Primera edición en formato digital, 2022

© Adriana Zárate Escobar

D.R. © El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Fracc. Colinas del Parque

San Luis Potosí, S. L. P. 78294

www.colsan.edu.mx

E-ISBN: 978-607-8794-95-9

Conversión a ePub: Maygualida Alba

Hecho en México

Índice

Índice de Mapas

Índice de Tablas

Introducción

Capítulo I.

Hablemos del derecho a la ciudad

Capítulo II.

Descripción de los casos

Capítulo III.

Análisis de los casos de estudio. Un acercamiento a la aplicación del derecho a la ciudad en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

ANEXO 1. 216

ANEXO 2. 221

ANEXO 3. 231

ANEXO 4. 244

ANEXO 5. 261

ANEXO 6. 281

ANEXO 7. 298

A Carmen y a Jorge, por todo el amor, el acompañamiento y el conocimiento.

A Maricarmen y a Laura, por su amistad, hermandad y sororidad.

A Enriqueta, por todo el trabajo, el cariño y por siempre apostar por sus estudiantes.

Este libro fue posible gracias al apoyo otorgado mediante el proyecto Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí: una antropología de la percepción y los espacios urbanos, financiado por el Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.

Agradecimientos

Nunca está de más hablar del esfuerzo colectivo que representa llevar a cabo una investigación de principio a fin. Por ello, quisiera dar este espacio para reconocer y agradecer a las personas y los lugares que acompañaron los años que vieron este trabajo en su producción y consolidación. Sin ustedes, eso no hubiera sido posible.

Quiero comenzar agradeciendo a Cecilia Costero, por su acompañamiento y dirección en esta investigación, por su cariño y por la oportunidad que me brindó para escribir sobre lo que me apasiona.

A Enriqueta Serrano, por ser una gran profesora, trabajar y creer siempre en sus estudiantes y por su presencia incondicional durante mi tránsito la licenciatura.

Al proyecto de “Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí: una antropología de la percepción y los espacios urbanos”, del programa de antropología de El Colegio de San Luis A.C., por haberme brindado mi primera experiencia en la investigación, en especial a Arturo Gutiérrez del Ángel, por confiar en mi trabajo, y a Miguel Ortiz por su entusiasmo, su interés y sus consejos.

A los dos espacios que me dieron muchas herramientas al transitar mi servicio social en la licenciatura. En primer lugar, al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.A.C., por enseñarme el trabajo arduo que hay detrás de la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de San Luis Potosí, que me introdujo al mundo de la cartografía, razón por la cual es una herramienta de análisis importante en esta investigación.

A mis compañeras y compañeros, amigas y amigos, con quienes realicé el tránsito de la licenciatura y con quienes sigo caminando y aprendiendo, en especial a María, a Iraida, y a Martín. A Dani Márquez, por todo su apoyo en mi paso por el Colsan y por su gran amistad.

A Jorge, María Carmen, Laura y Mary, mi familia.

A las personas que entrevisté, que me permitieron escucharles y me compartieron sus visiones y sus espacios.

A la gente que habita y resiste en los barrios de San Luis Potosí.

A todas las personas que hacen difusión de la ciencia.

A todas las que trabajan para que el conocimiento sea libre y gratuito.

Índice de Mapas

Mapa 1. Los siete barrios de la ciudad de San Luis Potosí

Mapa 2. Espacios culturales y religiosos de los barrios de San Miguelito y San Sebastián

Mapa 3. Espacios dedicados a la educación en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

Mapa 4. Espacios destinados al deporte en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

Mapa 5. Espacios destinados a la salud en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

Mapa 6. Juntas de Mejoras Vecinales del barrio de San Sebastián

Mapa 7. Juntas de Mejoras Vecinales del barrio de San Miguelito

Mapa 8. Restricción del paso a automóviles en el barrio de San Sebastián

Mapa 9. Restricción del paso a peatones en el barrio de San Sebastián

Mapa 10. Disponibilidad de recubrimiento de la calle en el barrio de San Sebastián

Mapa 11. Disponibilidad de banquetas en el barrio de San Sebastián

Mapa 12. Disponibilidad de rampas para sillas de ruedas en el barrio de San Sebastián

Mapa 13.Disponibilidad de alumbrado público en el barrio de San Sebastián

Mapa 14. Restricción del paso a peatones en el barrio de San Miguelito

Mapa 15. Restricción del paso a automóviles en el barrio de San Miguelito

Mapa 16. Disponibilidad de recubrimiento de la calle en el barrio de San Miguelito

Mapa 17. Disponibilidad de banquetas en el barrio de San Miguelito

Mapa 18. Disponibilidad de rampas para sillas de ruedas en el barrio de San Miguelito

Mapa 19. Disponibilidad de alumbrado público en el barrio de San Miguelito

Mapa 20. Zona de Monumentos del Centro Histórico de San Luis Potosí

Mapa 21. Impliación del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí

Índice de Tablas

Tabla 1. Antecedentes internacionales del derecho a la ciudad

Tabla 2. El derecho a la ciudad en América Latina

Tabla 3. Dimensiones del derecho a la ciudad

Tabla 4. La dimensión de la participación ciudadana

Tabla 5. Asignación presupuestal de los barrios de San Luis Potosí (2009-2016)

Tabla 6. Elección de 2017 de Mesas Directivas para las JMV del barrio de San Sebastián

Tabla 7. Elección de 2017 de Mesas Directivas para las JMV del barrio de San Miguelito

Introducción

Tenemos derecho a exigir igualdad cuando la desigualdad nos inferioriza, pero tenemos el derecho de reivindicar las diferencias cuando la igualdad nos descaracteriza, nos oculta o nos desconoce.

Declaración de Redes Feministas de América Latina y el Caribe, CEPAL, México, 2004

Las ciudades se enfrentan a cambios de forma constante y permanente, los cuales se generan en función de aspectos contingentes que surgen de contextos locales, nacionales e internacionales, junto con las necesidades que se observan en un corto, mediano y largo plazo. Esto, con el paso del tiempo, modifica las dinámicas que tienen las personas que habitan determinados espacios. Por eso, una ciudad “no es únicamente una realidad física, es también un sistema de relaciones entre personas en teoría libres e iguales” (Borja, 2013:105). Su desarrollo tiende a una evolución continua en la que, “a pesar de su inercia cambian con el tiempo y se van adaptando a distintas necesidades de sucesivas generaciones de un modo que sea perceptible para sus propios habitantes” (Corti, 2015: 25). Es decir, las ciudades, más allá del espacio físico tangible, también conforman un espacio de intercambio que construye día a día las interacciones entre quienes las habitan. En este sentido, se puede afirmar que el espacio se encuentra en constante construcción y, por lo tanto, es un proceso.

Las ciudades, además, se encuentran en una inevitable transición en la que su crecimiento no sólo ha dado cabida al gran salto entre la vida rural y urbana, sino que además ha generado un nivel de urbanización de gran escala en el ámbito internacional que aumenta con rapidez y que seguirá incrementándose en el futuro de forma significativa, acentuando las desigualdades que se viven dentro de los espacios urbanos. Una muestra de esto es que se estima que para el año 2030 seis de cada diez personas en el mundo vivirá en áreas urbanas, y el mayor crecimiento se observará en países de África, Asia, América Latina y el Caribe (ONU-Hábitat, 2012, párr. 2).

A esto se le suma el desarrollo suburbano incoherente que David Harvey (2013) llama nuevo urbanismo, donde “se proclaman las excelencias de la vida en comunidades apartadas (supuestamente íntimas y seguras, a menudo valladas y cerradas al exterior) en las que los promotores inmobiliarios prometen un estilo de vida refinado supuestamente capaz de cumplir todos los sueños urbanos” (2013: 35). Esto es una muestra de la mercantilización que está sufriendo la ciudad, en la que el acceso a servicios básicos, que antes eran considerados derechos, se vuelven productos que sólo se encuentran al alcance de aquellos que pueden pagarlos. Como dice Harvey: “La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que tienen dinero, como lo ha hecho la propia ciudad” (2013: 34).

Lo anterior es una muestra del escenario actual en el que las ciudades se están pensando, construyendo y produciendo; de cómo el capital es el que prima sobre las necesidades de los habitantes al hablar de desarrollo urbano. De cómo estos últimos han dejado de ser los actores principales de las ciudades, al despojarlos del ejercicio de derechos y de obligaciones y, a su vez, al crear incertidumbre y exclusión.

Ante dicho escenario se ha buscado generar propuestas que apunten a la transformación del modelo urbano actual, con el objetivo de alcanzar, como Jacobs señala, “otra planificación que tenga en cuenta la experiencia cotidiana y las necesidades de las personas [...] capacitadas para decidir qué tipo de espacio urbano quieren y necesitan” (2011: 12).

Una de estas propuestas surge en Europa, la cual busca producir una ciudad más justa e incluyente, al mismo tiempo que intenta reivindicar el derecho del uso del espacio, al colocar a los habitantes en el centro para la producción del hábitat: el derecho a la ciudad. Este concepto de carácter contingente se construye de forma paralela desde el ámbito académico y desde grupos de la sociedad civil, por lo cual se retoma y se transforma en iniciativas colectivas desde diferentes redes internacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales (Hic-al, 2006: 17).

Este derecho se piensa como una alternativa que pretende contrarrestar los nuevos modelos de urbanización. Sin embargo, a pesar del papel reivindicador que enmarca el concepto del derecho a la ciudad, éste se ha enfrentado con problemas y obstáculos al momento de trasladarlo a la realidad para su aplicación. Esto ha complicado el ejercicio de los derechos y las obligaciones que conlleva, así como su introducción dentro de marcos normativos que cuenten con mecanismos claros y viables. Una de las razones por las que esto ocurre es que el derecho a la ciudad representa una multiplicidad muy amplia de visiones, posicionamientos y reivindicaciones, que dan cabida a los siguientes cuestionamientos: ¿Derecho a la ciudad para quién? ¿Derecho a qué tipo de ciudad? ¿A partir de dónde exigir el derecho a la ciudad, desde lo institucional o la autogestión?

Es por esto que existe la necesidad de hacer una revisión teórica del concepto. En primer lugar, desde que se da una interacción entre las reivindicaciones de luchas sociales y los trabajos de investigación académica. En segundo lugar, desde que el derecho a la ciudad es tomado en cuenta en el ámbito internacional y es incorporado en actas y convenios de organismos internacionales que logran trasladarlo a los marcos normativos de los Estados. En tercer lugar, desde que se busca su implementación en los marcos normativos de los Estados, modificados a partir de los diferentes acuerdos, para su puesta en marcha en el ámbito local. Realizar el recorrido mencionado permitirá mostrar una aproximación a un panorama histórico del concepto, de la mano de la posibilidad de observar y conocer cómo se encuentra situado el derecho a la ciudad en las diferentes instituciones que han realizado esfuerzos por incluirlo.1

El caso que puede ilustrar este recorrido es el de México, ya que este país es firmante de las declaraciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en torno al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), lo cual ha devenido en cambios dentro de su legislación en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos. Además, la introducción del concepto al país ha generado propuestas dentro de sus estados para posicionar en la agenda el derecho a la ciudad. Tal es el caso de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad creada en 2010 por grupos de la sociedad civil de la Ciudad de México.

En México se observa un patrón de reforzamiento de la desigualdad a partir de la planeación y la implementación de proyectos de desarrollo urbano que se repite y se replica a lo largo y ancho de cada uno de los estados que forman parte de él. El caso específico de la capital de San Luis Potosí no es la excepción; en él podemos encontrar grandes proyectos inmobiliarios que han sido creados para prometer lujo, “bienestar” y “seguridad” en espacios ubicados en la periferia, muchos de los cuales han sido gestionados dentro de un escenario de incertidumbre y un importante margen de irregularidad que, a su vez, ha creado burbujas y microciudades dentro de la misma ciudad. Esto, además de favorecer a la mercantilización de la ciudad, también desfavorece, e incluso olvida y relega, a la contraparte de lo prometido como lo “moderno” y lo “nuevo”, y contribuye al abandono de ciertos espacios y, por lo tanto, los convierte en lugares más inseguros.

En el momento de esta investigación, San Luis Potosí no contaba con una legislación estatal o municipal que introdujera el concepto del derecho a la ciudad, ni propuestas de proyectos que buscaran influir al respecto. Sin embargo, el derecho a la ciudad se estudió a partir de diferentes dimensiones, lo cual nos permite conocer cómo es la aplicación de este derecho en espacios específicos, sobre todo aquellos que se encuentran en abandono o descuidados, lo cual podría devenir en muchas otras cualidades calificadas como negativas para la población interna y externa de dicho espacio.

Es por lo anterior que los casos que se seleccionaron para esta investigación son dos barrios de la ciudad de San Luis Potosí: San Miguelito y San Sebastián. Hacia los barrios, y dentro de ellos, existe un discurso de dualidad expresado por la población potosina: por un lado, son considerados importantes atractivos de la ciudad, que representan el surgimiento y el crecimiento de la misma. A esto se debe que sean de los principales puntos de interés, sobre todo durante celebraciones religiosas y en diversas actividades culturales que ahí se llevan a cabo. Por otro lado, podría decirse que hoy están incluidos en el imaginario social que se ha formado en torno al Centro Histórico debido a que, tanto las personas que son ajenas a ellos como las que viven dentro de ellos, los consideran espacios inseguros.

La construcción social de la inseguridad respecto de los barrios de la ciudad de San Luis Potosí ha ido en aumento, lo cual se ha acompañado de las narrativas que la prensa local ha generado en torno a ellos. En el seguimiento noticioso que se muestra en el Anexo 1 se puede observar la recopilación de encabezados que ponen al centro el reporte de sucesos de violencia, asesinatos y delincuencia dentro de los barrios. Si bien es cierto que estos hechos violentos y de inseguridad ocurren, así como también suceden en la ciudad en general, también es evidente que los medios de comunicación tienden a mostrar a los barrios únicamente como peligrosos. La otra cara de la narrativa sobre los barrios apunta a una cuestión más tradicional y turística, pero no es la que prima en los medios locales.

Del panorama que se ha descrito surge la inquietud de analizar las condiciones de la aplicación del derecho a la ciudad dentro de San Luis Potosí, específicamente, dentro de los barrios que retomo como casos de estudio. Por ello, la pregunta que guía este trabajo es: ¿Cómo se aplica el derecho a la ciudad en las dimensiones de participación ciudadana, movilidad y patrimonio cultural dentro de los barrios de San Miguelito y San Sebastián? Aunado a esto, es posible reconocer que hay diferencias importantes entre estos barrios, por lo que surge una pregunta complementaria a la anterior: ¿Por qué es diferente la aplicación del derecho a la ciudad entre ambos barrios?

De la mano de estas preguntas hay otras que complementan el análisis: ¿Cuál y cómo ha sido el proceso y desarrollo que ha seguido el concepto del derecho a la ciudad desde su surgimiento hasta la actualidad? ¿Cómo y dónde se ven reflejados los mecanismos que existen en el ámbito internacional para ejercer el derecho a la ciudad en los marcos normativos del estado de San Luis Potosí? ¿Cuál ha sido la discusión que se ha desarrollado en el estado de San Luis Potosí sobre las tres dimensiones centrales para el estudio del derecho a la ciudad, que son, la participación ciudadana, la movilidad y el patrimonio cultural?

Lograr responder a estas preguntas contribuirá a alcanzar el objetivo general que recae en dar cuenta de la aplicación del derecho a la ciudad en los barrios San Miguelito y San Sebastián del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, con base en las dimensiones de participación ciudadana, movilidad y patrimonio cultural. Asimismo, se mostrarán las diferencias que existen entre ambos, a partir de un trabajo descriptivo que permitirá dar indicios para una posible explicación.

De igual manera, hay una serie de objetivos específicos que consisten, en primer lugar, en delimitar el concepto del derecho a la ciudad a partir de su surgimiento paralelo en espacios académicos y de organización y movilización social, hasta la forma en la que ha sido acogido por organismos internacionales. A la vez, este recorrido contempla la forma en la que se ha ido adoptando en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina y, de forma más específica, en México. Y, en segundo lugar, conocer y mostrar cómo lo anterior ha tenido relación en el desarrollo del marco normativo del estado de San Luis Potosí y hasta dónde ha llegado la discusión de manera local en torno a dicho concepto.

El argumento principal de esta investigación se centra en dos respuestas tentativas. La principal es que la ciudad de San Luis Potosí cuenta con marcos normativos deficientes para hacer valer la aplicación del derecho a la ciudad. Esto es la causante de la condición vulnerable que ostenta este derecho dentro de los barrios del Centro Histórico de la capital, lo cual repercute de forma negativa en el propio ejercicio de las tres dimensiones retomadas: la participación ciudadana, la movilidad y el patrimonio cultural. Gracias al trabajo realizado a lo largo de esta investigación se pudo encontrar información que respalda este argumento.

En cuanto a los casos retomados, a pesar de su contigüidad y de las características que comparten en el ámbito histórico, pero también religioso, cultural, social y económico, se planteó la existencia de diferencias sustanciales entre ellos dentro de las dimensiones que forman parte del derecho a la ciudad. Estas diferencias, se pensaba, recaían en las condiciones de seguridad, la inversión desigual en infraestructura, los proyectos culturales y deportivos, y la forma de implementar los mecanismos de participación ciudadana que se generan dentro de cada uno de ellos. Esto permitiría mostrar una aplicación distinta del derecho a la ciudad entre dichos barrios.

Además, se asumía que la diferencia en la aplicación del derecho a la ciudad entre el barrio de San Sebastián y el barrio de San Miguelito se encontraba asociada a las condiciones que existían al momento de hacer uso del espacio público para ejercer la participación ciudadana; el nivel de inversión en infraestructura incluyente para realizar la movilidad, de la mano de las posibilidades de acceso a las centralidades de la ciudad; las repercusiones que han generado las declaratorias de Zonas de Monumentos y de patrimonio cultural, junto con las monumentalidades y la creación de sentimientos de identidad. Sin embargo, este segundo argumento no contó con respaldo suficiente ya que se encontró que entre los barrios sí existen diferencias en cada una de las dimensiones abordadas, pero no presentaron elementos que permitieran establecer que realmente existiera una aplicación distinta del derecho a la ciudad dentro de ellos.

En este trabajo presentaré un breve panorama del surgimiento del derecho a la ciudad, que permita una visión que incluya las facetas más importantes del desarrollo del concepto en el mundo; en este recorrido se enfatizará el papel que ha mantenido en América Latina. Un estudio amplio global del concepto requeriría una revisión exhaustiva y recursos materiales y humanos con los que no se contaron en esta investigación. Por ello, para trasladar esta discusión a un espacio específico, se pondrá especial atención en el estudio del marco normativo que existe en torno al derecho a la ciudad en México. Esto se debe a que este país ha participado constantemente en el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), lo cual ha devenido en cambios dentro de su legislación nacional, lo que ha repercutido en los contextos locales.

Una vez realizado esto, ahondaré en la normatividad y en el panorama que hay en torno a este derecho en materia urbana dentro del estado de San Luis Potosí, así como dentro de su capital. Puesto que en esta investigación se parte de la premisa de que el derecho a la ciudad es un conglomerado de dimensiones que albergan diversos derechos, se retomarán únicamente tres de éstas: la participación ciudadana, la movilidad y el patrimonio cultural.

Dichas dimensiones fueron seleccionadas con base en los ámbitos que éstas cubren: el social, el cultural y el político. Además, cada una de ellas permite abarcar alguna de las otras dimensiones que forman parte del derecho a la ciudad. La dimensión de participación ciudadana alberga el derecho al uso del espacio público; en el derecho a la movilidad se observa también el derecho al acceso a las centralidades; por último, el derecho al patrimonio cultural y monumentalidad tiene que ver con el derecho a la identidad. Para aterrizar esta observación, como se ha mencionado con anterioridad, se tomarán como casos de estudio los barrios de San Miguelito y San Sebastián del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, los cuales se analizarán a partir de las dimensiones señaladas.

La finalidad es mostrar un panorama general del concepto del derecho a la ciudad, para así trasladarlo a un contexto específico, que enfatice la importancia de la planeación de la ciudad a partir de las necesidades y particularidades locales, y que incluya espacios con dinámicas diversas, como lo son los barrios. El ejercicio de partir de una perspectiva internacional, para después hacer un recorrido histórico y terminar puntualizando en lo local permite dar a conocer el desarrollo que ha tenido este concepto, las aristas y los vacíos con los que cuenta, y los obstáculos a los que se ha enfrentado con el paso del tiempo.

Este trabajo de investigación mantiene un valor teórico respecto al concepto del derecho a la ciudad ya que permite hacer una revisión de la literatura que existe en torno a él, y brinda un panorama internacional, nacional y local de cómo ha sido abordado en los diferentes niveles. A su vez, este trabajo resulta relevante a nivel local dentro de San Luis Potosí ya que permite conocer si existe una discusión sobre el concepto dentro diferentes espacios, como lo son las instituciones que se encargan de la planeación, la academia, el activismo y el gremio inmobiliario; y desde qué enfoque se está llevando a cabo esta discusión.

Aunado a esto, estudiar la aplicación del derecho a la ciudad dentro de los barrios de la capital con base en las dimensiones seleccionadas permitirá realizar una propuesta de estudio. Esto resulta de gran valor ya que se suma a la construcción de conocimiento debido a que los estudios que existen en torno a los barrios de San Luis Potosí son, en su mayoría, realizados desde enfoques de disciplinas como la historia, la arquitectura, la antropología y la literatura. Por ello, no existen estudios desde una perspectiva que dé cuenta de la interacción entre lo global y lo local, aspecto que otorga relevancia al desarrollo de la presente investigación.

Este trabajo también cuenta con un valor social importante para el contexto local, ya que podría aportar a la formulación de discusiones en torno a cómo se construye la ciudad, no sólo desde las trincheras de la arquitectura y del diseño urbano, sino también desde una perspectiva internacional que retoma las propuestas globales, pero que se enfoca principalmente en construir a partir de contextos locales.

Los barrios de San Miguelito y San Sebastián fueron seleccionados por diversas razones. En primer lugar, porque “el origen de los siete barrios que hoy forman parte de la mancha urbana de San Luis Potosí es la fundación misma del pueblo de San Luis” (Quezada, 2013: 15), por lo que ambos barrios tienen un papel fundamental en el desarrollo urbano de la ciudad de San Luis Potosí, lo cual los dota de una gran riqueza histórica. Por lo tanto, estos dos barrios han sido parte fundamental del inicio del desarrollo urbano, social y económico de la ciudad. En segundo lugar, porque los dos barrios representan lugares importantes en el imaginario potosino, tanto cultural como tradicional, lo cual difiere de los otros cinco barrios fundacionales. En tercer lugar, porque ambos barrios, a pesar de contar con lo anterior, han mostrado el crecimiento de ciertas condiciones sociales, económicas, urbanas y de seguridad que apuntan a una condición de desarrollo desigual dentro de la mancha urbana potosina, en comparación con la otra parte tradicional de la ciudad, que es el Centro Histórico.

Debido a esto, para analizar ambos barrios se utilizó el método de investigación de casos más similares2 de Seawright y Gerring (2008), Así, los casos difieren en una dimensión (X) y en el resultado (Y), lo que muestra que la presencia o ausencia de X es la que causa la variación en Y (Seawright y Gerring, 2008: 304). De esta forma, se tomó en cuenta que las dimensiones del derecho a la ciudad (participación ciudadana, patrimonio cultural y movilidad) (X) son la causa en la variación de la aplicación del derecho a la ciudad en estos barrios (Y). Esto permitió realizar, como parte del análisis, una propuesta explicativa de por qué podrían, o no, existir diferencias en la aplicación de las tres dimensiones en los casos de estudio.

Para observar ambos casos y llegar a los objetivos planteados fue necesario cumplir diversas etapas de la investigación con una metodología cualitativa. En un inicio se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre el derecho a la ciudad y sus diferentes enfoques. Después se exploró el posicionamiento de este concepto en las Organizaciones Internacionales, así como su inserción en América Latina y en México. De la mano de este proceso, se estudiaron los marcos normativos internacionales de los cuales México es signatario, a la par de la legislación que este país ha desarrollado a partir de su participación en ONU-Hábitat.

Siguiendo con lo anterior, se observaron los procesos de construcción e inserción del concepto dentro del estado de San Luis Potosí, así como de su capital, para poder hacer el estudio de casos de los barrios de San Miguelito y San Sebastián. Para representar dicho panorama, se recurrió a fuentes primarias y secundarias de información. En las fuentes primarias se elaboraron seis entrevistas con cuestionarios semiestructuradas que se realizaron de forma anónima a informantes clave que tienen un papel importante en diversas áreas dentro de la capital de San Luis Potosí. La selección de las personas entrevistadas para ese trabajo se basó en la relevancia que tenían los cargos ocupados en el momento de la entrevista para dar cuenta de elementos esenciales para cada una de las dimensiones retomadas del derecho a la ciudad, y la disponibilidad de los actores al momento de elaborar la investigación. Entre ellos se encontraban académicos, arquitectos, activistas, servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios.

Las fuentes secundarias están compuestas por información procedente de los sitios web de dependencias gubernamentales y autónomas de la ciudad de San Luis Potosí (SLP), como la página oficial del Ayuntamiento de SLP, información legislativa y diferentes bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A la par, se hizo un uso constante de recursos cartográficos, los cuales representaron una herramienta esencial de análisis, cuya mayoría son de elaboración propia, con apoyo del software de Mapa Digital del INEGI.

Dentro de este análisis ha sido tomada en cuenta la temporalidad que abarca los años de 2015 al 2017, puesto que este primero es el año en el que dio inicio un periodo de gobierno del estado de San Luis Potosí, junto con el del Ayuntamiento de la capital, lo cual facilitó la selección de informantes que cumplían alguna función de servicio público. Dicha información fue transcrita para ser procesada y analizada con la ayuda del programa Atlas.T1.

Las entrevistas se planearon de tal modo que se lograra reconocer la forma de la aplicación del derecho a la ciudad dentro de San Luis Potosí y de los barrios que corresponden a los casos de estudio. A su vez, se priorizó la selección de informantes que abonaran a la construcción del panorama de las dimensiones de participación ciudadana, movilidad y patrimonio cultural, tanto en San Luis Potosí como en ambos barrios. Dichas entrevistas se llevaron a cabo durante la mitad del segundo semestre de 2017.

El capitulado de este libro está pensado para dar seguimiento a lo que se ha subrayado anteriormente. En el Capítulo I se realiza una revisión teórica del concepto del derecho a la ciudad, y se señalan las diferentes dimensiones que lo conforman a partir de la revisión de la literatura. A su vez, se desarrollan las tres dimensiones retomadas del derecho a la ciudad: la participación ciudadana, la movilidad y el patrimonio cultural. Esto se acompaña de un breve recorrido histórico de la inserción de este derecho colectivo en Organismos Internacionales, con un especial énfasis en el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). A la par se plasmó el panorama de cómo este concepto ha repercutido en la región de América Latina y en los diferentes países que la conforman.

Esto abre paso al Capítulo II en el que se presenta, a partir de los antecedentes brindados, cómo ha sido abordado el derecho a la ciudad en el contexto mexicano, de la mano de su inserción en los propios marcos normativos, como se puede constatar en la Ley General de Asentamientos Humanos (2016) y en otras propuestas surgidas en el país. Tras haber realizado ese recorrido, se puso especial énfasis en los marcos normativos del estado de San Luis Potosí que refieren a las tres dimensiones retomadas para el análisis. En esta revisión se introdujo la noción de ciudadanía y las implicaciones que ésta tiene, tanto en el estado de San Luis Potosí, como en la propuesta que surge del derecho a la ciudad. El recorrido anterior da entrada a la descripción de los estudios de caso: el barrio de San Miguelito y el barrio de San Sebastián. En esta descripción se brinda un breve recorrido histórico de cada uno de ellos y una aproximación a su panorámica actual para dar pie al análisis.

En el Capítulo III se desarrolla el análisis de los estudios de caso. Para favorecerlo, en este capítulo se introduce la información que fue recabada de las fuentes primarias y secundarias consultadas. Se incorporan partes relevantes de la transcripción de las seis entrevistas semiestructuradas y los sitios de información web de diferentes dependencias y organismos autónomos, respectivamente. Esto con la finalidad de mostrar en qué condiciones se encuentra el concepto del derecho a la ciudad en el municipio de San Luis Potosí, en qué espacios se está llevando una discusión al respecto y qué se entiende por dicho concepto en el ámbito local. Aunado a esto, se muestran los resultados del análisis de los casos de estudio en torno a los barrios de San Sebastián y San Miguelito en las dimensiones de participación ciudadana (uso del espacio público), movilidad (acceso a las centralidades) y patrimonio cultural (identidad).

Para finalizar este capítulo, se muestran las similitudes y diferencias que se encontraron entre los barrios dentro de las tres dimensiones. A la vez, se agregan temas adyacentes que surgieron a lo largo de las entrevistas, como la inseguridad y el abandono de los barrios, y el fenómeno de la posible gentrificación que se vislumbra en ellos. Se consideró que era de gran importancia señalar ambos temas, aunque sea de forma breve, porque son dos cuestiones que pueden impactar de forma negativa en la aplicación del derecho a la ciudad, en tanto que impiden el libre tránsito por ella, en lo que respecta a la inseguridad, y genera problemas de especulación de vivienda y expulsión, en lo concerniente a la gentrificación. Por último, se brindan las conclusiones a las que se llegó en esta investigación.

1 Dicho concepto se ha introducido de formas muy diversas, tanto en el discurso, como en la legislación y en diferentes propuestas que han permitido incluirlo a los marcos normativos de países y organizaciones internacionales. Ejemplos de esto se observan en México y Brasil. En el primer caso está la modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, realizada el día 28 de noviembre (2016) en el Capítulo 2°, artículo 4°, primer párrafo, en el que se introduce el concepto del derecho a la ciudad. En el segundo caso, hay un esfuerzo por introducir este concepto dentro del marco normativo brasileño, llamado El estatuto de la Ciudad, nuevas herramientas para garantizar el derecho a la ciudad en Brasil (Instituto Pólis, 2002), en donde se propone un cambio de los artículos 182° y 183° de la Constitución Federal en materia de política urbana, guiado por el eje del derecho a la ciudad.

2 Most similar method, en el texto original en inglés (Seawright y Gerring, 2008).

Capítulo I. Hablemos del derecho a la ciudad

Le droit à la ville se manifeste comme forme supérieure des droits: droit à la liberté, à l’individualisation dans la socialisation, à l’habitat et à l’habiter. Le droit à l’œuvre (à l’activité participante) et le droit à l’appropriation (bien distinct du droit à la propriété) s’impliquent dans le droit à la ville.

Henri Lefebvre

Habitar una ciudad representa retos en diferentes aspectos, tanto económicos, como sociales, políticos, culturales, de seguridad, entre otros. Las ciudades se definen como aquellos espacios públicos abiertos, en los que coexisten realidades histórico-geográficas, socioculturales y políticas, enriquecidas por pautas comunes que permiten generar identidades (Borja, 2003: 21). Para entender las dinámicas que se desarrollan dentro de las ciudades es necesario tomar en cuenta contextos específicos y la forma en la que se habita y se modifica el espacio, considerando siempre que el uso que se le da no es neutro. Esto desde la premisa de que hay diferentes interpretaciones del espacio, por lo cual existen cambios en cómo se actúa y se vive dentro de él (Harvey, 1990: 229).

A su vez, las ciudades se encuentran sometidas a un proceso de crecimiento que conlleva implicaciones de diversas índoles, las cuales muchas veces apuntan a situaciones de desigualdad. Tal crecimiento genera las condiciones suficientes para que el uso de la ciudad devenga en la mercantilización del espacio, así como en el despojo del ejercicio de derechos. Este escenario permite que surja una propuesta que tiene como objetivo reivindicar la forma en la que se piensa, se construye y se vive la ciudad: el derecho a la ciudad.

Actualmente este concepto ha sido retomado por diversos Organismos Internacionales que han buscado crear marcos normativos de alcance global para lograr la aplicación efectiva del derecho a la ciudad. Para entender cómo se ha desarrollado esto es necesario establecer qué es el derecho a la ciudad y cuáles son las dimensiones que lo integran. Esto con la finalidad de complementar la parte teórica con un recorrido histórico que permita conocer la forma en la que está posicionado este derecho en los ámbitos internacional, regional, nacional y local.

El derecho a la ciudad desde la teoría

El concepto del derecho a la ciudad surgió en la década de 1960 en un escenario urbano que mostraba una “difusión universal de la forma de vida urbana, banalización de contenidos, crisis de la ciudad industrial, procesos de gentrificación, festivalización de la ciudad, [y] grandes proyectos como forma de reproducción de capitales” (Corti, 2015: 39). El precursor del término, Henri Lefebvre (1978), realizó una crítica al urbanismo que se practicaba en esa época, y buscó hacer un “llamado a tomar conciencia sobre las implicaciones de la vida urbana, donde se desplegaba una suerte de dominación perfecta mediante la explotación de la gente en tanto productores, consumidores de productos y consumidores del espacio” (Ugalde, 2015: 569).

Lefebvre (1978) identificó la industrialización como el proceso que dio cabida a grandes transformaciones en la sociedad dentro de la ciudad, pero que al mismo tiempo generó una enajenación alarmante de sus propios habitantes (Nehls, 2008). Ante esto, argumentó que “la ciudad históricamente formada se deja de vivir, se deja de aprehender prácticamente, y queda sólo como objeto de consumo cultural para turistas y para el esteticismo, ávidos de espectáculos y de lo pintoresco” (1978: 124-125). De esta realidad es de la que se desprende el surgimiento de la lucha por la reivindicación de aquello que es llamado un derecho a la ciudad.

Este derecho va más allá del acceso a los recursos que la ciudad almacena; es un derecho de carácter colectivo, más que individual, y consiste en la capacidad de cambiar, rehacer y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestro deseo, a partir del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización (Harvey, 2013: 20). Además, es “una respuesta democrática que integra a la vez los derechos de los ciudadanos y los criterios urbanísticos que hacen posible su ejercicio, en especial la concepción del espacio público” (Borja, 2013: 111).

Pero ¿qué significa ser ciudadano y qué implica en cuestión de derechos y obligaciones? La ciudadanía se entiende desde dos posturas que se contraponen en la discusión, de lo cual se ha escrito bastante. Por un lado, se argumenta que la ciudadanía se adquiere como miembro activo de un Estado, como nacional, donde se es titular de derechos políticos y se está sometido a sus leyes, por lo que se tienen derechos y obligaciones (Lizcano, 2012: 4). Por otro lado, se argumenta que la atribución de ciudadanía, así como su ejercicio, debe ser concedida a todas las personas que habitan y residen en un espacio, ya sean permanentes o temporales, que a su vez sean ciudadanos activos, partícipes de la conflictividad urbana (Aragón, 2012; Marshall y Bottomore, 1998; Borja, 2003). Esta última definición de ciudadanía es la que se retoma desde el derecho a la ciudad, partiendo de la idea de que “la ciudadanía es un proceso de conquista permanente […] un estatus, un reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad casi siempre de base territorial y cultural” (Borja, 2003: 285).

A esto se le suma la discusión que plantea cuestionamientos ante la forma en la que se concibe la accesibilidad de los servicios que proporciona, o debería de proporcionar, una ciudad. La primera discusión versa sobre los servicios básicos, considerados como derechos inalienables que deberían de cubrir dignamente las necesidades de los habitantes de un determinado espacio. En la segunda se discute si éstos deberían de estar sometidos a las dinámicas del mercado en las que sólo puedan tener acceso pleno a ellos las personas que puedan pagarlos (Harvey, 2013).

La base de la que parte la concepción del derecho a la ciudad es de la importancia de “considerar las necesidades humanas en las ciudades […] reconociendo que toda ciudad debe tener un impacto social-humano por encima de las necesidades individuales” (Nehls, 2008: 29). Por ello, este derecho:

no se limita a reivindicar parcialmente los derechos humanos destinados a mejorar las condiciones en que la habitamos, sino que implica derechos para incidir también en su producción, desarrollo, gestión y disfrute, y para participar en la determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos (Ortiz, 2006: 23).

A su vez, el derecho a la ciudad ha sido abordado desde enfoques teóricos que prestan atención a diferentes aspectos de la mercantilización de la ciudad y la autogestión del espacio. Henri Lefebvre (1978) construyó su propuesta desde la teoría marxista a partir de su tríada conceptual enfocada en las formas de producción del espacio: el espacio percibido, concebido y vivido (Lefebvre, 2013: 92-98). A partir de ellas expone el derecho a la ciudad como el reclamo al derecho del uso del espacio y a la vida urbana a partir de la autogestión en la ciudad. David Harvey (2013), retomando a Lefebvre, enuncia desde un posicionamiento marxista que este derecho debe ser reclamado desde una lucha anticapitalista, por lo que la reivindicación de la ciudad deberá de hacerse a partir de una estrategia que parta de una revolución urbana.

Ana Alabart (2010) señala que la apuesta reivindicadora del derecho a la ciudad debe de hacerse a partir de los movimientos vecinales. Desde el feminismo y la perspectiva de género se realizan propuestas en torno al derecho a la ciudad que argumentan que la forma de pensar, construir y vivir el espacio carece de neutralidad, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta las experiencias de todos los géneros e identidades para ejercer efectivamente este derecho (RPC, 2012). Por último, Jordi Borja (2013) parte de la necesidad de buscar una democracia ciudadana que permita la implementación de los derechos de la ciudadanía, de la mano del reclamo del espacio público, por medio de los espacios que brindan las instituciones y el Estado.

Delgadillo (2012) posiciona la discusión teórica que existe en torno al derecho a la ciudad en dos vertientes que se contraponen: una visión utópica y una visión pragmática. En la visión utópica se refiere a este derecho como una aspiración que pretende, no sólo construir otra ciudad más justa, sino también otro mundo y otra sociedad; un instrumento de lucha y de acción colectiva que por sí mismas son totalmente incompatibles con el capitalismo neoliberal. En cuanto a la visión pragmática, concibe este derecho como un derecho más que debe de institucionalizarse para así logar un reconocimiento jurídico y, por ende, alcanzar su exigibilidad ante el Estado (2012: 119-123). Esto muestra que la visión pragmática tiene que ver con la acción de los gobiernos, mientras que la visión utópica se relaciona con el trabajo realizado a partir de los movimientos sociales.

Dimensiones del derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad es considerado interdependiente de otros derechos humanos, por lo cual, diversos autores posicionan a este derecho como un conglomerado de otros ya existentes (Ugalde, 2015; Ortiz, 2006; Nehls, 2008). Sin embargo, también se señala que cuenta con “el valor añadido de abordar las causas y las consecuencias de un asunto específico que los estándares clásicos de los derechos humanos no abordan como tal: la exclusión espacial” (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2016).

En la Tabla 1 se muestra el desglose de las dimensiones que han sido identificadas, a partir de la revisión de la literatura, junto con una breve descripción de cada una de ellas. Además de esto, se plasma un esfuerzo por desagregar cada una de estas dimensiones, con la aportación de una serie de observables que podrían ayudar en el estudio de éstas.

Tabla 1. Dimensiones del derecho a la ciudad

Dimensión

DESCRIPCIÓN

POSIBLES OBSERVABLES

Derecho a la vivienda

Toda persona tiene derecho a una vivienda, que ésta sea digna y asequible, y que no se encuentre a merced de la especulación. Asimismo, la vivienda debe de reunir condiciones de habitabilidad y ubicación en lugares adecuados.

-Personas que tienen acceso a una vivienda digna.

-Espacios donde se encuentran ubicadas las viviendas.

-Zonas protegidas en las que se ha construido vivienda.

Derecho al acceso y suministro de servicios públicos

Incluye el acceso y suministro adecuado a servicios básicos: agua potable, alcantarillado y pluvial, electricidad, saneamiento, remoción de basura, telecomunicaciones, así como a los equipamientos de salud, educación, abasto y recreación.

-Casas habitación que cuentan con servicios de agua potable, electricidad, alcantarillado sanitario y pluvial.

Derecho al espacio público

El libre uso del espacio público es la condición básica para logar ejercer la justicia urbana. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. Es en él en donde se lleva a cabo la participación ciudadana.

-Libertad de reunión en espacios públicos.

-Uso del espacio público como medio para exponer demandas.

-No represión a movimientos sociales/marchas.

-Uso recreativo del espacio.

-Participación para modificación del espacio público.

Derecho al patrimonio cultural y a la monumentalidad

Retoma al patrimonio cultural como aquello que es irremplazable dentro de cada nación. Además, hace referencia a la necesidad de la existencia de espacios públicos que den visibilidad e identidad a aquellos que habitan determinados espacios.

-Espacios públicos que cuenten con monumentos que ayuden a generar identidad.

-Lugares clasificados como patrimonio cultural.

Derecho a la movilidad y accesibilidad

No es suficiente con que haya disponibilidad de transporte público, sino que además debe de existir una capacidad de moverse con facilidad por la ciudad. Las calles deben de socializarse y ser de y para todos, y no quedar únicamente a la disponibilidad del uso de vehículos privados.

-Uso y calidad del transporte público y privado.

-Estado de la infraestructura de las calles para ser transitadas.

-Accesibilidad de las calles a personas con discapacidad, mujeres, hombres y niños.

-Ciclovías.

-Pasos y puentes peatonales.

-Nivel de inseguridad en las calles.

Derecho a la calidad ambiental

Se deben adoptar medidas de prevención frente a los niveles de contaminación y la forma en la que se distribuye la ocupación en el territorio. Incluye la observación y vigilancia del uso de recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural, la protección a la calidad del entorno, la importancia de la gestión y reutilización de residuos, el reciclaje y la ampliación de áreas verdes.

-Áreas verdes en espacios públicos.

-Uso de transporte alternativo.

-Grado de contaminación de transporte público y privado.

-Cantidad de árboles en las calles.

-Espacios destinados al reciclaje de la basura.

-Programas que fomenten y pongan en práctica el cuidado ambiental.

Derecho a la centralidad

La capacidad de todos los habitantes de acceder con igual facilidad a los centros urbanos metropolitanos y los recursos y elementos que éstos brindan.

-Capacidad de acceso y desplazamiento a áreas laborales, escuelas, centros recreativos y deportivos, lugares para ejercer cultos, centros comerciales, parques, etcétera.

Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación

La democratización del acceso de todos los servicios que resultan de interés general, que tengan que ver con el uso de TIC.

-Producción de infraestructura para uso de tecnologías de la información y comunicación (teléfono celular, internet).

-Cantidad de personas que cuentan con estos recursos informáticos y de comunicación.

Derecho a la ciudad como refugio

La ciudad debe asumir áreas de refugio para toda persona que necesite de protección, durante un tiempo, de los aparatos represivos del Estado.

-Registro de personas con estatus de refugiado, visas humanitarias y peticiones de asilo.

-Condiciones de los espacios destinados a personas refugiadas.

Derecho a la justicia

Hacer que el ejercicio de la justicia local sea accesible para todas las personas que habitan un espacio.

-Acceso a la justicia igualitaria (sin importar nivel socioeconómico, raza, sexo, género, orientación sexual, etcétera).

Derecho a la ilegalidad

Este derecho incluye la capacidad de realizar demandas que pueden considerarse ‘legítimas’, aunque no sean legales.

-Capacidad de libertad de expresión.

Derecho a la seguridad pública

Las fuerzas de seguridad deben mantener entre sus misiones el respeto y la protección de los derechos de las personas. Las ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad bajo su mando apliquen el uso de la fuerza estrictamente de acuerdo con las previsiones de la ley y bajo control democrático.

-Índices de delincuencia e inseguridad.

-Represión policial durante ejercicios de libertad de reunión en el espacio público, en movilizaciones sociales o marchas.

Derecho a la participación ciudadana

Es el derecho de todas las personas a participar en la construcción de la ciudad y el espacio que habitan; a tener injerencia en la gestión barrial y local. También, a través de formas directas y representativas, participar en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para participar en la planeación, construcción y producción de éstas.

-Uso del espacio público para ejercicio de libertad de expresión y de reunión.

-Organismos de participación ciudadana, ya sea: vecinales, juveniles, barriales, municipales, entre otros.

-Nivel de transparencia y rendición de cuentas en el uso del presupuesto.

-Incidencia ciudadana en la toma de decisión para el uso del presupuesto.

Igualdad de derechos y responsabilidades

Todas las personas que habitan una ciudad poseen el derecho de tener el mismo estatus político-jurídico.

-Igualdad político-jurídica entre habitantes y residentes.

Derecho a la diversidad sociocultural

Incluye la diversidad y la diferencia en materia de género, identidad, origen étnico, religión, patrimonio, memoria colectiva, prácticas culturales, y expresiones socioculturales.

-Existencia de centros religiosos de diversos credos.

-Nivel de integración de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQA, de personas indígenas y personas migrantes.

Derecho a la distribución espacialmente justa de los recursos

Derecho a tener una distribución y planificación de los recursos materiales social y espacialmente justa, asegurando buenas condiciones de vida en todo el continuo de asentamientos humanos.

-Socialización y participación en la planeación urbana.

Derecho a la educación y a la cultura

Hace referencia a la presencia de recursos humanos y materiales para que existan equipamientos culturales, escolares y deportivos.

-Fácil acceso y movilidad a escuelas y centros recreativos, ya sean deportivos o culturales.

-Eventos/campañas de difusión de deporte y cultura.

-Apoyos económicos en ambos rubros.

Fuente: Elaboración propia, con información de Borja (2003; 2013), Harvey (2013), la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (2016) y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2012).

Como puede observarse en la Tabla 1, el panorama que abarca el derecho a la ciudad es muy amplio, y cada uno de los derechos que lo integran merece su propia descripción, a la vez que existe un gran número de observables que pueden ayudar a identificar estas dimensiones, junto con su aplicación en espacios urbanos para poder hablar del derecho a la ciudad.

Para el caso de esta revisión se pondrá mayor énfasis en tres de las dimensiones mencionadas: el derecho a la participación ciudadana, el derecho al patrimonio cultural y el derecho a la movilidad. La selección de estas tres dimensiones se realizó con base en los ámbitos que éstas cubren: el social, el cultural y el político. Además, retomando lo que se ha dicho anteriormente, cada una de estas dimensiones permite abarcar dentro de ellas alguna de las otras dimensiones que se han mencionado. En el caso de la dimensión de participación ciudadana se alberga el derecho al uso del espacio público; en el derecho a la movilidad se observa también el derecho a la centralidad; por último, el derecho al patrimonio cultural y monumentalidad tiene que ver con el derecho a la identidad. Esto dará una mayor riqueza al análisis.

Como eje de análisis se tomará el enfoque teórico del derecho a la ciudad propuesto por Jordi Borja (2013) en el que, como se mencionó, se busca la implementación de una democracia ciudadana que permita a todos sus habitantes y residentes, ya sean permanentes o que se encuentren en tránsito, el ejercicio de los derechos ciudadanos por medio del uso del espacio público y de la participación, dentro y fuera de los espacios institucionalizados.

Esto nos permite partir desde un enfoque que incorpora lo que sucede a nivel global a las condiciones locales¸ en lo cual se reconoce que muchas veces lo global condiciona a lo local; sin embargo, se busca priorizar la gestión de la ciudad a partir de los contextos y las necesidades locales, lo cual permitirá dar cuenta de cómo es que se lleva a cabo la exigibilidad y la aplicación del derecho a la ciudad. A continuación, se define lo que se entenderá por cada una de las tres dimensiones que se retomarán para el análisis.

El derecho a la participación ciudadana3

La concepción de la participación ciudadana se encuentra permeada por un vasto número de interpretaciones que enumeran los elementos necesarios para su cumplimiento y observación. Esto también depende del tipo de democracia en el que se inserte dicha participación, en qué se busque incidir al participar y quiénes tienen el derecho de participar. En este sentido, Salazar (2004) plantea un escenario democrático para la participación, entendiendo por democracia “la forma de gobierno en la que el número más amplio posible de individuos adultos de la colectividad (los ciudadanos) participa libremente en la adopción de las decisiones colectivas a través de procedimientos preestablecidos como la regla de mayoría” (2004: 46).

En dicho contexto la participación ciudadana es tanto la intervención como la preocupación de la población, de los vecinos, quienes “comparten el poder de decisión sobre algo que les atañe y les interesa” (Quiroga, 1999: 169). En términos ideales, es

la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios incorporando intereses particulares (no individuales), pero para que esto sea posible se deben abrir espacios de participación con reglas claras las cuales deben regir las relaciones de los actores involucrados en estos procesos (Ziccardi, 2004: 246-247).

Ésta debe de mantener ciertas características para afirmar que se desarrolla dentro de un marco, de alguna u otra forma, democrático. En primer lugar, debe de ser libre, por lo que su ejercicio tiene que ser necesariamente abierto para todas las personas, aunque esto queda a discusión cuando se marcan las pautas de quién es ciudadano y quién no; y, por ende, quién tiene o no derecho a participar. Además, debe llevarse a cabo mediante procedimientos certeros y preestablecidos (Salazar, 2004: 45-46), tomando en cuenta que el ejercicio del voto no es la única forma de participación ciudadana existente, ni la más importante, sino que ésta puede llevarse a cabo en cualquier entorno o ámbito que lo permita.

La dimensión de la participación ciudadana se encuentra intrínsecamente ligada a la dimensión del uso del espacio público debido a que ambas son esenciales para lograr la implementación y exigibilidad del derecho a la ciudad, especialmente dentro de un sistema en el que las garantías individuales y los derechos políticos son respetados. Al mismo tiempo, estas dimensiones comparten elementos que permiten su observación de forma empírica, por lo que la participación ciudadana es esencial para llevar a la esfera pública las demandas en torno a la construcción y producción de la ciudad, para contrarrestar las dinámicas urbanas de la actualidad (Borja, 2013: 105-113).

El espacio público, según Borja, es un concepto que surge a partir del urbanismo, pero que al mismo tiempo es “utilizado en filosofía política como un lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad” que permite observar a “la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo […] en el que los ciudadanos pueden (o deberían) sentirse como tales, libres e iguales” (2003: 21; 2013: 115).

Tabla 2. La dimensión de la participación ciudadana

Derecho

Descripción

Elementos

Formas de expresión

Derechos políticos

Los derechos de participación intrínseca de la ciudadanía

Sufragio

Capacidad de las personas de votar en las elecciones correspondientes.

Elección a cargos de representación

Acceso para ostentar cargos de representación.

Derechos de libertades fundamentales

Los derechos reconocidos a nivel internacional intrínsecos del ser humano

Libertad personal

Libertad religiosa, de pensamiento, sexual y de identidad.

Libertad de expresión

Libertad de opinión y expresión en cuestiones políticas, culturales, religiosas, sociales, etcétera.

Libertad de asociación y de reunión

Libre uso del espacio público.

Libertad para participar en manifestaciones culturales y políticas.

Fuente: Elaboración propia con información de Salazar (2004: 53-54).4

Es importante destacar que la participación ciudadana, además de ser un derecho, también es tomada en cuenta como una obligación. En la Tabla 2 se plasman los elementos que son necesarios, según Salazar (2004), para llevar a cabo este tipo de participación. Dentro de los derechos políticos se encuentran todos aquellos que son parte de las obligaciones y los derechos de las personas con el estatus de ciudadanía: votar en las elecciones correspondientes y aspirar a ser elegido en cargos de representación. En lo que respecta a los derechos de libertades fundamentales se incluyen los derechos que son reconocidos en el ámbito internacional para todas las personas: el derecho a la libertad de expresión, personal, de asociación y de reunión. Esto se puede observar en la posibilidad que tienen la ciudadanía y los habitantes de utilizar el espacio público para ejercer la participación ciudadana, sobre todo en ambientes de seguridad y de protección a tales derechos y libertades.

Cabe señalar que la participación no se limita a los espacios que brindan las instituciones únicamente a los ciudadanos. También existen espacios de participación ciudadana que son gestionados por los habitantes y residentes de lugares específicos dentro de las ciudades, lo cual permite generar iniciativas colectivas, impulsadas a partir de la gestión vecinal y el trabajo comunitario.

El derecho a la movilidad

Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha tenido la necesidad de desplazarse de un lugar a otro para llevar a cabo numerosos aspectos de la vida. En la actualidad, el constante y desmesurado crecimiento al que se han enfrentado las ciudades ha generado cada vez mayores dificultades para lograr una movilidad eficaz, eficiente y accesible para todas las personas que las habitan. El uso del transporte, ya sea público o privado, no sólo no es neutro, sino que la mayoría de las veces no está diseñado ni pensado para todas las colectividades: personas que se reconocen socialmente como hombres y mujeres, personas de la comunidad LGBTTTI+, la niñez, personas con discapacidad, adultos mayores, entre muchos otros.

Por supuesto que, si hablamos del uso de las calles y las vialidades, este principio aplica de la misma forma, ya que éstas no sólo están diseñadas para priorizar la movilidad del usuario del transporte privado, sino que, además, la realidad es que muchas veces —si no es que en su mayoría— nos enfrentamos a calles intransitables. A esto se les suman los puentes peatonales mal planeados (o planeados únicamente en favor del automóvil), la falta de ciclovías o espacios peatonales, y la incipiente cultura de respeto a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Dentro de esta dimensión se habla del derecho a la movilidad, y no específicamente al transporte, porque, como señala Moctezuma (2003):

Centrar la problemática en las necesidades de accesibilidad y movilidad del individuo y no en sus desplazamientos permite comprender en qué medida las grandes transformaciones experimentadas por la sociedad y las urbes en desarrollo inducen grandes modificaciones en las condiciones de vida de los estratos populares, grupos mayoritarios en [las] ciudades (2003: 176).

Muchas de las ciudades del mundo, especialmente en países de América Latina, muestran las grandes desigualdades sociales, políticas, económicas, espaciales y culturales que existen entre las personas. La movilidad es una de las tantas áreas que refleja dichas condiciones. El derecho a la movilidad no sólo es una reivindicación de la forma de desplazamiento, sino que también integra todo aquello que favorece, entorpece e incluso obstaculiza que las personas puedan moverse, de manera accesible, desde los lugares que habitan hasta los espacios de trabajo, educación, salud, recreación, entre otros.

La dimensión del derecho a la movilidad incluye otra, a su vez, que forma parte importante del derecho a la ciudad: el derecho a la centralidad. Como Borja y Muxí (2000) afirman, “la movilidad y accesibilidad no dependen únicamente de sistemas de transportes adecuados a las demandas heterogéneas […] También depende de la diversidad y de la distribución de centralidades” (2000: 36). En este caso, las centralidades aluden a la capacidad que deberían de tener todas las personas que habitan una ciudad de acceder con igualdad y facilidad a los centros urbanos metropolitanos.

Moctezuma (2003) señala que en los países en desarrollo existen escenarios específicos que condicionan la movilidad urbana. Entre ellos está: 1) el crecimiento urbano acelerado; 2) la desarticulación entre la forma urbana y los sistemas de movilidad; 3) la segregación socioeconómica y espacial, y 4) el excesivo consumo del espacio urbano para el transporte individual que termina menoscabando al transporte colectivo (2003: 177-178).

Al respecto, se ha enfatizado en múltiples ocasiones este último punto, al afirmar y constatar que las ciudades actuales están diseñadas para priorizar y favorecer la movilidad por medio del automóvil privado, dejando de lado, tanto a otros transportes motorizados y no motorizados, como al peatón. Sobre esto, la socióloga Jane Jacobs (2011) afirma que en realidad el coche no es el enemigo de la ciudad, y que la lucha no debería de ser una en la que se confronte el automóvil contra el peatón. Esto va más allá, ya que es resultado del desarrollo de infraestructura que ha dado exclusividad al auto y, por ende, ha brindado mayores condiciones de vulnerabilidad al peatón. Además, no debe dejarse de lado que siempre que se generan propuestas para peatonalizar las calles de la ciudad, muchas veces se deja de poner atención en la preocupación en torno a los espacios inseguros y solitarios, lo cual a su vez genera miedo e impide que las personas transiten con libertad.

La existencia de menor movilidad dentro de la ciudad significa “menor accesibilidad al trabajo, a la oferta habitacional, a la educación, a la salud y a los servicios en general, lo que entraña mayor exclusión de la población pobre, ya largamente discriminada y segregada, de las oportunidades que la ciudad ofrece” (Moctezuma, 2003: 178). Para que se hable de una ciudad que ostenta condiciones democráticas es necesario que exista una movilidad óptima y accesible para todos sus habitantes.

En miras de lograr lo anterior se han realizado propuestas que reformulan la jerarquía de movilidad que debería de darse dentro de una ciudad, poniendo como prioridad a los peatones, después a los ciclistas, al transporte público, al transporte de carga y, por último, a los automóviles y motocicletas. Dicha propuesta de la jerarquía de movilidad se encuentra diseñada en función del bienestar colectivo, en lugar del privado.

Ejemplos de esfuerzos como éste son los que nos permiten aspirar a ciudades más justas e incluyentes. No obstante, es necesario que, no sólo se formulen, sino que también se lleven a la práctica, para así exigir el ejercicio de los derechos colectivos. “Todos tenemos derecho a la ciudad y este derecho incluye la movilidad y también el reconocimiento de los otros” (Moctezuma, 2000: 37). En la medida en que carecemos de opciones y acceso para desplazarnos en la ciudad, nos volvemos invisibles y marginados.

El derecho al patrimonio cultural y a la monumentalidad

Para hablar del patrimonio cultural como un derecho es necesario establecer qué es, para quién es, y cuáles son las repercusiones de que algo sea nombrado como tal. Llull (2005) realiza un recorrido histórico sobre el concepto, y afirma que éste siempre ha sido “algo relativo, que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos mediante un complejo proceso de atribución de valores, sometido a continuos cambios de gusto y al propio dinamismo de las sociedades” (2005: 177). Por lo tanto, aquello que es representado o nombrado como patrimonio cultural no ha sido estático, sino que, con el paso del tiempo, los cambios sociales y los intereses internacionales, se ha ido adaptando y modificando.

Actualmente se define al patrimonio cultural como “el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos de su identidad como pueblo” (Llull, 2005: 180). Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo describe como “un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” (UNESCO, 2014: 132). Dentro de aquello que se clasifica como patrimonio cultural están:

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los lugares: obras [hechas por personas] u obras conjuntas [de personas] y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (UNESCO, 2014: 134)

Éstos a su vez se desglosan en diferentes categorías, las cuales son: el patrimonio cultural material, inmaterial, natural y los bienes culturales. Durante esta revisión la categoría que nos atañe específicamente se encuentra dirigida hacia el patrimonio cultural material, especialmente el patrimonio urbano arquitectónico.

Hablar del derecho al patrimonio cultural y a la monumentalidad puede ser controversial, ya que existen diversas perspectivas en contra, a favor y con ciertos matices de la patrimonialización de un espacio concreto, así como de la creación de monumentos. Aquí se presentan dos de esas perspectivas, las cuales muestran una oposición total entre ellas dentro de dicha categoría.

Por un lado, se encuentra la visión que se ha establecido a partir de diversos Organismos Internacionales, como la UNESCO, en la que se enarbola al patrimonio cultural como aquellos bienes de cada nación que son irremplazables e invaluables. A su vez, el patrimonio es importante porque permite vincular a la gente con su historia; encarnar el valor simbólico de las identidades culturales; ser la clave para entender a otros pueblos y contribuir en el diálogo entre civilizaciones y culturas para lograr mantener la paz (UNESCO, 2002).

Por otro lado, existe una visión crítica al respecto de la anterior, en la que se habla del patrimonio cultural como una clasificación que somete a los espacios a una estrategia de mercadotecnia y mercantilización, que está permeada por narrativas totalizadoras, discursos y relaciones de poder (Salgado, 2008; Lourés, 2001). Salgado (2008) afirma que el estatus de patrimonio o área histórica genera exclusión de forma física y simbólica para aquellas personas que habitan esos espacios. Además, señala que este concepto sirve para legitimar, tanto valores, como el pasado lejano, que una nación busca establecer como únicos y verdaderos, dejando de lado las visiones de las minorías (2008: 13-22).

En este sentido, en esta investigación se habla de patrimonio cultural como aquello que permite generar identidad, y no como eso que explota y mercantiliza la cultura de una colectividad en particular. Es ahí en donde encontramos un derecho esencial albergado dentro del derecho al patrimonio y a la monumentalidad, que es el derecho a la identidad. Ante esto, cabe destacar la importancia que tiene prestar atención a las consecuencias y los efectos que puede tener el hecho de declarar algo patrimonio o monumento a corto, mediano y largo plazo, para las personas que habitan estos lugares. Además, debemos de reconocer cómo es que esto modifica las dinámicas sociales de un espacio.

En la presente investigación se define el derecho al patrimonio cultural y a la monumentalidad como algo que permite generar espacios públicos e históricos que doten de identidad a sus habitantes, que a su vez sean construidos con base en los valores y deseos locales, y no en imposiciones internacionales que dictan qué pasado y qué identidad deben de ser reconocidos. Esto con la finalidad de deconstruir lo que se entiende por estos conceptos y lograr generar nuestras propias monumentalidades.

Este apartado ha permitido establecer los conceptos principales que cimientan esta investigación, así como un panorama de la perspectiva del derecho a la ciudad que será retomado, de la mano de lo que se va a entender en las tres dimensiones elegidas para el análisis: la participación ciudadana, la movilidad y el patrimonio cultural. Tras haber realizado una revisión teórica, ahora es importante conocer cómo es que la teoría ha interactuado en la práctica, cómo ha sido abordado e implementado el derecho a la ciudad en los marcos institucionales en el ámbito internacional, en la región de América Latina y, por último, en México.

Antecedentes internacionales del derecho a la ciudad

El concepto del derecho a la ciudad, aunque surge en la década de 1960 y poco tiempo después comienza a circular en el territorio europeo y latinoamericano, resulta relativamente novedoso en la actualidad. A pesar de que el posicionamiento de la agenda urbana en el ámbito internacional comenzó a ser adoptado por la ONU a partir de 1975, no fue sino hasta la II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente “Cumbre de la tierra”, realizada en 1992, que surgieron iniciativas globales en torno a la defensa de este derecho, en las cuales se enunciaron sus elementos y se reformularon los posicionamientos que existían en torno a la creación y construcción de la ciudad (ONU-Hábitat, 2012; Ortiz, 2006: 17). Esto se materializó en el primer esfuerzo denominado la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (RPC, 2012).

Sin embargo, y a pesar de que exista una amplia cantidad de cartas, programas y conferencias que giran en torno al concepto del derecho a la ciudad, aún se discute si en realidad podemos encontrar caminos que permitan dotar a este derecho de marcos normativos o generar alguna legislación concerniente a él para crear las condiciones necesarias para que sea exigido y, por lo tanto, disfrutado. También se discute si es necesario generar este tipo de instrumentos a partir de los aparatos gubernamentales, o si este concepto debe ser abanderado por movilizaciones sociales y vecinales para reivindicar las luchas y materializar las demandas que surgen de una falta de ejercicio de éste y de otros derechos. Además, a esto se le suma el debate que versa en la ostentación de la condición de ciudadanía, lo cual trae consigo mayores problemas para permitir la materialización de este derecho colectivo.

Por esto, es necesario hacer un recorrido de la aparición de este concepto y cómo las organizaciones internacionales fueron apropiándose de él; cómo se ha ido modificando al paso del tiempo, pero, sobre todo, cómo se trasladó a las discusiones en América Latina. Aunado a esto, es importante conocer cómo se ha insertado en los discursos y narrativas de los países que forman parte de este continente.

A la par de la revisión del escenario internacional, se hablará de los países de América Latina que han tenido acercamientos a dicho concepto dentro de sus marcos normativos. Esto con la finalidad de conocer cómo se ha buscado implementar y ejercer el derecho a la ciudad y, al mismo tiempo, aterrizar un poco más este derecho que de primera mano parece ser muy abstracto.

Entre tratados y convenciones: una introducción del derecho a la ciudad en las instituciones internacionales

El concepto del derecho a la ciudad comenzó a consolidarse en la agenda internacional como un tema de prioridad a partir de 1975. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se creó la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos (FNUHAH), tutelada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y fue éste el primer órgano que trabajó oficialmente temas de urbanización dentro de la ONU (ONU-Hábitat, 2012).

En 1976 se llevó a cabo la formalización del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), con el objetivo de implementar actividades que se enfocaran “sobre todo en promover el acceso universal a la vivienda, mejorar la gestión pública urbana, mejorar el entorno de vida y gestionar la mitigación de los desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos” (CINU, 2016). Este programa dio como resultado la primera Conferencia Internacional realizada en Vancouver, Canadá, llamada Hábitat I. Dicha conferencia sirvió como un primer paso para que los gobiernos de los entonces Estados Miembros de la ONU reconocieran la necesidad que existía por desarrollar asentamientos urbanos y una urbanización sostenible (ONU, 2016: 8). Además, dio paso a la creación de la Comisión de las Naciones Unidas de Asentamientos Humanos (CNUAH), lo que permitió la constitución oficial del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat).

Dos décadas después, como resultado de la II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente “Cumbre de la tierra”, comenzó la formulación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (RPC, 2012), la cual surgió de una iniciativa de la sociedad civil organizada, y se materializó gracias al trabajo conjunto de académicos, redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, y autoridades locales (Ortiz, 2006). Esta carta buscaba crear una herramienta internacional que fuera capaz de promover y garantizar el derecho que tienen todas las personas a la ciudad, contando como propósito principal “el de construir un instrumento a la vez universal y compacto […] como instrumento jurídico o al menos como referente básico en la definición y adopción del Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano” (Ortiz, 2006: 20).

Cuatro años después de haberse redactado la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en 1996 se llevó a cabo Hábitat II en Estambul, Turquía. Esta conferencia mantuvo como eje central que los Estados firmantes se encaminaran a “intentar lograr los objetivos de una vivienda adecuada para todos y un desarrollo urbano sostenible” (CINU, 2016). Durante esta conferencia se creó la Agenda Hábitat, documento que suscribieron los líderes mundiales para adoptar un plan de acción que incluyera un asentamiento apropiado para todas las personas con base en la noción de desarrollo sostenible, en la cual se busca impulsar la urbanización mundial de un modo adecuado (ONU, 2016: 8).5

En ese mismo año se desarrolló una versión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad elaborada desde el continente europeo a partir de una perspectiva feminista, nombrada Carta Europea de la Mujer en la Ciudad. Esta carta sentó precedente para que en 2004 se formulara la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Ambas iniciativas surgieron como una crítica a los planteamientos iniciales del derecho a la ciudad, en cuanto que no tomaban en cuenta el género como un factor importante en la forma cómo experimentamos las ciudades. Además, se parte de la asimetría que ha existido hacia la gran diversidad de colectividades al momento de llevar a cabo la planeación de las ciudades, argumentando que “la construcción de los asentamientos humanos, al mismo tiempo que la planificación de éstos no incorpora [las necesidades de todas las colectividades] y las excluye de las decisiones que afectan sus vidas” (RPC, 2012: 198).

En 2004, en la ciudad de Barcelona, se realizó otro esfuerzo para replantear los puntos principales de la carta ya que, al hacer una revisión exhaustiva de la misma, se constató que no incluía temas concernientes al hábitat rural, y no abordaba contextos más alejados a los europeos o a los de América Latina, como lo son los de Oriente Medio, África y Asia (Ortiz, 2006). Esta carta menciona que el derecho a la ciudad es

un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado (RPC, 2012: 185).

La última conferencia que se ha desarrollado en torno al trabajo de ONU-Hábitat ha sido Hábitat III. Ésta tuvo lugar en Quito, Ecuador, en octubre de 2016. En ella se discutió y se formuló la Nueva Agenda Urbana con el objetivo de reforzar el compromiso global de los Estados Miembros para establecer estándares globales de progreso en el desarrollo urbano sostenible, desde la propuesta de replantear la forma en la que vivimos, gestionamos y construimos la ciudad (ONU-Hábitat, 2016). Los puntos principales que incluye esta agenda consisten en tomar el papel de una urbanización y un desarrollo sustentable; crear vínculos entre lo urbano y lo rural, y crear vínculos internos entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales (ONU, 2016: 6).

Esta reformulación intenta demostrar que “las soluciones a los desafíos complejos de urbanización sólo pueden ser encontradas con la cooperación entre Estados Miembros, organizaciones multilaterales, gobiernos locales, sector privado y sociedad civil” (ONU, 2016: 6). Además, la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia Hábitat III prioriza los siguientes ejes temáticos para alcanzar la materialización del derecho a la ciudad:

La cohesión social y la equidad (ciudades más incluyentes para todas las personas, sobre todo las personas migrantes y refugiadas; ciudades más seguras; cultura y patrimonio urbano).

Marcos normativos urbanos (reglas y legislación, gobernanza urbana, financiamiento municipal).

Desarrollo espacial (planeación y diseño urbano y espacial, suelo urbano, vínculo urbano-rural, espacio público).

Ecología y ambiente urbano (resiliencia urbana, ecosistema y recursos urbanos, cambio climático y desastres naturales).

Economía urbana (desarrollo económico local, trabajo y medios de subsistencia, sector informal).

Alojamiento urbano y servicios básicos (infraestructuras urbanas y servicios básicos, incluyendo energía; transporte y movilidad, alojamiento, ciudades inteligentes, asentamientos informales) (ONU, 2016: 12).

Lo anterior incluye los esfuerzos realizados desde la ONU que tienen una repercusión internacional. Si bien éstos no poseen un carácter vinculante, sí pueden llegar a generar presión en los temas que retoman y, además, pueden ayudar a visibilizar algunas de las necesidades y algunos de los contextos de un cúmulo de las ciudades actuales. A pesar de esto, la aplicación del derecho a la ciudad dentro de los Estados firmantes de dichos esfuerzos aún se puede poner a discusión, sobre todo cuando se habla de mecanismos normativos e instrumentos legislativos.

Para lograr dar un panorama más amplio de la transición del derecho a la ciudad desde que comienza a ser abordada en el ámbito internacional, hasta el momento en el que se lleva a cabo la tercera Conferencia de Hábitat III, se muestra en la Tabla 3 una línea del tiempo que incluye el proceso que ha tenido el concepto. Gracias a ella es posible tener una visión global de los tratados y las conferencias que se han desarrollado en torno a esta temática, dirigidas por organizaciones internacionales como la ONU, y vigiladas por diferentes programas de este organismo.

Tabla 3. Antecedentes internacionales del derecho a la ciudad

1975

Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos (FNUHAH), creada por la Asamblea General de la ONU

Creación del Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos

(ONU-Hábitat)

1976

Hábitat I (Vancouver, Canadá)

Surge la Comisión de las Naciones Unidas de Asentamientos Humanos (CNUAH)

Conformación de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC)

1992

Formulación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad

II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente “Cumbre de la Tierra” (Río de Janeiro, Brasil)

1996

Hábitat II (Estambul, Turquía)

Carta Europea de la Mujer en la Ciudad

UNESCO, Hacia una ciudad de la solidaridad y ciudadanía (París)

2000

Asamblea Mundial de Pobladores (Ciudad de México)

Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad

(Saint Denis, Francia)

2001

Estatuto de la Ciudad de Brasil

Fundación de la Oficina de Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) (Ciudad de México)

2004

Reformulación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Barcelona)

Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad (presentada en Barcelona)

2006

Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal

Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad

2010

Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad

Carta de Río de Janeiro (Río de Janeiro)

2011

Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad

2014

Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju, Corea del Sur)

Plan de Acción y Ejes Temáticos de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad

2016

Hábitat III (Quito, Ecuador)

Fuente: Elaboración propia con información de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (2016), Hic-al (2006), Ortiz (2006), Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad (2012), Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2012) y Rolnik y Santoro (2001).

Como puede observarse en la Tabla 3, muchos de los sucesos internacionales relacionados con el derecho a la ciudad han tenido lugar en América Latina, lo cual resulta de gran relevancia ya que nos invita a preguntarnos cómo fue que se extendió el concepto en la región, no obstante ser reconocido principalmente en contextos europeos. Por ello es que resulta interesante dar un pequeño espacio a la revisión de los marcos normativos latinoamericanos para conocer si el derecho a la ciudad ocupa un lugar dentro de ellos, y si es así, de qué forma lo hace.

El papel del derecho a la ciudad en América Latina

Para mostrar el grado de injerencia que ha tenido el derecho a la ciudad en los países latinoamericanos, a continuación, se muestra en la Tabla 4 un breve panorama de cómo éste se ha introducido en diferentes marcos normativos, o en propuestas que se han creado para modificarlos. Esto, tomando en cuenta el grado de influencia que ha tenido ONU-Hábitat al paso del tiempo, de la mano de los diversos movimientos urbanos, sociales y vecinales que han dedicado su lucha a posicionar el concepto dentro de cada uno de estos países.

Prestar atención a los marcos normativos y a las instituciones encargadas de implementarlos en los diferentes países, resulta un ejercicio importante debido a que es por medio de ellos que comienzan a introducirse las nociones del derecho a la ciudad de “arriba abajo”. Si bien es cierto que este derecho colectivo propone la autogestión del espacio urbano a partir de sus habitantes, de “abajo arriba”, no deja de ser importante tomar en cuenta las instituciones en cuanto pueden ser leídas también como alguna forma de materializar las luchas y reivindicaciones sociales.

Tabla 4. El derecho a la ciudad en América Latina

País

Presencia de propuestas legislativas o marcos normativos que incluyan nociones del derecho a la ciudad

Argentina

Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires (2012)

Campaña por una Carta por el Derecho a la Ciudad (2016)

Bolivia

Comité Impulsor del Estatuto de la Ciudad en Cochabamba Bolivia (2005)

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia [art. 241]

Brasil

Estatuto de la ciudad, Ley de política urbana (2001)

Chile

Campaña Por el Derecho a la Ciudad y el Territorio, para la creación de una Nueva Constitución (2017)

Colombia

Ley de Desarrollo Territorial [n. 388] (1997)

Ley de Ordenamiento Territorial (2011)

Costa rica

*No se encontró información

Ecuador

Constitución de la República de Ecuador [art. 31] (2008)

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010)

El Salvador

Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial [decreto n. 644] (2011)

Guatemala

*No se encontró información

Honduras

*No se encontró información

México

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano [art. 4] (2016)

Nicaragua

*No se encontró información

Panamá

*No se encontró información

Paraguay

*No se encontró información

Perú

*No se encontró información

Uruguay

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (2008)

Venezuela

Decreto 1666, creación de Comités de Tierras Urbanas (2002)

Propuesta de aprobación de reforma de la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, impulsado por los Comités de Tierras Urbanas

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se muestran las modificaciones que se han hecho a diferentes legislaciones de países de América Latina que incluyen el derecho a la ciudad o que mantienen nociones del concepto. Esto quiere decir que, aunque no se encuentre estrictamente incluida la palabra “derecho a la ciudad”, existe el reconocimiento de la importancia del ejercicio de derechos que forman parte de él, lo cual significa que van más allá de sólo mencionar el derecho a una vivienda digna, y señalar de alguna forma la importancia socioespacial del reclamo del uso de la ciudad.

Gracias a esta revisión es posible conocer las condiciones en las que se encuentra este derecho, aunque sea únicamente en lo escrito en el papel. Otro punto importante a revisar sería qué tanto de lo que está escrito se traduce a la realidad y cómo, pero ese es un ejercicio que escapa del alcance de este trabajo. Como se puede observar en la Tabla 4, el concepto del derecho a la ciudad ha sido introducido en los marcos legales de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay. Cabe señalar que, aunque esta introducción del concepto es valiosa, en todos los casos es únicamente una mención de él, mas no existe una definición de qué significa el derecho a la ciudad y, mucho menos, cómo hacer ejercicio o reclamo de él.

Además, en esta búsqueda se encontró que en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú no existe mención alguna o un tipo de referente al derecho a la ciudad en sus marcos normativos, así como tampoco presentan alguna propuesta para introducirlo, hasta 2017. En este punto es importante señalar que el hecho de que no esté señalado en las legislaciones no quiere decir que en la discusión esté ausente.

Existe una gran cantidad de espacios de diversa índole (sociales, académicos, vecinales, entre otros) en los que se intenta posicionar en la agenda como un tema central al derecho a la ciudad. Muestra de ello es el trabajo realizado por grupos como la Red Ciudadana Urbana, de Panamá, y la Ciudad Alterna, de San José, Costa Rica, por mencionar sólo algunas de las luchas presentes en dos de los siete países que no tienen una noción introducida de este derecho en sus marcos normativos. Además, cabe resaltar que, como se ha señalado, no es suficiente con que se incluya este concepto en la legislación si en la práctica se ejecuta de manera deficiente o sólo se utiliza de manera discursiva.

Una vez que se han abordado los antecedentes internacionales del derecho a la ciudad, de la mano de un breve panorama de lo que sucede en América Latina respecto a este concepto, es importante pasar de lo general a lo particular. Por ello, abordaremos el tema de México, para poder introducir en seguida al estado de San Luis Potosí, su capital y los dos barrios que forman parte de ella, los cuales conforman los casos de estudio de esta investigación.

3 En este punto es importante hacer énfasis en que, cuando se habla de ciudadanía, se hace referencia específicamente a las personas que habitan y residen en un espacio. Por ende, no se toma en cuenta la ciudadanía por adscripción a una nación, excepto cuando se habla de eventos de sufragio. Por esto, hay que hacer la aclaración en la diferencia entre habitar y residir. Habitar es “el conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden espacio-temporal, y al mismo tiempo establecerlo […] el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-temporales, mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea”. Residir, por otro lado, es “una vinculación con un espacio donde se desempeñan las funciones propias de la reproducción social (descansar, dormir, comer, guardar pertenencias)”. Ante esto se puede decir que el lugar en el que se reside no necesariamente es el lugar en el que se habita (Duahu y Giglia, 2013: 22-24).

4 Salazar también considera que el derecho a la educación y a una subsistencia digna son elementos necesarios para poder ejercer el derecho de participación ciudadana (2004); sin embargo, en esta dimensión no se incluyen porque se considera que ambos forman parte de otras dimensiones del derecho a la ciudad consideradas en el análisis.

5 Por supuesto que cuando se leen este tipo de declaraciones por parte de organismos internacionales es inevitable que surjan preguntas como: ¿Qué quiere decir una ‘urbanización mundial de un modo adecuado’, o un ‘asentamiento apropiado’? ¿Bajo qué estándares se miden este tipo de premisas? ¿En realidad es posible y necesario hablar de un ‘modo adecuado de urbanización’ para todas las personas? ¿Qué se pierde en cada uno de los contextos cuando se busca implementar estas reflexiones? Éstas son preguntas que quedan para un posterior análisis.

Capítulo II. Descripción de los casos

Las ciudades sólo podrán ser recuperadas por [su ciudadanía] en la medida en que reconstruyan, de abajo a arriba, la nueva relación histórica entre función y significado mediante la articulación entre lo local y lo global.

Borja y Castells

Una vez que se ha realizado la revisión teórica del derecho a la ciudad, compete continuar con la descripción de los casos a estudiar: los barrios de San Sebastián y San Miguelito de la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, para llevarla a cabo es necesario conocer cómo se ha insertado este concepto en los ámbitos nacional, estatal y municipal, lo que nos permitirá presentar una descripción más completa del contexto que enmarca a los barrios mencionados.

México y el derecho a la ciudad: marcos normativos nacionales. Un intento por materializar el discurso

Actualmente, los Estados Unidos Mexicanos son signatarios de múltiples programas y conferencias impulsados por la ONU. Por lo tanto, los decretos y las propuestas que han surgido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de ONU-Hábitat, aunque no son vinculantes, sí mantienen, o deberían mantener, una gran influencia en las materias de desarrollo, sustentabilidad, vivienda y derecho a la ciudad.

Ante esto, se identifican dos momentos que han sido de gran importancia en México, ya que han permitido insertar el concepto del derecho a la ciudad en los marcos normativos, así como buscar formas para poder exigir el ejercicio de éste: la formulación de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010) y la modificación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016). A continuación, se abordará cada uno de estos momentos.

La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad

Tras la formulación y modificación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (1992-2004), surgieron otras propuestas que buscaron adaptarse a las necesidades urbanas de diversos contextos. Entre estas iniciativas se encuentra la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad¸ la cual se propuso en 2007 y fue firmada en 2010. Esta carta se creó gracias al esfuerzo que se llevó a cabo desde organizaciones del Movimiento Urbano Popular y organizaciones civiles para negociar su implementación con el Gobierno del Distrito Federal en turno.

La carta hace especial énfasis en la importancia de lograr que la ciudad sea posible y accesible para todas las personas que la habitan, la transitan y la visitan. Define al derecho a la ciudad como un derecho colectivo, interdependiente de todos los derechos humanos que son universales, incluyendo los civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales. Además, reconoce como sujetos de derecho a todas las personas que habitan o transitan la hoy Ciudad de México (CDMX), y señala que los sujetos obligados a hacerlo valer están conformados por las autoridades y los servidores públicos de la ciudad (2010: 5-15).

La formulación de la carta, como señala Luévano (2014), se dio durante el contexto de la creación de la constituyente de la CDMX para permitir su autonomía, y así lograr la igualdad jurídica respecto a los demás estados de la República (2014: 5). El proceso que se siguió para su consolidación, según García (2014), es un buen ejemplo de la construcción colectiva del derecho a la ciudad. A pesar de esto, existen múltiples retos para poder implementarla eficazmente. Entre ellos se encuentran la necesidad de construir una cultura del derecho a la ciudad en la CDMX, buscar modificar el marco legal de la ciudad y promover la formulación e implementación de la Constitución para que logre integrar y fundamentar este derecho (García, 2014: 11-12).

La Carta de la Ciudad de México a consideración

Si bien la propuesta de la Carta no es pionera en el continente, sí es un esfuerzo de gran relevancia nacional; sin embargo, aún existen muchos puntos que deben de ser destacados de su implementación o la falta de la misma. Delgadillo (2012) afirma que se han llevado a cabo acciones incongruentes por parte del gobierno de la CDMX. Por un lado, se acepta la firma de la carta por parte de las autoridades, pero, por otro lado, continúa la realización de megaproyectos que fomentan la exclusión de la ciudad a partir de la creación de fraccionamientos exclusivos para ricos, lo que genera una ciudad de mayor exclusión para los pobres (Delgadillo, 2012: 118).

A pesar de que la carta mantiene un discurso incluyente que permite el disfrute de la ciudad para todas las personas que se encuentren en algún momento dentro del territorio, la búsqueda de mecanismos normativos que permiten su defensa e implementación siguen teniendo una esencia incipiente por parte de las autoridades de la ciudad. Si bien es cierto que en cuestiones teóricas la carta incluye los principios que defienden este derecho, también lo es, como señala Ugalde (2015), que el derecho a la ciudad no constituye actualmente una verdadera noción jurídica que sea reconocida como un derecho subjetivo o colectivo en el sistema jurídico vigente de la CDMX (2015: 589).

Otro punto importante a señalar son las incongruencias que, según Delgadillo (2012), se encuentran presentes en el contexto actual de la CDMX. Entre ellas están la inexistencia de espacios de consulta para la población para decidir si aceptan o no un megaproyecto urbano; la falta de regulación en la Ley de Desarrollo Urbano del DF para inhibir los problemas de especulación y la ausencia de medidas para garantizar el derecho a la movilidad para todas las personas, incluso en calles que actualmente se encuentran privatizadas (2012: 133).

No cabe duda de que seguirán existiendo críticas a la implementación de esta carta en la CDMX. En primer lugar, porque no existen mecanismos claros que permitan reconocer los instrumentos para exigir este derecho tan vulnerado; y en segundo, porque pareciera que las autoridades únicamente retoman estos esfuerzos de forma discursiva y no generan espacios o procesos que los hagan efectivos, lo cual se refleja en todo el país. No obstante, es necesario señalar que, aunque el derecho a la ciudad sea difuso en la ley, en la praxis es un elemento lleno de significado para reclamar su ejercicio y posicionar en la agenda las necesidades de las personas que habitan espacios urbanos, a partir de la acción colectiva que se genera desde los movimientos sociales, vecinales, entre otros.

Modificación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Como se ha mencionado con anterioridad, México ha sido un constante firmante de iniciativas generadas desde la ONU en lo que concierne a los asentamientos humanos, a la urbanización y al diseño de las ciudades, especialmente desde el PNUD y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Cada cierto periodo México reafirma la consolidación de la alianza estratégica que existe entre nuestro país y ONU-Hábitat, al apoyar y suscribir las resoluciones que de ahí surgen.

Debido a esto, en 2015, durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, se firmó una alianza entre el gobierno de la República y ONU-Hábitat para trabajar un nuevo Marco de Colaboración a partir de la Secretaría de Desarrollo Social (ONU-Hábitat-SEGOB, 2015). Por ello, México reafirmó su posicionamiento para implementar la Nueva Agenda Urbana, formulada en octubre de 2016 en Quito, Ecuador, durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).

Tras firmar el compromiso generado en Hábitat III se presentaron diferentes modificaciones en el país: se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se firmó la Agenda 2030 que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se impulsó una reforma constitucional a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2016: 30-31). Esta reforma fue aprobada el 28 de noviembre de 2016, con lo que se derogó la anterior que había sido modificada en 1993. Destaca como objetivo principal:

fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos del país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y gozarlos plenamente (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016).

La modificación a dicha legislación que resulta de mayor interés para esta investigación está incluida en el artículo 4°. En este apartado se introduce por primera vez el concepto del derecho a la ciudad, el cual se define en la Ley como “la necesidad de garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano en el territorio mexicano el acceso a servicios básicos, una vivienda e infraestructura digna, así como garantizar todos aquellos derechos que son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales que el país ha suscrito y que competan en este tema” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016: 4).

De esta forma, el derecho a la ciudad logra introducirse en los marcos normativos del país, y permea al mismo tiempo la legislación de cada uno de los estados que lo integran. A pesar de esto, las modificaciones a la Ley siguen presentando conceptos de forma muy abstracta e incluso podría decirse que engañosa. Además, ni la Ley General de Asentamientos Humanos, ni las alianzas estratégicas realizadas entre México y ONU-Hábitat dan una muestra clara de la existencia de herramientas que den una noción de cómo debería de trasladarse dicho concepto a la realidad, qué se necesita para que pueda ser exigido como un derecho colectivo y, por lo tanto, ejercido, por todas las personas que habitan, residen y transitan por las ciudades mexicanas.

Repensando la Ley General de Asentamientos Humanos

La introducción del concepto del derecho a la ciudad dentro de la legislación de México es un avance importante, más no es suficiente. Es necesario tomar en cuenta múltiples factores que se encuentran presentes o ausentes dentro de las leyes para llegar a formular propuestas que permitan trasladar este concepto a una realidad más tangible, sobre todo, para las personas que son más vulnerables y que sufren mayormente las exclusiones que se generan dentro de las ciudades.

Por esto es importante señalar aquellos recovecos legales que deben de ser modificados, mejorados o aclarados para facilitar la implementación del derecho a la ciudad. Ante este escenario, la asociación TECHO (2016) ha puntualizado algunas de las preocupaciones que surgen en torno a la nueva Ley de Asentamientos Humanos. Entre ellas se encuentran: 1) la rapidez y opacidad con las que contó el proceso de discusión de la ley; 2) la ausencia de una definición certera del derecho a la ciudad que hable más allá de la infraestructura y de los servicios, para que incluya a todas las personas que transitan y disfrutan la ciudad; 3) la falta de reconocimiento de los habitantes de asentamientos irregulares como sujetos de derecho; 4) la incertidumbre sobre el poder de incidencia que tienen los mecanismos de participación ciudadana actuales; 5) la ausencia de claridad sobre el uso del espacio público y la carencia de elementos que permita una movilidad urbana incluyente, que prime lo colectivo antes de lo privado, y 6) la falta de aclaración sobre la separación entre el “derecho de propiedad” y el “derecho de desarrollo”, lo cual sostiene que no porque alguien sea propietario de un predio tiene el derecho de desarrollar en él lo que desee sin tomar en cuenta las afectaciones colectivas (TECHO, 2016: 1-5).

A estas preocupaciones se suman muchos retos, y el más grande de todos es lograr trasladar un concepto internacional, no sólo a México, sino a la gran totalidad de realidades que alberga dentro de sí. Para lograr esto es necesario tomar en cuenta los contextos locales y cada una de las necesidades que surgen de ellos para así evitar pensar en un país homogéneo y entender que está conformado por una rica diversidad.

Por ello, para comprender cómo se observa este derecho en un contexto más específico se hablará de los marcos normativos que tiene el estado de San Luis Potosí, para observar si existe mención sobre este concepto y su implementación. Una vez realizado esto se desarrollará la contextualización de los casos de estudio.

San Luis Potosí: sobre sus marcos normativos y el derecho a la ciudad

El estado de San Luis Potosí, como cada uno de los estados que integran al país, cuenta con una Constitución propia que regula el territorio que éste abarca. Dentro de la Constitución se establecen derechos y obligaciones para la ciudadanía, a su vez que para las personas que habitan, residen o transitan en el estado. Si bien los derechos humanos son reconocidos para todas las personas, tanto en su exigibilidad como en su cumplimiento, no es así en el caso de los derechos sociales y políticos que se les otorgan especialmente a las personas que son consideradas parte de la ciudadanía, lo cual deja fuera a un gran grupo de personas que no entran en esa categoría. Por eso, es necesario conocer cuál es la concepción de ciudadanía que señala la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para comenzar a hablar de la aplicación de derechos en el estado y, a su vez, ligarlo con la legislación que existe en el ámbito nacional, que regula la vida en los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial.

Habitantes y ciudadanía. Una revisión de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí

La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí hace mención de la diferencia que existe entre las personas que mantienen la calidad de habitantes, ciudadanía y personas que transitan por el territorio potosino. Para cualquiera de estos tres casos el cumplimiento de los derechos humanos es intrínsecamente inalienable y deben de ser respetados; sin embargo, la diferencia entre éstos comienza a marcarse cuando se habla de derechos sociales y políticos. Es ahí donde se pierde el estatus de igualdad.

La Constitución contempla dentro de los artículos 7°, 8° y 12° que todas las personas que habitan y transitan por el estado deben de gozar de todos los derechos humanos de forma inalienable. Para el caso específico de aquellos que sólo transitan por el estado, en el artículo 19° se establece que estarán sujetos a las leyes y a los ordenamientos jurídicos del territorio. Además, dentro de este mismo artículo se estipulan los derechos y las obligaciones de los habitantes, siendo estas últimas las siguientes:

Cumplir con lo establecido en las leyes vigentes del estado.

Tener un modo honesto de vivir.

Contribuir con los gastos públicos del estado y del municipio en que se resida.

Inscribir a los hijos en el Registro Civil dentro del plazo legal.

Proporcionar a los hijos o pupilos la oportunidad de asistir a escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y secundaria obligatorias.

Asistir, cuando lo designe una autoridad competente del lugar donde residan, a recibir instrucción cívica, así como realizar el servicio militar respectivo.

Inscribirse y proporcionar información que se requiera para la integración de censos, padrones o registros.

En los casos de riesgo, siniestro o desastre graves, prestar colaboración a las autoridades y el auxilio necesario a los damnificados (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2016).

En lo que respecta al estatus de ciudadanía, en los artículos 20°, 21°, 22° y 23° se estipula que es necesario contar con la mayoría de edad, tener un modo honesto de vivir y poseer la calidad de potosino, la cual se adquiere por nacimiento o por vecindad.6 Además de esto, en los artículos 25°, 26°, 27° y 28° se le adjudican a la ciudadanía obligaciones y prerrogativas, las cuales incluyen:

Desempeñar cargos de elección popular para las personas que sean electas.

Inscribirse en el padrón electoral en los términos que determine la ley de la materia.

Desempeñar las funciones electorales que les sean asignadas por la autoridad competente.

Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley y en consultas ciudadanas que lleven a cabo las autoridades competentes.

Poder ser votadas y nombradas para todos los cargos de elección popular y para ocupar cualquier empleo o comisión.

Ejercer individual y libremente el derecho de asociarse y reunirse para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del estado y los municipios (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2016)

La ostentación de cargos y comisiones de gobierno son considerados exclusivos y prioritarios para las personas que se encuentran en calidad de potosinas, en igualdad de circunstancias. A la par, las y los potosinos que son considerados parte de la ciudadanía pueden buscar ocupar los cargos públicos de: diputado (artículo 46°), gobernador (artículo 73°), magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (artículo 99°), juez (artículo 103°), juez menor y miembro del Ayuntamiento, Concejo o delegado municipal (artículo 117°).

San Luis Potosí y la Ley General de Asentamientos Humanos

Una vez señaladas las diferencias que existen en la Constitución de San Luis Potosí sobre la clasificación de ciudadanía, habitantes o personas que transitan el territorio, para poder conocer los derechos que ostenta o no una persona, es importante saber cómo incide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAH) en el territorio potosino.

Como se mencionó con anterioridad, la LGAH es de carácter vinculante, por lo tanto, repercute en el ámbito nacional, en cada una de las entidades federativas, y en los municipios y las localidades. Ante esto, se reconoce que la introducción del concepto del derecho a la ciudad debería de permear en el caso específico del estado de San Luis Potosí, incluyendo a cada uno de sus municipios. Sin embargo, este concepto no se encuentra presente en la Constitución del Estado de San Luis Potosí, ni en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, las cuales fueron modificadas por última vez en 2016 y 2014, respectivamente. Esto se puede atribuir a la novedad del concepto e incluso, tal vez, a su desconocimiento. No obstante, es preciso que se incorpore, de tal forma que se puedan buscar mecanismos o instrumentos que permitan su aplicación en la realidad.

A sabiendas de que el derecho a la ciudad no es un concepto presente en los marcos normativos del estado de San Luis Potosí, es importante asomarse al contexto específico para saber cómo puede presentarse dentro de dicho contexto. Para ello, se hará una descripción de los casos de estudio: los barrios de San Miguelito y San Sebastián, que permita conocer su importancia fundacional dentro de la ciudad de San Luis Potosí, junto con el escenario que muestran en la actualidad. Después se analizará con detenimiento cada una de las dimensiones que forman parte de nuestro estudio.

Conociendo el barrio: los casos de San Miguelito y San Sebastián

La actual capital de San Luis Potosí fue un asentamiento disputado entre los españoles y los grupos indígenas originarios, los cuales, según se tiene registro, habían conformado pequeñas poblaciones dentro del valle de la ciudad desde 1585. A su vez, se fueron desarrollando establecimientos españoles debido al descubrimiento de la gran riqueza que albergaban las minas de Cerro de San Pedro, lo cual motivó a formalizar su asentamiento en San Luis Potosí el 3 de noviembre de 1592 (Monroy y Calvillo, 19997).

A partir de esto, el papel del clero se tornó fundamental en la planeación de la urbanización de la ciudad al obedecer al proyecto de evangelización que mantuvieron los españoles desde su conquista. Los franciscanos fueron quienes se ocuparon de la distribución espacial de los poblados conformados por los grupos indígenas y de aquellos que habían sido parte del proceso de mestizaje, a los que acomodaron en las zonas periféricas del asentamiento (Velázquez, 2004).

Estos asentamientos se fundaron en zonas apartadas “del centro reconocido en lo político como ciudad española, pero que con el paso de los años y la expedición de algunos decretos se incorporaron en la vida administrativa de la ciudad” (Quezada, 2013: 11), lo cual denotó un primer esfuerzo por realizar un proceso de exclusión y separación entre grupos indígenas y españoles, que además contaba con el consenso de ambos grupos.

Un aspecto importante que se buscaba cumplir con el desarrollo de estas congregaciones era mantener el control español sobre los grupos indígenas. “Las congregaciones o reducciones perseguían agrupar a los indígenas dentro de ámbitos limitados que facilitaron su conducción, control político, administrativo, cultural y económico” (Galván, 2006: 72). A estas congregaciones se las denominó villas, barrios, pueblos indígenas y puestos (Galván, 2006), si bien barrios fue el nombre que se popularizó y que sigue siendo utilizado en la actualidad. Este escenario permitió el establecimiento de una primera delimitación de los barrios, los cuales en un principio se dividieron en los poblados de Asunción de Tlaxcalilla, Santiago del Río, Tequisquiapan, San Miguelito, San Sebastián, San Cristóbal de Montecillo y San Juan de Guadalupe (Velázquez, 2004).

Cabe señalar que en la literatura histórica que existe sobre los barrios no hay un consenso sobre el año exacto de su fundación. Como puede observarse en la Tabla 5, al comparar los años fundacionales que registran Villar (1998), Quezada (2013) y Madrigal (2016), los únicos barrios cuya fundación es señalada por los tres autores en el mismo año es el del Montecillo y San Miguelito, en 1600 y 1597, respectivamente.

Tabla 5. Fundación de los barrios de San Luis Potosí

Barrios

Autores

Jesús Victoriano Villar Rubio (1998)

Teresa Quezada (2013)

David Madrigal (2016)

Tlaxcala

1592

1592

1591

Santiago

1592

1593

1591

Tequisquiapan

1592

1593

1560

San Miguelito

1597

1597

1597

Montecillo

1600

1600

1600

San Sebastián

1603

1603

1708

San Juan de Guadalupe

1676

1616

1676

Fuente: Elaboración propia con información de Quezada (2013), Madrigal (2016) y Villar (1998).

En los barrios de Santiago y Tlaxcala estos autores señalan años distintos; a pesar de esto, esa diferencia es únicamente de uno o dos años. Donde hay diferencias importantes en los años fundacionales señalados por ellos es en lo referente al barrio de Tequisquiapan, que difiere entre uno y 30 años; en el barrio de San Sebastián, cuya diferencia es incluso de un siglo; y en el barrio de San Juan de Guadalupe, en el cual se marcan 60 años de diferencia para hablar de la fundación de dicho barrio.

Rescatar estas diferencias es importante porque, si bien puede existir un fundamento histórico que permita señalar un año como el inicio o no de la fundación de cualquier asentamiento, también permite observar que incluso elementos tan importantes de la historia pueden seguirse discutiendo, construyendo y reconstruyendo.

Antecedentes históricos del barrio de San Miguelito

El barrio del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí que actualmente es conocido como San Miguelito fue un asentamiento que comenzó a ser poblado a partir del 14 de abril de 1597 (Galván, 2006). Los habitantes que llegaron a ese territorio formaban parte de una gran diversidad de grupos indígenas; entre ellos se encontraban tlaxcaltecas, tarascos y mexicanos, por lo cual cada grupo desarrolló su propia construcción y concepción del barrio dentro de espacios aledaños. Fue así que se conformaron los barrios de San Miguel, San Francisquito7 y Santísima Trinidad, los cuales fueron considerados en conjunto como el segundo pueblo de indios que se formó en la ciudad de San Luis Potosí (Galván, 2006: 87). Se tiene registro de que en 1624 dejó de hablarse del barrio de San Francisquito, mientras que para el 5 de octubre de 1827 se hablaba únicamente de la villa de San Miguelito como un territorio unificado y sin divisiones (Quezada, 2013: 123-127).

La construcción de este barrio fue de gran importancia ya que “este pueblo de indios fue el primero que constituyó un límite para el pueblo de San Luis, tanto para su crecimiento urbano por el lado sur, como en sus tierras ejidales” (Galván, 2006: 91). Esto quiere decir que el barrio de San Miguelito no sólo tiene una relevancia fundacional, sino que también es muestra de las primeras planeaciones urbanas que se dieron dentro de la ciudad. Actualmente el barrio de San Miguelito “representa, además, un espacio histórico-geográfico ubicado en el corazón de la ciudad de San Luis Potosí, inmediato a la parte sur de lo que se conoce como el centro” (Madrigal, 2016: 39).

Antecedentes históricos del barrio de San Sebastián

Existe una discusión sobre el lugar fundacional en el que se encuentra el barrio de San Sebastián en torno al desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí. Por un lado, Galván argumenta que este barrio ocupa el tercer lugar en la fundación de los pueblos de indios (2006: 97); por otro, Quezada afirma que ésta fue la quinta fundación que se llevó a cabo a extramuros del pueblo potosino (2013:155).

Aunado a esto está asentado que este barrio, desde sus inicios, se ubicó en el sur oriente de la ciudad, y mantuvo dentro de él pueblos originarios otomíes y tarascos. La fecha de fundación que se le otorga oficialmente a este barrio es el año de 1603, aunque es importante señalar que, en un inicio, el espacio comprendido por San Sebastián ya contaba con habitantes que formaban parte de los pueblos de indios o naturales. La llegada de los agustinos al territorio fue un evento de gran relevancia para que la fundación de este barrio pudiera llevarse a cabo, ya que va de la mano con la llegada de esta congregación (Galván, 2006: 96; Quezada, 2013: 155).

A inicios del siglo XVII, exactamente en 1708, el asentamiento de San Sebastián se encontraba en pleno desarrollo, ya que contaba con los elementos suficientes para poder ser considerado un espacio independiente. Por ello fue declarado una república de indios, lo cual permitió la obtención de privilegios, como la autonomía del gobierno, la posibilidad de contar con elecciones, entre otros. Gracias a esto, en 1710 se le otorgó el título de pueblo de indios y, para 1827 ya era considerada una villa, lo cual le permitió obtener beneficios dentro de la ciudad de San Luis Potosí, así como una participación activa dentro del ayuntamiento (Galván, 2006: 97; Quezada, 2013: 163).

En 1866 el barrio de San Sebastián comenzó a aplicar un plan de urbanización, proceso que coincidió con la formación territorial del barrio de San Miguelito. Esto entrelazó espacial y socialmente a ambos barrios, y mostró que no sólo son aledaños, sino que además forman parte de un gran proyecto de planificación de desarrollo urbano de la ciudad.

Los barrios en la actualidad

Como se ha mencionado, los barrios de San Luis Potosí son un objeto de estudio interesante, no sólo por su estatus fundacional, sino también porque son una pauta esencial para entender el desarrollo, la planeación y el crecimiento de lo que hoy conforma a la ciudad de San Luis Potosí. Para comenzar, es necesario conocer la distribución espacial actual de los siete barrios, lo cual puede observarse en el Mapa 1.

Mapa 1. Los siete barrios de la ciudad de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia, con apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI.

Gracias a este mapa es posible observar que el crecimiento de la ciudad se generó, como se mencionó con anterioridad, en los alrededores de los asentamientos españoles, lo cual permitió la contigüidad que existe hoy en día entre los barrios.

Un asunto importante sobre los barrios es que, a pesar de su nivel de importancia desde lo simbólico a lo fundacional, cuentan con una asignación presupuestal muy baja para el desarrollo urbano y de infraestructura, de actividades culturales y deportivas, así como de asistencia social y desarrollo comunitario; esto en comparación con la cantidad total del presupuesto que recibe el resto de la ciudad. Dicha falta presupuestal puede interpretarse como un abandono parcial de los barrios y su población, o como una falta de visión hacia su mejoramiento a largo plazo.

Lo anterior se puede constatar en la Tabla 6, en la cual se realizó un recuento del presupuesto invertido en los barrios durante tres administraciones del Ayuntamiento de la Ciudad de San Luis Potosí: la administración de Victoria Labastida Aguirre con Luis Miguel Ávalos Oyervides, interino (2009-2012), Mario García Valdez (2012-2015) y Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018), hasta 2016.8 Cabe señalar en este punto que no se incluyen los siete barrios en cada año observado debido a la falta de información al respecto por parte de las plataformas de transparencia del Ayuntamiento de la ciudad y la dificultad que representa obtener respuesta por parte de estas dependencias.

La Tabla 6 permite observar que dentro de estas tres administraciones el presupuesto asignado a los barrios no supera siquiera 7 % del total del presupuesto ejercido anualmente, a excepción de 2016 que cuenta con una inversión de 37 % del presupuesto total de la ciudad. En los casos de los barrios que son de interés para este estudio es posible ver que ambos cuentan con una inversión constante, y esto permite que la gente los perciba como espacios que mantienen cierto arreglo y cambio, aunque el nivel de inversión en realidad es muy bajo. A pesar de esto, el barrio de San Miguelito no contó con ningún apoyo en 2009; San Sebastián tampoco muestra ninguna inversión del Ayuntamiento en 2011 y 2016, y ambos carecen de apoyo presupuestal en 2012.

Además, dentro de los rubros que el Ayuntamiento asigna para la clasificación del destino que tiene el presupuesto, en el caso que denomina “participación ciudadana”, no es más que la gestión de red hidráulica y sanitaria dentro de un fraccionamiento, lo cual deja entrever que no se ejerció un apoyo gubernamental en este presupuesto para que se desarrolle dicha participación, al menos no dentro del periodo señalado.

Lo anterior ha permitido que los barrios se vean envueltos en un discurso de exclusión y de estigmatización que se hace cada vez más tangible en la cotidianidad que se vive en cada uno de ellos. Esto podría generar obstáculos dentro del proceso que se desarrolla en torno al uso del espacio público como una dimensión que permite realizar demandas y participar como ciudadanía, en donde tendrían que existir las condiciones suficientes y necesarias para la intervención colectiva e individual de las personas que habitan los barrios, lo cual resulta cuestionable.

Tabla 6. Asignación presupuestal de los Barrios de San Luis Potosí (2009-2016)

Barrio

Rubro

Presupuesto destinado

Total del presupuesto Barrios

Total del presupuesto Ayuntamiento

Porcentaje de presupuesto para Barrios en relación con el total del presupuesto del Ayuntamiento

2009

San Sebastián

Dirección de comercio municipal

$1,180.93

$207,762.93

$309,814,925.56

6.70 %

San Juan de Guadalupe

Participación ciudadana

$138,582.00

Tlaxcala

DIF municipal

$28,759.00

Infraestructura y fortalecimiento

$39,241.00

2010

San Sebastián

Fortalecimiento municipal

$596,779.18

$2,834,802.44

$271,609,897.20

1.04 %

Urbanización municipal

$1,449,554.62

San Miguelito

Fortalecimiento municipal

$107,000.00

Montecillo

Alcantarillado, drenaje y letrinas

$264,832.27

Alcantarillado, drenaje y letrinas

$120,241.37

Santiago

Electrificación

$296,395.00

2011

San Miguelito

Fortalecimiento municipal

$95,000.00

$ 9,955,817.97

$ 508,668,692.75

1.95 %

San Juan de Guadalupe

Fortalecimiento municipal

$270,776.37

Santiago

Alcantarillado, drenaje y letrinas

$4,207,853.58

Infraestructura básica educativa

$273,883.99

Urbanización municipal

$5,009,134.40

Tequisquiapan

Fortalecimiento municipal

$99,169.63

2012

San Juan de Guadalupe

Alcantarillado, drenaje y letrinas

$1,672,791.65

$ 1,983,664.13

$ 476,361,644.50

0.41 %

Tlaxcala

Desarrollo del deporte

$59,972.00

Fortalecimiento municipal

$120,000.00

Santiago

Alcantarillado, drenaje y letrinas

$130,900.48

2013

San Sebastián

Infraestructura básica educativa

No especifica

$697,831.04

No hay información

X

San Miguelito

Asistencia social y desarrollo comunitario

$249,459.04

San Juan de Guadalupe

Agua potable

No especifica

Alcantarillado, drenaje y letrinas

No especifica

Asistencia social y desarrollo comunitario

$448,372.00

Montecillo

Infraestructura básica educativa

No especifica

Tlaxcala

Urbanización municipal

No especifica

2014

San Sebastián

Asistencia social y desarrollo comunitario

$49,842.73

$ 4,372,097.24

$ 502,739,837.25

0.86 %

San Miguelito

Asistencia social y desarrollo comunitario

$60,249.19

San Juan de Guadalupe

Agua y saneamiento

$2,693,429.87

Asistencia social y desarrollo comunitario

$784,287.73

2015

San Sebastián

Asistencia social y desarrollo comunitario

$47,517.28

$15,033,115.57

$ 489,545,199.67

3.07 %

San Miguelito

Asistencia social y desarrollo comunitario

$47,517.28

San Juan de Guadalupe

Asistencia social y desarrollo comunitario

$792,479.31

Desarrollo urbano

$14,240,636.26

2016

San Miguelito

Desarrollo urbano

$208,321.96

$140,727,593.32

$ 375,047,467.06

37.52 %

San Juan de Guadalupe

Desarrollo urbano

$2,791,633.41

Montecillo

Desarrollo urbano

$4,476,895.55

Tlaxcala

Desarrollo urbano

$55,972,378.77

Santiago

Desarrollo urbano

$10,652,992.43

Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí.

Ahora que se ha observado el panorama presupuestal que presentan los barrios de la ciudad, es preciso describir el territorio que abarca cada uno, para conocer qué es lo que albergan en su interior, en cuestión de servicios de salud, de educación, de recreación, entre otros. Si bien se mencionó que no se tomarán en cuenta cada una de las dimensiones descritas para el análisis, este acercamiento nos permitirá conocerlas, si bien de manera superficial, a partir de los elementos con los que cuentan los barrios.

Caracterización de los barrios

La información correspondiente a esta sección se trabajó con la herramienta del Mapa Digital del Institunto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017). Para la integración de los datos presentados se utilizó la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2016), específicamente la que corresponde a los barrios de San Miguelito y San Sebastián de la ciudad de San Luis Potosí.

Gracias a esta información es posible hacer una breve descripción de los espacios que forman parte de ambos barrios y que se utilizan para satisfacer las necesidades en los ámbitos culturales, deportivos, educativos y de salud. Esto con el objetivo de mostrar la dispocisión y accesibilidad que tienen, o no, los habitantes de estos barrios, así como las personas que transitan por ellos, para hacer uso de la diversidad de servicios que ahí se incluyen.

En el Mapa 2 se muestran algunos de los espacios destinados a actividades culturales y de recreación, así como lugares exclusivos que permiten el ejercicio de alguna religión, por lo general la católica. Gracias a este mapa es posible reconocer en ambas delimitaciones territoriales la existencia de una fuerte presencia de espacios religiosos. Por un lado, el barrio de San Miguelito alberga cuatro y a su alrededor se encuentran 21, mientras que, por otro, San Sebastián cuenta con ocho.

Mapa 2. Espacios culturales y religiosos de los barrios deSSan Miguelito y San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI.

En los centros culturales se incluyen las casas culturales que representan a cada uno de los barrios: La Casa Cultural del Barrio de San Miguelito, La Casa Cultural del Barrio de San Sebastián. A su vez, se encuentra el Instituto Potosino de Bellas Artes, ubicado en San Sebastián y, aledañamente, la Casa Cultural Mariano Jiménez. Cada uno de estos centros cuenta con su propio teatro. En lo que respecta a los museos y los cines se puede constatar que no existen espacios consignados a este tipo de actividades en ninguno de los dos barrios, más que la Cineteca Alameda, pero ésta no se encuentra incluida en ninguno de ellos.

Mapa 3. Espacios dedicados a la educación en los barrios de San Miguelito y San Sebastían

Fuente: Elaboración propia, con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI.

En el Mapa 3 se encuentran los espacios destinados a la educación, ya sean públicos o privados. Este rubro es importante porque permite conocer la accesibilidad a espacios educativos que tiene la población que forma parte de la niñez y la juventud de ambos barrios y, por supuesto, para aquellas personas que no viven en ellos, pero desean hacer uso de estos servicios. En ese caso se incluye la educación básica, de secundaria, de preparatoria y la educación especial para personas con discapacidades. Los barrios de San Miguelito y San Sebastián cuentan, respectivamente, con: 3 y 1 guarderías, 8 y 6 escuelas de primaria, 3 y 2 escuelas de secundaria, 5 y 3 preparatorias y 4 y 1 escuelas de educación especial. Algunas de éstas se encuentran ubicadas dentro de un mismo espacio, como puede constatarse en el Mapa 3. Cabe resaltar que no se incluye el nivel de educación superior ya que solamente se encuentra una universidad privada, la cual está ubicada en el barrio de San Sebastián: La Universidad Potosina.

Mapa 4. Espacios destinados al deporte en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI.

El Mapa 4 resulta interesante debido a la escasa información que presenta, lo que deja ver que, tanto en San Sebastián como en San Miguelito, no existen espacios públicos destinados a actividades deportivas que se encuentren disponibles para los habitantes de ambos barrios; sin embargo, a sus alrededores hay una presencia importante de áreas verdes, espacios que podrían ser utilizados para dichas actividades. Únicamente se cuenta con la presencia de un club deportivo privado dentro del barrio de San Sebastián. Esto es muy importante ya que invita a reflexionar sobre el papel y la importancia que tienen los espacios públicos destinados a actividades recreativas, como lo son las deportivas, y cómo la existencia de éstas podría ayudar a modificar las dinámicas dentro del barrio de forma positiva.

Mapa 5. Espacios destinados a la salud en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI.

Por último, se presenta el Mapa 5, en el cual se incluyen espacios destinados a ofrecer servicios de salud dentro de San Miguelito y San Sebastián. En este mapa se muestra que el barrio de San Sebastián cuenta con dos hospitales: el Hospital General del ISSSTE y el Hospital Regional Militar; y una clínica, la Beneficencia Médica Aguilar Ross, A.C. San Miguelito, por otra parte, no tiene ninguno de éstos dentro de su demarcación, aunque la Cruz Roja se encuentra muy cerca. Esto podría no resultar grave debido a la contigüidad que tienen ambos barrios, por lo que puede ser una posibilidad que sus habitantes accedan a los servicios de salud que estos hospitales ofrecen. A su vez puede constatarse que la presencia de farmacias dentro de los dos barrios es muy fuerte, así como lo es en toda la ciudad de San Luis Potosí.

Para finalizar con este apartado, y como mencioné anteriormente, destaco que el mapeo de los barrios resulta pertinente porque permite conocer cuáles son los servicios con los que cuentan, así como la accesibilidad que pueden o no tener sus habitantes para llegar a hacer uso de ellos.

Si bien esto sólo es un señalamiento superficial y son necesarias actualizaciones y muchos más elementos para describir la calidad, la centralidad y la accesibilidad real de cada uno de ellos, es necesario conocer un poco sobre qué es lo que ambos barrios ofrece en áreas tan importantes como lo son las actividades recreativas, tanto deportivas como culturales; la facultad de profesar una religión en espacios exclusivos, y no, para ello; la capacidad de accesibilidad a espacios que brinden servicios de salud, así como servicios educativos a diferentes grupos sociales.

Toda vez que en este capítulo se ha logrado generar una descripción de alcance nacional y local, así como una caracterización de los casos de estudio, los barrios de San Miguelito y San Sebastián, es preciso continuar con la contrastación teórica y empírica del derecho a la ciudad y las tres dimensiones seleccionadas dentro de estos barrios para buscar contestar las preguntas de investigación y dar pauta al cumplimiento de los objetivos marcados en un inicio.

6 La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que son potosinos por vecindad “los mexicanos que se avecinen en el territorio del Estado y tengan una residencia efectiva de cuando menos dos años. Se entenderá por residencia efectiva el hecho de tener dentro del territorio del Estado o municipio que corresponda, un domicilio fijo en el que se habite permanentemente” (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2016: 21).

7 Este barrio es llamado “San Francisco Tierra Nueva” según la revisión de David Madrigal (2016: 19).

8 En este apartado se tomaron en cuenta únicamente las menciones que el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí hace respecto a los nombres de cada uno de los barrios durante las tres administraciones. No se incluye el recuento presupuestal de 2017 debido a que no se encontró información en la página oficial de transparencia del Ayuntamiento.

Capítulo III. Análisis de los casos de estudio. Un acercamiento a la aplicación del derecho a la ciudad en los barrios de San Miguelito y San Sebastián

En los capítulos anteriores se expuso qué es y cómo ha sido abordado el derecho a la ciudad, cómo es el panorama internacional y nacional para este derecho colectivo, y cuál es el contexto y las condiciones que se observan dentro de los casos de estudio: los barrios de San Miguelito y San Sebastián.

En este capítulo se analizan ambos casos a partir de la información empírica recolectada de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias están conformadas por seis entrevistas semiestructuradas procesadas y analizadas a partir del software de AtlasT1, realizadas a actores clave que se encontraban ocupando espacios de toma de decisión en la ciudad de San Luis Potosí. Estos espacios estaban relacionados con la planeación y construcción de la ciudad; por ello se entrevistó a arquitectos y funcionarios públicos, pero también se habló con desarrolladores inmobiliarios.

También se tomó en cuenta que los actores tuvieran algo que ver en cada una de las tres dimensiones abordadas. Para la dimensión de participación ciudadana y uso de espacio público se entrevistó a actores que formaban parte de organismos dedicados a la implementación y creación de mecanismos de participación ciudadana en SLP. En la dimensión de movilidad y acceso a las centralidades se entrevistó a activistas que trabajan por mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad para todas las personas que la transitan. Por último, en la dimensión de patrimonio cultural y derecho a la identidad se entrevistó a personas encargadas de la gestión, restauración y el cuidado del patrimonio y los monumentos de la ciudad. Todas las entrevistas se presentan transcritas en los anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Por otro lado, las fuentes secundarias están conformadas por información procedente de los sitios web de dependencias gubernamentales y autónomas de la ciudad de SLP, como la página oficial del Ayuntamiento de SLP, diferentes bases de datos del INEGI y las legislaciones del estado y del municipio de SLP. Dichas fuentes se tomaron a partir de su pertinencia, en cuanto permitieron realizar un bosquejo del panorama de la aplicación del derecho a la ciudad.

Como se estableció anteriormente, la perspectiva del derecho a la ciudad que guiará esta investigación será la propuesta por Borja (2013), basada en la búsqueda de la implementación de una democracia ciudadana que permita a todos sus habitantes y residentes, ya sean permanentes o que se encuentren en tránsito, el ejercicio de los derechos ciudadanos por medio del uso del espacio público y de la participación, dentro y fuera de los espacios institucionalizados. Esto, retomando la concepción de ciudadanía como una atribución que debería de ostentar toda persona que habita y reside en un espacio específico, tomando en cuenta siempre el contexto y las necesidades locales.

El derecho a la ciudad en San Luis Potosí

El concepto del derecho a la ciudad ha permeado el ámbito local dentro de la ciudad de SLP, no necesariamente por la introducción de este término en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano ni por la participación de México en diferentes foros internacionales, sino porque se ha socializado en diferentes espacios, tanto académicos, como de activismo y de luchas sociales.

Está presente en el discurso de algunos gremios, como lo son el de urbanistas y el de arquitectos. Incluso se ha identificado en grupos de desarrollo inmobiliario, aunque lo aplican desde una perspectiva más bien mercantil, lo cual implica una total contradicción al significado del término en sí. Todos ellos cuentan con un punto de vista diverso y contrapuesto de lo que es el derecho a la ciudad, para quién es y por qué es necesario su reclamo. Es importante dar cuenta de estas visiones ya que van de la mano de la percepción de cómo se posiciona este derecho colectivo en diferentes escenarios de la ciudad de SLP.

En la disciplina de la arquitectura se hace mención del derecho a la ciudad desde una perspectiva teórica, como algo cuyo “origen tiene mucho que ver con esa crítica a la ciudad como mercancía, objeto de consumo. Eso está muy en boga en la generación de Lefebvre, y más siendo un autor neomarxista. Él dice que el derecho a la ciudad no es sólo el derecho a lo que ya está, sino el derecho a transformarlo en algo radicalmente distinto” [TE1]. Por ello, se apunta específicamente a que en este derecho colectivo “está todo: la reivindicación del derecho de las mayorías, la participación, los nuevos derechos humanos que están posicionándose. Como el derecho a la información, acceso a internet, todo esto. Todo va entrando ahí. Es un paraguas tan amplio que todo va entrando ahí. No nada más lo obvio como la vivienda, el espacio público, sino todo lo demás también” [TE1].

Partiendo de una perspectiva distinta, pero no por eso excluyente, el derecho a la ciudad ha formado parte importante en la conformación y consolidación de colectivos y grupos de activistas que buscan defender el uso del espacio de una forma democrática y que incluya las necesidades de todas las personas, ya sea desde la movilidad, el uso del espacio público, la defensa de espacios históricos, entre muchos otros. En estos espacios el derecho a la ciudad “es un pensamiento de equidad. De este derecho que tenemos todos y todas de participar y formular la ciudad que queremos, que merecemos. Es mejorar los procesos políticos, es cambiar toda una sociedad, toda una cultura, misma que ha estado generada por muchos factores […] es el tomar acción desde la ocupación” [TE6].

Sin embargo, también se apunta que no es “tan simple poder hablar del derecho a la ciudad como el punto de ‘yo como individuo tengo derecho a vivir en una ciudad’. En ese aspecto debemos de pensar en la ciudad como el ambiente no natural, pero sí inherente al humano […] Entonces hablar en términos del derecho a la ciudad es hablar, no sólo de ciudades dignas, sino de ciudades ecológicamente sustentables, eficientes en términos de movilidad” [TE5].

En el gremio inmobiliario, por otra parte, se tiene una mirada muy distinta sobre con base en qué debería de ser producida la ciudad. Partiendo de este sector, se considera al derecho a la ciudad como algo que “significa vivienda cómoda, pequeña, suficiente, pero con amplias áreas comunes de interacción social, participación ciudadana, cultura, ejercicio” [TE2]. Sin embargo, la presencia de este derecho se encuentra únicamente en el discurso y se toma en cuenta a partir de la mercantilización y la generación de capital: “El derecho a la ciudad lo que va a generar son más clientes con mayor deseo de comprar una vivienda, lo cual va a generar mayor rotación de ventas y un círculo virtuoso extraordinario. El derecho a la ciudad es algo que se tiene que vender, se tiene que comercializar” [TE2]. Este último punto es el que resulta más controvertido ya que, de nuevo, no sólo es del todo opuesto a la propuesta de autogestión del espacio del derecho a la ciudad, sino que se utiliza para presentar una idea de compra-venta del espacio.

Esta diversidad de visiones en torno a qué es el derecho a la ciudad y, por ende, qué es lo que defiende y para quién, nos obliga a plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo se encuentra la concepción del derecho a la ciudad en SLP? Si bien el conocimiento del término es importante, no basta con ello, ya que es necesario saber también cómo se lleva a cabo en la práctica y cómo se traslada a la realidad.

En el instituto encargado de la gestión del patrimonio y de la cultura en el estado de SLP se argumenta que no existe un trabajo articulado de la institución que tome en cuenta el derecho a la ciudad como eje principal para desarrollar sus declaratorias de lo que debe ser tomado en cuenta o no como monumento y patrimonio cultural. Sobre todo, por la disputa que se genera al momento de hablar de propiedad privada. “En la práctica, al menos en la parte que me toca a mí, no está contemplado, porque la ley federal está muy encajonada y muy restringida a proteger de una manera punitiva. Como que la ley todavía es ‘no hagas esto’, ‘no puedes hacer esto’, ‘pídeme permiso’, y no hemos evolucionado a una ley que permita una gestión o inclusión del derecho a la ciudad. Nosotros iríamos por un discurso del derecho a la ciudad, pero legalmente no lo podemos hacer” [TE4].

A su vez, desde el gremio de arquitectos se habla de las diferentes organizaciones, instituciones universitarias y centros de investigación como entes que deberían de estar tomando una posición y relevancia dentro de los espacios de toma de decisión que influyen en la forma de pensar, producir y construir la ciudad, lo cual no está sucediendo. “Este ha sido un espacio de lucha por recuperar esa posición de opinión respetada de los especialistas en la ciudad, porque la ciudad es demasiado importante como para dejársela nada más a los políticos o a los tomadores de decisiones” [TE1].

Esto ha impedido que el concepto del derecho a la ciudad se traslade a la realidad de forma eficiente, del mismo modo en que no se ha logrado “tropicalizar” el término para adaptarlo a las necesidades y a los contextos locales. Además, se señala al Instituto de Planeación Municipal [IMPLAN] como un espacio en donde debería de tenerse una perspectiva que partiera del derecho a la ciudad en cuanto que supone ser un espacio de opinión y participación ciudadana para el desarrollo de proyectos inmobiliarios:

Ellos son quienes deberían de llevar la batuta y hacer que todos participaran. En cambio, lleva años inactivo, nadie sabe qué está haciendo, si es que está haciendo algo, muy opaco, y no promueve la participación. Al contrario, hace una junta, ‘hago como que te pregunto y como que te tomo en cuenta y al final hago lo que me da la gana’. Esos son algunos simulacros de participación, o seudo participación que es lo que hace el IMPLAN [TE1].

Respecto a la visión del gremio inmobiliario, que percibe que la no aplicación del derecho a la ciudad en San Luis Potosí es producto de la ausencia de inversión de capital para la construcción de nuevos espacios de vivienda, de nuevo vemos que redunda en la idea de la ciudad como mercancía y en el derecho a la ciudad como un factor que podría darle plusvalía. “Esta es una ciudad completamente desarticulada de un derecho a la ciudad […] Se necesita una iniciativa de gobierno que no piense en los coches, que piensen en el desarrollo de la gente y del derecho a la ciudad en la percepción de cada barrio y de la gente que los habita. Cuando se pueda fortalecer y potencializar eso entonces se va a jalar a la inversión automáticamente. Mientras tanto no va a suceder” [TE2].

Esta visión resulta relevante porque muestra cómo se piensa en la creación y gestión de la ciudad desde el ámbito inmobiliario, y cómo se retoma el término del derecho a la ciudad de una forma discursiva y desde una perspectiva totalmente distinta, e incluso contradictoria, a lo que busca establecer este concepto desde la teoría y la práctica.

Por último, la perspectiva del activismo dedicado a temas de movilidad en SLP se enfoca a la falta de aplicación, incluso a la vulneración, del derecho a la ciudad dentro de ella. Para estos informantes el derecho a la ciudad no es algo que se esté logrando adquirir desde las instituciones ni aparatos gubernamentales, sino que es la misma ciudadanía la que debe de encargarse de realizar reclamos constantemente, que permitan exigir este derecho día con día desde las actividades cotidianas. El derecho a la ciudad se trabaja, “pero ya aterrizado en el quehacer del día a día […] En lugar de irnos desde una cuestión de los derechos humanos, ahora tomarlo como este derecho a esta construcción de ciudad que queremos, para que sean considerados todos estos otros aspectos. Es a lo mejor, como voltear un poquito el arenero. Pues sí, que está vinculado a otros derechos, pues sí, pero lo que necesitamos en verdad, creo yo, es esa activación ciudadana” [TE6].

Cada una de las voces aquí representadas permite observar las diferentes visiones que puede haber de un mismo concepto, así como las formas en que éste logra ser modificado y adaptado a las necesidades discursivas que se presenten. De igual manera, brindan acceso a la multiplicidad de espacios desde los cuales se realiza el reclamo del ejercicio del derecho a la ciudad, ya sea mediante el uso del espacio público, a través de instituciones o aparatos gubernamentales, entre otros. A partir de esto es posible continuar con la descripción de cada una de las dimensiones para dar paso al análisis correspondiente de ambos casos de estudio: los barrios de San Miguelito y San Sebastián.

Dimensionando el derecho a la ciudad en los barrios

Participación ciudadana

Para Ziccardi (2004), la participación ciudadana debe entenderse como la preocupación e intervención de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión que incorporan intereses particulares, con reglas claras, que permitan regir las relaciones de los actores que se involucren en estos procesos (2004: 246-247). Ante esto, el municipio de SLP se encuentra regido por dos legislaciones en materia de participación ciudadana: la Ley de referéndum y plebiscito del estado de San Luis Potosí (2014) y el Reglamento para la integración y funcionamiento de los Organismos de Participación Ciudadana en el municipio de San Luis Potosí (2009).

Ambas legislaciones mantienen un enfoque de participación que parte desde los espacios brindados para el ejercicio del sufragio de participación directa, en el ámbito electoral. A pesar de estas leyes, dentro del municipio y del estado de SLP existen instrumentos normativos difusos en esta materia, lo cual, según Ziccardi (2004), no otorga reglas claras, ni propicia escenarios adecuados para llevar a cabo una participación ciudadana efectiva:

No tenemos una Ley de Participación Ciudadana. A nivel nacional hay una confusión jurídica respecto a que la participación se refiere a mecanismos de democracia directa como es el plebiscito, el referéndum. No existe un marco legal que facilite la participación ciudadana genuina y auténtica, y que en buena medida el tema de la participación está muy mediado por procesos de clientelismo y por una instrumentalización de la participación, fundamentalmente para legitimar acciones gubernamentales [TE3].

Esto, según un servidor público que forma parte de la toma de decisión en torno a la participación ciudadana en el municipio de SLP, y que también ha tenido la oportunidad de encabezar una Mesa Directiva de una Junta de Mejoras Vecinal (JMV) de uno de los barrios.

Ante este vacío legislativo en torno a una Ley de Participación Ciudadana han surgido diversas propuestas que van encaminadas a modificar la Constitución del Estado de San Luis Potosí, específicamente los artículos 38° y 39°. Esto en miras de establecer a la participación ciudadana, en el estado, como un derecho humano, y reconocer los mecanismos que darán pie a su ejercicio y cumplimiento.9 Sin embargo, estas iniciativas no han podido concretarse en una ley efectiva y expedita.

En el Ayuntamiento del municipio de SLP se reconoce a los Organismos de Participación Ciudadana (OPC), los cuales tienen como objetivo coadyuvar con el gobierno en turno para llevar a cabo tareas de diversa índole. Entre ellos están: los Consejos Constitutivos (Art. 66°), los Comités de Obra (Art. 74°), los Organismos Rurales de Agua y Saneamiento (Art. 80°) y las Juntas de Mejoras Vecinales (Art. 50°). En este caso, los organismos generan la primera instancia de lo que señala Quiroga (1999) como necesario para comenzar la participación ciudadana: lograr la intervención de la población, los vecinos, que comparten el poder para tomar decisiones sobre algo que les interesa y preocupa (1999: 169). Ante esto sería necesario revisar con cuidado la realidad de estos organismos, lo cual se abordará más adelante.

El Organismo de Participación Ciudadana que más nos atañe es el de las Juntas de Mejoras Vecinales (JMV), ya que este tipo de organización es la que permea en todo el municipio de SLP, lo cual incluye a los barrios tradicionales. Éstas son conformadas por una demarcación de no menos de 100 hogares ni más de 600, y se constituyen, ya sea por la iniciativa de los habitantes, o a partir de un decreto realizado por el propio Ayuntamiento. Además, tienen como objetivo primordial “coadyuvar con el Ayuntamiento en los planes y programas municipales, así como gestionar entre las diversas autoridades establecidas los servicios públicos necesarios, buscando siempre la mejora en la calidad de vida para los vecinos de la comunidad que representan” (2009).

Para participar en la candidatura de planillas y lograr ser parte de las Mesas Directivas de alguna de las JMV se requiere (Art. 56): ser vecino dentro de la demarcación territorial que representará la Junta, ser mayor de edad, encontrarse en pleno goce de los derechos ciudadanos, no contar con antecedentes penales, tener credencial de elector vigente y saber leer y escribir. Cabe señalar que los miembros, tanto de las Juntas, como de los Organismos de Participación, no deben tener impedimentos para participar por “razones de género o discapacidad, así como filiación política o religiosa o condición socioeconómica” (2009). En cambio, para poder sufragar un voto se necesita vivir dentro de la demarcación que atenderá la Junta y haberse registrado en tiempo antes de que se realicen las elecciones (Art. 32°) (2009).

Si bien es clara la ley en la demarcación de quiénes pueden o no participar en la dirección de las JMV o en su elección, es importante destacar que es ahí donde se observa la problemática que se ha discutido con anterioridad sobre quiénes son los ciudadanos de un espacio y, por ende, quiénes son los que tienen derecho a ejercer su participación para la toma de decisiones dentro de sus entornos. Por ello se propone que “dentro de las Juntas de Mejoras hay que implementar el concepto de vecindad, porque hay gente que no tiene la figura de ciudadanía, como los extranjeros que son residentes desde 30 o 40 años, los que quieras, y que forman parte de las comunidades y se les restringe su capacidad de intervenir” [TE3].

Esto permitiría que la participación ciudadana no se restringiera únicamente a personas ciudadanas como tales, e incluso se incluyera a aquellas que tuvieran menos de 18 años cumplidos, ya que “estos son miembros de pleno derecho de las comunidades y sin embargo en estos ejercicios de Juntas de Mejoras no suelen ser tomados en cuenta porque no cumplen con este requisito formal de la ciudadanía” [TE3]. Así, la concepción de vecindad lograría una mayor inclusión de las personas que habitan los barrios, lo cual a su vez permitiría que se realizara una autogestión de la producción del espacio. Esto, asumiendo que los ejercicios realizados en las JMV no son meras simulaciones, sino que son tomados en cuenta realmente.

Lo anterior también genera problemas de legitimidad sobre la elección de las Mesas Directivas de cada una de las JMV. Aunque éstas son organismos que incitan a la participación ciudadana y a la organización de los habitantes de colonias y barrios para exponer sus necesidades ante el gobierno en turno mediante una interlocución para que puedan ser atendidas de forma inmediata, lo cierto es que existe una imagen negativa respecto de los verdaderos objetivos de las mismas, así como de las razones por las cuales son o no creadas:

Las autoridades intervienen demasiado abiertamente en la conformación de estos mecanismos […] porque muchas leyes obligan a las autoridades a crear este tipo de espacios, pero son espacios que están muy cooptados […] Entonces, esta dispersión normativa genera una debilidad de legitimidad sobre la integración de los Organismos, porque ¿qué te da legitimidad? ¿Porque te invitó el presidente municipal? Pues eso pierde legitimidad, también respecto de sus soluciones [TE3].

Otro aspecto importante que no debe de perderse de vista es la problemática a la que se enfrentan las JMV al momento de realizar propuestas o peticiones que inciden en los entornos que demarcan a cada una de éstas:

A las Juntas de Mejoras ordinariamente siempre se les pide a finales de año un ejercicio de hacer prioridades, y se entrega al área de Desarrollo Social del Ayuntamiento —que es la experiencia de San Luis Potosí, lo que conozco— y esta área lo utiliza supuestamente para hacer el Programa Operativo Anual (POA) del Ayuntamiento, que es el mecanismo a través del cual se justifica el presupuesto que se está pidiendo o el que se gasta. Pero lo que acaba ocurriendo es que no se reflejan las prioridades o necesidades planteadas por las Juntas de Mejoras [TE3].

Además, al no existir marcos normativos específicos que se dediquen a velar por el cumplimiento de las peticiones generadas, especialmente desde los OPC, no hay fuerza vinculante o coercitiva que obligue al Ayuntamiento o al gobierno del estado a cubrir las demandas que se manifiestan desde cada una de las JMV o incluso desde la ciudadanía en general:

Eso acaba debilitando las Juntas porque después empieza el fenómeno de ‘no hace nada la Junta de Mejoras’ y quedas atrapado entre las exigencias ciudadanas legítimas y la indiferencia gubernamental que al final de cuentas no hace nada. Ese es otro problema de los mecanismos de participación ciudadana. Su carácter no vinculante. Si le sumas la poca claridad sobre los procedimientos de integración, y luego las debilidades de los mandatos que tienen los Organismos de Participación Ciudadana respecto de la obligación o no que tienen las autoridades de hacerles caso, pues vemos que hay una debilidad fuerte [TE3].

A esto se le suma la falta de participación ciudadana que puede desencadenarse por el desánimo que surge al no existir acciones o resultados por parte de las autoridades del Ayuntamiento o el estado hacia las demandas formuladas desde los habitantes de los espacios que abarcan las JMV. “La verdad es que hay serios problemas de participación vecinal. No tenemos una ciudadanía de alto impacto y resulta difícil convocarlos. Y luego va ocurriendo este desgaste […] que pides cosas y el Ayuntamiento no contesta, y va generando al interior un ‘estos qué hacen, les pedimos cosas y no ocurre nada’ y se genera un desgaste” [TE3].

Aunado a esto, podría agregarse que existe una falta de cultura de participación dentro de este tipo de espacios en el municipio, o que las personas no quieren participar en simulaciones, lo cual genera una ciudanía de bajo impacto:

Podríamos decir que hay una paradoja entre una exigencia ciudadana, o sectores ciudadanos organizados, porque luego tampoco es que tengamos una ciudadanía de alto impacto en el país, pero por lo menos hay sectores ciudadanos que sí exigen una mayor participación ciudadana. Pero por otro lado tenemos debilidad normativa por dispersión, porque esa misma les permite a las autoridades ejercer un papel de discrecionalidad sobre los mecanismos de participación ciudadana [TE3].

Un punto importante a destacar al momento de llevar a cabo la participación ciudadana desde los OPC es el uso del espacio público con que cuentan los barrios, como las plazas, los atrios de las iglesias, incluso las áreas verdes conformadas por los jardines. Como señala Borja, estos espacios son utilizados como lugares de representación y de expresión colectiva de la sociedad (2003: 21).

Una vez que se ha descrito la panorámica de participación ciudadana que se observa en la ciudad de San Luis Potosí, es importante conocer lo que sucede dentro de cada uno de los casos de estudio.

La participación ciudadana en el barrio de San Sebastián

El barrio de San Sebastián se caracteriza por albergar una serie de servicios que permiten el desarrollo de la vida económica, social, laboral y de salud dentro de él. Esto podría ser un detonador para que los habitantes de este espacio decidieran permanecer en el barrio, pero también para buscar participar y abonar a mejorarlo para que se logre su conservación. Sin embargo, es necesario mencionar que estos servicios muchas veces no están pensados para las personas que viven en el barrio. Ante esto, un ex presidente de JVM del barrio menciona que “un estudio que nos dieron del IMPLAN [Instituto Municipal de Planeación] hablaba de que el barrio de San Sebastián era de los más vivos que todavía existían porque tiene una serie de servicios que más que expulsores son atractores. Tenemos hospitales el ISSSTE, Cruz Roja, el Mercado Tangamanga, un montón de escuelas, hasta una universidad. Una serie de servicios que otros barrios no dispone. Pero sí se observaba un fenómeno de que hay gente muy grande, pocos jóvenes, poca vivienda” [TE3].

Mapa 6. Juntas de Mejoras Vecinales del barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí y apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI

Además de todos estos servicios, cabe aclarar que dentro del barrio hay una distribución territorial que permite la existencia de tres JMV, las cuales no logran abarcar todo el perímetro que éste integra, según lo señala la información brindada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. La extensión territorial de cada una de estas juntas puede observarse en el Mapa 6.

De acuerdo con información del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), en este barrio en 2010 había una población de 6 854 habitantes, de los cuales 4 747 eran mayores de 18 años. Esta anotación es importante porque quiere decir que del total de la población del barrio había, para ese entonces, 2 107 personas que no podían participar en el proceso de elección de las Mesas Directivas de las JMV, y mucho menos realizar una postulación para encabezar a alguna de ellas. En este caso la sugerencia de reemplazar la concepción de “ciudadanía” por la de “vecindad” tendría bastante sentido ya que permitiría que la juventud y la niñez se involucraran a temprana edad en los procesos de participación ciudadana, ya sea de participación directa, de gestión vecinal o barrial, o de diferente índole.

En 2017 hubo un cambio de Mesas Directivas de las JMV de todo el municipio de San Luis Potosí. Por ende, las tres JMV que conforman el barrio de San Sebastián tuvieron modificaciones en las personas que las encabezan. En la Tabla 7 se muestran las fechas en las que se llevaron a cabo las selecciones de cada una de las JMV de San Sebastián, junto con el quorum legal de los habitantes que asistieron a la reunión correspondiente para emitir su voto. Además, se puede ver que un total de 114 personas se registraron a tiempo en el barrio de San Sebastián para elegir a la nueva JMV y participaron en el proceso. Esta cantidad representa 2.4 % de la población total que tiene 18 años o más y que habita en el barrio, la cual, sobra decir, es muy baja.

Tabla 7. Elección de 2017 de Mesas Directivas para las JMV del barrio de San Sebastián

Barrio

Demarcación JMV

Fecha de elección

Quorum legal de habitantes

Total de quorum legal

Población total del barrio <18

% de participación en relación con total de habitantes < 18

San Sebastián

01-10-073

13 de junio de 2017

45

114

4,747

2.4%

01-10-074

20 de junio de 2017

33

01-10-075

21 de junio de 2017

36

Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí. 10

También es importante agregar dos cuestiones: en primer lugar, que las tres JMV de este barrio, elegidas en 2017, estaban encabezadas por mujeres, lo cual resulta importante a destacar porque señala qué sector poblacional del barrio se estaba organizando en torno a estos OPC. En segundo lugar, que cada una de estas juntas debía presentar un plan de trabajo que mostrara los objetivos que buscaría cumplir durante su gestión. Las tres planillas elaboraron planes que coincidían en los temas que deberían de ser atendidos con prioridad dentro del barrio. Entre éstos se encuentran las siguientes preocupaciones:

Mejorar la seguridad del barrio formando grupos de vigilancia de vecinos y solicitando apoyo al municipio.

Mejorar infraestructura como alumbrado, drenaje, pavimentación, señalética de calles, semáforos (especialmente en la calle de Carlos Díaz Gutiérrez y Constitución).

Dar mantenimiento a parques y jardines.

Buscar el aseo público de las calles en el tema de recolección de basura.

Crear espacios deportivos y culturales para la recreación de la población.

Lo que resulta muy interesante de estas propuestas es que en ningún momento se habla de un actuar en conjunto con las instituciones ya existentes dentro del barrio, como centros deportivos, espacios comunitarios o incluso la Casa Cultural del barrio de San Sebastián. Esto muestra un nivel de desarticulación entre lo que se desea que tenga el barrio y lo que ya existe dentro de él.

A pesar de los esfuerzos que se realizan dentro de las JMV, la falta de carácter vinculante que tienen estas propuestas genera testimonios de fracaso en el actuar de las Juntas debido a que no hay mecanismos que hagan que las autoridades materialicen las demandas formuladas. Una experiencia que muestra esto tiene que ver con la demanda de arreglo de infraestructura de drenaje y saneamiento en el barrio:

Uno de los problemas de los barrios es el colapso de los drenajes, los cuales se hicieron no sé en los cuarentas, cincuentas, en tiempos de cuando era gobernador Gonzalo N. Santos, que fue cuando se adoquinó el barrio porque mucha gente cree que están desde la colonia, pero no, eran calles de tierra. Son drenajes colapsadísimos. […] En nuestra cuadra nos pasó una cosa así y tomamos la decisión de cerrar la calle hasta que nos arreglaran. Y a la hora ya estaban las máquinas arreglando. Ese tipo de acciones directas [TE3].

Esto se presenta como problema porque no sólo fue plasmado en los planes de trabajo de las JMV como un problema primordial, sino que no fue atendido hasta que se realizaron otras acciones, como ocupar las calles.

Una segunda experiencia tuvo que ver con la modificación de una casa que se ubicaba frente al jardín del barrio, la cual terminó siendo transformada en un OXXO:

Cuando se puso del OXXO frente al jardín algunos de los que tienen negocios en los alrededores pensaron ‘estos nos van a tronar’, y dentro del barrio hay la tradición de las tienditas de esquina, que le dan vida y de gente que vive de eso. Siempre ha habido tienditas en el barrio. Y se nos acerca un grupo y dice ‘no queremos que se ponga el OXXO ahí’ y se supone también que son lugares protegidos por el INAH y quién sabe cuánta cosa. Hicimos toda una serie de gestiones ante el Ayuntamiento y el INAH para evitar que se instalara el OXXO. Al final nos dejaron solos, ni los de las tienditas de los alrededores se animaron. Al principio sí hubo una asamblea de unas 100 gentes, un montón. Porque en las asambleas de las JM no creas que son 200 personas, si llegan 90 ya es un montón. Les planteamos una serie de acciones, pero ya no quisieron. Y luego el OXXO se instaló con todo tipo de irregularidades y corrupción del Ayuntamiento. Y entonces está que ocurre también eso [TE3].

Este es un claro ejemplo de desgaste de los habitantes del barrio para tener incentivos y seguir participando en las JMV.

La participación ciudadana en el barrio de San Miguelito

Este barrio se enfrenta a un problema específico, que no es exclusivo de él, sino que permea en gran parte del perímetro en el que éste se encuentra junto con los demás barrios tradicionales de la ciudad de SLP. Esto llega a repercutir, no sólo en la percepción que existe hacia él, sino también en la inversión y atención que recibe por parte del Ayuntamiento y del estado.

En San Miguelito tenemos un problema como barrio muy específico. Resulta que hay dos perímetros, el A y el B, y los barrios están en el B, y por estar ahí no forman parte de los polígonos de pobreza a los cuales se podían destinar recursos del Ramo 33, porque estás dentro de un Centro Histórico. Pero nunca le llegan fondos porque los que se buscan, como el Patronato del Centro Histórico tan famoso aquí en San Luis, pues todos los recursos que junta los mete al perímetro A. Y el B ha sufrido a lo largo de muchas décadas un deterioro de la infraestructura urbana terrible. Como el caso de los barrios de San Miguelito y San Sebastián, que son los que conozco más directamente, pero es algo muy similar a lo que seguramente pasa en Santiago, Tlaxcala [TE3].

Dentro del barrio de San Miguelito, según información de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, únicamente hay dos JVM que, como sucedió en el caso de San Sebastián, no logran abarcar toda la delimitación territorial de lo que se retoma aquí como la totalidad del barrio. Esta delimitación se aprecia en el Mapa 7.

Mapa 7. Juntas de Mejoras Vecinales del barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí y apoyo de la herramienta de Mapa Digital del INEGI.

De acuerdo con el Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010 en el barrio de San Miguelito hay un registro de 5 082 habitantes, de los cuales 3 987 cuentan con la mayoría de edad (INEGI, 2010). Nuevamente, como pasó en el caso de San Sebastián, la población menor a 18 años queda fuera del proceso de selección de las JMV, que son 1 095 habitantes. Durante el proceso de votación que se llevó a cabo para seleccionar a las Mesas Directivas de las JMV del barrio de San Miguelito se registraron a tiempo 260 personas, las cuales ejercieron su voto. Como puede observarse en la Tabla 8, este quorum legal de habitantes representa 6.5 % del total de la población mayor a 18 años, lo cual proporcionalmente es mayor al caso anterior, pero sigue siendo una cantidad muy baja en comparación con la cantidad de personas que habitan en el barrio.

Tabla 7. Elección de 2017 de Mesas Directivas para las JMV del barrio de San Miguelito

Barrio

Demarcación Juntas Vecinales

Fecha de elección

Quorum legal de habitantes

Total de quorum legal

Población total del barrio <18

% de participación con relación al total de habitantes < 18

San Miguelito

01-02-006

8 de junio del 2017

147

260

3,987

6.5%

01-02-007

8 de junio del 2017

113

Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí.  

En este caso también resalta que ambas JMV están presididas por mujeres, lo cual refleja una importante participación de este sector dentro de este tipo de Organismos de Participación Ciudadana. En el plan de trabajo se elaboraron propuestas encaminadas a cumplir con la agenda siguiente:

Fomentar el acercamiento y la organización vecinal para reforzar la seguridad del barrio, para así lograr un enlace entre los habitantes, las autoridades y las dependencias.

Reactivar el barrio por medio de la recuperación de espacios públicos, el mantenimiento de calles, banquetas y jardines.

Prestar atención a las viviendas y al patrimonio por medio del cuidado de la estética de las viviendas y la preservación de la imagen tradicional.

Gestionar la especulación de las viviendas con las autoridades, y censar las viviendas grandes abandonadas para demolerlas o restaurarlas.

Realizar eventos culturales y deportivos en el barrio.

Estas propuestas reflejan diversas cuestiones que deben ser atendidas dentro del barrio: muestran una desatención por parte de las autoridades en el rubro de seguridad, ya que la autogestión vecinal parece ser necesaria para mejorar la percepción y la realidad en torno a este tópico. Además, a diferencia del caso anterior, únicamente se habla de crear eventos deportivos y culturales, pero no de espacios destinados a esto dentro del barrio.

Cabe destacar que hubiera sido muy interesante contar con el testimonio de una persona que hubiera participado en las Juntas de este barrio para conocer su experiencia y si existían diferencias de operación en comparación con el de San Sebastián. A pesar de esto, en el momento de la investigación no fue posible contactar a un informante que cumpliera con estos puntos, por lo que se reconoce que esta parte del análisis podría ser reforzada.

Movilidad y acceso a centralidades

La movilidad es un tema central para hablar del derecho a la ciudad ya que implica una serie de factores que dan cuenta de la aplicación de este derecho, así como de su ausencia. Como se estableció anteriormente, y como señala Moctezuma (2003), entendemos la movilidad, no como la importancia del uso del transporte en la ciudad y la capacidad de desplazamiento de sus habitantes, sino como la necesidad de que exista una distribución equitativa de las centralidades que permitan la inclusión de todas las personas para lograr tener acceso a los servicios que ofrece la ciudad.

Para comprender qué prioriza una ciudad en cuestión de movilidad es importante mirar detenidamente las legislaciones que la rigen y, sobre todo, prestar atención en qué es lo que enfatizan y qué dejan fuera. En este caso nos compete observar la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí (2016), la cual aplica en el ámbito municipal, dentro de la ciudad de SLP. Esta Ley tiene como objetivo “establecer las bases generales para la regulación del tránsito de vehículos, peatones y semovientes en el estado, y del servicio de estacionamientos al público” (2016: 3).

El apartado que más nos interesa respecto a esta Ley es el Título séptimo: De los peatones, de los ciclistas, de la educación vial, de los conductores y de las escuelas de manejo. En esta sección se establece la importancia de llevar a cabo campañas y programas de concientización y responsabilidad en torno a la educación vial (art. 64°), los derechos y las obligaciones de los peatones y los ciclistas (art. 66°, 67° y 68°), los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y escolares (art. 71°) y las obligaciones de los conductores de vehículos privados (art. 72°).

Si bien esta legislación establece derechos y obligaciones para los peatones y los ciclistas, aun así, es importante recalcar que a lo largo de toda la Ley no existe un enfoque que priorice a estos grupos en el tema de la movilidad de forma integral, los cuales son más vulnerables a riesgos y accidentes en comparación con el auto privado, y otros tipos de transporte motorizado. En el caso del artículo 72° en el que se habla de las obligaciones del conductor, se menciona superficialmente el respeto al peatón y al ciclista, pero se prioriza mucho más sobre la reglamentación en cuestiones materiales y administrativas. Esto dificulta que el peatón y el ciclista exijan sus derechos con relación al uso del espacio, el cual, la mayoría de las veces, está priorizado para el uso del auto privado.

Otro punto que resulta preocupante es que en ningún artículo se establecen los derechos y las obligaciones de los usuarios del transporte público, a la vez que tampoco se encuentran plasmadas las de los conductores de estas unidades de transporte, las cuales son utilizadas concurridamente dentro de la capital de SLP.

Esto es una muestra de que existen vacíos legislativos en torno a este tema, lo cual puede explicar por qué el servicio es calificado de mala calidad, inseguro, tardado y peligroso. A su vez, el transporte público de la ciudad “genera una deshumanización del individuo como usuario de la movilidad y, por ende, vulnera su forma de ser un sujeto de derecho. No estás hablando solamente de que el transporte público es ineficiente y tienes que esperar 20, 30 minutos, una hora y media, por un camión. Estás hablando de que eso está generando impactos sociales reales al ver al individuo solamente como un valor que se está moviendo en el espacio” [TE5].

De nuevo se pone el énfasis en el papel que tiene el auto sobre los demás medios de transporte, y la falta de integración que existe para la elección del uso de otras opciones que no sea ésta. “Ahora sí que si no traes carro tienes muy pocas consideraciones. Paradas de autobuses no siempre hay, están más bien esporádicas. El transporte público desde mi perspectiva es muy malo y desde ejercicios que hemos hecho en el colectivo hemos visto que es el menos eficiente en cuanto a costo, en cuanto a tiempo; es el más lento de todos los transportes teniendo taxi, auto, bici, patines y motocicleta” [TE6].

Además de lo que puede encontrarse en la legislación, en la ciudad de SLP se desarrollan dinámicas que tienden a segregar la movilidad de muchos sectores sociales desde diferentes ámbitos, como lo son las barreras físicas que se crean a partir de la construcción de vías rápidas, la mala planeación de los puentes peatonales; así como barreras que no son tangibles pero sí palpables, como lo son la inseguridad en las calles, la falta de transeúntes a ciertas horas del día que genera la transformación de zonas habitacionales a únicamente comerciales, entre muchas otras.

“Realmente hay dinámicas en las cuales la movilidad segrega o actúa como barrera” [TE5]. Estas dinámicas incluso pueden ser generadas a partir de la implementación de propuestas de movilidad que no tomen en cuenta factores esenciales para la movilidad de cada sector en particular. “En San Luis Potosí tenemos tres ejemplos muy claros, si no es que más, que son la diagonal del Río Santiago, la carretera 57 y tal vez no se note tanto, pero la vía del ferrocarril. Estas son barreras lineales. Volvemos al punto performativo de la ciudad. Si tú no puedes cruzar una calle dejas de interactuar con el otro lado y se rompe el tejido social” [TE5].

Una de las principales razones por las que suceden estas dinámicas de segregación en la movilidad dentro de la ciudad es el hecho de que ésta se encuentra pensada, producida y construida, en su mayoría, desde la perspectiva del auto privado. Incluso dentro del gremio inmobiliario se reconoce que el auto es un factor primordial al momento de generar vivienda o hacer crecer la ciudad. “Se cree que las ciudades están creadas para los coches, y todo se hace en función a eso. Acabo de terminar de diseñar un edificio, y lo que determina cuántos departamentos hay es el número de coches que caben en el estacionamiento” [TE2].

Esto se ve influido, además, por la derrama económica que genera la venta y producción de automóviles, sin dejar de mencionar que este sector es el principal generador de divisas en SLP, ya que cuenta con un clúster Automotriz de gran relevancia. A esto se debe que “en la escala nacional y en términos locales de 90 a 95 % del presupuesto federal dedicado a movilidad y transporte o infraestructura son para el auto […] Al darle preferencia solamente a un modo de transporte que no es sustentable […] que es el carro, estamos dejando que estos procesos de segregación, en estos estratos socioeconómicos se mantengan y se impidan los procesos de movilidad social” [TE5].

A pesar de todo eso, crear la ciudad en función y en beneficio de un solo tipo de transporte fragmenta el tejido social y segrega aún más a los grupos vulnerables que no pueden acceder a este tipo de servicios.

el capitalismo promueve cierto modelo de ciudad, y que en los años cincuenta, sesenta, es que dijeron “la ciudad es para los autos”; y acá desde la bicicleta es que vemos cómo existe esta gran inequidad, este gran impulso para moverse por auto y no por bici. Y esto se liga a muchísimas cosas como desigualdades, el desarrollo de la ciudad, como ¿por qué crecen las periferias? La ciudad dispersa, de la ocupación del espacio público, cuando el espacio se ocupa para el auto estacionado, que podría ser utilizado para muchos otros usos para toda la ciudad siendo que el porcentaje menor es el de las personas que se transportan en automóvil [TE6].

En otro escenario, es importante hablar del panorama para los ciclistas en SLP. Este medio de transporte es una opción de movilidad sustentable que enfrenta una diversidad de obstáculos al momento de ser utilizado, sobre todo al realizar demandas del uso del espacio público y mejores condiciones para transitar por la ciudad sin enfrentar los riesgos que se observan actualmente. En este sentido, y como se mencionó con anterioridad, no existe una perspectiva de derechos humanos en la Ley de Tránsito del estado de San Luis Potosí que priorice las necesidades de estos sectores, como también sucede con los peatones, pero sobre todo con las personas con discapacidad. No hay una planeación dirigida a las personas que se desplazan en bicicleta, en motocicleta, a pie o que dependen de auxiliares de la marcha o aditamentos para lograr un desplazamiento integral.

Hablando en particular de la bicicleta, los esfuerzos que se han realizado para brindarles un poco de espacio no han sido planeados de manera adecuada y, por lo tanto, no contribuyen a resolver el problema.

En cuestiones de políticas públicas es en donde yo creo que sí hay que hacer mucho porque no hay tanta actuación de las autoridades. Las ciclovías que se han hecho en San Luis Potosí siempre han sido pensadas en donde quepan y en tramos que no están conectados unos con otros, que incluso en su diseño fallan mucho. Ve la ciclovía de Ricardo B. Anaya que está al centro y es difícil de acceder y con árboles y postes a la mitad que no te dejan pasar. O por ejemplo la que se tiene acá en la Carretera a Zacatecas, que a pesar de que puede pensarse que sí salva muchas vidas, su diseño es erróneo porque justamente para acceder a esa ciclovía tienes que cruzar la carretera [TE6].

Parte de lo que permea en la forma en cómo es planeada la ciudad tiene que ver con la estructura y el sistema económico que conforman parte esencial de los problemas que enfrentamos actualmente al encontrarnos con calles intransitables y peligrosas para todos los usuarios de la calle; transportes contaminantes e insostenibles y una falta de inclusión para las personas que tienen movilidad limitada y no cuentan con infraestructura para poder utilizar las calles de una forma digna. “Ya no se trata solamente de si yo como individuo opto por una bicicleta. Se trata de si yo como individuo, en la sociedad en la que habito, tengo derecho a hacer esa elección o se me permite realizarla” [TE5].

Al tener condiciones de irregularidad y desprotección, nos enfrentamos a escenarios que condicionan la movilidad urbana y que impiden una experiencia equitativa de la ciudad, sobre todo para los sectores más vulnerados. Gracias a lo que se ha mencionado con anterioridad, observamos que la ciudad de SLP cuenta con los cuatro escenarios que, según afirma Moctezuma (2003), abonan a que se generen condiciones como: el crecimiento urbano acelerado; la desarticulación que está sufriendo la ciudad en relación con la forma de vida urbana y la atención que se pone a los diferentes sistemas de movilidad; la segregación económica y espacial que sufre gran parte de la población potosina y el consumo excesivo del espacio urbano destinado al transporte individual que termina transgrediendo las necesidades colectivas de movilidad (2003: 177-178).

Moverse dentro del barrio

Como se ha observado, la ciudad de San Luis Potosí cuenta con ciertas condiciones de movilidad, las cuales permean en las dinámicas que existen al interior de los barrios tradicionales, incluyendo los casos de San Sebastián y San Miguelito. Ambos son considerados espacios de centralidad importantes porque albergan una serie de servicios que cubren diversas necesidades básicas. Esto es muy diferente si se compara con otros barrios. “Los barrios tradicionales de San Luis Potosí tienen el gran atractivo de ser puntos centrales. Son centralidades urbanas, y eso en términos económicos implica capital. Para invertir, todo el mercado lo que va a buscar es que sea redituable. Para eso necesitan un menor costo para mayor beneficio” [TE5].

A pesar de esto, ambos barrios muestran un abandono constante que permite la creación de percepciones de inseguridad en torno a ellos, así como estigmatización, lo cual repercute en la forma y en la capacidad que tiene la gente para moverse dentro de ellos. “La estigmatización, es el generar en términos ideológicos o etiquetarlos como un ‘no espacio’. Los barrios se vuelven ‘no espacios’ porque como no son espacios significantes, lo que ocurre en ellos no es importante para la ciudadanía” [TE5].

Además, las condiciones materiales de los barrios generan descuido, lo cual a su vez repercute en el uso de diferentes opciones de transporte para el desplazamiento dentro de ellos.

La bicicleta tiene muchos problemas en los barrios tradicionales por el adoquín. Al descuidar tanto las calles tenemos problemas para andar. Pero eso aplica para casi todos los modos de transporte. No se trata de que realmente haya un modo de transporte más adecuado o más cómodo en el barrio. Se trata del proceso global en el cual se ha descuidado la movilidad de los barrios para que éstos sean espacios no deseables. La movilidad en este caso, como tema transversal, es un impacto negativo, pero no es realmente el tema principal del asunto [TE5].

La movilidad en San Sebastián

Para hablar de condiciones óptimas de movilidad dentro de un espacio determinado es importante tomar en cuenta que éstas incluyan las necesidades de la totalidad de la población, teniendo presente aspectos como la seguridad, la capacidad de desplazamiento, la centralidad de los servicios y la jerarquía de movilidad integral.

Ahora introducimos las condiciones de movilidad que se observan en el caso del barrio de San Sebastián, para lo cual se utilizó la herramienta del Inventario Nacional de Viviendas del INEGI (2016). Esta plataforma permite conocer, dentro de la infraestructura de un espacio específico, las restricciones que existen para peatones y autos, la disponibilidad de las calles y los materiales con los que están recubiertos, así como la existencia de rampas en las calles para personas discapacitadas y la disponibilidad de alumbrado público en cada una de las calles.

En este apartado es importante señalar un punto que podría ser una debilidad para el análisis, el cual tiene que ver con la temporalidad de los datos, siendo que la información presentada fue recopilada en 2016. A pesar de esto y de los posibles cambios que se hayan manifestado en estos espacios desde que fue levantada la información, es importante recalcar que ésta sigue siendo una fuente valiosa de información para un primer acercamiento de las condiciones materiales con las que cuentan las calles de los barrios.

Mapa 8. Restricción del paso a automóviles en el barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

En los mapas 8 y 9 se observa cuáles son los espacios urbanos, dentro del barrio de San Sebastián, que se encuentran restringidos para automóviles y peatones, respectivamente. El Mapa 8 muestra que nueve manzanas del barrio cuentan con alguna vialidad restringida a los automóviles, las cuales en su mayoría son espacios peatonales; mientras que en el Mapa 9 se muestra que sólo tres manzanas cuentan con una vialidad que está restringida a los peatones, y en su mayoría son espacios privados.

Mapa 9. Restricción del paso a peatones en el barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Mapa 10. Disponibilidad de recubrimiento de la calle en el barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Este análisis superficial podría señalar que dentro del barrio existen condiciones óptimas para el desplazamiento y la movilidad de las personas que lo transitan; sin embargo, así como no hay restricciones para peatones tampoco las hay en gran medida para los carros. A esto se le suma la falta de educación vial que existe en la ciudad y la capacidad que tienen las personas con un auto privado de hacer uso de espacios peatonales de formas para las que no están pensadas.forma indebida. Ejemplos de esto son cuando los autos utilizan la calle de estacionamiento en doble fila, cuando se estacionan sobre las banquetas y ponen en riesgo al peatón, entre muchos otros.

Otro aspecto importante a destacar es la existencia o ausencia de banquetas, su disponibilidad y el material con el que están recubiertas. El barrio de San Sebastián en su gran mayoría cuenta con calles de empedrado o adoquín y a sus alrededores hay mayor presencia de calles hechas de pavimento o concreto, lo cual dificulta mucho la movilidad en la zona, sobre todo cuando se recurre a transporte no motorizado, cuando se es peatón adulto mayor o cuando se tiene alguna discapacidad y se necesita de auxiliares de la marcha o aditamentos para lograr un desplazamiento integral. Esto puede observarse en el Mapa 10.

El Mapa 11 muestra que la mayoría de las vialidades del barrio cuenta con banqueta. Las que no cuentan con banqueta coinciden en buena medida con las calles que tienen algún tipo de restricción para los autos, que en su mayoría fueron modificadas para ser calles peatonales.

Mapa 11. Disponibilidad de banquetas en el barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Un punto que debe de priorizarse en la movilidad es la disponibilidad de rampas para sillas de ruedas en las banquetas, lo cual se muestra en el Mapa 12. En el barrio de San Sebastián la mitad de las banquetas cuenta con esta infraestructura y la otra mitad carece de ella. De esta información destaca, de forma preocupante, que la distancia que hay entre las banquetas que cuentan con rampas y las que no tienen es muy grande, y evidencia una necesidad que debe de ser atendida en el barrio a la brevedad.

Mapa 12. Disponibilidad de rampa para sillas de ruedas en el barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Para terminar con el análisis de movilidad de este barrio, cabe destacar un aspecto que resulta decisivo al momento de desplazarse por la ciudad: la sensación de seguridad. Pero para que esta sensación exista debe de cumplirse con una serie de elementos, entre los cuales se encuentra una buena iluminación de las calles que debe de ir de la mano de un alumbrado público eficiente. Esto se muestra en el Mapa 13. En este campo podría decirse que en su mayoría el barrio de San Sebastián cuenta con calles con alumbrado público, aunque esto no arroja la información de la cantidad de lámparas que son funcionales actualmente, ni mucho menos da cuenta de la sensación y percepción de inseguridad que se vive dentro de este barrio, así como en otros.

Mapa 13. Disponibilidad de alumbrado público en el barrio de San Sebastián

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Muchas veces parece obviarse la importancia de contar con alumbrado público de calidad, pero lo cierto es que su ausencia repercute en gran medida en la forma en la que las personas transitan y viven las ciudades, las sensaciones de riesgo y los miedos que generan. Esto termina abonando en mayores limitaciones para el desplazamiento en la ciudad, y permite condiciones de más abandono e inseguridad en las calles.

La movilidad en San Miguelito

El panorama de movilidad del barrio de San Miguelito es un tanto diferente en comparación con el que se observa en San Sebastián, lo cual resulta muy interesante debido a la contigüidad que comparten. Para comenzar, como se puede observar en el Mapa 14, la restricción al paso de peatones es casi nula dentro de este barrio, a excepción de una calle cerrada que da acceso a un fraccionamiento. En lo que respecta al Mapa 15, que habla de la restricción de paso a automóviles, los puntos señalados corresponden, de nueva cuenta, a diversos fraccionamientos y a calles destinadas para el uso peatonal.

Mapa 14. Restricción del paso a peatones en el barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Mapa 15. Restricción del paso a automóviles en el barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

En los Mapas 16 y 17 se muestran las condiciones en las que se encuentran las calles del barrio de San Miguelito. En el primero resalta que, como en el caso de San Sebastián, el recubrimiento de las calles es en su mayoría de empedrado o de adoquín, lo cual propicia las mismas problemáticas que se describían anteriormente en cuanto a la movilidad desde otras opciones de transporte que no sean el auto privado.

En el segundo se muestran las calles que carecen de banquetas, siendo éstas un total de cuatro dentro del barrio. Este aspecto es preocupante porque, al no haber banquetas para transitar, el peatón queda a merced del conductor privado y se ve obligado a adaptar su movilidad a las dinámicas que abonan al favorecimiento del uso del auto.

Mapa 16. Disponibilidad de recubrimiento de la calle en el barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Mapa 17. Disponibilidad de banqueta en el barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Un aspecto de la movilidad que se experimenta dentro de este barrio y que resulta alarmante es la evidente falta de inclusión de las personas con discapacidad, ya que son contadas las calles que cuentan con rampas e infraestructura que permita el desplazamiento en silla de ruedas, de personas que tengan alguna discapacidad o que necesiten de auxiliares de la marcha y aditamentos para llevar a cabo el desplazamiento. Esto puede constatarse en el Mapa 18, el cual muestra la poca o casi nula presencia de este tipo de infraestructura.

Mapa 18. Disponibilidad de rampas para sillas de ruedas en el barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

En el Mapa 19 se ilustra otro de los puntos importantes para la movilidad y el desplazamiento por la ciudad, que tiene que ver con la condición en la que se encuentra el alumbrado público dentro de este barrio. En este mapa se puede observar que casi la mitad de él no dispone de este servicio. Esto genera una percepción de inseguridad dentro del barrio, no sólo para las personas que son ajenas a él, sino también para las personas que lo habitan. Este aspecto resulta crucial porque puede permitir o frenar el tránsito y la movilidad dentro de ciertos sectores, lo cual a su vez acarrea mayor inseguridad.

Mapa 19. Disponibilidad de alumbrado público en el barrio de San Miguelito

Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Viviendas (2016).

Patrimonio cultural

Iniciamos este apartado recordando, como argumenta Llull (2005), que el concepto de patrimonio cultural siempre ha sido algo relativo, que se ha ido formulado a partir de un sistema de valores específicos de cada época y espacio, el cual también se caracteriza por su dinamismo y se encuentra en constante cambio dependiendo de las sociedades en las que se formule dicha clasificación.

El estado de San Luis Potosí, así como cada uno de sus ayuntamientos, se rigen por la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de San Luis Potosí (2015), en la cual considera al patrimonio cultural como “fuente esencial de identidad, ya que sus diversas manifestaciones son primordiales para vincularnos al pasado y presente de los pueblos” (2015: 1). A su vez, se establece un conjunto de medidas para salvaguardarlo y protegerlo. Dentro de esta Ley, en el artículo 3°, se introduce el concepto de patrimonio cultural estatal, el cual se clasifica como:

El conjunto de manifestaciones tangibles e intangibles generadas a través del tiempo, desde la prehistoria hasta cincuenta años antes de la fecha que transcurre al momento de su aplicación, por los diferentes grupos sociales que se han asentado en territorio del Estado y que, por sus cualidades de significación social o documental, constituyen valores de identidad y autenticidad de la sociedad de donde surgen (2015: 5).

La ciudad de SLP alberga un gran polígono de patrimonio cultural estatal, específicamente dentro del Centro Histórico, ya que éste cuenta con un decreto presidencial que lo clasifica como Zona de Monumentos, e incluye un área de 1.93 kilómetros cuadrados (que abarca 218 manzanas). Esta zona se encuentra dividida en los perímetros A y B; el A se clasifica como Centro Histórico, mientras que el B abarca los siete barrios tradicionales de la ciudad, cuyos edificios tienen un valor histórico trascendental ya que fueron construidos entre los siglos XVI y XIX (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2012: 297). Según la página oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia,  el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 8 de marzo de 2018, categoría que le dio reconocimiento internacional como parte trascendental de la historia de la ciudad. Una razón por la que esta declaratoria no se había concretado mediáticamente con anterioridad tiene que ver con la presión que existió en torno al caso de Cerro de San Pedro en contra de New Gold Minera San Xavier, el cual ha sido mutilado por la actividad extractiva de la empresa canadiense, lo que viola la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (Martínez, 2016). Esto repercutía en que no fuera incluido en la “Ruta de la plata” y, al no contar con dicha categoría resultaba contradictorio que el Centro Histórico fuera incluido en una declaratoria de tal naturaleza y Cerro de San Pedro quedara fuera.

En el estado de San Luis Potosí, así como en su capital, la institución que se encarga de gestionar, salvaguardad y restaurar el patrimonio cultural y los monumentos, así como de difundir información que favorezca lo anterior, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que anteriormente pertenecía a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero que ahora es parte de la Secretaría de Cultura (Secult).

En San Luis tenemos el área de monumentos, que es éste el que atiende arquitectura, urbanismo, monumentos históricos de todo el estado y la ciudad; las zonas de monumentos y el estado en general […] Aquí en San Luis el peso mayor lo lleva monumentos históricos porque tenemos dos zonas de monumentos declaradas por el presidente, que es la zona del Cetro Histórico y Real de Catorce. Entonces con esos dos la importancia a monumentos es mayor [TE4].

El papel de la monumentalidad en el estado resalta la importancia que tiene gestionar declaraciones de monumentos o de patrimonio cultural basadas no únicamente en el valor material del inmueble, espacio o pieza, sino también en el de la cohesión social y la identidad que genera dentro del imaginario de un espacio específico.

Buscamos que cuando se declara una zona haya una identificación social de qué valores acompañan a esa declaratoria. Si hay tradiciones y costumbres que puedan ayudarnos a argumentar la declaratoria o el concepto de monumentalidad, eso sí lo tomamos en cuenta. No vamos nada más a la parte material ni al objeto, sino vamos también a lo que significa y lo que hay alrededor [TE4].

A pesar de esto, se señala que la parte identitaria que se genera en el espacio muchas veces no alcanza para que un inmueble con gran carga histórica sea considerado como monumento o como patrimonio.

Muchas veces en procesos legales esa es una de las cosas más difíciles. Es lo que nos hace más fuertes como institución, pero es también lo que realmente nos cuesta más trabajo con un juez. Porque él te dice “bueno, y por qué es monumento”, y uno defiende “no pues porque se construyó en el siglo XIX”, “sí, pero por qué”, y ya tienes que explicar que tiene un valor social por esto, un valor económico por acá, representa un valor científico; incluso representa un estilo, una técnica constructiva, etcétera. Y eso es lo que más nos puede argumentar a favor para justificar nuestros dictámenes [TE4].

Dos problemáticas sustanciales a las que se enfrentan los procesos de patrimonialización de la ciudad de SLP tienen que ver con: 1) el desconocimiento de que un inmueble o una zona es catalogado como patrimonio, y 2) el debate que existe sobre la gestión de los bienes privados y los bienes públicos destinados al uso común.

Se supone que el concepto que maneja el Estado mexicano sobre el patrimonio es sobre el derecho común, o sea es parte del bien común. Ahí lo que pasa es que hay una dificultad porque legalmente nosotros hemos tenido experiencias de que, en cuanto a jurisprudencia, ese derecho, que nosotros manejamos como “derecho de todos”, se contrapone porque generalmente de lo que hablamos es de bienes particulares. O sea, sí se dice que el Centro Histórico de la ciudad de San Luis es muy importante, pero el Centro Histórico está conformado por unidades, ya sea edificios públicos, pero la mayoría, 80 % son edificios privados. Entonces ahí chocamos mucho en el sentido de que hasta qué punto es la propiedad privada y el interés privado, y cómo prevalece o puede prevalecer sobre el interés público [TE4].

Esto último es de gran relevancia porque muchas personas que son propietarias de espacios clasificados como patrimonio o monumento no pueden enfrentarse a las reglamentaciones que se estipulan para su conservación, ya sea porque no tienen interés, pero sobre todo porque la restauración y el mantenimiento de un inmueble con ciertas características históricas no es algo asequible para muchos de ellos. Dicho escenario es el que genera que se rechace la categoría de monumento en inmuebles de particulares.

Ante esto, es posible observar la falta de condiciones adecuadas para que se lleve a cabo el cuidado del patrimonio por parte de la ciudadanía, así como vacíos dentro de la Ley que gestiona estas declaratorias. Sin embargo, el hecho de declarar patrimonio o monumento un determinado espacio también podría llegar a traer consecuencias negativas, especialmente para las personas que viven en las zonas aledañas a éstos. Como argumentan Salgado (2008) y Lourés (2001), la clasificación de patrimonio cultural puede llegar a someter a los espacios a estrategias de mercantilización, que no sólo están tomando en cuenta ciertas narrativas con valores específicos, sino que también generan dinámicas de exclusión.

En ese aspecto el patrimonio cultural no juega un proceso realmente cultural, se vuelve capital. Capital arquitectónico que deriva en un capital económico. Es gentrificación. Convertir capitales no económicos a un capital económico. Lo arquitectónico como icónico. Quien sale beneficiado de todo esto es el mercado inmobiliario y quiénes lo gestionan […] Lo que está haciendo ya no es gestionar el capital cultural, sino acapararlo y que se transforme en capital económico [TE5].

Regresando a la distribución de las zonas abarcadas por el Centro Histórico, en el Mapa 20 se observa la delimitación que el Ayuntamiento de la ciudad de SLP establece para los perímetros A y B. La parte de en medio enmarcada con blanco y gris es la que comprende a la Zona de Monumentos del Centro Histórico, y las demás áreas en escala de grises que se encuentran alrededor son los barrios tradicionales de la capital.

Como se puede observar, la Zona de Monumentos es proporcionalmente más pequeña que el área que abarca a los barrios. En un intento por incluirlos para su preservación se formuló el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí (2010), en el cual se abarcó una buena parte de los siete barrios. Esta ampliación puede observarse en el Mapa 21; “lo que posteriormente era una mera culpa del INAH, fue que se promovió que hubiera una extensión de perímetros con el Ayuntamiento y con el gobierno del estado y se generó un plan de conservación más grande que sí generó una zona más grande e incluyó a los barrios […] El último ajuste que se hizo fue en 2010, la última revisión del Plan Parcial” [TE4].

Fuente: Obtenido del Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con modificaciones propias.

Si nos remitimos específicamente al contexto del Centro Histórico de SLP, la patrimonialización que se llevó a cabo mediante la declaración de Zona de Monumentos impactó de forma negativa a su interior ya que, al subir la plusvalía de los edificios que lo conforman, una gran parte de los propietarios decidieron dejar de habitarlos y venderlos o arrendarlos, ya que esto generaba mayores incentivos económicos. De esta forma, el Centro Histórico se convirtió en una zona de mayoría comercial y actualmente muy poca gente habita dentro de ese perímetro. Esto también impactó a los barrios ya que la sensación de inseguridad aumentó y al mismo tiempo mucha gente decidió dejar de vivir en ellos ya que se volvió difícil intervenir los inmuebles para hacer modificaciones.

Diría que fue contraproducente el tema porque el centro se volvió el núcleo central comercial y de servicios políticos, y las zonas aledañas de los barrios, las zonas que la gente ya no quería porque estaban abandonados, inseguros. Porque era mejor vivir fuera porque el INAH no permitía abrir para cocheras, no dejaba crecer. Entonces fue una inercia negativa que en lugar de ayudarnos a conservar nos ayudó a destruir […]. La gente decía “es monumento ya valió, no puedo hacer nada”. Ahora está esa idea, pero cada vez está más el peso social de que la gente valora, aunque sea comercialmente o estéticamente, pero va pesando el valor económico [TE4].

El panorama hasta ahora presentado permite continuar con la descripción del contexto que se vive dentro de los barrios de San Sebastián y San Miguelito en la ciudad de San Luis Potosí respecto a la dimensión de patrimonio cultural.

El barrio como patrimonio cultural

A pesar de que se han realizado esfuerzos para ampliar el perímetro que abarca la zona que debe de ser considerada como patrimonio cultural estatal, como lo muestra el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí, aun así queda excluida una gran parte de los barrios.

Se habla también de un criterio arbitrario, basado también en cuestiones políticas, para la selección de lo que debía incluirse en este Plan de Conservación.

El criterio que se sigue es la densidad de monumentos, y si esa densidad no es tal pues se excluye. Los barrios estaban muy salpicados. Quizá había una manzana que estaba muy cerca de la plaza y tenía 80 % de monumentos históricos, pero estaba rodeado de otras manzanas que tenían 60, 40 %. Entonces se decidió que no era lógico declarar todo el barrio. Es un criterio muy cerrado, muy numérico, pero que así funcionó y se aplicó. Y por eso se decidió que la ciudad de españoles fuera la que se declarara patrimonio nacional por el presidente. Y es la ciudad española, las 12 manzanas originales y las que crecieron hasta el siglo XIX, las del perímetro A [TE4].

En cuanto a la arquitectura que se encentra en los barrios, se habla de ésta como una particularidad importante que debería de destacarse a comparación de algunas de las zonas que estás incluidas en el Centro Histórico de la ciudad.

De hecho, arquitectónicamente son mucho más interesantes los barrios, porque es una arquitectura que se llama republicana, que casi no hay en México. Es del siglo XIX, de la independencia para acá. Entonces es una arquitectura sui géneris que no hay en la mayoría de los conjuntos arquitectónicos mexicanos. La mayoría son de la época virreinal, incluso los barrios son virreinales, y son arquitecturas muy parecidas a los núcleos centrales. Y aquí ves el núcleo de una arquitectura y los barrios de otra. Eso debió haber sido tomado en cuenta y pues no [TE4].

Esta toma de decisión tuvo grandes repercusiones en la zona de los barrios ya que, con el paso del tiempo, y al no haber una declaratoria de patrimonio que protegiera a los inmuebles que podían ser catalogados como tales, se perdió gran cantidad de ellos. “Cuando se da la reglamentación de los barrios […] hubo un momento de emergencia porque cuando se hizo el estudio de la zona había en San Luis Potosí registrados alrededor de 5 000 monumentos, y cuando se hace la declaratoria en los noventa, se tienen 4 000. En diez años se murieron 1 000 edificios antiguos” [TE4].

A esto se le suma que no hay espacios de participación social o ciudadana en los que los habitantes de los barrios puedan realizar propuestas que incluyan o no ciertos perímetros dentro del polígono de patrimonio.

Las zonas de monumento que se han declarado ninguna le ha tomado el parecer a nadie. Llega el INAH y dice “este es el perímetro”. Y si la gente de un barrio quiere que su barrio esté incluido no importa. “Ellos quieren, pero nosotros decimos que no”. Y tú ves en la declaratoria de San Luis, vienen los barrios y están incluidos, pero parcialmente, hay unos cortes raros porque es muy subjetivo y muy rudimentario el criterio porque es un criterio tecnocrático [TE4].

Asimismo, se deja de lado la importancia de la generación de identidad en los espacios urbanos ubicados dentro de los barrios:

La gente considera identidad de barrio, y el INAH dice “no, nada más entran los que yo digo, y si te quito la mitad no importan porque legalmente no puedo decir que tú estás incluido ahí”. Y así está la planeación, así son los criterios en general de los planes reguladores. Creo que sí hay un divorcio entre lo que es una planeación muy tecnócrata a una planeación inclusiva y participativa. Eso no está. Al menos yo no lo he visto, en el Centro Histórico y los barrios no [TE4].

Una vez que se ha mencionado lo anterior, es importante continuar con la descripción de lo que sucede en el interior de los barrios de San Sebastián y San Miguelito respecto a la dimensión de patrimonio cultural. En el siguiente apartado se hablará de los barrios en conjunto, lo que difiere del orden que se ha seguido para abordar las otras dimensiones, ya que, al ser barrios contiguos, muchos de los datos arrojados provienen de informantes que suelen incluir a ambos barrios.

El patrimonio cultural en San Miguelito y San Sebastián

Como se ha sostenido a lo largo de esta investigación, tanto el barrio de San Miguelito como el de San Sebastián poseen características que son distintas a las de los otros barrios. Una entre las que se han mencionado tiene que ver con la cultura y la tradición, lo cual repercute en la concepción de patrimonio y monumento. Esto se relaciona en gran medida con el presupuesto que se invierte en cada uno de ellos y con la difusión que tienen como partes importantes de la fundación de SLP.

En general San Sebastián y San Miguelito son barrios que se conservaron y el gobierno les ha metido mucho más dinero en comparación con otros barrios. Y se ha hecho una campaña de exaltar estos barrios, y en cambio con los otros no se ha hecho. De esos dos barrios es de donde nosotros tenemos más solicitudes de restauración, de cambios de uso de suelo, urbanas, desde que me tocó entrar en el noventa y tantos, ha habido tres o cuatro proyectos urbanos en San Sebastián y en San Miguelito. Y de mucho dinero, porque a lo mejor representan mucho esa parte de potosineidad, que hasta la fecha es la gente que está cercana al poder económico y política y tiene sus intereses ahí [TE4].

Sabiendo esto, resulta interesante comparar esta información con lo que se observó en la revisión de presupuesto destinado a los barrios. Si bien puede ser cierto que existe una inversión importante en ellos, como el informante menciona, también pueden presentarse dos situaciones: a) que realmente se inviertan las cantidades reportadas en la Tabla 6 dentro del periodo observado (2009-2017), o b) que exista una mayor inversión que no se reporta de forma pública, lo cual, de ser así, debería de ser revisado y mejorado.

Ambos barrios poseen aspectos únicos que permiten reconocer algunos de los monumentos y de las festividades que tienen mayor relevancia para ellos, especialmente aquellos que generan un sentimiento de identidad. Estos espacios han trascendido en el tiempo y siguen siendo parte importante de las dinámicas sociales, no sólo de la gente que habita los barrios, sino también de las personas que dejan de residir en ellos para vivir fuera, y que regresan para seguir frecuentando estos espacios. “En los barrios se mantienen tradiciones como las fiestas patronales, fiestas específicas de algunas temporalidades, pero persisten y la gente todavía se identifica. Incluso gente que se fue de los barrios regresa a estas fiestas o porque tiene parientes ahí, pero sí hay esa recurrencia a volver a la tradición y la fiesta. San Sebastián y San Miguelito en ese aspecto son parecidos” [TE4].

A pesar de esto, también se reconocen ciertos aspectos que han ido cambiando con el paso del tiempo, los cuales resultaban esenciales para percibir una identidad en cada barrio, como la tradición artesanal que existía en ellos. Los barrios,

cuando eran pueblos de indios había los cabildos ahí. La mayoría tiene los templos conservados, que son patrimonio. Luego están los quioscos, y las casas alrededor. Aquí lo que pasa es que genéricamente no se conservó lo que era cada barrio y eso faltó. Por ejemplo, algunos eran barrios de artesanos y hoy no ves casas de artesanos antiguas. Quizá eso falta. Sólo está la referencia del quiosco, el templo, la plaza, y dos que tres casas [TE4].

Además, es interesante saber que uno de los lugares que no sólo genera un sentimiento de identidad dentro de los barrios, sino que también significa mucho para la idiosincrasia potosina, atraviesa el espacio urbano para generar una división entre ambos barrios: la Calzada de Guadalupe. “Quizá un lugar con más identidad es la Calzada, porque tiene toda la infraestructura de agua, pero esa no es parte de ninguno de los barrios, sino que los divide” [TE4].

Pasando a otro tema, en ambos barrios, las iglesias y sus atrios, así como los jardines en los que se encuentran, actualmente forman parte de la propuesta elaborada en el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí (2010), y son considerados como parte de la Zona de Monumentos. Por ello, resulta alarmante que en la Memoria escrita del Plan de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (2012: 299) no se catalogue a la iglesia de San Sebastián como un inmueble de valor patrimonial.

Diferencias y similitudes entre los barrios

Durante este análisis se ha prestado atención a las dimensiones de participación ciudadana, movilidad y patrimonio cultural, de las cuales es necesario rescatar las diferencias y similitudes más sobresalientes en los casos de estudio para poder analizar por qué la aplicación del derecho a la ciudad es diferente en cada uno de ellos. Otro aspecto que es importante rescatar y que se retoma en este apartado es el surgimiento de lo que llamaremos temas adyacentes, los cuales fueron constantes durante las seis entrevistas. Sobre ellos se señalaron tópicos que pueden favorecer la vulneración del derecho a la ciudad a partir de distintos ámbitos, los cuales merecen ser tomados en cuenta, sobre todo para pensar y proponer áreas que podrían ser estudiadas en el futuro.

En la dimensión de participación ciudadana se observó específicamente un Organismo de Participación Ciudadana del municipio de San Luis Potosí: las Juntas de Mejoras Vecinales. Esta dimensión resulta de gran relevancia para hacer valer el derecho a la ciudad ya que, por medio de ella es que se hace uso del espacio público para realizar demandas al estado y generar diálogos que abonen a la construcción de la ciudad. En esta dimensión ambos barrios mostraron similitudes en tres aspectos: en primer lugar, en el total de las JMV de San Miguelito y San Sebastián, dos y tres respectivamente, las Mesas Directivas están encabezadas por mujeres, y la mayoría de los miembros de estas Mesas también. Esto no sólo muestra un alto nivel de participación de este sector, sino que también permite dar cuenta de que las mujeres que viven dentro de ambos barrios se están organizando para hacer reclamos sobre las necesidades y carencias de ellos, tomando así un papel de gran relevancia en el ámbito público.

En segundo lugar, los proyectos que se enlistan en los planes de trabajo de las Juntas de ambos barrios muestran preocupaciones similares, especialmente en materia de seguridad, en la necesidad de mejorar la infraestructura de las calles, el deseo de implementar actividades deportivas y culturales, y la protección de jardines y espacios públicos. Por último, estos barrios comparten un nivel bajo de participación vecinal dentro de las JMV, lo cual se ve reflejado en el número de votantes que se registraron en 2017.

Ante lo anterior, resultaría de gran relevancia conocer el nivel de participación que ha habido en otros procesos de selección de JMV, para saber si es una constante o si lo que se observó respondió a un escenario y a circunstancias particulares, en especial dentro de San Miguelito. Además, valdría la pena conocer si existen otros esfuerzos de participación ciudadana que no tengan que ver con organismos gubernamentales, que a su vez se organicen para modificar el barrio en el que viven en función de sus deseos y necesidades.

En la dimensión de movilidad se observaron las condiciones que mantienen las calles dentro de los barrios, lo cual da muestra del nivel de inclusión que tienen hacia la población, y al mismo tiempo permiten conocer un poco sobre la jerarquía que prima para designar para quién y para qué son pensadas y diseñadas. Esto da pie a observar qué tanto se vulnera el derecho a la ciudad desde la movilidad para ciertos sectores, y cuáles podrían ser las recomendaciones para construir una ciudad más incluyente, empezando por la infraestructura.

En primer lugar, se debe rescatar que ambos barrios, al tener calles de adoquín o empedrado, resultan espacios de tránsito complicados para los vehículos no motorizados, para las personas con discapacidad que se mueven especialmente en silla de ruedas, y para los peatones, sobre todo la población adulta mayor, la cual es mayoría, tanto en San Sebastián como en San Miguelito. El vehículo que puede moverse en los barrios con mayor facilidad, lo cual no significa que no tenga ninguna repercusión material, es el automóvil.

En segundo lugar, en lo que respecta a las restricciones del paso a calles, tanto para peatones como para automóviles, ambos barrios cuentan con muy pocas en las dos categorías, y la mayoría de las restricciones que hay son resultado de la privatización de las calles debido a la producción de fraccionamientos o de calles que se han vuelto completamente peatonales. Otra similitud que comparten es la cantidad de calles que no tienen banqueta alguna y que representan incomodidades e inseguridad para los peatones.

Con base en el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI (2016) podemos observar cómo surgen las diferencias, en especial en la infraestructura destinada a personas que dependen de auxiliares de la marcha o aditamentos, como lo son las rampas que hay en las banquetas. En el caso de San Sebastián la mitad del barrio cuenta con estas rampas y la otra mitad no, pero éstas se encuentran dispersas de tal forma que no podría haber una movilidad continua, sin interrupciones o sin obstáculos para las personas con discapacidad. El caso de San Miguelito es muy alarmante, ya que este barrio no cuenta más que con espacios periféricos que tienen rampas en sus banquetas. Esto quiere decir que este barrio se encuentra en pésimas condiciones para permitir el tránsito de personas con discapacidad.

En cuanto al alumbrado público se repite la historia: San Sebastián muestra tener un pequeño polígono hacia el centro que carece de alumbrado público, mientras que la mitad de San Miguelito no cuenta con alumbrado público suficiente para iluminar sus calles. Esto resulta extraño, porque ambas zonas sin alumbrado público se encuentran cercanas al centro de la ciudad. En los dos casos esto genera sensaciones de inseguridad, y las traslada a la realidad, ya que da pie a una mayor cantidad de siniestros a lo largo del día. Aquí es donde podemos observar que el derecho a la ciudad se encuentra vulnerado ya que no puede existir un tránsito libre, continuo y equitativo para todos los habitantes de los barrios. Esto sin mencionar las diferentes formas que tenemos de vivir la ciudad, dependiendo del grupo social al que nos adscribimos, ya sea de identidad, de género, de edad, de clase, etcétera.

La última dimensión a analizar es la de patrimonio cultural, un aspecto importante del derecho a la ciudad, ya que ayuda a generar sentimiento de identidad de la mano de la monumentalidad, lo cual permite que la ciudadanía, los habitantes, los vecinos, tengan y disfruten de elementos simbólicos en los espacios que habitan. En ella se observó que los barrios de San Sebastián y San Miguelito son abstraídos del conjunto de los siete barrios porque poseen características que han acentuado diferencias con el paso de los años.

En este caso no fue posible hablar de cada barrio en particular, sino como parte del conjunto que engloba los espacios aledaños al Centro Histórico de la ciudad, y cómo éstos se han sometido a las regularizaciones que algunas veces los incluyen y otras los dejan fuera en lo que se refiere a su protección y salvaguarda como parte de la Zona de Monumentos o como parte de la ciudad antigua. Además, se mostró cómo es que incluso en la actualidad se sigue haciendo la separación entre lo que originalmente fue el pueblo de indios y los asentamientos españoles, y cómo esto repercute aún en el imaginario en torno al centro y a los barrios.

Aunado a esto se habló de las consecuencias que ha traído la patrimonialización del centro y de algunas partes de los barrios, lo cual se realizó con esfuerzos del INAH y del Ayuntamiento de la ciudad, y cómo ha sido que estas partes tan importantes han pasado a ser en su mayoría zonas comerciales y han dejado de ser opción de vivienda porque es inseguro transitar por sus calles, las cuales a ciertas horas de la noche se encuentran totalmente vacías, o no cuentan con vida vecinal debido a que albergan únicamente comercios. Por eso, dentro de esta dimensión, podríamos hablar de un derecho a la ciudad transgredido, en el que la concepción de patrimonio empieza a excluir y a segregar en lugar de apoyar a reafirmar sentimientos de identidad.

Ahora que se han abordado las tres dimensiones es importante destacar otros aspectos que permiten conocer similitudes y diferencias entre estos barrios. Entre ellos se encuentran el tema de la gentrificación y el de inseguridad y abandono, los cuales se abordan a continuación.

Temas adyacentes

Gentrificación

En la actualidad la mayoría de la población que habita en los barrios son personas adultas mayores que por mucho tiempo han residido en ellos. A la par, hay un registro de un gran número de casas que se encuentran deshabitadas y abandonadas. En 2010 se registró que, en San Miguelito, de 2 050 viviendas particulares, 466 no están habitadas, mientras que en San Sebastián de 3 054 viviendas, 730 se encuentran deshabitadas (INEGI, 2010). Esto sin tomar en cuenta las casas o fincas que están en total abandono y que con el paso del tiempo se han ido deteriorando. A esto se le suman los proyectos de remodelación y modernización que se han dado en esta zona de la ciudad y que han encarecido la vida en el barrio, junto con las iniciativas de rescate del Centro Histórico, que han sido propuestas por gobiernos municipales en diferentes ocasiones, y las nuevas inversiones inmobiliarias que han modificado las dinámicas en estos espacios.11

Este escenario es el que ha dado pie a que comience a hablarse de una posible gentrificación a largo plazo de los barrios de la ciudad de San Luis Potosí, un fenómeno que se está observando en muchas de las ciudades del mundo y que genera preocupación e incertidumbre en el ámbito internacional. Por gentrificación nos referimos al proceso de renovación urbana en el que sectores de clase media alta sustituyen (expulsan) progresivamente a sectores de bajos ingresos radicados en barrios degradados del centro de una ciudad o sus alrededores inmediatos. Este término se acuña del inglés gentrification, por gentry, noble; de ahí que en algunas ocasiones se haya traducido como ’ennoblecimiento’ (Corti, 2015).

A la par, este proceso se da cuando crecen las expectativas de que un barrio invadido sea después controlado por los invasores que reemplazarán a los actuales ocupantes por otros más ricos, con mayor sueldo. Este crecimiento tendrá un componente especulativo que alzará los precios de los inmuebles, sacando así a los antiguos residentes y habitantes fuera del área que originalmente habitaban (Sabatini, Serella y Vásquez, 2009).

De estarse concretando este fenómeno podría vulnerarse de forma mayor la aplicación y exigencia del derecho a la ciudad dentro de los barrios, ya que no sólo sería difícil para los habitantes de los barrios decidir sobre la producción del espacio en el que habitan, sino que incluso sería imposible mantenerse viviendo dentro de ellos porque se volverían inasequibles.

Durante la realización de esta investigación los informantes señalaron diferentes puntos sobre la gentrificación que no logran un punto de acuerdo; sin embargo, todos concluyeron que a largo plazo podría ser que se observara este fenómeno dentro de los barrios y del Centro Histórico de la ciudad. Para empezar, señalaron que la gentrificación “no se ha dado aquí todavía. Es un fenómeno anglo, que tiene que ver con la transformación de barrios y el desplazamiento de una clase popular por una más alta, fenómeno inmobiliario que no se ha dado aquí, con todo y que ha habido algunos puntos que pudieran detonarlos como el CEART (Centro de las Artes), pero que está muy deteriorado todo alrededor” [TE1].

A la par se señaló que la gentrificación de los barrios es algo que “no está pasando, pero podría ocurrir. No dudo que en poco tiempo el barrio vaya a ser objeto de un fenómeno agudo de gentrificación, por lo menos en el concepto que yo tengo, en el que se va dejando caer la infraestructura del barrio de tal manera que lo empiezan a abandonar las familias, y luego por la cercanía con el Centro Histórico se genera un fenómeno en el que lo empieza a adquirir capital privado y levantan el barrio” [TE3].

Si bien puede ser cierto que la gentrificación no ha alcanzado a los barrios y al Centro Histórico de la ciudad en la actualidad, también lo es el hecho de que cada vez se están brindando condiciones que favorecen que este fenómeno pueda desarrollarse en algún futuro, repercutiendo así en los habitantes que por mucho tiempo han hecho su vida dentro de estos espacios y que, en algún momento, se verán en la necesidad de salir de ellos porque se volverán inaccesibles. Esto, como diría Harvey, sería dejar a los barrios a la merced de la mercantilización capitalista de la ciudad.

Inseguridad y abandono

La preocupación sobre la inseguridad y el abandono fue una constante entre los informantes de esta investigación, pero también se encontró muy presente en la observación de las dimensiones que se eligieron para detectar la aplicación del derecho a la ciudad en los barrios de San Sebastián y San Miguelito. Esto sucedió especialmente en la dimensión de movilidad, en cuanto se constató que la infraestructura es un punto esencial que debe de estar en condiciones óptimas para que las personas puedan desplazarse por la ciudad libremente, y de forma segura.

Como se ha mencionado, tanto las personas que viven en los barrios, como aquellas que son ajenas a ellos, mantienen un imaginario de inseguridad muy fuerte, el cual es favorecido por la prensa local y los actos de violencia que suceden en esos espacios constantemente, como se constata en el Anexo 1 al reportar el seguimiento noticioso que se dio de los barrios de San Luis Potosí de 2016-2017. Sin embargo, pareciera que este abandono resalta más y se percibe como sistemático cuando se compara con la zona que está destinada al Centro Histórico de la ciudad, el perímetro A, en especial cuando se habla de inversión y presupuesto destinado a esa área.

También se menciona la problemática que generan las casas abandonadas en materia de salubridad y seguridad y, en el caso exclusivo del barrio de San Sebastián, se considera que la existencia de grupos pandilleriles podría estar relacionada con al aumento de percepción de inseguridad dentro del barrio. “Un fenómeno es el de las fincas abandonadas. Hicimos un censo sobre las fincas abandonadas y no hay cuadra del barrio que no tenga entre cuatro o cinco, y es un problema, por delincuencia menor o focos de reunión pandilleril, problemas sanitarios, fauna nociva” [TE3]. A su vez, destacan problemáticas a las que se enfrentan los habitantes del barrio al momento de querer modificar las condiciones de sus viviendas o modificar ciertos espacios de ellas, lo cual puede generar un desánimo mayor para vivir en ellas. “Por otro lado, empiezas a batallar con espacios, como estacionarse, limitaciones que impone el INAH para la construcción, porque no puedes moverle a la fachada nada si no tienes permiso del INAH, hay razón de ello, pero a cambio no hay un incentivo bueno para que pienses que quieres cuidar tu barrio. Pero está en el maldito abandono” [TE3].

A pesar de que esto se ve reflejado en las calles, en la prensa y en la percepción misma de la gente, durante una de las entrevistas se hizo mención de que muchas veces, insertar la idea de que un espacio es inseguro puede favorecer la expulsión de personas lo que es aprovechado o sirve a los intereses del capital privado para generar proyectos inmobiliarios.

También hay políticas medio perversas en donde cuando se quiere intervenir una zona o enajenarla, empiezas primero por desvirtuar su entorno social y dices que es inseguro, y la gente responde “si es inseguro, me voy”. Después resulta que no era tan inseguro y en realidad querías comprar para poner un negocio, y eso se ha dado en muchos lugares. Hay tendencias de “lo quiero, suelta información mala para que baje de precio” […] Y hay zonas que se gentrifican justamente por haberlas puesto como inseguras en el discurso y no eran tanto. Es una trampa perversa. En San Luis no sé si sea así, y espero que no, para que no sea un discurso falso [TE4].

Esta idea resulta muy fuerte e incluso un tanto arriesgada; sin embargo, introducirla es interesante, aunque sea para invitar a la reflexión porque, si bien es cierto que hay condiciones de inseguridad en estos entornos, también lo es que las percepciones que se tienen de ellos pueden modificarse intencionalmente a partir de discursos que tiendan a beneficiar la expulsión de las personas que los habitan.

Conclusiones

El inicio de esta investigación comenzó con la inquietud de conocer a profundidad qué significaba el derecho a la ciudad, cuáles eran sus principales reivindicaciones y desde dónde se había empezado a construir. Tras esto, se observó la interacción del surgimiento del concepto en lo teórico y lo práctico, así como su incorporación en lo legislativo. A la vez, se puntualizó cómo este derecho colectivo se fue incorporando en los discursos de organismos internacionales; cómo se fue trasladando a América Latina y, cómo se fue retomando en México.

Una vez que se emprendió la revisión teórica, surgieron preguntas que encaminarían la ruta de investigación. Entre ellas se encontraban: ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Derecho a qué tipo de ciudad? ¿Para quién es el derecho a la ciudad? ¿Cómo observar y exigir la aplicación de este derecho colectivo? ¿Cómo observar la aplicación de este derecho en un contexto local?

A la par de las preguntas, se presentó una revisión histórica de la ciudad de San Luis Potosí, que nos llevó a considerar como casos de estudio a dos espacios que fueron esenciales para su fundación y desarrollo urbano, y que ahora enfrentan un momento crítico: los barrios de San Sebastián y San Miguelito. Ambos casos fueron seleccionados para realizar un análisis sobre la aplicación del derecho a la ciudad en ellos, en principio con base en el supuesto de que este derecho podía estar siendo vulnerado. Además, se reconoció el papel esencial que tienen en la fundación de la ciudad, pero también en el imaginario potosino, tanto cultural como de tradición.

Para lograr un ejercicio viable, se decidió seleccionar tres de las 18 dimensiones identificadas del derecho a la ciudad, con el argumento de que éstas permitían abordar otras dimensiones que resultan importantes para hablar de este derecho. Estas dimensiones fueron: la participación ciudadana, que permitía hablar del papel del espacio público; la movilidad, que tocaba el derecho al acceso a las centralidades; y el patrimonio cultural, que permitía abordar el derecho a la identidad.

Se inició la investigación con dos argumentos principales. El primero sostenía que la ciudad de San Luis Potosí contaba con marcos normativos deficientes para hacer valer la aplicación del derecho a la ciudad, lo cual favorecía la vulneración de este derecho en los barrios del Centro Histórico de la capital. Este argumento se fue respaldando a medida que la investigación avanzaba ya que, como se pudo ver en las diferentes legislaciones del estado de SLP, en las tres dimensiones propuestas para el análisis no existen condiciones claras para el ejercicio del derecho a la ciudad por medio de ellas.

En el caso de la participación ciudadana se encontró que en estado de San Luis Potosí existen marcos normativos como la Ley de referéndum y plebiscito del estado de San Luis Potosí (2014) y el Reglamento para la integración y funcionamiento de los Organismos de Participación Ciudadana en el municipio de San Luis Potosí (2009), que regulan episodios particulares de participación directa en el estado y en el municipio. A pesar de esto, también se encontró que dichos marcos no cuentan con reglas claras que estipulen debidamente los procedimientos, las atribuciones y las limitaciones que se tienen al momento de ejercer la participación ciudadana.

Al enfocarnos en la dimensión de movilidad, se revisó la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí (2016), la cual también permea el ámbito municipal. En esta dimensión se observó que la jerarquía de movilidad retomada en este trabajo no sólo no es considerada, sino que además es el auto privado el que tiene las condiciones más favorables en cuestiones de movilidad dentro de la ciudad de SLP. A su vez, este marco normativo no estipula reglas claras en cuanto a los derechos y obligaciones de las personas que son usuarias de transporte público, ni se observa un enfoque integral para facilitar la movilidad de las personas que dependen de auxiliares de la marcha o aditamentos para lograr el desplazamiento por la ciudad. Esto mismo se puede trasladar a las condiciones materiales que se observan en las calles.

Por último, en la dimensión de patrimonio cultural se observó la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de San Luis Potosí (2015), la cual estipula qué es considerado o no parte del patrimonio cultural del estado, al mismo tiempo que reconoce cuáles son los monumentos e inmuebles que representan y generan identidad. En esta dimensión se dio cuenta, a partir del caso emblemático de la devastación que se dio en el municipio de Cerro de San Pedro, de las irregularidades que presenta esta ley en cuanto permite que se reconozca qué es el patrimonio del estado de forma arbitraria y parcial.

El segundo argumento que orientó a esta investigación se basaba en que, a pesar de la contigüidad y de las características que los barrios de San Sebastián y San Miguelito compartían en los ámbitos culturales, religiosos, sociales y económicos, existían diferencias sustanciales entre ellos en la aplicación del derecho a la ciudad, especialmente en las tres dimensiones abarcadas.

Se partía de la idea de que la aplicación del derecho a la ciudad era distinta entre ambos barrios, lo cual se encontraba asociado con las condiciones que existían al momento de hacer uso del espacio público para ejercer la participación ciudadana; el nivel de inversión en infraestructura incluyente para realizar la movilidad, tomando en cuenta el acceso a las centralidades de la ciudad; las repercusiones que han generado las declaratorias de Zonas de Monumentos y de patrimonio cultural, junto con las monumentalidades y la creación de sentimientos de identidad. Sin embargo, a lo largo de la investigación no se encontraron elementos suficientes para afirmar que existían diferencias exacerbadas entre los barrios que dieran cuenta de una gran distinción en la aplicación del derecho a la ciudad en ellos.

Para dar cuenta de lo anterior, el libro se dividió en tres capítulos. En el primer capítulo se abordó la revisión teórica del derecho a la ciudad, así como un breve recorrido histórico de cómo se fue insertando este concepto a nivel internacional, dentro de organismos internacionales y se habló de la trayectoria que ha tenido el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), principal promotor de este concepto en la esfera internacional. A la par, se abordaron las pautas metodológicas que daban pie a este trabajo de investigación.

En el segundo capítulo se abordó un panorama general de los barrios de San Miguelito y San Sebastián, para así dar a conocer brevemente sus antecedentes y parte del contexto que mantienen actualmente. Para llegar a esta contextualización se habló de cómo fue que el concepto del derecho a la ciudad se introdujo en la legislación de México, así como en su discurso, y cuáles han sido las consecuencias que esto ha traído para el estado de San Luis Potosí, poniendo especial atención en su capital.

Por último, en el tercer capítulo se realizó el análisis de los estudios de caso, para lo cual se introdujo la información recolectada de las fuentes primarias y secundarias, siendo éstas las seis entrevistas semiestructuradas y los sitios de información de diferentes dependencias y organismos autónomos, respectivamente. Esto, con la finalidad de dar a conocer cómo era la aplicación del derecho a la ciudad dentro de la ciudad de San Luis Potosí, en qué espacios se ha estado discutiendo al respecto y cuál es la concepción que se tiene de este derecho. Seguido de esto se presentaron los resultados que surgieron a lo largo del análisis dentro de ambos barrios en las dimensiones de participación ciudadana, movilidad y patrimonio cultural. Al finalizar el capítulo se establecieron las similitudes y diferencias que se encontraron en las tres dimensiones dentro de estos dos barrios, y se agregaron temas adyacentes que surgieron a lo largo de las entrevistas y de la investigación, los cuales pueden resultar de gran interés para investigaciones futuras.

En la dimensión de participación ciudadana se encontró que, tanto San Sebastián como San Miguelito, comparten tres aspectos importantes: 1) las JMV son encabezadas por mujeres en su totalidad, y sus grupos de trabajo están formados mayoritariamente por mujeres, lo cual dota de un papel protagónico a este sector para exponer demandas y exigencias en torno a las necesidades públicas que se observan en el barrio; 2) dentro de las propuestas de las JMV existen preocupaciones muy similares en torno a las agendas que deben de ser atendidas en los barrios, y esto incluye la necesidad de establecer una vigilancia vecinal para combatir la inseguridad, exigir el arreglo de alumbrado público, así como mayor inversión en la infraestructura del barrio, y mayor presencia cultural y deportiva mediante eventos que promuevan ambas actividades, y 3) en el periodo observado se dio una baja participación en la selección de JMV de 2017.

En la dimensión de movilidad también se encontraron similitudes entre los barrios, como la cantidad de calles que se encuentran obstruidas para peatones y automovilistas; el material que recubre las calles, que generalmente es adoquín y que impide una movilidad cómoda y segura para conductores de vehículos no motorizados; y la cantidad de calles con ausencia de banquetas que dan preferencia al automóvil antes que al peatón.

Las diferencias se notan en dos aspectos que son esenciales para poder tener una movilidad incluyente y segura: en la existencia de infraestructura destinada a personas con movilidad limitada o que requieren de auxiliares o aditamentos para la marcha; y en la ausencia de alumbrado público que permita una movilidad libre y segura. Lo que cabe resaltar de estas diferencias es que, si bien ambos barrios muestran deficiencias al respecto, es el barrio de San Miguelito el que muestra peores condiciones en los dos aspectos, lo cual resulta extraño al ser parte del polígono principal que se encuentra cerca del Centro Histórico de la ciudad.

Paradójicamente la situación de acceso a centralidades, aspecto esencial para la aplicación del derecho a la ciudad, pareciera más vulnerada en el barrio de San Sebastián que en el de San Miguelito, no obstante que el primero cuenta con más lugares que ofrecen servicios de salud y de educación. Quedaría preguntarnos quiénes son las personas que tienen acceso y quiénes no a estos servicios y a estas fuentes de empleo, y por qué. Esto tomando en cuenta quiénes son las personas que no pueden acceder o no pueden hacer uso de dichas centralidades.

En la dimensión de patrimonio cultural se encontró que los monumentos y las festividades que existen y que se vienen realizando desde muchos años atrás siguen siendo parte importante de las dinámicas sociales de ambos barrios. Al mismo tiempo, fue clara la relación que tiene la clasificación de perímetros A y B, que abarcan al Centro Histórico de la ciudad y a los barrios, y cómo ésta ha repercutido en el nivel de inversión presupuestal que se le designa a uno y a otro, siendo los barrios los que resultan más afectados en este aspecto.

A su vez, se observó que la patrimonialización puede tener efectos positivos y negativos para las personas que habitan esos espacios. En el primer caso se puede hablar de la necesidad de la conservación y preservación de lugares que permiten generar un sentimiento de identidad y crear vínculos con el pasado que ha favorecido a la construcción de las ciudades. Sin embargo, en el caso de los efectos negativos se puede recalcar que muchas veces el patrimonio cultural es declarado en función de un sistema de valores específicos que buscan resaltar ciertos grupos sociales y que, al mismo tiempo, terminan por excluir o denostar a otro tipo de identidades. Esto sucede con los barrios de San Luis Potosí, ya que al ser parte de los primeros asentamientos de indios, son separados y excluidos de los asentamientos de la ciudad española, la cual representa el polígono del Centro Histórico y actualmente sigue siendo reflejo de esta diferencia y desigualdad.

Una vez concluido el trabajo de campo surgieron dos temas adyacentes que en un inicio no formaban parte primordial del análisis, pero que gracias al desarrollo de la investigación se fueron posicionando. El primero abarcó el fenómeno de la gentrificación. Este tema se tocó en reiteradas ocasiones; sin embargo, no es claro si el fenómeno ya se encuentra en proceso, o si más bien es un riesgo latente que depende del interés del capital privado. Fue clara una posición al respecto en cuanto a los beneficios que podían surgir una vez que esto sucediera, lo cual tenía que ver con la revitalización del barrio; a pesar de esto, se marcó claramente que los beneficios que devinieran a partir de la gentrificación terminarían siendo perjuicios para las personas que habitaban anteriormente los barrios, ya que éstos no podrían disfrutar de los nuevos servicios debido al gran incremento de los precios. La vida en el barrio terminaría siendo tan cara que sería imposible mantenerse en ellos.

El segundo tema giró en torno al abandono sistemático de los barrios y la inseguridad que se vive en ellos. El tema de la inseguridad estaba considerado desde un principio, pero no quedaba claro en qué medida esto incidía. No fue sino hasta la salida a campo cuando fue evidente la relevancia que tiene este tema dentro de los barrios, sobre todo tomando en cuenta que no es un tema homogéneo en los barrios, sino que existen zonas que cuentan con mayores índices de inseguridad que otros.

Lo anterior permitió que se cumpliera con el objetivo principal de esta investigación, el cual fue dar cuenta de la aplicación del derecho a la ciudad en los barrios San Miguelito y San Sebastián, a partir de las dimensiones seleccionadas, para así mostrar si se podía hablar de la existencia de diferencias entre ambos, lo cual, como se ha señalado, no resultó concluyente. Además, se concretaron los dos objetivos específicos, los cuales consistían en 1) delimitar el concepto del derecho a la ciudad desde su surgimiento teórico, su adaptación en el ámbito internacional, y su introducción en América Latina y México, y 2) mostrar cómo lo anterior está relacionado con el desarrollo de marcos normativos del estado de San Luis Potosí y hasta dónde ha llegado la discusión de manera local en torno al concepto del derecho a la ciudad.

Se considera que este trabajo deja caminos abiertos para investigaciones que podrían realizarse en el futuro. Para empezar, se puede reproducir el mismo análisis, pero desde dimensiones diferentes, ya sea para complementar este estudio o para observar un contexto distinto. A su vez, queda abierta la posibilidad de abordar a mayor profundidad el fenómeno de gentrificación en los barrios aledaños a zonas turísticas.

Este trabajo de investigación mantuvo un importante énfasis en cómo los procesos globales inciden y repercuten en los contextos locales. A pesar de esto, es imperante tomar en cuenta que las propuestas que surgen en el ámbito internacional no son recetas que puedan, ni deban, aplicarse del mismo modo en todo el mundo, por lo que es necesario apropiarse de conceptos como el derecho a la ciudad, para deconstruirlo y lograr generar espacios que permitan su verdadero ejercicio. Además, es imperante puntualizar que el Estado no es el centro de esta investigación; el centro es la ciudadanía, entendida como todas aquellas personas que habitan y residen en un espacio específico, en este caso, urbano. A esto se le suma el papel que jugó la cartografía dentro de este trabajo de investigación, siendo de suma importancia como herramienta de análisis para lograr describir el contexto social de los casos de estudio, así como cada una de las dimensiones estudiadas.

Para terminar, es importante apuntar que, si bien el derecho a la ciudad no ha sido introducido de forma eficiente dentro de marcos legales, sí es un elemento esencial de los movimientos urbanos y las luchas sociales para exigir la reivindicación del uso y la producción del espacio en favor de las personas que lo habitan y no del capital privado.

Debemos de apostar a la construcción de ciudades incluyentes, pero en el sentido amplio de esas palabras, no únicamente en el discurso. Ciudades que generen condiciones de igualdad, reconozcan las diferencias y no las invisibilicen. Es necesario que reconozcamos que el uso del espacio no es neutro y que éste afecta a todas las colectividades de formas distintas, privilegiando a algunas y vulnerando a otras.

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Anexo 1.

Seguimiento noticioso de prensa local sobre eventos violentos y de inseguridad en los barrios de San Luis Potosí (2016-2017)

Fecha

ENCABEZADO

LIGA

San Sebastián

15/03/2016

Cae pandilla en SLP tras disparar en contra de madre y su hijo

http://www.unotv.com/noticias/estados/san-luis-potosi/detalle/cae-pandilla-4-jovenes-tras-disparar-contra-madre-hijo-slp-524271/

13/11/2016

Asaltan Oxxo en Barrio de San Sebastián

http://planoinformativo.com/nota/id/490176/noticia/asaltan-oxxo-en-barrio-de-san-sebastian

02/01/2017

Violento inicio de año

http://planoinformativo.com/nota/id/497597/noticia/violento-inicio-de-ano

21/02/2017

Asesinan a hombre en el barrio de San Sebastián

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=129989

04/03/2017

Cae asesino de sexagenario de San Sebastián

http://planoinformativo.com/nota/id/508864/noticia/cae-asesino-de-sexagenario-de-san-sebastian

05/03/2017

Un sobrino, posible asesino de hombre en San Sebastián

http://pulsoslp.com.mx/2017/03/05/un-sobrino-posible-asesino-de-hombre-en-san-sebastian/

21/06/2017

Ciudadanos se organizan para atrapar delincuentes

http://planoinformativo.com/528442/ciudadanos-se-organizan-para-atrapar-delincuentes-slp

04/09/2017

“El Palos” atemoriza al Barrio de San Sebastián

https://www.globalmedia.mx/articles/-El-Palos-atemoriza-al-Barrio-de-San-Sebasti%C3%A1n

12/12/2017

Balacera en San Sebastián, un lesionado

http://antenasanluis.mx/balacera-san-sebastian-lesionado/

San Miguelito

27/04/2016

Detienen a hombre que se drogaba y realizaba grafiti en San Miguelito

http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=105426

31/08/2016

Tendero herido en asalto

http://planoinformativo.com/nota/id/478097/noticia/tendero-herido-en-asalto

26/10/2016

Hallan muerta a una mujer en una vivienda de la calle Comonfort

http://pulsoslp.com.mx/2016/10/26/hallan-muerta-a-una-mujer-en-una-vivienda-de-la-calle-comonfort/

27/10/2016

Descubren cuerpo en estado de putrefacción en el centro

http://planoinformativo.com/nota/id/487528/noticia/descubren-cuerpo-putrefacto-de-suicida

21/11/2016

Imparable ola de robos en San Miguelito

http://pulsoslp.com.mx/2016/11/21/imparable-ola-de-robos-en-san-miguelito/

29/12/2016

Continúan las desapariciones de mujeres en SLP; van dos menores de edad en diciembre

http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/continuan-las-desapariciones-mujeres-slp-van-dos-menores-edad-diciembre/

19/04/2017

Se agudiza la inseguridad en colonias de SLP, alertan Vecinos Unidos

http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/se-agudiza-la-inseguridad-colonias-slp-alertan-vecinos-unidos/

Tlaxcala

08/02/2016

Pandilleros atacan a un joven en el barrio de Tlaxcala

http://pulsoslp.com.mx/2016/02/08/pandilleros-atacan-a-un-joven-en-el-barrio-de-tlaxcala/

11/05/2016

Balean a un hombre durante riña en el barrio de Tlaxcala

http://pulsoslp.com.mx/2016/05/11/balean-a-un-hombre-durante-rina-en-el-barrio-de-tlaxcala/

02/08/2016

Investigan muerte de un joven en el barrio de Tlaxcala

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=113586

05/09/2016

Detienen a chavo de 17 años por un asesinato en SLP

http://www.unotv.com/noticias/estados/san-luis-potosi/detalle/policavaporchavoasuescuelapormataraotroenslp-668082/

30/09/2016

Detienen en flagrancia a asaltante de estudiantes

http://planoinformativo.com/nota/id/482944/noticia/detienen-en-flagrancia-a-asaltante-de-estudiantes

27/11/2016

Pandillas buscan apoderarse de otras partes de la ciudad

http://planoinformativo.com/nota/id/492300/noticia/pandillas,-flagelo-ciudadano

16/01/2017

Ejecutan a balazos a hombre en barrio de Tlaxcala

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=126875

01/02/2017

Inicia el año con 29 homicidios dolosos en SLP

http://pulsoslp.com.mx/2017/02/01/inicia-el-ano-con-29-homicidios-dolosos-en-slp/

14/02/2017

Ejecutan taxista en eje vial

http://pulsoslp.com.mx/2017/02/14/ejecutan-a-taxista-en-eje-vial-fotogaleria/

16/02/2017

Denuncian vecinos del barrio de Tlaxcala robo a vehículos

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=129621

21/04/2017

Trataron de robar bebé en barrio de Tlaxcala en la capital de SLP

https://www.elsoldesanluis.com.mx/policiaca/trataron-de-robar-bebe-en-barrio-de-tlaxcala-en-la-capital-de-slp

28/04/2017

Hallan cuerpo desmembrado en el barrio de Tlaxcala

https://www.elsoldesanluis.com.mx/policiaca/encuentran-un-cuerpo-abandonado-en-el-barrio-de-tlaxcala

San Juan de Guadalupe

17/01/2016

Zonas de inseguridad en SLP

http://planoinformativo.com/nota/id/436902/noticia/zonas-de-inseguridad-en-slp.html

08/02/2016

Pandillas cuentan con armas de fuego: DGSPM

http://planoinformativo.com/nota/id/441226/noticia/pandillas-cuentan-con-armas-de-fuego:-dgspm.html

27/11/2016

Pandillas buscan apoderarse de otras partes de la ciudad

http://planoinformativo.com/nota/id/492300/noticia/pandillas,-flagelo-ciudadano

27/02/2017 |

Termina en riña el Carnaval de San Juan de Guadalupe

http://planoinformativo.com/507852/termina-en-rina-el-carnaval-de-san-juan-de-guadalupe-seguridad

02/03/2017

Se incendia bodega de plásticos abandonada

http://planoinformativo.com/nota/id/508490/noticia/se-incendia-bodega-de-plasticos-abandonada

21/05/2017

Riña pandilleril en San Juan de Guadalupe

http://agenciadenoticiasslp.com/2017/05/21/rina-pandilleril-en-san-juan-de-guadalupe/

12/09/2017

Reportan balaceras en el Barrio de San Juan de Guadalupe y Muñoz

http://laorquesta.mx/reportan-balaceras-barrio-san-juan-guadalupe-munoz/

Tequis

04/03/2017

Balean Tío Mich frente a Jardín de Tequis

http://voxpopulislp.com/2017/03/04/balean-tio-mich-frente-jardin-tequis/

14//11/2017

Asaltan a mujer en Jardín de Tequis; le despojan de 400 000 pesos

http://voxpopulislp.com/2017/11/14/asaltan-mujer-jardin-tequis-le-despojan-400-mil-pesos/

Montecillo

04/09/2017

Casa rebozante de basura, foco de infección en el montecillo

https://www.globalmedia.mx/articles/Casa-rebozante-de-basura-foco-de-infecci%C3%B3n-en-el-montecillo

Santiago

12/06/2016

Muere motociclista al impactarse contra un negocio

http://pulsoslp.com.mx/2016/06/12/muere-motociclista-al-impactarse-contra-negocio-en-barrio-de-santiago/

Fuente: Elaboración propia, con información de la prensa local de San Luis Potosí.

9 Véase en http://congresosanluis.gob.mx/content/se-presenta-iniciativa-de-ley-de-participaci%C3%B3n-ciudadana

10 Esta información fue proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, en respuesta (Oficio DDS/440/2017) a la solicitud de transparencia número 0085641.

11 Un ejemplo que ayuda a ilustrar esto es la demolición de una vecindad que se realizó en julio de 2017, la cual se ubicaba en el barrio de San Sebastián, en la calle de General Fuero. Esto con la finalidad de edificar en ese espacio un hotel de cadena, a lo cual respondieron los habitantes del barrio con una manifestación. Véase en http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/se-niegan-dejar-vecindad-ya-empezaron-demoler/

ANEXO 2.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 1 [TE1]

Este informante fue seleccionado porque forma parte del gremio de arquitectos y urbanistas de la ciudad de San Luis Potosí. En el momento de la entrevista se desempeñaba en un espacio de gran relevancia para la toma de decisión sobre la construcción y planeación de la ciudad. Por medio de él se logró realizar un acercamiento al conocimiento que se tiene sobre el derecho a la ciudad en el estado y el municipio de San Luis Potosí, y cómo este concepto ha sido socializado en el gremio para intentar poner en práctica su implementación.

¿Cuáles son los temas que trabajas?

Trabajo el tema de política pública y desarrollo urbano. Impacto urbano que tienen los fraccionamientos. 250 urbanizaciones cerradas en 2009-2010. Si dirección de desarrollo urbano tiene previsto hasta dónde va a construir, pero no hay planeación. La ciudad crece en función de la presión inmobiliaria. Por eso comencé a meterme en el derecho a la ciudad. En mi tesis de doctorado Lefebvre es fundamental. Hay quien habla hoy del derecho a la ciudad, pero empezó en el movimiento del 68, generación clave. Realmente poco se ha avanzado después. Hay quienes lo manejan bien, David Harvey.

Ahora trabajo sobre producción social del espacio público. Sobre conjuntos habitacionales de alta densidad, multifamiliares, donde el espacio público es vital. Más ahora que se está retomando el tema de densificación vertical, pero creo yo que se está haciendo de una manera acrítica. Se deben tomar en cuenta los aprendizajes de antes, bueno ahora con lo del 19 [de septiembre]. Está bien, no digo que esté mal la densificación, pero sí hay que hacerla con una buena planeación. Y el espacio público juega un papel muy importante porque son unidades de vivienda muy reducidas, y el espacio público es el complemento de la vitalidad de la gente. Por eso creo que le deben de poner atención. Y considerar la participación.

¿Cuál es el papel de la institución en la que trabajas en San Luis Potosí?

Es una A.C. que acaba de cumplir 50 años. La fundaron los primeros arquitectos que llegaron a San Luis. Es un espacio donde se trata de dignificar y posicionar la profesión, velar por la calidad de la construcción de la ciudad y la calidad de vida. Son los temas que nos ocupan como arquitectos. Es ese espacio que ha sido un poco que hemos tenido que luchar, porque no se le ha tomado en cuenta desafortunadamente como en otras ciudades, que es realmente un referente, un órgano consultivo, no se toman decisiones sin tomarlo en cuenta. Y aquí no, ha sido mucho ir contra corriente, buscando esos espacios. Se ha luchado por posicionarlo.

Tenemos un plan de desarrollo urbano del año 2003 y desde entonces no se actualiza. Y la planeación debe de ser un proceso vivo, sino se vuelve una fotografía o radiografía del momento y empieza a perder vigencia y a caducar. La planeación debe de estar siempre renovándose periódicamente, cada año estar renovando. En otras ciudades es así, el reglamento de construcción se está constantemente revisando, los planes de desarrollo, todo. Y aquí no. Y sabes que la ciudad ha cambiado muchísimo en este corto tiempo.

[La institución] ha sido este espacio de lucha por recuperar esa posición, opinión respetada de los especialistas en la ciudad. Porque la ciudad es demasiado importante como para dejársela nada más a los políticos o a los tomadores de decisiones. Entonces es un espacio. Para mí es un espacio más, igual que la universidad, la Cámara de la Industria y la Construcción. Es un espacio, son formas. No creo siquiera que tenga el papel protagónico que debería de tener.

Me resulta interesante porque creo que es de las pocas instituciones que tienen en alto el tema del derecho a la ciudad, que falta acá en SLP.

Y por eso tenemos la ciudad que tenemos: especulación, inundaciones, obra pública de mala calidad, todo esto es por falta de planeación, de una visión y proyecto de ciudad. [La institución] tiene ese papel, pero es un actor dentro de muchos más. Creo que ahora está mejor posicionada la Cámara de la Industria de la Construcción. A esos si los invitan a todo. Y hay otros en segundo plano como, la AMPI, la Asociación de Promotores Inmobiliarios, la CANADEVI (los “vivienderos”), la universidad.

¿Sabes si de todas estas instituciones, alguna trabaja sobre el eje del derecho a la ciudad, de derechos urbanos o de reivindicación del espacio?

No, son agendas muy plurales, que también es un tema. Pero cuando empiezas a meterte en el derecho a la ciudad sabes que ahí está todo: la reivindicación del derecho de las mayorías, la participación, los nuevos derechos humanos que están posicionándose. Como el derecho a la información, acceso a internet, todo esto. Todo va entrando ahí. Es un paraguas tan amplio que todo va entrando ahí. No nada más lo obvio como la vivienda, el espacio público, sino todo lo demás también.

¿Qué podría hacer falta? ¿Que la agenda se diversificara o que se tomara un posicionamiento distinto?

Más bien, más trabajo interinstitucional con los organismos de gobierno. No tanta confrontación […] Hay que hacerlo de una manera más coordinada. […] La universidad es un muy buen frente. El COLSAN debería de tener una postura más participativa en estos temas. Es muy respetada en investigación, pero creo que debería de ser más protagónica.

¿En la institución de la que formas parte se trabaja con una definición del derecho a la ciudad?

No, no. Precisamente la parte que le falta es esa parte reflexiva, no hay documentos, nada. Es puro discurso y política. Y ese ha sido el papel que tiene.

No hay un eje del derecho a la ciudad que guíe actividades y proyectos. ¿Cómo ves este concepto en México, por la Ley General de Asentamientos Humanos? ¿O en San Luis Potosí?

El concepto en el país es desconocido. Como todos los discursos, se usa de manera superficial, acrítica, sin mucho fondo. Suena bien, como en su momento la sustentabilidad, pero no hay realmente una reflexión de “vamos a ‘tropicalizar’ el término, vamos a las fuentes originales”, no hay nada de eso. Lo que hagamos como académicos es lo que podríamos cambiar en ese sentido. Pero no, no hay nada de eso. Yo creo que el origen del término tiene mucho que ver con esa crítica a la ciudad como mercancía, objeto de consumo, y eso está muy en boga en la generación de Lefebvre. Y más siendo un autor neomarxista. Ahorita quien lo maneja de una manera más radical es David Harvey, porque él no sólo hace una crítica a la sociedad del consumo y de la búsqueda de buen vivir, humanizar la ciudad. Harvey es más radical, él dice que el derecho a la ciudad no es sólo el derecho a lo que ya está, sino el derecho a transformarlo en algo radicalmente distinto. Esto es realmente una postura más radical. Por ahí en medio de ellos dos está Jane Jacobs. Hace una crítica. Más recientemente Jordi Borja, que agarra un matiz muy interesante, del derecho a la ciudad con los autores iberos, en este tema de Cataluña.

A nivel nacional falta, y que bueno que se interesen, porque creo que es nuestra tarea llevarla a que se tome en cuenta este concepto, pero de una manera crítica ubicada en el aquí y en el ahora. No sólo como algo romántico.

¿Y en América Latina, qué dirías? Con esto del Estatuto de Brasil y la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad

Pues sí, hay intentos. Más prácticos que teóricos y eso está bien. En la CDMX es muy bueno. Medellín, Bogotá, Curitiba, Brasil, son buenos ejemplos. Ahí yo te recomendaría un autor, Jaime Lerner, brasileño. Fue alcalde de Curitiba, y ahorita se dedica a dar conferencias. Participó en la formación de Curitiba. Tiene un libro muy bueno que se llama Acupuntura urbana. Que lo que dice es que hay que hacer un tipo de acupuntura urbana. Que no hay recurso que alcance para reponer toda la ciudad, entonces lo que hay que hacer es acupuntura, esta técnica alternativa donde pones la agujita y el beneficio se va a otro lugar. Y pues eso es lo que hay que hacer, una especie de acupuntura urbana.

Mencionabas grupos inmobiliarios e instituciones que se toman en cuenta para la toma de decisión de la construcción de la ciudad. No sé si identifiques alguna que también trabaje con el derecho a la ciudad

Quien debería de estarlo haciendo y no lo está haciendo es el Instituto de Planeación Municipal, son quienes deberían de llevar la batuta y hacer que todos participaran. En cambio, lleva años inactivo, nadie sabe qué está haciendo, si es que está haciendo algo, es muy opaco, y no promueve la participación. Al contrario, entra en simulacros nada más. Hace una junta, hago como que te pregunto y como que te tomo en cuenta y al final hago lo que me da la gana. Esos son algunos simulacros de participación, o seudo participación que es lo que hace el IMPLAN.

Los organismos que te mencionaba, la AMPI, CANADEVI, COPARMEX, Cámara de la Industria y la Construcción, el Colegio de Arquitectos, todos peleando por ser tomados en cuenta. En eso se te va la vida, el esfuerzo, cuando deberías de estar proponiendo y haciendo otras cosas.

Retomado el tema de la participación ciudadana, ¿tienes identificada alguna institución, como el CEEPAC, que trabaje sobre eso?

De hecho, si quieres aprender es el último lugar al que debes de ir. Porque más bien la participación se da acá en colonias y barrios. A parte ahí se entiende únicamente la participación electoral. Ni si quiera la continuidad de exigencia de rendición de cuentas. No, sólo es la electoral y ya. Pero acá en las colonias hay ejemplos muy interesantes de autoorganización informal. Desde esa perspectiva más bien es acercarse a los barrios. En algunos lados son las Juntas de Mejoras, como en los barrios.

Por ejemplo, tomando como ejemplo el Centro Histórico y los barrios tradicionales, tienes algo identificado en cuanto al derecho a la ciudad…

Pues ellos se organizan mucho en función de las Juntas de Mejoras. Si están muy apoyados en eso. Hace poco me invitaron a una experiencia con lo del Jardín Colón, ahí en la calzada. Ya vez que empezó a circular un proyecto de un estacionamiento, y pues los vecinos se unieron y llegaron los chicos de Jóvenes Arquitectos y los de wikipolítica. Y empezaron a hacer fotos con la gente, y la gente se desahogó ahí. En uno de esos me invitaron a hablar de esto del derecho a la ciudad. Eso se puede decir que ganó la oposición, pero se quedaron sin proyecto, sin mejoras, sin nada. Yo diría ¿pues ahí cuál fue la victoria? Ahí fue un mal manejo, yo creo que tenían que haber hecho ahí una oficinita por municipio, a lo mejor en un mismo local del mercado Tangamanga, donde hubiera un buzón de propuestas. Con eso, con que a la gente la tomes en cuenta, pero si ya nada más empiezas a ver el modelado virtual en internet y en redes sociales y ven que ya no tienen árboles, pues… Lo mismo pasó con Muñoz, eso sí promovida por SEDUVOP. También nada más nos enteramos porque en redes sociales empezó a circular un recorrido virtual. Ahí sí se concretó la obra y es desde la perspectiva del coche, no se tomó en cuenta ni al peatón, ni al usuario de transporte público, ni al ciclista. Y es una zona popular… Además, es un pedacito, una intervención muy puntual, sin una visión global.

Pasando a otro tema, vi que tenías una publicación, y hablabas sobre la gentrificación del Centro Histórico. No sé si haya algo que me puedas decir sobre ese tema

Bueno, la gentrificación yo creo que no se ha dado aquí todavía. Es un fenómeno anglo, que tiene que ver con la transformación de barrios y el desplazamiento de una clase popular por una clase más alta. Es un fenómeno inmobiliario que no se ha dado aquí, con todo y que ha habido algunos puntos que pudieran detonarlo, como el CEART, por ejemplo, pero no se ha dado, sigue estando muy deteriorado todo alrededor. Entonces lo que sí es una realidad es que tenemos que hacer que la gente vuelva a vivir en el centro, porque si no se vuelve un lugar inseguro. Mucha vida comercial durante el día, pero en la noche, tierra de nada.

Entonces dirías que ese proceso no está llegando, ¿pero en algún futuro?

No, lo que pasa es que para que se dé se necesita voluntad del capital. Se necesita que los grandes capitales vean la rentabilidad de renovar o transformar un espacio y hasta ahorita no se ha dado. Le sigue siendo más negocio seguir urbanizando los cerros del sur. A eso le están apostando. Pero va a llegar el momento en el que se acabe y van a tener que voltear hacia el centro. Porque la gentrificación dentro de todo tiene un aspecto positivo, que es la revitalización. Tiene sus dos lados.

¿Hay algo que quieras agregar?

Hace falta más conciencia de este fenómeno, más aplicación aquí y ahora. Lo que llaman también “tropicalizar” el término. Pero ir al fondo, no nada más como discurso porque si no se empieza a desgastar muy pronto como cualquier discurso. Yo creo que hay muchas trincheras. Hay otras con más legitimidad, como las instituciones educativas, como la UASLP y el COLSAN. Tendríamos que estar teniendo un papel más activo como académicos. Normalmente cuando te metes a estos temas ves que la mayoría de los académicos están relacionados con activismo. Creo que es algo que tenemos que hacer como académicos. La recomendación es investigación, acción, no sólo contemplativa para tratar de cambiar las cosas.

ANEXO 3.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 2 [TE2]

Este informante fue seleccionado porque forma parte del gremio inmobiliario de fraccionadores de San Luis Potosí, específicamente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). Esta entrevista resulta relevante ya que permite conocer con base en qué se está pensando y construyendo la ciudad a partir de una mirada de los desarrolladores inmobiliarios.

Me comentas que te es familiar el término del derecho a la ciudad. Desde la institución que trabajas, ¿cómo se aborda ese tema? ¿Se habla de eso?

Localmente en San Luis Potosí los temas de CANADEVI rondan sobre la claridad de la legislación. Qué se puede autorizar y qué no. El empresario lo único que necesita son reglas claras. Con las reglas claras hay competencia justa. Cuando no hay reglas claras entonces uno pide más, hace más, otro hace menos, y eso genera diferencias en la competencia de cada producto, empresas, en precio, calidad, todo. Entonces digamos en la Cámara lo que estamos buscando a nivel local es que las condiciones por un lado sea parejas, pero por otro lado que existan políticas de vivienda que detonen el desarrollo de vivienda. En otras palabras, el objetivo del desarrollador es producir más cantidad de vivienda. Y el objetivo del gobierno es el mismo, pero desde mi punto de vista el gobierno, no me refiero al local sino al federal, está confundido sobre la forma en la que se debe de crear vivienda en el país. En la política de vivienda de Peña Nieto en su primer año de gobierno, en febrero, anuncia que se tienen que generar viviendas de dos recámaras y que eso es calidad de vida, derecho a la vivienda, y todo este rollo.

Cuando él hace esto lo único que hace es desperfilar a toda la gente que tiene créditos y le alcanzaba sólo para una vivienda. O sea, la cantidad de créditos que existe para una persona se puede representar en una pirámide, en donde la base son la mayoría de los créditos que alcanzan solamente casas de 300 000, el siguiente estrato son gente que nada más alcanza viviendas de 500 000, el siguiente de 800 000, y el siguiente arriba de un millón y medio, por decir.

Entonces si lo visualizamos como una pirámide, en el momento en el que sale esta política de presidencia, lo que hacen es que, a toda la base de la pirámide, a todo un estrato social los sacan del juego. Ahora todos los que tenían capacidad de comprar vivienda de 200, 350 000, se quedaron fuera de la jugada, porque no se puede hacer una vivienda de dos recámaras a un precio menor de 300 000 pesos. Entonces se pierde el objetivo. El tema yo creo que es un problema que tenemos como sociedad, el tema de responsabilizar a los demás acerca de tus propios problemas. Y creo que eso es un poco de lo que sucede en el gobierno. A ver ¿por qué están mal las viviendas? “es que los pinches desarrolladores hacen lo que quieren, los municipios corrompen y la chingada…” Todo esto finalmente termina en “ok, entonces dos recámaras”. Y las políticas de crédito se van a dos recámaras. Y de lo que no se enteran es que acaban de dejar prácticamente a 40 % de la población sin vivienda.

Hay gente para la que aplican las dos recámaras y no puede acceder a ellas. De ahí es de donde viene la incongruencia. Ahora, la parte padre de la política anterior era que te alcanzaba por lo menos para tu casa. Ya te salías de la recámara de tus papás o de no sé quién para irte a tu casa. Entonces ya había ahí una autonomía, emancipación… Pero al cambiar la política se truena todo eso. Entonces, de estar produciendo casi 500 000 viviendas al año, nos vamos a 250 000. Y qué pasó. Pues qué mal que tu indicador de calidad de vida te diga que eso son dos recámaras. Porque por esa razón dejaste a 250 000 familias sin casas.

Ahora que, si queremos conectar esto con el barrio, en nuestra concepción, la de la mayoría, los barrios son un lugar extraordinario dónde vivir, porque combinan el comercio, los servicios, la cultura, los deportes, en un espacio relativamente pequeño. El barrio finalmente es una célula con ciertas condiciones homogéneas o equilibradas entre los habitantes que tienen una cierta calidad de vida, una forma de vivir especial. Entonces este barrio donde las calles son chicas, se ve violentado por la cultura del automóvil, para empezar. Pero, por otro lado, sí genera más este sistema de atracción humana; es acogedor. Porque en un mismo espacio te resuelve todas tus necesidades. Ahí está tú trabajo, tú escuela, hay parques bonitos, y además es seguro porque todo el mundo te está viendo y todos tienen una ventana al parque. Entonces todos estos sistemas son a lo que deberíamos de volver como política y legislación para el desarrollo de vivienda; sin embargo, no.

La legislación a partir de la influencia del automóvil, de esto que platicamos, de la influencia, desde mi punto de vista, pero no estoy seguro, de la industria automotriz para provocar su propio desarrollo provocan este tema de la expansión de ciudades, y esto se termina aterrizando en la mayor parte de México, de los estados que tienen esta política, de las famosas 60 viviendas por hectárea. Entonces éstas generan expansión de ciudades. Mientras hay ciudades que llegan a 2 000 viviendas por hectárea, en SLP, así como en muchos otros estados, tenemos 60. Pero lo peor es que se defiende como el perro.

Cuando tú llegas con una propuesta de mayor densidad lo primero que se cuestiona es “ah, seguro eres desarrollador y quieres ganar más lana, ese es el objetivo”. Entonces yo como desarrollador peleo eso, y me costó un proyecto más de tres años echarlo a andar. Me fui a 120 viviendas por hectárea. Tuve que cambiar la ley, influir para cambiarla.

Esto es a través de creación de vivienda vertical…

Sí, algo que se llama vivienda vertical chaparra. Son máximo cuatro niveles de altura. Y eso costó muchísimo en términos comerciales y culturales. Significa que la gente no necesariamente aceptó el tipo de proyecto de vivienda porque era un producto completamente diferente en el que se le prometía que iba a cambiar su calidad de vida por la forma en la que se configura el fraccionamiento. La federación aporta dinero y dice “claro, esto funciona”. Y finalmente eso ayuda mucho a que se gestione y el producto pueda llegar a su cauce final. Pero a nivel legislativo en el municipio en aquel entonces a nivel estado inclusive, costó mucho trabajo lanzar el proyecto. ¿Eso qué significa? Que hay muy poca cultura de lo que es el derecho a la ciudad, el desarrollo urbano, las estructuras que se tiene que tener para fortalecerse al ser humano a través de la vivencia de su hábitat.

Entonces en mi experiencia en la legislación, o sea en el Congreso del Estado, fue llegar y sentarme con una tercera parte de los legisladores, uno tras otro, mostrándoles qué era la cámara, el derecho urbano, el derecho a la ciudad, y qué es lo que teníamos que hacer para cambiar la legislación, pero no me imaginé nunca que ellos iban a decir “ah qué chingón discurso, y ahora qué hago con él”. Porque no tenían ni idea de qué hacer con él. Aún hay una Comisión de derecho territorial. Me empecé a enfrentar a que después de hacer mi trabajo, que era difundir, algo que se necesitaba.

Terminé atorado en el Congreso del Estado porque la primera pregunta fue “ya te entendimos. Ahora dime qué dice el artículo y qué tiene que decir”. Ahí me atoré meses y fui con el gobernador de aquel entonces, le dije “necesito tu apoyo y tres asesores a 100 % de desarrollo urbano para que podamos desatorar este rollo y le puedan decir a tu congreso cómo modificar y qué hacer. Y adicionalmente voy a traer a alguien y quiero que platiquemos con él y que nos dé una charla. Con eso vamos a sensibilizar. El presidente de ese entonces se decidió no abrir el grupo de análisis de Desarrollo urbano y derecho a la ciudad [Mario García]. Había que cambiar muchas cosas en la ley.

En lo que respecta al Centro Histórico, ¿en qué momento se propuso su rescate?

Cuando se propuso un rescate del centro fue con Horacio Sánchez Unzueta. Él, con algo de visión a través de lo que IMSA iba a desarrollar, propuso desarrollo para la Alameda basado en el automóvil. Es muy difícil concebir la ciudad caminable. Mientras que la gente que camina, que está más en los barrios, entiende la dinámica del barrio, las necesidades, inseguridades, deseos… Esa gente sí puede expresar eso. Hay una falta de conceptualización de lo que es el derecho a la ciudad, que es muy diferente para uno y para otro. Y la forma en la que uno vive su ciudad en su espacio específico, su hábitat, es muy diferente al que lo vive en otro. Entonces eso desarticula completamente las opiniones, las fuerzas. Generalmente la gente que usa coche y vive en un derecho a la ciudad irreal o, digamos, no para toda la sociedad, tiene más influencia, que la otra gente. Generalmente, no siempre.

Debería de ser igual para todos, como para el que quiere andar en coche. Nada más que tiene que pagar. Porque el derecho a transitar en una calle de aquí y de estacionarse aquí no debería de costar 20 pesos la hora, debería de costar 200. Entonces si hablamos de un derecho equitativo. El tema es cómo vas a hacer para eliminar un carril para dedicarlo a ensanchar tu banqueta y darle un carril a la bicicleta.

Cuántos de esos automovilistas del pasado se han vuelto ciclistas del presente. En términos de desarrollo urbano, plusvalía, todo esto que genera riqueza que también genera derecho a la ciudad si está bien armada, los dos actores más importantes que existen desde mi punto de vista son las vías. O sea, si tú trazas las vías y dices “por aquí va a haber tanto de ancho” inmediatamente se empieza a gestionar toda la ciudad. Se empieza a vender la tierra, se empieza a edificar, a urbanizar, de acuerdo a las necesidades de la vivienda. La ciudad es un ente vivo que tiene tentáculos y empieza a moverse. El problema es cuando no le das líneas de para dónde crecer. Entonces se empieza a desarticular, porque de todas maneras crece. En hacinamiento o no, va a crecer. El trazado de vías es principal para un desarrollo ordenado. El siguiente punto es el transporte. Lo que importa no es la verticalidad, es la tecnología que utilizas. Esa ya es la esencia del tema que se llama finalmente law enforcement, o estado de derecho.

Al hablar sobre el proyecto inmobiliario que desarrollaste mencionabas que lo hiciste desde una visión del derecho a la ciudad, ¿cómo o cuál era esa visión?

No era una conceptualización de lo que yo creía que era una gente feliz. El derecho a la ciudad lo basé en la pirámide de Maslow. La base de la pirámide la quité porque son las necesidades fisiológicas y están cubiertas por alguien que puede tener un crédito. El siguiente es el de seguridad, donde está la vivienda. Entonces ese lo iba a dar naturalmente, y quiero darles el siguiente y el siguiente. El siguiente era el tema de interacción social, que tenía que ver con la integración comunitaria, los proyectos que juntos hicieran para poder crear desarrollo comunitario. Lo que hice fue invertir un chorro en el tema social. Porque ese te llevaba al siguiente que era el autorreconocimiento, o reconocimiento público: una cosa es tener amigos y otra cosa es ser reconocido. Entonces cree como cinco o seis programas en mi cabeza que tenían que ver con tema deportivo (milla, aparatos de ejercicio) que iban agregados a otros programas laterales. Luego el cultural, donde ellos tenían que hacer una cultura donde yo iba a poner los desechos urbanos para que se creara una cultura por la misma comunidad para crear identidad local. Una cosa que representara participación. Otro proyecto de era de José Juan, para explicar los derechos de los niños. El tema del deporte. El programa de huerto urbano. Programa de Soy y Agua (se teorizó, pero no se aplicó).

¿Qué es el DC cuando la concepción es tan diferente para cada quién? Entonces al ser un ente vivo que está en contacto con la gente modifica el comportamiento humano, las creencias. Eso es lo que creo que realmente es responsabilidad del gobierno. Poder llevar a cabo legislación que pueda impactar en el comportamiento, las creencias, por ejemplo, de abundancia, de contacto con la naturaleza sin este sentimiento de culpa, miseria.

El objetivo es desarrollar a la gente, ponerla en contacto con la naturaleza, que puedan vivir en armonía. El pedo aquí es que al desarrollador le ponen unas reglas, y quieras o no, su objetivo es hacer lana, y para hacerla necesita seguir las reglas, porque si no las sigues, te pasa como a mí [en uno de mis proyectos]. Fraccionamiento vendido, entregado. La gente no entiende lo que hay detrás del desarrollo.

La casa más grande no tiene que ver con calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con la integración de servicios, comercio, necesidades, todo lo que hay alrededor para que la gente pueda vivir. El derecho a la ciudad significa vivienda cómoda, pequeña, suficiente, pero con amplias áreas comunes de interacción social, PC, cultura, ejercicio. El derecho que tenemos que tener constitucionalmente es a la ciudad. Entiendo que, a la vivienda, pero la vivienda es un derivado de la ciudad, no al revés. Los créditos, los financiamientos, están para abastecer el mercado de la vivienda.

Siendo parte de este gremio de inmobiliarios ¿cuál es la perspectiva del Centro Histórico de la ciudad? ¿Lo toman en cuenta para desarrollar?

El centro tiene una desarticulación bien interesante. Los precios para el desarrollo, de tierra, son para vivienda de más o menos un millón, un millón y medio. Y una persona que está dispuesta a vivir en una vivienda de un millón y medio generalmente no encuentra toda la articulación necesaria para poder vivir en ella. Entre ellos es la percepción de seguridad, el tema de los drenajes, los olores, de grafitis, la poca atención que se le pone en muchos niveles. […] Puede ser una cuestión política porque de un gobernador y presidente a otro el centro se modifica. Entonces si una persona de un millón de eso percibe, capta y vive eso, el centro sería una maravilla, porque entonces los precios de la tierra coinciden con ellos. Esto incluye su restauración y de las viviendas.

¿Y sobre los barrios qué piensas?

No conozco mucho del tema de barrios, pero lo que entiendo es el barrio es la mejor forma de tener derecho a la ciudad. De convivencia, de una esfera para tener contacto con todo lo que necesitas para vivir y poder transitar en este espacio a través de un transporte limpio, etcétera, o en su defecto que llegues a todos lados a pie. Se necesita una iniciativa de gobierno que no piense en los coches, que piensen en el desarrollo de la gente y del derecho a la ciudad en la percepción de cada barrio y de la gente que los habita.

Cuando se pueda fortalecer y potencializar eso entonces se va a jalar a la inversión automáticamente. Mientras tanto no va a suceder. De eso hay un ejemplo en México a través de Slim, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Creo que hay una conceptualización muy europeizada, idealizada, de lo que es el derecho a la ciudad, que impide a través de la no tropicalización del proyecto a entender qué es lo que la gente quiere y desea. Esa es mi percepción personal.

El empresario piensa en su proyecto y en las reglas y punto. Cuando hablas con la academia dices qué es eso. Y cuando el empresario pregunta qué es eso y te ignoran, todo se desarticula. Porque entonces los indicadores miden una cosa diferente, las acciones son para personas diferentes, etc. Entonces el proyecto que se aplaude es al que se invita a quienes tienen la capacidad de pagar el proyecto. Lo aplauden, se ejecuta, y no produce nada para la gente

Dices que ahora está un poco olvidado, pero que en el futuro habrá una proyección a comprar o construir/reconstruir en los barrios de San Luis...

De eso depende la política y la visión de nuestros gobernantes.

Ahora en los barrios hay casas abandonadas y muy valiosas. ¿Habrá proyectos para remodelarlas y vendrás?

Los proyectos sobran. La ciudad tiene vida propia; los proyectos salen de hasta donde no te imaginas. El problema es que haya política clara a futuro, proyectiva, o a largo plazo, y reglas claras. Si hay reglas claras se desarrolla solo. Cuando le preguntas al inversionista por qué no lo haces, te va a decir, “porque no hay política clara, no hay seguridad, las calles están grafiteadas, los drenajes huelen a mierda”. Eso ya te mete en otra complicación, que finalmente se tiene y se va a resolver. El pedo es que la maceta no pasa del corredor, y está muy arraigado culturalmente. Entonces si yo vivo en una casa que tiene un drenaje que huele a mierda prefiero acostumbrarme a quejarme. Prefieren no hacer política e investigación, cuando ambas van juntas, porque así es el pedo. Porque el gobierno, por lo menos culturalmente, no tiene esta liga en el poder ejecutivo con la investigación. Porque no creen en ella. Y además por qué no los dejan, por intereses particulares de tres cabrones. ¿Cómo haces válida la ley si tiene incongruencias? Es “irrespetable”.

¿Y cómo consideras a los barrios, seguros, con buena calidad de vida o no? ¿Identificas algún barrio con características positivas o negativas, y cuáles?

Yo vivo muy poco en los barrios. Viví por San Francisco, pero no alcanza a ser barrio. Te puedo decir sobre la esfera en la que me muevo por más tiempo. En esa esfera los barrios son inseguros, sucios, huelen mal, etc. Aunque tienen mucha infraestructura para tener los habitantes que ahí viven. No tengo referencia ni información suficiente.

Pasando al tema de los fraccionamientos, ¿con base en qué se desarrollan?

En base a la ley, la competencia, qué están haciendo los demás, la pirámide de Maslow y cómo puedo generar un mayor bien para la gente, para tener más gente, más negocio. O sea, es un círculo virtuoso verdaderamente. La limitante está en la legislación.

¿Por qué apostar a espacios cerrados y no abiertos?

La percepción de inseguridad. El valor más importante para la gente es la seguridad. Dentro de ella están los demás niveles que tienen un papel fundamental cuando la seguridad está resuelta. La privada verdaderamente ha demostrado en el tiempo que genera mayor seguridad. El tener una reja o una pluma para entrar genera una “sensación” de seguridad. Y en la realidad depende. Hacia dentro de la privada en realidad hay más seguridad. Pero justo al lado de la privada, que está rodeada por bardas, terminas generando un aislamiento e inseguridad tremendo. Hacer privadas jode a la ciudad, pero protege a los habitantes de esa privada.

¿Cómo crees que podría vulnerar la creación de fraccionamientos al derecho a la ciudad?

En nada. Vulnera al legislador y a los intereses particulares de tierra de ciertas inversiones, pero eso no importa. Porque finalmente se tienen que gobernar por el bien de la mayoría, no de alguien en particular. El derecho a la ciudad lo que va a generar son más clientes con mayor deseo de comprar una vivienda, lo cual va a generar mayor rotación de ventas y un círculo virtuoso extraordinario. El derecho a la ciudad es algo que se tiene que vender, se tiene que comercializar.

Ahora, hablando de barrios, no invierto en los barrios porque hay una disparidad precio mercado. El precio de la tierra dice una cosa diferente del mercado que puede atender el centro para las condiciones de seguridad, sociales, servicios y demás que existen para la zona.

¿Hay algo que quisieras agregar?

Sí. Hay que dejar de pensar en la vivienda y pensar en el entorno. La manera de desarrollar el centro y la ciudad tiene que ver con implementar y enfocarse en lo urbano antes que en la vivienda.

ANEXO 4.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 3 [TE3]

Este informante fue seleccionado debido a que en el momento de la entrevista desempeñaba un papel importante en un cargo referente a la gestión y observación de organismos de participación ciudadana en San Luis Potosí. Esto permitió realizar un acercamiento a esta dimensión del derecho a la ciudad, de la mano del uso del espacio público, tanto en el contexto local como en el barrial, lo cual era de gran relevancia para los casos de estudio.

¿Podría contarme un poco sobre su trayectoria y el papel que tiene en este organismo?

Actualmente soy consejero electoral. El consejo es el órgano directivo colegiado de este organismo, que organiza elecciones pero que debiera de impulsar la participación ciudadana. Mi trayectoria está en el tema de los derechos humanos. Tengo una trayectoria de larga data en el tema en San Luis Potosí, y he sido activista y docente durante muchos años. He sido presidente de la junta de mejoras en mi barrio por dos ocasiones. Actualmente no soy jefe de Juntas de Mejoras. El responsable de las Juntas de Mejoras son los ayuntamientos, pero se puede solicitar una firma de convenio con este organismo, y por lo tanto organizarlas. Entonces en principio no. Actualmente sólo me desempeño aquí y tengo limitaciones legales en ciertas funciones.

En materia de participación ciudadana, ¿de qué se encarga este organismo y cuál es su papel en San Luis Potosí?

Es un organismo público local electoral que se les conoce con este concepto de […] en términos generales que, dentro del esquema del Sistema Nacional Electoral, a raíz de la más reciente reforma electoral de 2014, es el organismo que se encarga fundamentalmente de organizar los procesos electorales locales: gobernadores, diputados locales, ayuntamientos, y que por otro lado se encarga también de impulsar la participación ciudadana, son como las dos vertientes.

Desde este organismo ¿qué se entiende por participación ciudadana?

El organismo tiene una debilidad normativa muy fuerte en materia de participación ciudadana, pero es que así es también en San Luis Potosí. Por ejemplo, no tenemos una ley de participación ciudadana. A nivel nacional hay una confusión jurídica respecto a que la participación ciudadana se refiere a mecanismos de democracia directa como es el plebiscito, el referéndum. Y en muchos estados hay leyes que se llaman de participación ciudadana, pero que son realmente leyes de plebiscito y de referéndum.

Entonces esta confusión conceptual ha hecho que, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, los temas que tienen que ver con participación ciudadana estén muy dispersos en una serie de normatividades de toda naturaleza, lo cual hace que haya mucha, que sea muy laxo el asunto de la participación ciudadana. Y el organismo electoral no está exento de eso. Realmente tenemos una normatividad muy débil en el tema. De hecho, no tenemos un mandato claro en materia de participación ciudadana. El único mandato que existe es el que refiere a que cuando así lo estimen los ayuntamientos, pueden solicitarnos que organicemos los procedimientos para la integración de los Organismos de Participación Ciudadana, como las Juntas de Mejoras, los consejos de desarrollo social, municipal, pero realmente está muy dispersa. Y esto hace que la organización no tenga un mandato claro.

Al interior del organismo hay quienes tenemos un concepto de participación ciudadana que no necesariamente refleja lo que la institución tiene porque el mandato legal en la materia es muy débil. Ahora, en materia de participación ciudadana la entendemos como un derecho que tiene que ver fundamentalmente con que la ciudadanía participe en distintos espacios, tome decisiones respecto de sus entornos más inmediatos y que ejerzan un control social sobre el ejercicio de la autoridad. Sin embargo, como te digo, hay una debilidad muy fuerte en la materia. Por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana en el estado están muy dispersos en distintas leyes. Por ponerte un caso: las Juntas de Mejoras se regulan por un reglamento municipal, en donde los estándares sobre los procedimientos de la instalación de las juntas de mejoras atraviesan mecanismos de mucha discrecionalidad. No hay estandarización respecto del procedimiento o los Consejos de Desarrollo Social Municipal (CDSM) son regulados por una ley distinta, estatal, que tiene que ver con los ingresos que vienen de la federación. Entonces ahí también hay procedimientos bien distintos.

En muchas ocasiones no están homologadas las fechas, por ejemplo, el CDSM que es un órgano importante porque tiene que ver con las transferencias de la federación a los municipios no tiene nada que ver con el reglamento de las juntas de mejoras. Muchas leyes establecen normatividad, como la Ley de Educación, de la creación de Consejos Municipales de Educación, pero los procedimientos de conformación son muy discrecionales. Entonces realmente lo que yo veo es que no existe un marco legal que facilite la participación ciudadana genuina y auténtica, y que en buena medida el tema de la participación ciudadana está muy mediado por procesos de clientelismo y por una instrumentalización de la participación, fundamentalmente para legitimar acciones gubernamentales.

La mayoría de los órganos de participación ciudadana son elegidos de manera muy discrecional. Las autoridades intervienen demasiado abiertamente en la conformación de estos mecanismos, llámese Juntas de Mejoras, CDSM, consejos consultivos, o consejos ciudadanos, comités de participación, que los hay. Porque muchas leyes obligan a las autoridades a crear este tipo de espacios, pero son espacios que están muy cooptados.

Mencionabas una iniciativa de ley que estaban formulando para poder normar la participación ciudadana…

Hicimos el año pasado y antepasado una serie de foros para recoger ideas de la ciudadanía en general, académicos, los que vinieran. Y se empezó a hacer un trabajo respecto de presentar una propuesta. Se creó a nivel legislativo una comisión especial de participación ciudadana dentro del Congreso del Estado que ha impulsado, presentado, tres iniciativas. Una que fue presentada por esta Comisión especial de PC, que tiene algunas características particulares que necesita que dictamine otra Comisión. Otra iniciativa la presentó un diputado, Gerardo Serrano, avalado por un abogado, José Mario de la Garza, que tiene un despacho jurídico que ha estado metido en estos temas. Después presentó otra iniciativa un ciudadano, de tal forma que son tres. Sin embargo, no se ha realizado al interior del Congreso los trabajos correspondientes para dictaminarla, pero tampoco para la realización de foros que enriquezcan estas tres iniciativas que permitan en un momento dado realizar un dictamen.

Las tres iniciativas tienen sus pros y sus contras, algunas tienen más instrumentos de participación ciudadana y procedimientos más claros, otros menos. Ahí falta que el Congreso haga un trabajo de análisis y reflexión sobre estas iniciativas y reúna más ideas, y en todo caso se podría impulsar una ley. Hasta el momento no hay nada, y seguimos siendo de los pocos estados que no tienen una ley de participación ciudadana. Como te digo, muchos estados tienen leyes de participación ciudadana, pero son de plebiscito y referéndum, no ofrecen mecanismos distintos de éstos. De a poquito unas leyes, quizás unas diez a nivel nacional, ya empiezan a tener otros tipos de mecanismos, contemplan otras figuras, otros procedimientos, pero en general sigue prevaleciendo una normatividad débil en la materia. A pesar de que sí hay una exigencia ciudadana fuerte sobre el tema. Podríamos decir que hay una paradoja entre una exigencia ciudadana, o sectores ciudadanos organizados, porque luego tampoco es que tengamos una ciudadanía de alto impacto en el país, pero por lo menos hay sectores ciudadanos que sí exigen una mayor participación ciudadana. Pero por otro lado tenemos debilidad normativa por dispersión, porque esa misma les permite a las autoridades ejercer un papel de discrecionalidad sobre los mecanismos de participación ciudadana.

Mencionas que la participación ciudadana no se quede únicamente en lo electoral, sino en el ejercicio barrial o cualquier tipo de participación ciudadana, pensando que la participación es de y para ciudadanos, ¿hay alguna reflexión sobre personas que no son jurídicamente ciudadanos que viven en ciertos espacios de la ciudad?

Dentro de las Juntas de Mejoras hay que implementar el concepto de vecindad, porque hay gente que no tiene la figura de ciudadanía, como extranjeros que son residentes desde 30 o 40 años, los que quieras, y que forman parte de las comunidades y se les restringe su capacidad de intervenir, y creo que hay que abrir esta figura hacia la vecindad. Tendría que ampliarse a figuras que no restrinjan la participación ciudadana al concepto o adscripción de ciudadanía, como es también el caso de los menores de 18 años. Éstos son miembros de pleno derecho de las comunidades y sin embargo en estos ejercicios de Juntas de Mejoras o Asambleas Comunitarias no suelen ser tomados en cuenta porque no cumplen con este requisito formal de la ciudadanía. De hecho, a nosotros por lo menos cuando algunos de los ayuntamientos se han acercado conforme a la legislación y nos piden una opinión técnica respecto de sus convocatorias para las Juntas de Mejoras. Hemos insistido en este punto, que tendría que abrirse al concepto de vecindad y en todo caso nada más habría que solicitad que se demuestre la vecindad de alguna forma, algo formal pero no excesivo.

Mencionabas que había diferentes mecanismos para regular cualquier tipo de organización que se quiera formar

No necesariamente, más bien están muy dispersos.

No coinciden…

Exactamente. Por ejemplo, las Juntas de Mejoras cuando llega una nueva alcaldía en principio tiene hasta seis meses para renovarlas, pero el Consejo de Desarrollo Social Municipal, que es el que se encarga de resolver respecto de las transferencias de la federación de un famoso ramo 33, que es un fondo muy importante para la realización de obras públicas de infraestructura municipal que transfiere la federación directamente a los municipios. Quien se encarga realmente de ver a dónde se va eso formalmente es el CDSM. Entonces el Consejo debe estar integrado por las Juntas de Mejoras o cualquier otra forma de representación ciudadana. Pero se tiene que conformar a los tres meses de que llegue el municipio, entonces realmente no hay tiempo de que se renueven las JM. Ese tipo de cosas.

Cada organismo de participación ciudadana está regulado por mecanismos distintos, inclusive por leyes de carácter general, como la Ley de Educación, que realmente está centrado más en el tema de la educación, pero que contempla la existencia de un mecanismo de PC y no deja claro la forma en la que opera o se debe de integrar, y eso permite a las autoridades integrarlos de forma discrecional. Entonces esta dispersión normativa genera una debilidad de legitimidad sobre la integración de los organismos, porque qué te da legitimidad, pues porque te invitó el presidente municipal. Pues eso pierde legitimidad. O también legitimidad respecto de sus soluciones.

Qué carácter tienen esas resoluciones de los organismos ciudadanos. Pues nadie está obligado a hacerles caso. Ese es uno de los principales problemas de las Juntas de Mejoras. Sí hay un procedimiento medianamente para su elección, que también puede ser objeto de muchas manipulaciones, pero al final ponle que ganas, y después no hay forma de que les hagan caso a las resoluciones la autoridad municipal, porque al final de cuentas no está obligada a hacer caso. Que es lo mismo que pasa con el plebiscito y referéndum, si no llegas a un determinado porcentaje no hay carácter vinculante. O bien, en muchas ocasiones el carácter vinculante nace de que quiénes lo convocan es la autoridad. Y si es la ciudadanía, no tiene carácter vinculante a menos que tenga cierto número de votos.

Ese es otro problema de los mecanismos de participación ciudadana, su carácter no vinculante. Si le sumas la poca claridad sobre los procedimientos de integración, y luego las debilidades de los mandatos que tienen los organismos de participación ciudadana respecto de la obligación o no que tienen las autoridades de hacerles caso, pues vemos que hay una debilidad fuerte. Y luego el que la normatividad sea distinta también genera mecanismo que no fortalece a la participación ciudadana.

¿Podría decirse que este tipo de organismos de participación ciudadana siempre son impulsados desde el Ayuntamiento?

En efecto. Ahora, las Juntas de Mejoras son un fenómeno fundamentalmente urbano. Sólo San Luis Potosí, el municipio, quizá el de Soledad, son el área conurbada. En los municipios que no son esta zona los mecanismos de participación ciudadana son otros, más que las Juntas de Mejoras son Asambleas Ejidales, u otros tipos de mecanismos de representatividad que nacen más del mandato comunitario. Asambleas Vecinales, observan una naturaleza distinta, entonces son fenómenos distintos.

Esos mecanismos ofrecen otra fenomenología, otra problemática. Porque muchos también tienen que ver con otro tipo de mecanismos clientelares y corporativos que nacen de la propia naturaleza de las organizaciones campesinas de este país, distintas a los de las zonas urbanas. Pero unos y otros enfrentan estos problemas, aunque son fenómenos distintos que están regulados por figuras legales distintas. Pero en las zonas urbanas, específicamente en los barrios sí, no hay una figura, no puedes decir “yo soy una junta de mejoras” si no participaste en el proceso del Ayuntamiento. Tendrían que crearse figuras que permitan la conformación de organizaciones ciudadanas con una génesis interna, que no responda sólo a eso.

Las Juntas de Mejoras no ejercen ningún recurso, porque se prestaría a fenómenos de corrupción tremendos, pero sí tendría que haber por lo menos un tipo de normatividad que obligue al Ayuntamiento. Por ejemplo, a las Juntas de Mejoras ordinariamente siempre se les pide a finales de año un ejercicio de hacer prioridades, y se entrega al área de Desarrollo Social del Ayuntamiento, que es la experiencia de San Luis, lo que conozco, y esta área lo utiliza supuestamente para hacer el Programa Operativo Anual (POA) del Ayuntamiento. Que es el mecanismo a través del cual se justifica el presupuesto que se está pidiendo o el que se gasta. Pero lo que acaba ocurriendo es que no se reflejan las prioridades o necesidades planteadas por las Juntas. Y eso acaba debilitando las Juntas porque después empieza el fenómeno de “No hace nada la Junta” y quedas atrapado entre las exigencias ciudadanas legítimas y la indiferencia gubernamental que al final de cuentas no hace nada. Puedo darte ejemplos de cosas que como Juntas entregas a los ayuntamientos y que ni contestan. Entonces realmente ahí hay una problemática. Hay esa falta, porque no son vinculantes las decisiones de esos organismos.

También hay otro problema: tampoco hay dinero para todo. Eso es entendible. Sería muy difícil suponer que un Ayuntamiento pueda dar respuesta a las demandas de todos los barrios. Ahora, aquí también se agrava por el abandono sistemático de los barrios. Ahí tenemos un problema como barrio muy específico. Resulta que hay dos perímetros, el A y el B, y los barrios están en el B, y por estar ahí no forman parte de los polígonos de pobreza a los cuales se podían destinar recursos del ramo 33, porque están dentro de un Centro Histórico. Pero nunca le llegan fondos porque los que se buscan, como el Patronato del Centro Histórico tan famoso aquí en San Luis Potosí, pues todos los recursos que junta los mete al perímetro A. Y el B ha sufrido a lo largo de muchas décadas un deterioro de la infraestructura urbana terrible. Como el caso de los barrios de San Sebastián y San Miguelito, que son los que conozco más directamente, pero algo muy similar a lo que seguramente pasa en Santiago, Tlaxcala. Quizá la única excepción podría ser Tequis por su ubicación más en otra zona de nivel socioeconómico. Y eso ha generado un abandono sistemático del perímetro B, que son los barrios que tienen todavía una vida vecinal. Porque está ocurriendo todavía que en el perímetro A prácticamente no vive mucha gente, no hay una vida barrial porque son comercios y cosas de ese estilo.

¿Puedes hablarme un poco de tu experiencia como presidente de Juntas de Mejoras, cómo es el proceso, las reuniones?

Hay todo un proceso formal que comienza con la convocatoria del Ayuntamiento. Esa convocatoria hay que conformar una planilla, y evidentemente se hacen con la gente que conoces del barrio. Es imposible que conozcas a todo el barrio, aunque tengas cierta idea de quiénes son. Esta planilla se integra por seis personas (presidente, secretario, tesorero, tres vocales). Tienes que registrarte en el Ayuntamiento para participar en una asamblea donde va a ser la elección. Si en el registro hay más de un grupo que solicita el registro, se hace la votación. Sino el que se apuntó es el que queda. Por lo menos en las dos ocasiones que participé sí hubo asamblea y votación y se ganó. Tienes que hacer todo un ejercicio de convencimiento y dar a conocer un plan de trabajo.

Una vez que se hace la asamblea, en que quede formalmente hablando es la Junta de Mejoras, y no tiene obligación de reunirse cada x tiempo, pero nosotros nos reuníamos quincenalmente. En base de un plan de trabajo se hacían solicitudes al Ayuntamiento y creábamos un espacio para que la gente fuera y presentara sus solicitudes. En alguna ocasión intentamos crear una pequeña estructura de representantes por cuadra, pero no resultó. La verdad es que hay serios problemas de participación vecinal. No tenemos una ciudadanía de alto impacto y resulta difícil convocarlos. Y luego va ocurriendo este desgaste […] pides una cosa y el Ayuntamiento no contesta, y va generando al interior un “estos que hacen, les pedimos cosas y no ocurre nada” y se genera un desgaste.

Te puedo decir dos experiencias, una en mi cuadra. Uno de los problemas de los barrios es el colapso de los drenajes, los cuales se hicieron no sé en los 40, 50, en tiempos de cuando era gobernador Gonzalo M. Santos, que fue cuando se adoquinó el barrio porque mucha gente cree que están desde la colonia, pero no, eran calles de tierra. Son drenajes colapsadísimos. Esto trae muchos problemas, hoyos en la calle y problemas sanitarios en las casas. Le solicitamos al Ayuntamiento, porque mediante INTERAPAS te hace un estudio y dice que hay que cambiarlo, pero no te lo cambia. Lo programa y no. Simplemente Parrodi lleva tres meses sin poderse transitar porque tiene un hoyo enorme que tiene que ver con los drenajes. Pero bueno, en nuestra cuadra, que es la anterior, nos pasó una cosa así y tomamos la decisión de cerrar la calle hasta que nos arreglaran. Y a la hora ya estaban las máquinas arreglando. Ese tipo de acciones directas.

Pero después no todo el mundo le quiere entrar a acciones directas. Cuando se puso del OXXO frente al jardín algunos de los que tienen negocios en los alrededores pensaron “estos nos van a tronar”, y dentro del barrio hay la tradición de las tienditas de esquina, que le dan vida y de gente que vive de eso. Siempre ha habido tienditas en el barrio. Y se nos acerca un grupo y dice “no queremos que se ponga el OXXO ahí” y se supone también que son lugares protegidos por el INAH y quién sabe cuánta cosa. Hicimos toda una serie de gestiones ante el Ayuntamiento y el INAH para evitar que se instalara el OXXO.

Al final nos dejaron solos, ni los de las tienditas de los alrededores se animaron. Al principio sí hubo una asamblea de unas 100 gentes, un montón. Porque en las asambleas de las Juntas de Mejoras no creas que son 200 personas, si llegan 90 ya es un montón. Les planteamos una serie de acciones, pero ya no quisieron. Y luego el OXXO se instaló con todo tipo de irregularidades, corrupción del Ayuntamiento. Y entonces está que ocurre también eso. Tampoco hay un ejercicio de participación ciudadana muy echado pa’delante. Por eso es que en muchas ocasiones no surgen organizaciones auténticas y genuinas, sino que más bien surgen las que son organizadas desde el Ayuntamiento en muchas ocasiones. Por ejemplo, las Juntas de Mejoras de Muñoz cuando las Juntas de varias colonias dijeron “ese proyecto no sirve, no es lo que queremos”, y les valió a las autoridades e hicieron la obra que ellos quisieron hacer, y que ahorita, ni resolvió la problemática de la zona, complicó la vida de la zona, en fin.

¿Qué pasa con las Juntas de Mejoras en San Miguelito? ¿Influye en algo la contigüidad?

No, de hecho, las Juntas antes era de todo el barrio, pero a partir de una administración, no recuerdo cuál, casi estoy seguro de que fue o con Labastida o con Mario, o tal vez desde Lozano, se crearon zonas. Ahorita el barrio de San Sebastián no es una sola Junta, sino que son cuatro zonas. Lo mismo le ocurre a San Miguelito. La primera vez que fui presidente de las Juntas (2006-2005) sí era de todo el barrio. Para la segunda vez ya no. Ni siquiera cada barrio tiene una Junta, sino que hay varias y está dividido por zonas.

Incluso hay ocasiones en las que la Junta de la zona equis sí se integra junta y en otra no, y se supone que uno nada más está para su zona. Eso le pasa a San Miguelito y San Sebastián. De San Miguelito ignoro cuántas Juntas son, porque además hay una secrecía. Si tú pides directorio casi nunca los dan porque estas Juntas de Mejoras son utilizadas desde una perspectiva electorera y para obtención de votos porque forman parte de este mecanismo clientelar en el que bajas programas de dádivas mugrosas, pero luego lo recuperas con que te den su voto. No es un mecanismo nuevo. Quizá ahora se esté refuncionalizando.

Hay ocasiones en las que ni siquiera se logran integrar y a veces no te enteras o no se dispone de la información. Te enteras hasta que quieres participar y te dicen “no es que tú eres de esta zona y sólo puedes traer gente de esta zona” y tú ya llevabas nombres de gente de otra zona. Hasta ese momento te enteras. Por ejemplo, ahorita yo no te sabría decir cuántas Juntas hay en el barrio de San Miguelito. Del de San Sebas sí sé, hay por lo menos cuatro que siguen el cuadrante de Constitución y Sevilla y Olmedo. El vértice de todo eso es el jardín. No hay mucho ejercicio de articulación entre las Juntas. Se supone que el CDSM sería eso, porque los barrios están integrados en otro tipo de división administrativa. Entonces hay una asamblea de todas las Juntas que forman parte de eso para que nombren un representante para el CDSM.

Ser parte de la Junta de Mejoras es voluntario y honorífico, no se recibe ningún suelto. Por un lado, ni te atienden las autoridades porque no tienen la obligación, y por otro las demandas ciudadanas son muchas, y por el fenómeno del perímetro B en el que no se destinan recursos a los barrios, pues hay un deterioro de infraestructura tremendo.

¿A qué cree que se deba esto? ¿Hay algo que quisiera añadir?

Yo creo que este fenómeno que puede estar muy ligado a este concepto de gentrificación, que no dudo que en poco tiempo el barrio vaya a ser objeto de un fenómeno agudo de gentrificación, por lo menos en el concepto que yo tengo, en el que se va dejando caer la infraestructura del barrio de tal manera que lo empiezan a abandonar las familias, y luego por la cercanía con el Centro Histórico se genera un fenómeno en el que lo empieza a adquirir capital privado y levantan el barrio.

Un fenómeno es el de las fincas abandonadas. Hicimos un censo sobre las fincas abandonadas y no hay cuadra del barrio que no tenga entre cuatro o cinco, y es un problema, por delincuencia menor o focos de reunión pandilleril, problemas sanitarios, fauna nociva. Por otro lado, empiezas a batallar con espacios, como estacionarse, limitaciones que impone el INAH para la construcción, porque no puedes moverle a la fachada nada si no tienes permiso del INAH. Hay razón de ello, pero a cambio no hay un incentivo bueno para que pienses que quieres cuidar tu barrio. Pero está en el maldito abandono. Creo que es un fenómeno que hay que ir viendo. Un estudio que nos dieron del IMPLAN hablaba de que el barrio de San Sebastián era de los más vivos que todavía existían porque tiene una serie de servicios que más que expulsores son atractores. Tenemos hospitales el ISSSTE, Cruz Roja, el Mercado Tangamanga, un montón de escuelas, hasta una universidad. Una serie de servicios que otros barrios no dispone. Pero sí se observaba un fenómeno de que hay gente muy grande, pocos jóvenes poca vivienda.

Qué tanto la gentrificación es un problema que se va a bordar en el mediano plazo. Y esto del abandono de la infraestructura por el estar en un limbo al ser parte del perímetro B, porque no le puedes destinar dinero del ramo 33 y el dinero que se junta siempre va a quedar al A por carácter turístico. Rara es la vez que le meten algo. Como Sevilla y Olmedo, el pedazo de la caja del agua que se renovó con fondos federales.

La gentrificación no está pasando, pero podría ocurrir. También está la contraparte de que la gente tampoco se organiza mucho, es un hecho. Como el ejemplo del OXXO. Fenómenos de ciudadanía de bajo impacto. Es muy costoso ser ciudadano en este país, le tienes que invertir dinero y tiempo. No hay incentivos para ser ciudadano, al contrario, te cuesta. Por trámites, gestiones, te malenquistas con autoridades, te acaban bloqueando luego con los vecinos porque no resolviste el problema. Tiene un costo muy alto ser ciudadano en este país. Y como no hay una ley que te empodere.

ANEXO 5.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 4 [TE4]

Este informante fue seleccionado porque, al momento de realizar la entrevista, formaba parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, en términos académicos trabajaba un tema que resulta fundamental para esta investigación, el cual versaba sobre patrimonio cultural y monumentalidad.

¿Me podrías hablar un poco sobre cuál es tu trabajo en el INAH y de qué se encarga esta institución?

Entré al INAH en 1993. Entré para catálogo y después a monumentos. Monumentos es una parte de lo que es el instituto. Tiene a nivel nacional varias coordinaciones, varias áreas de atención porque nacemos por un ministerio de ley. La ley desde 1986 es una política nacional de protección y conservación. Primero para construir una identidad nacional y todo ese rollo revolucionario, y aterriza un poco con el cardenismo con crear instituciones que apliquen esa política cultural de identidad, investigación, y eso. Y el INAH nace en esa época en los años 30 con Cárdenas.

Nace el INBA también a la par y durante todo ese tiempo se cambiaron algunas legislaciones que había, pero ya en el 72 se crea una ley que es la que todavía sigue vigente, la Ley Federal de Monumentos y Zonas que nos da el cuerpo legal para actuar en el caso de conservación, protección, vigilancia, difusión. Todo lo que tiene que ver con patrimonio histórico, arqueológico, en el caso del INAH, y en el caso de Bellas Artes, el INBA, de lo artístico. Ahí sí estamos metidos el INAH y el INBA en esa ley con nuestras atribuciones y facultades tiene una reglamentación. Lo que quizá ahora cambie un poco, y toca la suerte de que, en estos años, el año pasado y el antepasado, se crea la Secretaría de Cultura y nosotros antes pertenecíamos a la SEP, y ahora pasamos a Secretaría de Cultura, lo cual ha trastornado un poco el tema orgánico en el funcionamiento del INAH. Pero poco a poco se va ordenando aparentemente y la idea es que en este periodo de, a lo mejor legislativo, o a más tardar el año que entra, ya se haga una Ley Orgánica del Instituto adaptada para que pertenezcamos a la Secretaría de Cultura debidamente con reglamento y todo eso.

En cada estado tenemos un centro. El INAH tiene una delegación, y funciona con base a su propia estructura, aunque depende jurídicamente del centro, pero sí tiene autonomía de decisiones, de procedimientos y cada centro INAH es diferente, la verdad. Habrá centros INAH que tengas más gente de antropología, habrá gente que tenga más de monumentos, otros de arqueología. En el caso de nosotros en San Luis tenemos el área de monumentos, que es éste el que atiende arquitectura, urbanismo, monumentos históricos de todo el estado y la ciudad; las zonas de monumentos y el estado en general. Tenemos un área de investigación y ahí están arqueólogos y antropólogos; una de restauración donde están los restauradores de bienes muebles, cultura pintura. Y aparte, por la parte administrativa, el Museo Regional que también es del INAH y los sitios arqueológicos de Tantoc y de Consuelo que también pertenecen al INAH. Esa sería la estructura en San Luis, te digo, cada estado es diferente porque habrá lugares como Mérida que es muy equilibrado en monumentos, pero es muy destacado Chichen Itzá; entonces varía. Hay lugares donde es más importante el tema arqueológico que el tema de monumentos. Aquí en San Luis el peso mayor lo lleva monumentos históricos porque tenemos dos zonas de monumentos declaradas por el presidente, que es la zona del Centro Histórico y Real de Catorce. Entonces con esos dos la importancia a monumentos es mayor

¿Existe alguna definición del INAH de lo que significa el patrimonio cultural y cómo se determina que algo es patrimonio cultural?

Legalmente nos ceñimos a lo que dice UNESCO de lo que es el patrimonio cultural. Propiamente en el INAH tenemos más definiciones de lo que es monumento histórico, una zona de monumentos históricos, lo que es un monumento arqueológico, artístico y sus escalas. Por ejemplo, para el INAH un monumento histórico es un sitio de arquitectura o de urbanismo relevante, y esta relevancia tiene que ver con quién vivió ahí, quién lo hizo, a qué época histórica se refiere. Y tiene unas temporalidades muy discutibles porque has de cuenta que te habla del momento en el que pisan los españoles suelo americano hasta 1900.

Esa es una partición de los años 70 que era cuando la historia del arte eran puros periodos muy marcados y que históricamente realmente no coincide con lo que es el desarrollo histórico de México. Por ejemplo, en el caso de arquitectura, si la cortan hasta 1900 los diez años del porfiriato que son continuidad de los otros 20 no están bajo nuestra norma. Entonces sí es un poco discutible. Por eso te decía hace rato, es una ley que sí tenemos vigente, pero es una ley muy caduca en cuanto la medición de ese tipo de cosas y no se va actualizando. Hay ahorita legislaciones más actuales que son las de los estados, que sí consideran una temporalidad movible. Te dicen: un monumento es de hoy a 50 años para atrás, y no, el INAH te dice hasta 1900. Entonces desde 1900 al año 2017 son 117 años que el INAH no ve como históricos legalmente y que sí son históricos. La mayoría de los que se construyen en el porfiriato, la revolución, la posrevolución; hay arquitectura y procesos de continuidad que ya deberían de ser incluidos si hubiera una legislación actualizada. Que no se ha hecho.

Entonces si nos vamos a esas definiciones de la ley, sólo con las que trabajamos. No trabajamos con definiciones que no están en la ley, y es una tristeza porque, por ejemplo, no están ciudad histórica, conjunto histórico, paisaje cultural, y esas sí las tomamos de las definiciones de UNESCO, porque no las tenemos en la ley. Como somos normativos pues aplicamos la ley, la norma, y de acuerdo a eso lo cumplimos. A nivel nacional tenemos que ceñirnos, que si UNESCO nos marca que es patrimonio cultural nosotros tomamos la definición de UNESCO y ya nosotros la aterrizamos hasta lo que es monumento histórico para el INAH, que así es legalmente. Hasta hacemos una mezcla de reglamentos internacionales y definiciones internacionales con las de nosotros.

¿Cuentan con alguna perspectiva de qué tanto puede ayudar a formar o fortalecer la identidad el hecho de que haya un monumento en un espacio?

En el caso de monumento sí es de los conceptos que está desarrollado en cuanto a nuestra legislación y nuestra norma. Incluso las normas técnicas que ayudamos a hacer en cada zona que es de monumentos, con las autoridades locales hacemos una técnica o un plan de manejo que son escalas reglamentarias o instrumentos legales para operar en un lugar. En el caso de monumentalidad nos basamos en, cómo te diré.

Hay una teoría sociológica que es sobre distintos tipos de valores social, cultural, económico, político, y se trata de aglutinar en lo que es ese concepto de monumentalidad, no tanto por el valor estético, que muchas veces es lo que más pesa. La gente dice “Ay, pues es monumento porque está bonito”, como la Catedral. Y una casita ahí en San Miguelito antigua no es monumento porque está bien fea. Y nosotros en general en el INAH se trata de desechar ese tipo de cosas. Tratamos de equilibrar lo estético con el valor social, económico, incluso el político que pudiera tener ese lugar, y de acuerdo a eso es el concepto de monumentalidad.

Y en otro sentido, cómo describir ese valor. Más bien es un valor asociado a la significación del lugar. Por eso sí vamos a temas de identidad, que tampoco está metido en la ley. Si revisas nuestra ley es bien chiquita. Son como menos de 30 artículos y ninguno habla de identidad o de cosas así, porque son conceptos que en su momento no se manejaban o estaban muy relacionados con aspectos antropológicos y los antropólogos incluso discuten mucho: “no es una identidad, son identidades”. Entonces sí tratamos de que ese concepto que manejamos de monumento sí tenga esa mezcla de valores y que todos vayan hacia un valor significativo, y es cuando lo asociamos con el tema identitario. O sea, sí buscamos que cuando se declara una zona haya una identificación social de qué valores acompañan a esa declaratoria; si hay tradiciones y costumbres que puedan ayudarnos a argumentar la declaratoria o el concepto de monumentalidad. Eso sí lo tomamos en cuenta. No vamos nada más a la parte material ni al objeto, sino vamos también a lo que significa y lo que hay alrededor.

Aunque claro, dentro de la ley no está estipulado si esto se toma en cuenta.

Claro. Muchas veces en procesos legales esa es una de las cosas más difíciles de… Es lo que nos hace más fuertes como institución, pero es también lo que nos cuesta más trabajo realmente con un juez. Porque él te dice “bueno, y por qué es monumento”, “no pues porque se construyó en el siglo XIX”, “si, pero por qué”, y ya tienes que explicar que tiene un valor social por esto, un valor económico por acá, representa un valor científico. Incluso representa un estilo, una técnica constructiva, etc. Y eso es lo que más nos puede argumentar a favor para justificar nuestros dictámenes.

A sabiendas de que estás familiarizado con el concepto del derecho a la ciudad, ¿podrías darme alguna definición de él y decirme si crees que el trabajo del INAH lo toma en cuenta?

Se supone que el concepto que maneja el Estado mexicano sobre el patrimonio es sobre el derecho común, o sea es parte del bien común. Ahí lo que pasa es que hay una dificultad porque legalmente nosotros hemos tenido experiencias de que en cuanto a jurisprudencia ese derecho, que nosotros manejamos como “derecho de todos”, se contrapone porque generalmente de lo que hablamos es de bienes particulares. O sea, sí se dice que el Centro Histórico de la ciudad de San Luis es muy importante, pero el Centro Histórico está conformado por unidades, ya sea edificios públicos, pero la mayoría, 80 % son edificios privados. Entonces ahí chocamos mucho en el sentido de que hasta qué punto es la propiedad privada y el interés privado, y cómo prevalece o puede prevalecer sobre el interés público.

Y en el caso del derecho a la ciudad irías más por el caso global y del ciudadano como conjunto, como lo ven algunos apartados de la ley, en donde no nos podemos meter con el interés privado, con la propiedad privada, y eso ahí es un choque. Nos ha tocado legalmente, incluso tenemos dos jurisprudencias en contra, de eso. De que el dueño de una casa la demolió y se inconformó porque se le hizo un proceso legal, pero él dice “pues es mi propiedad”. Que no estaba debidamente avisado, no tenía conocimiento, o no me interesa que mi edificio sea patrimonio cultural porque es mío. Y no me importa que sea patrimonio de nadie porque es mío. Entonces entramos en ese debate y hasta la fecha es un debate que yo creo que ha detenido esa actualización legal que te decía yo. La ha detenido porque la ley federal está muy encajonada y muy restringida a proteger de una manera punitiva. Como que la ley todavía es “no hagas esto”, “no puedes hacer esto”, “pídeme permiso”, y no hemos evolucionado a una le que permita una gestión o inclusión del derecho a la ciudad.

Entonces estos criterios no los ha incluido por temor quizá a ese choque entre el interés público y privado. Que en el caso de monumentos es así todos los días. Todos los días tenemos ese problema. Nosotros iríamos por un discurso del derecho a la ciudad, pero legalmente no lo podemos hacer. Tenemos una incongruencia legal que como normativos estamos amarrados, pero tienes que hacer el debido proceso para que esta persona se llegue a informar de que su edificio es monumento. Y todo eso viene hasta de raíz. Salinas, cuando hace su declaratoria de casi todo el país que tiene monumentos históricos, los dueños no están avisados. Entonces se hace la investigación, se pone una fichita. De origen no se hizo. Y como legalmente ahora con los nuevos reglamentos tenemos que hacer el proceso al revés. Le tenemos que decir a la gente: “¿quiere que su casa sea monumento histórico?”, y ellos tienen cinco días para decir que sí o no. Y si en esos cinco días te dice que no pues se puede amparar, pero tienes que justificar e irte a un rollo de eso de que es un bien de interés cultural, público. Y él te va a decir “pues sí, pero es mi casa, y yo no quiero que sea monumento ni que esté en tu catálogo, yo no quiero que me lo declares”. Y, por ejemplo, hay casos bien graves que tienen un amparo en ese sentido, por ejemplo, el INAH no puede normar al Ipiña en ningún sentido. Un juez lo amparó para que no nos pida permiso de nada. Puede hacer lo que quiera y nosotros no podemos porque estamos amarrados en eso, te digo de, “es mi propiedad y si ustedes me norman, me afectan”.

Claro, y supongo que ese será el caso de muchos edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Y sí, se supone que sí hay un debido proceso que no se cumplió. O sea, realmente la ley marca que debe de haber un registro y que el registro debe ser notificado al propietario, y el propietario está o no está enterado. En la mayoría estamos seguros de que si se le hubiera notificado no hubiera dicho nada, no habría dicho que no. Pero no se hizo. Entonces ahora tiene que hacerse al revés, tenemos que volverlo a hacer, tenemos que estarle notificando y de hecho cuando vienen a pedir un permiso en ese permiso les notificamos “su edificio es un monumento…”, y si no nos dice nada dentro de cinco días automáticamente damos por entendido que sí está avisado que es monumento y ya no puede decir nada.

Ya salvamos un poquito la falta de procedimiento adecuado que se hizo hace años. En el caso de San Luis se declaró en el 90 y no se hizo eso. En la Ciudad de México se declaró en los 80 y no se hizo eso. Entonces esa es una observancia que tenemos, jurídico y de la PGR que se debe hacer así. Pero también imagínate notificar a todo mundo. Tenemos 200 000 monumentos históricos, entonces uno por uno no se hizo y no creo que se vaya a hacer, sino con la cotidianeidad de que alguien venga a pedir permiso y ya aprovechas. Estamos todavía legalmente en un aspecto medio frágil y discutible.

¿Y cuál es tu perspectiva de cómo está posicionado el derecho a la ciudad aquí en México y en San Luis?

Pues en la práctica, al menos en la parte que me toca a mí no está contemplado. Te digo, ni siquiera el INAH lo considera. No sé si no lo sepa, pero yo creo que ni le interesan los conceptos que se manejan. Cuando fui con [un compañero] a esto de AGENDA Hábitat a la reunión de Quito estuvimos viendo con los que estaban exponiendo en el caso de los barrios y todo ese tema, y quedaba en que es un pendiente porque no está considerada ninguna planeación. Por ejemplo, todas las ciudades tienen un plan regulador o tienen un plan de centro de población; distintas escalas de planeación y ninguna casi considera estos conceptos. Al menos no los consideraban hace diez años y la mayoría son planes de diez años y esto es reciente. Quizá los nuevos ya lo estén introduciendo, pero está esa discusión todavía. Y como que hay un choque entre la visión política y la visión económica. En el caso de México es eso, es el choque. La gente que va por la parte de planificación de negocio y la parte que va por la planificación social, inclusiva, participativa, que debería ser.

En el caso de monumentos es parecido. Por ejemplo, las zonas de monumento que se han declarado ninguna le ha tomado el parecer a nadie. Llega el INAH y dice “éste es el perímetro”. Y si la gente de un barrio quiere que su barrio esté incluido no importa. “Ellos quieren, pero nosotros decimos que no”. Y tú ves en la declaratoria de San Luis, vienen los barrios y están incluidos, pero parcialmente, hay unos cortes raros porque es muy subjetivo y muy rudimentario el criterio porque es un criterio tecnocrático. De que “cuántos edificios hay. No pues hay diez y edificios antiguos hay ocho. Ah bueno, y acá hay diez y tres. No pues entonces no, quítalo”. Entonces, aunque sea el mismo barrio, hay manzanas que tienen más casas antiguas y otras que tienen menos. Pero la gente considera identidad de barrio, y el INAH dice “no, nada más entran los que yo digo, y si te quito la mitad no importan porque legalmente no puedo decir que tú estás incluido ahí”. Y así está la planeación, así son los criterios en general de los planes reguladores. Creo que sí hay un divorcio entre lo que es una planeación muy tecnócrata a una planeación inclusiva y participativa, como decían acá en esos foros. Eso no está. Al menos yo no lo he visto, en el Centro Histórico no.

Para comenzar a hablar de los barrios ¿cuáles están clasificados como patrimonio cultural y en dónde limita esa clasificación?

Mira, lo que es el perímetro A y B, las dos zonas de monumentos del INAH que son el perímetro. Ya ahorita no se estila incluso que tengan esas clasificaciones. En San Luis está esa clasificación porque era muy grande la extensión territorial del Centro Histórico. Son más de cien hectáreas, entonces es de los centros históricos más grandes de la República. Por ahí lo anuncian como el tercero, bueno por ahí puede ser que sí. Incluso pudo ser que fuera más grande y se redujo. Si estuviera incluida toda la extensión de los barrios hubiera sido grandísimo e inmanejable también. Muchas veces la gente dice “ay es que por qué no es más grande”. De por sí la zona A y B es muy grande y muy difícil de normar, pues más grande, más dificultad. Y en el caso de San Luis es muy grande porque los barrios sí se conservaron la mayoría en su tejido urbano se han conservado hasta la fecha. Entonces, diferencia de otras ciudades que sí se destruyó mucho los perímetros, la CDMX, Puebla también, no sé, Morelia, Querétaro. Entonces San Luis si se conservó bastante esos cuadros. Pero en su momento cuando se hizo el estudio de zonas se decidió no incluirlos por esa complejidad. Porque ya estaban modificadas algunas casas. Y te digo, el criterio que se sigue es la densidad de monumentos, y si esa densidad no es tal pues se excluye.

Los barrios estaban muy salpicados. Quizá había una manzana que estaba muy cerca de la plaza y tenía 80 % de monumentos históricos, pero estaba rodeado de otras manzanas que tenían 60, 40 %. Entonces se decidió que no era lógico declarar todo el barrio. Es un criterio muy cerrado, muy numérico, pero que así funcionó y se aplicó. Y por eso se decidió que la ciudad de españoles fuera la que se declarara patrimonio nacional por el presidente. Y es la ciudad española, las 12 manzanas originales y las que crecieron hasta el siglo XIX, las del perímetro A.

Lo que posteriormente era una mera culpa del INAH, fue que se promovió que hubiera una extensión de perímetros con el ayuntamiento y con el gobierno del estado y se generó un plan de conservación más grande que si generó una zona más grande e incluyó a los barrios. Pero este plan se hizo hasta los 90, cuando ya se había perdido mucho y cuando ya los barrios estaban muy despoblados. Incluso se ha ido modificando. El último ajuste que se hizo fue en 2010, la última revisión del plan parcial. Ya ahí sí se incluyen los barrios de Santiago, Tlaxcala, San Sebastián, Tequis, San Juan de Guadalupe una parte, y el Montecillo una parte. San Miguelito sí está, pero hasta la Cruz Roja, Carlos Díaz Gutiérrez. Ahí se separa porque empieza la colonia Niños Héroes, donde hay muchas casas antiguas, y la Lonja y eso. Fue una decisión política de incluirlos en su mayoría porque la gente protestó, los conservadores, de que las excluyó el INAH. Fue una decisión arbitraria porque no había razón histórica para hacerlo. Legal y política sí, pero histórica no. Entonces si pactas una decisión elitista. La ciudad bonita, española, y la ciudad de barrios no.

De hecho, arquitectónicamente son mucho más interesantes los barrios, porque es una arquitectura que se llama Republicana, que casi no hay en México. Es del siglo XIX, de la independencia para acá. Entonces es una arquitectura sui géneris que no hay en la mayoría de los conjuntos arquitectónicos mexicanos. La mayoría son de la época virreinal, incluso los barrios son virreinales, y son arquitecturas muy parecidas a los núcleos centrales. Y aquí ves el núcleo de una arquitectura y los barrios de otra. Eso debió haber sido tomado en cuenta y pues no.

¿De ese cambió de perímetro hay algún mapeo disponible?

Sí, te puedes meter a la página del Ayuntamiento. Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí, y sale el mapa actual de los barrios. Y el de zona de monumentos viene en el INAH en zona de monumentos. También viene el decreto y tiene una lista de edificios que son monumentos. Son como 200 que están por direcciones.

En esta ampliación que se realizó sobre monumentos, ¿tuvo una repercusión positiva o negativa o sólo fue un decreto que no tuvo impacto?

Yo con la tesis estuve viendo que la primera vez que se proyecta meterle mano al centro es con el gobernador Rocha en los años 60. En ese entonces San Luis estaba muy dividido con el movimiento navista, y mucho de las raíces de ese movimiento estaba en los barrios, en San Miguelito y San Sebastián. Mucha gente del frente cívico es de esa zona y hasta la fecha. Entonces cuando se reprime al Dr. Nava, esa gente y los curros potosinos quedan muy sentidos con el PRI, el gobernador que entró por Nava, llega este señor, Rocha Cordero, que era más político, jurista, menos apartidista ideológicamente hablando. Y trató de incluir a la población para reconciliarla. Entonces él es el que crea el primero proyecto del Centro Histórico de San Luis Potosí. Él es el que hace todas las plazoletas, Aranzazú, El Carmen, San Francisco, pero crea patronatos para hacer cada uno.

Cada obra se la encarga a un patronato y la mayoría estaban dirigidos por navistas. El Dr. Nava, gente de los barrios. Entonces hay un resurgimiento de la potosineidad, como una reconciliación y eso en su momento desembocó que hubiera proyectos para el Centro Histórico para inversiones, embellecimiento. Y se empezaron a traer empresas, como ahora se traen centros comerciales, en aquel tiempo fue Sears, y reconciliar socialmente a San Luis. Porque la gente rica de San Luis tenía todavía sus intereses en el centro. Pero pasa una dinámica, como que salió el tiro por la culata, porque sí trajeron inversiones y el centro se volvió comercial. Entonces los ricos que vivían en el centro pensaron que salía más negocio rentar las casas del centro e irse fuera. Entonces empieza un tema contradictorio: se valora como antiguo, bonito, la ciudad de los jardines, pero ya no para vivir. Entonces la gente se empieza a salir a raíz de esa llegada y cambio de inversión.

Cuando se da la reglamentación de los barrios, no sé si sea porque a los mexicanos no nos gusta que nos normen en muchas cosas, hay esta versión de que “ya no se puede hacer nada, ya es monumento y ya no puedo ni tocarlo”, y hubo un momento de emergencia porque cuando se hizo el estudio de la zona había en San Luis registrados alrededor de 5 000 monumentos, y cuando se hace la declaratoria en los 90, se tienen 4 000. En diez años se murieron 1 000 edificios antiguos.

Cuando la gente venía por un trámite era casi como “no puede tocarlo, no puede demoler” y se creó una idea muy coercitiva y punitiva del Instituto y que hasta la fecha arrastramos en muchos casos. Pero fue en ese tipo de emergencias para tratar que no se demolieran. Y sí generó un choque y mucha gente abandonó el centro, los barrios, y empezó a dejarlos caer. Yo diría que fue contraproducente el tema porque el centro se volvió el núcleo central comercial y de servicios políticos, y las zonas aledañas de los barrios, las zonas que la gente ya no quería porque estaban abandonados, inseguros, que era mejor vivir fuera porque el INAH no permitía abrir para cocheras, no dejaba crecer.

Entonces fue una inercia negativa que, en lugar de ayudarnos a conservar, nos ayudó a destruir. Aunque se ha revertido un poco, pero aún está la idea ahí de que no se puede hacer nada. Yo creo que si tú sales a preguntar en los barrios hablarán pestes del INAH. Sí hay una verdad en eso, pero ha habido un cambio desde la política del estado porque se vio que no se puede socialmente ser punitivo, antes de generar conciencia de por qué es un valor agregado y no una carga que tengas un monumento. La gente decía “es monumento ya valió, no puedo hacer nada”. Ahora está esa idea, pero cada vez está más el peso social de que la gente valora, aunque sea comercialmente o estética, pero va pesando, y el valor económico.

¿En dónde clasificarías a los barrios de San Sebastián y San Miguelito en cuestión de estética, seguridad, a comparación con los otros cinco barrios denominados tradicionales?

Esos dos barrios y Tequis han sido muy privilegiados en cuanto a inversión, porque son los que están socialmente más identificados con su patrono, tradiciones. Otra, que socialmente el nivel económico de sus pobladores era un nivel mejor que el de los otros, clase media, o Tequis media alta. Políticamente lucían mucho los barrios porque arreglabas la plaza porque ahí vivía gente que tú conocías, y los intereses de las casas y de las familias estaban ahí. Entonces era un círculo vicioso de que inviertes en rescatar los barrios que necesitan poco rescate porque se rescatan por la misma gente. Y son los más conservados esos tres. Tequis menos porque se ha vuelto muy comercial y el valor del suelo muy alto. Pero en general San Sebastián y San Miguelito son barrios que se conservaron y el gobierno les ha metido mucho más dinero en comparación de otros barrios. Y se ha hecho una campaña de exaltar estos barrios, y en cambio con los otros no se ha hecho. De esos dos barrios es de donde nosotros tenemos más solicitudes de restauración, de cambios de uso de suelo, urbanas. Desde que me tocó entrar en el 90 y tantos ha habido tres o cuatro proyectos urbanos en San Sebastián y en San Miguelito, Tequis. Y de mucho dinero, porque a lo mejor representan mucho esa parte de potosineidad, que hasta la fecha es la gente que está cercana al poder económico y política y tiene sus intereses ahí.

En cuanto la vocación de ciudad, no es turística ni histórica, sino industrial y de servicios, y el gobierno designa presupuesto con base en eso. No le interesa tener el mejor Centro Histórico de México, porque si lo hubiera habría políticas más abiertas de incentivar que llegue vivienda y otras cosas al centro que lo haría más sustentable. Históricamente el que más ha invertido dinero yo creo fue con Santos Azueta supongo, con el programa “Mi barrio”, donde se arregló incluso la mayoría de las plazas de todos los barrios.

Tocó Tlaxcala, San Juan de Guadalupe, que no los había tocado nadie y los metió en los años 90. Después de ahí Toranzo cero, Marcelo le destinó más al centro y ahora Carreras no le ha puesto tampoco nada. Y cuando hay presupuesto sí son muy puntuales, aunque es medio engañoso, porque es muy caro lo que se hace en el centro. Meter instalaciones subterráneas es carísimo, entonces se va más de la mitad en eso. Hay obras que se llevan gran parte y no se ven porque es infraestructura. Pero sí, para el centro es mínimo en comparación con lo que se invierte en el resto de la ciudad.

¿Dentro de San Sebastián y San Miguelito existen monumentos que no sean tomados en cuenta en la declaratoria, pero que sean importantes en cuanto permiten generar identidad?

En estos tres barrios o más significativo que repite el modelo urbano de la corona, la iglesia. Cuando eran pueblos de indios había los cabildos ahí. La mayoría tiene los templos conservados, que son patrimonio. Luego están los quioscos, y las casas alrededor. Aquí lo que pasa es que genéricamente no se conservó lo que era cada barrio y eso faltó. Por ejemplo, algunos eran barrios de artesanos y hoy no ves casas de artesanos antigua. Quizá eso falta. Sólo está la referencia del quiosco, el templo, la plaza, y dos que tres casas. Quizá un lugar con más identidad es la Calzada, porque tiene toda la infraestructura de agua, pero ese no es parte de ninguno de los barrios, sino que los divide. En Tequis un monumento a lo que no se debería de hacer en conservación fue prolongar la avenida y demoler el templo.

¿Hay algo que quisieras agregar?

Sí. Antes se decía que se vivía en el centro en lugar de los barrios. Ahora está muy marcada la identidad barrial. Como que hay un divorcio en esa homogeneidad que se pensó en un inicio con Rocha Cordero de que era “el corazón de la ciudad”. En ese sentido no se ha logrado esa homogeneidad política que se quería, pero sí se mantienen tradiciones como las fiestas patronales, fiestas específicas de algunas temporalidades, pero persisten y la gente todavía se identifica. Incluso gente que se fue de los barrios regresa a estas fiestas o porque tiene parientes ahí, pero si hay esa recurrencia a volver a la tradición y la fiesta. San Sebastián y San Miguelito eran parecidos.

También esto de recuperar espacios, porque yo podía salir a jugar a San Miguelito y la calzada. Ahorita yo creo que no porque es peligroso, y por los datos dicen que sí es peligroso aparentemente. Era muy tranquilo vivir en San Miguelito, ahora supongo que no lo es tanto. Pero también en su momento, esto es relativo, pero también hay políticas medio perversas en donde cuando se quiere intervenir una zona o enajenarla, empiezas primero por desvirtuar su entorno social y dices que es inseguro, y la gente responde “sí es inseguro, me voy”. Después resulta que no era tan inseguro y en realidad querías comprar para poner un negocio, y eso se ha dado en muchos lugares. Hay tendencias de “lo quiero, suelta información mala para que baje de precio”. Eso sucedió en la Ciudad de México, en España, Ecuador, que es una tendencia de que en el discurso pauperizas una zona o la haces riesgosa para que llegues, la compres, la abarates, la pongas en valor, la recuperas, y es carísimo. Y hay zonas que se gentrifican justamente por haberlas puesto como inseguras en el discurso y no eran tanto. Es una trampa perversa. En San Luis no sé si sea así, y espero que no para que no sea un discurso falso.

¿Entonces tú dirías que hay más similitudes o diferencias entre los barrios?

Socialmente eran muy parecidos. Quizá estos temas pandilleriles y de territorios que están muy marcados. Creo que socialmente es la misma convivencia.

Con los nuevos proyectos que se están generando en los barrios, ¿tienes alguna intuición de que se puedan llegar a gentrificar?

Sí, estos barrios son los más atractivos y de los que nos llegan más proyectos de inversiones en San Miguelito y San Sebastián. Tequis ya no tanto. Yo lo veo tristemente… Yo estoy en desacuerdo en los criterios generales para conservar, porque al menos ahora se sigue un patrón global de conservación y sustentabilidad con el negocio y la inversión. Y sobre todo con la inversión privada, que busca negocios. Es cuánto meto y cómo lo recupero. Y desgraciadamente así se está viendo. Incluso el gobierno cuando hace inversión en lugares donde hay posibilidad de que suba la plusvalía, haya una buena imagen política con ciertos sectores, empresarios, comerciales. Las zonas que se restauran son ellos, los propietarios que tienen muchas casas, son las calles donde se mete dinero. Y lo que sí pasa es que no se ha detenido la salida de gente.

Lo bueno se vuelve malo. Sí pueden llegar a gentrificarse en ciertas zonas. Por ejemplo, esta vecindad que demolieron para hacer un hotel, y claro sube el suelo y los de alrededor, que son viviendas, van a tener que pagar el doble o el triple, y se van a salir. Y llegará gente con dinero que pueda arreglar las casas, pero no será de un nivel que la gente tenía en común. A lo mejor no tiene el arraigo de las familias de antes, las cuales se ven presionadas porque es incómodo vivir en una zona comercial. Sí hay zonas que se van a gentrificar, pero no todo el centro, porque es muy grande y sería muy raro que fuera todo el centro.

ANEXO 6.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 5 [TE5]

Este informante fue seleccionado ya que gracias a su área de trabajo y las áreas de activismo en las que se ha desarrollado representa un referente para hablar de movilidad y acceso a centralidades en la ciudad de San Luis Potosí. En el momento de la entrevista pertenecía al colectivo Vida sobre Ruedas, que buscaba utilizar la bicicleta como una herramienta transformadora del modo en que se utiliza la ciudad en lo referente a la movilidad.

¿Podrías hablarme sobre ti y los temas que trabajas?

Soy maestro en Ciencias Ambientales de la rama en gestión ambiental. Me enfoqué en gestión del transporte público y su análisis espacial, y generación de sistemas en teoría de transporte a partir de los criterios orientados en desarrollo a transporte, que son un estándar internacional que dentro de todo lo que hay en términos de infraestructura, movilidad y transporte, es lo que más se puede llegar a aproximar a los modelos de sustentabilidad.

En mi trabajo de tesis parto de la idea de que la movilidad es un derecho. Se enmarca dentro del derecho a la ciudad. Sin embargo, para poder considerar aspectos de cómo mejorar la movilidad hay que ver demasiadas cosas. La movilidad es transversal. Todo el mundo cree que la puede manejar y la mayoría sólo lo ve desde su campo. Para poder hablar de movilidad tienes que hablar desde muchos campos de investigación, académicos y técnicos. Dentro de todo eso, una rama muy específica es la tecnificación del transporte y la articulación. Pero para poder generarlo necesitas hacer análisis espaciales que te permitan conocer dónde están las personas que van a utilizar el transporte para de ahí poder abastecer. En términos clásicos juega mucho entre la oferta y la demanda. En términos mucho más realistas juegas con un triángulo en el cual tienes tres nodos, que son los espacios icónicos y las formas en las que se articulan las redes, tienes las terminales, que son los espacios donde vienen los cambios modales y estos procesos de anclaje de los espacios urbanos, y tienes las redes como tal. Y el conjunto de eso te da una serie de variables que, dentro de todo eso, los nodos y las terminales pueden tener los orígenes y los destinos, pero realmente si no consideras procesos como lo son la densidad de vivienda, la comercial, servicios educativos y de salud, servicios recreativos y demás, pues estás viendo un panorama desgraciadamente muy incompleto. No es nada más conectar las casas con los comercios o las empresas con las industrias, sino que realmente la gente tiene una necesidad de movilidad muy amplia y diversa.

Partiendo de eso que mencionas, ¿cómo definirías la movilidad y cuáles son los elementos que deben de primar en la movilidad en una ciudad como la de San Luis Potosí?

La movilidad es una navaja de dos filos, porque es una necesidad base, no hay forma de realizar una vida humana sin movilidad. El desplazamiento es inherente a cualquier ser vivo, principalmente todos los animales, entre los cuales está el humano. Sin embargo, la movilidad también es performativa. Tiene la característica de que a través de su diseño y su gestión encauce el desarrollo de las urbes y de los asentamientos. Entonces como tal se requiere la movilidad, pero la movilidad forma. Al tener esta dicotomía vemos que todo podría ser simple y sencillo hasta que le metes la lana, la política y la sociedad. Hasta ahí todo pareciera una cuestión meramente ecológica. Como si estuviéramos hablando de una ecología urbana del ser humano. Sin embargo, la realidad de las ciudades es mucho más compleja, y existen procesos en los cuales las dinámicas de transporte generan estos lugares y no logares, de los cuales Borja habla mucho. Porque estamos acostumbrados como seres humanos a tener espacios de significancia, en donde haya algo significativo, importante, icónico, y el resto pareciera que sólo son procesos de flujo, cuando realmente no. Lo que tenemos son espacios de múltiples significancias y diferentes escalas de tracción de ese transporte, porque al final no es como que la ciudad se conforme de puntos solamente. Sino que es un tejido vial, político, social, ambiental y económico. Y todas esas variables son impactadas e impactan la movilidad a través de cómo se gestionan.

Si pasamos a momentos históricos en los cuales la movilidad simplemente era un ejercicio, hasta actualmente que la movilidad es una gestión centralizada, pues vemos que realmente hay un cambio. Ese gran cambio viene de que la sociedad antes ejercía la movilidad simplemente como una necesidad que satisfacer, y actualmente la ciudad y su ciudadanía dependen de las gestiones de la movilidad para poder realizar su vida en términos de calidad. Sin embargo, qué pasa; si la movilidad es eficiente entonces se rompen los procesos extractivos de la economía, que son los que generan estos cambios sociales y sobre todo la capitalización del espacio y de los individuos. Entonces llega un punto en el que la movilidad se vuelve un capital político, tanto en términos de control social como económico.

Pareciera que volver a ese punto de ejercer la movilidad desde la decisión individual y satisfacer las necesidades del sujeto ya no basta. No es solamente pensar en que tiene derecho a moverse, sino que también tiene derecho a que, a través de la gestión individual de su movilidad no sea impactada de forma negativa con las gestiones de todos estos otros rubros, que impacten su calidad de vida.

Al darle preferencia solamente a un modo de transporte que no es sustentable, pero que, en términos de materialismo histórico, construye la economía (el carro), estamos dejando que estos procesos de segregación en estos estratos socioeconómicos se mantengan y se impidan los procesos de movilidad social. Entonces estamos anclando a sectores de la población acorde a sus ingresos y a su distribución espacial a procesos específicos de movilidad, y por otro lado estamos permitiendo sectores enriquecidos que tienen una facilidad de movilidad y que están generando externalidades económicas, ambientales, sociales, urbanas, en todos los conceptos, a través de su modo de transporte, que tenemos que pagar el resto de la sociedad.

El gran papel de la sociedad civil es pensar en la movilidad como un proceso democrático y equitativo que no genere estas vulneraciones. Porque no es solamente pensar en que yo me puedo mover como individuo, sino pensar que como sociedad la suma de esos movimientos está construyendo a la misma sociedad. Y si permitimos que estos procesos se lleven a cabo solamente a través de las dinámicas del libre mercado lo que vamos a tener es mayor fragmentación urbana, del tejido social y mayor vulnerabilidad en términos económicos y sociales hacia los sectores empobrecidos.

Aquí en San Luis, ¿cómo ves que es la pirámide de prioridad en cuestiones de movilidad?

Hay mucha información al respecto. En la escala nacional y en términos locales de 90 a 95 % del presupuesto federal dedicado a movilidad y transporte o infraestructura son para el auto. Si quieres datos más duros está una página del ITDP [Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo] donde dice cuánto se ha gastado por año en cada modo de transporte.

¿Podrías contarme un poco sobre los espacios de activismo y participación en los que has estado respecto a la movilidad?

Me integro al colectivo en marzo de 2012. Vida sobre Ruedas, al contrario de otros colectivos, tiene un background muy académico altamente activista. Yo entré a un colectivo en el cual la bicicleta no era la amalgama que unía todo. Era la herramienta que articulaba las acciones. La bicicleta no era la importante, sino el impacto que ésta tiene en las sociedades. Conforme las personas que estaban se fueron saliendo y había rotación. Entonces ahora la bicicleta es el punto nodal del colectivo, y mucho del capital político y social se ha perdido. Pero bueno, son procesos de estira y afloja y naturales en la sociedad civil. Y sobre todo los colectivos. Entonces estamos ahora en un proceso complejo.

¿Cómo inició el colectivo? ¿Cuál era el objetivo principal cuando surgió?

El objetivo original fue generar agentes de cambio que utilicen la bicicleta como una herramienta de cambio social. La idea original del colectivo al que entré era esa. Todos los individuos son agentes de cambio. Y desde esa perspectiva la bicicleta es la herramienta de cambio que se puede usar en la ciudad por todos los beneficios sociales, económicos, políticos, ambientales y de autonomía que puede dar la bicicleta. Pero no se trata solamente de una cuestión de movilidad. Al ser una herramienta social, llega un punto en el que la herramienta se queda atrás y llega a procesos mucho más profundos. Entonces a bicicleta se vuelve entonces un pretexto para realizar cuestiones que se necesitan, que la bicicleta puede encauzar, pero no va a terminad de hacer. Como es el caso de la movilidad en su conjunto.

Podemos hablar de que todo el mundo se puede subir a la bicicleta, pero la realidad es que no es así. Hay cierto porcentaje de la población que nunca va a subir a la bicicleta porque no le interesa y jamás lo va a hacer, aunque tenga que sufrir horas y horas en el tráfico. Y hay otro porcentaje considerable que simplemente no la puede utilizar: personas de la tercera edad con una movilidad reducida, personas con mal equilibrio, con problemas de salud. Hay ciertos grupos poblacionales que la bicicleta no les genera un impacto directo, pero sí les puede generar un beneficio indirecto, mediante que el resto utilicemos la bicicleta básicamente para algo, y que ese algo tenga un beneficio social.

El generar un proceso de empoderamiento en términos de movilidad para la ciudadanía no solamente implica utilizar la bicicleta todos los días para ir al trabajo, escuela, quehaceres diarios. También implica ver a la bicicleta como esa herramienta de cambio que puede derivar en bicimáquinas, un generador para una casa, un proceso de paz en entornos violentos… E incluso también puede ser un proceso de capitalización del individuo que permita una autonomía económica. Entonces la cantidad de cosas en las que puede derivar el uso de la bicicleta como herramienta es muy amplio y sobrepasa con creces la movilidad.

Mencionabas que en los inicios del colectivo tenían como parte de su formación el derecho a la ciudad. ¿Qué era para ustedes el derecho a la ciudad en ese entonces, y ahora?

La ciudad es un proceso desigual. La historia del desarrollo urbano y de cómo se ha generado nos ha enseñado que existe una polarización clara en las ciudades. Partiendo desde el modelo de Chicago de los años 20 de la interacción espacial, realmente hay dinámicas en las cuales la movilidad segrega o actúa como una barrera. En San Luis Potosí tenemos tres ejemplos muy claros, si no es que más, que son la diagonal del Río Santiago, la carretera 57 y tal vez no se note tanto, pero la vía del ferrocarril. Éstas son barreras lineales. Volvemos al punto performativo de la ciudad. Si tú no puedes cruzar una calle dejas de interactuar con el otro lado y se rompe el tejido social, que es lo que está pasando actualmente en Muñoz. Al intervenir Muñoz se rompió el tejido social y se mantuvo roto por la fragmentación de una avenida que podías cruzar con cierto riesgo a una avenida donde es inaccesible el que se encuentra enfrente. Entonces eso rompe las sociedades.

El colectivo se plantea la idea de generar una ciudad más humana y sustentable. Humana en términos de escala humana, de relación social, de tratar de equilibrar o generar un contrapeso de estos procesos económicamente extractivos, geográficamente segregantes o de movilidad que son basados en el privilegio del auto y no necesariamente en la necesidad democrática de la movilidad. Y para eso establecer mil y una formas que han sido todos los proyectos que ha hecho el colectivo en su conjunto, como la rodada, el evento más notorio y sonado, que pareciera que tiene más impacto, pero no precisamente; el golfito urbano, paseo a ciegas, colocación de señalética informal, de las bicicletas blancas; gestión en políticas públicas, todo lo que históricamente ha hecho desde septiembre de 2009 que se ha fundado.

¿Observas que el trabajo del colectivo haya generado agendas encaminadas a hacer algún cambio al respecto?

No. Pareciera simple decir “generemos la presión social y la respuesta política vendrá”. La realidad en San Luis no es así. San Luis ha demostrado en muchos aspectos que la política pública y la función pública es altamente monolítica. Llega un punto en el cual existe una barrera clara entre quien ejerce el poder y quien recibe las consecuencias de dicho poder. Hay un acercamiento muchísimo más amigable con personajes de función pública del país que en San Luis. Pareciera que San Luis es la ciudad terca que no quiere cambiar porque cree que su modelo es el mejor.

En la función pública no existen unas políticas específicas de movilidad y a pesar de que se sigue hablando de la actualización del Plan Estratégico de Población de la Ciudad de SLP, y que contemplan el funcionamiento de ciclovías, éstos no tienen los elementos técnicos para la ciudad, y menos para sus ciudadanos. Elementos técnicos como puede ser el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable carece de elementos técnicos necesarios para poder hablar de una inclusión de las formas de transporte no motorizadas y solamente se sigue pensando en términos económicos.

Incluso hoy estaba leyendo una nota en la que estaban hablando de que la diagonal ya llegó al borde de su capacidad, a su límite de capacidad vial. Es necesario generar estrategias que solucionen esto. Al especialista al que le preguntan es economista. No estás hablando de un experto en movilidad, o de la sociedad civil que dice “sabes qué, es mi derecho poder viajar de forma libre, segura, eficiente y de calidad en la ciudad”. Estamos hablando de economía y eso es preocupante porque entonces los ciudadanos son cifras económicas. No se trata de cuántas personas están siendo vulneradas en sus derechos. En estos términos de la movilidad como un derecho, que parte de este derecho a la ciudad, sino de la forma en la cual la pérdida de horas hombre genera un impacto económico negativo en la sociedad local. Y sobre todo cómo éste despunta o no en el entorno regional o en el entorno nacional e internacional. Entonces las grandes soluciones que están buscando no son humanas, son económicas y al ser económicas carecen del elemento básico que la geografía sigue teniendo y que Harvey criticó: siguen viendo al humano como una variable y ni siquiera como una variable sensible, sólo un dato numérico duro que se requiere para calcular.

Esto, a mi forma de verlo, genera una deshumanización del individuo como usuario de la movilidad y, por ende, vulnera su forma de ser un sujeto de derecho. No estás hablando solamente de que el transporte público es ineficiente y tienes que esperar 20, 30 minutos, una hora y media, por un camión. Estás hablando de que eso está generando impactos sociales reales al ver al individuo solamente como un valor que se está moviendo en el espacio. Y mientras se siga ese modelo la ciudadanía va a seguir en el proceso de autogestión en el cual probablemente siga resistiéndose a los cambios hacia movilidades no motorizadas, pero ya no por un término de paradigmas como tal, sino tal vez por una cuestión de tratar de salvaguardar la vida.

Hay muchas personas que han dejado de utilizar la bicicleta al ver que sus familiares han muerto atropellados. Y ahí podemos hablar de una forma de violación de su independencia y de su autonomía en términos de movilidad. Y sobre todo el ser obligado a utilizar medios de transporte que no son sustentables los llevan hacia impactos ambientales o económicos que les repercuten a ellos mismos. Ya no se trata solamente de si yo como individuo opto por una bicicleta. Se trata de si yo como individuo, en la sociedad en la que habito, tengo derecho a hacer esa elección o se me permite realizarla. Porque pareciera que en términos generales seguimos siendo estos números y variables que se mueven a través de la distancia y buscan solamente satisfacer capital humano necesario para el capital económico.

Aterrizándolo desde la forma teórica que dices que también estuviste trabajando del derecho a la ciudad, ¿para ti qué es el derecho a la ciudad y qué lugar tendría la movilidad dentro de este derecho?

El ser humano, como todos los animales, genera impactos en su entorno, pero no adapta su entorno a sí. Hablar actualmente de un derecho a la ciudad es tal vez más profundo de lo que pareciera. Porque en términos absolutos y tal vez un poco históricos, pareciera que lo que se intenta decir es que todo centro de población humana debería de ser una ciudad digna. La realidad es que no van a existir tantos centros de población; la población se está concentrando. Entonces pasa que ya estamos hablando de centralidades y significancias. Estas jerarquías de subordinación que pueden verse en términos nacionales, regionales, internacionales, generan una vulneración sistémica hacia quienes se encuentran más debajo de la jerarquía: los entornos rurales, periurbanos, de ciudades pequeñas, ciudades medias que son subordinadas a las grandes, y países enteros subordinados a potencias o a grupos de potencias.

No veo tan simple poder hablar del derecho a la ciudad como el punto de “yo como individuo tengo derecho a vivir en una ciudad”. Porque entonces pareciera que estamos replicando lo que ya hemos hecho. Creo que en ese aspecto debemos de pensar en la ciudad como el ambiente no natural, pero sí inherente al humano. Y ahí es donde puedo decir que esperemos que esas ciudades no impacten a nuestro ecosistema como lo han hecho en la actualidad. Que es hacia donde en teoría nos tendría que llevar la sustentabilidad, pero sabemos que no es del todo cierto.

La humanidad está en un proceso desigual. Hay espacios en los que el derecho a la ciudad puede ser ejercido en términos de calidad de vida, centralidad, accesibilidad, una escala humana con satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas. Hay otras, que son la gran mayoría a mí parecer, que no son así. Por eso actualmente en los Acuerdos de París se habla de que se debe de llegar al máximo de emociones lo más alto posible porque pareciera que conservar el ambiente implica mermar la calidad de vida y ese es el gran paradigma actual. Entonces hablar en términos del derecho a la ciudad es hablar, no sólo de ciudades dignas, sino de ciudades ecológicamente sustentables, eficientes en términos de movilidad. Si no, es hacer un cambio en la forma de pensar los nichos humanos como espacios más democráticos que probablemente nos lleven a la disipación de los poderes o capitales políticos y sociales acumulados.

Para mí la forma de ver el derecho a la ciudad es una dinámica redistributiva, no solamente una idea en la cual yo como individuo de una ciudad merezco ciertos derechos, sino de qué manera esos derechos que yo considero que debo de tener en una ciudad repercuten al resto de la sociedad. Eso nos lleva directamente a esos procesos redistributivos. No podemos hablar de que la ciudad debe ser accesible para los autos. Perfecto ejemplo es Los Ángeles. En los 40 tenía el mejor sistema de transporte público de todo el continente. Actualmente es la ciudad más congestionada de todo el continente porque se desarticuló. Si no mal recuerdo 70 % de la ciudad de Los Ángeles y su zona metropolitana es vialidad. Y sigue congestionada. El problema no es tener más espacio para los autos, ni tener casas más grandes para que la vida sea más digna, sino entender que para ejercer realmente un derecho a la ciudad en toda la amplitud que Lefebvre consideraba y toda la interpretación que le ha dado Borja, necesitamos cambiar la forma en la cual nos relacionamos económica, política y socialmente.

Para aterrizar al espacio de los barrios, ¿estás familiarizado con ellos? ¿Los frecuentas? ¿Cuál es tu experiencia de movilidad en ese lugar?

San Miguelito más o menos. Son espacios abandonados, pero no es arbitrario. Es una estrategia de gentrificación. Los barrios tradicionales de San Luis Potosí tienen el gran atractivo de ser puntos centrales. Son centralidades urbanas. Y eso en términos económicos implica capital. Para invertir, todo el mercado lo que va a buscar es la mayor redituabilidad. Para eso necesitan un menor costo para mayor beneficio. La forma de realizarlo es la gentrificación.

De forma común se divide en cuatro partes. Abandono del espacio, estigmatización del espacio, vamos a rescatarlo; el desplazamiento de todos los individuos de un nivel económico para ser sustituidos por un grupo poblacional nuevo cuyo nivel económico sea superior. La gentrificación es una máquina de empobrecimiento. Y eso es lo que está pasando actualmente en los barrios, porque al ser un punto estratégico cerca del distrito central de negocios, que tienen una alta centralidad, una capacidad arquitectónica muy grande, son capitales que derivan en un capital económico. Las sociedades que están ahí se han ido marginando de forma sistémica, tanto por las instituciones, como por los mercados inmobiliarios, de transporte, para reducir su costo. Para poder tener la mayor redituabilidad. Lo que pasa en San Luis con los barrios es lo que ya ha pasado con mil y un barrios en todo el mundo. No somos la excepción, somos la regla del ejercicio del mercado inmobiliario diciendo “vamos a extraer lo más posible, gastando lo menos posible”. Es exactamente la misma lógica que sigue el generar fraccionamientos en la periferia. Comprar tierra barata, construir barato y vender increíblemente caro. Y los problemas sociales, ambientales, urbanos, ya no son mi problema, yo vendí una casa.

A diferencia de los fraccionamientos periféricos, en los cuales a quienes están vulnerando es al medio ambiente, el cual no es sujeto de derecho, pues resulta que los individuos que viven en los barrios sí son sujetos de derechos. Aunque pareciera que más bien se les trata como ciudadanía de segunda. Con cierto nivel de derechos, mayor cantidad de obligaciones, y sobre todo como una cifra no distribuible en sujeto, sino a un capital. Entonces hay que sacar a esa gente para poder ejercer la gentrificación. De qué manera lo hacemos. Haciendo que el espacio sea inhabitable. En ese aspecto el patrimonio cultural no juega un proceso realmente cultural, se vuelve capital. Capital arquitectónico que deriva en un capital económico.

¿Tú dirías que el patrimonio cultural podría ser utilizado para…?

La gentrificación es eso. Convertir capitales no económicos a un capital económico. Lo arquitectónico como icónico. Una frase muy común es “esa gentrificación rural llamada pueblos mágicos”. Actualmente San Miguel de Allende ha aparecido en los primeros diez lugares dónde vivir en el mundo, cuando era un pueblo que mucho tiempo estuvo olvidad. Qué cambió. La gentrificación rural.

Quien sale beneficiado de todo esto es el mercado inmobiliario y quienes lo gestionan. Para poder lograrlo de una forma efectiva es necesario quitarle el poder de decisión a la función pública. A través de sus mismos mecanismos, que puede ser la gestión del Consejo del Centro Histórico, el cual no es gestionado por una persona que sepa de historia, arquitectura, sino que viene de un panorama altamente económico. Porque lo que está haciendo ya no es gestionar el capital cultural, sino acapararlo y que se transforme en capital económico.

Volviendo a los barrios, ¿has escuchado de alguno que sea mejor, peor o más fácil de transitar?

La bicicleta tiene muchos problemas en los barrios tradicionales por el adoquín. Al descuidar tanto las calles tenemos problemas para andar. Pero eso aplica para casi todo los medios de transporte. No se trata de que realmente haya un modo de transporte más adecuado o más cómodo en el barrio. Se trata del proceso global en el cual se ha descuidado la movilidad de los barrios para que éstos sean espacios no deseables. La movilidad en este caso, como tema transversal, es un impacto negativo, pero no es realmente el tema principal del asunto.

¿En qué dirías que recae esa negatividad?

La estigmatización. Es generar en términos ideológicos o etiquetarlos como un no espacio. Los barrios se vuelven no espacios porque como no son espacios significantes, lo que ocurre en ellos no es importante para la ciudadanía. Pero para poder romper el tejido social que existe en esos barrios es muy dura la gente como para decir “ya se fundió un foco, me mudo”. Porque pueden existir muchos casos en los que esa población sencillamente está siendo vulnerada en otros conceptos, como puede ser en términos económicos. Entonces el mudarse ya no es una opción. Mermar su calidad de vida hasta que se vuelva completamente insoportable. Y mientras eso pasa, la ciudadanía que no habita esos espacios sólo lo va a ver como un sitio que ya no es seguro, accesible, amigable, bonito, que ya no es. Porque se desarticula del tejido urbano.

¿Hay algo que te gustaría agregar sobre esto?

Tratar de generar procesos de resiliencia en la ciudadanía que habita en ellos [los barrios] puede generar ciertas dinámicas que realmente beneficien su calidad de vida. Mientras no se critique, incida, analice el tejido, y la gestión política y el ejercicio del poder involucrado en los barrios, no va a haber un cambio. Se está descartando lo que causa el problema. Planteando escenarios a futuro donde ninguna de las variables cambia, simplemente será un proceso de gentrificación como los que se han visto en el mundo. La gente que vivía en el barrio ya no está, entonces habrá una gentrificación artística, tallercitos, casas culturales privadas, comercios alternativos, mercados gourmet, gestión de inmobiliaria para nivel alto. Eso van a ser los barrios.

Si nos vamos hacia un escenario donde se desarticula el capital político-social de los barrios, pensando en autocaptura de la plusvalía y autogestión de los barrios, vamos a tener un conflicto entre el mercado inmobiliario y el sector político-económico versus la ciudadanía. Queremos creer en el activismo que ya está, pero falta mucho. Si lo vemos desde ahí probablemente el sacrificio que se requiera hacer para salvar a los barrios con todo y su tejido social es la economía, entonces el costo es alto en términos generales. Aun cuando los barrios logren ese proceso de emancipación de la gestión se enfrentan a todo lo que el modelo económico ya les está dejando. Los impactos de la gentrificación. Cómo resolverlos. Desgraciadamente en la mayoría de los casos es seguir anclados a la dinámica económica.

ANEXO 7.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 6 [TE6]

Este informante fue seleccionado porque representa un referente para hablar de movilidad y acceso a centralidades en la ciudad de San Luis Potosí. En el momento de la entrevista pertenecía al colectivo Vida sobre Ruedas, que buscaba utilizar la bicicleta como una herramienta transformadora del modo en que se utiliza la ciudad en lo referente a la movilidad.

¿Podrías hablarme sobre ti y los temas que trabajas?

Estudié arquitectura en la Facultad del Hábitat. Allí hice una investigación de licenciatura en factores claves en la humanización del espacio público, allí me baso mucho en Jean Gehl y teóricos por esa rama. Y posteriormente estudié la maestría en Ciencias del hábitat en la Autónoma. Allí tengo el tema del Derecho a la Ciudad, producción social del espacio público y tomo como caso el Jardín Colón. Acá en el colectivo llevo […] (sic), saliendo de la tesis de licenciatura me integré al colectivo.

¿Cuál fue tu inquietud para entrar al movimiento de Vida sobre Ruedas? ¿Me puedes platicar un poquito de qué es? ¿Cuáles son sus objetivos?

Yo me conecté con el colectivo al meterme a estudiar estos temas de urbanismo, sobre la calidad de vida, espacio público y su diseño, su humanización. Ahora sí que me di cuenta de que estaba trabajando muchas cosas a la par de lo que el colectivo trabaja. Entonces me invitó un compañero, que siempre me lo encontraba en los foros sobre participación ciudadana, en las pláticas que había para la formulación del Plan de Desarrollo de cada gobierno. Siempre lo veía y me dijo “vente para acá, para el colectivo”. Acabé la licenciatura y me vine para acá como parte de la continuación de este tema del espacio público, pero más como ciudadano activo y no desde el lado de la academia.

Y bueno, Vida sobre Ruedas nace como una organización ciudadana, no gubernamental. Tiene ya ocho años y se centra en los estos ejes de la participación ciudadana, cambio cultural, la movilidad, el impulso de la movilidad en bicicleta. Tiene el colectivo la creencia de que se puede usar la bicicleta como herramienta para transformar la sociedad y a la vez transformar la ciudad en la que vivimos y está muy a la par de mi tema y fue por donde me metí. Ya a partir ahí, es un colectivo que ha estado cambiado durante mucho tiempo, ha estado evolucionando, ha tenido diferentes generaciones, diferentes personas. Pero bueno nace desde una filosofía de equidad, de justicia, de derecho a la ciudad. Muchos de los valores de Vida sobre Ruedas van de la mano de la Carta del Derecho a la Ciudad (la de 2004) y pues en activación ciudadana, en ejercicio democrático, en diferentes cuestiones.

Cuando empezaron a plantear el colectivo, ¿propusieron el derecho a la ciudad desde un principio como un eje de su organización o cómo surgió el interés de adaptar ese concepto y valores dentro de su actuar?

Bueno, para empezar, cuando empezó el colectivo pues yo no estaba. Pero por lo que yo he escuchado de otras personas y de lo que yo percibo, no estaba planteado el Derecho a la Ciudad como tal, así como se encuentra planteado en los debates teóricos. Más bien estaba como esta carta, que como tal el concepto del Derecho a la Ciudad no tenía tanto peso, pero sí muchas líneas de actuación. Y te digo, si lees una y lees los objetivos del colectivo, te das cuenta de las similitudes que hay.

Entonces te digo, no partió como eso, pero yo creo que se fue en la misma filosofía y en la misma línea de pensamiento de esta equidad, de este derecho que tenemos todos y todas de participar y formular la ciudad que queremos, que merecemos. En mejorar los procesos políticos, en cambiar toda una sociedad, toda una cultura, misma que ha estado generada por muchos factores. Y al final de cuentas todo este sistema que va generado, esta cultura, se ve reflejado en las calles, lo encontramos mucho en el urbanismo, en los 60, más o menos por ahí es en donde sale esta corriente humanística, pero no sé, desde la llegada de la ciudad industrial ya vemos cómo el capitalismo promueve cierto modelo de ciudad y que ya anda más o menos en los 50, 60 es que dijeron “la ciudad es para los autos”. Y acá desde la bicicleta es que vemos cómo existe esta gran inequidad, este gran impulso para moverse por auto y no por bici. Y esto se liga a muchísimas cosas como desigualdades, el desarrollo de la ciudad, como ¿por qué se crecen las periferias? La ciudad dispersa, de la ocupación del espacio público, cuando el espacio se ocupa para el auto estacionado, que podría ser utilizado para muchos otros usos para toda la ciudad siendo que el porcentaje menor es el de las personas que se transportan en automóvil. Y te digo, tal cual como derecho a la ciudad no nace, no está dentro de una discursiva, pero sí se encuentran completamente ligado.

¿Podría decirse que siguen con el mismo eje de trabajo sobre el derecho a la ciudad?

Sí, en realidad todas las personas que llegamos al colectivo no impregnamos un tanto de la filosofía que ya había, que en realidad fue formulada por otras personas que ya no están y que ya desde hace mucho tiempo ya no están. A mí no me tocó convivir con las primeras personas, pero allí están los escritos, allí están los fundamentos, cosa que no se ha cambiado. A pesar de que las personas han cambiado, eso todavía se tiene, todavía seguimos bajo la misma línea. Entonces, persona que llega, tratamos de que se impregne de todo este peso teórico y filosófico también.

Claro, ¿no sólo es como un activismo en la calle, sino que tiene una cuestión ideológica?

Sí, claro. Sí tiene bastante sustento. Ahorita estamos viendo aquí en el colectivo la parte más de hacer, no tanto de pensarlo. Sí seguimos dialogando y pensado y reformulando cómo podemos realizar este activismo, pero ya tenemos también muchas personas que están en el papel de hacer, el papel de ocupar, el papel de llevar a cabo la rodada o cuestiones de ocupación del espacio público, política pública. Nos dirigimos en varias ramas y casi todos haciendo, ya no nos estamos reformulando, sino que estamos muy haciendo.

¿Me puedes platicar un poquito sobre estas acciones que están pensando emprender, hacer, sobre las ocupaciones del espacio público?

Claro. Por ejemplo, la de los jueves, que es la acción más importante, que es la rodada, que es la acción que hace visible al colectivo, esa se inició […], bueno, se buscó que la sociedad conociera lo que hace Vida sobre Ruedas y su filosofía y de más. Entonces se piensa que por medio de la acción es como se puede llegar a este entendimiento más allá de la explicación. Entonces la rodada surge como un ejercicio ciudadano de ocupación de espacio público, se rueda en contingentes por cuestiones de seguridad, pero tiene esta idea de ocupar el espacio que normalmente se destina a los autos, pero ahora pongámoslo a favor de las bicicletas. Por eso es que no nos detenemos en todos los altos ni nada, por manejo de contingente. Y también que conocieran las personas su ciudad. Entendemos que somos muy alejados del espacio público al grado de que a veces convertimos al espacio público como lo que dice Marc Augé como un No Lugar, un espacio meramente transitorio donde te subes y no convives con este contexto inmediato, mucho de ello gracias a la promoción del automóvil como medio de transporte. Y pues sí, acercar a las personas a su ciudad, que hay muchas cosas que ver, que hay muchos sitios por dónde rodar. Y también va de la mano de la construcción social que tiene, tratamos que dentro de la rodad se cree este lazo de comunidad ciclista y por medio de ello se llegue a transmitir reste mismo mensaje. Entonces por ahí va más o menos la rodada.

Pero tenemos otros que ya son muy populares o se hacen a nivel mundial, como el Parking Day, que es parqueando en español. Qué es: el espacio ocupado normalmente por un auto, lo ponemos para la gente, para jugar, para diferentes actividades de recreación, ocio, descanso. Y bueno, de trasfondo, es haciendo, ocupando es justamente como entendemos cómo podríamos darle otros usos al espacio público. Igual también la ciclovía inició, según sé, por actividad de Vida sobre Ruedas, antes la rodada era en domingo en Carranza y ya después de ahí una persona de la política lo tomó y se hizo el proyecto ya desde gobierno, pero bueno es también esta misma ocupación de espacio público; transformar un espacio que normalmente tiene un uso para la recreación y ocio de las personas, ya pensando que este espacio es para la gente y no para los autos. Pues bueno, tenemos esas actividades.

Por ejemplo, una que llama mucho la atención es la del Golfito Urbano. En realidad, esa es una protesta ante las vialidades, que sabemos que pensarlas para los autos es muy costoso, necesita bastante mantenimiento y creemos que si se impulsaran otros medios de transporte como es el transporte público o la bicicleta se disminuirían estos costos y transformaría totalmente el espacio. Entonces lo hacemos a manera de protesta, nos ponemos a jugar golf en los baches de toda la ciudad y entonces también creemos que mucho de nuestra protesta tiene que ir cargado obviamente de la propuesta que mucho va de la ocupación de espacio público y en cuestionar como se hace, produce y usa el espacio, también que tiene mucho de la actuación: en el hacer está el repensar. Entonces casi todas las actividades que hacemos las dirigimos en ese sentido.

Tenemos otras actividades como el Paseo a Ciegas, que es una actividad en la cual sabemos que nuestra ciudad es injusta, no es equitativa para todas las personas y a pesar de ser la bicicleta un grupo vulnerable, entendemos también que hay otros grupos que no son considerados casi en lo más mínimo como son las personas débiles visuales o ciegas y entonces estas personas, pues la experiencia de andar en bicicleta es prácticamente imposible. Entonces tenemos un taller de sensibilización previo a la actividad en la cual nos subimos a estas bicicletas dobles, el atrás se venda los ojos y dirige el que sí ve y entonces hacemos este recorrido y tratamos de entender […] bueno, también ayuda en cuestiones de equilibrio y también entender cómo se siente la persona de atrás. Entonces es una actividad padre porque al momento que se sube una persona débil visual o ciega a la parte de atrás de la bici, luego luego percibe mucho… los sonidos, los olores, la velocidad; cosas que muchas veces ellos no pueden percibir debido a esta inseguridad vial que se puede generar. Ese también es una actividad, pero te digo, va dirigida más a estos grupos vulnerables.

Otra que no nos gusta hacer, pero que hacemos bastante es la de la bici blanca. Ponemos en donde fallece una persona que iba en bicicleta y lo atropellan. Y pues bueno, éste también es un reclamo a las autoridades de que tomen consciencia, de que tomen acciones en este sentido de la seguridad vial y es también visualizar, que esté presente esta situación y no se tome como una nota en el periódico. Sabemos que son cifras que a nivel nacional estamos bastante altos y a pesar de ello no se hace nada para cambiarlo. Entonces estas actividades las hacemos mucho de la mano de la ciudadanía, siempre invitamos a gente que venga. Incluso en ocasiones nos han acompañado familiares de las personas que fallecen. Entonces también es una actividad de mucho sentimiento, de mucho sentir para todos y todas que lo hacemos. Y pues es este mismo construir junto con otras personas el transmitir este mensaje al ir y poner esta bicicleta blanca, siempre tenemos esta retroalimentación de ¿por qué lo hacemos? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que buscamos?

Volviendo al derecho a la ciudad, ¿qué es para ti? Y, además, ¿qué lugar ocupa el tema de la movilidad dentro del ejercicio del derecho a la ciudad?

Como definición personal, el derecho a la ciudad desde que lo promulgó Henri Lefebvre, parte de una cuestión más filosófica-política, pero desde mi entendimiento que es donde te pudiera dar algo más de lo que ya conoces. Va mucho de la mano de aquí de Vida sobre Ruedas, que es tomar acción desde la ocupación. Reflejar esta teoría desde este quehacer ciudadano de movilización. Entonces al final de cuentas, quien se mueve por cualquier medio de transporte tiene ciertos derechos, ciertas necesidades que muchas veces no son consideradas.

Por poner el ejemplo de la bicicleta, la semaforización, la señalética, los espacios. Hay muchas cosas que debieran de ser repensadas conforme a las necesidades de ciclistas, de peatones, de personas con discapacidad, motociclistas también, transporte público, transporte de carga. Necesita entonces repensarse todo ello, pero mucho de lo que se vive en las calles, de lo que se vive en el quehacer en la movilidad, pues tiene que ver con qué tanto derecho tengo yo de ocupar este espacio. Me parece a mí que es ahí en donde se baja de este concepto teórico y se pone a la práctica de “yo tengo el derecho como ciudadano de ocupar el espacio público, pero noto que este espacio público no tiene las consideraciones para mí o está desarrollado para otras personas que se mueven en automóvil y pues tomo la conciencia de que tengo mis derechos y participo en el ocupar” y bueno, yo desde mi perspectiva participo en el proponer. Sé que muchas cosas necesitan ser cambiadas, en cuestiones políticas y por eso me activo y participo en foros, participo en investigaciones, participo en donde se me permita porque es ahí en donde el derecho a la ciudad se toma, es donde se necesita levantar esa voz, hacer visible esta preocupación. Y pues también a nivel organizativo es muy importante tenerlo en cuenta, que una sociedad entienda que tiene ese derecho y en conjunto demande este derecho que no está dado tal cual por las autoridades. Entonces para mí eso sería este derecho a la ciudad, pero ya aterrizado en el quehacer del día a día.

¿Y hablando del papel de la movilidad dentro del derecho a la ciudad?

A mí me parece que tiene bastante vínculo. Es lo que te decía hace rato sobre la bicicleta como esta herramienta transformadora de las sociedades y de la ciudad. Al final de cuentas puede ser un reflejo de otro. Para mí está vinculado uno con otro. El moverse en bicicleta, el organizarse, el exigir, el demandar, forma parte de esta construcción de la ciudad que tanto hace falta hacer desde una cuestión participativa, desde una cuestión democrática. No necesitamos que todos y todas las personas se involucren en la toma de decisiones y en el desarrollo urbano de la ciudad para poder así tener una ciudad que sea reflejo de las necesidades, anhelos, esperanzas de todos, si no, no vamos a llegar a ello.

Digamos que éste es un grupo desde la bicicleta, pero en cuestiones de movilidad, ya viéndolo desde la pirámide de prioridad, desde grupos peatonales, ciclistas, transportistas, personal de transporte público, los que se encargan de repartir, los camiones de carga y de más. Sabemos que dentro de todos estos niveles debemos tener consideraciones para todas las personas. Entonces la movilidad a mí me parece un campo extremadamente bueno para este desarrollo de la ciudad. En realidad, más bien yo creo que es crucial, es básico para hacer algún cambio en el espacio público. Y el espacio público lo tenemos como, a nivel general, más como calles y plazas, y dentro de la plaza, pues pudiera tenerse como una mayor idea de esta prioridad del peatón de esta prioridad en la movilidad, de una movilidad más libre. Pero ya en las calles es donde vemos muy marcado este sistema que dice: “muévete en auto”. Y bueno, con todas las implicaciones neoliberales y capitalistas que trae toda esa ideología. Entonces a mí me parece un buen campo y la bicicleta una gran herramienta para lograr transformar todo ese desarrollo urbano.

Hablando más del contexto de San Luis Potosí, ¿qué me podrías decir sobre el tipo de transporte público que hay, la movilidad que existe para personas discapacitadas, el uso de la bicicleta? ¿Qué tan favorable o no es la ciudad para ese tipo de movilidad?

Pues consideraciones, ahora sí que si no traes carro tienes muy pocas consideraciones. Paradas de autobuses no siempre hay, están más bien esporádicas. El transporte público desde mi perspectiva es muy malo y desde ejercicios que hemos hecho en el colectivo hemos visto que es el menos eficiente en cuanto a costo, en cuanto a tiempo. Es el más lento de todos los transportes, teniendo taxi, auto, bici, patines y motocicleta también podría ser.

La situación para la bici en San Luis Potosí… San Luis Potosí es una ciudad que hasta este punto y para años anteriores pues bastante idónea para el tema de la movilidad en bicicleta. En realidad, al centro llegas en una distancia de 7 km que es una distancia ideal para viajes en bicicleta, a toda la periferia de su ciudad, desde el centro y sus periferias. Está teniendo una gran urbanización, por el lado de zona industrial, están creando nuevos fraccionamientos, nuevos centros urbanos. Que eso a lo mejor complica un poco la situación de la bici, ya se hacen trayectos un poco más largos en los cuales la bici no es tan factible, pero fuera de ello en los núcleos que hay como en el centro, a lo mejor algo acá como psicología o zona universitaria, todos tienen una facilidad en cuanto al radio. En cuanto a la planicie, pues es bastante buena; moverte en San Luis Potosí, a menos de que vayas a las lomas, que tiene unas calles muy difíciles, […] pues está perfecto para moverte en bicicleta. El clima también es bastante bueno, quitando el sol que a todos nos pega igual, puedes tener las consideraciones para evitarte los problemas que te pueda implicar, pero el clima me parece bastante bueno aquí en San Luis Potosí.

La situación, digamos, en cuestión de cultura vial de San Luis Potosí, desde mi perspectiva, no está tan caótica. A pesar de que San Luis está desarrollándose mucho, se quedó detenido a comparación de otras ciudades como pudiera ser León o Aguascalientes. Entonces al mismo tiempo de que está siendo agresivo el entorno, pues también hay bastantes consideraciones de las personas. En realidad, aquí no tenemos tanto tráfico más que en horas pico, que es lógico que haya tráfico en ese entonces, y pues bueno acá que todo mundo va por la 57 a la zona industrial, pero fuera de eso no hay tanto tráfico, no está tan pesado y eso hace que la movilidad en bicicleta también sea algo fácil. A lo mejor a veces hay complicaciones o no falta el que se cierra mucho y no te deja ya pasar, o el que te pasa muy cerquita, pero fuera de eso cuando no hay tanto tráfico, pues normalmente la gente te ve y sí se abre. Sobre todo, si tú dices “pues aquí estoy yo y sé que tengo derecho y me pongo un tanto a la mitad de carril” y dicen “ah, bueno” y te sacan un poco la vuelta. Entonces pues no hay… sí existe una agresión hacia ciclistas, pero también hay bastante campo de oportunidad y no hay tanto riesgo de moverse en bicicleta.

En cuestiones de políticas públicas es en donde yo creo que sí hay que hacer mucho porque no hay tanta actuación de las autoridades. Las ciclovías que se han hecho en San Luis Potosí siempre han sido pensadas en donde quepan y en tramos que no están conectados unos con otros, que incluso en su diseño fallan mucho. Ve la ciclovía de Ricardo B. Anaya que está al centro y es difícil de acceder y con árboles y postes a la mitad que no te dejan pasar. O por ejemplo la que se tiene acá en la Carretera a Zacatecas que a pesar de que puede pensarse que sí salva muchas vidas, pues su diseño es erróneo porque justamente para acceder a esa ciclovía tienes que cruzar la carretera. Y bueno, eso más cuestiones de que la suciedad del pavimento cae ahí y es más fácil que te ponches y todas esas cosas influyen en cuanto a qué tan buena es una ciclovía. Como la de avenida Seminario que hay topes dentro de la misma ciclovía y es un tanto ilógico. Y descuidadas totalmente, no hay algo así como cierto mantenimiento. Entonces es como un mero cumplimiento, más allá de ser una ideología de transformar la situación en la bici.

Retomando el tema del Jardín Colón y su ubicación, ¿me puedes contar cómo es la movilidad dentro de un barrio? ¿Identificas que hay algún barrio mejor o peor para moverse, en cuestiones de seguridad, de pavimentación?

En cuestión ya barrial. Pues yo antes no vivía en el centro, sino afuera. Moverse aquí o allá es lo mismo. Es más fácil moverse desde el centro, que está todo más accesible, pero la realidad es que te enfrentas a los mismos problemas: el tráfico, los baches, el adoquín. El adoquín, por ejemplo, en la bicicleta puede ser un tanto molesto, pero el adoquín es este doble […] en realidad el adoquín no es malo, sino que tantos coches pasen por el adoquín, se afloja y es más difícil darle mantenimiento. En pavimento yo creo que no hay una gran distinción, quien anda en bici se mete a cualquier calle.

En cuestiones de qué barrio pudiera ser más inseguro o accesible, depende de vialidades. Pero en realidad todo el centro tiene muchas vialidades que conectan. Desde la perspectiva del ciclista, a lo mejor para los coches los sentidos de las calles pueden darles más lata, pero desde el ciclismo no pudiera decir que hay un barrio mejor conectado. Todos se pueden conectar bien.

De seguridad, pues ya sabemos, barrios que son un poco más conflictivos, como Tlaxcala que históricamente trae como esta cuestión de conflictos, pero tampoco pudiera decir que hemos identificado algún barrio que tenga diferentes índices de seguridad en cuestiones de la bici. Y sobre qué barrio pudiera llegar a ser mejor, pues el de uno, tu barrio es el más bonito. San Sebastián a mí me gusta bastante, San Miguelito también, Tlaxcala creo que también tiene bastante, pero creo que también es porque tanto que he convivido con los barrios.

En cuestión de movilidad, pero no viéndolo tanto por barrios, sino por zonas, perímetros del Centro Histórico, pues el primer perímetro del Centro Histórico vemos que tiene como muchas consideraciones, vemos más banquetas con estos pasos para personas con alguna discapacidad, vemos el tráfico que en este primer cuadro está perfecto para hacerlo como zona 30, donde por reglamento los carros no puedan ir a más de 30 y se dé prioridad a ciclistas; ese primer cuadro es el más caminable. Ya de allí vas creciendo y ves que el segundo cuadro se encuentra con más calles en mal estado, menos atendidas, menos iluminación. Todo eso puede influir en cuestiones de seguridad y ya si amplías al tercer rango que es el que incluye a todos los barrios… (bueno esto es como lo tiene planteado el INAH: cuadro A, Cuadro B, Cuadro C) que es dentro del plan parcial donde te encuentras con una gran mescolanza de todo y allí la movilidad es más variada, puede llegar a no ser tan peatonal, pero todavía llega a ser bastante accesible para todos los medios, bueno, quitando a las personas que tienen alguna discapacidad, porque en todos lados se encuentran muchas trabas. No sé tanto yo de barrios, en realidad. Porque, además, mi casa se supone que está aquí en el Centro Histórico y no tanto en los barrios.

Pero bueno, del trabajo que sigo haciendo, pues es del Jardín Colón, que es el espacio entre dos barrios, que involucra el contexto histórico que le da mucho valor y eso hace que la participación de la gente haya sido tanta. Se encuentra en este espacio, justo entre estos dos que es como importante, se encuentra dentro de este corredor peatonal que, no sé, si lo añades aquí a la calzada junto con todo el paseo Zaragoza pues es un paseo bastante interesante y largo, peatonal. Entonces también le da bastante peso, pero bueno, yo en realidad lo que veía en el caso del Jardín Colón fue esta toma de protestas que al final de cuentas para mí termina siendo este ejercicio del derecho a la ciudad, fuera de los mecanismos ya establecidos. Nace de la protesta y se encausa ya dentro de los regímenes políticos y de más, se utilizó un mecanismo para, como, pues calmar las aguas y politizar el asunto y tener un poco más control político. Pero nació también desde una organización ciudadana, aunado a una participación académica que es como muy, muy importante.

Entonces se generó esta generación, este mismo proceso social, académico-social, interesante. Entonces es ahí justo donde yo creo que está el derecho a la ciudad reflejado. Nace a manera de protesta, digo, como David Harvey dice: necesitamos como una revolución para que se pueda llegar a acuñar este derecho, sin ello, muy difícilmente las clases favorecidas van a renunciar a todos sus privilegios. Entonces sí va a estar bastante difícil, y es en esta protesta donde hay mucho del derecho a la ciudad y de cómo obtenerlo, cómo bajarlo.

¿Dirías que ahora el derecho a la ciudad ya es más popular discursivamente?

Sí, el chiste es que no se desvirtúe de sus raíces y de lo que pudiera ser entendido desde una sociedad activa. Que puede generar este cambio, porque de arriba abajo no va a venir el cambio, es de abajo arriba como puede darse.

¿Hay algo que te gustaría añadir?

Pues en realidad, yo diría que en cuestiones de Centro Histórico es el espacio del Centro Histórico y tiene este valor histórico, que es muy padre, pero viéndolo desde la cuestión de la movilidad, pues puede estar muy limitado porque quien habita en algún barrio pues sí a las tienditas a todas se mueve caminando, pero ya sus trayectos del diario, de la escuela, del estudio, del trabajo pueden ya ser diferentes. Allí a lo mejor la movilidad puede ser como revisar, validar cómo salir del barrio para todas sus actividades y cómo moverte dentro del barrio, si vas a la misa o la tiendita o a cualquier evento cultural, ¿Cómo es? Sí lo puedes dividir un poco por ahí.

Derecho a la ciudad, pues es que ahorita hace falta mucha participación ciudadana. Creo que cada vez más, estamos viendo destellos, como lo que es wikipolítica, lo que pudieran ser estas manifestaciones de descontento, desde la movilidad, desde cuestiones de la igualdad de género, que hay también bastante de ello, pero… Yo todavía no estoy en los puntos finales, estoy aprendiendo, sobre todo desde la percepción pública que hay porque en realidad nosotros podemos hacernos bolas sobre el derecho a la ciudad, de la academia y todo. Pero hay también personas que no tienen ni el tiempo, ni las ganas, ni nada de participar. Entonces si partes desde el derecho a la ciudad y desde la participación ciudadana desde esta idea hippie de “todos vengan, vamos a participar, vamos a organizarnos y de más” pues puede estar muy bonito, pero no es real.

La participación ciudadana debe ser muy sensible a todos estos casos y muy fácil; tenemos que buscar los medios para que participar sea sencillo, para que la comunicación sea sencilla, y en ello tienen que ver todos estos medios electrónicos, las votaciones, las quejas, las demandas, todo puede ser por medios electrónicos, pero sí hay que entender que mucha gente no participa porque no se nos educa a participar. Siempre tenemos, desde la escuela este modelo del de allá enseña al de acá y no es todos construimos juntos. Y no estamos acostumbrados a participar en el trabajo. Estamos acostumbrados totalmente a esta verticalidad.

Ese es un aspecto importante de acá del colectivo. Y seguimos aprendiendo de ello a través del tiempo. Una cosa es decir “somos todos horizontales y todos nos escuchamos y todos”, pero qué pasa con quien no quiere participar. Porque hay quienes sólo quieren hacer a lo mejor, o sentarse y ver. Entonces la participación hay que entenderla como todos y todas tomados de la mano, si no como muchos actores y muchas limitantes, y mucha enseñanza que tenemos que romper, aunado a muchas, ¿cómo decirlo?, como a favores o clase favorecida que no va a renunciar a todos estos privilegios. Entonces éstos son como los grandes retos de la participación y del derecho, porque si no participamos, ¿cómo vamos a ejercer este derecho?