierto”, decía uno de los ingenieros del Plan Chontalpa (en Tudela, 1989: 114).

No se trató, como opinan algunos estudiosos del tema, de decisiones improvisadas dentro de los mandos de gobierno; eran decisiones profundamente imbuidas de un saber tecnocientífico que se proclamaba panacea para el desarrollo de todo ecosistema que se mostrara renuente a producir: “en el aspecto tecnológico [el Plan Chontalpa] implicaba una traslación casi mecánica de los esquemas de los distritos de riego desarrollados en las zonas semiáridas y áridas del centro y norte del país al trópico húmedo del sureste” (Tudela, 1989: 204). En el fondo cenagoso de la ideología del progreso, drenar e irrigar representaban un desafío que debía ser encarado técnicamente.

El Plan Chontalpa, cuyo objetivo era la ampliación de tierras agrícolas en el estado de Tabasco, se formalizó como tal en 1965 con la creación de veintidós poblados destinados a la producción agropecuaria a gran escala y la “modernización” en infraestructura (construcción de obras de drenaje y viviendas, apertura de caminos, carreteras y sistemas de riego), objetivos que supuestamente generarían bienestar social a los habitantes de la región y altos niveles de producción destinados a satisfacer la creciente demanda alimentaria de las urbes (Barkin, 1978; Arrieta, 1994).

Toda la planificación de la Chontalpa semeja una pesadilla orwelliana digna de ser narrada como un episodio desolador de empequeñecimiento deliberado de las nociones de justicia y libertad humana, y de las condiciones jurídico-políticas que hacen posible ponerlas en práctica. Aquí el Estado impuso un destino; arrasó primero lo que la gente tenía y luego dio herramientas para reparar lo devastado. También en la Chontalpa el sueño fáustico alcanza visiones demenciales; mixturas de obrerismo y futurismo, inconcebibles metrópolis en el trópico se regodean en una especie de novedad decadente presumida en el tabicón de las casas y en aldeas artificiosamente bien trazadas pero tristes y desoladas por suplantar a las aldeas orgánicas. Chontalpa es el primer episodio de colectivización del trópico, antes que el valle de Uxpanapa en los setenta. Ahí el elemento humano es tratado de la misma forma que al encarar la superación de las barreras físicas, el desbordamiento de los ríos y las áreas pantanosas; es decir, como un problema técnico que debe ser resuelto.

El automatismo, la programación de actividades decididas por un técnico y, cual si fuese extraído el decreto de la ciencia ficción, la pérdida del nombre, del nombre que es seña identitaria del lugar, así que autoritariamente reinicia el relato de un poblado a partir de denominaciones numéricas que se vuelcan del libreto burocrático a la rutina de la planificación. Ejido C-21, o Poblado 6, o Sector 9. Visto en perspectiva, el Plan Chontalpa desembocó en la destrucción de ecosistemas, la entrega de suelos al capital y a la tecnología trasnacional, la transformación del ejidatario en proletariado y la integración de la región a un sistema paternalista de dominio ajeno (Arrieta, 1994: 196-200).

El Estado mexicano tropezaría dos veces con la misma devastación. La “utopía del emporio agrícola”, que se derrumba en Tabasco con el Plan Chontalpa a finales de los sesenta, tuvo, por impensable que parezca, una segunda vuelta en el programa de colonización del valle de Uxpanapa, Veracruz, manejado por la Comisión del Papaloapan (CP). Este organismo, creado en 1946, se encargó de conducir la relocalización de más de 25 000 indígenas chinantecos afectados por la construcción de la presa Cerro de Oro, en el estado de Oaxaca (Ewell y Poleman, 1981; Bartolomé y Barabas, 1990; Guzmán, 1994). Aproximadamente 8 000 afectados fueron reasentados a partir de 1972 al Valle de Uxpanapa, Veracruz, con la promesa —respaldada mediante decreto presidencial— de ser auxiliados en el proceso de adaptación, que exigía la construcción de poblados dotados con infraestructura básica, viviendas, escuelas, puestos de salud, carreteras y créditos agrícolas.

Esta “ayuda” los obligaba a sujetarse a los ritmos y constreñirse a los planos de la burocracia de la mencionada comisión, de forma tal que durante las primeras fases de colonización se vieron impedidos de poner en práctica sus conocimientos obtenidos en una tradición milenaria de relación con el ambiente tropical (Ewell y Poleman, 1981; Gates, 1988).

Entre 1974 y 1978, la cp desmontó enormes porciones de selva virgen para construir la carretera, los poblados y extensas áreas que serían cultivadas para producir arroz y maíz con el apoyo de tecnología importada de Estados Unidos —“las yondir” referidas por nuestros informantes, en realidad maquinaria de la marca John Deere—. Así se hizo, sin tomar en cuenta las insistentes recomendaciones hechas por un equipo de biólogos que, con base en investigación etnobotánica y reconociendo la enorme biodiversidad de la zona, sugería procesos graduales de ocupación y una estrategia de desarrollo centrada en el uso diversificado de los recursos de la selva (Toledo, Caballero y Argueta, 1978). Un resultado más que previsible: el desmonte de miles de hectáreas y la pérdida irreversible de la selva. Los incendios forestales son hoy más recurrentes en esta área que antaño.

Con sus diferencias, Uxpanapa y la Chontalpa son casos emblemáticos del poder transformador de las tecnoburocracias que despacharon y guiaron el “desarrollo” del trópico mexicano hacia un modelo básicamente de ganadería extensiva y parcialmente agroindustrial.

Entre los errores identificados por los investigadores de éstas y otras experiencias similares, aunque no asumidos públicamente por los responsables, destaca el traslado mecánico de modelos de desarrollo con su componente tecnológico, propios de ecosistemas templados o semiáridos, al trópico. También, el sobredimensionamiento de la vocación agrícola del trópico y la imposición de modelos industriales monoespecíficos; desconocer las capacidades de la población local y sus conocimientos del hábitat y el aprovechamiento de los recursos; intentar acríticamente la implantación, la copia de modelos de organización (la colectivización de ejidos) ajenos a la región y la cultura locales. De todo esto se desprende la conclusión de que no existió un modelo de desarrollo coherente, flexible y capaz de adaptarse a las necesidades del trópico (Tudela, 1998; Gates, 1988).

Estos programas fallaron en sus expectativas sociales, ecológicas y económicas, pero definieron un perfil productivo de amplias regiones así insertadas en dinámicas económicas emergentes dentro de la lógica capitalista; regiones ya integradas hoy al mercado, aunque con resabios de sistemas de aprovechamiento de recursos, producción y consumo precapitalistas. Tras los dos casos referidos del derrumbe de la “utopía del emporio agrícola”, siguieron aplicándose políticas públicas para consolidar la actividad ganadera como tabla de salvación.

Es ampliamente reconocido que uno de los factores más importantes en la pérdida de la cobertura forestal y la transformación de los paisajes tropicales en México ha sido la ganaderización. El auge de esta actividad, entre 1950 y 1983, fue resultado de incentivos fiscales, políticas agrarias y asesoría técnica. En algunos casos, la ganadería fue vista como tabla de salvación luego de los fracasos agrícolas, aunque su expansión debe verse como la combinación de varios factores, entre ellos el reparto agrario y el avance de colonos con una cultura ganadera, como en el caso de la Sierra de Santa Marta en Veracruz (Blanco, 1999; Chevalier y Buckles, 1995). Del mismo modo, en el contexto de una creciente marginación y ausencia de incentivos a la producción agrícola, los sistemas agroforestales tradicionales de los grupos indígenas fueron perdiendo gradualmente sus virtudes ecológicas —por ejemplo, la rotación y descanso de las tierras—, cediendo a las presiones de ganaderización mediante la renta o venta de tierras para intensificar la actividad pecuaria. De manera que, para 1988, 58 por ciento de los ejidos en los seis estados tropicales del sureste de México poseían ganado; y en estados como Tabasco y Veracruz, los más deforestados, se elevaba 79.8 y 65.6 por ciento, respectivamente (Encuesta Nacional Agropecuaria, SARH, 1988). Entre 1977 y 1991 se deforestaron 2 600 000 hectáreas de selva tropical en toda la región, debido sobre todo a la ganaderización.

De modo general, por la paulatina pérdida de dinamismo del sector pecuario, se ha reducido un poco la presión que empujaba a la conversión de las selvas en pastizales, aunque también sucede que no es posible avanzar de manera indefinida en esa dirección. Sin embargo, a pesar de que, más que de una crisis, se trata de fallas estructurales, sistémicas, la tendencia es que las unidades domésticas campesinas y el colono medio potrericen su propiedad en la medida en que la agricultura, el extractivismo y la conservación no ofrezcan retornos económicos en compensación.

Es cierto que la ganaderización ha sido determinante en la transformación de la selva tropical mexicana, pero es importante identificar otros aspectos interrelacionados, que, sin ser consecuencia directa de los programas de desarrollo, ponen de manifiesto la ausencia de políticas ambientales, la insolvencia de la legislación y del sistema judicial para prevenir incendios, evitar el saqueo ilegal de madera, flora y fauna, y frenar las invasiones, como en el caso de los Chimalapas en el Istmo de Tehuantepec,25 y castigar a los responsables.

¿Cuál es el escenario actual en el trópico húmedo mexicano en lo que concierne a las políticas de desarrollo y conservación de la biodiversidad? Para responder esta pregunta, vamos a sugerir algunas líneas que habría que retomar en un análisis posterior; en cierta forma las abordaremos en el apartado dedicado a la política conservacionista y a la importancia geopolítica de las dos regiones bajo estudio.

El trópico húmedo mexicano ha sido intervenido, pero los programas de desarrollo no consiguieron integrar positivamente a sus poblaciones en el proyecto nacional. Los efectos ambientales y sociales confirman que dichos programas impusieron economías subordinadas a la lógica de mercado. Esta subordinación puede ser vista como una característica central de economías campesinas que se reproducen al filo del dilema: autosustentabilidad o capitalización y producción destinada al mercado. Además, las difíciles condiciones de comercio, de acceso (a las fuentes de crédito), y la ausencia de políticas públicas que favorezcan el uso diversificado de recursos son factores que ejercen una presión excesiva sobre el campesinado.

Al trópico se le sigue viendo como frontera de recursos, y persiste una visión colonizadora en la que la sustentabilidad y la conservación están subsumidas dentro de un esquema empresarial que expone a las tierras comunales y ejidos a las fuerzas libres del mercado, no otra cosa es lo que priva en los procesos de desarrollo turístico (ecoturístico) promovidos en la costa caribeña de Quintana Roo (Marín, García y Daltabuit, 2012; Marín 2015).

La política enfocada a la creación, gestión y consolidación de anp en México reclama con urgencia una nueva discusión sobre la territorialidad de grupos y comunidades indígenas y tradicionales. En la actualidad, varios proyectos de conservación y desarrollo financiados por el Global Environment Facility (GEF), el Banco Mundial y otras instituciones deberán tener impactos regionales importantes en todo el sureste en relación con la actuación y organización de los propios grupos locales, las ONG que ahí operan y la gestión pública de los estados. Esto es de esperarse, ya que el énfasis puesto en todos los proyectos de conservación y desarrollo sustentable es precisamente descentralizar la política conservacionista. Entre estos proyectos, podemos mencionar el Corredor Biológico Mesoamericano, la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Indigenous and Community Conservation Biodiversity.

Se vislumbra una intensificación de programas de desarrollo, pero también una mayor resistencia de los grupos y comunidades. No se puede pasar por alto el hecho de que 80 por ciento de los bosques y selvas del país están en manos de comunidades indígenas o tradicionales. Aproximadamente 30 000 comunidades y ejidos en todo el país disponen de 103 millones de hectáreas, un poco más de la mitad del territorio mexicano (Toledo, 2001).

LA AMAZONIA BRASILEÑA

En Brasil, concretamente en la región amazónica, se encuentra la mayor selva tropical continua y la más alta concentración de biodiversidad del planeta (5.5 millones de km2). Para el periodo 2005-2006, se calcula que se deforestaron alrededor de 13 100 km2, y aunque las cifras se han reducido en 30 por ciento en comparación con otros años, las tasas de deforestación siguen siendo preocupantes (Martino, 2007: 5). Entre las principales causas de la deforestación se destacan la construcción de caminos y carreteras, la extracción de maderas, los incendios forestales, las actividades agrícolas y ganaderas (Martino, 2007: 5-15). Se considera que 17 por ciento de la Amazonia ya fue deforestado, el equivalente a todo el territorio de Francia. No obstante, aproximadamente 83 por ciento de los bosques primarios se mantiene en pie; algunos estados, como Acre, poseían un área conservada en un promedio que oscila entre 90 y 93 por ciento (INPE en Ayres et al., 1996). De igual forma, datos más recientes refieren el caso del estado de Roraima, emblemático de la conservación. Solamente 6 por ciento de su territorio (224 298 980 km2) ha sido deforestado; las áreas protegidas legalmente, incluidas las tierras indígenas, cubren 93 por ciento de este territorio.26

Su situación “conservada” y relativamente poco perturbada se explica por varias razones: un territorio vastísimo y un modelo de desarrollo fruto de la colonización europea volcado hacia el litoral y la zona centro sur del país (Río de Janeiro, São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul); la Amazonia ha sido menos accesible que otros territorios cuya inmediatez y cercanía los colocó en una posición de abastecedores directos y escenario vulnerado de la épica desarrollista que se fragua desde la época colonial, éste es el caso de la Mata Atlántica relatado espléndidamente en la historia ambiental A ferro e fogo (“A fierro y fuego”) (Dean, 1999). La destrucción de este ecosistema alimenta una memoria reciente sobre la percepción social del ambiente. Desafortunadamente, el impulso para acercar e integrar la Amazonia a la nación sudamericana ha reproducido y extendido una buena parte de las dinámicas y actitudes que el Estado y la sociedad brasileños mantuvieron con la Mata Atlántica.

El desarrollo moderno de la Amazonia brasileña se inicia tardíamente, al final de la década de los sesenta, con el ascenso al poder de los militares, aunque algunos planes ya se fraguaban desde el gobierno de Getulio Vargas, en la década de los cuarenta.27 Sin duda, la construcción de Brasilia (en la década de los cincuenta) en la región del Cerrado —uno de los grandes biomas brasileños, localizado en el centro del país— representa el detonante de un vasto proyecto para colonizar el interior brasileño.

En la región amazónica se acrecienta la complejidad de problemas de toda índole que padece el trópico húmedo, en específico al abanico donde caben la conservación y el desarrollo vistos desde una perspectiva convencional semejante a la que hemos delineado para la experiencia mexicana. En otras palabras, en esta región se nos muestra de una forma poderosa la dialéctica: posicionamiento geopolítico y proyecto nacional de desarrollo. Pero antes de acercarnos a estas cuestiones, tracemos los rasgos generales del desarrollo amazónico.

Con el golpe militar de 1964, comenzó a dibujarse otro panorama en la lógica de aprovechamiento de los recursos y de la ocupación territorial en la Amazonia. Los gobiernos anteriores habían respaldado una política nacionalista de control de los recursos; el régimen militar ofrece todas las facilidades para la operación sin trabas del capital internacional. Se modifican las legislaciones restrictivas para la actividad minera, se dan concesiones para explotar ricos yacimientos de hierro y aluminio a dos empresas estadounidenses, Hanna Mining Company y u.s. Steel, que se alían a la Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração (CAEMI) y la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), de capital estatal —esta última, privatizada en 1997. El gobierno militar promueve la inversión de capitales en esta actividad y un gran número de empresas proliferan por el territorio amazónico (Davis, 1977).

También a partir de los años sesenta, se expanden ranchos ganaderos de enormes proporciones en las áreas adyacentes a la carretera Belém-Brasilia, que conecta el noroeste amazónico con el centro del país. Para esto se contó con una política fiscal dictada por la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM), principal catalizadora de la mayor parte de los programas de desarrollo del Estado brasileño en esta región. No se trató de una política aplicada con cierta timidez institucional, una política subrepticia o semiencubierta, como en el caso mexicano, sino del impulso de una actividad de corte agroempresarial de grandes dimensiones, destinada a favorecer sin ambages a la élite empresarial y los grupos de poder de São Paulo y de Minas Gerais.28

El primer Programa de Integración Nacional (pin i), inaugurado en 1970, conjuntó acciones y estrategias para promover el desarrollo en la región. Bajo su sombra fueron construidas varias presas hidroeléctricas, la carretera transamazónica y sus ramales, y se puso en marcha un ambicioso programa de colonización para atraer campesinos del nordeste árido a que se instalaran en las márgenes de dicha carretera (de ahí la frase popularizada del presidente Médici “Tierra sin hombres —Amazonia— para hombres sin tierra —nordestinos—”).

En este programa de colonización en las márgenes de la transamazónica, manejado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), también se plasmó una sofisticada visión futurista del desarrollo rural. A cada familia se le dotó de 100 hectáreas desmontadas; entre 48 y 60 familias formarían agrovillas, 22 agrovillas formarían agrópolis y tres de estas agrópolis formarían rurópolis, estas últimas concebidas como centros urbanos rectores de intercambios y actividades comerciales intensas. En realidad, nada de esto se logró; los colonos fueron abandonados a su suerte. Sin insumos básicos ni asesoría técnica ni financiera, estos actores sociales acudieron a las formas de cultivo que conocían, al final depredadoras del ambiente. Hubo deserciones y abandono de parcelas y altos índices de mortalidad durante los primeros años. En la época actual, a pesar del panorama inicialmente sombrío, cobra significación una revaluación más positiva sobre los procesos de adaptación, apropiación y construcción del territorio y el redireccionamiento de los sistemas productivos en toda la franja transamazónica de colonización (Davis, 1977; Morán, 1993; Botelho, 1999; Maurilio Abreu, comunicación personal).

De estos emprendimientos, se registran impactos ecológicos y sociales negativos, y demoraría enumerándolos. Baste destacar el etnocidio: durante este proceso, muchos grupos indígenas fueron contactados por primera vez, sus tierras fueron expropiadas y ellos diezmados masivamente por gripes e infecciones comunes de la civilización occidental, así como por agresiones directas en una especie de guerra de exterminio subsidiada por los nuevos invasores —garimperios—, mineros artesanales, talamontes y empresas agropecuarias (Davis, 1977). En otros frentes, propiciados por la apertura desordenada de la frontera, fueron atraídos diversos actores con capacidad y objetivos diferenciados por lo que respecta al uso de los recursos. Agricultores pobres sin tierra aparecieron espontáneamente para posesionarse de tierras que luego tenían que defender o perdían en medio de la rapiña desatada por latifundistas, empresarios, políticos, talamontes y especuladores inmobiliarios (Botelho, 1999).

Durante esta primera fase, el ancho camino abierto por las políticas del régimen militar produjo una verdadera penetración a la selva amazónica. A finales de los años sesenta, nada menos que un tercio de las cincuenta corporaciones más grandes que operaban en el país eran extranjeras. El despliegue modernizador emprendido por el Estado demandó una intervención masiva de préstamos financieros y la participación del capital internacional privado. Asimismo, durante este periodo se consolidaron el polo minero extractivo manejado por la Companhia do Vale de Rio Doce, en Serra dos Carajas, estado de Pará, y la zona industrial de Manaus, como ejes dinamizadores de los procesos de desarrollo volcados hacia la parte oriental y occidental de la Amazonia brasileña, respectivamente.

A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, con el nuevo intento democratizador de la vida política en el país, tras el fin de los gobiernos militares, se da un giro importante a los procesos de desarrollo en la región. Surgen entonces voces y demandas de grupos anteriormente soterrados —comunidades tradicionales, grupos indígenas, campesinos de subsistencia—, que defendían propuestas alternativas sobre los procesos de definición del territorio y el aprovechamiento de los recursos.

En la época actual es importante reconocer una reconfiguración espacial y territorial de la Amazonia brasileña propiciada por la primera onda desarrollista, patente en la expansión de los centros urbanos, ahora constituidos en nódulos rectores, y la complejidad de los flujos de intercambio regional y hacia el exterior, en el propio país y fuera de él.29 Estos arreglos denotan una cierta integración interamazónica, inestable y precaria entre regiones colindantes y altamente dependiente de los flujos externos (bienes de consumo básico y bienes de consumo cultural).

Cómo conducir el desarrollo y con cuáles principios. Dos visiones se dibujan al respecto, y la discusión se pretende circunscrita dentro de las fronteras territoriales del Estado nacional brasileño; a pesar de los vehementes discursos nacionalistas, esto ha sido prácticamente imposible dada la enorme cantidad de actores interconectados y las dinámicas globales explícitas e implícitas en la conservación de la región.

La primera visión tiende a internalizar y asumir los costos e impactos de la primera fase desarrollista, sobre todo cuando afirma la necesidad de consolidar lo que ya está hecho y lo que quedó inconcluso por diversas causas. Esto significa, en concreto, el asfaltamiento de las brechas trazadas a sabiendas de su importancia vital para la consolidación de flujos comerciales. El apoyo y la transferencia tecnológica al sector productivo “atrasado”, en el que se encuentran agricultores de subsistencia, pequeños productores, ganaderos medianos y comunidades tradicionales como los seringueiros (colectores de látex natural) y recolectores de nuez de la Amazonia (nuez de Pará). También incluye el fortalecimiento de programas de saneamiento de las ciudades, la dotación de infraestructura básica y modelos sustentables de gestión urbana. Esta visión defiende explícitamente un alto, una detención de los procesos de expansión que amenazan la frontera y las áreas poco alteradas. Asume una integración precaria y, en resumen, demanda que sean saldadas las cuentas pendientes de justicia social y conservación del ambiente.

La otra visión reclama una mayor firmeza del Estado para expandir todas las posibilidades de intervención en los territorios y confines poco explorados de la región. Una mayor inversión en nuevos proyectos dedicados a vías de comunicación y una política de incentivos hacia la complejización de procesos tecnoindustriales a gran escala. No se descarta la industria biotecnológica, pero se pone el énfasis en proyectos mineros y extractivos de gran envergadura.

En las dos visiones se acepta que

a dinâmica da exploração dos recursos naturais na escala do país, opera atualmente através de complexas e sofisticadas redes e circuitos nacionais e internacionais de produção (consumo), envolvendo todas as regiões e ecossistemas do país e apontando claramente para tendências espaciais de expansão na direção de nossa fronteira interna de recursos (Ministério do Meio Ambiente, 1995: 103).

Ambas caracterizan bien el clima político en el cual se está implantando la política ambiental, en particular aquella enfocada a la creación de áreas naturales protegidas, la demarcación de tierras indígenas y, de forma general, los aspectos relacionados con el desarrollo-modernización-devastación (carreteras, gasoductos, presas hidroeléctricas, nuevos asentamientos, proyectos turísticos).

INTEGRAR Y REMOVER

Las regiones tropicales de los dos países latinoamericanos comparados fueron exploradas y saqueadas desde los primeros años de la colonización europea, y para el siglo XIX ya se encontraban integradas al mercado mundial por medio de sistemas productivos extractivistas (látex, barbasco, maderas tropicales, plantas, pieles de animales); pero, ciertamente, es al final de la década de los cuarenta del siglo XX cuando arrancan los grandes proyectos de desarrollo del Estado moderno.

¿Qué significó modernizar el trópico en México? Integrar al indio, remover sus rasgos culturales asociados equivocadamente con un espíritu antiproductivista. Las tenazas que se cierran sobre esta categoría social —además de la infraestructura física de la modernidad— son la Reforma Agraria, que erosiona las formas de control étnico comunitario sobre los territorios y sus recursos, y deja libre el camino para toda clase de experimentos de desarrollo y colonización.30 Un catalizador importante es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, que permite a la tecnoburocracia intervenir directamente en el sureste mexicano, lo que desencadena las rupturas y desequilibrios de los sistemas agroecológicos y silvícolas tradicionales.

En Brasil, el factor étnico es indiscutiblemente importante, ahora mucho más visible y menos ignorado que en el pasado, sobre todo en la región amazónica, donde se concentra el mayor porcentaje de población nativo-americana (60 por ciento de 734 127 indígenas en todo el país, es decir, 440 476). Las reservas indígenas registradas en 2010 eran 410 y sumaban una superficie de 1 086 950 km2, prácticamente un quinto de la región amazónica (21.7 por ciento). Las tierras indígenas representan 13.33 por ciento del territorio brasileño (Cruz, 2016: 165-172).

El impulso modernizador —concreción del imperativo de desarrollo, acorde a los intereses de la élite gobernante— supuso el sacrificio de estos “obstáculos” para alcanzar la integración, “integrar para no entregar” era el lema de los militares brasileños. Lo cual no excluyó una reforma agraria con características diferentes a las de la experiencia mexicana.31 Colonización, más que reparto, y grandes latifundios que al cabo incitarían demandas sociales y el reconocimiento de territorialidades colectivas, como es el caso de las reservas extractivistas, tierras indígenas y la creación de unidades de conservación.

EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ (PROYECTO MESOAMÉRICa) Y BRASIL EN ACCIÓN

El Plan Puebla-Panamá (PPP) fue el proyecto de desarrollo más importante para la región centroamericana. Lanzado en 2001 y promovido por el presidente Vicente Fox, se transformó después en el Proyecto Mesoamérica. Su contraparte ambiental es el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) (López, 2009; Capdepont-Ballina, 2010). El pppconsiste en un macroplaneamiento para el desarrollo de la faja que recorre desde el estado de Puebla, en México, hasta Panamá (102 millones de kilómetros y 63 millones de habitantes), incluye la construcción de un sistema de carreteras y vías férreas, extracción minera, instalación de maquiladoras, producción industrial de celulosa y presas hidroeléctricas. La principal agencia financiera es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); asistencia técnica del Banco Mundial, FMI, PNUD, Cepal, la Organización Panamericana de Salud, la OEA y el Banco Centroamericano para la Integración Económica y el Sistema de Integración de América Latina.

La justificación para llevar adelante este proyecto es eliminar la pobreza y superar la marginación en la que se encuentra la mayor parte de la población que habita esta región. El camino señalado es la plena modernización e integración regional a la dinámica económica global. Para lograrlo se estimula el concurso del capital privado y trasnacional, mientras que los Estados nacionales, el mexicano y los centroamericanos, con asistencia técnica y financiera internacional, se encargarán de preparar el escenario, ofreciendo facilidades de inversión.

En vista de la próxima inhabilitación del canal de Panamá, el ppp
distingue dos estrategias básicas: la edificación de una infraestructura pesada que permita el flujo de recursos y materias entre el Pacífico y el Atlántico, y la intensificación de la propia capacidad de explotación y producción (mediante la atracción de inversionistas). El PPP es importante para Estados Unidos porque apuntala la consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En la nueva estrategia energética de este país se considera de vital importancia la industrialización y privatización de los recursos en esta región, en un escenario que garantice un abasto seguro y regular de petróleo, evitando la excesiva dependencia actual con los países árabes (zonas de conflicto), además de que dispondría de energía eléctrica barata para el funcionamiento de sus empresas.

La participación de México en el ppp es de relevancia. El ppp revive el Mega Proyecto del Itsmo de Tehuantepec anunciado durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Uno de sus componentes es la consolidación de puertos y vías de comunicación y transporte terrestre, principalmente las que ligarían los puertos de Salina Cruz (Pacífico) y Coatzacoalcos (Golfo de México). Ésta sería una ruta privilegiada para transportar embarques desde China y el bloque de países llamados Tigres Asiáticos, hasta los mercados de la costa este americana y viceversa.

También se incluyen plantaciones forestales a grande escala para producción de celulosa (aproximadamente 317 000 hectáreas están ya en producción en el área del PPP); de maquiladoras que tendrían mano de obra barata y abundante; presas hidroeléctricas que abastecerían a las maquiladoras y que aprovecharían el potencial generador de la red hidráulica del sureste mexicano. Otros nichos potenciales de desarrollo proyectados son agricultura de exportación, biotecnología, turismo y ecoturismo, textiles y partes para automóviles.

En abril de 2007 se reunieron los jefes de Estado de los países mencionados, con la finalidad de hacer una revisión de los logros de ppp e incorporar algunos cambios sugeridos por algunos organismos internacionales. En junio de 2008, durante la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Villahermosa, Tabasco, estuvieron presentes los jefes de Estado de los ocho países miembros, a los que se agregó el de Colombia, y se tomó la decisión de reestructurarlo y crear el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica (PM), para lo que se hicieron modificaciones estructurales al planteamiento original (Proyecto Mesoamérica: Cumbre de Campeche (2007) y Cumbre de Villahermosa (2008) (Capdepont-Ballina, 2010: 164).

Voces críticas a este proyecto sostienen que bajo este diseño se prepara un modelo mucho más sofisticado tendente al saqueo de los recursos naturales. Un proyecto geopolítico que no pretende desarrollar la región centroamericana, sino transformarla en un enclave estratégico para la producción y la circulación de mercancías en la lógica y los intereses de Estados Unidos (Preciado y Villarruel, 2006; Barreda, 2001; Villafuerte, 2007).

Por otra parte, Brasil en Acción es un megaproyecto de planeación con el cual se pretende consolidar el proceso de desarrollo y modernización de la Amazonia brasileña para insertarla en una dinámica mucho más compleja de intercambios económicos y flujo de materias desde una perspectiva nacional-regional e internacional. El programa comprende todo el país, pero me referiré de manera exclusiva a la Amazonia.

Los dos presupuestos básicos de Brasil en Acción en esta región son: 1) ampliar, mejorar y concluir las obras y emprendimientos y 2) crear la infraestructura necesaria para la interconexión del Atlántico con el Pacífico. El proyecto anunciado en 1996 por el presidente Fernando Henrique Cardoso incluía cerca de 42 proyectos. En principio, una iniciativa sustentada en planes y presupuesto del gobierno federal, pero, dada su magnitud, abierta a canales de financiamiento externo. A continuación, expondré sintéticamente cuatro ejemplos escogidos por su potencial impacto sobre el ambiente y su importancia geoeconómica.

La carretera BR-174, ya concluida, que une Manaus y Venezuela, mediante la cual se consolida o asegura una salida al Caribe. Esta vía permitirá también el tendido de una línea de transmisión eléctrica que será generada en Venezuela y enviada a Brasil.

La recuperación de la BR-364/163, que liga Cuiabá y Río Branco, y la pavimentación de las carreteras del estado de Acre, que incluye la BR-364 y la 317. Con estas acciones se pretende integrar y mejorar la comunicación entre la región central del país y la suroeste de la región amazónica, así como abrir la salida hacia el Pacífico mediante la interconexión con los ejes carreteros de Perú.

La extracción de gas natural de Urucú, en el estado de Amazonas. Con una producción calculada en cuatro millones de metros cúbicos por día, se pretende abastecer el polo industrial de Manaus y los estados de Rondonia y Acre.

La apertura de la hidrovía Tocantins-Araguaia para el transporte de granos producidos en la región centro-oeste hasta el puerto de Itaquí, en el estado de Maranhão.

CONTROVERSIAS Y OPOSICIÓN SOCIAL

La oposición y los rechazos de la sociedad civil organizada al ppp fueron innumerables. En el documento de la Declaración de Tapachula (2001), representantes de organizaciones indígenas, campesinas, trabajadores y ambientalistas, lo calificaron como “colonialismo salvaje y violación de la soberanía nacional”. Otros activistas e investigadores consideran que el PPP representa una seria amenaza a los derechos de las comunidades indígenas y a la biodiversidad, por su tendencia a la privatización de tierras comunales y la expansión de monocultivos. A pesar de las declaraciones del gobierno mexicano —en cuanto a que el PPP se construiría con el consenso de los diferentes actores sociales y respetaría a las comunidades y sus territorios—, las más severas críticas impugnan precisamente el hecho de no haber sido convocados para opinar sobre el perfil de dicho proyecto. De las protestas ha surgido un movimiento organizado de carácter nacional contra el PPP.

¿Cómo debe desarrollarse el sureste mexicano? En su momento, dos declaraciones emblemáticas de posturas contrapuestas provinieron de Marcos, líder del movimiento insurgente de Chiapas (EZLN), y del presidente de México, Vicente Fox. El primero declaró: “Nosotros no queremos hacer parte de ninguno de esos planes”. El segundo respondió que “el ppp es mil veces más grande que el EZLN o que cualquier comunidad indígena”.

Lo que sigue brillando por su ausencia en la programación tecnoburocrática es la dimensión social. Salvo que se la suplante como cifra y estadística. La superación de la pobreza sería una consecuencia obligada de una intensificación de las relaciones económicas y del proceso productivo. Aunque en el ppp se han incluido diagnósticos de impacto ambiental y se dispone de estrategias para “no impactar los ecosistemas y las comunidades indígenas”, los posibles afectados no ven garantías de que sus territorios serán respetados, porque el gobierno no ha creado mecanismos ni destinado recursos para fortalecer procesos autogestivos que las preparen y capaciten para enfrentar lo que se avecina en el nuevo contexto.32 Dos aspectos merecen ser considerados en el conflicto social originado por el PPP.

Los actores sociales que serían beneficiados, modernizados, indemnizados, relocalizados, o simplemente encaminados al mercado de trabajo, son portadores de una memoria reciente cargada de experiencias de despojo territorial, endeudamiento, miseria y violencia.

Aunque importa “conservar lo que sobró”, importa más negociar y establecer mecanismos de superación de conflictos, de reparto de beneficios y mejoramiento de la calidad de vida. Negociar es algo más que presentar un proyecto o difundirlo. Los hechos más recientes en México demuestran que la “causa pública” esgrimida como argumento para llevar adelante proyectos de desarrollo (el caso del aeropuerto internacional sobre tierras ejidales en Atenco) no sirve más como causa inapelable.

Éstos son algunos de los retos que enfrenta la gestión ambiental en los países latinoamericanos. Mientras el Estado continúe ignorando los derechos colectivos y los trazos históricos del acceso comunitario a los recursos, la política conservacionista difícilmente constituirá una opción de desarrollo sustentable.

En lo que respecta a Brasil en Acción, algunos de los proyectos programados para la región amazónica gozan de un fuerte énfasis regional, ya que forman parte de las agendas políticas de los gobiernos estatales. Se consideran urgentes en la medida en que prometen dinamizar relaciones económicas aún precarias, estimuladas en la primera fase de desarrollo y luego en los ochenta, en la segunda fase, ya desde la perspectiva de la sustentabilidad. Los procesos de colonización y los diversos proyectos productivos crearon las condiciones para un aumento de la producción en términos absolutos destinada al mercado, sólo que no hubo desarrollo paralelo en relación con la infraestructura de transporte y circulación de materias, de modo que la situación actual de muchas regiones es de estrangulamiento.

Sin embargo, estos intereses no son compartidos por toda la sociedad amazónica y brasileña en general. Los ejes carreteros abiertos en esta región ya fueron reconocidos como los mayores generadores de impacto socioambiental negativo. En todos los casos, la apertura de caminos promueve e intensifica la tala ilegal de madera y atrae contingentes colonizadores que posteriormente causarán mayor presión sobre los recursos. En un análisis prospectivo se ha identificado que las áreas más susceptibles de propagación de incendios son las adyacentes a las carreteras.33

Las más importantes impugnaciones de ONG y comunidades locales a este tipo de emprendimientos se refieren a la falta de mecanismos para ordenar el proceso de ocupación de tierras. Sin una estructura agraria clara y bien definida, es muy probable que se repitan los fenómenos de destrucción ya denunciados.

En el caso de la br-364 —una de las alternativas para entroncarse con las carreteras peruanas y encontrar salida al Pacífico—, se prevé fundadamente un aumento de la deforestación en sus trechos finales, así como controversias internacionales, por ejemplo, la reacción que habría provocado el presidente Clinton para que los japoneses no invirtieran en este proyecto, aduciendo cuestiones ambientales (Amayo, 1996). Pero el dinero ha sido liberado y algunos ambientalistas esperan, no sin una cierta dosis de creencia esotérica, que éste sea un modelo de carreteras sin deforestación.

Contra el proyecto de exploración de gas de Urucú, el más costoso de todos, se ha alzado una fuerte oposición, ya que ductos y sistemas de transmisión tendrán que pasar por tierras indígenas. Este caso está abierto y aparentemente no hay alternativas que eviten afectarlas, ni fuerza suficiente para impedir la concreción del proyecto.

Por último, los proyectos de navegación fluvial, considerados estratégicos porque recuperan la vocación de toda la región y hasta cierto punto pueden ser considerados como una opción limpia y apropiada para la Amazonia, también representan serias amenazas para el ambiente. La apertura de un canal fluvial con disponibilidad para navegar enfrenta en algunos casos severas limitaciones que deben ser resueltas con una fuerte intervención técnica, y esto entraña altos costos. Solamente para tornar navegable el último trecho de la hidrovía Araguaia-Tocantins tendrían que invertirse diez billones de dólares. Sus beneficios, por otro lado, no están plenamente justificados, porque para transportar granos, soya, principalmente de la zona centro-oeste del país, que se estima serán vendidos a bajo precio en el mercado mundial (dadas las facilidades de transportación), se tendría que ampliar y seguir impactando los ecosistemas frágiles del Cerrado —la expansión de la frontera agrícola para la producción de soya en esta región es financiada por el Banco Mundial— (Smeraldi et al., 1996; Hageman, 1996).

IX. POLÍTICA CONSERVACIONISTA Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Un campesino indio definió la gran paradoja de Chiapas: “Vivimos en chozas en medio de nuestra riqueza, de nuestra tierra, y nos opondremos a cualquier otro proyecto, aunque sea de desarrollo, que nos aparte de ella”.

En México la selva tropical húmeda se ha reducido drásticamente. Ahora sólo nos resta un 5 por ciento de la superficie original. En los últimos cuarenta años, 30 por ciento de bosques y selvas desaparecieron en este país. En lugares como la reserva de la biosfera Montes Azules, Chiapas, se calcula que 700 hectáreas de vegetación primaria ceden y se transforman anualmente para usos agrícolas y nuevos asentamientos humanos (Balboa, 2001: 35; Enciso, 2001a: 25). Y si estos datos no fueran suficientes para revelar la crisis ambiental que se vive en México, aún tenemos, de acuerdo con el informe “La situación de los bosques en el mundo” (FAO, 2005), que a partir de 1993 la tasa anual de deforestación, que era en los años previos de 600 000 hectáreas, para el periodo 2000-2005 dicha tasa registró una pérdida de 318 000 hectáreas y para 2005-2010 se calcularon 155 000 hectáreas deforestadas. Así, la tasa de deforestación ha disminuido en México, pero las cifras aún son preocupantes cuando se observa una superficie de bosques tropicales tan mermada.

Esta superficie deforestada sólo es superada por Brasil, que para 2005 ocupaba el primer lugar con la pérdida más alta de cubierta forestal en el mundo: 3.1 millones de hectáreas anualmente, que corresponden a 37.3 por ciento de la deforestación mundial (FAO, 2016: 16).

Estos datos convierten a México y Brasil en los dos países con el mayor índice de deforestación en el mundo (Enciso, 2001b; Amigos da Terra, 2002; FAO, 2016). Si aún se conserva aproximadamente 83 por ciento de los ecosistemas amazónicos “originales”, esto se explica por el papel que le fue destinado históricamente al otro grande bioma tropical, la Mata Atlántica, del cual sólo resta 6 por ciento de la cobertura original (Dean, 1998).

Mapa 3. Áreas naturales protegidas federales de México.

La ampliación de la conciencia ambientalista en los dos países ha sido insuficiente para frenar el estilo de desarrollo depredador y sustituir los engranajes que mantienen activas las redes de tráfico ilegal de flora y fauna, la tala clandestina, los incendios forestales. Ha sido insuficiente para ir a las raíces de los problemas que provoca la expansión de las actividades agropecuarias en prejuicio de las selvas remanentes. El discurso publicitario de la importancia de la biodiversidad y los programas de gobierno se han mostrado hasta el momento incapaces de transformar las dinámicas regionales saturadas de corrupción y abuso de poder.

México y Brasil han suscrito innumerables tratados, convenios y acuerdos internacionales para proteger los ecosistemas naturales y alcanzar un desarrollo sustentable. Estos acuerdos representan esfuerzos encaminados hacia el establecimiento de regímenes internacionales de gestión y protección del ambiente. En consecuencia, los gobiernos de México y Brasil se han visto obligados a cumplir determinados compromisos, orientar, adecuar estrategias y mecanismos de política ambiental.

En tanto signatarios de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), propuesta en la Cumbre de Río de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, también llamada Cumbre de la Tierra Río 1992, Brasil y México se comprometieron a elaborar una Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad (ENCB). El sentido de las estrategias nacionales persigue —mediante una gran variedad de políticas y estructuras institucionales— profundizar en el conocimiento de la diversidad biológica; impedir, revertir o limitar los procesos o tendencias de pérdida y erosión de dicha diversidad, y garantizar los mecanismos para una distribución justa y equitativa de sus beneficios. La encb pretende ser un instrumento interinstitucional de política ambiental y se le considera un apéndice del Plan Nacional de Medio Ambiente o de programas y legislaciones en materia ambiental de carácter más amplio.

Una de las políticas centrales de la ENCB de México y Brasil es, como demanda su documento guía (CDB), la conservación in situ, es decir, la creación y manejo de áreas naturales protegidas, sean éstas de uso directo o indirecto.

De acuerdo con los datos más recientes publicados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), este organismo, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) administra 182 áreas protegidas, las cuales están clasificadas en seis categorías: reserva de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, áreas de protección de recursos naturales, monumentos naturales y parques nacionales. En su conjunto, estas áreas suman una superficie de 90 839 521.55 hectáreas.34 Aun cuando el número mayor de ellas son los parques nacionales (67), las áreas con mayor representatividad por su extensión son las reservas de la biosfera (RB) (44), las cuales abarcan 69.3 por ciento de la superficie protegida en México. Si a esta cifra sumamos las áreas naturales protegidas de carácter estatal y municipal, así como las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, tenemos que aproximadamente 15 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo un régimen de conservación.35

De acuerdo con lo reportado por Toledo, en 1992 sólo restaban dos millones de hectáreas de selvas húmedas en La Lacandona. El Ocote, El Soconusco —El Triunfo—, Los Chimalapas-Uxpanapa y Los Tuxtlas, es decir, solamente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Velázquez y Ramírez, 1995: 204).

Las rb fueron definidas en el programa “Man and Biosphere” (MAB) de la Unesco, como áreas de porte considerable, que podrían proteger uno o varios ecosistemas e incluir una o más unidades de conservación —categorías— con diferentes objetivos, desde la protección integral hasta el uso sustentable. Las rb mexicanas constituyen una variación del modelo original, pues se trata de áreas relativamente pequeñas o de porte medio y cuyo elemento paradigmático es la conservación de los recursos en un contexto de fuerte ocupación humana (Halffter, 1988).

A continuación, trazaré el perfil de dos rb localizadas en el sureste mexicano, subrayaré la relación socioambiental y su contexto sociopolítico actual. Ambas contienen importantes remanentes de selva tropical, si bien en el primer caso que revisaré hay una fuerte degradación de los recursos y una alta fragmentación de los hábitats naturales, mientras que en el segundo caso los ecosistemas continúan mostrándose íntegros y prestando servicios ambientales como en el pasado. Su contraste, considero, ilustra la ausencia o bien presencia de aquello que algunos autores entienden por capital social, y que en el presente contexto admito como capacidades locales para negociar y discutir un proyecto de conservación y colocarse en el centro mismo del proceso de gestión y administración de la reserva.

LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS, VERACRUZ (RBT)

La RBT es uno de los casos más dramáticos de conservación en México. Dramático, por el alto grado de biodiversidad, en los tres sentidos que abarca el término, y por el proceso tan avanzado de degradación en el que se encuentra. La rbt es una bandera del conservacionismo que nunca consiguió ser izada plenamente.

La RBT se extiende sobre una cordillera de origen volcánico al sur de Veracruz e incluye regiones ecológicas y socioeconómicas contrastantes. El contraste ecológico, origen de la diversidad biológica, se relaciona con la enorme variabilidad altitudinal, que va de 0 hasta 1 750 msnm, condiciones climáticas y edafológicas, y condiciones climáticas fluctuantes de proceso largo (retracción de la selva por fenómenos de glaciación y recolonización) (Guevara et al., 2004: 8-12).36

En términos socioculturales, la rbt contiene una diversidad de actores sociales guiados por modelos y prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos diferentes y hasta contradictorios. Tales contradicciones emergen como resultado de los procesos históricos relacionados con la tenencia de la tierra —problemas de índole agraria: colonización, expropiación, reparto, etcétera— y el proyecto modernizador del Estado mexicano: programas de colonización, desarrollo, incentivos fiscales y créditos para determinadas actividades productivas, construcción de carreteras y programas asistenciales en general (Velázquez y Paré, 1993; Paré, 1995; Velázquez, 2000; Lazos, 1999; Blanco, 1999).

La interacción entre los sistemas socioeconómico y ecológico ha delineado dos subregiones dentro de la rbt: los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta. En la primera predomina la propiedad privada y la economía está volcada a la actividad pecuaria y la agricultura comercial (tabaco, café, caña); en la segunda, eludiendo diferencias microrregionales, se da una economía de subsistencia asociada a agricultura de maíz y frijol, café; y en algunas comunidades se realizan actividades extractivas en los remanentes de selva, sobre todo de palma camedora, pita y tepejilote para venta nacional e internacional. Una región moderadamente impactada contrasta con la otra vertiente de la sierra donde la expansión ganadera dejó desnudos lomeríos y montañas.

La rbt se creó en 1998 con 155 122 hectáreas, 30 000 reservadas para formar la zona núcleo. Su interior es habitado por 25 744 individuos de origen indígena —nahuas y zoques— y mestizos; la densidad de población es alta: cincuenta habitantes por kilómetro cuadrado.

El acto de su creación (Paré, 1999) no es el resultado de una voluntad autoritaria del gobierno federal y sí una consecuencia de la amplia movilización de académicos y ONG cuyo trabajo en la región tenía al menos quince años. Sin embargo, está lejos de considerarse un caso inédito de planeación “de abajo arriba” o en el cual la participación de las comunidades locales haya sido decisiva para su implantación. E inclusive, se puede afirmar —considerando la importancia que tuvo el sector académico ligado a la biología para impulsar modelos de conservación en 1979 (Zona Protectora Forestal y de Refugio Faunístico Volcán San Martín Tuxtla) y 1980 (Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre en la Sierra de Santa Marta), y reconociendo que sus investigaciones ampliaron el conocimiento de la dinámica ecológica de las selvas tropicales en el mundo, haciendo de Los Tuxtlas “uno de los sitios de selva húmeda neotropical mejor conocidos del planeta” (Guevara et al., 2004: 33)—, que la investigación básica estuvo completamente desligada de los procesos locales de desarrollo y los conocimientos adquiridos se mantuvieron herméticos a su socialización. Y esto, sin duda, exhibe de forma poderosa el desfase entre los intereses externos para conservar las prácticas cotidianas en un contexto acelerado de transformación y las tendencias del desarrollo.

Para administrar la rbt, existe una dirección que es apoyada por una asociación civil denominada Custodios de la Selva, esta última, formada por representantes de los órganos ambientales del gobierno, instituciones académicas, de las comunidades y ong. La articulación entre estos actores ha sido problemática. Los retos principales para la gestión armónica de la RBT se relacionan con las diferentes percepciones culturales sobre el ambiente (ganaderos/agricultores); los procesos de expropiación y creación de las zonas núcleo; las carencias de presupuesto para actividades de control y fiscalización, y la ausencia de políticas públicas que incentiven usos ecológicamente viables y satisfactorios en lo económico (Trabajo de campo, 2001).

Varias instituciones internacionales han ofrecido y aún ofrecen apoyos y financiamientos para la conservación y recuperación de ambientes degradados, así como para proyectos de desarrollo sustentable en experiencias piloto y comunitarias. La rbt entró al grupo de anp consideradas prioritarias dentro del programa del Global Environment Facility (gef), pero aún es prematuro hablar de resultados.

Algunas experiencias promisorias defienden la viabilidad económica de sistemas agroextractivos, pero señalan las amenazas ecológicas de una sobreexplotación ante la falta de mecanismos intercomunitarios que garanticen la reposición de inventarios, así como la ausencia de estrategias de comercio que superen perjudiciales canales de intermediación. En semejante realidad, la conservación y el desarrollo sustentable se balancean peligrosamente entre la marginalidad y el aumento de la presión sobre los recursos naturales.

LA RESERVA CAMPESINA DE LA BIOSFERA LOS CHIMALAPAS, OAXACA (RCBC)

En el corazón del Istmo de Tehuantepec, embudo geográfico del territorio mexicano, al sureste de Oaxaca, haciendo vecindad con los estados de Veracruz y Chiapas, se encuentra el macizo de selvas húmedas más importante de México, Los Chimalapas. Lo es por su biodiversidad, amenazada y hasta cierto grado aún inalterada gracias a las dificultades para penetrarla y mancillar sus rincones. Lo es por el papel central que desempeña en el funcionamiento y regulación de una de las cuencas hidrológicas más grandes del país, la del río Coatzacoalcos, es decir, por los servicios ambientales que ofrece más allá de sus límites forestales.37

Con cerca de 600 000 hectáreas y una población que varía entre 13 000 y 18 000 habitantes, según las fuentes (Barkin y García, 2000; Rusell, 1996), de los cuales 3 000 viven en las cabeceras de los dos únicos municipios —Santa María y San Miguel Chimalapa— y el resto en localidades dispersas, la RCBC constituye uno de los escenarios privilegiados para analizar los procesos de conflicto y negociación entre actores situados en los diferentes niveles de la política ambiental.

El apelativo campesino dado a la reserva ya indica el carácter social diferenciado del proceso de formulación de este proyecto único de conservación en México (Rusell, 1996), pues se trata de una experiencia con una genuina participación local y que reconoce el carácter común del régimen de propiedad. Al igual que el proyecto de reservas extractivistas en Acre, Brasil (que revisaré adelante), la RCBC se construye no desde una perspectiva globalista del movimiento ambiental, sino desde una reivindicación territorial y en defensa de la identidad cultural. Considerado este anclaje, entonces sí es posible reconocer la configuración del movimiento chima, como un movimiento local-global, agrario-biodiverso.

La propuesta para la creación de la RCBC surge en 1987, a partir de los trabajos encaminados por la ong Maderas del Pueblo, junto con las autoridades indígenas. Es resultado de un proceso paulatino de toma de conciencia de las amenazas que rondan la integridad del territorio comunal: invasiones y colonización de ganaderos y narcotraficantes. El conflicto territorial está bien identificado, pero su resolución es compleja; involucra la disputa de límites interestatales, así como la presión a lo largo de toda faja fronteriza de la rcbc.

Después de esta fecha, Los Chimalapas ganaron visibilidad en la prensa nacional e internacional, comenzaron a fluir financiamientos internacionales para proyectos productivos y conservacionistas y a coincidir una gran diversidad de actores sociales (ONG trasnacionales, universidades, expertos independientes, activistas, etcétera). Este proceso desembocó en la formación de un Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas en 1992.38

Según algunos investigadores, la situación conflictiva es atizada por actores sociales que se benefician con el saqueo ilegal de madera y el tráfico de animales. Actores que forman parte de redes de comercio ilegal extendidas internacionalmente serían los principales agentes contrarios a un proyecto de conservación. De igual forma, un clima político tenso estaría obstaculizando la consolidación de mecanismos comunitarios para ejercer la soberanía plena sobre el territorio, impedir y controlar incendios, y excluir usos y usuarios perjudiciales (Barkin y García, 2000). Según otros autores, el conflicto puede actuar como un estímulo para construir “capital social” y fortalecer a las comunidades. Sin una posibilidad real de administrar y resolver los conflictos, principalmente aquellos relacionados con el territorio y el uso de recursos, es imposible pensar en que es viable un manejo comunitario de la reserva (Rusell, 1996).

La experiencia de la RCBC también exhibe un caso de apropiación del discurso de la biodiversidad. En 1985, los chimas rechazaron la propuesta del gobierno (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos) para crear una reserva protegida, por considerarla una injerencia sobre su territorio, pero se dieron a la tarea de construir las bases de una nueva territorialidad cuyo rasgo distintivo fuese el compromiso de la conservación. En este caso la participación de agentes externos ha sido fundamental para reforzar los procesos organizativos. La actitud ambigua del gobierno mexicano ha tendido a fragmentar más que a unir, pero, de cualquier forma, en el avance de la propuesta de la rcbc se reconoce que la actuación del poder judicial y de las autoridades gubernamentales es imprescindible e insustituible para dirimir y sancionar resoluciones locales (Rusell, 1996).

Los Chimalapas, contradiciendo el título de la más reciente publicación al respecto, podría no ser la última oportunidad de conservación, pero sí el primer caso de ejercicio pleno de la territorialidad apuntalada por la legítima recuperación y defensa de la identidad cultural en el contexto global de la conservación de la biodiversidad. Con todo, ilustra el difícil ajuste de las demandas locales y sus conflictos y la ecuación saludable entre política nacional y apoyos externos (actores y recursos financieros).

SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN, BRASIL

Por lo que respecta a Brasil, hasta 2005 existían 914 ANP federales y estatales, definidas por alguna de las doce categorías incluidas en el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC). De este total, 478 se encontraban bajo un régimen de protección integral (uso indirecto), 111 de carácter federal, para un total de 28 245 720 hectáreas; y 367 estatales con 8 773 977, que con las anteriores suman un total de 37 019 697 hectáreas. El resto, 436 ANP, se encuentra en calidad de uso sustentable o directo, de éstas 141 son de régimen federal y 295 son estatales, un total de 74 592 691 hectáreas.39 Datos más recientes dados a conocer por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y soportados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), para 2013 se consideraban 1 461 061 de km2 en régimen de conservación y con una de estas categorías, lo cual representa 17.2 por ciento de su territorio continental. De este porcentaje, las áreas protegidas destinadas a la conservación restringida —es decir, que excluye la presencia humana, salvo para acciones de investigación (uso indirecto)— comprenden 5.8 por ciento, mientras que las áreas que compaginan la conservación con el desarrollo —es decir, que permiten la presencia de poblaciones humanas (uso directo)—, constituyen 11.4 por ciento (Cruz, 2016: 152).

Mapa 4. Áreas protegidas de la Amazonia legal en Brasil.

Específicamente, en la Amazonia se concentra la mayor superficie con alguna de las modalidades de conservación: para 2015 sumaban 1 117 500 km2, lo cual representaba 26.6 por ciento de la Amazonia brasileña y 13.13 por ciento del territorio nacional del país sudamericano.

En la Amazonia brasileña, algunas ANP rebasan el millón de hectáreas, ahí está el caso del Parque Nacional Montañas de Tumucumaque, creado en 2003, la mayor reserva tropical húmeda del planeta, con una extensión de 3 800 000 hectáreas, un área varias veces más grande que todos los remanentes juntos de selva húmeda en México.

Si bien los diversos sectores del ambientalismo brasileño coinciden en que el snuc refleja un avance importante en la concreción de una política de protección, también formulan numerosas críticas, una de las cuales es que dicha política privilegia la creación de categorías de conservación de uso sustentable y hace a un lado las de protección integral. En verdad este asunto es controversial. En la década de los noventa, se detectó que en la Amazonia no había áreas naturales protegidas y los movimientos sociales con reivindicaciones territoriales se encontraban bastante fortalecidos; entonces, se optó por modelos como las reservas extractivistas y las áreas de protección ambiental, que favorecieran el doble propósito de justicia social y conservación de la biodiversidad. Mientras que la Amazonia es uno de los pocos lugares en el mundo en donde se podría y debería pensarse en una ampliación del área protegida sin presencia humana, todo proceso de demarcación debe insistir en la participación de las entidades del entorno y reconocer la presencia de grupos indígenas no contactados —casos en los que debería procederse no a la expulsión, sino a garantizar la continuidad de estos grupos—. De cualquier forma, todo indica que habrá una ampliación del área conservada bajo alguna de las categorías de uso indirecto, así lo confirma Tumucumaque.

Analizaré las características de la reserva extractivista Chico Mendes (RESEXCM), localizada en la región occidental de la Amazonia brasileña, en el estado de Acre. Este caso nos sitúa en un espacio geográfico específico en donde se concentran algunas de las dinámicas más importantes del desarrollo en el trópico amazónico; ahí es posible apreciar las implicaciones y desdoblamientos teóricos que acompañan el extractivismo como alternativa de desarrollo sustentable y de conservación próxima e idónea para las selvas húmedas.

LA RESERVA EXTRACTIVISTA CHICO MENDES, ACRE (RESEXCM)

Las reservas extractivistas (Resex) abren un paréntesis importante en la discusión sobre conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Son el fruto de un movimiento social que reivindica el derecho al territorio fundamentado en usos, prácticas y manejo de los recursos naturales defendidos como sustentables o correctos desde el punto de vista ambiental. Antes de analizar el caso de la resexcm, revisaré el debate en torno a esta categoría de conservación cuyas repercusiones alcanzan los modelos de conservación en México.

El énfasis dado a este tipo de anp alude a una actividad primaria, básica, considerada por algunos autores atrasada y anacrónica, y hasta ambientalmente riesgosa si es vista a la luz de una perspectiva económica neoclásica (Homma, 1993, 1994; Amin, 1996). Para otros autores, el extractivismo representa un modelo ideal de ocupación de la selva, puesto que supone una mínima degradación de la biodiversidad; la sobrevivencia y continuidad de las comunidades o grupos que practican extractivismo depende de esta biodiversidad (Alegretti, 1994; Cunha y Almeida, 2001).

El extractivismo, y con él la categoría de conservación que lleva su nombre, se encuentra en el ápice de la discusión en torno al dilema de conservar o desarrollar, pero en este punto otra serie de argumentos cuestionan la viabilidad económica, el grado de conservación y la calidad de vida a la que pueden aspirar los grupos dedicados a esta actividad. Anderson y Ioris (2001) demuestran en su estudio realizado en la isla de Combú, en la porción oriental de la Amazonia, cuyos habitantes se dedican a la extracción de açaí, palmito y a la agricultura itinerante, que, bajo ciertas condiciones, los sistemas de extracción forestal pueden ser sustentables, resilentes y generadores de recursos económicos más elevados que otros usos de la tierra. En otro estudio se llegó a la conclusión de que tanto la actividad extractiva (seringa: hule natural) como la maderera y la pecuaria causan el empobrecimiento biológico en términos cualitativos de forma similar, si bien con diferencias cuantitativas importantes. La extracción de recursos forestales no madereros permite la regeneración en la misma medida que un claro provocado por la caída natural de un árbol (Nepstad, 1996; una opinión similar en Lescure et al., 1997).

En respuesta a las críticas economicistas, Allegretti (2008) anota que habría que distinguir entre prácticas extractivistas sustentables y predadoras, y que el extractivismo debería ser analizado mejor desde la perspectiva de la economía de los recursos naturales, de acuerdo con parámetros de sustentabilidad ecológica. Lescure, Pinton y Emperaire (1997) argumentan que el extractivismo no se puede restringir a la práctica de castañeros y seringueros (recolectores de castañas y látex natural), puesto que existe una gran variedad de formas y combinaciones en todo el mundo. Más que una actividad que decae, el extractivismo podría insertarse con vitalidad en una estrategia menos degradadora de los recursos naturales, siempre y cuando el mercado no se imponga como raison d’État. Valga concordar en esto último, no sin advertir que el concepto de extractivismo es sumamente polémico e insuficiente para una discusión sobre proyectos alternativos sustentables, ya que remite a una práctica económica que se vuelca hacia fuera y convierte a los pobladores locales en dependientes de las reglas de mercado.

Históricamente, como documenta con brillo Eric Wolf, en su libro Europa y la gente sin historia, el extractivismo es uno de los mecanismos de la expansión del capital, y su auge coincide con la transición de la economia mercantil hacia una economía capitalista. En la mayoría de los casos, el extractivismo se organizó como una empresa montada encima de prácticas y conocimientos de comunidades indígenas, tradicionales, que practicaban la caza y la recolección para subsistir. Esto significa que cuando el extractivismo no provocó la sobreexplotación y puso en peligro la regeneración de ciertas especies, lo que aconteció a menudo fue la transformación profunda de las relaciones de estas comunidades con su ambiente, en algunos casos haciéndolas completamente dependientes de insumos externos, y en otros empujándolas a adoptar una estrategia de doble vía: orientada al mercado y a la satisfacción de sus propias necesidades.

En ambos casos salta a la vista el empobrecimiento de los sistemas socioambientales de estas sociedades, el sustrato sustentable que pervive se confronta con formas y dinámicas internas y externas que apuntan hacia usos intensivos y predadores. En esta situación se encuentran las comunidades indígenas en la RBT y la RCBC antes mencionadas. El modelo de Resex en la Amazonia brasileña es de sumo interés porque muestra una tendencia sociocultural inversa; exhibe procesos masivos de migración destinados a sustentar la empresa extractiva de borracha (el látex). Estas migraciones sucedieron principalmente en dos fases: a mediados del siglo XIX y en el contexto de la segunda guerra mundial. Esta población emigrante proveniente del nordeste semiárido se constituyó en una clase obrera singular. Su calidad de obrero de la selva se caracterizaba por su dedicación exclusiva a la extracción de borracha dentro de la empresa seringalista comandada por un patrón. Este personaje proporcionaba los insumos básicos para mantener la actividad y asegurar la sobrevivencia de sus trabajadores. La empresa seringalista se articulaba a un sistema de financiamiento conocido como aviamento, mediante el cual los dueños de las tiendas y compradores del látex en los centros urbanos (Manaus y Belem) proporcionaban alimentos y recursos para sostenerla.

El carácter empresarial, en sus inicios, dictaba normas para que los trabajadores no se desviaran de su cometido. Pero las diversas crisis a las que fue arrastrado el sistema de aviamento y la empresa seringalista, a partir del exitoso cultivo de la seringa en Malasia e Indonesia, y los fracasos sociopolíticos y técnicos para llevar adelante sistemas intensivos de producción en la región amazónica, obligaron a estas poblaciones migrantes a diversificar sus alternativas de sobrevivencia y adaptarse al contexto selvático.

La transición de un contingente de obreros de la selva a una sociedad compuesta por familias que combina la extracción de productos no maderables, la agricultura, la caza y la recolección para su sobrevivencia ha sido identificada como un proceso paulatino de adaptación sociocultural y sociotecnológica (Gonçalves, 2001; Scheibe, 1998; Almeida, 1982). Pues en esa mutación operaron mecanismos de transmisión de conocimientos entre indígenas, caboclos y nordestinos, se incorporaron nuevas técnicas y al final se creó una nueva jerarquía de actividades productivas; pero éste es en realidad un proceso inacabado y en constante transformación, y las poblaciones inmersas en su vórtice merecerían ser llamadas neotradicionales, de acuerdo con Begossi (2004). Estas comunidades se caracterizarían por una mezcla de elementos de sistemas tradicionales con elementos de sistemas recientes o emergentes. Siguiendo a esta autora, estas sociedades estarían mejor capacitadas para sobrevivir a trastornos y cambios, ya que se trata de comunidades abiertas y flexibles, con un capital cultural más rico incluso que las comunidades indígenas. En este caso, las Resex estarían simplemente confirmando un sistema local de uso y acceso a los recursos naturales preexistente en el área (Begossi, 2004: 231).

Para evaluar críticamente cada uno de estos argumentos, nos referiremos a la RESEXCM, la más grande en su tipo y quizá la más conocida en Brasil e internacionalmente. Establecida con una superficie de 930 000 hectáreas en 1990, la RESEXCM alberga una población aproximada de 9 000 habitantes, que se dividen en cerca de 1 500 familias. Esto se traduce en una baja densidad poblacional y una relativa baja presión sobre los recursos naturales. Su creación es el resultado de un movimiento social que en la década de los sesenta reivindica la posesión de la tierra y los usos diversificados de la selva, en contra de los procesos de expropiación, venta de tierras y deforestación promovidos por los gobiernos estatales de Acre durante el régimen militar en Brasil, para el establecimiento de empresas ganaderas.

El éxito del movimiento dependió de varios factores. Me interesa destacar la capacidad de sus líderes para transformar un movimiento de corte agrarista en uno de carácter agroambientalista. La implantación de Resex en Brasil debe su éxito a la eficacia de los autodenominados trabajadores rurales para entender y hacer alianzas con actores de diverso perfil —indígenas y ambientalistas, diputados, académicos—, incorporar la dimensión ecológica entre sus demandas en un contexto internacional de aguda presión y observación externa rigurosa de los procesos negativos de desarrollo en la región amazónica brasileña.

Sus teóricos afirman que se trata, en primera instancia, de un proyecto social, la reforma agraria de los seringueros; sin embargo, su fuerte insistencia en la conservación de los recursos naturales y su inclusión en el SNUC y no dentro de la política agraria generaron una serie de expectativas y críticas que otro tipo de asentamientos o categorías de conservación no lo hicieron.

Las Resex innovan en el modelo de tenencia de la tierra y la apropiación de los recursos naturales. Mediante la concesión de un contrato de uso otorgado por el Estado mediante el Ibama-CNPT (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os Recursos Naturais/ Conselho Nacional de Populaçoes Tradicionais), se crea una figura de cogestión de la reserva en la que se refrenda el uso comunitario de los recursos y al mismo tiempo se reconoce un modelo sui generis de propiedad, los caminos de seringa. Para cada familia ha sido destinada y reconocida una propiedad que varía entre 300 y 500 hectáreas, equivalente a tres y cinco caminos de seringa. No obstante, esta propiedad sólo reconoce el derecho de explotación de los árboles de hule; más que eso, nada. Recursos obtenidos de la recolección y la cacería pertenecen a todos los habitantes de la Resex. El único antecedente de este tipo de reparto agrario sucedió en México, durante la década de los treinta, cuando se hizo una dotación ejidal adecuada a los parámetros extractivos del árbol del chicle (Manilkara zapota), 420 hectáreas a cada ejidatario (Boege y González, 1997: 120).

La RESEXCM se extiende a lo largo de tres municipios y la representación es asumida por tres asociaciones de vecinos, cuya atribución es discutir y presentar proyectos de desarrollo y negociar con las diversas instancias.

Entre 1990 y 1994, prácticamente nada sucedió. El precio del principal producto comercial, el látex, estaba sumamente depreciado y los diagnósticos de condiciones de vida mostraban cuadros de pobreza y de salud pésimos. En 1995 es anunciado el inicio del proyecto Reservas Extractivistas, uno de los componentes del subprograma Política de Manejo de Recursos Naturales del Programa Piloto de Florestas Tropicales (PPG-7). Este programa puso a disposición de cuatro Resex, incluidas la Chico Mendes —US$ 9 000 000.00, aplicados durante cuatro años, que cubren la primera fase del proyecto. El análisis que sigue se basa en el reporte final preparado por Ibama-CNPT y en entrevistas e informaciones levantadas en campo durante un recorrido de quince días en junio de 2001.

En primer lugar, destaca el gran esfuerzo para hacer viables proyectos en la escala de cada una de las reservas. En particular en el caso de la REXCM, los planificadores y líderes reconocieron que la situación ahí era sumamente precaria, se buscó mejorar las condiciones de salud y educación, crear alternativas y prácticas productivas novedosas para elevar el nivel de ingresos y conservar la biodiversidad. Las primeras acciones fueron al encuentro de la población para difundir la propia existencia de la reserva, sus objetivos y la estrategia para alcanzarlos.

En segundo lugar, el proyecto no sólo se socializó, sino que permitió la movilización de agentes, discusiones, cursos y foros que desembocaron en la formulación del plan de utilización, el plan operativo anual, la formación del núcleo de base, el sistema de fiscalización con colaboradores de la propia comunidad, entre otras instancias.

En tercer lugar, se evidenció una franca transición del sistema extractivista a uno de tipo agroextractivista. Mientras que en algunos hogares ya no se practica la extracción de látex, o sólo como una actividad complementaria, 83.9 por ciento de los hogares se dedica al cultivo de la mandioca y 88 por ciento al de maíz; el frijol y el arroz también muestran tendencias crecientes.

Aunque se considera que el ingreso de las familias que habitan las Resex es 70 por ciento mayor que el ingreso que obtiene la población urbana en la región norte de Brasil, poco se consiguió para mejorar las condiciones de vida y salud. Y en relación con las alternativas productivas, desde un comienzo se pensó en las limitaciones de un modelo centrado en la explotación de un solo recurso, y por eso se ha insistido en la promoción de culturas perennes en sistemas agroforestales y en la intensificación y diversificación por medio del modelo de islas de alta productividad.40 Los diversos actores reconocen que deben encontrarse alternativas para la producción y el beneficio de productos extractivos con mejoras tecnológicas como una forma de agregar valor y asegurar su entrada en los mercados competitivos.

Algunas estrategias han obtenido cierto éxito en otras reservas, como en la de Alto Jurúa, con la producción de la “hoja ahumada” o el “látex cuero”, innovaciones asistidas por investigaciones en centros académicos. Pero en la RESEXCM, las tentativas para consolidar una estrategia productiva se enfrentan a severos obstáculos: la enorme distancia entre una y otra unidad productiva; los problemas de transporte; la falta de infraestructura básica para acopiar y almacenar productos —la mayoría perecederos—; el carácter disperso, aleatorio e impredecible de la producción que torna inviable una inversión fuerte; materia prima no homogénea, lo cual dificulta un manejo estandarizado de productos de acuerdo con las exigencias del mercado, etcétera.

Todos estos aspectos fueron ya considerados de alguna forma por los críticos del extractivismo (Homma, 1993), pero el hecho de que sean colocados en una situación particular obliga a pensar en algunas contradicciones del proyecto Resex.

Parece que se ha insistido demasiado en la necesidad de demostrar la vocación económica sustentable del proyecto. La diversificación productiva es un proceso que debe ser alentado, pero sus resultados habrá que esperarlos en el largo plazo. En primer lugar, debería promoverse una economía regional que favoreciera los sistemas de intercambio y la sustentabilidad de la empresa familiar, en lugar de enfocar toda la estrategia en la satisfacción de las demandas del mercado. Diversos estudios y testimonios enseñan que no todas las prácticas de estas poblaciones son sustentables y que existen resistencias culturales a cambiar hábitos arraigados. Muchos seringueros se niegan a aprender otras técnicas o extraer otro tipo de productos, es decir, el neoextractivismo de especies forestales no maderables; como lo imaginamos desde fuera, es algo idealmente bueno, pero su evolución está sujeta a percepciones culturales que no mudan de un día para otro.

Por último, concuerdo con las voces que insisten en que las poblaciones extractivistas deben ser compensadas por el servicio que prestan como guardianes de la selva; en otras palabras, pagarles por no destruir. Si esta propuesta fuera llevada al pie de la letra, serían evitadas muchas de las contradicciones aparejadas con la demanda por eficiencia económica. Sin embargo, no se debe idealizar este mecanismo, pues para que surta efecto tendríamos que ser capaces de detectar procesos en curso, como la incipiente ganaderización, y ofrecer alternativas a los deseos de ascenso social de estas comunidades. Más allá de una política restrictiva, tendrían que ser alentados contextos socioculturales que permitan una verdadera diversificación productiva como soporte de un desarrollo volcado hacia adentro de la región.

X. CONSERVACIÓN, SOBERANÍA, ESTADO Y SOCIEDAD

James Scott (1998) se refiere a la combinación de cuatro tendencias o procesos perniciosos, a mi juicio definitivos para entender los efectos del binomio conservación/desarrollo en las regiones tropicales de varios países en el mundo, particularmente de México y Brasil. El primero de ellos se refiere al enfoque administrativo para modelar la naturaleza y la sociedad, y se proyecta en los programas de colectivización, programas de manejo y desarrollo de cuencas hidráulicas. Los proyectos reseñados en párrafos anteriores asumen de forma preponderante esta visión, que implica la movilización de grandes contingentes poblacionales y la consecuente desestructuración de sus formas de vida, así como la transformación de los paisajes bioculturales (deforestación, modificación de cauces de ríos, pérdida de la biodiversidad). El segundo proceso alude directamente a la ideología de la modernidad, una especie de fe en los progresos científicos y tecnológicos a partir de los cuales se pretende delinear un nuevo horizonte de desarrollo, de bienestar, de planificación; alude al sueño fáustico y recuerda la frase que encandilaba a los ingenieros de Uxpanapa: “Seamos realistas, hagamos lo imposible”.

Estos dos procesos se combinan y se vuelven letales cuando sumamos un tercero: el Estado autoritario. Si todo nacionalismo entraña un componente autoritario, es evidente que la conducción de los proyectos nacionales de México y Brasil introdujo la ideología del desarrollo como un componente fundamental en sus intentos de integración económica, unificación territorial y ejercicio pleno de la soberanía. En estas condiciones, todo sacrificio o pérdida (ecocidios, etnocidios) adquiere una nueva interpretación a la luz del guión supremo que anuncia la proclama de la nación. El cuarto proceso se refiere a una sociedad civil postrada, incapaz de contener o desafiar los proyectos entronizados en nombre de la nación (Scott, 1998: 5-8). Esto ocurre en contextos de guerra, desastres ambientales o en condiciones de colonialidad. Particularmente sobre esto último, habría que considerar una serie de matices sobre los sistemas de control hegemónico, de dominación y estructuración de poder en las distintas regiones, pero, en todo caso, fundamentalmente se trata de las desigualdades e inequidades sociales producidas a partir del fenómeno de la colonización como rasgo histórico de las diferencias raciales y económicas (Quijano, 1992). Para esto la conceptuación de “zonas de refugio” formulada por Aguirre Beltrán, aún ofrece elementos para entender la presencia de élites y, abajo, una amplia masa de población subordinada.

La formulación de una política conservacionista (mejor: su evolución) muestra francamente el viraje de las políticas estatales en relación con el sureste mexicano y la Amazonia brasileña. Este viraje ha sido graduado en buena medida por diferentes fenómenos o circunstancias, entre los cuales destaca la apreciación o “reconocimiento” del fracaso de las políticas de la primera ola desarrollista que se ven cuestionadas por la emergencia del movimiento ambientalista a mediados de la década de los ochenta. En este caso, el viraje es una especie de réplica a los cambios que operan en el seno de los propios organismos internacionales que financiaron y continúan financiando el desarrollo. De manera concomitante, ocurren dos fenómenos estrechamente ligados: el ablandamiento de los regímenes autoritarios o la erosión de la hegemonía estatal (el inicio del declive del Partido Revolucionario Institucional en México y el retorno de la vida democrática en Brasil, es decir, el fin de la dictadura militar) y el fortalecimiento de la sociedad civil, cuya movilización adquiere el brío suficiente para iniciar los procesos de demarcación de tierras indígenas y la creación de reservas extractivistas en Brasil. Un brío que resuena en las protestas contra la construcción de presas y proyectos mineros hasta nuestros días en México y otras partes del continente.

En esta perspectiva, parece adecuado enfocar la política conservacionista, la creación de áreas naturales protegidas, como una búsqueda de soberanía por otros medios. Para explicar esto, es necesario recuperar el concepto de soberanía articulada (Lundstrum, 2013, n 7). La soberanía puede ser entendida como “la racionalización jurídica del poder, en el sentido de transformar la fuerza en poder legítimo, el poder de hecho en poder de derecho”. De igual forma, desde una perspectiva general, la soberanía alude a la existencia de un poder supremo, situado por encima de otras ordenaciones y que, por tanto, no es derivado. Desde una perspectiva moderna, la soberanía se asocia a la existencia del Estado y la legitimidad con la cual puede ejercer su autoridad en beneficio de los gobernados y para la defensa del territorio ante amenazas externas (Bobbio y Mateucci, 1986: 1535-1536). No haré una genealogía del concepto ni reseñaré los cambios que ha experimentado a lo largo de la historia, tan sólo destacaré el hecho de que una última mutación parece derivar precisamente de un nuevo régimen internacional de relaciones entre los Estados que se verifica con el fin del Estado benefactor y la aparición del Estado neoliberal. Bajo una cierta mirada, Estados como el brasileño y el mexicano establecieron, como parte de su proyecto de formación nacional, el ejercicio pleno de la soberanía, pero este proyecto, aún vigente en términos discursivos, nunca se completó. Esto significa que en esos países la soberanía nunca ha estado plenamente concentrada en un órgano supremo de poder, pues se diluye, deriva, negocia y fragmenta en los diferentes órdenes territoriales, los cuales se sustentan en lógicas distintas y en ocasiones opuestas al Estado.

Si a la soberanía, definida en los términos anteriores, se le agrega el atributo de la articulación, estamos ante un problema teórico. Implica, desde luego, que el poder no es absoluto, aun cuando se muestre una cierta tendencia a la concentración en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, y, por tanto, la soberanía no puede ser ejercida sino en relación con y dependiendo de quiénes se definen como amigos y enemigos; al respecto, recordemos la noción de política de Carl Schimdt.

En este sentido, la política conservacionista expone en un solo escenario los intereses del Estado, de los grupos locales y regionales, y de los organismos y agencias nacionales e internacionales orientados a la conservación. Así es que, mientras un reglamento o plan de manejo implica serias restricciones para el uso de determinados recursos (soberanía del Estado), en otros casos el Estado tiene que ceder ante la presión que grupos locales (seringueros) y el ambientalismo global ejercen para que se respeten derechos y modalidades de conservación. El papel de los intermediarios es determinante en el funcionamiento de las políticas y los programas de conservación, pues por medio de ellos se facultan los procesos de diálogo y negociación. En muchos casos los intermediarios forman redes de intermediación y por lo regular desbordan los ámbitos meramente locales para proyectarse de forma inimaginable a otras latitudes que influyen de manera definitiva en esto que Lundstrum denomina soberanía articulada.

En el largo periodo que transcurre desde la creación de los primeros parques nacionales en México y Brasil hasta nuestros días, el conservacionismo como ideología ha adquirido diferentes connotaciones y atribuciones. Aun cuando se trata de un reflejo de las preocupaciones internacionales, o, si se quiere, del resultado de las políticas de gobernanza ambiental de carácter global, no se trata únicamente de políticas impuestas y determinadas por un poder hegemónico que gravite en un puñado de países del norte superindustrializado, sino de los consensos y responsabilidades asumidas por los gobiernos nacionales, la comunidad académica, las organizaciones civiles y las organizaciones campesinas e indígenas a partir de dinámicas sociales definidas por el tipo de articulaciones, discursos y prácticas que se ponen a prueba una y otra vez y se transforman a partir de experiencias y conocimientos adquiridos en el propio proceso del desarrollo (entendido como ideología del crecimiento). En este sentido, la conservación ha pasado a formar parte de un entramado institucional por medio del cual se promueve una conciencia social y se discuten los valores y atributos de la biodiversidad desde los escenarios nacionales, pero en una perspectiva global.

La conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable no son solamente una prioridad gubernamental, de un ente político que responde de manera automática a los intereses y presiones de los organismos internacionales y las empresas farmacéuticas, la industria alimentaria y médica. Como anota Jorge Soberón, en los últimos cincuenta años se ha gestado en México —igual que en Brasil— una sólida comunidad académica con lazos estrechos en la biología de la conservación y la ecología política, que ha venido relevando y ajustando la agenda de los problemas más acuciantes relacionados con la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva social. Los aportes de esta comunidad científica han sido fundamentales para sostener un modelo de conservación incluyente y participativo de las poblaciones locales; su papel ha sido crucial para que los respectivos gobiernos hayan creado las condiciones necesarias para el surgimiento de la red institucional dedicada al estudio y la definición de políticas para la conservación de dicha biodiversidad (Conabio, Conanp, INE). En todo caso, las carencias, vacíos y desfalcos que la política conservacionista presenta en ambos países no deberían ser imputados a los académicos, sino a la muy estrecha visión de los gobernantes, a la corrupción imperante en las burocracias y a la continuidad de un modelo que sigue anclado en la visión extractiva, depredadora y derrochadora de los recursos naturales (Soberón, 2010: 181).

Aun cuando el tono predominante de los estudios sociales sobre la implantación y el desarrollo de políticas y programas de corte conservacionista es de crítica y denuncia por las falacias y engaños en los objetivos de la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios de la conservación, es necesario destacar una serie de cambios en la sociedad civil organizada, las comunidades campesinas y las organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales), para quienes los problemas asociados al cambio climático representan amenazas en su vida cotidiana, pues afectan de manera directa las condiciones de vida, la obtención de alimentos y las posibilidades de vida de las generaciones futuras. A pesar de los agravios y despojos territoriales asociados a proyectos de explotación minera, de desarrollo turístico, construcción de carreteras, etcétera, es indudable que va formándose una actitud diferente en la sociedad. Una sociedad que ha internalizado los impactos de la primera ola desarrollista y que hoy se niega rotundamente a aceptar las reglas del desarrollo neoliberal.41

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: ¿HORIZONTE TECNOECOLÓGICO? EN POS DE UNA GEOPOLÍTICA EN CLAVE NACIONAL

En una ocasión reciente, un colega, reconocido investigador de conflictos mineros en México, comentaba en tono provocativo: “No entiendo bien el interés de quienes se abocan al estudio de áreas naturales protegidas, prácticamente se ha convertido en un fetiche”. No se me ocurrió en el momento una respuesta que valorase este tema de estudio como uno de los principales problemas ambientales de nuestro país, de nuestro continente y del mundo. Quizá debí responder además a las posturas de Gian Carlo Delgado-Ramos, que hacen de la conservación una siniestra e ineluctable política neocolonial (2004).

Mientras preparo este ensayo, creo estar en mejores condiciones de ofrecer algunos argumentos, con la intención de profundizar en el debate. El tono crítico de mi trabajo me libra de acercarme al enfoque conservacionista como a algo inmóvil, un instrumento paralizado en sus premisas teóricas, y, en cambio, me permite apreciar la intensificación de las estrategias de conservación de los recursos desde un enfoque que promueva la superación de los dilemas y contradicciones entre conservación y desarrollo. La crítica señala las desviaciones y perversiones patentes en los usos discursivos de la sustentabilidad y las prácticas que están propiciando la mercantilización de los recursos naturales, los activos de la biodiversidad y los servicios ambientales. La premisa lógica que sustenta la creación de áreas naturales protegidas no me parece equivocada y estas áreas no se rigen en México ni en Brasil por los principios del preservacionismo decimonónico, que pretendía apartar la naturaleza de la perniciosa influencia humana o de la civilización industrial. Es deber nuestro evitar la mistificación de los orígenes del conservacionismo y asumir los retos y desafíos que se nos imponen desde este momento, en nuestro intento de reconciliación con la naturaleza que nunca murió.42

México y Brasil han construido a lo largo de los últimos cuarenta años modelos de conservación de la naturaleza ejemplares por su amplitud y representatividad (especies y ecosistemas), pero distan del propósito seminal de convertirse en referentes para promover transformaciones profundas en el modelo de desarrollo actual. La primera fase desarrollista en el sureste mexicano y en la Amazonia brasileña, entre los años cuarenta y finales de los ochenta, fue parte de los procesos de desarrollo y modernización emprendidos por los respectivos Estados nacionales, dentro de procesos y dinámicas internacionales relacionados con la producción y consumo de bienes y materias primas endémicas de estas regiones. Procesos promovidos por agencias financieras mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Esta primera fase termina con la implosión internacional de la conciencia ambientalista en los ochenta, y las políticas públicas asociadas a la conservación de la biodiversidad, así como por la emergencia de actores sociales cuya práctica es guiada por dicha conciencia. Al decirse que este modelo se agotó también se quiere significar el fin del Estado benefactor, el retiro gradual de subsidios a las actividades productivas y la privatización de las empresas públicas del Estado.

Históricamente, el encogimiento del Estado se relaciona con la expansión del capital, la apertura de mercados, el surgimiento y consolidación de actores trasnacionales. Una realidad cargada de dilemas y dinámicas contradictorias que apuntan hacia una integración económica global y al mismo tiempo hacia la redefinición y encauzamiento del proyecto nacional. La constatación de estos dilemas se pone de relieve poderosamente en los esfuerzos para justificar y hacer compatibles los próximos grandes proyectos de desarrollo en un contexto global ecologizado. Pero este proyecto de reencauzamiento debería ser llevado al plano de las potencialidades agroecológicas, agrosilvícolas y forestales de cada región y de cada ecosistema, y su integración realizarse bajo un principio de soberanías articuladas.

Por otro lado, Rubens Ricuperto, un diplomático brasileño ampliamente respetado advierte que la unificación del espacio económico no es un fenómeno aislado de la globalización; el fenómeno de la universalización va más allá del ámbito económico, se extiende a las relaciones humanas en general y a las relaciones de la sociedad con el ambiente, en un sentido orientado por el impulso civilizatorio contemporáneo. Ésta sería la base del concepto “régimen internacional” que permea la cuestión ambiental en tanto escenario crucial de los intercambios y negociaciones en las diferentes esferas de poder supranacional. En el ámbito diplomático, dichos regímenes aluden a los principios, normas, reglas y procedimientos de decisión en los cuales convergen las expectativas de diferentes sectores, muchos de los cuales sólo circunstancialmente se encuentran comprometidos con las políticas o las agendas ambientales. Regímenes internacionales como la Convención sobre Diversidad Biológica o el Protocolo de Kyoto serían tentativas de construir reglas de funcionamiento de carácter supranacional, pero que, no obstante, no pueden sustraerse, ni claudicar en la defensa de la soberanía nacional y sus componentes en las diferentes escalas (Ricuperto, 2017).

Dos elementos recíprocos operan en la lógica de regímenes internacionales: el de bienes públicos universales (aire, agua, bosques), que incita a los países industrializados a ofrecer financiamiento, y el de corresponsabilidad, que convierte a los países pobres en receptores legítimos de asistencia económica y técnica (incluida transferencia tecnológica) y los obliga a cumplir con una serie de normativas. Si bien regímenes internacionales existieron en el pasado, en la época actual se van tornando determinantes para hacer efectivas las políticas de conservación.

Vigevani et al. (1994) reconocen el peligro potencial que encarnan tales regímenes, puesto que son producto de fuerzas hegemónicas y al mismo tiempo sirven para mantener el orden en regiones problemáticas. Y aquí no sólo se trata de acuerdos sobre desarme o reducción de armas nucleares: la política de creación de áreas naturales protegidas también emite señales para el establecimiento de un cierto orden mundial. Regiones conflictivas como la frontera amazónica o el estado de Chiapas en México pueden ser más fácilmente “intervenidas” o incluidas en operaciones de contraguerrilla o de “desarrollo sustentable”. Sean éstas las intenciones o no de los grupos conservacionistas internacionales, al menos algunos actores —los que demandan tierra e invaden las ANP— tienden a percibir su presencia como una intromisión y la política de conservación como un encubrimiento de intereses que, así, permanecen ocultos.43

Para la geógrafa brasileña Becker (2001: 34 y 2010), la cuestión ambiental, y dentro de ella, sin duda, la política de conservación de la biodiversidad y la creación de áreas naturales protegidas, estaría poniendo de manifiesto intensos procesos de reordenación geopolítica que buscan adecuarse a nuevas líneas de control y poder sobre estas regiones.

La cuestión ecológica pasa a ser parte de la agenda geopolítica global. Se trata de alianzas temporales para actuar en espacios específicos, situadas en las interfases de intereses de las potencias. La fase civil de esa alianza es la cooperación internacional, cuyo mejor ejemplo en el área ambiental es el Programa Piloto para Protección de las Florestas Tropicales Brasileiras (PPG-7).

Bajo esta lupa habría que reconocer que las anp son territorios especialmente porosos y estratégicos; su posicionamiento geográfico se construye de forma tendencial en una dialéctica de carácter eminentemente político, pero que incluye valores, prácticas y culturas diferentes y contrastantes. El debate, hoy más que ayer, ocurre en medio de una maraña de cruzamientos, entroncamientos, enlaces, alianzas y disidencias entre actores locales, nacionales, internacionales y trasnacionales. Las anp, específicamente hablando de las reservas situadas en el trópico húmedo, son desde ahora un locus de experimentos de toda índole, y la pretensión al final es mantener una serie de reductos capaces de abastecer de manera continua materias y recursos a ritmos científicamente programados.

Los zoneamientos, inventarios y mapeamientos en general están siendo encaminados de nuevo hacia una instrumentalización más racional por lo que atañe a la manera de explotar los recursos; y ante esto, digámoslo críticamente, se debe insistir en la diseminación y apropiación del conocimiento, intensificar y hacer más fluidos los canales de interacción entre la comunidad académica y las poblaciones locales.

Autores situados en perspectivas más optimistas pronostican que los regímenes internacionales, incluidos sus instrumentos (cooperación internacional y asistencia técnica), al esforzarse por la solución de problemas mundiales, traerán soluciones para todos, no sólo para los países hegemónicos (Vigevani et al., 1994). Estarían habilitando espacios más justos y democráticos para dirimir conflictos y alcanzar consensos en una escala planetaria. Pero la gobernabilidad planetaria en formación es contundentemente reacia y aun cerrada a la firma y acatamiento de acuerdos internacionales vinculantes encaminados a la resolución de los grandes problemas ambientales como la emisión de gases invernadero (y otros no directamente relacionados con el ambiente como la especulación financiera y las guerras de los energéticos). Diplomacia de las potencias que echan por tierra las mejores intenciones de un nuevo pacto entre cultura y naturaleza.

La cooperación internacional constituye pieza clave para entender los trazados que configurarán los nuevos mapas del trópico mexicano y el amazónico. En la perspectiva de la consolidación de bloques económicos y sus zonas de interés, ambas regiones se insertan en espacios privilegiados para el intercambio y flujo de materias y recursos. Pero la clave para impedir una nueva fase de saqueo y desarrollo ominoso consiste en la reorientación del conservacionismo hacia principios de soberanía capaces de mediar eficazmente en las disputas de carácter interno y que ofrezca respaldo suficiente a los actores locales frente a las amenazas externas. Una “nueva frontera de recursos”, como enunciaba Sergio Buarque (1992), requiere la certidumbre de un Estado nacional fuerte que sepa coadministrar, comanejar y generar los consensos indispensables entre los actores sociales y la naturaleza que nunca murió.

POSFACIO

Cuando se interviene en una determinada área con el pretexto del desarrollo no sólo se expande la desigualdad intrínseca al sistema de valores de la civilización occidental, sino también se contamina la propia capacidad del no desarrollo —no otra cosa que la capacidad de sobrevivencia de las diferencias radicales—. El derecho universal de vivir con “bienestar” estaría fuera de discusión, según ciertas formulaciones de raíz positivista. Como sostiene la investigación científica y demuestra la constatación fáctica, la humanidad no podrá vivir usufructuando los mismos “niveles de vida” ostensibles en las sociedades del norte industrializado. Entonces, el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad estarán encaminándose únicamente hacia una disminución de las distancias radicales —las distancias que median entre culturas—. Bienvenidos a las praderas de la domesticación, acampen en las planicies infértiles de la disección de lo salvaje manipulable, y deambulen por los predios donde se construyen con ímpetu mercantilista los museos etnográficos vivos y las selfies capturan en alta resolución la exoticidad de los parques que promueve el turismo ecológico en las áreas naturales protegidas.

“La posibilidad absoluta de conservación no requerirá de dinero”, tal pareciera la convicción de muchos habitantes de la selva que aún no saben bien de qué se trata eso de la “conservación de la biodiversidad”, y que en su día a día reaccionan a las exigencias básicas de la sobrevivencia en formas más o menos diversificadas, combinando un poco de cada cosa, según sus expectativas, intereses y su percepción cultural. La conservación, aseveran quienes incurren en una postura más pragmática, debe pasar por las reglas de mercado. Si todo se envuelve y empaca para ser valorado, entonces debemos crear las políticas y los incentivos (fiscales, económicos) para valorar aquello que hasta hace poco carecía de precio y era desperdiciado: los recursos naturales. Sin duda, esta segunda opción recurre a principios ideológicos caros a nuestra civilización, de modo que la expansión debe ser administrada bajo ciertos principios ético-ecológicos, es decir, respetando una reordenación geopolítica en tanto técnica, basada en escalas determinadas por lógicas de explotación-producción-consumo-conservación.

Los dilemas, los argumentos a favor o en contra: más conservación, menos gente, más conservación con gente; más desarrollo, desaceleración, decrecimiento, buen vivir, las experiencias exitosas, las devastaciones, todas esas cosas que hoy contribuyen para un significado del mundo, no lo olvidemos, están saturadas de historia, de conocimiento, de sabiduría; y también de olvido, ignorancia y prepotencia. En la danza de Shiva, la diosa creadora y destructora, los paradigmas permanecen hoy como nunca abiertos.

Nada hay definitivo, nada puede afirmarse con tajante rictus conclusivo sobre el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad en los trópicos húmedos mexicano y brasileño. Ni una premonición, ni una apuesta. Tienen que ser por una exigencia de los tiempos, por el encanto-desencanto del mundo. Y desde la parcela que nos toca, tendríamos que intentar liberar al desarrollo y a la conservación de su tiempo.

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1 Los pueblos indígenas que han convivido siempre con los distintos tipos de vegetación han coevolucionado con ellos, seleccionando ciertos rasgos de plantas o animales y desechando otros, de manera que así se construye la biocultura de la gente de los ecosistemas (Toledo y Boege, 2010: 178).

2 El informe denominado Protected Areas. Protected Agaist Whom? fue preparado y presentado en la Sexta Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, llevada a cabo en Kuala Lumpur en 2004, con el patrocinio de Oilwatch y The World Rainforest Movement. Reúne un impresionante número de casos en todo el mundo, en los cuales se demuestra la intercepción del conservacionismo por empresas mineras, petroleras y madereras, entre otras (Bravo y Carrere, 2004).

3 Asimismo, apunta Victor M. Toledo, otro tipo de controversia en el ámbito de la biología de la conservación, respecto a la estrategia centrada en la creación de ANP, se refiere a la duda sobre su tamaño. ¿Cuál es la dimensión adecuada? Y si esto depende de una serie de variables difíciles de estimar dados los movimientos migratorios, las articulaciones entre especies de biotas distintos y los servicios ambientales en escalas espacio-temporales mayores y de difícil apreciación con los modelos actuales de investigación (Toledo, 2010: 337-338).

4 El Movimiento Mundial de los Bosques (WRM, por sus siglas en inglés) publicó en 2008 un informe con fuerte dosis de denuncia contra el Forest Stewarship Council (FSC), el principal organismo internacional que concede sellos y certificados de explotación maderera sustentable. WRM demuestra que este consejo es en realidad una fachada de las principales empresas madereras trasnacionales, atraídas principalmente por el lucro. Los sellos se otorgan a plantaciones industriales bajo un modelo de monocultura, y esta práctica ha sido denunciada por los costos socioambientales negativos (violación de derechos humanos, contaminación y abuso en el consumo de recursos hídricos) (WRM, 2008). Consúltese el Boletín del Programa de la Tierra Amigos del Bosque Internacional: https://www.foei.org/wp-content/uploads/2015/05/FOFO_01-2006_ES.pdf

5 “La variedad de formas de vida en la Tierra y sus interacciones representan tanto el desenlace como la continuidad del proceso evolutivo, su presencia es el atributo distintivo de nuestro planeta, y conforman lo que conocemos como diversidad biológica” (Durand y Neyra, 2010: 13).

6 “La distribución de la biodiversidad en el planeta sigue en general un patrón sencillo y contundente: la riqueza biológica tiende a incrementarse hacia el ecuador. Existen más especies por unidad de área en las zonas tropicales que en las zonas templadas, y éstas disminuyen aún más hacia los polos (…) En consecuencia, los países más diversos en términos biológicos son aquellos localizados en la franja comprendida entre el ecuador y los 20 grados de latitud norte y sur (trópicos de Cáncer y Capricornio) (Durand y Neyra, 2010: 15).

7 El tema de la soberanía asociada a las políticas de conservación de la naturaleza ha sido ampliamente debatido en diversos estudios desde la ecología política. Para algunos autores, el estudio de la política de creación de áreas naturales protegidas se presta para analizar la definición de la naturaleza desde el propio Estado. Discutir los aspectos de la soberanía territorial ofrece oportunidades únicas para estudiar cómo las políticas de la conservación desafían, fragmentan o erosionan dicha soberanía. En algunos casos se observa que las afirmaciones de soberanía que defiende un Estado rara vez son absolutas y casi siempre son situacionales y constantemente renegociadas en ámbitos locales y regionales (Igoe y Brockington, 2007). Ciertos autores proponen el concepto de soberanía articulada, en referencia a un conjunto de poderes mediante interacciones entre actores articulados dentro y más allá del Estado (Lundstrum, 2013: 3 en Neumann, 2015: 395). No hay duda, sin embargo, de que la intervención de diferentes actores (ong, empresas privadas y activistas, etcétera) sobre un espacio dado (sea la Selva Lacandona o la Amazonia), presupone una redefinición de la soberanía en los términos que impone la política neoliberal; podemos hablar, entonces, de soberanías disminuidas o renegociadas: ciertas funciones y atributos de gobierno son usurpados por entidades supranacionales (Neumann, 2015: 394-396).

8 La Amazonia comprende los territorios de varios países que se pueden clasificar en tres grandes regiones: 1) Amazonia brasileña; 2) Amazonia andina: Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia; 3) Amazonia de la Guayana: República de Guayana, Guayana Francesa, partes de Brasil, Surinam y Venezuela. La Amazonia es el más extenso ecosistema (bioma) de Brasil (4 200 232 km2), ahí se localiza 98.35 por ciento de las tierras indígenas (1 135 182 km2) y 75 por ciento de las unidades de conservación de este país (1 416 061 km2), es decir, las áreas protegidas legalmente en la Amazonia brasileña cubren prácticamente 26 por ciento de su territorio (Cruz, 2016: 152, 165).

9 Las economías registran cambios año con año; durante 2000 y 2002, México ocupaba el noveno lugar; en 2010, el decimosexto; y en 2014, el decimoquinto lugar de las economías en el mundo. En 2008, Brasil figuraba como la undécima economía, pero en 2010 se ubicó en la novena posición.

10 Decidí mantener este valor como una aproximación bastante cercana a la situación. En México, el salario mínimo se mantuvo en 76.20 pesos hasta 2017, que se aumentó a 87.50 pesos. De acuerdo con el tipo de cambio del 5 de mayo de 2018, el salario mínimo sería de 87.90 dólares, lo que además no toma en cuenta que en las áreas rurales e indígenas de México y Brasil el ingreso puede llegar a ser muy inferior.

11 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2017), respectivamente.

12 Tasa de crecimiento anual de 1.0 y 1.4, y una expectativa de vida de 72 y 68 años para México y Brasil, respectivamente (World Bank Group, 2018).

13 Esto contrasta notablemente con muchos de los estados amazónicos en territorio brasileño. Aquí la situación es inversa. Por ejemplo, en Roraima, un estado emblemático, 93 por ciento de su territorio (224 298 980 km2) está muy bien conservado, y sólo 6 por ciento se considera deforestado (Cruz, 2016: 173).

14 Durante su gobierno se decretaron 578 572 km2 de territorio amazónico con una modalidad de protección; 44.8 por ciento de esta superficie quedó en estatuto federal; y 55.2 por ciento, estatal (Cruz, 2016: 172).

15 Esto se refleja en el siguiente dato: 62.2 por ciento de las unidades de conservación (incluye áreas federales y estatales) se han dedicado a la conservación sustentable (uso directo), mientras que las de conservación integral (uso indirecto) representan 37.8 por ciento (Cruz, 2016: 169).

16 El concepto de tecnociencia asume que el saber científico es fundamentalmente de tipo operativo (Cadriere), es decir, que la ciencia se ha convertido en un medio de la técnica (Brun), véase Hottois (1999).

17 Al hablar de constelación de formas hacemos referencia a la proliferación de híbridos en la terminología de Bruno Latour y su equipo. De acuerdo con este autor, en su libro Nunca fuimos modernos (2007), el contrato de la modernidad se establece a partir de la separación de la esfera política y científica que impide la reflexión sobre los no humanos. La biotecnología, mediante la manipulación genética, recoloca el problema ontológico del ser, y con esto nuestra relación con las formas vivas no humanas.

18 Etnografías y trabajos relativamente recientes sobre la relación de las culturas amazónicas y su ambiente confirman esta aseveración, el lector se puede remitir a Diegues y Andrello (2001: 205-224) y Lagrou (2007); Toledo (2010), para el caso mexicano. La cosmovisión es el conjunto articulado de sistemas ideológicos con la cual un grupo social determinado aprehende el universo. El sistema ideológico es un conjunto articulado de ideas y creencias en torno a un campo de acción; en este caso, se refiere al conjunto de ideas, prácticas y percepciones relacionadas con lo que se denomina el ambiente.

19 Durand hace referencia a tres discursos centrales sobre la conservación de la diversidad en México: la conservación de la integridad ecológica, la conservación de la viabilidad para el desarrollo y la conservación de las relaciones con el entorno. Aclara que estos tres no agotan otros posibles discursos, los traslapes y las apropiaciones situacionales que los actores realizan de acuerdo con los cambiantes contextos sociopolíticos. Los dos primeros abrigan una perspectiva apolítica de la conservación, pues omiten cualquier consideración sobre las condiciones sociales, la justicia y las relaciones de poder. Si bien, en el segundo caso lo que prima es la confianza en los instrumentos de mercado. El tercer discurso (relaciones con el entorno) engloba las opciones que reflejan la producción del conocimiento a partir de la interacción social entre formas de conocimiento local, nativo, ciudadano y científico. En el primer caso se parte de la concepción de una naturaleza real, mientras que en el segundo caso se acentúa el carácter relacional, construido de la naturaleza (Durand, 2017: 118-119).

20 A finales de la década de los setenta, el economista David Barkin analizó el proyecto de desarrollo regional y reorganización campesina conocido como el Plan Chontalpa, en el estado de Tabasco, todavía desde las coordenadas del problema agrario (crisis productiva, acceso a la tierra e intervención del Estado en los asuntos organizativos), pero prestando escasa atención al desastroso cambio socioambiental provocado por dicho proyecto (Barkin, 1978). Lo mismo sucede con el estudio asociado, publicado dieciséis años después, La integración social de la Chontalpa (Arrieta, 1994).

21 Viola y Leis (1998) consideran, refiriéndose al ambientalismo brasileño, que surge en los primeros años setenta; hasta 1985 es de tipo bisectorial; sus temas: contaminación urbano-rural y preservación de ecosistemas. A partir de 1985, el ambientalismo brasileño se torna multisectorial, se suman diversos actores sociales y la agenda se amplía.

22 Lo que merece rigor metodológico y analítico es precisamente el juego entre lo local y lo global. ¿Hasta qué punto interfieren o definen las agencias internacionales de cooperación una política nacional de conservación?; o bien, ¿cuáles son las capacidades de maniobra de las comunidades y organizaciones no gubernamentales para conducir procesos y objetivos ligados a modelos alternativos de desarrollo? Éstas son algunas de las preguntas que considero vitales para entender la fluidez y complejidad de la conservación de la biodiversidad.

23 Éste es el caso del proyecto Reflorestamiento Ecológico Consorciado Adensado (reca), en los límites fronterizos de los estados de Acre, Rondonia y Amazonas, en la Amazonia occidental brasileña. Se trata de una experiencia exitosa de colonización con familias del sur de Brasil, dotadas de un espíritu emprendedor y bastante receptivo a nuevas tecnologías. Estas familias reciben todo el apoyo para establecerse y capacitarse dentro de la selva, practicando sistemas de cultivos perennes. La organización y administración centralizada permite la rotación de miembros y la ampliación del número de familias, pero principalmente una gestión ordenada de los recursos. Primero, una producción para cubrir las necesidades propias y un excedente comerciado en el entorno regional y con tendencia progresiva a mercados más amplios. Segundo, la diversificación de cultivos, acorde con la vocación de los suelos tropicales, está siendo reforzada por una diversificación de productos y servicios: conservas y ecoturismo. Nuestra pregunta: ¿cómo podría mantenerse esta experiencia sin la entrada constante de recursos económicos inyectados por la Iglesia católica francesa?

También en relación con los proyectos ecoturísticos en la Selva Lacandona, hay evidencias contundentes que muestran la polarización o la acentuación de las diferencias sociales entre aquellos favorecidos por los programas y proyectos y quienes son marginados por no encuadrar en las lógicas paternalistas o que no caben en el perfil de buenos prestadores de servicios turísticos (Trench, 2002).

24 Estos megaemprendimientos de desarrollo en el trópico mexicano y en el brasileño tuvieron su fuente de inspiración en el enfoque de cuencas hidrográficas usado por la Tennesse Valley Authority. De hecho, Brasil fue el primer país en emular este modelo al crear, en 1938, la Comisión del Valle del Río San Francisco. Este modelo se caracteriza por la presencia de un órgano político-administrativo que centraliza todas las decisiones relacionadas con el desarrollo de un territorio definido como unidad hidrológica natural (Melville, en prensa).

25 Para profundizar en este tema, vale remitirse al conflicto agrario por invasión legal e ilegal en la zona de Chimalapas, una acción promovida por el gobierno chiapaneco para que campesinos de este estado se asentaran en territorios comunales del grupo indígena zoque (Amoroz, 2013 y 2015).

26 Según los resultados obtenidos con tecnología de Raisg y MapBiomas, entre los años 2000 y 2017 se perdieron 29.5 millones de hectáreas en toda la región amazónica, un equivalente al territorio de Ecuador (Redacción Medio Ambiente, 2019).

27 Shelton Davis (1977: 27-30) destaca tres factores que tendrían impacto en los años posteriores a la segunda guerra mundial. El primero: en 1942 los gobiernos de Estados Unidos y Brasil firmaron un acuerdo bilateral para crear el mayor programa de asistencia en salud y control de infecciones en la cuenca amazónica: el Servicio Especial de Salud Pública (sesp, por sus siglas en inglés). Entre 1942 y 1960, el sesp recibió 16.8 millones de dólares. El segundo factor se relaciona con los programas de asistencia técnica, financiera y capacitación, y también por acuerdos bilaterales eu-Brasil, para el crecimiento de la fuerza aérea brasileña, a partir de la cual fueron construidas las pistas de aterrizaje que permitieron la primera incursión en la cuenca amazónica y su mapeamiento (Proyecto RADA). El tercer factor se relaciona con los desplazamientos de población, entre 1940 y 1950, de las regiones centrales de Brasil hacia las fronteras “inexploradas” de la Amazonia (Tocantins y el Alto Río Xingú). Sin embargo, hasta la década de los sesenta, estos movimientos no habían afectado el oeste amazónico.

28 Estas políticas incluían la exención de impuestos por un periodo de diez años; reducción de impuestos por ganancias percibidas en otras áreas para invertirlas en la actividad ganadera de la región y que toda la maquinaria agrícola importada estaría libre de tasas aduanales. La oferta tenía validez hasta 1974. Sólo la Suiá-Missu Ranch clareó 144 000 acres de selva, en su rancho de 5 000 millas cuadradas y construyó 60 millas de caminos de acceso para mantener 15 000 cabezas de ganado. La King Ranch of Texas, junto con la Swif-Armour Company of Brazil, estableció 180 000 acres de pastizales en Paragominas, Pará, para criar ganado con prácticas tecnológicas de Texas, Australia y Nueva Zelanda (Davis, 1977: 37).

29 “Las ciudades son los principales agentes funcionales del ordenamiento del espacio en las diferentes escalas geográficas y la red de ciudades —en su jerarquía, distribución de funciones y flujo de relaciones— constituyen el esqueleto de la organización del territorio” (Ministério do Meio Ambiente…, 1995: 101).

30 Un ejemplo de la vigencia de esta tendencia se puede encontrar en el estudio de Van Deuren (2017) sobre la reserva de la biosfera Bosawás, en la costa atlántica de Nicaragua. En el contexto de las pugnas para el ejercicio pleno de la autonomía territorial de las minorías érnicas (miskitos y mayagnas), se ha dado una serie de intromisiones por parte del Estado nicaragüense: con el pretexto de la institucionalización de dicha autonomía, en realidad se promueve la desestructuración de las organizaciones locales como estrategia de colonización e integración al proyecto nacional.

31 Es posible que el único caso de colonización del trópico mexicano con propósitos de defensa del territorio, es decir, de aseguramiento geopolítico, sea el Programa Balancán-Tenosique, en la frontera de Tabasco con Guatemala (Tudela, 1988).

32 Esta misma oposición se ha vuelto a reavivar ante el anuncio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del tren maya.

33 Uno de los objetivos del programa Avança Brasil, actualmente vigente, es asfaltar alrededor de 6 245 kilómetros de carreteras, lo que causaría una devastación calculada entre 120 y 270 000 kilómetros cuadrados de selva, y aumentaría en un tercio el área amazónica deforestada.

34 Definición de anp de Conanp: diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley (Conanp, 2016).

35 Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son 388, todas certificadas, y suman 417 562 hectáreas (Conanp, 2016).

36 Han sido reportadas 1 300 especies de plantas, y el número puede ascender a 2 000; 400 especies de aves (40 por ciento del total en el país); 102 mamíferos; 168 reptiles y anfibios y 89 peces. De las 1 149 especies animales, 21 son endémicas y 102 se encuentran en peligro de extinción.

37 Los Chimalapas alberga diez tipos diferentes de vegetación, entre éstos: bosques mesófilos y selva alta perenifolia; 145 especies de mamíferos, 316 de aves y 445 de mariposas. La variación altitudinal va de los 180 hasta los 1 200 msnm, con una precipitación anual de 1 500 mm.

38 Entre las ong que trabajan en la zona encontramos: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, Maderas del Pueblo del sureste, A.C., Pronatura. El Global Environment Facility (GEF) financia proyectos.

39 Las unidades de protección integral son: 1) estación ecológica, 2) reserva biológica, 3) parque nacional, 4) refugio de vida silvestre, 5) reserva particular de patrimonio natural, 6) monumento natural. Las unidades de uso sustentable son: 7) área de protección ambiental, 8) área de relevante interés ecológico, 9) floresta nacional, reserva extractivista, 10) reserva de desarrollo sustentable y 11) reserva de fauna.

40 Este concepto lo encontré en varios documentos técnicos y en estudios dedicados al aprovechamiento de los recursos forestales no maderables. Básicamente, se trata de insistir en la vocación productiva diversificada de los bosques tropicales lluviosos. En este caso, a expensas de un manejo destinado a mercados especializados de consumo, se promueven cultivos compatibles con el ecosistema a los cuales se les pueda agregar valor por medio de su procesamiento en la propia región y para beneficio de las comunidades locales (Emperaire, 2000). Algo semejante ha sido promovido por la empresa brasileña de cosméticos Natura (Guzmán, 2004).

41 Llama la atención la oposición de los chinantecos del municipio de San Felipe Usila, Oaxaca, a la construcción de una presa hidroeléctrica concesionada a una empresa llamada Enersi, S.A. de C.V. El mismo grupo étnico afectado a finales de la década de los setenta y primeros años ochenta, cuyo traslado involuntario he comentado en este ensayo, se ha negado a aceptar este proyecto, a pesar de que se les ha querido vender como una opción para la producción de energía renovable (De Ita, 2018: 31).

42 Por citar dos ejemplos de este tipo de desafíos: 1) las áreas naturales protegidas deben prohibir definitivamente proyectos mineros y todos aquellos que impliquen severos impactos en la calidad y disponibilidad de recursos esenciales como el agua, los bosques y las propias poblaciones humanas. En la actualidad, en 30 por ciento de estas áreas en México existen actividades mineras; 2) los esquemas voluntarios de conservación deben ser impulsados mediante políticas públicas permanentes.

43 El caso de la reserva de la biosfera Montes Azules, en Chiapas, es un excelente ejemplo de esta situación. Se trata de una reserva en medio de un conflicto armado y, por tanto, sujeta a intensas dislocaciones, traslados y reacomodos poblacionales. El gobierno federal y las instituciones ambientalistas aseveran que las comunidades indígenas desplazadas están invadiendo la reserva; éstas, empleando una retórica indigenista y un discurso ambientalista, se defienden asumiéndose nacionalistas y, por ende, opuestas al saqueo de recursos: “Son las grandes corporaciones multinacionales —que se ocultan detrás de los grupos ecologistas— las que están interesadas en el desalojo para saquear los secretos de la selva” (Pérez, 2001: 38).

La naturaleza que nunca murió.

Un ensayo de ecología política sobre el desarrollo

y la conservación en el trópico húmedo en México y Brasil

de Mauricio Genet Guzmán Chávez.

se terminó de convertir a EPUB el 12 de noviembre de 2019

en el estudio de Editorial Albatros (EASACV), S. A. de C. V.,

Cafetal, núm. 537, Col. Granjas México, alcaldía Ixtacalco,

C. P. 08400, Ciudad de México. Tel.: 55 6462 2355.

La composición tipográfica la realizó Eugenia Calero.

La edición estuvo al cuidado de la Unidad de Publicaciones

de El Colegio de San Luis y el autor.