Horrorosísimos crímenes
y ejemplares castigos

Una historia sociocultural
del crimen, la justicia y el castigo (México, siglos xix y xx)

Elisa Speckman Guerra

(coordinadora)

Primera edición en formato digital, 2018

© Por la coordinación: Elisa Speckman Guerra

© Todos los textos son propiedad de sus autores

© El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Fracc. Colinas del Parque

San Luis Potosí, S. L. P. 78294

www.colsan.edu.mx

E-ISBN: 978-607-8666-05-8

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Conversión a ePub: Logos Editores

Hecho en México

ÍNDICE

Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos: contexto historiográfico, temas, enfoques y aportaciones

Elisa Speckman Guerra

VISIONES E IMAGINARIOS

Del exempla medieval a la noticia. El discurso sensacionalista en torno al castigo sobrenatural en impresos populares del siglo xix en México

Claudia Verónica Carranza Vera

Noticias sobre criminales en hojas volanderas de Vanegas Arroyo (siglos xix y xx): imagen del criminal y la justicia

Danira López Torres

Notas de crímenes en dos periódicos de la ciudad de San Luis Potosí: El Contemporáneo y El Estandarte (1896-1909)

Mohammed Ali Tolentino Avalos

DERECHO PENAL, TRIBUNALES E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

La organización y las bases del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí: leyes y fundamentos

Adriana Corral Bustos

Entre alcaldes y hombres buenos. El Juzgado de Primera Instancia de Rioverde, S.L.P. durante el siglo xix

Luz Carregha Lamadrid

La pena en San Luis Potosí: un acercamiento a los códigos penales (1873-1993)

Silvia del Carmen Martínez Méndez

El misterioso asesinato de Tomás Háller. Los relatos y el proceso judicial. Guanajuato 1889

Rocío Corona Azanza

La fragilidad del amor. Impartición de justicia en procesos por adulterio en Zacatecas (1873-1929)

María Magdalena Calcanaz Gutiérrez

Vacatio legis e impartición de justicia. Procesos por homicidio en la Ciudad de México, 1929

Jessica Colín Martínez

“Una amenaza siempre viva”: alcohólicos y toxicómanos ante la justicia. Ciudad de México, 1929-1931

Odette María Rojas Sosa

MODELOS PENITENCIARIOS E INSTITUCIONES DE ENCIERRO

La penitenciaría de San Luis Potosí. Un análisis de su origen, construcción y propósitos (1882-1910)

Rudy Argenis Leija Parra

Lecumberri: Auge y ocaso de un gran proyecto penitenciario (1900-1976)

Graciela Flores Flores

Derechos protegidos en los instrumentos internacionales y en la normativa penitenciaria mexicana en la segunda mitad del siglo xx

Paola I. de la Rosa Rodríguez

Horrorosísimos crímenes
y ejemplares castigos:
contexto historiográfico,
temas, enfoques y aportaciones

Elisa Speckman Guerra1

Los colaboradores de Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos comparten el interés por estudiar al crimen, la justicia y el castigo desde una perspectiva propia de la historia sociocultural.

Esta corriente supone la existencia de numerosos e indisolubles vínculos entre la sociedad y la cultura. Indudablemente, no puede dejarse atrás la importancia de comprender las manifestaciones culturales a partir del contexto político, económico y social del cual emanaron, así como del origen social de sus redactores, como tampoco puede ignorarse la relevancia, en palabras de Peter Burke, de estudiar la construcción, invención o constitución cultural de los hechos sociales.2

Al hacerlo, responden a una nueva tendencia historiográfica, presente en América Latina (sin ser México la excepción).

Como lo celebra Magdalena Candioti, en la historiografía del delito y del castigo en América se ha reflejado, en los últimos años, la incidencia de la tradición de la corriente francesa, conocida como escuela de los Annales.3 Efectivamente, de acuerdo con los postulados del grupo de historiadores franceses que supusieron que todos los aspectos del pasado del hombre merecen ser estudiados y que por ello dejaron atrás una historia que se centraba en grandes personajes y acontecimientos gloriosos, para sumar contenidos y actores y, necesariamente, fuentes; en las últimas décadas los historiadores del crimen, el derecho, la justicia y el castigo han multiplicado su espectro temático, interpretativo y metodológico. Volviendo con Magdalena Candioti, la nueva historiografía del derecho y la justicia ha abordado nuevos temas (por ejemplo, al estudio de la legislación ha sumado el de otros derechos o sistemas normativos que se presentan en la sociedad) y ha involucrado a más personajes (jueces, abogados, policías, sujetos “desviados”).4 También refiriéndose a la historiografía latinoamericana, Ricardo Salvatore deja testimonio del creciente interés por “una historia sociocultural de la interacción disciplinaria y pedagógica entre elites y subalternos con respecto a la ley”, la cual exige ir más allá del estudio de la ley y de la doctrina jurídica.5 Mientras que Lila Caimari hace referencia a la presencia de estudios que dejaron de partir de la “esencialidad de la ley y sus instituciones”, dando muestra de “su carácter maleable y ambiguo en relación con la sociedad y la cultura” y revelando la “multidimensionalidad de las instituciones disciplinarias —a la vez escenario de relaciones de poder, espacio de encarnación de saberes, lugar de estrategias de resistencia subordinada—”.6 Por su parte, en análisis de la historiografía jurídica o judicial mexicana, Mirian Galante y Pablo Mijangos dan cuenta de la incidencia de la historia sociocultural en trabajos sobre el derecho y la justicia escritos en las últimas dos décadas.7

Así, sumándose a esta tendencia y partiendo de este enfoque, los autores de los capítulos que integran la obra Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos analizan asuntos diversos: crímenes célebres, homicidios, riñas y adulterios; sistema de justicia y organización de tribunales; legislación penal, procesal y penitenciaria; experiencias de tribunales y de cárceles; actores y espacios percibidos como peligrosos; concepciones de la criminalidad y del vicio, de la justicia y del castigo; y relatos sobre crímenes en impresos sueltos y nota roja. Y los estudian con la misma preocupación: mostrar los nexos que existen entre lo cultural (ideas o visiones) y lo social (instituciones, crímenes o prácticas institucionales).

Algunos, por ejemplo, parten de ideas, miradas o códigos éticos para explicar las reacciones de la comunidad frente a un delito, sentencias judiciales o experiencias carcelarias. Otros se acercan a la legislación atendiendo a las escuelas penales, la dogmática jurídica, el contexto político o el clima internacional. Y otros explican relatos sobre crímenes considerando factores propios del delito (como su gravedad e impacto, las características del criminal y la víctima, o los intereses en juego), de las fuentes (elementos formales o intencionalidad, pues discursos y representaciones pueden perseguir diversos fines, desde el apoyo a un proyecto político hasta la captación de un amplio número de receptores) y de los lectores, escuchas y espectadores (lo cual determina el lenguaje empleado, la selección y abordaje de temas, y la alusión a determinados valores, imaginarios, expectativas o miedos).

En suma, el vínculo de la historia social o institucional con la historia cultural está presente en todos los capítulos y constituye el eje central de la obra.

A este eje central se suman ejes secundarios, es decir, abordajes, inquietudes de investigación e incluso conclusiones compartidas por varios colaboradores:

1) En un primer eje se ubican los capítulos dedicados al análisis de concepciones y representaciones de la criminalidad y del castigo, cuyos autores, lejos de estudiarlos como productos aislados, muestran cruces existentes entre visiones e imaginarios propios de diversas épocas o fuentes, dando cuenta de la circulación de ideas y noticias.

2) En un segundo eje se aglutinan los capítulos dedicados al estudio de ordenamientos penales, procesales o penitenciarios, cuyos autores explican su orientación y sus características con base en los vaivenes de la política nacional e internacional y en los cambios en ideas y doctrinas que los acompañan, pero también en otros elementos culturales, como la concepción de género o las nociones de raza.

3) A un tercer eje corresponden los trabajos cuyos autores abordan experiencias judiciales y carcelarias, reflexionando sobre la posible incidencia de ideas o valores en resoluciones judiciales y, en general, señalando cercanías y distancias entre modelos y prácticas.

A continuación, me referiré de forma más extensa a estos tres ejes y a los trabajos que los integran, retomando las aportaciones conjuntas y resaltando las individuales.

El primer eje está constituido, entonces, por trabajos dedicados al estudio y a la comparación de concepciones y representaciones de la criminalidad, la justicia y el castigo, a saber, los escritos por Claudia Verónica Carranza, Danira López Torres, Mohammed Ali Tolentino y Rocío Corona Azanza.

Las dos primeras estudian relatos de crímenes y castigos en impresos sueltos mexicanos de fines del siglo xix y principios del xx, señalando sus coincidencias con formatos, ideas e imaginarios prevalecientes en la etapa medieval. Específicamente, analizan publicaciones de la casa de Antonio Vanegas Arroyo, escritos e ilustrados con el fin de captar la atención no sólo de alfabetas, sino también de analfabetas. Los pliegos contaban con encabezados tremendistas que sirvieron de inspiración al título de la presente obra. Dichos encabezados, al igual que los relatos y versos, podían ser leídos, pero también escuchados de boca de sus vendedores. Y tenían llamativas ilustraciones, realizadas en su mayoría por José Guadalupe Posada. En textos e imágenes se registraban apariciones sobrenaturales: el demonio se presentaba en la tierra para impulsar al criminal y, una vez cometido el crimen, para cobrar su recompensa y conducirlo al infierno; mientras que la Virgen María intervenía para interceder a favor de víctimas inocentes o encarrilar a los pecadores y potenciales criminales. Por ende, como lo muestran las autoras, persistía una concepción que, entre otras cosas, no marcaba una diferencia entre pecado y crimen; creía en el libre albedrío o en la capacidad de los individuos para optar por el camino del bien o elegir la senda del mal; vinculaba castigo con sufrimiento corporal y suponía que, tras el castigo terrenal, el criminal expiaba eternamente su culpa en el infierno. Además, como señala Claudia Verónica Carranza, los pliegos sueltos retoman la herencia del exempla medieval, pues sus redactores, al dar cuenta de los castigos que los criminales recibían en la tierra y en el infierno, buscaban que los individuos se apartaran del pecado y del delito.

Por otra parte, Danira López Torres, Mohammed Ali Tolentino Ávalos y Rocío Corona Azanza rastrean la influencia de ideas de juristas y médicos que escribieron a finales del siglo xix y principios del xx, en publicaciones de la misma época pero destinadas a amplios públicos y redactadas por autores que no eran especialistas.

Los especialistas, que simpatizaron con la escuela positivista (la de antropología o la de sociología criminal) o con una corriente ecléctica que se conoce como la Tercera Escuela (y que tomaba elementos de la positivista y de la liberal), adoptaron posturas marcadamente causalistas o casi deterministas que suponían que los miembros de los grupos populares eran más susceptibles a cometer actos criminales. Los simpatizantes de la Tercera Escuela lo suponían al considerar que la miseria y la falta de educación —asociadas con la enfermedad, el hacinamiento y la promiscuidad, la desatención de los padres y el pernicioso ejemplo moral— nublaban la capacidad de los individuos para discernir entre lo moral y lo amoral, lo permitido y lo prohibido. Y quienes defendían los postulados de la Escuela de Antropología Criminal lo pensaban al creer que la tendencia a la criminalidad se transmitía por herencia, al igual que ocurría con la costumbre de consumir alcohol, las enfermedades físicas, las anomalías psíquicas y una serie de factores que, en conjunto, propiciaban la degeneración física y moral de los indígenas o los mestizos con un fuerte componente indígena. Por ende, también vinculaban alcoholismo y criminalidad, de nuevo sea porque creían que el alcohol mitigaba la razón y exacerbaba los impulsos, o porque consideraban que alcoholismo y criminalidad eran manifestaciones de la misma degeneración orgánica.

Buscando el peso de estos discursos en publicaciones de divulgación, Mohammed Ali Tolentino Ávalos concluye que los redactores de las escuetas notas criminales de dos diarios potosinos, El Estandarte y El Contemporáneo, compartían, difundían y reforzaban la existencia de un vínculo fatal entre miseria, consumo de alcohol y criminalidad. La misma vinculación aparece, como lo muestran Danira López Torres y Rocío Corona Azanza, en noticias de crímenes publicadas en periódicos de la capital (El Imparcial) y de Guanajuato (El Tiempo). La primera señala también cierta presencia del determinismo social u orgánico en hojas sueltas y en El Imparcial.

A la influencia de estas ideas o prejuicios, atribuyen López Torres y Corona Azanza el hecho de que ni periodistas ni policías sospecharan inicialmente de miembros de la elite o de los sectores medios y se centraran en los individuos que respondían al estereotipo de los criminales o procedían de los sectores populares, es decir, la demora de la policía en proceder contra Tomás Sánchez (barbero percibido como un hombre de intachable conducta y profundamente religioso, quien tras varios días confesó haber sido el responsable de la muerte de su hija) y Narciso Muñoz (empresario, procesado por la muerte del minero Tomás Háller).

Cabe señalar que, con lo anterior, los autores no solamente muestran la incidencia de ideas causalistas o deterministas en publicaciones de divulgación; también dan cuenta de la presencia en San Luis Potosí y Guanajuato de discursos que habían sido estudiados en otras localidades, como la Ciudad de México o Puebla.

En la misma línea, Mohammed Ali Tolentino Ávalos y Rocío Corona Azanza analizan el impacto que tuvo otra concepción, la de género, en los relatos sobre crímenes. Sus trabajos muestran la extensión de una visión que partiendo de diferencias biológicas, asignaba a los representantes de uno y otro género diversas tareas y espacios. A las mujeres les reservaba el ámbito privado y el cuidado de la familia; se les exigía ser vírgenes, fieles o castas; se les demandaba actuar de forma recatada, discreta y moderada; y se les asociaba con atributos como dulzura, abnegación, instinto maternal y resignación. Por ello, al cometer un delito, las delincuentes no solamente violaban la ley, también trasgredían el modelo de conducta esperado para las mujeres. De ahí que la condena de las elites y de las clases medias fuera más severa para las mujeres criminales que para los varones que cometían un delito, y que pudiera serlo la sentencia de los juzgadores.

En este orden de ideas, Mohammed Ali Tolentino Ávalos incluye inserciones de El Contemporáneo y El Estandarte dedicadas a los atributos y el deber ser femenino, para después contrastarlas con las descripciones de las mujeres que consumían alcohol o cometían crímenes y las recriminaciones que se les dirigían. Por su parte, Rocío Corona Azanza muestra cómo, si bien los juzgadores absolvieron a Ana Camiña de la muerte de Tomás Háller, la sociedad la condenó en su carácter de amante de Narciso Muñoz y trasgresora de las pautas morales. En las notas criminales era presentada como la antítesis del deber ser femenino, mientras se exaltaba a aquellas mujeres que sí cumplían con su papel de esposas y madres.

En conjunto, los autores que analizan concepciones de la criminalidad muestran la circulación de ideas y la influencia del discurso de los especialistas y del discurso de género en la prensa, básicamente. También de noticias, pues señalan la publicación de notas de crímenes aparecidas en la Ciudad de México en impresos sueltos de la misma ciudad y en los periódicos de San Luis Potosí. Y, por último, de objetivos, pues muestran cómo los redactores de impresos y notas buscaban atraer lectores y compradores, pero también difundir una lección moral, e incidían en la definición de lo prohibido y lo permitido, lo moral y lo amoral.

Considero que contribuyen a la historiografía sobre visiones y concepciones de la criminalidad en dos sentidos. Primero, por la forma de abordar a las publicaciones estudiadas: el nexo de la representación con el fenómeno representado, la explicación de los usos del discurso y la búsqueda del perfil de los lectores, y el esfuerzo por compararlas con otras publicaciones o tradiciones. Segundo, porque sus trabajos complementan esfuerzos previos pero no agotados: los impresos han sido estudiados por historiadores del arte (interesados en las ilustraciones realizadas por José Guadalupe Posada) y de la cultura popular, o por estudiosos de la literatura y los cancioneros, no obstante, la visión que se refleja en los textos ha sido menos abordada y, dentro de ella, poco lo ha sido la concepción de la criminalidad y de la justicia; por otra parte, la nota roja había sido estudiada sobre todo en los periódicos publicados en la Ciudad de México.

En el segundo eje secundario se insertan los estudios de Adriana Corral Bustos, Luz Carregha Lamadrid, Silvia Martínez Méndez, María Magdalena Calcanaz Gutiérrez, Jessica Colín Martínez, Odette Rojas Sosa y Paola de la Rosa Rodríguez, quienes analizan y explican el carácter de ordenamientos y leyes (constituciones, tratados internacionales, códigos penales y procesales, y leyes de organización de tribunales).

Casi todas ellas estudian al derecho procesal penal o analizan al derecho penal enfocadas en la concepción y aplicación de la sanción; por tanto, comparten el interés por las bases que regían a la justicia. De hecho, la justicia constituye un tema primordial en la obra.

En conjunto, sus trabajos cubren un largo periodo: parten de la obtención de la Independencia y llegan hasta los últimos años del siglo xx. Así, abarcan varias etapas dentro de la historia del sistema de justicia mexicano. Además, estudian ordenamientos federales y estatales (expedidos en el Distrito Federal, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas).

Adriana Corral Bustos y Luz Carregha Lamadrid analizan una primera etapa, denominada por María del Refugio González como etapa de transición.8 Conforme se adoptaban los postulados propios de una justicia propia del modelo liberal, se dejaba atrás el orden judicial tradicional; y mientras culminaba el proceso, coexistían principios y prácticas de ambos universos. Asimismo, ambas estudian el mismo ámbito geográfico, San Luis Potosí, pero la primera presenta una visión conjunta centrándose en el Supremo Tribunal de Justicia, y la segunda parte de los juzgados de primera instancia.

En términos más amplios, sus trabajos muestran el proceso de adopción de un sistema de justicia moderna o liberal, el cual exigía a los jueces el estricto apego a una legislación que, vista como expresión de la voluntad general, debía ser única e igual para todos. Se creía que este apego de los jueces a la ley redundaría en el respeto de los derechos procesales (previstos por la ley), la uniformidad de las decisiones judiciales (pues no cabían consideraciones al caso concreto) y la igualdad ante la justicia (pues no cabían consideraciones sobre el delincuente, únicamente sobre el acto). Por tanto, el mandato de legalidad iba de la mano de otros principios, como la observancia de derechos procesales, la igualdad judicial o la certeza jurídica. Además, en el apego a la ley descansaba la confianza en la justicia.

Al mostrar la paulatina adopción de este nuevo sistema de justicia, Adriana Corral Bustos y Luz Carregha Lamadrid dan paralelamente cuenta del desplazamiento de la concepción tradicional imperante en la Nueva España, y que confiaba en la justicia, pues confiaba en la calidad de los jueces que la impartían. Los jueces, al sentenciar, podían recurrir a múltiples derechos (escritos y no escritos) y considerar el caso particular y, por lo anterior, tenían un amplio arbitrio. Abordan, por tanto, el tránsito al legalismo judicial.

Sus trabajos resultan, entonces, complementarios, y ofrecen una amplia visión sobre la meta que se quería alcanzar, los momentos y leyes más significativas dentro de este proceso, así como las características de las décadas de transición en San Luis Potosí. Además, permiten observar cómo los vaivenes políticos o las alternancias de las facciones políticas en el poder, que dieron origen a la emisión de constituciones centralistas o federalistas, conservadoras o liberales, no afectaron significativamente el diseño de la justicia y las bases que regían el funcionamiento de los tribunales. Cabe señalar, por último, que las dos autoras prestan especial atención al perfil de los juzgadores y al desplazamiento de los jueces legos, pues, en la nueva lógica, debían estar formados en el derecho y contar con título de abogados.

La etapa de transición se extendió por casi medio siglo, pues solamente los códigos penales y procesales terminaron con el proceso de sustitución. El análisis de la legislación procesal tras la codificación permite vislumbrar el nuevo edificio. De este edificio también dan cuenta Adriana Corral Bustos y Luz Carregha Lamadrid, así como Silvia del Carmen Martínez Méndez, Jessica Colín Martínez y, a través de la práctica judicial, María Magdalena Calcanaz Gutiérrez y Rocío Corona Azanza. A través de sus capítulos, pueden vislumbrarse las características de los primeros códigos que fueron expedidos y, en general, de ordenamientos y leyes inspirados en los principios de la escuela liberal o clásica de derecho penal y promulgados en varias entidades federativas.

Silvia Martínez Méndez se suma al análisis de la legislación de San Luis Potosí. Se ocupa de seis códigos penales, el primero expedido en 1873 y el último en 1993, centrándose en la definición del delito, la justificación de la pena, las reglas para su aplicación y las sanciones previstas. Los dos primeros cuerpos, promulgados en 1873 y 1922, se adscriben dentro de la escuela liberal de derecho penal. Presentan la misma orientación de códigos penales o procesales analizados por Jessica Colín Martínez (quien se refiere al penal de 1871 y al procesal de 1894, expedidos en el Distrito Federal, y el primero válido para todo el país cuando se trataba de delitos federales), Rocío Corona Azanza (quien hace referencia al código penal de Guanajuato de 1880) y María Magdalena Calcanaz Gutiérrez (quien se basa en el adoptado en Zacatecas en 1872).

Las autoras ponen en evidencia la esperanza de los miembros de las comisiones redactoras en una legislación omnicomprehensiva, que prometía una drástica reducción del arbitrio judicial y, con ello, la uniformidad de las sentencias y la igualdad ante la justicia. De ahí que previeran todas las acciones que podían considerarse como un delito y le asignaran una pena. Partían, por otro lado, de la existencia del libre albedrío y consideraban al delincuente como responsable de sus acciones, lo cual sustentaba la posibilidad de imponerle una sanción.

La obra que se estudia, Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos, también permite al lector conocer un tercer periodo dentro de la historia de los códigos penales mexicanos, en el cual los ordenamientos se acercaban a las premisas de la escuela positivista. Para ello pueden verse los trabajos de Silvia Martínez Méndez, quien muestra la orientación positivista del código expedido en 1944 en San Luis Potosí, y el de Jessica Colín Martínez quien, al igual que Odette Rojas Sosa, lo hace para el caso del promulgado en 1929 para el Distrito Federal.

Todas ellas analizan el impacto que tuvo en la legislación la escuela positivista de derecho penal o el discurso determinista al que ya se aludió y que se refleja en la sustitución del principio de responsabilidad moral como sustento de la pena y la adopción del principio de responsabilidad social, pues, sin considerar a los delincuentes como responsables de sus actos, los consideran como peligrosos para la sociedad. El peso del determinismo orgánico se nota en la adopción de condenas indeterminadas —como indeterminado resulta el tiempo que un paciente puede necesitar para curarse de una enfermedad—, al menos para aquellos afectados por un padecimiento mental o delinquían en estado de ebriedad o intoxicación.

Al analizar los códigos penales expedidos en San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo xix, Silvia Martínez Méndez se adentra en otro periodo, pues presenta las características de ordenamientos que tomaban principios de varias corrientes (en este caso, se inscriben los promulgados en 1985 y 1993).

Por último, Paola de la Rosa Rodríguez estudia las leyes relativas a la ejecución de la pena. Analiza tratados internacionales y su relación con las leyes mexicanas, no utilizo el término de impacto, pues, como bien señala la autora, en algunos puntos las leyes mexicanas se adelantaron.

Antes de concluir, resulta pertinente señalar que, al igual que lo hicieron los autores que estudiaron visiones y representaciones de la criminalidad, quienes analizan el carácter de la legislación no solamente buscaron la presencia de ideas o doctrinas penales, también de códigos morales o prejuicios raciales.

En su estudio de procesos judiciales por adulterio en Zacatecas entre 1873 y 1929, María Magdalena Calcanaz Gutiérrez busca el peso de la concepción de género o de nociones morales en el derecho penal. Parte de la existencia de una doble moral, pues algunas conductas eran toleradas en los varones, pero condenadas en el caso de las mujeres, como lo eran las relaciones extramaritales. Y concluye que esta doble moral se registró en las leyes relativas al adulterio: en el ramo civil, el cometido por las mujeres traía más consecuencias que el cometido por los esposos; y en el ramo penal recibía sanciones más severas.

Por su parte, Odette Rojas Sosa, en el capítulo dedicado al estudio de causas contra alcohólicos y toxicómanos en la Ciudad de México entre 1929 y 1931, muestra la supervivencia en el México posrevolucionario del discurso que suponía la existencia de un estrecho vínculo entre alcoholismo y criminalidad o, para ser más precisos, entre el consumo de pulque por parte de sectores populares e indígenas. Asimismo, muestra el impacto que este discurso, pleno de prejuicios sociales e incluso raciales, tuvo en campañas moralizadoras, políticas públicas y leyes, entre ellas el código de 1929.

En suma, las autoras mencionadas analizan la legislación penal a la luz del contexto internacional y nacional, tomando en cuenta vaivenes políticos e intereses partidarios, contexto social y contexto cultural (concepción del Estado, la sociedad y el individuo, ideas políticas, doctrinas penales, modelos de conducta, valores morales, etc.). En conjunto, cubren los siglos xix y xx y se acercan a la legislación federal y a varias legislaciones estatales. Ello es relevante, pues el tema de la justicia penal se ha estudiado poco, y los trabajos existentes se habían centrado en el siglo xix y en algunos sitios, como la Ciudad de México, Michoacán y Aguascalientes.

El tercer eje secundario de Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos está integrado por trabajos dedicados al análisis de prácticas judiciales y establecimientos penitenciarios. Cabe señalar que prácticamente todas las autoras que estudian ordenamientos o leyes se preocupan por valorar su aplicación, lo cual es meritorio, como lo es el hecho de que los autores que estudian procesos judiciales y experiencias carcelarias se remitan a las leyes o modelos que los sustentaron.

Adriana Corral Bustos y Luz Carregha muestran cómo algunos de los preceptos constitucionales y las leyes que avanzaban hacia una justicia apegada a la ley se cumplían en la práctica, pero otros no se respetaban. Señala la primera que en los criterios de selección, las actuaciones en los tribunales y los mecanismos de control, seguía pesando mucho la “calidad” del juez. En el mismo sentido, Luz Carregha Lamadrid apunta que, ante la falta de abogados titulados, los jueces conservaron sus espacios y no pudo consumarse el proceso de profesionalización. Sin embargo, también anuncian elementos propios e incluso de etapas por venir, como, siguiendo con Carregha Lamadrid, la creciente importancia de los peritos.

Por su parte, María Magdalena Calcanaz Gutiérrez, Jessica Colín Martínez y Odette Rojas Sosa analizan la aplicación de los códigos de 1871 y de 1929.

Al ocuparse de juicios por adulterio, a la primera le interesa determinar si en los tribunales también tenían fuerza las preocupaciones morales que habían pesado sobre los legisladores. Encuentra, por ejemplo, que, dado que el adulterio cometido por los maridos era tolerado, en el tribunal éstos podían seguir aludiendo al código ético y solían justificar sus actos con base en acciones amorales de sus esposas o en el incumplimiento de las tareas que el deber ser les señalaba. En cambio, las mujeres adúlteras, consideradas como inmorales, evitaban referirse a aspectos éticos y explicaban su adulterio aduciendo que su esposo era violento o que no cumplía con sus obligaciones. Por tanto, los argumentos esgrimidos por los involucrados responden a la moral —la doble moral— prevaleciente y al papel que a cada miembro de la pareja se le asignaba.

Jessica Colín Martínez se enfoca en un periodo corto pero muy interesante, a saber, los tres meses que siguieron a la publicación de los códigos penal y procesal penal de 1929, en los cuales todavía no entraban en vigor; específicamente, entre septiembre (mes en el cual fueron promulgados) y diciembre (en el cual cobraron vigencia). Sin haber entrado en vigor, los ordenamientos podían aplicarse si el procesado prefería ser juzgado con base en ellos y no conforme a los cuerpos legales que todavía estaban vigentes, expedidos el penal en 1871 y el procesal penal en 1894. Con ello, elegían si serían juzgados con la intervención de jueces legos (en un juicio por jurado) o si lo serían por jueces profesionales (en una corte penal) y si, tratándose de homicidios, los jurados podrían determinar que merecían la pena capital o si, habiendo sido suprimida esta sanción en el nuevo código penal, los jueces podrían aplicarles un máximo de veinte años de prisión. Concluye la autora que esta situación no obstaculizó la marcha de la justicia y que en el destino final pesó menos el tipo de jueces que la actuación de los defensores.

Por su parte, Odette Rojas Sosa analiza casos de toxicómanos y alcohólicos que fueron procesados con base en dos artículos del código penal expedido en 1929: el primero relativo a los delincuentes que habían delinquido en estado de ebriedad o de intoxicación por drogas, y el segundo dirigido a los individuos encontrados en dicho estado en la vía pública. Concluye que el segundo artículo, que admitía el encierro de los consumidores, fue más aplicado que el dirigido a delincuentes condenados y que en la penitenciaría mostraban problemas de alcoholismo o de toxicomanía, pues no existían departamentos y establecimientos especiales, es decir, que la ley se adelantó al desarrollo de las instituciones. Sin embargo, con respecto a este artículo, muestra cómo temas controvertidos derivaron en controversias entre juzgadores, pues señala que al igual que los teóricos no se ponían de acuerdo respecto al tratamiento que debía darse a los consumidores, los jueces diferían respecto a la sentencia que debían aplicarles.

Sus trabajos refuerzan a la incipiente historiografía sobre las prácticas judiciales. Tratando, además, la época que había sido menos estudiada en el caso de la justicia criminal: la posrevolución.

Para concluir, resta aludir a los capítulos que se dedican al estudio de la legislación que regulaba al castigo y las cárceles, autoría de Rudy A. Leija Parra, Graciela Flores Flores y Paola de la Rosa Rodríguez.

Los dos primeros dan cuenta del tránsito de un castigo que estaba centrado en el cuerpo del criminal (involucraba sufrimiento físico y para servir como ejemplo era ejecutado en público, de forma teatral y en varios sitios), hacia la pena de prisión; señalan las características que debía tener esta pena y que, por ende, debían cumplir las prisiones. Mientras que la última se ocupa de la adopción de estas premisas en leyes mexicanas y tratados internacionales.

Como lo muestran Rudy A. Leija Parra y Graciela Flores Flores, corrientes culturales —humanismo e ilustración, compasión y razón— se impusieron para modificar las prácticas del castigo y las instituciones de encierro. Convencidos de la existencia del libre albedrío, sus representantes sostuvieron que los delincuentes podrían tomar un diferente camino tras la reflexión y, sobre todo, la enseñanza moral, la educación o la adopción de hábitos de trabajo. De ahí que las cárceles dejaran de ser vistas como sitios de reclusión y que fueran concebidas como espacios de regeneración o de reeducación. Y de ahí que debieran tener la estructura necesaria para cumplir con sus fines: espacio suficiente para aislar a los reclusos (propiciando la reflexión y el arrepentimiento) y separarlos (evitando la contaminación), además de locales destinados a servir como escuelas y talleres.

Por su parte, Paola de la Rosa Rodríguez analiza la regulación de las sanciones y de los establecimientos penitenciarios en la legislación mexicana, contrastándola con tratados internacionales. Se acerca a más de diez instrumentos firmados en las últimas décadas del siglo xx, buscando aspectos como el respeto a los derechos de los reclusos y la prevención de malos tratos, la salud, el trabajo y la readaptación social, la separación y clasificación de reclusos, y la educación. Por ejemplo, indica que, según establecen varios tratados, deben respetarse la dignidad y, exceptuando limitaciones inherentes al encarcelamiento, los derechos humanos y las libertades de los internos. De ahí que se prohíban la tortura y otros tratos crueles. Por último, muestra que esta prohibición estaba prevista en constituciones mexicanas expedidas con anterioridad a que el país se sumara a los convenios internacionales.

Ahora bien, los tres autores se preguntan sobre si la teoría y las leyes se respetaban en los establecimientos carcelarios. Para ello, Rudy A. Leija Parra estudia la fundada en San Luis Potosí a fines del siglo xix, Graciela Flores Flores la inaugurada en el Distrito Federal justo al comienzo del siglo xx y Paola de la Rosa Rodríguez se asoma a reclusorios del país en años recientes.

Para el caso de la penitenciaría de San Luis Potosí, observa el primero que el proyecto arquitectónico respondió al modelo carcelario, con espacios para diversos tipos de internos, así como áreas destinadas a escuelas y talleres. Sin embargo, el edificio fue habitado antes de que estuviera terminado y de que tuviera un reglamento. Concluye que lo anterior no permitió que en los primeros años elementos centrales del esquema penitenciario fueran respetados, pero que después de 1905 se produjeron mejoras sustanciales y un mayor apego a la teoría, lo cual se refleja en el carácter positivo de informes redactados por funcionarios y de notas publicadas en la prensa.

Para el caso de Lecumberri, Graciela Flores Flores muestra que tras la Revolución, y a diez años de haber sido fundada, la penitenciaría presentaba graves problemas, los cuales impedían que cumpliera con sus fines e incluso constituían violaciones de los principios que deberían observarse, entre ellos la falta de separación de reclusos y el hacinamiento, la falta de higiene y la pésima calidad de alimentos (que atentaban contra la salud de los internos), la violencia por parte de las autoridades y los propios reos (que afectaban su seguridad y su vida), el consumo de alcohol y drogas, y la falta de educación y trabajo (que no ayudarían a la reintegración). De ahí que en los años setenta proliferaran las críticas y que el Palacio Negro pareciera más oscuro que nunca.

En el mismo sentido, Paola de la Rosa Rodríguez señala la persistencia de violaciones a los derechos de los internos, basándose, por ejemplo, en denuncias de tortura ante organismos nacionales e internacionales.

Al sumarse, los trabajos que analizan prácticas judiciales y carcelarias abarcan dos siglos y diversas regiones, y ofrecen una visión amplia que permite entrever continuidades y rupturas.

En el caso de las prisiones, los trabajos se suman a los estudios de otras penitenciarías; para mencionar algunos, los realizados para el siglo xix y las primeras décadas del xx por Nidia Cruz Barrera sobre la penitenciaría de Puebla, Jorge Trujillo Bretón sobre la de Jalisco, Antonio Padilla Arroyo y Martín Barrón sobre Belem y Diego Pulido Esteva y Martín Barrón sobre las Islas Marías, o los trabajos de años más recientes, como los realizados por Elena Azaola y Marcelo Bergman. Con ello, aportan a la obtención de una visión nacional y de largo alcance que permite, por ejemplo, cuestionar si el problema de las cárceles puede explicarse con base en el fracaso de instituciones concretas o si se trata de un problema inherente a la cárcel misma, ante lo que se impone la necesidad de buscar penas alternativas a la prisión.

Retomando, la obra permite contrastar imaginarios del crimen y del castigo, derechos penales, sistemas de justicia e instituciones carcelarias en disímiles contextos, tanto temporales como espaciales (los estudios se refieren a varias ciudades del país). También permite contrastar fuentes diversas, pues los autores ofrecen un diálogo entre documentos judiciales, debates científicos, inserciones o reportajes de nota roja, e impresos populares. Esta perspectiva transversal permite asomarse al crimen, la justicia y el castigo, aunque también da cuenta de otros temas, como la concepción de género, la visión de las relaciones amorosas y la pareja o la lógica de las instituciones de castigo.

Antes de concluir con el análisis de Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos, me parece importante señalar que el vínculo entre el plano social y cultural que se observa en los capítulos y los vínculos existentes entre dichos capítulos son producto del trabajo grupal. Por varios meses, al amparo de la Cátedra Primo Feliciano Velázquez 2016, los colaboradores de la obra comentamos textos, ideas, metodologías y enfoques sobre la historia de la criminalidad, la justicia y el castigo. El grupo determinó el abordaje general de la obra, el título y los temas que tratar, además de comentar versiones preliminares de los capítulos. Lo anterior enriqueció tanto el resultado colectivo como los textos individuales.

El intercambio de opiniones fue muy fructífero, pues se trata de un grupo plural cuyos miembros tienen diferentes formaciones y enfoques. Estuvo integrado por historiadores interesados en temas penales y por abogados interesados en la historia del derecho, originarios de diferentes localidades y centros académicos: investigadores o profesores, así como estudiantes o tesistas de doctorado, maestría o licenciatura de El Colegio de San Luis, la Universidad Nacional Autónoma de México, ciesas Peninsular, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Guanajuato.

Para terminar, no me queda más que agradecer a El Colegio de San Luis, el otorgamiento de la cátedra y la invitación a coordinar el proyecto, así como el apoyo otorgado a las tareas del grupo y la publicación de este volumen. A la doctora Luz Carregha Lamadrid, un amplio agradecimiento por el trabajo conjunto en la coordinación del seminario, en la organización de un coloquio en el cual se presentaron secciones de los textos y en la preparación de la obra; de hecho, fue ella quien impulsó la creación de un seminario en el cual se abordaran temas vinculados con el material resguardado en un archivo judicial que con algunos estudiantes recientemente había clasificado, pues ello daría la oportunidad de aprovecharlo. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de los miembros del seminario por una invaluable experiencia de trabajo.

Espero que Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos abra el camino a nuevas obras individuales o colectivas que aprovechen el archivo judicial del municipio de Rioverde y sigan alimentando la historiografía sobre el crimen y la justicia en San Luis Potosí. Espero también que este libro sirva como ejemplo de la riqueza de estos archivos y de otras fuentes empleadas, pues restan muchas épocas, regiones, acervos y publicaciones por investigar. En general, espero contribuya al fortalecimiento de una historia mexicana, plural y analítica sobre temas que hoy en día resultan tan vigentes y lacerantes.

Referencias

Burke, Peter, “La nueva historia sociocultural”, Historia Social, núm. 17, 1993, pp. 105-114.

Caimari, Lila, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, Argentina, 2004.

Candioti, Magdalena, “Apuntes sobre la historiografía del delito y el castigo en América Latina”, Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, núm. 7, mayo de 2009, pp. 25-37.

Galante, Mirian, “La historiografía reciente de la justicia en México, siglo xix: perspectivas, temas y aportes”, Revista complutense de historia de América, vol. 37, 2011, pp. 93-115.

González, María del Refugio, “Derecho de transición (1821-1871)”, en Beatriz Bernal (coord.), Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, t. i, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1988, pp. 433-454.

Mijangos y González, Pablo, El nuevo pasado jurídico mexicano, Madrid, Universidad Carlos III, 2011.

Salvatore, Ricardo, “De vicios, delitos y penas: nuevos rumbos de la justicia criminal en América Latina”, en Jorge Alberto Trujillo Bretón, En la encrucijada. Historia, marginalidad y delito en América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica (siglos xix y xx), Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2010, pp. 13-23.

1 Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.

2 Burke, “La nueva historia sociocultural”, pp. 105-110.

3 Candioti, “Apuntes sobre la historiografía del delito y el castigo en América Latina”, pp. 28 y 33.

4 Id.

5 Salvatore, “De vicios, delitos y penas: nuevos rumbos de la justicia criminal en América Latina”, p. 18.

6 Caimari, Apenas un delincuente, p. 20.

7 Galante, “La historiografía reciente de la justicia en México”, pp. 94-95; Mijangos y González, El nuevo pasado jurídico mexicano, pp. 20-21.

8 González, “Derecho de transición”.

VISIONES E IMAGINARIOS

Del exempla medieval a la noticia.
El discurso sensacionalista
en torno al castigo sobrenatural
en impresos populares
del siglo XIX en México1

Claudia Verónica Carranza Vera2

Mira, mira, pecador

cuál es del daño la pena;

si tu conducta no es buena

te verás en este horror.

(Eternidad en el infierno, Imprenta Vanegas Arroyo)

Uno de los temas predilectos de la prensa popular decimonónica en México fue el de los castigos sobrenaturales. Historias de hombres y mujeres cuyas trasgresiones habrían ameritado una sanción extraordinaria, que podía ir desde la enfermedad hasta la muerte, cuando no la metamorfosis o el secuestro del cuerpo de los “trasgresores” hasta las profundidades del infierno.

En realidad, lo que podemos apreciar en estas historias son resabios de una larga tradición literaria que tuvo una inmensa fortuna en la imprenta, casi desde sus inicios y hasta bien entrado el siglo xx: el “exemplum” medieval,3 es decir, el género narrativo breve que se empleaba para probar un argumento. El fin de los exempla era adoctrinador, cuando no “moralizante”, pues buscaban crear un impacto en el oyente a través de la exposición de un hecho extraordinario, terrible en muchos casos,4 y con ello moverlo a la fe y a un cambio en su conducta. Es natural que estos textos fueran empleados con frecuencia en discursos didácticos y religiosos, sermones sobre todo, y este último contexto fue fundamental para la transmisión del género literario.

Los casos en que me ocuparé a continuación nos revelan la vigencia de la literatura exemplar que, siglos después, se mantuvo bajo una óptica maniquea, adaptando creencias y argumentos provenientes de leyendas, cuentos, romances y otros géneros tradicionales. Me basaré en documentos editados por la Casa Vanegas Arroyo. Esta imprenta, ubicada en diferentes sedes del centro de la Ciudad de México, produjo abundantes hojas sueltas y pliegos entre los años de 1896 a 1928.5 Si bien el sello es especialmente famoso por las ilustraciones de calaveras firmadas por José Guadalupe Posada, la producción de la casa comprende un buen número de textos valiosos, líricos, como canciones, valses, polkas o corridos; religiosos, como sermones, oraciones o novenas, etc.; de literatura infantil, como obras de teatro para títeres o cuentos; así como otros géneros narrativos, entre ellos los “noticiosos”.

Muchos de los impresos publicados en hojas sueltas por la editorial mexicana, y mejor conocidos por el dramatismo de sus grabados, se dedicaban a la exposición de crímenes, suicidios, milagros, prodigios, catástrofes, entre otros relatos de contenido natural y sobrenatural, todos los cuales solían exponerse como sucesos verídicos, aunque no siempre lo fueran.

Se debe añadir, además, que estos documentos tuvieron cercanía e incluso podríamos asegurar que fueron herederos de textos impresos de otras geografías y espacios temporales. Como otras imprentas europeas, las editoriales de la península ibérica publicaron noticias reales, pero sobre todo extraordinarias, bajo la premisa de que se trataba de relatos verdaderos. Esta tradición duró en España desde el siglo xvi hasta inicios del siglo xx, en donde se conoce a los textos “noticiosos” como “relaciones de sucesos”. Salvo porque una gran parte de estos impresos estaban escritos en verso de romance en su totalidad, estos documentos son muy similares a la prensa noticiosa publicada por la Casa Vanegas Arroyo, sobre todo en cuanto a la estructura, tópicos, motivos, incluso el lenguaje, así como las herramientas estilísticas y literarias que se emplean en uno y en otro país, como veremos más adelante.

La presente revisión involucrará, de este modo, textos hispánicos de los siglos xvii al xix, aproximadamente, que nos permitan reconocer cambios o esquemas similares en los textos publicados por la imprenta mexicana a partir del siglo xix. Este estudio pretende, además, responder una serie de interrogantes, como ¿hasta qué punto y por qué existen rasgos en común entre el género exemplar y las historias contenidas en los impresos populares publicados a partir del siglo xvi? ¿En qué sentido, si es verdad que son similares, es funcional el discurso didáctico del primero de los géneros para los impresos posteriores? ¿Por qué siguen siendo válidos estos relatos a finales del xix? Valdría la pena preguntarse además si existe alguna diferencia, desde el siglo xii al xx, en el discurso maniqueo que se observa en los siglos anteriores para el tratamiento de crímenes y sanciones. Si no la hubiera, cuál podría ser la explicación de que no se perciba esta diferencia en el periodo que nos interesa. Finalmente, cuáles serían las variantes entre los crímenes y los castigos sobrenaturales publicados en la imprenta española y la mexicana.

Venta, circulación y estrategias
de la literatura popular impresa

Las hojas sueltas producidas y vendidas en América Latina, y en particular en la casa editora que nos interesa aquí, fueron semejantes en su formato a las españolas. Tanto en uno como en otro continente, la literatura de cordel representaba un medio accesible y bastante económico de entretenimiento. Se trataba de pliegos sueltos que se encontraban en diferentes presentaciones y tamaños diversos, como hojas sueltas o cuadernillos de no más de dieciséis páginas, que contenían uno o varios textos en prosa y en verso. Estos documentos se dirigían a un público general y se vendían en medio de una muy establecida parafernalia6 con la que se animaba al público a acercarse a través de la exaltación de los romances, anunciando los sucesos, crímenes, personajes que se presentaban en las hojas a través de vistosos grabados, reproduciendo algunos versillos que resumían las noticias, exponiendo los episodios más atractivos y, probablemente, los más tremendistas.

No hay más que imaginar el éxito comercial de impresos como el siguiente, que se anuncia con un hiperbólico título, pues el asunto era terrible:

¡¡Horrible y espantosísimo acontecimiento!! Un hijo infame que envenena a sus padres y a una criada en Pachuca. Terrible tempestad se desarroya [sic] el día 8 del mes pasado [Hoja 1].7

Y ni qué decir de un título como el siguiente, que adelanta la mayor parte del argumento de una mujer parricida también, esta vez en el contexto hispánico:

Nueva relación y curioso romance en que se da cuenta de las alevosas muertes que ejecutó una mujer natural de Mequinenza con sus padres, dos hermanas suyas y una criada y el ejemplar castigo que se ejecutó en ella en el día ocho de enero de este presente año.8

La tendencia sensacionalista en los títulos es evidente, sólo un adelanto al tremendismo con que suelen manejarse muchas de las historias. Una de las características de los pliegos es mantener un estilo dramático, lleno de imágenes y adjetivos hiperbólicos, todo ello para provocar más impacto, conseguir el interés del público y, de paso, facilitar el adoctrinamiento de los lectores.

La distribución de las imágenes y del texto es otra similitud entre los documentos de ambos países. En los dos casos, los grabados pueden representar la historia contada, o por lo menos tratan de acercarse a ella para provocar un impacto visual en el lector. Como es natural, los grabados se ajustan a la cotidianidad de cada población. Así, por ejemplo, Manilla y Posada muestran hombres y mujeres de la sociedad mexicana usando trajes característicos de la época (Fig. 1).

Los grabados, por lo regular, hacen un relato de la escena más escabrosa del relato. En el caso anterior, se observa a un hombre envenenando la comida; la criada muerta a sus pies corresponde a otro momento, pero se añade a la escena para darle mayor impacto. Como ocurre en muchos otros impresos de la Vanegas Arroyo, varios diablos acompañan al pecador y lo aconsejan.

Otro ejemplo de la misma casa es el siguiente, que ilustra un cuento tradicional situado en México. El ilustrador presenta a un hombre tratando de obligar a su mujer a entregarse al diablo, con quien hizo un pacto a cambio de su alma. El diablo aparece con el documento en la mano tratando de cobrar su deuda; y en el otro extremo, la Virgen, que al final impide el secuestro de su devota. Los dos personajes sobrenaturales aparecen ocupando un espacio similar en las orillas del pliego; al centro, los protagonistas en el momento decisivo del relato. La narrativa de este grabado es impecable (Fig. 2).

La presencia de los diablos, por lo regular, aporta un mensaje que no siempre encontramos dentro de pares hispanos. En ellos, el hombre es guiado en sus acciones por los demonios, tópico que de alguna forma resta responsabilidad al pecador y atenta contra una de las premisas de la Contrarreforma: el maligno puede engañar, pero no puede ser culpado de los pecados de los hombres, que tienen y deben ejercer su derecho al libre albedrío. Cuando los demonios aparecen en los pliegos de cordel españoles, por lo regular se trata de ilustraciones misceláneas que no fueron hechas específicamente para las historias expuestas (Fig. 3).

En España, por otra parte, es más frecuente que en México encontrar escenas de hombres y mujeres que se transforman en seres monstruosos. Tal es el caso de una de las historias más exitosas de la imprenta popular hispánica: El Alarbe de Marsella. El relato, del que hablaremos más detenidamente en las siguientes páginas, se reprodujo en diferentes variantes a lo largo de los siglos xviii y xix (Fig. 4).

Evidentemente, la historia se presenta como novedosa, recién ocurrida, por lo que la representación de su protagonista puede cambiar en cada caso. Si bien en la anterior ilustración podemos ver al alarbe transformado en un ser híbrido, un pliego como el siguiente nos relata la escena completa: una madre maldice al hijo, que de inmediato sufre el ataque de una serpiente y su cuerpo comienza a adquirir la forma de diferentes animales (Fig. 5).

Otro rasgo similar de los impresos mexicanos y los españoles es la constante designación de las historias como “sucesos”, nombre que suele definir a las variantes noticiosas de los romances de ciego ibéricos. Recibe el título de romance, pues una gran parte de las relaciones solían presentarse en verso octosílabo, rasgo que favorecía la mnemotecnia de los vendedores, pero también, como bien destaca la investigadora María Cruz García de Enterría, facilitaba al autor la invención de escenas o sucesos ficticios, “utilizando además el verso todos los recursos imaginables para que, además de dar a conocer la información, se susciten en el auditorio fuertes reacciones emotivas”.9

La historia del Alarbe de Marsella, por ejemplo, se enriquece en el dramatismo de las descripciones y los diálogos en verso. Así, este pliego de cordel relata que el protagonista, luego de infinidad de atropellos y crímenes, vuelve a casa de su madre:

Llamó a la puerta y de presto

entró y hallola que estaba

tiernas lágrimas vertiendo,

imaginativa y triste,

y él, atrevido y sobervio,

quiso quitarla la vida:

pero le salió el encuentro,

que así que le vio su madre,

arrodillóse en el suelo,

delante de un Crucifixo

estas palabras diciendo:

-- Permitid, Señor Divino,

por vuestro poder inmenso,

que una forma espantosa

vea yo a este alarbe fiero;

sin que se pueda mover,

porque sirva de escarmiento

a todos quantos le vean.

Oídme, Señor, atento,

pues ofendió tu belleza,

y no contento con esto,

quitó la vida a su padre

sin temer el poder vuestro.

Esto dixo y de repente

se transformó tan horrendo,

plantado en medio la sala,

formado todo su cuerpo

de una espantosa culebra,

todo cubierto de pelo,

con los dos pies de caballo,

las manos de león fiero,

la cabeza de dragón,

que causaba asombro y miedo.

Solo le quedaba el rostro

de hombre pero vertiendo

por ojos, boca y narices

vivas centellas de fuego.

Salíale por la boca,

por permisión de los Cielos,

un rótulo que decía:

“Vengan a tomar exemplo

los hijos inobedientes

a sus padres, que por eso

estoy ardiendo entre llamas

del abismo del infierno” […].

Entre los pocos relatos de metamorfosis que publicó la Casa Vanegas Arroyo, podemos destacar el siguiente, que también centra en un castigo provocado por las palabras. El fragmento se encuentra en el verso de una hoja suelta impresa en 1903 en la calle de Lecumberri 2597:

Todos lean con atención esta ejemplar narración10

Sirva de ejemplo palpable

el caso que sucedió

Miren a Eugenia, señores,

el castigo que llevó:

hizo una manda difícil,

con muy grande devoción,

a la Virgen de los Lagos

a pie descalzo ¡oh, dolor!

Iba Eugenia con su esposo

con su niño y su mamá,

y en el camino tan duro

¡ay! Se pone a blasfemar

y a maldecir de la manda

con enojos sin igual.

Por fin, ya junto de un árbol,

se acerca muy pertinaz

y entonces un trueno horrible

allí se deja escuchar.

La familia sorprendida

y con intenso pavor

buscan la causa del ruido,

de aquel ruido tan atroz,

y mirando van a Eugenia,

con inaudito terror,

convertida en dura piedra

y llena toda de horror.

Solamente la cabeza

de carne y hueso quedó.

Un grito de gran espanto

la familia prorrumpió

y rompió a llorar al punto

con verdadero dolor.

A Eugenia le suplicaron

que tuviera contrición

por las blasfemias horribles

que por la manda lanzó.

Pero aquella mujer mala

a todo esto se negó. […]

En los impresos mexicanos era común que el caso, suceso o milagro fuera relatado en prosa a lo largo de una página y media, que se distribuían en una, dos o hasta tres columnas. No era usual sobrepasar el límite de la hoja; por lo regular, la prosa finaliza en la media página del verso del documento, y entonces se agregaba un colofón poético que iba desde una copla a un romance más o menos extenso que solía tener algo que ver con el tema principal del pliego. En el caso del documento citado (Figs. 6 y 7), vale la pena señalar que, a diferencia del pliego español, el grabado de este documento no representa la metamorfosis de la mujer. Se ve su torso semidesnudo y solamente imaginamos el suceso por las caras de los familiares que la rodean.

Castigos y disciplinas de la imprenta popular

Los términos exemplo y ejemplar también son una constante en las imprentas hispánica y mexicana. De hecho, la Casa Vanegas Arroyo suele incluir ambos vocablos en no pocos títulos y subtítulos, como los que anuncian un: “Ejemplar acontecimiento”, “Patente y ejemplar milagro”, “¡Terribilísimo ejemplar!”, “Ejemplar y ciertísimo suceso”, “Justo y ejemplar castigo del Cielo”. Este rasgo acerca los textos al género que nos interesa destacar aquí.

La continuidad del tema de los castigos es lo que sin duda dio material a infinidad de colecciones medievales y renacentistas de exempla, como los Castigos del Rey don Sancho, la Disciplina Clericalis, el Libro de los gatos, el Libro de los exemplos por a.b.c, etcétera, es decir, de “toda una nómina de narraciones que mediante los hechos maravillosos, por un lado propagaban los misterios de la fe, y por otro moralizaban creencias folklóricas y legendarias provechosas para difundir la ética divina”.11 En cuanto al contenido, existen muchas semejanzas entre los contenidos de los impresos y los exemplarios. En realidad, podemos decir que el argumento de los pliegos y de los exempla repiten un esquema con algunas variantes. Así, podemos decir que en todos los casos encontramos una estructura muy similar:

1) Una persona en una situación casi siempre de bienestar que 2) enfrenta un cambio por crisis/amor/obsesión/codicia/malas compañías; 3) ello nos lleva a la causa: el protagonista comete uno o varios crímenes o pecados, hasta llegar al suceso que provocará la 4) consecuencia: el castigo, que puede ser natural o sobrenatural. Por lo regular, lo sigue la 5) muerte del pecador en los siglos xviii, xix y xx/vida en penitencia en algunos casos. En un punto intermedio, encontramos a los testigos: 6) El pueblo/los vecinos, y en ocasiones uno o más sacerdotes, testifican el caso y toman nota del aviso, rasgo fundamental del género exemplar y milagros; finalmente, el autor o los propios personajes dan una 7) advertencia o moraleja.

Tomando en cuenta este esquema, podemos enumerar seis condiciones que se deben cumplir en el argumento para hablar de literatura exemplar. Éstas son:

a) Presentación

b) Veracidad

c) Binomio causa-consecuencia

d) Intervención de lo extraordinario

e) Testificación y

f) Tradición

Todas estas condiciones se encuentran en la mayor parte de las narraciones “noticiosas” de la prensa popular de México y España. Consisten en:

a) Presentación. Datos precisos de los protagonistas, lugares y tiempos en los que ocurre el suceso. Desde el medioevo, los exempla eran adaptados para causar mayor impresión en el receptor, por lo que frecuentemente se aseguraba a sus receptores que el hecho extraordinario le había ocurrido a una persona con nombre y apellido, en un lugar conocido, aunque no por fuerza cercano —de manera que no pudiera ser fácilmente comprobado—. En ocasiones, incluso se agregaban fechas concretas.

Así, un pliego como el que cuenta la “¡Terrible y verdadera noticia! Del espantoso ejemplar ocurrido con Norberta Reyes; y que cerca de la ciudad de Zamora asesinó a sus padres el día 2 del pasado del presente año”,12 cumple con la primera condición desde el título. Difícilmente se podrá negar la veracidad del suceso ocurrido en Michoacán, menos aún si se aportan tantos datos. Por tanto, este documento cumple también con la segunda condición.

b) Veracidad o verosimilitud del relato. Recordemos que una de las principales premisas de la enseñanza fue y sigue siendo enseñar a través del miedo. La influencia del exempla, igual que la de las leyendas y otros géneros que pretenden provocar una reacción en el receptor, estriba en que éste crea que lo que escucha puede ocurrirle a él, del mismo modo que le ha ocurrido a otros. Si esto no se consigue, el relato fracasa en su principal intención: generar un cambio de conducta. Este punto, además, requiere de la condición de testificación (vid infra, E) para fortalecerse.

c) Binomio causa-consecuencia. El crimen y el castigo tienen el mismo énfasis en cada caso; ambos son importantes y requieren, por parte del autor, cierta maestría, pues si la causa no logra convencer al receptor, éste no aprobará el castigo, y viceversa.

Respecto a las causas en concreto, las hojas sueltas de la imprenta Vanegas Arroyo suelen extenderse en descripciones terribles. La mayor parte de los sucesos que dan lugar a un castigo sobrenatural tienen que ver con el asesinato y, sobre todo, con el parricidio.

Cuando una mujer o un hombre asesina a sus padres, sucede algo interesante, pues los autores aportan una causa secundaria, esto es, se destaca la pobre, descuidada, regalada en exceso o sobreprotectora educación del protagonista por parte de sus padres; por tanto, los indirectamente culpables son los propios progenitores, a quienes se amonesta y aconseja al final del documento. Este tipo de moralejas nos transmiten una preocupación que se repite en textos de otros siglos y de otros continentes, pues aparece con mucha frecuencia en los impresos populares.

Los delitos que siguen al asesinato son los vicios: la vida nocturna, la embriaguez y la seducción indiscriminada de mujeres. Un ejemplo se encuentra en una hoja cuyo título anuncia: “¡¡Ejemplar acontecimiento!! ¡¡Un espíritu maligno en figura de mujer bonita!!” (Fig. 8).13 El resumen del suceso en verso explica la causa y consecuencia en seis estrofas insertas al final del relato.

Finalmente, encontramos algunos casos en donde la causa de la perdición es la palabra: maledicencia y blasfemia. Entre ellos conviene recordar el de la mujer que fue transformada en piedra.

Así, volviendo a la protagonista de la “¡Terrible y verdadera noticia!”, Norberta, quien por cierto había recibido “un cariño ciego por parte de sus padres”, a pesar de que “desde muy pequeña demostró […] tener un genio caprichoso e indomable; y fomentado esto por el consentimiento de sus padres, acabó por ser una criatura insoportable”. La muchacha se enamora; y cuando sus padres tratan de protegerla de una mala relación, ésta los asesina:

Después de comer, rendidos por la fatiga, los dos ancianos se recostaron sobre la yerva y cuando la infame Norberta los vio dormidos, sacó el parricida cuchillo y echándose primero sobre el anciano, le dio una terrible puñalada en el cuello, que casi le separó la cabeza del tronco. Al ruido del sangriento drama se despertó la anciana: pero antes de que se alzara del suelo, su infame hija se arrojó sobre ella hundiéndole repetidas veces el cuchillo en distintas partes del cuerpo, hasta sacar la mayor parte de las entrañas y quedando la infeliz señora hecha completamente pedazos.14

Cabe señalar que en otros casos de mujeres asesinas, éstas reaccionan violentamente cuando les impiden sostener algún tipo de relación amorosa que por lo regular está prohibida.

La consecuencia de crímenes como el anterior casi siempre tiene que ver con la siguiente condición:

d) La intervención de lo extraordinario, que podríamos también ubicar como la consecuencia. Siempre tiene que suceder algo que modifique y reestructure una situación que se había salido de cauce o trasgrede las normas de la familia o la comunidad. Para los ejemplos que aquí revisamos, lo extraordinario es sobrenatural. Su aparición permite “racionalizar y cotidianizar lo divino sin perder el sentido inescrutable de sus misterios”.15

Los castigos sobrenaturales tendrían que provocar un enorme impacto en la población y sin duda también eran el mayor atractivo de estas historias. La imprenta Vanegas Arroyo suele detenerse en este tipo de escenas; podemos imaginar que éstas servirían de catarsis para el lector, que, luego de las descripciones pormenorizadas de los crímenes, esperaría un castigo también terrible para el trasgresor. En el caso de Norberta:

Consumado el horroroso crimen, Norberta emprendió el camino para su pueblo; pero sin saber como extravió su camino y después de andar todo el día al llegar la noche se halló en un paraje muy árido y cerca de una profunda barranca. Allí se detubo pues ya la fatiga no la dejaba andar cuando como a las once de la noche oyó un coro de maldiciones que parecían subir del fondo de la barranca, y poco después vio salir dos enormes perros prietos que haciendo un espantoso ruido con las mandíbulas se arrojaron sobre la desgraciada Norberta dándole furiosas mordidas y arrastrándola hasta la barranca donde vino a morir cinco días después, atormentada por el hambre, la sed y los agudísimos dolores de las mordidas que se le habían agusanado.

El mismo día del terrible acontecimiento, la justicia halló los cadáveres de los ancianos que fueron sepultados en sitio sagrado; no así el cuerpo de la criminal hija que, aunque fue visto en el fondo del barranco, no pudo ser sacado de allí pues cuando lo intentaron desaparecía el cuerpo y no se volvía a ver hasta el siguiente día.16

La editorial mexicana recurría frecuentemente al castigo más terrible para los trasgresores: el traslado en cuerpo y alma del pecador al Infierno. Este tipo de consecuencia priva, de acuerdo con la religión católica, al pecador de obtener algún tipo de redención después de la muerte. Pareciera que la imprenta popular prefiere la condena a la salvación. Cabe destacar aquí lo que diría García de Enterría respecto a la imprenta popular española de los Siglos de Oro, pero que fácilmente podemos aplicar a la nuestra:

La poesía de cordel más auténtica, más vulgar (no en la semipopular, ni en la escrita por autores un poco más cultos), el perdón se desconoce casi completamente, o apenas se hace hincapié en él. Lo que resalta es el castigo de Dios. Una religión de temor, de infierno y demonio casi siempre presentes es la que se nos da con más frecuencia en los pliegos sueltos.17

El motivo del secuestro de los pecadores en cuerpo y alma al infierno se repite en los impresos de España y en México, en donde se suele observar elementos de la iconografía religiosa que representan: la boca del infierno, llamas, humo, intervención de los propios demonios, que arrastran a los pecadores a las profundidades del inframundo. En muchas ocasiones, también observamos con frecuencia la aparición de animales que por tradición se consideran justicieros, como los reptiles y los perros (Figs. 9 y 10).

A pesar de todo, existen casos en los que se concedió la salvación por arrepentimiento del pecador, por lo regular, ésta ocurre por algún suceso milagroso o por lo menos extraño que le permite a los protagonistas cambiar de vida. Aquí aplica el paradigma del género de los milagros, que recompensan de esa forma la lealtad y devoción de los creyentes. Este tipo de salvación es frecuente en los impresos españoles, pero menos constante en los impresos mexicanos. En el caso de México, se encuentra la historia de un borracho que cambia de vida después de ser advertido por una calavera del destino que correrá si no cambia de vida: “Deja ya de venir trastornado con el licor y vuélvete honrado. Calló la Calavera y Eusebio muerto de miedo”.18 En otro pliego, un pecador recibe el consejo a través de un sueño, pero su salvación se debe a la devoción de su novia. Sin embargo, lo común es que los protagonistas sufran consecuencias como las descritas arriba y que éstas den lugar a la siguiente condición del relato exemplar.

e) La exposición o testificación de lo extraordinario. Toda sanción tiene un carácter ejemplar, y por ello es necesario que sea atestiguada por la población; de no ser así, pierde sentido. El castigo sobrenatural no es la excepción. El hecho extraordinario debe tener testigos que se encarguen de difundir el hecho y, por tanto, la enseñanza que de él se desprende. En muchas ocasiones, los testigos son los propios protagonistas, cuya presencia es la evidencia de la intervención sobrenatural; esto ocurre cuando el castigo es visible en su cuerpo, por metamorfosis, por ejemplo.

Cuando los cuerpos desaparecen, siempre hay alguien que observa el suceso y lo transmite. Esto ocurre en el caso de Norberta, que es vista por “la justicia” antes de desaparecer.

En otros casos, ocurre que la ira divina se extiende a las poblaciones completas a través de catástrofes diversas que se interpretan como el testimonio de un Dios colérico. Este tipo de castigos se ven poco en los pliegos de la Vanegas Arroyo.

f) Tradición. Una gran parte de nuestros textos provienen de una tradición antiquísima de textos orales y escritos, de leyendas, sermones, impresos, no necesariamente en ese orden. Su éxito en gran medida tiene que ver con su reconocimiento de los motivos, personajes y sucesos que fortalecen el relato y le dan mayor credibilidad. De todas las hojas sueltas que exponen un castigo sobrenatural, se puede hacer un seguimiento puntual que nos llevaría a apreciar paralelismos interesantes.

Casos de tradición en Vanegas Arroyo

Entre los casos que me gustaría citar, elegí uno que sorprende porque la trasgresión expuesta no parece tan terrible en contraparte con su consecuencia. Se trata de la historia de Guillermita, una niña que comete un pecado castigado por centurias: preferir a su mascota sobre los seres humanos. Un día su perro se transforma en un demonio:

Guillermita, le dijo el perro, con asombro de todos, yo soy el demonio, desde hace tiempo estoy en el cuerpo de este animal; y lo hice así para lograr llevarte a mi infernal morada. Y de súbito transformóse en un gigante de fuego con dos afilados cuernos y una cola disforme. Todos cayeron sin conocimiento excepto Guillermita, porque no le dio tiempo el ex-Corino; pues agarrándola fuertemente la asfixió entre sus candentes brazos y desapareció con ella entre múltiples llamaradas, humo y espantosas detonaciones.19 (Fig. 11)

El carácter justiciero de los perros, motivo que aparece en éste y otros pliegos; uno de ellos, el de Norberta, quien “vio salir dos enormes perros prietos que haciendo un espantoso ruido con las mandíbulas se arrojaron sobre la desgraciada Norberta dándole furiosas mordidas y arrastrándola hasta la barranca donde vino a morir cinco días después”. El asunto proviene de una larga tradición que se ha reflejado en diversas obras de la literatura universal. Las creencias en torno al carácter maligno, o a las transfiguraciones del diablo en caninos eran bastante frecuentes en diferentes exempla medievales;20 uno de ellos, catalogado en el Index exemplorum, narra la historia de un abogado que apreciaba tanto a sus perros que prefería dormir entre ellos. Una noche, sin embargo, su mujer se encuentra con una escena horripilante: su marido muerto y sus perros devorando el cadáver.21 Esta historia es muy semejante a un impreso hispánico del siglo xvi, en el que se da cuenta del “caso admirable y espantoso” en el que unos “demonios llebaron un mal christiano en hueso | y en carne, el qual hera abogado en leyes”.22

No acaban aquí las historias de perros justicieros, podemos comparar esta historia con otra publicada en un pliego de cordel español, del siglo xvii, en donde el protagonista también prefería los perros sobre las personas. El impreso relataba el

admirable svcesso, el qval trata cómo, en la villa de Eruena, vn rico hombre de mala vida tenía en su casa y heredades grandes y ferozes mastines con intención que no se atreuiesse a llegar ningún pobre a su puerta; y se alabaua que aquellos le ahorrauan cada vn año quarenta fanegas de trigo. Dase cuenta de muchos malos pensamientos que este mal hombre tenía para con Dios y su próximo. Asimismo, vn milagro del santíssimo Sacramento y de cómo, por no pretender emienda, le castigó la justicia diuina y los propios perros le despedaçaron. (Publicado en 1638, Sevilla: Iuan Gomez de Blas. BNM R/ 12176 (12).

Un impreso del siglo xviii maneja las mismas causas y consecuencias, pues se trata de “un Cavallero logrero y avariento, el qual vivió cinquenta años en tan mal estado, sin confessar sus culpas ni dar una limosna, por cuya causa le embió Dios un Angel en trage de Sacerdote, predicándole y anunciándole su muerte, y por no averse querido enmendar le llevaron los Demonios en cuerpo y alma” (pliego 1). Siglos después, en México, encontramos un relato asombrosamente similar a los anteriores. Ambos nos hablan de las actitudes déspotas de los poderosos, que en el caso posterior, era el dueño de una hacienda que pierde todos sus bienes por tener una conducta prepotente, soberbia e incluso herética, rasgos, todos ellos, compartidos con el protagonista del pliego del xvii. En el impreso mexicano se asegura que el suceso es “ejemplar y ciertísimo”, “que pasó en una hacienda cercana a esta capital, ¡Patente castigo de Dios a un propietario que se burló de la Santa Iglesia”,23 y que por lo tanto es condenado a la miseria.

Otro castigo que vale la pena citar por sus paralelismos con impresos de otros siglos es el que se muestra en un documento citado al principio: “¡¡Horrible y espantosísimo acontecimiento!! Un hijo infame que envenena a sus padres y a una criada en Pachuca. Terrible tempestad que se desarroya [sic] el día 8 del mes pasado”.24 En este caso, el asesino logra burlar la justicia y escapa con un amigo. Sin embargo, a ambos los sorprende una tormenta:

Los rayos y centellas cruzaban en todas direcciones [describe el impreso mexicano] y entonces Juan, el amigo aquel, cayó de rodillas pidiendo misericordia a la Santísima Virgen y a todos los santos del cielo. Logró el auxilio divino y salió ileso de aquella nutrida tempestad y horrísonos huracanes. No así el desgraciado Ramón, pues quedó hecho pedazos completamente por los rayos y condenado al fuego eterno. Aquella alma criminal fue arrastrada por mil demonios, conduciéndolo con increíble velocidad por los aires.25

Este castigo es muy similar a otros que se suelen encontrar en las colecciones de exempla. Un exemplum recuperado en el siglo xvi en una miscelánea renacentista relata:

Que habrá diez y siete o diez y ocho años que acaeció cerca de un pueblo que se llama Benavides, y fue que, viniendo dos hombres juntos por el campo, en un día que hacía tempestuoso de muy grandes vientos, se levantó un torbellino tan grande y tan recio, que puso muy grande espanto a muchos que lo estaban mirando; y estos dos hombres, queriendo huir de que el torbellino, que venía hacia ellos, no les tomase, comenzaron a darse muy grande prisa, aunque no pudieron tanto que la ligereza que traía no les cogiese en medio de sí; y con temor que no les levantase en el aire, se dejaron tender en el suelo, donde el torbellino anduvo un gran rato de tiempo encima de ello; y después, pasando adelante, uno de los que estaban tendidos se levantó tan fatigado y atormentado, que apenas se podía tener en sus pies, y se vino derecho adonde estaban los que miraban, los cuales, viendo que el otro no hacía muestra de levantarse ni se meneaba, fueron a ver lo que era, y halláronle que estaba muerto, con señales dignas de muy grande admiración, porque tenía los huesos todos tan molidos, que tan fácil cosa era doblar las canillas de los brazos y las piernas una parte como para otra, que todo el cuerpo parecía hecho de masa, y demás de esto, no tenía lengua, que de raíz le había sido arrancada, y aunque la buscaron, no pareció. Algunos juicios hubo sobre estos acaecimientos, y, en fin, todos vinieron en decir que este hombre juraba y blasfemaba muchas veces, y que por esta causa Dios le había sido servido de permitir que muriese antes que más le ofendiese con las blasfemias de la lengua, en la cual quiso que se mostrase la señal, pues se arrancó y no pudo ser hallada.26

Así, la muerte del pecador contrasta con la salvación de su acompañante, que mantiene una conducta religiosa. La divinidad, en este sentido, muestra su justicia en el caso de quien peca y no se arrepiente, y sobre todo su benevolencia para quienes siguen sus normas.

Las historias de los pecadores llevados en cuerpo y alma por los demonios resultan terribles para los creyentes porque implican la negación absoluta del Paraíso, aun después del Juicio Final; por lo mismo, el motivo se repite a lo largo de los siglos en diferentes géneros literarios, y es muy frecuente en la literatura ejemplar. Lo encontramos, por supuesto, también en los impresos del xix en, por ejemplo, una “Muy interesante noticia. De los cuatro asesinatos por el desgraciado Antonio Sánchez en el pueblo de San José Iturbide, Edo. De Guanajuato, quien después del horrible crimen se comió los restos de su propio hijo”; se relata que, después de ser condenado a muerte y su cuerpo expuesto “a público oprobio y como escarmiento para los criminales”, Antonio sufre el castigo más terrible, pues

a las tres horas de colgado el cadáver se observó que un rumor sordo se elevaba del seno de la tierra, llamando a espanto y pavor a los habitantes de aquel lugar: repentinamente cayó una terrible tempestad con un verdadero aguacero de rayos que en un instante desmenuzaron aquel cuerpo del que no quedó ni la más pequeña parte.27

Aunque en este caso el cuerpo no es secuestrado, se le es negada la “santa” sepultura. Otro caso de secuestro del cuerpo y alma del pecador lo encontramos en una hoja suelta titulada: “Asombroso suceso. Acaecido en San Miguel del Mezquital. ¡Espantoso huracán! ¡Horrible asesinato! Una vil hija le quita la existencia a sus padres ¡Justo y ejemplar castigo del cielo!”.

La historia cuenta el caso de Rafaela Pérez, a quien “sedujo el demonio infundiéndole en su cabeza un fatal odio a sus padres”. Luego de una poco menos que tremendista descripción del asesinato de la madre, el pliego narra que Rafaela estaba a punto de escapar cuando es interceptada por un demonio, quien en figura de su amante le aconseja volver a matar a su padre. Antes de morir, el progenitor exclama: “¡Permita Dios que te trague la tierra!”. La maldición se cumple “en efecto”, pues “al salir a la calle ya disfrazada con traje de hombre, a los pocos pasos que da se le abre la tierra y le traga medio cuerpo, con gran asombro de las gentes que pasaban. Inmediatamente ocurrió la autoridad y el sr. Cura a conjurarla. Al día siguiente se la acabó de tragar la tierra”,28 nos informa el impreso. Aquí me gustaría recordar una vez más el pliego del Alarbe de Marsella, en donde podemos reconocer elementos y frases que se suelen repetir constantemente en estas historias. Así, la maldición a causa del comportamiento del hijo da lugar a la consecuencia, y la estructura del relato es casi la misma a partir de la fórmula dicha, esta vez, por la madre:

-- Permitid, Señor Divino,

por vuestro poder inmenso,

que una forma espantosa

vea yo a este alarbe fiero;

sin que se pueda mover,

porque sirva de escarmiento

a todos quantos le vean.

[…] Esto dixo y de repente

se transformó tan horrendo,

plantado en medio la sala,

formado todo su cuerpo

de una espantosa culebra,

todo cubierto de pelo

A la muerte de la protagonista del “Asombroso suceso”, le sigue una catástrofe climatológica: “Como castigo de espantoso atentado, el día 10 del mismo mes se desplomó una manga de agua; se ahogaron muchas familias, se perdió el ganado y los frutos del campo. Esto pasó en Huamuxtitlán, San Miguel del Mezquital y Tlaquiltepec”. El impreso destaca esta última parte y confirma que se trata de un castigo divino en los versos que siguen a la narración en prosa (Fig. 12).

Como había mencionado antes, no son tan frecuentes los castigos colectivos en la imprenta de Vanegas Arroyo, en cambio sí, eran una constante en la literatura popular hispánica desde el siglo xvii, pues confirmaban uno de los preceptos de la Contrarreforma: el individuo es también responsable por sus vecinos. Si uno de los miembros de la comunidad peca, el resto de la población sufre las consecuencias; los versos citados arriba confirman esta creencia. Lo ocurrido en las tres poblaciones, además, refuerza la “veracidad” de la historia, pues el castigo se considera extraordinario y, por tanto, su explicación se percibe como la consecuencia de una acción tan terrible como el parricidio.

Para finalizar, cabe recordar otro relato publicado también por la editorial mexicana, que es similar a los anteriores. Se trata de un hombre que es atrapado por una serpiente y es enterrado frente a los ojos de sus vecinos. La hoja lleva el título de “Terrible ejemplo. Acaecido en la población de Tetela del Oro, a Baltasar Gutiérrez por blasfemo y suicida, cuyo acontecimiento se verificó el día último del pasado mes y del año actual”.29

El documento cumple con todas la condiciones de los exempla: aporta datos concretos del lugar y de su protagonista: hijo de José Gutiérrez y Braulia Espinosa. La fecha se nos señala desde el título. La historia cuenta que Baltasar es un muchacho que había recibido educación católica. En un momento, sin embargo, comienza a hacer amistad con “compañeros que educados a la moderna hacían gala de su impiedad y se burlaban de Baltasar llamándole mocho, fanático y otras mil cosas”. Es así como inicia la causa que llevará al castigo: “Hacía alarde de ser descreído, mofándose con el más atroz cinismo de todos los dogmas de la religión, de los señores sacerdotes y aún de Dios mismo y de la Stma Virgen. No tenía en los labios sino los más horribles juramentos y las más atroces blasfemias”. Sin embargo, no es hasta que pretende suicidarse que ocurre el hecho extraordinario, la consecuencia:

Al efecto se armó de un cuchillo y saliendo fuera de la población soltó la más espantosa blasfemia y se dio una puñalada en el pecho; pero el cuchillo no entró en su carne y en ese momento se desató una tempestad horrorosa y un rayo que salió entre las nubes cayó junto a Baltasar y convirtiéndose en una asquerosa y enorme culebra se arrojó al cuerpo del blasfemo, al mismo tiempo que con un trueno formidable se abría la tierra y enormes llamas salían de aquel antro envolviendo al impío que lanzaba horrorosos alaridos, con medio cuerpo sumido en la tierra.

Ocho días después, ocurre la testificación del hecho:

Algunas personas al pasar por allí lo vieron y dieron parte al Sr. Cura el cual acudió con todo lo necesario para conjurar aquella alma infernal y llegados al sitio procedió al conjuro y aún no acababa este, se oyó un trueno espantoso, la tierra tembló y envuelto en llamas y con la infernal culebra enredada al cuerpo, desapareció Baltasar, dando gritos horribles.

Como habíamos mencionado antes, la desaparición del cuerpo se da en medio de una imagen infernal llena de tópicos y motivos comunes en estos casos. Entre ellos, cabe resaltar la recurrencia del tópico del trueno, que suele anteceder al hecho extraordinario, y sin duda también debió de ser un efecto que provocaba reacciones de alerta en el receptor de las historias. Esto se repite en algunos pliegos hispánicos, en “El Alarbe de Marsella”, por ejemplo, cuando un grupo de sacerdotes acude a conjurar el lugar, que en ese momento da

Un estallido tan recio

Que pareció se caían

Los astros del firmamento,

Desapareció, dexando

Un olor tan violento

De azufre por la ciudad

Que duró por mucho tiempo.

“El Alarbe”, al igual que nuestro protagonista, es rodeado por una “espantosa culebra”. La intervención de una serpiente vengadora no es incidental, se presenta con frecuencia en casos de blasfemias, herejías y maldiciones, podría hacerse un paralelismo con la escena del infierno de Dante en la cual una serpiente se une a un blasfemo hasta que entre ambos no hay ninguna diferencia (“Infierno”, canto xxv, pp. 226-227). El del reptil vengador es un motivo proveniente de los textos religiosos y fue muy frecuente en las relaciones de sucesos; para muestra, recordemos un caso similar a los nuestros, pero del siglo xvi, en donde un hombre es atacado por “vna sierpe [que] le hallaron / al pescueço; y lo miraron / como ahogarlo quería. / Tenía esta fiera serpiente / de fuego vn ardiente cerro; /era negra ciertamente, / con diez cuernos en la frente / la cola como de perro.30

Reflexiones finales

Cabe insistir, antes de cerrar este capítulo, que en realidad los exempla se nutren de historias y tradiciones diferentes, de géneros, como las leyendas, romances, cuentos, etcétera. Respecto a las leyendas, también requieren ser creídas, buscan provocar un impacto, necesitan ser verosímiles para ser funcionales. Y es un hecho que las historias de castigos sobrenaturales se han mantenido por el circuito de la oralidad, sobre todo en este género, en gran medida porque parecen necesarias como advertencia, pero también en un contexto en el que la justicia terrenal parece insuficiente ante trasgresiones que no siempre reciben un castigo adecuado de acuerdo con las normas morales, religiosas e incluso sociales que se establecen en cada población en diferentes épocas.

Los impresos del xix y aun del xx mantienen la prerrogativa de que el castigo divino puede dar satisfacción a las víctimas en los casos no resueltos, como ocurre en el caso de un filicida que no es atrapado; el narrador asegura que esta falla no tiene importancia porque en el Más Allá se dará la respuesta necesaria: “Hay crímenes, como este, que quedan impunes para la Justicia del mundo, pero para la Divina, jamás, [dice] pues castiga severamente a esta clase de criminales, fieras humanas, que nunca debieron existir”.31 Los esquemas de la imprenta, por tanto, no han dejado de lado las premisas del exempla, que, entre otras cosas, podrían funcionar como medio de catarsis para una población que de otra manera podría reaccionar con frustración cuando no con violencia ante la impunidad y la injusticia.

Volviendo a los objetivos iniciales, La imprenta fue un medio económico para el entretenimiento y el “aprendizaje”. Cabe decir que el público tuvo mucho que ver en la selección de temas de estos impresos que, desde finales del siglo xvii, se abocaron a la reproducción de las historias que fueran populares, entre ellas las historias de milagros, prodigios y castigos.

A través de estas pretendidas noticias, también podemos apreciar la supervivencia de creencias y de supersticiones, la vigencia de temas y motivos, y sobre todo las preocupaciones de cada momento, como las consecuencias de dar una educación deficiente a los hijos o de entregarse a determinados vicios. Aquí cabe comentar que la imprenta española pone poco o nulo énfasis en los problemas que provoca el vicio de la embriaguez mientras que ésta es una constante en la literatura popular de México; en cambio, en los impresos peninsulares se mantiene a lo largo de los siglos la preocupación en torno a la blasfemia y la malediciencia, rasgo que aparece poco en México. Este tipo de detalles nos habla de los problemas que preocupan con más insistencia en una y otra latitud. Queda claro, hasta aquí, que la sociedad mexicana de los siglos xix y xx sigue siendo conservadora y católica, y por lo mismo una parte de la población también debió de ser una receptora abierta para las más terribles y ejemplares historias publicadas por la imprenta de Vanegas Arroyo.

Referencias

Castro Pérez, Verónica Briseida, “De crímenes, demonios y literatura: la hoja volante en el México de entre siglos”, tesis para optar por el título de licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, unam.

Castro Pérez, Briseida, Rafael González Bolívar y Mariana Masera, “La imprenta Vanegas Arroyo, perfil de un archivo familiar camino a la digitalización y el acceso público: cuadernillos, hojas volantes y libros”, Revista de Literaturas Populares, vol. xiii, núm. 2, 2013, pp. 491-503. Disponible en http://www.rlp.culturaspopulares.org/textos/25/15.castro.pdf

Cátedra, Pedro M., Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa (siglo xvi), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002.

Gala Pellicer, Susana, “El agüero en la obra narrativa de Diego de San Pedro”, Revista de poética medieval, núm. 16, 2006, pp. 123-146.

Galiano, Isabel, “Un ejemplo de confluencia entre la poesía de cordel y el relato tradicional. Las relaciones de sucesos en España (1500-1750)”, en María Cruz García de Enterría et al. (eds.), Actas del primer coloquio internacional (Alcalá de Henares, 8, 9 y 10 de junio de 1995), Alcalá, Universidad de Alcalá / Publicaciones de la Sorborne, 1996, pp. 157-165.

García de Enterría, María Cruz, Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973.

García de Enterría, María Cruz, “Retórica menor”, Studi Ispanici, vol. iii, 1987/88, pp. 271-291.

García de Enterría, María Cruz, “Trasgresión y marginalidad en la literatura de cordel”, en Javier Huerta Calvo (ed.), Formas carnavalescas en el arte y la literatura, Barcelona, Serbal, 1989, pp. 119-152.

Haro Cortés, Marta, “La ejemplaridad de lo maravilloso en la cuentística homilética castellana medieval”, en Nicasio Salvador Miguel, Santiago López-Ríos y Esther Borrego Gutiérrez (eds.), Fantasía y literatura en la Edad Media y los Siglos de Oro, Madrid, Universidad de Navarra / Iberoamericana-Vervuert, 2004, pp. 197-215.

Pliegos poéticos del s. xvi de la Biblioteca de Cataluña, intr. José Manuel Blecua, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1976.

Speckman Guerra, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México / Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.

Speckman Guerra, Elisa, “Cuadernillos, pliegos y hojas sueltas en la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo”, en Belén Clark y Elisa Speckman (eds.), La república de las letras. Publicaciones periódicas y otros impresos (ii), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 391-414.

Torquemada, Antonio de, Jardín de flores curiosas [1570], ed. Giovanni Allegra, Madrid, Castalia, Clásicos Castalia, 420, 1982.

Tubach, Frederic C., Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales, FF Communications, 204, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica, 1981.

Pliegos

Pliego 1. “Romance nuevo en que se declara el exemplar castigo que Dios nuestro Señor ha executado con un Cavallero logrero y avariento, el quel vivió cinquenta años en tan malestado sin confessar sus culpas ni dar una limosna, por cuya causa le embió Dios un Angel en trage de Sacerdote, predicándole y anunciándole su muerte, y por no averse querido enmendar le llevaron los Demonios en cuerpo y alma. Sucedió el día 4 de marzo de este año 1757”. Con Licencia en Valencia en la Imprenta de Agustin Laborda, año 1758. https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-11450-H-00006-00003/1 (Item no. T3 in volume 11450.h.6.)

Pliego 2. “El Alarbe de Marsella. Verdadera relación y curioso romance en que se declara el riguroso castigo que executó Dios nuestro Señor con un Cavallero de Marsella, que por aver muerto a su padre y a un hermano suyo, y otras atrocidades, permitió la Magestad de Dios que se transformasse en la forma que verá el curioso Letor en el siguiente romance”. Imprenta calle de Juanelo. Siglo xix. https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-SYN-00006-00077-00009-00015/1 (Item no. 15 in volume Syn.6.77.9.)

Pliego 3. “El Alarbe de Marsella. Ejemplar castigo que ha ejecutado Dios nuestro señor con un caballero de la ciudad de Marsella por haber dado muerte a su padre y a un hermano suyo, y otras varias atrocidades que había practicado”. Imprenta de Ignacio Estivill, calle de la Boria. Siglo xix. https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-11450-F-00026-00014/1 (Item no. T14 in volume 11450.f.26).

Pliego 4. “La doncela [sic] condenada. Nueva Relación en la que se declara el más riguroso castigo que Dios nuestro Señor dio a una infeliz doncella, la cual por inobediente a sus padres fue despedazada por demonios, con lo demás que verá el curioso lector”. Imprenta de D. José María Marés, Corredera Baja de San Pablo, núm. 27. https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-08743-C-00072-00059/1 (Item no. 59 in volume 8743.c.72).

1 Este trabajo fue realizado en el marco del Seminario de “Violencia y criminalidad en los siglos xix y xx”, a cargo de Elisa Speckman, en 2016. Agradezco al proyecto “Los impresos populares mexicanos de la Nueva España al México Independiente (1800-1917): Rescate y edición crítica” (conacyt 239530), del cual es responsable la Dra. Mariana Masera, por permitirme consultar su base de datos. A partir de aquí, se dará a los documentos provenientes de esta base la localización referida por el proyecto, antecediendo en todos los casos el título “Impresos populares”. Cabe señalar que los documentos de esta imprenta están publicados en ‘hojas’ sueltas impresas por los dos lados. Los impresos españoles citados se identificarán como pliegos, es decir, cuadernillos de cuatro a ocho hojas, en cuarta.

2 El Colegio de San Luis

3 Galiano, “Un ejemplo de confluencia...” pp. 158-159.

4 García, “Retórica menor”, pp. 277-278.

5 Si bien esta casa editorial tuvo varias etapas, su mayor auge de producción se dio entre los años 1896 y 1928 (véase al respecto, Castro, González y Masera, “La imprenta Vanegas Arroyo…”, p. 494).

6 Véase Speckman, 2005. “Cuadernillos, pliegos y hojas…”.

7 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. J’’’. B1. Archivo: FV-730-hijoenvenenapadresycriada-f. Para este estudio, mantendré la ortografía original de los documentos; la puntuación, en cambio, se ha modernizado para mejorar la lectura de los documentos.

8 Pliego proveniente de la biblioteca digital de la Universidad de Cambridge, disponible en https://cudl.lib.cam.ac.uk/

9 García, “Trasgresión y marginalidad...”, p. 131.

10 “Impresos populares”. Loc. ‘Sucesos extraordinarios’. Q. Archivo: FV-599-mujerpiedra-v.

11 Haro, “La ejemplaridad...”, p. 197.

12 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. FV-60-asesinatopadresnorbertareyes-f.

13 “Impresos populares”. Loc. ‘Sucesos extraordinarios’. Z. Archivo: FV-1027-espiritumalignomujerbonita-f.

14 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. FV.-60-asesinatopadresnorberta reyes-v.

15 Haro, “La ejemplaridad…”, p. 197.

16 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’, ibid., verso.

17 García, Sociedad y poesía de cordel…, p. 186.

18 “Impresos populares”. Loc. ‘Sucesos extraordinarios’. F. Archivo: FV-140-demoniostrasunebrio-v.

19 “Impresos populares”. Loc. ‘Sucesos extraordinarios’. C. Archivo: FV-133-unalmaquesellevoeldemonio-f.

20 Respecto a este tema y a los perros como augurios de muerte en la literatura medieval, véase Gala, “El agüero…”.

21 Tubach, Index Exemplorum..., 2994.

22 Sigo la edición de Pedro Cátedra, Invención, difusión y recepción…, pp. 377-384.

23 “Impresos populares”. Loc. “Noticias”, O. Archivo: FV-583-castigoapropietario-f-.

24 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. J. Archivo: FV-126-asesinatomariaantonietarogriguez-f4 // [sic?].

25 Id., verso.

26 Torquemada, Jardín de flores curiosas, pp. 259-260.

27 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. A. Archivo: FV-40-asesinatos antonio sanchez-f y v.

28 “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. C1. Archivo: FV-731-huracanhijaasesinapadres-f y v.

29 Archivo inah. Hojas sueltas.

30 Pliegos poéticos del siglo xvi de la Biblioteca de Cataluña, pliego xiii.

31 “El ahorcado en la plaza de Mixcalco. El año de 1864. ¡¡¡Un infame padre que mata a su hijo…!!! ¡¡Desgarradores sufrimientos de una madre!!”, en “Impresos populares”. Loc. ‘Crímenes’. P. Archivo: FV-191-ahorcadopadrematahijo-f.

Noticias sobre criminales
en hojas volanderas
de Vanegas Arroyo (siglos XIX y XX):
imagen del criminal y la justicia

Danira López Torres1

En el campo de la producción y distribución de literatura popular, la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo fue una de las casas editoras más importantes del México de entre siglos que funcionó en dos periodos destacados de la historia del país: la última etapa del porfiriato y la Revolución mexicana. El impresor inició en 1880 un negocio de encuadernación, para después ampliar sus tareas con la redacción, recopilación e impresión de textos, apoyado por un equipo de grabadores o litógrafos, escritores, impresores y distribuidores. Como señala Helia Bonilla, Vanegas Arroyo logró recoger “la tradición del impreso popular mexicano en sus distintas vertientes, recreando y renovándola, llevándola a un auge que nunca había tenido. Esto ocurrió gracias a la colaboración de[l grabador José Guadalupe] Posada, pero también al talento del impresor”.2

Cuando se habla de literatura popular, se alude a lo que Ramón Menéndez Pidal define como aquella “obra que tiene méritos especiales para agradar a todos en general, para ser repetida mucho y perdurar en el gusto público bastante tiempo […] El pueblo escucha y repite estas poesías sin alterarlas o rehacerlas; tiene conciencia de que son obra ajena, y como ajena hay que respetarla al repetirla”.3 Los impresos literarios que aquí se revisan pertenecen al género de la denominada literatura de cordel, que son manifestaciones “que provienen esencialmente de los centros culturales hegemónicos, y que por ello tienen una presencia significativa en los medios de comunicación derivados de la imprenta: tales como pliegos sueltos, hojas volantes, folletos, cancioneros, etcétera”.4

A pesar de tratarse de materiales impresos, una de las principales particularidades de esta literatura popular es el hecho de que, además de transmitirse de forma escrita, también se difundían de manera oral. Su contenido solía ser relatado o interpretado por copleros, quienes en ferias y mercados los acompañaban de música. Lo anterior se facilitaba por su configuración poética que, como ha observado Díaz Viana, está conformada por una estructura en partes: introducción y despedida formulísticas que exhortan a lectores y oidores a tomar ejemplo, uso de cuartetas octosílabas que facilitan la memorización y la técnica de suspense que dosifica la información para tratar de mantener la atención del público.5

De esta manera, las publicaciones no sólo llegaban a los receptores letrados, sino también a analfabetas, quienes además de escuchar el relato podían observar las imágenes que encabezan estos impresos y sintetizan lo narrado. El grabado —que junto con los encabezados tremendistas presentan la noticia— capta por lo regular lo más relevante o asombroso del suceso, por lo que no sólo sirve de atractivo y facilita su venta, sino que conforma un acompañamiento paratextual que carga de información visual y dota de sentido adicional a lo escrito. En suma, gracias a la transmisión oral y al uso de grabados, los impresos podían llegar a un número de destinatarios mucho más amplio, a quienes les resulta sumamente atractiva la imagen y la interpretación oral de la hoja volandera.

Lo que finalmente importa en esta literatura, como observa Aurelio González, “es que en la manera en que está hecha, independientemente de quien la haga, se sigan una serie de esquemas formularios y convenciones temáticas”, de tal manera que logre uno de los principales fines que persigue: la venta del impreso.6 En este sentido, también es posible encontrar, entre las publicaciones de esta casa editora, temas y formatos que hacen uso de un lenguaje mucho más especializado, proveniente incluso de fuentes eruditas y con frecuencia extranjeras, pues los contenidos obedecían a los gustos e intereses del momento.

Los impresos de Vanegas Arroyo se distribuían y vendían en la propia imprenta, que funcionaba como expendedora, así como en diversos puntos de venta; y de manera particular, como ya se señaló, en las ferias de las distintas localidades y alrededor de los mercados, por lo que su público era muy amplio y de lo más variado.7 Estas publicaciones circulaban tanto en la capital del país como en diversos estados de la república, con un alto número de ventas, como ha señalado Elisa Speckman. La autora refiere que, a principios del siglo xx, en 1901, el editor llegó a publicar un aproximado de 250 000 impresos al año sólo para su venta en el interior de la república, a lo que habría que sumar la producción destinada para la Ciudad de México.8 Como se exhibe en muchas de estas publicaciones, y como ha señalado esta autora, en un primer momento su precio fue de un centavo, para 1913 habían alcanzado los tres centavos, posteriormente los cinco y llegaron a costar hasta veinte centavos.9

Por tanto, eran impresos muy económicos, que se imprimían en papel de poca calidad, dirigidos a un público amplio de los más variados gustos y estratos sociales. Entre éstos se contaban muchos iletrados que se contentaban con observar los grabados y escuchar a los trovadores cantar o recitar las historias, que se llegaban a memorizar y transmitir de manera oral. A partir de este carácter performacional del impreso popular, adquiere importancia la oralidad en la literatura de cordel. Sólo basta imaginar que, hacia fines del siglo xix (1895), la cifra de analfabetismo en el Distrito Federal era del 84 % de la población; y para 1900 y 1910, fechas en las que se publican los impresos que aquí se referirán, el porcentaje no varió significativamente, aunque se registra en casi 78 %.10 Es decir, durante la etapa productiva de esta casa editora, sólo alrededor del 20 % de la población de la capital del país sabía leer y escribir. Por lo anterior, se puede pensar que el público analfabeta era uno de los principales receptores de esta literatura que circulaba básicamente por dos vías: la impresa y la oral. Mientras la primera fijaba el texto que difundía, la segunda abría la posibilidad a la memorización y reproducción oral, así como a su potencial tradicionalización.

Ahora bien, Vanegas Arroyo ofreció impresos de diversos formatos (hoja volante, cuadernillo, librillo, libro) y temas muy variados, entre los que destacan noticias sobre criminales o bandoleros, catástrofes naturales, apariciones milagrosas, corridos y cancioneros, materia religiosa, cartas amorosas, invitaciones, felicitaciones, pastorelas y letanías para las posadas, recetas de cocina, labor de tejido y bordado, colecciones de cuentos, teatro infantil, magia y hechicería, adivinanzas, actos de payasos, juegos, trucos de magia y las conocidas calaveras, entre muchos otros. Esta pluralidad temática contaba con un público muy amplio, de tal suerte que resulta difícil hablar de la prevalencia de una determinada ideología en estas publicaciones, que presentan, más bien, una multiplicidad de ideas y percepciones. En este sentido, cobra relevancia lo observado por Carlos Monsiváis, quien afirma que en estos impresos “la ciudad ‘invisible’ halla un representante flexible y ecléctico, que será, por separado y en conjunto, anticlerical y supersticioso, misógino y devoto de la Virgen, creyente en el diablo y en las infinitas apariciones de la Guadalupana”,11 sin que para el editor y sus colaboradores hubiera, al parecer, contradicción alguna.

Durante este mismo periodo, la imprenta de Vanegas Arroyo no fue la única que se dedicó a la publicación de este tipo de literatura; existían otras casas editoras en estados como Puebla y Guadalajara, aunque de menor importancia por la cantidad y variedad de los impresos que publicaban.12 Incluso en la capital del país funcionó, ya entrado el siglo xx, la imprenta de Eduardo Guerrero, que se convirtió, en buena medida, en la sucesora de Vanegas Arroyo, con especial interés en la publicación de corridos y canciones de actualidad.13

Se trata de materiales literarios de gran riqueza, que permiten asomarse a ideas, valores y representaciones que prevalecían en el México de entre siglos.

En este capítulo, me acercaré a la imagen del criminal y de la justicia que se observa en los impresos de Vanegas Arroyo. Por ello, elegí hojas volanderas de carácter noticioso —impresas por uno o sus dos lados—14 que tratan específicamente sobre criminales. Este formato presenta una estructura más o menos constante: encabezan el impreso título y grabado, sigue un apartado en prosa, por lo general a dos columnas, donde se presentan los hechos, y se cierra al reverso con versos octosílabos, que retoman y reelaboran lo narrado en la prosa, e inmediatamente después se coloca el pie de imprenta, aunque en algunas ocasiones suele aparecer al frente de la hoja, la mayoría de las veces en la parte inferior.

Los hechos criminales se anuncian como acontecimientos de carácter verdadero y de actualidad, indican fecha, lugar, nombres y demás referencias concretas. Sin embargo, en algunos casos, las historias introducen elementos narrativos que claramente ponen en duda el carácter “verdadero” de los relatos y los aproximan a historias más bien novelescas o fantásticas —incluyen acontecimientos extraordinarios y personajes sobrenaturales, principalmente del ámbito celestial o infernal—, que, por lo regular, persiguen un fin ejemplarizante.

Cabe añadir que los impresos seleccionados para este estudio fueron publicados durante la primera década del siglo xx. Sin embargo, la vida productiva de esta casa editora —de acuerdo con los datos registrados en las publicaciones que aún se conservan y como han señalado algunos estudios recientes— abarca dos principales etapas: la que estuvo bajo la dirección del editor de 1896 a 1917 —año en que falleció—; y la testamentaria, hasta 1928.15 Durante este lapso, la casa produjo numerosos impresos, muchos se conservan en el acervo familiar y otros más pueden consultarse en algunas de las bibliotecas públicas del país (Fondo Reservado y Fondo Contemporáneo de la Biblioteca Nacional de México, Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colegio de San Luis). Para la consulta digital de estos materiales, se puede visitar la base de datos en línea “Impresos populares iberoamericanos”,16 a cargo de la investigadora Mariana Masera, de la unam; y la colección Vanegas Arroyo y Posada, de la biblioteca17 de El Colegio de San Luis.18

Antes de pasar al comentario sobre los impresos, habría que señalar que las hojas analizadas en este capítulo relatan historias de asesinos que mantienen algún tipo de relación con sus víctimas, ya sea de consanguineidad (parricidas o filicidas), de compadrazgo, conyugal; o bien, espiritual (sacerdotes, párrocos u otros miembros de la Iglesia). Seleccioné seis hojas aún poco trabajadas a la fecha; cuatro corresponden a asesinos que presentan una relación de consanguineidad con sus víctimas, como la de padres e hijos, aludidos en los mismos impresos como parricidas y filicidas, de los que existen numerosos ejemplos. Una más de las hojas refiere a un criminal que tiene un vínculo religioso con la víctima mediante el sacramento de bautizo y el compadrazgo; y finalmente, una hoja alude a un delincuente que asesina a un representante de la Iglesia. Dentro del primer grupo seleccionado, donde los asesinos tienen una relación consanguínea con sus víctimas, se encuentran dos hojas que presentan una característica peculiar, y es que proporcionan explícitamente la fuente de la que tomaron la información noticiosa: el periódico El Imparcial.

Ahora bien, el objetivo general del presente capítulo es analizar la imagen del criminal y la justicia en estos impresos. Por otra parte, busco responder varias preguntas. En primer lugar, cuáles son las coincidencias o diferencias generales entre la forma en que el impreso popular y el periódico relataban los mismos sucesos criminales. En segundo término, me propongo indagar sobre la función que cumplía el grabado en la hoja volante en comparación con la imagen que en ocasiones acompañaba la nota del diario. Y, por último, buscaré identificar cuál es la idea que predomina en la construcción de la imagen del criminal y de la justicia tanto en el impreso popular como en el periódico.

El Imparcial como fuente
de hojas volantes de Vanegas Arroyo19

Las dos hojas volantes que se comentan a continuación, como antes se señaló, incluyen una referencia explícita sobre la fuente de la cual se retoma la noticia presentada, en este caso, reportajes de nota roja publicados por el diario El Imparcial, en los que se cubren crímenes escandalosos durante el curso de varios días y a veces incluso semanas.

La primera de estas hojas presenta la noticia titulada “¡Crimen nunca antes visto! Tomás Sánchez, barbero que está establecido en Saltillo, deguella á su tierna é indefensa hija de 11 años de edad, declarando dicho individuo haber cometido otro repugnante crímen en la persona de la referida niña” (1902).20 Se relata lo sucedido a Tomás Sánchez —padre de María, de once años de edad—, quien sale de su casa la mañana del 16 de abril de 1902, rumbo a misa de cinco, y deja en su domicilio a la hija bajo llave, sola y dormida. Al regresar encuentra a su pequeña degollada, da aviso a la policía e inculpa del asesinato a un conocido criminal, de nombre Juan Sosa. En el curso de las indagaciones e interrogatorios, el padre finalmente confiesa ser el culpable del asesinato y de la previa violación de la niña.

La descripción inicial del padre y asesino —no confeso hasta ese momento de la historia— contenida en la hoja volante es la siguiente: “Don Tomás Sánchez era un individuo bastante timorato, y visto en aquel lugar como un sujeto de intachable conducta por su aparente moralidad y sentimientos profundamente religiosos”. Aunque no se revela aún su culpabilidad, en el curso de la narración se van proporcionando indicios que la sugieren, por ejemplo, al afirmarse que era un sujeto de “aparente moralidad”. Un elemento que llama la atención en esta hoja es que, a pesar de que el título adelanta la mayor parte de la historia, y sobre todo revela la culpabilidad del padre, la información se presenta de manera gradual en el apartado en prosa de la hoja, tal y como se fueron conociendo los hechos en la realidad, ya sea durante el juicio o mediante las noticias aportadas por los periódicos.

A diferencia del diario, que puede publicar día con día las novedades del caso, proporcionando a sus lectores nueva información, la hoja volante, al momento de su publicación, cuenta con una sucesión de acontecimientos y no le es posible ir revelando paso a paso las nuevas pesquisas, sino que debe construir una historia en el impreso —a partir de las particularidades del género de la literatura de cordel antes referidas—, tratando de hilar los acontecimientos prácticamente ya concluidos. El uso de la técnica de suspense en la hoja, característica del género, permite que el lector u oidor del impreso momentáneamente olvide el título y siga de cerca la suerte de los personajes y llegue a crear, por ejemplo, una momentánea empatía con el padre, que en un principio es presentado como un hombre religioso y de intachable conducta. Simultáneamente, en el desarrollo de los acontecimientos presentados en la narración de la hoja, y para reforzar la idea anterior, se coloca a Juan Sosa, “hombre de antecedentes malísimos”, en la cárcel: “Por de pronto fue aprendido [sic] el presunto criminal”. Estas referencias del principal inculpado por el padre, junto con las pesquisas de la policía, colocan al sospechoso en la cárcel y casi es declarado culpable, como refiere el impreso:

Después pasados más días se adquirieron noticias que hacen más horrorosos aún los acontecimientos, pues á pesar de que todas las pesquisas de la autoridad judicial y sus activas diligencias tendían á dejar plenamente convicto y confeso al referido Juan Sosa, contra quien había muchísimas y fundadas presunciones; el padre de la víctima degollada se presentó expontaneamente [Grafía original].

El padre confiesa entonces su culpabilidad no sólo del asesinato, sino también de la violación. Llama la atención que, incluso después de estas revelaciones, todavía El Imparcial pone en duda la culpabilidad de Tomás Sánchez, argumentando que podía tratarse de un posible trastorno psicológico por el impacto de la muerte de su hija. El diario mantiene esta postura hasta que los médicos declaran al padre en pleno uso de sus facultades mentales, y entonces se afirma en el encabezado: “El parricida Sánchez no está loco”,21 refiriendo hasta entonces directamente como un asesino al padre.22 Lo anterior cobra sentido ya que, durante las primeras notas publicadas en el diario sobre el caso, se había presentado al padre como la víctima, cuya hija había sido asesinada, y no es hasta que éste confiesa su crimen cuando su imagen se invierte y transforma en victimario. Lectores y redactores del diario viven prácticamente paso a paso los derroteros del caso, a diferencia de los lectores y oidores de la hoja volante, que conocen la historia completa de una sola vez. En este último caso, se deja casi siempre abierta la resolución del crimen porque al momento de su impresión aún no se conoce el veredicto, como ocurría con frecuencia y según se observa al final de la narración en prosa de la hoja:

Si realmente fueron ciertas estas declaraciones es de suponer que el inculpado Juan Sosa haya sido puesto desde luego en libertad, para después castigar como se debe al padre de la víctima, Juan Sanchez, quien resulta con tres crímenes á la vez: primero abusar de su hija, segundo degollarla y tercero inculpar á Sosa de la muerte de la niña. En caso de ser verdaderos estos espantosos sucesos, la Justicia aplicará la pena condigna al criminal en cuestión [Grafía original].

Este tipo de comentarios sobre la resolución que adoptará la justicia aparecen, por lo regular, al cierre de la narración en prosa, o bien, al final de los versos de la hoja volante, y apelan con cierta confianza a lo que se espera de las autoridades: la aplicación de la pena correspondiente según la ley. Este cierre aparece con regularidad en las hojas, pues comúnmente se publicaban las noticias sin esperar a que el juicio concluyera; de tal suerte que algunas veces se señala: “La Justicia aplicará la pena condigna”; o bien: “La Justicia se aplicará […], según es de esperarse, todo el rigor de la ley como es debido en semejante cosa”; otra más: “Es casi probable que los jueces impongan la última pena al asesino”. Esto es, las hojas manifiestan lo que se espera resuelva la justicia humana. Sin embargo, también se deja ver, sobre todo en los apartados líricos, que si esta última llega a errar al juzgar al criminal y éste queda libre —ya sea a causa de malos abogados defensores o de apelaciones—, el juicio divino lo alcanzará:

Así, padres, muy presente

tened siempre lo que digo,

y nunca deis rienda suelta

a vuestros malos instintos.

Mirad que no solo aquí

en este mundo los jueces

castigan al criminal,

como pensaréis á veces.

En la otra vida es aun más

y allí no habrá defensores,

pues la Justicia del cielo

es pareja con los hombres.

Allí no habrá apelaciones

porque “el que la hace la paga”

sin que la astucia y talento

para salvarse nos valga [Grafía original].

Por otra parte, resulta por lo menos curioso que, ante las declaraciones del padre, que acepta su culpabilidad, tanto la hoja volante como el diario alteren los datos de los involucrados: en la hoja, como se observa en la cita anterior, el padre ya no es Tomás Sánchez, sino Juan Sánchez, una mezcla del nombre del conocido criminal y primer inculpado con el apellido del padre y verdadero asesino. En la última nota publicada por el diario El Imparcial sobre este crimen, a la hija ya no se le nombra María Sánchez, sino Victoria; y ya no tiene once, sino dieciocho años.23 Aunque podría tratarse de descuidos en el manejo de los datos por parte de ambas publicaciones, como solía ocurrir, el tipo de errores hace pensar más bien en cierto pudor por parte de los editores, al tratarse de una violación y asesinato cometido por un padre —en apariencia buen hombre y de costumbres religiosas— hacia su pequeña hija. Más importante que exponer públicamente al criminal era, al parecer, no ventilar clara y abiertamente el comportamiento impúdico y delictivo de este padre de familia —aparentemente religioso y de intachable conducta—, aunque se trate en este caso de un filicida que logra engañar parcialmente a la justicia con su apariencia de buen hombre.

Es importante subrayar, además, que en este impreso es posible observar la influencia de la escuela positivista y del peso de las ideas deterministas de la antropología y sociología criminal. En general: “una ‘deformidad espiritual’ se relacionó con ‘deformidad física’, es decir, se partía de que la imagen exterior debía reflejar la condición del alma. Así, la fisonomía del criminal debía distinguirse por su fealdad”.24 Sin embargo, como afirma Elisa Speckman, si bien esta idea funcionaba en este sentido, igual sucedía al inverso: “Si cierto aspecto físico generaba sospecha, cierto aspecto físico generaba confianza”.25 Como ocurre en estos casos, el de Juan Sosa, “hombre de antecedentes malísimos”, y Tomás Sánchez, “sujeto de intachable conducta por su aparente moralidad y sentimientos profundamente religiosos”. Los antecedentes tenían mucho peso, lo cual también era congruente con una visión determinista. El primero es casi declarado culpable tras las pesquisas que tendían a dejarlo “plenamente convicto y confeso”, pues existían en su contra “muchísimas y fundadas presunciones”; mientras el segundo, quien era el verdadero asesino y violador, hubiera sido exonerado de no ser por su propia declaración y confesión del crimen. Así, los antecedentes y la imagen que públicamente proyectaban estos dos hombres influyó, al parecer, en las primeras determinaciones de los funcionarios judiciales.

La segunda hoja volante que retoma una noticia publicada en el diario El Imparcial, se titula: “¡Horripilantísimo Suceso! Una madre que descuartiza á su hijo recién nacido en dieciocho pedazos, el Martes 15 de Agosto de 1905”.26 La misma idea antes señalada, respecto a la apariencia física y la idea del criminal, se observa en la nota del diario que sirve de fuente a esta hoja y que registra la siguiente reflexión:

María Dolores Lugo la madre criminal cuyos instintos depravados horrorizan, es una muchacha de diez y nueve años, originaria de Tula Hidalgo, y amante de Narciso Perea. Mentira parece que una mujer, en la primavera de la vida y habiendo sido educada siempre al lado de una tía honrada é intransigente con los despropósitos morales, haya sido capaz de cometer tales actos de depravación. Si el rostro es el retrato del alma, María Dolores debería ser buena y honrada, pues tiene un rostro agraciadísimo, en el que siempre está retratada la bondad y la inocencia.27

De nuevo la apariencia física de la filicida no concuerda con la tipología del criminal que prevalecía en el imaginario de los redactores, y seguramente de los lectores del diario, ya que un rostro bello debía ser un retrato fiel de un alma buena y honrada. La hoja, por su parte, señala en el apartado en prosa:

María Dolores Lugo se llamaba la filicida en cuestión, joven bellísima de diez y nueve años, originaria de Tula (Estado de Hidalgo) y amante de Don Narciso Perea. Esta muchacha fué criada con una tía muy buena y su educación católica romana muy edificante y escrupulosa por cierto. Desmentido quedó aquí, aquello de que el rostro es el espejo del alma, porque la citada joven manifiesta bondad e inocencia […].

Tanto el diario como la hoja retoman la misma idea y marcan la incongruencia entre la belleza física de la joven con respecto a la maldad y crueldad con que Lugo asesinó y descuartizó a su hijo recién nacido para tratar de poner a salvo su honor. Julio Caro Baroja, uno de los principales estudiosos de la literatura de cordel, ha observado que el público de este tipo de impresos manifiesta un gran interés por las pasiones humanas, y señala que “los grandes pecados con manifestaciones múltiples [en la literatura de cordel] son la lujuria, la soberbia y la ira”,28 como se observará en la mayoría de las hojas volantes que aquí se comentan.

En este caso, María Dolores Lugo es presentada en la hoja como una “madre desnaturalizada”, quienes resultan ser “peores mil veces que las fieras”, y se marca incluso su desliz amoroso vinculado al pecado de la lujuria, al mencionar en sus antecedentes y presentación el ser “amante de Narciso Perea”. La buena educación que la tía proporciona y que se menciona en sus referencias no corresponde con su comportamiento criminal, por lo que adquiere mayor peso la vida licenciosa y pecadora de la Lugo, que sí explicaría su crimen, según las ideas de la época que es posible vislumbrar en esta literatura y que muchas veces coinciden con un determinismo ya antes referido.

Filicidas, parricidas y otros criminales sacrílegos

Las cuatro hojas noticiosas restantes no explicitan su fuente. Sin embargo, ésta ha podido rastrearse para el caso de la hoja titulada “¡Crimen nunca visto! Un hombre que atormenta y mata á la autora de sus días en una de las casas de las calles del Canadá de la Colonia de Santa Julia” (1907).29 Algunos de los diarios de la época que dieron seguimiento a este crimen son El Imparcial, El Contemporáneo, La Iberia y El Popular, durante los días 11, 12 y 13 de enero de 1907, aunque fue El Imparcial el que más espacio otorgó a la nota. En esta hoja volante también se observa la visión determinista de cierta tipología del criminal. En la descripción del asesino, Téofilo Rivera, se le refiere como un hombre vicioso, afecto al alcohol, que acostumbra golpear a su madre cada vez que llega borracho a su casa hasta que un día termina asesinándola a garrotazos. A diferencia de la hoja anterior, donde se señalaba la buena educación que recibió María Dolores Lugo (católica y escrupulosa), en este otro caso se destacan los antecedentes negativos del criminal vinculados a su alcoholismo y a su carácter agresivo. En la hoja anterior se muestra, de alguna manera, que una buena educación e incluso un rostro bellísimo no son garantía de un alma buena, sino que igualmente pueden corresponder a las cualidades de un criminal; en ésta otra, se apoya precisamente la idea de cierto determinismo, marcado por el alcoholismo, en la vida de Teófilo Rivera. Lo interesante de este impreso es la reflexión que añade al final del apartado en prosa, en el que se observa una fuerte influencia de las ideas deterministas de la sociología criminal de la época:

Realmente parece que la Colonia de Santa Julia está predestinada para que en ella se cometan grandísimos y horrorosos delitos algún tiempo hace que allí tuvo lugar aquel ruidosísimo y sensacional hecho por Andrade luego fue [Jesús] Negrete [El tigre de Santa Julia], cuyo delito fué también monstruoso, pero no tanto como el presente de Téofilo Rivera ¿De que dependerá que en susodicha Colonia se perpetren tan deformes delitos? ¿Será la temperatura la situación de aquellos sitios? ¿Será que los que habitan allí no les llega la influencia moral como debía ser? Nada puede afirmarse respecto á los motivos pues se ignoran completamente. Lo cierto del caso es que según dijimos la Colonia de Santa Julia parece marcada por la criminalidad. Uno de los motivos que hizo á Téofilo hacer efectivo su mostruosísimo y detestable delito fue el vicio de la embriaguez, pues aunque ya eran parece naturales sus malísimos y feroces instintos, con la excitación del licor adquirió temeridad y arrojo infernal para quitar la vida á la que se la dio […] [Grafía original].

Estas reflexiones del redactor o editor de la hoja volante expresan algunas de las ideas o visiones de la época, propuestas por la sociología criminal, que afirmaba que este tipo de factores geográficos, sociales, culturales, ambientales y atmosféricos influían en la posible identidad criminal del individuo. El narrador elabora incluso un recuento de los casos criminales que se han presentado en la colonia Santa Julia —donde cada uno supera al anterior— para fundamentar y fortalecer su afirmación: “Lo cierto del caso es que según dijimos la Colonia de Santa Julia parece marcada por la criminalidad”, aunque se advierte que se ignoran los motivos y sólo se especula en relación con las posibles causas que detonan este hecho, con base en la temperatura o la falta de moral, y que en este caso tiene como origen el alcoholismo.

La descripción con la que cierra el apartado en prosa de la hoja refiere: “Para consumar el aborrecible crimen que narramos, se necesita ser un degenerado peor que fiera”, una descripción muy similar a la de María Dolores Lugo, quien se describe como “madre desnaturalizada”, “peores mil veces que las fieras”. En cuanto al castigo recibido por Teófilo Rivera, la hoja señala —como se vio en los impresos anteriores— una plena confianza en que se aplicará el castigo que prevé la ley: “Pronto quedará dictado el acto de formal prisión y el reo será sentenciado. Es casi probable que los jueces impongan la última pena al asesino parricida”.

Ideas y visiones similares se reflejan en la hoja volante titulada “Muy interesante noticia. De los cuatro asesinatos por el desgraciado Antonio Sánchez en el pueblo de San José Iturbide, Edo. de Guanajuato, quien después del horrible crimen se comió los restos de su propio hijo” (1907).30 El impreso narra el asesinato que comete Antonio Sánchez contra sus padres, esposa e hijo, a quien devora. El criminal es descrito como un hombre vicioso en el juego, detallándose con especial esmero su rostro. Otro elemento que se destaca son sus reacciones alteradas que, de acuerdo con las ideas de la época antes comentadas sobre el delincuente, dibujarían al “tipo criminal”, en este caso, en una combinación con algunos de los peores pecados capitales, como ocurre en las hojas antes presentadas:

Su semblante se demudó de un modo horroroso á impulsos de la espantosa ira, arojando [sic] por los inyectados ojos mil rayos de ese fulgor siniestro que engendra el nefando espíritu de la soberbia.

Su ardiente, entrecortado y fatigoso aliento, la terrible palidez de su semblante, la horrible contracción de todos los músculos de la cara decian bien á las claras la inmensa rabia que alimentaba á aquel enegrecido corazón [Grafía original].

Un semblante horroroso, lleno de ira y soberbia, alterado y con los músculos del rostro contraídos parece ser la síntesis que representa la fealdad y, por tanto, la maldad de este individuo. En cuanto a la imagen de la justicia que se aprecia en esta hoja, el castigo aplicado al asesino da una clara idea de la magnitud y la gravedad que se le confiere a sus crímenes:

El cuatro veces asesino fue agarrotado y conducido á la cárcel sentenciándole á morir fusilado á las ocho de la mañana del dia siguiente, colgándose luego su cadáver por un delito tan grande, tan espantoso, como nunca se habia visto en ninguna parte del mundo.

La ejecución se llevo á cabo tal como se habia prevenido; y el cuerpo del ajusticiado fué expuesto á público oprobio y como escarmiento para los criminales [Grafía original].

Una vez aplicada la justicia humana, inmediatamente después, llega la justicia divina:

Hasta allí la justicia humana estaba satisfecha, pero no la justicia divina que quiso manifestar que aún faltaba su castigo.

A las tres horas de colgado el cadáver se observó que un rumor sordo se elevaba del seno de la tierra llenando de espanto y pavor á los habitantes de aquel lugar; repentinamente cayó una terrible tempestad con un verdadero aguacero de rayos que en un instante desmenuzaron aquel cuerpo del que no quedó ni la más pequeña parte [Grafía original].

Los castigos aplicados al asesino se centran sobre todo en su cuerpo: primero es fusilado, luego colgado su cadáver y expuesto al público como advertencia para disuadir a los delincuentes. No contenta con la sanción aplicada por la justicia humana, la divina interviene para enviar también su juicio, que consiste en destrozar y desaparecer el cuerpo del criminal mediante un “aguacero de rayos”. La justicia y castigo divinos se hacen presentes en las hojas volantes noticiosas, por lo regular, cuando interviene un elemento de índole religiosa, como puede ser la súplica que dirige alguno de los personajes en peligro hacia una deidad o santo para que intervenga, la profanación de un elemento sagrado, el ofender o atacar a algún representante religioso, entre otros. Lo anterior pone de manifiesto el enorme valor que se le otorga a los elementos y creencias religiosas, al grado de que el atentar contra éstos amerita las peores condenas en los dos ámbitos: la sentencia a muerte por parte de la justicia humana; la condena eterna en el infierno, por la divina.

Un ejemplo más se observa en la hoja titulada “¡Horrible asesinato! acaecido en la ciudad de Tuxpan el 10 del presente mes y año, por María Antonia Rodríguez, que mató a su compadre por no condescender a las relaciones de ilícita amistad” (1910).31 La descripción que se elabora de esta delincuente empieza por referir que proviene de una familia honrada, de regular educación, y se advierte que está enamorada del compadre. Ésta le declara su amor y él la rechaza por respeto al sagrado sacramento; y entonces ella, enfurecida, lo apuñala hasta matarlo. Inmediatamente llega el castigo de la justicia divina, antes que cualquier otro:

Dios Nuestro Señor, descarga su divina justicia sobre esta desgraciada mujer, haciendo estallar un terrible incendio que en pocos momentos consumió toda la casa. Entre los escombros fue hallado el cádaver del infeliz compadre convertido en cenizas: pero en cuanto a la comadre, no pudo encontrársele por mas investigaciones que se hicieron; asegurando algunas personas que en medio de las llamas vieron a aquella infame mujer y entre las espesas humaredas, salían unos monstruos horribles que lanzaban rugidos espantosos y se desaparecían en el viento [Grafía original].

La intervención de la justicia divina funciona como una especie de restablecimiento del orden trastocado, con la ofensa y sacrilegio cometidos por la criminal, además de fortalecer la función ejemplarizante característica de los impresos populares. Los malos antecedentes que se vislumbran de María Rodríguez, antes de convertirse en criminal, son su falta de respeto hacia los sagrados sacramentos, la lujuria y la ira, que la llevan a cometer el asesinato.

Otro caso de justicia divina similar al anterior lo proporciona la hoja “¡Horrorosa noticia! Robo sacrílego y asesinato del Señor Cura en la Iglesia Parroquial del Pueblo de Zahuaya, cometidos por el impío llamado Celso Flores”.32 Éste es descrito como un hombre falto de moral y de buenos principios, huérfano de padre y de descuidada educación por parte de la madre, quien no le inculcó la religión ni nociones de urbanidad. En general, se trata de un hombre que terminó convertido en ladrón y asesino, y a quien la policía sigue de cerca los pasos, por lo que se abstiene de salir mucho a la calle. Planea robar la parroquia con sus amigos, pero éstos deciden finalmente no acompañarlo. Al perpetrar el robo solo, se le presentan algunos imprevistos que lo delatan, el sacerdote lo encara, y Celso lo apuñala hasta matarlo, mientras el sacristán lo deja encerrado bajo llave para llamar a la policía, que la Divina Providencia coloca no muy lejos de la escena:

¡Lo conducen con los objetos robados y el cadáver del señor Cura al Juzgado inmediato! El señor Juez se impone de ambos crímenes, y dispone sea sentenciado a la pena de muerte, a las veinticuatro horas de consumado el crimen.

El asesino estuvo colgado de un árbol tres días, para estar a la vista de los transeúntes y luego fue llevado al monte, donde se le dio sepultura, porque no era posible ni justo enterrarlo en el panteón.

De nuevo, después de ejecutada la pena de muerte, el criminal es colgado y expuesto públicamente durante varios días y a la postre se le niega la sepultura en tierra sagrada porque “no era justo”, desde una perspectiva religiosa, que quedara enterrado en un lugar sacro cuando asesinó a un representante de la Iglesia. Esto es, los castigos humanos aplicados obedecen, al parecer, tanto a las pautas de la justicia humana como a las de la divina.

Reflexiones finales

El análisis comparativo de una misma noticia criminal en dos diferentes fuentes —la hoja volante y en el periódico— revela aspectos interesantes. Dos hojas volantes —que tienen como fuente un reportaje de nota roja del diario El Imparcial— reflejan un cambio notorio en el uso del lenguaje, que va de un léxico más o menos especializado en el diario a un vocabulario llano en la hoja. A esto se debe añadir la utilización reiterada del recurso de la explicación en la hoja volante, que comúnmente no utiliza el diario. Este último, sin embargo, presenta con frecuencia un amplio uso de vocabulario legal y un detallado recuento de las particularidades del caso judicial. Elementos que la hoja, por lo regular, omite o edita, limitándose a los detalles más destacados o alarmantes, y traduciendo a la vez dicho vocabulario legal a un lenguaje mucho más sencillo.

A diferencia de la hoja, el diario por lo regular no incluye una imagen que acompañe la nota, como sucede en la hoja volante, cuyo grabado constituye, junto con el encabezado, uno de sus principales atractivos de venta que alcanzaba un público amplio de lectores y oidores. Este lenguaje gráfico sintetizaba las pasiones desbordadas en la historia narrada en la hoja, ponía énfasis en la trasgresión y, en consecuencia, en el pecado involucrado en ella, lo que permitía vislumbrar la segura aplicación de un castigo.

Este conjunto de características aporta información en relación con los receptores a los que probablemente iban dirigidos los impresos de carácter noticioso sobre criminales, pues mientras la hoja daba preferencia a la utilización de un lenguaje de fácil comprensión, en demérito de una terminología culta o jerga especializada, y se apoyaba siempre en el grabado que sintetizaba la historia a un público amplio de observadores y analfabetas, el diario prioriza la información detallada del juicio, y la mayoría de las veces no queda espacio para el lenguaje gráfico, al menos en el reportaje de nota roja. El cambio que opera en el vocabulario del impreso popular no ocurre, al parecer, en todos los formatos y temas cubiertos por la imprenta de Vanegas Arroyo, sino que se observa, de manera particular, en el tipo de hoja que presenta noticias sobre criminales como las que aquí se comentan.

Como se pudo observar en la revisión de las seis hojas volanderas, la imagen que se construye del criminal y de la justicia pone de manifiesto las ideas positivistas y deterministas que predominaban en el momento. Entre éstas destacan algunas ideas preconcebidas, tales como “lo feo es malo y lo bello es bueno”, “origen es destino”, “el triunfo del bien sobre el mal”, principalmente. En la mayoría de los impresos expuestos, la caracterización que se elabora de los criminales presenta siempre la identificación de una deficiencia en su formación, ya se trate de una carencia en su educación, el padecimiento de algún vicio como el alcoholismo, el juego, el robo, el ser enamoradizos, entre otros, y dicha tara, al asociarse, en estos casos, con alguno de los pecados capitales —entre los que destacan la soberbia, la ira, la avaricia o la lujuria— desemboca inevitablemente en el crimen. En este sentido, se aprecia un marcado determinismo en estos crímenes, ya que el asesino está predestinado a serlo por razones de una deficiente educación y moralidad, y por algún vicio que lo inclinará a caer en el pecado.

Incluso los redactores parecen tener tan claro estos nexos que, cuando el criminal no encajaba en el estereotipo —es decir, no era alcohólico, ignorante, vicioso, o incluso no presentaba signos visibles de su maldad o amoralidad—, se sentían obligados a reflexionar al respecto ajustando y cambiando muchas veces sus ideas preconcebidas a partir de las evidencias del caso. Esto ocurre, por ejemplo, en las noticias sobre los crímenes cometidos por Tomás Sánchez y María Dolores Lugo, quienes eran personas profundamente religiosas, de buena educación y de agradable apariencia, razón por la cual los redactores de impresos y diarios tardaron en admitir que éstos habían cometido el crimen.

En cuanto a la aplicación de la justicia a estos criminales, es posible apreciar que está fuertemente marcada por elementos de índole religiosa. No se diga en el caso de la agresión o atentado contra algún representante de la Iglesia o contra algún sacramento, como el bautizo, donde la justicia divina llega incluso antes que la humana, pues se trata de un sacrilegio, una agresión directa a lo divino y sagrado. Otro elemento que se observa de manera reiterada tanto en las hojas volantes como en el diario es una alta confianza en la correcta aplicación de la justicia a pesar de que, en el caso de las hojas, la mayoría de las veces no se conoce el veredicto al momento de la publicación de la noticia. En lo general, en estas noticias sobre criminales, publicadas tanto en los impresos populares de Vanegas Arroyo como en los periódicos, se aprecia una fuerte permeabilidad de las ideas y visiones no sólo positivistas y deterministas de la época, sino sobre todo religiosas, para el caso de las hojas volantes, que van a predominar tanto en la configuración del criminal como en la concepción y aplicación de la justicia. En este sentido, la hoja volante cumple más una función de adoctrinamiento religioso y ejemplarizante, mientras que en el reportaje criminal del diario predomina una función meramente informativa, marcada por las ideas de la época, aunque con sus matices y ajustes ante las evidencias contradictorias de los casos presentados.

REFERENCIAS

Hojas volantes

Sin firma, “¡Crimen nunca visto! Un hombre que atormenta y mata á la autora de sus días en una de las casas de las calles del Canadá de la Colonia de Santa Julia” (1907). “Impresos populares iberoamericanos”, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org/ (acceso: 10/03/2017).

Sin firma, “¡Horrible asesinato! acaecido en la ciudad de Tuxpan el 10 del presente mes y año, por María Antonia Rodríguez, que mató a su compadre por no condescender a las relaciones de ilícita amistad” (1910). “Impresos populares iberoamericanos”, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org/ (acceso: 10/03/2017).

Sin firma, “¡Horripilantísimo suceso! Una madre que descuartiza á su hijo recien nacido en dieciocho pedazos, el Martes 13 de Agosto de 1905”. “Impresos populares iberoamericanos”, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org/ (acceso: 10/03/2017).

Sin firma, “¡Horrorosa noticia! Robo sacrílego y asesinato del Señor Cura en la Iglesia Parroquial del Pueblo de Zahuaya, cometidos por el impío llamado Celso Flores” (s.a.). “Impresos populares iberoamericanos”, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org/ (acceso: 10/03/2017).

Sin firma, “Crimen nunca visto! Tomás Sánchez, barbero que está establecido en Saltillo, deguella á su tierna é indefensa hija de 11 años de edad, declarando dicho individuo haber cometido otro repugnante crímen en la persona de la referida niña” (1902). “Impresos populares iberoamericanos”, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org/ (acceso: 10/03/2017).

Sin firma, “Muy interesante noticia. De los cuatro asesinatos por el desgraciado Antonio Sánchez en el pueblo de San José Iturbide, Edo. de Guanajuato, quien después del horrible crimen se comió los restos de su propio hijo” (1907). “Impresos populares iberoamericanos”, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org/ (acceso: 10/03/2017).

Periódicos

Sin firma, “El crimen de una madre. El niño descuartizado en 18 fragmentos. Padre y madre en poder de la autoridad”, El Imparcial. Diario Ilustrado de la Mañana, tomo xix, núm. 3 243, México, 17 de agosto de 1905, p. 1.

Sin firma, “El parricida Sánchez no está loco”, El Imparcial. Diario Ilustrado de la Mañana, tomo xii, núm. 2 049, México, 30 de abril de 1902, p. 1.

Sin firma, “La niña degollada”, El Imparcial. Diario Ilustrado de la Mañana, tomo xii, núm. 2 044, México, 25 de abril de 1902, p. 1.

Sin firma, “La niña destrozada”, El Imparcial. Diario Ilustrado de la Mañana, tomo xix, núm. 3 246, México, 20 de agosto de 1905, p. 3.

Sin firma, “Madre desnaturalizada hace pedazos á su hijo y lo arroja dentro de un caño”, El Imparcial. Diario Ilustrado de la Mañana, tomo xix, núm. 3 241, México, 16 de agosto de 1905, p. 1.

Sin firma, “Una niña degollada. Trágica muerte. Las aguas y las cosechas”, El Imparcial. Diario Ilustrado de la Mañana, tomo xii, núm. 2 038, México, 19 de abril de 1902, p. 1.

Obras publicadas

Bonilla, Helia, “Antonio Vanegas Arroyo debe ser revalorado; ‘el tiempo no le ha hecho justicia’”, La Jornada, 10 de julio de 2013, p. 8.

Caro Baroja, Julio, Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Istmos, 1990.

Castro Pérez, Briseida, Rafael González y Mariana Masera, “La imprenta Vanegas Arroyo, perfil de un archivo familiar, camino a la digitalización y el acceso público: cuadernillos, hojas volantes y libros”, Revista de Literaturas Populares, núm. 2, 2013, pp. 491-503.

Díaz Viana, Luis, Palabras para vender y cantar. Literatura popular en la Castilla de este siglo, Valladolid, Ámbito, 1987.

Dr. Atl, Las artes populares en México, vol. 2, México, Editorial Cvltvra, 1922.

González, Aurelio, “Literatura popular publicada por Vanegas Arroyo. Textos que conservó la memoria” en Rafael Olea (ed.), Literatura mexicana del otro fin de siglo, México, El Colegio de México, 2001, pp. 449- 468.

González Navarro, Moisés, Estadísticas sociales del Porfiriato 1877-1910, México, Secretaría de Economía, Dirección de Estadística, 1956.

Menéndez Pidal, Ramón, Los romances de América, Madrid, Espasa-Calpe, 1932.

Monsiváis, Carlos, Los mil y un velorios. Crónica de la nota roja en México, México, Asociación Nacional del Libro, 2009.

Speckman Guerra, Elisa, “Cuadernillos, pliegos y hojas sueltas de la casa de Antonio Vanegas Arroyo”, en Belem Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra (eds.), La república de las letras. Asomos a la cultura escrita en el México decimonónico. Vol. ii. Publicaciones periódicas y otros impresos, México, unam, 2005, pp. 391-414 (Colección Ida y Regreso al Siglo xix).

Speckman Guerra, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México / Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Estudios Históricos / Instituto de Investigaciones Históricas, 2007.

Speckman Guerra, Elisa, Claudia Agostoni y Pilar Gonzalbo (coords.), Los miedos en la historia, México, El Colegio de México / Centro de Estudios Históricos / Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Históricas, 2009.

ANEXOS

1 El Colegio de San Luis.

2 Bonilla, “Antonio Vanegas…”, p. 8.

3 Menéndez, Los romances de América, p. 73.

4 González, “Literatura popular…”, p. 450.

5 Díaz, Palabras para vender y cantar…”, pp. 35-38.

6 González, “Literatura popular…”, p. 451.

7 Dr. Atl, Las artes populares en México, p. 149.

8 Speckman, “Cuadernillos, pliegos…” , p. 395.

9 Id.

10 González, Estadísticas sociales…, p. 125.

11 Monsiváis, Los mil y un velorios..., p. 21.

12 Dr. Atl, Las artes populares en México, p. 196.

13 Cfr. González, “Literatura popular…”, p. 453. Algunas de las sedes que se han registrado de la imprenta de Eduardo Guerrero son “la calle del Correo Mayor No. 12” (Dr. Atl, loc. cit.) y “Correo Mayor 100” (González, loc. cit.).

14 En relación con el formato de la hoja volante, Castro, González y Masera (“La imprenta Vanegas…”) han observado dos grandes ejes temáticos: el noticioso y el de pasatiempo. En el primero, se distingue la presencia de relaciones de sucesos, noticias de bandoleros y criminales y notas tremendistas; en el segundo, la hoja-juego e irreverencias. Para la descripción de los materiales impresos por esta casa editora, me apoyo sobre todo en la información recopilada y en las primeras publicaciones del equipo de investigadores del proyecto “Impresos populares mexicanos: rescate documental y edición crítica”, dirigido por Mariana Masera, quienes durante los últimos años han desarrollado la minuciosa y ardua tarea de digitalizar el archivo familiar de Vanegas Arroyo y organizar una base de datos que permitirá conocer un panorama de la producción de esta Casa.

15 Castro, González y Masera, “La imprenta Vanegas…”, p. 494.

16 Las hojas volantes comentadas se localizan precisamente en la Base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas, vinculados al proyecto. Disponible en http://ipm.literaturaspopulares.org

17 Dicha colección se puede consultar en el catálogo de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Véase, http://biblio.colsan.edu.mx

18 Otras fuentes donde es posible localizar algunos de los impresos populares de Vanegas Arroyo las constituyen varias de las colecciones de institutos o bibliotecas de universidades extranjeras: Instituto Ibero-Americano de Berlín (http://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/) y Biblioteca de la Universidad de Stanford (https://searchworks.stanford.edu/view/4561410).

19 Algunas reflexiones previas sobre estas dos hojas se registran en el capítulo “El Imparcial, fuente noticiosa de crímenes en hojas volantes de Vanegas Arroyo”, en prensa.

20 La hoja volante referida se localiza en la Base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Véase, http://ipm.literaturaspopulares.org/ Después del encabezado de la hoja se señala: “Datos tomados de los números 2,038 y 2,044 de ‘El Imparcial’ Tomo xii”. En cuanto a las fuentes de otras hojas también ha sido posible localizar algún referente en otros diarios como El Popular, El Tiempo, El Monitor Republicano, El Correo Español, Diario del Hogar, El País, The Mexican Herald, La Voz de México, La Opinión, La Patria, El Foro, La Iberia, El Contemporáneo, entre otros. Las seis hojas volantes que citaré se pueden localizar en la página de Impresos Populares Iberoamericanos antes referida.

21 Sin firma, “El parricida Sánchez no está loco”, p. 1.

22 Sin firma, “La niña degollada”, p. 1.

23 Sin firma, “La niña destrozada”, p. 3.

24 Speckman, Crimen y castigo…, p. 100.

25 Speckman, Agostini y Gonzalbo, Los miedos en la historia, p. 359.

26 La hoja volante referida se localiza en la base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Véase, http://ipm.literaturaspopulares.org/ (todas las citas de esta hoja volante remiten a esta misma referencia).

27 Sin firma, “El crimen de una madre…”, p. 1. Grafía original.

28 Caro, Ensayo sobre la literatura de cordel, p. 527.

29 La hoja volante referida se localiza en la base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Véase, http://ipm.literaturaspopulares.org/ (todas las citas de esta hoja volante remiten a esta misma referencia).

30 La hoja volante referida se localiza en la base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Véase, http://ipm.literaturaspopulares.org/ (todas las citas de esta hoja volante remiten a esta misma referencia).

31 La hoja volante referida se localiza en la base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Véase, http://ipm.literaturaspopulares.org/ (Las citas de esta hoja volante remiten a esta misma referencia).

32 La hoja volante referida se localiza en la base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, Colección Chávez-Cedeño, de Inés Cedeño-Vanegas. Véase, http://ipm.literaturaspopulares.org/ (todas las citas de esta hoja volante remiten a esta misma referencia).

Notas de crímenes en dos periódicos
de la ciudad de San Luis Potosí:
El Contemporáneo y El Estandarte
(1896-1909)

Mohammed Ali Tolentino Avalos1

Los periódicos no solamente permiten conocer las noticias del momento, sino también la visión de la sociedad que poseían sus redactores o sus valores éticos. Para ello resultan importantes las notas criminales.

En este capítulo analizaré notas de crímenes publicadas en dos periódicos de la capital de San Luis Potosí, El Contemporáneo y El Estandarte, entre 1896 y 1909, etapa en que se publicó el primero.

Estas inserciones tienen un carácter diferente que la nota roja, que muchas veces ocupaba las planas principales y que solía extenderse en detalles del crimen, además de contar con imágenes. Me centraré en breves noticias de hechos delictivos, incluidas en las gacetillas. En ocasiones, un mismo hecho merecía varias notas, pero por lo general solamente se dedicaba una inserción y no se les daba un seguimiento, por lo que desconocemos el desenlace. No obstante, a pesar de su carácter, permiten conocer las ideas que los redactores tenían sobre el crimen y los criminales, o el mensaje que deseaban transmitir a los lectores.

Los periódicos no fueron ajenos al proceso de modernización de la prensa que, en la Ciudad de México, inauguró El Imparcial en 1896. Este periódico introdujo los primeros linotipos Meraenthale y los primeros rotativos, que permitieron elevar tirajes e incrementar costos, además de incluir fotografías. Además, redujeron a una página los temas políticos, privilegiaron la noticia y consolidaron la técnica del reportaje en los asuntos sociales.2 Aprovecharon la fotografía, que para finales del siglo xix era utilizada no sólo como recurso informativo; se empleaba como recurso para sustentar la “veracidad” de la información.3 En palabras de Alberto del Castillo, la fundación del diario trajo “un cambio hacia los intereses de empresa, en el que los reporteros se profesionalizaban, los artículos literarios y las noticias se convirtieron en mercancías, el objetivo principal: atraer lectores y anunciantes”.4 La moderna maquinaria le permitió a El Imparcial vender ejemplares al precio de un centavo el ejemplar, mientras las demás publicaciones costaban de tres a ocho centavos.5 Muchos sucumbieron ante la competencia de precios y de recursos, pues no atraían el interés de los lectores.

Este proceso de modernización de la prensa tuvo efectos en San Luis Potosí. Según Rafael Montejano, “con la restauración de la República, y más todavía con la revolución de Tuxtepec […] se inició una nueva era en el periodismo potosino. Dejó de ser exclusivamente político, como lo había sido […] y empezó a dar cabida a las publicaciones literarias y de variedades, primero y luego a las informativas; a las científicas y especializadas”.6

Como lo menciona Montejano, la prensa potosina también mostró una tendencia a disminuir los temas políticos e informar sobre diferentes hechos. Entre ellos, crímenes ocurridos en la ciudad de San Luis como en otras regiones del estado.7 Sin embargo, ésta no tuvo los recursos tecnológicos de El Imparcial; los primeros linotipos no llegaron hasta 1910 y, siguiendo con el autor, a partir de entonces se inició la verdadera transformación de la prensa en esta entidad y se introdujeron fotografías.8 Antes de esa fecha, las fotografías e imágenes se utilizaban básicamente en la sección dedicada a los anuncios publicitarios. Por tanto, no acompañaban a las noticias de crímenes, lo cual no impidió que existieran y que los periódicos se extendieran en detalles.

Resulta importante presentar de forma breve otras características de los periódicos utilizados. El Estandarte estuvo dirigido por el abogado e historiador potosino Primo Feliciano Velázquez, quien ya había dirigido La Voz de San Luis, publicación en la cual escribía editoriales junto al poeta Manuel José Othón.9 Se publicó entre 1885 y 1912. Durante sus dos primeros años de vida, fue bisemanal y se imprimió en dos pliegos de 39 por 29 centímetros.10 Posteriormente, se utilizaron pliegos más grandes y el periódico se empezó a publicar varias veces por semana, y después diariamente. Se distinguió por adoptar una postura crítica frente al gobierno del general Carlos Díez Gutiérrez (1877-1880 y 1884-1898). De ahí que Feliciano Velázquez fuera encarcelado en diversas ocasiones.11 Los ejemplares costaban medio real, aunque con el pasar de los años el precio fue aumentando.

Por su parte, El Contemporáneo fue fundado por José de la Vega Serrano en 1896 y tuvo varios directores: Manuel Esquivel, Manuel Muro, Paulo Colunga y Bartolo Guardiola. También tuvo varios subtítulos: “Diario Independiente” (1897-1900), “Bisemanal Independiente” (1901-1903) y “Diario de la Tarde” (1903-1909). Como los subtítulos lo indican, a veces se imprimía de forma bisemanal y en otras de manera diaria. Promovió las candidaturas del general Porfirio Díaz y de los gobernadores Blas Escontría y José María Espinosa y Cuevas.12 Medía 28 por 45 centímetros. Costaba 3 centavos —el atrasado, 5 centavos—, la suscripción tenía un costo de 50 centavos para las afueras de la ciudad; y otros estados, 60 centavos; y se vendía al extranjero por 75 centavos. Para 1903, presumía tener un tiraje de 2 000 ejemplares por día.13 Igual que su competidor, tenía dos hojas de información; y si el caso lo ameritaba, se anexaba una hoja extra, que llevaba el nombre de “Complemento de El Contemporáneo”.

En suma, ambos diarios trataban varios temas. Ofrecían noticias del país e internacionales, publicaban poesías, opiniones, editoriales, traducciones de ensayos o artículos científicos, novelas por apartados, anuncios y la sección de noticias o sucesos. Las noticias estaban redactadas por reporteros. Los diarios de la época contaban con dos tipos de escritores: autores de ensayos o crónicas, y gacetilleros o reporteros.14 Durante el porfiriato, la labor de los reporteros cambiaría, comenzando por su nombre, que sería “traducido” como repórter. Debían tomar nota de los acontecimientos del lugar de los hechos, entrevistar a protagonistas y testigos, y hacer lo necesario para obtener todos los detalles.15 Su trabajo se encontraba fuera de las imprentas y recorrían la ciudad en busca de primicias; los crímenes atraían el interés de los lectores, y la nota roja ocupó un sitio primordial.16

Retomando el tema principal, analizaré notas de crímenes en los dos diarios mencionados. Al hacerlo, tomaré en cuenta tanto su forma o estructura como la visión que los reporteros presentaban de hombres y mujeres criminales, buscando dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Existía una diferencia en la estructura de las notas criminales en ambos periódicos?, ¿concebían de igual forma o diferente la criminalidad?, y ¿existía una diferencia en la concepción de los delitos cometidos por hombres y mujeres?

La estructura de las notas criminales

Como mencioné anteriormente, las notas criminales formaban parte de una sección denominada gacetilla o sección de noticias, ubicadas en la página dos o tres de los periódicos potosinos. Además, ocupaban muy poco espacio en los diarios analizados. Sin embargo, este espacio se aprovechó al máximo para describir los crímenes ocurridos durante el día, predominando los actos cometidos por individuos provenientes de sectores populares.17 Estos delitos, anónimos, se presentaban de forma separada de los crímenes con nombre y apellido,18 cometidos por personajes provenientes de las elites.

Por otra parte, al igual que los periódicos de otras ciudades, los rotativos potosinos dieron cabida a procesos célebres ocurridos en otras partes del país. Reproducían la información que recibían gracias al telégrafo o la tomaban directamente de los periódicos de la capital a los que tenían acceso. Así, dentro de las páginas se encuentran, por ejemplo, los informes de los asesinatos cometidos por Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, en la capital del país en 1908;19 la persecución y asesinato del famoso bandolero Heraclio Bernal en 1888;20 el asesinato del gobernador de Jalisco, Ramón Corona, acontecido en 1889;21 el atentado contra el general Díaz en 1897;22 o el asesinato del ex presidente de Guatemala Manuel Lisandro Barillas en 1907.23 Asimismo, se incluyó un reportaje sobre Jack the Ripper, el famoso asesino de Londres, cuyo nombre fue mexicanizado y llamado Juan el Destripador. El Estandarte lo llamó “el asesino más desgraciado que ha existido” y aseveró que tenía aterrado a todo el barrio de Whitechapel, en Londres.24

Ahora bien, las notas criminales tenían una estructura bien definida y estaban integradas por tres elementos esenciales: título sugerente, narración detallada del delito cometido y conclusión. Así, los editores y redactores de los diarios expresaban a los lectores las ideas que deseaban dar acerca de los criminales.

Los títulos eran importantes para atraer la atención de los lectores, así que los redactores utilizaron diferentes adjetivos y frases para anunciar parte del contenido, dejando el resto a la imaginación del lector. Entre ellos, “Desgracia” (para una nota sobre un suicidio),25 “Día de Sangre” (aludiendo a una jornada en que se habían producido varias muertes por riñas en cuestión de minutos),26 “Tremenda puñalada” (en la cual se informaba sobre el asalto y asesinato de un trabajador de la estación del Ferrocarril Central)27 o “Muerto a formonzasos” (en la cual se describía un homicidio resultado de un golpe contuso).28

Dentro de los títulos, no faltaba la ironía. Por ejemplo, en 1905, El Estandarte utilizó el de “Siguen los valientes” para el relato del homicidio cometido por un hombre en contra de su mujer, sosteniendo que le daba “puñaladas en lugar de besos”.29 O bien, “Hazañas de una hembra”, con el cual El Contemporáneo encabezó la descripción de la riña que tuvo una mujer con tres hombres a la vez, incluso haciéndole frente al gendarme que la apresó y a quien logró romperle la lámpara y el capote.30 Sin importar si las notas fueran muy cortas, los títulos sugerentes podrían atraer la atención de los lectores.

Posteriormente, se relataban los hechos. Para hacerlo, redactores y reporteros utilizaron un lenguaje exagerado, cargado de detalles y lleno de adjetivos; por ejemplo, en 1897, El Estandarte reportó el caso de un hombre que había sido herido en 22 ocasiones con un puñal, y seguía con vida.31 En otra nota, el rotativo informó que, tras una pelea, uno de los implicados “traía a la vista los intestinos”.32 Así como la nota sobre un individuo que llevaba la mano colgada de un solo nervio tras haber recibido un machetazo.33 Al describir los sucesos con detalle, los redactores daban su imagen del criminal, tal como lo asevera Alberto del Castillo: “Los reporteros recreaban las figuras de los criminales y la dotaron de un aura que transitaba entre el horror y la satanización”.34

Lo anterior puede observarse en la descripción de los delitos cometidos por el ex policía Casildo Arriaga, quien atacó a varias mujeres la noche del 24 de diciembre de 1900. Expone El Contemporáneo:

La noche del 24 […] Arriaga se situó, después de haber herido a la señorita Paula Baez que vive en la tienda de “La Potosina” por el rumbo de San Sebastián, en una de las glorietas de La Alameda […] Ya se sabe lo que es el servicio de luz eléctrica de la Planta de San Francisco. Los focos que alumbran aquel espacio público están constantemente parpadeando, y a menudo dejan de funcionar […] Tres obreras, de la fábrica “El Progreso” vuelven a sus hogares atravesando La Alameda […] Arriaga se levanta de su asiento, va a su encuentro, y sin decir una palabra se arroja sobre la señorita Delfina Verasteguí a quien hiere, alejándose precipitadamente del lugar del suceso, y sin que […] la mencionada víctima lanzara un solo grito, una sola palabra o hiciera atraer sobre sí de algún modo, la atención de los siete gendarmes que rodean La Alameda, ni del que se sitúa en la glorieta principal […]

Arriaga no para su labor sangrienta. Protegido por las intermitencias de la luz, corre a una de las calles de la Mora donde vive su amasia en una casa pública. Se encuentra con ella, riñe y después de proporcionarle a Severa algunos golpes con la mano le introduce en el vientre el puñal, produciéndole la herida causa de su muerte acontecida el día siguiente […] Severa sale a la puerta de la casa de mala nota en que está asilada y pide auxilio. Una anciana que vive en la mencionada casa trata de hacer preso a Arriaga, pero éste le tira un golpe con su arma, la infeliz mujer lo esquiva y a no ser porque se finge herida y se deja caer al suelo hubiera también hallado la muerte en manos de aquella fiera humana.

Arriaga valido de la obscuridad que reina a lo largo de la barda del Central, que escapa a las pesquisas de la policía que lo persigue sin poder aprehenderlo [...] No se puede menos, al considerar la serie de aquellos hechos delictuosos en que cae este hombre criminal, cuyo instinto sanguinario, se trasluce desde luego, que sacar por consecuencia que el caso de que se trata es de aquellos que pueden equipararse a los originales de WhiteChapel cometidos por otro Jack the Ripper”.35

Como puede observarse, la narración de los diversos elementos descritos en la nota evoca una novela literaria de suspenso o de terror. Se describe el entorno de forma detallada, y el escritor transmite su visión del criminal, comparándolo con Jack el Destripador al mencionar los instintos sanguinarios que tenía el delincuente. Como postula Alberto del Castillo: “Los editores de los diarios daban a estos delincuentes características como la absoluta falta de arrepentimiento y carencia de escrúpulos éticos y morales”.36

Tal como si fuera la continuación de una novela de suspenso, los diarios difundieron más detalles sobre el suceso. Las notas publicadas en los días siguientes son todavía más dramáticas:

Grande alarma ha causado en esta ciudad no solamente entre la gente del pueblo, sino hasta entre personas cuya educación y cultura pudieran ser garantía para rechazar toda noticia que no estuviera comprobada por el dicho de la autoridad […] los acontecimientos que dimos […] referente a la comisión de heridas causadas por el ex -gendarme de la policía Casildo Arriaga, la noche del pasado 24 de Diciembre, en personas del sexo femenino.

Aparecen por distintos rumbos de la ciudad mujeres con las entrañas destrozadas, mujeres en cuyas lesionadas viseras se nota la misma mano criminal encaminada a ejecutar el mismo daño […] El destripador de mujeres huía de la policía, habiendo tomado el rubro de la Estación de El Nacional; que era perseguido muy de cerca por el Sr. Comandante Macías, y que al dispararle este jefe de gendarmes su pistola, Arriaga se había convertido en un enorme perro leonado que lo atacó de frente, esquivando cual si fuera individuo del otro mundo y con una agilidad asombrosa tres balazos salidos de la mencionada arma […] Se refiere que Arriaga duerme en un árbol de los muy poco follados de las riberas del Río Santiago y se añaden acerca de este malhechor consejos, que podemos discutir que es por hoy el asunto más discutido en todos los círculos.37

Incluso se atribuyen al criminal características animales, refiriendo que al ser perseguido “se transformara en un perro leonado, esquivando los tres balazos con una agilidad asombrosa”. Días después, El Estandarte dio cuenta de la detención del criminal, de forma más escueta:

En el proceso que se instruye a Casildo Arriaga a quien el vulgo designa con el mote del destripador de mujeres, por las heridas que causó a varias mujeres el 24 de diciembre último, se ha practicado la diligencia con el nombre de rueda de presos, que consiste en colocar entre varios presos vestidos de una manera idéntica al acusado para que sea reconocido por el ofendido.

Las distintas ofendidas reconocieron sin vacilación a Casildo Arriaga, señalándolo entre los ocho presos que se les presentaron.38

Por último, las notas criminales presentan una corta conclusión. En ella, transmitían un mensaje que podía ser desalentador: la policía no detenía a los delincuentes y el delito quedaba impune. La percepción de que el crimen iba en aumento estaba muy ligada a la opinión pública de que la policía era incapaz de controlarlo,39 por lo que los diarios criticaban duramente al gobierno y al sistema policiaco. Diversas notas sirven como ejemplo: en 1900, Idelfonso Carrizales denunció que había sido herido en la cabeza, y la persona responsable no fue aprehendida.40 Cuatro años más tarde, se publicó que dos jóvenes riñeron y que uno cayó muerto por una puñalada; el homicida se fugó de la policía con mucha facilidad.41

Pero otras notas transmitieron un mensaje alentador, derivado del castigo impuesto a los criminales, que enaltecía a policías y autoridades, y seguramente tranquilizaba a los lectores. Ejemplo de lo dicho lo observamos en la noticia escrita por El Contemporáneo donde informaba sobre la detención de un hombre llamado José Martínez, que había matado de cinco puñaladas a Géronimo Gaspar.42 El diario expone la forma en que se detuvo al criminal:

La noche del Lunes estaba el señor Comandante de policía esperando el tren de para Guadalupe por la plazuela de Colón, cuando un individuo que acaba de extinguir una pena en la Penitenciaría se le acercó con sigilo, y le advirtió que José Martínez estaba preparando su viaje a la frontera y que si no se daban prisa en detenerlo se escaparía a las garras de la justicia […] Eran las ocho de la noche y la policía se puso en movimiento y antes de las diez el matador […] había sido puesto a buen recaudo, incomunicándosele.43

En este caso, podemos observar cómo gracias a la participación de una persona que avisó a la policía se pudo dar con el presunto culpable y se le dejaba en espera de ser enjuiciado. Otro ejemplo es el siguiente:

Anteayer fueron encontrados por la policía los restos de un niño de algunos meses de edad, a quien los cerdos que van y vienen por el rumbo del Montecillo hicieron pedazos a dentelladas dejándole exánime. El cabello de este desgraciado era rubio y su carne blanca.

Tuvo conocimiento del hecho el Juez 2° menor, quien dictó la aprehensión de Juana López y Pánfila Ramos por considerarlas sospechosas.44

En ocasiones no era la policía, sino otro individuo, quien se encargaba de castigar al criminal; pero lo importante era el castigo recibido, como en el siguiente ejemplo:

Por la rinconada de Santiago, en una de esas casas aisladas en que es muy fácil la consumación de cualquier delito. Ascención Ruiz que es un ebrio rabioso, de los muy valientes, luego que se les sube el mezcal, hizo antier derroches de barbarie con su mujer, golpeándola ferozmente con un leño; y estaba muy afanado en su salvaje tarca, dándole crueles golpes a su mujer, ya tirada en el suelo sin sentido, cuando fue sorprendido por un transeúnte que por casualidad oyó los golpes y ronquidos de la víctima; penetró a la casa a impedir que aquel bárbaro siguiera martirizando a la esposa, pero aquel trató luego de emprender pleito con el transeúnte. Este le arrebató violentamente el palo y le propinó unas dos docenas de garrotazos, dejándolo lleno y satisfecho en el pavimento. Ese remedio sería muy eficaz para todos los golpeadores de mujeres.45

Así, los redactores buscaban instruir a sus lectores. Y transmitir un mensaje, “pues presentaban reflexiones morales, contribuyendo a moderar estereotipos en torno a los criminales”.46 Gracias a la nota criminal, se concibió una nueva percepción de lo que era un delincuente.

La visión de la criminalidad y los criminales

Durante el porfiriato, los especialistas consideraban que las clases populares eran más propicias para cometer crímenes. Además, los vinculaban con el consumo de alcohol.47 En palabras de Elisa Speckman, considerando que gran parte de los especialistas simpatizaron con las ideas de la escuela de antropología criminal y que consideraban que la tendencia a consumir alcohol se heredaba, también el alcoholismo se entendió como un asunto orgánico; por ende, atribuyeron la criminalidad a factores internos del individuo y no la presentaron como un problema derivado de la injusticia social o de la falta de oportunidades.48

Estas ideas fueron compartidas por los redactores de las notas analizadas dentro de los periódicos potosinos. Explicaban la criminalidad masculina como resultado del consumo inmoderado de bebidas alcohólicas.49 En general, vinculaban el consumo de las bebidas alcohólicas con los grupos marginales, la miseria, la violencia y la delincuencia.50 Un ejemplo es la siguiente nota de El Estandarte:

El domingo, nada más el domingo, fueron arrestados por ebrios escandalosos la enorme suma de 147 individuos. Se comprende que si hubiera restricciones en la venta de bebidas el pueblo no gastaría sus energías en la vil embriaguez, ni las familias de esos desdichados tendrían por patrimonio la miseria.

¡Cuánto bien se haría al pueblo disminuyendo el número de cantinas!51

O bien, la nota titulada: “El alcohol y sus consecuencias”, publicada por El Contemporáneo, cuyo redactor enlistaba varios efectos físicos y morales del consumo inmoderado de bebidas embriagantes, principalmente el pulque. Cabe resaltar tres de ellos: “El alcoholismo: Aquel que bebe todas las mañanas de joven una copita, llega a ser alcohólico sin remedio […] miseria: El alcoholismo hace huir del trabajo y condena infaliblemente a la miseria… criminalidad: La mayor parte de los crímenes son ejecutados por alcohólicos”.52

Incontables son los ejemplos de textos que suponen la existencia de un nexo entre alcoholismo y criminalidad. Bastan otros dos. El Contemporáneo informó que, a causa del estado de ebriedad en que se encontraban, Juan Salazar y Justo Sandoval habían herido a sus mujeres.53 En el mismo tenor, El Estandarte dio noticia de una riña entre dos beodos en el barrio de San Miguelito.54

Los rotativos también manifestaron extrañeza cuando se suscitaban pocas o ninguna detención, como puede observarse en la siguiente nota de El Estandarte: “Muy extraño ha sido que antes de ayer y ayer no haya sido remitido al juzgado de turno por la Jefatura, el gran número de consignados que generalmente caen a la Cochera por riñas, raterías y otras faltas. Parece que con la riña de la pulquería de La Reforma y alguna otra pequeñez, pasaron los dos días sin novedad, que se sepa”.55

Y celebraban la escasez del líquido. Así lo hizo El Contemporáneo en 1902: “Se hacía la venta del expresado líquido hasta las ocho y nueve de la noche, y ahora es difícil encontrarlo después de la una o dos de la tarde […] La falta de miel con que se elabora el pulque, según se dice, es el origen de la escasez que se ha acentuado de pocos días a esta fecha […] Los adoradores de Baco están de duelo, y la policía de plácemes”.56

Los periódicos mostraron preocupación por encontrar soluciones al problema. Por ejemplo, El Contemporáneo, en 1901, hizo un llamado a las comunidades científicas, literarias y políticas, así como a todos los interesados, a participar en un debate nacional sobre el consumo de alcohol.57 Además, los periódicos criticaban al gobierno del estado por descuidar el problema.58 En los periódicos, podían encontrarse toda clase de posturas antialcohólicas, pero de igual forma críticas contra el gobierno por su falta de atención hacia el problema de la embriaguez.59 Mientras en los primeros años eran más frecuentes las gacetillas se daban cuenta de pleitos, delitos y diversos incidentes de la ciudad, al finalizar el siglo xix y los primeros años del xx, aparecían más frecuentemente notas relativas al alcoholismo.60

Las notas también dieron cabida a crímenes cometidos por mujeres.61 Si bien eran menos frecuentes, tenían mayor impacto, pues de las féminas se esperaba una conducta intachable en lo moral y una actuación propia de sus atributos, la docilidad o la ternura, así como la afirmación de la figura de la madre.62 El modelo deseado se difundió en los periódicos, como se hizo, por ejemplo, en una nota de 1900 aparecida en El Contemporáneo:

La mujer modesta es ideal, bella, dulce cual los acentos de los espíritus celestiales, cual el hálito de las auras, cual los himnos de la naturaleza del creador […] La modestia es hija del candor y la inocencia […] También es hermana la modestia del pudor, y el pudor es la belleza moral de la mujer […] La mujer no debe ostentar sus méritos porque al hacerlo así, los pierde […] Sed modestas, estimadas lectoras.63

Así como en otra del mismo diario, publicada poco después:

Las mujeres deben ser como el sol, porque dan vida […] deben parecerse a la luna, pues es compañera inseparable de la tierra […] Deben ser como los globos, que suben al cielo […] Deben de ser como las obleas, porque sirven para guardar los secretos […] Deben ser como el vidrio, que no cubre nada de lo que tiene adentro […] Deben de ser como los espejos porque dicen las verdades […] Deben ser como la arena, que es sutil y fría […] Deben parecerse al vino, porque está lleno de espíritu.64

Partiendo de lo anterior, los delitos cometidos por las mujeres se juzgaban duramente. Como lo explica la historiadora Elisa Speckman, a las mujeres criminales no solamente se les reprochaba el delito cometido, sino también el haber roto con el código de conducta que se consideraba como deseable para ellas, su condena era más severa, se convertían en blanco de la ira social, por lo que, siguiendo con la idea de Elisa Speckman, a las mujeres criminales “se les castigaba por dos faltas: el acto criminal y el incumplimiento de los códigos morales impuestos a la mujer”.65

Además, no solamente eran juzgadas por los jueces; otros sectores, entre ellos los periodistas, también las condenaban y exhibían de una manera detallada y exagerada sus delitos. Asimismo, utilizaban severos epítetos para referirse a ellas. Como ejemplo, la siguiente nota de El Contemporáneo sobre una mujer llamada Pascuala Salas, detenida por maltratar a su hijo:

La mujer le zurraba brutales palizas y lo atormentaba de la manera más cruel […] El martes pasado […] le dio una tremenda garrotiza, y no contenta con esto lo aventó sobre la lumbre que le servía para calentar unas planchas recibiendo el chiquillo en la caída varias quemaduras en el rostro y en diferentes partes del cuerpo […]

La policía tomó conocimiento de lo sucedido, y aprehendió a la culpable remitiéndola ante el Juez de turno, ordenando se pasara el herido al Hospital, y a la madre infame se castiga como merece por sus instintos salvajes.66

El redactor de la nota utilizó el siguiente título: “Una Bejarano en San Luis”, recordando al famoso caso ocurrido en la capital del país. Al describir las lesiones, buscó evidenciar la falta de sentimientos de parte de la madre. Como sostiene Elisa Speckman, durante la época, las mujeres que maltrataban a sus hijos eran duramente reprobadas.67

Al igual que para el caso de los varones, los crímenes cometidos por mujeres se explicaron en mayor medida con base en el consumo de alcohol. Por ejemplo, El Contemporáneo informó sobre una riña en la cantina La Güera, en la cual afirmó que “guerrearon bien empulcadas” Vicenta Díaz de Léon y Mercedes Vega.68 Sobra decir que la embriaguez en el caso de ellas era todavía más condenada que en el caso de ellos. Así, el mencionado periódico, al referirse a la detención de una mujer que en estado de ebriedad fue conducida a la capilla de Las Recogidas, recomendó que a este tipo de mujeres “se les amordazara” para que los testigos no tuvieran que escuchar la palabras que utilizaban al enfrentarse a los gendarmes.69 Por su parte, El Estandarte habló irónicamente de “¡Progreso fin de siglo!”, al dar cuenta de la detención de una anciana ebria.70 Esta mayor condena se explica considerando que la embriaguez amenazaría el modelo familiar.71

Reflexiones finales

Al incluir notas criminales, los periódicos pretendían incrementar las ventas. La descripción y exageración de los sucesos delictivos y la falta de una clara delimitación entre ficción y realidad seguramente atraía lectores y compradores. También buscaban adoctrinar a los lectores, delimitando lo permitido y lo prohibido, además de perfilar una opinión sobre los organismos encargados de vigilar el orden e impartir justicia. Así, gracias a los informes presentados por los periódicos sobre los crímenes ocurridos en la ciudad y en otras localidades, resulta posible acercarse no sólo a las noticias de los hechos, sino también conocer la visión de los redactores sobre el crimen y los criminales.

El análisis de las notas me permitió concluir que, si bien la postura política e ideológica de ambos periódicos era diferente, su visión de la criminalidad era similar. En otras palabras, si bien El Estandarte era un diario crítico al gobierno, sus opiniones en torno a la delincuencia eran idénticas a las expresadas por El Contemporáneo. Ambos diarios entendieron a la criminalidad como un problema creciente que debía ser controlado. Además, lo consideraron como propio del sector social menos favorecido y lo vincularon con el consumo inmoderado de alcohol. Por último, condenaron más severamente a la criminalidad femenina que a la masculina.

Para concluir, cabe advertir que en ambos puntos, la vinculación entre miseria-alcoholismo-criminalidad y la severa condena a los criminales, los periódicos coinciden con las ideas que expresaron los miembros de las elites porfirianas en diversos textos, quienes estigmatizaron a las clases populares, a las que presentaban como susceptibles a la embriaguez y la criminalidad, mensajes que se vinculaban con la intención de excluir a estos sectores sociales de la participación ciudadana.

REFERENCIAS

Fuentes documentales

Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Periódico El Estandarte.

Hemeroteca Nacional Digital de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Periódico El Contemporáneo. Disponible en http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/ (acceso: 19-21/01/2017).

Bibliografía

Ávila Espinosa, Felipe Arturo, “El alcoholismo en la Ciudad de México a fines del porfiriato y durante la Revolución”, en Alicia Mayer (coord.), El historiador frente a la historia. Religión y vida cotidiana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, pp. 63-123.

Buffington, Robert, Criminales y ciudadanos en el México moderno, México, Siglo XXI Editores, 2001.

Castillo Canché, Jorge Isidro y Mario David Mex Albornoz, “De la nota roja al reporte de prensa en el porfiriato yucateco”, Temas Antropológicos, vol. 32, núm. 2, 2010, pp. 43-68.

Castillo Troncoso, Alberto del, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la Ciudad de México (1880-1920), México, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2006.

Castillo Troncoso, Alberto del, “El Chalequero”, en Gerardo Villadelángel Viñas, El Libro rojo (Continuación i), México, Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 129-145.

Castillo Troncoso, Alberto del, “Entre la moralización y el sensacionalismo. Prensa, poder y criminalidad a finales del siglo xix en la Ciudad de México”, en Ricardo Pérez Montfort (coord.), Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, México, ciesas / Plaza y Valdés, 1997, pp. 15-73.

Cruz Maytorena, Joel, “Criminalidad en San Luis Potosí durante el porfiriato. Juicio y ejecución de Pedro López (1895-1897), en Guillermo Luévano Bustamante y Urenda Queletzú Navarro Sanchéz (coords.), Criminalidad y justicia: apuntes para la historia jurídica de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Comisión del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana, 2011, pp. 129-189.

Eguía Guillén, Juan Eleazar, “El gobierno y la prensa: Desacuerdos y enfrentamientos durante el porfiriato. Caso Primo Feliciano Velázquez y su periódico ‘El Estandarte’”, en Urenda Queletzú Navarro Sánchez (coord.), Estudios histórico-jurídicos de San Luis Potosí: entre historia, derechos y actores sociales, San Luis Potosí, Centro de Estudios Jurídicos Mispat / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / Seminario Permanente de Historia del Derecho, 2016, pp. 76-99.

García, Clara Guadalupe, El Imparcial. Primer periódico moderno de México, México, Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, 2003.

Garza, James Alex, El lado oscuro del porfiriato. Sexo, crímenes y vicios en la Ciudad de México, México, Aguilar, 2008.

Guevara Sánchez, Berenice, “La idea de criminalidad y castigo en Morelia durante el porfiriato”, tesis de maestría, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008.

Montejano y Aguiñaga, Rafael, Nueva hemerografía potosina 1828-1978, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982.

Padilla Arroyo, Antonio, De Belém a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico, México, Archivo General de la Nación, 2001.

Picatto, Pablo, “No es posible cerrar los ojos. El discurso sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia el fin del porfiriato”, en Ricardo Pérez Montfort (coord.), Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, México, ciesas / Plaza y Valdés, 1997, pp. 75-142.

Speckman Guerra, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia, (Ciudad de México 1872-1910), México, Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de México, 2002.

Speckman Guerra, Elisa, “Las flores del mal: mujeres criminales en el porfiriato”, Historia Mexicana, vol. xlviii, núm. 1, 1997, pp. 183-229.

Speckman Guerra, Elisa, “Morir a manos de una mujer: Homicidas e infanticidas en el porfiriato”, en Marcela Terrazas y Felipe Castro (coords. / eds.), Disidencia y disidentes en la historia de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, pp. 295-319.

Trujillo Bretón, Jorge Alberto, “Gente de trueno. Moral social, criminalidad y violencia cotidiana en el Jalisco porfiriano. 1877-1911”, tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, 1999.

Uribe Soto, María de Lourdes, Prostitutas, rateras y pulqueras. Resistencia, poder y control social durante el porfiriato en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí / Centro de Estudios Jurídicos Mispat, 2016.

Vela de la Rosa, Gerardo, “El alcoholismo y los intentos de erradicarlo en la Ciudad de San Luis Potosí antes de la Revolución”, en Gabriela Bernal Ruiz y Manuel Vildósola Dávila (coords.), Historias de la vida cotidiana en San Luis Potosí. Del siglo xvii al siglo xx, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2015, pp. 231-247.

1 Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

2 Castillo, “Entre la moralización y el sensacionalismo…”, p. 32.

3 Castillo, Conceptos, imágenes…, p. 143.

4 Castillo, “Entre la moralización y el sensacionalismo…”, pp. 30-31.

5 García, El Imparcial…, p. 23.

6 Montejano, Nueva hemerografía…, p. 22.

7 Cruz, “Criminalidad en San Luis Potosí…”, p. 140.

8 Montejano, Nueva hemerografía…, pp. 26-28.

9 Eguía, “El gobierno y la prensa…”, p. 80.

10 Montejano, Nueva hemerografía…, p. 25.

11 “Prisión de nuestro director”, El Estandarte, año ii, núm. 105, 24 de enero de 1886, p. 4; “La sentencia en contra del proceso contra El Estandarte”, El Estandarte, año ii, núm. 152, 15 de julio de 1886, p. 1; “En Libertad”, El Estandarte, año ii, núm. 157, 1o. de agosto de 1886, p. 3.

12 “Somos reeleccionistas”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xv, núm. 2 895, 17 de junio de 1908, p. 1.

13 El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo viii, núm. 1 381, 2 de marzo de 1903, p. 1.

14 Speckman, “Crimen y castigo…”, p. 174.

15 Castillo y Mex, “De la nota roja al reporte…”, p. 49.

16 Speckman, “Crimen y castigo…”, p. 173.

17 Ávila, “El alcoholismo…”, p. 90.

18 Piccato, “No es posible cerrar los ojos…”, p. 99.

19 “Criminal convicto y confeso”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xv, núm. 2 895, 17 de junio de 1908, p. 1; “El Chalequero”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xv, núm. 2 900, 25 de junio de 1908, p. 1.

20 “La muerte de Eraclio Bernal”, “Cuerpo a cuerpo con el bandido Bernal”, El Estandarte, año iii, núm. 303, 12 de enero de 1888, p. 3; “Eraclio Bernal”, El Estandarte, año iii, núm. 334, 15 de enero de 1888, p. 3.

21 “Asesinato del General Ramón Corona, gobernador de Jalisco”, El Estandarte, año v, núm. 49314 de noviembre de 1889, p. 1.

22 Algunos de los tantos ejemplos de la noticia son “Agresión al señor presidente de la República”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 339, 18 de septiembre de 1897, p. 3; “Atentado contra el presidente Díaz”, Complemento de El Contemporáneo, tomo ii, núm. 339, 18 de septiembre de 1897, p. 5; “La muerte de Arroyo agresor del señor general Díaz”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 342, 22 de septiembre de 1897 pp. 3-4; “Mala fe de la prensa Yankee”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 343, 23 de septiembre de 1897, p. 1; “Sobre el asesinato de Arnulfo Arroyo”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 344, 24 de septiembre de 1897, pp. 3-4; “Lo del día”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 345, 25 de septiembre de 1897, pp. 1-2; “Lo del día-Consignaciones a Belén-¡En libertad!- El Sr. Velázquez nombra defensores-Entrevista con el señor Llamas-La presencia del secretario de Gobernación- Periódicos impopulares”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 346, 26 de septiembre de 1897, pp. 1-4; “Los funerales del señor Velázquez”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 347, 27 de septiembre de 1897, p. 3; “El asunto de sensación en México”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 348, 29 de septiembre de 1897, p. 3; “Lo de sensación- Declaración de un mozo de la inspección. Primero sin empleo que asesino”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 348, 30 de septiembre de 1897, p. 1.

23 “Infame asesinato del Gral. Lisandro Barillas, Expresidente de Guatemala”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xiii, núm. 2 539, 8 de abril de 1907, p. 2; “El asesinato del General Barillas”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xiii, núm. 2 541, 10 de abril de 1907, p. 1; “Los asesinos de Barillas”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xiii, núm. 2 556, 27 de abril de 1907, p. 2; “Fusilamiento de los asesinos de Barillas”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xiii, núm. 2 666, 9 de septiembre de 1907, p. 1.

24 “Juan el destripador”, El Estandarte. Segunda época, año vii, núm. 359, 11 de agosto de 1891, p. 3.

25 “Desgracia”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xiii, núm. 2 613, 6 de julio de 1907, p. 2.

26 “Salvajismo”, El Estandarte. Segunda época, año xiii, núm. 1 909, 19 de enero de 1897, p. 3.

27 “Tremenda puñalada”, El Estandarte. Segunda época, año xxiii, núm. 4 835, 26 de febrero de 1907, p. 3.

28 “Muerto a formonzasos”, El Estandarte. Segunda época, año xvii, núm. 3 247, 20 de septiembre de 1901, p. 3.

29 “Siguen los valientes”, El Estandarte. Segunda época, año xviii, núm. 3 567, 18 de octubre de 1902, p. 2.

30 “Hazañas de una hembra”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, año viii, núm. 1 385, 06 de marzo de 1903, p. 3.

31 “Veintidós heridas”, El Estandarte. Segunda época, año xiii, núm.2 054, 25 de julio de 1897, p. 3.

32 “Heridas graves”, El Estandarte. Segunda época, año xii, núm. 1 679, 18 de marzo de 1896, p. 3.

33 “Desgraciado”, El Estandarte. Segunda época, año xii, núm. 1 856, 11 de noviembre de 1896, p. 3.

34 Castillo, “Entre la moralización y el sensacionalismo…”, pp. 40-41.

35 “Otro Jack the Ripper. Un destripador de mujeres en La Alameda”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo v, núm. 1 165, 30 de diciembre de 1900, p. 3. Grafía original.

36 Castillo, “El Chalequero…”, p. 132.

37 “Jack the Ripper. El destripador de mujeres”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo vi, núm. 1167, 6 de enero de 1901, p. 3. Grafía original.

38 “El destripador de mujeres”, El Estandarte. Segunda época, año xvi, núm. 3 088, 12 de enero de 1901, p. 2. Grafía original.

39 Garza, El lado oscuro del porfiariato…, pp. 224-225.

40 “Notas Rojas”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo v, núm. 1 021, 10 de enero de 1900, p. 2.

41 “Homicidio”, El Estandarte. Segunda época, año xx, núm. 4 134, 5 de octubre de 1904, p. 2.

42 “Aprehensión de un asesino”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo vi, núm. 1 233, 29 de agosto de 1901, pp. 1-2.

43 Id. Grafía original.

44 “Devorado por cerdos”, El Contemporáneo. Diario Independiente, tomo ii, núm. 328, 3 de septiembre de 1897, p. 3. Grafía original.

45 “Marido que medio mata a su mujer a palos. Vengador caído del cielo”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo ix, núm. 1 951, 27 de marzo de 1905, p. 3. Grafía original.

46 Castillo, “Entre la moralización y el sensacionalismo…”, p. 59.

47 Trujillo, “Gente de trueno…”, p. 111.

48 Speckman, Crimen y castigo…, p. 244.

49 Ávila, “El alcoholismo…”, p. 64.

50 Padilla, De Belém a Lecumberri…, p. 9.

51 “Es escandaloso”, El Estandarte. Segunda época, año xx, núm. 3 985, 29 de marzo de 1904, p. 3. Grafía original.

52 “El alcohol y sus consecuencias”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xv, núm. 2 934, 6 de agosto de 1908, p. 2. Grafía original.

53 “Riñas y Golpes”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xvi, núm. 3 189, 25 de junio de 1909, p. 2.

54 “Riña sangrienta”, El Estandarte. Segunda época, año xiii, núm. 2 064, 7 de agosto de 1987, p. 3. Grafía original.

55 “Cosa rara”, El Estandarte. Segunda época, año xii, núm. 1 642, 31 de enero de 1896, p. 3 “Gacetilla”. Grafía original.

56 “Escasez de pulque”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo vii, núm. 1 369, 21 de diciembre de 1902, p. 2. Grafía original.

57 ”Nuestra iniciativa para un nuevo debate de los problemas de la embriaguez y el alcoholismo”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo vi, núm. 1 168, 10 de enero de 1901, p. 1.

58 Vela, “El alcoholismo…”, p. 239.

59 Id.

60 Uribe, Prostitutas, rateras…, p. 194.

61 Piccato, “No es posible cerrar los ojos…”, p. 109.

62 Guevara, “La idea de criminalidad…”, p. 75.

63 “La mujer modesta”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo v, núm. 1 161, 16 de diciembre de 1900, p. 1. Grafía original.

64 “Como deben de ser las mujeres”, El Contemporáneo. Bisemanal Independiente, tomo vii, núm. 1 369, 21 de diciembre de 1902, p. 2. Grafía original.

65 Speckman, “Las flores del mal…”, p. 195.

66 “Una Bejarano en San Luis”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo viii, núm. 1 401, 27 de marzo de 1903, p. 3. Grafía original.

67 Speckman, “Morir a manos de una mujer…”, p. 316.

68 “Riñas a granel”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xix, núm. 3 191, 28 de junio de 1909, p. 4.

69 “Mujer insolente”, El Contemporáneo. Diario de la Tarde, tomo xii, núm. 2 388, 1o. de octubre de 1901, p. 1.

70 “La embriaguez”, El Estandarte. Segunda época, año ix, núm. 1 558, 17 de octubre de 1895, p. 3.

71 Trujillo, “Gente de trueno…”, p. 114.

DERECHO PENAL, TRIBUNALES E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

La organización y LAS bases del supremo
tribunal de justicia de San Luis Potosí: leyes y fundamentos

Adriana Corral Bustos1

En el estado de San Luis Potosí, el hecho de que las leyes civiles y criminales solamente podían ser aplicadas por el poder judicial fue previsto en su primera constitución política, expedida en 1826. Conforme cambiaron las constituciones locales en 1826, 1861 y 1903, también se expidieron reglamentos especializados y otros ordenamientos que incluyeron la organización de tribunales (publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de San Luis Potosí). Así, desde 1826 y hasta principios del siglo xx, el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado tuvo un desarrollo interno orientado a una organización cada vez más especializada para impartir justicia.

Actualmente, y en un contexto historiográfico internacional, el tema de la historia de la justicia se ha estudiado prácticamente para todos los continentes.2 Los autores han coincidido en que el proceso de avance y perfeccionamiento de la justicia y las instancias para ejercerla tuvieron una estrecha relación con el desarrollo político y administrativo de la localidad. Sus propuestas parten de que el poder judicial no tuvo una naturaleza política, pero fue una instancia del poder público con la función de juzgar y hacer que sus sentencias se ejecutaran. De igual forma, la historiografía potosina ha dedicado espacio a la explicación del desarrollo institucional de los sistemas de justicia en el estado.3

Desde el punto de vista histórico, el establecimiento de un tribunal de justicia en el estado potosino y sus características no resultan ajenos a la marcha general que estos juzgados tuvieron en la nación mexicana y del interés con el que se trató de perfeccionar la organización para la impartición de justicia en todo el territorio desde las primeras décadas del siglo xix y hasta las primeras del xx.4

Esta transición fue paulatina y pasó por diferentes momentos, que tuvieron relación con el proceso de consolidación del Estado nacional y su capacidad para aplicar un derecho único para una población que fue reconocida constitucionalmente como homogénea, pero que en realidad presentaba marcadas diferencias.

Quizá por ello, o por las dificultades de concebirlo o de aplicarlo, debe hablarse de un periodo de transición. En esta etapa, de acuerdo con Elisa Speckman, “leyes, instituciones y prácticas propias del derecho novohispano tradicional convivían con elementos característicos de un derecho moderno o liberal, que paulatinamente adoptaban los legisladores mexicanos”.5 Por su parte, Carmen Serván advierte que, en este proceso, los tribunales adquieren una mayor autonomía, aunque no definitiva, frente al poder ejecutivo y legislativo, constituyéndose así como una institución que ejerció la función jurisdiccional, pero que tuvo escasas aportaciones en la creación de disposiciones especializadas.6

En este contexto, el propósito de este capítulo es presentar una visión de la organización interna del poder judicial del estado de San Luis Potosí durante los siglos xix y los primeros del xx, partiendo del análisis de las leyes y reglamentos más relevantes en la materia que se expidieron en ese periodo y que regían la tarea jurisdiccional.

Cabe señalar que entiendo a las leyes como una manifestación de las relaciones de poder en la sociedad, mientras que el concepto de función jurisdiccional puede ser explicado como la facultad o el poder que se concede al gobierno y sus poderes para la decisión de las causas al que se circunscribe su mando,7 lo cual significa que en un mismo espacio hay tantas jurisdicciones como tribunales para la impartición de justicia que fueran necesarios. De tal manera, en un mismo lugar convivieron tribunales de la federación con los del orden común o autoridades que cubren esa función en los municipios, además de la jurisdicción de los tribunales especiales, como la militar, la eclesiástica, la hacendaria o la marítima, que existieron en el siglo decimonónico mexicano.8 Se trata entonces de un examen de larga duración9, pues creo que solamente un abordaje amplio permite identificar cambios y continuidades respecto a la etapa anterior, la novohispana. E incluso, presentar los diferentes momentos o etapas de cambio.

La intención es explicar cómo, en la transición hacia un régimen constitucional, la organización del tribunal de justicia local se resolvió de la mano con otras situaciones, como fueron las contradicciones legales entre leyes antiguas y nuevas, la gestión del poder político, la transformación del personal como funcionario para la impartición de justicia y la mejor calidad en los procedimientos.

Divido el trabajo en tres partes, considerando la primera los años de 1826 y 1827; en la segunda, el periodo de 1860 a 1862; y en la tercera, el de 1900 a 1903. Es decir, cada apartado corresponde al periodo de vigencia de las diferentes leyes que regularon la organización del poder judicial local.

La administración de justicia
en San Luis Potosí entre 1826 y 1827

Una vez que se consumó la Independencia de México, en 1821, se inició un proceso de sustitución de regulaciones hispanas por leyes acordes al modelo político y social de la nación independiente. Entre los años de 1821 y 1824, y de acuerdo con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdova, se ordenó la la vigencia de la Constitución Política de la Monarquía Española del 18 de marzo de 1812 y el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia publicado el 9 de octubre del mismo año.10

Para resolver los asuntos civiles y penales de interés federal, se incluyó el establecimiento de un tribunal general que tendría jurisdicción nacional y facultades para aplicar leyes civiles y criminales, de manera que quedó eliminada la jurisdicción del rey o de sus cortes para ejercer funciones judiciales. Con excepción de los fueros eclesiástico y militar, se creó un solo fuero para las causas civiles y penales, existiendo un tribunal de competencia federal (para delitos del fuero federal y controversias) y tribunales locales (para delitos comunes).

Respecto de los asuntos eclesiásticos y militares, se decidió que los miembros de la Iglesia y el Ejército continuarían gozando de sus fueros, por lo que disposiciones en ambas materias no fueron incluidas dentro de las regulaciones de la justicia del orden común.11 También se emitieron decretos que preveían la presencia de controversias jurisdiccionales entre las instancias encargadas de impartir justicia, con el objeto de facilitar y expeditar la resolución de causas. Asimismo, se puso atención a los requisitos que se deberían cubrir para desempeñarse como funcionario judicial y las formas de procedimiento para la impartición de justicia.

Años después, en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 y en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos expedida el 4 de octubre del mismo año, se determinó que el supremo poder de la federación se dividiría para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que el judicial residiría en una Suprema Corte de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito. En relación con las reglas generales a las que se sujetarían todos los estados y territorios que formaban parte de la federación en materia de justicia, se determinaron los alcances jurisdiccionales y las materias que se deberían conocer.12

La primera constitución mexicana, promulgada en 1824, determinó que cada estado debería promulgar su propia constitución y organizar su gobierno particular bajo el mismo esquema de tres poderes. El poder judicial se ejercería por los tribunales que designaran los constituyentes, y las causas civiles o criminales que conocieran deberían ser resueltos dentro del estado hasta su última instancia.13

Lo anterior era congruente con lo marcado en la constitución federal. Así lo consideró el ministro de Estado y Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, quien en su Memoria de actividades de 1826 sostuvo que las legislaturas de los estados estaban procurando ser congruentes con lo previsto en la constitución de 1824 y “habían adoptado los principios más sólidos para la administración de justicia en lo general, en lo civil y en lo criminal”.14

De acuerdo con Francisco Pedraza, en San Luis Potosí se encargó a los jefes políticos de las provincias expedir la convocatoria para recabar proyectos de constitución, o bien opiniones sobre ella, en 1822. Es muy probable que los individuos que respondieron a la convocatoria hubieran tenido acceso a obras de autores que estaban en boga en ese tiempo, como Adam Smith, Jeremías Bentham, Benjamín Constant, Denis Diderot, Charles-Louis Montesquieu o Voltaire (François-Marie Arouet), y otros autores españoles como Pedro Rodríguez de Campomanes o Gaspar Melchor de Jovellanos.15

Siguiendo con Pedraza, seguramente tuvieron contacto también con algunos comentaristas o expositores del código napoleónico y de las doctrinas que de él emanaron, y también es de considerarse que algunos leyeron largamente a los “publicistas”, como se llamaba en su época a los que ahora designamos como “constitucionalistas”.16

Así, antes de la promulgación de la constitución, se publicaron varios proyectos. Pedraza habló de la influencia de los códigos napoleónicos. En general, en los proyectos de constitución, las influencias ideológicas más relevantes fueron la estadounidense y la gaditana. La idea moderna del sistema federal nació en los Estados Unidos de América. El federalismo fue entendido como “la coexistencia, dentro de una misma organización constitucional, de dos o más legislaturas coextensas y coordinadas entre sí, con competencia distinta y suficiente cada una, ligadas todas por un pacto político”.17

El ensayo del cual se retomaron la mayoría de los artículos incluidos en la versión final de la Constitución local fue elaborado por el doctor Manuel María Gorriño y Arduengo en 1825.18 El congreso local recibió observaciones provenientes de “asesores” y miembros del Tribunal de Justicia.19

El primer proyecto de constitución local incluyó la preservación de las leyes antiguas que no se opusieran a la república federal, con el ánimo de “capitalizar experiencias”, siempre y cuando no se tratara de asuntos políticos.20 Otro punto relevante fue el respeto a la ley, vista como el medio que podría fijar el sentido verdadero de la igualdad y la libertad, esenciales para el sistema de gobierno que buscaba alcanzar.

Por tanto, los jueces debían actuar dentro de los límites que la misma ley prescribiera y la impartición de justicia se consideró como “monopolio de los tribunales, ni el congreso, ni el gobernador ejercerían en ningún caso, funciones judiciales”. El tribunal estaría compuesto por ministros que serían inamovibles, es decir, no podrían ser separados, ni suspendidos sino por acusación legalmente fundada. En este sentido, se aplicaría la ley como general para todos, y se declaría la inexistencia de fueros.21

Las ideas expuestas por Gorriño quedaron incluidas en la versión de la primera Constitución Política del Estado, publicada el 17 de octubre de 1826, y constó de 273 artículos. El preámbulo era casi igual al de la constitución española de 1812. Los derechos fundamentales que la carta potosina consagró fueron igualdad, libertad para imprimir sus ideas, propiedad, petición, seguridad para no ser perseguidos, arrestados ni detenidos o que sus propiedades fueran allanadas o cateadas.

Para la administración de justicia, y en consonancia con la constitución federal de 1824, se determinó que la aplicación de las leyes civiles y criminales correspondía exclusivamente al poder judicial del estado y que éste residiría en los tribunales que determinaba la constitución local.

En este sentido, determinó que las competencias para la impartición de justicia se basarían en las divisiones político-administrativas de los partidos. El estado quedó dividido en departamentos. El departamento del estado comprendió los partidos de San Luis Potosí, Santa María del Río y Guadalcázar. El departamento de Rioverde comprendió lo partidos de Rioverde y Valle del Maíz. El departamento de Tancanchuitz comprendió los partidos de Valles y Tancanchuitz; y el departamento de Venado comprendió los partidos de Ojo Caliente, Catorce y Venado22 (Anexo 1).

En este contexto, ninguna persona ni corporación que no perteneciera a dichos tribunales, ni el gobernador ni el congreso, podrían ejercer funciones jurisdiccionales, resolver causas pendientes o abrir juicios concluidos.23 Entre las facultades otorgadas a los tribunales locales, estuvo la facultad de asistir al gobernador para consultar sobre la “inteligencia” de las leyes, para que promoviera ante el congreso la conveniente aclaración o resolución sobre ellas.24

Por otra parte, en el artículo 229 de la primera constitución se estableció que una ley de tribunales sería publicada posteriormente y que determinaría todo lo que no quedaba demarcado en ese ordenamiento legal y que lo exigiera la “recta y pronta” administración de justicia. Dicho ordenamiento se publicó el año siguiente con el título Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado25 (Anexo 2).

En esta ley, se comprendieron tanto disposiciones relacionadas con la personalidad jurídica de las diferentes autoridades para la administración de justicia como elementos de carácter procesal, tipificación de delitos y sanciones contenidas en un mismo ordenamiento legal. En su artículo 1, del capítulo vi, sobre los juzgados en primera instancia, determinó que todos los alcaldes de las ciudades, villas, pueblos y congregaciones del estado donde hubiere ayuntamiento serían jueces de primera instancia.

Según el historiador José Francisco Pedraza Montes, “en los siguientes años a la erección del Supremo Tribunal de Justicia del Estado […] se habían publicado también algunos decretos sobre nombramientos de nuevos magistrados, pero esta formalidad no se observó de una manera constante o general, así como tampoco fueron publicadas, en ningún caso, las renuncias, cambios o remociones de los magistrados”.26

Con la publicación de la ley reglamentaria, se observó por primera vez una búsqueda del perfeccionamiento del estado a través de la separación de las diferentes esferas de la administración de la justicia; civil, criminal, eclesiástica, militar, etc. Aunque se procuró impulsar la profesionalización del personal dedicado a esta tarea, la ley reglamentaria determinó la prohibición para juzgar por “doctrinas de autores, o prácticas de tribunales”. De tal manera que los jueces deberían aplicar las “leyes dadas, y ése sería su único oficio”.27 Además, respetando el principio de separación de las esferas temporal y espiritual, los miembros del Tribunal no podrían asistir a funciones eclesiásticas o “felicitar personalmente” a los miembros de esas corporaciones cívicas.

Pocos días después se publicó en el periódico oficial del estado el Arancel de escribanos públicos, alcaldes y demás funcionarios de tribunales de justicia del estado, en donde se establecían todas las medidas económicas que se deberían cubrir por concepto de promociones en juicios civiles, juicios penales e instrumentos públicos.28

En la práctica, las controversias jurisdiccionales entre las autoridades judiciales federales y locales, entre estas últimas, así como entre las autoridades eclesiásticas y civiles, continuaron siendo frecuentes.29 Hubo otras situaciones a las que se enfrentaron las administraciones federales y locales para el desarrollo de sus funciones. Una de las más recurrentes fue la falta de personal para la impartición de justicia. Era necesario contratar personal competente para impartirla en aquellos lugares en donde “aún era inexistente”, pero eso no fue posible porque no alcanzaron los fondos para cubrir los sueldos, y “porque la diversidad de temperaturas de las tierras calientes hace retraer a los letrados, la mayor parte de ellos nacidos o educados en los países templados del centro”, razón por la que hubo vacantes sin adscritos, en algunas ocasiones, por más de un año.30

En estos casos, las autoridades federales interactuaron con los funcionarios de la administración de justicia potosina para el ejercicio de sus funciones.31 Esta colaboración entre ambos ámbitos de jurisdicción se llevó a cabo pero esa interacción ocasionalmente también derivó en juicios para dirimir materias y competencias entre autoridades.

Las causas de solicitud de colaboración judicial entre la federación y el estado fueron la falta de personal fiscal, la reorganización de la hacienda pública y la apremiante necesidad de recaudación para equilibrar el déficit nacional y local. Lo anterior hace evidente que, a pesar de la autonomía para la administración de justicia por Supremo Tribunal, su proceso de institucionalización fue de la mano con otros, con los que interactuó estrechamente, así como la evolución de la misma sociedad, que fue incorporándose al ejercicio de una cultura jurisdiccional en cada momento.

La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí estuvo vigente desde 16 de octubre de 1826 hasta el 9 de septiembre de 1835, cuando el régimen centralista decretó su gobierno mediante la expedición de las denominadas bases orgánicas. De acuerdo con estos ordenamientos, los estados se deberían convertir en juntas departamentales dependientes de un congreso nacional. En cuanto a la administración de justicia, ésta sería administrada por tribunales y jueces nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con intervención del ejecutivo, de las juntas departamentales y los tribunales superiores.32

Las sucesiones del poder eran violentas y se originaron continuos y frecuentes motines, pronunciamientos militares; se publicaron varios planes políticos, revolucionarios y contrarrevolucionarios. Esta época fue verdaderamente convulsiva, en la que se establecieron trascendentales reformas, sobre todo en los órdenes militar y eclesiástico, y en general en la administración pública; todas ellas carecieron de eficacia y de falta de organización y coordinación, y fracasaron. En las legislaturas de algunos estados, se manifestó decidida oposición a las reformas decretadas, lo que llevó al país a una situación de anarquía. Eran frecuentes los pronunciamientos pacíficos manifestados en los estados por los ayuntamientos, y aun por grupos de numerosos vecinos de las ciudades y pueblos, y era general la pública inconformidad respecto de las disposiciones oficiales de los gobiernos. Para remediar estos males que se sufrían en toda la nación, se propuso el cambio del sistema político, atribuyéndose al sistema federal la causa de esa inconformidad pública y el desordenado caos imperante, por lo que se cambió el sistema de gobierno con reformas sustanciales y se adoptó el régimen político del centralismo.33

El 30 de diciembre de 1836 se expidieron las Siete Leyes Constitucionales, de vocación centralista. Éstas tuvieron vigencia hasta 1843, cuando el general Antonio López de Santa Anna sancionó las Bases de Organización Política de la República Mexicana. Posteriormente, con la derrota de los centralistas, Santa Anna volvió a declarar vigente la Carta Magna de 1824, con lo que los departamentos retomaron la categoría de estados de la federación, con sus constituciones particulares. El poder judicial suprimió el nombre oficial de Tribunal de Justicia del Departamento de San Luis Potosí para llamarse nuevamente Supremo Tribunal de Justicia del Estado.34

La primera constitución potosina volvió a tomar vigencia, pero sólo diez años más, que además fueron interrumpidos por la promulgación de las Bases de la Administración de la República, con espíritu centralista, en 1853. En lo que respecta a la organización de los tribunales, se promulgó la Ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado, en 1852 (Anexo 3). Pocos años más tarde, el federalismo volvió a tomar auge con la promulgación de la constitución federal de 1857, y en San Luis Potosí se redactó una nueva constitución.35

La definición de un poder judicial, por parte de hombres inmersos en la práctica judicial, se abrió paso en los primeros años independientes mexicanos dentro de un contexto de cambios y reformas que determinaron su ejercicio, su organización y su estructura. Con la consolidación gradual de un gobierno estatal, la administración de justicia inició un proceso de especialización y perfeccionamiento. Se realizaron las primeras aportaciones de tipificación, de procedimientos y del personal que debía ejercerlas. Así, estos primeros años podrían ser considerados como años de esfuerzo por tipificar, frente a los siguientes, que podrían ser pensados más como años de construcción institucional o procesal.

La administración de justicia entre 1860 y 1862

La década de 1850 a 1860 se caracterizó por una intensa lucha política y armada en el estado. Las confrontaciones entre los llamados grupos conservadores y liberales, centralistas y federalistas tuvieron su momento más agudo durante la guerra de reforma de 1857 a 1861.36 El núcleo del conflicto nacional expresado en la promulgación de la constitución federal de 1857 y las leyes de reforma se hizo presente también en San Luis Potosí.

Sin embargo, los problemas y soluciones que proponían liberales y conservadores no eran tan diferentes. Todos “buscaban borrar el resultado de las guerras de Independencia, destruir la perpetuación efectiva de un sistema colonial consagrado por las tres garantías del Plan de Iguala”.37 Sin embargo, la falta de espacios para la expansión de las ideas se materializó en movimientos sociales y cambios de sistema de gobierno durante los años subsecuentes a mediados del siglo decimonónico.

El congreso local tuvo dificultades para sesionar con regularidad, pero quien sufrió las consecuencias fue el ciudadano común, que a menudo padecía las carencias económicas originadas por los conflictos, pues la constante, además de la ocupación militar, fue el establecimiento de préstamos forzosos. En este contexto de agitación política, y con la intención de mantener el orden y la seguridad pública, los gobiernos federal y estatal continuaron haciendo circular una cantidad considerable de decretos relativos a la forma en que se deberían resolver asuntos relacionados con la administración de justicia.

El 21 de junio de 1852 se publicó la primera ley orgánica para la administración de justicia en el estado, conjunto de disposiciones especializadas en la forma en que se debería organizar el tribunal local para administrar justicia.38 Se determinó que el tribunal debería ser integrado por seis ministros, un fiscal y seis ministros suplentes39 (Anexo 3).

En orden jerárquico, esta ley estableció que debería haber jueces de primera instancia, los nombrados por el gobierno del estado, previa terna presentada por el Tribunal de Justicia. Estos jueces ejercerían su jurisdicción en la cabecera del partido en que residían. Habría uno por cada partido en el estado, y les correspondía conocer de las causas civiles y criminales comunes que ocurrían dentro del mismo partido, sin perjuicio de “aquellas en que conforme a esta ley pueden y deben conocer los alcaldes constitucionales de los pueblos”.40

Les seguían los alcaldes constitucionales, quienes sólo fungían como jueces conciliadores. La conciliación precedía los casos en que se había de entablar una demanda por escrito, y tenía como propósito que el alcalde constitucional empleara todos los medios que la prudencia le aconsejara a efecto de persuadir a las partes de la conveniencia y necesidad de que terminaran sus diferencias a través de un arreglo pacífico y evitaran contiendas judiciales.41

Otra facultad de los alcaldes constitucionales era dictar las providencias legales en los asuntos en el momento, es decir, en aquellos casos que procedían demandas para las cuales no era necesario formar un expediente escrito o los autos derivados del delito de injurias, y sentenciaban en el momento a los autores de delitos “ligeros”.42

Hay que subrayar que en esta ley orgánica, en cuanto a impartición de justicia en materia minera y comercial, se suprimieron los tribunales especiales de minería y los tribunales especiales de comercio en el estado.43 Una vez derogadas, los negocios que se suscitaran en esta materia serían conocidos indistintamente por las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia y sus autoridades, “procediendo en ellos por los breves trámites que demarcaban las ordenanzas de las materias respectivas y decidiendo con total arreglo a lo que ellas disponían”.44

En las disposiciones de esta ley orgánica, se determinó que el cargo de juez letrado debería ser ocupado por un ciudadano en el libre uso de los derechos de ciudadano, no haber sido condenado en proceso legal por crimen alguno (reconocida moral pública) y no haber obtenido dispensa del tiempo legal de estudios. Estos jueces no podrían ser apoderados, defensores, árbitros ni arbitradores de ningún negocio que se versen fuera del partido de su jurisdicción. Y en los demás partidos que no hubiera juez, se desempeñarían como jueces de primera instancia los alcaldes constitucionales, consultando sus dudas con el juez letrado más inmediato. Su dotación sería de mil quinientos pesos anuales.45

A partir de 1861, las circunstancias en la entidad potosina tomarían otro rumbo. Por un lado, fue reformada y promulgada la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí el 13 de julio de ese año, por el decreto número 87. Por otro lado, la legislatura local cesó sus funciones en 1862 con motivo de la Intervención francesa y el establecimiento del imperio de Maximiliano. No volvería a ejercer funciones hasta la restauración de la república, en 1867.

De acuerdo con la constitución de 1861, el poder judicial del estado se depositó en el Tribunal Supremo de Justicia, jueces de primera instancia, alcaldes populares, jueces auxiliares y jurados. El Tribunal estaba compuesto por seis ministros propietarios y dos fiscales nombrados por los ayuntamientos de los estados. Se nombrarían también seis ministros supernumerarios que suplirían a los propietarios. Su jurisdicción se centró en la cabecera del partido de la capital (Anexo 4).

En orden de autoridad, le seguían los jueces de primera instancia. Se nombraría uno por cada cabecera de partido en la capital. Estos jueces conocían de todos los asuntos judiciales que ocurrían en el partido bajo su jurisdicción. Eran nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia, de una terna presentada previamente por el gobernador del estado, y duraban en el cargo cuatro años. A veces podrían durar más si no había otro nombramiento que los sustituyera.46

Los alcaldes populares eran las autoridades que ejercían el poder judicial en las cabeceras de los municipios. Eran electos por voto popular, y duraban en el cargo un año, aunque podían renunciar antes por circunstancia justificada.47 En letra, les seguían los jueces auxiliares y los jurados. De los primeros, su actividad se regía por la ley reglamentaria de la sección xiv de la constitución del estado.48

En ella se establecía que los jueces auxiliares estaban exentos del servicio de la guardia nacional, que no recibirían más recompensa que la gratitud pública. Eran nombrados por el Supremo Tribunal de una terna presentada por el jefe político de la localidad a donde serían asignados. Los jurados se nombraban en todas las poblaciones que designaba la ley, para ello bastaba ser ciudadano potosino residente en el lugar asignado y en ejercicio de sus derechos.49

Sin embargo, estas reformas quizá no tuvieron un efecto favorecedor inmediato para la administración de justicia, pues, en el informe presentado en 1869 por el gobernador sustituto del estado, Carlos Tovar, éste dejó constancia de la necesidad de una “reforma radical” en la impartición de justicia en el estado, en cuanto a la formación de códigos para el arreglo de los “graves males” que causaba al pueblo la mala impartición de justicia.50 Los códigos civil, penal y de procedimientos civiles para el estado fueron publicados por los decretos 16 y 48 de 1870.

Años después, en 1875, en su informe sobre la situación en que se encontraba la administración pública en San Luis Potosí, el gobernador del estado, Pascual M. Hernández, aseveró que el ramo de justicia aún dejaba mucho que desear en cuanto a una resolución “rápida” de los asuntos.51 Indicó que una de las “probables” causas del retraso era “el mal estado” en que se encontraba la organización de los tribunales de la entidad, así como la falta de claridad en los ordenamientos civiles, penales y de procedimientos que se utilizaban, pues no eran “compatibles con la jurisprudencia criminal moderna”, y era necesario modificarlos para que convinieran más “con los intereses de la sociedad que con la de los reos procesados”.52 El triunfo liberal inauguró dos etapas nuevas, la República Restaurada y el Porfiriato. En esos años, una nueva generación abandonó el acento en principios como “libertad, igualdad y justicia” adoptando las premisas de “orden y progreso”.

Las disposiciones revisadas se caracterizan por el perfeccionamiento de la institución judicial. A pesar de las dificultades para concretarlas, fungieron como un puente entre un antiguo régimen que no terminaba de extinguirse, y uno nuevo que inició su consolidación dentro de una vida republicana. Asimismo, que buscaban ir de la mano con los procesos de perfeccionamiento del gobierno para su administración.

La administración de justicia entre 1900 y 1903

Con el actual personal del Supremo Tribunal, lo mismo que con el anterior, el Ejecutivo mantiene perfecto acuerdo, cumpliendo las obligaciones que la Constitución le impone en asuntos relativos al ramo de justicia. El Supremo Tribunal, lo mismo que los jueces y alcaldes gozan de la más perfecta independencia en sus respectivas atribuciones, y la sociedad está satisfecha de que ese Poder procede en todos sus actos con la debida justificación.53

Este apartado aborda la organización del Supremo Tribunal de Justicia a partir de 1900 y hasta 1903, pues fue en ese año cuando fue publicada la Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, el 6 de junio de ese año.54 Con base en ese ordenamiento, se estableció que la administración de justicia recaería en el Tribunal Supremo de Justicia, en los jueces de primera instancia, en los jueces menores, en los alcaldes populares y en los jueces auxiliares (Anexo 5). Y aunque “se comprende su importancia, en el fondo no envuelve ninguna novedad”.55

El Supremo Tribunal estaba formado por seis ministros propietarios, doce supernumerarios y dos fiscales. Su residencia estaba señalada en la capital del estado. Duraban en el puesto cuatro años. Entre sus atribuciones se encontraba el nombramiento de jueces de primera instancia, menores, auxiliares, agentes del Ministerio Público, defensores y escribanos de diligencias; el nombramiento de visitadores de acuerdo con lo establecido en esta ley; y acordar cuantas noticias fueran necesarias para dar “buen impulso” a la administración de justicia.56

En esta ley orgánica se mencionó quiénes eran los defensores de oficio, el Ministerio Público y los fiscales, y cuáles eran las atribuciones de ellos; estas figuras legales no habían sido consideradas en otros ordenamientos anteriores.57 Los defensores de oficio eran nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia y tenían la obligación de gestionar o promover lo que fuera necesario para la defensa de los reos.

Entre sus atribuciones estaban las visitas diarias a la penitenciaría y a la cárcel de mujeres, y rendir informes al tribunal sobre los asuntos que se les encomendaran.58 El Ministerio Público fue una magistratura que se instituyó para que auxiliara en la administración de justicia y defendiera los intereses públicos en los casos y por los medios que señalaban las leyes. El Ministerio Público estaba representado por los fiscales del Tribunal Supremo en lo relativo a cuestiones de competencia.59 También actuaban a través de los agentes del Ministerio Público, quienes eran nombrados por el Tribunal Supremo a propuesta en terna del ejecutivo del estado. En los partidos donde no hubiera agentes del Ministerio Público, las funciones de éstos eran desempeñadas por los síndicos de los ayuntamientos o, en su defecto, por los regidores.60

Para 1903, otra figura que no había sido considerada antes en las leyes y reglamentos del Supremo Tribunal era la de visitador. Las funciones de los visitadores eran, además de realizar visitas y el registro de los juzgados de los partidos del estado, escuchar las quejas de los reos, defensores, agentes del Ministerio Público, empleados, litigantes y demás particulares. Podían incorporar el expediente respectivo y las averiguaciones que consideraran necesarias para el esclarecimiento de los hechos en que se fundaran.

Además, tenían la autoridad para imponer correcciones disciplinarias que establecían las leyes de procedimientos a los jueces secretarios y empleados judiciales por faltas que “le pareciese” se hubieran cometido en el desempeño de los cargos, y debían rendir informe de esas situaciones al Supremo Tribunal. Estos actores gozaron de absoluta independencia de los jueces visitadores y de los quejosos. En casos muy especiales, se dirigían sólo a revisar un único negocio, y en torno a éste efectuaban las atribuciones que tenía conferidas.61

Los peritos también formaban parte del órgano de administración de justicia del Supremo Tribunal. Se consideraba perito a la persona que ejercía alguna profesión o actividad y que mediante remuneración del erario prestaba sus servicios en cualquier ramo de la administración pública del estado.62

Los jueces letrados eran propuestos al Tribunal por el gobernador cuando tenían que ser asignados para la primera instancia, y menores de la capital y partido de Catorce, uno de los lugares con mayor población después de la capital y mayor dinamismo económico en esos años. El gobierno buscaba siempre escoger a los letrados que gozaran de buena reputación por sus conocimientos en la ciencia del derecho y por su honradez profesional.63

Los jueces de primera instancia se ubicaban en las cabeceras de partido. Había cuatro en el partido de la capital, que se denominaban primero y segundo del ramo civil, y primero y segundo de ramo criminal. En los otros partidos sólo había uno, que se denominaba mixto y que se encargaba de asuntos tanto criminales como civiles. En algunos casos, el Supremo Tribunal de Justicia podía ordenar que residieran en alguna otra municipalidad y su jurisdicción se ejercía en todo el territorio del partido.64

Entre sus atribuciones se encontraba la de dirimir las competencias de jurisdicción entre los jueces menores y alcaldes de su partido, y practicar visitas a los juzgados menores y alcaldías. Cabe resaltar que, en donde no existía notario público, el juez de primera instancia ejercía las funciones de aquél. Debía realizar el protocolo de acuerdo con las normas establecidas por ley, y llevar los registros públicos de la propiedad del comercio y de minería en el partido de su jurisdicción.65

En otros casos, como en 1901, el gobernador apeló a la facultad que le otorgó la constitución local para establecer un juzgado menor en el partido de Catorce, en el punto que designó el Supremo Tribunal de Justicia, para hacer expedita la impartición de justicia y beneficiar a los interesados en los asuntos judiciales.66

¿Por qué había lugares en los que un juez de primera instancia debió cubrir esas funciones? Una posible razón era la estrecha relación con los formulismos legales para celebrar ciertos actos, en los que se requería que quedara asentada en los libros de protocolo la actuación judicial que se estuviera llevando a cabo para consumar la legalidad de éste, por lo que era ineludible realizar este acto. Otra razón podría ser la concentración de una mayor cantidad de población durante esos años en determinados lugares.

Otra figura regulada por primera vez fue la del secretario del juez de primera instancia. De acuerdo con esta legislación, habría un secretario por cada juzgado, que residiría en las cabeceras de los partidos, aunque en algunos casos el Supremo Tribunal de Justicia podía ordenar que residiera en alguna otra municipalidad.67 De acuerdo con esta ley orgánica, en orden siguiente ejercían su autoridad los jueces menores. Éstos residían en cada municipalidad y tenían el doble número de suplentes, y su jurisdicción se limitaba al municipio al que pertenecían. Conocían de asuntos civiles y criminales, y practicaban a instancia de parte en las poblaciones donde no residía el juez de primera instancia. 68

A éstos les seguían los alcaldes populares. Éstos tenían las mismas atribuciones que los jueces menores, pero sólo ejercían autoridad en donde no había jueces menores. Su residencia debía localizarse en las cabeceras de los municipios que determinaba la ley electoral. Eran elegidos por sufragio universal directo.69 Los jueces auxiliares se ubicaban en las diferentes fracciones de los municipios del estado, duraban un año en el cargo y conocían de las demandas por acción civil que no excedieran la cantidad de diez pesos y aquellos asuntos criminales que merecieran una pena menor de ocho días de arresto o detención.70

Una referencia importante es la primera tipificación de los denominados “agentes intrusos o tinterillos”. De acuerdo con la Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, los tinterillos eran las personas que, sin tener título de abogado o agente de negocios, se ocupaban habitualmente de seguir negocios judiciales ajenos y hacían gestiones con el carácter de apoderados, procurados o cesionarios de cobranza.71 Los jueces del Tribunal Supremo no podían por ningún caso admitir las gestiones hechas por estos agentes, bajo la pena de ser suspendidos por un año de las funciones de su cargo.72 Se establecía que estos agentes deberían ser juzgados de oficio o por acusación de parte por cualquier juez o tribunal del estado ante quien litigaran.

El cambio en la organización del Supremo Tribunal de Justicia continuó durante los años posteriores a la publicación de la ley orgánica de 1903. En los informes rendidos por los gobernadores ante el congreso local entre ese año y lo que se considera tradicionalmente como el final del porfiriato en 1911, se aprecia que su actividad fue orientada, entre otras cosas, a mantener una administración de justicia rápida y expedita a través de la calidad personal (rectitud y laboriosidad)73 y la profesionalización de sus funcionarios, del establecimiento de nuevos juzgados menores y la circunscripción de su esfera de acción frente a los poderes locales y federales.74

Con base en las disposiciones revisadas, se puede apreciar que las leyes y reglamentos publicados en torno a la administración de justicia en esta etapa se caracterizan por un mayor grado de desarrollo teórico y por abarcar temas cada vez más especializados. También se percibe una mayor expansión y desarrollo de la administración de justicia, acorde al desarrollo del gobierno en México.

El movimiento revolucionario iniciado en 1910 trajo como consecuencia una modificación profunda en la forma de la organización del estado y sus instituciones para administrar justicia, con lo que se marcó un punto y seguido en el proceso de desarrollo en torno al Supremo Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

Consideraciones finales

La administración de justicia debe ser considerada en interrelación con la sociedad de su momento. La preocupación por modernizar y hacer eficiente el aparato administrativo fue una constante de los grupos al frente del gobierno durante todo el siglo xix. De tal manera, lo expuesto aquí se inscribe en la corriente historiográfica que explica la transición de un derecho novohispano tradicional hacia un derecho liberal que destacó una mayor autonomía del poder judicial frente al ejecutivo y legislativo.

La definición del tribunal para la justicia en San Luis Potosí en el siglo xix y hasta inicios del siglo xx fue determinada de diferentes maneras en las leyes publicadas sobre esa materia. En los primeros años posindependientes, en el ámbito nacional, fue evidente la vinculación estrecha del juez al cumplimiento de la ley y el desempeño de la función jurisdiccional por un Supremo Tribunal de Justicia local. Sin embargo, al prevalecer la vigencia de algunas determinaciones del antiguo régimen, existió una contradicción con nuevos preceptos constitucionales y con la práctica social de la justicia.

Las razones fueron los problemas de edificación de la misma institución judicial y la gestión del poder político que estaba también en definición. Esto remitió a un tipo de justicia en donde la confianza y notoria honradez fue la cualidad más preciada de los jueces y de sus procedimientos, más que su apego a principios normativos. La confianza y la disciplina del juez respaldaban su desempeño con apego al derecho, y era la única forma de asegurar su vinculación al proyecto de definición de poderes en el estado.75

El problema fue precisar la calidad de esas aptitudes en la selección del juez en comparación con los relacionados, por ejemplo, con la moralidad y el concepto público, de tal manera que la responsabilidad particular de los jueces y los motivos que fueron origen de una controversia tuvieron relación con la calidad de sus actuaciones judiciales que con su persona. En este sentido, en la ley de Arreglo de Tribunales para la Administración de Justicia en el estado quedó decretada la admisión de acusaciones sobre delitos de los jueces en el ejercicio de sus funciones y siempre que merecieran formación de causa.76

Asimismo, en el paso de la justicia de antiguo régimen a la justicia constitucional, persistió el paradigma jurisdiccional, es decir, aquel que fue resultado de una separación administrativa entre los poderes ejecutivo y legislativo con el judicial. Es decir, se definió un puente entre la ley con el derecho a ser juzgado, pero la resolución de esa unión no fue origen de legislación. Es por ello que la única garantía de una buena impartición de justicia eran la confianza y responsabilidad depositadas en el juzgador. De tal manera, juzgar significó hacer efectiva la responsabilidad de los empleados por el desempeño de sus funciones.77

En el contexto de la edificación del estado liberal a mediados del siglo xix, y de acuerdo con María Julia Solla, se efectuó un desprendimiento real de los principios del antiguo régimen. El aspecto principal fue la prevalencia de la (ejecutivo) sobre otras esferas del poder (legislativo/judicial) para llevar a cabo los planes del gobierno y su dirección. Así, “la historia de la justicia se convirtió en la historia de un proceso de reducción y de limitación y, en última instancia, de sumisión a los patrones administrativos”.78

La garantía para la recta aplicación de la función jurisdiccional fue la idoneidad de las autoridades judiciales encargadas de ejercerla. Si la justicia no aparecía objetivada en los fallos, entonces tenía que localizarse en la propia persona del juez. La inexistencia de códigos especializados determinó que para asegurar el correcto ejercicio de la función judicial se tomaran en cuenta las cualidades del juez y las calidades del proceso judicial. Pero la buena calidad en la función jurisdiccional tenía su origen precisamente en la experiencia que derivaba de la permanencia en el puesto y de la práctica jurídica que habrían desarrollado en un largo periodo (inmovilidad).79

A contrapeso, las determinaciones constitucionales determinaron la movilidad del personal y su profesionalización, por lo que comenzó a percibirse un desfase entre legislar, la ley aplicable al caso y la actividad jurisdiccional de los jueces. Es decir, se evocaba pasar de una propiedad patrimonial del cargo a la conceptuación del juez como empleado. O, lo que es lo mismo, una transformación del juez meritorio al juez funcionario.

Se subrayó el paso de la responsabilidad judicial a la responsabilidad disciplinaria. Y con ello, la edificación de una “magistratura de calidades”. Se buscó una mayor calidad en los procedimientos (competencia, rectitud, audiencia, prontitud); la reducción de la potestad jurisdiccional y la administración de los empleados restantes. Se buscó establecer la carrera judicial. Sin embargo, este proceso tuvo cierta contrariedad con el principio de inamovilidad que había permanecido vigente desde el antiguo régimen y que era precisamente sobre el cual se fundaba la práctica y experiencia judicial.80 Se buscó una independencia judicial frente a los poderes ejecutivo y legislativo, pero, para acotar la actuación de los jueces, se posibilitó el intervencionismo gubernativo para evitar la inmovilidad judicial, así como el reconocimiento de las esferas especiales para la impartición de justicia, como la eclesiástica y la militar.

A finales del siglo xix, los esfuerzos estuvieron orientados a lograr una mejor definición de su organización interna del Supremo Tribunal, con el propósito de brindar una resolución pronta y expedita de los asuntos interpuestos ante las autoridades judiciales. Fue en este lapso cuando se logró una separación más clara entre las diferentes esferas de su competencia frente a otras autoridades federales, de otros estados y hacia los poderes del interior; la identificación de las materias para la administración de justicia culminó en la promulgación de códigos especializados en materias civil, penal, mercantil y procesal, entre otros, además de una mayor precisión en los requisitos para el desempeño como funcionario del Tribunal de Justicia del Estado.

De acuerdo con Elisa Speckman Guerra, en estos años predominaron las premisas de la escuela liberal del derecho y, en general, el modelo liberal. Sin embargo, aún prevalecieron diversas ideas propias del derecho tradicional; por ejemplo, que la vida civil debía tener como base la moral religiosa, o que la comunidad tenía responsabilidad por las faltas de sus propios miembros (comunidad), mientras que la edificación de las instituciones judiciales tenía una estrecha relación con el desarrollo político y, en ciertos casos, injerencia del ejecutivo en el rumbo.81

El derecho procesal más detallado se volvió una garantía del ejercicio jurisdiccional correcto, aunque la persona del juez y del personal de tribunal también continuó siendo objeto de regulación en las actuaciones judiciales. Los requisitos de abogacía, notoria honradez y buena conducta permanecieron constantes hasta iniciado el siglo xx como cualidades inherentes a los jueces y determinado personal del tribunal, como garantía de calidad en el proceso judicial.

La función jurisdiccional respondió a la lógica liberal de finales del siglo. Entre los postulados que buscaron, destacan la igualdad jurídica, el libre albedrío, la predeterminación de la sanción y la creencia en la capacidad de enmienda.82 Hasta la Revolución, ni los teóricos, ni los jueces ni la sociedad exigieron una reforma sustantiva de las leyes. “Los gobernantes en turno no aplicaron todos los puntos de la legislación; tampoco deseaban modificarla radicalmente, ya que se legitimaban con la lucha liberal y sus instituciones”.83 Esta situación se modificó para los primeros años del siglo xx, al concluir el movimiento armado, pues, para una reforma jurídica, influyó también el cambio generacional.

Anexos

REFERENCIAS

Archivos

aheslp, cld. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Secretaría General de Gobierno. Colección Leyes y Decretos.

aheslp, poe. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Secretaría General de Gobierno. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

aheslp, sgg. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Secretaría General de Gobierno, impresos.

aheslp, stjeslp. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sección Penal.

bn, fr. Biblioteca Nacional. Fondo Reservado.

rma, fm. Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Fondo Misceláneas.

Textos de la época

De la Llave, Memoria que en cumplimiento del artículo 120 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos leyó el Secretario de Estado del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos en la Cámara de Senadores el día 5 y en la Diputados el 7 de enero de 1825 sobre los ramos del ministerio a su cargo, México, Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 1825.

Escontría, Blas, Informe leído por el C. Gobernador del Estado, Ing. Blas Escontría en la apertura del 3er. periodo de sesiones del xx Congreso Constitucional la noche del 15 de Septiembre de 1904, y contestación dada por el C. Presidente del Congreso Constitucional Ing. José María Espinosa y Cuevas, San Luis Potosí, Imprenta Militar, 1904.

Escontría, Blas, Informe pronunciado por el señor gobernador constitucional del Estado (Blas Escontría) en la solemne apertura de sesiones de la xx Legislatura, 24 de septiembre, 1903.

Escontría, Blas, Memoria presentada al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí por el gobernador constitucional Ingeniero Blas Escontría, relativa a los actos administrativos correspondientes al periodo de 1 de Septiembre de 1899 al 31 de Agosto de 1901.

Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, México, Impreso en la oficina de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1837.

Espinoza y Cuevas, José María, Informe Leído por el C. Gobernador del Estado Ingeniero José María Espinosa y Cuevas en la apertura del tercer periodo de sesiones del XXIII Congreso Constitucional la noche del 15 de septiembre de 1910 y contestación dada al informe anterior por el C. Presidente del Congreso Mariano Barragán, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar, dirigida por Aurelio B. Cortés, 1910

Espinoza y Cuevas, José María, Informe leído por el C. Gobernador del Estado, Ing. José María Espinosa y Cuevas, en la apertura del 1er. Periodo de sesiones del XXIII Congreso Constitucional, la noche del 15 de septiembre de 1909, y contestación dada al informe por el D. Presidente del Congreso Ing. Paulo Verástegui, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar, dirigida por Aurelio B. Cortés, 1909.

Espinoza y Cuevas, José María, Informe leído por el C. Gobernador del Estado Ing. José María Espinosa y Cuevas en la apertura del 3er. periodo de sesiones del XXII Congreso Constitucional la noche del 15 de septiembre de 1908 y contestación dada al informe anterior por el Presidente del Congreso Mariano Barragán, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar, dirigida por Aurelio B. Cortés, 1908.

Espinoza y Cuevas, José María, Memoria presentada al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí por el Gobernador Constitucional Ing. José María Espinosa y Cuevas, relativa a los actos administrativos correspondientes al periodo del 1o. de Septiembre de 1903 al 31 de agosto de 1905, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar, dirigida por Aurelio B. Cortés, 1907.

Espinoza y Cuevas, José María, Informe leído por el C. Gobernador del Estado Ing. José María Espinosa y Cuevas, en la apertura del primer periodo de sesiones del xxii Congreso Constitucional la noche del 15 de septiembre de 1907, y contestación dada al informe anterior por el C. Presidente del Congreso Dr. Horacio Uzeta, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar dirigida por Aurelio B. Cortés, 1907.

Espinoza y Cuevas, José María, Informe leído por el C. Gobernador del Estado Ing. José María Espinosa y Cuevas en la apertura del tercer periodo de sesiones del XXI Congreso Constitucional la noche del 15 de septiembre de 1906, y contestación dada al informe anterior por el C. Presidente del Congreso Ing. Paulo Verástegui, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar dirigida por Aurelio B. Cortés, 1906.

Galván, Mariano, Curia filípica mexicana. Obra completa de práctica forense. En la que se trata de los procedimientos de todos los juicios ya ordinarios, ya extraordinarios y sumarios, y de todos los tribunales existentes en la República, tanto comunes como privativos y privilegiados. Conteniendo además un tratado integro de la jurisprudencia mercantil, México, 1850.

Gorriño y Arduengo, Manuel María, Ensayo de una Constitución Política que ofrece a todos los habitantes del Estado Libre de la Luisiana Potosinense o sea de San Luis Potosí, unido a la Federación Mexicano, el ciudadano D. M. M. G. A: en el año 1825, quinto de la Independencia, cuarto de la Libertad y tercero de la República, San Luis Potosí, Oficina de Mariano Ontiveros, 1825.

Hernández, Pascual M., Informe sobre el estado que guarda la administración pública, leído por el Lic. Pascual M. Hernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a tiempo de instalarse esta Legislatura Constitucional el 16 de Septiembre de 1875, San Luis Potosí, Litografía y Tipografía Prensas Mecánicas de J. Ortiz y Cía., 1875.

Memoria que en cumplimiento del artículo 120 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos leyó el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, en la Cámara de Diputados el día 3 y en la de Senadores el día 4 de enero de 1826 sobre los ramos del ministerio de su cargo, México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826.

Muro, Manuel, Historia de San Luis, México, M. Esquivel y Compañía, 1910.

Observaciones que los individuos del Tribunal de Justicia y Asesores de este Estado, presentan al honorable congreso sobre el proyecto de Constitución. Admitido en esta augusta asamblea, proponiéndonos por objetivo, así cumplir con la iniciativa que para formarlas se nos hizo, como acaso cooperar a la mejor organización de la carta fundamental, 20 de septiembre de 1825.

Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la m. n. y. m. l. Villa de Bilbao. Aprobadas y confirmadas por las majestades de los señores D. Felipe v en 2 de diciembre de 1737, y D. Fernando VII en 27 de junio de 1814, Francia, Editorial Rosa.

Real Academia Española, Diccionario de autoridades, 1734.

Tovar, Carlos, Memoria que el C. Carlos Tovar, Gobernador Substituto del Estado, presenta en cumplimiento del artículo 54o. de la Constitución del mismo para dar cuenta al pueblo, por conducto de sus representantes de los sucesos ocurridos durante el periodo transcurrido desde el 24 de septiembre de 1868 al 31 de julio de 1869, San Luis Potosí, Imprenta de Vélez, 1869.

Obras consultadas

Arenal, Jaime del y Elisa Speckman, El mundo del derecho. Aproximaciones a la cultura jurídica novohispana y mexicana (siglos xix y xx), México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México / Editorial Porrúa / Escuela Libre de Derecho, 2009.

Barreneche, Osvaldo, Crime and the Administration of Justice in Buenos Aires, 1785-1853, Lincoln, University of Nebraska Press / Lincon and London, 2006.

Barriera, Darío G. (comp.), Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos xvi-xix, Murcia, Editum, 2009.

Bergalli, Roberto, “Democracia y justicia penal”, en Symposium Internacional sobre la transformación de la administración de justicia penal en la República Argentina, Buenos Aires, 2-6 de mayo de 1988.

Burke, Peter y José Carazo, “La nueva historia socio-cultural”, en Historia social, núm. 17, otoño de 1993, pp. 105-114.

Cañedo, Sergio, Moisés Gámez Rodríguez, María Teresa Quezada Torres y José Antonio Rivera Villanueva, Cien años de vida legislativa. El congreso del estado de San Luis Potosí, 1824-1924, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis / Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2000.

Contreras, Jaime, “Configuración simbólica y codificación penal en San Luis Potosí, 1867-1877. Enemigos políticos o bandidos”, tesis para obtener el grado de maestro en Historia, El Colegio de San Luis, 2002.

Coronado, Luis, “Límites de la justicia federal en San Luis Potosí en los primeros años de la república, 1821-1833”, en María Isabel Monroy Castillo e Hira de Gortari Rabiela (coords.), San Luis Potosí. La invención de un territorio siglos xvi-xix, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2010, pp. 177-225.

Corral, Adriana, Teresa Quezada, Graciela Lomelín y David Vázquez, San Luis Potosí. Historia de las instituciones jurídicas, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Senado de la República, 2010. [Dos volúmenes.]

Flores, Rodolfo, “La función de las elecciones en San Luis Potosí, 1903-1919”, tesis de maestría en Historia, El Colegio de San Luis, 2003.

García, Sergio y Saúl Rayas, Evolución del supremo tribunal de justicia del estado de Michoacán y sus presidentes, México, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, s/a.

Jiménez, Juan Ricardo, El sistema judicial en Querétaro 1531-1872, México, Gobierno del Estado de Querétaro / Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro / Universidad Autónoma de Querétaro / Miguel Ángel Porrúa, 1999.

Johansen, Anja, “Struggling for the Moral High-Ground: Police Legitimacy as Battle Ground for Public Debates, Berlin and Paris, 1890-1914”, en European Social Science History Conference, 2018. Disponible en https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/programme?day=60&time=181&session=3747&room=264 (acceso: 21/04/2018).

Langue, Frederique y Carmen Salazar-Soler, Dictionarie des termes miniers en usage en Amérique espagnole (xvi-xix siécle), París, Éditions Recherche Sur Les Civilisations, 1993.

Lorente, Marta María, De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, España, Consejo General del Poder Judicial, 2007.

Lozano, Teresa, La criminalidad en la Ciudad de México, 1800-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

Marradí, Alberto, “Sistema Judicial”, en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario de política, México, Siglo XXI editores, 1986, pp. 1457-1464.

Martínez, Fernando, “La constitucionalización de la justicia”, en Marta María Lorente, De justicia de jueves a la justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General de Poder Judicial, Cuadernos de Derecho Judicial, vol. vi, 2006, pp. 169-205.

Mellaerts, Wim, “Criminal Justice in Provincial England, France and Netehrlands, c. 1880-1905: Some Comparative Perspectives”, Crime, historie et sociétés / Crime, history and societies, vol. 4, núm. 2, 2000. Disponible en http://chs.revues.org/823; doi: 10.4000/chs.823 (acceso: 05/05/2018).

Méndez, Jesús y Beatriz Fujigaki, “Consideraciones sobre el pensamiento económico de México, de 1855 a 1876”, en María Eugenia Romero (coord.), Historia del pensamiento económico en México. Problemas y tendencias (1821-2000), México, Trillas, 2005, pp. 63-95.

Monroy, María Isabel, “Una década de federalismo: San Luis Potosí, 1825-1835”, en Josefina Vázquez y José Antonio Serrano (coords.), Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano, 1824-1835, San Luis Potosí, El Colegio de México / Centro de Estudios Históricos, 2012, pp. 355-384.

Monroy, María Isabel y Tomás Calvillo, ¿Quiénes construyen el Estado-nación en las regiones? El caso de San Luis Potosí, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1999 (Col. Cuadernos del Centro).

Monroy, María Isabel y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis, México, El Colegio de México / Fideicomiso Historia de las Américas / Fondo de Cultura Económica, 2001.

Monroy, María Isabel e Hira de Gortari Rabiela (coords.), San Luis Potosí. La invención de un territorio siglos xvi-xix, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2010.

Motilla, Jesús, El doctor Gorriño y Arduengo. Su proyecto para la primera constitución potosina, 1825, San Luis Potosí, Casa de la Cultura de San Luis Potosí / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 1990.

Motilla, Jesús (coord.), El poder judicial del estado de San Luis Potosí, 1821-2004, San Luis Potosí, Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 2004.

Ortiz, Martín (coord.), Historia del tribunal superior de justicia del estado de Tabasco, 1824-1920, Villahermosa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco / Gobierno del Estado de Tabasco / Poder Judicial del Estado, 1994.

Ortiz, Martín, Eusebio Castro y José de los Santos, Leyes y reglamentos del poder judicial del estado de Tabasco, 1813-1993, Villahermosa, Gobierno del Estado de Tabasco / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1993.

Pedraza, José Francisco, Estudio histórico-jurídico de la primera constitución política del estado de San Luis Potosí (1826) y reproducción facsimilar de la misma, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, Biblioteca de Historia Potosina, 1975 (Serie de documentos, 5).

Pedraza, José Francisco, Historia del poder judicial del Estado II, años 1835-1847, San Luis Potosí, H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, 2017. Disponible en http://www.stjslp.gob.mx/pjudicial/resena.html (acceso: 12/03/2017).

Perlingeiro, Ricardo, “A Historical Perspective on Administrative Jurisdiction in Latin America: Continental European Tradition versus U. S. Influence”, British Journal of American Legal Studies, núm. 5, 2016, pp. 241-289.

Rodríguez, Nereo, Historia de San Luis, San Luis Potosí, Sociedad Potosina de Estudios Históricos, 1969.

Roth, Mitchel P., Crime and Punishment, a History of the Criminal Justice System, Belmont, Wadsworth Cengage Learning, 2011.

Serván, Carmen, “Configuraciones y desconfiguraciones de la justicia bajo el constitucionalismo de 1869”, en Marta María Lorente, De justicia de jueces a la justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General de Poder Judicial, 2006 (Cuadernos de Derecho Judicial, vi), pp. 363-393.

Speckman, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México / Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.

Speckman, Elisa, “Los jueces, el honor y la muerte. Un análisis de la justicia (Ciudad de México, 1871-1931)”, Historia Mexicana, vol. lv, núm. 4, 2006, pp. 1411-1465.

Speckman, Elisa, Del Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos xix y xx), México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015.

Solla, María Julia, “Justicia bajo administración (1834-1868)”, en Marta María Lorente, De justicia de jueves a la justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General de Poder Judicial, 2006 (Cuadernos de Derecho Judicial, vi), pp. 291-324.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Historia de la justicia en México, siglos xix y xx, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005. [Dos volúmenes.]

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Justicia. Punto de Equilibrio. Gaceta del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, México, Impresos Valadez, tomos i al xvii.

Tena, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1980.

Velázquez, Primo Feliciano, Historia de San Luis, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2004. [Tres volúmenes.]

1 El Colegio de San Luis.

2 Bergalli, “Democracia y justicia penal”; Barriera, Justicias y fronteras…; Mellaerts, “Criminal Justice…”; Roth, Crime and punishment…; Johansen, “Struggling…”; Barreneche, Crime and the administration….; Perlingeiro, “A historical perspective…”.

3 Corral et al., San Luis Potosí...; Cañedo et al., Cien años…; Contreras, “Configuración…”; Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Justicia. Punto de Equilibrio...

4 Motilla, El poder judicial…; García y Rayas, Evolución…; Ortiz, Historia…; Ortiz, Castro y De los Santos, Leyes y reglamentos…; Jiménez, El sistema judicial…

5 Speckman, Del Tigre de Santa Julia…, p. 95.

6 Serván “Configuraciones…”, pp. 393-394.

7 Real Academia Española, Diccionario de autoridades.

8 Galván, Curia filípica...

9 La larga duración es un concepto impulsado por el historiador francés Fernand Braudel y que refiere los diferentes aspectos de un solo proceso (geográficos, políticos, económicos, sociales, etc.), y no sólo la descripción del acontecimiento.

10 Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, del 9 de octubre de 1812, en Dublán y Lozano, Legislación mexicana...

11 Constitución Política de la Monarquía Española, del 18 de marzo de 1821, en Dublán y Lozano, Legislación mexicana…

12 Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, del 31 de enero de 1824, y Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824 (aheslp, sgg, cld).

13 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824 (aheslp, sgg, cld).

14 bn, fr, Memoria que en cumplimiento del artículo 120° de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos leyó el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, en la Cámara de Diputados el día 3 y en la de Senadores el día 4 de enero de 1826 sobre los ramos del ministerio de su cargo. México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826, 19 pp.

15 Pedraza, Estudio histórico…, pp. 18-20.

16 Ibid., pp. 19-43.

17 Tena, Derecho constitucional…, p. 104; Coronado, “Límites de la justicia…”, pp. 186-187.

18 Gorriño, Ensayo de una Constitución… De acuerdo con Motilla, la conceptuación filosófica de Gorriño apoya la tutela de las instituciones jurídicas, patrimonio de la comunidad, donde el respeto al individuo como integrante de la sociedad se fundamenta en la conciliación de lo que hoy llamaríamos garantías individuales (Motilla, El doctor Gorriño…, pp. 20-27).

19 Observaciones que los individuos del Tribunal de Justicia y Asesores de este Estado, presentan al honorable congreso, 20 de septiembre de 1825, en Pedraza, Estudio histórico…, pp. 23, 44-47.

20 aheslp, cld, Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado, 29 de marzo de 1827; Motilla, El doctor Gorriño…, p. 43.

21 Motilla, El doctor Gorriño…, pp. 43-54.

22 Monroy y De Gortari, San Luis Potosí…, p. 245.

23 aheslp, cld, Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, del 17 de octubre de 1826, artículos 182 y 183.

24 Ibid., artículo 91.

25 aheslp, cld, Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado, 20 de marzo de 1827.

26 Pedraza, “Historia del poder judicial…”.

27 aheslp, cld, Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado, 20 de marzo de 1822.

28 aheslp, cld, Arancel de escribanos públicos, alcaldes y demás funcionarios de los tribunales de justicia en el estado, 28 de marzo de 1827.

29 aheslp, stjslp, Ramo Criminal, 1826-1833.

30 De la Llave, Memoria....

31 La interacción podría ser entendida como la colaboración o competencia jurisdiccional entre la federación y los juzgados potosinos, y fue resultado del proceso de edificación de ambas instancias, la tipificación de delitos y la definición del derecho procesal respectivo.

32 Muro, Historia…, vol. 2, pp. 109-110.

33 Pedraza, “Historia del poder judicial…”.

34 Id.

35 Corral et al., San Luis Potosí…, vol. 1, pp. 55-56.

36 Méndez y Fujigaki, “Consideraciones…”, pp. 63-65.

37 Corral et al., San Luis Potosí…, vol. 1, p. 57.

38 aheslp, cld, Ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado, del 21 de julio de 1852.

39 Escriche, Diccionario…, p. 258.

40 aheslp, cld, Ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado, del 21 de julio de 1852, artículos 61 al 65.

41 Id.

42 Id.

43 Ordenanzas de la Ilustre Universidad…; Langue y Salazar-Soler, Dictionarie…, p. 407.

44 aheslp, cld, Ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado, del 21 de julio de 1852, artículos 1 al 33.

45 Id.

46 aheslp, cld, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decretada el 13 de julio de 1861 y sancionada el 27 del mismo mes y año, artículos 81-84.

47 aheslp, cld, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decretada el 13 de julio de 1861 y sancionada el 27 del mismo mes y año, artículos 86 al 88.

48 aheslp, cld, Ley reglamentaria de la sección xiv de la Constitución del Estado, 7 de diciembre de 1872.

49 aheslp, cld, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decretada el 13 de julio de 1861 y sancionada el 27 del mismo mes y año, artículos 89-92.

50 Tovar, Memoria...

51 Hernández, Informe…

52 Id.

53 Escontría, Memoria presentada…

54 aheslp, cld, Ley orgánica de los tribunales del estado, de 6 de junio de 1903.

55 aheslp, poe, Informe pronunciado por el señor gobernador constitucional del estado en la solemne apertura de sesiones de la xx legislatura, 24 de septiembre de 1903.

56 aheslp, cld, Ley orgánica de los tribunales del estado, de 6 de junio de 1903, artículos 86 al 97.

57 Ibid., artículos 105 a 152.

58 Ibid., artículos 105-107.

59 Ibid., artículos 108-120.

60 Id.

61 Ibid., artículos 121-126.

62 Ibid., artículos 127-130.

63 Escontría, Memoria...

64 aheslp, cld, Ley orgánica de los tribunales del estado, 6 de junio de 1903, artículos 51-63.

65 Id.

66 Escontría, Memoria...

67 aheslp, cld, Ley orgánica de los tribunales del estado, del 6 de junio de 1903, artículo 71.

68 Ibid., artículos 25 y 39.

69 Ley de convocatoria para elecciones de los ayuntamientos, diputados y gobernador del estado publicada el 24 de mayo de 1869, en Flores, “La función de las elecciones…”, p. 53.

70 aheslp, cld, Ley orgánica de los tribunales del estado, de 6 de junio de 1903, artículos 4 a 14.

71 Ibid., artículos 4 a 14.

72 Ibid., artículos 134 y 135.

73 Escontría, Informe pronunciado...

74 Escontría, Informe leído…, 1904; Espinosa, Informe, 1906; Espinosa, Informe, 1907; Espinosa, Memoria, 1907; Espinosa, Informe, 1908; Espinosa, Informe, 1909; Espinosa, Informe, 1910.

75 Martínez, “La constitucionalización…”, p. 178.

76 aheslp, cld, Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado, 20 de marzo, 1822; aheslp, cld, Arancel de escribanos públicos, alcaldes y demás funcionarios de los tribunales de justicia en el estado, 28 de marzo, 1827.

77 Martínez, “La constitucionalización…”, p. 194

78 Solla, “Justicia bajo administración…”, pp. 291-324.

79 Id.

80 Ibid., pp. 291-324.

81 Escontría, Informe pronunciado…; Flores, “La función de las elecciones…”, pp. 13-90.

82 Escontría, Memoria...

83 Speckman, Del Tigre de Santa Julia…, pp. 42-43.

Entre alcaldes y hombres buenos.
El Juzgado de Primera
Instancia de Rioverde, S.L.P.
durante el siglo XIX

Luz Carregha Lamadrid1

Los estudios que han abordado los espacios de impartición de justicia en México han centrado su atención, de manera general, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en los tribunales superiores de los estados. Si bien han hecho referencia a otros tribunales menores, poco han ahondado en el conocimiento de su funcionamiento. Este trabajo es un primer acercamiento a los juzgados de primera instancia que funcionaron en San Luis Potosí durante el siglo xix, los cuales fueron parte fundamental de la estructura para la impartición de justicia encabezada por el Supremo Tribunal de Justicia del estado. ¿Cómo funcionaban estos juzgados? ¿Quiénes administraban e impartían la justicia en ellos?

El espacio de estudio es el juzgado de primera instancia de Rioverde, ubicado en la actual cabecera del municipio del mismo nombre, a unos 175 kilómetros al oriente de la ciudad de San Luis Potosí. Dicha población fue el centro de las decisiones políticas del estado por lo menos desde la década de 1840 y hasta la consolidación del porfiriato, cuando éste se trasladó a la capital estatal como correspondía.

La elección del juzgado en cuestión responde tanto a la importancia política que tuvo Rioverde durante el siglo xix como al hecho de que el archivo municipal conserva una abundante cantidad de documentos generados por ese tribunal. Aun cuando en distintos momentos éste ha sido objeto de saqueo y destrucción,2 la información que contiene permite obtener una visión amplia sobre la integración y funcionamiento del juzgado, los cuales pueden ser representativos de los que caracterizaron al resto de los tribunales similares en la entidad, e incluso en otras partes del país. De ahí que su estudio seguramente arrojará luz sobre estos órganos judiciales, cuya organización y funcionamiento respondió a necesidades y particularidades distintas a las que enfrentaron los tribunales ubicados en las capitales de los estados y en otras ciudades de México.

En la primera parte de este trabajo se presenta una somera revisión de la legislación relativa a los juzgados de primera instancia, a partir de la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 y hasta la publicación de la Ley Orgánica de los Tribunales del estado de San Luis Potosí expedida en 1903. Se consideró dicha constitución como punto de partida debido a la influencia que tuvo en la legislación de la nueva república constituida en 1824 y, sobre todo, por la sobrevivencia, durante buena parte del siglo xix, de varios elementos estipulados en ella para el ámbito judicial, tanto en la estructura como en los procedimientos.

El estado de San Luis Potosí se constituyó como tal en 1824; dos años más tarde, promulgó su primera constitución política. A partir de entonces, y a lo largo de todo el siglo, se emitieron diversas disposiciones para la organización y funcionamiento de los tribunales estatales. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes en cuanto a los juzgados de primera instancia?

Un segundo aspecto que aborda este trabajo es la concordancia o no de la legislación con las prácticas en los tribunales. ¿El juzgado de Rioverde observó las normas procesales establecidas? ¿Existía algún mecanismo para vigilar el cumplimiento de dichas normas? Para responder a estas interrogantes, en la segunda parte se presentan varios casos localizados en los expedientes del mismo juzgado que se refieren tanto al ramo civil como al criminal y ofrecen una visión general acerca de la forma de impartir justicia en dicho tribunal, así como sobre los responsables de hacerlo.

Las primeras normas

La Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes de Cádiz y jurada en México el 30 de septiembre del mismo año,3 estableció que los tribunales no podrían ejercer alguna otra función distinta a la de juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado.4 Asimismo, estipuló que se instalarían partidos, en cuya cabecera habría un juez de letras con el correspondiente juzgado, cuyas facultades se limitarían a lo contencioso.5 Estos jueces estarían obligados a dar cuenta a la respectiva audiencia de las causas que formaran por delitos cometidos en su jurisdicción. A su vez, dicha instancia habría de enviar esos informes al Supremo Tribunal de Justicia, según se señaló en el artículo 276.

También quedó indicado que ningún español podría ser apresado por alguna causa criminal si no precedía información sumaria del hecho por el cual mereciera el castigo, así como un mandamiento escrito del juez para notificarle la prisión. En todos los casos, el arrestado sería presentado ante el juez para que le tomara declaración dentro de las primeras veinticuatro horas, la cual se haría sin juramento.6 Además, se estableció que procedería el embargo de bienes únicamente en delitos que conllevaran responsabilidad pecuniaria y sólo en proporción a la cantidad que correspondiera. Por otro lado, quedó asentado que no serían conducidos a la cárcel los acusados que presentaran fiador cuando la ley no prohibiera expresamente que se aceptara fianza o no pudiera imponerse pena corporal.7

Respecto a negocios civiles e injurias, la constitución gaditana determinó que el alcalde de cada pueblo ejercería el oficio de conciliador en su territorio, por lo que cualquier demanda en estos rubros tendría que ser presentada en primera instancia a ese funcionario. Dado que la ley previó la existencia de dos o más alcaldes, cualquiera de ellos desempeñaría esa función. En la conciliación, recibida la demanda, el alcalde, acompañado por dos “hombres buenos”, que actuarían como mediadores —uno por cada parte—, oiría al demandante y al demandado; luego, escucharía el parecer de dichos hombres y tomaría la decisión que le pareciera más adecuada para concluir el litigio de manera extrajudicial. Sin la constancia de haber intentado este medio de avenencia, no sería posible entablar pleito alguno.8

Los alcaldes formaban parte del ayuntamiento, el cual estaría integrado además por regidores y procurador síndico conforme al artículo 309. Para ocupar alguno de esos cargos, todos por elección, se requería ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años y contar por lo menos con cinco años de residencia en el pueblo. Las votaciones se celebrarían anualmente en el pueblo respectivo, y estos funcionarios no podrían ser reelectos sino después de por lo menos dos años de haber concluido su encargo.9

De la constitución gaditana se desprendió el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, publicado el 9 de diciembre de 1812, también por las Cortes de Cádiz.10 En lo que toca a los juzgados de primera instancia, se estableció que habría un juez letrado en las poblaciones donde el número de habitantes fuera de cinco mil vecinos y en aquellas localidades distantes de las cabeceras de partido, aun cuando no alcanzaran el número de pobladores requeridos.11

En concordancia con la misma constitución, se asentó que el conocimiento y jurisdicción de estos jueces se limitaría a los asuntos contenciosos de su partido. Todas las causas civiles o criminales se entablarían y seguirán ante ellos, excepto aquellas que competían a tribunales eclesiásticos y militares. Asimismo, las demandas civiles que no pasaran de cien pesos fuertes12 y las “faltas livianas” criminales que no merecieran más pena que una advertencia o una ligera corrección se resolverían en juicio verbal, “a prevención” con los alcaldes del pueblo, y tendrían que asentarse en el libro correspondiente con la firma del juez y el escribano. Los jueces de primera instancia no podrían recibir demanda alguna sobre injurias, civil o criminal, que no estuviera acompañada por la constancia emitida por el alcalde del pueblo de que se había intentado la conciliación y las partes no se habían avenido.13

El capítulo tercero se dedicó a las atribuciones de los alcaldes en el ramo judicial. Respecto al medio de conciliación, quedó señalado en el artículo primero que tendrían que dar a conocer, en un plazo no mayor a ocho días, la determinación que les pareciera más adecuada para terminar el pleito. Asimismo, conocerían de las causas civiles que no superaran los cien pesos fuertes y de los negocios criminales por injurias y faltas leves que ameritaran únicamente una represión o pena ligera. En estos casos, tendrían que hacerse acompañar también de dos “hombres buenos”, realizar un juicio verbal y asentar la resolución en el libro respectivo, donde se registraría tanto su firma como las de los mediadores y el escribano.14

Los alcaldes tendrían además obligación de conocer todas las diligencias judiciales sobre asuntos civiles en su jurisdicción antes de que llegaran a ser contenciosas entre las partes, en cuyo caso quedarían obligados a remitirlas al juez del partido. Sin embargo, también conocerían aquellas urgentes que no diera tiempo de llevar a un juez, aun cuando fueran contenciosas. Asimismo, tendrían que proceder de oficio o a instancia de parte cuando se cometiera algún delito o se hallara a un delincuente en el pueblo a su cargo. En estas ocasiones formarían las primeras diligencias de la sumaria y, si fuera el caso, prenderían al culpable, a quien remitirían al juez con los escritos de las actuaciones realizadas.15 Cabe mencionar que, en los pueblos donde no hubiera juez de letras, los alcaldes constitucionales ejercerían la jurisdicción contenciosa, como ya lo venían haciendo los alcaldes ordinarios.16

Años más tarde, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, proclamada el 4 de octubre de 1824, siguió el modelo de la gaditana. En lo que se refiere al poder judicial de los estados de la nueva república, estableció que sería ejercido por los tribunales que designara la constitución estatal respectiva y que todas las causas civiles o criminales que correspondieran al conocimiento de dichos tribunales tendrían que ser concluidas en ellos “hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia”.17

Conforme al artículo 161, que señaló que cada estado de la federación tendría obligación de organizar su administración interna, además de publicar su constitución respectiva, leyes y decretos, el Congreso de San Luis Potosí promulgó la propia de la entidad el 16 de octubre de 1826. En ella se estipuló que el estado contaría con un Supremo Tribunal de Justicia, así como con juzgados de primera instancia.

En lo que toca a estos últimos, se dispuso que los habría en cada lugar donde hubiera ayuntamiento y que serían encabezados por los alcaldes, en tanto las leyes no dispusieran otra cosa.18 Cabe mencionar que, lo mismo que la Constitución de Cádiz, la potosina previó la posibilidad de que el gobierno interior de los pueblos estuviera a cargo de uno o más alcaldes, además de regidores y síndicos, cuyo número se designaría conforme al censo de población. También, como aquélla, estableció que la elección de estos funcionarios sería por un año y no podrían ser reelectos antes de dos años de haber terminado el encargo. Respecto a los requisitos para ocupar el puesto, se mantuvieron los que había establecido la constitución española; sin embargo, se redujo a dos años el tiempo necesario de residencia en la municipalidad, en caso de haber nacido en un distrito distinto.19

La Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí determinó que en los juzgados de primera instancia tendrían que iniciarse todos los juicios, excepto aquellos contra funcionarios y los que correspondieran al Supremo Tribunal de Justicia del estado. Estos juzgados contarían con un asesor en los asuntos civiles y criminales de gravedad o difícil solución. Si bien no señaló las características de dichos asesores, estableció que habría por lo menos uno en cada uno de los cuatro departamentos en los que se dividió el estado para su gobierno interior. Debido a que este nombramiento sería recusable,20 previó también la posibilidad de que algún departamento careciera de dicha figura y estableció que, en esos casos, el respectivo tribunal podría consultar a algún asesor nombrado para un departamento distinto al que le correspondiera.21 Cabe señalar que Rioverde fue considerado como cabecera de uno de los departamentos mencionados, el cual quedó integrado por el partido del mismo nombre y el de Valle del Maíz.

De la misma manera que lo había hecho la constitución gaditana en lo que toca al ramo civil, la del estado de San Luis Potosí estableció que en los “asuntos de gravedad” no se admitiría demanda judicial cuando no hubiera constancia de que previamente se había intentado el medio de conciliación. Lo mismo aplicaría en las causas criminales por delitos de injurias personales.22 Igualmente, quedó estipulado que nadie podría ser apresado en el estado sin previa información sumaria del hecho que se le imputara y sin un mandamiento escrito del juez para notificarle la prisión.23 También se dispuso que se procedería al embargo de bienes solamente cuando el delito conllevara responsabilidad pecuniaria y únicamente en proporción a la cantidad sobre la cual tuviera responsabilidad el culpable. Además, se mantuvo la posibilidad de pagar fianza para no ser encarcelado, cuando el delito no mereciera pena corporal.24

Más tarde, el 20 de marzo de 1827 el Congreso del estado promulgó el decreto número 35 para el “Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado”.25 Ahí quedó estipulado que el Supremo Tribunal de Justicia sería el responsable de decidir las competencias de los juzgados de primera instancia en el territorio potosino, admitir los recursos de mejora y apelación de los jueces de primera instancia, así como examinar a abogados y escribanos que actuaran en los tribunales.26 Estos últimos formarían cuerpo con los alcaldes en los juzgados de primera instancia y podrían sustituirlos en las funciones de impartición de justicia.27

En el capítulo sexto, quedó establecido que en todas las ciudades, villas, pueblos y congregaciones del estado que contaran con ayuntamiento, el alcalde respectivo se desempeñaría como juez de primera instancia y conocería “indistintamente y con igual jurisdicción” de los asuntos civiles y criminales que se registraran en el territorio a su cargo. Además, se mantuvo el medio de conciliación como requisito previo para la presentación de demandas, ahora en causas que superaran los cincuenta pesos y en aquellas por injurias. El procedimiento que se debía seguir se expuso en el capítulo noveno y fue similar al establecido en el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia de 1812. Cada parte pagaría la mitad del costo de la conciliación, y los recursos obtenidos serían utilizados por los jueces para cubrir los gastos de papel y escribiente.

Una de las novedades que se consideró fue señalar que en todos los casos tendrían que ser asesorados los autos interlocutorios que causaran gravamen y las sentencias definitivas, pues de otra manera serían anulados.28 Además, se asentó que se había extinguido “la tutela en que la opresora legislación española tenía a los indígenas o indios”, quienes serían considerados ciudadanos iguales al resto, “excepto en el uso de papel sellado y pago de derechos”.29

También se señaló que todas las causas criminales tendrían que ser concluidas en un plazo máximo de cuatro meses, y las civiles en un lapso no mayor a seis meses. Los jueces de primera instancia responderían por la demora en el primer caso, mientras, en el segundo, los litigantes quedarían obligados a recurrir a jueces árbitros. En caso de que alguna de las partes no nombrara al que le correspondía, sería designado de oficio por el juez de primera instancia.30

El decreto indicó que los nombramientos de alcalde, escribano y testigo de asistencia eran recusables, por lo que recusado o impedido el alcalde en turno continuaría fungiendo como juez de primera instancia el alcalde del año anterior. Si también se recusaba o estaba imposibilitado para conocer las causas, lo haría el escribano, que a su vez podría ser sustituido por otro o, en su defecto, por dos “ciudadanos honrados”, que se desempeñarían como testigos de asistencia.31

Otra novedad del decreto en cuestión fue señalar en el capítulo vii que los ayuntamientos estarían obligados a nombrar alcaldes o jueces auxiliares en las localidades que contaran con una población de entre doscientos y quinientos habitantes. En aquellas que superaran dicha cifra, nombrarían además un subsíndico, mientras en las haciendas designarían a ambos funcionarios, sin importar el número de pobladores que hubiera. En todos los casos, los auxiliares conocerían de las demandas civiles que no superaran los cincuenta pesos y dictarían sentencia acompañados por dos “hombres buenos” (uno por cada parte), como también lo harían en la resolución de casos relativos a quejas por injurias “livianas” y en las demandas de cuantía. El pago de los mediadores correría igualmente a cargo de las partes, y se destinaría a cubrir gastos de papel y escribiente. Los jueces auxiliares tendrían además la obligación de remitir a los criminales a alguno de los alcaldes del ayuntamiento respectivo.

El siguiente capítulo se dedicó a los juicios verbales. En primer término, se dispuso que los jueces de primera instancia —con dos hombres buenos— formarían el tribunal para demandas civiles que no rebasaran los cincuenta pesos y las causas criminales leves. Inmediatamente, se enlistaron los delitos que merecerían penas correccionales, se señalaron dichas penas y la forma de calificar cada delito.32 Cabe mencionar que también se estipuló que no se encarcelaría a persona alguna que fuera joven y tuviera “costumbres moderadas”, pues en estos casos la condena se pagaría en “oficinas públicas y casas honradas”.

Respecto a las sentencias, también en el capítulo viii se señaló que tendrían que asentarse en un libro donde se registrarían los nombres y datos generales del acusador, acusado y testigos, así como todo lo correspondiente al desarrollo del proceso, además del fallo del tribunal. Dicho registro sería firmado por el juez y los “hombres buenos”. Una copia de él se enviaría al Supremo Tribunal de Justicia del estado para su confirmación, revocación o sustitución. Igualmente, se señaló que se actuaría con escribano donde lo hubiera y con dos testigos de asistencia donde no lo hubiera.

Posteriormente, el 28 de marzo de 1827 el congreso del estado promulgó el decreto número 38, por el cual fijó el “Arancel de escribanos públicos, alcaldes y demás funcionarios de los tribunales de justicia del estado”.33 En él se anotaron las cuotas correspondientes a los escribanos públicos, responsables de otorgar fe pública tanto en los juicios ordinarios como en los ejecutorios y criminales e instrumentos públicos. También se estableció que los alcaldes que actuaran en una diligencia con escribano no percibirían ingreso alguno. Cuando no se encontraran en ese supuesto, los derechos considerados para estos funcionarios previeron su asistencia a inventarios, vistas de ojos, medidas de tierras y posesiones de fincas, así como las diligencias que practicaran con testigos de asistencia y los instrumentos públicos que autorizaran.34

Tres años más tarde se publicó el decreto número 55, titulado “Arreglo de tribunales”; y en 1835 el número 44, para el “Arreglo de la administración de justicia del estado”.35 Sin embargo, ninguno de ellos modificó la estructura, función o integración de los juzgados de primera instancia. Así, alcaldes constitucionales en las cabeceras municipales, jueces auxiliares en las fracciones, alcaldes auxiliares en congregaciones, ranchos y haciendas, lo mismo que jueces de letras en los departamentos, continuaron formando parte del cuadro de funcionarios que impartían justicia en el estado, sumados a los que componían el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, como explica Adriana Corral Bustos en el trabajo que presenta en este libro.

Normas en la segunda mitad del siglo

El 21 de julio de 1852 el gobernador Julián de los Reyes publicó el decreto número 45, que contiene la ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado.36 Lo mismo que en la Constitución de Cádiz, en ella se estipuló que en cada cabecera de partido habría un juez letrado de primera instancia, aunque se indicó que en el de la capital serían dos. Ante ellos, se entablarían y seguirían en primera instancia las causas civiles y criminales que se registraran en el partido, sin menoscabo de aquellas que podrían y deberían conocer los alcaldes constitucionales.37

Una novedad fue señalar que el nombramiento de dichos jueces correspondería al ejecutivo estatal, quien elegiría de entre una terna propuesta por el Supremo Tribunal de Justicia, frente al cual prestarían juramento para tomar posesión del cargo. Se daría preferencia a los nacidos en el territorio del estado y a quienes hubieran cursado y concluido la carrera de abogado sin dispensa alguna. Para ocupar el cargo, también se impuso el requisito de haber ejercido la profesión por lo menos durante ocho años.38 Cabe mencionar que éste fue el primer documento localizado en el cual se hizo referencia a estos profesionistas.

La misma ley estableció que, cuando los litigantes vivieran a una distancia considerable de la cabecera del partido, los jueces de primera instancia podrían encargar la instrucción del pleito al alcalde constitucional del municipio donde se ubicara el domicilio de las partes o se hubiera registrado el hecho. También, señaló que, si alguna de las partes recusara al juez respectivo y no hubiera otro juez letrado, el asunto pasaría a uno de los alcaldes o a algún regidor. En estos últimos dos casos, dichos funcionarios tendrían que consultar con el juez letrado del partido más cercano. En cualquiera de estos supuestos, a falta de escribano, se actuaría con dos testigos de asistencia,39 como ya lo había señalado el decreto número 35 de 1827.

Aunque se estipuló que los alcaldes constitucionales serían exclusivamente jueces conciliadores, también se indicó que fungirían como jueces de primera instancia en donde no los hubiera y tuviera que haberlos. Asimismo, como lo había hecho el reglamento español de 1812, esta ley determinó que serían obligación de los alcaldes las diligencias legales en los asuntos urgentes, como detención de los bienes de un deudor cuando intentara sustraerlos, interdicción judicial y otros igualmente apremiantes.40

Respecto a las conciliaciones, se estableció que no serían renunciables y tendrían que realizarse en los casos que lo expresara la ley y la demanda se presentara por escrito. Quedaron exceptuados los juicios verbales; las causas eclesiásticas en las que no cupiera la previa avenencia de las partes, así como aquellas que interesaran a la hacienda pública, a los propios y arbitrios del pueblo o de establecimientos públicos, a los menores de edad, a aquellos privados de la administración de sus bienes, además de las “herencias vacantes”. Tampoco se interpondría el medio de conciliación para lograr el pago de contribuciones estatales o municipales; en las causas de injurias graves que fueran acompañadas o seguidas de algún delito contra la seguridad personal o que turbaran la moral y tranquilidad públicas, así como en los juicios de cesión de bienes, entre otros.41

En lo que se refiere a los juicios de conciliación, la novedad fue que esta ley estableció que no sería necesaria la intervención de “hombres buenos”. Además, se acortó a tres el plazo de ocho días establecido en el reglamento gaditano para que el juez dictara la providencia que estimara conveniente.42

Lo mismo que en el decreto número 35, en esta ley se enumeraron los delitos que tocarían a los juicios verbales criminales y las penas correccionales que correspondería a cada uno.43 Estos castigos serían pecuniarios y corporales. En el primer caso, no excederían de veinticinco pesos; y en el segundo, se consideraron prisión, arresto y trabajo en obras públicas por un plazo de hasta seis meses. Estos últimos se aplicarían considerando el sexo y la educación de los acusados, así como “las circunstancias que agravan o disminuyen el delito mediante la edad, vehemencia de las pasiones y otras consideraciones en que la legislación abunda”. También, como el decreto mencionado, se estipuló que las personas educadas, jóvenes o de buenas costumbres cumplirían su condena en oficinas públicas.44

Igualmente, se mantuvo el señalamiento de que se actuaría con escribano; y si no lo hubiera, con dos testigos de asistencia. Lo mismo sucedió con la obligación de los juzgados de enviar copia de las sentencias al Supremo Tribunal de Justicia para su aprobación, reforma o revocamiento del fallo. Sin embargo, la ley señaló que, en los casos cuya sentencia no excediera diez pesos de multa u ocho días de prisión o trabajo en obras públicas, bastaría con enviar un aviso a dicho tribunal.45

En cuanto a la figura de asesores establecida en la constitución de 1826, la ley hizo referencia a ellos únicamente en sus artículos 22 y 93. En el primero, para señalar las reglas que aplicarían en caso de recusación; y en el segundo, para indicar la cantidad que cobrarían por derechos en los juicios verbales. Sin embargo, en algunos otros artículos estipuló que los alcaldes constitucionales que se desempeñaran como jueces de primera instancia tendrían que consultar sus dudas con el juez letrado más cercano.

Años más tarde, a raíz de la promulgación de la Constitución Política de la República Mexicana en 1857, el Congreso de San Luis Potosí se dio a la tarea de elaborar la propia del estado, la cual entró en vigor cuatro años después. No obstante, debido al establecimiento del Segundo Imperio, fue derogada para ser retomada en 1867, al reinstalarse el gobierno republicano en el país. Con ella desaparecieron los departamentos y el estado quedó integrado con once partidos, conformados a su vez por varios municipios. Uno de ellos fue el partido de Rioverde, cuya cabecera se ubicó en la municipalidad del mismo nombre, e incluyó además las de Ciudad Fernández, Pastora y San Ciro de las Albercas (hoy de Acosta). El gobierno de cada partido quedó a cargo de un jefe político nombrado por el gobernador de la entidad. Conforme al artículo 60, se requeriría ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos, vecino del partido respectivo, contar por lo menos con veinticinco años cumplidos y no estar en servicio del ejército.

Respecto a los ayuntamientos, se señaló que los habría tanto en las cabeceras de los partidos como en aquellas poblaciones donde el número de habitantes fuera por lo menos de tres mil. Los requisitos para ser miembro de esa corporación se limitaron a ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos y vecino del municipio respectivo, con por lo menos un año de residencia en el mismo.46 Así, a diferencia de la constitución de 1826, no se indicó la edad mínima y se redujo en un año el tiempo de vecindad. Cabe mencionar que una de las novedades en la nueva constitución local fue considerar la figura de comisario municipal, entre cuyas funciones estaba la de apresar a los acusados, previa orden del juez de primera instancia.

En cuanto al poder judicial, la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí del 27 de julio de 1861 estableció en su artículo 70 que se depositaría en el Supremo Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, alcaldes populares, jueces auxiliares y jurados. Si bien señaló que los miembros del ayuntamiento, comisarios municipales y síndicos procuradores tendrían por base no intervenir en el ramo judicial, también estipuló que podrían hacerlo en los casos que marcaría la ley.47

La sección duodécima de la nueva constitución se dedicó a los juzgados de primera instancia. Ahí se estableció que en cada cabecera de partido habría uno o más jueces de letras que conocerían en primera instancia de todos los asuntos judiciales que se registraran en el mismo partido. Estos funcionarios durarían en el cargo cuatro años, aunque continuarían en funciones en tanto no se presentara quien los sustituyera. A diferencia de la ley orgánica de 1852, se señaló que serían nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia de una terna propuesta por el ejecutivo estatal. Al parecer, ya no se daría preferencia a los nacidos en el territorio del estado, pues los requisitos que se asentaron para ocupar el cargo fueron ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y contar por lo menos con veinticinco años cumplidos. Además, se indicó que tendrían que ser abogados con un mínimo de dos años de práctica y no estar suspensos en el ejercicio de su profesión. Esto redujo el tiempo necesario de experiencia establecido por la mencionada ley de 1852, mientras convirtió al título profesional en un requerimiento obligatorio.

A los jueces de primera instancia les correspondería conocer de todos los asuntos civiles y criminales en el territorio a su cargo, así como aquellos de responsabilidad de funcionarios públicos que les designara la ley. Igualmente, tendrían que conocer de los pleitos que se suscitaran entre alcaldes en el partido respectivo y desempeñar otras funciones que les asignaran las leyes en el ramo judicial. Además, podrían nombrar y remover a los empleados de su juzgado con total libertad.48

Por su parte, los alcaldes populares serían electos directamente por los ciudadanos de las localidades correspondientes y se ubicarían en las cabeceras municipales. La ley determinaría el número que habría en cada población, así como sus facultades y obligaciones, y los habría propietarios y suplentes. La duración del encargo sería de un año y podrían ser reelectos después de dos años de haber servido en algún cargo concejil. También se estableció que el puesto sería honorífico y no se podría renunciar a él, excepto por alguna causa grave, calificada así por el Supremo Tribunal de Justicia. Para ser alcalde popular, se anotaron tres requisitos: ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos, contar por lo menos con veinticinco años de edad y ser vecino de la población que lo eligiera.49

En cuanto a los jueces auxiliares, la nueva constitución estipuló que los habría en todas las poblaciones que designaría la ley y que sus atribuciones serían las que ésta determinara. Para ocupar el cargo, bastaría con ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos.50 Cabe mencionar que las facultades y obligaciones de estos funcionarios se establecieron en 1872 en la ley reglamentaria de la sección xiv de la constitución del estado,51 expedida por el gobierno de Pascual María Hernández.

Conforme a dicha ley, los jueces auxiliares conocerían de las causas civiles cuya cantidad no excediera diez pesos y de asuntos criminales que merecieran pena correccional menor a ocho días de arresto. En caso de tener que perseguir a algún malhechor o requerir guardia para el traslado de presos, solicitarían ayuda a los vecinos. Aprehenderían a los delincuentes y practicarían únicamente las diligencias absolutamente indispensables, que enviarían con el preso a la autoridad respectiva en un plazo no mayor a 48 horas. Además, vigilarían el buen desarrollo de las elecciones y harían del conocimiento de la autoridad política del lugar cualquier irregularidad, y presentarían la debida evidencia de la responsabilidad en que hubiera incurrido el acusado. Prestarían auxilio a los jefes políticos para conservar el orden público y a ellos entregarían los informes que les solicitaran sobre los asuntos que tuvieran lugar en su jurisdicción. Igualmente, a solicitud de particular o autoridad, recibirían la información que se les mandara levantar. Practicarían las diligencias que les encomendaran los jueces de primera instancia y los alcaldes populares. Cumplimentarían los exhortos de jueces, así como del resto de autoridades políticas y judiciales. Asimismo, publicarían las leyes de la federación y del estado que les fueran remitidas con ese fin por los jefes políticos o el presidente del ayuntamiento respectivo.52

La ley reglamentaria mencionada estableció también que el Supremo Tribunal de Justicia designaría el número de jueces auxiliares propietarios y suplentes que habría en cada partido. Dicho tribunal extendería el nombramiento a alguno de los miembros de la terna propuesta por el jefe político del partido. El encargo duraría un año y no tendría percepción alguna, aunque quienes lo ocuparan quedarían exentos de prestar servicio en la guardia nacional. En caso de renuncia, siempre con “justa causa”, ésta tendría que ser aprobada por el Supremo Tribunal. Asimismo, se señaló que los jueces de primera instancia serían quienes conocerían de las acusaciones contra los jueces auxiliares, si las hubiera, y darían su fallo previo juicio escrito.53

En lo que toca a los jurados previstos en la Constitución de 1861, la ley señaló que todo ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos sería jurado de hecho en la localidad donde residiera.54

Años después, como anota Silvia del Carmen Martínez Méndez en el texto que presenta en este libro, el estado adoptó el Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California promulgado en 1870, así como el Código Penal para el Distrito Federal y territorio de la Baja California sobre delitos de fuero común y para toda la República sobre los delitos contra la Federación, expedido un año más tarde. Casi tres décadas después, el 20 de octubre de 1899 el gobernador del estado, Blas Escontría, emitió el Código de Procedimientos Penales del estado de San Luis Potosí.

Dicho código estableció que la justicia penal sería impartida por jueces auxiliares, alcaldes constitucionales, jueces menores, así como por jueces del ramo penal en el partido de la capital y de primera instancia en el resto de los partidos del estado, además de las salas del Supremo Tribunal de Justicia.55 Los juicios en los que la pena ameritara arresto menor o multa de hasta veinte pesos, serían competencia de los alcaldes; aquéllos de hasta seis meses de prisión o multa de doscientos pesos corresponderían a los jueces menores donde los hubiera; y donde no, a los jueces de primera instancia. A estos últimos también les incumbirían las causas de responsabilidad de los funcionarios de los ayuntamientos, jueces menores, alcaldes y jueces auxiliares.56

Al igual que en la ley de 1852, se consideró la posibilidad de que asesores, jueces y magistrados pudieran ser recusados. Sin embargo, se estableció que procedería únicamente por alguna “legítima causa” de las que se enlistaron en el mismo código. También se señaló que la recusación no podría plantearse durante la instrucción y que los asesores no serían recusables luego de haber firmado el dictamen, como tampoco los jueces o magistrados que conocieran el caso de recusación o excusa de un funcionario.57

Una de las novedades fue incluir la figura de médico legista. Donde lo hubiera, dicho facultativo reconocería al ofendido dentro de las primeras veinticuatro horas a partir de que el juez tomara conocimiento del hecho. En el mismo plazo, extendería un certificado escrito junto con el encargado de la curación, en el cual describiría las lesiones y sus dimensiones, indicando los tejidos y órganos que hubieran interesado, así como su opinión respecto al tiempo que duraría la curación.58

También se hizo referencia a la policía judicial, al Ministerio Público, defensores de oficio y peritos, así como a sus atribuciones. Según el artículo 377, estos últimos deberían “tener título oficial en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre el cual deban ser examinados”, aunque, si la profesión no estuviera reglamentada por la ley, el juez podría nombrar a alguna persona que conociera sobre dicho “arte o ciencia”. En caso de no encontrar perito titulado en el lugar, lo solicitaría a otro en el que sí lo hubiera. Además, se consideró la figura de intérprete para los acusados que no hablaran español y para las personas sordas, mudas o sordomudas. La edad mínima para actuar como tal se fijó en catorce años.59

Para iniciar el procedimiento, se reconocieron cuatro medios: el oficial, a través de la consignación excitativa o aviso de alguna autoridad a la judicial para proceder a la averiguación del delito; el popular, mediante denuncia de cualquier habitante del pueblo; la acusación pública, interpuesta por el Ministerio Público; así como la queja o acusación particular que presentara una persona “en virtud de su acción personal”.60

En 1902 se publicó el reglamento interior del Tribunal de Justicia, que derogó uno anterior promulgado en 1887.61 Si bien en este último no se hizo mención alguna sobre los jueces de primera instancia, alcaldes populares o jueces auxiliares previstos en la Constitución de 1861, en el nuevo se señaló que sería atribución del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado recibir la protesta de ley de los jueces de primera instancia y de los jueces menores del partido de la capital. En el resto de los partidos, dicho tribunal podría delegar a la primera autoridad política del lugar la recepción de protesta de los jueces de primera instancia y a estos mismos funcionarios la de los jueces auxiliares o alcaldes constitucionales. Asimismo, acordaría la traslación de los jueces letrados de primera instancia de un partido a cualquier pueblo de la jurisdicción cuando la gravedad de algún delito cometido en el mismo exigiera su presencia.62

Un año más tarde, el 6 de junio de 1903 el gobernador Escontría promulgó el decreto número 52, que contuvo la ley orgánica de los tribunales del estado. En el primer artículo se señaló que la administración de justicia quedaría a cargo de los jueces auxiliares, alcaldes populares, jueces menores, jueces de primera instancia y Supremo Tribunal de Justicia. De esta manera, excluyó a los jurados considerados en la Constitución de 1861 e incluyó a los jueces menores. Para los funcionarios que consideró, estableció los mismos lugares de residencia que aquélla, así como la posibilidad de traslado temporal de los jueces de primera instancia a cualquier municipio del partido de su jurisdicción si así lo exigiera alguna circunstancia,63 como ya lo había determinado el reglamento de 1902.

En cuanto a los jueces auxiliares, la nueva ley añadió los requisitos de vecindad en el lugar respectivo, así como saber leer y escribir, los cuales no fueron considerados en la ley reglamentaria de 1872. Estipuló que se renovarían anualmente y serían nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia a propuesta del jefe político correspondiente. No obstante, para ocupar el cargo, presentarían la protesta de ley ante el juez saliente o el presidente del ayuntamiento respectivo. Durante su encargo, actuarían con dos testigos de asistencia. Respecto a sus atribuciones y obligaciones, se mantuvieron las mismas establecidas en la ley reglamentaria mencionada, aunque se sumó la de ejercer las funciones de la policía judicial que les otorgó el código de procedimientos penales de 1899.64

También, en el caso de los alcaldes populares, se añadió el requisito de saber leer y escribir, que no había sido considerado anteriormente. Además, se estableció que luego de ser electos presentarían la protesta de ley ante el ayuntamiento correspondiente, el cual estaría obligado a informar anualmente al Supremo Tribunal de Justicia —por conducto del ejecutivo—, de aquellos propietarios y suplentes que hubieran sido elegidos y realizado la respectiva protesta. Entre las atribuciones de dichos funcionarios, se estableció que su jurisdicción sería mixta, esto es, en materia penal y civil. Practicarían las “primeras urgentes diligencias” en los delitos que se cometieran en el municipio bajo su jurisdicción y que debiera conocer el juez de primera instancia, a quien remitirían a los culpables con los instrumentos del delito. También podrían sustituir a estos funcionarios en los casos previstos por la ley. Además, tendrían obligación de consultar con un asesor cuando se tratara de “puntos dudosos o difíciles o de sentencia interlocutoria o definitiva”.65

Por su parte, los jueces menores residirían en las cabeceras de los municipios que designara la ley, y serían nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia de una terna propuesta por el ejecutivo estatal. Los habría propietarios y suplentes. Durarían en su cargo un año, aunque, en caso de que no hubiera quien reemplazara al saliente, éste podría continuar en funciones indefinidamente. Además de ser ciudadanos mexicanos en uso de sus derechos y mayores de edad, la nueva ley estableció que los propietarios tendrían que ser abogados no suspensos en el ejercicio de su profesión; y en el caso de los suplentes, vecinos de la localidad respectiva, así como saber leer y escribir. También ejercerían función mixta y tendrían las mismas facultades que los alcaldes populares. En caso de que no fueran letrados, tendrían obligación de consultar con un asesor.66

En relación con los jueces de primera instancia, una de las novedades fue considerar entre sus atribuciones la de ejercer funciones de notarios donde no los hubiera, para autorizar toda clase de instrumentos públicos y expedir los testimonios que solicitaran los interesados, así como llevar el libro de protocolos correspondiente. También serían responsables de dirigir y llevar tanto el registro público de la propiedad como los de comercio y minería en el territorio a su cargo. Además, tendrían que realizar visitas periódicas a los juzgados menores o alcaldías de la cabecera de partido y en las del resto del mismo cuando lo consideraran conveniente y con previo aviso al Supremo Tribunal de Justicia, al cual enviarían el informe que levantaran.67

Cabe señalar que la nueva ley estipuló, además, que estos funcionarios fungirían como asesores de alcaldes populares y jueces menores. Sin embargo, cuando el juzgado de primera instancia estuviera a cargo de alguno de aquéllos, tendrían que consultar con el juez del partido con el cual hubiera más rápida comunicación.68

Asimismo, se estableció que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia podría nombrar a un visitador para los juzgados del estado. Lo mismo podría hacer el ejecutivo estatal para el ramo de justicia, con carácter permanente o especial, aunque no para un asunto determinado. Los visitadores examinarían los libros y expedientes de las causas criminales y civiles; escucharían las quejas de reos, defensores, litigantes, agentes del Ministerio Público, empleados y particulares. También rendirían informes sobre la conducta de los jueces y secretarios de los juzgados, así como de las condiciones de los archivos, libros, locales, cárceles, muebles y útiles de éstos. En caso de faltas podrían aplicar correcciones disciplinarias a jueces, secretarios y demás empleados judiciales o dar cuenta de ellas al superior para que las impusiera.69

En el artículo 132, la nueva ley estipuló que el ejercicio de la abogacía en territorio potosino correspondería únicamente a los abogados y agentes de negocios titulados conforme a las leyes, y registrados ante el Supremo Tribunal de Justicia en caso de haber recibido el título en otro estado. De ahí que, como señala Adriana Corral en su texto, estableció también que los jueces no podrían admitir las gestiones que presentaran “agentes intrusos o tinterillos”, so pena de ser suspendidos temporalmente, mientras éstos serían juzgados de oficio o por acusación de parte por cualquier juez o tribunal del estado donde litigaran.

En 1905, el gobernador José María Espinosa y Cuevas asentó en la Memoria de gobierno que presentó al Congreso del estado que se mantenía el requisito de contar con el título de abogado para los jueces de primera instancia y los jueces menores propietarios, aun cuando en este último caso se dificultaba que dichos profesionistas aceptaran el cargo.70 Cinco años más tarde, el mismo mandatario informó también a la legislatura potosina que si bien había previsto promulgar un nuevo código penal para el estado el 16 de septiembre de 1910, circunstancias “inevitables” lo habían impedido, y expuso su intención de que fuera publicado a más tardar el primero de enero del siguiente año.71 Sin embargo, para entonces había estallado ya la Revolución mexicana, que convulsionó al país durante varios años e interrumpió la vida institucional. Así, el segundo código penal del estado de San Luis Potosí fue publicado hasta 1922, por decreto del entonces gobernador Rafael Nieto Compeán.

Las prácticas

Como se ha mostrado, la impartición de justicia fue un tema que interesó a las diversas autoridades nacionales y locales a lo largo del siglo xix, las que procuraron atender el ramo a través de la expedición de distintas normas que consideraron tanto la conformación de los distintos juzgados como los procedimientos que debían observarse en ellos. ¿Qué sucedió en la praxis en el juzgado de primera instancia de Rioverde?

Al iniciar la vida independiente, la provincia de San Luis Potosí quedó integrada por ocho partidos, uno de los cuales fue el de Rioverde, en cuya cabecera funcionaba ya dicho juzgado conforme a la constitución de Cádiz. Si bien a lo largo del siglo xix la organización político-administrativa del actual territorio potosino tuvo variaciones, el mencionado tribunal continuó en ejercicio sin interrupción en la misma población que hoy es sede del ayuntamiento de igual nombre.

Si bien el juzgado atendió las obligaciones que marcaba la ley en los ramos civil y criminal, no siempre fue encabezado por jueces letrados como tampoco por abogados, como lo estipuló en 1852 la ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado y más tarde la Constitución de 1861. Según afirmó Andrés Lira, únicamente aquellos que contaran con respaldo económico podían obtener dicho título, pues, como señalaba la Curia filípica mexicana, implicaba por lo menos cuatro años de estudio de la ciencia del derecho, así como tres horas diarias de asistencia al despacho de un abogado durante tres años, y el mismo tiempo para cursar la academia de jurisprudencia teórica-práctica.72

Lo anterior explica la laxitud de las autoridades potosinas para hacer que cumplieran con el requisito del título los responsables de impartir justicia en los juzgados localizados en los partidos del interior del estado. El de primera instancia de Rioverde estuvo a cargo de un abogado únicamente seis años a lo largo del siglo xix, y por lo menos hasta 1906 (1855, 1856, 1876, 1877, 1886, 1903 y 1904). Asimismo, en contadas ocasiones alguno participó como apoderado o representante de una de las partes en conflicto.

De manera general, el juzgado en cuestión fue presidido por alguno de los tres alcaldes del ayuntamiento. Cabe mencionar que en 1867 el secretario del Supremo Tribunal de Justicia comunicó al juez en turno que, por órdenes de la superioridad, debía entregar la alcaldía primera a quien correspondiera, pues no debía desempeñarse simultáneamente en ese cargo y en el del juzgado de primera instancia.73 Sin embargo, en múltiples ocasiones, aún posteriores a la fecha del comunicado, quien fungía como alcalde primero despachó también como juez de primera instancia. Asimismo, en diversas oportunidades dicho juzgado fue presidido por uno de los seis regidores con que contaba la misma corporación municipal. Como en el caso de los alcaldes, también estos últimos ocuparon al mismo tiempo los dos cargos e incluso otro más. Así sucedió, por ejemplo, con Sóstenes Escandón, quien en 1849 presidió el juzgado como segundo regidor y alcalde tercero.74

Igualmente fungieron como jueces de primera instancia varios alcaldes populares por lo menos hasta 1882, año al que corresponde el último caso localizado en el que uno de estos funcionarios actuó al frente del juzgado de Rioverde. Dicho expediente se refiere a un juicio de divorcio voluntario promovido por la mujer, quien con la solicitud presentó la constancia de haberse celebrado el necesario juicio de conciliación ante el alcalde primero propietario del vecino municipio de Ciudad Fernández, en el cual no se había llegado a un acuerdo para continuar el matrimonio. En la resolución, el alcalde popular, en funciones de juez, anotó que la pareja no tenía hijos, como tampoco “bienes de importancia”, por lo que no estaba obligada a presentar escritura pública como lo disponía el Código Civil. Practicada la diligencia, sin lograr que se restableciera “la concordia” entre los cónyuges, el funcionario determinó que se aceptaba el arreglo al que habían llegado para divorciarse.75

En lo que se refiere a los juicios de conciliación, conforme lo establecía la legislación, durante la primera mitad del siglo xix se contó siempre con la participación de dos “hombres buenos”, cuya función era intervenir como mediadores entre las partes en conflicto para lograr la avenencia. Como se dijo arriba, demandante y demandado presentaba a cada uno de ellos. Es posible suponer que ambas partes buscaran a personas que defendieran sus intereses, pero que también tuvieran habilidades de persuasión y fueran capaces de sostener su postura ante el alcalde y la otra parte.

Atentos, los “hombres buenos” escuchaban el testimonio de las partes y ofrecían una propuesta para la solución del conflicto a la autoridad en turno. Así sucedió en octubre de 1849, cuando Bartolomé del Pino fue demandado por Pedro Cirilo Rangel del Campo por haberlo insultado y acusado públicamente de ladrón. Si bien el primero aceptó la culpa, también explicó el motivo de su proceder. Señaló que, dos años antes, Rangel era la autoridad local y le había asignado dos pesos como contribución para las tropas que combatían a los levantados en la Sierra Gorda, a pesar de que él ya había cooperado con cuatro pesos para ese mismo fin. Según dijo, cuando se negó a pagar, aquél lo trató con despotismo y lo amenazó con los mismos de la Sierra Gorda. Del Pino afirmó que eso le hizo pensar que Rangel “obraba por sí y ante sí en beneficio más bien de aquellas fuerzas, que de los vecinos de este país”.76 El mediador del demandante expuso que conocía el carácter tranquilo del demandado, por lo que estaba convencido de que había actuado obligado por las circunstancias y propuso que le pidiera disculpas a Rangel. Luego de que ambas partes y el alcalde aceptaran la propuesta, el asunto se dio por concluido.

Cabe mencionar que durante la segunda mitad del mismo siglo xix, desaparecida ya la figura de los “hombres buenos”, el juez en turno recurrió en algunas ocasiones a dos “jueces árbitros” para resolver un conflicto de manera extrajudicial, nombrados igualmente uno por cada parte. Así sucedió en agosto de 1868 para “allanar una diferencia” que resultaba en el contrato de arrendamiento de una vega. El asunto se había iniciado en octubre del año anterior —por lo que había rebasado el plazo señalado en el decreto 35 de 1827 para su conclusión—, y “como de la averiguación verbal que se suscitó entre ambos [interesados] se dificultó el objeto”, los involucrados aceptaron “sujetar el negocio” a los árbitros mencionados, quienes tendrían que presentar la resolución por escrito tomando como base el contrato en discusión. Ambas partes aceptaron también renunciar a cualquier ley que pudiera favorecerlos para retractarse del acuerdo en caso de que éste les fuera contrario, “y como tal cosa llevaría consigo una falta a este juzgado, se entregan voluntariamente al castigo personal que les resultare”.77

Otros actores en el juzgado de primera instancia fueron los testigos de asistencia, cuyo perfil se determinó como “ciudadanos honrados” en el mismo decreto 35. Éstos actuaban con el juez cuando no se contaba con escribano, lo cual sucedió en Rioverde la mayor parte del siglo xix. En los documentos consultados es frecuente encontrar la declaración del juez de que actuaba con testigos de asistencia a falta de escribano público, acompañada, en las primeras décadas, de alguna explicación: “Que no lo hay en la distancia de la ley” o “que no lo hay en el término de la ley”.78

La primera referencia a algún escribano en dicho juzgado corresponde a un documento fechado en 1874, por el cual 68 vecinos (hombres y mujeres) del rancho La Tapona otorgaron “todo su poder bastante y cumplido” al licenciado Paulo Q. Verástegui para que los representara ante cualquier juez o tribunal.79 Dos años más tarde, en una nota al reverso de un inventario del mismo juzgado, se asentó que se resguardaban los protocolos de dos escribanos, aunque no se anotó la fecha a la que correspondían éstos.80 Según muestra la documentación revisada, no fue sino después de 1888 cuando se contó con escribano de manera regular, aunque no permanente, por lo que en múltiples ocasiones continuaron participando testigos de asistencia para otorgar la fe correspondiente, por lo menos hasta 1901.

Para algunos, desempeñarse como tal se convirtió en una forma de sobrevivencia económica e incluso en peldaño para ocupar un puesto con mayor ingreso en el ámbito judicial. Ése fue el caso de Juan Crisóstomo Lartundo, quien actuó como testigo de asistencia, con algunas interrupciones, de 1849 a 1856. Lo mismo atestiguó demandas por faltas de pago o robo que por agresiones verbales, heridas y homicidios, además de litigios y transacciones de compraventa de tierra, nombramientos de apoderados y juicios sucesorios. En ese lapso fungió en ocasiones como apoderado de alguna de las partes en conflicto, y en mayo de 1856 fue electo primer procurador o síndico procurador primero, esto es, representante legal de la municipalidad para diversos asuntos. Las actividades ligadas al juzgado que realizó le permitieron adquirir varias propiedades y también vincularse de manera estrecha con la elite rioverdense.81

Es preciso señalar que, en algunas ocasiones, el juez de primera instancia en turno actuó sin testigos de asistencia como también sin escribano. Así sucedió, por ejemplo, en un proceso civil que se siguió en 1876 por la falta del pago de una deuda de 53 pesos. En esa oportunidad, el titular del juzgado asentó en el acta que actuaba por receptoría a falta de escribano.82

Como lo estipuló la legislación, era frecuente la comunicación entre el juzgado de primera instancia de Rioverde, los alcaldes constitucionales, jueces auxiliares y alcaldes populares de los municipios de la demarcación. Incluso, en ocasiones las víctimas de heridas fueron enviadas a dicho juzgado para que se siguiera el proceso correspondiente. Ése fue el caso de una mujer que en mayo de 1888 fue lesionada en un brazo con un puñal, por su marido, en terrenos de la hacienda de Paso de San Antonio, a unos 90 kilómetros de la cabecera del partido. El juez auxiliar de aquel lugar remitió a la víctima al jefe político de Rioverde, quien a su vez la envió al juzgado de primera instancia para lo que hubiera lugar. Realizadas las diligencias respectivas, el juez giró orden de aprehensión contra el agresor y turnó el caso al Supremo Tribunal de Justicia para su revisión. Conforme al procedimiento que debía seguirse, también solicitó el apoyo de los jueces auxiliares y otras autoridades de varias localidades cercanas al lugar donde se registraron los hechos para la captura del acusado, aunque ésta no se logró. Siete años después se informó que el hombre había fallecido en el mismo Paso de San Antonio.83

Aun cuando la mayoría de quienes encabezaron el juzgado de primera instancia no eran letrados ni abogados, también hicieron las veces de asesores de los jueces auxiliares e incluso de otros jueces de primera instancia. Así sucedió, por ejemplo, cuando en 1868 el Supremo Tribunal de Justicia indicó al juez de Rioverde que en tanto se nombrara un letrado para asesorar a los jueces de los partidos de Tancanhuitz, Tamazunchale y Ciudad Valles (en la Huasteca potosina), debía encargarse de esa tarea para evitar retraso en las causas que se conocían en dichos juzgados.84 Es preciso señalar que, sólo un año antes, el juez de primera instancia en turno de Rioverde había informado al mismo tribunal de justicia que ese juzgado carecía de una colección de leyes, incluidas las que publicaba el periódico oficial “en la actualidad”,85 por lo que no tenía dónde informarse sobre cómo proceder en algunos asuntos.

Según quedó establecido desde la Constitución del estado de 1827, los jueces de primera instancia contarían con un asesor tanto en los asuntos civiles como en los criminales. El juzgado de Rioverde dirigió generalmente sus consultas al juez de letras de la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, en ocasiones el retraso en la respuesta del asesor demoró la conclusión de la causa, con la evidente molestia de las partes, como informó en 1879 el juez en turno al correspondiente asesor del partido, a quien urgió el envío de la contestación a su consulta en un juicio ejecutorio, luego de asentar que los involucrados habían ido ya varias veces al juzgado para conocerla.86

El 12 de octubre de 1859 Victoriano Juárez —quien originalmente había sido remitido, junto con el cadáver de su víctima, por el juez auxiliar de La Loma, a unos 15 kilómetros de la cabecera de Rioverde— escribió al juez de primera instancia que hacía dos años tres meses que se encontraba preso acusado de homicidio y no había sido sentenciado por encontrarse en consulta su causa. En su escrito, afirmó que durante ese tiempo su familia había quedado “reducida a la mayor miseria”, por lo que solicitó ser excarcelado bajo fianza, “en la inteligencia que tan luego como se me solicite ocurriré a saber mi sentencia”.87 Cabe mencionar que en estos casos, aprobada la fianza, el garante se convertía en fiador carcelero comentariense o fiador de cárcel segura, esto es, adquiría la responsabilidad de la custodia del reo y se obligaba a presentarlo cuando fuera requerido por el juzgado. De no hacerlo así, quedaba sujeto a recibir una pena.

La solicitud de Juárez fue enviada a consulta por el juez el 20 del mismo mes de octubre. En esta ocasión, el asesor en turno, lic. Francisco Macías Valadés, respondió cuatro días después señalando las diligencias que el titular del juzgado habría de realizar para concluir el proceso: preguntar a la viuda del occiso si perdonaba la injuria; dibujar el arma recogida al acusado, a quien se le daría a reconocer; si no hubiera contradicciones entre el reo y los testigos —en cuyo caso se practicarían careos—, se tomaría al primero su confesión con cargos. Hecho lo anterior, se le entregaría la causa al defensor para que en un lapso de tres días respondiera y, reproducida la defensa, se remitiría el asunto para consultar la sentencia. Si bien el juez procedió a realizar las diligencias mencionadas e informó de ellas inmediatamente al asesor, el proceso se alargó un año más. Finalmente, sin haberse aprobado la fianza, el acusado fue sentenciado.88 Cabe mencionar que, debido a que el defensor iba y venía a la ciudad de San Luis Potosí —donde tenía su residencia—, algunos comunicados le fueron presentados directamente al reo y no a aquél, como correspondía.

No obstante el retraso en las respuestas a las consultas, la figura del asesor fue necesaria, especialmente en los casos en que los titulares del juzgado desconocían los procedimientos que debían realizarse. Dicho desconocimiento entorpeció en muchas ocasiones una adecuada impartición de justicia. Ejemplo de ello es el caso de estupro y violencia del que fue víctima en agosto de 1873 una mujer “atacada de idiotismo porque no sostiene una idea con perfección [y] […] paralizada del lado derecho o como vulgarmente se dice, insultada”.89 Luego de realizar las diligencias que consideró pertinentes, el juez de primera instancia envió el caso a consulta del asesor respectivo. En enero del año siguiente, éste respondió que el juez “descuidó hacer a su debido tiempo la aclaración necesaria sobre si se ejerció violencia […] y si fue o no estuprada”. Como señaló en su escrito, ya no era tiempo de que algún perito confirmara lo último, por lo que indicó únicamente las diligencias que tendrían que llevarse a cabo para comprobar si hubo violencia contra la mujer. Éstas consistían en ampliar las declaraciones de la víctima y los dos acusados que se encontraban presos; interrogar a dos testigos que se hallaban cerca del lugar de donde sacaron a la víctima, para saber si se la habían llevado a la fuerza; preguntar al pariente más cercano de la mujer si perdonaba la injuria o se constituía en parte, y solicitar a un médico que examinara a ésta para saber “en qué [estado] se encuentra su razón”. Realizado lo anterior, el juez tendría que enviar el asunto nuevamente a consulta.

Concluido el proceso y dictada la sentencia, el juez mandaba al Supremo Tribunal de Justicia una síntesis de las diligencias realizadas, asentando el fallo que había dado, para su conocimiento, revisión y, en su caso, modificación. Si bien en algunas ocasiones dicho tribunal revocó el fallo y en otras rectificó la pena impuesta —generalmente reduciendo el número de meses o años a que se condenaba al culpable—, en general confirmó la decisión del juez de primera instancia.

Entre las causas concluidas que el juzgado de Rioverde puso a consideración del tribunal en cuestión, llama la atención un caso de homicidio ocurrido en julio de 1868 por la sentencia impuesta.90 Según quedó asentado, María Gregoria Olguín “había mendigado asesinos para su marido”, Secundino Hernández, luego de haber intentado envenenarlo sin éxito. Si bien en su primera declaración la acusada alegó que el motivo de su actuar había sido el maltrato que recibía de su cónyuge, después expuso que su intención fue poder casarse con otro hombre, con quien había mantenido relaciones “ilícitas” antes del matrimonio. Según el juez, era absurdo pensar que podría lograrlo, pues si aquél no había querido desposarla cuando era una “joven medianamente pura”, ahora era imposible que lo hiciera con una mujer “disoluta, adúltera y homicida, cual quedaría en su viudez”.

Olguín logró convencer a José Orta, empleado en la casa de su padre, a cambio de cuatro reales. Sin embargo, este último se sintió incapaz de cometer el crimen y, con la aprobación de la mujer, recurrió a Magdaleno Cruz para que lo ayudara, ofreciéndole la mitad de los cuatro reales. En la fecha acordada, ambos, “reunidos y reputándose quizá insuficientes, se asociaron a Anselmo Rodríguez”, a quien no comunicaron sus planes. Los tres convencieron a Hernández de acompañarlos “al lugar donde debería ser inmolado, cual otro inocente José sacrificado por sus hermanos”.91 Poco antes de llegar al sitio elegido, la víctima sospechó de las intenciones de sus acompañantes, e intentó huir; no obstante, fue alcanzado por Orta y Cruz, quienes le dieron siete puñaladas (cinco el primero y dos el segundo). Un par de ellas resultó mortal, una “grave por esencia” y el resto “graves por accidente”, según dictaminaron dos médicos. Cometido el crimen, con la ayuda de Rodríguez, los asesinos arrastraron el cuerpo del occiso y lo arrojaron a una noria.

Según anotó el juez, Anselmo Rodríguez actuó por miedo debido a las amenazas recibidas por parte de sus compañeros, y luego de que se sobrepuso recurrió a la justicia para quedar libre de cargos. Asimismo, asentó que “la Olguín” había llevado una vida licenciosa antes de casarse y que luego del matrimonio, no obstante haberse fugado dos veces del hogar conyugal, su marido la había perdonado. Afirmó que a Orta no lo había “impulsado pasión alguna de las que ordinariamente ciegan la razón”, pues no mantenía relaciones amorosas con la viuda, por lo que no fue motivado por celos ni por odio para cometer el crimen. Añadió que tanto éste como Martínez no se habían conmovido a la vista del cadáver, y con “horrible y espantosa calma” habían tomado el cuerpo para deshacerse de él.

Finalmente, el juez afirmó que aun cuando la constitución de 1857 había abolido la pena de muerte, había exceptuado “al homicidio alevoso, premeditado o ventajoso”, características que tenía este crimen. Se refirió también a varios artículos de la ley del 5 de enero de 1857 relativos al castigo por homicidio, para concluir que, con base en todas las consideraciones y fundamentos legales expuestos, había determinado imponer a Rodríguez dieciocho meses de prisión. En cuanto al resto de los inculpados, “debía condenar y condeno a María Gregoria Olguín, José Orta y Magdaleno Cruz a sufrir la pena del último suplicio, que se les aplicará en la forma ordinaria y que se ejecutará en la municipalidad de Ciudad Fernández, que fue el teatro del crimen, para que aquella sociedad recoja el lúgubre fruto que derrama tan merecido suplicio”. Además, ordenó que se entregaran a la madre del difunto los bienes embargados a la viuda por concepto de indemnización civil.

Se trata del único caso localizado en el cual la condena dictada por el juez de primera instancia de Rioverde fue la pena de muerte, aunque no se encontró evidencia de que la misma se hubiera aplicado. Asimismo, difiere de otros enviados al Supremo Tribunal de Justicia para su revisión por los argumentos utilizados por el juez, entre ellos, comparar al occiso con José y asentar que dudaba de la “naturaleza humana superior a las fieras” de la viuda y los dos asesinos materiales. Cabe mencionar que el juez en turno en este caso fue uno de los contados abogados que encabezaron el juzgado.

Para la impartición de justicia en el tribunal de Rioverde jugaron un papel importante los peritos, aun cuando éstos no fueron previstos hasta 1899 en el código de procedimientos penales del estado. En 1874, el juez mandó a un farmacéutico realizar un análisis químico de la mancha que se encontraba en una enagua. No se localizó evidencia de que se pagara el servicio, aunque sí se anotó que, debido a que necesitaría “sustancias de valor” para realizar el examen, éstas serían cubiertas con el fondo de la municipalidad.92

Los expertos a los que mayormente recurrieron los jueces de primera instancia fueron los médicos. En general, fueron profesores de medicina y cirugía, así como cirujanos y obstetras quienes reconocieron cadáveres y heridos, dictaminaron sobre causas de muerte y lesiones, y extendieron el certificado correspondiente, siempre en cumplimiento de la orden del juez en turno, “en la inteligencia [de] que si se negare a prestar este servicio de interés público, de lo cual resultaría el entorpecimiento del esclarecimiento de tal delito, se procederá según haya lugar”.93 Sin embargo, al parecer, durante la primera mitad del siglo, en algunas ocasiones se careció de dicho dictamen, y en la partida de entierro el párroco anotó: “Murió a consecuencia de unas heridas según oficio del alcalde primero de esta ciudad”.94

Los gastos del médico eran cubiertos por las mismas víctimas de lesiones, como se desprende del comunicado que el juez en turno envió al secretario del Supremo Tribunal de Justicia en noviembre de 1864.95 Ahí expuso que con frecuencia, en caso de heridas, los ofendidos no tenían recursos para costear el examen y reconocimiento “que el único facultativo de la ciudad debe hacer para graduar el mayor o menor delito de los reos de las causas o juicios […] que tengan que formarse”. Añadió que era conveniente que se pagara mensualmente al médico, para “estimularlo a que preste reconocimiento de heridos y de los que fallecen por cualquier causa”, pero que el fondo municipal no era suficiente para cubrir dicho gasto. De ahí que solicitó autorización para utilizar los recursos de las multas cobradas por el juzgado y aquellos que debía recibir del resto de los jueces del partido para hacer el pago, pues, según anotó, de otra manera el ramo criminal no podría contar con la opinión de “un profesor aprobado y examinado”, por lo que tendría que recurrir a un curandero “que no tiene ningunas nociones en el arte”.

Al parecer, la falta de recursos para costear los necesarios servicios de un médico continuó años después. En 1870, el juez en turno solicitó a un profesor en medicina que examinara a un herido y expidiera el certificado correspondiente, afirmando que “este juzgado hará lo posible porque se le pague el importe”.96

En 1873, el Supremo Tribunal de Justicia, a través del asesor del partido de Rioverde, respondió al juzgado de primera instancia sobre la consulta que solicitó respecto al pago de honorario a los médicos que declaraban en causas criminales. En el escrito se asentó que los galenos tenían obligación de colaborar con el juzgado de manera gratuita, pues no se trataba de servicios personales, sino de los que debía brindar un ciudadano a la sociedad. De ahí que, en caso de no hacerlo así, recurrirían en una falta prevista en las leyes.97

Cabe mencionar que aun cuando el código de procedimientos penales estableció en 1899 la figura de médico legista, en ninguno de los casos localizados después de esa fecha alguno de los galenos firmó como tal en los certificados solicitados por el juzgado de primera instancia de Rioverde.

Durante buena parte del siglo xix, la falta de médicos obligó a alcaldes y jueces auxiliares del interior del partido a enviar cadáveres y heridos al juzgado de Rioverde para el examen correspondiente. Sin embargo, cuando se contó con facultativos, se recurrió también a ellos para realizar las autopsias y dictaminar las heridas. En esos casos, si por algún motivo no se efectuaba la autopsia, el juez en turno requería la justificación por la omisión. Así sucedió en 1904, cuando el médico Gilberto de la Fuente comunicó al alcalde en turno de San Ciro de las Albercas que el 23 de junio había sido llamado a atender a una mujer que tenía cuatro días en trabajo de parto, a quien la partera del pueblo había administrado infusiones de una hierba conocida como “zihualpatle” (cihuapatli o zoapatle), la cual provocaba dificultades en el alumbramiento. Afirmó que, cuando revisó a la paciente, notó que el nacimiento se había interrumpido, pues uno de los miembros superiores del producto había salido por la vulva y empezaba a descomponerse, tenía la epidermis “enteramente enrollada”, la cabeza del húmero fuera de la articulación, luxados hombro y codo, y además había “prolapsus del cordón umbilical”. Según su declaración, intentó sin éxito salvar a la madre, quien tenía una fiebre de 40.5°C por septicemia. En su declaración, el médico culpó a la partera y al abuelo de la difunta de la muerte de madre e hijo.98

Este caso muestra también el desconocimiento de algunas autoridades locales sobre los procedimientos que debían llevarse a cabo para esclarecer un delito, aun en los primeros años del siglo xx, cuando había sido ya publicado el Código de Procedimientos Penales del estado. Asimismo, permite conocer el tiempo que tomaba realizar la consulta marcada por la ley desde un municipio ubicado a unos cuarenta kilómetros de la cabecera del partido, como se muestra a continuación.

Recibida la denuncia de De la Fuente, el alcalde municipal remitió el caso al alcalde único popular de San Ciro, quien, luego de realizar las primeras diligencias, que consistieron en tomar declaración al demandante y a los demandados, las envió —con fecha del 1o. de julio—, al juez de primera instancia de Rioverde, “en vista de la incompetencia de este juzgado para conocer en el presente juicio”. En su respuesta, fechada tres días después, dicho funcionario le expresó que la incompetencia no era motivo para que no se cumpliera con lo dispuesto en la ley y le señaló las diligencias que debía llevar a cabo. Entre ellas, interrogar al médico denunciante para averiguar si practicó la autopsia y, en caso de no haberlo hecho, asentar los motivos por los cuales no se envió el cuerpo al hospital de Jesús, en la cabecera del partido, para que se realizara. De haberla efectuado, el galeno tendría que presentar la descripción de la operación y el dictamen sobre la causa de muerte. Asimismo, el alcalde popular debía “sentar en autos la fe judicial del cadáver […] pues yo supongo que habiendo tenido conocimiento oportuno del delito, Ud. dio fe de la existencia de un cuerpo muerto y ha de haber procedido a [su] identificación”. Cabe señalar que en el expediente obra un comunicado que señala que ya no era posible proceder a la identificación del cadáver, pues había sido sepultado dos días después del fallecimiento.

El juez de primera instancia señaló también la necesidad de interrogar al abuelo de la difunta, para saber qué cantidad de hierba había puesto la partera en la infusión, en qué tipo de recipiente lo sirvió y cuántas veces se le dio a la parturienta. Además, indicó que dicho acusado debía ratificar o rectificar su declaración original, pues en ella había expuesto que el día 25 de junio se presentó en su casa el médico Manuel Castro —quien se encontraba de paso en el lugar— a ofrecer sus servicios profesionales, pero, según la información recibida, la mujer había muerto dos días antes. Finalmente, mandó que se solicitara la correspondiente acta de defunción al juez del Registro Civil; “y hecho todo esto, remitirá las diligencias para resolver lo que proceda”.

El abuelo de la difunta aseguró no saber el tipo de hierba que había administrado la partera a su nieta, como tampoco la cantidad o frecuencia con la que se le dio a beber la infusión. Aclaró que Castro se había presentado por primera vez el 21 de junio, y la segunda el día 23 a las siete de la mañana, horas antes de que muriera la mujer. Por su parte, De la Fuente expuso que no practicó la autopsia “en razón a que esperaba la orden judicial, en razón a que él oportunamente dio aviso al jefe municipal denunciando la existencia del delito”. Mientras el alcalde aseguró que le constaba el nombre de la difunta, ya que había muerto en su presencia y de dos testigos que lo acompañaban, pues había acudido al domicilio de ésta luego de recibir el aviso que le había hecho llegar el médico sobre la comisión de un delito. Al final de su declaración, expuso que el cadáver no se había enviado al hospital de Jesús para que se practicara la autopsia “por creerlo innecesario en virtud de la opinión del doctor de la Fuente [de] que la muerte provino del mal parto”. Realizadas las diligencias ordenadas por el juez de primera instancia; y obtenida el acta de defunción, el alcalde único popular de San Ciro envió el expediente completo al juzgado de Rioverde el 8 de julio. Al parecer, el caso fue sobreseído, pues no se localizó información posterior sobre él.

A partir de la entrada en vigor de la constitución de 1861, el juez de primera instancia sostuvo una constante comunicación con el jefe político del partido, a quien mantuvo informado de las causas que llevaba el juzgado. Asimismo, a él entregó reos para ser conducidos a prisión, solicitó escolta y algún local para albergar a presos que por enfermedad no podían permanecer en la cárcel, además de pedir su intervención para que los jueces del interior del partido le enviaran acusados y expedientes para seguir los procesos.

Sin embargo, no siempre la relación entre ambos funcionarios estuvo exenta de conflictos. En mayo de 1868, el juez en turno reclamó al jefe político su intervención al anular una orden de aprehensión que él había dado al comisario. Afirmó que, según le comunicó este último, dicho jefe político le había mandado “que no se cumpliera con la orden por ser hora indispuesta que lo eran las ocho de la noche”, y señaló que la acusada se presentaría en el juzgado a las nueve de la mañana del día siguiente. Luego de reclamarle su proceder, el juez preguntó al mismo jefe político si a pesar de la independencia que tenía el poder judicial ahora se vería forzado a solicitar permiso a la jefatura para proceder conforme a sus facultades, y asentó que de ser así tendría que comunicar “a mi superior […] la imposibilidad en que me encuentro para desempeñar como debo el cargo que se me ha conferido”. Le recordó que para los delitos criminales la ley no marcaba horario a los jueces para cumplir su función. También le solicitó que no volviera a contradecir alguna de sus órdenes, pues podría darse el caso de que ya nadie quisiera obedecerle. Finalmente, le pidió que girara órdenes para que la acusada fuera reducida a prisión para formar el juicio que se le había promovido por “injurias de hecho”, “ya que por orden de U. ha quedado libre”.99

El juzgado también enfrentó problemas económicos que pusieron en riesgo su funcionamiento en varias ocasiones. Así sucedió, por ejemplo, en 1870, según lo asentó el juez en turno en un escrito dirigido al secretario del Supremo Tribunal de Justicia del estado. El funcionario aseguró que “este juzgado por la falta de fondos para cubrir los gastos de escritorio se encuentra en la mayor incapacidad para seguir administrando el ramo de justicia que tengo encomendado y […] si en lo sucesivo no despacha bien será por falta de elementos”.100 Añadió que no se habían recibido tampoco los sueldos de los empleados y solicitó una respuesta favorable, pues de otra manera se vería obligado a cerrar el juzgado, “o que el Superior busque dependientes que le sirvan sin estipendios ninguno”. No se localizó la respuesta a dicha reclamación; sin embargo, es posible afirmar que fue positiva y los pagos pendientes se regularizaron, pues el juzgado continuó funcionando sin interrupción.

Reflexiones finales

Durante los dos primeros tercios del siglo xix se registraron en México varios relevos en el sistema de gobierno, los cuales incluyeron la expedición de dos constituciones federalistas, un par de constituciones centralistas, así como las leyes propias de dos monarquías. Dichos cambios repercutieron en la organización político-administrativa de San Luis Potosí, que, durante ese lapso, en distintos momentos, se constituyó como provincia o como departamento, y en otros, como estado libre y soberano. Asimismo, promulgó dos constituciones estatales, las cuales perdieron vigencia bajo los sistemas centralista y monárquico.

No obstante lo anterior, la revisión del archivo del juzgado de primera instancia de Rioverde muestra que los cambios políticos no impactaron de manera significativa en la estructura de dicho tribunal, como tampoco en los procedimientos para impartir justicia. Ese juzgado funcionó de manera similar a lo largo de todo el siglo, como probablemente lo hicieron sus semejantes en el estado, pues, por un lado, los ajustes que se hicieron a las normas fueron en general menores, aun cuando la legislación estatal en el ramo muestra una tendencia a la profesionalización. Por otro, el estado no siempre contó con condiciones idóneas para llevar a la práctica lo que señalaba la regla, como sucedió cuando a partir de 1852 se impuso el requisito de contar con el título de abogado a quienes encabezaran los tribunales mencionados.

Como se expuso, la responsabilidad de impartir justicia en primera instancia recayó de manera general en ciudadanos que no contaban con experiencia en el ramo judicial. Alcaldes, hombres buenos, testigos de asistencia, jueces auxiliares, e incluso los peritos, adquirieron el conocimiento a través del desempeño del cargo. Para la gran mayoría, fue la primera vez que recibieron un nombramiento de esa clase. Si bien probablemente, en general, procuraron desarrollar adecuadamente la tarea, su falta de experiencia, sumada en muchas ocasiones al desconocimiento de los procedimientos, condujo en diversos casos a la comisión de infracciones o errores en el desarrollo de los procesos judiciales. No obstante, estos ciudadanos fueron el único recurso para impartir justicia en primera instancia, así como la parte visible del poder judicial del estado en las poblaciones distintas a la capital de éste.

En la legislación se previó que la falta de expertos podía traducirse en obstáculo para lograr una adecuada impartición de justicia; de ahí la creación de la figura del asesor, así como la obligación a los juzgados de primera instancia de enviar informes y fallos al Supremo Tribunal de Justicia para su confirmación, revocación o modificación. Sin embargo, nuevamente la escasez de abogados condujo a que en distintas ocasiones los mismos funcionarios no letrados, en su calidad de jueces de primera instancia, hicieran las veces de asesores de otros partidos, al tiempo que cumplían con la obligación de supervisar y corregir las actuaciones de los jueces auxiliares y alcaldes populares en el territorio a su cargo.

Según se mostró, quienes mayormente encabezaron el juzgado de primera instancia de Rioverde fueron alcaldes; y en muchas ocasiones, regidores. De ahí la importancia del papel que tuvieron los electores, quienes al elegir a estos funcionarios depositaban también en ellos su confianza en la tarea de impartir justicia, en la que probablemente tuvo peso la propia concepción de justicia de quienes fungieron como jueces.

La continuidad que se observa tanto en el perfil de quienes encabezaron el juzgado como en la estructura del mismo caracterizó también a las prácticas. Éstas fueron adquiriendo validez a través de los años y aun después de la expedición del Código de Procedimientos Penales de 1899, no se registraron cambios importantes en los años inmediatamente posteriores, como muestran los casos presentados.

Profundizar en el estudio del funcionamiento de los juzgados de primera instancia de los estados, en el perfil de quienes los integraron y en sus prácticas, así como indagar en torno a la actuación de las partes, las sentencias dictadas, los delitos y acusados, permitirá ampliar el conocimiento sobre este ámbito de la práctica jurídica en particular y del sistema judicial que caracterizó al país en general durante su primer siglo de vida independiente.

Referencias

Fuentes documentales

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí.

Archivo Histórico Municipal de Rioverde, S.L.P.

Secretaría General de Gobierno. Colección de Leyes y Decretos del Gobierno del Estado.

Ordenamientos legales

Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, promulgado el 20 de octubre de 1899.

Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, promulgada el 16 de octubre de 1826.

Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, promulgada el 27 de julio de 1861.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 4 de octubre de 1824.

Ley Orgánica de los Tribunales del Estado de San Luis Potosí, promulgada el 6 de junio de 1903.

Obras consultadas

Carregha Lamadrid, Luz y Miriam Aurora Gómez Escalante, “Dar fe… El legado de un testigo de asistencia, Rioverde, San Luis Potosí, 1859”, en Thomas Calvo y José Armando Hernández Soubervielle (coords.), Medrar para sobrevivir. Individualidades presas en la fragua de la historia (siglos xvi-xix), San Luis Potosí, colsan / colmich, 2016, pp. 389-418.

Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República (1821-1867), tomo i, México, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano Hijos, 1876.

Gamas Torruco, José, “La Constitución de Cádiz de 1812 en México”, en Daniel A. Barceló Rojas y José Ma. Serna de la Garza (coords.), Memoria del seminario internacional: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Las ideas constitucionales de América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Senado de la República, 2013, pp. 253-268, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3525/16.pdf (acceso: 16/12/2016).

Gayol, Víctor, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), Zamora, colmich, 2007. [Dos tomos.]

Informe leído por el C. Gobernador del Estado Ingeniero José María Espinosa y Cuevas en la apertura del tercer periodo de sesiones del xxiii Congreso Constitucional la noche del 15 de septiembre de 1910 y contestación dada al informe anterior por el C. Presidente del Congreso Mariano Barragán, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar, 1910.

Lira González, Andrés, “Abogados, tinterillos y huizacheros en el México del siglo xix”, Serie C. Estudios Históricos-iij unam, núm. 17, 1984, pp. 375-392, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/700/25.pdf (acceso: 10/12/2016).

Memoria presentada al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí por el Gobernador Constitucional Ing. José María Espinosa y Cuevas, relativa a los actos administrativos correspondientes al periodo del 1o. de Septiembre de 1903 al 31 de agosto de 1905, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar, 1907.

1 El Colegio de San Luis.

2* Por ejemplo, el 7 de enero de 1861 las tropas al mando de Tomás Mejía ocuparon la plaza y destruyeron los archivos tanto del juzgado como del ayuntamiento y de la jefatura política, según lo informó meses después el responsable del primero al secretario del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, al que señaló que se había perdido documentación de casos antiguos y en proceso, “quedando inútilmente algunos fragmentos y otros en poder de particulares que después entregaron” (Archivo Histórico Municipal de Rioverde [en adelante ahmr], caja 1861, libro borrador de oficios 1861, 26 agosto 1861).

3 Dublán y Lozano, Legislación mexicana…, pp. 349-379

4 Constitución política de la monarquía española, artículo 245.

5 Ibid., artículo 273.

6 Ibid., artículos 287, 290 y 291.

7 Ibid., artículos 294 al 296.

8 Ibid., artículos 282 al 284.

9 Ibid., artículos 315 al 317.

10 Decreto del 9 de octubre de 1812. Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, en Dublán y Lozano, Legislación mexicana…, pp. 384-395.

11 Decreto del 9 de octubre de 1812, capítulo ii, artículos iii y iv.

12 Moneda de plata de peso de una onza, cuyo valor era ocho reales de plata o veinte de vellón (aleación de plata y cobre).

13 Decreto del 9 de octubre de 1812, capítulo ii, artículos viii al ix y xiii.

14 Ibid., capítulo iii, artículo v.

15 Ibid., capítulo iii, artículos vi al viii.

16 Ibid., capítulo iv, artículo iii.

17 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, artículo 160.

18 Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, artículo 212.

19 Ibid., artículos 241, 244 y 245.

20 “Recusación: excepción impuesta a un juez u oficial con jurisdicción parcial sobre el conocimiento de una causa. Es un recurso legal que garantiza a la parte que sospecha del juez, la imparcialidad sobre la cosa juzgada” (Gayol, Laberintos de justicia…, tomo ii, p. 545).

21 Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, artículos 214 al 217.

22 Ibid., artículos 194 y 202.

23 Ibid., artículo 203.

24 Ibid., artículos 209 y 210.

25 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante, aheslp), Secretaría General de Gobierno (sgg), Colección de Leyes y Decretos, Gobierno del Estado de San Luis Potosí (cld), “Decreto número 35, 20 de marzo de 1827”, “Arreglo de tribunales para la administración de justicia en el estado”.

26 Decreto número 35, capítulo iii, artículos 13, 10 y 4.

27 Ibid., capítulo iv, artículo 5.

28 Ibid., capítulo vi, artículo 4.

29 Ibid., capítulo vi, artículo 10.

30 Ibid., capítulo vi, artículos 16 y 17.

31 Ibid., capítulo vi, artículos 19 y 20.

32 Los delitos previstos fueron: embriaguez escandalosa; trato cruel y maltrato a la mujer; mal ejemplo y abandono de la subsistencia de la familia y educación de los hijos; carencia de empleo honesto; amancebamiento; pleito en público con palabras obscenas, sin portación de arma ni golpes contusos, pero con palo u otro objeto que no fuera la mano desnuda; robo simple y sin violencia de rebozos, frazadas u otros artículos con un costo menor a cinco pesos (Decreto número 35, capítulo viii, artículos 2 al 19).

33 aheslp, sgg, cld, “Decreto núm. 38. Marzo 28 de 1827. Arancel de escribanos públicos, alcaldes y demás funcionarios de los tribunales de justicia del estado”.

34 aheslp, sgg, cld, “Decreto número 38, sección Arancel de los alcaldes constitucionales, artículos 1 al 6”.

35 aheslp, sgg, cld, “Decreto número 55. Octubre de 1831. Arreglo de tribunales”; aheslp, sgg, cld, “Decreto número 44. Septiembre 1835. Arreglo de la administración de justicia del estado”.

36 aheslp, sgg, cld, “Decreto número 45, Ley orgánica para la administración de justicia en los tribunales y juzgados del estado”, 21 de julio de 1852.

37 Decreto número 45, artículos 1 y 2.

38 Ibid., artículos 4, 5 y 8.

39 Ibid., artículos 12, 18 al 21 y 24.

40 Ibid., artículos 61 y 62.

41 Ibid., artículos 66 y 67.

42 Ibid., artículos 69 y 71.

43 Se consideraron los siguientes delitos: robo simple de animales con valor menor a cinco pesos; hurto simple y dolo o fraude en contrato, menores a diez pesos; engaño o falsedad que afectara a tercero; ofensa a la moral; daño voluntario de bienes de terceros con valor menor a cinco pesos; pleito público sin arma vedada con heridas leves, sin golpe contuso grave o derramamiento de sangre; portación de arma vedada; desobediencia o falta de respeto a funcionario público con palabras o hechos que no llegaran a injurias graves o deshonra; sevicia entre casados sin ofensa personal grave; castigos inmoderados de profesores a discípulos, amos a criados, también sin ofensa personal grave; abandono de la subsistencia de la familia, mal ejemplo, desentendimiento de la educación de los hijos; concubinato simple; estupro sin violencia; embriaguez escandalosa; ofensas al pudor que produjeran escándalo mayor que las palabras obscenas, cuya pena se agravaría si se registraban en un acto público; injurias leves a petición de parte; así como toda acción que mereciera una corrección por alterar la tranquilidad de las personas, la moral o el orden público (ibid., artículos 95 al 108).

44 Ibid., artículos 96, 97 y 114.

45 Ibid., artículos 111 y 113.

46 Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículos 62 y 68.

47 Ibid., artículo 67.

48 Ibid., artículo 85.

49 Ibid., artículos 86 al 88.

50 Ibid., artículos 89 y 90.

51 Decreto número 50, ley reglamentaria de la sección xiv de la Constitución del estado, 4 de diciembre de 1872, en apéndice del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, pp. 13-15.

52 Decreto número 50, artículo 7.

53 Ibid., artículos 2 al 6, 8, 9, 12 y 13.

54 Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículo 90.

55 Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, artículo 54.

56 Ibid., artículos 62 y 63.

57 Ibid., artículos 103 a 107.

58 Ibid., artículos 189 y 192.

59 Ibid., artículos 398 al 402.

60 Ibid., artículos 212 al 216.

61 aheslp, sgg, cld, “Decreto número 12. Reglamento interior del Tribunal Supremo de Justicia”, 8 de junio de 1902; aheslp, sgg, cld, “Decreto número 75. Reglamento interior del Supremo Tribunal de Justicia del estado”, 11 de mayo de 1887.

62 Decreto número 12, artículo 21.

63 Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, artículos 2 y 3.

64 Ibid., artículos 4 al 11.

65 Ibid., artículos 15 al 27.

66 Ibid., artículos 31 al 40.

67 Ibid., artículo 60.

68 Ibid., artículos 77 y 78.

69 Ibid., artículos 121 al 123.

70 Memoria presentada al H. Congreso del Estado…, p. 18.

71 Informe leído por el C. Gobernador del Estado…, p. 16.

72 Cumplidos los requisitos, el postulante era examinado por el Nacional Colegio de Abogados o por las comisiones de los tribunales superiores, según fuera el caso, y posteriormente por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el Distrito Federal y los tribunales superiores en los estados. Véase Lira, “Abogados…”, pp. 375-392.

73 ahmr, caja 1867B, comunicado de la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia del estado libre y soberano de San Luis Potosí al juez de primera instancia de Rioverde, 17 de agosto de 1867.

74 ahmr, caja 1849, Libro de juicios civiles verbales, “Da principio en 27 de octubre de 1849”. Once años más tarde, Escandón ocuparía la gubernatura del estado.

75 ahmr, caja 1880B, “María Petra González intenta el juicio de divorcio voluntario contra su esposo Catarino Luna”. Juzgado de letras del partido de Rioverde, legajo 1, núm. 19. 1882.

76 ahmr, caja 1849, Libro de Juicios de Conciliaciones, Juzgado primero Rioverde, año 1849, 5 octubre de 1849.

77 ahmr, caja 1868, Libro de conocimientos 1868, 4 de agosto de 1868.

78 ahmr, caja 1883, Libro de conciliaciones 1832-1833.

79 ahmr, caja 1874A, copia sacada del registro del escribano Paulino Uribe, 2 de mayo de 1874.

80 ahmr, caja 1848, “Inventario de las causas criminales y expedientes civiles que existen archivados y en giro en este Juzgado” [1876].

81 Véase Carregha y Gómez, “Dar fe…”.

82 ahmr, caja 1876A, “Civil contra Ignacio Sánchez por Francisco del Palacio. 1876”.

83 ahmr, caja 1888B, “Núm. 165. Contra Trinidad Rivera por heridas. Rioverde 1888”.

84 ahmr, caja 1868, comunicado de la Secretaría de Supremo Tribunal de Justicia del estado libre y soberano de San Luis Potosí al juez de primera instancia de Rioverde, 7 de febrero de 1868.

85 ahmr, caja 1870A, Borrador de oficios del año 1867, 17 de julio de 1867.

86 ahmr, caja 1879A, comunicado del Juzgado I Constitucional de Rioverde a Ponciano Hernández, asesor del partido, 24 de septiembre de 1879.

87 ahmr, caja 1857A, “Contra Victoriano Juárez por haber asesinado a su entenado Victoriano Rodríguez el día diez y seis de agosto. Año de 1857”.

88 Más tarde, el 2 de enero de 1861 el juzgado de primera instancia solicitó al Supremo Tribunal de Justicia el indulto para el reo, conforme al decreto del 29 de diciembre de 1860. El 4 de febrero se recibió la respuesta, que denegó la solicitud por no estar comprendido el delito en cuestión en dicho decreto. Finalmente, el 4 de marzo el mismo juez informó que el 7 de enero los sublevados de la sierra habían ocupado la plaza y “habían echado fuera toda la prisión”, entre ellos a Juárez, motivo por el cual estaba dando la orden para su captura (ahmr, caja 1857A, “Contra Victoriano Juárez por haber asesinado a su entenado Victoriano Rodríguez el día diez y seis de agosto. Año de 1857”).

89 ahmr, caja 1873B, “Criminal contra Santiago Ávila y Silvestre Contreras por estupro violento. Año de 1873”.

90 ahmr, caja 1869D, Borrador de escrito del lic. Pantaleón Farías, [sic] abril de 1869.

91 La referencia asentada por el juez alude a José, el hijo de Jacob, quien, de acuerdo con el relato bíblico del Génesis, fue vendido por sus hermanos.

92 ahmr, caja 1874E, Borrador de oficios 1874, 28 mayo de 1874.

93 ahmr, caja 1889, “Borrador de nota dirigida por el juez de primera instancia al jefe político del partido, informando que el facultativo Eleno Cervantes pasaría a revisar a una mujer que decía estar envenenada, 29 mayo de 1889”.

94 ahmr, caja 1848, “Criminal contra Julián Rocha por homicidio de Bonifacio Hernández”, 5 de febrero de 1848.

95 ahmr, caja 1865B, Borrador de oficios 1864, 17 noviembre de 1864.

96 ahmr, caja 1868, “Borrador de oficios 1869 y 1870”, 23 de marzo de 1870.

97 La fundamentación legal incluyó los bandos del 14 de mayo de 1776, 5 de mayo de 1793, 23 de abril de 1794 y 16 de noviembre de 1824; la ley del 5 de enero de 1857; Constitución vigente; Código penal del Distrito Federal de 1871 y una sentencia del juzgado de Morelia que denegaba el amparo que solicitaron en el juzgado de letras de Acámbaro tres médicos “por prestación de sus servicios gratuitos y forzosos” (ahmr, caja 1872A, comunicado del asesor del partido al juez de primera instancia de Rioverde, 19 de mayo de 1873).

98 ahmr, caja 1905A, “Primeras diligencias criminales practicadas en contra de Esteban Balderas y Joaquina Torres por denuncia hecha por el doctor Gilberto A. de la Fuente. San Ciro, 1 de julio de 1904”.

99 ahmr, caja 1868, Borrador de oficios 1869 y 1870, 12 mayo de 1868.

100 ahmr, caja 1872B, Borrador de escrito dirigido al Supremo Tribunal de Justicia, 16 mayo de 1870.

La pena en San Luis Potosí:
un acercamiento a los códigos
penales (1873-1993)

Silvia del Carmen Martínez Méndez1

La vida es así, se hace mucho de cosas que acaban,

también se hace de cosas que comienzan,

nunca son las mismas.

José Saramago, La caverna.

El análisis de la pena no puede separarse de la dogmática jurídica penal y del estudio de las leyes penales. En general, hay que tomar en cuenta que surge del contexto, experiencias, proyectos e intereses de un grupo, y responde a su interpretación de los problemas sociales y a sus ideas penales y criminológicas. Así, de manera obligada, con intención y a veces sin intención, la legislación refleja las características sociopolíticas del Estado y el pensamiento ideológico de los agentes ubicados en el poder.

Una vez establecido lo anterior, es indispensable que el lector no pierda de vista que las leyes se crean o se reforman por dos factores principales: primero, los cambios o demandas en los niveles político o social, como puede ser nuevas exigencias en la prevención o el control del delito, o modificaciones en los patrones delictivos, o simplemente por seguir una nueva línea político-criminal; y segundo, las transformaciones o adecuaciones en las concepciones sobre el crimen, la justicia y el castigo, es decir, la ubicación de doctrinas o escuelas, en la legislación.

Ambos factores se afectan mutuamente y de diversas maneras. Por ejemplo, nuevas formas de criminalización pueden exigir cambios en la ley, así como nuevas concepciones doctrinarias pueden modificar la finalidad de las penas. De esta manera, las penas siguen la suerte del pensamiento penal adoptado o adaptado en el momento histórico específico en conjunción con las necesidades sociales de la época.

La finalidad de este artículo es identificar a qué corriente doctrinaria obedece la orientación de los códigos penales potosinos promulgados a lo largo de los siglos xix y xx, así como, en específico, la forma en que determinan la pena. Creo interesante, también, valorar la influencia del contexto social en la modificación de los ordenamientos penales, y, por ende, en la idea del delito y de la pena, así como en su gradación. Me parece interesante emprender un análisis de larga duración temporal, pues ello permite observar la pluralidad de los códigos y la movilidad en la concepción de los delitos y las penas, pero también las continuidades o permanencias.

Por lo anterior, busco dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo el contexto sociopolítico influyó en la norma legal? ¿Cuál es la función y fin de la pena en cada uno de los códigos y cuáles los cambios relevantes respecto al ordenamiento que estaba en vigor? ¿A qué ideas penales o doctrinas penales respondió cada uno de los ordenamientos?

Antes de entrar en materia, es prudente señalar que escribir este capítulo no resultó sencillo, pues el acervo histórico en materia penal del estado es muy limitado, y no existen investigaciones previas que analicen la legislación penal desde una perspectiva de larga duración.

Código penal de 1873

La codificación penal del estado de San Luis Potosí data de 1873, cuando se adoptó el código de 1871 para toda la república en materia del fuero federal y para el Distrito Federal y territorios federales en materia del fuero común.

Antes, se habían expedido infinidad de decretos tendientes a regular o combatir diferentes conductas ilícitas.2 En la entidad, como en el resto del país, la codificación se consideraba necesaria para hacer más rápida, más enérgica y más eficaz la acción de la justicia, y de ahí que la falta de códigos se viera como uno de los grandes males de los que adolecía la sociedad mexicana hacia 1862.

Por esta razón, el entonces presidente Benito Juárez ordenó en Veracruz que se nombrara una comisión para elaborar un proyecto de código penal. Sus trabajos no tuvieron éxito.3 Por ello, el entonces ministro de Justicia, Jesús Terán, creó una comisión encargada de la elaboración de un proyecto de código penal.4 Los trabajos de este segundo grupo se interrumpieron por la Intervención francesa, tiempo en el cual se encontró en vigor en México el código penal francés.

Así, no fue sino hasta diciembre de 1871 que se promulgó el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, para delitos de fuero común, y para toda la república sobre los delitos contra la federación, el cual se publicó en el diario oficial del 14 de diciembre de ese mismo año y empezó a regir, en virtud de su artículo transitorio, el 1o. de abril de 1872.

El ordenamiento fue remitido a los gobernadores de los estados de la república para que consideraran su posible adopción.5

San Luis Potosí se estaba recuperando de una gran inestabilidad política y de un estado de sitio que duró ocho meses y que apenas había dejado de surtir sus efectos en agosto de 1862; lo anterior, como consecuencia de la lucha iniciada con el Plan de la Noria entre porfiristas y juaristas.6 El gobierno potosino, una vez restaurado, buscó alinear su legislación con los demás estados.

Por ello, con el decreto número 48, del 3 de diciembre de 1872, el gobernador de San Luis Potosí, Pascual M. Hernández, dio a conocer a la población el acuerdo de la cuarta legislatura de adoptar el Código Penal del Distrito Federal de 1871. El ordenamiento penal entró en vigor en el estado el 1o. de abril de 1873. El congreso estatal esgrimió los siguientes argumentos al adoptarlo:7

a) Aun cuando existía un proyecto local, presentado a la legislatura en el año de 1871 realizado por varios abogados de presencia en la ciudad, éste no había podido ser revisado por el congreso debido a que se había extraviado cuando San Luis Potosí fue declarado en estado de sitio por el general Diódoro Corella;

b) Como ya había sido adoptado en el estado con antelación el Código Civil del Distrito Federal, sería más conveniente para el estado de San Luis Potosí adoptar el Código Penal del Distrito Federal ya que ambos cuerpos estaban relacionados entre sí y habían sido adoptados por la mayor parte de los estados de la república.

c) Permitía la uniformidad de la legislación en la república mexicana, lo cual era importante; y

d) Respondía a la necesidad que tenía el estado de regirse por leyes claras y precisas.

En cuanto al pensamiento penal predominante en dicho código, se puede decir que es el mismo que imperó para la creación del código penal de 1871, que se fundamentaba en la escuela clásica propia de la época. Con esta afirmación, se pueden ubicar en el código, de manera general, dos importantes características de la escuela clásica: en primer lugar, el libre albedrío (en el ámbito de la responsabilidad penal, los clásicos se fundaron en el libre albedrío, o sea, en la facultad de autodeterminarse según una libre y total elección de la propia voluntad); y en segundo lugar, la justificación de la pena a partir del principio de responsabilidad y la proporcionalidad que debía existir respecto al daño (en la escuela clásica, ésta tiene el carácter de un mal equivalente al que el delincuente ha causado; de aquí nace la idea de proporcionalidad entre el delito y la pena, determinándose esta última según la magnitud del daño causado).

Para hacer un análisis integral de un código, es necesario también analizar su estructura técnica;8 así el código penal de 1873, al tener como referencia la escuela clásica, integró premisas que otorgaban certeza al reconocimiento de derechos fundamentales, entre las que se destacan:

a) Responsabilidad penal: no existente para quienes no tenían capacidad de discernimiento; en general, los menores de nueve años.

b) Definición de delito: la determina como la infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda (artículo 4). Cabe destacar que en el artículo 5 señala que las faltas son todas aquellas infracciones de los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno. De esta manera, el código prevenía y regulaba también las faltas administrativas, práctica que se continuó en el código penal de 1922 y desapareció en el de 1945.

c) Principio de culpabilidad: se basa en el principio de versari in re illicita o responsabilidad por el resultado, por lo cual la pena debía imponerse tomando en cuenta la magnitud del daño causado a la sociedad o a un derecho individual; y

d) Principios de la pena: En cuanto a la aplicación de la pena prevista, el principio de nullum poena sine lege, que determina que no se puede imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no estuviera decretada en una ley exactamente aplicable al delito, este principio se mantuvo intacto en el código penal de 1922, 1944 y 1985.

Ahora bien, el código otorgó dos funciones específicas a la pena; primero, como medio disuasorio de la criminalidad dirigida a la sociedad (prevención general negativa); y segundo, como medio correccional dirigido al delincuente; una vez que éste delinquió, se tenía la convicción de que se podía corregir (prevención especial positiva).

Se estableció un sistema dualista de pena integrando al ordenamiento penal las medidas de seguridad. Las penas para los delitos de orden común eran variadas y no se encontraban separadas de las medidas preventivas, iban desde la pérdida de los instrumentos del delito hasta el destierro del lugar, distrito o estado de residencia. Dichas penas, ya en ejecución, podían ser agravadas mediante las siguientes formas: privación de leer y escribir, disminución de alimentos, aumento en las horas de trabajo, hasta incomunicación absoluta, etcétera.9

Es importante señalar que el código penal no establece un mínimo y un máximo en cuanto a la pena de prisión, por lo cual, para la determinación de las penas, se tomaba en consideración la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre éstas y el daño causado por el delito, y se otorgaba al juzgador total arbitrio respecto a las agravantes y atenuantes del delito.

Respecto a la finalidad de la pena, siguió los preceptos de la escuela clásica, otorgándole el carácter de aflictivo y retributivo. A cada acción corresponde una reacción; y en el caso específico de la ley penal, a todo hecho ilícito le corresponde una sanción (reproche social).

En relación con el fin de las penas, Cesare Beccaria señalaba que éste no tenía que ver con atormentar y afligir al delincuente, ni podía deshacer un delito ya cometido. La finalidad estaba directamente relacionada con el impedir al reo que realizara nuevos daños a sus conciudadanos.10

En cuanto a la pena de muerte, el artículo 23 de la constitución de 1857 señalaba: “Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo el establecer a la mayor brevedad posible el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves de orden militar y a los de piratería que definiere la ley”.11

Entendiéndose como salteador de caminos al que robaba en caminos públicos o en despoblado con lujo de violencia, que aunque no fuera aprehendido en fraganti, hubiera causado muerte o heridas graves en el asalto. La justificación para la utilización de la pena de muerte en estos casos era que no se trataba de ladrones comunes, sino de una banda de malhechores que amenazaban la tranquilidad pública. Es importante destacar que se encuentran en este rubro los que atentaban contra la seguridad pública.12 Por lo que pone de manifiesto, en primer término que, acorde con la escuela clásica, la pena debía ser proporcional al delito, de tal manera que los delitos más graves debían ser sancionados con penas más drásticas; y en segundo término, demuestra, desde el contexto social, que en ese momento histórico era necesario para el gobierno afianzar el sistema político, y por ello dichas conductas eran consideradas las más graves.

Sin embargo, y pese a la severidad de esta medida, en el artículo 241 se especificaba que la conmutación de la pena capital sólo era obligada en los siguientes casos: cuando hubieran pasado cinco años contados desde la notificación del reo sobre la sentencia irrevocable que se le impusiera, o cuando se hubiera promulgado una ley y concurrieran en el reo las circunstancias que exigiera la ley.

En los demás casos, la conmutación de la pena capital la podía hacer el ejecutivo. En el artículo 242, se establecía una regla para la conmutación de las penas: la pena de muerte podía conmutarse con prisión extraordinaria, excepto en el segundo caso del artículo 241.

Un acto como el de la conmutación de la pena de muerte ofrecía una importante alternativa para que el poder ejecutivo tuviera en sus manos la capacidad moral para perdonar la vida a un inculpado e impactar por su sentido de justicia a la sociedad.13

El código penal comprendía una ley transitoria de veintiocho artículos en la que cubría preceptos de carácter penitenciario; en el artículo sexto se establecían dos juntas de cárceles; una de vigilancia y otra protectora. La primera tenía, entre otras obligaciones, la de visitar las prisiones, vigilar y dictar medidas necesarias contra los empleados de ella. La segunda tenía como objetivo procurar y promover todo lo conducente a la mejora moral y rehabilitación de los presos condenados.14

Otro decreto importante relacionado con el código de 1873 fue el número 53, del 21 de mayo de 1897, el cual estableció que, mientras se trabajaba sobre la publicación del Código de Procedimientos Penales del Estado, en atención a las causas criminales, los jueces se ajustarían de acuerdo con las disposiciones del derecho común y las prevenciones de dicho decreto.15

Así se llevó a cabo hasta que, tras la muerte del gobernador, Carlos Díez Gutiérrez, se nombró sustituto a Blas Escontría, quien posteriormente sería gobernador constitucional, y durante cuyo gobierno se estableció el Código de Procedimientos Penales para el Estado, en 1899, que entró en vigor en enero de 1900.16

Por supuesto que existen más decretos que son importantes, relacionados con el código penal de 1873; sin embargo, su estudio sería muy extensivo y se desbordaría el objetivo del presente capítulo, que es dar un breve panorama de la política criminal adoptada por el gobierno a través de su legislación penal.17

Código penal de 1922

Esta época se caracterizó por sus luchas por el poder y por la inestabilidad social y económica que generó la Revolución mexicana, inestabilidad que motivó que hubiera muchos gobernadores en San Luis Potosí, donde entre noviembre de 1914 y enero de 1916 el puesto de gobernador estuvo prácticamente a cargo de militares. Por mencionar algunos, en noviembre de 1914, Manuel Rivera estuvo como encargado provisional; y en diciembre, Francisco Breña.

Durante 1915, Adolfo Flores fue el único civil que ocupó el cargo de gobernador, del 10 al 23 de febrero; el resto del año y el subsecuente, los gobernadores provisionales o interinos fueron el general Herminio Álvarez, el coronel José Carlos Kamerowitz, el coronel Emiliano G, Savia, el general Vicente Dávila y el coronel Federico Chapoy, quien del 16 de enero de 1916 al 10 de abril de 1917 estuvo como encargado provisional. Ese mismo año se nombró como gobernador constitucional al general Juan Barragán.18

Con este último se restableció el orden constitucional y se logró, por parte del congreso, la expedición, el 10 de junio de 1917, de la Constitución Política de San Luis Potosí. El 6 de julio de 1919 se realizaron elecciones para gobernador, donde resultó electo el ingeniero Severino Martínez. Rafael Nieto, su contrincante en las elecciones, no estuvo de acuerdo, y el 26 de septiembre salió de la ciudad con un grupo de disidentes, el cual se invistió en el congreso del estado, que le tomó protesta como gobernador.19

Suscribió en 1920 el Plan de Agua Prieta y presionó al gobierno federal, el cual finalmente, el 20 de octubre de 1920, le reconoce su calidad de gobernador, y así ocupó el despacho del poder ejecutivo, además de reconocerse a la XXVI Legislatura, nietista.

Con estos antecedentes, por supuesto que el propósito principal del gobernador fue la instauración de su nuevo gobierno y su legitimación ante la sociedad potosina, para lo cual el congreso del estado tuvo un papel muy importante a pesar de los conflictos políticos dentro del Estado, que se generalizaron rápidamente.

Así, su estrategia política versó prácticamente en la creación de nuevas leyes que hicieran los proyectos legales más transparentes y mejor fundamentados en lo jurídico para otorgar a la ciudadanía la sensación de estabilidad gubernamental, por lo que se le dio mayor importancia a los cambios que se realizaron en materia electoral y laboral, que en materia penal.

En cuanto a su estructura técnica, este código conservó la misma forma que el anterior, con pequeñas variantes de sintaxis:

a) Responsabilidad penal: se mantuvo a partir de los nueve años, exigiendo el discernimiento, que podía en caso de ausencia eximir de responsabilidad hasta los catorce años. Sin embargo, es menester señalar que el 9 de noviembre de 1922, según decreto número 87, se expidió por parte del profesor Ángel Silva, gobernador interino en ese momento, la Ley de Tribunales Infantiles (primera ley en el país sobre menores). Y lo importante de destacar de ésta es que se cambió la minoría penal a dieciséis años en el estado.

b) Definición de delito: clasifica los actos y omisiones penados por la ley en delitos y faltas; sin embargo, no hace una definición analítica de éstos, y sólo establece en dónde se encuentra previstas dichas infracciones.

c) Principio de culpabilidad: se puede concluir que se plantea en el sentido de que no se puede sancionar una acción u omisión que la ley no previera como delito si la misma no se realiza con intención o culpa (artículo 6). Según el artículo 7, el delito se considera intencional cuando se comete con el ánimo de causar daño o de violar la ley.

En cuanto a las funciones y fines de la pena, se estableció un sistema preponderantemente mixto, utilizándola con un efecto intimidatorio (prevención general negativa) y buscando la corrección del delincuente (prevención especial positiva); éstas se dividían en dos clases: las generales, para todos los delitos; y las especiales, para los delitos políticos. De los delitos en particular, vale la pena comentar que no en todos los delitos se establecía el arbitrio judicial; en algunos, se señalaba de una manera fija la pena atendiendo a los principios de proporcionalidad de la pena desde el punto de vista legislativo.

Para la imposición de la pena, igual que en el código anterior, se previnieron las circunstancias agravantes y atenuantes de cada delito, a efecto de determinar la culpabilidad del agente.

Estas circunstancias, que modifican la criminalidad de la infracción, atenuándola o agravándola, surten el efecto de atenuar o agravar la pena según la menor o mayor responsabilidad del delincuente; las circunstancias agravantes o atenuantes sólo inciden en la duración de la pena, pero no cambian su naturaleza (artículos 35-51). Tampoco estableció este código un mínimo y un máximo para la pena de prisión.

La prisión ordinaria se dividía en tres periodos: en el primero, el reo quedaba incomunicado en su celda durante el día y la noche, debería por lo menos durar un sexto de la condena. Cubierto este requisito, pasaba al segundo periodo, en el que la incomunicación se daba solamente por la noche, ya que durante el día podía trabajar en los talleres o recibir instrucción en común; en ese periodo, debería durar hasta alcanzar la mitad de su condena. Pasado ese tiempo, ingresaba al tercer periodo, en el que ya no había incomunicación; y si su conducta era buena, se le permitía salir a buscar trabajo o a desempeñar alguna comisión que se le confiara en tanto se le otorgaba la libertad preparatoria.

Como se puede observar, la ejecución de la pena de prisión era muy rígida en comparación con el código anterior, y ponía de manifiesto una política criminal dura contra el delincuente, sobre todo en los primeros dos periodos, en donde el reo pasaba la mayor parte del tiempo incomunicado, lo que afianzaba la idea de que la pena tenía como función la prevención de conductas futuras, fijando su razón de ser en la protección de la sociedad.

Sin embargo, y a pesar de esta dureza en su aplicación, es necesario destacar de este código el establecimiento de la condena condicional, la cual tiene sus antecedentes remotos en el derecho canónico y apareció por primera vez en el país, precisamente, en el código que se estudia en este punto, y tenía como objetivo suspender las penas cortas privativas de la libertad a condición de que el sentenciado no volviera a delinquir por un tiempo determinado; de lo contrario, se le hacía cumplir la sanción señalada.

Así, el artículo 266 del código en mención señalaba que la función de la condena condicional era suspender por el tiempo, y mediante los requisitos que establece el mismo código, la ejecución de la pena impuesta por sentencia irrevocable. Entre los requisitos que se establecían para suspender la ejecución de la pena se encontraba que éstas no debían exceder de arresto mayor o de once meses de reclusión en el establecimiento de corrección penal.

Se puede inferir que la finalidad de la aplicación de esta medida —ya que el código textualmente no lo menciona— fue evitar los efectos negativos del encarcelamiento cuando se trataba de penas breves, ya que la aplicación de estas últimas carecían de fuerza intimidatoria, por lo cual no cumplían su función preventiva.

Por ello, podemos aseverar que ya en este código se le daba mayor prioridad a la individualización de la pena que a la proporcionalidad de ésta respecto al delito cometido, lo que hacía de este código una legislación correccionista20 en cuanto a los fines y funciones de la pena.

Respecto a la pena de muerte, ésta se mantuvo en el código, regulada en el artículo 119 y 120, y establecía que no podía aplicarse a las mujeres ni a los varones que hubieren cumplido sesenta años.

Código penal de 1944

La década de los cuarenta, de la Segunda Guerra Mundial, de los cincuenta, de la utopía de la industrialización, del civilismo y modernización del autoritarismo, fueron en San Luis Potosí la etapa de formación de un nuevo cacicazgo y de redefinición de los espacios económicos sociales.

Así llega a la gubernatura, en 1943, Gonzalo N. Santos, hombre caracterizado por los medios como represivo y autoritario, quien el 16 de junio de 1944 publica un nuevo ordenamiento penal teniendo como base y siguiendo fielmente el contenido del código de 1931 para el Distrito Federal, según lo establecía la misma exposición de motivos del código en mención.

Respecto a la línea dogmática establecida en el código de 1931 para el Distrito Federal, éste fue considerado por el presidente de la comisión creadora como de tendencia ecléctica; sin embargo, y pese a esta aseveración, se afirma que en sus inicios mantuvo, al igual que el código penal de 1929, un corte positivista ideado para la difícil situación política-económica que se vivía en el país; y por ende, se le consideró un código sumamente riguroso.

El hecho de tener como base un código con principios positivistas trae un cambio de política criminal en el estado. La corriente positivista, en contraposición de lo establecido por la escuela clásica, señalaba que para entender el fenómeno criminal se había que partir de la realidad, del delito y el delincuente como fenómenos reales de la naturaleza;21 tiene su origen entre los años finales del siglo xix y el primer tercio del siglo xx, cuando se suscitaron una serie de aportaciones filosóficas que pugnaban por un cambio en el pensamiento punitivo, particularmente por pensadores alemanes e italianos, la cual estaba más enfocada hacia el delincuente y no al delito.

De esta manera, la concepción positiva del delito se caracteriza por la búsqueda de certeza y objetividad para la observación de lo real, por lo que da un auge en las ciencias naturales y procura, en el ámbito del delito y del delincuente, seguir el método científico como lo utilizaban las ciencias exactas. Esta corriente, en contraposición de lo establecido por la escuela clásica, señalaba que para entender el fenómeno criminal había que partir de la realidad, del delito y el delincuente como fenómenos reales de la naturaleza.22

Enrico Ferri, uno de los principales promotores del positivismo, criticó a los penalistas de la escuela clásica, al señalar: “No habéis ofrecido solución a la delincuencia, en constante aumento, porque ha resultado que no os habéis preocupado en conocer científicamente la realidad humana y las causas de la delincuencia, y así no os ha sido posible indicar los remedios adecuados”.23

También es importante destacar, a este respecto, a F. Von Liszt, fundador de la escuela de derecho de defensa y de prevención social, el cual en su programa “Política criminal, escuela de Marburgo”, hace constar que el delito tiene su origen prevalente en causas de diversa índole —individuales o sociales, físicas, económicas—, más que en la libertad, si es que existiera.24

De esta manera, se hace un cambio en el pensamiento político criminal, y un cambio de paradigma en el estudio de la criminalidad, haciéndose a partir de aquí desde un aspecto antropológico-sociológico.25 Todos estos cambios impactaron los códigos penales en muchos países. Y en México fue precisamente en el código de 1929 donde se adoptaron muchas de estas ideas, que a su vez impactaron en la creación del código para el Distrito Federal de 1931, el cual sirvió de guía para crear el código estatal de 1944.

Ahora bien, respecto a la naturaleza del código, éste, en comparación de los anteriores, sí cuenta con exposición de motivos, lo cual ayuda a desentrañar las razones por las que fue realizado el código que nos ocupa. Así, en el código penal de 1944 se pueden encontrar de forma trascendente las siguientes características del positivismo:

a) Negación del libre albedrío: La escuela positiva afirma que el hombre no escoge libremente y de manera consciente el mal sobre el bien, puesto que es un ente natural y, en algunos casos, con anormalidades que evitan su sano y libre discernimiento; no puede elegir. En este mismo sentido lo establece la exposición de motivos del código de 1944, al señalar: “En lo que respecta a la parte especial de los delitos, el castigo de las infracciones penales debe medirse de acuerdo con las condiciones temperamentales y psíquicas que en cada infractor es necesario tomar en cuenta, y sin despreocuparse de los caracteres que deben incurrir en la pena”.

b) Responsabilidad social: A diferencia de la escuela clásica, la positivista manifiesta que la responsabilidad, lejos de ser moral, es de tipo social. La colectividad, al tener en cuenta la posible predisposición hacia el delito en determinados sujetos, debe tomar las medidas necesarias para prevenirlo y, en un momento dado, defenderse. Así, uno de los fines de la “defensa social” establecidos en el código de 1944 es el establecimiento de penas severas de larga duración para la intimidación de los delincuentes en delitos de máxima gravedad. Incluso la justificación de la aplicación de la pena capital iba también en este sentido, ya que el ejecutivo consideraba que la aplicación de ella tendría, de forma evidente, efectos ejemplificantes e intimidatorios en delincuentes de imposible readaptación.26

En cuanto a su estructura técnica, se establecieron cambios trascendentes:

a) Responsabilidad penal: se establece a partir de los dieciséis años, y delegaba la competencia de los menores de dieciséis a las disposiciones establecidas en la ley del tribunal para menores (artículo 5).

b) Definición de delito: cabe mencionar en este apartado que se separan del código las contravenciones a reglamentos de policía, así como las faltas administrativas, para dejarlas en manos de la esfera administrativa, en función de la insignificante temibilidad del sujeto, ya que éste no lesionaba más que intereses administrativos. Así, el artículo 6, con esta modificación, queda de la siguiente manera: “Delito es el acto u omisión sancionados por las leyes penales”.

c) Principio de culpabilidad: Se puede señalar que la peligrosidad fue un criterio que se tomó en cuenta para diversos fines y asumió una función prominente en la determinación penal en este código, a diferencia de los anteriores.

El código penal mantuvo un sistema mixto tanto retributivo como preventivo, y mantuvo el sistema dualista estableciendo las penas y medidas de seguridad. Cabe mencionar que, aun cuando el paradigma era diferente, los legisladores consideraron que no se podía prescindir de la pena, por ser un instrumento disuasorio, intimidatorio y, sobre todo, por su aspecto preventivo.

De tal manera que, si bien se mantenía un sistema mixto de la pena, la función y la finalidad de la pena, se enfocó hacia la prevención especial y tuvo singular trascendencia la peligrosidad del sujeto, como cualquier otro código, con un sistema basado en el positivismo; siguió las premisas de las teorías relativas de la pena, fundándola en la corrección, la intimidación y, en su caso, la neutralización, y dirigió la pena contra el delincuente y no contra las figuras del delito. Así lo reconocía Liszt, al señalar que la pena no debía incidir sobre la colectividad, sino sobre el delincuente, de dos maneras: mediata o indirecta, a través de la coacción psicológica o motivación, estableciendo como fin último de la pena la resocialización del delincuente.27

Debido a las premisas establecidas en el párrafo anterior, el régimen penitenciario cambió a uno de carácter progresivo y técnico, y constó por lo menos de periodos de estudio y diagnóstico de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento de clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundaría en los resultados de los estudios de personalidad que se practicaran al interior por los jefes de los servicios técnicos; los estudios deberían ser actualizados periódicamente.

También es importante señalar que este código incluye en forma definitiva el arbitrio judicial, señalando en todos los delitos un mínimo y un máximo entre las penas que imponer, lo que establecía la individualización judicial.28 A partir de este código, se empieza a fijar un mínimo y un máximo de la pena, donde el mínimo se fija en dieciocho meses un día, y el máximo en veinticinco años, con la tendencia de aplicar el máximo de esa pena en los casos de extrema peligrosidad y buscar en la prisión de largo tiempo una mayor eficacia intimidatoria para los delincuentes en delitos de máxima gravedad para alcanzar uno de los fines de la defensa social.29

Por último, se considera importante señalar que se mantuvo en el código penal la pena de muerte, por considerarse que podía tener resultados de ejemplaridad y de intimidación, además de ser útil en delincuentes de imposible readaptación. Y se mantuvo la capacidad por parte del ejecutivo de conmutar dicha pena por pena de prisión extraordinaria.30

Posteriormente, con el decreto 208, del 4 de junio de 1968, se derogaron los artículos 47, 48, 111, 112, 113 y 115 referentes a la pena de muerte, que hasta esa fecha había permanecido vigente en nuestra entidad y se ejecutaba mediante fusilamiento.31

En cuanto a las leyes que se crearon durante la vigencia de este código que merecen destacar, se encuentra la ya mencionada Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, que entró en vigor el 20 de julio de 1975, la cual se crea con el fin principal de adecuar la legislación local con lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, emanadas en 1955 del Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que México adopta en 1971.32

Código penal de 1985

De 1967 a 1973, llega al gobierno del estado el Lic. Antonio Rocha Cordero, a quien, aun cuando seguía siendo del partido político que se mantenía en el poder, su carrera y experiencia laboral lo llevaron a realizar la abolición de la pena de muerte en la ley.

Entre 1973 y 1979 se pasa la bandera del partido al licenciado en jurisprudencia Guillermo Fonseca Álvarez, quien fungió como gobernador del estado. Cabe mencionar que en su periodo se discutieron varios proyectos de código penal, los cuales, por razones que se desconocen, no se llegaron a aplicar.

El primer anteproyecto se dio en 1973, el cual fue discutido sin llegar a un acuerdo común. Posteriormente, en los años de 1977-78 se elaboró un segundo anteproyecto pero, debido a que estaba por concluir el sexenio, no se estudió.33 Así se entró en un periodo de elecciones donde obtuvo el triunfo el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el profesor Carlos Jonguitud Barrios.

Así, una vez instalado el nuevo gobernador, y con la intención de crear un nuevo código penal, en 1983 mandó integrar una comisión formada por siete magistrados del poder judicial del estado, un representante de la Procuraduría General de Justicia y el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que realizara el anteproyecto.34

Como anécdota de esa primera invitación, señala el maestro Juan Manuel Ramírez Delgado, se les comentó lo siguiente: “Miren, nos hemos propuesto elaborar un nuevo código penal; y para no batallar, hemos buscado y escogido los mejores siete códigos que existen en la república, y entonces cada uno de nosotros va a ir leyendo el artículo respectivo a cada código, y entre todos decidimos cuál nos parece mejor, y ése lo tomamos para darle forma a nuestro proyecto”.35

Por cambios políticos, aquella comisión quedó acéfala; sin embargo, de manera inexplicable, el día 22 de marzo de 1985 aparece publicado el nuevo código penal, a seis meses de que terminara su mandato el ejecutivo en turno.

Respecto a su estructura técnica, tuvo algunas variantes respecto a su antecesor:

a) Responsabilidad penal: la edad a partir de la que se fija la responsabilidad penal es la de dieciséis años; los menores de esta edad quedaron sujetos a las disposiciones de la Ley de Consejos Tutelares y Readaptación Social para Menores del Estado (artículo 4).

b) Definición de delito: lo define como el acto u omisión que sancionan las leyes penales; lo divide en instantáneo, permanente y continuado.

c) Principio de culpabilidad: aun cuando en este código se pueden advertir definiciones determinadas de dolo y culpa, y de que aparece por primera vez el término de preterintención,36 se sigue tomando en consideración la peligrosidad del sujeto para determinar la sanción.

Además, se cambia el término de exclusión de responsabilidad establecido en los códigos de 1922 y 1944, a excluyentes de incriminación, y en el listado de éstas agrega entre sus fracciones la atipicidad —cuando no se integra alguno de los elementos de la descripción legal— y el error invencible. Respecto de los fines y funciones de la pena, mantuvo las mismas que el código antecesor, con énfasis en la prevención especial, es decir, en la readaptación del delincuente. Sin embargo, en cuanto a las penas y medidas de seguridad, comete el error de no diferenciarlas y sólo hacer una lista general de ambas (art. 23), lo que vuelve difícil identificar si se trata de un sistema dualista o vicariante37 respecto a la aplicación de éstas. Referente a la pena de prisión, se determina un rango de arbitrio y establece el mínimo en tres días, y el máximo en treinta años.

Respecto a la pena de muerte, como ya se indicó, se derogó por el decreto 208, del 4 de junio de 1968, por lo cual no la incluyen este código ni los posteriores.

En cuanto a las normas destacables relacionadas con este código, es importante señalar que el 19 de marzo de 1985 aparece publicada en el periódico oficial número 23 la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado, y que se había elaborado adecuándola al anteproyecto del código penal, pues la libertad preparatoria pasaría a la Ley ejecutiva para que fuera la Dirección de Prevención y Readaptación Social quien la otorgara.

Lo que resalta es que esta ley se aprobó antes que el código al que se supone regulaba, ya que el código empezó a aplicarse tres meses después de su publicación en el periódico oficial del estado. Esto confirma la falta de una política criminal integradora, y pone de manifiesto una deficiente técnica legislativa.

Código penal de mayo 1993

El 7 de julio de 1985 se llevaron a cabo elecciones y los resultados oficiales publicados en los diarios dieron como gobernador al candidato del pri, Florencio Salazar Martínez, quien sin ningún obstáculo asumió la gubernatura en un buen clima político. Su periodo de gobierno sólo llegó al 25 de mayo de 1987. No terminó el periodo constitucional,38 y lo sustituyó en el cargo el Lic. Leopoldino Ortiz Santos, nombrado por el congreso como gobernador provisional. El gobierno de éste se inició el 26 de mayo de 1987 y concluyó 25 de septiembre de 1991, tras tres ratificaciones por parte del congreso.

A partir de este momento se vivieron con mayor intensidad los problemas políticos en el estado, lo cual trajo como consecuencia que, aun cuando el siguiente gobernador electo fue el Lic. Fausto Zapata Loredo, éste sólo duró catorce días en el puesto, para ser sustituido por el Ing. Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, quien tomó posesión el 10 de octubre de 1991 y renunció el 10 de octubre de 1992.

Así, en octubre de 1992 asume el poder el Lic. Teófilo Torres Corzo, para un periodo de siete meses, y uno de sus ideales, ya que con anterioridad había sido diputado local, era publicar un código penal. Y a pesar de tener conocimiento de su breve estancia como gobernador, decidió publicar su código penal el día 4 de mayo de 1993, para que entrara en vigencia “al día siguiente”.39

Según sus palabras, era importante que la legislatura no se dedicara a hacer parches, sino cambios profundos a las leyes; señalaba, además, que el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal fueron elaborados 45 años atrás, y de ahí la necesidad de crear nuevos códigos que estuvieran a la vanguardia de las necesidades de los ciudadanos potosinos.40

Para elaborar el proyecto, integró una comisión, y se nombraron dos subcomisiones; la primera, para la elaboración del código sustantivo; y la segunda, para el código adjetivo. Tal vez es de destacar que el código de procedimientos penales fue estudiado en el congreso del estado antes de que conociera el código sustantivo.41

El código penal se aprobó por unanimidad de votos en sesión ordinaria del 29 de abril de 1993. En lo referente a su estructura técnica, mantiene implícitas las desarrolladas en sus antecesores y cabe destacar lo siguiente:

a) Responsabilidad penal: la edad a partir de la que se fija la responsabilidad penal se mantiene en los dieciséis años de edad. Sin embargo, es menester mencionar que México ratificó en 1990 la convención sobre los derechos del niño, que considera como niño a todo menor de dieciocho años y que en su artículo primero establece: “Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, disposición internacional que en ese momento no tuvo eco en el ámbito estatal, y no se consideró necesario hacer los cambios respectivos a la ley a efecto de hacerla coincidente con los parámetros aceptados;

b) Definición de delito: se sigue manteniendo una definición general de delito, y se elimina la preterintencionalidad.

c) Principio de culpabilidad: en este código desaparece la preterintención y se mantiene una definición causalista de dolo y culpa; se regresa al término de exclusión de responsabilidad establecido en los códigos de 1922 y 1944.

d) Principios de la pena: cabe hacer mención que este código, según su exposición de motivos, establece la aplicación de la ley penal de manera más favorable para el inculpado, procesado y sentenciado42 (lo que se conoce como principio de humanización de las penas), lo cual se hizo manifiesto al reducir de manera considerable la pena de prisión y suprimir delitos como el quebrantamiento de sanciones, los referentes a la moral, la asociación delictuosa, el homicidio culposo cometido entre familiares, los delitos de injurias, golpes y violencia física.

También, se señala que se le debe dar importancia a la pena pecuniaria de la reparación del daño por considerarse que al ofendido o víctima en determinados delitos no le interesa si el delincuente es enviado o no a prisión, pues lo único que le importa es que pague el daño ocasionado por la conducta delictuosa.43

No queda clara la razón por la cual se adoptó una postura de mínima intervención penal, ya que, si bien hay doctrina penal que justifica la eliminación de bienes jurídicos del código penal, y que determina que sólo pueden ser objeto de intervención del derecho penal los bienes jurídicos que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de la concepción de esos fines o para el funcionamiento del propio sistema,44 no se puede afirmar la aplicación de una política criminal con tendencia minimalista en el estado, ya que en ningún momento se justificó en ese sentido la eliminación de determinados bienes jurídicos del mencionado código penal.

Además, en este código se invirtió la estructura de jerarquización de los bienes jurídicos. Cabe señalar que en el código penal de 1985 se jerarquizaban en primer término los bienes jurídicos personales o individuales, y después los bienes jurídicos del Estado o de la comunidad; y en el código penal de mayo de 1993 se dio predominancia a los bienes jurídicos del Estado.

Este simple cambio estructural manifiesta la filosofía política del Estado, y cabe mencionar que en los Estados liberales se tiende a colocar en primer término los delitos contra las personas, mientras que en los Estados autoritarios se colocan primero los delitos contra el Estado, circunstancia que iría a contrapelo de una política criminal minimalista si ésta fuera la adoptada por el Estado.

Otro cambio que es importante resaltar de este ordenamiento es la desaparición de los delitos contra la ecología, los cuales se encontraban previstos en el artículo 241 del código penal de 1985, los cuales se introdujeron en la Ley de Protección Ambiental, hoy denominada Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.

Esta manifestación resulta trascendente, pues exalta una de las características del derecho penal moderno, según lo establece Zaffaroni, al señalar que el legislador moderno tiende a descodificar el derecho penal para inculcar una técnica legislativa, según la cual es aconsejable que en casi todas las leyes no penales se incorpore algún tipo penal.45

Respecto a los fines y funciones de la pena, se considera que el código prefirió seguir las teorías relativas de la pena a través del sistema mixto de penas, la prevención general negativa mediante la retribución, y la prevención especial positiva persiguiendo la corrección del delincuente. También se mantuvo un sistema dualista de penas y medidas de seguridad. De manera técnica, en este código se logró separar y conceptuar las penas y las medidas de seguridad,46 términos que se encontraban ambiguos, y logró diferenciar el término de pena con el de prisión, ya que éstos se llegaban a confundir como uno solo en el código anterior.

Dentro de las medidas de seguridad, establece medidas predelictuales al señalar en el artículo 61 que las medidas de seguridad podrán imponerse como medida preventiva cuando se presuma que existe en el individuo cierta tendencia a cometer conductas antisociales.

En cuanto a las penas, mantiene un rango específico de ellas estableciendo como mínimo para privación de la libertad tres días y como máximo treinta años.

Código penal de septiembre de 1993

El 18 de mayo de 1993 se eligió como gobernador en el estado al Lic. Horacio Sánchez Unzueta. El desarrollo de su gobierno se realizó con una estabilidad política cogida por alfileres47 y con un incesante sentimiento de inseguridad por parte de la población, la cual se sentía vulnerable al percibir un aumento en los robos a casa-habitación y robos de vehículos de motor.48

Esta percepción ciudadana de incremento de inseguridad trajo como consecuencia que varios sectores de la ciudadanía criticaran la benignidad del código penal hasta entonces en vigor y solicitaran que se replantearan cambios en él.

Así, entre los reclamos más generalizado en la sociedad encontramos una fuerte percepción de falta de seguridad jurídica, frustración por la despenalización de ciertas conductas delictivas y generalizada inconformidad por la reducción de las sanciones aplicables a ciertos delitos.

Los anteriores reclamos, además de diversas críticas al código penal de mayo de 1993 influyeron en el gobernador para pensar en su abrogación. El dictamen presentado para ese efecto señalaba: “Se cambia porque fue muy criticado a partir de su vigencia, por los innumerables errores, discrepancias y penas consideradas como mínimas para los delitos considerados como graves. El dictamen considera de alto peligro social algunas disposiciones del Código, inoperantes algunas fracciones y hasta absurdos y anticonstitucionales algunos artículos”.49

Por su parte, Raúl Solís Monreal, en ese entonces presidente del periodo extraordinario de sesiones del congreso, justificó la abrogación diciendo que “nos consta que ha habido una serie de opiniones de abogados y de la población en general respecto a los códigos penales, en los que han encontrado una serie de fallas”.50

Así, se presentó para su aprobación un nuevo código penal, el cual tuvo como referencia para su creación disposiciones contenidas en el código penal para el Distrito Federal, el anterior publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 22 de marzo de 1985, el código penal de 1946, el del estado de Guanajuato y el de Veracruz, así como la ley para prevenir y sancionar la tortura.

En este código se respetó la sistemática del código penal de mayo de 1993 por considerar que separaba correctamente las sanciones al dividirlas en penas y medidas de seguridad, además que se hacía una correcta jerarquización de los bienes tutelados.

El código penal aprobado el 23 de septiembre de 1993 continuó jerarquizando en primer lugar los bienes jurídicos del Estado; además, se dio un aumento considerable en las penas para delitos como rebelión, sedición, parricidio, infanticidio, robo de infante, secuestro y otros de la misma peligrosidad; e incluyó nuevas figuras, como la tortura. Dentro de su estructura técnica, de las garantías de legalidad establecidas en este código, se pueden destacar las siguientes:

a) Responsabilidad penal: la edad a partir de la que se fija la responsabilidad penal se mantiene en dieciséis años, pese a las obligaciones internacionales de México respecto a la edad mínima para responsabilidad penal.

b) Definición del delito: se modificó el concepto de delito, para quedar de la siguiente manera: “La acción u omisión sancionada por las leyes con una pena” (art. 8). Ello, para considerar como hechos ilícitos no sólo a las conductas descritas en el propio código penal, sino también todas aquellas sancionadas con penas privativas de la libertad aun cuando se hallaran en otras legislaciones.

c) Principio de culpabilidad: se mantuvo con su respectiva definición el dolo y la culpa, y se reingresó al código el término de preterintencionalidad.

d) Principios de la pena: se agregan por igual los principios de judicialidad y de imposición por sentencia, que implican que toda pena y medida de seguridad sería impuesta exclusivamente por sentencia expedida por autoridad judicial, según el prudente arbitrio del juez y tomando en consideración los antecedentes y condiciones personales del responsable, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños materiales y morales causados, el peligro corrido, las circunstancias que concurrieron en el hecho y las condiciones personales del ofendido (art. 67).

Se estableció como medida preventiva, y durante la secuela procesal, la intervención de personas morales para impedir que siguieran cometiendo ilícitos. Lo anterior, en virtud de observar un aumento en los delitos cometidos por representantes de personas morales.

Como reacción al crimen organizado, se reingresa en el código la figura de asociación delictuosa —la cual sí estaba prevista en el código penal de 1985, pero desapareció del código penal de mayo de 1993—, con una mayor pena cuando interviniera en este delito un servidor público, sustentado en la mayor peligrosidad.51

En cuanto a las funciones de la pena, igual que el código anterior, mantenía los postulados de la escuela ecléctica mediante un sistema mixto, con énfasis en la prevención especial positiva; además, mantenía un sistema dualista de penas y medidas de seguridad.

En cuanto a las penas, no establecía un mínimo para privación de la libertad; sin embargo, sí señalaba el máximo, el cual no podía exceder de treinta años.

Como dato interesante, podemos señalar que a la pena, aparte de tener una función mixta, se le agregaba una finalidad utilitaria para el Estado al aumentar las penas privativas de libertad de manera considerable en comparación con el código al que abrogó. Este fenómeno no es casuístico y se ha dado en todos los códigos de la república, lo que generó una tendencia expansiva de las penas en cuanto a su duración, aun a sabiendas de que esas acciones son inútiles para disminuir los delitos.52

Reflexiones finales

Una vez estudiados los códigos penales que han sido aprobados por el poder legislativo a través de la historia en San Luis Potosí, se puede observar en todos ellos una directa injerencia del poder ejecutivo en la política criminal legislativa (al haberse creado todos por iniciativa del gobernador en turno), lo que pone de manifiesto que los pesos y contrapesos entre el poder legislativo y el ejecutivo no fueron del todo claros en la política legislativa penal del siglo xix y xx.

Ahora bien, en respuesta a las preguntas realizadas de manera inicial en este artículo, específicamente, en cómo influyó el contexto sociopolítico en la creación de las normas penales, a qué ideas y doctrinas penales responde cada ordenamiento y cuál ha sido la función y fin de la pena en los diferentes códigos penales, se puede señalar lo siguiente:

En cuanto al código penal de 1873, fue prácticamente una adaptación del de 1871 para el Distrito Federal, por solicitud del ejecutivo, debido a que el estado no contaba con la estabilidad política necesaria para crear un código penal ad hoc a las necesidades del estado. Debido a ello, la idea o doctrina penal a la que corresponde es precisamente la escuela clásica, con preponderancia de la proporcionalidad de las penas en relación con el delito. Este código tiene una buena técnica jurídica, ya que su homólogo fue a su vez inspirado en el código español de 1870; en cuanto a la pena, ésta cumplió una función de justicia absoluta y su finalidad fue meramente de utilidad social, con algunos toques de correccionalismo al agregarse al código algunas medidas preventivas.

El código penal de 1922 se aprobó en un contexto sociopolítico en el cual era necesario legitimar ante la ciudadanía la estructura social, y por ello el gobernador consideró necesario crear un código nuevo en lugar de modificar el existente, aun cuando los cambios estructurales fueron mínimos. En cuanto a las ideas o escuelas que fundamentaron este código, como la finalidad no era establecer una dogmática penal específica sino crear la sensación de una identidad propia de dicho código penal, mantiene la misma corriente dogmática que el anterior. Sin embargo, sí hubo ligeros cambios, y gracias a ellos se puede percibir desde el punto de vista de la pena el sello de las teorías relativas de ésta, acentuándose una visión correccionista de la pena a pesar de que éstas fueron mucho más duras que las establecidas en el código anterior.

Por su parte, el código penal de 1945 sí representa un cambio estructural y dogmático, y hace viable ubicar una política criminal severa muy acorde con las ideas políticas del gobernador en turno. En el contexto social, se perseguía mantener el orden; por ello, en este código las penas son de mayor duración; y al perseguir fines positivistas (como el código penal de 1931 para el Distrito Federal en el cual se basa), las penas tuvieron como finalidad principal readaptar al delincuente; y en caso de no lograrlo, su inocuización. Su función es acorde con la teoría de la prevención especial positiva, la cual se aleja de la utilidad social de la pena y le da a ésta la tarea de readaptar al delincuente.

El código penal de 1985 no muestra una política criminal coherente. Cabe destacar que el legislador aprobó la propuesta del gobernador días antes de acabar su mandato, pese a que, según las teorías, para la creación de políticas públicas, éstas deben aplicarse y desarrollarse empezando el mismo sexenio, no en su conclusión; por ello, se cree que el contexto político no influyó en la creación de este código, sino que su rápida aprobación pudo deberse a la necesidad del ejecutivo de reafirmar su poder y dejar un legado frente a los demás poderes de gobierno. Como fue un código que se desarrolló de manera expedita, la escuela positiva siguió siendo la que imperaba, igual que en el código anterior, y por ende las penas mantienen un sustento positivista, con énfasis en la pena como medio de readaptación social.

En cuanto al código penal de mayo de 1993, éste lo impulsó un gobernador que sabía que no podría implantar una política determinada para el estado en el corto tiempo en el que iba a durar en el poder, debido a las circunstancias políticas y sociales que se estaban viviendo en el estado (cabe recordar que antes de él estuvieron a cargo tres gobernadores interinos). Para contextualizar su creación, también es importante recordar que el gobernador había sido anteriormente diputado, y que entre sus metas en dicho cargo estaba la de crear un código penal nuevo. Así, una vez como gobernador, logró ese cometido. En lo que toca a las ideas o doctrinas penales que se perciben en éste, podemos decir que siguió las teorías del derecho penal mínimo, ya que cuenta con una estructura tendiente a la despenalización de delitos; y respecto a las penas, establece principios de una sociedad democrática de derecho al hacer más benignas las penas. Sin embargo, y aun cuando desde el aspecto teórico existe dogmática que justifica las medidas planteadas, no se dio la correcta legitimación y justificación a su política, con la consecuente crítica fuerte en algunos grupos sociales de poder en el estado, lo que concluyó con su pronta abrogación.

Por último, el código penal de septiembre de 1993 fue resultado de la reacción social al anterior código penal, por lo que los motivos de su creación fueron sustentados en la necesidad de legitimar las acciones del gobierno y apaciguar en la sociedad las molestias generadas por un código tan benigno, circunstancia que influyó mucho en la redacción del nuevo código penal, ya que esta molestia social se tradujo en que la ciudadanía se sentía más segura con penas más severas. En cuanto a la escuela que siguió este código, al tener como modelos dos códigos penales diferentes, se perfiló hacia la escuela ecléctica.53 En cuanto a la finalidad y la función de la pena, ésta mantuvo su justificación en las escuelas relativas de la pena, con un sistema mixto, con la característica de un aumento importante en las penas de prisión para darle una función utilitaria a la pena.

En síntesis, se puede observar además que los diversos códigos penales han hecho cambios en la forma de la pena (aumentado o disminuyendo las sanciones), pero la función de ésta se ha mantenido en cada uno de ellos. En primer término, hay una convicción generalizada de que la pena reafirma el orden social, y por ello es imprescindible. En los códigos de 1873 y 1922, la pena tenía como fin ser justa y útil, por lo que la proporcionalidad de la pena era trascendente en estos ordenamientos.

En el código penal de 1944, influido por la escuela positiva, se hizo hincapié en la readaptación del delincuente y se le otorgó a la pena una función preponderantemente readaptativa, tomando en consideración la peligrosidad, para determinar el tratamiento, intensidad y duración. Por ello, fue tan importante la inclusión del régimen penitenciario progresivo y técnico en la reglamentación local, el cual constaba por lo menos de periodos de estudio y diagnóstico de tratamiento, visión dogmática que continuó el código penal de 1985.

El código penal de mayo de 1993 es tal vez el de mayores contradicciones sistemáticas. Sin embargo, en cuanto a la pena, mantiene una función mixta y le da importancia a un tema que los otros códigos no destacaron, como lo es la retribución, entendida como el pago que debe hacer el ofensor por el daño causado, sin menoscabar la función de prevención general y especial de ella.

Por último, el código penal de septiembre de 1993, creado como reacción a la mala aceptación de la sociedad del código penal de mayo de ese mismo año, buscó en forma ser más severo que el anterior y aumentó las penas de manera radical, aun cuando la función de la pena permaneció siendo mixta, con énfasis en la prevención especial. Tiene como trascendencia la introducción del principio de judicialidad de las penas, que no se había observado explícitamente en los demás códigos y que implicaba, entre otras cosas, la obligación de que toda pena sea establecida por un juez.

Referencias

Archivos

Archivo Histórico de San Luis Potosí, Fondo de la Secretaría de Gobierno, Actas del Congreso del Estado.

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1857.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.

Código Penal para el Distrito Federal y territorio de la Baja California sobre delitos de fuero común, y para toda la República sobre los delitos contra la Federación, 1871.

Código Penal Federal, 1931.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí, 1873.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí, 1922.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí, 1944.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí, 1985.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí, 1993.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí, 1993.

Obras consultadas

Beccaria, Cesare, Tratado de los delitos y de las penas, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2015.

Borjas García, Hugo Alejandro, La clase política en San Luis Potosí. Estudios sobre las relaciones gobierno-partido en el sistema político mexicano, San Luis Potosí, Consejo Estatal Electoral, 2005.

Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro, Moisés Gámez Rodríguez, María Teresa Quezada Torres y José Antonio Rivera Villanueva, Cien años de vida legislativa. El congreso del Estado de San Luis Potosí, 1824-1924, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2000.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Racionalización de la pena de prisión, s.p.i.

Cruz Barney, Óscar, La codificación en México: 1821-1917. Una aproximación, México, unam, 2004.

Guerrero, Julio, Génesis de la criminalidad en México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996.

Herrero Herrero, César, Política criminal integradora, Madrid, Dikinson S.L., 2007.

Liszt, Franz Von, La idea de fin en el derecho penal, Valparaíso, Edeval, 1984.

Pérez Hernández, José María, Estadística de la república mexicana, Guadalajara, Tip. del Gobierno, a cargo de Antonio de P. González, 1862.

Ramírez Delgado, Juan Manuel, “Análisis político-criminal al Código Penal del Estado”. [Inédito.]

Ramírez Delgado, Juan Manuel, Antecedentes legislativos a nuestro Código Penal del Estado (1824-1985), San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988.

Ramírez Delgado, Juan Manuel, Penitenciarismo potosino (fase correccionalista y resocializadora). Historia documental y gráfica, San Luis Potosí, 2005. [Inédito.]

Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general, trad. Diego-Manuel Luzón Peña et al., Madrid, Civitas, 1999.

Velázquez, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, tomo iv, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado, 1982.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La creciente legislación penal y los discursos de emergencia”, en Teorías actuales en el derecho penal, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 1998.

Zúñiga, Laura, Política criminal, Madrid, Colex, 2001.

1 Universidad de Guanajuato.

2 Ramírez, Antecedentes legislativos…, pp. 11-166.

3 Cruz, La codificación…, p. 23.

4 Pérez, Estadística…, p. 259.

5 “Hechos diversos”, El foro, periódico de jurisprudencia y legislación, tomo iii, núm. 125, viernes 27 de noviembre de 1874, p. 499.

6 Velázquez, Historia… tomo iv, pp. 39-51.

7 Actas de asamblea legislativa periodo: 8 de septiembre de 1871 a 16 de diciembre de 1871, tomo i, legs. 27-28.

8 Entendiendo que la estructura técnica de un ordenamiento jurídico tiene un fondo ideológico que aportan las diferentes corrientes filosóficas penales por las que se han guiado los actores para crear los ordenamientos penales.

9 Artículo 95 y 96 del código penal de 1873 en el estado.

10 Beccaria, Tratado…, p. 34.

11 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

12 Guerrero, Génesis de la criminalidad…, p. 170.

13 De 1873, que entró en vigor el código penal en el estado, hasta mayo de 1875, se realizaron 62 indultos (Archivo Histórico de San Luis Potosí, Fondo de la Secretaría de Gobierno, actas del Congreso del Estado).

14 Ramírez Delgado, Antecedentes legislativos…, p. 176.

15 Posteriormente se derogó este decreto (artículo 2), y también la ley de enjuiciamiento, por jurados en el partido de la capital (Ley de Enjuiciamiento por Jurados en el Partido de la Capital, 7 de enero de 1896).

16 Cañedo et al., Cien años…, p. 236.

17 Para profundizar más sobre el tema, véase Ramírez, Antecedentes legislativos…, pp. 169-188.

18 Cañedo et al., Cien años…, p. 292.

19 Ibid., p. 293.

20 Para la escuela correccionista, la función de la pena no debía ser expiatoria o retributiva, sino educadora; si el reo entendía la lección, la pena dejaba de tener sentido.

21 Zúñiga, Política criminal…, p. 79.

22 Id.

23 Ferri, en Herrero, Política criminal..., p. 49.

24 Id.

25 Id.

26 Exposición de motivos del Código Penal de San Luis Potosí, publicado el 16 de junio de 1944, p. v.

27 Liszt, La idea del fin…, pp. 111-126.

28 Artículos 79 y 80 del código penal de 1944 en el estado.

29 Exposición de motivos del código penal de 1944, p. v.

30 Id., p. v.

31 Ramírez, Antecedentes legislativos…, p. 193.

32 Ramírez, Penitenciarismo potosino…, p. 37.

33 Ramírez, Antecedentes legislativos…, p. 194.

34 Ibid., p. 195.

35 Ramírez, “Análisis político-criminal…”, p. 16.

36 La preterintención es un término acuñado por los italianos y se configura cuando el daño causado es mucho mayor de aquel que tenía la intención de provocar el agente, vale decir, que tiene un fundamento mixto, pues no se castiga en la figura en examen, por dolo o culpa, sino por ambos en conjunto.

37 Los sistemas dualistas permiten establecer la pena en función de la culpabilidad y, en forma simultánea, la imposición de medidas de seguridad derivadas de la peligrosidad del sujeto, en tanto que en los sistemas vicariantes las penas pueden ser sustituidas por las medidas, o viceversa, pero sólo debe ser impuesta una.

38 Borjas, La clase política…, pp. 182-183.

39 Ramírez, “Análisis político-criminal…”, p. 16.

40 El Sol de San Luis, 2 de abril de 1993, p. 1A, Locales.

41 Así lo narra Ramírez, “Análisis político-criminal…”, p. 17.

42 Exposición de motivos del código penal de San Luis Potosí, publicado el 4 de mayo de 1993.

43 E. Chinchilla, “Primer paso para que se apruebe el Código Penal”, El Sol de San Luis, 28 de abril de 2003, pp. 1A-4A.

44 Roxin, Derecho penal…, p. 2.

45 Zaffaroni, “La creciente legislación…”, pp. 613-620.

46 Artículos 30-74 del código penal de mayo de 1993.

47 Borjas, La clase política..., pp. 208-209.

48 Anónimo, “Inseguridad pública”, El Sol de San Luis, 16 de mayo de 1993, p. 4A.

49 Anónimo, “Aprobó el Congreso abrogar el código penal del estado”, El Sol de San Luis, 10 de septiembre de 1993, p. 3A.

50 Anónimo, “Toca el turno en la guillotina al Código Penal y de Procedimientos”, El Sol de San Luis, 5 de agosto de 1993, p. 5A.

51 Exposición de motivos del código penal de septiembre de 1993.

52 Véase, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Racionalización de las penas…

53 Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. Vid. rae, “eclectisismo”, s.v.

El misterioso asesinato de Tomás Háller.

Los relatos y el proceso judicial.
Guanajuato 1889

Rocío Corona Azanza1

En la mañana del 2 de mayo de 1889 apareció flotando un cadáver en la presa de Zaragoza de la ciudad de Guanajuato, en el camino a la presa de la Olla. El cuerpo presentaba signos de estrangulamiento. El occiso era Tomás Háller, de 52 años, minero reconocido y empresario guanajuatense, quien fungía como administrador general y jefe de ensayadores de la mina El Nopal. Seis días antes, su esposa Francisca Camacho había acudido a las autoridades para denunciar su desaparición.

Antes de encontrarlo, varias versiones circularon en la ciudad. La responsabilidad de su desaparición se atribuyó a mineros que trabajaban para él, lo cual no resulta extraño si consideramos que en la época la criminalidad se asociaba con los pobres y los marginales, incluso por cuestiones hereditarias. Por lo mismo, durante la investigación, la policía aprehendió a individuos sin más indicios que “su dudosa honradez” o su origen social. Pero también circuló, con más intensidad, otra versión, que atribuía el crimen a los celos. Se decía que en últimas fechas se había visto a Háller frecuentar la casa de Ana Camiña, quien era amante de un prestigiado comerciante, Narciso Muñoz.

Háller era ampliamente reconocido por la elite guanajuatense, cuando en 1881 Díaz visitó la capital del estado; en uno de los recorridos que hiciera por la ciudad, lo llevaron a la hacienda de beneficio de San Javier y la mina El Nopal, siendo Háller quien recibió en dicho lugar al presidente. En esta ocasión fue descrito como “digno e inteligente administrador de la negociación”.2 Además de estar vinculado con la elite minera guanajuatense, tenía varias propiedades en renta en la ciudad3 y al parecer también prestaba dinero.4

El año que ocurrió el asesinato de Háller era gobernador Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, quien ocuparía el cargo —con múltiples ausencias— hasta su muerte, en 1893.5 Si bien en este periodo la minería guanajuatense experimentó pocas mejoras, fueron esos años en los que Háller estuvo más activo y vinculado con los propietarios de minas locales.

Por su parte, Narciso Muñoz tenía 47 años de edad cuando ocurrió el crimen, era casado, se dedicaba al comercio de licores y aguardiente, además del labrado de tabacos. Al igual que Háller, tuvo una participación en la industria minera guanajuatense; en 1876 aparece como socio de la hacienda de beneficio de metales de Barrera la Grande, donde aportaba dinero para su funcionamiento.6

Esto puede darnos una idea del revuelo que causó el caso en la ciudad y por cuyo motivo corrió mucha tinta durante los seis días que transcurrieron desde la desaparición de la víctima y hasta que su cadáver fue encontrado. Según anota Crispín Espinosa en sus Efemérides…, circularon hojas sueltas o extras con títulos como El martirio de Háller, El gran demonio, El periquillo, El cronista del crimen, La hora ha sonado, Ejecución de justicia, entre otros; además, la noticia fue seguida por periódicos locales como El Observador y La Voz de Guanajuato.7 La noticia incluso trascendió al ámbito nacional, y en la edición del 2 de junio de 1889, El Universal dedicó su primera plana al caso. En 1890 circuló un texto bajo el título de “Extracto del proceso instruido contra Narciso Muñoz y socios”, en el que se hace una descripción pormenorizada del caso.8

El caso Muñoz-Háller puede ser considerado como una “causa célebre”, que mereció la atención de la prensa, de los redactores de impresos y de la comunidad. De acuerdo con Álvaro Uribe, un asunto podía hacerse célebre si presentaban al menos uno de los siguientes factores: los personajes involucrados eran reconocidos en su comunidad por su condición social, económica, trabajo, educación; el crimen presentaba características extraordinarias, tales como crueldad (incluso monstruosidad), la acción era poco frecuente y trasgredía de forma importante el orden moral vigente; o bien la forma en que sucedió el suceso y sus posibles autores generaron controversias.9 El propio abogado defensor de uno de los implicados nombró el caso Háller como “causa célebre” y “proceso célebre”.

Las causas célebres, por su amplia difusión, permiten conocer diversas aproximaciones al hecho y diferentes visiones sobre la criminalidad y la justicia en las postrimerías del siglo xix. Además, el crimen y el juicio permiten acercarse a la sociedad de la época y estudiar tanto el derecho vigente como a la práctica judicial.

En suma, en este trabajo, a partir de la muerte de Tomás Háller, pretendo reconstruir tres escenarios. Primero, el derecho, o las leyes penales y procesales, por lo que estudio el Código Penal y el de Procedimientos Criminales vigentes en el estado de Guanajuato.10 Segundo, la investigación policial y el juicio; para ello, analizo el expediente del juicio de amparo que ante el juzgado de distrito se abrió en 1891.11 Finalmente, la percepción social sobre el caso, a través de las diferentes versiones que circularon y las diversas publicaciones que las ofrecieron. Utilizo el “Extracto del proceso instruido contra Narciso Muñoz y socios por el homicidio del Sr. Don Tomás Háller” (texto en el que en 48 páginas se hace una descripción pormenorizada del caso). También, las Efemérides de Crispín Espinosa, publicadas en 1919; los periódicos El Observador (1890) y La Voz de Guanajuato (1891); una copia de la publicación de El Universal y la hoja suelta publicada en El Periquillo que se encuentran en el texto de María de los Ángeles Moreno.12 Finalmente, consideré el artículo de Manuel Leal, publicado en 1956 bajo el título “Gota de sangre en rama de olivo”, en el cual incluye diversos sucesos relevantes de la ciudad de Guanajuato y en el que reprodujo la información que circuló en El Cronista del Crimen.

En Guanajuato, este caso ha sido revisitado por diversos autores y desde diversas ópticas; y, aunque sin duda me fueron de gran utilidad, ninguno de ellos analiza el caso desde la perspectiva que propongo. María de los Ángeles Moreno reprodujo en un breve artículo las fotografías de los implicados y una copia de la publicación de El Universal (que no he localizado en otra parte), así como algunas páginas del expediente original.13 Graciela Velázquez Delgado lo utiliza para referirse a la criminalidad en la clase social alta.14 Francisco Javier Meyer Cosío dedicó dos párrafos al caso en un artículo sobre el porfirismo guanajuatense para contextualizar algunas prácticas sociales, aunque presenta algunas inconsistencias (como señalar que Ana Camiña vivía en unión libre con Muñoz y sostener que era una práctica común entre personas de pocos recursos económicos, aunque ellos no pertenecían a este grupo). Finalmente, Marisa Andrade Pérez Vela y Saúl Castro López lo retoman para destacar la importancia de la fotografía como fuente histórica.15

Para concluir esta presentación, cabe señalar que en este capítulo busco responder varias preguntas: ¿los diferentes relatos que se construyeron en torno al crimen y sus participantes plasmaron visiones sobre la criminalidad y la justicia? ¿Sus redactores aprovecharon el espacio para difundir valores éticos y una concepción de género, aludiendo a lo permitido y prohibido para hombres y mujeres? ¿Las fuentes trabajadas presentan una misma visión y comparten valores similares? ¿Las autoridades judiciales se vieron influidas —en su actuación o en sus resoluciones— por la difusión y el escándalo que el caso generó en la ciudad? ¿Se cumplieron los requisitos formales del proceso según lo estipulado en ley?

El crimen de Tomás Háller

Ante la difusión del caso, no fue raro que, cuando se corrió la voz de que un cuerpo había sido encontrado en la presa de Zaragoza, una multitud se congregara en los alrededores. La casualidad sería acaso la mejor aliada de las autoridades para esclarecer el crimen pues, según se anotó en el “Extracto…”, de entre los curiosos alguien dio parte a las autoridades de haber escuchado a un niño diciendo: “Mira, madre, es el señor que estaba enfermo en casa”, y a ella que respondió: “Calla, muchacho. No lo digas a nadie”.16

Se trataba del niño Serapio Hernández, de seis años, quien fue llamado a testificar. En su declaración, sostuvo que un señor decente había estado en su casa, y su mamá Lola le daba de comer y era visitado diariamente por un doctor que le daba píldoras y aceite, pues estaba enfermo, que había muerto a los dos días y lo echaron a la presa.

Una vez encontrado el cuerpo de Háller, se intensificaron las indagaciones. El juzgado realizó un largo interrogatorio a los médicos forenses para esclarecer los hechos, y concluyeron que el empresario había muerto de asfixia por estrangulación días antes de ser arrojado a la presa.

Sin pruebas más concluyentes que el dicho del niño Serapio, y ante el hecho de que algunos miembros de la elite guanajuatense habían acudido ante las autoridades para exigir una pronta actuación de la justicia en el caso Háller y acusar directamente a Narciso Muñoz de su muerte, el 16 de mayo de 1889 se aprehendió a éste, junto con Ana Camiña y sus sirvientas Eduwigis Amador e Inocencia Salazar. La historia apenas comenzaba.

Tras su detención, Eduwigis Amador relató que, días atrás, Tomás Háller había llegado como a las nueve y media de la noche a la casa de doña Anita, y se había dirigido al cuarto de ella. Que a los pocos momentos había aparecido don Narciso Muñoz ordenando que abriera la puerta o la tumbaría; se metió al cuarto, donde encontró a Háller platicando con doña Anita, por lo que tuvieron un altercado y salieron a la calle. También señaló que había reconocido a Urbano, el mozo del señor Muñoz y al Pelón, que trabajaba como su cargador. Ana Camiña confirmó lo dicho por su sirvienta, pero dijo no conocer a Háller e ignorar por qué se había presentado en su casa.

A causa de lo declarado por Eduwigis, fueron aprehendidos Fermín Garabito, alias el Pelón, y Urbano Villegas, y se sumaron a la lista Severo y Natividad Venegas, Nieves Pérez y Nieves Escobar. Los Venegas se dedicaban a la fabricación de toneles y le surtían a Muñoz lo necesario para envasar los licores y el aguardiente de su negocio. Todos negaron los cargos, incluida la madre del niño Serapio, María Dolores Hernández, alias La Víbora.

A partir de este punto, los dimes y diretes enredaron más el asunto; sin embargo, poco a poco todos empezaron a ceder y cambiaron sus declaraciones.

Fermín Garabito, el Pelón, dijo que estaba en la oficina de su patrón, cuando éste le pidió que lo siguiera. En el camino, se les unió Urbano Villegas; después encontraron a Natividad y Severo Venegas, con otros dos que no conoció. Llegaron a la casa de Camiña, y fue cuando Muñoz encontró en el cuarto a Tomás Háller y le pidió que lo acompañara; en el portal, lo rodearon intentando sujetarlo de los brazos, a lo que Háller dijo que no lo ultrajaran y que caminaría solo. Lo llevaron a una casa contigua, de donde lo sacaron en la madrugada, para conducirlo posteriormente a la de Dolores Hernández, en donde lo dejaron. Así lo tuvieron sábado, domingo y lunes: por las mañanas lo tenían en esa casa, por las noches lo llevaban con Dolores. Que el martes, a las once de la noche, Natividad Venegas les dijo que era hora de que bajaran al señor, quien no opuso ninguna resistencia ni hablaba, estaba como adormecido. Villegas, el mozo de Muñoz, llevaba un patío grande (especie de lienzo de manta que usaban los mineros a manera de delantal), que le pusieron en el cuello y jalaron hasta ahorcarlo. Lo cargaron hasta la casa de María Dolores, a quien se lo entregaron. Garabito confesó haberlo hecho por indicaciones de don Narciso y porque le había ofrecido veinte pesos, que nunca le dio.

Urbano Villegas confirmó lo dicho por Garabito y agregó que, cuando tenían a Háller con el patío en el cuello, Narciso Muñoz empapó un trapo con un líquido amarilloso, se lo puso en la nariz, sin que éste hiciera movimiento o resistencia. Antes le había dado una bofetada que le rompió los labios, y fue Muñoz quien ordenó que apretaran “el pescuezo”. Villegas dijo que él no quería hacerlo, pero Natividad lo amagó con una pistola, diciéndole: “Jálale fuerte, hijo de un tal”. Concluyó que hizo todo por obedecer a su patrón —aunque con miedo y repugnancia— por las intimidaciones que le hacían y porque Natividad le dijo que no le habían de hacer nada, pues él tenía un patrón en Celaya, que era el jefe político y que era influyente. Al ampliar su declaración, aseguró que cuando sacaron a Háller de la casa de Ana Camiña, quiso dejar de trabajar con Muñoz, pero éste le respondió que no pasarían tres o cuatro días sin que resultara perjudicado, por lo que desistió.

Por su parte, Natividad Venegas declaró que Narciso Muñoz le había hablado de asesinar a un tal Tomás Háller, a quien él no conocía, pero creyó que era broma. Agregó que lo cambiaban de casa porque tenían temor de ser descubiertos, ya que la policía buscaba a Háller por esa zona y los cerros. Que todos los días Narciso Muñoz iba por ese rumbo y le daba a oler algo al occiso, por lo que todo el tiempo había estado como “distraído, ebrio o loco”. Que una vez muerto, lo llevaron a la casa de María Dolores. Venegas declaró que Muñoz les ordenó arrojarlo a la presa como a las dos de la mañana, y se valieron de unas reatas para no hacer ruido.

Con estas declaraciones, parecía no caber duda: Muñoz era el autor intelectual del asesinato de Tomás Háller, y entre los inculpados estaba Ana Camiña. Los tres protagonistas de una historia que no calzaba con el comportamiento que damas y caballeros debían seguir. En un caso tan sonado, el proceso judicial estaría en la mirilla de la ciudad.

La justicia

Las últimas décadas del siglo xix fueron de especial importancia para el país en el terreno de las leyes. La legislación fue vista como sinónimo de civilidad y la justicia “como la correcta aplicación de la ley del Estado y determinada en exclusiva por los órganos judiciales establecidos por el propio Estado”.17 Es decir, se creyó que los jueces debían ajustarse “a las reglas procesales establecidas por el Estado”, dotándose, por otro lado, al proceso de una “visión más científica y técnica”.18

Los primeros códigos penales respondieron al anhelo de crear un estado de derecho, dotado de leyes claras y uniformes, que fueran observadas y aplicadas por todos los jueces de la misma forma y que pudieran ser entendidas tanto por legos como por profesionales, y que se eliminara o al menos se redujera el arbitrio judicial. En consonancia, Guanajuato promulgó su propio código penal en 1871, incluso tres meses antes que el Distrito Federal. En 1880 adoptaría el propuesto en la capital. No sería hasta 1881 que Guanajuato promulgó el código de procedimientos criminales. Será bajo estos cuerpos legales que se procesó a los implicados en el crimen Háller.

Una vez que los acusados fueron remitidos a la cárcel de la Alhóndiga de Granaditas, hubo una serie interminable de careos y diligencias. En junio de 1889, el niño Serapio, al que la casualidad mezcló en este caso, fue llamado a declarar. Se le mostraron los retratos litográficos que había publicado El Universal, y reconoció a Muñoz y Háller. En respeto al Código de Procedimientos Criminales, se realizó una rueda de presos, vestidos de manera similar a Narciso Muñoz, personas entre las que se encontraba este último. Serapio no dudó y lo tocó con la mano cuando se le pidió identificar al “médico” (recordemos que Muñoz daba algún tipo de medicamento o químico a Háller para mantenerlo sedado, por ello Serapio lo relacionaba con esta profesión). Se hizo también una minuciosa inspección ocular de la casa de Camiña, de Dolores Hernández, Narciso Muñoz, en todas se llevó a los acusados a recrear los acontecimientos;19 también, el juicio pericial como lo marcaba la ley.20 Durante todo el proceso, Muñoz se declaró inocente, afirmando, por ejemplo, que no podía “contestar nada a un negocio que le es enteramente desconocido”.21 Aceptó que sostenía relaciones ilícitas con Ana Camiña desde hacía algunos años, pero que no conocía a Háller, lo cual resulta un tanto difícil de creer si se toma en cuenta que ambos estaban involucrados en el negocio de la minería guanajuatense.

El caso se siguió por homicidio calificado y atentados contra la libertad individual. El código penal definía al homicidio calificado como el ejecutado con premeditación, alevosía y ventaja, fuera de riña, y le asignaba la pena de muerte.22 El juez consideró que el homicidio de Háller había sido cometido con dichas agravantes y que los responsables eran Narciso Muñoz, Urbano Villegas, Severo y Natividad Venegas, y Fermín Garabito, el Pelón. Por ende, los condenó a la pena de muerte. La sentencia fue dictada el 19 de marzo de 1890.

Las mujeres salieron libres al poco tiempo, pues no pudo comprobarse su participación. Dado que no cuento con el expediente de primera instancia, no tengo más información ni sé cuánto tiempo permanecieron en prisión. Los únicos datos que constan en el proceso judicial sobre Ana Camiña son que tenía veintiséis años, era soltera, sabía leer y escribir, y aceptó que desde hacía un tiempo sostenía relaciones ilícitas con Narciso Muñoz, y que había tratado de dejarlo, pero que le tenía “gran miedo” y temía que la asesinara. Sostuvo que no conocía a Háller e ignoraba a qué había ido a su casa, pues la intempestiva llegada de Muñoz le impidió saberlo. En los careos que tuvo con los implicados, fue acusada junto con sus sirvientas de que la comida suministrada a Háller era preparada en su casa, imputación que nunca aceptaron. Las Efemérides de Crispín Espinosa anotan que a María Dolores Hernández, La Víbora, se le acusó de encubridora, lo cual es probable, pues era una figura prevista en el código penal.

Pasaron más de diez meses desde el asesinato de Háller hasta que se dictó sentencia. Siguiendo los cauces legales, y por tratarse de una condena a muerte, el proceso pasó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esta segunda instancia ratificó la pena de muerte el 21 de enero de 1891.

No estando de acuerdo con esta resolución, casi inmediatamente —el 31 de enero de 1891— tanto Urbano Villegas como Narciso Muñoz iniciaron un juicio de amparo. El expediente no refiere que el resto de los implicados lo hubiera hecho. Sus abogados sostuvieron que las autoridades no habían aplicado correctamente la ley en el proceso y que no habían actuado conforme a derecho. La primera actuación del juez de distrito fue detener la ejecución de todos los reos, que para ese momento se encontraban en capilla, lugar reservado para aquellos que serían ejecutados en breve, y pidió el expediente original de Narciso Muñoz y socios.

Al ser Urbano Villegas y Narciso Muñoz parte del mismo proceso, se unificaron ambos expedientes en el juzgado de distrito. Entre las violaciones señaladas, el abogado del primero alegó que no se había observado el artículo 23 de la Constitución de la república, que abolía la pena de muerte “tan luego como quede establecido el régimen penitenciario”, pues en Guanajuato existía la penitenciaría de Salamanca. El juez de distrito no aceptó el argumento, diciendo que se trataba de una cárcel y aún no se establecía el régimen penitenciario en el estado. Su postura no era del todo errónea. De hecho, solicitó al gobierno del estado que le hiciera saber si Salamanca era una penitenciaría, y se le contestó: “No existe ley alguna que haya establecido dicho régimen”, y se agregó que la denominación de penitenciaría en Salamanca era impropia, pues “ni el local, el régimen establecido ni las demás condiciones en que se encuentra […] pueden colocarlo en el número de los que se destinan a la regeneración moral del reo, que es el objeto de una buena penitenciaría”.23 Además, por la misma época, en 1891, se discutió en el congreso del estado un proyecto para establecer el régimen penitenciario, y se adujo que todavía no había sido posible, por lo que era “necesaria la aplicación de tan terrible pena en los casos especificados en nuestras leyes vigentes”, y que como estrategia para disminuir su aplicación se recurría al indulto como un medio indirecto, dejándose a discreción del ejecutivo.24

Este tema también lo discutió el abogado de Urbano Villegas, quien afirmó que resultaría muy triste ver a una familia, sobre todo una madre, “que es ya una venerable anciana, privándola de los goces de su apreciable hijo”. Y anotó que “las sociedades modernas son enemigas de la pena de muerte […] que expíe, estoy conforme, pero nunca que se le mande matar […] es contra las leyes divinas”. Considerando además que en este periodo ya se había producido una secularización en las leyes, resulta interesante que el defensor aludiera a las leyes divinas en defensa del acusado.

Otra violación denunciada por los abogados fue que sus representados habían estado incomunicados por más de tres días.25 De ello quedaron constancias. El hijo de Narciso Muñoz, ante la imposibilidad de ver a su padre, se había presentado a la cárcel de Granaditas acompañado por escribanos públicos, que dieron fe que el alcaide dijo tener orden del tribunal para impedir “de una manera absoluta toda comunicación”. También se anexó al expediente una nota que Muñoz envió a su esposa: “Chonita. No me permitieron subir a la azotea, ni me permitirán tampoco los Domingos: deseo me hagas favor de suplicar al Sor. Olivares se vea conmigo. No dejes de comunicarme haber recibido este. Tuyo. Narciso”. Incluso se puso la anotación del alcaide de la prisión, quien escribió: “Señora. Suplico a U. que para evitar dar vueltas al Sor. Olivares, le participe U que solo con orden del gobierno o de la Jefatura puede entrar. Su inútil y SS. Emilio Bueno”.

El juez de la cuarta sala respondió que lo único que había buscado el jefe político había sido evitar las “prerrogativas ilegales que contra los principios de igualdad estaba disfrutando” y que se había impedido que el Sr. Muñoz gozara de franquicias que no se les concedían a los demás presos.

Por su parte, el abogado de Urbano Villegas dijo que en las declaraciones habían estado personas ajenas al caso, como el jefe político de Celaya, el comandante de policía y el secretario de la jefatura de la ciudad.26 También se cuestionó el hecho de que tanto en primera como en segunda instancias el juez hubiera sido el mismo —el Lic. Antonio Rincón Alas—, pues eso violaba el artículo octavo de la constitución estatal, que prohibía que el juez o magistrado que conociera una instancia participara en otra.27 Éste se defendió diciendo que bastaba leer con imparcialidad la causa contra Muñoz y socios para convencerse de que no había violado ninguna garantía, “sino que todos los preceptos constitucionales fueron obsequiados exactamente”.

Quizá el señalamiento que más ocupó a la defensa de Villegas fue que las declaraciones —exceptuando la de Muñoz— se habían hecho bajo presión. Esto violaba el artículo 178 del Código de Procedimientos Criminales, que impedía el uso de violencia e intimidación. Así, Villegas afirmó que mintió en sus declaraciones, ya que el comandante de la policía lo tuvo dos días sin comer y lo martirizó, que lo había llevado a la presa para aconsejarle lo que debería decir al juez bajo amenaza de que, de lo contrario, le aplicarían la ley fuga o lo fusilarían. Asimismo, en el expediente consta que Fermín Garabito dijo que lo sacaron varias veces de la cárcel y en una ocasión lo llevaron hasta Celaya, donde lo amenazaron de muerte si no declaraba lo indicado. Ahí lo tuvieron tres días, donde lo golpearon, y “por eso cambió sus versiones en la confesión”. Por su parte, Natividad Venegas señaló que lo sacaron de la cárcel disfrazado de gendarme, llevándolo a diversos puntos solitarios de la ciudad para obligarlo a declarar en determinado sentido. Inclusive anotó que una vez hizo constar ante el juez los golpes que tenía, y éste se negó a asentarlo en la causa. Algo similar sostuvo Severo Venegas, quien relató que lo llevaron a Celaya, donde “le ofrecieron destino” si declaraba lo sugerido, mientras que, de lo contrario, lo iban a fusilar. En sentido similar, el Lic. Olivares agregó que, en el único careo entre Narciso Muñoz y Ana Camiña, ella se hincó ante Muñoz, y en un momento en que se distrajo la atención de las personas que acudieron al careo, se cubrió la cara con el tápalo y le dijo: “Me aconsejaron”.

Durante el juicio de amparo, con el fin de sustentar lo dicho, los abogados pidieron la declaración de tres presos. Uno de ellos, quien dijo ser compañero de celda de Urbano, afirmó que le constaba que lo sacaban de noche. También se pidió la declaración de tres policías, y todos coincidieron en que los sacaban de la prisión a horas muy avanzadas.

El juez de distrito desestimó los argumentos de los defensores. Señaló que era “superabundante” [sic] el número de escritos presentados por el quejoso Muñoz y se multiplicaban en segunda instancia, lo que no podría haber pasado si tal incomunicación hubiera existido, y que no se estaba atacando la libertad de la defensa. Por otra parte, considerando que no existía una penitenciaría, había sido adecuado condenar a muerte a los quejosos por homicidio cometido con alevosía, premeditación o ventaja. En suma, que el Supremo Tribunal en su ejecutoria había aplicado las disposiciones que el código penal estipulaba para estos delitos, por lo tanto, no se habían violado las garantías a los procesados.

Aunque es posible pensar que los socios de Muñoz podían haber mentido en las declaraciones para salir bien librados de su pena, resulta extraño que el juzgado de distrito y después el máximo tribunal no considerara al menos los testimonios que sobre coerción, amenazas y violencia hicieron y que resultaban una importante violación al proceso judicial. Asimismo, podemos inferir un diferente tratamiento por parte de las autoridades dependiendo de la clase social pues, aunque Muñoz refirió estar incomunicado, en sus múltiples careos nunca aludió a violencia o intimidación.

La sentencia fue firmada por unanimidad de votos el 11 de mayo de 1891, cinco meses después de iniciado ante esta instancia, negándose el amparo para los solicitantes.

Pero la esperanza es lo último que muere, y Narciso Muñoz jugó su última carta: recurrir a la gracia del indulto que era facultad del gobernador del estado. Según el código penal, el artículo 273 determinaba que podría concederse cuando el castigo fuera la pena capital, conmutándose por la de prisión extraordinaria.28 La batalla se libró en otra trinchera y demasiado pronto fue ganada, pues en las Efemérides de Espinosa consta que el 16 de mayo de 1891:

Movido a compasión el corazón del Sr. General D. Manuel González, en esta fecha son indultados de la pena capital, los reos Narciso Muñoz y socios; conmutándoselas por la de 20 años de prisión que extinguirán en la Penitenciaría de Salamanca.29

Esta noticia también circuló en el periódico La Voz de Guanajuato, donde se aprovechó para discutir sobre el tema de la pena de muerte:

Pues bien, nosotros que como liberales sinceros somos enemigos de esa pena, no podemos menos de congratularnos al saber que en virtud del indulto concedido a los expresados reos, en lugar de ella sufrirán la pena de prisión extraordinaria […] No es ya la llamada vindicta pública el monstruo de cien cabezas que necesita sangre para saciarse, es la sociedad la que en uso de su derecho, de un miembro nocivo intenta por medio de la expiación, de la enmienda hacer un miembro útil regenerando al culpable.30

Fue así como el juicio Muñoz-Háller terminó ante la justicia, pero la prensa tendría aún mucho por decir.

El nefando crimen a través de la crónica

El caso Háller-Muñoz envolvió a la ciudad en un laberinto de publicaciones y opiniones. Diferenciar lo real del rumor puede resultar complicado. En estos documentos se mezcla la narración del crimen, opiniones sobre el suceso y la actuación de la policía y los jueces, se adelantan veredictos o se funge como jueces del hecho al decir lo que esperan de las autoridades. Estas publicaciones fueron espacios aprovechados para dar un mensaje moral y crear un clima de suspenso alrededor del caso.

Existen discrepancias entre las fuentes, quizá con el objetivo de dar más sensacionalismo a la noticia; así, por ejemplo, mientras en El Periquillo se afirmó que habían sido aprehendidas más de cincuenta personas sospechosas del crimen, El Universal afirmó que eran más de doscientas.31

La mayor parte de los textos plasmaron sus expectativas respecto a la actuación de la justicia. El Periquillo exhortó a las autoridades a resolver el caso, pues el estado se había distinguido “entre la federación mexicana como amante del orden”. La redacción de esta hoja refería que había sido reducido a prisión Narciso Muñoz, pero aún dudaban de su participación y esperaban que así fuera “por honra de nuestra sociedad”. El Cronista del Crimen refirió que “la gran familia que se llama sociedad […] claman por que se castigue al delincuente y no se fomente e impulse con el perdón y clemencia la comisión de nuevos atentados”. En El Universal se anotó que la población esperaba que “el crimen fuera esclarecido y que los culpables cayeran en poder de la justicia “y sufran todo el rigor de ésta para dejar satisfecha la vindicta pública”.

El móvil del crimen fue el que más espacio ocupó dentro de las publicaciones. En las Efemérides, se sugirió que Muñoz poseía una terrible influencia sobre Camiña a través del terror que le infundía. Destacó que, en los careos, Muñoz se encontraba en medio de una agitación nerviosa que le hizo suplicar a sus careados en nombre de Dios y la religión que no lo acusaran, pero también con insultos.

En El Extracto, se detallan las declaraciones de personas como el jardinero de la presa de Zaragoza, algún vecino, la criada de Narciso Muñoz que había dicho a otra señora que no sabía qué hacer con doña Anita porque andaba “loqueando” con un señor, una persona que dijo haberse encontrado el sombrero de don Tomás, una chiquilla que vio cómo lo echaron a un bote de una casa.

El Cronista del crimen aseguró que todos los abogados a quienes se había acudido para defender a Muñoz se negaron, que la familia había buscado al Lic. Bonifacio Olivares y tampoco había aceptado, por lo que recurrieron a uno que no fuera de la ciudad. Esto no es así, pues ante el juzgado de distrito el abogado defensor fue justamente este último.

El texto de Manuel Leal toma verdaderos tintes novelescos y es interesante, pues muestra cómo, a casi setenta años de distancia del crimen —pues el texto se escribió en 1956—, la información se fue tergiversando. En una exagerada descripción del homicidio, proporcionó detalles que no constan en el expediente judicial, tales como que Háller había sido retenido en un “cuartucho sórdido”, que lo “sometieron a inenarrables tormentos, casi sin darle de comer ni beber”, que los implicados habían actuado con una “crueldad de fieras”. Entre los tormentos, dijo que le habían cortado las plantas de los pies, “obligándole a caminar sobre rocas arenosas, y otros delatores de una crueldad refinada y que es repugnante describir”. Siguiendo con el novelesco relato, afirmó que lo aventaron a la presa atándole los pies a una pesada losa. Ninguno de estos datos aparece en el proceso judicial.

Mientras en el expediente judicial poco se nota la participación de Camiña, ocurre lo contrario en los periódicos, hojas sueltas, extractos y efemérides. Por ejemplo, Manuel Leal afirmó que era de “una opulenta y picante belleza, aunque un poco desbordada de carnes”. Se dedicaron muchas páginas sobre sus supuestas declaraciones y vida personal; la hoja suelta de El Periquillo afirmó que Ana Camiña había sido trasladada del Hospital de Belén a la Casa de Recogidas (que era la cárcel de mujeres y ocupaba una parte de la Alhóndiga de Granaditas). Dando a entender que Camiña tenía un trato preferencial, “aplaudió” la energía de los encargados de la justicia, pues al estar declarada formalmente presa debía ocupar “el lugar destinado a las personas que, con justicia o sin ella, se encuentran en semejantes condiciones”. Y se marcó que el gobernador Manuel González había recomendado expresamente que en este caso no se atendiera a “consideraciones ni a influencias de ninguna persona”.32

Se nota un contraste entre lo expresado en el juicio y los discursos publicados en la prensa; en la segunda, lo que más se discutió fueron las trasgresiones sociales de los implicados, sobre todo de Narciso Muñoz y Ana Camiña, pero notable es que la crítica social fue más severa contra ella. Varias trasgresiones cometió esta mujer. Vivía sola, siendo soltera, sin la autoridad paterna; incluso la muerte de su padre fue señalada en las Efemérides de Espinosa como la causa de su desgracia. Siendo hija del “honrado beneficiador de metales don Lino Camiña, familia que disfrutaba de todas las consideraciones de la buena sociedad”; y que después de la muerte, “la virtuosa Anita perdió esa cualidad y fue a vivir con el autor de este crimen”.33

Otra trasgresión de Camiña fue la cuestión del adulterio. Si mantener relaciones con un hombre casado era visto en una mujer como algo reprobable, hacerlo con dos hombres era inconcebible, y peor aún que era a todas luces conocido. Sobre este punto, en las publicaciones se manejó la intervención de varios testigos que se dieron cita para acusarla como causa de la discordia. En el “Extracto…”, uno de ellos dijo que Ana había vivido en el callejón de Calixto y que el Sr. Háller la visitaba. Ella negó conocer a Háller, pero el vecino, en papel más bien de juez, le preguntó que entonces cómo explicaba que hubiera estado en su casa de la presa de Zaragoza, donde había desaparecido. Según esta publicación, Natividad Venegas dijo que una noche vio a Háller y a doña Anita platicando cerca de la casa de esta última.

Estas declaraciones, que no constan en el expediente judicial, parecían fortalecer las voces generales, tan difíciles de asir, pero al parecer con gran peso de verdad para acusar la conducta de esta mujer. De Ana Camiña, después del escándalo, no se sabe nada, quizá sus criadas pronto pasarían al olvido, pues la propia condición social disculpaba su actuar; pero en una mujer de elite, el caso pintaba diferente.

La antítesis de Ana Camiña podría ser representada en las personas de Matilde Háller y María Guadalupe Muñoz, hijas del occiso y del autor intelectual del crimen, respectivamente. El comportamiento de ambas es destacado por la prensa, que las mostraba como verdaderas “señoritas”. El Universal lamentó la triste situación en que Matilde se encontraba “al borde del sepulcro, a consecuencia de unos terribles ataques nerviosos que ha sufrido con mucha frecuencia desde la trágica muerte de su amado padre”. De María Guadalupe Muñoz tenemos noticia, pues escribió una carta dirigida al gobernador, donde pedía clemencia para su padre. Esta misiva fue reproducida en las Efemérides de Crispín Espinosa, y a grandes rasgos decía lo siguiente:

Señor General: Una hija desolada aclama al representante de Dios sobre la tierra, al hombre grande y poderoso […] ¡Gracia Señor, gracia para mi pobre padre que se haya abandonado del mundo, y para el cual no ha habido ni justicia siquiera! […] Grande, infinita ha de ser mi desesperación, cuando yo, criatura educada en el recogimiento, me atrevo a escribir al hombre poderoso sin saber si se dignará a leer mi carta […]34

Ambas, hijas de familias prominentes, destacan la debilidad de su sexo, la desesperación que ante actos de tal naturaleza hacen que una dama pierda la cordura y se atreva a cosas que en circunstancias normales serían impensables. Guadalupe Muñoz habla también de su condición de clase al referir que ha sido educada en el recato y recogimiento. Unidas por la misma circunstancia y luchando en trincheras opuestas, estas señoritas desempeñaban a la perfección el rol que les correspondía, contrario a Camiña.

En las notas publicadas sobre el caso, se discutió también el importante papel de las mujeres como madres y el buen ejemplo que debían dar a sus hijos, tal como podemos ver en la descripción que hace Crispín Espinosa sobre María Hernández, madre del niño Serapio. De entrada, el hecho de tener un alias, y que éste fuera “la Víbora”, nos da idea de la valoración que sobre ella se tenía.35 En este texto se habló de la vergüenza que provocaría en Serapio el verse como hijo de “una mujer estigmatizada con el sambenito de la ley”; y, sobre todo, que hubiera sido él mismo quien en su inocencia la entregó. El autor pone en boca de Serapio las palabras que podría haber dicho: “Aquí está mi madre, que también es delincuente; castígala”.

Es desde la prensa, las hojas sueltas y las publicaciones que circularon en torno al caso Háller-Muñoz que se transmitieron visiones de la criminalidad y la justicia, y valores morales que debían prevalecer en la sociedad. Aunque se tergiversaron los hechos, se recurrió a la exageración y a una retórica un tanto novelesca. Tanto en la ley como en la realidad social, se entretejía un modelo de hombres y mujeres que, como señala Pablo Piccato, “respondían a situaciones dadas de acuerdo a una experiencia interiorizada cultural e históricamente”.36

Si bien ante la ley se absolvió a Ana Camiña, es en las publicaciones periódicas donde ella obtuvo un papel protagónico, pesando sobre ella además de la sanción penal, la social. Sin duda la primera fue más benevolente.37

Reflexiones finales

A través de las diversas narrativas que se entrecruzaron en el caso Háller-Muñoz ha sido posible adentrarse en las visiones que sobre criminalidad y justicia se tenían en las postrimerías del México decimonónico. La apuesta por reconocer en la ley un garante de civilidad y la confianza en su correcta aplicación que derivaría en la tranquilidad social fue un tema común.

Una particularidad que reviste el asesinato de Tomás Háller es que, al estar implicados miembros de la elite, se rompía con el estereotipo general que asoció la criminalidad con los estratos sociales bajos. Recordemos que los primeros sospechosos fueron los trabajadores mineros y los vecinos “de dudosa honradez”. En la época, el tema de la criminalidad ocupó a los periódicos locales, donde se hablaba de la formación de gavillas, de maridos o amantes que mataban sin piedad a su esposa o querida, de madres desnaturalizadas que arrojaban a su hijo a los puercos, de robos, riñas escandalosas que llenaban la crónica negra de la prensa;38 es decir, de una criminalidad generalizada pero que involucraba a los sectores populares. Por ello, la participación de la elite en un asesinato de tal naturaleza generó más expectación sobre el asunto.

Durante dos años, se dedicaron al caso muchas hojas sueltas y páginas de periódicos; la sociedad guanajuatense estaba ansiosa de noticias. Los redactores aprovecharon la oportunidad para plasmar las convenciones sociales sobre el correcto comportamiento de hombres y mujeres, y el peligro social que surgía ante la trasgresión. Como ejemplo de lo anterior, Ana Camiña ocupó un lugar privilegiado. La historia que sobre ella se tejió es compleja a tal modo, que es difícil distinguir la realidad de la ficción, y aún más si tomamos en cuenta que en el expediente judicial su testimonio casi no aparece.

El asesinato de Háller, más allá de explicar el ejercicio diario de la justicia, muestra cómo se interrelacionan y caminan a la par intereses múltiples que plasman una dinámica más compleja de lo indicado por los cánones sociales; ejemplo de ello es que, si bien el adulterio no estaba permitido ni social ni legalmente, parece ser que no sorprendió a nadie que Ana Camiña fuera amante de Muñoz, era vox populi, incluso ambos lo aceptaron abiertamente ante las autoridades.

Igualmente se visualiza que el repudio social hacia Narciso Muñoz no respondió al hecho de ser adúltero o reclamara a Háller una posible relación con Camiña, fue repudiado por romper las reglas que se esperaba cumpliera un hombre de su condición social: se valió de la ayuda de otros, no se enfrentó hombre a hombre; una vez que capturó a Háller, lo mantuvo sedado todo el tiempo. Ni siquiera tuvo el valor para matarlo por propia mano, se comportó como un asesino a traición, pasó por alto que la reputación también se cimentaba en la imagen pública. Castigo que no significó solamente perder su libertad, sino que se extendió al resto de su familia, como lo señaló Guadalupe Muñoz y lo muestra el expediente judicial cuando su hijo Federico declaró no poder seguir pagando por las estampillas en el curso del juicio, “sino con grandísimos esfuerzos”, por ser “pública y notoria la mala situación de nuestra familia”.39

Además, sirve de ejemplo para mostrar cómo, a pesar de la importancia que en la época se dio al apego irrestricto de la ley, en la resolución de los jueces pudieron influir ideas o valores que circularon profusamente en otros medios; movidos por la necesidad de que un crimen con tal publicidad no quedara impune, y ante la presión que los miembros de la elite guanajuatense hicieron a las autoridades. Esto podría explicar por qué hicieron caso omiso a las quejas de coerción y amenazas de los enjuiciados, no obstante ser una flagrante violación a sus derechos. Pero, paralelo a esto, la aplicación de la justicia en este caso, para los involucrados, también parecía mandar un mensaje claro: la ley era igual para todos y calzaba a la perfección en tiempos donde precisamente ésa fue su gran apuesta.

A esta serie de complejas dinámicas sociales que se pueden entrever en el caso Háller-Muñoz se unen los actos contingentes: la figura del niño Serapio, que aceleró un caso que parecía complicado. No podemos aventurarnos y decir que de otra manera no se hubiera resuelto, pero este evento meramente incidental aceleró su conclusión.

Queda en el tintero y como invitación a futuras investigaciones la posibilidad de que en el caso Háller-Muñoz el adulterio y el crimen hayan sido solamente algunos de los factores que se jugaron en la escena. Años atrás, Muñoz entabló pleitos con empresarios reconocidos, exigió pagos por acciones de la hacienda de beneficio de Barrera La Grande, se convirtió también en prestamista de sus socios.40 Por esas fechas, la industria minera no pasaba por su mejor momento, teniendo incluso una tendencia a la baja para la década de 1880 y que comenzaría a levantarse, aunque de manera incipiente a partir de 1890 con inversiones extranjeras.41 Si creemos que efectivamente Muñoz ordenó el asesinato de Háller, bien vale la pena plantear como hipótesis que fuera una coyuntura aprovechada por la elite minera para “deshacerse” de un contrincante en los negocios.

Finalmente, diré que los expedientes judiciales son materia fértil de un entramado de situaciones cotidianas: un triángulo amoroso, el adulterio, un asesinato con varios involucrados, el testimonio de un niño, la conmoción social y el repudio; actos que en conjunto y a los ojos del presente pueden prestarse a trivializar el pasado, pero también permiten comprender la diversidad de involucrados “en distintos ámbitos de la vida social con repercusiones a diferentes escalas”;42 una oportunidad única para reconocer la complejidad de las relaciones sociales. Espero haber apostado por esto último.

Referencias

Fondos documentales

accj-Gto. Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato Ministro Hilario Medina Gaona, Fondo Guanajuato, Sección Juzgado Primero de Distrito, Serie Amparo, caja núm. 1, 1891.

aggeg. Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, Fondo Secretaría de Gobierno. S. xix-xx, Sección Justicia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, caja 98, expediente 20, 1891.

ahg. Archivo Histórico de Guanajuato, Protocolo de Cabildo 1887, foja 17, segundo semestre.

Protocolo de cabildo 1888, foja 1 (vuelta) segundo semestre.

Protocolo de minas, 1876, legajo 58, expediente no. 13.

ahplg. Archivo Histórico del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, libro de actas número 51, sesión del 16 de mayo de 1871.

Decreto núm. 17, 14 de abril de 1891.

Fuentes hemerográficas

La voz de Guanajuato. Seminario independiente. Tomo i, Guanajuato, 1o. de febrero de 1891, núm. 2; marzo de 1891, núm. 9; 26 de abril de 1891, núm. 14; 10 de mayo de 1891, núm. 16; 17 de mayo de 1891, núm. 17.

El Observador. Periódico político y literario. Año iv, Guanajuato, 25 de mayo de 1890, núm. 506.

El Tiempo. Diario católico. Director propietario Victoriano Agüeros, México, 16 de noviembre de 1888.

Códigos y constituciones

Código de Procedimientos en Materia Criminal del Estado de Guanajuato, 1881.

Código Penal del Estado de Guanajuato, 1880.

Constitución Política del Estado de Guanajuato, 1861.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

Libros e impresos de la época

Aguirre, Eduardo, Extracto del proceso instruido contra Narciso Muñoz y socios, por el homicidio del Sr. Don Tomás Háller, Guanajuato, Imprenta Moderna, Calle de Alonso Letra O, 1890.

Espinosa, Crispín, Efemérides guanajuatenses, o sea nuevos datos para contribuir a la formación de la historia de la Ciudad de Guanajuato, tomo i, 1874-1900, Guanajuato, Imprenta de Luis Moreno, 1919.

Leal, Manuel, “Gota de sangre en rama de olivo”, en Añoranzas y panoramas guanajuatenses. Guanajuato, Guanajuato, Editorial Alfonso Cué de la Fuente, 1956.

Marmolejo, Lucio, Efemérides guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato, edición facsimilar de la primera edición de 1911, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 2015. [Dos volúmenes.]

Obras consultadas

Andrade Pérez Vela, Marisela y Saúl Castro López, “El caso de Tomás Háller”, Luna Córnea. Intimidad expuesta, núm. 25, 2002, pp. 136-139.

Arenal Fenochio, Jaime del, “El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del derecho en el México del siglo xix”, en Brian Connaugthon, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), Construcción de la legitimidad política en México, México, colmich / uam / unam-iih / colmex, 2008, pp. 303-322.

Cárdenas Gutiérrez, Salvador, “El delito de prevaricato y la defensa de la honra judicial en el siglo xix”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. xviii, 2006, pp. 169-182.

Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, México, Siglo XXI Editores, 2012.

Larrauri, Elena (comp.), Mujeres, derecho penal y criminología, Madrid, Siglo XXI, 1994.

López Bejarano, Pilar, “Empapelar al enemigo. El recurso a los procesos judiciales como estrategia de acción política (Nueva Granada entre colonia y república), en Elisa Caselli (coord.), Justicias, agentes y jurisdicciones. De la monarquía hispánica a los Estados nacionales (España y América, siglos xvi-xix), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 79-102.

Meyer Cosío, Francisco Javier, “El porfirismo en Guanajuato. 1876-1911”, Centro. Textos de historia guanajuatense, vol. i, núm. 1, julio de 1988-junio de 1999, 2000, pp. 439-505.

Moreno Moreno, María de los Ángeles, “El caso Tomás Háller”, Poder Judicial. Órgano de difusión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, núm. 37, tercera época, 1990, pp. 93-105.

Piccato, Pablo, “De otarios y timadores: guión para una estafa y crítica de la moralidad callejera en la ciudad de México a fines del porfiriato”, en Claudia Agostoni y Elisa Speckman Guerra (eds.), De normas y trasgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina (1850-1950), México, unam/iih, 2005, pp. 255-286.

Sánchez Rangel, Óscar, “La transformación de la economía tradicional mexicana. Guanajuato: mutaciones costosas durante la primera mitad del siglo xx”, tesis de doctorado en Historia, El Colegio de México, 2012.

Uribe Hernández, Álvaro Ernesto, “Causas célebres. Crimen y liberalismo en la prensa mexicana del siglo xix”, en María Fernanda García de los Arcos et al. (coords.), La fuente hemerográfica en la diacronía: variedad de enfoques, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2015, pp. 102-103.

Velázquez Delgado, Graciela, “Criminalidad en Guanajuato en el siglo xix. La visión de un caso de elite”, ponencia presentada en el Foro Sociedad y región, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 26 de septiembre de 2000.

1 Universidad de Guanajuato.

2 Marmolejo, Efemérides guanajuatenses…, p. 348.

3 Archivo Histórico de Guanajuato (en adelante, ahg), Protocolo de Cabildo 1887, foja. 17, 2o. semestre.

4 En 1888 aparece haciendo un contrato ante notario público que certifica que prestó $1 700 a una Sra. Sepúlveda, quien lo pagaría en tres años con un rédito de 1 % anual (ahg, Protocolo de Cabildo 1888, 2o. semestre, foja 1, vuelta).

5 En la primera mitad de la década de 1880, la población tenía alrededor de 93 042 habitantes; y en la segunda mitad, tuvo una tendencia a la baja, con 82 500 habitantes aproximadamente (véase Sánchez, “La transformación…, anexos estadísticos”, cuadro 2).

6 ahg, Protocolo de Minas 1876, legajo 58, expediente 13.

7 Espinosa, Efemérides guanajuatenses…, p. 83.

8 Aguirre, Extracto del proceso…

9 Uribe, “Causas célebres….”, pp. 89-90.

10 Código Penal 1880; Código de Procedimientos 1882.

11 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato Ministro Hilario Medina Gaona (en adelante, accj-Gto), Fondo Guanajuato, Sección Juzgado Primero de Distrito, Serie Amparo, caja núm. 1, 1891. Para facilitar la lectura, cuando el texto refiera al “expediente”, será sobre éste al que se alude.

12 Moreno, “El caso Tomás Háller”.

13 Id. Aunque en este texto se indica que el expediente pertenece al Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, no existe en dicho acervo.

14 Velázquez, Criminalidad en Guanajuato...

15 Andrade y Castro, “El caso de Tomás Háller”.

16 Aguirre, Extracto del proceso…

17 Arenal, “El discurso en torno a la ley…”, p. 306.

18 Cárdenas, “El delito de prevaricato…”, p. 170.

19 Esta práctica era acorde a los artículos 217 y 218 del Código de Procedimientos, que pedían al testigo reconociera a la persona a quien atribuía el hecho, tocándole la mano de entre la fila de personas que se encontraban. La inspección ocular estaba marcada en el artículo 252 del mismo código y la realizaba el juez que conociera del delito, asociado con el secretario.

20 Código de Procedimientos 1882, art. 257.

21 accj-Gto, Sección Juzgado Primero de Distrito, Serie Amparo, caja núm. 1, 1891.

22 Código Penal 1880, arts. 555 y 556.

23 Sobre la discusión del régimen penitenciario en el país, véase en este libro el texto de Rudy Argenis Leija Parra, “La penitenciaría de San Luis Potosí. 1882-1910”.

24 Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato (en adelante, aggeg), Fondo Secretaría de Gobierno. S. xix-xx, Sección Justicia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, caja 98, expediente 20, 1891.

25 Código de Procedimientos Criminales 1882, artículo 64. El artículo 66, al que también hizo referencia el abogado, decía que la incomunicación no impedía que se le facilitara, al que la sufre, todos los auxilios compatibles con el objeto de esa precaución.

26 Situación que violaba el artículo 616 del Código de Procedimientos, según el cual ninguna persona extraña a la planta de cada juzgado asistirá ni intervendrá en el despacho, a no ser los pasantes que hicieren su práctica bajo la dirección del juez.

27 Constitución Política del Estado de Guanajuato, 1861, art. 8.

28 Código Penal de Guanajuato, 1880, art. 273.

29 Espinosa, Efemérides guanajuatenses…, p. 99. Grafía original.

30 La Voz de Guanajuato, núm. 17, 17 de mayo de 1891, p. 2. Grafía original.

31 Con el objeto de no entorpecer la lectura, en el cuerpo del texto se citan solamente los nombres de los periódicos, hojas sueltas y documentos utilizados. En la bibliografía general puede consultarse la referencia completa.

32 El Periquillo, en Moreno, “El caso Tomás Háller”, s/p.

33 Espinosa, Efemérides guanajuatenses…, p. 83.

34 Id. Grafía original.

35 En el expediente judicial no consta que tuviera dicho apodo.

36 Piccato, “De otarios y timadores…”, p. 278.

37 Elena Larrauri sostiene que las mujeres que delinquían podían recibir dos tipos de sanciones: una formal, sancionada a través del derecho penal; y otra informal, que sería una respuesta negativa generada por un comportamiento que vulnera las normas sociales (Larrauri, La herencia de la criminología crítica, p. 4). Este tema también lo desarrolla en Larrauri, Mujer, derecho penal…, pp. 1-14.

38 El Tiempo, 16 de noviembre de 1888, p. 3.

39 accj-Gto, Sección Juzgado Primero de Distrito, Serie Amparo, caja núm. 1, 1891.

40 ahg, Protocolo de minas, 1876, legajo 58, expediente 13.

41 Sánchez Rangel, “La transformación de la economía”, pp. 188-215.

42 López Bejarano, “Empapelar al enemigo”, p. 98.

La fragilidad del amor.
Impartición de justicia en procesos
por adulterio en Zacatecas (1873-1929)

María Magdalena Calcanaz Gutiérrez1

El presente artículo tiene como finalidad presentar un análisis de la impartición de justicia en Zacatecas durante la vigencia del primer código penal, tomando en cuenta casos de adulterio y comparando procesos de hombres y mujeres implicados en el delito.

Para las autoridades de esta entidad, al igual que ocurrió en otras partes del país, fue importante regular los comportamientos y costumbres de las mujeres y los hombres, y sancionar a aquellos que desafiaron la moral imperante, sobre todo cuando sus acciones trascendían hacia la esfera pública. Estudiar el adulterio permite acercarse a estos modelos de conducta, así como también a experiencias de la justicia y, concretamente, la actuación de los jueces, las representaciones y los discursos en torno a la infidelidad, y la manera en que enfrentaron los procesados la ley y los conflictos conyugales que vivieron cotidianamente.

El estudio, como ya se dijo, abarca el periodo en que estuvo vigente el primer código penal de Zacatecas, expedido en el Distrito Federal en 1871 y adoptado en el estado en 1873, para funcionar hasta 1929. Esta etapa tiene especial interés para este análisis, pues el ordenamiento dio pie a una marcada diferencia en la pena impuesta a los varones y a las mujeres que cometieran el delito, considerando una mayor pena para ellas. Ello, a diferencia del código expedido en 1929, que decretó una sanción equitativa para los adúlteros de un género u otro.

Asimismo, se retoma el Código Civil de 1870, en el cual se definió al adulterio como causal de divorcio. Código que, al igual que el penal, partió de estatutos y circunstancias diferentes para las mujeres y hombres que cometían el delito, como se verá más adelante.

Analicé un total de 52 procesos de carácter penal y civil por adulterio, conservados en tres archivos: Archivo Histórico Municipal de Zacateca (ahmz), Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (ahez) y Archivo Histórico de la Casa de Cultura Jurídica. Entre ellos seleccioné ocho procesos que permiten vislumbrar la actuación de los jueces y defensores, la operatividad de la norma, así como la intervención de los inculpados. Es decir, aquellos que posibilitan estudiar el desarrollo del proceso, dejando fuera los que se resolvieron en un lapso mínimo y que ofrecen poca información.

Me interesa analizar la vinculación existente entre la percepción social, la ley y las actuaciones de autoridades judiciales y de procesados. De ahí las preguntas de investigación: ¿Existió una relación entre la percepción social del adulterio y las leyes penales y civiles? ¿Cómo actuaron los jueces y cómo se vincula su actuación con las ideas imperantes? ¿De qué manera enfrentaron los procesados el juicio penal y la represión moral? ¿Existen diferencias entre los discursos de los hombres y las mujeres inculpados, o sus argumentos eran similares?

Así, el trabajo se inserta en el marco teórico de los estudios de género, la historia del derecho y la historia cultural, todas ellas interesadas en las conductas y costumbres de hombres y mujeres, así como en las concepciones éticas que las regían o buscaban regirlas.

Para terminar, cabe señalar que el texto se divide en tres apartados. En el primero hago referencia al espacio social de Zacatecas de finales del siglo xix, incluyendo tanto los modelos aceptados y difundidos por la Iglesia y las autoridades como las conductas antimorales y sexualidades prohibidas a hombres y mujeres decimonónicos, que evidenciaban la fragilidad de ese castillo “impenetrable” de rectitud y buenas costumbres. En el segundo apartado analizo la figura del adulterio en el código penal de 1873, preocupada por su vinculación con los imaginarios sociales y culturales respecto al adulterio. Por último, con el fin de contrastar las leyes y la justicia y de estudiar casos concretos de adulterio, estudio procesos judiciales.

Espacio social, moralidad
y comportamientos sexuales

A mediados del siglo xix comenzó el proceso de construcción de un Estado moderno. Durante el porfiriato, las autoridades hicieron suyos los afanes de modernización, lo cual exigía cambios en diferentes planos, como la industrialización y mejoras en las comunicaciones; adopción de avances científicos y tecnológicos; urbanización y remozamiento de las ciudades. Pero también exigía reformar la conducta de los individuos, y cambios en la higiene, progresos en la educación, la adquisición de nuevos valores y virtudes como el trabajo, la honradez, el razonamiento y el ahorro. Era necesario preservar el orden social, considerando el lugar social al que cada miembro estaba destinado y las tareas que debían cumplir de acuerdo con su rol de género.

Las autoridades de Zacatecas no fueron la excepción y se dieron a la tarea de “fomentar el progreso y la evolución que la ciudad y sus habitantes necesitaban para inscribirse en el contexto de naciones de primer orden”.2 De ahí que los gobernadores (Trinidad García de la Cadena, 1877-1880; Jesús Aréchiga Mojarro, 1800-1884, 1888-1900; Marcelino Morfín Chávez, 1884-1888; Genaro G. García, 1900-1904; Eduardo Guillermo Pankhurst, 1904-1908 y Francisco de Paula Zárate, 1908-1912) se concentraran en tareas como ordenar la ciudad, educar, vigilar el comportamiento de los pobladores y combatir la criminalidad.

Sin embargo, como sucedió en el resto del país, no en todos los espacios y rincones se logró el anhelado “progreso” o modernización. Diversos espacios y grupos sufrieron los efectos del desempleo, a causa de la desarticulación de tal industria con las actividades de demanda nacional, y no encontraron acomodo en la ganadería o la agricultura. Además, la mayoría de la población vivía en la miseria y en condiciones de insalubridad, que facilitaban la propagación de epidemias (difteria, cólera, tifo, viruela) que acrecentaron el número de mortandad entre los habitantes. Los anteriores fueron algunos de los factores que impulsaron el fenómeno migratorio en Zacatecas.

Algunos autores vinculan a la migración con la ruptura del modelo familiar considerado como deseable. Por ejemplo, Norma Gutiérrez propone que la oleada migratoria fue un factor propicio de desintegración familiar, donde algunos zacatecanos migrantes pudieron haber establecido una nueva familia.

Frente a esta problemática, las autoridades prohibieron conductas que atentaban contra la moral pública y las buenas costumbres. Prueba de ello fue lo que se estipuló en el reglamento de bando de policía para la municipalidad de Zacatecas en 1888, que contenía diversos artículos (del 132 al 149) dirigidos a jugadores, prostitutas o alcohólicos:

Quedan prohibidas las loterías en el territorio de la municipalidad, cualesquiera que sea su denominación u objeto […] todo empleado de policía que no persiga empeñosamente los juegos prohibidos, será destituido de su empleo y consignado a la autoridad competente, […] Los ebrios no habituales que ofendieran la moral o el decoro público, con palabras o acciones indecentes que no constituyan algún delito, además de la pena que merezca la embriaguez, sufrirán una multa de dos a cinco pesos. Ningún individuo sea de la clase que fuese se vestirá de manera que ofenda la decencia pública. En consecuencia queda prohibido el uso exterior del calzoncillo, así como que cualquiera se presente en público con el cuerpo descubierto […] Toda mujer que por su vida licenciosa sea públicamente conocida como ramera y las que hicieren de la prostitución su modo habitual de vivir quedarán sujetas de sanidad y a la vigilancia de la policía […] de lo contrario será acreedora a una multa de dos a cinco pesos o reclusión de dos a cinco días.3

Sin embargo, estas prácticas, al igual que la mendicidad y la vagancia, fueron difíciles de erradicar, y las prohibiciones subsistieron a lo largo de todo el porfiriato. De ahí que el control de las conductas consideradas antimorales —y con más razón el crimen— fueran objetivos centrales para las autoridades. Como se ha mencionado, éstas detentaron una tarea moralizadora y llevaron a cabo una constante vigilancia de las conductas. En la búsqueda del perfecto binomio social, se construyeron representaciones y normativas que dictaron y regularon el deber ser de ambos géneros. El entorno para los hombres era más permisivo y tolerante; para ellas, el modelo era más riguroso. Se consideró que debían limitarse a desempeñar las actividades propias del hogar y cumplir como hijas, esposas y madres. En este sentido, los comportamientos declarados antimorales fueron percibidos de forma diferente para hombres y mujeres, siendo más condenadas ellas que ellos.

Lo mismo se nota en la ley. En esta lógica se encuentra normado el delito de adulterio dentro de la codificación zacatecana, el cual fue regulado mediante una diferenciación entre el cuerpo masculino y femenino.

El adulterio en el Código Penal de 1873

El adulterio fue incluido en el código penal de 1873 de Zacatecas dentro de los delitos “contra el orden de las familias, la moral pública o las buenas costumbres”. Se definió como el ayuntamiento sexual voluntario entre hombre y mujer cuando uno de ellos estaba unido en vínculo matrimonial ratificado por el Estado a través del acta de matrimonio. No se tomaba en cuenta el matrimonio religioso. Por ello, al inicio de los procesos debía exhibirse el acta matrimonial y, de lo contrario, el juicio podía anularse al no existir delito que perseguir, lo anterior aun cuando los cónyuges estuvieran unidos por la Iglesia. Con ello se sancionaba la ruptura de un contrato civil, no del vínculo religioso, cuya condena, debido a la secularización, correspondía a la Iglesia. Por lo mismo, el amasiato o concubinato —uniones de pareja que no estaban reconocidas por la autoridad civil— no eran consideradas como un delito.

Sin embargo, el adulterio cometido por los maridos no era sancionado en todos los casos. No lo era si el esposo tenía relaciones con una prostituta. En cambio, la mujer casada que sostenía relaciones con cualquier hombre que no fuera su esposo era considerada como adúltera. Lo anterior, pues los legisladores marcaron una diferencia entre el daño moral causado al hombre por la mujer adúltera, y viceversa, así como el riesgo a la introducción de hijos ilegítimos al matrimonio, tal como el derecho romano le denominó: Turbatio Sanguinis. Para algunos juristas mexicanos, como Manuel Roa y Salvador J. Ferrer, el adulterio femenino debía ser sancionado con mayor rigidez por su gravedad dado que destruía honras, y aceptaban, incluso, “eliminar o reducir la penalidad contemplada para el esposo-padre que terminara con la vida de su esposa-hija o a su amante si los sorprendiera cometiendo o en un acto próximo al acto carnal”.4 En este sentido, la “legislación penal reforzaba la concepción jerárquica dentro de la familia, la cual otorgaba poder amplio al padre sobre la persona de los hijos y la esposa, cuyo poder se fundamentaba básicamente en el honor fincado en el control de la sexualidad”.5 La diferencia en la regulación del adulterio yacía en la significación del cuerpo masculino y femenino, donde el primero fue encontrado como legítimo y verdadero, mientras que el de la mujer se interpretó como cuerpo objeto e incompleto que podía llegar al descontrol si no era normado, limitado o vigilado.

Desde el derecho, los planteamientos esencialistas y moralistas sobre la sexualidad femenina reforzaron las identidades de género. En razón de ello, los redactores del código penal expresaron en la exposición de motivos que, aunque moralmente se considera igual la falta del hombre y mujer adúlteros, los efectos no eran similares; fundamentaron su visión en que la mujer adúltera “defrauda su haber a sus hijos legítimos, introduciendo herederos extraños a la familia, y esto no sucede con el adúltero que tiene hijos fuera de su matrimonio. […] aquel queda infamado por la infidelidad de su consorte y la reputación de ésta no se empaña por las faltas de su marido”.6 El bien jurídico que trataba de protegerse con dicha rigurosidad fue la fidelidad femenina, que se prescribió como propiedad del hombre y el honor, especialmente masculino; desde esta perspectiva, se responsabilizó a la mujer de la integridad de la familia, la funcionalidad marital, la garantía de legitimidad en los hijos y la preservación de ellos, así como la exclusividad de las relaciones sexuales.

El adulterio fue conceptuado y sancionado por el código penal en dos niveles:

En primer lugar, se considera adulterio el cometido por hombre libre y mujer casada, cuya pena es de dos años de prisión y multa de segunda clase (consiste en una cantidad de dieciséis a mil pesos), pero no se castigará al primero sino cuando delinca conociendo el estado de la segunda. En segundo lugar, es adulterio cuando se consuma entre hombre casado y mujer libre, se castigará con un año de prisión si el delito se comete fuera del domicilio conyugal. Si se cometiere en éste, se impondrán dos años; pero en ambos casos se necesita para castigar a la mujer que sepa que el hombre es casado. […] Además de estas penas, los adúlteros quedarán suspensos por seis años en el derecho de ser tutores o curadores.7

Sin embargo, el código no dejaba en claro la penalización del adulterio doble o el adulterio cometido entre mujer y hombre casados; únicamente se mencionaba en el art. 819 que esta falta era circunstancia agravante de cuarta clase. La ausencia de claridad llevó a las autoridades zacatecanas a omitir el adulterio doble (como se verá en el análisis de los expedientes más adelante).

Por otra parte, la diferenciación en el castigo desde la lógica punitiva correspondió a las posibles consecuencias que podía generar la infidelidad. Las mujeres podían introducir a la familia hijos ilegítimos sin que el marido lo supiera, siendo imposible lo contrario. Lo anterior se vincula con el discurso moral prevaleciente, que era más permisivo a la sexualidad masculina y censuraba la femenina.

En palabras de Mayra Vidales, en conjunto, los mecanismos formales, como es el derecho, y los informales, como es el aspecto moral, “construyen, definen y refuerzan los tipos de roles, […] crean y retroalimentan estereotipos a través de la estipulación de derechos, obligaciones y comportamientos que se consideran propios para cada uno”.8

Ahora bien, la legislación no solamente imponía mayor sanción al adulterio femenino, también marcaba una diferencia en el origen de la acusación. Los hombres casados podían acusar a sus mujeres de adulterio en todas circunstancias; las mujeres casadas sólo podían quejarse de este delito en tres casos (art. 821): “Cuando su marido lo cometa en el domicilio conyugal; cuando lo cometa fuera de él con una concubina; y cuando el adulterio cause escándalo, sea quien fuere la adúltera y el lugar en que el delito se cometa”.9 Las limitantes de las mujeres para ejercer justicia eran evidentes y estaban legalmente prescritas; por el contrario, los varones actuaban con mayor libertad y protección jurídica.

Al respecto, Carol Smart expone que el derecho tiene género y se imparte de acuerdo con las disposiciones de quienes dominan no sólo el saber científico, sino de quienes ejercen el poder en la sociedad, por ello asume que el derecho “es sexista, pues ha tratado los bienes jurídicos de distinta manera según correspondan a varones o mujeres; el derecho es masculino, sinónimo de ser medido según la vara de los valores masculinos; el derecho tiene género, pues implica la posibilidad de pensar que no todo lo que el derecho hace es explotador o degradante para la mujer”.10

Por último, es importante decir que las consideraciones a los varones también se observan en la disminución de la penalidad prevista para el homicidio de las esposas adúlteras. Se incluyó una pena de cuatro años de prisión al marido que matara a cualquiera de los adúlteros sorprendiéndolos o en acto próximo a la consumación del acto carnal. Lo anterior, cuando éste no hubiera procurado, facilitado o disimulado el adulterio de su esposa (art. 556). En cambio, las mujeres víctimas del adulterio de su esposo no podían proceder de la misma manera.

Así, el bien protegido por la justicia era el honor mancillado del hombre por el engaño y fraude de la mujer.

Por otra parte, en el código civil el adulterio fue considerado un factor de divorcio. No obstante, al igual que en el código penal, se marcaban diferencias. El adulterio femenino era siempre motivo de divorcio, mientras que las mujeres únicamente podían reclamarlo cuando el marido concurriera en alguna de estas particularidades: “Que el adulterio haya sido cometido en casa común; que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa conyugal; que haya habido escándalo o insulto público del hombre a la mujer legítima; que la adúltera haya maltratado de palabra u obra a la mujer legítima”.11 Cuando la mujer daba causa al divorcio, los bienes comunes pasaban al marido, la patria potestad de los hijos quedaba sujeta al padre; y aunque los suministros alimenticios seguían siendo responsabilidad del hombre, debían proporcionarse siempre y cuando el motivo no fuera adulterio; además, durante el proceso, la mujer sería confinada a la casa de una persona decente si así lo solicitaba el marido. Para el varón que dio motivo de divorcio se seguían los mismos lineamientos, con excepción de que se le recluía en un sitio asignado; asimismo, estaba obligado a suministrar alimentos a su excónyuge sólo cuando ésta tuviera un modo honesto de vivir.

Finalmente, el proceso por adulterio podía suspenderse bajo tres circunstancias: “Cuando el ofendido perdone a su cónyuge y ambos consientan en vivir reunidos antes de dictarse condena, en caso de condenar al reo no se procederá la sentencia; si después de la acusación los cónyuges tuvieren acceso carnal; por último, cuando el quejoso muera antes de que se pronuncie sentencia irrevocable”.12

Ahora bien, teniendo en cuenta la regulación del adulterio en el marco penal de la entidad zacatecana, es imprescindible contrastar el instrumento legal con los juicios que enfrentaron mujeres y hombres presuntos implicados de adulterio, con el fin de analizar la relación entre la percepción social del adulterio y su tratamiento con la norma, la actuación de los jueces, la manera en que los procesados enfrentaron la normatividad penal, y las diferencias o semejanzas entre los discursos de los hombres y las mujeres acusados.

Entre el ser y el deber ser

En primera instancia, se analizan los procesos que enfrentaron las mujeres zacatecanas acusadas de adulterio, y posteriormente los casos de los hombres. Recuperar las voces de las involucradas permite sensibilizar sus formas de vivencia y significar sus autorrepresentaciones frente a una práctica que fue penal, social y culturalmente prohibida. Sus argumentos muestran un discurso de agencia y resistencia frente al discurso masculino de protesta contra el incumplimiento del deber femenino en el matrimonio.

Los procesos por adulterio comenzaban cuando uno de los cónyuges hacía pública a la justicia la sospecha de infidelidad de su consorte. El 3 de septiembre de 1884 el zacatecano Jesús Salazar acudió al juzgado tercero de lo criminal para denunciar a su esposa, Refugio Cantabrana, por sospechar de adulterio cuando ella lo abandonó. Sus presunciones cobraron mayor fuerza cuando la madre del declarante, Josefa Escobedo, mencionó que había visto a su nuera hablando con su vecino, señaló: “No sabía que estuviera cometiendo una traición, hasta que observó que él y ella con frecuencia estaban en sus respectivas casas a la vista uno del otro, haciéndose señas que confirman sus sospechas al ser informada por Nicacio Zamora y Juan Ibita de que habían visto a Eduviges y a María Refugio juntos”.13

Los amigos e incluso los familiares fueron importantes para despertar situaciones coléricas o sentimientos de celos en el matrimonio, ya que eran los ojos y oídos de la vecindad, pues “los vecinos se convertían fácilmente en un elemento testimonial en los juicios de adulterio […] las discusiones conyugales, los amores clandestinos, los inquilinos ruidosos, todo se sabía y oía sin esfuerzo”.14 Sin embargo, el dicho y los rumores formaron parte esencial de las pruebas en delitos como el adulterio, ya que de otra forma no se podía llegar a la comprobación de tal delito, pese a que éste no fuera verdadero.

Para el juez, los argumentos de los testigos tuvieron un gran peso para que los inculpados fueran detenidos. Ambos sostuvieron que era falso el delito que se les imputaba y que se conocían porque él le vendía fruta a ella. Sin embargo, Refugio admitió haber abandonado a su marido, bajo la siguiente declaración: “Porque su suegra la maltrataba mucho; y se fue a vivir a una alcaicería a la Alameda, en casa de una señora desconocida que le hizo el favor de dar alojamiento”.15 La violencia, en este caso no sólo del marido, fue uno de los problemas recurrentes para que las mujeres zacatecanas decidieran abandonar el lecho conyugal. Dicha acción no era tolerable para los esposos debido a la imagen que debían conservar frente a la sociedad como proveedores, protectores y sujetos de dominación.

Debido a la construcción social sobre la naturalización de la violencia masculina ejercida a la mujer, la declaración de la procesada no tuvo ningún sustento, por lo que el juez consideró que los procesados eran responsables, y basó su dicho en lo siguiente:

El cargo está comprendido en los artículos 816 y 818, fracción primero del Código Penal, y se funda en el dicho del ofendido; en el de Juan de Ibita quien presenció que un hombre a quien no conoció entró una noche a la casa de la confesante, no estando en ella el acusador Jesús Salazar; con el testimonio de Nicanor Zamora, quien vio a la misma confesante platicar a solas con Eduviges Macías; en el de Barbarían García quien dice presenció que Macías entró a la alcaicería Carrijal, donde entonces estaba alojada Refugio, y en el dicho de Josefa Escobedo, quien sorprendió a los acusados platicando en el barrio del Cobre.16

Para apoyar su decisión, se refirió al peso de los indicios, citando a dos prestigiosos juristas de la época, el español Joaquín Escriche y el michoacano Jacinto Pallares, quienes “establecen que para sentenciar por un delito de adulterio bastan las simples presunciones, y esto con mucha razón, pues si se puede fallar por meras presunciones en otra clase de delitos con más razón debe hacer [se] en el delito que me verifico”.17 Asimismo, en el Diccionario razonado, de Escriche, se mencionaba que el adulterio puede ser probado a partir de presunciones vehementes, como las que surgen de encontrar a los adúlteros acostados en un mismo lecho o en tal colocación que suponga o sospeche del acceso carnal. En este caso, las presunciones también funcionaron y se validaron a través de las sospechas, como ocurrió en la mayoría de los procesos femeninos analizados. De esta manera, Ana Lidia Peña señala que el siglo xix significó una dura cultura de represión y encierro contra las mujeres, “no por ser adúlteras, sino por las simple sospecha de infidelidad producto de la excesiva celotipia masculina”.18

La celotipia masculina llevó a muchos varones a denunciar a sus mujeres, como también fue el caso del Sr. Rosalio Jara, quien denunció a su esposa, Dionisia González, por sospechar de relaciones extramaritales, dadas las constantes ausencias de su mujer en el hogar y la familiaridad con la que trataba al dispensador de leche. Su suposición pareció confirmarse cuando ella abandonó el lecho conyugal después de que su esposo reclamó un dinero que supuestamente no le había dado.

El marido acudió a la justicia para que la autoridad exhortara a su esposa a regresar; ella se negó, argumentando que él “le pega a cada rato y la ha corrido de su casa”.19 Para las autoridades no fue suficiente el supuesto maltrato a Dionisia, al igual que el caso de Refugio, debido a la familiaridad de la violencia masculina en el matrimonio. No obstante, el proceso dio un giro cuando la inculpada confesó las relaciones adúlteras.

Sin embargo, el abogado de Dionisia sostuvo que el juicio era improcedente porque el adulterio doble no era punible, vinculando su caso con otro proceso similar registrado años anteriores. El Lic. Pedro López, defensor de los detenidos, se basó en esta laguna jurídica y agregó que se había incumplido el proceso, sustentando su argumento en la obra El Poder Judicial, de Pallares:

No habiendo formulado el quejoso su acusación la causa no ha llegado al estado de plenario, y por consiguiente el juzgado no puede practicar de oficio ninguna diligencia, tanto más cuanto que tratándose de adulterio, la queja del agraviado debe ser constante y no debe abandonarla en ningún estado del juicio, para el hecho de imponer una pena. […] En el presente caso, el no haber evacuado el traslado el acusador, debe tenérsele como desistido de su acción y sobreseer en la causa, poniendo en libertad a los acusados, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 820 del Código Penal y 253 de la ley de 30 de noviembre de 1855.20

El cambio en el discurso jurídico hacia mediados del siglo xix permitió que los actores de la justicia hicieran más hincapié en velar por el apego a la ley que en investigar si los acusados declaraban o no la verdad, aunque ésta fuera demostrable. Como lo advertía Ana Lidia García, “la voz y las historias de las mujeres y los hombres que habían sufrido un mal matrimonio cedieron su lugar a los profesionales de la perífrasis y la estrategia jurídica, es decir, se impuso el avasallador tecnicismo”.21 En consecuencia, los defensores buscaban lagunas en la ley que les permitieran un resultado satisfactorio para sus defendidos, o bien armaban un discurso verosímil que exaltara las pocas posibilidades de la infidelidad.

Como ejemplo, el discurso pronunciado por el Lic. Luis Aguilar, defensor de pobres, el cual fue determinante para sobreseer temporalmente el juicio contra Cantabrana. El defensor argumentó que el delito no estaba probado. Y mostró posibles móviles que podían haber inducido al querellante a acusar falsamente a su esposa:

Muy posible es que la vida disoluta, otra mujer, el fastidio y cansancio le haya hecho acusar a su compañera, invente el delito que se le imputa. Si para creerlo decía se oponen las anteriores causales; la razón se remite a creerlo si se toma en consideración que la acusada es joven (veintitrés años) de educación no sólo media, sino buena, de principios religiosos; y que aunque la inconstante infortuna hoy le tiene vuelta la faz, en otro tiempo le fue propicia; por último sus cualidades físicas si no buenas, sí no son despreciables; y atendida la vanagloria del corazón de la mujer se hace imposible el creer que haya consentido con un hombre de cualidades físicas, ningunas, de pueblo bajo, sin ninguna educación y sin elementos pecuniarios que haya tenido presentes María Refugio para acceder con un hombre de esfera muy inferior, en todos sentidos a la en que ella se encuentra. Esto sino hace imposible el delito, sí muy difícil; porque no hay aliciente de ninguna especie que haya servido de dorada manzana para engañar o seducir a la siempre incauta mujer.22

En la defensa, el abogado alude a las características que en su opinión debían poseer las mujeres, y refleja los principios morales y valores sociales de la época. Bajo estas circunstancias, no existía ningún motivo por el cual acusar a su defendida, por el contrario, sugirió que el denunciante buscaba en realidad disolver el matrimonio. Pues, en estos casos, el adulterio también pudo ser una excusa para los varones y las mujeres como recurso de divorcio frente a los problemas conyugales. El abogado concluyó que los testimonios en contra de los acusados no podían ser más que inválidos e insuficientes para sustentar el delito; para refutarlo, retomó la doctrina de Escriche antes mencionada. En este caso, se observa que una misma autoridad jurídica podía ser interpretada de acuerdo con los intereses.

Los siguientes procesos muestran un importante discurso de resistencia femenina cuando éstas confesaron o se probó su culpabilidad como adúlteras.

Durante el interrogatorio de Feliciana Campos, acusada por su marido, Pantaléon Alvarado, el 21 de julio de 1882, expresó lo siguiente:

Por desgracia es cierto el delito que le acusa su marido como también lo es que él está cometiendo el mismo; que hace diez años la abandonó retirándole desde entonces todo auxilio a ella y a sus hijos, y que por lo mismo está dispuesta a separarse para siempre de su referido esposo, […] con su marido vivía muy mortificada hasta el grado de haberla abandonado por otra mujer, y se ha desobligado enteramente teniéndola desnuda y muerta de hambre y golpeada, todo esto la ecsaspero y entró en malas relaciones con Jesús Sandoval hará tres años viviendo como marido y mujer […] está resuelta a no juntarse con su marido porque es muy malo y se han perdido el cariño.23

El testimonio de Feliciana es un referente de muchas situaciones similares que enfrentaron cotidianamente las mujeres zacatecanas. Las dificultades económicas en los matrimonios de los sectores populares resultaban ser una de las principales motivaciones de enfrentamientos y disgustos que generaron, regularmente, en la infidelidad, la cual se presentó como una escapatoria frente las circunstancias matrimoniales. Al respecto, Isabel Marín señala que “las acusaciones de adulterio encubrían con frecuencia otro tipo de conflictos familiares: los malos tratos, la desidia de las esposas, la falta de respeto mutuo y el fracaso de las expectativas que hombres y mujeres tenían en relación con la vida conyugal”.24

La desatención económica fue uno de los principales móviles que repercutió negativamente en las relaciones conyugales, especialmente en las mujeres, por ser quienes escasamente laboraban en el ámbito público y no percibían un sueldo; y si lo era así, regularmente era muy bajo. Las circunstancias de dependencia económica, provista por sus compañeros conyugales, permitió una obediencia y dominación masculina; sin embargo, cuando esta responsabilidad fragmentada por el cónyuge, las mujeres buscaban la solvencia en otra fuente, es decir, otra pareja (ilegítima jurídicamente) que cubriera esas necesidades y carencias.

Ante este tenor, el testimonio de María Longinos, acusada de adulterio por su marido, Juan Pérez, mostraba claramente esta idea. María declaró “que ya se cansaba de ser hombre-mujer porque su marido no le daba lo necesario y no cumplía con sus deberes”.25 El incumplimiento del deber masculino en el matrimonio fue uno de los móviles que mayormente causaba conflicto entre las esposas; para algunas de ellas, los amoríos extramaritales fueron una primera opción frente a los problemas conyugales con que lidiaban día con día.

De la misma manera procedió María Cruz Zamora, quien fue acusada por su esposo, Felipe Puente, tras abandonar el domicilio conyugal en 1898. Ella expresó que, alrededor de las once de la mañana, fue a la plazuela del Laberinto de esta ciudad y encontró a un individuo que desconocía; éste le hizo proposiciones indecorosas a cambio de retribuirla, María señaló que por “las circunstancias en que se encuentra por el abandono en que la ha dejado su esposo, accedió a las pretensiones del individuo […] la llevó a una casa en el callejón de López, donde tuvieron acto carnal y fueron aprendidos por el gendarme”.26 La falta de recursos llevó a la declarante a hacer uso de su cuerpo como objeto intercambiable con la finalidad de obtener medios para su subsistencia. Esta aseveración fue ratificada por la mamá de la inculpada, quien declaró que su yerno jamás dio a su hija lo suficiente para vivir y además nunca la procuraba. El abandono de los maridos o el incumplimiento de sus obligaciones como proveedores, en algunas ocasiones, orillaban a las mujeres, especialmente aquellas de los grupos desfavorecidos y medieros, al mundo de la prostitución de forma permanente u ocasional.

De alguna manera, los maridos eran conscientes de su rol social como proveedores y protectores del vínculo conyugal, así como del riesgo que ello conlleva al matrimonio, puesto que si no asumían su responsabilidad, las consecuencias podrían residir en el comportamiento de sus mujeres e hijos. Éste es el caso de Pedro Laguna, quien vivió en la Plazuela de los Pirules de esta ciudad, y acusó a su esposa, María de Jesús Macías, “mencionando no saber cuál es el verdadero motivo de su conducta incorregible, sus constantes abandonos, insultos y ahora su infidelidad, si siempre cumplió con sus deberes y obligaciones que a los consortes les impone la ley […] él suministraba lo necesario para la subsistencia de ambos, y además ningún maltrato recibía”.27 El discurso de María Macías contradijo lo expuesto por su marido, al señalar que era falsa su acusación y que de ninguna manera le había sido infiel con ningún hombre. “Varias veces se ha separado de su marido, por culpa de él, pues no le suministra lo necesario para subsistir, y por otra parte, él no quería tenerla en su compañía”.28

En este caso, la infidelidad puede verse como un recurso de las mujeres para paliar las situaciones adversas económicas, quienes encontraron temporalmente en su pareja ilícita las expectativas masculinas ante el fracaso del deber de sus maridos. El análisis de la antropóloga Helen Fisher sustenta esta consideración a través de la conclusión de que las mujeres adúlteras tienen un primordial interés en la variación sexual porque representaba para ellas subsistencia complementaria, “los bienes y servicios adicionales habrían proporcionado […] más resguardo y alimento adicional, lo que se traducía en mayor protección y mejor salud […] el adulterio seguramente servía a las mujeres de póliza de seguro”.29 Sin embargo, la ausencia económica no fue el único factor que fragmentó el vínculo matrimonial; los malos tratos, acompañados de golpes, celos, injurias, amenazas, disgustos domésticos, también formaron parte de los discursos femeninos ante la justicia.

Ahora bien, la sexualidad masculina antes y fuera del matrimonio tuvo mayor tolerancia jurídica y social que la ejercida por las mujeres debido a la construcción y percepción del cuerpo masculino y femenino. En la sociedad porfirista se permitió que los hombres solteros y casados pudieran tener encuentros sexuales, dada la imagen que se definió en torno a la hombría, es decir, la necesidad de proteger la virilidad. El código penal permitió que los esposos mantuvieran relaciones con prostitutas por no considerarse deshonroso para su cónyuge y por lo que ello representaba socialmente, esto es, la prostitución se consideraba necesaria para que las mujeres “honrosas” y en matrimonio no pusieran en peligro su reputación. Frente a este contexto, se estudiarán los juicios por adulterio que enfrentaron los varones.

Al igual que los maridos defraudados, las esposas engañadas acudieron a la justicia para hacer evidentes sus quejas sobre las fallas de su cónyuge. La incipiente práctica de la denuncia femenina permitió a las mujeres ser escuchadas y atender sus demandas domésticas, pese a que éstas fueran un asunto privado y sin “trascendencia”, ya que, como se ha mencionado, los conflictos familiares, y sobre todo las infidelidades masculinas, parecían tan normales que debían solucionarse o sobrellevarse en el lecho conyugal. El contexto insoportable que vivía la Sra. Martina Barrera, de 52 años, la llevó a presentar una denuncia en el juzgado segundo de lo criminal contra su marido, Saturnino Belmontes. La querellante atestiguó lo siguiente: “Hace como dos años que mi marido Saturnino mantiene relaciones con María Refugio Saucedo a consecuencia de ello, igual tiempo hace que estoy fuera de su lado no siéndome posible sufrir sus malos tratamientos, borracheras, necedades y descaro inaudito en todos sus procedimientos”.30

Regularmente los discursos de las mujeres que acusaban a sus maridos de infidelidad giraban en torno a la violencia doméstica. Sin embargo, como se ha mencionado, para las autoridades la violencia masculina no era motivo de separación o de acusación. El abogado defensor pareció sugerir a la aludida denunciar la irregularidad con la que se llevó el proceso de divorcio que solicitó en el juzgado civil, dado que las autoridades hicieron caso omiso a su petición y, por el contrario, le sugirieron volver al lado de su marido. No conforme con la resolución de su caso, acudió a la justicia penal para solicitar una orden de aprehensión a los aludidos. Acompañada del policía nocturno José Dolores, se dirigieron a la vecindad ubicada en la calle de San Pedro, frente a la Plaza de Toros, sitio donde radicaba su marido con la aludida. En el lugar de los hechos encontraron en un cuarto, “con la circunstancia notable”, a ambos presuntos; a Saturnino lo sacaron de una petaquilla, donde se había escondido, para después conducirlos a la cárcel.

Sin embargo, pronto fueron liberados, aun cuando el policía los había aprehendido en el acto. Quizá, para las autoridades, las disputas y las infidelidades no tenían mayor importancia, al menos que éstas trascendieran al ámbito público. Agregando que las relaciones extramatrimoniales de los esposos podían pasarse por alto dado que no había un daño moral ni social. Por ello, las autoridades jurídicas intentaron, por medio del acto de conciliación, reunir de nuevo a los esposos (de acuerdo con la Ley orgánica y de procedimientos para la justicia en el Estado de Zacatecas, al inicio de todo proceso por adulterio el juez de letras o de paz estaba obligado a interceder con el recurso de conciliación entre las partes involucradas para soslayar tal delito, siempre y cuando ambos estuvieran de acuerdo en seguir en unión marital. Así la denuncia quedaba anulada. De lo contrario los jueces que no obedecieran esta disposición podrían ser acusados por la parte agraviada ante las autoridades del fuero federal por medio del amparo). A lo que Martina se negó enteramente, mientras que Saturnino había aceptado la propuesta.

El abandono de las esposas del lecho conyugal representó para los maridos una afrenta a su imagen de hombría y a la construcción social del ser dominador. La ausencia de la esposa fue uno de los mecanismos discursivos más utilizados por los hombres que les permitió entablar nuevas relaciones. Esta ausencia del ser legítimo propició una nueva búsqueda femenina que pudiera remplazar el rol que ocupaba dentro del ámbito doméstico. Es así como Saturnino Belmontes justificó las relaciones que sostenía con María Refugio:

Llamarse como queda escrito, casado, de sesenta años de edad, jornalero y vecino de esta ciudad, […] es falsa la acusación que le hace su esposa Barrera que el exponente haya cometido adulterio con María Refugio con quien ningunas relaciones ha tenido con ella que sean malas; que como su esposa Martina hace tiempo se le separó de su lado tuvo la necesidad de ocupar a Refugio para que le sirviera atendiéndolo en su comida y ropa mediante su salario como una criada, pero ella vivía en su casa y el que habla separado en la suya.31

El 3 de enero de 1883, después de tres meses de declaraciones, Martina Barrera decide perdonar a su esposo y a la adúltera, y consintió en vivir juntos. Aconsejada por su defensor, temiendo que falten a su compromiso contestó: “Pido a su autoridad que antes de que se ponga en libertad se le exija ‘la caución, protesta y amonestación’ que contiene el capítulo 11 del título 4° del Código Penal, en los términos dispuestos por los artículos 166, 167 y 168”.32 Dos días después, los acusados fueron liberados. ¿Qué pudo hacer desistir a Martina de su queja si ésta se fundaba en las acciones violentas e insoportables que le brindaba su marido, buscando no sólo en el derecho penal sino también en el civil una posible protección contra dichos actos? Quizá sus condiciones económicas fueron fundamentales para optar reconciliarse con su consorte. Steve Stern planteaba que la introducción de la mujer en el mundo laboral remunerado le permitió de cierta forma ser más autónoma y libre en sus decisiones. Sin embargo, a aquellas que no tuvieron un sustento económico y cuya única fuente proveedora era el marido no les quedaba otra opción más que consentir la unión con su pareja conyugal.

Sin embargo, el proceso parecía que no terminaba de esta manera, pues el 9 de marzo del mismo año se presentó Martina Barrera al juzgado segundo de lo criminal para acusar nuevamente a los aludidos. Esta vez, anunciando lo siguiente:

Creí de buena fe que mi marido se moderara en sus costumbres, pero me engañó llegando al extremo mi consideración y paciencia, que he tenido que sufrir sus inconsecuencia al extremo, que asociado a la familia de la adúltera me ha injuriado y me mandó a la cárcel la noche del día cuatro del corriente mes; para poder salir de la prisión tuve que pagar la multa que me impuso la autoridad política, no me permite volver a entrar al domicilio conyugal, y tampoco me permite él sacar mi ropa y demás cosas necesarias a mis servicios; tales procedimientos lo ponen en el caso de reincidente y como consecuencia ha violado las disposiciones que ya dejó consignada en el cuerpo de este discurso. […] pido al superior se sirva mandar sea devuelto el juicio de que hago referencia.33

Para ello, se dio orden de abrir un nuevo proceso donde se estipulaba que la inasistencia de los inculpados generaría para ambos una multa de diez pesos; no obstante, el documento parece que termina aquí, puesto que la apertura del nuevo juicio quizá se haya remitido a otra instancia; o quizá se encuentre en otro expediente distinto, el cual no fue localizado.

En ocasiones, la conclusión de los juicios por adulterio tardaba algunos años o quedaban inconclusos porque a veces la autoridad retrasaba el proceso, o bien los querellantes lo continuaban en otra instancia superior por alguna inconformidad, como se muestra en los siguientes juicios, donde los querellantes recurrieron al recurso de amparo para interponer su queja cuando las autoridades locales no podían solventarla.

El 21 de agosto de 1886 el operario José Félix, preso por delito de adulterio, solicitó a la justicia de la Unión mandar suspender su aprehensión por no aplicársele el juicio de conciliación, tal como él lo especifica:

Por el delito de adulterio estoy procesado en el juzgado segundo de este partido hace ya cerca de tres meses; pero como hasta la fecha no se ha promovido el juicio de conciliación, que para estos casos exige la ley y el cual debe proceder a la sustanciación de procesos como el que se me instruye, me asiste el más perfecto derecho para dirigirme a la justicia de la Unión, para que se digne mandar suspender desde luego mi dilatada prisión, […] Inútil parece repetir que la autoridad ejecutora y responsable del hecho de que me quejo, es el ciudadano Mariano Árbol y Bonilla, Juez segundo de lo criminal en este partido […] se han violado en mi persona las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución de 1857. Fundo mi queja en la fracción 1° art. 1 de la ley 14 de diciembre de 1882.34

in embargo, el Lic. Mariano Árbol y Bonilla proclamó que, como es tradición en Zacatecas no pedir el juicio de conciliación, no creyó conveniente realizarlo. Pese a su defensa, el promotor fiscal, en conjunto con la justicia de la Unión, declaró en libertad bajo fianza al solicitante, quien se sustentó en los artículos 39 a 51 de la ley de 30 de noviembre de 1855, donde se disponía que las injurias graves, como el adulterio, debían exigir como requisito previo a la acusación el certificado de la conciliación. Además, quedaba sin acción punitiva dicho proceso, dado que a la pareja con que cometió el delito, Severa Rivera, también se le concedió el amparo que solicitó por el mismo motivo, “cuya resolución es trascendental a su cómplice Irrobalí porque debiendo ser ambos juzgados y sentenciados de consumo, conforme a derecho, lo que aprovecha a una debe aprovechar al otro”.35 Y en este caso la ley debía actuar igual para mujeres y hombres.

Por otra parte, el defensor del comerciante José María Belmontes recurrió al mismo discurso, agregando, además de la ausencia del juicio conciliatorio, la improcedencia del vínculo matrimonial civil por falta del acta que lo acreditara. No exigir ambos requisitos se entendía como una infracción a las garantías individuales y contravenía lo expresado por el artículo 9 del código civil, el cual establece “que contra la observancia de la ley, no se puede alegar, costumbre, desuso ni práctica en contrario, y si las leyes actuales, exigen la conciliación en semejantes casos, el señor juez responsable no puede dejar de cumplir legalmente este requisito, nomas porque así es la costumbre en los tribunales de Zacatecas”.36

Lo particular del caso es que la solicitante del amparo fue la propia esposa de Belmontes, Julia Ramírez, quien pide “se mande suspender el acto reclamado por traer gravamen irreparable”.37 Su petición se encaminaba a términos concretos y prácticos desde su posición como mujer, quien explicitaba la necesidad de una figura masculina debido a su función dentro de la familia decimonónica. Entonces, la infidelidad quedaba en segundo término, pues el gravamen parecía estar vinculado con las necesidades, principalmente económicas, de las esposas y, por tanto, afectaba más a ellas que a los maridos infieles.

Vemos, pues, cómo nuevamente el supuesto delito (aun comprobado) no parecía tener el peso suficiente para proceder contra los inculpados, dado que éste podía tener la posibilidad de ser suspendido cuando el defensor encontraba en la ley o en el procedimiento actos irregulares.

Por su parte, el proceso de Gregorio Rivera no tuvo un resultado positivo para el aludido, como se ha presentado en los procesos anteriores. El 14 de noviembre de 1895 el Sr. Alfonso Toro, apoderado de Gregorio Rivera, interpuso al juzgado una queja para solicitar la libertad de su representado por la acción improcedente del juez tercero de lo criminal, quien basó su aprehensión en la declaración de Isabel Escalera, esposa del citado, por el supuesto delito de adulterio.

El juez de distrito admitió de derecho el recurso anterior, y conforme con los artículos 11 y 14 de la ley de 14 de diciembre de 1882, y el artículo 16 de la Constitución,38 mandó suspender tanto a la autoridad a cargo como los efectos del acto reclamado, y puso en libertad bajo fianza a Gregorio Rivera, con una multa de doscientos pesos. No obstante, no se hizo esperar la inconformidad de Isabel tras revocar el auto de su queja, y se presentó de nuevo ante el juzgado para exponer lo siguiente:

El Tribunal Superior de este Estado en ejecutoria del 22 de octubre último decretó por unanimidad de votos y de conformidad con la requisitiva del fiscal, el divorcio necesario entre mi esposo y yo fundándose en el adulterio que como causal expuse y en la secuela del juicio comprobé hasta la evidencia. De este respetable fallo pidió amparo mi esposo obteniendo previa fianza de doscientos pesos y la suspensión provisional del acto reclamado… los resultados del proceso criminal (donde se deja libre al acusado) no están asegurados con la fianza de doscientos pesos que otorga el acusador… el delito de adulterio amerita una pena de dos años de prisión y la responsabilidad civil que yo exijo la estimo en dos mil pesos y no por eso una fianza de doscientos pesos puede en caso de una condenación quedar cubierta la responsabilidad penal y civil […].39

Para las autoridades zacatecanas no fue suficiente la infidelidad, la sevicia y la ratificación del juicio de divorcio que expone Isabel. Éstas se sustentaron en las irregularidades de la detención y en la “verdadera” violación de las garantías de su solicitante, justificándose en tres premisas: se le aprehendió sin dar fallo el Supremo Tribunal de Justicia, y sólo se basó en la sentencia que emitió el juzgado civil, cuya acción es del todo independiente; únicamente se tomó en cuenta la queja de la Sra. Isabel, sin hacer una previa averiguación que comprobara la acción punitiva; y se procedió sin llevarse a cabo el juicio conciliatorio. Es evidente que el escenario jurídico para la mujer fue adverso; primero, porque fue complejo que una mujer pudiera comprobar infidelidad o sevicia cuando ambos actos eran tolerados social y jurídicamente para los varones; y segundo, porque, ante el cambio que trajo la reforma liberal en cuestión jurídica, dio pauta para acrecentar el poder masculino a través del proceso de individualización, el cual concibió como único sujeto de derecho al varón.

Sin embargo, la decisión final que emitió la justicia de la Unión fue desfavorable para Gregorio, ya que se decidió revocar la sentencia y no amparar ni proteger a su persona no porque haya sido relevante el dicho de la mujer, pues además las autoridades jurídicas consideraban que la aprehensión de Gregorio había sido arbitraria, sino porque “no es lícito a los jueces tomar en consideración cualesquiera otros hechos aunque por incidencia se revelen en los autos […] solamente se concede a las autoridades federales arbitrio para suplir el error o la ignorancia en que ha incurrido la parte agraviada al designar la garantía violada; más nunca para suplir hechos o motivos”.40 Es decir, toca a la parte agraviada y su defensor señalar lo conveniente para sus intereses, y no a los jueces sugerir elementos que no aparecen en denuncia primaria, dado que, en este sentido, el acta de conciliación, motivo que presentó el juez de distrito posteriormente, no constituyó la sustancia de la queja.

Consideraciones finales

Estos procesos jurídicos son fragmentos del complejo entorno privado y las disputas conyugales que cotidianamente vivían las parejas zacatecanas de los sectores populares y medios, pero también anuncian el desencanto y fracaso, producto de la idealización de la vida conyugal y el incumplimiento del orden de género que debían asumir los consortes. Estos escenarios de conflictos advertían un cambio en la dinámica conyugal, donde se construyó un espacio propicio para la gestación, de acuerdo con Michel Foucault, de las “sexualidades periféricas”.

En consecuencia, la ley y los discursos de los diferentes actores involucrados reflejaban la concepción moral y social prevaleciente en torno a la sexualidad, la cual se advertía menos tolerante hacia las mujeres, ya que la imagen de éstas giraba en torno a un rol de altos estándares que las mantenía encerradas bajo un modelo bien delimitado de conducta, mientras que los varones poseían una mayor libertad. Sin embargo, aunque el discurso del derecho actuaba bajo mandatos de género, los defensores encontraron lagunas en la ley que les permitieron soslayar la pena o absolver el juicio, aun si era una mujer la culpable, debido al incipiente cambio que se verá en el proceder jurídico decimonónico, donde se ve reflejada la constante preocupación por el apego a la ley de forma sistemática y el cumplimiento de la misma, por lo que los problemas conyugales, al parecer, quedaron en segundo plano.

Asimismo, el impulso de la secularización social y las reformas liberales a mediados del siglo xix permitieron la creación de sujetos individualistas. Ello desarrolló la reestructuración de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer en el ámbito doméstico y jurídico, “pues el sujeto jurídico de la reforma fue el hombre, mientras que la mujer quedó inmersa en viejas tradiciones de subordinación y dominación, así como una estructuración de relaciones más jerarquizadas”.41 Con todo ello, se propició un cambio en las actuaciones jurídicas de las mujeres, utilizando viejos mecanismos de resistencia, “como el manejo del discurso de victimización y verbalización de sus sufrimientos”,42 así como las lagunas jurídicas, antes mencionadas, que aprovecharon los defensores, permitiendo a su vez un “incipiente proceso de individualización femenina”.43

Ahora bien, es importante rescatar los dichos y testimonios de los incriminados como parte de las estrategias para prevenir la sentencia. Estas estrategias o discursos que formularon los procesados parten de dos demandas claramente distintas: las mujeres aludían comúnmente a la ausencia económica o material, los golpes e insultos, y en poca medida a la falta de afecto por parte de sus consortes; por su parte, los discursos de los varones hacían referencia a la infidelidad de sus mujeres, al reclamo del incumplimiento del rol femenino, a los celos o al mal comportamiento. Estas quejas se vinculaban generalmente con la función que debían desempeñar cada uno en el núcleo doméstico y en la esfera social. Vemos, pues, cómo las luchas de poder se gestan en lo que se debía ser y cumplir socialmente, y cómo las infidelidades anunciaban otros problemas.

Así, lejos de llegar a una conclusión, esta investigación invita a seguir construyendo nuevas discusiones, miradas y cuestiones en torno a los discursos y representaciones de la sexualidad femenina y masculina. En este sentido, las fuentes jurídicas enriquecen la forma de entender las prácticas cotidianas de hombres y mujeres que desafiaron los estereotipos convencionales decimonónicos.

Referencias

Fondos documentales

ahez, Archivo Histórico del Estado de Zacatecas

ahez, f: Poder Judicial siglo xix-xx, f: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 83, exp. 4534, Zacatecas, 7 de octubre de 1882-13 de julio de1886.

ahez, f: Poder Judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 109, exp. 7421, fl. 16, Zacatecas, 1o. de septiembre de 1884-19 de junio de 1885.

ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 293, exp. 4, Zacatecas, 6 de octubre-de 1899-19 de febrero de 1900.

ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 82, exp. 3159, Zacatecas, 10 de julio-8 de diciembre de 1882.

ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, Caja: 71, exp. 7429, Zacatecas, 11 de febrero-15 de marzo de 1880, fj.2v.

ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 275, exp. 15, Zacatecas, 25 de julio-20 de agosto de 1898, fj.6-fj.6v.

ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 97, exp. 9694, Zacatecas, 15 de marzo-19 de marzo de 1884, fj.2-fj.3.

ahccjz, Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Zacatecas

ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 189, exp. 3424, Zacatecas, 21 de agosto-6 de mayo de 1886.

ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 190, exp. 3468, Zacatecas, 3 de agosto-12 de octubre de 1886.

ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 220, exp. 4458, Zacatecas, 14 de noviembre de1895-7 de mayo de 1896.

Leyes o proyectos de leyes

Código Penal adoptado en el Estado de Zacatecas por decreto de 2 de diciembre de 1872, Zacatecas.

Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California (reformado), Zacatecas.

Ley orgánica y de procedimientos para la administración de justicia del Estado de Zacatecas, f: Poder legislativo, s: Leyes y decretos, exp. 1, 19 de junio de 1856.

“Proyecto de Reglamento de Policía para la Municipalidad de Zacatecas”, en La Crónica Municipal. Órgano de la jefatura política del partido y de la asamblea municipal de esta ciudad, Colección: Zacatecas, Caja: 4, Carpeta: 1, Zacatecas, jueves 22 de noviembre de 1888, Tomo x, Núm. 47.

Obras consultadas

Alfaro Rodríguez, Evelyn, “La ciudad en torno al agua. El arroyo de La Plata como eje simbólico en el ordenamiento urbano de Zacatecas”, tesis de doctorado, El Colegio de Michoacán, A.C., 2011.

Arenal Fenochio, Jaime del, “Papeles inéditos o muy raros sobre Jacinto Pallares, abogado michoacano (1843-1904)”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, Michoacán, vol. xiv, núm. 56, otoño de 1993, pp. 147-166.

Balaguer, María Luisa, Mujer y constitución. La construcción jurídica del género, Madrid, Cátedra, 2005.

Cuevas Moreno, Jesús René, “Tropiezos del progreso. El problema del vicio, la salud y la pobreza en Zacatecas durante el porfiriato”, Digesto. Documental de Zacatecas, vol. iv, núm. 7, diciembre de 2006, pp. 33-62.

Fisher, Helen E., Anatomía del amor: historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio, Barcelona, Anagrama, 1994.

Foucault, Michel, Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres, México, Siglo XXI Editores, 2014.

García González, Francisco, Familia y sociedad en Zacatecas. La vida en un microcosmos minero novohispano 1750-1830, México, El Colegio de México / Universidad Autónoma de Zacatecas, 2002.

García Peña, Ana Lidia, El fracaso del amor. Género e individualismo en el siglo xix mexicano, México, El Colegio de México / Universidad Autónoma de México, 2006.

Gutiérrez Hernández, Norma, “La prostitución en la ciudad de Zacatecas”, tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1998.

Larrauri, Elena, “Control formal… y el derecho penal de las mujeres”, en Elena Larrauri (comp.), Mujeres, derecho penal y criminología, España, Siglo XXI Editores, 1994, pp. 93-108.

Lozano Armendares, Teresa, No codiciarás la mujer ajena. El adulterio en las comunidades domésticas novohispanas, México, unam, 2005.

Marín Tello, Isabel, Delitos, pecados y castigos. Justica penal y orden social en Michoacán 1750-1810, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008.

Núñez Cetina, Saydi, “Cuerpo, género y delito: discurso y criminalidad en la sociedad porfiriana”, en Julia Tuñón (comp.), Enjaular los cuerpos: normativas decimonónica y feminidad en México, México, piem, 2008, pp. 377-419.

Pérez Montfort, Ricardo, “El pueblo y la cultura. Del porfiriato a la Revolución”, en Raúl Béjar y Héctor Rosales (coords.), La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas, Cuernavaca, unam / crim, 2005, pp. 57-79.

Piccato, Pablo, “El discurso sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia el fin del porfiriato”, en Ricardo Pérez Montfort, Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, México, Plaza y Valdés Editores, 1997, pp. 79-142.

Speckman Guerra, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México / unam, 2002.

Vidales Quintero, Mayra Lizzete, Legalidad, género y violencia contra las mujeres en Sinaloa, durante el porfiriato, México, Universidad Autónoma de Sinaloa / Instituto Sinaloense de las Mujeres / Plaza y Valdés, 2009.

Villafuerte García, Lourdes et al., “La sevicia y el adulterio en las causas matrimoniales en el Provisorato de México a fines de la era colonial. Un estudio de la técnica procesal jurídica”, Estudios de Historia Novohispana, vol. 38, núm. 38, 2008, pp. 87-161.

1 El Colegio de San Luis.

2 Alfaro, “La ciudad en torno…”, p. 153.

3 “Proyecto de Reglamento de Policía para la Municipalidad de Zacatecas”, La Crónica Municipal…, p. 1. Grafía original.

4 Speckman, Crimen y castigo…, pp. 290-291.

5 Vidales, Legalidad, género…, p. 95.

6 Exposición de motivos del Código Penal de Zacatecas de 1873, pp. lxi-lxii.

7 Código Penal adoptado en el estado de Zacatecas por decreto de 2 de diciembre de 1872, arts. 816 y 817.

8 Vidales, Legalidad, género…, p. 36.

9 Por domicilio conyugal se entiende la casa o casas que el marido tiene para su habitación. Se equipará al domicilio conyugal la casa en que sólo habite la mujer (Código Penal de Zacatecas, art. 822).

10 Cita tomada de Zaikoski, “Género y derecho…,” pp. 120-121.

11 Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California (reformado), Zacatecas, 1890, art. 228.

12 Código Penal adoptado en el estado de Zacatecas…, arts. 825-827.

13 ahez, f: Poder Judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 109, exp. 7421, Zacatecas, 1o. de septiembre de 1884-19 de junio de 1885, fl.1-fl.1v. Grafía original.

14 Lozano, No codiciarás…, p. 169.

15 ahez, f: Poder Judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 109, exp. 7421, Zacatecas, 1o. de septiembre de 1884-19 de junio de 1885, fl. 3. Grafía original.

16 ahez, f: Poder Judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 109, exp. 7421, Zacatecas, 1o. de septiembre de 1884-19 de junio de 1885, fl. 12. Grafía original.

17 Ibid., f1.4v. Grafía original.

18 García, El fracaso del amor…, p. 178.

19 ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 293, exp. 4, Zacatecas, 6 de octubre de 1899-19 de febrero de 1900, fl.4.

20 Ibid., fl.38. Grafía original.

21 García Peña, El fracaso del amor…, p. 84.

22 ahez, F: Poder Judicial siglo xix-xx, S: Criminal, SS: Zacatecas, Caja: 109, exp. 7 421, Zacatecas, 1o. de septiembre de 1884-19 de junio de1885, fl. 16-fl. 16v. Grafía original.

23 ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 82, exp. 3159, Zacatecas, 10 de julio-8 de diciembre de 1882, fj.1-fj.6. Grafía original.

24 Marín, Delitos, pecados…, p. 250.

25 ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, Caja: 71, exp. 7429, Zacatecas, 11 de febrero-15 de marzo de 1880, fj.2v. Grafía original.

26 ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 275, exp. 15, Zacatecas, 25 de julio-20 de agosto de 1898, fj.6-fj.6v. Grafía original.

27 ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 97, exp. 9694, Zacatecas, 15 de marzo-19 de marzo de 1884, fj.2-fj.3. Grafía original.

28 ahez, f: Poder judicial siglo xix-xx, s: Criminal, ss: Zacatecas, caja: 97, exp. 9694, Zacatecas, 15 de marzo-19 de marzo de 1884, fj.4v.

29 Fisher, Anatomía del amor…, pp. 87-89.

30 ahez, F: Poder Judicial siglo xix-xx, S: Criminal, SS: Zacatecas, Caja: 83, exp. 4534, Zacatecas, 7 de octubre de 1882-13 de julio de1886, fl. 1. Grafía original.

31 ahez, F: Poder Judicial siglo xix-xx, S: Criminal, SS: Zacatecas, Caja: 83, exp. 4534, Zacatecas, 7 de octubre de 1882-13 de julio de1886, fl. 13-fl. 13v. Grafía original.

32 ahez, F: Poder Judicial siglo xix-xx, S: Criminal, SS: Zacatecas, Caja: 83, exp. 4534, Zacatecas, 7 de octubre de 1882-13 de julio de1886, fl. 124. Grafía original.

33 Ibid, fl. 29-fl. 29v. Grafía original.

34 ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 189, exp. 3424, Zacatecas, 21 de agosto- 6 de mayo de 1886, fj.1. Grafía original.

35 ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 189, exp. 3424, Zacatecas, 21 de agosto- 6 de mayo de 1886, s/n. Grafía original.

36 Ibid., fj.11v. Grafía original.

37 ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 190, exp. 3468, Zacatecas, 3 de agosto- 12 de octubre de 1886, fj.1.

38 El artículo 16 de la Constitución especifica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (Constitución de 1857).

39 ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 220, exp. 4458, Zacatecas, 14 de noviembre de 1895-7 de mayo de 1896, fj.11-fj.12. Grafía original.

40 ahccjz, f: ccjez, sección: Juzgado primero de distrito, s: Amparo, caja: 220, exp. 4458, Zacatecas, 14 de noviembre de1895-7 de mayo de 1896, fj.30-fj.31. Grafía original.

41 García, El fracaso del amor…, p. 18.

42 Ibid., p. 19.

43 Id.

“Una amenaza siempre viva”:
alcohólicos y toxicómanos
ante la justicia. Ciudad de México,
1929-1931

Odette María Rojas Sosa

El 15 de diciembre de 1929 entró en vigor un código penal que sustituyó al que había sido promulgado casi sesenta años atrás, en 1871. Las expectativas que suscitó eran numerosas. Se pensaba que actualizaría el sistema de justicia penal, ajustándolo a la realidad de un país que había transitado por varios años de Revolución y una década de reconfiguración institucional. Además, de acuerdo con las declaraciones de José Almaraz, la figura más destacada de la comisión redactora, la orientación doctrinal del ordenamiento respondería a la escuela positiva de derecho penal, la cual planteaba nuevas ideas sobre el crimen y el castigo sustentadas en los más avanzados saberes científicos (antropología, psiquiatría y sociología, entre otros).

Sin embargo, el ordenamiento generó una fuerte polémica durante varios meses. Criticado por muchos y alabado por otros (los menos), lo cierto es que el código penal de 1929 —o código de Almaraz, como también se le llamó— no dejó a nadie indiferente en el ámbito jurídico. Un aspecto que causó particular escozor fue la inclusión de artículos que prescribían medidas terapéuticas para curar a “ebrios habituales o alcohólicos crónicos” y a toxicómanos. Su adopción le dio un nuevo cariz al problema, que hasta entonces se había restringido al ámbito sanitario sin tocar el penal. De ahí que se abriera un debate teórico y en la práctica de los tribunales sobre el estatus criminal de los “viciosos” y las medidas que se podrían aplicar para sancionarlos, aislarlos y curarlos.

A partir de dicha controversia y de lo establecido en el código penal de 1929, el objetivo del presente trabajo es analizar los procesos judiciales que se emprendieron contra alcohólicos y toxicómanos. El tema no ha sido examinado todavía, pues se ha estudiado la postura doctrinal del código y señalado su filiación positivista,1 pero hasta ahora se ha prestado escasa atención a su puesta en práctica.2

En lo que respecta al consumo de alcohol y a las toxicomanías durante el periodo comprendido entre 1920 y 1940, la producción historiográfica se ha centrado en el ámbito médico-psiquiátrico, aunque en los últimos años se advierte que las investigaciones se aproximan al tema desde enfoques más diversificados (social, cultural, económico, jurídico).3

Del objetivo planteado se derivan las preguntas que guiarán el desarrollo del texto. En primer lugar, ¿cuál fue el fundamento teórico de los artículos del código penal de 1929 referentes al alcoholismo y la toxicomanía, y su vinculación con la escuela positivista? En segundo, ¿cómo interpretaron dichos artículos los actores involucrados en el proceso: acusados, acusadores, agentes del Ministerio Público y jueces? En tercero, ¿cómo influyeron esas interpretaciones en las sentencias y cuáles fueron las sanciones impuestas a los “ebrios habituales”, a los “alcohólicos crónicos” y a los “toxicómanos”? Por último, ¿cuáles fueron los principales puntos de controversia en la aplicación de estos artículos por parte de los tribunales de primera y de segunda instancia?

Para responderlas, utilicé principalmente expedientes judiciales de los años 1930 y 1931, que se localizan en los fondos Dirección General de Prevención y Readaptación Social y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Archivo General de la Nación.

El alcohol y otros enemigos de la “raza”

Durante el porfiriato, las autoridades, con apoyo de estadísticas, aseguraban que la mayoría de las riñas que ocurrían en la capital eran protagonizadas por hombres alcoholizados, que perdían el control de sus actos y de sus emociones; por ello, se deploraba el alto número de pulquerías existentes en la Ciudad de México. Se expidieron reglamentos para reducir su número o, al menos, alejar los expendios de pulque del centro y reubicarlos en la periferia, de manera semejante a lo que ya se había intentado en diversos momentos del periodo virreinal.4

A la comunidad jurídica le preocupó cómo sancionar a los individuos a quienes la ingesta de alcohol hubiera causado un estado de inconsciencia o hubiera anulado su capacidad de discernimiento o de comprender el alcance de sus actos. El código penal promulgado en 1871 señalaba que la embriaguez constituía una excluyente de responsabilidad penal cuando era “completa” y que “priva enteramente de la razón”. Pero se marcaron dos excepciones: que no se tratase de un “ebrio habitual” y que el inculpado no hubiese cometido antes “una infracción punible” en estado de embriaguez. Si una persona delinquía y concurrían en ella dichas circunstancias, se consideraba que su delito era culposo (es decir, que no había sido ejecutado de manera intencional por el autor quien, en consecuencia, recibía una sanción menor).5

La embriaguez que no privaba enteramente de la razón —“incompleta […] accidental e involuntaria”— se consideró en otro rubro como una atenuante de tercera clase (servía para reducir la pena contemplada para el delito).6 Por tal motivo, los penalistas discutieron, con base en textos de medicina legal, qué cantidades de alcohol era necesario ingerir para obnubilar el entendimiento.

Asimismo, el código de 1871 imponía al “ebrio no habitual” que causara escándalo una multa que podía fluctuar entre cincuenta centavos y un peso,7 mientras que al “ebrio habitual” le esperaba una pena de mayor consideración, pues debía purgar arresto de dos a seis meses y multa de diez a cien pesos.8

Este ordenamiento introdujo el concepto de “delitos contra la salud”, no obstante, sólo sancionaba a quienes produjeran o vendieran “sustancias nocivas a la salud” sin autorización, pero no aludía al consumo, pues en aquel momento no representaba un tema problemático.9

El éxito de la escuela criminológica positivista en México, en boga desde las últimas décadas del siglo xix, le concedió una relevancia notable al tema del alcoholismo. El italiano Cesare Lombroso, iniciador de la antropología criminal, hizo suyos diversos planteamientos de la teoría del degeneracionismo (desarrollada por el francés Benédict Augustin Morel), entre ellos, la idea de que los alcohólicos, además de padecer afecciones orgánicas a consecuencia de su intemperancia, heredaban a sus descendientes la propensión a beber, enfermedades físicas, taras psíquicas y la tendencia al vicio y al crimen, lo que se conocía bajo la denominación de “heredo-alcoholismo”. Dos de los primeros criminólogos mexicanos, Carlos Roumagnac y Julio Guerrero, hicieron hincapié en el elevado porcentaje de delincuentes que tenían hábitos etílicos o antecedentes familiares de alcoholismo.

De tal modo, se pensaba que el alcohol era peligroso bajo cualquier arista. Su consumo agudo (es decir, circunstancial) liberaba los “frenos morales” del individuo, volviéndolo capaz de agredir a otra persona, incluso por motivos “nimios”. El ebrio consuetudinario o alcohólico procreaba seres débiles, enfermos o criminales latentes; por consiguiente, los bebedores fueron calificados por la criminología como “sujetos peligrosos”. Aunque los adictos a las drogas no padecieron un estigma tan marcado, hacia finales del siglo xix, la prensa comenzó a hacer algunas referencias aisladas a la “excitación” que producía la marihuana como un factor del comportamiento “antisocial”.10

A pesar del interés que había suscitado el positivismo penal entre los juristas porfirianos, no se plasmó de manera inmediata en el código penal vigente. El primer intento para incorporar algunos de sus postulados a la legislación se produjo entre 1903 y 1912, como parte de los trabajos de una comisión revisora del código penal de 1871. Entre sus propuestas estaba la creación de establecimientos especiales a donde serían trasladados para su curación quienes se encontraran bajo los siguientes supuestos: “I. […] los alcohólicos que hayan cometido, en estado de embriaguez, algún delito, sea que hubieren sido absueltos o condenados; II. […] los alcohólicos que hayan sido condenados por algún delito cometido sin encontrarse ebrios; III. […] los condenados por embriaguez habitual” (art. 165, bis 1).11 En caso de que una persona hubiera sido internada en dos ocasiones y reincidiera en sus prácticas etílicas, se le aplicaría la pena de relegación a una colonia penal por no menos de tres años, aunque sin someterla a un régimen “propiamente penal”.12 Nada se mencionó sobre los toxicómanos.

Las reformas propuestas se publicaron entre 1912 y 1914, pero no se sancionaron debido a la inestabilidad política que vivía el país, inmerso en el movimiento revolucionario.

Algunos años después, los constituyentes de 1916-1917 manifestaron de manera unánime su interés por el problema del elevado consumo de alcohol entre la población mexicana (especialmente en la capital del país), pero no hubo consenso respecto a la manera de resolverlo. Por un lado, se encontraban aquellos que deseaban una solución tajante: imponer el “estado seco” en todo el país; por el otro, quienes preferían que el gobierno regulara las actividades de la industria alcoholera y emprendiera campañas de educación y propaganda antialcohólica.13 Prevaleció la segunda postura.

Al mismo tiempo, estaba en franco ascenso la inquietud por los efectos negativos del opio, de la morfina, del éter, de la cocaína y de la marihuana. El Dr. José María Rodríguez, constituyente por Coahuila, hizo patente su preocupación al expresar que el uso y comercio indiscriminado de “esas sustancias tan nocivas a la salud han multiplicado la mortalidad al grado de que ésta sea también de las mayores del mundo”.14 Ante tal situación, el artículo 73, fracción xvi, párrafo cuarto, estableció que el Consejo de Salubridad —dependiente directamente del ejecutivo— sería el encargado de todo lo relativo a la campaña contra el alcoholismo y la venta de “sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza”.

Por aquellos años, la lucha temperante se había convertido en un asunto de interés internacional. Estados Unidos fue uno de los países que la llevó a su máxima expresión al implantar la ley Volstead y la decimoctava enmienda, que prohibían la producción, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas. También las toxicomanías se imponían como un tema preponderante de salud pública global, de ahí que en 1912 se celebrase la Convención Internacional del Opio, en La Haya, con la intención de promover entre los países asistentes la creación de leyes que frenaran, y a la larga suprimieran, el consumo de drogas sin propósitos medicinales.

En este contexto, y en virtud de las preocupaciones de los gobiernos posrevolucionarios por atacar aquellas “lacras” que debilitaban a la raza e impedían el progreso del pueblo mexicano, en la década de 1920 se dictaron algunas medidas tendientes a disminuir el consumo de bebidas embriagantes y a establecer un mayor control sobre la producción, la distribución y la venta de drogas.

En este último rubro, la inclusión de trece artículos (197 a 209) acerca de “drogas enervantes” en el código sanitario de 1926 representó una síntesis de las disposiciones promulgadas hasta entonces en el ámbito federal, dirigidas a impedir cualquier “uso vicioso” de ese tipo de productos y a regular de manera estricta su comercio legal.15 También se prohibió “la importación, exportación, elaboración, posesión, uso, consumo, acto de adquisición, suministro o tráfico” del opio para fumar, de la heroína, sus sales y derivados y de la marihuana.

El discurso médico mostraba una creciente preocupación por el problema de las “toxicomanías” y ponía énfasis en la necesidad de distinguir claramente al vendedor/traficante, que sí incurría en una actividad delictuosa, del consumidor, a quien debía considerarse como enfermo y someter a tratamiento para curarlo de su hábito. Para entonces, ya algunas tesis habían expuesto estadísticas y datos científicos con los que se pretendía demostrar la correlación entre consumo de drogas y criminalidad.

A finales de los años veinte se produjeron más cambios. En abril de 1929, el presidente Emilio Portes Gil declaró a la prensa que su gobierno emprendería una campaña para combatir el alcoholismo, pues éste era uno de los “grandes enemigos de la raza y del porvenir de México”.16 Convocó a toda la sociedad a colaborar con la causa, aunque dejó claro que sería un Comité Nacional de Lucha Antialcohólica (conformado por representantes de diversas dependencias gubernamentales) el que establecería los lineamientos que se habían de seguir. Asimismo, fue enfático al expresar que no se emplearía la coerción —en clara alusión a la Ley Seca— sino medios persuasivos que llegaran “directamente al corazón de las gentes”.17 De esta manera, desechó la posibilidad de prohibir la producción y el comercio de bebidas embriagantes e impidió que se considerara como una situación factible.

Por las mismas fechas, el caso de Luis Romero Carrasco abrió un debate sobre la marihuana como posible factor criminógeno. Romero Carrasco, junto con dos cómplices, asesinó a puñaladas y tubazos a su tío, a la amasia de éste y a dos empleadas domésticas. Los cómplices declararon que el móvil de su acto había sido el robo (e intentaron deslindarse de la responsabilidad de los homicidios), pero Romero confesó que lo había hecho para vengar antiguas rencillas familiares. También declaró que consumía de manera frecuente marihuana y que la había fumado horas antes de cometer los asesinatos, por lo que algunos médicos afirmaron que la hierba podía haber exaltado sus impulsos para delinquir.18

En octubre de 1929, se publicó en el Diario Oficial el texto de un nuevo código penal que reemplazaría al de 1871. Su principal ideólogo, José Almaraz, era un confeso y entusiasta adepto de la escuela positivista, e hizo públicas sus intenciones de crear un ordenamiento ajustado a sus fundamentos, pues pensaba que la escuela clásica estaba en “bancarrota”. De acuerdo con la orientación teórica adoptada por Almaraz, el derecho penal debía enfocarse en el delincuente, no en el delito; por ello, le parecía sustancial reemplazar las penas —que, en su opinión, se limitaban a castigar sin mayor utilidad— por “tratamientos y sanciones” para reinsertar en el seno de la sociedad a quienes quebrantaban la ley.19

Uno de los más célebres representantes de la criminología positiva, Enrico Ferri, había acuñado el término peligrosidad; ésta podía ser de dos tipos: la criminal, que se manifestaba en los sujetos que delinquían, y la social o predelictual, presente en los individuos que podían revelar una mayor propensión a cometer crímenes debido a factores biológicos, psicológicos y sociales: alcohólicos, toxicómanos, vagos, mendigos, tahúres y proxenetas. Para defenderse de tales elementos, la sociedad debía imponer sanciones que le permitieran no sólo reprimir el delito, sino prevenirlo.

Tanto el presidente Emilio Portes Gil como Almaraz proclamaron que el eje del nuevo código sería, precisamente, el concepto de defensa social.20 De ahí que el artículo 68 manifestara que “el objeto de las sanciones es prevenir los delitos, reutilizar a los delincuentes y eliminar a los incorregibles”.21 Asimismo, el artículo 32 definía como persona en “estado peligroso” a todo aquel que cometiera “un acto de los conminados con una sanción en el libro tercero”, dedicado a “los tipos legales de los delitos”. En cuanto a la embriaguez como atenuante, agravante o excluyente de responsabilidad penal, el artículo 45, fracción i, dio cierta continuidad a lo establecido en el código de 1871, pues determinó que era circunstancia excluyente cuando el acusado se encontrara “en un estado de automatismo cerebral que perturbe su conciencia y que sea provocado por haber ingerido substancias enervantes o tóxicas, siempre que la ingestión haya sido enteramente accidental e involuntaria, es decir, sin su consentimiento”. Se advierte, por un lado, que se recurría al término (de matiz médico) “automatismo cerebral” para denominar a la falta de conciencia; por otro, que no hay una alusión explícita al alcohol, en cambio, al hablar de un conjunto de sustancias “enervantes o tóxicas”, el texto englobaba también a las drogas. Más adelante, el artículo 63, fracción xv, señalaba que el acto de embriagarse o intoxicarse intencionalmente para “asegurar o facilitar la ejecución del delito” constituía una agravante de cuarta clase.22

Una de las mayores innovaciones que introdujo el ordenamiento fue la creación del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, organismo presidido por el propio José Almaraz, al que se concedieron amplias facultades en la prevención de la delincuencia, así como en el terreno penitenciario. En palabras de uno de sus miembros, el antropólogo Manuel Gamio, se trataba de un “cuerpo ejecutivo de las sentencias judiciales”. Entre sus funciones se encontraba la de estudiar a los reos para analizar los factores de “carácter biológico, psíquico, social, étnico, etc. [sic]” que los habían orillado al delito, de modo que se les procurara el “tratamiento” adecuado para su “regeneración”.23 El Consejo también conocía y evaluaba las solicitudes de libertad preparatoria.

Si bien el código de 1929 no pudo llevar a su máxima expresión el positivismo penal (sobre todo para no caer en contradicciones con las garantías procesales contenidas en la Constitución), sí incluyó algunos artículos que preveían medidas contra individuos en estado de peligrosidad social como los ebrios habituales y los toxicómanos, a quienes Almaraz consideraba “claramente peligrosos”, aunque susceptibles de curación.24 Por tal motivo, insistió en la necesidad de que las autoridades judiciales los sometieran a una “cura somática y transformación social, lo demás es absurdo, inútil y perjudicial”.25

La orientación doctrinal del código y las innovaciones que introducía en la legislación penal, entre ellas, las sanciones a determinadas formas de peligrosidad sin delito, fueron objeto de debate y opiniones encontradas durante los meses previos a su promulgación y a lo largo de su vigencia.

“Tan degradante y pernicioso vicio”.
¿Delincuentes peligrosos o bebedores arrepentidos?

Varios artículos del código penal de 1929 abordaron lo relativo a alcohólicos o toxicómanos que habían sido sentenciados por un delito. El artículo 128 prescribía que serían recluidos “en un hospital o departamento especial del manicomio, donde permanecerán hasta que estén completamente curados o corregidos, a juicio de los facultativos del establecimiento y del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social […] sometidos a un régimen de trabajo con aislamiento nocturno”.

De manera complementaria, el artículo 190 indicaba que, en caso de no haberse curado durante el periodo de su condena, permanecerían internados “por todo el tiempo necesario para su curación”. El siguiente artículo disponía que algunos, previo dictamen médico, podrían ser trasladados a una colonia agrícola especial, donde continuarían bajo una rutina laboral.

Finalmente, el artículo 192 del código penal señalaba que los jueces debían investigar “la circunstancia de ser alcohólicos o toxicómanos los delincuentes […] de oficio”.

La búsqueda en el Archivo General de la Nación arroja pocos expedientes comprendidos bajo los artículos 128 y 190. Cabe señalar, además, que hasta ahora no he localizado casos de toxicómanos que hubiesen sido acusados de un delito y recluidos en la crujía especial, pues todos los que he encontrado corresponden a alcohólicos o ebrios habituales. Si bien no puede descartarse del todo que esto se deba a pérdidas documentales, es posible que se tratara de situaciones infrecuentes. Lo anterior se confirma con otros datos. Por ejemplo, la revisión de procesos por riña de los años 1930 y 1931 muestra que fue muy reducido el número de encausados a los que se declaró como alcohólicos o toxicómanos durante el examen médico.

El primero de estos casos fue el de Juana Prieto, quien había sido aprehendida por el delito de lesiones, del cual resultó absuelta en febrero de 1930. No obstante, el certificado de los peritos médico-legistas determinó que Juana presentaba “estigmas de alcoholismo crónico” (sin indicar cuáles); atendiendo al dictamen, el agente del Ministerio Público solicitó en sus conclusiones que se le recluyera en “el departamento especial del manicomio hasta su completa curación”.26 El juez Jenaro Ruiz de Chávez dictó sentencia en ese sentido, y la mujer pasó de la cárcel de Belén al Manicomio General La Castañeda. Los psiquiatras la dieron de alta a principios de abril, por lo que fue liberada.

El traslado de Juana al manicomio revela un aspecto que no se había previsto: la inexistencia del “hospital”, “departamento” o “establecimiento especial” que referían los artículos 128, 190 y 523 del código. Incluso el artículo 206 del código sanitario de 1926 ya había prevenido la necesidad de fundar establecimientos para internar a los adictos; como se observa, la disposición no se llevó a cabo en los siguientes años.

En los primeros días de 1930, el diario Excélsior informó que se destinaría una crujía de la cárcel de Belem para el “estudio” y la “rehabilitación” de los toxicómanos —sin mencionar alcohólicos—. La Dra. Mathilde Rodríguez Cabo, miembro del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social (csdps), apuntó que, ante el incremento de la toxicomanía en México, era imperativo ocuparse de quienes la padecían, para procurar su reinserción social y evitar “la propagación del mal”.27

El 1o. de marzo de 1930, el Comité Nacional de Lucha contra el Alcoholismo —instancia encargada de la campaña antialcohólica— anunció que en breve comenzaría la construcción de un hospital especializado.28 Mientras se resolvía de manera definitiva el asunto, parecía natural optar por La Castañeda, lugar que desde su inauguración había albergado a gran cantidad de alcohólicos.29 Sin embargo, el director hizo pública su inconformidad, pues el manicomio padecía bastantes problemas de falta de espacio.30

Así, a poco más de dos meses de la entrada en vigor del código y, a pesar de las declaraciones públicas, el “establecimiento” seguía sin materializarse. Por esas mismas fechas, el Dr. José Gómez Robledo, jefe de la sección médica del Consejo, advirtió que era urgente encontrarles un sitio a los alcohólicos y toxicómanos para su tratamiento. Dos meses después, se acondicionó para ese fin la crujía A de la penitenciaría de Lecumberri, la cual quedó a cargo del Dr. Benjamín Argüelles.

El caso de Juana Prieto no encajaba del todo en los artículos 128 y 190, pues al ser inocente del delito de lesiones no purgó ninguna condena, de modo que su reclusión en La Castañeda se debió más a una interpretación del Ministerio Público y del juez de su causa, que a la letra de la ley.

En cambio, los procesos de Enrique Luna Chávez e Isidoro Ríos Castañeda, se ajustaban a lo preceptuado en el código. El primero fue condenado por lesiones a veinticinco pesos de multa o veinticinco días de prisión; al segundo, como responsable de lesiones en riña en calidad de agredido, se le sentenció a ocho días de arresto en sustitución de la multa de 7.50 pesos. En sus exámenes psicofisiológicos se asentó que ambos tenían hábitos alcohólicos, por lo que el consejo los envió a la que se denominó “crujía de toxicómanos”.

Enrique Luna escribió una carta a Almaraz, como director del consejo, tres días después de recibir sentencia para expresar su arrepentimiento por la “falta” que había cometido; prometió dejar “tan degradante y pernicioso vicio” y aseguró estar “curado”, e incluso pidió que lo examinara un médico para corroborarlo. No obstante, los doctores fueron de opinión contraria, por lo que permaneció internado hasta finales de septiembre.31 Desde su ingreso hasta su liberación, habían transcurrido cinco meses y medio.

Isidoro Ríos tuvo un destino semejante: luego de pasar arrestado veinticinco días en espera de juicio, su estancia en la penitenciaría se prolongó hasta enero de 1931, contabilizando poco más de seis meses de tratamiento. El suyo es el único expediente que registra las medidas terapéuticas que siguieron los médicos: “Estricnina a dosis progresivas […], persuasión y educación moral”.32 Por aquella época no existía consenso entre la comunidad médica respecto a que algún tratamiento farmacológico resultara absolutamente efectivo para el alcoholismo.

Los especialistas que abordaban el tema del alcoholismo y la toxicomanía no habían logrado establecer con precisión cuánto tiempo podía demorar la “curación” (sobre todo, al depender del organismo de cada persona). La experiencia en La Castañeda mostraba que la rehabilitación era un proceso complejo y que las tasas de reincidencia eran elevadas. Por consiguiente, resultaba claro que no era un objetivo que pudiera lograrse en pocos días, de ahí que en los casos expuestos líneas arriba, el periodo de tratamiento superara con creces el tiempo de sanción al que habían sido acreedores por su delito inicial.

Sin embargo, los artículos 128 y 190 no fueron los únicos relativos al alcoholismo y la toxicomanía, pues José Almaraz también pretendió, a través del derecho penal, implantar medidas preventivas contra los consumidores habituales de alcohol y drogas, aun cuando no hubiesen cometido algún crimen.

“Demasiado afecto al vicio de la embriaguez…”.
De ebrios tirados y parientes incómodos

El capítulo segundo del título séptimo del código penal de 1929 contenía preceptos inéditos hasta entonces en la legislación penal mexicana, pues prácticamente convirtió en delincuentes a los toxicómanos y a los alcohólicos, en determinadas circunstancias. Almaraz explicaría posteriormente que había sido necesario llegar a ese extremo porque “restringirles sus derechos patrimoniales o de libertad con medidas, que ya se llamen tutelares, protectoras o defensivas, no son sino penas” —y, más aún, aplicadas por una “autoridad no judicial”— habría dado lugar a amparos por violación de garantías.33

El artículo 523 señalaba que todo individuo hallado por la autoridad en “estado de embriaguez en lugar público” pagaría una multa de cinco a diez días de utilidad. Además, se le practicaría un examen médico; y en caso de resultar “ebrio habitual o […] alcohólico crónico”, sería trasladado al “manicomio especial para alcohólicos”. Por su parte, el artículo 525 decía a la letra: “Se recluirá en el manicomio para toxicómanos a todo aquel que, sin prescripción médica que llene todos los requisitos, esté o acostumbre estar bajo la influencia de alguna droga enervante”. Se observa que había una diferencia notable: la persona detenida en estado de embriaguez bien podía no ser un ebrio habitual o alcohólico crónico (si así lo determinaban los médicos) y, por tanto, no sería internado; pero un individuo aprehendido bajo los efectos de la droga tendría que pasar por fuerza una temporada —la necesaria para su curación— en el manicomio para toxicómanos.

Encontré dos expedientes de personas remitidas a una delegación por “ebrios tirados” entre 1930 y 1931. El primer proceso, abierto el 27 de enero de 1930, fue el de Vicente o Valente Rubio. En su primera declaración, admitió que tenía hábitos etílicos, e incluso afirmó que gastaba todas sus ganancias en alcohol; en la declaración preparatoria, matizó sus dichos, pues aclaró que también empleaba sus recursos en vestirse y alimentarse, asentando que bebía entre medio y un litro diario de pulque. El certificado médico hizo constar que mostraba “temblor fibrilar de la lengua y tamborileo de los dedos”, signos que eran “estigmas de alcoholismo crónico” (conforme a la literatura médica de la época). El agente del Ministerio Público lo consideró responsable del delito de “alcoholismo crónico” y los jueces del Tercer Tribunal Correccional lo condenaron a “sufrir reclusión” hasta que quedara completamente curado.

Vicente Rubio fue la persona que permaneció mayor tiempo internada, pues pasaron once meses antes de que obtuviera su libertad (el lapso promedio eran seis meses). En una carta dirigida al Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, en septiembre de 1930, consideró que el tiempo transcurrido desde su aprehensión “por el delito de una embriaguez” era suficiente para que se hubiera “aliviado”. La misiva no surtió ningún efecto. En la segunda, fechada el 6 de enero de 1931, Rubio subrayó que en su sentencia se hablaba expresamente de un “manicomio”, pero que él se encontraba en la crujía D de Lecumberri (se ignora si se trató de un error de redacción o bien, si hubo alguna razón para que se le confinara allí y no en la crujía A). El Dr. Benjamín Argüelles lo declaró sano y salió finalmente de la penitenciaría.34

Feliciano Martínez corrió con mejor fortuna. En septiembre de 1930 un agente lo condujo a la delegación Iztapalapa al hallarlo tirado en la vía pública, en estado de completa embriaguez. El comisario de policía refirió que Martínez ya había sido consignado otras veces por la misma causa y lo remitió a la cárcel de Belem. Los médicos que lo reconocieron posteriormente no encontraron en él trastornos psíquicos ni funcionales, por lo que el Ministerio Público desistió de presentar cargos en su contra.35

A diferencia de lo que ocurría con las bebidas embriagantes, cuya producción y comercio no constituían un delito, la venta y el tráfico de sustancias enervantes sí estaban tipificados como actividades prohibidas, de ahí que numerosos toxicómanos con frecuencia cayeran en manos de la ley cuando compraban “papeles” con heroína o cocaína. En estos casos las aprehensiones no las realizaban policías comunes, sino agentes de la inspección de narcóticos, una rama de la policía sanitaria dependiente del Departamento de Salubridad Pública.

La creación oficial de esta policía databa de 1925; para hacerla más eficaz y abarcar los diferentes ámbitos de su competencia, se dividió en siete jefaturas, siendo una de ellas la de narcóticos.36 Los agentes se encargaban de vigilar a los “viciosos”, pero sobre todo a los vendedores. En ocasiones, obtenían información gracias a denuncias; por tal motivo, su actuación solía ser discrecional (lo cual dio pie a acusaciones de corrupción, abusos, “graves faltas”), y recurrían a estrategias como fingir ser compradores para atrapar en flagrancia a los traficantes.37 Puestos sobre aviso, también podían practicar revisiones —previa autorización del jefe de inspectores— en domicilios particulares donde se reunían personas para adquirir y consumir sustancias; los agentes aprehendían a todos los allí reunidos mientras que las drogas, así como la “parafernalia” inherente (jeringas, vasijas), eran incautadas.

Un caso representativo es el de Eduardo Pérez y Miguel Gómez. El 4 de junio de 1930, el jefe de la Inspección de Narcóticos acudió a una casa de la calle Laguna de Chalco, en la colonia Anáhuac, y encontró a Miguel con una jeringa y a Eduardo saliendo del lugar con heroína; el agente mencionó, al presentarlos en el Departamento de Salubridad, que ambos eran “conocidos” de ese departamento (como viciosos). Llama la atención que no se levantaron cargos contra la inquilina de la casa, en donde también se encontraron drogas. La mujer aseguró que ella sólo la había guardado, y probablemente se le dio crédito a su versión por no tener antecedentes.

Inicialmente, los dos reconocieron que habían usado drogas con anterioridad, pero negaron haberse inyectado ese día. Luego, en la declaración preparatoria, cambiaron de manera sustancial su versión y dijeron que el agente los había aprehendido sólo por estar cerca del lugar de los hechos y trataba de inculparlos falsamente. El certificado médico estableció que los dos acostumbraban “estar bajo la influencia de las drogas heroicas”. Ante esta situación, el agente del Ministerio Público los consideró “perfectamente comprendidos bajo el artículo 525”. Los jueces de la Tercera Corte Correccional coincidieron con este criterio y los sentenciaron a permanecer en la crujía A para recibir tratamiento. Cuatro meses después de su aprehensión, fueron puestos en libertad por estar curados.38

A pesar de la mala fama que tenían los “centros de vicio” capitalinos (cantinas, cabarets, pulquerías) —descritos por las autoridades y por la prensa como lugares donde se fomentaban la prostitución, el alcoholismo y las toxicomanías— sólo en uno de los procesos la detención ocurrió en un cabaret. El agente de narcóticos Doroteo Morales acudió al Mesón Azul, por instrucción de sus superiores, para confirmar algunas denuncias sobre venta de drogas en el lugar, ubicado en la plaza Fray Bartolomé de las Casas, del populoso barrio de Tepito. Al llegar, encontró a Julia Maldonado y Socorro Reséndiz inyectándose heroína, y a Leonor Navarro con un papel de la misma droga.39 En el expediente no se menciona si las mujeres eran meseras o parroquianas. Más adelante, volveré a este caso.

No todos los acusados quedaron “perfectamente comprendidos” en el artículo 525. De hecho, la existencia de otro artículo, el 507, suscitó dudas y confusiones para los agentes del Ministerio Público y los jueces a la hora de tipificar el acto delictuoso cometido por los toxicómanos. Este último artículo imponía una pena de entre uno y cinco años de segregación, y multa de treinta a noventa días de utilidad “al que compre, venda, enajene, use o ministre en cualquier forma o cantidad, alguna droga enervante sin llenar los requisitos que al efecto señalen las leyes, reglamentos o disposiciones que el Consejo de Salubridad General de la República expida en uso de sus facultades constitucionales”.40

En diciembre de 1930, un agente de narcóticos aprehendió a Eduardo Trujillo, junto con dos mujeres, al encontrarles papeles con drogas. Los exámenes médicos revelaron que los tres eran toxicómanos. Se les consideró responsables del delito previsto en el artículo 507, en la modalidad de uso, y fueron sentenciados a un año y un día de relegación, así como al pago de treinta pesos de multa; para ese momento, habían transcurrido seis meses desde el inicio de la causa. A finales de octubre de 1931, un médico reconoció a Trujillo y lo declaró sano. Un par de semanas después, Trujillo escribió al Consejo para solicitar que se condonara su multa pues, al ser estudiante, carecía de medios para sufragarla. Aunque hizo referencia al certificado médico favorable, no utilizó este dato para demandar su liberación, y tampoco aludió a la entrada en vigor de un nuevo código penal que había suprimido el delito del que fue acusado.

Paradójicamente, fue esta circunstancia la que lo eximió de pagar la multa y también le permitió quedar libre en diciembre de 1931. De cualquier manera, había purgado ya la totalidad de su condena.41

No siempre fueron autoridades las que remitieron a los ebrios y toxicómanos ante la justicia. La existencia de los artículos 523 y 525 en el código penal de 1929 dio pie a que algunas personas solicitaran el internamiento de familiares que padecían esos problemas, aun cuando tal situación rebasaba lo expresado en el ordenamiento.

En febrero de 1930, los padres de Francisco Entrambasaguas lo presentaron en la Séptima Delegación debido a sus excesivos hábitos etílicos. Su madre, Agustina, argumentó que habían tomado esa decisión porque Francisco bebía a tal grado que “se ponía loco”. Ya antes había estado en el manicomio de La Castañeda por la misma razón; y aunque salió “curado”, reincidió al cabo de varios meses. En un principio, Francisco intentó minimizar tales acusaciones: aceptó que tomaba cerveza, pero “no con demasiada frecuencia”; finalmente, convino en que su madre decía “la pura verdad”. Ante esta confesión y el certificado que daba fe de los estigmas de alcoholismo crónico, se le aplicó la pena prevista en el artículo 523.42

Esta dinámica se observó en otros siete casos. Padres, hermanos, cónyuges e incluso hijos buscaron que la justicia se hiciera cargo de sus familiares con problemas de alcohol, pues éstos mostraban comportamientos agresivos que los hacían temer por su integridad física. A pesar de lo anterior, no faltaron casos en los que, pasados algunos meses, el propio denunciante recurría de nuevo a las autoridades para pedir que el acusado fuera puesto en libertad, como fue el caso de Entrambasaguas, cuya madre escribió a Almaraz por considerar que ya estaba curado, lo cual avaló el Dr. José Gómez Robleda.

Un proceso casi paralelo, en tiempo y en condiciones, fue el de Ernesto Pastrana, a quien su propia madre denunció ante el Departamento de Salubridad. Luego de su aprehensión, Ernesto admitió que “efectivamente y por desgracia” era “vicioso”, pues desde hacía cuatro años se inyectaba heroína; sin embargo, deseaba abandonar el hábito. Cuatro médicos concluyeron que, aunque su estado físico había mejorado, debía considerársele toxicómano. En virtud de lo anterior, el Ministerio Público lo declaró responsable del delito de “uso de drogas enervantes”. El planteamiento puso de nuevo sobre la balanza la cuestión del artículo 507.

El tribunal correccional que vio el caso negó la posibilidad de que Pastrana estuviera comprendido en dicho artículo, pues “no puede evidentemente, referirse a un toxicómano, como lo es el procesado”. En su criterio, al encontrarse en el capítulo relativo a la “elaboración, adulteración y comercio ilegal de artículos alimenticios o de drogas enervantes”, el artículo 507 estaba pensado para sancionar las actividades de los traficantes, mientras que los artículos 521 y 525 tenían una intención “más bien curativa que punitiva”.43 No obstante, como se verá en el siguiente apartado, los criterios de los juzgadores para decantarse por uno u otro artículo estaban lejos de ser uniformes.

Los casos de mujeres ebrias e insumisas son menos en comparación con los de varones, pero resultan interesantes por lo que traslucen sobre las percepciones de la trasgresión femenina. Uno fue el de María Luisa Henshaw, la Güera; otro, el de Ramona Armenta. Sus condiciones eran muy diferentes: la Güera convivía con juerguistas de abolengo,44 mientras que Ramona trabajaba como obrera y gastaba sus haberes en pulque y en “alcohol” (posiblemente destilados de manufactura casera), que compraba en el estanquillo contiguo a la vecindad donde vivía.45 Sin embargo, tuvieron un punto en común. Con apenas un par de meses de diferencia, sus madres solicitaron su aprehensión porque bebían excesivamente y en estado de ebriedad, las increpaban, discutían con ellas y pasaban demasiado tiempo fuera del hogar. Ramona, de hecho, estaba ebria al momento de su declaración inicial y dijo que “se emborracha porque le gusta emborracharse”.

En un tercer caso, los hermanos de Loreto Torres la describieron como “elemento nocivo para la sociedad y un peligro para nosotros por sus amenazas continuas” (incluso presentaron un escrito firmado por vecinos que daban fe de su conducta escandalosa); además, temían que hubiese comenzado a fumar marihuana. Luego de llevarla a varias comisarías policiales por su comportamiento, habían llegado a la conclusión de que era incorregible y sólo relegándola a las Islas Marías podría enmendarse.46 Desafortunadamente no se cuenta con ninguna de las sentencias. El expediente de Loreto está incompleto, mientras que el caso de la Güera Henshaw lo documentó la prensa y no le dio seguimiento en los días subsecuentes. A Ramona se le dictó formal prisión, pero sólo para “señalar el delito”, por lo que fue puesta en libertad; luego de rendir su declaración inicial y la preparatoria, no volvió a asistir a las diligencias.

La posibilidad de recibir tratamiento y “regenerarse” pareció seducir incluso a algunos de los consumidores. Dos alcohólicos y dos toxicómanos (entre ellos una mujer, adicta a la marihuana) vieron la oportunidad de abandonar sus “vicios” y solicitaron ingresar a la crujía especial de manera voluntaria. En estos casos no se entabló un proceso judicial, ya que el Consejo libró una orden al director de la penitenciaría para que permitiera el internamiento de la persona. Su estancia fue menos prolongada de lo habitual, pues tres de los sujetos permanecieron internados entre dos y tres meses, mientras que el otro —un alcohólico— quedó libre cinco meses después. La curación resultó menos efectiva de lo esperado: dos de ellos volvieron a requerir tratamiento luego de recaer en sus prácticas “viciosas”.

A partir de la segunda mitad de 1930, se suscitaron cada vez más controversias y dificultades en torno a la aplicación de los diversos artículos referentes a los alcohólicos y toxicómanos, como se verá a continuación.

Las controversias

Los jueces encontraron resquicios en la ley que les permitieron hacer sus propias interpretaciones e imponer sentencias diferentes a las previstas en el código.

El siguiente caso sirve como ejemplo. El padre de Federico Fernández Barradas lo denunció por usar drogas, y éste confesó que acostumbraba embriagarse e intoxicarse con heroína; el peritaje confirmó la declaración, por lo que su responsabilidad parecía plenamente probada. En la vista del proceso, realizada en junio de 1931 (tres meses después de la aprehensión del inculpado), los jueces de la Segunda Corte Penal lo condenaron a reclusión en el “manicomio para toxicómanos”. No obstante, hicieron patente su inconformidad con esta situación al exponer que, hasta entonces, dicha corte no había impuesto esa pena, pues la consideraba contraria a la Constitución. El cambio en su actuación se debía a que el Tribunal Superior de Justicia había fallado a favor de la aplicación del artículo 525 en diversos juicios de apelación.47

¿Un tratamiento cuya duración era desconocida debía considerarse “pena indeterminada”? Para los jueces de la Segunda Corte, la respuesta era afirmativa y esgrimieron ese argumento varias veces —como se dijo líneas arriba—, haciendo notar que el artículo 22 de la Constitución prohibía expresamente las penas “inusitadas”. Asimismo, señalaron otra circunstancia de consideración: de acuerdo con el artículo 21, la imposición de sanciones era “exclusiva de la autoridad judicial” y la injerencia del Consejo Supremo resultaba una violación directa al precepto, pues se trataba de una autoridad administrativa.

No solamente los juzgadores discreparon entre sí. En diversas ocasiones los agentes del Ministerio Público quedaron inconformes con la sentencia, que implicaba la liberación del acusado, y elevaron un recurso de apelación.

La interpretación de los artículos 507 y 525 se volvió un tanto espinosa. En agosto de 1930, Felipe Ortega y Juan Hernández, quienes habían sido aprehendidos mientras compraban papeles de heroína, fueron hallados irresponsables del delito de comercio ilegal de drogas y la Tercera Corte Penal los absolvió de la reclusión en el “sanatorio especial” para toxicómanos, por considerar que era una pena de duración indeterminada y, por tanto, anticonstitucional. En la apelación, los jueces de la Séptima Sala del Tribunal —conformada en aquel momento por Joaquín Lanz Galera, Alfonso Teja Zabre y José Ortiz— estimaron que la redacción del artículo 525 era “defectuosa” pero, al complementarse con la fracción vi del artículo 507, no dejaba lugar a dudas sobre la “intención del legislador para imponer una sanción” a los usuarios de drogas. Concluyeron que los acusados eran “autores del delito de comercio ilegal de drogas enervantes y toxicomanía por haber comprado y usado heroína sin haber llenado los requisitos que al efecto señalan las leyes”, y se les sentenció a un año de segregación (pena prevista en el artículo 507).48

A finales de noviembre de 1930, la Séptima Sala del Tribunal conoció de la apelación interpuesta por un agente del Ministerio Público en contra de la sentencia que absolvía a Leonor Navarro, Socorro Reséndiz y Julia Maldonado, las mujeres aprehendidas en el Mesón Azul, como se mencionó anteriormente.

La Séptima Sala admitió que el tratamiento no tenía una duración fija, pero ésta se limitaba de manera estricta al tiempo que le tomara su curación al “vicioso”, de modo que no podía dársele el calificativo de indeterminada. De hacerlo, equivaldría a considerar anticonstitucional que existieran máximos y mínimos de las penas. Además, defendió el papel del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, pues este organismo desempeñaba, por un lado, la función de “ejecutor de sanciones” y, por otro, la de la prevención y la profilaxis social de la delincuencia; de tal modo, la facultad de dictar sentencia, exclusiva de los juzgadores, no sufría menoscabo alguno. Incluso dos de los integrantes de la Séptima Sala del Tribunal “poco serio” a este alegato.

La sentencia no contó con la aprobación unánime de los tres jueces que integraban la Sala. Ezequiel Parra, quien sustituyó a José Ortiz, externó un voto particular en el que añadió su punto de vista respecto a los artículos 507 y 525. Parra estimaba que el artículo 525 sí incurría en una violación de las garantías judiciales consagradas en la Constitución, por la falta de definición del periodo de internamiento; no obstante, le parecía que el escollo podía salvarse si se ponía en juego al artículo 507, pues éste señalaba que el uso de sustancias era un delito que se sancionaba con una pena de uno a cinco años de cárcel. De ahí se deducía que el juzgador podía sentenciar al toxicómano y remitirlo al hospital especial para su tratamiento, sin que su estancia rebasara los cinco años, con lo cual se establecía un tope y se eludía la cuestión de la indeterminación de la pena.49

Por mayoría de votos, la sentencia inicial de las mujeres fue revocada y se les trasladó a la crujía A, donde permanecieron hasta la promulgación del nuevo código penal en septiembre de 1931. Una de ellas, Socorro, había escrito al Consejo en el mes de julio para quejarse de que, estando sana (lo confirmaba un dictamen clínico), permanecía presa, pues la “habían dejado olvidada”.50 Debe señalarse que en la apelación de la sentencia del toxicómano Ignacio Sánchez Hernández, también en noviembre de 1930, la Séptima Sala expresó exactamente los mismos razonamientos.

Es probable que la aplicación diferenciada de los artículos 507 y 525 haya obedecido a las circunstancias de la aprehensión, pues a las tres mujeres y a Sánchez Hernández se les encontraron drogas y se les diagnosticó toxicómanos, pero no se les sorprendió mientras adquirían las sustancias. En cambio, Felipe Ortega y Juan Hernández fueron detenidos al momento de la transacción, lo cual evidenciaba que, aunque fuera como compradores, formaban parte de la cadena del tráfico ilegal y, de acuerdo con los juzgadores del Tribunal Superior, “el que consume drogas favorece el comercio de las mismas”.51

El caso de Jesús Cuéllar siguió un derrotero diferente. Su padre lo acusó en la delegación de dar “un mal ejemplo” a sus hermanos menores ya que se embriagaba “casi diario”. Su responsabilidad como “alcohólico crónico” quedó sustentada por el certificado médico, pero la Segunda Corte siguió el mismo criterio que en las causas de toxicomanía. En la vista de apelación, la Séptima Sala manifestó que Jesús Cuéllar no era penalmente responsable de ningún delito, pues el artículo 523 sólo comprendía a quienes habían sido aprehendidos en estado de ebriedad y en lugar público, circunstancias que no concurrían en el acusado.52

Como puede observarse, estos casos despertaron posturas encontradas y generaron controversias tanto entre jueces de primera instancia, como entre éstos y magistrados de segunda instancia. Lo anterior no fue aislado. El código de 1929 generó más resistencias, dudas y polémicas de las que probablemente habían pensado sus redactores. Su aplicación resultó compleja y ésa fue, precisamente, una de las mayores objeciones que se le hicieron. El propio José Almaraz admitió que había tenido que reescribir la “Exposición de Motivos” inicial para responder a sus críticos —en particular a quienes lo acusaban de inventar novedades exóticas—53 e incluir textos y citas de “reconocidos teóricos” que lo respaldaran.

Almaraz, en abono suyo, refirió que había recibido elogios y felicitaciones en el ámbito internacional, varias de las cuales se publicaron íntegras en la Revista Mexicana de Derecho Penal, órgano oficial del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social. Nada de esto bastó para salvar su obra. La vida del código penal de 1929 estaba destinada a ser breve.

Consideraciones finales

Sin duda, el código de Almaraz hizo eco de las crecientes preocupaciones, tanto de autoridades como de la comunidad médica —en los planos nacional e internacional—, alrededor del consumo de alcohol y el de drogas. No obstante, al criminalizar a los alcohólicos y a los toxicómanos a causa de su peligrosidad predelictual, originó un debate sobre los alcances punitivos del derecho penal. Diversos juristas argumentaron que la ley sólo podía sancionar actos consumados y no presunciones, cuya factibilidad era incierta.

Con todo, para algunas personas, los artículos 523 y 525 representaron la posible solución a un mal que causaba discordias familiares y violencia física o verbal. Más allá de lo que prescribía la norma escrita, los parientes que solicitaron el internamiento de hijos o hermanos alcohólicos y toxicómanos apelaron a la intervención judicial para afrontar una situación que se había vuelto ingobernable.

Los expedientes muestran que el impacto de los artículos 126 y 190 fue bastante menor, pues si bien los jueces tenían la obligación legal de investigar si los reos eran ebrios habituales o adictos a alguna sustancia, es probable que en la práctica dicha investigación no se llevara a cabo con escrupulosidad.

Por su parte, el artículo 507 abrió la puerta a que se castigara a los toxicómanos con mayor rigor por el hecho de “usar” drogas. Al momento de la sentencia, fue el criterio de los juzgadores el que prevaleció para elegir un artículo u otro (525 o 507). Incluso, los jueces que componían la Segunda Corte Penal adujeron la inconstitucionalidad de la duración indeterminada de la pena para no imponerla, aunque en la segunda instancia los jueces de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia reviraron ese criterio y revocaron las sentencias absolutorias.

Respecto al éxito del tratamiento, que por lo general rondó los seis meses de duración, no siempre parece haber sido eficaz a largo plazo, como lo muestra la reincidencia de algunos individuos. Incluso un médico aseguró que sólo podría declararse la definitiva curación del toxicómano observando su comportamiento “sin privarlo de la libertad de obtener la droga de su hábito”.54

El 17 de septiembre de 1931 entró en vigor un nuevo código penal.55 Los redactores prefirieron no adherirse incondicionalmente a una doctrina específica, sino adoptar una tendencia “práctica, racional y ecléctica”.56

La orientación positivista del código de 1929 no desapareció totalmente del nuevo ordenamiento. Se conservaron nociones como la temibilidad del sujeto, elemento que debía ser tomado en cuenta por los jueces al momento de imponer sentencias. Sin embargo, se suprimieron los controvertidos artículos relacionados con el alcoholismo y la toxicomanía. En este último rubro, se eliminó del apartado de los delitos contra la salud el término uso de sustancias (que se encontraba en el artículo 507), pero se agregó el de posesión, lo que dio pie a interpretaciones difusas.57

Todos los actos asociados con la producción, comercio y tráfico de sustancias fueron objeto de represión penal, quedando en manos de las autoridades sanitarias el tratamiento de quienes utilizaban drogas sin finalidad terapéutica, tal como lo establecía el Reglamento Federal de Toxicomanía, emitido en 1931;58 con ese propósito, se crearía el Hospital Federal de Toxicómanos. Durante algún tiempo fungió como tal otra crujía de Lecumberri, la F, hasta que en 1933 se trasladó a un edificio de la calle de Tolsá. Ante la necesidad de contar con un espacio construido específicamente para la atención a los adictos, en 1934 se construyó e inauguró un pabellón para toxicómanos en La Castañeda, que al siguiente año fue formalmente designado Hospital Federal de Toxicómanos.59

La “curación” de los alcohólicos, en cambio, no contó con un programa establecido ni se construyó o habilitó algún lugar específico para ese fin. La campaña contra el alcoholismo, iniciada en 1929, prosiguió por varios años con un enfoque eminentemente preventivo, pues el discurso científico parecía poco esperanzado en las posibilidades reales de éxito de la rehabilitación. De tal modo, se observa que las respuestas gubernamentales frente a estos problemas de salud pública en un inicio marcharon por rumbos hasta cierto punto paralelos, pero durante la década de 1930 se volvieron cada vez más divergentes. En 1940, el gobierno cardenista promulgó un nuevo reglamento federal de toxicomanías, el cual establecía un sistema de dispensarios en donde se distribuirían dosis controladas de drogas a los adictos; por consecuencia, se despenalizaba el consumo de sustancias enervantes, con la expectativa de reducir su comercio ilegal. Durante algunos meses (marzo a julio de 1940) funcionó un dispensario en la Ciudad de México, sin embargo, la oposición estadounidense, que se tradujo en un embargo a la exportación de “todo tipo de drogas” de ese país a México, echó abajo esta “opción alternativa”.60 Con el paso de los años, y de manera marcada en las décadas de 1980 y 1990, la cuestión de las drogas se convertiría en un tema prioritario para el Estado mexicano.61

En suma, los debates en torno al consumo de drogas y alcohol no cesaron. José Almaraz, el principal artífice del código de 1929 y del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, quedó relegado por una nueva generación de criminólogos, entre los cuales se encontraban Alfonso Teja Zabre, José Ángel Ceniceros y Luis Garrido, miembros de la comisión redactora del código penal de 1931. Durante los siguientes años, en diversos textos,62 Almaraz criticó al nuevo ordenamiento y defendió su malogrado código, ya que nunca dejó de pensar que, por su peligrosidad, los toxicómanos y los ebrios eran “una amenaza siempre viva” para la sociedad.

Referencias

Archivos

Archivo General de la Nación

Fondos: Dirección General de Prevención y Readaptación Social

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Hemerografía

Diario Oficial de la Federación, 1931.

Excélsior, 1929-1931.

Obras consultadas

Almaraz, José, Algunos errores y absurdos de la legislación penal de 1931, México, s.e., 1941.

Almaraz, José, Exposición de motivos del Código Penal, promulgado el 15 de diciembre de 1929 (Parte General), México, s.e., 1931, p. 123.

Barbosa, Mario, “Controlar y resistir. Consumo de pulque en la ciudad de México, 1900-1920”, Memoria del Segundo Congreso Nacional de Historia Económica, México, 2004, disponible en http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio09/Mario%20BARBOSA%20CRUZ.pdf [acceso: 07/01/2017].

Bautista Hernández, Lourdes, “De la penitenciaría al manicomio. El proceso de institucionalización del Hospital Federal de Toxicómanos de la Ciudad de México, 1926-1948”, tesis de maestría en Historia Contemporánea, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 2016.

Comisión Revisora del Código Penal, Trabajos de revisión del Código Penal. Proyecto de reformas y exposición de motivos, tomos i y iii, México, Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas, 1913.

Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, t. ii, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960.

Gamio, Manuel, “Comentarios sobre la investigación sociológica de los delincuentes”, Revista Mexicana de Derecho Penal. Órgano del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, tomo 1, año 1, núm. 1, julio de 1930, pp. 53-54.

Guerrero, Julio, Un código estrafalario, México, Imprenta Azteca, 1929.

Gutiérrez Ramos, Axayacatl, “La prohibición de las drogas en México. La construcción del discurso jurídico 1917-1931”, tesis de maestría en Historia Contemporánea, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1996.

México a través de los informes presidenciales, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, v. 14, 1976.

Olvera, Nidia, “Policías, toxicómanos y traficantes: control de drogas en la ciudad de México (1920-1943)”, tesis de maestría en Antropología Social, ciesas, 2015.

Pérez Montfort, Ricardo, Tolerancia y prohibición. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940, México, Debate, 2016.

Piccato, Pablo, El debate sobre el alcoholismo en el Congreso Constituyente de 1916-1917, México, Cámara de Diputados: LV Legislatura-Comisión de Régimen Interno y Concertación Política-Instituto de Investigaciones Legislativas, 1992.

Ríos Molina, Andrés, Cómo prevenir la locura. Psiquiatría e higiene mental en México, 1934-1950, México, Siglo XXI / unam-Instituto de Investigaciones Históricas, 2016.

Ríos Molina, Andrés, La locura durante la Revolución mexicana. Los primeros años del Manicomio General La Castañeda, 1910-1920, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos, 2013.

Salazar Bermúdez, Alejandro, “De borrachos a enfermos mentales. El alcoholismo en el Manicomio General La Castañeda, 1910-1968”, tesis de maestría en Historia, unam, 2015.

Schievenini Stefanoni, José Domingo, “La prohibición de las drogas en México (1912-1929)”, Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, núm. 13, junio de 2013, pp. 57-68.

Speckman Guerra, Elisa, “Reforma legal y opinión pública: los códigos penales de 1871, 1929 y 1931”, en Arturo Alvarado (ed.), La reforma de la justicia en México, México, El Colegio de México, 2008, pp. 575-614.

Terán, Esteban, “El temor a las toxicomanías: la construcción global de un problema de salud, su tratamiento y percepción en la Ciudad de México y Buenos Aires, 1920-1940”, tesis de maestría en Historia Internacional, Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), 2016.

Viqueira Albán, Juan Pedro, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La ideología de la legislación penal mexicana”, en Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño y Manuel Jorge Carreón Perea (comps.), Cuatro décadas de divulgación, México, inacipe, 2016, pp. 121-149.

1 Véase, por ejemplo, Speckman, “Reforma legal…”, pp. 574-616; Zaffaroni, “La ideología”, pp. 129-141.

2 Un primer acercamiento en este sentido se encuentra en la tesis de maestría de Esteban Terán, quien analizó dos procesos judiciales contra toxicómanos (Terán, “El temor a las toxicomanías…”, especialmente, pp. 78-92). Algunos aspectos de la aplicación del código penal de 1929 pueden verse en el texto de Colín (“Vacatio legis…”), en esta obra.

3 Un breve balance bibliográfico para el caso de las toxicomanías se encuentra en Pérez, Tolerancia y prohibición…, pp. 9-24.

4 Véase, Barbosa, “Controlar y resistir…”, pp. 3, 10-13; y Viqueira, ¿Relajados o reprimidos?..., pp. 169-219.

5 Código Penal para el Distrito Federal y Territorios de la Baja California de 1871 (en adelante, Código penal de 1871), arts. 11, fracc. iv y 34, fracc. iii.

6 Ibid., art. 41, fracc. i.

7 Ibid., art. 1148.

8 Ibid., art. 923.

9 Ibid., art. 846. Véase, Gutiérrez, “La prohibición…”, p. 99; y Schievenini, “La prohibición…”, p. 59.

10 Véase Pérez, Tolerancia y prohibición…, pp. 68-69.

11 Comisión Revisora del Código Penal, Trabajos de revisión del Código Penal. Proyecto de reformas y exposición de motivos, tomo iv, pp. 47-48.

12 Ibid., p. 74.

13 Piccato, El debate…, pp. 15-16

14 Diario de los debates…, t. ii, p. 647.

15 Gutiérrez, “La prohibición…”, p. 99.

16 Anónimo, “Ningún nuevo centro de vicio podrá establecerse en la república; la cantina que se cierre no se abrirá más”, El Universal, 17 de abril de 1929, 1a. secc., p. 1.

17 Id.

18 Anónimo, “La marihuana y el crimen de Romero C.”, Excélsior, 8 de junio de 1929, 2a. secc., p. 1.

19 Anónimo, “Las críticas para el nuevo código penal”, Excélsior, 18 de octubre de 1929, 1a. secc., p. 1.

20 México a través de los informes presidenciales, p. 255.

21 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1929 (en adelante, código penal de 1929), art. 68.

22 Ibid., arts. 45, fracc. i y 63, fracc. xv.

23 Gamio, “Comentarios…”, pp. 53-54.

24 Almaraz, Exposición de motivos…, p. 123.

25 Id.

26 Archivo General de la Nación (en adelante, agn), Dirección General de Prevención y Readaptación Social (dgprs), caja 136, exp. 5, clasif. 8/410.15/5.

27 Anónimo, “Organizará una campaña contra la toxicomanía el consejo de Defensa y P. Social”, Excélsior, 16 de enero de 1930, 2a. secc., p. 1.

28 Anónimo, “México tendrá un hospital para alcohólicos”, Excélsior, 1o. de marzo de 1930, 2a. secc., p. 1.

29 Ríos, La locura durante la Revolución…, pp. 114-115, 150-152. Un estudio específico sobre el tratamiento del alcoholismo en dicho hospital se encuentra en Salazar, “De borrachos...”.

30 Anónimo, “En La Castañeda no hay lugar para borrachos”, Excélsior, 17 de marzo de 1930, 2a. secc., pp. 1, 4.

31 agn, dgprs, c. 136, exp. 32, clasif. 8/410.15/42. El proceso se abrió el 9 de abril y concluyó el 26 de septiembre de 1930.

32 agn, dgprs, c. 136, exp. 47, clasif. 8/410.15/74. El proceso se inició el 23 julio de 1930; terminó el 30 de enero de 1931.

33 Almaraz, Exposición de motivos…, p. 35.

34 agn, dgprs, c. 137, exp. 31, clasif. 8/410.15/159.

35 agn, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (tsjdf), Archivo Histórico, Siglo xx, c. 2339, folio 431403.

36 Olvera, “Policías, toxicómanos…”, p. 65.

37 Ibid. También, Pérez, Tolerancia y prohibición…, p. 185.

38 agn, dgprs, c. 136, exp. 50, clasif. 8/410.15/78.

39 agn, dgprs, c. 137, exp. 23, clasif. 8/410.15/138.

40 Código penal de 1929, art. 507, fracc. vi. Cursivas propias.

41 agn, dgprs, c. 137, exp. 17, clasif. 8/410.15/129.

42 agn, dgprs, c. 136, exp. 14, clasif. 8/410.15/17.

43 Todas las citas, en agn, dgprs, c. 136, exp. 19, clasif. 8/410.15/26. Cursivas mías.

44 Anónima, “Conocida mundana está en Belén. Fue acusada de ebriedad por su madre y detenida”, El Universal, 23 de abril de 1930, 2a. secc., p. 1.

45 agn, tsjdf, Archivo Histórico, Siglo xx, c. 2359, folio 446418.

46 agn, dgprs, c. 136, exp. 64, clasif. 8/410.15/98.

47 agn, dgprs, caja 136, exp. 44, clasif. 8/410.15/71. Federico ya había sido aprehendido en febrero de 1930 durante una redada policiaca, de acuerdo con la información de una nota de periódico: Anónimo, “Buenos resultados de la campaña contra los vendedores de tóxicos”, Excélsior, 1o. de febrero de 1930, 2a. secc., pp. 1, 6.

48 agn, dgprs, caja 136, exp. 71, clasif. 8/410.15/1.

49 agn, dgprs, caja 137, exp. 16, c. 8/410.15/128.

50 agn, dgprs, c. 137, exp. 23, c. 8/410.15/138.

51 agn, dgprs, c. 136, exp. 71, c. 8/410.15/1.

52 agn, tsjdf, Archivo Histórico, siglo xx, caja 2432, folio 478325, f. 11v.

53 Un ejemplo se encuentra en Guerrero, Un código estrafalario.

54 agn, dgprs, c. 137, exp. 308, clasif. 8/410.15/156.

55 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1931.

56 México a través de los informes presidenciales, p. 317.

57 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia fuero común y para toda la República en materia de fuero federal de 1931, arts. 193-199; Olvera, Policías, toxicómanos…, p. 130.

58 Diario Oficial de la Federación, 27 de octubre de 1931.

59 Un análisis del Hospital Federal de Toxicómanos como institución, así como la descripción de los espacios que ocupó, se encuentra en Bautista, “De la penitenciaría al manicomio…”, pp. 71-96.

60 Pérez, Tolerancia y prohibición…, pp. 295-307.

61 Ibid., pp. 19, 307.

62 Almaraz, Algunos errores…, p. 92.

Vacatio legis e impartición de justicia.

Procesos por homicidio
en la Ciudad de México, 1929

Jessica Colín Martínez1

Este trabajo aborda un aspecto particular de la historia social y del derecho. Me refiero al periodo que transcurre entre la publicación y entrada en vigor de una ley —fase conocida en la doctrina jurídica con el nombre de vacatio legis—,2 y de sus alcances e implicaciones en el ejercicio cotidiano de la impartición de justicia. Desde un punto de vista formal, el periodo de vacatio legis vincula una serie de elementos de vigencia, validez y aplicación normativa que,3 confrontados desde la perspectiva histórica, sugiere puntos de reflexión sobre la operatividad del sistema jurídico y de la dinámica jurisdiccional en su conjunto. Presupuestos asociados, desde luego, a prácticas y manifestaciones socioculturales de las que es preciso dar cuenta.

Bajo esta premisa, analizo el orden de la impartición de justicia en la Ciudad de México —de manera especial, en lo relativo al delito de homicidio— durante la vacatio legis que transcurrió entre los meses de octubre y diciembre de 1929. Es decir, el periodo que concernió a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (dof) del Código penal para el Distrito y Territorios Federales (en adelante código penal de 1929) y del Código de organización, de competencia y de procedimientos en materia penal (en adelante código de procedimientos de 1929) los días 5 y 7 de octubre de 1929, respectivamente; y de su entrada en vigor el 15 de diciembre de ese mismo año (artículo primero transitorio de ambos ordenamientos); precisión jurídica por la que formalmente se abrogó el código penal de 1871 y el de procedimientos de 1894.

No obstante, una prevención de carácter legislativo autorizó la coexistencia de los anteriores ordenamientos durante un lapso (característica común en la construcción de todo sistema y orden jurídicos).4 Con ello, los códigos penales de 1871 y 1929 fueron susceptibles de ser aplicados indistintamente por los jueces a la luz de ciertas reglas previstas en el artículo segundo transitorio del código penal de 1929:

Desde esa misma fecha [15 de diciembre de 1929] quedan derogados el Código Penal de 7 de diciembre de 1871, así como todas las demás leyes que se opongan a las disposiciones del presente; pero deberán continuar aplicándose a los que se encuentren procesados antes de la vigencia del nuevo código; a menos de que los acusados manifiesten su voluntad para acogerse a lo preceptuado por este último.5

Los términos de este enunciado —cuyo valor interpretativo y de comprensión general anticiparon las numerosas dificultades derivadas de su eventual aplicabilidad—6 remiten a profundas variaciones de forma y de fondo en el derecho, especialmente si se consideran las expresiones formales de cada legislación, de sus instituciones y prácticas, todas ellas con sentido pleno de validez en un momento histórico definido y complejizadas, además, por una serie de principios doctrinarios relativos a la retroactividad y eficacia temporal de la legislación.

En este sentido, cabe señalar que, si bien toda ley penal tiene límites temporales muy precisos de vigencia (entrada en vigor y derogación), y por ende una aplicabilidad para sancionar aquellas conductas ilícitas ejecutadas durante dicha vigencia, también es cierto que existen excepciones. Esa consideración de excepcionalidad a la que aludo tiene cabida cuando, entre el momento de la realización de un hecho criminal y el momento de someter a juicio a su autor, la ley ha cambiado. Al amparo de este particular escenario, se tienen dos vías procesales para su resolución: que al inculpado pueda aplicársele una ley derogada pero que era vigente al momento en que realizó el delito o, por el contrario, someterlo a una nueva ley con vigencia al tiempo del juicio pero que no lo era cuando cometió el ilícito; aplicabilidad que dependerá de la condición más favorable para el procesado de acuerdo con cada legislación.7 Es decir, la aplicación jurisdiccional del derecho en un contexto de vacatio legis preferentemente debe apegarse a condiciones de benignidad penal. Idea que el legislador mexicano proyectó de forma poco precisa en el artículo segundo transitorio antes citado.

Estas expresiones formales y prácticas derivadas de una aparente sutileza en el mundo del derecho sugieren, no obstante, un fenómeno mucho más intrincado. No debe omitirse, en adición a lo anteriormente señalado, la vinculante correspondencia jurídica entre un código penal —encargado de regular las conductas consideradas delictivas y sus consecuencias, es decir, las penas o sanciones— y un código de procedimientos —encargado de ordenar las disposiciones orgánicas del proceso y de los aspectos materiales de la decisión judicial—. Ambos ordenamientos, sujetos a una validez jurídica sincrónica. Esquema que ha prevalecido hasta la actualidad como consecuencia del proceso de codificación, pero que durante el periodo de vacatio legis de 1929 tuvo especiales variaciones en el sistema de justicia penal.

De acuerdo con lo señalado en el artículo cuarto transitorio del código de procedimientos de 1929, todas las causas y recursos pendientes de resolución en cualquier instancia debían sujetarse a lo mandatado por dicho código desde el inicio de su vigencia (15 de diciembre de 1929). Expresión que puede ser entendida bajo una condición diacrónica en la correspondencia legislativa, puesto que el legislador orientó la aplicabilidad procedimental de los códigos penales de 1871 y 1929 en relación únicamente con el código de procedimientos de 1929. En este sentido, los cambios en el procedimiento penal derivados de una nueva legislación adjetiva no sólo constituyeron la forma, sino también el fondo del sistema de justicia. Condición que, desde mi punto de vista, transfiguró desde la base normativa modelos judiciales distintos, dada la correspondencia procesal entre el código penal de 1871 y el de procedimientos de 1929.

De ahí que, en mi opinión, la vacatio legis pueda considerarse la noción más compleja y al mismo tiempo más restringida del sistema y orden jurídicos, porque atañe a la construcción, organización y práctica del derecho en un proceso de cambio, de transición. Por todo ello, el periodo legalmente acotado e inmediatamente anterior a la entrada en vigor de una nueva legislación penal en la Ciudad de México —vacatio legis de octubre-diciembre de 1929— ofrece la posibilidad de estudiar, a través de la valoración de los datos empíricos disponibles, la coexistencia de distintos cuerpos normativos y los eventuales conflictos derivados de su aplicación procesal. Dicho en palabras de Eugenio Zaffaroni, el estudio y conocimiento histórico del derecho, y del derecho penal, debe comenzar por la dogmática, pero sin darse por concluso con ella.8

La documentación judicial que sustenta el presente análisis corresponde a procesos por homicidio, delito considerado por la doctrina jurídica y los estudios de derecho penal como el de “mayor entidad”, “el delito violento por antonomasia” porque pone fin a la vida de una persona.9 Bajo esta concepción, los atentados contra la vida se han constituido a lo largo del tiempo como uno de los pilares en los que reposa la estructura jurídica del poder público y donde intervienen una serie de elementos encaminados a su punición, según distintas circunstancias. Por supuesto, el trayecto histórico-jurídico en la penalización de tal conducta antijurídica —como dirían los especialistas contemporáneos— no es, de ninguna manera, un aspecto menor; “cada expresión de la justicia trae consigo su escenografía, sus personajes, sus parlamentos”.10 En ello estriba la relevancia particular de su estudio.

En consideración de lo anteriormente expuesto, este trabajo pretende contribuir a la discusión historiográfica con el análisis de cuatro procesos no necesariamente célebres pero sí sugerentes de la regularidad en la impartición de justicia en el contexto ya señalado. Se trata de cuatro expedientes, únicos disponibles en el Archivo General de la Nación (agn) que, en términos metodológicos, cumplieron dos condiciones primarias: la primera, que corresponden a procesos judiciales iniciados entre los meses de octubre y diciembre de 1929, es decir, durante el periodo de vacatio legis; y la segunda, que la sentencia en primera instancia fue dictada con posterioridad a dicho periodo.

Con base en esta evidencia empírica y de la confrontación de distintas fuentes (legislación, periódicos, revistas y literatura especializada), busco responder a tres preguntas: ¿Cómo se reguló el homicidio y qué sanciones se estipularon para dicho delito en los códigos penales de 1871 y 1929? ¿Cómo funcionó en términos procesales el sistema de impartición de justicia durante la vacatio legis y bajo qué circunstancias se determinó qué ordenamiento aplicar a casos concretos durante la coexistencia normativa derivada de ella? ¿La vacatio legis representó para los procesados por homicidio alguna condición favorable o perjudicial al ser juzgados?

En el siguiente apartado me remito a destacar algunos aspectos del código penal de 1871 y el de procedimientos de 1894, especialmente en lo tocante al delito de homicidio, sus penas y los límites al ejercicio jurisdiccional de los jueces; asimismo, consideraciones generales relativas al proceso penal. Precisiones que rescato en un apartado más, pero en relación con el código penal de 1929 y de procedimientos del mismo año, con el objeto de comprender el esquema de transición que representó la legislación y sus condiciones de aplicabilidad durante el periodo de vacatio legis.

Dictados de la ley y función jurisdiccional.
Legislación penal decimonónica

La vacatio legis como objeto de estudio delimitado a una temporalidad breve se inscribe en un proceso jurídico amplio denominado codificación que, particularmente en el caso del Distrito Federal (Ciudad de México), ha transitado por distintos momentos u “oleadas” que la historiografía ha identificado con la expedición de los ordenamientos penales de 1871-1880, 1929 y 1931.11 La legislación promulgada en cada uno de estos momentos, por tanto, revela fundamentos doctrinarios distintos y, a partir de ello, una diversa concepción del delito, de quiénes eran considerados sujetos criminales y de cómo la autoridad judicial debía penalizar o sancionar determinadas conductas.

Así pues, en sentido amplio, el código penal de 1871 ha sido considerado por la literatura jurídica e historiográfica el texto culmen del largo proceso codificador de la centuria decimonónica. Redactado bajo los principios doctrinarios de la escuela clásica o liberal de derecho, concibió el fenómeno criminal en términos abstractos. Por esta razón, el fundamento de la responsabilidad penal fue vinculado indiscutiblemente a una condición moral (referida a la voluntad del individuo, al libre albedrío) y a principios correccionales.12 Este pensamiento sugería que una pena sólo podía imponerse a sujetos moralmente responsables, es decir, aquéllos en los que había voluntad consciente de la trasgresión cometida; exceptuando de toda sanción penal a aquellos individuos que se encontraran bajo supuestos o circunstancias consideradas excluyentes de responsabilidad, tales como el estado de enajenación mental, la defensa del honor, la embriaguez completa,13 ser menor de nueve años, entre otras (artículo 34).

Con base en esta forma de entender la responsabilidad penal y el delito en general, el homicidio fue definido por los redactores como el acto de privar de la vida a otro, sin importar el medio empleado (artículo 540), correspondiéndole una pena media de doce años de prisión (artículo 552).14 Media, porque el juez tenía la posibilidad de reducir o aumentar la pena de acuerdo con circunstancias atenuantes o agravantes. No obstante, si el delito se cometía con calificativas (premeditación, alevosía, ventaja y traición), le era aplicable la pena capital.15

La facultad reservada al juzgador para gradar la pena significó un sentido restringido del arbitrio judicial. Tendencia general del periodo codificador que insistió en que los jueces debían ser “exclusivamente mudos ejecutores de las leyes, aplicándolas sin interpretarlas”.16 De este modo, el juez, en la imposición de las medidas correccionales, únicamente tenía facultad para aplicar la pena señalada en la ley bajo los principios de legalidad e igualdad jurídicas: “Las penas impuestas por la ley no podrán aumentarse, disminuirse ni computarse por los jueces, sino en los casos y dentro de los límites expresados por la ley”,17 principio que se asentó con ligeras variaciones en el artículo 181 del código penal con el objeto de restringir el ya señalado arbitrio. Los aludidos límites eran los que concernían, por un lado, a la penalidad del delito en sí mismo y, por el otro, al catálogo de atenuantes y agravantes, dividido en cuatro clases o grados según un valor progresivo (artículos 39 a 47). Así, por ejemplo, se observa la enunciación de las buenas costumbres (artículo 39, fracción i) e ignorancia y rudeza del delincuente (artículo 42, fracción vii) como atenuantes de primera y cuarta clase, o el empleo de astucia o disfraz como agravante de primera clase (artículo 44, fracción iii). Clasificación que dio continuidad el código de 1929, signando los mismos valores.

Es de suma importancia destacar que este sistema de proyección matemática en la imposición de las penas fue liminar a la función de los jueces en la impartición de justicia en el contexto de la codificación y positivización del derecho. El desarrollo de las ideas liberales que desde el siglo xviii pugnaron por la consolidación de una legislación positiva, decretada por el Estado y administrada por él mismo, derivó en la concepción de un Estado que legitimó y normó distintos espacios sociales con base en la ley (principalmente con ordenamientos de corte civil, penal, mercantil y procesal). De manera amplia, Tomás y Valiente ha señalado que la seguridad jurídica se tuvo entonces como “aquella pretensión que consistía en saber a qué atenerse respecto al derecho: claridad, publicidad, inalterabilidad del mismo, ausencia de arbitrariedad, sencillez en el ordenamiento, etc.”.18 Ello situó en el centro del debate la función del juez y sus alcances, que más bien debían ser limitados.

En México, con el desarrollo del proceso codificador, el arbitrio judicial también buscó limitarse o restringirse por mandato de ley. Elisa Speckman ha referido que, con el código de 1871, “los legisladores se esforzaron por contemplar todos los pormenores del proceso […], por tanto, los jueces se vieron reducidos a la figura de simples administradores de sanciones previamente contempladas”.19 Esta restricción operó de manera encauzada siguiendo las pautas señaladas por el legislador. Sin embargo, debe señalarse que la configuración del sistema penal no termina en el espacio de la ley, sino que se amplía en la impartición y administración de justicia, donde intervienen un gran número de factores (jurídicos, socioculturales, económicos) que es necesario considerar al momento de ponderar un análisis sobre la eficacia y eficiencia de dicho sistema.

Quizá una buena muestra de ello, en el contexto de la legislación decimonónica, sea la propia función del jurado popular en el proceso penal. Aduje en líneas anteriores que, en el orden jurídico de la Ciudad de México, el código penal de 1871 y el código de procedimientos de 1894 normaron de manera conjunta o sincrónica hasta la vacatio legis de 1929, el primero regulando conductas y penas, el segundo fijando las reglas del proceso penal. En este sentido, las fases procedimentales de instrucción (todas las diligencias para la comprobación de los delitos: inicio del procedimiento, pruebas, careos) y del juicio (procedimiento ante los jueces y el jurado: audiencia de derecho y sentencia), refieren la serie de formalidades jurídicas en las que se dividió el proceso penal en su conjunto (libro segundo y tercero del código de procedimientos).

De la segunda fase del proceso cabe resaltar el papel del jurado para resolver delitos del orden común en audiencia, última etapa del procedimiento que tuvo como propósito que un grupo de ciudadanos sin formación jurídica (legos)20 valorara las pruebas presentadas en un juicio y declarara la inocencia o culpabilidad del procesado según el delito del que se le acusaba. De esta forma, el jurado se constituía como juez de hecho. La función de los jueces de derecho (aquéllos con formación jurídica formal) era la de acatar el veredicto y, en consecuencia, pronunciar la pena que señalara la ley para el caso.

Desde esta perspectiva, de los jueces de derecho se esperó —por lo menos en términos formales— que en cada juicio elaboraran un resumen imparcial de lo alegado y probado por las partes a fin de que el jurado escuchara la enunciación de hechos y pruebas “por una voz desapasionada”, para asegurar que el veredicto final fuera “expresión de un juicio honrado y discreto”,21 y con ello “sustituir ventajosamente la arbitrariedad” de los jueces.22 Veredicto constituido en un breve cuestionario donde los miembros del jurado votaban, insisto, únicamente la inocencia o culpabilidad del procesado.23 En suma, durante la segunda mitad de la centuria decimonónica y primeras décadas del siglo xx, orgánicamente se configuró un modelo de impartición de justicia en el que convivieron jueces de hecho y jueces de derecho. Esquema que a lo largo de su trayectoria tuvo infinitas voces a favor y en contra.24

La comisión redactora de la legislación penal de 1929, en atención de aquellos argumentos mayormente negativos sobre la historia de sus veredictos, votó por su supresión con el objeto de orientar por una vereda enteramente escrita y dirigida por abogados, la impartición de justicia. Así, la oralidad procesal cerró en definitiva uno de sus capítulos más importantes bajo la consigna de “cesar el escándalo de los asesinos y asesinas absueltas a diario”.25 Esta decisión de la comisión redactora representó una de las modificaciones más relevantes de la legislación penal de 1929; no obstante, no zanjaría la discusión sobre la pertinencia o inviabilidad de su reinstalación en los años siguientes.26 Mismo camino siguió el tema de la pena capital. Ambos casos, reflejo de distancias jurídicas de gran relieve y cuyo entendimiento no estaría cabalmente sustentado sin las particularidades doctrinarias en las que se fundamentó la legislación de 1929, materia del siguiente apartado.

Dictados de la ley y función jurisdiccional.
Legislación penal de 1929

Antes de referir aspectos específicos de la legislación de 1929, cabe precisar que el debate doctrinal suscitado en los últimos lustros del siglo xix y primeros del siguiente reprodujo alrededor del orbe los planteamientos contrapuestos entre la escuela clásica, o liberal, del derecho y la escuela positivista. Las reflexiones y posturas que cuestionaron los fundamentos teóricos de la escuela clásica encumbraron una serie de razonamientos que llevaron la concepción criminal del ámbito objetivo al subjetivo, es decir, del delito al delincuente, del hecho ilícito al sujeto del mismo. En síntesis, se aventuró un cambio sustancial en el derecho penal.

Al amparo de este contexto doctrinario, la comisión redactora del código penal de 1929 buscó apartarse de los razonamientos de la escuela clásica, aduciendo que “no valía la pena emprender una labor costosa […] si el resultado no iba a ser otro que el de bordar reformas superficiales sobre una obra condenada por la experiencia”.27 Por ello, las reformas a la legislación penal en la segunda década del siglo xx buscaron responder a problemáticas generales y específicas respecto de la criminalidad e impartición de justicia; por ejemplo, en cuanto a los límites y fines de las sanciones, el estado peligroso de los individuos y el papel del juez y de su arbitrio. Aspectos que en su momento fueron objeto de críticas ambivalentes e incluso descalificaciones personales para quienes habían participado en la redacción del código anticipando, eventualmente, su efímera vigencia (1929-1931). Todo ello sugiere un panorama complejo y de contrastes en la recepción y aprehensión de la cultura codificadora en una jurisdicción particular.

De tal manera, la segunda oleada codificadora concretada en 1929 revela un intento acabado por superar aquella “vieja” doctrina clásica del libre albedrío. La escuela positivista, por esta razón, se tuvo como la base teórica para redactar una nueva legislación penal que consideró el delito ya no como un “producto natural” de la voluntad individual, sino como consecuencia de factores físicos, antropológicos y sociales. Es decir, dogmáticamente se concibió al delito y su castigo con base en principios de responsabilidad social y no moral; supliendo el término pena por el de sanción, bajo la idea de que no sólo era necesario el conocimiento de las figuras delictivas, sino también de la personalidad de los criminales.28 No obstante estas consideraciones, en la exposición de motivos del código penal, José Almaraz expresó que la comisión redactora “tuvo que contentarse con servir el vino nuevo en odres viejos”.29

Por tanto, si bien los trabajos de la comisión redactora del Código de 1929 debatieron los principios doctrinarios de la legislación decimonónica, una lectura precisa permite observar elementos de continuidad jurídica. De ello se sigue que la pretendida distancia expresada por Almaraz (quien presidió los trabajos de la comisión) no fue de absoluta ruptura, sino más bien de alcance parcial. Esta idea se sostiene al contraponer analíticamente las expresiones formales del contenido de ambos códigos penales. Por ejemplo, es posible observar distancias respecto a la definición de delito y de las sanciones, y elementos de continuidad en relación con la definición particular del homicidio y de la forma en que los jueces debieron calcular las sanciones con base en reglas atenuantes y agravantes.

En atención a lo antes referido, la legislación de 1929 modeló un sistema penal cuyo eje vertebrador (y noción novedosa) fue la concepción misma del delito, definido como “la lesión de un derecho protegido legalmente por una sanción penal” (artículo 11); suprimiendo la voluntariedad del acto prevista por la legislación anterior en tanto condición necesaria de responsabilidad criminal. Sin embargo, aun con esta subjetividad jurídica, la comisión reservó para el homicidio idéntica definición que la establecida en el código de 1871, con la salvedad de que las nuevas sanciones oscilaron entre un mínimo y máximo de ocho a trece años de segregación para el homicidio simple (artículos 963 y 974) y de 20 años de relegación para el caso del homicidio calificado (artículo 991), aboliendo así la pena capital como castigo. En palabras de García Ramírez, ello representó un “mérito indisputable”, una de las grandes virtudes del código penal de 1929.30

Respecto a las circunstancias excluyentes de responsabilidad penal, el código de 1929 incluyó, entre otras, la indigencia, la de encontrarse en estado de automatismo cerebral (por el consumo de sustancias enervantes) o en estado psíquico anormal y de orden patológico (artículo 45). Condiciones que representaron modificaciones respecto de la legislación anterior, que incluyó en la misma categoría a los menores de edad y a los ebrios completos. La defensa del honor fue un aspecto de continuidad jurídica para excusar la responsabilidad penal.

El catálogo de atenuantes y agravantes, de igual forma que en el código de 1871, se dividió en cuatro clases (artículos 56 a 63), conservando el mismo sistema de cómputo por unidades de valor, pero con la novedad de que dicha clasificación operó para determinar el estado peligroso del delincuente, es decir, el mayor o menor grado de riesgo o daño que un individuo representaba para la sociedad. Noción que, de acuerdo con Jiménez de Asúa, concernía por igual para los sujetos que ya hubieran cometido un crimen como para aquellos que aún no lo hubieran hecho; ello explica por qué los enajenados, los niños y adolescentes, los dementes y los bebedores no fueron eximidos de responsabilidad penal.31 Para Carrancá y Trujillo, dichas condiciones para gradar la sanción y determinar el estado peligroso del delincuente no significaron en absoluto una ruptura doctrinaria respecto del código penal de 1871, puesto que se conservó el mismo criterio objetivo del delito, donde “los estados peligrosos no pasaron de ser más que una denominación nueva aplicada a cosas viejas y de regusto exclusivamente clásico”.32 Afirmación que, en última instancia, aludía al papel del juez y de su arbitrio en el contexto de la nueva legislación penal.

En este sentido, y en atención a la función del juez, argüimos en líneas anteriores que tanto la legislación de 1871 como la de 1929 incluyeron en su articulado condiciones pormenorizadas que los jueces debían observar al momento de sentenciar. Dichas condiciones eran las relativas a disminuir o aumentar la pena o sanción al amparo de cuatro categorías (atenuantes y agravantes) que referían las circunstancias del hecho criminal y del sujeto. Sin embargo, a diferencia de las limitaciones jurídicas al arbitrio de los jueces en la legislación decimonónica, el código de 1929 consideró que las sanciones debían medirse de acuerdo con la personalidad del actor (como individuo que lesiona un derecho), el estado peligroso de éste y sus posibilidades de enmienda, así como a un amplio arbitrio judicial.33 Siguiendo este razonamiento, el juez, en la formulación de su fallo, tuvo consecuentemente la posibilidad de arrogarse a lo mandatado por el artículo 55:

Cuando haya en el delito alguna circunstancia atenuante o agravante no expresada en este Código, el juez o tribunal la tomará en consideración, dándole el valor que estimare justo dentro de las cuatro clases señaladas, teniendo en cuenta la gravedad y modalidad del hecho delictuoso, los motivos determinantes y la categoría del delincuente.34

Con ello, la constricción matemática heredada de la legislación anterior fue un tanto más permisiva según lo establecido en el nuevo código, que concedió al juez la posibilidad de valorar distintas circunstancias del procesado para sentenciar.

Respecto a la forma en que debió desarrollarse el proceso penal con base en una nueva legislación adjetiva, caben asimismo algunas precisiones. De acuerdo con lo prescrito por el artículo 26 del código de procedimientos de 1929, el sistema de justicia penal en la Ciudad de México debía funcionar de manera colegiada a través de tres cortes penales (cada una integrada por tres jueces, donde uno de ellos fungía como ponente).35 Así, las cortes tendrían facultad para conocer de todos aquellos procesos por delitos cuya sanción excediera de tres años o de treinta días de utilidad (entre ellos el de homicidio).

Los términos del procedimiento ante dichos órganos se sujetaron a las disposiciones de los artículos 440 a 447: inicio del proceso, auto de formal prisión, instrucción, audiencia y sentencia. Esquema procedimental que implicó un cambio importante en la impartición de justicia con la desaparición del jurado popular y de su intervención para dictar sentencia absolutoria o condenatoria de los procesados, según su veredicto. Consideración relevante puesto que, en general, la función de los jueces hasta esa última fase procedimental no tuvo grandes sobresaltos bajo el esquema de organización de las cortes penales. Veamos la práctica.

Procesos judiciales durante la vacatio legis

“Creyó que la había matado y la sepultó”, fue el título que el periódico Excélsior dedicó al crimen que había cometido Jesús García Cruz contra su cónyuge. De acuerdo con la crónica, ambos habían discutido y, “en un arrebato de ira”, García Cruz había golpeado fuertemente a su esposa; asustado por creer que le había dado muerte, cavó una fosa y la enterró “aprovechándose de las sombras de la noche”.

Días después de estos hechos, entre los vecinos comenzó a ser notoria la ausencia de María Cruz, esposa de Jesús García. Alguno de ellos, no conforme con la explicación que aseguraba que ella había abandonado a su marido, decidió comunicar sus sospechas de un posible crimen a las autoridades de la delegación Guadalupe Hidalgo (perteneciente al partido judicial de la Ciudad de México).36 Con la aprehensión de Jesús García, la historia adquirió tintes “espeluznantes”, según refirió la prensa, pues, derivado de los exámenes periciales, se dictaminó que María Cruz no había muerto por los golpes de su marido, sino de asfixia por haber sido enterrada viva.37

El proceso contra García Cruz comenzó formalmente el 24 de octubre de 1929, cuando el juez Carlos Chico admitió la acusación por homicidio. De acuerdo con los argumentos del Ministerio Público, el procesado era responsable de haber cometido un homicidio simple, delito que, en sus palabras, era frecuente en el Distrito Federal. Desde el ámbito de la defensa, el abogado alegó la procedencia de algunas atenuantes, como la confesión del propio inculpado, su ignorancia y rudeza, y la embriaguez incompleta bajo la que se encontraba cuando cometió el crimen. El propósito del abogado defensor no era, por tanto, demostrar la inculpabilidad del procesado, sino la de apelar a una pena más benigna que la de doce años, que era la que correspondía a tal delito.

Es preciso señalar que entre esta fase de instrucción del proceso y la del juicio comenzó la vigencia de la legislación de 1929. En razón de ello, consta en el expediente que el procesado optó por ser juzgado de acuerdo con el código penal de 1871.38 Formalidad procedimental debidamente atendida en el contexto de la vacatio legis (artículo segundo transitorio del código penal de 1929). En la sentencia, dictada el 23 de enero de 1930 por la tercera corte penal, bajo la ponencia del juez Ernesto G. Garza, se condenó al procesado a nueve años de reclusión. Decisión jurisdiccional que precisó, además, los alcances prácticos derivados de los cambios normativos: “El jurado popular no pudo conocer del caso por haber entrado en vigor una nueva legislación penal”.39 Efectivamente, el código de procedimientos de 1929 fue citado por los jueces como único fundamento para valorar las pruebas y vincular la responsabilidad del procesado según lo señalado por el código penal de 1871 en cuanto al delito y su castigo.

Ello muestra con claridad el sentido diacrónico de validez al que se sujetó la aplicabilidad de la ley penal. Toda vez que, durante el periodo de vacatio legis, formalmente se articuló un modelo de impartición de justicia con base en legislaciones creadas en distintos momentos pero que por mandato coexistieron en el orden jurídico para dar orden procedimental. Coexistencia que, en este caso en particular, no implicó, en apariencia, dificultades o contratiempos que merecieran alegatos de mayor relevancia que la mención expresa de por qué el jurado popular no había intervenido en el proceso aun cuando constó la formalidad para su integración por orden del juez. Condición que sugiere una suplencia en la forma con invariables alcances de fondo.

Segundo caso. La tarde del 26 de noviembre de 1929, Epigmenio Gutiérrez sorprendió a su esposa en brazos de su amante. Después de una aparente riña con ambos, le dijo a la portera: “Le pegué a mi mujer porque la encontré con otro”.40 Esa concluyente frase fue la única que registró el juez Ramiro Estrada el 27 de noviembre de aquel año para establecer la probable responsabilidad de Gutiérrez en el crimen de dos personas, pues éste desapareció y no fue aprehendido sino en abril de 1931. Una vez capturado, relató que el día del incidente se dirigió a su hogar más temprano de lo habitual. Al llegar, según su propia declaración, tuvo tal impulso de indignación al encontrar a su esposa “cometiendo adulterio”, que dirigió una serie de golpes con una pala a su cónyuge, y en la riña mató al amante de ésta. Después del doble crimen, huyó a Oaxaca, donde permaneció hasta volver a la Ciudad de México, donde lo arrestaron. Este proceso, al que dio continuidad el juez José M. de la Hoz Chabert, fue retomado el 23 de abril de 1931, cuando la legislación de 1929 tenía plena vigencia.

De las constancias procesales se sigue que el Ministerio Público, con base en la propia declaración del inculpado, argumentó la responsabilidad criminal de Gutiérrez por haber cometido homicidio simple contra su esposa y homicidio en riña contra el supuesto amante. La petición ministerial fundamentó dichas conclusiones en el código penal de 1871. En sentido inverso, el abogado defensor adujo la inocencia del procesado según lo previsto en el artículo 979 del código penal de 1929: “No se impondrá sanción alguna al que, sorprendiendo a su cónyuge en el momento de cometer adulterio, o en acto próximo a su consumación, mate a cualquiera de los adúlteros o a ambos”.41

De la lectura de la sentencia (emitida el 18 de julio de 1931), se sabe que el inculpado solicitó ser juzgado con base en la legislación vigente en ese momento, es decir, el código penal de 1929 que, como puede observarse, era el más favorable para su causa. En este sentido, es probable que dicha solicitud haya sido realizada de manera verbal, puesto que en el expediente no consta ningún medio escrito que indique los términos de tal manifestación presumiblemente realizada: “Habiéndose acogido el acusado al código penal en vigor, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del mismo, procede analizar los hechos conforme a dicho ordenamiento”.42 Ahora bien, del razonamiento jurisdiccional se destaca lo siguiente.

Para los jueces que integraban la tercera corte penal no era procedente la aplicación del artículo 979 del código penal de 1929, como había argumentado la defensa, en virtud de que el matrimonio de Gutiérrez con Sofía Cruz únicamente se había realizado en términos eclesiásticos y no civiles. Por esta razón, la condición legal del matrimonio no quedaba demostrada bajo las condiciones que exigía la propia ley, según la reflexión de los jueces. Por ello, declararon en estado peligroso al procesado y le impusieron una sanción de nueve años de prisión por la acumulación de dos homicidios. ¿Qué beneficio procesal tuvo el inculpado con la legislación de 1929 en el orden de la vacatio legis? Se sugiere que uno de gran valor que lo hizo pensar en su libertad, y así evadir la pena de cuatro años que por el mismo delito establecía el código penal de 1871.

Cabe decir que este proceso fue el único de los aquí citados que se avino a las disposiciones penales del código de 1929; en consecuencia, la aplicabilidad procedimental estuvo enteramente relacionada con los términos sincrónicos de la nueva legislación penal, sin revelar la consignación de dificultades en la resolución del caso. Por el contrario, la decisión de los jueces en el sentido de penalizar un uxoricidio sugiere los márgenes de interpretación judicial y la reflexión de un tema que en aquellos años era objeto de importantes debates doctrinarios y legislativos.43

Tercer caso. El 16 de noviembre de 1929 cinco individuos irrumpieron en la oscuridad de la noche con el propósito de cometer un robo en una tienda de abarrotes. Guillermo Castro fue el encargado de observar “cómo estaba el asunto”, mientras que el resto del grupo se ocultaba entre las milpas de aquel llano poco urbanizado de la jurisdicción de Guadalupe Hidalgo.44 Situación que fue aprovechada por Castro para advertir del inminente robo al dueño de la tienda. Sin embargo, las consecuencias del aviso fueron fatales; en medio de la confusión y persecución entre policías y presuntos ladrones, el dueño de la tienda resultó muerto.

Aquella noche, el único detenido fue Guillermo Castro, que hasta entonces, según su propia declaración, pedía limosna en las calles bajo el pretexto de que su padre había muerto. En este sentido, adujo que su participación en el plan del robo había sido circunstancial, pues al estar en aquella situación fue persuadido por uno de los involucrados para unirse a tal objetivo, y que por ende no conocía a ninguno de los presuntos ladrones. De manera que cuando el juez Jesús Zavala dio inicio a las primeras diligencias del proceso por los delitos de homicidio y connato de robo, y sin encontrar mayores razones de responsabilidad penal contra Guillermo Castro, ordenó su libertad “por falta de méritos”.

Tuvieron que pasar varios días para que las autoridades lograran la captura de algunos de los cómplices del frustrado robo. Se trató de José Cázares López y José Rivas Ramírez; los dos, confesos de su participación en el día de los hechos, pero sólo el primero reconoció su responsabilidad por haber lesionado al tendero en una riña. Con el desarrollo de las primeras constancias del proceso, ambos inculpados se acusaron mutuamente de ser autores y promotores del asalto, y también de ordenar usar las armas en caso de que alguien “los alcanzara o se les atravesara”. Argumentos en los que el Ministerio Público sustentó la responsabilidad de ambos procesados por los delitos de homicidio simple y tentativa de robo, con las agravantes de haber cometido los delitos de noche, haber participado en grupo y con uso de armas y disfraz. Todo ello, fundamentado en el código penal de 1871.

Los argumentos de defensa del abogado de José Rivas apelaron a la inocencia del procesado en lo referente al delito de homicidio; así también, a una pena más benigna por el delito de robo, en virtud de las atenuantes de buenas costumbres que había podido demostrar el inculpado, según los mandatos del código penal de 1871. Por su parte, el abogado defensor de José Cázares aceptó la responsabilidad del procesado por ambos delitos, pero bajo el argumento de haber cometido el homicidio en un contexto de riña, esto sin citar en absoluto la legislación aplicable al caso.

La sentencia se dictó el 1o. de diciembre de 1930. De esta forma, los jueces que integraban la segunda corte penal asentaron que, una vez efectuadas las primeras diligencias procesales (declaraciones preparatorias y auto de formal prisión), “recibió el proceso el juez cuarto de la Segunda Corte Penal con motivo de la expedición de los nuevos códigos”.45 La continuidad de este proceso, por ende, debió seguir las disposiciones procedimentales de la legislación adjetiva de 1929 (artículo cuarto transitorio del código de procedimientos).

Sin embargo, destacando la importancia de la sentencia, se observa que el criterio judicial para resolver la responsabilidad de Cázares y Rivas se fundamentó en el código penal de 1871 —aun cuando no figuró en el expediente la petición de los procesados sobre la legislación aplicable a su proceso— e indistintamente en los códigos de procedimientos de 1894 y de 1929. Con ello, en la valoración de las pruebas, uno y otro código adjetivo fueron citados para fundamentar la decisión jurisdiccional en sentido condenatorio para ambos procesados por los delitos de homicidio y connato de robo; se les impuso una pena de trece años de prisión a cada uno.

Ello contravino, desde mi punto de vista, el derecho procesal de los inculpados para decidir bajo qué ley debía orientarse su juicio y, además, el mandato legal que dispuso que las causas y recursos pendientes de resolución en cualquier instancia debían sujetarse al código de procedimientos de 1929 desde el inicio de su vigencia (15 de diciembre de 1929). Considero que precisamente estos detalles sugieren puntos de luz para comprender el orden de aplicabilidad y los conflictos derivados de la coexistencia normativa en un periodo de vacatio legis. Algunos de ellos, más o menos evidentes según los casos concretos.

El último caso de análisis fue calificado por la prensa de “vulgar venganza”. Se trata del proceso contra una mujer de veinticuatro años, quien, al no encontrar justicia en los tribunales, decidió ejercerla por propia mano. De acuerdo con el relato periodístico, Emma Castro había sufrido un robo del que en su momento presentó denuncia ante las autoridades, sin conseguir mayor seguimiento a su caso por parte de éstas. Ante ello y con la firme convicción de que el responsable del robo era uno de sus vecinos —un bolero que, según su propio testimonio, permanentemente la perseguía y molestaba—, pensó en matarlo. Así, una tarde, con la decisión tomada, y pistola en mano, salió en busca del “pobre muchacho”, como lo adjetivó la nota. Al encontrarlo, solicitó que le limpiara sus zapatos y, al tenerlo hincado, le disparó.46 El juez Jesús Zavala inició proceso en su contra el 12 de diciembre de 1929.

La declaración ante las autoridades no distó del relato de la prensa. Efectivamente, después del robo sufrido, “la idea de venganza llegó a ser una obsesión” para ella.47 Argumento que sostuvo el Ministerio Público para acusar de homicidio calificado (con premeditación, alevosía y ventaja) a la procesada según las disposiciones del código penal de 1871. Misma legislación que fue considerada por la defensa para aducir la incompetencia de la corte y solicitar la resolución del caso en un juicio por jurado; asimismo, para alegar la inocencia de la procesada por haber actuado “violentada por una fuerza moral”, es decir, en defensa legítima. Constancia en el expediente que formalmente asentó la decisión de Emma Castro en el sentido de que se le juzgara siguiendo lo preceptuado por tal ordenamiento.48

En sentencia del 22 de mayo de 1930, la tercera corte penal que conoció del caso argumentó que, con fundamento en los artículos segundo y tercero transitorios del código de procedimientos de 1929, la legislación que reglamentó el juicio por jurado había sido derogada desde el 15 de diciembre de 1929; de manera que, según la legislación vigente, la corte sí tenía facultad para instruir el proceso. Cabe destacar que la petición del abogado defensor, en el sentido de una aplicabilidad procesal sincrónica entre el código penal de 1871 y el de procedimientos de 1894, fue un argumento singular no encontrado en los casos antes analizados (primero y tercer proceso). Ello sugiere, desde mi punto de vista, un aspecto de valor no sólo en lo relativo a la aludida coexistencia normativa derivada de la vacatio legis, sino del desempeño de la defensa, de la función de los abogados como conciliadores ante la justicia.

Respecto a la sanción impuesta, resalta la decisión judicial para sentenciar a Emma Castro a veinte años de prisión. De acuerdo con el artículo 561 del Código de 1871, la pena capital era el castigo por la comisión de un homicidio calificado; sin embargo, al ser una mujer la autora del delito, se admitía la conmutación de la pena por la prisión (artículos 237, 238 y 239). En este sentido, la decisión judicial ciertamente sugiere paralelismos respecto a los preceptos del código penal de 1929, que exactamente estableció la pena de veinte años de relegación sin la diferencia de género para quien cometiera homicidio calificado (artículo 991).

Consideraciones finales

Una primera conclusión general de este trabajo sugiere que los cambios en el sistema y orden jurídicos derivados de la vacatio legis de 1929 fueron especialmente relevantes en el ámbito de la práctica del derecho. La coexistencia de distintos ordenamientos penales en lo relativo a delitos y castigos constituyó el fondo del sistema de justicia penal; sin embargo, la codificación adjetiva transfiguró modelos judiciales distintos y configuró al mismo tiempo y de manera extendida la forma y fondo de dicho sistema. El análisis de los expedientes judiciales así lo sugiere. En tres de ellos, las particularidades de aplicabilidad en el contexto del cambio jurídico se relacionaron directamente con la legislación procedimental (competencia de las cortes, juicio por jurado, valoración de las pruebas).

En suma, las eventuales dificultades en la impartición de justicia durante la vacatio legis derivaron en mayor medida del seguimiento que se hizo de los procesos con base en el código de procedimientos de 1929, es decir, de la validez diacrónica de la legislación penal. Ello nos lleva a una precisión más particular, relativa a la posibilidad que tuvieron los acusados para determinar la legislación aplicable a su caso. En un principio me pregunté si dicha posibilidad representó o no un beneficio procesal; de acuerdo con el análisis puntual de cada uno de los expedientes, la respuesta admite matices.

La determinación de las penas o sanciones por parte de los jueces dentro de los límites de la ley no representó diferencias sustanciales entre el código penal de 1871 y el de 1929, como sí lo fueron la significación propia del delito y de su sanciones. En este sentido, sólo uno de los cuatro casos analizados solicitó la aplicación del código de 1929, sin lograr el resultado esperado (absolución). En los otros tres procesos, se dio continuidad a la legislación decimonónica, pero limitada procedimentalmente, lo que derivó en alegaciones de defensa y argumentaciones jurisdiccionales de gran relieve para comprender que el beneficio procesal del artículo segundo transitorio del código penal de 1929 no pudo ser tal sin la sincronía jurídica del código penal de 1871 y el código de procedimientos de 1894.

Finalmente, la evidencia documental sugiere que la sujeción de los procesados al código penal de 1871 permitió la continuidad de una serie de nociones y conocimientos con los que abogados, jueces y agentes ministeriales estaban mayormente familiarizados. El único caso que no se ajustó a los términos de la legislación decimonónica se reinició formalmente en abril de 1931, cuando el código de 1929 estaba vigente y un nuevo orden jurídico se afianzaba. La figura de los abogados defensores sobre este particular fue sumamente decisiva. No obstante, habrá que seguir reflexionando.

Referencias

Archivos

Archivo General de la Nación, Fondo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, agn, tsjdf.

Periódicos y revistas

Criminalia, 1936-1937.

Excélsior, 1929-1930.

La Justicia. Revista quincenal jurídico, mercantil, industrial, 1932.

Los Tribunales. Revista de estudios de derecho y cuestiones jurídicas, 1929-1931.

Códigos y leyes

Código de organización, de competencia y de procedimientos en materia penal, 7 de octubre de 1929.

Código de procedimientos penales para el Distrito y Territorios Federales, julio de 1894.

Código Penal para el Distrito Federal y territorio de la Baja California, sobre delitos del fuero común, y para toda la República Mexicana, sobre delitos contra la federación, 7 de diciembre de 1871.

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, 5 de octubre de 1929.

Ley orgánica de los Tribunales del fuero común en el Distrito y Territorios Federales, 31 de diciembre de 1928.

Obras consultadas

Almaraz, José, Exposición de motivos del Código Penal promulgado el 15 de diciembre de 1929, México, s/e, 1931.

Altavilla, Enrico, “Las nuevas finalidades de la escuela positiva”, Criminalia, año iii, núms. 1-12, septiembre de 1936-agosto de 1937, pp. 265-273.

Carranca y Trujillo, Raúl, Derecho penal mexicano. Parte general, tomo i, México, Antigua Librería Robredo, 1955.

Colín Martínez, Jessica y Mario Téllez González, “Leyes, jueces y coyotes. Una aproximación a la práctica judicial, 1929-1931”, Revista de Investigaciones jurídicas, núm. 41, 2017, pp. 101-118.

Diccionario jurídico mexicano, tomo v, México, unam, 1984.

Fernández, Gonzalo, El derecho penal intertemporal. Sobre la eficacia temporal de la ley penal, Montevideo, B de F, 2015.

Feuerbach, Anselm V., Tratado de derecho penal común vigente en Alemania, trad. Eugenio Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier, pres. Eugenio Raúl Zaffaroni, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1989.

García Máynez, Eduardo, “El problema filosófico-jurídico de la validez del derecho”, Revista General de Derecho y Jurisprudencia, núm. 4, 1933, pp. 485-555.

García Ramírez, Sergio, “El sistema penitenciario. Siglos xix y xx”, Boletín mexicano de derecho comparado, año xxxii, núm. 95, mayo-agosto de 1999, pp. 357-395.

García Ramírez, Sergio, “Una reflexión jurídica sobre la muerte”, Boletín mexicano de derecho comparado, año xxxvii, núm. 111, septiembre-diciembre de 2004, pp. 861-918.

Huerta Ochoa, Carla, “Artículos transitorios y derogación”, Boletín mexicano de derecho comparado, año xxxiv, núm. 102, septiembre-diciembre de 2001, pp. 811-840.

Jiménez de Asúa, Luis, “El estado peligroso del delincuente y sus consecuencias ante el derecho penal moderno”, en Publicaciones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, Editorial Reus, 1920, pp. 1-34.

Lozano, José María, Derecho penal comparado o el Código Penal del Distrito Federal y territorio de la Baja California, concordado y comentado, México, Imprenta del Comercio de Nabor Chávez, 1874.

Olivé, Isaac, “La nueva ley orgánica y de procedimientos penales”, Los Tribunales. Revista de estudios de derecho y cuestiones jurídicas, vol. vii, núm. 1, septiembre de 1929, pp. 36-42.

Peco, José, El uxoricidio por adulterio. Estudio de una modalidad del artículo 82 del Código Penal, pról. Luis Jiménez de Asúa, Buenos Aires, Librería Jurídica de Valerio Abeledo, 1929.

Piccato, Pablo, “El significado político del homicidio en México en el siglo xx”, Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas, vol. 15, núm. 43, mayo-agosto de 2008, pp. 57-80.

Robles Ortigosa, Antonio, Código Penal para el Distrito y Territorios Federales concordado con el Código Penal al que sustituye de 7 de diciembre de 1871, México, Talleres Linotipográficos La Providencia, 1929.

Rodríguez, Ricardo, El procedimiento penal en México, México, tsjdf, 2003.

Ruiz Rodríguez, Virgilio, Teoría de la ley penal, México, Porrúa, 2011.

Sánchez-Arcilla Bernal, José y Emma Montanos Ferrín, Estudios de historia del derecho criminal, Madrid, Jacaryan, 1990.

Sánchez Gavito, Indalecio, Actas de la comisión del Código Penal, México, s.p.i.

Speckman Guerra, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México / unam, 2007.

Speckman Guerra, Elisa, Del Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos xix y xx), México, inacipe / unam, 2014.

Tomás y Valiente, Francisco, Manual de historia del derecho español, Madrid, Tecnos, 2015.

1 ciesas Peninsular.

2 El Diccionario jurídico mexicano señala que tradicionalmente dicho proceso responde a la idea de publicidad para que, dentro de ese término, “quienes deben cumplir la ley puedan enterarse de su contenido y obedecerla consecuentemente” (tomo v, p. 115).

3 García Máynez, “El problema filosófico-jurídico…”, pp. 485-555.

4 Huerta, “Artículos transitorios…”, pp. 817-819.

5 Robles, Código penal…, p. 495. El subrayado es propio.

6 Véase, por ejemplo, la circular del procurador general de Justicia del Distrito Federal, que ordenaba lo conducente para que los delitos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1929 no quedaran impunes precisamente por la “mala redacción” del artículo (Los Tribunales…, vol. vii, núm. 10, agosto de 1930, pp. 429-431). En este mismo sentido puede leerse el criterio del pleno de la Suprema Corte de Justicia (scjn) sobre la “recta interpretación” del artículo. Es de resaltar que este criterio jurisprudencial fue emitido el 2 febrero de 1931, catorce meses después de que el código penal iniciara su vigencia (Los Tribunales…, vol. viii, núm. 4, febrero de 1931, pp. 115-124).

7 Fernández, El derecho penal…, pp. 13-14.

8 Véase la presentación de Eugenio Zaffaroni en Feuerbach, Tratado de derecho penal…, pp. 7-11.

9 García Ramírez, “Una reflexión jurídica…”, p. 872; Piccato, “El significado político…”, p. 61; Sánchez-Arcilla y Montanos, Estudios de historia…, pp. 9-12.

10 García Ramírez, “Una reflexión…”, p. 913.

11 Speckman, Del Tigre de Santa Julia…, pp. xi-xii.

12 Sánchez, Actas de la comisión…, sesión del 18 de noviembre de 1868, s/p; Lozano, Derecho penal…, p. 7; Ruiz, Teoría de la ley…, pp. 20-23.

13 En las Actas se observa la importante y extendida discusión en torno al tema. Bajo la premisa de que una embriaguez completa “que priva enteramente del uso de la razón debe librar toda pena”, la embriaguez incompleta figuró como una condición atenuante porque “produce arrebato” (Sánchez, Actas de la comisión…, sesiones del 26 y 28 de octubre de 1868, s/p).

14 Al homicidio simple cometido en riña por el agresor le correspondió una pena de diez años de prisión, mientras que cuando el procesado hubiera sido el agredido una pena de seis años (artículo 553). Por otro lado, el artículo 554 fijó la pena de cuatro años de prisión a quien sorprendiera a su cónyuge en el momento de cometer adulterio, o en acto próximo a su consumación, y matara a cualquiera de los adúlteros.

15 El parricidio, homicidio cometido en razón de parentesco, fue considerado como calificado aun cuando no concurrieran las calificativas de premeditación, alevosía, ventaja o traición, correspondiéndole también la pena de muerte (artículos 992 y 993). Como condición de benignidad penal, la legislación estableció que la pena capital no debía aplicarse a mujeres y tampoco a varones mayores de setenta años (artículo 144).

16 Tomás, Manual de historia…, p. 521.

17 Sánchez, Actas de la comisión…, sesión del 12 de octubre de 1868, s/p.

18 Tomás, Manual de historia…, p. 424.

19 Speckman, Crimen y castigo…, p. 49.

20 Los artículos 14 y 15 del Código de Procedimientos de 1894 establecieron que la integración del jurado correspondía a nueve individuos que cumplieran las condiciones que exigía el propio código: ser mayor de veintiún años, saber leer y escribir, no ser ciego, sordo o mudo, tener un modo honesto de vivir, entre otras.

21 Rodríguez, El procedimiento penal…, p. 218.

22 Lozano, Derecho penal…, p. 8.

23 Hacia 1929, último año en que operó el jurado popular en la Ciudad de México, el cuestionario se dividía en preguntas constitutivas, excluyentes y complementarias. No más de diez en su conjunto. Las respuestas debían expresarse en monosílabos (sí o no) incluyendo el número de votantes en cada uno de los sentidos.

24 Para mayor referencia de los argumentos y debates en torno al jurado popular desde su instauración en 1869 y hasta su supresión en 1929 (para los delitos del orden común), remito a Speckman, Del Tigre de Santa Julia…, pp. 93-128.

25 Antonio Ramos Pedrueza, “La agonía del Jurado Popular”, Excélsior, 7 de diciembre de 1929, 1a. secc., página editorial.

26 En opinión del juez Isaac Olivé, “si la comisión se hubiera dado cuenta exacta de que el jurado no es el malo, sino su reglamentación, no lo habría suprimido”. Véase “La nueva ley orgánica y de procedimientos penales”, Los Tribunales..., vol. vii, núm 1, noviembre de 1929, p. 38.

27 Almaraz, Exposición de motivos…, p. 12.

28 Altavilla, “Las nuevas finalidades…”, p. 267.

29 Almaraz, Exposición de motivos…, p. 24.

30 García Ramírez, “El sistema penitenciario…”, pp. 379-380.

31 Jiménez, “El estado peligroso…”, pp. 20-25.

32 Carrancá, Derecho penal…, p. 89.

33 Almaraz, Exposición de motivos…, pp. 18-25.

34 Robles, Código penal…, p. 38.

35 Colín y Téllez, “Leyes, jueces…”, pp. 103-109.

36 De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica de los Tribunales del fuero común en el Distrito y Territorios Federales del 31 de diciembre de 1928, el Distrito Federal se dividió en seis partidos judiciales: México o Ciudad de México, Tacuba, Tacubaya, San Ángel, Coyoacán y Xochimilco.

37 Anónimo, “Proceso de un hombre que enterró viva a su mujer. Creyó que la había matado y la sepultó”, Excélsior, 7 de enero de 1930, 2a. secc., p. 1.

38 agn, tsjdf, Archivo Histórico 3, caja 96, exp. 14308, f. 29.

39 Ibid., f. 35v.

40 agn, tsjdf, Archivo Histórico 3, caja 96, exp. 14333, f. 1.

41 Robles, Código penal…, p. 387.

42 agn, tsjdf, Archivo Histórico 3, caja 96, exp. 14333, ff. 50v-51.

43 Remito a Peco, El uxoricidio…. Reflexión cuyo trazo para Hispanoamérica revela un importante panorama de derecho comparado sobre el tema.

44 agn, tsjdf, Archivo Histórico 3, caja 89, exp. 13338, f. 3.

45 Ibid., f. 71.

46 Anónimo, “Vengando un robo una mujer mata a un bolero. A sangre fría le disparó en pleno corazón”, Excélsior, 12 de diciembre de 1929, 2a. secc., p. 1.

47 agn, tsjdf, Archivo Histórico 3, caja 96, exp. 14301, f. 7v.

48 Ibid., f. 19.

MODELOS PENITENCIARIOS E INSTITUCIONES DE ENCIERRO

La penitenciaría de San Luis Potosí.
Un análisis de su origen,
construcción y propósitos (1882-1910)

Rudy Argenis Leija Parra1

En los últimos años, dentro del ámbito histórico nacional y local, han tomado relevancia los estudios sobre el delito, los criminales y las instituciones de castigo; concretamente, los presidios, las cárceles y las penitenciarías. En el análisis de las últimas han convergido distintas disciplinas, como la historia, el derecho, la antropología, la sociología o la criminología. En conjunto, se han ocupado del origen, devenir, modelo, estructura administrativa, normas y reglas, funcionamiento y operación, vida cotidiana y visiones de las cárceles.

Este ensayo pretende insertarse en ese conjunto de trabajos. Concretamente, busco analizar las ideas, el origen y el proceso de construcción de la penitenciaría de San Luis Potosí, entendiendo como penitenciaría a la institución penal surgida a finales del siglo xviii en Europa y que tiene como características principales la reclusión, la búsqueda de la enmienda del criminal por medio del trabajo en talleres, la educación y su separación por condición judicial, edad y sexo. En consecuencia, por sistema penitenciario entiendo el conjunto de elementos congruentes y articulados entre sí (edificio, reglamento, cuerpo administrativo y de vigilancia profesionales, además de un modelo penitenciario) que permiten el correcto funcionamiento de la institución penitenciaria y promueven la rehabilitación integral del recluso.

El estudio se inicia en 1882, fecha en que se presentan las primeras propuestas para transitar del sistema carcelario al régimen penitenciario; finaliza en 1910, con el estallido del movimiento revolucionario, el cual marcó el fin de una etapa y el inicio de otra en el devenir de la prisión.

En el contexto nacional e internacional, múltiples y variadas son las investigaciones que se han enfocado en la génesis, desarrollo, operación y consolidación de establecimientos de reclusión; sin embargo, la historiografía potosina ofrece pocos trabajos abocados al análisis de los aparatos punitivos, por lo que este ensayo pretende abonar al tema. 2 Al hacerlo, busco responder las siguientes preguntas: ¿Qué imaginarios sociales, políticos e ideológicos motivaron la creación de las penitenciarías de Jalisco, Puebla, Ciudad México y San Luis Potosí? ¿Cuáles fueron las condiciones sociales, políticas y económicas que permitieron la construcción de estas penitenciarías? ¿En qué medida los ideales sobre la función de las penitenciarías y su modelo arquitectónico, en boga en el exterior y en el país, se plasmaron en el diseño y construcción de la penitenciaría de San Luis Potosí? ¿Qué visiones generó la construcción de esta penitenciaría? ¿Cuál fue su tendencia?

Los orígenes del sistema penitenciario:
Europa, Estados Unidos y México

Bajo la influencia del pensamiento humanista, a finales del siglo xviii e inicios del siglo xix, en Europa se inició un proceso de transformación en las ideas y formas de recluir y castigar al criminal. Durante el Antiguo Régimen, el castigo se centró en el cuerpo del trasgresor y se efectuaba en un sitio público para intimidar a los posibles delincuentes; sin embargo, con la desaparición de las cárceles tradicionales y el surgimiento de las prisiones modernas, se sustituyeron estas penas corporales por la privación de la libertad del delincuente mediante el encierro individual, ya que al recluir el cuerpo “se priva al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien”.3

Este pensamiento reformista enfocado en la humanización de las penas y los castigos fue abonado por un cambio en el paradigma sobre el derecho y la justicia penal en el Antiguo Régimen, que veía en la pena de muerte el instrumento más eficaz para persuadir al delincuente; sin embargo, personajes como Cesare Beccaria argumentaban que las penas “no debían atormentar y afligir a un ente sensible, sino retribuir, intimidar, expiar y readaptar”.4 De esta forma, el delincuente podía resarcir el daño cometido hacia la sociedad con su trasgresión.

Bajo esta premisa, Beccaria sostuvo que el suplicio y la ejecución del criminal eran ilegítimos, innecesarios e inútiles, no eran persuasivos y no disminuían el delito, por lo que debían sustituirse por penas menos severas y proporcionales. En un trabajo sobre las ideas del autor, escribió Sergio García Ramírez:

En primer término, la pena de muerte no es necesaria nunca, y que los efectos que se pretenden alcanzar con ella, efectos demoledores, se pueden obtener con otras medidas. En segundo término es indispensable acreditar que la pena capital no disuade a los delincuentes, aunque elimine a uno de ellos […].5

Por ende, Beccaria consideró a la privación de la libertad como la forma más adecuada de reformar al delincuente y persuadir a los miembros de la comunidad. Creía que podía ser igualmente disuasiva que la muerte. Al respecto, comenta: “La ventaja disuasiva que se atribuye a la pena de muerte puede obtenerse con otra sanción, mucho más benigna en un sentido, pero mucho más severa en otro: la pérdida de la libertad”.6 Y agregó: “La prisión, una pena continua, prolonga la intimidación en el ánimo de quien la padece y en la imaginación de quien la conoce”.7

John Howard se sumó a Beccaria en su condena de la pena de muerte y su anhelo por reformar las cárceles. A través de una amplia y minuciosa inspección de varias cárceles europeas efectuada entre 1773 y 1777, presenció la situación deplorable que presentaban estos sitios de reclusión: “Nula división entre procesados y sentenciados; entre hombres, mujeres y niños, hacinamiento, promiscuidad, ociosidad, falta de higiene, propagación de enfermedades, abusos de las autoridades y violencia”.8

Realizó diversas recomendaciones tendientes a mejorar la vida carcelaria: en lo administrativo (supervisión continua y mejor selección de personal), en lo disciplinario (separación de los reclusos, reglamento, instrucción religiosa, educación y trabajo) y para lo arquitectónico (construcción de edificios con áreas para hombres, mujeres y niños, reclusión individual y talleres).9 Con estas propuestas, sentó las bases para otro ámbito de reclusión, castigo y enmienda: las penitenciarías.

Su compatriota Jeremías Bentham también se interesó por transformar estos sitios de reclusión en espacios que, a partir de elementos moralizadores como la separación de reclusos y estricto régimen de vigilancia y trabajo, posibilitaran el arrepentimiento, regeneración y reinserción social del delincuente, convirtiéndolo en un sujeto honesto y útil para la sociedad.

Influido por el pensamiento utilitarista, propuso al panóptico como la estructura ideal, pues consideró que permitía al vigilante “situarse en un punto central al que convergen un conjunto de celdillas que alojan a los internos y desde el cual puede vigilar todo sin ser visto”.10 Esto trasciende las fronteras de las prisiones y, de acuerdo con Foucault, evidencia la transición de “una sociedad de castigo a una que busca la vigilancia total sobre los individuos”.11

También en Estados Unidos, con la influencia de estas ideas, se propuso una reforma de las cárceles. En un contexto caracterizado por un “marcado sentimiento de comunidad, una orientación religiosa en la solución de problemas y un vertiginoso crecimiento industrial”,12 se originaron dos modelos: Filadelfia y Auburn. El primero, implantado por los cuáqueros de Pennsylvania en 1790, “contemplaba el encierro total e individual de los presos, en el que la disciplina del silencio favorecía la reflexión y la penitencia”.13 El trabajo se consideraba como un premio que se otorgaba a los reclusos que mostraban buena conducta. Por su parte, el sistema Auburn, establecido en 1818, “integró el trabajo obligatorio durante el día y el encierro en celdas por la noche. Bajo una rígida disciplina que consistía en silencio absoluto y la memorización de versículos de la Biblia, se pretendía regenerar delincuente”.14

Las reformas europeas y los modelos estadounidenses llegaron a América Latina. México no permaneció ajeno. El proceso de reforma carcelaria en el país fue largo, complicado y estuvo impulsado por diversos personajes. Vicente Rocafuerte fue el primero en presentar una propuesta concreta que permitiera reformar las cárceles en el ámbito nacional. A partir de la visita a cárceles de Estados Unidos e Inglaterra, consideró que éstas debían seguir normas generales. Puso énfasis en la “instrucción moral y religiosa, trabajo, disciplina entre presos y vigilantes, inspección y vigilancia rigurosa, clasificación de los reos y conservación de su salud”.15

Por su parte, tras criticar la situación que presentaban las cárceles mexicanas, en especial de la Acordada, Ignacio Cumplido abogó por instaurar los modelos penitenciarios de Filadelfia y Auburn, así como la construcción de edificios adecuados (dotados de talleres) y con personal capacitado (entre ellos, maestros).16 A mediados del siglo xix, se sumaron a sus esfuerzos José María Luis Mora y Mariano Otero, liberales connotados que vieron en dicha transformación el medio más eficaz para reducir el crimen y mejorar la sociedad. A través de un informe presentado a las autoridades mexicanas a finales de 1846, en el que recopiló datos de varias prisiones inglesas e irlandesas, Mora sintetizó los puntos nodales que debía perfilar el nuevo régimen carcelario: “Manejo adecuado del ramo administrativo, trabajo bien organizado y, en ocasiones, forzado como medida disciplinaria […] conveniencia y utilidad del régimen del aislamiento individual”.17

Mientras que Otero habló de la reforma de las leyes penales en general; siendo ministro de Relaciones Interiores y Exteriores sentó las bases del nuevo régimen penitenciario, ya que el 7 de octubre de 1848 presentó el proyecto de edificación de la penitenciaría del Distrito Federal. Esta propuesta abordaba cinco aspectos: “1. Carácter especial de la penitenciaría, 2. Reglas para su construcción, 3. Fondos destinados al efecto, 4. Aplicación y vigilancia de los mismos, 5. Prescripciones disciplinarias”.18

El proyecto no pudo llevarse a cabo inmediatamente debido a la compleja situación social, política y económica por la que atravesó el país en las décadas de 1850 y 1860. No obstante, la intención de implantar un régimen penitenciario fue retomada al iniciar el Segundo Imperio. Joaquín García Icazbalceta y José María Andrade recibieron el encargo de Maximiliano de Habsburgo. A lo largo de 1863, visitaron instituciones de la capital, entre las que destacan la cárcel de Belén, la cárcel de la ciudad, la casa de corrección para jóvenes delincuentes, la de niños expósitos y los hospitales para locos y de San Hipólito. En julio de 1864, presentaron un informe detallado sobre su situación y propusieron mejoras. Estas disposiciones fueron retomadas e incluidas en un decreto promulgado por el emperador en diciembre de 1865, en el cual se establecía, entre otras cosas, que las prisiones debían contar con “edificios para la administración, patios, talleres, capilla, celdas, fuentes y enfermería”.19

Es importante mencionar la ausencia de una valoración crítica que transitara de forma paralela al interés de los personajes involucrados por establecer un régimen penitenciario en el ámbito nacional. Mientras que en México y otros países latinoamericanos se replicaba este esquema punitivo, por considerarlo el medio idóneo para resolver los problemas de delincuencia y desorden social, en Estados Unidos, hacia 1860 “la penitenciaría había fracasado como medio de rehabilitación institucional”.20

A pesar de lo anterior, el interés por establecer un sistema penitenciario en México continuó. La Constitución de 1857 y el código penal de 1871 propugnaron el establecimiento de un sistema penitenciario, aunque la constante inestabilidad lo obstaculizó.21 De acuerdo con Moisés González Navarro, “pocos fueron los estados que pudieron lograrlo, dado el alto costo y sacrificio económico que implicaba su edificación”.22 La estabilidad lograda en el porfiriato permitió consolidar el viejo proyecto y construir en algunas entidades del país instituciones penitenciarias.

Las penitenciarías (Jalisco, Puebla,
Ciudad de México y San Luis Potosí)

Jalisco, Puebla y la Ciudad de México fueron pioneros en la construcción de recintos penitenciarios. Jalisco fue uno de los primeros estados en iniciar y consolidar una penitenciaría en su territorio. Sus orígenes se remontan al año de 1844, cuando el gobernador en turno, Antonio Escobedo, consciente de los graves problemas que presentaba la cárcel de Guadalajara, “pésima construcción, estrechez y multitud de reos en sus instalaciones”,23 emitió un decreto el 21 de junio de ese año en el que autorizó la construcción de una penitenciaria.

Los trabajos de edificación se iniciaron en 1843, y la primera piedra se colocó en mayo de 1845. A este edificio se le conoció, por varios nombres, como “Cárcel Correccional, Penitenciaria de Guadalajara, La Escobedo (en honor al gobernador Antonio Escobedo) y durante el porfiriato, La Casa Colorada, debido a los muros revestido de ese color”.24 La administración y disciplina de este penal se apoyaron en el sistema Auburn.

Esta prisión tardó aproximadamente 32 años en ser terminada y varios fueron los acontecimientos que frenaron su construcción. A pesar de esto, el edificio se inauguró en 1875 al concluirse los muros exteriores, aunque, como señala Trujillo Bretón, “esto no quiso decir que las obras concluyeran, pues durante el porfiriato se dio un constante mantenimiento de sus instalaciones”.25

Puebla también fue pionero. Desde la década de 1840 se planteó la necesidad de contar con una institución que verdaderamente rehabilitara a los criminales mediante una separación entre “incomunicados, detenidos y sentenciados, y que todos los presos se ocuparan de algún arte u oficio”.26 Estos aspectos tuvieron el eco suficiente para que en 1844 se iniciaran los trabajos de construcción de la penitenciaría de Puebla, cuyos planos fueron elaborados por el arquitecto D. José Manzo. Los trabajos de esta prisión se suspendieron durante el conflicto bélico con los franceses entre 1862 y 1863. No fue hasta el porfiriato que los trabajos se agilizaron, para concluir “el 2 de abril de 1891, bajo la gubernatura del General Rosendo Márquez”.27

Entre las penitenciarías construidas en el ámbito nacional, la de Lecumberri es quizá la más conocida, ya que representó uno de los baluartes del proyecto modernizador y progresista enarbolado por el régimen de Porfirio Díaz. Sin embargo, el interés por construir esta prisión se remonta a mediados del siglo xix, cuando fue impulsada por Mariano Otero. Sus esfuerzos dieron origen a la ley penitenciaria para el establecimiento del sistema penitenciario en el Distrito y territorios, aprobada por el Congreso de la Unión en octubre de 1848, la cual estipuló que las prisiones debían contar con “espacios para la detención y prisión de delincuentes, corrección de jóvenes criminales, reclusión de los sentenciados y asilo de los libertados después de la prisión”.28

El primer proyecto de construcción se presentó en 1850, por parte del arquitecto Lorenzo de Hidalga, siguiendo el modelo Filadelfia. En 1853, José María Bessozi presentó otra propuesta de edificación; y dos años después, Eduardo Griffon diseñó otros planos de construcción. Ambos planos, elaborados bajo el esquema Auburn. Las tres propuestas resultaron inviables por el alto costo económico que implicaba su construcción.

En 1885, el proyecto se retomó y los trabajos de edificación se iniciaron el 2 de junio de ese año, siguiendo el modelo Crofton, también llamado progresivo. El 29 de septiembre de 1900 se inauguró la penitenciaría del Distrito Federal, también conocida como de Lecumberri.

Al igual que Jalisco, Puebla y la Ciudad de México, los gobernantes de San Luis Potosí se preocuparon por remplazar las viejas cárceles (vistas como inseguras, insalubres e ineficaces para conseguir la regeneración del criminal) por recintos penitenciarios (que permitieran su tratamiento, rehabilitación y reinserción a la sociedad).

Las primeras evaluaciones sobre la condición de las antiguas Cárceles Reales, ubicadas en el Palacio de Gobierno y a un costado del ex Convento de Carmen, se presentaron en el último cuarto del siglo xix. Sus redactores concluyeron que debían mejorarse las condiciones higiénicas, de seguridad y de trabajo, argumentando que la prisión, “si bien priva de la libertad al criminal como un castigo, […] no se convierta en tormento, lugar de comunidad ociosa y nociva, foco insalubre para el cuerpo y los sentidos, como son ahora nuestras cárceles”.29 Como resultado, presentaron una iniciativa en mayo de 1882 ante el Congreso del Estado para construir una penitenciaría, considerando que se trataba de “una empresa que, si bien es grande, también lo será la gratitud que en voz deposite el pueblo. La sociedad ve siempre con agrado las disposiciones de la autoridad encaminadas a darle mayor seguridad”.30

La inquietud de reformar las instituciones punitivas rindió frutos un año después, ya que los miembros del ejecutivo y legislativo comunicaron el 13 de julio de 1883 “la autorización de proyecto presentado por el ingeniero Carlos Suárez Fiallo para construir una penitenciaría en la capital del estado”.31 Eligieron el 5 de febrero de 1884 —día de la Constitución— para colocar la primera piedra.32

Al acto asistieron varios personajes de la esfera política, académica, militar, científica y religiosa; del escenario local como nacional, entre los que destacan el Gral. Pedro Díez Gutiérrez, gobernador de la entidad, y el Gral. Bernardo Reyes, jefe de la Sexta Zona Militar, quien emitió un discurso en el que exaltó la importancia de construir esta prisión para regenerar al delincuente y eliminar la pena de muerte. Se incluye un fragmento:

La penitenciaria como sabemos no es una cárcel, es el lugar donde los hombres manchados por la culpa regeneran su alma en el recogimiento y el trabajo para volver al seno de la comunidad social, buenos y útiles […] el sistema de penitenciarias, el gigante paso dado por la civilización para abolir la pena de muerte, resolviendo el arduo problema de justicia […] castigar al criminal sin atentar contra su vida.33

El acto finalizó con la colocación en los cimientos de una caja de cantera en la que se depositaron algunas piezas y documentos relacionados con las actividades y logros realizados por algunas instituciones y grupos allegados al pensamiento progresista en la ciudad. Destaca la felicitación que “la Legislatura del Estado hizo al gobernador Díez Gutiérrez por iniciar este proyecto; así como la copia de un ejemplar de la ley de Instrucción Pública, del reglamento, lista de profesores, empleados y libros de texto introducidos por el Instituto Científico y Literario”.34

También se colocó la piedra que contenía grabada la siguiente inscripción: “Al progreso de la humanidad. Febrero 5 de 1884. Primera piedra colocada por el Sr. Gobernador Pedro Díez Gutiérrez que inició y fundó esta Penitenciaria. mdccclxxxiv” (Grafía original). Con este acto, San Luis Potosí se sumó al pequeño grupo de entidades que contaban con instituciones penitenciarias.

El edificio y el reglamento

La edificación de esta prisión comenzó de forma inmediata. El proyecto lo realizó Carlos Suárez Fiallo (aunque fue modificado) y comprendía 37 450 metros cuadrados. La Imagen 1 muestra la fachada propuesta por Suárez Fiallo, un ejemplo claro de estas modificaciones, ya que, como veremos más adelante, no se construyó.

El exterior del edificio estaba circundado por un perímetro de once metros de altura y un contramuro de siete metros, con un espacio mediando entre ellos, de cinco metros, que servía de pasillo para los vigilantes. Destaca la fachada de tipo toscano, rústica y sin revestimiento. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, “los planos de construcción se elaboraron tomando como referencia las penitenciarías de Buenos Aires y Nueva York”.35 Aunque no lo especifican, es probable que el modelo implantado en esta penitenciaría potosina haya sido el de Auburn, ya que las prisiones que menciona corresponden a este esquema disciplinario: silencio total, aislamiento por las noches y trabajo comunitario durante el día.36

Los planos incluyeron tres departamentos. El primero, destinado al palacio de justicia y que albergaba al Supremo Tribunal de Justicia y jueces letrados. Propuso también un área masculina para detenidos y otra para mujeres, lo que muestra el interés por hacer una separación por sexo y etapa procesal. El segundo contenía el presidio en forma de estrella, con “16 crujías convergentes en una torre central de vigilancia, las cuales contenían 704 celdas de 3 metros cuadrados, capaces de alojar a 4 presos”.37 Destaca esta disposición, ya que choca con la idea de regenerar al delincuente a través del encierro individual y evitar el contagio moral mediante el contacto personal.

En el tercer departamento se instalaron los talleres de cantería, carpintería, ladrillería, orfebrería, jarciería y zapatería; dispuestos para rehabilitar al recluso mediante el trabajo. El giro de los cuatro primeros sugiere que se implantaron para edificar esta prisión. Se previó asimismo la instalación de patios y jardines en diversos sitios para que le permitieran al reo “disfrutar durante cuatro horas diarias, a toda su anchura, del aire y del sol, bajo severa vigilancia de los celadores”.38

La superficie destinada para su construcción se ubicó en los límites de la ciudad, hacia el costado sureste, en los llamados “Llanos del Santuario o de Paredes, los cuales fueron expropiados por el gobierno”.39 Esta prisión se edificó a un costado de la calzada de Guadalupe, relativamente alejada del centro de la ciudad. Su lejanía se sujetó al ideal de separar a la población decente de la peligrosa y evitar la contaminación moral de los ciudadanos. El mapa que se anexa al final del presente trabajo permite ubicar este penal dentro de la capital.

Aprovechando la coyuntura política derivada de la reelección como gobernador de Carlos Díez Gutiérrez, quien había gobernado en el periodo de 1877 a 1880 y alternado con su hermano Pedro de 1880 a 1884,40 algunos periódicos locales, como El Correo de San Luis, expresaron su apoyo al gobernador reelecto, argumentando:

El deseo de que el Sr. Diez Gutiérrez haga fácil la nueva administración, para que puedan continuar las grandes mejoras emprendidas por aquella que, si ha tenido detractores, estos tienen una terrible mentis en la Casa de la caridad, y en la Penitenciaria, que serán un público y eterno testimonio de las filantrópicas y progresistas ideas del actual gobernador.41

Aun cuando las finanzas estaban mermadas por los cuantiosos gastos derivados de la construcción de varias obras públicas, entre ellas la penitenciaría, se celebró y justificó su ejecución, ya que era un ejemplo de los esfuerzos emprendidos por el gobierno para mostrar que la capital potosina estaba en la ruta de la mejora y el progreso. Así lo percibió en sus páginas El Correo de San Luis, al expresar que

el deseo de progreso y bienestar de los pueblos se conoce por las obras que llevan a cabo. […] En San Luis Potosí, despertamos ahora a la vida del progreso. Tal es el entusiasmo del Sr. Gobernador por todo aquello que significa un progreso para San Luis, que a pesar de las penurias del erario, han proseguido los trabajos de la Penitenciaria y la Escuela Industrial […].42

A pesar del costo de la obra, los trabajos continuaron, y para 1886 se observaron los primeros avances. Se levantaron los muros exteriores norte y sur; y en su centro, los torreones de vigilancia. También se edificó el muro frontal y trasero para cerrar el sistema radial de celdillas, conformado por 16 crujías convergentes en una torre de vigilancia. De acuerdo con las autoridades, “se determinó reducir a 8 crujías con dos pisos de celdillas por ocupar mucho espacio de los patios”.43 Probablemente el proyecto inicial se fue modificando de acuerdo con las exigencias surgidas durante la construcción.

Para agilizar la construcción, se incorporaron 170 presos, lo que dio un total de 406 trabajadores. Esta acción rindió frutos, ya que el 9 de mayo de 1887 el gobernador Díez Gutiérrez inauguró las primeras cincuenta celdas, suceso elogiado por algunos periódicos locales que incluso destacaron la alegría manifestada por los presos al presenciar un nuevo sitio para su reclusión. Tal y como lo expresa El Correo de San Luis, al mencionar que

el día referido fueron conducidos los presos al lugar de inauguración y los vimos emocionados ante las pruebas de interés que muestra el gobernador por mejorar su situación […] ocupando hoy un lugar reducido y por esto mal sano, dichosos se consideran cuando los sacan al aire libre, pues aunque trabajan todo el día, prefieren esto al encierro continuo en una atmósfera envenenada.44

Los trabajos continuaron, y para 1890 el edificio presentaba adelantos importantes. Se concluyó el muro, contramuro y el camino de vigilancia que circundaba a la prisión. En el área de reclusión, se edificaron 10 crujías con un número total de 800 celdas (96 celdas más que el proyecto original, que proponía 704). Cada celda estaba blanqueada y pavimentada con ladrillo grueso. En la pared exterior tenía una ventanilla con reja que permitía el paso de la luz y el aire; que, de acuerdo con las autoridades, “permitían que el reo pudiera estar en condiciones de higiene, seguridad y comodidad”.45

Hacia 1892 se informó que el área destinada a los jurados y el cuerpo de guardia estaban por finalizarse. Se construyeron algunos talleres provisionales, como el de cantería, carpintería, ladrillería y jarciería, donde se ocupaban 250 reos. Así, siguiendo la premisa del trabajo como elemento regenerador, a los reos se les ofreció trabajar en los talleres o en la construcción. Dada la importancia concedida a la educación, se inauguró a inicios de mayo de 1894 la “primera escuela de instrucción básica, a la cual asistían 75 presos”.46 Es importante señalar que este espacio no se previó en el proyecto inicial, aun cuando era importante dentro del modelo.

El 4 de mayo de 1890 se efectuó el traslado de los 353 presos que se encontraban recluidos en las antiguas cárceles, a la penitenciaría, que estaba casi concluida. Del total de los prisioneros enviados a esta prisión, “200 se ocuparon en terminar el edificio, repartidos en canteros, albañiles, ladrilleros a máquina y a mano, herreros, carpinteros y mezcleros. De los 153 restantes, algunos están enfermos y otros están pendientes sus causas, por lo que no pueden salir a trabajar”.47

En su informe emitido a finales de este año, el gobernador Carlos Díez Gutiérrez señaló: “La Penitenciaria, como se sabe, está en condiciones de servir y utilizarse en su objeto. Sin embargo, se prosiguen los trabajos que permite el erario. Actualmente se está construyendo el departamento de mujeres”.48

Debido a la importancia de la separación por sexo y edad, en el periodo de 1895 a 1899 las actividades se enfocaron hacia este fin. Incluso, la preocupación por que los infantes no convivieran con los internos mayores trascendió los muros de esta penal, tal como lo manifestó el rotativo El Contemporáneo en la siguiente nota, que señala:

Hay más de 50 menores en la Penitenciaría. El lector tendrá que figurarse qué clase de individuos resultarán al cabo de dos o más años en compañía de lo más malo que fermenta en esos antros el crimen o maldad de los hombres. La separación se hace necesaria.49

Al parecer, en ausencia de un espacio exclusivo para las mujeres y los niños, éstos compartieron áreas comunes con los hombres, por lo menos en los primeros años. Los trabajos en esta área vieron a la luz adelantos importantes, así lo estableció el gobernador José María Espinosa y Cuevas al presentar en su informe los avances en la construcción de esta prisión durante el periodo de 1903 a 1905, en los que destacó la sección de menores, construida al costado derecho del primer patio del edificio y compuesta por cuatro crujías divididas en dos anexos y dos pisos, distribuidos de la siguiente forma:

La primera contenía 20 celdas dispuestas en dos filas: cinco a la derecha y cinco a la izquierda en ambos pisos. La segunda crujía, situada en la entrada, se componía de varias celdillas distribuidas en dos filas y dos plantas; mientras que en la tercera y cuarta crujía se construyeron 44 celdas.50

De acuerdo con esta descripción, la lejanía entre el área de reclusos mayores y esta sección era evidente, ya que la primera se situaba al centro de esta prisión, y la segunda al costado derecho de la entrada principal. El número de celdillas era considerable, construidas quizá para aglutinar a una cantidad amplia de infantes. También se estableció una escuela de enseñanza básica exclusiva para este grupo.

Esta sección se inauguró el 2 de abril de 1905, acto al que asistieron varios miembros del ámbito político local y autoridades de esta penitenciaría. Algunos diarios locales, como El Contemporáneo y El Estandarte, le dieron amplia cobertura a este acto. Así lo manifiesta una nota de este último:

El adorno del departamento […] era alegre, significativo y no carecía de buen gusto. En el frente un gran escudo en cuyo centro se leía en grandes letras de oro “2 de abril de 1867” […] En otros sitios donde la construcción lo permite, se colocaron coronas de laureles y ramas verdes con algunas flores de colores vivos diseminadas.51

A pesar de que los trabajos de construcción de las secciones de menores y de mujeres iban a la par, no se menciona la conclusión del área femenil ni, desde luego, su apertura.

Cabe mencionar que esta prisión no tuvo una inauguración formal; sin embargo, el historiador local José Francisco Pedraza Montes52 argumenta que se efectuó al ser trasladados los primeros presos en mayo de 1890. También cabe la posibilidad de que la inauguración del departamento de menores y la implantación del reglamento de esta penitenciaría en 1905 se hayan considerado como evento general.

Por tanto, los preceptos penitenciarios de la época se proyectaron en la conformación arquitectónica: área para detenidos, procesados y sentenciados; sección de hombres, mujeres y niños; reclusión individual y espacio para talleres. Sin embargo, no sólo el edificio resultó clave para castigar y regenerar al delincuente; también, los reglamentos internos. Para lograr una reforma profunda de los sistemas punitivos, los pioneros del penitenciarismo, como Howard y Bentham, consideraron trascendental la modificación arquitectónica de los espacios carcelarios, pero también la elaboración, incorporación y aplicación de reglas que administraran las actividades de las autoridades y de los reclusos, establecieran un orden interno a través de la disciplina y acotaran la realidad cotidiana.

En sus primeros años, durante el periodo de 1890 a 1905, esta penitenciaría operó sin reglamento y sus actividades quizá fueron normadas por el anterior reglamento interno de la penitenciaría de la capital, emitido en mayo de 1871, y el código penal de 1871.53 Cabe preguntarse ¿por qué no se implantó en esta prisión antes de ser enviados los primeros presos en mayo de 1890? Existe la posibilidad de que, hasta que se concluyera el edificio, las autoridades no consideraron importante la emisión y aplicación de un reglamento.

El 12 de junio de 1905, el gobernador José Ma. Espinosa y Cuevas aprobó el Reglamento de la Penitenciaría de la Capital y de las demás Cárceles del Estado, que debía entrar en vigor el 15 de junio de ese mismo año. Este corpus de normas constaba de “10 títulos generales y uno transitorio, compuesto por 71 artículos específicos y uno único”.54 Contenía las pretensiones rehabilitadoras del sistema penitenciario55 para normar las actividades de los reclusos, asignar las autoridades y sus labores dentro de esta prisión, administrar los diferentes espacios de detención y reclusión, además de presentar las sanciones y disposiciones disciplinarias en caso de su violación.

En el aspecto procesal, estableció una división de los departamentos que esta prisión debía tener, además de los detenidos y reos que se debían recluir. También determinó las condiciones en las que los reclusos debían ser trasladados a las cárceles, de su entrada y salida, además del procedimiento para recibir visitas. Para contar y definir el perfil de cada recluso, se instituyeron libros para tal propósito.

Por último, en lo que respecta a las condiciones disciplinarias, este reglamento delimitó las faltas y estipuló sanciones. Incorporó un esquema de organización administrativa y nombró a los empleados encargados de la inspección y vigilancia de esta prisión. También asignó los hospitales facultados para recibir y atender a los presos. Destaca las condiciones para aplicar la pena de muerte, ya sea adentro o afuera de alguna prisión, además de las licencias y restricciones para el sentenciado.

Voces y visiones

Durante el proceso de edificación de esta penitenciaría, varias fueron las opiniones y visiones que se vertieron sobre su creación, operación, viabilidad y propósitos. Algunas estuvieron a favor, otras en contra de la institución.

En el debate se retomó incluso la discusión sobre la efectividad de la prisión para derogar la pena capital. Como ejemplo, la controversia sobre el otorgamiento de un indulto en 1883 solicitado por Rafael Contreras, sentenciado a muerte por homicidio. Participaron en la discusión los diputados Ordaz, López Hermosa, Jáuregui, Ortiz Macedonio, Vega, Muro, Verástegui, Guzmán, Lasso, Mendoza y Galván. Se solicitó el indulto considerando que la condena era anticonstitucional, pues la pena de muerte debería abolirse al establecerse el régimen penitenciario (según lo marcó la Constitución de 1857). El diputado Ordaz creyó que dicho régimen no se había logrado, pues aseveró: “Es cierto que el Estado cuenta hoy con una penitenciaría que presta suficientes garantías de seguridad e higiene; pero que de esto a que se halle establecido el régimen penitenciario en dicha prisión, hay una diferencia considerable”.56

Lo mismo sostuvo el diputado López Hermosa, “puesto que la Penitenciaría no ofrece aún las condiciones que supone el artículo 23 de la Constitución Federal, el Congreso, en su concepto, debe negar el indulto y dejar que el reo corra la suerte a que la ley lo ha condenado”.57

Contrariamente, el diputado Lasso se inclinó por otorgar el indulto y defendió la potencialidad regeneradora de las prisiones:

Infinitos ejemplos podrían citarse en contrario, de grandes criminales que, rehabilitados por su buena conducta posterior al delito, han salido de las cárceles para vivir la vida social […] no porque la Penitenciaría carece de las condiciones necesarias para la corrección de los criminales, deben levantarse patíbulos para el castigo de los delitos.58

Estas posturas encontraron eco en la sociedad. El periódico Las Novedades se manifestó a favor de la pena de muerte, al mencionar que

nuestro actual régimen penitenciario es defectuoso, y ya sea por esto, ya sea porque la configuración de determinado organismo, que diría un partidario de Lombrosso, no se modifica con lecciones de moral, ni con años enteros de absoluto encierro, en seno de nuestras mismas cárceles, se han reproducido los crímenes […] 59

Continuando con su crítica, sostuvo: “Nuestras penitenciarias con nuestro régimen actual, no son potentes para castigar al culpable hasta regenerarlo, ya algunos hemos visto asesinar dentro de sus prisiones, a muchos salir con peores instintos de los que revelaban a su ingreso”.60

De acuerdo con esta nota, el debate se posicionó en la naturaleza innata de criminal que, influida por el determinismo orgánico de Lombroso, parece incorregible y se impone a las condiciones de encierro; sin embargo, contraviene los planteamientos liberales que pugnaban por la regeneración del delincuente y que sustentan la génesis del sistema penitenciario moderno.

La discusión sobre la permanencia o supresión de la pena capital y su vínculo con la falta o consolidación del sistema penitenciario en esta ciudad fue recurrente en diversos escenarios. Muestra de ello es un artículo del diario El Contemporáneo que presenta una solicitud hecha por varios abogados al gobernador Carlos Díez Gutiérrez para que le otorgara el indulto al reo de homicidio Margarito Pitones, bajo el argumento de que “la pena de muerte quedase abrogada al establecerse el sistema penitenciario que el artículo 23 de la ley fundamental, con generoso afán, encomienda al poder administrativo”.61

Desde su perspectiva, la conmutación de la pena capital se le podía conceder a Pitones, ya que la penitenciaría presentaba las circunstancias propicias para suspender su ejecución, que en voz de ellos se proyectaban en “condiciones esenciales de castigo y enmienda de los presos evitando su promiscuidad, haciéndoles trabajar y moralizándoles por medio de la instrucción”.62 Así, el debate sobre la aplicación o suspensión de la pena de muerte estuvo estrechamente vinculado a la ausencia o consolidación del régimen penitenciario en esta ciudad, además de las condiciones y operatividad de esta penitenciaría.

Muchos criticaron a la penitenciaría. Puede leerse en El Contemporáneo:

Al entrar a la cárcel, el espectáculo no puede ser más desconsolador. Por todas partes agrupaciones de individuos que envueltos en sus grasientas mantas y dirigiéndose entre sí epítetos terribles, tirados en el suelo, a lo largo de las paredes […] Los hombres, tan solo por haber dado motivo para perder su libertad, adquieren el derecho de convertirse en haraganes.63

La crítica sobre la holgazanería en esta institución también se enfocó en los sujetos que laboraban en los talleres y a su poco rendimiento. Al hacer una descripción de las labores en el taller de sombrerería, comentó el redactor:

Para tejer un sombrero que en el comercio vale diez pesos se gastan cuatro meses […] No creemos en la regeneración de un hombre recluso que durante ocho años ha perdido en lo absoluto el hábito del trabajo […] El preso debe trabajar y producir tanto para sí como para el Estado.64

Los señalamientos no cesaron aquí. Días después, este diario presentó otra nota:

El ideal forjado al construir el magnífico edificio, que en condiciones adoptables está ya, por más que su conclusión sea de algunos años todavía, no pudo haber sido tener simplemente un lugar seguro donde encerrar a los hombres que hubieran delinquido.65

Según el periódico, la penitenciaría tampoco había cumplido con la exigencia de separar a los reclusos por sexo y edad:

Si queréis encontrar frente a frente con la maldad, penetrad en la prisión frontera a los campos de Paredes. Ahí Hombres echados al suelo, de cabellera gris, departen amigablemente con una turba de chiquillos de mirada llena de malicia […] esos muchachos reciben la lección de sus mentores en el crimen […] Mañana salen de ese funesto colegio y los volveréis a ver entrar.66

De acuerdo con este periódico, la prisión no contaba con una sección de menores (lo que es posible, ya que ésta no se concluyó hasta 1905) y, por tanto, éstos convivían con los presos adultos, lo que ponía en riesgo la rehabilitación de ambos grupos, convirtiéndose en “hombres perdidos para la familia, para el hogar, para la sociedad en general. Perdidos, sí, porque el que traspasa los umbrales de nuestra cárcel, no va a regenerarse, va revolcarse como bestia en el lodazal”.67

Pero también hubo opiniones a favor del establecimiento. Como ejemplo, el trabajo presentado por el abogado Atanasio Quiroz, titulado “Ligeros apuntes sobre la criminalidad en San Luis Potosí y medio para combatirla”, en el que alabó los progresos logrados por esta institución, al señalar:

Apenas rudimentario le tenemos, y en lo que cabe, nos ha dado excelentes resultados. Puede entonces asumirse que el sistema penitenciario celular es uno de los mejores métodos que directamente corresponden al Estado para la prevención y represión del crimen.68

El Contemporáneo también admitió elementos positivos. Así consta en una nota referida a los exámenes efectuados por 81 presos en la escuela primaria de esta prisión, donde destacaba que “hombres que tienen hasta ochos años y más de reclusión, y que cuando ingresaron a la cárcel carecían aún de las más cortas nociones de educación y moralidad, ahora saben leer y escribir”.69 O bien, la nota siguiente: “Digno de elogio es la atención que el Sr. Gobernador dedica a esos seres relegados por la desgracia; a la Penitenciaría, de donde evidentemente saldrán regenerados por el sol de la instrucción”.

Las ideas y visiones en torno a la penitenciaría como institución regeneradora continuaron después de 1905. Destacan los comentarios periodísticos que dan fe de las mejoras implantadas para lograrlo y la ovación al gobernador Espinosa y Cuevas para llevarlas a cabo. Así lo expresó El Contemporáneo, diciendo que “el Sr. Gobernador del Estado, deseando buscar por todos los medios posibles, la manera de mejorar moralmente a los asilados en la Penitenciaría, ha dispuesto […] fundar en aquel establecimiento una Banda de Música”.70

Aun cuando el artículo no señala de forma explícita cómo contribuiría a la rehabilitación del interno la creación de la banda, el número de integrantes, los gastos que generaría y el encargado, insistió en que “la creación de la Banda proporcionará a los presos ideas más elevadas en su modo de ser […] Se ha dado, por lo tanto, un gran paso en aquel establecimiento”.71

El punto culminante del elogio de este periódico hacia esta prisión se presentó a mediados de 1908, cuando un reportero se internó en sus instalaciones y describió varios aspectos de su atmósfera cotidiana. Comenzó su relato diciendo que esta penitenciaria “es una obra magnífica, de arquitectura moderna; recientemente empezada y en cuya total conclusión se ha distinguido entre sus antecesores, el actual gobernador de nuestro Estado”.72

Siguiendo con la descripción física de este penal, mencionó que en el primer patio se encontraban instalados una biblioteca, los juzgados de lo criminal y, “desde hace tres meses”, una panadería. Después de atravesar estos espacios, se dirigió a la sección de sentenciados; concretamente, al área de celdas de castigo, conocidas como de “cajón”, en las que destacó que “lo visité detenidamente, admirando desde luego la disciplina y el silencio de los presidiarios”.73

Por considerarlo importante, continuó relatando el régimen disciplinario de este penal, argumentando que, “por creerlo de justicia, hago mención a la magnífica disciplina de este establecimiento, el hecho de que, durante tres horas que permanecí en él, no escuché ninguna palabra descompuesta”.74

El tema de la alimentación de los internos también fue abordado por este reportero. Atestiguando el momento en que se servía la comida, aprovechó para relatar que, “siendo cerca de las doce del día, presencié el rancho que se les da a los presos; limpiamente servido y suficiente para su alimentación”.75 Sin embargo, no especifica el menú.

Concluyó la descripción física de esta penitenciaría dando un recorrido por la sección de menores recluidos, y manifestó que, para evitar la convivencia con los internos mayores de edad, la vigilancia era mayor; incluso, ésta tenía su propia escuela, que estaba en las mejores condiciones.

Al final de su nota, el reportero presentó un balance general de esta institución, en el que exaltó el propósito y viabilidad para regenerar al delincuente, al mencionar que

este edificio gigante; escuela de moral, para los hombres que, muriendo civilmente, pueden con ellas volver a la vida social ya regenerados con el trabajo y la virtud […]. Así está organizada, dividida y sabiamente dirigida, una de las mejores Penitenciarías de la República Mexicana.76

Podemos inferir que para estas fechas el edificio estaba concluido y el reglamento interno se había implantado, pues la nota del reportero así lo indica. Por ende, hacia los últimos años del porfiriato, las opiniones y visiones hacia esta institución habían cambiado y vuelto más benignas.

Consideraciones finales

La capital de San Luis Potosí no permaneció ajena a las nuevas ideas sobre el castigo y la reforma de las prisiones, sumándose tardíamente al esfuerzo iniciado por Jalisco, Puebla y la capital del país para construir penitenciarías. El contexto político, social y económico favorable durante el porfiriato, sumado a los ideales de suprimir la pena capital, mejorar las condiciones de los reos, propiciar su regeneración y proyectar a estas instituciones como símbolo de seguridad para la sociedad, agilizaron el proceso de construcción.

Tras un periodo de gestiones relativamente corto, se cristalizó el anhelo de construir una penitenciaria. El edificio respondió a las exigencias, permitiendo la separación entre detenidos, procesados y sentenciados, división por secciones masculina, femenina y menores, así como aislamiento individual. El área para reclusos mayores de edad fue la primera que se concluyó, tal vez porque la población era mayor en comparación con las mujeres y los infantes.

También se crearon talleres en el interior de este penal. Los primeros se instalaron para agilizar los trabajos de construcción, y posteriormente se establecieron de forma permanente bajo la consigna de que el trabajo permitía la renovación moral del criminal. Destaca la construcción de una escuela que dotara a los internos de instrucción y conocimientos para lograr su rehabilitación. Retomando la idea de evitar el contacto entre los reclusos mayores y los menores de edad, se estableció una escuela para estos últimos, aunque varios años después.

No obstante, en la historia de la penitenciaría se deben marcar dos etapas. La primera, desde la construcción hasta 1905, en la cual algunos elementos centrales del nuevo esquema penitenciario no fueron replicados de inmediato. No estaban concluidas las áreas y no se podía separar a los reclusos. Además, no se expidió inmediatamente un reglamento propio.

El panorama cambió en 1905, cuando se aprecia una segunda etapa. Elementos como la instrucción educativa, el decreto e instauración de un reglamento interno, así como la integración de otros componentes que posibilitaban la regeneración de los internos como lo fue una banda musical, sugieren que su funcionamiento y operación se optimizaron. Entre 1905 y 1910 se perciben mejoras sustanciales en la operación, funcionamiento, administración y disciplina de esta penitenciaria, abonadas quizá por la aplicación del reglamento interno que permeó en todas sus áreas. Estas mejoras se reflejan en las opiniones, mucho más positivas para este segundo periodo.

El estallido de la Revolución mexicana, a finales de 1910, no sólo representó una ruptura sociopolítica en el complejo devenir histórico local y nacional, sino también marcó un antes y un después en la conformación, funcionamiento y propósitos de las diversas instituciones creadas durante el porfiriato; en este sentido, la penitenciaría de San Luis Potosí también se reconfiguraría.

ANEXOS

Referencias

Archivos y acervos

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (aheslp).

Ayuntamiento de San Luis Potosí (aslp).

Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga (cdhlrma).

Mapas y Planos de San Luis Potosí.

Periódico Oficial La Unión Democrática.

Periódico Oficial de Gobierno.

Secretaría General de Gobierno (sgg).

Periódicos

El Estandarte.

El Correo de San Luis.

El Contemporáneo.

Las Novedades.

Legislación

Reglamento de la Penitenciaria de la Capital y de las demás Cárceles del Estado, San Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Industrial Militar dirigida por Aurelio B. Cortés, 1905.

Obras consultadas

Aguirre, Carlos, The Criminals of Lima and Their World. The Prision Experience. 1850-1935, Durkham / Londres, Duke University Press, 2005.

Bentham, Jeremías, El Panóptico, México, Archivo General de la Nación, 1980.

Boullant, Francois, Michel Foucault y las prisiones, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2004.

Caimari, Lila, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Cruz Barrera, Nydia E., Las ciencias del hombre en el México decimonónico. La expansión del confinamiento, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1999.

Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 1995.

García García, Leticia Guadalupe, Historia de la pena y sistema penitenciario mexicano, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010.

García Ramírez, Sergio, Los reformadores. Beccaria, Howard y el derecho penal ilustrado, México, unam-inacipe / Tirant lo Blanch, 2014.

Hernández López, Aarón, Código Penal de 1871 (Código de Martínez de Castro), México, Porrúa, 2000.

Leija Parra, Rudy Argenis, “La penitenciaría de San Luis Potosí. 1890-1905”, tesis de maestría en Historia, El Colegio de San Luis, 2012.

Loredo Valadez, Hugo Martín, “El establecimiento de la penitenciaría de San Luis Potosí”, en Rafael Morales Bocardo (coord.), Mirarse en el pasado, San Luis Potosí, aheslp, 2003, pp. 189-210.

Melossi, Dario y Massimo Pavarini, Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (Siglos xvi-xix), México, Siglo XXI, 1980.

Monroy, María Isabel y Tomás Calvillo Unna, San Luis Potosí. Historia breve, México, El Colegio de México / fce, 2015.

Olmo, Rosa del, América Latina y su criminología, México, Siglo XXI, 1999.

Padilla Arroyo, Antonio, De Belem a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico, México, Archivo General de la Nación, 2001.

Pedraza Montes, José Francisco, Historia de la ciudad de San Luis Potosí (compendio), San Luis Potosí, Impresos Frank, 1994.

Quiroz, Atanasio, “Ligeros apuntes sobre la criminalidad en San Luis Potosí y medios para combatirla. Disertación presentada ante el respetable jurado calificador por el alumno Atanasio Quiroz en su examen profesional para la carrera de abogado”, San Luis Potosí, Escuela de Jurisprudencia de San Luis Potosí, Imprenta de Comercio, 1898.

Trujillo Bretón, Jorge Alberto, “Entre la celda y el muro: rehabilitación social y prácticas carcelarias en la penitenciaría jalisciense Antonio Escobedo (1877-1911)”, tesis de doctorado en Historia, El Colegio de Michoacán, 2007.

Trujillo Bretón, Jorge Alberto, La penitenciaría de Escobedo. Por temor y orgullo, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-Editorial Universitaria, 2011.

1 El Colegio de San Luis

2 Para el ámbito nacional, véase Cruz, Las ciencias…; Padilla, De Belem a Lecumberri…; Trujillo, “Entre la celda...”. Para el ámbito internacional, Melossi y Pavarini, Cárcel y fábrica…; Aguirre, The Criminals…; Caimari, Apenas un delincuente… Para el caso de San Luis, Loredo, “El establecimiento…”; Leija, “La penitenciaría…”.

3 Foucault, Vigilar y castigar…, p. 20.

4 Tomado de García Ramírez, Los reformadores…, p. 75.

5 Ibid., p. 89.

6 Ibid., p. 91.

7 Ibid., p. 102.

8 Ibid., pp. 226-231.

9 Ibid., pp. 243-273.

10 Bentham, El panóptico, pp. 13-16.

11 Boullant, Michel Foucault y las prisiones, p. 31.

12 Melossi y Pavarini, Cárcel y fábrica…, pp. 135-153.

13 García García, Historia de la pena…, pp. 121-129.

14 Ibid., pp. 121-129.

15 Cruz Barrera, Las ciencias…, p. 39.

16 Ibid.,, p. 44.

17 Ibid., pp. 45-47.

18 Ibid., p. 48.

19 Ibid., p. 50.

20 Olmo, América Latina…, p. 130.

21 De acuerdo en el artículo 23 de la Constitución de 1857, la pena de muerte quedaría abolida en la medida en que se estableciera un régimen penitenciario. Y de acuerdo con el artículo 130 del código de 1871, para la pena de prisión ordinaria se establecía el sistema celular como el más conveniente.

22 Trujillo, La penitenciaría…, p. 14.

23 Ibid., p. 116.

24 Ibid., p. 121. Grafía original.

25 Ibid., p. 129.

26 Cruz, Las ciencias…, p. 31.

27 Ibid., p. 33.

28 Padilla, De Belem a Lecumberri…, p. 171.

29 Periódico oficial La Unión Democrática, tomo viii, núm. 584, 17 de julio de 1883, p. 4.

30 Ibid., tomo vii, núm. 478, 12 de mayo de 1882, p. 2.

31 Ibid., tomo viii, núm. 584, 17 de julio de 1883, p. 4.

32 Ibid., tomo ix, núm. 626, 12 de febrero de 1884, p. 1.

33 Ibid., pp. 1-2. Grafía original.

34 Id.

35 Ibid., tomo viii, núm. 584, 17 de julio de 1883, p. 4.

36 Melossi y Pavarini, Cárcel y fábrica…, p. 181; Caimari, Apenas un delincuente…, pp. 50-51.

37 Periódico oficial La Unión Democrática, tomo viii, núm. 584, 17 de julio de 1883, p. 4.

38 Ibid., tomo xiii, núm. 1 208, 3 de abril de 1892, p. 3.

39 aheslp, fondo sgg, 1891. 33, exp. s/n. Grafía original.

40 Carlos Díez Gutiérrez ocupó la gubernatura de San Luis Potosí en los periodos de 1877 a 1880 y de 1884 hasta su muerte en 1898; alternó el cargo con su hermano Pedro durante el periodo de 1880 a 1884 (Monroy y Calvillo, San Luis Potosí…, p. 144).

41 Hemeroteca Nacional Digital de México (en adelante, hndm), “Recepción del Sr. Carlos Díez Gutiérrez”, El Correo de San Luis, año iv, núm. 68, 15 de febrero de 1885, p. 2. Grafía original.

42 hndm, “Las mejoras materiales”, El Correo de San Luis, año v, núm. 201, 5 de mayo de 1886, p. 1. Grafía original.

43 Periódico Oficial La Unión Democrática, tomo xv, núm. 1 073, 8 de abril de 1890, pp. 4-5.

44 hndm, “Un adelanto”, El Correo de San Luis, año vi, núm. 254, 9 de mayo de 1887, p. 3. Grafía original.

45 Periódico Oficial, tomo xvi, núm. 1 079, 15 de mayo de 1890, p. 2.

46 Ibid., pp. 4-9.

47 Id.

48 Id.

49 hndm, “Nuevo departamento”, El Contemporáneo, tomo viii, núm. 1 198, 25 de abril de 1901, p. 3. Grafía original.

50 Id.

51 hndm, “Inauguración del departamento de menores en la Penitenciaria del Estado”, El Contemporáneo, tomo ix, núm. 1 958, 4 de abril de 1905, p. 2. Grafía original.

52 Pedraza, Historia…, p. 62.

53 Este reglamento, emitido el 30 de mayo de 1871 por el ayuntamiento de San Luis Potosí, estaba integrado por 6 capítulos y 46 artículos. Entre sus normativas generales destacan la inspección del ayuntamiento; los empleados de la penitenciaría; del primer ayudante, del segundo ayudante, celador de patio, encargado de la puerta de golpe y porteros; de los presos; además de disposiciones generales (aheslp, fondo Ayuntamiento de San Luis Potosí, 1871.3, exp. s/n).

54 Reglamento de la Penitenciaría…, pp. 1-15.

55 De acuerdo con Nydia E. Cruz Barrera, el sistema penitenciario se compone de una construcción arquitectónicamente planificada como prisión, de un programa que organice la vida cotidiana, la funcionalidad del edificio y la proyección de los propósitos carcelarios a la población libre (Cruz, Las ciencias…, p. 31).

56 Periódico oficial La Unión Democrática, tomo xviii, núm. 33, 6 de junio de 1893, pp. 522-524. Grafía original.

57 Id.

58 Id.

59 hndm, “La pena de muerte y la institución penitenciaria”, Las Novedades, segunda época, núm. 45, 18 de agosto de 1895, p. 3.

60 Id.

61 hndm, “Solicitud”, El Contemporáneo, tomo ii, núm. 316, 20 de agosto de 1897, p. 3.

62 Id.

63 hndm, “Por la Penitenciaría”, El Contemporáneo, tomo iv, núm. 735, 18 de enero de 1899, p. 1. Grafía original.

64 Id.

65 hndm, “Los presos en la Penitenciaría”, El Contemporáneo, tomo iv, núm. 738, 21 de enero de 1899, p.1. Grafía original.

66 hndm, “Un peligro social. El Trabajo regenera”, El Contemporáneo, tomo iv, núm. 850, 9 de junio de 1899, p. 1. Grafía original.

67 Id.

68 Quiroz, “Ligeros apuntes…”, p. 11.

69 hndm, “Ochenta y un presos que sustentan examen”, El Contemporáneo, tomo ix, núm. 1901, 25 de enero de 1905, p. 2. Grafía original.

70 hndm, “Una Banda en la Penitenciaría”, El Contemporáneo, tomo xvi, núm. 2 921, 22 de julio de 1908, p.1. Grafía original.

71 Id.

72 hndm, “La Penitenciaría del Estado en San Luis Potosí”, El Contemporáneo, tomo xv, núm. 2 924, 25 de julio de 1908, p. 3. Grafía original.

73 Id.

74 Id.

75 Id.

76 Id.

Lecumberri: Auge y ocaso
de un gran proyecto
penitenciario (1900-1976)

Graciela Flores Flores1

En septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez compareció ante el Congreso de la Unión para rendir su último informe de gobierno, y dedicó algunas palabras a un hecho que la población ya conocía, pues la noticia se había difundido ampliamente meses atrás: el cierre del Palacio Negro de Lecumberri. Sus palabras fueron las siguientes: “En la Ciudad de México se ha puesto fin a la oscura tradición que desde la época de la dictadura representó el viejo penal de Lecumberri. Con su clausura hemos puesto fin a una larga secuela de injusticias y vejaciones a la dignidad humana”.2

En efecto, luego de 76 años de funcionamiento ininterrumpido, se puso fin a una institución en franca decadencia que sólo lucía ya como una turbia sombra de lo que en sus inicios fue el más esperanzador faro de luz en materia penitenciaria. El presente capítulo constituye un acercamiento al proyecto, funcionamiento y final de Lecumberri. Me interesa conocer si existió diferencia entre el modelo penitenciario y las prácticas; y de existir, ¿en qué medida y en que etapas?, es decir, ¿en alguna época la práctica respondió al modelo para el cual la penitenciaría fue ideada? En segundo lugar, creo interesante responder a una segunda pregunta: ¿la apertura de la penitenciaría implicó un cambio real en el funcionamiento carcelario? Por último, atendiendo a los factores que incidieron en su clausura, cabe preguntarse sobre los factores que tuvieron un mayor impacto, ¿la última y escandalosa fuga que se suscitó?, ¿el cúmulo de críticas al funcionamiento de la vieja prisión?, ¿los impulsos renovadores de una nueva generación de penitenciaristas?

Para responder dichas cuestiones, en la primera parte hablaré sobre el proyecto que dio origen a Lecumberri; en la segunda, revisaré la dinámica penitenciaria en la experiencia de sus directores; y en la tercera y última, abordaré los acontecimientos legales y coyunturales que clamaron por el cierre de Lecumberri y el cambio de rumbo en torno al tratamiento penitenciario, que condujo al proyecto de los reclusorios.

El proyecto penitenciario

El proyecto de la penitenciaría del Distrito Federal surgió como respuesta a las deplorables condiciones de vida que se padecían en la cárcel de Belem. Repetidamente se dijo que el edificio, que había sido convento y escuela para niñas, no cumplía con los requisitos que debía tener una cárcel. Asimismo, resultaba por demás evidente el hacinamiento, la pésima calidad de los alimentos, además de la carencia de talleres y escuelas que mantuvieran ocupados a los presos y ofrecieran las herramientas que les permitieran regresar a la sociedad como hombres y mujeres útiles.3

Por otra parte, el proyecto respondió a las ideas penitenciarias vigentes, que al momento en que comenzaron los trabajos que dieron vida a la primera penitenciaría del Distrito Federal tenían poco más de cien años de aplicarse en Estados Unidos y varios países de Europa Occidental, presumiblemente, con muy buenos resultados y admiradores, y también varios escépticos que sabían de casos en que los reos enloquecían irremediablemente luego de años de encierro solitario e incomunicación. A saber, las ideas que suponían que, gracias a la reflexión, la educación y el aprendizaje de un oficio, el preso podía reformarse.

Los modelos penitenciarios fascinaron a propios y extraños, América Latina emancipada no tardó en sucumbir a ellos, y fueron adoptados a lo largo del siglo xix.4 México no fue la excepción, y desde los primeros años de vida independiente se generaron estudios que pugnaron por adoptar alguno de los modelos penitenciarios en boga: Filadelfia o Auburn, junto con diversos esfuerzos de ingenieros arquitectos para generar planos penitenciarios con la esperanza de que se materializaran, lo que no ocurrió sino varias décadas después.

Así, respondiendo a las críticas hechas a Belem y a la exigencia de contar con una penitenciaría, un establecimiento que pudiera servir al modelo penitenciario y que no sirviera simplemente como lugar de reclusión, en 1881 el gobernador del Distrito Federal, Ramón Fernández, nombró una comisión especial5 encargada de realizar una reforma al código penal de 1871, que permitiera la adopción de alguno de los modernos sistemas penitenciarios expuestos en congresos internacionales; el primero de ellos tuvo lugar en Londres en 1872, el segundo se celebró en Estocolmo en 1878 y el tercero en Roma en 1885.6

A finales de 1882, la comisión presentó sus trabajos, dando a conocer que el sistema penitenciario elegido para el Distrito Federal sería el de Croffton o “irlandés” que, en palabras de Miguel S. Macedo, integrante de la comisión especial, era “un sistema de prisión gradual y progresiva, en que el rigor y la duración de la pena, dentro de ciertos límites dependen de la conducta del reo”.7 El sistema penitenciario de Croffton había causado sensación desde el primer congreso por los resultados positivos que generó en los reos irlandeses.

En 1885 comenzó a edificarse la penitenciaría en los potreros de San Lázaro, en un predio que se presumía era de una familia de apellido Lecumberri (de donde se desprende su nombre popular), y que en aquel entonces se encontraba a las afueras de la capital, con base en el proyecto arquitectónico del Ing. Antonio Torres Torrija.

La estructura del edificio tuvo como centro una torre panóptica y las celdas o crujías confluían hasta ella de forma radial, formando una estrella de siete brazos. El proyecto incluyó un tratamiento por “periodos” tal como era el de Croffton. Serían cuatro, y su orden era progresivo. En el primero de ellos el reo sería confinado en una celda individual (encierro celular) que medía 3.60 metros de largo por 2.10 de altura, con la finalidad de favorecer la introspección y el arrepentimiento; a éste, se destinaron 322 celdas equipadas con un camastro adherido a la pared, un sanitario y un lavabo con una ventana enrejada que permitía una ventilación saludable. Si el reo daba muestras de arrepentimiento o de “mejora”, podía pasar al siguiente periodo, donde interactuaría con otros reos en los talleres y la escuela. Para este periodo se dispusieron 288 celdas, también equipadas. El tercer periodo se apoyó decididamente en el régimen de trabajo, asistencia a la escuela y auxilio espiritual como parte del tratamiento moral. El cuarto y último periodo consistió en la libertad preparatoria. En total, el proyecto disponía celdas para no más de 740 internos, además de talleres bien instalados y nada improvisados (como en la cárcel de Belem), escuelas, cocinas y una enfermería, entre otros aposentos útiles.

Como se puede apreciar, el Reglamento de la Penitenciaría de México pretendió regular prácticamente todas las actividades y tareas, asignándoles un horario. Por la mañana, las camas debían arreglarse. La distribución de los alimentos se hacía en orden, en trastos adecuados; por reglamento, en las mañanas el desayuno consistía en pan y atole. En la comida se servía arroz, carne, frijoles u otra semilla y pan; mientras en la cena se repartían frijoles y pan. Si el reo se encontraba en el segundo o tercer periodos y daba muestra de su buen comportamiento, se le permitía recibir comida del exterior en los días y horarios de visita.8

Según el reglamento, si el reo no contaba con “ropaje apropiado”, la administración penitenciaria se lo proporcionaría, con la condición de que lo mantuviera en buen estado y lo lavara por lo menos una vez a la semana (o de lo contrario, se haría acreedor a una falta disciplinaria). En el reglamento también se propuso el ejercicio físico. Mientras los del primer periodo podían realizar pequeñas caminatas o estiramientos en patios celulares, los del segundo y tercer periodos se ejercitaban en los patios de sus departamentos.9 Asimismo, todo reo debía ocuparse en las actividades que les designara el director, quien al hacerlo debía tomar en cuenta su edad, complexión física y estado de salud. Los talleres que en un principio se propusieron fueron los de sastrería, zapatería y tejidos de palma, que comenzaban a funcionar desde las ocho de la mañana a las doce del mediodía, y luego de la una a las cinco de la tarde, respetando los días de asueto nacional.10 En cuanto a la instrucción escolar, ésta comprendió “solamente lectura, escritura [y] las cuatro primeras reglas de aritmética”.11 Debido a que la promoción de cualquier religión quedó prohibida, se impartieron lecciones de moral sin referencia a ningún culto, por medio de conferencias, pláticas o lecturas que hacían los profesores u otras personas autorizadas por la dirección.

Por ende, el proyecto penitenciario, que se desarrolló durante el mandato presidencial de Manuel González y se consolidó e inauguró en tiempos de Porfirio Díaz, tuvo por propósitos morigerar los vicios denunciados en las viejas cárceles como Belem, a la par de inculcar en los reos los valores del trabajo, la educación y la disciplina como bases para la reinserción social, en tiempos en que el encierro quiso dejar de ser castigo para convertirse en vehículo de enmienda moral y pública. Sin embargo, tras la inauguración de Lecumberri, el 29 de septiembre de 1900, poco duró su funcionamiento ideal: una década después, hubo alarma no sólo por el estertor político y social para deponer la dictadura de Díaz, sino que las instituciones entorpecieron su marcha. Y la penitenciaría no escapó de ello.

El funcionamiento

Si bien este proyecto penitenciario fue pensado con las mejores perspectivas de eficacia regeneradora, lo cierto fue que el tiempo y las circunstancias del país durante el siglo xx hicieron tambalear el funcionamiento de Lecumberri y posteriormente provocaron su naufragio. Según el periodista Aldo Coletti, la penitenciaría funcionó según lo planeado cuando menos durante sus primeros diez años.

El inicio de la Revolución mexicana trastocó la vida carcelaria. A finales de 1911, el delegado del Consejo de Dirección Penitenciaria calificó de “grave” la situación de Lecumberri. En una comunicación que envió a la Secretaría de Gobernación, llamó la atención sobre la creciente indisciplina de los reos, cada vez menos dóciles a las figuras de autoridad, en buena medida por la presencia de presos políticos que la marejada revolucionaria llevó a las instalaciones. El delegado advirtió que “la situación de la penitenciaría debe considerarse como grave”,12 pues su temor estribaba en que el malestar tomara mayores proporciones. Aunque se desconoce su funcionamiento durante los años de la Revolución, lo cierto fue que ese hecho encendió los focos rojos dentro del penal y quizá hasta trastocara su marcha irremediablemente. Si así fue, habría que imaginar la saturación de reos sin precedente que padeció Lecumberri tras el cierre y demolición de la cárcel de Belem en 1933, no obstante que se ampliara su parte poniente para fungir como cárcel general.13

Luego del traslado de reos, el número de partidas de internos en Lecumberri pasó de 840 en 1932 a 9 305 en 1933, cifra que puso en jaque la administración del penal:14 “Era común que en una celda normal de tres metros y medio de largo, por dos y medio de ancho, llegaran a vivir hasta 15 o 18 internos” en el mejor de los casos; de lo contrario, varios otros que no alcanzaban dormitorios “tenían que conformarse con vivir en los patios y dormir en los baños de las crujías entre las inmundicias”.15 En los momentos más graves de hacinamiento, algunos se ataban a los barrotes de la celda para poder dormir aunque fuera de pie.

Si bien el número de partidas no refleja la cantidad de reos que se encontraban recluidos, sino el número de consignaciones, dichas cifras son reveladoras, pues se corrobora que, después del cierre de Belem, Lecumberri fungió como la principal aseguradora de reos en la capital, tanto de procesados como de sentenciados.

La nueva penitenciaría del Distrito Federal, inaugurada en 1957, fue destinada para los reos sentenciados, con lo que Lecumberri dejó de cumplir su antigua función, para convertirse en prisión para procesados16 o cárcel preventiva, cuya nueva función consistiría en

impedir la fuga del procesado, asegurar la presencia a juicio, asegurar las pruebas, proteger a los testigos, garantizar la ejecución de la pena, proteger al acusado de sus cómplices, proteger al criminal de las víctimas, evitar se concluya el delito, prevenir la reincidencia, garantizar la reparación del daño, proteger a las víctimas del criminal y de sus cómplices.17

Las nuevas funciones de Lecumberri, convertida ahora en cárcel preventiva de la ciudad (que aún con la inauguración de la nueva penitenciaría ejerció como prisión para sentenciados) abonaron al considerable deterioro de las malas condiciones de vida de los reos, según lo denunciaron algunos funcionarios. Por ejemplo, el Lic. Carlos Franco Sodi estuvo al frente de dicha institución durante año y medio, pues renunció en 1938 a causa de lo difícil que le resultó lograr una medianamente buena administración del penal. Los principales agentes de su fracaso fueron la falta de recursos para lograr el saneamiento interno de los espacios carcelarios y la ausencia de personal apropiado. Un caso similar fue el de Javier Piña y Palacios, quien tomó el cargo de director del penal a principios de enero de 1947.18 Los problemas que ambos directores debieron enfrentar pueden agruparse en los rubros de alimentación, salud, personal carcelario y seguridad, trabajo en talleres y escuelas. Veamos cada uno de ellos.

Sobre los alimentos, la administración de Piña y Palacios, además de la monotonía alimentaria —que consistía en una dieta basada en pan, frijoles, arroz, atole y ocasionalmente carne, señalados por reglamento—, tuvo que enfrentar la conservación de viandas, pues el refrigerador se había descompuesto; además, la preparación de las comidas era demasiado descuidada, y su distribución se hacía de la forma más deshonrosa: sólo algunos reos poseían escudillas para recibir sus alimentos, frente a un gran número que no, por lo que a la hora de servírseles “cogían el extremo del faldón del saco haciendo un pequeño hueco, [y] ahí lo recibían”.19 Para remediar la descomposición y mejorar la preparación de alimentos, el director Piña y Palacios ordenó reparar el refrigerador y comisionó a un grupo de reos para que se hiciera cargo de la cocina. Los cambios fueron tan acertados que los alimentos mejoraron para beneplácito de los internos, aunque a la larga eso condujo al cobro ilegal de raciones, que se suponían gratuitas.

Sobre la salud, gran problema representó en el penal la atención de reos enfermos, heridos y moribundos debido a la falta de presupuesto para la compra de medicamentos y la carencia de espacios adecuados para atenderlos. Durante la administración de Franco Sodi, la enfermería no contaba con las medicinas necesarias, y a veces carecían hasta de “un paquete de algodón o una venda cualquiera”. Y en cuanto a sus instalaciones, según Piña y Palacios, la enfermería presentaba un lamentable estado con camas desvencijadas, burós maltratados, colchones sucios y sin sábanas, con almohadas destripadas. “Un verdadero retrato de la miseria en la atención del preso enfermo”, pues incluso llegaban a hacerse extracciones dentales sin anestesia y otros procedimientos quirúrgicos.20 Qué más se podía esperar si el presupuesto consistía en 1 000 pesos mensuales para atender a 4 000 personas.

Hacia la década de 1950, los padecimientos más comunes atendidos por Medicina Interna del penal fueron los de reumatismo, amigdalitis, gripe, apendicitis crónica, ictericia y fiebre tifoidea, así como diversas enfermedades venéreas: gonorrea, chancro blanco, adenitis, sífilis y papilomas. El área de cirugía se veía rebasada por los muchos casos de heridas ocasionadas con armas punzocortantes que llegaban a diario. El servicio de neuropsiquiatría atendía desde casos de “confusión mental” hasta homosexualidad.21 También la prisión contaba con un “pabellón de tuberculosos”, al que el célebre asesino Gregorio Cárdenas dedicó muchas líneas (al describir el lamentable deterioro de los pacientes a causa de la falta de medicamentos y atención médica adecuada).22 Piña y Palacios aplicó diversas medidas, como la designación de un médico para cada pabellón; consiguió mantas, colchones y cobijas en buen estado; aisló a los pacientes de tifo para prevenir contagios masivos y promovió una campaña de “despiojamiento” de presos con ayuda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Atendido el rubro de salud, otro flanco de batalla que señalaron los directores del penal fue el referente al personal carcelario y de seguridad, pues tanto Franco Sodi como Piña y Palacios consideraron que el personal de vigilancia solía no ser apto ni honesto para desempeñar su labor. Muchas de las personas abocadas a dicho servicio eran “soldados viejos, viejos miembros del ejército o policías viejos, con todos sus defectos: deshonestos, mafiosos, hipócritas, falsos, corrompidos, viciosos, sujetos a una falsa disciplina”,23 lo que, en opinión de Franco Sodi, convirtió a la cárcel en “floreciente mercado de los peores instintos, en escenario de las más grandes concupiscencias, en brillante negocio de quienes lucran con la miseria, el dolor y todos los vicios humanos”.24 El personal carcelario participaba activamente en la venta y consumo de enervantes, pues algunos eran traficantes de drogas y alcohol.25 Por tanto, fue opinión extendida entre los directores de la cárcel que poco podía hacerse por la seguridad sin contar con personal bien capacitado, idea que algunas décadas más adelante fue un eje para una de las más relevantes reformas carcelarias en México.

Otros dos problemas que los directores atendieron con ahínco fue el de los talleres y las escuelas carcelarias, considerados como puntales del tratamiento resocializador desde el primer reglamento de 1900.26 El número de talleres era insuficiente, lo que se tradujo en una desocupación casi masiva de reos, mientras que los que tenían algún trabajo en ellos percibían salarios irrisorios: en tanto que un linotipista libre ganaba unos sesenta u ochenta pesos diarios, el salario de un preso no pasaba de siete pesos.27

Las décadas de Lecumberri vieron nacer y desaparecer distintos talleres. En 1966 operaban pírricamente seis: “fundición, imprenta ‘Ortiz Rubio’; zapatería, sastrería, carpintería y panadería”,28 que daban ocupación a un número no mayor de 300 internos. Luego, hacia 1972, “gracias al impulso que recibieron y al deseo de diversificar los oficios practicados y enseñados en la cárcel preventiva, con la pretensión de dar ocupación a los internos”, se crearon nuevos talleres.29 De tal forma, la cárcel preventiva llegó a contar con dos almacenes y dieciséis talleres en los que se elaboraban diversos productos, “principalmente para dependencias del Departamento del Distrito Federal”.30

Hacia 1973, los talleres en el penal eran los de zapatería, granito, carpintería, artesanía, automotor, pintura, sastrería, fundición, jabonería, panadería, hilados y tejidos, cerámica, mecánica31 y muebles e imprentas (funcionaban dos, la Ortiz Rubio y la Lázaro Cárdenas). En ellos, los internos cumplían jornadas de ocho horas diarias. Había, además, trabajadores libres que eran en su mayoría los jefes de talleres, quienes entraban y salían como el personal de cualquier empresa. Los internos, tratándose Lecumberri de una cárcel preventiva, estaban en espera de su libertad o traslado, por lo que casi todos eran aprendices u operarios, aunque también había “encargados, ayudantes y jefes”.32

Las instalaciones de los talleres, en general, carecían de espacio, “funcionalidad, y de condiciones de trabajo favorables”.33 Su maquinaria y equipo resultaba ser “muy antigua y por consiguiente poco funcional, pues constantemente se encuentra en reparación”.34 En suma, los talleres no contaban con la infraestructura ni las medidas de seguridad que garantizaran a los presos un desempeño seguro de sus actividades productivas y resultaban insuficientes, pues sólo daban ocupación a una mínima parte de la población penitenciaria: 20% del total. El personal que laboraba, tanto administrativo como productivo, sumaba 900 personas (de 4 200, internos en el mejor de los casos), incluyendo al personal “libre”.35

En cuanto a las escuelas, según testimonio de Carlos Franco Sodi, su funcionamiento era deficiente y, al igual que los talleres, resultaban insuficientes y carecían de útiles. Hacia los años setenta, la problemática seguía siendo similar a la denunciada: el espacio era poco idóneo para la impartición de clases y la asistencia, reducida. La principal escuela que funcionó fue la Venustiano Carranza, de educación primaria, incorporada a la Secretaría de Educación Pública por lo que expidió certificados oficiales;36 entre 1971 y 1972 fue dirigida por un médico procesado por homicidio. El personal académico y administrativo estuvo “conformado por los mismos internos, de acuerdo con la selección inicial que se hizo tomando en consideración, básicamente, su escolaridad y estudios afines”.37

No fue sino hasta la reforma penitenciaria de la década de los setenta que se llevó a cabo una reorganización educativa en la prisión, para lo cual se formó “una sección pedagógica de acuerdo con los estudios practicados por la Secretaría de Educación Pública y Seminarios de Charlas de Cultura General”, lo que supuso, según datos expresados por la juez Victoria Adato, un aumento considerable de la asistencia escolar.38

También se sabe de la existencia de una escuela secundaria, pero no hay más datos al respecto, sólo que en la escuela primaria y la secundaria —consideradas como “talleres” dentro de la administración de Lecumberri— “prestaban sus servicios 80 internos entre profesores y escribientes”.39 La escuela Venustiano Carranza fue una “pequeña fortaleza para su reducido número de profesores y sus no muy numerosos alumnos”, que en los últimos meses de funcionamiento del Palacio Negro se erigió como una de las principales promotoras de actividades cívicas y culturales.40

La situación de la penitenciaría trascendió sus muros. Un ejemplo de ello es el cortometraje que formó parte del programa de noticieros de cine en 1958 —un año después de la inauguración de la penitenciaría— titulado precisamente Palacio Negro, en el que se muestra el ambiente opresivo, plagado de privaciones e incomodidades en el interior de dicha cárcel.41

Vientos de cambio: la Ley de Normas Mínimas

Hacia la década de los setenta poco quedaba ya del proyecto penitenciario de 1900, salvo la imponente estructura en forma de estrella a la que se le habían hecho adiciones para incrementar su capacidad. De ahí en fuera, el sistema por periodos había dejado de funcionar varios decenios atrás, dando paso a una clasificación de reos por delitos, que las autoridades del penal daban como mejor les pudiera asistir la razón.42

Por supuesto que los problemas de Lecumberri denunciados por sus autoridades fueron materia de estudio por los penitenciaristas del momento; tal fue el caso de las discusiones en foros nacionales e internacionales que dieron origen a la aplicación de medidas de gran alcance como la “Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971.

La Iniciativa de “la pequeña gran ley”, como la llamó el reconocido penitenciarista Sergio García Ramírez, fue sometida a consideración por el presidente del Congreso de la Unión en los albores del sexenio de Echeverría, en diciembre de 1970.43 El fundamento de la ley, según palabras del Lic. Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados del 21 de enero de 1971, para explicar y sostener la iniciativa presidencial, obedecía a la necesidad de “readaptar a los delincuentes, favorecer la prevención de los delitos, la reforma y la educación de los reclusos, y la necesaria reincorporación social del excarcelado”.44 Objetivos que hasta entonces no se habían conseguido justamente por no contar con un sistema carcelario, pues el funcionamiento de cárceles y penitenciarías se había caracterizado por el libre arbitrio de los gobiernos de los estados para establecer ciertas normas particulares para su funcionamiento.

Con la publicación de la llamada “Ley de Normas Mínimas” se abrió la posibilidad de que los gobiernos estatales, respetando su autonomía, pudieran celebrar convenios con el gobierno federal para llevar a cabo sus preceptos. La adopción de las Normas Mínimas, elevadas a rango de ley en México, significó la culminación de un largo proceso de estudio en torno a la prisión, sus métodos y resultados, los cuales, sobra decirlo, distaban mucho de ser los planteados por el proyecto mismo de las instituciones de control social, cuyo fin último, amén del castigo, sería el de la reincorporación de los trasgresores a la sociedad como ciudadanos de bien, útiles y productivos.45

Otro elemento que favoreció la adopción de las Normas Mínimas fue la participación de delegaciones mexicanas y sus destacados miembros en los congresos internaciones en materia penitenciaria. En México había importantes indicios que apuntaban a una próxima discusión y transformación de la aplicación de la pena. Los especialistas mexicanos en la materia se encontraban imbuidos de las exigencias y discusiones llevados a cabo en los congresos internacionales en materia de tratamiento y prevención del delito organizados por la onu. Por ejemplo, la participación del destacado criminólogo mexicano Alfonso Quiroz Cuarón dentro del Comité Internacional de Expertos Sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, reunido en Nueva York en mayo de 1958, con motivo de realizar los preparativos, organización y funcionamiento del Segundo Congreso Internacional.46

Otro personaje de gran trascendencia para la adopción de las Normas Mínimas fue, sin duda, el propio Luis Echeverría Álvarez, entonces subsecretario de Gobernación, quien participó de manera activa en el segundo congreso organizado por la onu en Londres, en 1960. Él encabezó a la delegación mexicana y fue seleccionado para pronunciar el discurso de clausura de ese evento.47 Sin duda que su participación influyó, en buena medida, en su interés por las cuestiones penitenciarias que se vieron condensadas en la promoción que hiciera para elevar a rango de ley las Normas Mínimas, una vez que llegó a ser presidente de México.48

Sin embargo, la sola participación de delegaciones mexicanas en congresos internacionales en materia penal poco efecto hubiera surtido si no se hubiese dado continuidad a las discusiones en el país. Así, fue muy importante la celebración de congresos nacionales, círculos de discusión en los que no sólo se ventilaron las nuevas tendencias internacionales de la pena, sino sus perspectivas de aplicación en el ámbito nacional. En México, hasta antes de la adopción de las Normas, se habían celebrado tres congresos nacionales. El primero de ellos tuvo lugar del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México;49 el segundo congreso nacional se realizó en 1952, en Toluca; el tercero, en el Estado de México, del 6 al 9 de agosto de 1969; mientras que el cuarto, a un año de haberse adoptado la Ley de Normas Mínimas, se efectuó en Michoacán en 1972.

En cada uno de ellos se discutieron temas relativos al tratamiento penitenciario, cuestionándose seriamente sus bases y alcances reales. En cada caso, se detectaron los factores que dificultaban el éxito del tratamiento penitenciario que, según los especialistas, estribaron en la ausencia de personal capacitado en materia carcelaria (lo que facilitaba la corrupción de sus miembros), la falta de espacios para talleres y escuelas, así como la ausencia de una adecuada administración penal.

Una primera acción, de suma trascendencia y que favoreció la adopción de la Ley de Normas Mínimas, fue la modificación al artículo 18 constitucional, que hacía referencia a la pena privativa de la libertad y al sistema penal. A la letra, dicho artículo estipulaba que

sólo por delito que merezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal —colonias, penitenciarías o presidios— sobre la base del trabajo como manera de regeneración.

Como señala Sergio García Ramírez, una de las aportaciones del proyecto de reforma al artículo 18 en su primer dictamen fue la sustitución del concepto de regeneración por el de readaptación social; prever “una ley ejecutiva que presidiese […] el proceso de ‘readaptación’” y “exigir la aprobación de los convenios”.50 Además, un voto particular que acompañó al dictamen establecía la instauración de un régimen especial para menores y establecimientos separados para mujeres.

El segundo dictamen, leído el 3 de noviembre, fue aprobado definitivamente por el constituyente permanente:

Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal.51

La adición del trabajo y la educación como ejes del tratamiento penitenciario fue la más importante, aunque no la más novedosa. Realizados los correspondientes debates, en noviembre el proyecto fue aprobado por el Senado, con lo que pasó a las legislaturas estatales, y apareció publicado el 23 de febrero de 1965 en el Diario Oficial.

La adición al artículo 18 constitucional fue muy relevante pues, de entrada, dio vida a uno de los cambios penitenciarios más significativos en el México del siglo xx, con la inauguración y puesta en marcha del Centro Penitenciario del Estado de México (siendo gobernador de esa entidad Juan Fernández Albarrán), dirigido por el Dr. Sergio García Ramírez y con Antonio Sánchez Galindo como subdirector. Esta experiencia surgió como el resultado de la ley de ejecución de penas del Estado de México, que por primera vez aprovechaba las experiencias nacional y estatal y los conceptos teóricos en materia penitenciaria expresados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas en 1955 en el seno del Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra, y el artículo 18, que constituyeron la teoría de todo un planteamiento de política penitenciaria que mostraron ser ampliamente compatibles.

El centro penitenciario fue una moderna construcción equipada con lo necesario para mantener la salud y garantizar la readaptación. Contaba con “un completo servicio médico”, una escuela, talleres, un auditorio, una biblioteca, un gimnasio, campos deportivos, una sala amueblada y juegos infantiles para los días de visita familiar. Además, el personal penitenciario fue cuidadosamente seleccionado y adiestrado.

En el centro se garantizaría, como estipulaban las Reglas Mínimas, el tratamiento individual de los sentenciados. Durante el tiempo de su puesta en marcha, hasta el de la aprobación de la Ley de Normas Mínimas, el Centro Penitenciario del Estado de México fungió como alentador ejemplo de que la reforma penitenciaria integral podría ofrecer los resultados largamente esperados, si era llevado a todo el país para marcar la tendencia de la política penitenciaria nacional. Desde la periferia, se llegaría al centro.

Asimismo, la adición del artículo 18 constitucional sentó las bases que la harían compatible con la Ley de Normas Mínimas, oficialmente adoptada el 19 de mayo de 1971 y que afianzó la posibilidad de que las bases del castigo fueran homogéneas en el país. La Ley de Normas Mínimas fue la amalgama de un conjunto de viejos y nuevos preceptos punitivos. Constituida sólo por dieciocho artículos (más cinco transitorios) agrupados en seis capítulos, puso especial énfasis en el tratamiento penitenciario: el diagnóstico y clasificación del reo para su mejor tratamiento individual en prisiones de seguridad máxima, media y mínima (otra innovación), y en la especialización del personal carcelario y su capacitación, además de retomar la importancia del trabajo y la educación.52

Con la Ley de Normas Mínimas, además, se dio paso a la colaboración de especialistas de distintas profesiones —pedagogos, psicólogos, psiquiatras, criminalistas, abogados— como capacitadores del nuevo personal carcelario y empleados en ellos. Con motivo de esta nueva exigencia de formar profesionistas, se celebró el Segundo Curso Técnico Práctico de Selección del Personal de Centros Penitenciarios,53 organizado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. A dicho curso asistieron directores y subdirectores de penitenciarías y reclusorios de las entidades federativas, además de “jefes de servicios médicos, jefes de actividades ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y jefes de las secciones educativas y de vigilancia de los mismos, en número aproximado de 200”.54 Su finalidad fue proporcionar al personal directivo, técnico y de custodia los “elementos doctrinarios y técnicos” necesarios para desempeñar sus funciones, desechando, para siempre, las prácticas corruptas que, hasta entonces, habían signado las actividades del personal en las prisiones a lo largo y ancho del país; así se formarían, gracias a los cursos de capacitación, “hombres probos, eficientes y con sentido social”.55

Debido a la aplicación de las grandes reformas legislativas, se creó por los esfuerzos de Sergio García Ramírez un organismo que velaría por la discusión constante en materia penitenciaria, la impartición académica de materias especializadas en el ámbito penal y la generación de estudios sobre el tema. Esta nueva institución trabajaría en tres espacios profesionales y académicos relacionados: criminología, disciplinas jurídico-penales y criminalística; y cada uno de ellos cubriría funciones de docencia, posgrado e investigación, con la idea de su inmediata aplicación práctica; así surgió el Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe), organismo descentralizado del Estado que serviría a los requerimientos públicos en las materias de su especialidad.56 El signo fue el destino: personal especializado y capacitado por profesionales en la materia al servicio de un nuevo tipo de centro penal: los reclusorios, un modelo forjado a la medida de las necesidades de los presos mexicanos, intento legítimo por dejar atrás los modelos extranjeros.

En cuanto a las normas, éstas no tendrían aplicación directa por el solo hecho de su promulgación y publicación en las entidades federativas. “A la expedición de las Normas, que sólo significa una facultad o herramienta para el Gobierno Federal, deberá agregarse la celebración del Convenio, realizado, por lo que toca a los Ejecutivos de los Estados, sólo en los términos que autorice el Derecho local”,57 lo que ocurrió en los años subsiguientes.

Borrón y cuenta nueva

A la luz de las nuevas perspectivas penales, las prisiones viejas como Lecumberri comenzaron a ser duramente criticadas; y la añeja corrupción que imperaba en ellas, difundida como nunca antes. Durante los años que mediaron entre la puesta en marcha de la Ley de Normas Mínimas al cierre de Lecumberri, transcurrió un lustro, tiempo en el que ocurrieron oportunamente dos fugas: la de un estadounidense procesado por narcomenudeo, llamado James Dwight Worker, quien escapó del penal el 17 de diciembre de 1975 disfrazado de mujer con ayuda de su esposa, Barbara Chilcoate. Si bien esta sorprendente evasión recibió la atención de diversos diarios, no obtuvo la misma cobertura que la última fuga acontecida ni como pretexto para exhibir la corrupción que había invadido a la prisión hasta su médula. De hecho, la noticia sobre Worker fue dada a conocer tres días después en los diarios.58

La fuga a la que me refiero tuvo lugar el 26 de abril de 1976 y fue protagonizada por una banda de narcotraficantes liderada por el cubano nacionalizado estadounidense Alberto Sicilia Falcón, junto con sus cómplices Luis Zúcoli Bravo, Roberto Hernández Rubí y José Egozzi Béjar. El escape se realizó a través de un túnel que se cavó del exterior al interior del penal, ya que, con oportunidad, algún tiempo antes los futuros prófugos habían sido cambiados de crujía “inexplicablemente”. La proyección mediática de la fuga, pesquisa y posterior recaptura de tres de los cuatro evadidos se siguió con puntualidad a través de la prensa (y seguramente por radio y televisión). Mientras se relataban los pormenores de la fuga y se daban a conocer los resultados de las investigaciones, los intersticios fueron cubiertos con investigaciones especiales sobre la vida triste y corrupta en Lecumberri, historias de muertos y desaparecidos, de presunta complicidad entre autoridades y presos en diversos casos de corrupción y venta y distribución de drogas. Relatos de los castigos en los “apandos” o celdas de castigo, y de las fatigosas y humillantes labores de limpieza, como la “fajina”, impuesta a manera de castigo a los que osaran no pagar las elevadas cuotas a los jefes de dormitorio por recibir ciertos servicios que debían ser gratuitos (comer decentemente o tener un lugar para dormir). No por nada a Lecumberri se le dio otro mote, el del “hotel más caro de México”.

La amplia cobertura de esta fuga se debió con seguridad a que reforzó la necesidad expresada en la Ley de Normas Mínimas de sustituir poco a poco los viejos penales corrompidos por un nuevo proyecto de encierro: los reclusorios o centros de rehabilitación social (cereso) que serían, en este contexto, los “hijos” de la reforma penitenciaria del gobierno de Luis Echeverría.59 Con el paso de los días y meses, la idea de la sustitución y eliminación de la vieja cárcel preventiva cobró mayor fuerza. Sus reemplazos se hallaban ya construyéndose: el Reclusorio Norte y el Oriente estaban destinados a relevar de sus funciones a la vieja cárcel. El subdirector general de Obras Públicas del Departamento del D.F., el Arq. Ignacio Machorro, encargado de la construcción de los flamantes reclusorios, señaló que “los propósitos de las nuevas construcciones son, fundamentalmente, acabar con el viejo penal de Lecumberri”; además de “crear instituciones idóneas para la aplicación de la Ley de Normas Mínimas y Readaptación e integrar un sistema coherente de reclusorios”.60

Bajo las nuevas exigencias con las que surgió el proyecto del reclusorio-tipo, las antiguas prisiones, como Lecumberri en el Distrito Federal, no tenían ya oportunidad de permanecer en funciones. Los nuevos reclusorios, que contarían con un departamento especial para reos sujetos a proceso, reemplazarían las funciones de cárcel preventiva de Lecumberri. Más aún, su viejo edificio difícilmente podría ser adaptado a las nuevas exigencias de reclusión. Este inmueble, construido sobre un predio que solía inundarse en tiempo de lluvias y que hacia 1976 se encontraba dentro de la zona urbana y no a sus afueras, representaba una amenaza que contravenía la del criterio geográfico, exigido a los nuevos reclusorios: ubicarse fuera del perímetro de las ciudades. Más aún, bajo un criterio enteramente simbólico, el antiguo penal representaba la ignominia humana y recordaba la vieja deuda histórica que se tenía con las prisiones: la de hacerlas verdaderos centros de resocialización y expiación de las culpas, y no retratos de miseria humana.

Mientras que la sucesión penal se suscitaba, se removió al entonces director del penal, Francisco Arcaute Franco —sospechoso, si no de la fuga, sí de permitir niveles escandalosos de corrupción—, y en su lugar se designó al reconocido doctor en derecho y penitenciarista Sergio García Ramírez, que entonces se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. Él aplicó diversas medidas para subsanar las carencias del penal sólo mientras se comenzaba a trasladar a los reos a los reclusorios. El viernes 29 de julio de 1976 comenzó a funcionar el Reclusorio Norte, uno de los cuatro proyectados, que se ubicó en Santa María Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero. Desde el 1o. de agosto, Lecumberri comenzó a desocuparse; “diariamente, a partir del primero de ese mes, los presidiarios serían ‘embarcados’ hasta dejar vacía la decadente y degradante fortaleza porfirista”.61

El criterio para el traslado: un estricto orden alfabético; no por celdas, no por el tipo de delito ni la situación jurídica; “no contaban las edades; políticos y comunes eran iguales”.62 En los días subsecuentes, la prensa dio cuenta de estas mudanzas, con las que la prisión comenzaba a despoblarse: “Varias de sus crujías han dejado de albergar reclusos y éstos están ya siendo trasladados a los reclusorios programados por el presente Régimen para dar sitio en ellos a quienes tienen cuentas con la justicia”.63

Poco a poco, y en el transcurso de ese mes, los reos de Lecumberri fueron llevados al Reclusorio Norte y al también recién inaugurado Reclusorio Oriente. El 5 de agosto se trasladaron a 316 internos de la cárcel preventiva al Reclusorio Norte. Poco a poco Lecumberri quedó vacía. En un acto solemne encabezado por García Ramírez, luego de un recorrido final por sus pasillos vacíos, éste dirigió un discurso a la comitiva, en el que exaltó las bondades del moderno sistema de reclusión que ya estaba en funcionamiento, no sin destacar que precisamente en esa vieja casona, antes imponente edificio, se había experimentado la reforma penitenciaria con distinguidos juristas de la época que forjaron en su momento un gran proyecto penitenciario. A las 19:45 horas del 26 de agosto de 1976, se declaró clausurado el penal.

Reflexiones finales

Tras 76 años de servicio, la penitenciaría del Distrito Federal, que luego se transformó en prisión preventiva, cerró sus puertas definitivamente, si bien su inmueble escapó de milagro de la piqueta. De principio a fin, la historia de los sistemas de encierro en nuestro país, aunque no en exclusiva, describe las aspiraciones y necesidades de generaciones de reformadores que han sugerido cambios integrales con la finalidad de subsanar lamentables condiciones de vida en los penales. Ocurrió en el tránsito de Belem a Lecumberri, y luego de Lecumberri a los reclusorios. Hasta el momento, han ocurrido dos momentos señeros en la reforma carcelaria en México, que justamente dieron origen al proyecto de la penitenciaría del Distrito Federal y luego al de los reclusorios.

De principio a fin, en cada uno de ellos, se partió del entusiasmo por generar mejoras en materia de regeneración y reinserción social de los reos, lo que cambió paulatinamente con los años para llegar a la desilusión, luego al hartazgo y, al final, la reforma. La penitenciaría surgió del entusiasmo de un grupo de extraordinarios reformadores, abogados, ingenieros y arquitectos dispuestos a consolidar la aspiración penitenciaria presente desde la primera mitad del siglo xix (anhelo compartido con América Latina). El gran proyecto penitenciario pudo plasmarse muchas décadas después, durante un periodo de “orden y progreso” necesarios para una obra de semejante envergadura; pese al apoyo inicial, éste no pudo resistir las inclemencias del clima político, cuya inestabilidad social repercutió como nunca en su funcionamiento. Con la saturación, llegó la impotencia; y probablemente mucho antes, la corrupción. Las carencias se hicieron más evidentes y se volvieron serios problemas: no había muchos talleres ni escuelas como para apartar del ocio y brindar a los internos elementos útiles para su posterior vida en libertad. Los años siguieron su marcha y el deterioro de Lecumberri también, a tal grado que se le comenzó a llamar, no sin justa razón, “Palacio Negro”.

Por fortuna, a los grandes males se antepusieron grandes remedios, pues un nuevo grupo de especialistas continuaron mirando como sus antecesores, más allá de nuestro país, allende el mar; aunque, a diferencia de quienes dieron vida a la penitenciaría del Distrito, no sucumbieron al canto de las sirenas y decidieron que podían y debían crear un modelo de reclusión propio, sin retomar sistemas extranjeros, pues se había demostrado de sobra que no eran garantía de éxito. Se apoyaron en la experiencia, y el nuevo proyecto —del que surgieron los reclusorios o centros de rehabilitación social— se volvió a cimentar en el trabajo y la educación pero, más que eso, en la necesidad de incluir especialistas en diversas ramas del saber para realmente dotar de un tratamiento eficaz a los reos, sin soslayar la necesidad de contar con personal adecuado, formado para enfrentar las duras condiciones de las cárceles sin corromperse.

Así, la reforma, que se presumió integral y que llegó de la mano de la Ley de Normas Mínimas, arribó para quedarse y poner fin a las viejas cárceles y penitenciarías decimonónicas. Lecumberri, entre ellas.

Referencias

Archivos y bibliotecas

Archivo General de la Nación (agn), ramo Gobernación, sección tercera, Cárceles y penitenciarías.

Archivo Histórico del Distrito Federal (ahdf), fondo Cárceles, expedientes de reos.

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Archivos Económicos, ramo Penitenciaría.

Legislación

Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 1971.

Publicaciones oficiales

Diario Oficial, junio de 1976.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, septiembre de 1974 y 1976.

Hemerografía

El Universal, años: 1933, 1975.

El Universal Gráfico, año: 1976.

Obras consultadas

Adato de Ibarra, Victoria, La cárcel preventiva de la ciudad de México, “Lecumberri” vista por un juez (Antecedentes. Texto de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación de Sentenciados. Objetivo de la reforma penitenciaria), México, Botas, 1972.

Aguirre, Carlos, “Cárcel y sociedad en América Latina: 1800- 1940”, en Eduardo Kingman Garcés (comp.), Historia social urbana. Espacios y flujos, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2009, pp. 209-252.

Anaya Moreno, José Luis, Escuela de humo. Lecumberri, “el Palacio Negro” el argot y las experiencias de esa vida carcelaria, México, Diana, 1985.

Ávila Pérez, Alberta, “Diagnosis contable y administrativa de los talleres industriales de la Cárcel Preventiva del Distrito Federal”, tesis de licenciatura en Contaduría Pública, unam, Facultad de Contaduría y Administración, 1973.

Cárdenas Hernández, Gregorio, Celda 16, México, Diana, 1982.

Coletti, Aldo, La negra historia de Lecumberri, México, Contenido, 1977.

Flores Flores, Graciela, “A la sombra penitenciaria: la cárcel de Belem de la ciudad de México, sus necesidades, prácticas y condiciones sanitarias, 1863-1900”, Revista Cultura y Religión, Santiago de Chile, vol. ii, núm. 3, 2008, pp. 1-9.

Franco Sodi, Carlos, “La penitenciaría del Distrito Federal y el licenciado Franco Sodi”, Criminalia, núm. 2, octubre de 1938, pp. 110-116.

García Ramírez, Sergio, El artículo 18 constitucional: prisión preventiva, sistema penitenciario, menores infractores, México, unam, 1967.

García Ramírez, Sergio, El final de Lecumberri (reflexiones sobre la prisión), México, Porrúa, 1979.

García Ramírez, Sergio, “Homenaje a un criminólogo ilustre: Alfonso Quiroz Cuarón”, Criminalia, núms. 1-12, enero-diciembre de 1989, pp. 9-18.

García Ramírez, Sergio, La reforma penal de 1971, México, Botas, 1971.

García Ramírez, Sergio, “Pena y prisión. Los tiempos de Lecumberri”, en Lecumberri: un palacio lleno de historia, México, Secretaría de Gobernación / agn, 1975, pp. 71-84.

González Salinas, Héctor F., Penología y sistemas penitenciarios, Monterrey, México, uanl-Facultad de Derecho y Criminología, s/f.

Larrauri, Sergio Antonio, “Investigación sobre higiene y seguridad industrial en los talleres industriales de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México”, tesis de licenciatura en Contaduría Pública, México, Facultad de Contaduría y Administración, unam, 1971.

Macedo, Miguel S., “Los establecimientos penales”, en Justo Sierra et al., México: su evolución social. Síntesis de la historia política […], México, Ballescá y Compañía, 1902, t. i, pp. 690-706. [Dos volúmenes.]

Memoria del Primer Congreso Nacional Penitenciario celebrado en la Ciudad de México del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 1932, convocado por la Dirección Antialcohólica, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1935.

Moya Palencia, Mario, “Motivos y alcances de la Ley de Normas Mínimas”, en Reforma penitenciaria y correccional en México, México, Secretaría de Gobernación, 1975.

Olmo, Rosa del, América Latina y su criminología, México, Siglo XXI Editores, 1999.

Parra Ruiz, Daniel et al., “Estadística médica de la Penitenciaría del D.F.”, Criminalia, núm. 8, agosto de 1967, pp. 579-584.

Pavarini, Massimo, “La invención penitenciaria: la experiencia de los Estados Unidos de América en la primera mitad del siglo xix”, en Darío Melossi et al., Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos xvi-xix), México, Siglo XXI Editores, 2003, pp. 135-188.

Pineda Ochoa, Fernando, En las profundidades del MAR (el oro no llegó de Moscú), México, Plaza y Valdés, 2003.

Piña y Palacios, Javier, “Lecumberri, mi casa durante dos años”, Criminalia, núms. 1-3, enero-marzo de 1979, pp. 113-119.

Pont, Marco del, Derecho penitenciario, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1984.

“Reglamento de la Penitenciaría de México”, en Memoria del Ayuntamiento. Documentos. Documentos de la Memoria del Ayuntamiento de México en 1900, México, Tip. y Lit. La Europea, de J. Aguilar Vera y Compañía, 1901, t. ii, pp. 392-423.

Rodríguez Manzanera, Luis, La crisis penitenciaria y los substitutivos de la prisión, México, Porrúa, 1998.

VI Informe del presidente Luis Echeverría Álvarez, México, Edición de Cultura y Ciencia Política, 1976.

1 Universidad Nacional Autónoma de México-iis.

2 “Informe presentado por el C. Licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al sexto año de su gestión administrativa”, en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1o. de septiembre de 1976, p. 6; también puede consultarse el VI Informe del presidente Luis Echeverría Álvarez, p. 11.

3 Sobre las condiciones de vida en la cárcel de Belem, véase, Flores, “A la sombra…”, pp. 1-19.

4 Algunos empeños penitenciarios dieron sus primeros frutos en Río de Janeiro, que comenzó la edificación de su penitenciaría en 1834; le siguieron Santiago de Chile, 1844; Lima, Perú, 1856; Quito, 1874; Buenos Aires, 1877; sobre el penitenciariarismo y las cárceles en América Latina, consúltese el interesante texto de Aguirre, “Cárcel y sociedad…”, pp. 209- 252. La bibliografía que ofrece el autor es muy útil y contiene historiografía carcelaria representativa de varios países de América Latina.

5 La comisión especial estuvo integrada por José M. Castillo Velasco, como su presidente; y como vocales, figuraron el Gral. José Ceballos, los Lics. Miguel S. Macedo y Luis Malanco; los Ings. Antonio Torres Torrija, Ramiro Sáyago y Francisco de P. Vera; el Lic. D. M. Alcalde, el Gral. Pedro Rincón Gallardo; y como secretario, el Lic. José Y. Limantour.

6 Sobre los congresos penitenciarios en el siglo xix véase Olmo, América Latina…, p. 76.

7 Macedo, “Los establecimientos penales”, p. 703.

8 “Reglamento de la Penitenciaría de México”, en Memoria del Ayuntamiento. Documentos. Documentos de la Memoria del Ayuntamiento de México en 1900, pp. 392-423.

9 Ibid., art. 51.

10 Ibid., art. 59.

11 Ibid., art. 65.

12 Archivo General de la Nación (en adelante, agn), ramo Gobernación, sección tercera, Cárceles y Penitenciarías, “El Gobernador del Distrito participa que los presos políticos de la Penitenciaría gozan de mucha libertad de comunicación y reciben toda clase de correspondencia”, 1911-1912.

13 “La cárcel de Belén, la ciudad del crimen vergüenza de la ciudad, que por fortuna va a desaparecer ya bajo la piqueta demoledora”, El Universal, 31 de enero de 1933, p. 12.

14 Las cifras se obtuvieron de la revisión de las listas de partidas de reos en Belem y Lecumberri que se encuentran en el Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo Cárceles, expedientes de reos.

15 Coletti, La negra historia…, p. 120.

16 Las categorías de prisiones se encuentran previstas en la Constitución. El artículo 18 previene que se hallarán separados los procesados de los sentenciados. Sergio García Ramírez, al respecto, señala: “La primera de esas categorías es la prisión para procesados, individuos que se hayan sujetos a juicio; todavía no están sentenciados […]. La otra categoría es la prisión para sentenciados, condenados a pena privativa de la libertad. Aquí se trata de sancionar, castigar, punir. De ahí el nombre de penitenciarías: lugares de penitencia, reclusorios de pena, no de mera custodia mientras concluye el juicio” (García, “Pena y prisión…”, p. 81).

17 Rodríguez, La crisis penitenciaria…, pp. 24 y 25.

18 Piña, “Lecumberri…”, p. 113.

19 Ibid., p. 117.

20 Ibid., p. 118.

21 Parra et al., “Estadística médica…, p. 108.

22 Cárdenas, Celda 16, pp. 7-9.

23 Piña, “Lecumberri…”, p. 119.

24 Sodi, “La penitenciaría…”, p. 114.

25 Ibid., p. 112.

26 “Reglamento de la Penitenciaría…”, tomo ii, pp. 382-423. Sobre el trabajo: “Todo reo debería ocuparse de las actividades que les asignara el Director; para lo que previamente tendría que contemplarse la edad, complexión física, estado de salud, además de instruirlo adecuadamente para efectuar el trabajo en los talleres. El horario de trabajo sería de las ocho de la mañana a las doce del mediodía y de la una a las cinco de la tarde. Se suspenderían las actividades los días de fiesta nacional […] Los talleres serían de sastrería, zapatería y tejidos de palma” (art. 59, p. 397. Grafía original). En cuanto a la instrucción escolar, “comprenderá solamente lectura, escritura y las cuatro primeras reglas de aritmética” (art. 65, p. 398). Además de que se impartirían lecciones de moral por personal especial designado por la dirección.

27 Sodi, “La penitenciaría…”, p. 116.

28 Adato, La cárcel preventiva…, p. 53.

29 La juez Adato de Ibarra corroboró la existencia de 16 talleres al momento de la publicación de su estudio, éstos eran: fábrica de cuadernos, hilados y tejidos, jabonería, mosaico, granito y lozas para cementerio, mecánico, artesanías, cerámica, pintura, modelado y de muebles en alambrón y plástico en los que laboraban 1 476 internos. Por otro lado, un año después del estudio de la juez, Alberta Ávila en su tesis de licenciatura consigna que el número de trabajadores en la prisión era de 900 individuos, entre trabajadores presos y libres. También menciona que dentro de la administración de la cárcel preventiva, la escuela primaria Venustiano Carranza y la secundaria (en la que prestaban sus servicios 80 internos entre profesores y escribientes), las instalaciones de cocina (en la que prestaban sus servicios 84 internos), la proveeduría (auxiliada por cinco internos) y la banda de guerra (constituida por 23 presos), estaban considerados como talleres. Además, se contó como trabajadores a los “curiosos”, presos que se dedicaban a la elaboración de “curiosidades” o artesanías, y que eran aproximadamente 708 internos (Ávila, “Diagnosis contable…”, pp. 23-25).

30 Larrauri, “Investigación sobre higiene…”, p. 11.

31 Ávila, “Diagnosis contable…”, p. 9.

32 Larrauri, “Investigación sobre higiene…”, p. 12.

33 Ávila, “Diagnosis contable…”, p. 19.

34 Ibid., p. 21.

35 Ibid., p. 23. El personal libre pertenecía a los talleres dados en concesión, como los de imprenta, en los que también, y en mayor número, laboraban los trabajadores presos. Aunque el personal libre estaba mejor pagado en la prisión, éste no contaba con los beneficios de pertenecer a una dependencia del Distrito Federal, como tener derecho al ISSSTE, sindicato, seguro colectivo de vida, etcétera.

36 García Ramírez, El final de Lecumberri (reflexiones sobre la prisión), pp. 83-87.

37 Anaya, Escuela de humo…, p. 36.

38 En Adato, La cárcel preventiva…, pp. 67 y 68. La autora, pese a hablar de un considerable aumento en el interés de los presos para realizar estudios académicos, sólo enuncia las cifras de 1966. En dicho año, la asistencia a la escuela fue de 1 851 internos; además, se contaba con 120 profesores y 80 ayudantes en la organización, distribuidos en 42 grupos.

39 Ibid., p. 55.

40 Véase García, El final de Lecumberri…, pp. 83-87.

41 Filmoteca de la unam, Palacio Negro, dirigida por Fernando Arnaud, 1958, núm. 37.

42 Según lo relatado por Victoria Adato, la clasificación por dormitorios era: A para reincidentes de robo, B para Comisionados en oficinas. Diferentes delitos, C “agitadores estudiantes”, D homicidios y delitos de sangre, E asalto y robo de primer ingreso, F delitos contra la salud, G obreros y trabajadores por diferentes delitos, H “turno de 72 horas”, I comisionados distinguidos o especiales —no mencionó ni J ni K—, L fraude, abuso de confianza y otras similares; M “agitadores”, N “antiguos agitadores” y el O, para “terroristas, asaltabancos y algunos terroristas peligrosos” (Adato, La cárcel preventiva…, p. 21).

43 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 23 de septiembre de 1976, p. 4.

44 Moya, “Motivos y alcances…”, p. 11.

45 Tales preceptos datan del proyecto mismo de las penitenciarías estadounidenses surgidas a finales del siglo xviii, y se han mantenido vigentes por más de siglo y medio (Pavarini, “La invención penitenciaria…” pp. 135-188). Este autor se ha ocupado de los preceptos e ideología que animó al proyecto penitenciario en sus inicios.

46 Quiroz Cuarón, criminólogo de amplia y reconocida trayectoria en asuntos penitenciarios, promotor de la desaparición de Lecumberri, nació en 1910 y falleció en 1978 (apud García, “Homenaje a un criminólogo…”, pp. 169-173).

47 González, Penología…, p. 476.

48 He mencionado la participación de estos dos personajes, Quiroz Cuarón y Echeverría, dos de los mexicanos más destacados durante la celebración del segundo congreso convocado por la onu en materia de control y prevención del delito, aunque los impulsores de la transformación penitenciaria en el siglo xx suman una larga lista, destaco a Luis Garrido, impulsor de las primeras experiencias sobre formación técnica del personal carcelario y crítico del sistema penitenciario; Carlos Franco Sodi, director de la penitenciaría Lecumberri y autor de reflexiones y críticas sobre las prisiones; Juan José González Bustamante (autor de Bases jurídicas comparadas en el tratamiento de los presos, México, Imprenta Universitaria, 1956); José Ángel Ceniceros, quien escribió sobre la importancia de contar con personal especializado en las prisiones. También destacan otros nombres, como los de Alfonso Teja Zabre, Celestino Porte Petit; Javier Piña y Palacios, director de Lecumberri, miembro fundador del inacipe, jurista reconocido; Héctor Solís Quiroga, autor de una obra sobre sociología criminal, numerosos artículos sobre temas penitenciarios y menores infractores; Sergio García Ramírez, uno de los hombres más influyentes dentro de la renovación penitenciaria suscitada bien entrada la segunda mitad del siglo xx. E igualmente importantes son los nombres de Gustavo Malo Camacho, quien ha trabajado en la formación de personal junto a Javier Piña y Palacios, Quiroz Cuarón, Victoria Adato Green de Ibarra y Raúl Carrancá y Rivas. Ignacio Machorro (quien proyectó los reclusorios para el Distrito Federal), entre muchos otros. Para mayor información y detalle sobre las obras de los antes citados, véase “Los penitenciaristas latinoamericanos (México)”, en Pont, Derecho penitenciario, pp. 117-131.

49 Memoria del Primer Congreso Nacional Penitenciario.

50 García, El artículo 18 constitucional…, pp. 54-55.

51 Ibid., p. 57.

52 La Ley de Normas Mínimas quedó constituida por dieciocho artículos más cinco transitorios, agrupados en seis capítulos, los cuales son Capítulo i, Finalidades; ii, Personal; iii, Sistema; iv, Asistencia a Liberado; v, Remisión Parcial de la Pena; y vi, Normas Instrumentales; en conjunto, por vez primera, su finalidad fue la de “organizar el sistema penitenciario en la República” (art. 1).

53 No encontré referencias de cuándo se efectuó el primer curso técnico-práctico. Si su convocatoria fuera anual, lo más probable es que éste se hubiera efectuado cerca del mismo mes, pero de 1972. Tampoco pude hallar el número de cursos que se efectuaron en total, cuando menos durante el periodo de estudio que me ocupa.

54 Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Archivos Económicos, Ramo Penitenciaría; “Moya Palencia inauguró el II Curso Técnico-Práctico de Selección del Personal de Centros Penitenciarios”, El Nacional, 1o. de marzo de 1973, p. 5.

55 Id.

56 El decreto a través del cual se da vida al inacipe se publicó en el Diario Oficial el 22 de junio de 1976, expedido por el presidente Luis Echeverría el día anterior. Cuatro días después, es decir, el 25 de junio, sería solemnemente inaugurado por Echeverría y el secretario de Gobernación, Moya Palencia. Sergio García Ramírez presidió la junta de gobierno creada por el decreto, mientras que el Dr. Celestino Porte Petit fue el director general; y Rafael Moreno González, director adjunto.

57 García, La reforma penal de 1971, p. 60. Grafía original.

58 Anónimo, “Se fugó de la cárcel el traficante D. James Worker, disfrazado de mujer”, El Universal, 20 de diciembre de 1975, p. 6.

59 En 1974, dentro del Cuarto Informe de Gobierno de Echeverría, se anunciaba con beneplácito que seguía la aplicación de las normas, por lo que eran ya dieciséis estados los “que han incorporado en su legislación los principios de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. No es el castigo el que habrá de cambiar la actitud de aquellos que han infringido el orden legal, sino la rehabilitación mediante la educación y el trabajo que les permita reintegrarse a la vida social […] Bajo esta perspectiva, se construyen 2 centros de readaptación social en Chetumal, Quintana Roo, y la Paz, Baja California Sur, y un centro de recepción para menores en el Distrito Federal. Continúa el mejoramiento de la Colonia Penal de las Islas Marías y, con la participación de gobiernos locales, se han concluido 12 centros de readaptación social y se tienen programadas obras para 10 más” (“Informe rendido por el C. licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al cuarto año de su gestión administrativa”, en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1o. de septiembre de 1974, p. 6. Grafía original).

60 Héctor Ignacio Ochoa, “El Reclusorio Norte, prisión readaptadora”, El Universal, 27 de junio de 1976, p. 8.

61 Pineda, En las profundidades…, p. 100.

62 Id.

63 Anónimo, “Lecumberri empieza a quedarse vacío”, El Universal Gráfico, 2 de agosto de 1976.

Derechos protegidos en los
instrumentos internacionales y en la normativa penitenciaria mexicana
en la segunda mitad del siglo XX

Paola I. de la Rosa Rodríguez1

Los entornos desde los que se administra el sistema penitenciario e imparte la justicia penal en México responden a la normatividad jurídica y sus reformas, las cuales a su vez derivan del contexto político y social del país en el momento en que fueron elaboradas. También obedecen a la pretensión de armonizar la norma nacional con la internacional y a la obligación del Estado mexicano de cumplir con los tratados signados por el país. Aunado a ello, con el devenir de los años, la comunidad internacional en las Naciones Unidas ha ido logrando consensos en torno a lineamientos básicos que deben presidir las políticas penales de los países miembros, los cuales se han traducido en la incorporación de la norma internacional en la interna.

A manera introductoria, puede decirse que la segunda mitad del siglo xx fue dejando atrás un sistema penitenciario que tuvo tintes de una organización militar. Por ejemplo, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se implantaron instituciones correccionales con prácticas directamente militares. En esa época de posguerra, surgieron establecimientos penitenciarios con ardua disciplina, rigor, obediencia, castigos corporales, orden jerárquico, rutina prestablecida y obligatoria, los cuales evocaban a una organización militar.2 Como será establecido, en la etapa analizada en esta investigación —que transita de la modernidad del decenio de 1960 a la globalización— se flexibilizó el trato al recluso, al optar por políticas encaminadas a la readaptación social. De forma paulatina, el país fue adquiriendo una mayor libertad política, el presidencialismo hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (pri) se fue diluyendo,3 al mismo tiempo que se generó un nuevo orden internacional con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 1945. La postura de México desde entonces ha sido de reconocimiento a ese organismo, y es uno de los 51 países fundadores y firmantes de la Carta,4 por lo que ha habido una tendencia por armonizar las normas del derecho interno con las contenidas en los tratados internacionales.

En este capítulo expongo y analizo el contenido de los principales tratados que regulan la administración penitenciaria y que fueron firmados en México en la segunda mitad del siglo xx, con el propósito de valorar si la legislación mexicana adoptó sus principios o se adelantó a ellos. También busco señalar algunas consecuencias que dichos tratados y leyes mexicanas trajeron en materia carcelaria en las entidades federativas del país durante los años noventa.

Por tanto, responderé las siguientes preguntas: ¿la humanización en el tratamiento a los reclusos emanó de los tratados internacionales o la legislación mexicana la promovió con anterioridad a la firma de ellos?, ¿la migración hacia un trato más benévolo a los internos exigió la firma de convenios en la materia?, ¿se observa en el contexto mexicano la protección a los derechos humanos de las personas privadas de libertad?

Inicio este análisis con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, por ser el instrumento más completo. Las Reglas Mínimas, aprobadas en 1977 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ofrecen lineamientos orientadores del tratamiento a reclusos.5 Debido a su naturaleza internacional, y aunque existen condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas disímiles, amén de que no se pueden aplicar en forma indistinta en todas las épocas y lugares, tienen el propósito de servir como guía y modelo. De igual forma, se estudian el “Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” y los “Principios básicos sobre el tratamiento de reclusos”. De forma adicional, se mencionan otros tratados, como la Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas (en lo atinente a la ejecución penal extraterritorial). Los principales aspectos que se han investigado son la prohibición de la tortura, la salud, el trabajo penitenciario, la clasificación de reclusos, la readaptación social, la transferencia extraterritorial de personas condenadas y las medidas privativas de libertad para la delincuencia juvenil (Cuadro 1).

Además de consultar los tratados y bibliografía de apoyo, tomando como punto de referencia los años en que se presentaron reclamaciones por maltrato penitenciario, fueron revisados informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como recomendaciones de algunas de sus homólogas en el ámbito estatal. De igual manera, se obtuvo información de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a efecto de distinguir quejas presentadas debido al mal trato a los internos.

Los instrumentos internacionales en el orden
jurídico de México en la segunda mitad del siglo xx

El artículo 133 de la Constitución de 1917 dispone que tanto la Constitución federal como las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados firmados por el presidente de la república, con aprobación del Congreso, constituyen la ley suprema de toda la Unión. Cabe señalar que este artículo reproduce la posición jerárquica de los tratados internacionales señalada por el Pacto Político de 1857.6 Conforme a lo anterior, los tratados internacionales se consideran como parte del orden jurídico mexicano. Más aún, una vez que un tratado internacional se ratifica por el Estado mexicano, éste se obliga a adaptarlo al derecho interno, hecho al cual se denomina incorporación del derecho internacional en la normativa interna. Así, una vez realizado este procedimiento, lo que establece el tratado queda automáticamente incorporado al derecho interno mexicano, máxime si se trata de una situación en materia de derechos humanos.

Es de mencionarse que el artículo 133 constitucional ha sido interpretado en múltiples ocasiones en lo referente a la jerarquía de los tratados internacionales, sin haber una posición uniforme al respecto. Es relevante hacer referencia a una primera declaratoria que tuvo lugar en el periodo que se analiza, en 1992, con motivo de la resolución dictada en el amparo en revisión 2069/91. En esa ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados internacionales en el mismo nivel que las leyes federales, al señalar que ambos cuerpos normativos ocupaban un rango inmediatamente inferior a la Constitución y que, en consecuencia, uno no podía ser empleado como parámetro de validez o regularidad del otro.7

Posteriormente, con motivo del estudio del amparo en revisión 1475/98, el tribunal en pleno estableció que los tratados internacionales que estuvieran de acuerdo con la Constitución, por cumplir con los requisitos formales y materiales para tal efecto, se ubicaban jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales.8 Aunque no forman parte del periodo que se analiza, la corte siguió emitiendo nuevos criterios para ubicar a los tratados internacionales dentro de la normatividad mexicana.9

De acuerdo con lo anterior, hay que destacar en un primer lugar que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima del resto de las normas jurídicas que forman parte del entramado normativo mexicano. En un segundo plano, es importante destacar el deber que tienen las autoridades de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Ahora bien, cuando la protección a los derechos fundamentales se encuentra inserta en la norma federal o local, su aplicación es obligatoria desde su entrada en vigor, siendo que la firma y posterior aprobación de una convención por parte del Senado se traduce en el compromiso con la comunidad internacional de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales para cumplir los propósitos de contribuir al respeto y defensa de los derechos humanos. Finalmente, cuando es el tratado el que regula un aspecto no contenido en la norma interna de una nación, la tendencia es armonizar la legislación nacional con la internacional por medio de reformas a la ley o su inclusión a través de la creación de nuevas leyes o códigos, lo que a su vez se traducirá en la necesidad de adecuar la práctica a las nuevas disposiciones.

Los tratados internacionales y las condiciones
mínimas que deben imperar en las prisiones

A continuación presento las principales disposiciones de los tratados y su reflejo en la legislación mexicana, organizada en los siguientes rubros:

1) Respeto a los derechos de los reclusos y prevención de malos tratos.

2) Salud.

3) Trabajo y readaptación social.

4) Separación y clasificación de reclusos.

5) Educación y otras actividades.

Un primer documento que se analiza son las Reglas Mínimas aprobadas en 1977 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de lineamientos orientadores del tratamiento a reclusos.10 Debido a su naturaleza internacional, y aunque existen condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas disímiles, y que no se puedan aplicar en forma indistinta en todos las épocas y lugares, tienen el propósito de estimular la aplicación de un tratamiento para personas privadas de libertad que sea guía y modelo ante las condiciones que se oponen a ella. El común denominador de estas normas es que consagran el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ya sea detenidas, procesadas o sentenciadas. Las Reglas especifican los principios y prácticas generales que se consideran aceptables para el tratamiento de los reclusos y representan las condiciones adecuadas mínimas que aceptan las Naciones Unidas, y que también han sido concebidas para protegerlos contra los malos tratos, particularmente en relación con la imposición de la disciplina y la utilización de instrumentos de coerción en las instituciones penales.11

La adhesión de México a este instrumento internacional puede explicarse, entre otros aspectos, como resultado de la creciente urbanización y del aumento de la delincuencia que experimentó el país en la segunda mitad del siglo xx. Además, el contexto económico y la proliferación de delitos de carácter patrimonial influyeron sin duda en el aumento de la población carcelaria en estas décadas, pues la mayor parte de la población vivía en condiciones miserables por la explotación capitalista.12 A manera de ejemplo, la población de la Ciudad de México en la década de los setenta aumentó a seis millones, es decir, creció seis veces más que la población en los años treinta.13

Además, se incrementaban los problemas económicos. La inflación devaluó el peso en agosto de 1976. De 12.50 pesos por dólar, en que se había mantenido desde 1954, pasó a 20 pesos, lo que originó una devaluación sostenida que hizo que el peso perdiera 760 veces su valor entre agosto de 1976 y noviembre de 2000.14 En consonancia con lo anterior, en el plano internacional se vivía el fin de la época de oro de la posguerra, la cual se tradujo en una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía mundial. En efecto, el año 1973 es considerado justamente como el fin de la era de la posguerra y el inicio de una época de crisis generalizada.15 Hacia el fin del siglo xx, tres cuartas partes de la población vivían en las ciudades.16 Por otro lado, desde 1984 la desigualdad social se había acrecentado a favor del estrato social más rico. Como contraparte, poco más de la mitad, según las cuentas del gobierno, o casi dos tercios de la población, según algunos académicos, podía considerarse pobre. En suma, el incremento de delitos patrimoniales y el consecuente aumento de la población penitenciaria trajo por consecuencia el advenimiento de leyes y tratados que regularon su tratamiento.

Respeto a los derechos de los reclusos y prevención de malos tratos

En consonancia con la integridad de los reclusos, las Reglas Mínimas buscan que las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante, queden completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.17 Por su parte, el “Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”,18 con tendencia protectora de los derechos humanos de los procesados y sentenciados, establece que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.19 Los “Principios básicos para el tratamiento de los reclusos”20 disponen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merece su dignidad y valor inherentes del ser humano.21 Añaden que, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.22

En el tema específico de la tortura, en el ámbito internacional, en la segunda mitad del siglo xx, surgen diversos tratados que establecen su prohibición. Tal es el caso de la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada por la Asamblea General de la onu en 1975, o la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, de 1984. Valga mencionar que, no obstante que la tortura ha sido prohibida en el derecho internacional en forma absoluta, la regulación que tienen los llamados “otros tratos” ha dado lugar a que —política y policialmente— se pueda relativizar su prohibición e incluso considerar que su protección no tiene el mismo resguardo que la tortura.23 Esto es así, al grado que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura prohíbe expresamente la utilización de la tortura, aun en las situaciones más graves, pero no hace referencia a los “otros tratos”.

Paradójicamente, la mencionada normativa protectora de derechos humanos se produce mientras, en el contexto interamericano, países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay aplicaron legislaciones de excepción, que supusieron en la práctica graves violaciones a los derechos humanos.24 Esta región, en la que, por cierto, se adoptó la mencionada Convención Interamericana, es conocida por el trato inhumano a las personas privadas de la libertad que han sido sentenciadas por delincuencia organizada y terrorismo.25 Dicho sea de paso, en el periodo analizado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) no se manifestó sobre el carácter absoluto de la prohibición de la tortura en los casos de desaparición forzada,26 aunque la consideró inaceptable para personas privadas arbitrariamente de su libertad.

Entre otras convenciones que prohíben expresamente el uso de la tortura, se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Específicamente, la prohibición de infligir trato cruel, inhumano y degradante se encuentra consagrada en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 52 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” ordena que se incluyan una educación y una información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea este civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.27 Además, señala que todo Estado parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.28

El Conjunto de Principios de 1988 se declara contra la tortura o cualquier otro tipo de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes para toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión.29 Por lo que atañe a los “Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el tratamiento a reclusos”, este documento impulsa el respeto a los derechos humanos de los reclusos, al establecer que todos ellos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento.30

En la norma mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la tortura en el artículo 20 apartado B, en el que a su vez estipula los derechos de toda persona imputada, y entre ellos se menciona:

II. A declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención, se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

De forma adicional, el artículo 22 del texto constitucional original ha señalado y señala:

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Posteriormente, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura31 dispone que la tortura es un delito que lo comete el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos para obtener información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.32

A pesar de que la prohibición de la tortura se encuentra consagrada tanto en el ámbito internacional como nacional, de acuerdo con un informe de 1997 del Observatorio Internacional de Prisiones, titulado “Las condiciones de detenciones de las personas encarceladas”, muchos de los casos de tortura en estos contextos no se denuncian por temor a represalias, siendo denunciados los que tienen connotación política y los casos de muerte por tortura, cuando los policías pretenden extorsionar o conseguir confesiones inculpatorias.33 Según este informe, en 1996 se reportó un número considerable de casos de detención-desaparición de personas que fueron objeto de tortura. En estos casos, grupos que no fueron plenamente identificados vendaron los ojos de las víctimas y se las llevaron a cárceles clandestinas, donde fueron interrogadas y torturadas.

En efecto, la primera causa de denuncias de violaciones a los derechos humanos se debió a casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes durante 1996, siendo la segunda causa las ejecuciones extrajudiciales.34 En esa misma década, las autoridades de los reclusorios y centros de readaptación social de la Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Guerrero y Veracruz, de forma recurrente, fueron objeto de denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos.35 Tal es el caso de la recomendación 115/91, que hizo la cndh al tener conocimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos de la población de internos del centro de readaptación social de Chilpancingo, Guerrero. De estos eventos, servidores penitenciarios de la comisión recabaron y registraron testimonios directos de los internos quienes afirmaron ser objeto de golpes y malos tratos por parte de la Coordinación General de Seguridad Pública, Readaptación Social y Tránsito, así como de custodios. En específico, se quejaron de ser objeto de actos de violencia física y moral, golpes con tolete en nariz, cabeza, glúteos y espalda, golpes con pistola en espalda y cabeza, introducción de agua de Tehuacán con salsa por la nariz, puntapiés en piernas, estómago y otras partes del cuerpo.

Además, el informe del Comité contra la Tortura de la onu —basándose en observaciones finales e informes derivados de visitas a México emitidos por organismos del sistema de las Naciones Unidas en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— señaló que, de junio de 1990 a mayo de 1992, la cndh había formulado 34 recomendaciones relativas a torturas a la Procuraduría General de la República.36 Asimismo, en un informe de la cndh de octubre de 1997, se refiere que, desde su creación, en junio de 1990, había recibido 2 109 quejas por motivos de tortura.37 Hechos que con frecuencia se imputan al ejército,38 y de ahí que en noviembre de 1997 la cndh haya dirigido al procurador de Justicia Militar la recomendación 100/97, relativa a la participación del ejército en violaciones a derechos humanos en el estado de Guerrero y Oaxaca.39 Resulta también significativo señalar que el relator especial de la onu recibió abundante información de fuentes no gubernamentales, y señaló que la tortura continuaba siendo una práctica frecuente, con 116 casos recibidos presuntamente ocurridos entre enero de 1996 y septiembre de 1997, durante la investigación de delitos, e incluía personas privadas de la libertad.

Salud

Con respecto al tema de la salud, las Reglas Mínimas también subrayan la necesidad de descubrir y tratar las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Por ello, obligan a los establecimientos penitenciarios a contar al menos con un médico calificado y con conocimientos psiquiátricos. También con un servicio psiquiátrico y, de ser el caso, con equipo suficiente en los servicios internos de hospital.40 Conforme al Conjunto de Principios, establece que se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilatación posible, y que después de su ingreso recibirá atención o tratamiento médico cada vez que sea necesario.41 Por su parte, los “Principios básicos sobre el tratamiento a reclusos” establecen que los internos tendrán acceso a los servicios de salud que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica.42

Trabajo y readaptación social

Otro punto importante es el trabajo, donde se estipula que no debe tener carácter aflictivo. Las Reglas Mínimas perciben al trabajo como una obligación, pero otorgan a los reclusos la posibilidad de elegir la tarea que realizarán, dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias. Las Reglas prevén que el trabajo debe ser productivo y suficiente para ocupar a los reclusos durante la duración normal de una jornada de trabajo y que debe contribuir a mantener o aumentar su capacidad para obtener un empleo tras su liberación; por ello, determinan que los reclusos deben recibir capacitación en algún oficio útil. De igual forma, establecen que los reclusos deben recibir una remuneración justa y ser indemnizados en caso de accidentes o enfermedades profesionales.43

De acuerdo con este análisis, el trabajo dentro de las prisiones ya estaba previsto en el artículo 18 del texto original de la Constitución de 1917, donde se le veía como una forma de regeneración para el recluso; es decir, como forma de modificar su futuro actuar. Este artículo se reformó en 1964, a propuesta del entonces presidente Adolfo López Mateos, con el fin de incluir la capacitación y la educación.44 En efecto, el trabajo no fue el único medio previsto por las Reglas para facilitar al recluso el retorno a la vida en sociedad. Además, se prevenía un régimen preparatorio para la liberación, dentro del mismo establecimiento o en otra institución, mediante una liberación condicional no vigilada por la policía.

Debido a que el trabajo es percibido como un medio para alcanzar la readaptación o reinserción social, en este punto se analiza la reincorporación de los reclusos a la sociedad. Las Reglas Mínimas disponen que el deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso, sino que se debe disponer de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda pospenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad.45 En este contexto, los Principios Básicos estipulan que, con la participación y ayuda de la comunidad y de las instituciones sociales, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del exrecluso a la sociedad.46 El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.47 La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el objetivo de readaptación de la pena, al señalar que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

En México, con antelación a la firma de las Reglas, en 1964 las comisiones dictaminadoras de la reforma al texto constitucional dan paso a la figura de la readaptación social. Debido a ello, en esta década, y de acuerdo con la Constitución mexicana, se considera que las prisiones, más que ser centros de regeneración, son espacios para la readaptación social.48 Mutar de la regeneración a la readaptación social, en opinión de Ramírez García, implica transitar de una noción esencialmente moral a otra sustancialmente jurídica. En sus propias palabras:

Readaptación no es conversión, transformación, adoctrinamiento; si lo fuere, el lavado de cerebro sería su instrumento más eficaz. Readaptación sólo es provisión de medios para elegir entre la conducta debida y el comportamiento ilícito, se trata de poner en manos del sujeto —un sujeto informado y competente, en los términos que caracterizan al promedio de sus conciudadanos— la capacidad para resolver sobre su vida; no se suprime el albedrío —tan relativo, por lo demás—, sino se provee a la persona con los elementos para ejercerlo responsablemente: curación, educación, formación laboral, etcétera.49

Es oportuno, en este tenor, tener presente a Antonio Sánchez Galindo, en cuanto a que

el penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un juez o un tribunal no debe ser un castigo, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad, y no sólo no vuelva a causar daño, sino además haga bien y sea productivo.50

No obstante, coincidimos con Ramírez Delgado cuando reconoce que este término es inadecuado para nombrar el momento en que el sentenciado termina su condena y se inserta nuevamente a su entorno social, máxime que la esencia misma de la prisión ha sido una institución total y excluyente, y una institución que excluye no puede incluir o readaptar a nadie a la sociedad.51 En efecto, asimilar este concepto ha resultado complejo; basta tener como premisa que la prisión surgió bajo la convicción de que el delincuente era un peligro para la sociedad y había que tenerle separado de ella. Ha faltado, pues, tomar en cuenta que la readaptación requiere de una individuación, es decir, hacer efectivo que cada interno reciba un trato de acuerdo con su personalidad y conducta perpetrada, entre otros aspectos.

Además, si bien el objetivo del sistema penitenciario había sido la readaptación, en contravención a ella, en 1999, el Código Penal y la ya citada “Ley que establece las normas mínimas” negaron los beneficios de libertad preparatoria, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena para diez diferentes delitos; entonces, los internos, sabiendo que no obtendrán una libertad anticipada, se mostrarían renuentes a contribuir en su tratamiento y asumirían una actitud negativa y contraria al orden dentro de la institución.52 Respondiendo a esta orientación, en 1968 se instauró el tratamiento preliberacional en el Centro Penitenciario del Estado de México, a base de permisos de salida de fin de semana, figura adoptada después del Segundo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, que tuvo lugar en Londres en 1960.53

Con una perspectiva progresista, los “Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el tratamiento a reclusos” se orientan, más que a la readaptación, a la reinserción; y en este sentido, promueven la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y disponen además que, con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del exrecluso a la sociedad, en las mejores condiciones posibles.54 Pese a ello, la reinserción es un concepto no previsto en la normativa nacional en la época analizada, y no será hasta 2008 cuando se adopte la figura de la reinserción, entendiéndola como ese conjunto de procesos de socialización y capacitación encaminados al logro de una amplia autonomía personal y una participación plena en la comunidad;55 más específicamente, como el proceso de vinculación con el entorno, que tiene lugar tras un periodo de crisis, de aislamiento o de exclusión.56

Separación y clasificación de reclusos

Las Reglas Mínimas disponen la categorización de reclusos como condición para su readaptación social.57 En esta misma línea, disponen la separación de los reclusos y señalan que los que pertenezcan a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles.58 Reconocen por ello que la individuación del tratamiento requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos, y que los objetivos de la clasificación deberán ser separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención, y repartir a los reclusos en grupos a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.59 Para esta finalidad, dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos.60

Atendiendo a lo anterior, si bien este ordenamiento impulsa la clasificación penitenciaria, carece de normas que regulen la división de los reclusos atendiendo a sus antecedentes, los eventos de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad mental y de uso indebido de drogas, entre otros aspectos.

El Conjunto de Principios de 1988 establece que a las personas detenidas se les mantendrá separadas de las personas presas, siempre que sea posible.61 El Pacto de Derechos Civiles y Políticos62 prevé la separación de los procesados y los condenados, así como la de los menores procesados y los adultos. En este tenor, dispone que los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. Con un ámbito regional, el Pacto de San José, aplicable en el derecho latinoamericano,63 ordena la separación entre los procesados y los condenados. En el primer caso, dispone que serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Asimismo, los menores internos deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados.64

De acuerdo con lo anterior, advertimos que estas últimas convenciones prevén una clasificación de reclusos muy precaria, pudiendo observar, por mencionar un ejemplo, otras formas de categorización más modernas y elaboradas en prisiones de Estados Unidos, en donde existen sistemas de clasificación de internos muy estudiados en los que se les divide de acuerdo con los riesgos que representen a la seguridad del centro, la incidencia delictiva, la gravedad de los delitos, las actitudes antisociales, su impulsividad, el tipo de relación con su familia y la sociedad.65 Pues bien, en lo que a la separación de reclusos se refiere, en México no se obtuvieron importantes avances para la segunda mitad del siglo xx. Sin embargo, uno de ellos es la construcción de dos instituciones en la Ciudad de México, el Centro Femenil de Rehabilitación Social —mejor conocido como cárcel de mujeres—, en funciones a partir de 1954, y la penitenciaría de varones, ocupada desde 1958.66 No obstante, el resto del país no tuvo para entonces mayor desarrollo. Previo a su implantación en el derecho convencional, la separación de reclusos se prevé en la reforma constitucional al artículo 18, en 1964,67 que introduce el párrafo de acuerdo con el cual se destinarán celdas distintas a hombres y mujeres, pudiéndose leer como sigue: “Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.68

Educación y otras actividades

Las Reglas Mínimas también concedieron gran importancia a la instrucción dentro de los establecimientos penitenciarios, estipulando su obligatoriedad para los analfabetos y los reclusos jóvenes. Para algunos países, en que no se adoptó la separación Estado e Iglesia, también se prevé mejorar la instrucción religiosa.69 Por último, la celebración de actividades recreativas y culturales.70 De acuerdo con los “Principios básicos para el tratamiento a los reclusos”, todos ellos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.71 En este aspecto, el conjunto de principios establece que el recluso tendrá derecho a obtener materiales educacionales, culturales y de información.72

Extradición y traslado internacional de reclusos

Otro aspecto regulado en estos años tanto por la normativa internacional como por la interna es la ejecución penal extraterritorial, que ha marcado un significativo punto de acuerdo entre las naciones del continente americano, con la finalidad de evitar la impunidad de los delitos y simplificar las formalidades en las relaciones jurídico-penales. Estos propósitos inspiraron diversos convenios de extradición y de traslado internacional de reclusos. Mientras la extradición supone la petición que hace el gobierno de un Estado para procesar, juzgar y condenar a un individuo que se encuentra en otro país, el traslado internacional supone la solicitud del condenado privado de libertad en una prisión extranjera de ser trasladado a un centro penitenciario ubicado en su lugar de origen y cercano a su familia. México prevé ambas figuras; y en lo que a extradición se refiere, es signatario del tratado celebrado en Lima en 1879, el de Montevideo de 1889, el de la Ciudad de México de 1902, el de Caracas de 1911, el de Washington de 1923, el de La Habana de 1928, el de Montevideo de 1933, el de Guatemala de 1934 y el de Montevideo de 1940. Con la finalidad de instaurar mecanismos procesales a fin de hacer más expedita, sencilla y eficaz la cooperación internacional, en el seno de la Organización de Estados Americanos surge la Convención Interamericana sobre Extradición, del 25 de febrero de 1981. En atención a dicha Convención, los Estados parte se obligan a entregar, a otros Estados parte que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.73 En el mismo orden de ideas, los Estados parte no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes, a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente las seguridades suficientes, dadas por la vía diplomática, que no impondrá ninguna de las citadas penas a la persona reclamada; o de que si son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas.74

En cuanto al traslado de reos, desde la propuesta de reforma al pacto federal mexicano en 1964, se autoriza que los gobiernos de los estados puedan celebrar convenios con la federación para que los reos sentenciados por delitos del orden común puedan extinguir su condena en establecimientos federales.75 Las comisiones dictaminadoras de igual forma acogieron la ideología de la ejecución penal extraterritorial, reconociéndola con sustento en los convenios y como una garantía explícita que tutela, además de un bien individual, un interés público.76 Posteriormente, durante el gobierno de Luis Echeverría en 1976, tiene lugar la segunda reforma al artículo 18 del texto constitucional, para permitir el traslado de sentenciados entre el país que pronunció la condena y el país del que era oriundo el reo, con el fin de que la ejecución de la sentencia se cumpliera en éste. El texto de la iniciativa se leía como sigue:

Conviene considerar que si la reincorporación social del sentenciado radica en la observancia de los valores medios de una sociedad determinada, no se podría readaptar a un individuo en establecimientos carcelarios ubicados en país extranjero, cuyas costumbres e instituciones sociales difieren apreciablemente de las imperantes en sus países de origen.77

De acuerdo con lo anterior, el ejecutivo tendría facultades para celebrar tratados para la ejecución de sentencias en otros países. No obstante, esto se traduciría en una “repatriación” de reos, pues, como señala García Ramírez, el concepto de ejecución extraterritorial de sentencias, jurídicamente correcto, no muestra el alcance pleno de la nueva norma.78

La Cámara de Diputados acogió la propuesta citada, y en el dictamen de las comisiones de ese año se adoptó la excepción al principio de ejecución territorial de las condenas. Es así que en febrero de 1977 se establece el beneficio para los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando una pena de prisión en otro país, a efecto de que puedan ser trasladados a México; asimismo, para que los reos de otras nacionalidades que se encuentren compurgando una pena de prisión en México puedan ser trasladados a su lugar de origen, con énfasis en que el traslado sólo podrá efectuarse con el consentimiento expreso del reo y de acuerdo con los tratados internacionales.79 En este sentido, el 10 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el tratado entre México y Estados Unidos sobre la ejecución de sentencias penales, cuyo principal objetivo era auxiliar al proceso de readaptación de los reos que, habiendo delinquido en el otro país, pudieran cumplir su condena en prisiones cerca de su entorno familiar. De acuerdo con este tratado, las partes se comprometían a otorgar mutuamente la cooperación más amplia posible en materia de transferencia de personas condenadas.

Este tratado obedecía a la oleada de migración mexicana a Estados Unidos. Con posterioridad a que estallara la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran demanda de mano de obra mexicana en Estados Unidos, por lo que se impulsó el “Programa Bracero”, bajo los gobiernos de Franklin Roosevelt y Manuel Ávila Camacho, que motivaría el traslado hacia el norte de mexicanos varones, rurales y experimentados en trabajar en el campo.80 De 1950 a 1964, se experimentó un importante crecimiento de migración legal, la cual se vería afectada por la finalización del programa en 1964. Durante la presidencia de Ronald Reagan, en 1986 se promulgó la “Immigration Reform and Control Act”, ley que se adoptó para controlar y disuadir la inmigración ilegal al país. Por un lado, propuso la legalización de extranjeros indocumentados que estuvieran en Estados Unidos desde 1982; y por otra, impuso sanciones a empleadores que contrataran trabajadores ilegales, al mismo tiempo que incrementó la vigilancia y cumplimiento de la ley en las fronteras.81

En las últimas dos décadas del siglo xx se firman otras convenciones sobre ejecución de sentencias penales tales como el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá,82 el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia,83 el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice,84 el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y España,85 el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina,86 el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador,87 el Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala,88 el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela,89 la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero,90 el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Costa Rica.91 Años después, México seguirá firmando otros tratados para que individuos procesados por tribunales extranjeros pudieran compurgar su pena en territorio mexicano.

En este rubro, no se puede hacer omisión del Tratado de Estrasburgo o Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983, el cual tenía entre sus propósitos facilitar la rehabilitación social de los sentenciados extranjeros, al hacer posible que puedan cumplir sus sentencias en sus países de origen. La Convención pretendía dar respuesta a los problemas que genera a la persona el convivir con otros que no comparten su idioma, además de la lejanía de los familiares que se encuentran en otro país, por lo que viven un aislamiento mayor que los demás sentenciados de la nación que estableció la condena. Como parte de su normativa, disponía que el Estado requirente que recibiera al reo “no [podría] agravar por su naturaleza o por su duración la sanción impuesta en el Estado de la condena ni exceder del máximo previsto por la ley del Estado de cumplimiento”. De ahí que se estableciera que en los casos en que la persona sentenciada pudiera ser sancionada con la pena capital o la de prisión de por vida en el Estado requirente, no se sentencie a tales penas y si ya hubieran sido dictadas, no se ejecuten. Sin embargo, México se adhirió el 13 de julio de 2007. Los cambios previamente señalados han sido innovadores en su época y han permitido, aunque sólo en cierta medida, dar respuesta a los continuos problemas en los reclusorios del país, agravados por la presencia de reclusos extranjeros.

El país con el que más relación tiene México en lo relativo al traslado internacional de reclusos es Estados Unidos. Tal es el caso, que para el año 2013 se reportaron 67 traslados de mexicanos; no obstante, la falta de conocimiento de las convenciones, así como de los requisitos necesarios para tramitarlo han dificultado la tramitación de ellos.

Para concluir, cabe advertir que no hay normas e instituciones en las que no se filtre una determinada ideología política; la presencia política es rotunda y manifiesta. Todas las normas e instituciones son voluntad jurídica que tiene su fuente en una voluntad política. Las leyes de una nación son política traducida en normas e instrumentos, por lo que constituyen factores de poder y fuerza. Es así que los referidos cambios se dan en una época en que el sistema político estaba limitado en pluralismo o no abierto por completo a la competencia y a la posibilidad de la alternancia,92 en una época en que los mecanismos de participación y representación social pasaban por la estructura corporativa del Partido Revolucionario Institucional (pri). Específicamente, cuando se comenzaba a reformar el sistema electoral con el fin de seguir ganando las elecciones.

Consideraciones finales

En la segunda mitad del siglo xx, la ideología iluminista protectora de los derechos humanos se extendió al contexto penitenciario, lo que se tradujo en la protección legal de prerrogativas a las personas privadas de libertad en la ley interna, así como en la aprobación de diversos tratados que marcaron cambios sustanciales para su tratamiento. En México, los legisladores habían ya prevenido algunos aspectos antes de la expedición de los tratados, como son el trabajo, la readaptación social y la ejecución extrajudicial, mientras que, a raíz de la influencia internacional, previeron otros como la prohibición de penas crueles, inusuales y degradantes.

En estas décadas se abre paso a un nuevo modelo penitenciario que se orienta a reconocer los derechos de las personas que compurguen una pena y a regular un trato digno al recluso, la clasificación de los internos, provisión de servicios de salud, trabajo, educación, deporte, prohibición de tortura, traslado de internos en reclusorios extranjeros a su lugar de origen y condiciones especiales para menores infractores, por mencionar algunos.

Es notable que, tratando de dar respuesta a la imperiosa necesidad de reformar el estado de las prisiones mexicanas en el ámbito local, aun antes de adoptarse las Reglas Mínimas, esto es, el 19 de enero de 1967, se creó el Complejo Penitenciario del Estado de México, que fuera reconocido por las Naciones Unidas por su trabajo en cuanto a la prevención del delito y tratamiento al delincuente.93 En esa misma década de los sesenta, se construye el ya mencionado Centro Femenil de Rehabilitación Social. Asimismo, el Centro Médico de los Reclusorios del Distrito Federal fue la primera institución del conjunto de instituciones de la capital, inaugurada el 11 de mayo de 1976.94 Es así que las nuevas construcciones penitenciarias se erigen en atención a las reformas constitucionales iniciadas en nuestro país al artículo 18 en los años 1964 y 1976. En este escenario, en el informe del presidente Luis Echeverría al Congreso de la Unión, el 1o. de septiembre de 1976, se declara que se ha puesto en marcha un Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Penales, para asegurar que cuenten con instalaciones acordes a una filosofía de dignificación humana. Luego entonces, entre 1971 y 1976, se erigieron los reclusorios de Sonora, que servirían de modelo para las prisiones de Saltillo, La Paz, Campeche, Colima, León, Querétaro y Villa Hermosa.95 De igual forma, se crean los reclusorios preventivos Norte y Oriente en la Ciudad de México, que alojaron a los procesados del df y permitieron la clausura de Lecumberri.96 Dichas edificaciones representan un desarrollo penitenciario, aunque los inmuebles de las cárceles no eran apropiados y estaban sobrepoblados. En efecto, aunque los internos estaban separados, en un mismo edificio se alojaba a procesados y a sentenciados.97

No obstante, persistieron algunos problemas. Es así que, para la última década del siglo xx, México tenía una tasa de 100 internos por cada 100 000 habitantes, la cual, y todavía sin ver los alcances de la reforma penal, llega a alcanzar un nivel de 250 presos por cada 100 000 habitantes.98 De igual forma, en el contexto latinoamericano, la tipificación de más conductas como delitos, y el mayor uso de la justicia penal y la prisión, contribuyeron a que Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú duplicaran sus tasas de población penitenciaria por cada 100 000 habitantes durante los últimos diez años del siglo xx, mientras que países como Brasil, El Salvador, Panamá y Uruguay la triplicaron,99 con los consecuentes problemas de hacinamiento y corrupción en los centros penitenciarios.

En México, según el Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio 1996, la sobrepoblación en diciembre de 1995 era de 2 026 presos en 155 centros de detención, con la mayor sobrepoblación concentrada en los estados de Nayarit, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Sonora.100 Aunado a ello, se restó la posibilidad de otorgar beneficios preliberacionales a varias conductas tipificadas como delito, lo que trajo como consecuencia que la permanencia de reclusos en los centros penitenciarios fuera mayor. Esta misma sobrepoblación101 ha hecho prácticamente imposible practicar los programas de readaptación a los que aludió la norma nacional e internacional expedida en la época.

La mencionada sobrepoblación ocasionó que en la gran mayoría de los centros penitenciarios no existiera separación de preventivos y condenados debido a la falta de espacio. A este respecto, tampoco se dio importancia, y aún no existe, un patrón de clasificación penitenciaria efectivo, pues la ley únicamente previno la separación de hombres y mujeres, y de procesados y sentenciados. La observancia plena en cuanto a la clasificación de internos es un tema fundamental para la organización y funcionamiento del sistema penitenciario en México. Ésta debe instaurarse no sólo por centros de reclusión, sino que también debe procurarse en las áreas de alojamiento y convivencia. Por ello, en esta época fue necesario y sigue siendo menester que se lleve a cabo la división de internos, así como programas y acciones específicas para reclusos como parte de la estructura penitenciaria.

De igual manera, son necesarios programas más eficientes encaminados ofrecer a los internos alternativas y posibilidades para su pronta rehabilitación y tratamiento, concibiendo a los centros de internamiento como el escenario para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad y reinsertarse en el tejido social.

Como se pudo advertir, en estos años se dieron marcados pasos en la creación normativa, no obstante que a la fecha hagan falta mecanismos para hacerlos efectivos y que se prescinda todavía de un cambio de actitud en los funcionarios que tienen un contacto directo con los internos. Resulta insoslayable impulsar el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, reglas modelo y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos, para fortalecerlos y garantizarlos. Hemos visto una armonización entre la norma interna y la internacional. No obstante, la inclusión del trato humanitario a reclusos en la literalidad de la ley y la firma de tratados son sólo el comienzo; es necesario que a ellas se sumen los esfuerzos de las autoridades a cargo de la administración penitenciaria.

Referencias

Informes

Informe 1997 del Observatorio Internacional de Prisiones. Recuperado de http://www.derechos.org/limeddh/informes/prisiones.html.

Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (junio de 1990 a septiembre de 1997), octubre de 1997, México.

Reporte Anual del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Recuperado de http://masmyt.org.mx/Instituciones/OSC/Centro%20de%20Derechos%20Humanos%20Fray%20Francisco%20de%20Vitoria%20OP,%20A.C.

Leyes y códigos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917.

Ley de Consejos Tutelares y Readaptación Social para Menores del Estado de San Luis Potosí. Aprobada el 15 de diciembre de 1978, promulgada el 26 de diciembre de 1978 y publicada el 28 de diciembre de 1978.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada el 27 de diciembre de 1991.

Ley Orgánica y Normas del procedimiento de los Tribunales Menores y sus Instituciones Auxiliares, 26 junio de 1941.

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, 24 de diciembre de 1991.

Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados, publicada el 19 de mayo de 1971.

Tratados internacionales

Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión adoptados por la Asamblea General de la onu, el 19 de diciembre de 1988.

Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

Convención de los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución de 20 de noviembre de 1989.

Convención Interamericana sobre Extradición, adoptado en Caracas, Venezuela el 25 de febrero de 1981.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor el 26 de junio de 1987.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, en 1948.

Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Penas Crueles, adoptada por la Asamblea General en su resolución de 9 de diciembre de 1975.

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución de 14 de diciembre de 1990.

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y vigente en México a partir del 23 de junio de 1981.

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos adoptados por la Asamblea General de la onu el 14 de diciembre de 1990.

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones de 31 de julio de 1957 y 13 de mayo de 1977.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General de la onu el 14 de diciembre de 1990.

Tratado de Estrasburgo o Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas, aprobada el 21 de marzo de 1983.

Obras consultadas

Azaola, Elena, La institución correccional en México: Una mirada extraviada, México, Siglo XXI, 1990.

Bergman, Marcelo, “Cárceles en México: Cuadros de una crisis”, URVIO-Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 1, 2014, p. 76.

Carmagnani, Marcello, “Las claves del periodo”, en Alicia Hernández Chávez (coord.), América Latina en la historia contemporánea, tomo v, México, s.e., 2012, p. 15.

Carranza, Elías, “Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe. ¿Qué hacer?”, Anuario de Derechos Humanos, núm. 8, 2012, p. 43.

Cercas, Ramón, Manual para la elaboración de planes municipales sobre drogas, España, Plan Nacional sobre Drogas, 2001. Recuperado de http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/femp.pdf

Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, t. iii, México, H. Cámara de Diputados, LV Legislatura, 1994.

Galdámez, Zelada, “Alcance de la prohibición de la tortura y los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Estudios Constitucionales”, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Santiago, vol. 4, núm. 2, noviembre de 2006, pp. 661-696, disponible en http://www.redalyc.org/pdf/820/82040127.pdf

García Ramírez, Sergio, “El centro penitenciario del Estado de México”, Derecho PUCP, núm. 27, 2015, pp. 80-85.

García Ramírez, Sergio, “El sistema penitenciario en los siglos xix y xx”, Revista Jurídica Boletín de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, vol. 95, núm. 32, 1999, pp. 357-395.

Grassi, Davide, “México en el mundo”, en Alicia Hernández Chávez (coord.), América Latina en la historia contemporánea, tomo v, México, s.e., 2012, p. 75.

Gómez Ruiz, […], Nueva historia mínima de México ilustrada, México, El Colegio de México, 2008, p. 508.

Hernández Rodríguez, Rogelio, “La vida política”, en Alicia Hernández Chávez (coord.), América Latina en la historia contemporánea, tomo v, México, s.e., 2012, p. 33.

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, “Las condiciones de detención de las personas encarceladas”, México, marzo de 1997. Recuperado de http://www.derechos.org/limeddh/informes/prisiones.html

Muñoz Conde, Francisco, Derecho penal y control social, Bogotá, Temis, 2004.

Nieto, Javier, Manuales prácticos para periodistas, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (unad), Programas asistenciales para drogodependientes, 2001. Recuperado de http://www.unad.org/upload/17/73/Libro2.pdf

Oficina en México del Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos, La tortura en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas, Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, México, 2015, p. 80.

Ramírez Delgado, Juan Manuel, “La reforma constitucional en materia penal. Artículo 18 constitucional”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 27, enero de 2009, pp. 237-252.

Ramón Cercas, Elena, Manual para la elaboración de planes municipales sobre Drogas, Plan Nacional sobre Drogas, Madrid, 2001.

Rosa, Paola de la, “Víctimas transmigrantes: entre la criminalidad y el endurecimiento de las políticas migratorias en México y Estados Unidos”, Congreso Redipal Virtual X, México, 2017. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-X-2017/CRV-X-17-17_2.pdf

Saldaña Ramírez, Adriana, La experiencia de una agroempresa estadounidense en la producción de hortalizas de exportación en Morelos. En dilemas de la migración en la sociedad posindustrial, México, unam, 2008.

Sánchez Cordero de García Villegas, Olga, “Introducción a la interpretación del artículo 18 constitucional”, conferencia impartida en Toluca, Estado de México. Disponible en http://studylib.es/doc/7378993/introducci%C3%B3n-a-la-interpretaci%C3%B3n-del-art%C3%ADculo-18-constitu

Sánchez Galindo, Antonio, “La transformación del Sistema Penitenciario Federal”, en Antonio Sánchez Galindo (coord.), La transformación del sistema penitenciario federal. Una visión de estado, México, cies, 2012, pp. 59-110.

Sánchez Galindo, Antonio, Manual de conocimientos básicos para el personal de Centros Penitenciarios, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1990.

Sandoval Huertas, Emiro, Penología. Parte general, Bogotá, Universidad de Colombia, 1982.

Speckman Guerra, Elisa, Crimen y castigo, México, El Colegio de México / unam, 2002.

Sun, Key, Correctional Counseling: A Cognitive Growth Perspective, Burlington, Jones & Bartlett Publishers, 2013, pp. 25-28.

Villagra Pincheira, Carolina, Hacia una política pospenitenciaria en Chile, Santiago, ril, 2008.

1 uaslp, Facultad de Derecho.

2 Azaola, La institución correccional, p. 83.

3 Carmagnani, “Las claves del periodo”, p. 15.

4 Grassi, “México en el mundo”, p. 75.

5 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

6 Artículo 126 del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el dof el 5 de febrero de 1917.

7 Tesis aislada: “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”. Octava Época, Registro: 205596, Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Localización: Núm. 60, Diciembre de 1992; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. C/92, p. 27.

8 Tesis aislada: “Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la constitución federal”. Novena Época, Registro: 192867, Instancia: Pleno; Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Localización: Noviembre 1999; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXXVII/99, p. 46.

9 En 2007 se emite un tercer pronunciamiento con motivo de la resolución del amparo en revisión 120/2002 en donde, entre otros aspectos, se determina la supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes generales, federales y locales que da origen a la tesis aislada de rubro “Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional” (Novena Época, Registro: 172650, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo xxv, abril de 2007; materia: Constitucional; Tesis P. IX/2007, p. 6). De igual forma se emite jurisprudencia de acuerdo a la cual en el artículo 133 de la Constitución federal se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión. Jurisprudencia bajo el rubro: “Supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, principios de Interpretación del artículo 133 constitucional que los contiene”. Novena Época, Registro 180240, Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Materia: Constitucional, Tesis: 1ª/J.800/2004, p. 264. Recientemente, cuando la Suprema Corte resuelve la contradicción 293/2011, surge el criterio por el cual se establece que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar de acuerdo con lo que establece el texto constitucional que fuera publicado en abril del 2014.

10 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

11 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

12 Gómez, Nueva historia…, p. 508.

13 Ibid., p. 491.

14 Ibid., p. 516.

15 Ibid., p. 512.

16 Ibid., p. 532.

17 Regla 31.

18 Adoptados por la Asamblea General de la onu el 9 de diciembre de 1988.

19 Principio 1.

20 Adoptados por la Asamblea General de la onu el 14 de diciembre de 1990.

21 Principio 1.

22 Principio 5.

23 Galdámez, “Alcance de la prohibición…”.

24 Ibid., p. 669.

25 Id.

26 cidh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Serie C núm. 4. Sentencia de 29 de julio de 1988, cidh. Caso Godínez Cruz. Serie C núm. 3. Sentencia de 20 de enero de 1989, cidh. Caso Castillo Páez vs. Perú. Serie C núm. 34 Sentencia de 3 de noviembre de 1997.

27 Artículo 10.

28 Artículo 11.

29 Principio 6.

30 Principio 5.

31 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991.

32 Artículo 3.

33 Informe 1997 del Observatorio Internacional de Prisiones.

34 Reporte anual del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

35 Informe 1997 del Observatorio Internacional de Prisiones.

36 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, La Tortura en México…, p. 80.

37 Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (junio de 1990 a septiembre de 1997), octubre de 1997, p. 5.

38 Bajo el amparo del incremento de la criminalidad en el país y las fuertes demandas sociales de que haya una mejor seguridad pública, el gobierno aplicó una serie de reformas legales para autorizar a las fuerzas armadas intervenir en funciones propias de la autoridad civil, como son la seguridad pública y la persecución de ciertos delitos. Es así que las fuerzas armadas intervienen en la investigación y persecución de algunos delitos a pesar de que el artículo 21 de la Carta Magna dispone que la investigación y persecución de los delitos es propia del Ministerio Público.

39 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, La Tortura en México…, p. 111.

40 Reglas 22 y 62.

41 Principio 24.

42 Principio 9.

43 Reglas 71, 72, 73, 74 y 76.

44 García, “El sistema penitenciario…”, p. 382.

45 Regla 64.

46 Principio 10.

47 Artículo 10 de Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

48 García, “El sistema penitenciario…”, p. 383.

49 Ibid., pp. 384-385.

50 Sánchez, Manual…, p. 33.

51 Ramírez, “La reforma constitucional…”, p. 342.

52 Id.

53 García, “El centro penitenciario…”, p. 81.

54 Principio 10.

55 Cercas, Manual…, p. 3.

56 Nieto, “Manuales prácticos…”, p. 5.

57 Regla 67.b.

58 Regla 8.

59 Regla 67.

60 Regla 63.

61 Principio 8.

62 Firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y vigente en México a partir del 23 de junio de 1981.

63 Convención Americana de Derechos Humanos suscrita en San José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. La aprobó el Senado el 18 de diciembre de 1980; la aprobación se publicó en el dof el 9 de enero de 1981, entró en vigor internacional el 18 de julio de 1978 y tiene vigencia en México desde el 24 de marzo de 1981.

64 Artículos 5.4. y 5.5.

65 Sun Key, Correctional Counseling…, p. 25-28.

66 García, “El sistema penitenciario…”, p. 382.

67 Artículo 18, segundo párrafo. Reforma publicada en el dof el 32 de febrero de 1965.

68 Cabe señalar que la versión original de este artículo ya establecía que el lugar dedicado a la prisión preventiva sería distinto y estaría completamente separado del que se destinara a la extinción de las penas.

69 Regla 77.

70 Regla 78.

71 Principio 6.

72 Principio 28.

73 Artículo 1.

74 Artículo 9.

75 Ramírez, “La reforma constitucional…”, p. 240.

76 A la territorialidad se le consideró como una garantía implícita y no expresa, tutelar de un bien jurídico individual de valor temporal y se pensó en la readaptación como una garantía explícita que tutela, además de un bien individual, un interés público.

77 Derechos del pueblo mexicano…, t. iii, p. 785. Grafía original.

78 García, “El sistema penitenciario…”, p. 389.

79 Reforma publicada en el dof el 4 de febrero de 1977.

80 Rosa, “Víctimas transmigrantes…”, p. 4.

81 Saldaña, “La experiencia…”, p. 67.

82 Publicado en el D.O.F. el 24 de julio de 1980.

83 Publicado en el D.O.F. el 15 de mayo de1986.

84 Publicado en el D.O.F. el 26 de enero de 1988.

85 Publicado en el D.O.F. el 8 de junio de 1990.

86 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 1992.

87 Publicado en el D.O.F. el 16 de marzo de 1995.

88 Publicado en el D.O.F. el 21 de mayo de 1998.

89 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 1998.

90 Publicada en el D.O.F. el 3 de junio de 1998.

91 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 1999.

92 Hernández, “La vida política”, tomo v, p. 33.

93 Sánchez, “La transformación…”, pp. 64-65.

94 García, “El sistema penitenciario…”, p. 388.

95 Ibid., p. 387.

96 Ibid., p. 388.

97 Ibid., p. 385.

98 Bergman, “Cárceles en México…”, pp. 74-87.

99 Carranza, “Situación penitenciaria…”, p. 43.

100 Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, “Las condiciones…”.

101 El 6 de julio de 2006, el periódico Le Monde dio a conocer que la sobrepoblación carcelaria de Brasil y México estaban a la cabeza y que provocaban hacinamiento, promiscuidad, tensiones y ociosidad, además de dificultar las funciones y los servicios básicos como el trabajo, la educación, la recreación, la salud, la alimentación, la asistencia legal y la seguridad.

Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos. Una historia sociocultural del crimen, la justicia y el castigo (México, siglos xix y xx), coordinado por Elisa Speckman Guerra, se terminó de imprimir el 30 de noviembre de 2018 en los talleres de Editorial y Distribuidora Académica Libertad Mexicana S.A. de C.V., Misterios núm. 192, Col. Vallejo, Gustavo A. Madero, C.P. 07870 Ciudad de México. tel. (55) 56132520. La composición tipográfica se realizó en Logos Editores, tel. 5516.3575, logos.editores@gmail.com. La edición estuvo al cuidado de la Unidad de Publicaciones de El Colegio de San Luis y la coordinadora. El tiraje consta de 500 ejemplares.