La construcción de una democracia
subnacional en México

Emergencia y transformación de la institucionalidad
representativa y democrática en San Luis Potosí (1808-2018)

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LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA DEMOCRACIA
SUBNACIONAL EN MÉXICO

EMERGENCIA Y TRANSFORMACIÓN
DE LA INSTITUCIONALIDAD REPRESENTATIVA
Y DEMOCRÁTICA EN SAN LUIS POTOSÍ (1808-2018)

JAVIER CONTRERAS ALCÁNTARA
HÉCTOR RAMÓN ALONSO VÁZQUEZ

Primera edición en formato digital: 2019

© Javier Contreras Alcántara, Héctor Ramón Alonso Vázquez

D.R. © El Colegio de San Luis
Parque de Macul 155
Fracc. Colinas del Parque,
San Luis Potosí, S.L.P. 78294
https://libreria.colsan.edu.mx/

E-ISBN: 978-607-8666-52-2

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Imagen de portada: Miguel Ángel Rivera

Diseño de ePub: Ernesto López Ruiz

Hecho en México

Índice

Agradecimientos

Introducción

La democracia subnacional

Una realidad diferenciada: la variabilidad de la democracia a nivel subnacional

Nuestra perspectiva

Consideraciones analíticas y metodológicas del diseño de la investigación

La estructura del libro

Capítulo 1

Emergencia de la estructura institucional de organización y representación política

1.1. De la estructura colonial a la independiente (De la Constitución de Cádiz a la Constitución de 1824)

1.2. La emergencia de la nación independiente y sus avatares constitucionales

1.3. El constituyente estatal y la estructura institucional

1.4. La estructura centralista

1.5. El regreso al federalismo

1.6. Regreso al orden central

1.7. La Constitución General de 1857 y la constitución estatal de 1861

1.8. El Segundo Imperio

Conclusión

Capítulo 2

Contingencia y dinámicas de poder en la configuración del Sistema Político potosino en tiempos del partido hegemónico

2.1. El orden normativo y el orden político postrevolucionario en San Luis Potosí

2.2. El caudillaje militar como origen de la estabilidad local

2.3. La influencia política de Gonzalo N. Santos sobre el sistema político local, o del cacicazgo político a las instituciones políticas

Conclusión

Capítulo 3

La relación entre el centro político nacional y el espacio político local

3.1. La consolidación del PRI como partido hegemónico en SLP

3.2. 1961-1981: El regreso a la estabilidad política momentánea y las tensiones políticas que rompieron la dinámica autoritaria en SLP

3.3. Antonio rocha cordero: la “pax” rochista y su legado

3.4. El sexenio de Guillermo Fonseca: la gestión de la estabilidad política y la violencia política de 1975

3.5. La ruptura de la hegemonía del PRI

3.5.1. El sexenio de Carlos Jongitud Barrios: de la estabilidad política a las tensiones políticas irreversibles. 1979-1985

3.5.2. El inicio de la transición política local y la ruptura de la hegemonía del PRI en SLP 1985-1991

3.5.3. 1991-1993 El abortado gobierno de fausto zapata loredo y los interinatos que marcan el final del conflicto político en SLP

3.5.4. Los interinatos finales

3.6. La primacía de la política local como normalidad contemporánea: efecto de la transición democrática nacional

Conclusión

Capítulo 4

La transformación de las instituciones electorales locales para la construcción de la democracia

4.1. Conflicto y cambio

4.1.1. Las elecciones del conflicto y la difícil génesis de la ciudadanización en el árbitro electoral local

4.1.2. Las condiciones de integración del Consejo Estatal Electoral “ciudadanizado”

4.2. 1991-1995: La creciente competencia electoral municipal y sus consecuencias institucionales

4.3. Evolución de la regla del balotaje en SLP, sus impactos y su posterior disolución

4.3.1. Balotaje en 1997

4.3.2. Balotaje en el año 2000

4.3.3. El balotaje en el año 2003 y la disolución de la regla

Conclusión

Capítulo 5

La erosión institucional electoral

5.1. La elección de los consejeros del CEE: 2005-2009. El procedimiento basado en razones políticas como raíz de la desconfianza

5.2. Selección de consejeros para el periodo 2009-2011: el retorno de la incertidumbre institucional-electoral

5.3. 2009: El comienzo del debilitamiento de la certeza en el árbitro electoral

5.4. La ruptura 2011-2014: impugnaciones y conflicto en la integración de consejeros electorales del CEEPAC

5.4.1. Primer proceso de selección impugnado y revocado: diciembre de 2010

5.4.2. Segundo proceso de selección impugnado y revocado: junio de 2011

5.4.3. Tercer y definitivo proceso de selección: julio-agosto de 2011

5.5. Consecuencias políticas e institucionales derivadas del periodo de inestabilidad en los procesos de selección del CEEPAC

Conclusión

Capítulo 6

La dinámica electoral

6.1. De la hegemonía a la competencia efectiva: gubernatura

6.2. La integración del Congreso Local

6.3. Dinámica municipal

6.4. Élites locales

Conclusión

Conclusiones generales

1. Emergencia de la representación y las reglas electorales

2. Los cambios revolucionarios del siglo XX

3. El siglo XXI como estación democrática

4. Una propuesta de agenda de investigación

A quien viene

Con amor para Diana y Tábata
Y para David y Sergio. Amigos de independencia

AGRADECIMIENTOS

Todo trabajo reflexivo es una obra colaborativa a diversos niveles. En primer lugar, agradezco a Héctor Ramón Alonso Vázquez, quien como alumno —en la maestría y en el doctorado— y ahora como coautor ha compartido sus y mis inquietudes por la mirada a través del tiempo para interpretar y comprender al cambio político, en ocasiones con mayor claridad y disciplina que yo.

A Edgar Buendía, Edgardo Leija y Jorge Zavala, mi reconocimiento y agradecimiento porque fueron piezas clave para la recolección de información valiosa para este trabajo. A Ivonne Rodríguez Azuara, Ezequiel Dávalos Faz, Antonio Kasis, Miguel Ángel Ramírez Hernández, Aracely Rodríguez Salazar y al mismo Héctor, alumnos de la MAPPP de El Colegio de San Luis, porque sus investigaciones inspiraron este trabajo.

Agradezco también a quienes han aconsejado rutas a seguir para fortalecer la investigación: a Sergio Cañedo y Flor Salazar por la generosidad en sus conocimientos de la Historia, particularmente de la potosina y de quienes la han estudiado; a Julio César Contreras por las charlas y sus preguntas incisivas en los cubículos; a Zelen Borquez por facilitar con gran generosidad su recopilación de las leyes electorales estatales.

A Rodolfo Flores porque sin sus esfuerzos por documentar y reflexionar el proceso de democratización estatal, en el momento en que acontecía, esta labor sería mucho más difícil. A mis colegas Hugo Borjas y Patricio Rubio, así como a quienes han estudiado el sistema político potosino, porque sus trabajos han sido insumos de la mayor importancia. A quienes desde la disciplina de la Historia han dado cuenta de los acontecimientos en San Luis Potosí y México, muchas gracias por ayudarnos a comprender.

A Alberto Olvera, quien durante la Cátedra Institucional del Programa de Estudios Políticos e Internacionales a su cargo compartió reflexiones en los espacios formales e informales que inspiraron nuevas preguntas y pistas a seguir que han enriquecido este proyecto.

A Santiago Carassale, quien sobrellevó las pausas al trabajo conjunto que permitieron terminar este libro, gracias por obsequiar ese tiempo. A la FLACSO México porque la libertad en la estancia sabática me abrió el tiempo para concluirlo. Al Conacyt por el apoyo a la estancia. A quienes quedan hoy como inspiraciones o colaboradores anónimos debido a mi falta de memoria: muchas gracias.

Un agradecimiento especial a los dictaminadores de la obra que con sus comentarios orientaron nuestros esfuerzos para mejorarla sustancialmente. Muchas gracias.

A El Colegio de San Luis y su comunidad por ser un espacio de libertad y apoyo para dar rienda suelta a las obsesiones de investigación. Al equipo de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, especialmente a Araceli y José Luis por su siempre sonriente disposición a brindar el apoyo para la consulta bibliográfica. Al equipo editorial por su trabajo de calidad y a sus correctores de estilo que nos hacen escribir mucho mejor de lo que en realidad lo hacemos.

En el ámbito personal, agradezco a quienes soportan y comprenden las ausencias, el mal humor, la angustia y la ansiedad, y que son fuente de motivación y felicidad: a Paula y a Félix que están siempre conmigo, a mis padres y mis hermanos, a la familia de Paula, a mis amigos.

Finalmente, en descargo de todos ellos, los errores y omisiones, las interpretaciones equívocas en este trabajo son responsabilidad mía.

Héctor Ramón Alonso Vázquez

En primer lugar, agradezco de corazón al Dr. Javier Contreras Alcántara por concederme su enorme confianza y generosidad, por permitirme participar en este gratificante trabajo de investigación y, sobre todo, por su disposición a construir juntos las ideas centrales y el espíritu de esta investigación.

También agradezco a la comunidad de El Colegio de San Luis. El Colegio ha sido mi segunda casa a lo largo de estos inolvidables años. Mi vida académica y personal no sería comprensible sin él y la enorme calidez humana y generosidad que me ha brindado para completar mi formación hasta el día de hoy. De la misma forma, agradezco al Conacyt su apoyo, el cual hace posible que aportemos nuestra modesta parte a la construcción del conocimiento científico nacional.

Javier Contreras Alcántara

INTRODUCCIÓN

LA DEMOCRACIA SUBNACIONAL

UNA PROPUESTA PARA MIRAR HACIA LO LOCAL Y SU HISTORIA

UNA REALIDAD DIFERENCIADA: LA VARIABILIDAD DE LA DEMOCRACIA A NIVEL SUBNACIONAL

Una de las situaciones problemáticas que enfrenta la democracia mexicana es que, si bien el régimen político a nivel nacional se puede considerar una democracia, la organización y dinámica del sistema político en el nivel subnacional no necesariamente responde a las mismas características.

Lo observado en México en pleno proceso de democratización marcó los antecedentes de esta dinámica diferenciada y paradójica, pues si bien durante la década de los noventa del siglo XX se señalaba que la democratización avanzaba de forma gradual e incremental de la periferia al centro1, al desarrollarse sistemas competitivos que cuestionaban los dominios locales del PRI, también se advertía que la arena de la política subnacional podría ser una fuente de inercia y resistencia a la democratización2.

Hoy, se acepta que fue la interacción entre los contextos nacionales y locales lo que llevó al proceso de democratización3, pero también se reconoce que, en algunos casos, los espacios subnacionales y las dinámicas que ayudaron a la transición se han convertido en realidades paradójicas, huecos4, en los que aún conviven zonas autoritarias y espacios semiclientelares con espacios plenamente democráticos5.

Las diferencias a nivel territorial6 en la competencia por hacerse de los puestos de elección, el ejercicio de gobierno, así como los valores de las élites locales dominantes y, sobre todo, los procesos de cambio y ajuste político locales, también cuentan en los procesos de democratización y pueden ser motores del cambio o resistencias que dificultan la plena instauración de la democracia —imperio de la ley y estado de derecho, rendición de cuentas, transparencia—, dando lugar a la aparición de zonas marrones7, autoritarismos subnacionales8, regímenes híbridos subnacionales9, regímenes no democráticos10, prácticas iliberales11 o patrimoniarquías12. Todas estas situaciones pueden desembocar en debilidad institucional, regresiones13, desdemocratizaciones14, o bien terminar por minar la confianza de los ciudadanos en la democracia al constatar en su vida cotidiana que, más que una democracia, se vive en la hibridez del régimen al entremezclarse funcionalmente instituciones democráticas con prácticas autoritarias15.

Es así que en la segunda década del siglo XXI hemos visto un aumento en ejemplos que ilustran este panorama desigual, complejo, bajo el cual se desarrolla un régimen nacional que se precia de ser —en alguna medida— democrático16, y múltiples regímenes locales con variaciones importantes en cuanto a la calidad de las elecciones, deficiencias en el imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos, la efectividad de los derechos políticos y las libertades civiles, baja calidad institucional, casos de corrupción en los gobiernos estatales, presencia e influencia del narcotráfico y control de municipios por éste, violencia generalizada, cacicazgos, amenazas a la libertad de expresión, y discrepancias entre las normativas federales y locales para el avance democrático.

Nos encontramos ante una realidad en la que ni todos los espacios subnacionales son regímenes autoritarios, ni todos son espacios plenamente democráticos; lo que tenemos son desarrollos variados. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice de Democracia Local de 200617 se situaba en muy alto a 5 estados; en alto a 8; en medio a 8; en bajo a 6 y en muy bajo a 5 (ver Tabla 1). A su vez, en el Índice de Desarrollo Democrático 201718, en la categoría de alto desarrollo aparecían 10 estados; en desarrollo medio 9; en bajo desarrollo 2; y finalmente, en desarrollo mínimo, 11 estados (ver Tabla 2). Y el Índice de Desarrollo Democrático de 201819 ubicaba en alto desarrollo a 9 estados; en desarrollo medio a 9 también; en bajo desarrollo a 6; y, en desarrollo mínimo a 8 (ver Tabla 3).

TABLA 1

CLASIFICACIÓN DEL IDD 2006

Muy alto desarrollo

Alto desarrollo

Desarrollo medio

Desarrollo bajo

Desarrollo muy bajo

Guanajuato

Aguascalientes

Michoacán

Puebla

Oaxaca

Querétaro

Estado de México

Baja California Sur

Veracruz

Nayarit

Baja California

Nuevo León

Chihuahua

Coahuila

Quintana Roo

Distrito Federal

San Luis Potosí

Sinaloa

Tlaxcala

Guerrero

Jalisco

Sonora

Durango

Morelos

Chiapas

Zacatecas

Tamaulipas

Tabasco

Yucatán

Colima

Campeche

Hidalgo

Elaboración propia con datos de Somuano y Ortega (2011).

TABLA 2

CLASIFICACIÓN DEL IDD 2017

Alto desarrollo

Desarrollo medio

Bajo desarrollo

Desarrollo mínimo

Tamaulipas

Ciudad de México

Chiapas

Estado de México

Aguascalientes

Sinaloa

Guanajuato

Baja California

Yucatán

Nuevo León

Hidalgo

Baja California Sur

Colima

Quintana Roo

Coahuila

Tabasco

Puebla

Nayarit

Tlaxcala

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Oaxaca

Zacatecas

Sonora

Michoacán

Campeche

Jalisco

Morelos

Querétaro

Veracruz

Guerrero

Elaboración propia con datos de Informe IDD-2017.

TABLA 3

CLASIFICACIÓN DEL IDD 2018

Alto Desarrollo

Desarrollo Medio

Bajo Desarrollo

Desarrollo Mínimo

Aguascalientes

Colima

Durango

Tlaxcala

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Chihuahua

Nayarit

Sinaloa

Baja California Sur

Puebla

Yucatán

Baja California

Michoacán

Chiapas

Guanajuato

Tamaulipas

Jalisco

Oaxaca

Ciudad de México

Estado de México

Tabasco

Veracruz

Zacatecas

Quintana Roo

Morelos

Campeche

Sonora

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Elaboración propia con datos de Informe IDD-2018.

Se debe señalar, sin embargo, que depende de la metodología de construcción de los índices, y de las variables consideradas, que la ubicación de los estados en las clasificaciones varíe, pero se enuncian estas tres mediciones como ejemplos de los esfuerzos comparativos para valorar el desarrollo democrático subnacional y explicitar su ubicación en estadios distintos. Esta situación destaca la importancia de enfocarse en la observación de los sistemas políticos subnacionales para conocer sus dinámicas y estar conscientes de los diversos retos que se enfrentan en el proceso de desarrollo democrático20.

Para comprender estas diferenciaciones se debe tener presente que la democracia no sucede en el vacío; es parte de un proceso de cambio y adaptación del régimen político en sociedades localizadas en el tiempo y el espacio. Los espacios subnacionales no son la excepción a ello ni sus dinámicas se explican por las dinámicas centrales.

Esto debe tomarse en cuenta para comprender las causas posibles de las disparidades en la profundización y calidad de la democracia entre las entidades subnacionales de un país concreto. Y si, a su vez, se revisaran los espacios municipales, las variaciones también estarían presentes.

De ahí la relevancia de preguntarse, a profundidad, por los procesos históricos de construcción de la democracia a nivel subnacional, considerando que éstos acontecen en disputas por el poder y por la (re)construcción o (re)diseño de las instituciones que le dan vida y sostenibilidad a nuestro régimen político, de manera que las dinámicas políticas subnacionales dejen de ser “puntos ciegos”21, un misterio22, o vacíos23 en la comprensión del funcionamiento real de la democracia mexicana.

NUESTRA PERSPECTIVA

Hacemos propia, para el ámbito subnacional, y en particular para las instituciones democráticas, la tarea de realizar una “arqueología del Estado” y dar cuenta del:

modo en que las instituciones estatales se han formado en distintos ciclos o periodos políticos, superponiéndose estructuras e instituciones, aprobando leyes contradictorias o paralelas, abriéndose espacios novedosos en ciertas áreas mientras que en otras subsisten prácticas nítidamente autoritarias. De esta manera, es necesario entender el fenómeno de la heterogeneidad del Estado en América Latina como un proceso histórico y como una condición que compone el escenario en que se libra la disputa por la construcción de la democracia24.

Consideramos que, en tanto la democracia es la respuesta que se da a un problema sin resolver en una temporalidad específica25, y que el horizonte de la democracia está en constante movimiento dado su componente idealizado como horizonte de expectativa26, es importante recuperar y comprender el o los problemas particulares y concretos a los que dio respuesta la democratización, así como los conflictos que dieron lugar a las configuraciones actuales de los regímenes políticos subnacionales.

Asumimos que el resultado específico de los procesos de democratización es producto de una disputa por la definición de una nueva forma de organizar políticamente a la sociedad, y que las huellas de esa disputa quedan en las formaciones institucionales, por lo que es rastreable.

Consideramos que el proceso de democratización en México dista de ser homogéneo y se basa en procesos heterogéneos cimentados en los conflictos y disputas locales por alcanzar o mantener el poder. Si bien se reconoce una relación estrecha de interacción y de isomorfismos institucionales, los procesos de democratización locales poseen actores, factores, momentos de crisis, cambio y estabilidad que otorgan una dinámica y características propias a estos sistemas políticos, mismas que hoy resaltan en las paradojas que caracterizan al sistema político mexicano.

Por tanto, desde nuestra perspectiva, la democracia realmente existente en la dimensión nacional ha sido posible por el encuentro de diversas rutas, quizá paralelas, de cambio o reordenamiento político, que han sido invisibilizadas u obviadas por el enfoque en lo nacional. De ahí la relevancia de preguntarse ¿cómo se ha construido la institucionalidad y la práctica democrática en contextos subnacionales, localizados, en el transcurso del tiempo?

Para responder esta pregunta consideramos pertinente analizar desde el contexto subnacional los procesos de emergencia y transformación institucional para dar cauce al orden político. Para ello nos parece clave observar las interacciones entre los procesos políticos de cambio nacional con los procesos de cambio y ajuste en el contexto subnacional a través de las disposiciones legales, la relación centro-estado, la disputa electoral con el partido hegemónico, y también las prácticas del régimen previo, es decir, las herencias o tradiciones institucionales27, sin olvidar los alineamientos y realineamientos electorales.

En este trabajo buscamos dar el paso del recuento o análisis sobre el cambio político en México28, al análisis —o quizá inclusive a las historias analíticas— del cambio político a nivel subnacional, y al análisis de la política en contexto29, donde el eje no sean solamente los resultados electorales, sino que se rescaten y se pongan a la luz las dinámicas y tiempos distintos donde el contexto moldea las configuraciones específicas que toman los sistemas políticos locales, de manera que podamos observar, de manera transversal y en la interacción entre dinámica nacional y subnacional, la construcción de la estructura, los procesos y los resultados del quehacer político.

CONSIDERACIONES ANALÍTICAS Y METODOLÓGICAS DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN30

Cuando pensamos en los procesos de construcción institucional, particularmente en situaciones de cambio de régimen, la pregunta que aparece inmediatamente es ¿qué se construye/cambia?31 Esta pregunta se responde inicialmente, para el México de finales del siglo XX, con el proceso de transición de un régimen político centrado en un partido hegemónico a uno multipartidista y, por tanto, hacia lo nuevo que emerge.

Sin embargo, al replantear la pregunta hacia ¿qué permanece?, movemos el foco hacia la caracterización del régimen previo y las disposiciones institucionales que lo conformaban y que se mantienen constantes pese al cambio de régimen. Este cambio de foco trae consigo más preguntas: ¿permanecen o cambian los actores?, ¿quién sí y quién no?, ¿cuáles son las causas posibles?, ¿se mantienen o cambian las reglas?, ¿todas o sólo algunas?, ¿por qué sucede así?, ¿cuáles son las situaciones que, en un momento determinado, posibilitan la permanencia o el cambio?

Así, al preguntarnos por las características del régimen de partido hegemónico y su funcionamiento, nos vimos en la inquietud por reiterar las preguntas con respecto al régimen que éste sustituyó, lo que, en la temporalidad inicial del estudio, de las primeras décadas del siglo XXI a inicios del siglo XX, nos llevó, a la vez, hacia la exploración del siglo XIX hasta llegar al surgimiento de lo que hoy conocemos como la República Mexicana.

Si bien se puede replicar la pregunta para ir aún más atrás en el tiempo, habría un problema de consistencia en la lógica territorial, pues la unidad subnacional de estudio no existiría en su misma forma más allá de 1824; inclusive la misma unidad nacional, la República Mexicana, no existiría más allá. Aun así, retomaremos algunos elementos relativos a la formación territorial antecedente, por ser pertinente a la investigación, en tanto nuestro caso de estudio no es en sí la unidad subnacional, sino los procesos de emergencia y transformación de las instituciones representativas y democráticas en la unidad.

Ahora bien, debemos especificar a qué nos referimos cuando decimos instituciones representativas y democráticas, de manera que podamos establecer un marco común de entendimiento respecto de instituciones, instituciones representativas, democracia representativa y democracia liberal procedimental o poliarquía.

Entendemos el término institución como toda regla del juego que sirve para regular la conducta humana en sociedad. Esta definición va en tono con la que propuso Douglas North32 (1990) y la empleamos porque permite viajar a lo largo de la transversalidad histórica que aquí tratamos.

Por representación, siguiendo a Pitkin33, entendemos hacer presente en algún sentido algo que está ausente y que, sin embargo, no está presente de hecho; y por representación política entendemos actuar por otro en cuestiones sustantivas. Dejamos abierta la definición porque se puede aplicar a diversas formas de integrar un sistema representativo.

Como en este trabajo nos enfocamos en concreto en las instituciones políticas representativas, entonces, a la par de nuestra definición básica de instituciones, entendemos a las instituciones políticas como toda regla del juego que regula el conflicto público, la gestión del poder político y el acceso de múltiples actores al poder institucional para actuar en representación de alguien más.

Nada social o político sucede en el vacío. La democracia, tal y como la conocemos hoy, evolucionó a partir de ciertas instituciones existentes bajo otros ordenamientos o regímenes políticos, en particular de la monarquía absolutista. Las instituciones representativas (asambleas estamentales, y posteriormente los cuerpos legislativos, así como la separación de poderes y sus procesos de elección) fueron su antecedente.

El cambio de las monarquías a gobiernos republicanos representativos se dio principalmente entre los siglos XVIII y XIX, y se caracterizó por la elección de representantes (ejecutivo y/o legisladores —Congreso—) en intervalos regulares, la independencia parcial de los representantes, la libertad de opinión pública y la toma de decisiones después de someterse a discusiones34.

Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgió la democracia representativa, teniendo como componentes centrales a los partidos políticos de masas y a las elecciones con sufragio universal —acotado a adultos varones—. Para esto seguimos de cerca la definición de democracia representativa35 como “una forma de gobierno en la que las decisiones son hechas por representantes electos e implementadas por oficiales designados a quienes los representados delegan algunas de las tareas de gobierno”36.

Y para el cambio hacia mediados y finales del siglo XX, así como el siglo XXI, consideramos también una definición de democracia correspondiente a la vertiente liberal procedimental, que la entiende como

un conjunto de reglas e instituciones que permiten la más amplia participación de la mayoría de los ciudadanos en la selección de sus representantes, los únicos que pueden tomar decisiones políticas. Dicho conjunto incluye un gobierno electo; elecciones libres en las que los votos de todos los ciudadanos tienen el mismo valor; un sufragio que abarca a todos los ciudadanos independientemente de su raza, su religión, su clase social, su sexo, etc.; libertad de pensamiento, información y expresión en todos los asuntos públicos; el derecho de todos los adultos a oponerse a su gobierno y presentarse a las elecciones; y la autonomía asociativa37.

Optamos por seguir estas definiciones, en sentido de incremento de complejidad, para distinguir el paso de las instituciones representativas no democráticas a la adopción de un régimen representativo que no observa la centralidad de las condiciones electorales; y el paso, a finales del siglo XX, hacia la democracia liberal procedimental contemporánea o poliarquía38.

De esta forma nos concentramos no sólo en las coyunturas históricas que moldean y hacen cambiar a las reglas del juego político en el nivel subnacional, sino en reglas políticas concretas como las reglas que regulan el cierre o apertura a la inclusión y participación política, es decir, el entramado institucional que regula la competencia por el poder político institucional entre actores a lo largo del periodo de estudio.

Por otra parte, analíticamente, al incorporar el factor tiempo en el estudio de los procesos de cambio político reconocemos que la historia importa —al igual que importa el territorio, tiempo y espacio—. Pierson39 indica tres “giros históricos” en las ciencias sociales y, en particular, en la ciencia política: el primero sería el que encuentra en la historia política una forma de dar cuenta de sucesos políticos del pasado; el segundo sería el que descubre en la historia una fuente de material ilustrativo para los modelos teóricos; y el tercero es el que ve a la historia como una fuente para generar más casos para el análisis comparativo. La propuesta a la que adscribimos incorpora e intenta sobrepasar a estos tres giros para dilucidar las conexiones temporales entre eventos y explicitar los mecanismos que hacen posible el cambio y/o la permanencia de instituciones, prácticas y actores en la conformación del sistema y régimen político concreto, pero de manera que puedan ser contrastados con otros casos40.

Ahora bien, en tanto nos interesa dar cuenta de la emergencia, persistencia y transformación institucional, nos resulta conveniente asumir una serie de principios, que retomamos del Institucionalismo Histórico, particularmente de Goodin41, Hall42, Collier y Collier43, Mahoney y Thelen44, Streeck y Thelen45, Thelen y Conran46, que utilizaremos como clave analítica para procesar la información:

a)Existen tres formas básicas en las que las instituciones pueden surgir y transformarse en el tiempo: contingencia, evolución e intervención intencional. En todo caso real encontraremos estas tres formas en interacción.

b)Las transformaciones producto de la intervención intencional de los agentes pueden corresponder o no con los propósitos que dieron lugar a la intervención. Así, las transformaciones pueden beneficiar a todos o a ninguno de los agentes que intervienen intencionalmente.

c)En muchos casos, las instituciones son el resultado de actividades intencionales bajo condiciones de contingencia, intencionalidades superpuestas y errores, lo que puede dar lugar a resultados imprevistos.

d)Las instituciones son producto de materiales heredados del pasado, por lo que son moldeadas por éste.

e)Las instituciones son producto de coaliciones sociales o políticas compuestas de actores poderosos en la arena relevante y persisten en tanto se pueda mantener una amplia coalición de apoyo, aun si sus integrantes cambian.

f)Las instituciones introducen y refuerzan tendencias que favorecen a determinados agentes e interacciones y que perjudican a otros, por lo que pueden preservar los desequilibrios de poder y las asimetrías incorporadas en el inicio del diseño institucional47.

g)La estabilidad institucional puede alcanzarse cuando: 1) los beneficios que provee la nueva disposición institucional pueden ser considerados como derechos; 2) hay una alta incertidumbre ante los efectos resultantes de una posible reforma a la institución; 3) la distribución del poder, producto de los resultados de la institución, privilegian a la coalición social que la creó y la sostiene, a la vez que limita el acceso a recursos de otros actores que pueden disputar el poder; 4) el costo de cambiar los comportamientos o arreglos derivados de la institución es muy alto; y 5) la complementariedad institucional hace que modificar una institución implique modificar otras instituciones y el costo se eleve. Por supuesto, en la realidad no son excluyentes unos de otros.

h)A su vez, el cambio puede ser producido por: a) un shock exógeno que interrumpe el equilibrio; b) difusión, que lleva al isomorfismo o la convergencia institucional; c) por la entrada de nuevos actores con lógicas diferentes; d) por cambios en la distribución del poder; e) por problemas de interpretación de las reglas y su aplicación, lo que abre espacio para que los actores implementen las reglas en formas nuevas. Esto puede llevar al cambio lento y gradual o incremental, que se puede dar de cinco formas: i) desplazamiento, ii) sobreposición o adición, iii) deriva, iv) conversión y v) agotamiento.

Estos principios orientarán nuestra observación hacia: cuándo y cómo surgen las instituciones democráticas representativas, quiénes conforman las coaliciones que las apoyan, contra qué opciones compiten, cómo alcanzan estabilidad, en qué momentos enfrentan crisis y si logran o no sobrepasarla, cuándo cambian, cómo cambian, y cómo se conforman nuevas coaliciones que apoyan el cambio.

Para hacer posible estas observaciones, y en consistencia con el Institucionalismo Histórico, recurriremos al rastreo de procesos48 en tanto es “el análisis de la evidencia sobre procesos, secuencias y coyunturas de eventos al interior de un caso con el propósito de desarrollar o comprobar hipótesis acerca de mecanismos causales que podrían explicar el caso”49.

Así, a partir de una narrativa descriptiva a profundidad se puede establecer una secuencia de los procesos de cambio e identificar actores y causas, además de generar o contrastar hipótesis y teorías. Esta decisión metodológica de privilegiar la descripción a profundidad, nos lleva a optar por el estudio de caso50.

Para ello, el rastreo de procesos considera la revisión de la Historia, documentos de archivo, entrevistas y otras fuentes para ver si el proceso causal hipotetizado o implicado es realmente evidente en la secuencia. En el trabajo que presentamos buscamos dar cuenta no sólo de qué sucedió, sino de cómo sucedió51; para ello hacemos uso tanto de fuentes históricas primarias disponibles —leyes y documentos oficiales—, como de fuentes secundarias —bibliografía histórica para episodios institucionales y políticos específicos, periódicos y revistas locales, páginas web—, además de las estadísticas y bases de datos electorales52.

Para guiar el rastreo de procesos a través de estas fuentes prestamos especial atención a las coyunturas críticas y al path dependence, o dependencia de camino. Las coyunturas críticas son periodos de cambio significativo que producen legados concretos53, o si se prefiere, puntos de elección donde una opción particular es adoptada entre varias alternativas54; es posible identificar cinco elementos que las componen: 1) condiciones antecedentes; 2) crisis; 3) coyuntura crítica; 4) legado, con i) mecanismos de producción, ii) mecanismos de reproducción y iii) atributos centrales del legado; 5) explicaciones rivales y 6) fin del legado.

A su vez, el path dependence refiere a la dinámica que se genera a partir de que se toma una dirección determinada; así, con los pasos iniciales —coyuntura crítica— queda establecida una alta probabilidad de que cada paso que se da sea en la misma dirección, pues con el tiempo se hace cada vez más difícil tomar otro camino. Los procesos que permiten que exista una dependencia del camino55 son: 1) las secuencias de auto-refuerzo y las dinámicas de retorno incremental; y 2) secuencias reactivas, donde cada evento es causa de otro evento subsecuente y permite que existan procesos de reversión.

Así, con estas herramientas hacemos el recorrido de la emergencia institucional de la representación en los finales del dominio español sobre el territorio de la Nueva España, las adaptaciones realizadas al contexto local en su operación, la dinámica seguida como república independiente para darse gobierno y, posteriormente, la organización surgida tras la Revolución y los cambios hacia finales del siglo XX; estas herramientas, en síntesis, nos permiten hacer el recorrido de la emergencia de las instituciones representativas a la transformación de éstas hacia el régimen de partido hegemónico y a la democracia representativa contemporánea.

Todo lo anterior nos lleva a elegir observar la emergencia y transformación de la institucionalidad representativa y democrática electoral en una unidad subnacional, como estudio de caso, en una entidad que: 1) nos permita hacer el recorrido desde la conformación de México como nación independiente hasta la actualidad; 2) observe una variabilidad constante, pero con cierta estabilidad intermedia en su valoración como democracia; 3) tenga antecedentes destacados en el proceso de transición a la democracia y, no menos importante, 4) sea accesible en elementos de información a los investigadores en el estudio de caso. Con estos criterios elegimos observar la emergencia y transformación de la institucionalidad representativa y democrática electoral en el estado de San Luis Potosí.

Este estado es uno de los que se integró en el Acta Constitutiva de la Federación en 182456, momento de constitución como nación independiente de México. A la vez, cuenta con antecedentes importantes en el periodo colonial al ser reconocido, en 1786, como Intendencia y posteriormente como Provincia57 y, por tanto, participar de la convocatoria a elegir diputado que la representase en la convocatoria a Cortes que elaboraría la Constitución de Cádiz de 1812. Ésta sería la primera experiencia de representación real en el territorio de la Nueva España.

San Luis Potosí ha variado constantemente su ubicación en el Índice de Desarrollo Democrático. De acuerdo con el Índice de Democracia Local58 de 2006, el estado se encontraba clasificado en alto; para el IDD 2011 se ubicaba en bajo desarrollo; para 2013 lo hacía en bajo desarrollo también; para 2015 se clasificaba en desarrollo medio, lo mismo que para 2017, y en bajo desarrollo para 201859. A su vez, de acuerdo con el indicador de calidad de los órganos de administración electoral60, se encontraba para 2009 en media calidad; y, en cuanto a la percepción de calidad de las elecciones en 2009, se encontraba cerca de la media nacional, con 45.8, siendo la media de 47.461.

En cuanto al proceso de transición a la democracia, destacan varios asuntos que permiten reconocer la relevancia de la unidad territorial: periodos de inestabilidad política relacionada con las elecciones; es el único estado donde se utiliza la segunda vuelta electoral; primer estado con un organismo local electoral ciudadanizado completamente previo a la experiencia del IFE; colonización del organismo electoral; y, finalmente, la información sobre el caso es accesible a los investigadores, además de que cuentan con un cierto conocimiento previo del mismo.

Trabajaremos entonces a tres niveles: en un primer nivel tendremos presente la historia de la representación política en México y su correlato en San Luis Potosí; en un segundo nivel observaremos el cambio político en México en el siglo XX vinculado al cambio político en el estado, particularmente la relación centro-estados; y en el tercer nivel intentaremos generar hipótesis para comprender y explicar el cambio político en San Luis Potosí.

El resultado se presenta en una narrativa analítica que discurre a lo largo de los seis capítulos del libro. El estudio de caso —la construcción institucional y democrática potosina de 1824 a 2018— engloba, a su vez, a dos sub casos específicos: el primero es el origen histórico e institucional del sistema político potosino hasta la ruptura hegemónica del PRI, el cual abarca del primero al tercer capítulo; el segundo versa, en términos generales, de la transformación y posterior desarrollo del sistema político potosino a partir del surgimiento de la competencia electoral efectiva, luego de la ruptura hegemónica del entonces partido en el poder.

En síntesis, esta obra adscribe la importancia de los estudios subnacionales para comprender y explicar la emergencia y transformación institucional de la democracia en México, y para ello tomamos como unidad subnacional de estudio al estado de San Luis Potosí entre 1824 y 2018, enmarcando el análisis desde el Institucionalismo Histórico, aplicando una metodología de rastreo de procesos y prestando especial atención a coyunturas críticas y dependencia del camino. Esta pretensión integral es lo que distingue a nuestro trabajo de otros que ya han sido realizados para dar cuenta de la evolución del sistema político potosino y que se centran casi exclusivamente en los resultados electorales a partir de 1991, trabajos a los cuales les reconocemos su valor y de los que retomamos algunos elementos62.

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO

El propósito de la investigación es dar cuenta de la emergencia y transformación de los rasgos institucionales, los actores y las dinámicas electorales de un sistema político subnacional a través del tiempo. Si bien nuestra pregunta central es ¿cómo se ha construido la institucionalidad y la práctica democrática en un contexto subnacional concreto en el transcurso del tiempo?, debemos señalar que las preguntas específicas que guían la estructura de este trabajo son: ¿bajo qué condiciones emergieron las disposiciones institucionales de la organización política en San Luis Potosí al surgimiento de la nación mexicana?, ¿cuáles eran y cómo se transformaron las disposiciones legales y las condiciones políticas que regían el ámbito político-electoral previo al inicio de la transformación del sistema político a finales de los años ochenta y principios de los noventa?, ¿cuáles fueron los procesos bajo los que se conformaron las autoridades electorales que llevaron ese proceso de cambio y su diseño a partir de la legislación electoral?, ¿cuáles son los resultados, en términos electorales, de esas transformaciones?, y ¿cómo se da la dinámica electoral?

Para dar respuesta a nuestras interrogantes y cumplir con los principios expuestos en la sección anterior para el estudio de la construcción de la democracia a nivel subnacional, nos hemos dado a la tarea de reconstruir, a veces a grandes trazos, y a veces con mayor finura, la trayectoria política histórica y contemporánea de San Luis Potosí. Nuestra pretensión no es hacer historia política en sí, sino tener una cierta claridad sobre lo acontecido en el pasado reciente pero con atención a procesos de más largo aliento; es decir, recurrimos a la narración histórica como una herramienta a partir de la cual podremos estar en condiciones de realizar un análisis politológico que dé cuenta de los momentos fundacionales, los legados y las transformaciones que moldean los procesos de cambio político e institucional y sus potenciales factores causantes o concomitantes63.

La estructura del libro responde al intento por distinguir con claridad los distintos momentos en que surgen los diversos componentes institucionales de la democracia local; aunque consideramos que estos componentes surgen en temporalidades coincidentes con algunos de los procesos nacionales, nos interesa destacar la temporalidad específica local y la lógica a la que responden, ya que son retomados para crear o fortalecer ciertas estructuras o distribuciones en el campo de poder.

Así, en el primer capítulo nos centramos en hacer una revisión histórica de las disposiciones constitucionales y legales que rigieron la organización política y electoral durante el siglo XIX, enfocando el proceso desde el territorio del estado de San Luis Potosí; lo mismo sucede con el proceso de constitución de la nación mexicana y hasta la revolución. Es un capítulo que nos permite visibilizar, desde lo subnacional, las disputas nacionales sobre la forma del régimen político, el carácter representativo y su alcance, la condición de ciudadanía y la forma de organizar las elecciones. Este capítulo tiene como propósito brindar el punto de partida para delinear algunos de los componentes y rasgos heredados del sistema político actual y contrastar la hipótesis del proceso de emergencia de las instituciones representativas.

En el segundo capítulo el objetivo es identificar y tratar de manera puntual los procesos contingentes a los cuales los actores políticos locales tuvieron que responder para incidir en el desarrollo de las instituciones políticas de San Luis Potosí tras la revolución mexicana. Para lograrlo, recurrimos a la historia política local para analizar las dinámicas de poder que configuraron el devenir del sistema político potosino. Aquí, exploramos la hipótesis de la importancia de la influencia del poder central sobre las fuerzas locales y la contrastamos con la búsqueda permanente de un balance entre ambas como explicación de los conflictos políticos que derivaron en cambios institucionales y de prácticas del poder.

En estos dos primeros capítulos del libro hacemos un esfuerzo por conectar la historia institucional del sistema político potosino en su proceso de formación estatal con su devenir como sistema de partido hegemónico pragmático64, esto es, con los procesos históricos contingentes que le hicieron llegar a ser lo que fue hasta la década de los noventa del siglo XX, cuando se dio el proceso de trasformación político hacia la centralidad de lo electoral.

El tercero, cuarto y quinto capítulos dan cuenta de los cambios institucionales y normativos que tuvieron como motor las disputas en torno a los resultados electorales municipales a principios de la década de los noventa y los procesos de conformación de la autoridad electoral ciudadanizada. El path dependence y las coyunturas son visibles aquí como situaciones que se conjugan para moldear la institucionalidad electoral local, tocando en forma tangencial, pero siempre presente, los procesos nacionales y la hipótesis del cambio gradual ante el agotamiento del régimen de partido hegemónico.

En el tercer capítulo, por tanto, se abordan con detalle las relaciones entre el centro político nacional y las elites y actores locales durante la segunda mitad del siglo XX, así como los momentos de crisis política del modelo hegemónico en la década de los ochenta, para luego, en el cuarto capítulo, centrarnos en las disputas electorales de la elección a gobernador y las elecciones municipales de 1991 que llevaron a la ciudadanización del organismo electoral, la transformación de las instituciones electorales y su consolidación en SLP desde 1995 hasta 2005, año en el cual se aplica la regla de la segunda vuelta electoral; en esta parte se mencionan los motivos de su aplicación, sus resultados y las causas de su derogación.

En el quinto capítulo se trata el periodo donde las instituciones electorales locales caen de nueva cuenta en un estado de incertidumbre, entre 2005 y 2014, por el proceso de colonización que realizaron los partidos políticos con representación en el Congreso a partir del nombramiento de consejeros, con lo que regresó la desconfianza en el árbitro electoral; y las reglas, el tratamiento de la crisis, así como los cambios actualmente vigentes en las reglas y el árbitro de 2014 que puso en manos de la autoridad electoral nacional el proceso de designación de los consejeros.

En el sexto capítulo nos centramos en dar cuenta de la competencia efectiva por el poder a través de los procesos electorales, sus diferencias por nivel de competencia y los claroscuros de sus resultados. Finalmente, ponemos a consideración de los lectores un apartado de reflexiones generales a partir de las consideraciones del cambio y estabilidad institucional, así como la propuesta de una agenda temática posible para investigaciones futuras en lo correspondiente a San Luis Potosí, así como a los procesos de emergencia y cambio institucional. Si al final del texto el lector tiene más preguntas que respuestas y se ve motivado a la investigación —académica o personal—, el objetivo de este trabajo habrá sido cumplido.

Cabe advertir, en muchos momentos de la investigación, la falta de información o de sistematización y procesamiento sobre los asuntos en cuestión, por lo que está presente la posibilidad de tener errores y huecos en el trabajo; esto debe señalarse acaso como falta de agudeza por nuestra parte para dar con esa información o con los informantes potenciales. En otros casos, la información disponible y sistematizada carece de análisis, y en otros —los menos— lo ya analizado se encuentra disperso en diversas publicaciones, de ahí la relevancia de esta primera apuesta global para comprender al sistema político potosino en el marco del cambio político con perspectiva histórica.

Finalmente, también debemos aclarar que nuestro propósito va más allá de la investigación, pues pretendemos que sea un punto de arranque para una conversación entre generaciones distintas de ciudadanos: los que generaron y vivieron el cambio y aquéllos a los que hoy y mañana toca mejorarlo, porque a veces pareciera que la forma en que se organiza la sociedad estuviera ahí desde siempre y nos olvidamos de que nosotros mismos construimos este andamiaje y podemos mejorarlo o destruirlo; el sistema político que hoy vivimos, y el grado de democracia que se ha alcanzado, es la creación de todos (partidos, políticos, ciudadanos, legisladores, gobernantes, medios de comunicación, líderes de opinión), pues nuestras decisiones y acciones son las que moldean el carácter y las condiciones de existencia del régimen que vivimos. A todos, desde el rol que elijamos, nos corresponde cuidarlo y fortalecerlo pues, a fin de cuentas, ésta es nuestra propia historia, nuestro presente y los cimientos del futuro.

NOTAS

1Yemile Mizrahi, “The Cost of Electoral Success: The Partido Acción Nacional in Mexico”, en Governing Mexico: Political Parties and Elections, Monica Serrano (ed.) (London: Institute of Latin American Studies, University of London, 1998).

2Wayne Cornelius, “Subnational Politics and Democratization: Tensions between Center and Periphery in the Mexican Political System”, en Subnational Politics and Democratization in Mexico, Wayne Cornelius, Todd Eisenstadt y Jane Hindley (eds.) (San Diego: Center for US-Mexican Studies at the University of California, 1999), 3-16. Y también Wayne Cornelius, “Blind Spots in Democratization: Sub-National Politics as a Constraint on Mexico`s Transition”, Democratization, 7:2 (Autum 2000), 117-132.

3Fernanda Somuano y Reynaldo Ortega, “Democracia en los estados mexicanos: un análisis subnacional”, en La democracia en México. Un análisis a 10 años de la alternancia, Salvador Martí, Reynaldo Ortega y Fernanda Somuano (eds.) (España: Ediciones Bellaterra, 2011), 15-39.

4Jean-François Prud’homme, Coyunturas y cambio político (México: El Colegio de México, 2014).

5Jonathan Fox, “Latin America’s Emerging Local Politics”, Journal of Democracy, 5:2 (April 1994), 105-116.

6Richard Snyder, “Scaling Down: The Subnational Comparative Method”, Studies in Comparative International Development, 36:1 (Spring 2001), 93-110; Edward Gibson, Boundary Control. Subnational Authoritarianism in Federal Democracies, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

7Guillermo O`Donnell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales”, Desarrollo Económico XXXIII:130 (julio-septiembre 1993), 163-184.

8Edward Gibson, “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”, Desafíos, 14 (semestre I, 2006), 204-237; Edward Gibson, “Control de límites: Autoritarismo subnacional en países democráticos”, Desarrollo Económico, 47:186, (julio-septiembre 2007), 163-191; Edward Gibson, Boundary Control. Subnational Authoritarianism in Federal Democracies (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

9Carlos Gervasoni, “Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas: La medición y causas de los regímenes subnacionales”, Journal of Democracy en Español, 3 (2011), 75-93.

10Agustina Giraudy, “The Politics of Subnational Undemocratic Regime Reproduction in Argentina and Mexico”, Journal of Politics in Latin America, 2:2 (2010), 53-84.

11Jacqueline Behrend y Laurence Withehead, Illiberal Practices. Territorial Variances within Large Federal Democracies. (USA: John Hopkins University Press, 2016).

12José del Tronco, “La democracia mexicana a nivel subnacional: De la deshegemonización al patrimonialismo”, Frontera Norte, 30:60 (julio-diciembre 2018), 181-187.

13Guillermo O`Donnell, “Transitions, Continuities and Paradoxes” en Issues un Democratic Consolidation, (eds.) Scott Mainwaring, Guillermo O`Donnell y Samuel Valenzuela (USA: University of Notre Dame Press 1992), 17-56.

14Charles Tilly, Democracia (España: Akal, 2010).

15Estas clasificaciones tienen su correlato en lo que para los niveles nacionales se denominó: “zonas nebulosas”, “regímenes híbridos” “zonas políticas grises” “autoritarismos competitivos”. Ver: Andreas Schedler, “Elections without Democracy: The Menu of Manipulation”, Journal of Democracy 13:2 (abril 2002), 36-50; Larry Diamond, “Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes”, Journal of Democracy 13:2 (abril 2002), 21-35; Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy 13:1 (enero 2002), 5-21; Steven Levitsky y Lucas Way, “Elections without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism”, Journal of Democracy 13:2 (abril 2002), 51-65.

16De acuerdo con la medición de Freedom House, en 2018 el estatus de México es de “parcialmente libre”. Ver Freedom House, “Freedom in the World 2018”, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/mexico (consultada el 17 de marzo de 2019). A su vez, Varieties of Democracy señalaba para México en su Índice de Democracia Electoral 2017 un puntaje de 0.65, en escala de 0 a 1, y en el Índice de Democracia Liberal 0.48, en escala de 0 1. Ver Varieties of Democracy, “Electoral Democracy Index”, Varieties of Democracy, https://www.v-dem.net/en/analysis/MapGraph/ (consultada en 17 de marzo de 2019).

17Fernanda Somuano y Reynaldo Ortega, “Democracia en los estados mexicanos…”.

18IDD-Mex, Informe ÍDD-Mex 2017 (México: IDD-Mex, Konrad Adenauer Stiftung, INE, USEM, CEPOS, Polilat, 2017), 321-354. Para la integración del Índice se consideran cuatro dimensiones: democracia de ciudadanos, democracia de instituciones, democracia social y democracia económica. Para ver los componentes de cada dimensión ver la sección 5: Fundamentos metodológicos.

19IDD-Mex, Informe ÍDD-Mex 2018 (México: IDD-Mex, Konrad Adenauer Stiftung, INE, USEM, CEPOS, Polilat, 2018).

20Para algunos trabajos de investigación que se centran en los procesos de democratización estatales ver: José Luque, La democratización en Sinaloa 1980-2015: Transición, alternancia y calidad de la democracia (México: Universidad Autónoma de Sinaloa/Juan Pablos Editor, 2016); Javier Hurtado, Sistema político de Jalisco, (Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara/ Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”, 2015); Javier Hurtado y Andrés Valdez, Democracia y poder político en Jalisco. Desde la alternancia hasta las elecciones de 1997 (México: Universidad de Guadalajara, 1998); Willibald Sonnleitner, Elecciones chiapanecas: Del régimen posrevolucionario al desorden democrático (México: El Colegio de México, 2012); Andrés Reyes, Primer informe sobre la democracia en Aguascalientes (México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011); para varias historias regionales que buscan ir más allá de lo estrictamente electoral y buscan comprender los procesos de desarrollo de la democracia en los espacios subnacionales ver Marcela Bravo (coord.), Política y elecciones en México. Nuevas historias regionales. 1980-2015 (México: UNAM, 2017); Marcela Bravo y Gustavo Martínez (coord.), Política, partidos políticos y elecciones en México. Historias regionales 1980-2013 (México: UNAM, 2014).

21Guillermo O`Donnell, “Transitions, Continuities and Paradoxes”.

22Edward Gibson, “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”.

23Nicolás Loza e Irma Méndez, “De la calidad de las elecciones a la calidad de las democracias en los estados mexicanos”, en Revista Mexicana de Derecho Electoral 4 (2013): 353-368.

24Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi, La disputa por la construcción democrática en América Latina (México: CIESAS, Universidad Veracruzana, 2006), 21-22.

25Pierre Rosanvallon, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza (Argentina: Manantial 2007) y Por una historia conceptual de lo político (Argentina: FCE 2003).

26Javier Contreras, “¿Qué democracia es ésta? Una historia del pensamiento intelectual sobre la legitimidad y la democracia en el México contemporáneo”, en La legitimidad como desafío democrático. Expectativas públicas, capacidades institucionales y descontentos ciudadanos en México, Diana Guillén y Alejandro Monsiváis (coords.) (México: El Colegio de la Frontera Norte, 2017), 341-377; y, La experiencia de la democracia. Cambio político y conceptual en el México contemporáneo (México: El Colegio de San Luis, 2014).

27Leonardo Morlino, “Explicar la calidad democrática: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia Política 27:2 (2007): 3-22.

28Para un recuento amplio del cambio político en México, que centra su atención en la lógica transicional con antecedentes de 1963 pero principalmente para el periodo de 1977 a 2000, enfocado en el proceso a nivel nacional y con una atención meramente anecdótica a los espacios subnacionales, ver: Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México (México: Cal y Arena, 2005); para una versión resumida de éste ver: José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México (México: El Colegio de México, 2012); Alonso Lujambio, EL poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana México: Océano, 2000). Para análisis más coyunturales y fragmentados sobre el mismo periodo ver: Carlos Elizondo y Benito Nacif (eds.), Lecturas del cambio político en México (México: CIDE y FCE, 2002); Mauricio Merino, La transición votada (México: FCE, 2003); Jesús Silva Herzog-Márquez, El antiguo régimen y la transición (México: Planeta/Joaquín Mortiz).

29Charles Tilly, “Why and How History Matters”, en The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis (USA: Oxford University Press 2006), 417-437.

30El lector interesado en el caso concreto de análisis y su narrativa, si así lo prefiere, puede obviar esta sección y pasar directamente a la siguiente, donde se delinea la estructura del libro; un lector interesado en las decisiones metodológicas y analíticas, así como las referencias bibliográficas que las informan, encontrará de provecho la sección.

31Al respecto aquí trazamos un paralelismo con la clásica pregunta de los estudios de las transiciones a la democracia: ¿desde dónde se transita? Casi siempre se asume que se inicia desde un régimen autoritario y, en tanto el interés está centrado en el paso a la democracia, se suele obviar el estudio de éste y sus herencias institucionales. En cierta medida esa es la lógica que han seguido los estudios sobre la democracia en México. Si bien esto es válido, aquí preferimos no replicar esta pregunta sino dejarla abierta en un nivel de abstracción previo para ampliar nuestras posibilidades de pensar la investigación en tanto asumimos que es la misma sociedad la que se organiza y establece las condiciones del régimen político bajo el que se ordena, y que este ordenamiento se modifica de acuerdo a ciertas condiciones y/o valores cambiantes, además de que nuestro interés radica en comprender los procesos de cambio y/o estabilidad de la institucionalidad política en su interacción con el cambio/estabilidad de régimen, no los cambios de régimen en sí.

32Douglas North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (New York: Cambridge University Press, 1990).

33Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation (USA: University of California Press, 1972), 8-9. La cita original dice: “representation, taken generally, means the making present in some sense of something which is nevertheless not present literally or in fact”.

34Al respecto ver, entre otros: Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Adam Przeworsky, Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno (Argentina: Siglo XXI, 2010); Pierre Rosanvallon, “La historia de la palabra “democracia” en la época moderna” en Estudios Políticos 28, 2006, 9-28.

35Al respecto de la discusión sobre democraticidad de la representación ver: Nadia Urbinati, Representative Democracy. Principles and Genealogy (USA: Chicago University Press, 2008); Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation (USA: University of California Press 1972); Hanna Fenichel Pitkin, “Representation and Democracy: Uneasy Alliance” en Scandinavian Political Studies 27:3, 2004, 335-342.

36Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan Stokes, “Introduction”, en Adam Przeworski, Susan Stokes y Bernard Manin, Democracy, Accountability and Representation (USA: Cambridge University Press, 1999), 1.

37David Held, Modelos de democracia (España: Alianza Editorial, 2012), 144.

38Al respecto del entendimiento del concepto de democracia en México durante el siglo XX ver Javier Contreras Alcántara, La experiencia de la democracia. Cambio político y conceptual en el México contemporáneo (México: El Colegio de San Luis, 2014).

39Paul Pierson, Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, (USA: Princeton University Press, 2004), 4-6.

40Esto nos permite, entonces, conocer y conectar de mejor manera la forma en que se suscitaron las transformaciones políticas en los diversos estados que integran al país, lo que avanzaría no sólo en el conocimiento de las dinámicas y procesos políticos de la unidades subnacionales en su forma contemporánea, sino que, al extender los periodos de estudio se puede intentar contrastar y generar hipótesis sobre el cambio político en la interacción entre los procesos nacionales y subnacionales en periodos extendidos.

41Robert Goodin, “Las instituciones y su diseño” en Robert Goodin (comp.) Teoría del diseño institucional, (España: Gedisa, 2003): 13-73.

42Peter Hall, “Politics as a Process Structured in Space and Time” en Orfeo Fioretos, Tulia Falleti y Adam Sheingate (eds.), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism (USA: Oxford University Press, 2016), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.2

43Ruth Beriens Collier y David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latina America (Princeton: Princeton University Press, 1991).

44James Mahoney y Kathleen Thelen, “A Theory of Gradual Institutional Change” en James Mahoney y Kathleen Thelen (eds.), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency and Power (USA: Cambridge University Press, 2010): 1-37.

45Wolfgang Streeck y Kathleen Thelen, “Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies” en Wolfgang Streeck y Kathleen Thelen (eds.), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies (Great Britain: Oxford University Press, 2005): 1-39.

46Kathleen Thelen y James Conran, “Institutional Change” en Orfeo Fioretos, Tulia Falleti y Adam Sheingate (eds.), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism (USA: Oxford University Press, 2016), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199662814.01

47Aquí, siguiendo a Goodin, “Las instituciones y su diseño”, cuando hacemos referencia a “diseño” es en un sentido amplio que no necesariamente implica intencionalidad deliberada.

48Sobre la metodología específica del Process Tracing ver: Alexander George y Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (USA: MIT Press, 2005); David Collier, “Understanding Process Tracing” en PS: Political Science and Politics 44(4) (2011), 823-830; Pascal Vennesson, Case studies and process tracing” en Donattella Della Porta y Michael Keating (eds.) Approaches and Methodologies in The Social Sciences (USA: Cambridge University Press, 2011); Peter Hall, “Tracing the Progress of Process Tracing” en European Political Science 12:1, 2013, 20-30; Andrew Bennet y Jeffrey Checkel, Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool (UK: Cambridge University Press 2015); Jacob Ricks y Amy Liu, “Process-tracing Research Designs: A Practical Guide” en PS: Political Science and Politics, 51:4, 2018, 842-846.

49La traducción es nuestra. La cita original es: “process tracing as the analysis of evidence on processes, sequences, and conjunctures of events within a case for the purposes of either developing or testing hypotheses about causal mechanisms that might causally explain the case”. Ver Andrew Bennet y Jeffrey Checkel, Process Tracing: from Metaphor to Analytic Tool (UK: Cambridge University Press 2015): 7.

50Para la metodología del estudio de caso ver: Charles Ragin y Howard Becker (eds.), What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry (USA: Cambridge University Press, 2009); Alexander George y Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (USA: MIT Press, 2005); Gary Goertz, Multimethod Research, Causal Mechanisms and Case Studies. An Integrated Approach (USA: Princeton University Press, 2017); John Gerring, Case Study Research. Principles and Practices (USA: Cambridge University Press, 2017).

51Por supuesto hay limitaciones inherentes en el estudio: de disponibilidad y acceso a información por una parte, al no poder acceder a las intenciones de los actores, a sus preferencias o sus percepciones; y, por otra, al encontrar dificultades para operacionalizar a cabalidad lo que especifica la metodología, lo que genera la distancia entre la guía o manual metodológico, las recomendaciones de buenas prácticas y la hechura errante propia de la investigación, además de las limitaciones propias de los investigadores y sus habilidades comunicativas. Todos estos factores al final impactan en el cumplimiento de las expectativas y los alcances de la investigación.

52Como se verá más adelante, no renunciamos a la comparación dentro del mismo caso. Hacemos la aclaración porque podríamos haber optado por un análisis histórico comparado con otros casos, sin embargo, decidimos apostar por la profundidad del caso adoptando una perspectiva histórica y así generar la información para que en otro momento se puedan realizar de mejor manera tales comparaciones. Por otra parte, si bien estamos de acuerdo en la necesidad de implementar una perspectiva integrada (ver Mohoney y Snyder, 1999) que considere la relevancia tanto de los agentes como de las estructuras económicas, en este trabajo nos centramos en los aspectos locales —agentes e instituciones—, pero sin perder de vista la posibilidad para que otros estudios, desde un enfoque nacional estructural y/o comparado (por ejemplo: Hernández, 2000; Loza y Méndez, 2003, 2014 y 2016; Martí et al., 2011; Giraudy, 2010 y 2015; Del Tronco, 2018), puedan dialogar con éste.

53Ruth Berins Collier y David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, The Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America (Princeton: Princeton University Press, 1991).

54Giovanni Capoccia, “Critical Junctures” en Orfeo Fioretos, Tulia Falleti y Adam Sheingate (eds.), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism (USA: Oxford University Press, 2016), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.5

55Ver Paul Pierson, Politics in Time…; James Mahoney, Khairunnisa Mohamedali y Christoph Nguyen, “Causality and Time in Historical Institutionalism” en Orfeo Fioretos, Tulia Falleti y Adam Sheingate (eds.), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism (USA: Oxford University Press, 2016), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.4

56El artículo 7º del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana especificaba:

Los estados de la federacion son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el interno de occidente, compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa; el interno de oriente, compuesto de las provincias Coahuila, nuevo Leon, y los Tejas; el interno del norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango y nuevo México; el de México, el de Michoacan, el de Oajaca, el de Puebla de los Angeles, el de Querétaro; el de San Luis Potosí, el del nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de Tlaxcala, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatan, el de los Zacatecas, Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguira unido á Jalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente á los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componian la provincia del itsmo de Guazacualco, volverán á las que antes han pertenecido. La laguna de terminos corresponderá al estado de Yucatan.

57Las provincias en que se dividía el territorio de la Nueva España tras la Constitución de Cádiz eran: Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente, San Luis Potosí y Guatemala.

58Fernanda Somuano y Reynaldo Ortega, “Democracia en los estados mexicanos…”.

59IDD-Mex, Informe ÍDD-Mex 2017.

60Irma Méndez, “Los órganos de administración electoral y la calidad de las elecciones en México: un análisis de los institutos electorales locales” en Instituciones electorales, opinión pública y poderes políticos locales en México, Irma Méndez y Nicolás Loza (coord.), (México: Flacso México, 2013), 27-58.

61Rodrigo Salazar y Georgina Flores, “Determinantes de las percepciones sobre la calidad de las elecciones locales” en Instituciones electorales, opinión pública y poderes políticos locales en México, Irma Méndez y Nicolás Loza (coord.), (México: Flacso México, 2013), 93-112.

62Lilian Harris, “San Luis Potosí”, en Las elecciones de 1991. La recuperación oficial, Silvia Gómez Tagle (coord.) (México: Ediciones La Jornada y GV Editores, 1993), 373-422; Lilian Harris, “San Luis Potosí, 1991. De elecciones a elecciones”, en Elecciones con alternativas. Algunas experiencias en la República Mexicana, Jorge Alonso y Jaime Tamayo (coords.) (México: La Jornada Ediciones y CIIH-UNAM, 1994), 101-119; José Gama, “San Luis Potosí, una alternancia política conflictiva”, en Elecciones y partidos políticos en México, 1995, Manuel Larrosa (coord.) (México: UAM-I y Fundación Rafael Preciado Hernández, 1997), 145-156; Tomás Calvillo, “San Luis Potosí”, en 1994: las elecciones en los estados vol. II, Silvia Gómez Tagle (coord.) (México: La Jornada Ediciones y CIICH-UNAM, 1997), 159-180; José Morán, La topografía del voto en San Luis Potosí. Estadísticas de la elección a gobernador y diputados locales. San Luis Potosí. Julio de 1997 (México: Consejo Estatal Electoral y Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, 1999); José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí (México: Consejo Estatal Electoral, 2006); Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí (San Luis Potosí: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 2005) y La élite gobernante en San Luis Potosí (México: El Colegio de San Luis, 2014); Hugo Borjas et al. Los procesos electorales en San Luis Potosí: 2006-2015 (México: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 2017); Hugo Borjas y Begoña Gerling, “Las elecciones de 2009 en San Luis Potosí: el retorno del PRI”, en Los estados en el 2009: lucha política y competencia electoral, Gustavo López Montiel, Rosa María Limón Lince y Francisco Reveles Vázquez (coords.) (México: Instituto Electoral del Estado de México, 2009), 99-130; Berenice Orta, “San Luis Potosí 2003”, en Las elecciones de gobernador en México, 2002-2007, David Cienfuegos Salgado (coord.) (México: Editora Laguna, LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas, Centro de Estudios de Derecho Estatal y Municipal, Escuela Libre de Derecho de Puebla y Fundación Académica Guerrerense, 2009), 455-474; Patricio Rubio, “El no milagro de la multiplicación del pluralismo político. Apuntes sobre la afirmación de la diversidad política en San Luis Potosí”, en Política y elecciones en San Luis Potosí, 1810-2010. De la diputación provincial al spot político-electoral televisivo, Sergio Cañedo, Pablo Aispuro y María Galván (coords.) (México: El Colegio de San Luis, Instituto Federal Electoral, 2013), 165-179; Patricio Rubio, “Las elecciones federales en San Luis Potosí en 2009. La trama de un consuelo para el PAN”, en México 2009: Elecciones y partidos, René Valdiviezo y Jorge Cortés (coords.) (México: BUAP y SOMEE, 2010), 141-159; Patricio Rubio, “Los partidos y su juego, sus piezas y sus reglas”, en México después de las reformas electorales, Marco Antonio Cortés Guardado y Víctor Alejandro Espinoza Valle (coords.) (México: Ediciones y Gráficos Eón y UdG, 2009), 231-241; Patricio Rubio y Héctor Avilés, “Del cómo y cuándo las elecciones comenzaron a tener sentido. Algunas consideraciones sobre la pluralidad política en San Luis Potosí”, Revista de El Colegio de San Luis, IV:7 (2014), 152-179; Patricio Rubio y Héctor Avilés, “La alternancia breve: El regreso del PRI al Gobierno del Estado. Reflexiones sobre el proceso electoral en San Luis Potosí”, en Elecciones y partidos políticos en México, 2009, Manuel Larrosa y Javier Castillo (coords.) (México: UAM-I, 2011), 495-521; Patricio Rubio y Hugo Borjas, “La democracia y las elecciones en San Luis Potosí”, La democracia inhospitalaria. Estudios multidisciplinarios sobre la vida pública en San Luis Potosí, Patricio Rubio, Hugo Borjas y Alejandro Chávez (coords.) (México: El Colegio de San Luis, 2017), 39-56; Javier Contreras, “Historia político-electoral del estado de San Luis Potosí (1991-2015)”, en Política y elecciones en México. Nuevas historias regionales 1980-2015, Marcela Bravo (coord.) (México: UNAM, 2017), 131-158.

63Reconocemos y utilizamos el trabajo de los historiadores que han centrado su mirada en San Luis Potosí, sin embargo, una historia política que haga honor y dé cuenta a detalle de los actores, las fechas, sus relaciones, las circunstancias y consecuencias de sus acciones en la formación y transformación global del sistema político potosino sigue siendo un gran pendiente. Es recomendable un diálogo entre disciplinas para un proyecto de este tipo. Hacia el final del libro se retomarán algunas líneas de investigación posibles.

64Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos (España: Alianza Editorial, 2005).

CAPÍTULO 1

EMERGENCIA DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Si bien la realización de elecciones confiables, equitativas, con voto libre y secreto, bajo una concepción democrática liberal, es un fenómeno reciente en México, existe una larga práctica de realización de elecciones y de representación política que se remonta, al menos para lo que aquí nos compete, a los años finales de la época colonial en la Nueva España. Estas precoces1 experiencias electorales y sus normativas de operación son centrales para comprender la emergencia de la estructura institucional de la organización política en nuestro país, sus debilidades y sus procesos de transformación.

El objetivo del capítulo es dar cuenta del proceso de emergencia de las instituciones de representación y organización política que se dio en el ámbito estatal a la par del proceso de construcción nacional y, con ello, delinear normativas, prácticas y procesos que, al constituirse como el espacio de experiencia política, han perdurado en el tiempo en la modelación del sistema político local y nacional.

Nos centraremos en los procesos de definición, durante el agitado siglo XIX, de: a) la forma de gobierno; b) la estructura territorial de la administración; c) el reconocimiento del derecho de ciudadanía política y, por tanto, al voto y a ser votado; d) la organización de las elecciones y los procedimientos de votación; e) de las circunstancias coyunturales, y f) de los actores que permitieron o imposibilitaron la aplicación de los factores anteriores.

Con esto, además de informar el proceso subnacional, someteremos a prueba el proceso de cambio institucional con el paso de la monarquía absolutista a gobiernos representativos desde el nivel subnacional y observaremos cuáles fueron los modelos de cambio institucional que señala el Institucionalismo Histórico y cómo se presentaron en este periodo.

1.1. DE LA ESTRUCTURA COLONIAL A LA INDEPENDIENTE (DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ A LA CONSTITUCIÓN DE 1824)

Desde la formación de México como Estado nación independiente, con el Acta Constitutiva de la Federación —publicada el 31 de enero de 1824—, se dispuso la división en tres poderes para el gobierno de los estados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De igual forma, desde este momento, las elecciones a través de votaciones se constituyeron, normativamente, como la vía para seleccionar a quienes ocuparían ciertos espacios de gobierno.

Sin embargo, este proceso institucional de elección de quienes ocuparían un cargo gubernamental tenía sus antecedentes, que modelaron el diseño constitucional de la nueva nación, en el proceso que llevó a la elaboración de la Constitución de Cádiz en 1812, con la concomitante transición de una monarquía absolutista a un régimen centrado en la representación, y en la aplicación de las disposiciones de ésta2.

Así, debemos referir entonces, en primer lugar, a la invasión de Napoleón a España y la abdicación de Fernando VII en 1808, la aceptación por las élites de la transferencia del poder, y el decantamiento popular por el desconocimiento de José Bonaparte como rey, la resistencia ante los invasores y la formación en diversos territorios del reino —provincias— de Juntas Provinciales que se encargaron de las acciones de gobierno y el combate a las fuerzas invasoras3.

Ante la situación de crisis, y dada la necesidad de articular mejor sus acciones, las Juntas acordaron declarar una ausencia de autoridad y dar paso a la formación de un gobierno provisional conformado por representantes electos de éstas. Este gobierno provisional sería denominado Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, y asumió la recuperación de la soberanía ante la ausencia del rey, pero sin sustituirlo, sino actuando en su nombre, representándolo y, por tanto, representando a la unidad nacional4.

Esta dualidad de la representación: por una parte del rey y, por otra, de la nación, se hace manifiesta en sus comunicados al dirigirse a los españoles, en nombre de aquél, como “gobernados”, y luego, al enunciar poder de decisión y soberanía al pueblo español a través de sus representantes, por lo que bien podría ser considerado el inicio del tránsito hacia una representación moderna.

En 1809, necesitada del apoyo de los territorios americanos para su lucha, la Junta convocó a las provincias, entre ellas a la Nueva España, para que nombrara un representante que sería el diputado ante la Junta. Así, este proceso de selección de diputado para participar en la Junta Gubernativa fue la primera experiencia de elección representativa moderna en la Nueva España. Este hecho impulsó el sentido de igualdad ante la España peninsular y, además, implicó la adaptación de las reglas al contexto de la Nueva España en función de que no se había especificado con claridad qué lugares tenían derecho a elegir; este hecho, aunado al deseo de otros por participar, hizo que se convocaran elecciones en lugares que no se tenían contemplados inicialmente5.

La convocatoria establecía el procedimiento a seguir para el nombramiento: los ayuntamientos de cada partido nombrarían tres personas de notoria probidad, talento e instrucción, sentido de justicia y todas las cualidades que hacen a un buen ciudadano y patriota; pondrían los nombres en pedazos de papel, mismos que se depositarían en un recipiente, y un niño menor de siete años sacaría el papel con el nombre del que sería el candidato. Una vez elegido el candidato el ayuntamiento haría llegar su nombre y los méritos a la capital de la Nueva España, además de las indicaciones específicas de la provincia para quien resultara seleccionado, donde la Audiencia decidiría quién sería el representante de la Nueva España.

La Intendencia de San Luis Potosí, como en la mayor parte de las provincias de América, al tener noticia de los últimos acontecimientos mostró fidelidad a Fernando VII y a España6, y el 24 de abril de 1809 llevó a cabo su proceso de selección de candidatos a diputado ante la Junta. Primero elaboraron una lista de doce personas calificadas para el encargo, y de entre ellas seleccionaron a tres. El elegido para representar a San Luis Potosí en el proceso final sería Félix María Calleja, comandante del Ejército Real. Finalmente, el 4 de octubre de 1809 sería elegido Miguel Lardizabal como representante de la Nueva España. Este proceso electivo sería el inicio de una nueva era política7.

La Junta Suprema, constituida en Consejo de Regencia, convocó a la reunión de las Cortes y la elaboración de una Constitución en febrero de 1810. En esta convocatoria se incluyó a los dominios americanos como:

parte integrante y esencial de la Monarquía Española. Como tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas que a la Metrópoli. Siguiendo este principio de eterna equidad y justicia fueron llamados esos naturales a formar parte en el gobierno representativo que ha cesado: por él la tienen en la Regencia actual; y por él la tendrán también en la representación de las Cortes nacionales, enviando a ellas Diputados según el tenor del Decreto que va a continuación de este Manifiesto.

Desde Este momento, Españoles Americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos que antes… Tened presente que al pronunciar o escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los Virreyes, ni de los Gobernadores; están en Vuestras manos8.

Este llamado implicaba el reconocimiento de los, hasta entonces, dominios españoles, como una parte igual del reino, y a sus habitantes como hombres libres, iguales a los españoles europeos. Así, se hizo llegar el llamado a la Nueva España para nombrar diputado a las Cortes:

Vendrán a tener parte en la representación nacional del Reyno Diputados de los Virreynatos de Nueva España, Perú, Santa Fé y Buenos Ayres, y de las Capitanías generales de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Provincias Internas, Venezuela, Chile y Filipinas.

Estos Diputados serán uno por cada Capital cabeza de partido de estas diferentes provincias.

Su elección se hará por el Ayuntamiento de cada Capital, nombrándose primero tres individuos naturales de la Provincia, dotados de probidad, talento e instrucción, y exentos de toda nota; y sorteándose después uno de los tres, el que salga a primera suerte será Diputado en Cortes.

Las dudas que puedan ocurrir sobre estas elecciones serán determinadas breve y perentoriamente por el Virrey o Capitán General de Provincia en unión con la Audiencia.

Verificada la elección recibirá el Diputado testimonio de ella y los poderes del Ayuntamiento que le elija, y se le darán todas las instrucciones que así el mismo Ayuntamiento como todos los demás comprendidos en aquel partido quieran darle sobre los objetos de interés general y particular que entiendan debe promover en las Cortes9.

Esto dio lugar a nuevas elecciones, y como la Nueva España tenía, a su vez, provincias internas, se dio lugar a la posibilidad de que cada uno de estos territorios nombrara diputado a Cortes. Así se realizó la nueva elección en San Luis, donde fue nombrado José Florencio Barragán, pero en el camino falleció, por lo que fue necesaria una nueva convocatoria a elección en la que fue electo Bernardo Villamil en 1811, sin embargo, a mediados de 1812 aún no podía salir a España porque el puerto de Veracruz se encontraba cerrado y la Nueva España estaba en medio de la lucha por la Independencia10.

La disputa por la independencia se desarrolló en San Luis Potosí de forma breve entre 1810 y 1812. Sin embargo, éste fue un momento clave para la aparición de quienes serían actores fundamentales en la conformación de las estructuras y dinámicas políticas de los años siguientes. Félix María Calleja, quien comandaba el Ejército en la Intendencia desde varios años antes y había establecido relación con las élites locales, combatió a los insurgentes en lugares fuera de la provincia, por lo que la capital y los pueblos quedaron desprotegidos. Ante esta situación se instauraron en estos lugares “milicias de patriotas” compuestas por vecinos, propietarios y autoridades locales11. Estas milicias fueron efectivas, pues para 1812 se había logrado pacificar el territorio. Así, las élites locales integrantes de las milicias obtuvieron mayor reconocimiento por su combate a la insurgencia y la defensa de los pueblos y sus habitantes, lo que les permitiría acceder a la nueva integración territorial y gubernativa que se desprendería de las disposiciones de la Constitución de Cádiz.

Con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 181212 se dio paso de la organización territorial basada en las intendencias novohispanas, es decir, las provincias. Por otra parte, a la par de esta reestructuración territorial, aun cuando se mantenía la monarquía hereditaria moderada como forma de régimen, se establecían nuevos niveles de autoridad que serían sujetos de elección entre los habitantes de la provincia, con lo que se reestructuraban las relaciones entre las figuras administrativas y la sociedad por la vía de la representación.

Así, se pasaría de Intendencias gobernadas por un intendente nombrado por el Virrey y Ayuntamientos nombrados por el intendente, a provincias que tendrían un diputado en la Corte, y que, a su vez, serían gobernadas por un jefe político, una Diputación Provincial y Ayuntamientos13.

De estas nuevas figuras de autoridad, los jefes políticos serían nombrados por el Rey o la autoridad vigente, pero el diputado a Cortes, los siete diputados y los tres suplentes que integrarían las Diputaciones Provinciales14, así como los Ayuntamientos, compuestos por alcaldes, regidores y síndicos, serían elegidos por los habitantes de la provincia15. Con esto, se abrían espacios para participar en la estructura de gobierno, los cuales serían ocupados, al menos en San Luis Potosí, por las élites locales que participaban en las milicias16.

Es decir, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de Cádiz, la representación y las elecciones tendrían una presencia constante en la vida de los pueblos integrantes de las provincias, con su respectiva adaptación al contexto y dinámicas de cada región de la Nueva España17.

Las normativas y procedimientos que se planteaban en la Constitución de Cádiz son altamente relevantes porque establecerían los mecanismos base para la selección de representantes que continuarían aun tras la independencia, pero también nos permiten esclarecer la distancia entre la norma, su claridad y su ejecución en función del contexto.

Sólo podrían elegir y obtener nombramiento quienes fueran ciudadanos españoles. Y la ciudadanía correspondía a aquellos que “por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”18; el ciudadano extranjero que hubiese recibido de las Cortes carta especial de ciudadano19; los hijos legítimos de ciudadanos extranjeros que hubiesen nacido en los dominios españoles y que no hubiesen salido de ellos sin permiso del gobierno, y que teniendo 21 años se hubiesen avecindado en cualquier pueblo de los dominios ejerciendo alguna profesión, oficio o industria útil20. Se generaba una restricción en el caso de aquellos que tenían al menos una línea de origen en África.

Con esta definición de ciudadanía se abría en alto grado la posibilidad de participación, pero entraba en ambigüedad o posibilidad de restricción con: a) el principio de vecindad que se establecía para la realización de las elecciones, que remitía a una estructura jerárquica de las relaciones sociales en la comunidad21; y con b) el procedimiento indirecto de tres niveles: juntas electorales de parroquia22, juntas electorales de partido23 y juntas electorales de provincia24.

Así, en el primer nivel, si bien por motivos operativos el padrón de votantes quedaba sujeto al censo parroquial y, por tanto, a las obligaciones religiosas y al reconocimiento y lugar dentro de la estructura jerárquica social de la comunidad, la posibilidad de alcanzar un rol decisivo en la selección del elector parroquial o ser elegido estaba restringida: 1) por la edad de 25 años, y 2) porque el procedimiento de la Junta parroquial implicaba dos pasos: primero, los ciudadanos vecinos de parroquia elegían a quienes serían nombrados compromisarios y éstos, a su vez, serían quienes decidirían el nombramiento de elector de parroquia. Usualmente los compromisarios eran miembros de las élites locales y acordaban entre ellos el nombramiento de elector de parroquia, además de que el voto era de conocimiento público —cantado o por escrito—, lo que daba lugar a la posibilidad de control.

En el segundo y tercer grados de la elección se podía dar lugar a procesos de negociación entre élites regionales y estatales en los que se bridaban apoyos a cambio de beneficios autorizados por la administración provincial e intercambios comerciales entre éstas25.

Así, aunque la Constitución de 1812 había ampliado la participación, el voto era casi universal masculino; los resultados de las reglas implicaban un proceso de exclusión que beneficiaba a las élites criollas y españolas en los ámbitos locales y provinciales, con un estatus de semiautonomía, pues para la Nueva España ya no habría virrey, y aunque había un jefe político que intentaba, desde la Diputación Provincial de la Nueva España, mantener el control central hacia la periferia, no era una autoridad superior central indiscutible a las Diputaciones Provinciales26.

Bajo este esquema normativo, en San Luis Potosí en 1813 se eligió solamente a un diputado a Cortes, Antonio Frontaura y Sesma. Sin embargo, éste renunció, por lo que se nombró entonces al suplente José Vivero y, como segundo suplente, a Luis de Mendizabal y Zubialdea. Sin embargo, José Vivero tampoco llegó a integrarse como diputado en las Cortes, pues unos meses después de su nombramiento, Felipe VII volvería al gobierno de España y abrogaría la Constitución de Cádiz27.

En San Luis Potosí, las Diputaciones Provinciales tuvieron una presencia intermitente. El 28 de julio de 1813 se realizó la primera elección, resultando nombrados Antonio Frontaura y Sesma, José María Ildefonso Díaz de León y Jacobo María Santos. Para su instalación debían esperar a que Guanajuato nombrase a sus representantes, pues dicho territorio estaba bajo la jurisdicción de la Diputación Provincial de SLP; sin embargo, aunque eligieron a sus diputados, éstos no se presentaron, y la Diputación no se pudo instalar ya que con el regreso de Fernando VII se abrogó la Constitución28.

Finalmente, el procedimiento que especificaba la Constitución para elegir Ayuntamientos29 sería más simple, pero más constante: todos los años, en el mes de diciembre, se reunirían los ciudadanos de cada pueblo para elegir a pluralidad de votos, determinando el número de electores del mismo pueblo con proporción a su vecindario y a quienes estuvieran en ejercicio de los derechos de ciudadano30. Los electores, entonces, nombrarían en el mismo mes, a pluralidad absoluta de votos, al alcalde o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entraran a ejercer sus cargos el 1 de enero del siguiente año31. Los alcaldes se renovarían todos los años, los regidores por mitad cada año y lo mismo los procuradores síndicos donde hubiera dos. Si hubiere sólo uno se cambiaría todos los años32. Finalmente, para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos se requería ser mayor de 25 años, con cinco, a lo menos, de vecindad y residencia en el pueblo33.

En 1814 Fernando VII derogaría la Constitución de 1812, pero el aprendizaje político estaba hecho: se habían asumido derechos políticos a los que los habitantes de la Nueva España no estaban dispuestos a renunciar, y ante los que los nuevos virreyes tuvieron que ceder pragmáticamente para mantener la calma y lidiar con el levantamiento en curso. De igual forma, las élites políticas estaban ya formadas y ocupaban los puestos relevantes en la provincia.

En 1820, tras el juramento de Fernando VII a la Constitución, y entrar nuevamente en vigor la Constitución de Cádiz, se elige Ayuntamiento de San Luis y dos diputados a Cortes, Matías Martín de Aguirre y José María Vargas, pero antes de que pudieran emprender el viaje a España se proclamó la Independencia.

En este nuevo periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz, la Diputación Provincial tuvo una existencia breve debido al proceso independentista en la Nueva España. La primera se instaló el 17 de noviembre de 1820 y estuvo vigente hasta 1822, cuando se realizaron nuevas elecciones con una nueva distribución territorial —la Provincia de San Luis Potosí había visto reducido su territorio al dejar de incluir a lo que hoy es Guanajuato—, y la segunda estuvo vigente hasta 1823, cuando ya como una nueva entidad nacional se convocó a una nueva elección para la tercera diputación provincial que, a su vez, en 1824 convocaría al Constituyente que daría lugar al Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí34.

1.2. LA EMERGENCIA DE LA NACIÓN INDEPENDIENTE Y SUS AVATARES CONSTITUCIONALES

Con el reconocimiento del triunfo del Plan de Iguala y de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano en 1821 se dio lugar al inicio del proceso de cambio en la estructura institucional en medio de las disputas entre monarquistas, centralistas y federalistas por modelar la naciente nación independiente35.

Así, el primer régimen político, establecido en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 182236, establecía que su gobierno era monárquico-constitucional, representativo y hereditario37, y asumía el nombre de Imperio Mexicano; señalaba también que el sistema de gobierno político se componía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incompatibles en una misma persona o corporación38.

En cuanto a la estructura de gobierno, el poder Ejecutivo residiría en el emperador39. A su vez, en cada provincia habría un jefe superior político nombrado por el emperador que se haría cargo del gobierno provincial y el mando militar40 y un intendente que se encargaría de la Hacienda Pública41. Las Diputaciones Provinciales, ya existentes, se mantendrían42, y sus integrantes, al igual que los alcaldes, regidores y síndicos, serían elegidos popularmente a través de elecciones43, para las cuales ayudarían los curas y vicarios, así como los jefes políticos44. Este Reglamento Provisional prácticamente tomaba el mismo ordenamiento de la Constitución de Cádiz, pero también intentaba centralizar el poder y controlar a las provincias.

Tras el rechazo de Felipe VII y de la casa de los Borbones para tomar el poder de la ahora nación independiente, al negarse a reconocer su independencia, el primer emperador sería Agustín de Iturbide, coronado el 21 de julio de 1822. Así, si bien se consideró la posibilidad de la república, al parecer no se disputaba seriamente la definición de una monarquía constitucional, de manera que, una vez definida la asunción de Iturbide, se consideró entre monarquía hereditaria o monarquía electiva y se optó por la primera modalidad, pues las elecciones llevaban el riesgo de ser manipuladas si toda la población votaba, y si sólo votaban los diputados no se reflejaría la voluntad popular45.

Respecto a la integración de los cuerpos legislativos, la disputa por dar forma institucional a la nueva nación tuvo de inicio al menos tres propuestas: por un lado, la Comisión de Convocatoria a Constituyente que proponía elecciones indirectas en tres grados y una sola cámara (Diputados); a su vez, la Regencia proponía dos cámaras —Diputados y Senadores— una con representación de ciudadanos elegidos directamente y la otra con representación del ejército, del clero de las provincias y las ciudades; y, por otro, Iturbide proponía dos cámaras, una representaría a las clases y estamentos y la otra a los ciudadanos con elección indirecta46.

Con el Imperio en marcha, la fragmentación política alcanzó mayor intensidad. El Constituyente se dividió en al menos tres grupos: monarquistas, que incorporaban por un lado a iturbidistas y a borbónicos, y los republicanos. Las circunstancias del nombramiento de Iturbide como emperador, las disputas con el Congreso por el control de las decisiones y los problemas financieros, así como las tributaciones y préstamos forzosos impuestos a las provincias, el regreso de la relación centralista por sobre las provincias y la disolución del Congreso llevaron a un reacomodo de las alianzas, de manera que borbónicos y republicanos encontraron en su rechazo a Iturbide un punto de unión.

Además, las élites provinciales, con su interés en mantener sus grados de autonomía (política y económica) tenían bajo su control milicias cívicas que provenían de las milicias patrióticas formadas para combatir a los insurgentes en 1810 y proteger los pueblos. Estas milicias podían hacer frente a un ejército nacional débil, cuyos actores centrales también se comenzaron a distanciar de las decisiones de Iturbide47.

Por su parte, en un primer momento la provincia de San Luis Potosí, a través de su jefe político, Juan María de Azcárate, mantenía una postura a favor del monarquismo moderado y, en particular, a favor de Iturbide, frente a la posibilidad de que el emperador viniera de Europa. La misma postura parecían compartir los diputados por San Luis Potosí en el Constituyente al participar inclusive en la redacción de un Reglamento Político de Gobierno del Imperio Mexicano presentado ante la Junta Nacional Instituyente48.

Sin embargo, y tras el Plan de Casa Mata —apoyado por Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo—, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San Luis Potosí se adhirieron al Plan y exigieron la elección de un nuevo Congreso, pero sin inclinar inmediatamente su apoyo a la república federal.

Al encontrase en debilidad el Imperio Mexicano, Iturbide tuvo que abdicar el 20 de marzo de 1823, lo que llevó a la instalación de un Supremo Poder Ejecutivo, compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, con una nueva orientación institucional, la república federal, ante la amenaza de varias provincias por separarse49; y para ello fue necesario convocar a un nuevo Constituyente.

Debe destacarse que en estos primeros años de vida independiente se generaron varios proyectos constitucionales, lo que indica un claro interés y diferencias en la forma de concebir a la nueva nación: a) Constitución del imperio o Proyecto de organización del Poder Legislativo; b) Proyecto de Constitución presentado a la comisión por uno de los individuos de la comisión; c) Proyecto de Reglamento Político del imperio mexicano presentado a la Junta Nacional Instituyente; d) Constitución del imperio mexicano; e) Proyecto de Constitución para la República de México; f) Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana; g) Plan de las bases orgánicas o fundamentales para el establecimiento de una república federada en el Anáhuac; h) Pacto Federal de Anáhuac; i) Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac; j) Acta Constitucional, y k) Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, en 1823 se reunió el Segundo Congreso Constituyente, que emitió la Ley para Establecer las Legislaturas Constituyentes Particulares en las Provincias que han sido Declaradas Estados de la Federación Mexicana50, el Acta Constitutiva de la Federación51 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos52. Los tres documentos aprobados son de gran relevancia para la conformación del esquema institucional del país y de los, ahora, estados: el primero enunciaba las condiciones para la selección de los diputados para las legislaturas constituyentes y modelo para las siguientes legislaturas53, el segundo establecía la forma institucional que tomaría la nación independiente y el tercero era la estructura definitiva.

La Constitución de 1824 establecía como forma de gobierno la República Representativa Popular Federal54. Su territorio estaba integrado por estados, ya no provincias. El poder supremo de la federación se dividía en Legislativo (con dos cámaras), Ejecutivo y Judicial55.

El poder Ejecutivo se depositaba en un solo individuo que sería el “presidente de los Estados-Unidos Mexicanos”56 y habría un vicepresidente, en quien recaerían las facultades y prerrogativas del presidente57 en caso de imposibilidad física o moral del mismo. La forma de elegir presidente sería a través de las legislaturas estatales, durante el mes de septiembre del año anterior al que debía de iniciar funciones; se elegiría a dos individuos a mayoría de votos, uno de los cuales no debería ser vecino del estado que lo eligiera. Las actas se enviarían al presidente del Consejo de Gobierno y, posteriormente, el 6 de enero, si se hubiesen recibido las actas de tres cuartas partes de las legislaturas, en sesión de las dos cámaras, una comisión revisaría y daría cuenta del resultado. El que reuniese la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas sería el presidente; si dos tuviesen esa mayoría entonces el que tuviese más votos sería presidente y el otro vicepresidente; si hubiese empate, la Cámara de Diputados elegiría a uno de ellos como presidente58.

Los gobiernos de los estados también se dividían en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que pudieran reunirse dos o más de ellos en una sola persona o corporación, ni el Legislativo en un solo individuo59. Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo serían temporales, de acuerdo con las constituciones de cada estado60.

1.3. EL CONSTITUYENTE ESTATAL Y LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento al proceso de conformación de las legislaturas constituyentes en San Luis Potosí, y dar lugar al cambio de provincia a estado, las elecciones primarias se convocaron para el 8 de febrero, las secundarias para el 22 del mismo mes y la provincial para el 14 de marzo de 1824. Trece diputados propietarios y tres suplentes fueron seleccionados.

A su vez, en su primer decreto, del 21 de abril de 1824, el Honorable Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí encargaba provisionalmente el Poder Ejecutivo, con el nombre de gobernador, a Ildefonso Díaz de León —quien se desempeñaba como jefe político superior de la provincia— hasta que se nombrara a un propietario61, y tenía una amplia experiencia política al formar parte de las primeras autoridades representativas en el estado por más de una década62. La Constitución estatal se expidió hasta el 16 de octubre de 1826, tras revisiones, disputas e intentos de renuncias por parte de los diputados constituyentes, sin embargo, en lo general siguieron un isomorfismo con la Constitución Federal.

Así, de acuerdo con la Constitución del Estado de 182663, siguiendo lo establecido en la Constitución federal de 1824, el gobierno estatal establecido era el “representativo, popular, federal, republicano”64, y se dividía para su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que pudieran reunirse dos o más de ellos en una sola persona o corporación, ni el legislativo concentrarse en una sola persona65. Y se componía de 10 partidos.

Sólo los ciudadanos podrían participar eligiendo o siendo elegidos para ocupar los empleos del estado66. Para ser ciudadano “potosinense” se requería haber nacido en el estado, ser residente en él o en algún otro estado de la República, casado o tener más de 21 años cumplidos; también podían ser los avecindados nacidos en otros estados que cumplieren con los requisitos anteriores y los extranjeros que residieran en el territorio desde antes del Plan de Iguala y hubiesen jurado la Constitución, entre otros67.

El poder Legislativo se integraría a razón de un diputado por cada 20 mil habitantes68, nombrando cada partido uno o más diputados. Para ser diputado se requería ser ciudadano en ejercicio de derechos, mayor de 25 años, de origen mexicano, natural o vecino con residencia de cinco años en el estado. Se renovaría por completo cada dos años, dando inicio el primero de enero, mediante elección previa; las elecciones se realizarían mediante juntas municipales y de partido69. El proceso para la realización de estas elecciones era similar al que se mandaba en la Elección Constituyente70.

En cuanto al gobernador y vicegobernador, la duración en el cargo sería de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata71, y se debían hacer elecciones alternadas cada dos años para su renovación. La elección sería “popular, indirecta, por medio del sufragio de los ayuntamientos del Estado”72. Se realizaría el 6 de enero del año de renovación: después de “implorar las luces del Espíritu Santo para el acierto”, estando el ayuntamiento reunido, a pluralidad absoluta de votos por vía de cédula secreta, se elegiría gobernador, repitiéndose hasta conseguir mayoría absoluta, o si hubiera dos empates consecutivos se resolvería por la suerte. Cada ayuntamiento publicaría en los lugares acostumbrados el resultado de la elección y expediría un acta que remitiría a la Secretaría del Congreso, a la de Gobierno y al jefe de partido. El primer domingo de febrero, en reunión extraordinaria, el Congreso del Estado haría la “regulación” de votos con proporción no al número de ayuntamientos, sino al de los sufragios de sus individuos, haya sido por la mayoría de los votos o por la suerte. Si no se alcanzase la mayoría absoluta entonces el Congreso, compuesto por al menos tres cuartas partes de sus individuos, elegiría por vía de cédula secreta al gobernador o vicegobernador de entre los que hubiesen obtenido la mayoría de los sufragios de los ayuntamientos. El Congreso notificaría al gobernador en funciones para que a su vez éste notificara a los poderes de la Federación del nuevo nombramiento73 y entraría en funciones el primero de abril. Es decir, los ciudadanos, vecinos del ayuntamiento, no tenían participación en la elección de gobernador, pues eran sus autoridades elegidas quienes tenían la opción a decidir.

Finalmente, para los ayuntamientos se nombrarían dos o más alcaldes, regidores y síndicos que correspondiere a la ley. Para que hubiese un ayuntamiento se requerían más de mil almas. Para su elección y renovación se realizarían elecciones primarias y secundarias. Los alcaldes se renovarían cada dos años y los regidores y síndicos se renovarían por mitad cada año74.

Se puede observar que, para el caso de San Luis Potosí, la Constitución de 1812 siguió presente en las disposiciones para conducir los procesos de elección de representantes y autoridades municipales. Esto es importante de destacar porque cada estado tenía la facultad de definir su propia reglamentación al respecto, así como los filtros que se colocaban para la elección de gobernador, mismos que restringían la posibilidad de decidir a las élites locales y regionales sobre su estado y sujetaban al gobernador a cierto control, pues éste no se debía al pueblo en sí sino al apoyo conseguido con las élites locales.

Esta situación debe tenerse en cuenta en su interacción con una instrucción en las facultades y obligaciones del gobernador que tendría repercusiones importantes para la estabilidad del estado, a saber, que en su artículo 152, fracción 12, se señalaba como facultad y obligación del gobernador “Ser jefe de la milicia local del estado”, lo cual llevará a un rol dual de gobernador y comandante. Las consecuencias de esta instrucción hoy se consideran indeseables, dadas las cambiantes situaciones políticas que vendrían75.

Así, en San Luis Potosí, el 14 de diciembre de 1826 sesionaría por última vez la Legislatura Constituyente. La primera legislatura constitucional del estado entró en funciones en enero de 1827, y las primeras elecciones constitucionales para gobernador y vicegobernador se realizaron en mayo de 182776.

El primer gobernador constitucional sería el mismo personaje que había sido el encargado provisional de la gubernatura del estado: Ildefonso Díaz de León. Sin embargo, no permanecería mucho tiempo, pues el 9 de febrero de 1828 el Congreso lo destituyó77, al parecer por una investigación promovida por el diputado local Vicente Romero (integrante de la logia yorquina)78, y se convocó a los ayuntamientos a elegir gobernador en abril; mientras tanto, se nombró a José Eulogio de Esnaurrízar como gobernador.

Para nombrar gobernador en esta elección, de acuerdo con el Reglamento para los ayuntamientos del estado, debía nombrarse una comisión del propio ayuntamiento que elaboraría, a su consideración, una lista de las diez personas más aptas para el cargo; a partir de esta lista se realizaría la deliberación y se definirían los votos, consignando el número de éstos. La situación peculiar de esta elección —y que marca una vez más la diferencia entre la norma y la práctica— es que en varios casos los ayuntamientos enunciaban en sus actas no estar enterados de quién podía ser el más calificado, pero que les había llegado información de que Vicente Romero sería esta persona, e inclusive no dejaban constancia de la votación, sino simplemente colocaban primero en la lista a su preferido79; esto entraba en ambigüedad respecto de la norma, pues no quedaba claro si contaba como voto el de cada miembro del ayuntamiento o un solo voto por ayuntamiento. Así, Vicente Romero fue nombrado gobernador por el Congreso.

Esto nos permite ver que el diseño institucional, a pesar de incorporar elecciones y la ciudadanía casi universal masculina, parecía reconocer más los liderazgos políticos80 y la posesión de diversos recursos (riqueza, instrucción educativa, la fuerza de las armas, redes con el centro político o militar), que las aptitudes propias para gobernar entre los miembros de las élites locales y regionales o la representación de la ciudadanía. Además, las prácticas heredadas desde la Colonia sobre la forma de alcanzar puestos (compra-venta de cargos) seguían vigentes y modificaban los resultados del diseño constitucional, de manera que el aprendizaje del procedimiento causaba problemas en la aplicación de la normativa.

Con la destitución del gobernador Díaz de León iniciaría un periodo de inestabilidad política relacionada con el proceso cambiante de la política nacional que marcará la distancia entre la normativa y su ejecución, así como las posibilidades del contexto para su aplicación en el ámbito subnacional.

A inicios de 1830 el gobernador Romero desconoció a Anastacio Bustamante como presidente de la república tras el Plan de Jalapa81 y, aunque después lo reconoció, algunos potosinos que seguían el Plan optaron por acusarlo de corrupción y de conspirar para destituir al gobernador anterior, Ildefonso Díaz de León. Es así que el Congreso lo consignó al Tribunal de Justicia y nombró gobernador a José Pulgar, quien fue reemplazado por Manuel Sánchez, prefecto del Departamento de San Luis. Vicente Romero intentó dirigir un levantamiento militar, pero fue descubierto y aplacado.

En abril de 1831 asume como gobernador constitucional José Guadalupe de los Reyes, que había apoyado el Plan de Jalapa; siguen en agosto de 1832 los nombramientos de Andrés de la Gándara, José Pulgar y, luego, Vicente Romero, quien apoya a Manuel Gómez Pedraza y vuelve a asumir la gubernatura, pero sólo por un mes, pues en septiembre de este 1832 Andrés de la Gándara ocupa la gubernatura en forma provisional.

El presidente Anastacio Bustamante, al frente del ejército, toma la ciudad de San Luis Potosí en septiembre de 1832 y restablece el gobierno de José Guadalupe Reyes, que coexiste con el de Vicente Romero. Al partir Bustamante rumbo a la Ciudad de México para combatir a Santa Anna, el coronel Nicolás Condelle queda a cargo de la defensa de San Luis y asume todos los poderes, pues el gobernador Reyes huye ante la inminencia del combate contra Esteban Moctezuma y Gómez Pedraza, que amenazan la ciudad. Al reconocer Bustamante a Manuel Gómez Pedraza como presidente, Condelle capitula y entrega la plaza, con lo que Romero ocupa nuevamente la gubernatura constitucional, en diciembre de 1832.

En 1834, al asumir Santa Anna de nueva cuenta la presidencia —que había dejado en manos de Gómez Farías— y proclamarse el Plan de Cuernavaca contra las reformas que enajenaban bienes eclesiásticos, San Luis no se une, de manera que el gobierno de Santa Anna envía tropas para ocupar la plaza. El gobernador Romero se refugia en Zacatecas y se nombra gobernador provisional a José Vicente Liñan, quien dura sólo unos días del mes de julio y enseguida se nombra interino a Juan José Domínguez, quien convoca a elecciones en enero de 1835. Resulta ganador y asume como gobernador constitucional en abril de 1835.

1.4. LA ESTRUCTURA CENTRALISTA

Como parte de esta batalla por controlar el diseño de la estructura institucional de México, así como por controlar el poder de las provincias, la disposición como República Federal fue modificada en 1835 con las Bases para una Nueva Constitución y, en 1836, con las conocidas como 7 leyes82. Ahora la República se compondría por departamentos, ya no por estados, los que se dividirían en distritos y éstos en partidos. El gobierno de los departamentos radicaría en las Juntas Departamentales (antes Congreso Estatal) y gobernadores.

El gobernador sería designado por el Gobierno Central de una terna propuesta por la Junta Departamental y duraría en el cargo ocho años. Esta Junta se renovaría cada cuatro años y se compondría por siete individuos elegidos popularmente83.

Y, asunto importante, en la Constitución de 1836 se cambia la condición de ciudadanía; ahora se establece como requisito para ser ciudadano de la República Mexicana tener derecho a votar y ser votado, una renta anual de al menos 100 pesos, además de tener 18 años cumplidos si se era casado o 21 si no lo era84. Posteriormente, en 1843, en las Bases de Organización Política de la República Mexicana85 se modificaba a 200 pesos la renta mínima para ser considerado ciudadano y se establecía que, a partir de 1850, se añadiría como requisito saber leer y escribir86, con lo que la ciudadanía se restringiría aún más.

Esto implicaba una exclusión de la participación respecto a la Constitución de 1824, aunque se correspondía a lo que sucedía en la práctica con la reglamentación anterior, que seguía el patrón de la Constitución de Cádiz, pensada para una sociedad jerarquizada socialmente.

A su vez, se establecía el requisito de tener una renta de 1200 pesos para ser diputado87; y para la integración de la de Senadores88 se pensaba en un modelo híbrido de Consejo de Notables y representación de clases y estamentos.

Las asambleas departamentales elegirían dos terceras partes, nombrando cinco de cada una de las siguientes clases: agricultores, mineros, propietarios o comerciantes, y fabricantes; el otro tercio sería elegido por la Cámara de Diputados, el presidente y la Suprema Corte de Justicia, proponiendo sujetos que se hubiesen distinguido por sus servicios y méritos en la carrera civil, militar o eclesiástica89.

Para ser presidente se requería ser mexicano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio de derechos, mayor de 40 años y residir en el territorio de la República a la fecha de la elección, además de pertenecer al estado secular90. El cargo duraría cinco años.

Habría además un Consejo de Gobierno91, integrado por 17 vocales nombrados por el presidente. Para ser parte del Consejo se requería ser ciudadano en ejercicio de derechos, mayor de 35 años, haber servido en la carrera pública al menos diez años “sin nota”, y se especifica que deberá componerse con tres personas que tengan conocimiento por su desempeño en cada ministerio. El presidente del Consejo sería nombrado por el presidente de la República, cada año, a propuesta de una terna por el Consejo. Su nombramiento era perpetuo. Su función sería proponer reglamentos y medidas que mejoraran el trabajo de la administración.

En cuanto al gobierno de los estados, habría una Asamblea Departamental, integrada por entre 12 y 7 vocales. Los requisitos para serlo eran tener 25 años cumplidos y los demás para ser diputado —el más importante, tener una renta de 1200 pesos—. La duración en el cargo sería de cuatro años, con renovación por mitad cada dos años92.

A su vez, el gobernador sería nombrado por el presidente de la República a propuesta de las Asambleas Departamentales. Los requisitos eran ser ciudadano en ejercicio de derechos, mayor de 35 años, natural o vecino del departamento, tener 2000 pesos de renta y haber servido por cinco años en cargos públicos93.

En cuanto al sistema electoral, se observan modificaciones, aunque sigue siendo elección indirecta94 y, en el caso específico de las elecciones presidenciales, el elector seguía siendo el legislativo, pues las Asambleas Departamentales serían quienes votarían por presidente95 y, a su vez, el gobernador le debería su nombramiento al acuerdo entre élites locales, pero también al presidente, lo que lo sujetaba a su control.

Bajo este esquema institucional en San Luis Potosí, hay una insurrección en abril 1837, a cargo del coronel Ramón García Ugarte, jefe del batallón activo en SLP, quien proclama el restablecimiento del sistema federal, se apodera de la plaza, apresa al gobernador y encarga la administración pública a la diputación permanente activa en 1834 hasta que el gobierno central acude a combatir la insurrección y retoma el control del estado. Entre abril y mayo de 1837 se suceden en la gubernatura Sinesio Gallegos, Francisco Condelle y Juan José Domínguez, quien asume como gobernador constitucional, seguido por Mateo Terán e Ignacio Sepúlveda como provisionales.

Con Santa Anna ya en el poder del régimen centralista, en un episodio más de la disputa entre centro y provincias el gobernador Ignacio Sepúlveda abandona el cargo al oponerse a entregar fondos al gobierno central. Así, entre 1842 y 1846 se suceden en el cargo de gobernador los generales Ignacio Gutiérrez, José María Rincón Gallardo, Manuel Romero, Francisco González Pavón y Juan Valentín Amador, además de José María Flores, José María Rincón Gallardo nuevamente, José María Flores de nueva cuenta, José María Otahegui y, otra vez, José María Flores.

1.5. EL REGRESO AL FEDERALISMO

La Constitución de 1843 no perduró. Tres años después, en medio de la guerra contra Estados Unidos, se proclamó el Plan de la Ciudadela, el 4 de agosto de 184696, en reacción al centralismo y los intentos monárquicos, y se llamó a restablecer la Constitución de 1824 haciendo referencia a la salvaguarda del “principio democrático”, en el cual “la nación toda, y no una oligarquía ridícula, será la que decida los destinos de este pueblo infortunado”.

Así, en el Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 184797, con el que se regresaba al modelo federal, se establece en el Artículo 1º que “Todo mexicano, por nacimiento o naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos”, siendo su derecho votar en las elecciones populares98. Con ello se ampliaba nuevamente la base de ciudadanos, al disminuir la edad de 21 a 20 años, y se eliminaba el requisito de la propiedad o renta anual.

Para ser diputado sólo se requería tener 25 años cumplidos y estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía, pero para ser senador se requería: tener 30 años cumplidos, estar en ejercicio de la ciudadanía y, además, haber sido presidente o vicepresidente de la república, haber sido encargado del despacho o gobernador de estado por más de seis meses, haber formado parte de las Cámaras o, por dos veces, de las legislaturas estatales; haber sido diplomático por cinco años, ministro de la suprema corte de justicia, juez o magistrado por seis años, jefe superior de hacienda o general efectivo99.

El Senado se renovaría por tercios cada dos años100, y se especificaba que, además de los senadores que cada estado eligiera, habría un número igual al de los estados, electos a propuesta del Senado, de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones; que quienes reunieren estos sufragios quedarían electos, y la Cámara de Diputados, votando por personas, nombraría los que faltaran de entre los otros postulados101. La mitad más antigua de estos senadores pertenecería también al Consejo. Finalmente, se deroga el artículo que establecía la existencia de la vicepresidencia.

En el tránsito al régimen federal, en agosto de 1846, es nombrado gobernador de SLP José Othón, seguido de Ramón Adame. En enero de 1847 se convocan elecciones para gobernador y vicegobernador en SLP, y se elige a Ramón Adame y Mariano Ávila, respectivamente. En 1848 son depuestos por desconocer, sin autorización del Congreso, al gobierno central, al firmar los tratados de paz antes de que las fuerzas invasoras norteamericanas abandonaran el territorio nacional. El 6 de febrero de 1848 asume como gobernador provisional Julián de los Reyes, quien unos meses más tarde, en agosto, sería ratificado en elección constitucional.

En 1850 es nombrado gobernador, en elección, el general Anastasio Parrodi, quien renuncia al cargo y es nombrado de nueva cuenta, tras elecciones, José Guadalupe de los Reyes. En 1852, con el Plan de Guadalajara102 para el regreso de Santa Anna, y la movilización en el estado de Paulo Verástegui, se desconoce al gobierno de De los Reyes, se disuelve la legislatura y se encomienda el gobierno a Ramón Adame.

1.6. REGRESO AL ORDEN CENTRAL

Los vaivenes en la estructura institucional del país continúan y el 22 de abril de 1853 se promulgan, bajo la Presidencia de Antonio López de Santa-Anna, las Bases para la administración de la República, hasta la promulgación de la Constitución103, con las que se reinstala el gobierno centralista. En las Bases se establece nuevamente un Consejo de Estado integrado por 21 personas. Las legislaturas estatales entraban en receso y se anunciaba la elaboración de un reglamento para los gobernadores.

Pero este retorno al gobierno central tampoco prosperó por mucho tiempo. En 1954 se proclama el Plan de Ayutla, en el cual se proponía volver al modelo de la república popular y representativa104. Así, en 1856, bajo la presidencia sustituta de Ignacio Comonfort, se decreta el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana105, en el cual se establecen como ciudadanos con derecho a votar y ejercer cargos públicos a los mexicanos por nacimiento o naturalización de 18 años, con modo honesto de vivir y que no hubiesen sido condenados en proceso legal a penas infamantes. Sin embargo, los gobernadores y otras autoridades serían nombrados por la Presidencia de la República. A su vez, los gobernadores podrían nombrar a las autoridades subalternas, así como un consejo integrado por cinco ciudadanos —y aprobado por el supremo gobierno— para consultar sobre la administración púbica.

Con el regreso de Santa Anna a la presidencia en 1854, el general Parrodi, que se encontraba al frente de la guarnición de SLP, asume la gubernatura del estado. El año siguiente, 1855, Joaquín López Hermosa asume el cargo. En octubre de 1856 el presidente Comonfort remueve a López Hermosa, quien es sustituido brevemente por Miguel Miramón y luego por José María Aguirre. Un par de meses después, en diciembre, se levanta la guarnición de SLP en reacción a la Ley de desamortización de bienes eclesiásticos, por lo que el gobernador Aguirre es apresado y se nombra a Juan Othón como nuevo gobernador, quien permanecería hasta febrero de 1857.

1.7. LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE 1857 Y LA CONSTITUCIÓN ESTATAL DE 1861

Finalmente, el 5 de febrero de 1857 se decretaría la nueva Constitución106. En ella se constituye la nación como República representativa, democrática, y federal107, compuesta por estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en federación. El poder de la federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial108. Los estados de la federación tomarían para su régimen interior la forma de “gobierno republicano representativo popular”109, de manera que debían darse su Constitución también.

Sin embargo, este periodo de la historia mexicana destaca nuevamente por su inestabilidad a raíz de los conflictos entre conservadores y liberales. San Luis Potosí no fue la excepción, de manera que también se vio envuelto en disputas y entre 1857 y 1861 se sucedieron tres Congresos Constituyentes110 y varios gobernadores.

Así, en febrero de 1857, con la Guerra de Reforma en curso, las fuerzas liberales toman la plaza, el gobernador Othón es hecho prisionero y es nombrado nuevamente, en febrero, José María Aguirre, quien es sustituido por Eulalio Degollado en julio. En diciembre de ese mismo año, el comandante de la ciudad de SLP, Morett, se adhiere al Plan de Tacubaya y desconoce a las autoridades que no lo reconocen. Entre diciembre de 1857 y agosto de 1958 se suceden en la gubernatura de SLP Mariano Morett, José María Alfaro, Nicolás Mascorro, José María Alfaro nuevamente, Juan Othón, Francisco Sánchez, Eulalio Degollado y Juan Zazua.

En agosto de 1858 las fuerzas liberales encabezadas por el general en jefe del Ejército del Norte, Santiago Vidaurri, llegan a la ciudad de San Luis Potosí y éste asume el gobierno estatal, seguido de Francisco Villalobos, Miguel Miramón, Francisco Vélez, Manuel Hernández, Nicolás de Icaza, Francisco Vélez, y retorna al gobierno Juan Othon, quien es sustituido por Manuel Hernández. En abril de 1859, al ocupar la presidencia Miramón, Eulalio Degollado, al frente de las fuerzas liberales, retoma la plaza y es sustituido por Vicente Chico Sein. En noviembre de 1859 los conservadores recuperan la plaza y ocupa el gobierno estatal Francisco de Sales, quien es sustituido por Manuel Díaz de la Vega. En 1860 los liberales retoman la ciudad de San Luis Potosí y reinstalan en el mes de abril a Vicente Chico Sein en la gubernatura. En septiembre de 1860 la legislatura del estado nombra a Sóstenes Escandón como gobernador constitucional.

Finalmente, el 27 de julio de 1861111, el Congreso del Estado decreta una nueva Constitución, acorde a la Constitución Federal de 1857. En ella, la forma de gobierno sigue siendo republicana, representativa y federal, aunque ya no popular, como en la de 1826, ejerciendo el poder a través del Legislativo, Ejecutivo y Judicial112. El territorio se divide en partidos y estos en municipios.113

La integración del Congreso seguía siendo cada dos años, con un diputado por cada 40 mil habitantes o, si no se alcanzaren, uno por cada partido. La elección de los diputados sería indirecta en primer grado cada dos años114. A su vez, el poder ejecutivo residía en el gobernador del estado de San Luis Potosí, que sería elegido cada cuatro años por vía indirecta en primer grado115. Los ayuntamientos serían electos por vía popular y directa116.

Sin embargo, esta Constitución Estatal, que nació en medio de los conflictos, rápidamente vio interrumpida su vigencia por la segunda intervención francesa en 1862 y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano.

En enero de 1862, con la presencia de Benito Juárez en SLP, ante la intervención francesa, se declara el estado de sitio y se suspenden los poderes soberanos del estado, se destituye a Sóstenes Escandón y se nombra al general Jesús González Ortega como comandante militar, quien asume el poder. Poco después José María Aguirre ocupa la gubernatura y la comandancia militar. Al finalizar el estado de sitio, en octubre de 1862, Escandón retoma la gubernatura, pero se ausenta para encabezar una campaña militar y lo sustituye Ambrosio Espinoza. Nuevamente se declara estado de sitio y se nombra gobernador a Vicente Chico Sein, en febrero de 1863, a quien le sucede el comandante Francisco Alcalde.

A fines de 1863 y principios de 1864 el general Tomás Mejía toma SLP al frente del ejército conservador y se hace cargo del gobierno estatal; José Castillo es nombrado jefe supremo político del departamento. Bajo el dominio conservador, Darío de los Reyes es nombrado prefecto del departamento de San Luis.

1.8. EL SEGUNDO IMPERIO

En 1865 se decreta el Estatuto provisional del imperio mexicano117. En él se establece como forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico118. El emperador ejercería su gobierno por medio de un ministerio compuesto de nueve departamentos ministeriales, y contaría además con un Consejo de Estado para la formación de leyes y reglamentos.

Los prefectos serían los encargados de la administración de los departamentos. Nombrados por el emperador, contarían con un Consejo de Gobierno Departamental, compuesto por un funcionario judicial, el administrador de rentas, un propietario agricultor, un comerciante y un minero o industrial. Los alcaldes serían nombrados por el prefecto, salvo el de la capital, que sería nombrado por el emperador. Los ayuntamientos contarían con un Consejo Municipal que sería elegido popularmente. El territorio se dividía en ocho secciones militares y 50 departamentos; cada departamento se dividía en distritos y cada distrito en municipalidades.

La ciudadanía se alcanzaba por ser mexicano, a partir de 21 años de edad, con un modo honesto de vivir y no haber sido condenado judicialmente a una pena infamante. Al cubrir estos requisitos podrían inscribirse en el padrón municipal y desempeñar cargos de elección popular.

Sin embargo, el Segundo Imperio tampoco perduraría y se restauraría la Constitución de 1857, pero esto tampoco trajo consigo estabilidad política en el estado. En 1863, como se había mencionado, se nombró a Darío de los Reyes como prefecto del departamento de San Luis, quien fue sustituido por José María Facha y Francisco Bermúdez como prefecto, pero, a la par, Juárez nombró a Juan Bustamante como gobernador, sin embargo, el gobierno de este último no fue efectivo sino hasta que, en diciembre de 1866, las fuerzas republicanas retomaron San Luis y restituyeron el gobierno de Juan Bustamante, quien, tras elecciones, constitucionalmente inicia su gobierno el 22 de noviembre de 1867.

Tan sólo ocho meses después, en septiembre de 1868, Bustamante es acusado de haber cometido “delitos oficiales y comunes, así como de sedición y falsedad”119, así que pide licencia y el diputado Carlos Tovar ocupa interinamente la gubernatura.

En medio de los conflictos, en mayo de 1869, siendo Carlos Tovar el gobernador, se expide en SLP la Ley convocatoria para elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernador del estado120. En ella se establecen, además de los ayuntamientos a elegir, los procedimientos a seguir para ello.

En cada municipio los ayuntamientos y comisarios municipales dividirían el municipio en tantas secciones cuantos cuarteles fueran. A su vez, nombrarían empadronadores, quienes serían responsables de levantar el padrón exacto de habitantes y entregar las boletas que servirían de credencial a quienes tuviesen derecho a votar. Los presidentes del ayuntamiento, a su vez, harían publicar en los lugares públicos de cada cuartel las listas de electores, que se podrían impugnar en caso de que alguien no se encontrarse incluido.

Un domingo antes de la elección se presentaría el presidente de la junta electoral con dos secretarios a los lugares donde se dispondrían las casillas, se seleccionarían de entre los ciudadanos asistentes a quienes desempeñarían las funciones de presidente, dos secretarios y dos escrutadores. Así mismo, se desahogarían las impugnaciones que existiesen sobre el padrón de votantes o sospechas de cohecho en la elección.

El día de la elección, ésta se realizaría

Acercándose a la mesa de uno en uno, y si supieren escribir, pondrán ante los individuos que forman la mesa, el nombre del elector o electores que nombren, y no sabiendo escribir, darán el nombre de los electores a uno de los secretarios, para que éste lo ponga al reverso de la boleta, que en este caso será autorizada por el Presidente o secretarios121.

A las dos de la tarde se daría por concluida la elección, se procedería a la regulación de los votos y a definir ganador por mayoría simple de votos. En caso de empate, un secretario pondría el nombre de cada uno de los empatados en una cédula, y se introducirían en un ánfora; una vez agitada en todas direcciones, el otro secretario sacaría una cédula y la pasaría al presidente para que éste la leyera en voz alta y diera a conocer al ganador122. Enseguida se harían las actas correspondientes, donde se haría constar al ganador y se harían llegar al jefe político que a su vez las llevaría a la Junta Electoral de Partido para las elecciones secundarias123.

Las Juntas de Partido se compondrían de los electores de secciones municipales quienes se reunirían en las cabeceras de los partidos. De entre ellos se elegiría, mediante cédula y escrutinio secreto, en un proceso dirigido por el jefe político, a quienes se desempeñarían como presidente, dos secretarios y escrutador. Una vez realizada esta elección, el jefe político entregaría los expedientes de los electores a la junta de partido y, a su vez, ésta llevaría la elección de dos comisiones, una de cinco integrantes y otra de tres, la primera para realizar la revisión de los expedientes y la segunda para revisar las actas y la revisión de la primera.

Posteriormente, en otra reunión, se desahogarían las inconsistencias o impugnaciones. El día de la elección se procedería a la elección, mediante cédulas y en escrutinio; las cédulas se depositaban en un ánfora correspondiente a los diputados locales. Una vez terminada la votación se haría la regulación de los votos, nombrando electo a quien tuviese la mayoría absoluta. Si nadie la alcanzase se repetiría la elección entre los dos candidatos con más votos. Se levantaría y firmaría el acta correspondiente que se haría llegar a la Secretaría de Gobierno del Estado y a la Secretaría de la Legislatura.

Al día siguiente, las juntas de partido procederían a la elección de gobernador. El expediente de la elección se haría llegar a la Secretaría de Gobierno para que, a su vez, la hiciese llegar al Congreso.

Como se puede observar, las disposiciones electorales seguían siendo similares a las de la Constitución de Cádiz; sin embargo, la disputa real por el poder se realizaba por la fuerza. Así, en medio de los levantamientos para tratar de restituir a Juan Bustamante en la gubernatura, y de los conflictos con el Congreso, Tovar renuncia en octubre de 1869, Juan Barragán asume la gubernatura, se realizan elecciones y renuncia al cargo antes de que el Congreso hiciera el cómputo electoral. Se nombra entonces como gobernador sustituto a Sóstenes Escandón, pero el jefe de armas de SLP se levanta y aprehende a los diputados y al exgobernador Barragán. Francisco Aguirre asume el mando político y militar del estado y entra en conflicto con otro grupo militar federal, que lo desconoce.

En febrero de 1870, al frente de las fuerzas federales el general Mariano Escobedo toma la capital y restituye el orden. Escandón renuncia al cargo y Mariano Irigoyen es encargado por Ministerio de Ley. Es hasta agosto cuando se nombra a Miguel María Esparza como gobernador sustituto y se convoca a elecciones. Mariano Escobedo es nombrado gobernador constitucional, pero en 1871 pide licencia definitiva y es sustituido por el general Jesús Díaz de León.

En diciembre de 1871 el general Diódoro Corella llega a San Luis Potosí, y ante las sublevaciones de Nuevo León, motivadas por la reelección de Juárez, declara estado de sitio, asume el mando militar y político del estado y posteriormente, en mayo de 1872, el general Miguel Eguiluz asume el mando.

Al asumir Lerdo de Tejada la presidencia de la República, en 1872, Escobedo es nombrado gobernador constitucional y se mantiene hasta septiembre de ese año, que pide licencia. Le sustituye Pascual M. Hernández. En octubre de 1873 retoma su gobierno Mariano Escobedo y es sustituido en diciembre de 1873 por Manuel Muro para regresar en marzo de 1874 y permanecer hasta junio de ese año, cuando es nombrado Pascual M. Hernández como gobernador constitucional, hasta que los vaivenes de la política nacional impactan nuevamente a San Luis Potosí.

A principios de 1876 Porfirio Díaz lanzaría el Plan de Tuxtepec y Carlos Díez Gutiérrez lo apoyaría en SLP. Así da comienzo el porfiriato124 a nivel nacional y local125, pero la estabilidad en el gobierno estatal no llegaría. Entre noviembre y diciembre se suceden seis cambios de gobernador: Carlos Fuero, Ventura Ortiz, Ángel Martínez, Carlos Díez Gutiérrez, Manuel Sánchez Rivera, y nuevamente Carlos Díez Gutiérrez, quien reinstala el Congreso estatal, convoca a elecciones y en abril de 1877 es nombrado gobernador.

Díez Gutiérrez permanece en el cargo hasta 1880, cuando se incorpora al gobierno federal. Luego ocupa el cargo su hermano Pedro Díez Gutiérrez entre 1881 y 1885, cuando regresa Carlos a la gubernatura y permanece hasta 1897; es decir, en el régimen de Díaz hay 20 años de hegemonía de los Díez Gutiérrez en San Luis Potosí, sin embargo, este periodo dista de ser de plena estabilidad institucional, pues en él se suceden 31 interinatos, cuatro con Francisco Bustamante y 27 con Juan Flores Ayala.

En 1898 es nombrado gobernador interino Blas Escontría, quien intercala interinatos con Juan Flores Ayala y Joaquín Arguinzónis hasta 1901, cuando turna el gobierno con José María Espinoza y Cuevas. Entre enero de 1906 y diciembre de ese año ocupan la gubernatura intercaladamente, en siete ocasiones, José María Aguirre y Fierro, Francisco A. Noyola y José María Espinoza y Cuevas, hasta que a finales de 1906 se le nombra a este último como gobernador constitucional, sin embargo, seguirá intercalando la gubernatura con Francisco A. Noyola en seis ocasiones más, hasta 1911.

En 1910 estalla la revolución, lo que también impacta en territorio potosino y provoca una nueva sucesión de gobernadores. El 27 de mayo de 1911 José Encarnación Ipiña asume como gobernador interino; le suceden Rafael Cepeda, Arnulfo Pedroza, Rafael Cepeda y Arnulfo Pedroza nuevamente hasta el 26 de septiembre del mismo año, cuando, con el gobierno de Madero en curso, asume como gobernador constitucional Rafael Cepeda.

A partir del 14 de octubre de 1911, y hasta febrero de 1913, se sucederán en la gubernatura Arnulfo Pedroza, Rafael Cepeda, Ricardo Muñoz, Rafael Cepeda, Antonio F. Alonso, Rafael Cepeda, Antonio F. Alonso, Rafael Cepeda, Cayetano García, Rafael Cepeda, Antonio F. Alonso, Rafael Cepeda, Cayetano García, Rafael Cepeda, Antonio F. Alonso y Rafael Cepeda, cuando es apresado por los militares, y el general Agustín García, jefe de zona, se hace cargo del gobierno por designación de la legislatura en marzo de 1913.

Entre junio de 1913 y abril de 1914 tomaron la gubernatura en forma interina, e intercalados en cinco ocasiones cada uno, Francisco Romero y Arturo Amaya; en mayo la ocuparían Mariano Palau y José Refugio Velasco; en junio Ricardo Muñoz; en julio, Camilo Lozano, Pablo González y Eulalio Gutiérrez quien, por los convencionalistas, es nombrado gobernador provisional y comandante militar. Gutiérrez permanece hasta octubre del mismo año, cuando el general Herminio Álvarez, constitucionalista, se hace cargo de la gubernatura. Se suceden, entre noviembre de 1914 y febrero de 1915: Manuel Rivera, Francisco Breña, Herminio Álvarez, José Carlos Kaperowitz y Adolfo Flores.

En febrero de 1915, Villa nombra gobernador interino al coronel Emiliano G. Saravia, que intercala el gobierno con José Ballesteros, hasta el mes de julio, cuando Herminio Álvarez y las fuerzas constitucionalistas toman San Luis y éste asume nuevamente el cargo de gobernador interino y comandante por tres días, hasta que Obregón nombra a Gabriel Gaviria como gobernador interino y comandante. En octubre del mismo año, Carranza nombra al general Vicente Dávila gobernador y comandante, quien es relevado por Federico Chapoy en noviembre. Dávila retoma la gubernatura en diciembre, y en febrero de 1916 el coronel Federico Chapoy asume la gubernatura hasta abril de 1917.

CONCLUSIÓN

En este primer capítulo hemos revisado los cambios en la forma institucional del régimen de gobierno durante el agitado siglo XIX, con sus vaivenes entre el monarquismo, la federación y el centralismo. El paso de instituciones monárquicas absolutas a instituciones representativas se confirma por la vía del monarquismo moderado constitucional y la república representativa.

Para el caso específico del paso de la monarquía a instituciones representativas del territorio español, y en particular de la Nueva España, el proceso específico fue el siguiente (Esquema 1): un factor o shock externo, la invasión de Napoleón, impacta sobre el régimen monárquico, generando una crisis institucional con la abdicación de Fernando II. Ante esto se presentaban al menos dos opciones: a) aceptar la transferencia de poder a José Bonaparte con un reajuste incierto de las instituciones, como harían la Junta Suprema de Gobierno y el Consejo de Castilla; o b) apostar por el autogobierno y la autodefensa.

El decantamiento popular por esta última opción llevó a la formación de juntas con una cierta conformación representativa bajo diversas dinámicas que incluyeron representaciones estamentales, modelos antiguos de carácter aristocrático (Juntas de Principado de Asturias y Cortes de Aragón). Esta nueva forma de organización, ante la abdicación de Fernando VII, sustituyó la autoridad de la Junta Suprema de Gobierno y el Consejo de Castilla ante su acatamiento hacia el gobierno francés, con lo que perdieron legitimidad.

Así, las instituciones de gobierno del régimen monárquico absolutista fueron desplazadas por un esquema representativo que se consolida con la jerarquización de las diversas Juntas y el llamamiento a Cortes reconociendo el derecho de las provincias de ultramar a la representación.

ESQUEMA 1.

COYUNTURA CRÍTICA. CAMBIO INSTITUCIONAL: DE MONARQUÍA A INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS

Elaboración propia con base en el modelo de Collier y Collier 1991.

Posteriormente, la confusión en la interpretación de las reglas para la representación provoca que la experiencia de elección de representantes se asuma como un derecho para las provincias internas de la Nueva España, entre ellas la de San Luis, y que se asuma también el derecho a la representación en otros territorios. El mecanismo de reproducción, además de los llamados y las elecciones realizadas, se consolidará con su establecimiento en la Constitución de Cádiz.

Una nueva trasformación institucional llegará con el regreso de Fernando VII al poder y su derogación de la Constitución en 1814, pero esto no necesariamente implicó el fin del legado, pues en la Nueva España se venía aplicando con ambigüedad tanto la Constitución de 1812 como las disposiciones de la monarquía, en los intentos por controlar la insurgencia. A su vez, en la España peninsular el rey se vería obligado a reconocerla y a jurarla, con su entrada nuevamente en vigor hacia 1820, lo que se dio al mismo tiempo que el proceso de definición de México como nación independiente y la selección de instituciones de gobierno que tomarían como modelo a la Constitución de Cádiz.

La independencia no significaría el fin del legado institucional. La definición de la forma institucional que tomaría México en un primer momento opta por un isomorfismo con el régimen anterior, una monarquía constitucional, y aunque había la opción de una república federal, aquélla era la más fuerte por su tradición, de manera que inicialmente se adoptó la Constitución de Cádiz. Sin embargo, las decisiones del gobierno de Iturbide, las complejas relaciones centro-periferia en materia económica y la disposición constitucional para que cada provincia y pueblo tuviera su propia milicia llevó a que la consolidación de las instituciones en esta etapa fuera reconsiderada bajo el impulso de las élites locales.

Poco más de la primera mitad del siglo XIX ocupó la definición de la forma institucional de México, con cambios de monarquía moderada a república federal, para luego intercambiar un par de ocasiones entre ésta y una república central, además de un intento por volver al esquema de la monarquía moderada; en este último resultó triunfante la república federal126, en lo que podríamos considerar, hasta cierto punto, una secuencia reactiva de cambio institucional127 (ver Esquema 2).

ESQUEMA 2

CAMBIOS INSTITUCIONALES EN LA FORMA DE GOBIERNO 1808-1910

Elaboración propia.

Pero tras estos cambios también hubo continuidades, por ejemplo, las disposiciones electorales, parte central de la estructura institucional representativa, se mantuvo con pocas variaciones respecto a lo establecido desde la convocatoria a Cortes y luego reafirmado en la Constitución de Cádiz, con autoridades locales encargadas de la organización de las elecciones, las cuales se llevaban de forma indirecta, en uno, dos o tres niveles (Junta Parroquial, luego nombrada Junta Primaria o Municipal, Junta Secundaria o de Partido y Junta Provincial), de acuerdo a la elección, hasta la Constitución de 1857, cuando se modifica a indirectas en primer grado128. No sería sino hasta entrado el siglo XX, y tras la revolución, que se llevarían a cabo elecciones directas. Sin embargo, seguirían siendo las autoridades locales las responsables de la organización electoral (ver Tabla 4). También es destacable cómo casi desde el inicio se establece la participación de los ciudadanos en la recepción de los votos.

Hay que destacar que tanto en el centralismo como en el federalismo se observa un fuerte componente de corte corporativo129, es decir, se interpreta a la ciudadanía con base en los derechos derivados de la posición social o de vecindad, antes que en la mera noción humana o individual. Este proceso —en efecto, liberal— costaría muchos más años para lograr cierta noción extendida de “universalidad” ciudadana y política.

Así, las restricciones censitarias al voto en las etapas centralistas se correspondían con las restricciones que se imponían en la práctica, durante los periodos federalistas con sufragio universal masculino, a la participación del pueblo —o populacho— y a la posibilidad de que ejercieran un cargo. La representación en esta etapa era un asunto de élites de distintos niveles según el nivel de representación en disputa.

A la vez, la representación quedaba en un segundo plano ante las circunstancias de disputa por definir un régimen político funcional que llevaba a cambios constantes en los gobiernos. Estas modificaciones eran los efectos de las intrigas políticas y el constante cambio de grupo en el poder, pero también una consecuencia del diseño institucional, pues la disposición de la Constitución Federal, que hacía del presidente un comandante general del ejército, y la Constitución Estatal, que hacía de los gobernadores potosinos dirigentes de las milicias estatales130, generaba una gran inestabilidad al obligarlos a ponerse al frente de las constantes disputas militares en las que se dirimía el tipo de régimen político. Así, en San Luis Potosí, entre febrero de 1824 y el 10 de junio de 1917 que se eligió gobernador Constitucional bajo la nueva Constitución (el 280)131, se sucedieron 279 gobernadores, es decir un promedio de tres por año.

Si bien a nivel de gobernador es evidente la inestabilidad en el estado por las disputas políticas y militares, así como por las constantes separaciones temporales, es cierto también que el Congreso Local y los Ayuntamientos se mantuvieron operando en forma relativamente continua; así, en el periodo 1824 a 1917 se sucedieron 38 Legislaturas Constitucionales, tres Constituyentes y una Junta Departamental132, es decir, un promedio de una cada dos años, aproximadamente, lo que coincide con el periodo de funciones.

Desafortunadamente, muy poco sabemos acerca de cómo se llevaron las elecciones en estos niveles en San Luis Potosí y cómo es que enfrentaron las constantes crisis de gobernabilidad. Por otra parte, las posibilidades de manipulación electoral eran altas, sin embargo, no eran diferentes a las que sucedían en otros países en la misma época133. Para el caso mexicano, la manipulación se daba en la integración del padrón, la incitación al voto en las juntas primarias134 y las negociaciones en las juntas secundarias y provinciales, así como en los procesos de selección de gobernadores y presidente.

Teniendo presentes estas disputas, es claro que la emergencia y evolución, tanto del régimen como del sistema político durante el siglo XIX y parte del XX, pasaban por la presencia primero de élites, de partidos como facciones y de liderazgos personales que apostaban al dominio o la eliminación del otro; todo ello impedía que los conflictos se llevaran por la vía institucional, o, en su caso, se aplicaba la institucionalidad a conveniencia para encender los conflictos aún más. Existían elecciones y representación, separación de poderes, límites a los periodos de gobierno, garantías individuales y libertad de expresión en la Constitución que no siempre se respetaban, es decir, estaba la estructura representativa, pero no la democracia en los términos que hoy la comprendemos.

Finalmente, tras la revolución se alcanzó la consolidación de la estructura institucional y de la forma de gobierno, así como, una década después, la estabilidad en el gobierno estatal135: ¿cómo fue posible esta modificación?, ¿cuál fue su proceso y sus problemas?

TABLA 4

AUTORIDADES ESTATALES Y FORMA DE ELECCIÓN136

1808

Cortes 1808

Constitución de Cádiz 1812

Constitución Estatal 1826 (correspondiente a la Federal de 1824)

1835

1847

Constitución Estatal 1861 (correspondiente a la Federal de 1857)

Constitución Estatal 1917 (correspondiente a la Federal de 1917)

Intendente nombrado por el rey

Jefe político nombrado por el rey

Gobernador elegido por ayuntamientos

Gobernador designado por gobierno central a propuesta de junta departamental

Gobernador elegido por ayuntamientos

Gobernador elegido por ciudadanos en elección indirecta (1 grado: Junta Municipal y Junta de Partido)

Gobernador elección directa por ciudadanía

Diputado representa provincia

elegido por ayuntamiento capital de provincia

(cualidades + sorteo)

Diputación Provincial elección indirecta (2 grados) por ciudadanía

Congreso Estatal

elección indirecta (2 grados) por ciudadanía

Junta Departamental elegida popularmente (¿indirecta?)

Congreso Estatal

elección indirecta (1 grado) por ciudadanía

Congreso Estatal

elección indirecta (1 grado: Junta Municipal y Junta de Partido) por ciudadanía

Congreso Estatal

elección directa por ciudadanía

Ayuntamientos designados por intendente

Ayuntamientos

elegidos por ciudadanía

Ayuntamientos elegidos por ciudadanía

Ayuntamientos elegidos por ciudadanía

Ayuntamientos elegidos por ciudadanía

Ayuntamientos elegidos por ciudadanía

Organización electoral local

Organización electoral local

Organización electoral local

Organización electoral local

Organización electoral local

Elaboración propia.

NOTAS

1François-Xavier Guerra, “The Spanish-American Tradition of Representation and Its European Roots”, Journal of Latin American Studies 26:1, (1994), 1-35.

2Sin embargo, debemos hacer una aclaración: es preciso distinguir entre la realización de elecciones como medio para seleccionar a quien ocupará un cargo, la representación entendida como mandato imperativo (como poder delegado con instrucciones precisas), y lo que hoy nosotros conocemos como democracia liberal, que responde al mandato representativo (poder delegado sin instrucciones), teniendo como base la realización de procesos electorales bajo ciertas condiciones específicas de equidad, libertad y competencia. Los procesos de cambio entre estos elementos estarán como un subtexto en el recorrido que haremos en este capítulo y en el libro.

3Estas Juntas combinaron en su proceso de surgimiento aspectos referentes a la representación estamental, la recuperación de modelos antiguos de gobierno como Juntas de Principados y Cortes de Reinos. Para más sobre esto ver: Antonio Moliner Prada, “De las Juntas a la Regencia. La difícil articulación del poder en la España de 1808”, en Historia Mexicana LVIII:1, (2008), 135-177.

4Al respecto de los elementos simbólicos de la representación ver Ricahard Hocquellet, “La publicidad de la Junta Central Española”, en Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, François-Xavier Guerra, Annick Lemperiere et al. (México: FCE/ Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2008), 140-167.

5Ver Nettie Benson, “The Elections of 1809: Transforming Political Culture in New Spain”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos 20:1, (2004), 1-20.

6Al respecto de cómo fue recibida la noticia en San Luis Potosí ver: Graciela Bernal, “Se oyen voces. Rumor y miedo en la ciudad de San Luis Potosí, 1808-1811” en Entre rumores, ejércitos rebeldes, ansiedad impresa y representaciones épicas. Estudios sobre la Independencia y la Revolución en San Luis Potosí, Moisés Gámez (coord.) (México: COLSAN, H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y Gobierno Constitucional del Estado de San Luis Potosí), 17-39. Para una lectura general ver: François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.

7Al respecto de este proceso ver Netti Benson, “The Elections of 1809” y Netti Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano (México: Colmex y UNAM, 2012).

8Archivo Histórico Nacional, “Manifiestos y proclamas de la Junta y del Consejo de Regencia. 1810”, Ministerio de Cultura y Deporte, en http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/catalog/show/2728201 (consultada el 8 de marzo de 2019).

9Archivo Histórico Nacional, “Manifiestos y proclamas de la Junta y del Consejo de Regencia. 1810”.

10Al respecto de las primeras elecciones en San Luis Potosí ver: Alejandro Uribe, “Las primeras elecciones en San Luis Potosí. Elecciones para diputados a las Cortes de Cádiz y elecciones para diputados de la Diputación Provincial, 1808-1823”, en Política y elecciones en San Luis Potosí, 1810-2010. De la Diputación Provincial al spot político-electoral televisivo, Sergio Cañedo et al. (coords.) (México: El Colegio de San Luis/IFE, 2013), 21-46.

11La constitución de Cádiz, en su artículo 362, mandaba la formación de milicias nacionales en cada provincia. No queda claro si en el caso de San Luis Potosí estas milicias fueron las que se crearon o si se crearon milicias paralelas en cada municipio.

12Ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812” Congreso de los Diputados, http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf (consultada el 10 de marzo de 2019).

13Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Arts. 309, 324, 325.

14Las diputaciones provinciales tendrían función de gobierno de la provincia. Además de estos diputados, se integrarían por un presidente, que sería el jefe político, y un intendente, ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 326.

15Se marcaba también el tiempo de permanencia de cada autoridad electa: dos años para la Diputación a Cortes, la Diputación Provincial, que se renovaba 50 por ciento al cabo de dos años y debían mediar cuatro años para que alguno de sus integrantes pudiera reelegirse; los alcaldes duraban un año y se podían volver a elegir pasados dos años; los regidores y síndicos cambiaban por mitad cada año. Ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 327.

16Al respecto ver Juan Carlos Sánchez Montiel, “Insurgencia, milicias, ayuntamientos y grupos de poder local en San Luis Potosí, 1810-1820” en Entre rumores, ejércitos rebeldes, ansiedad impresa y representaciones épicas. Estudios sobre la Independencia y la Revolución en San Luis Potosí, Moisés Gámez (coord.) (México: COLSAN, H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y Gobierno Constitucional del Estado de San Luis Potosí), 41-58.

17Al respecto de las elecciones en los principios del siglo XIX y la representación hasta la consumación de la Independencia Mexicana se puede ver: Netti Benson, “The Elections of 1809: Transforming Political Culture in New Spain”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos 20:1 (2004), 1-20; Netti Benson Benson,“The Contested Mexican Election of 1812” en The Hispanic American Historical Review 26:3 (1946), 336-350; François-Xavier Guerra, “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la Soberanía”, en Los espacios públicos en Iberoamérica: Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, François-Xavier Guerra et al. (México: FCE/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 2008),109-139; François-Xavier Guerra, “The Spanish-American Tradition of Representation and Its European Roots”, Journal of Latin American Studies 26:1 (1994), 1-35; Antonio Annino, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, (coord.) Antonio Annino (Uruguay: FCE 1995), 177-226.

18Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 18.

19Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 19.

20Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 21.

21Al respecto de la ambigüedad y conflicto entre las nociones de ciudadanía y vecindad ver: François-Xavier Guerra, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina” en Hilda Sábato (coord..), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina (México: FCE, COLMEX, FHA 2003), 33-61 y Antonio Annino, “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México” en Hilda Sábato (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones, 62-93.

22Las juntas electorales de parroquia se compondrían de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva y se realizarían el primer domingo de octubre del año anterior a la realización de las Cortes. Por cada 200 vecinos se seleccionaría un elector parroquial, si excediese 300 aun sin llegar a 400 se elegirían 2, si excediese 400 sin llegar a 600 se elegirían 3 y así sucesivamente. Para ello primero se elegirían a pluralidad de votos once personas, compromisarios, si hubiese que elegir 2 electores de parroquia entonces habría que elegir 21 compromisarios y si 3 entonces 31. Una vez seleccionados los compromisarios correspondientes, éstos harían la selección del elector parroquial. Para ser nombrado elector parroquial se requería ser ciudadano, mayor de 25 años, vecino y residente de la parroquia.

El procedimiento por seguir era el siguiente:

I.Las juntas de parroquia serían presididas por el jefe político o el alcalde del lugar que corresponda, serían asistidos por el cura párroco. Si hubiese más de una parroquia en un pueblo entonces una junta sería presidida por el jefe político o alcalde, otra por los regidores y así sucesivamente.

II.A la hora y lugar de la reunión convenida, los ciudadanos que hubiesen acudido, con el presidente pasarían a la parroquia, se realizaría entonces una misa solemne por el cura párroco, quien haría un discurso acorde a las circunstancias.

III.Una vez concluida la misa, y en el lugar de la reunión, iniciaría la junta a puerta abierta y se nombraría, de entre los ciudadanos presentes, dos escrutadores y un secretario.

IV.El presidente de la junta preguntaría si alguien tenía conocimiento de cohecho o soborno para que el nombramiento recaiga en alguna persona, si fuera así entonces se harían las investigaciones conducentes y las sanciones —la suspensión de voz activa y pasiva o derecho a votar y ser votado— para quienes hubiesen cometido el delito o quien calumniara, luego se continuaría el proceso.

V.Cada ciudadano se acercaría a la mesa donde se encuentran presidente, escrutadores y secretario, y designaría por nombre un número de personas igual al de compromisarios a elegir, el secretario tomaría nota de la lista. Nadie podría votarse a sí mismo.

VI.Concluido el procedimiento, presidente, secretario y escrutadores revisarían las listas y el presidente publicaría en voz alta los nombres de quienes al haber obtenido mayor número de votos hubiesen sido elegidos compromisarios.

VII.Los compromisarios se retirarían a un lugar separado, y de entre ellos seleccionarían como elector o electores de parroquia a quien hubiese reunido más de la mitad de los votos. Se haría público entonces su nombramiento.

VIII.El secretario extendería el acta que firmarían el presidente y los compromisarios, entregando copia a quienes hubiesen sido nombrados para hacer constar su nombramiento. El elector o los electores parroquiales se presentarían entonces a las juntas de partido.

Ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Arts. 36-54.

23Las juntas de partido, a su vez, se integrarían por los electores de parroquia, quienes se reunirían el primer domingo del mes de noviembre del año anterior a realizar las Cortes en la cabeza de partido, en ellas se nombraría al elector o electores que habría de ir a la junta de provincia a elegir el Diputado a Cortes. El número de electores de partido sería el triple del número a de los diputados a elegir, pero si el número de partidos de provincia fuese mayor que el de los electores que se requieren se nombraría un elector por partido. Las juntas de partido serían presididas por el jefe político o alcalde del pueblo cabeza de partido, ante quien se presentarían los electores de parroquia con el documento que acreditaba su elección para anotarse en los libros y actas correspondientes. El procedimiento por seguir en las juntas de partido sería el siguiente:

I.El día señalado, en el ayuntamiento, se reunían los electores de partido con el presidente, a puerta abierta, y nombraban de entre ellos a un secretario y dos escrutadores.

II.Los electores presentaban su acreditación ante el secretario y los escrutadores para revisión. Al día siguiente, el secretario y los escrutadores debían informar si estaban correctas o arregladas las certificaciones. Se integraba entonces una comisión con tres miembros de la junta para que revisaran las certificaciones que habían hecho el secretario y los escrutadores.

III.Al día siguiente, una vez reunidos los electores parroquiales, se daría lectura a los informes sobre las certificaciones. Si hubiese algún problema la junta resolvería.

IV.En seguida, los electores pasarían a la Iglesia mayor, donde se realizaría una misa y un discurso por el eclesiástico de mayor dignidad.

V.De regreso en el ayuntamiento, el secretario preguntaría por alguna queja por cohecho o soborno para que la elección recayera en alguien en particular, dar lugar entonces a la investigación y sanción correspondiente para continuar el proceso.

VI.Se procedería al nombramiento del elector o electores de partido, eligiéndolos de uno en uno, por escrutinio secreto, mediante cédulas en que sería escrito el nombre de la persona que cada uno eligiera.

VII.Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores, harían la regulación de los votos, y quedaría elegido el que hubiese reunido la mitad de los votos más uno, haciéndose pública cada elección por el presidente. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarían en segundo escrutinio y quedaría elegido el que reuniese mayor número de votos. En caso de persistir el empate decidiría la suerte.

VIII.Finalmente, el secretario extendería el acta, firmaban el presidente y escrutadores, y entregaba copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas para hacer constar su nombramiento. El presidente de la junta remitiría otra copia, firmada por él y por el secretario, al presidente de la junta de provincia, donde se publicaría la elección en los papeles públicos.

Ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Arts. 59-76.

24Las juntas provinciales se realizaban en la capital de provincia. En ella se reunían todos los electores de partido para nombrar a quien sería el diputado representante de la nación. Para ultramar el segundo domingo de marzo del mismo año que se celebraran las Cortes. La junta de provincia se realizaría presidida por el jefe político de la capital de provincia, ante quien los electores de partido habrían de presentar su documento de elección. El procedimiento por seguir era:

I.El día señalado se reunirían en el edificio del Ayuntamiento, a puerta abierta, y se nombrarían a pluralidad de votos a un secretario y dos escrutadores de entre los electores asistentes.

II.Se leerían las certificaciones de las actas de elecciones de cabezas de partido, remitidas por los presidentes de las respectivas juntas, luego se presentarían las certificaciones de los electores para ser revisadas por el secretario y los escrutadores, quienes informarían al día siguiente si hubiese algún problema con ellas. Luego se integraría una comisión de 3 miembros de la junta para revisar las certificaciones del secretario y los escrutadores, debiendo informar al día siguiente si hubiese alguna irregularidad y se resolviese.

III.El presidente y los electores se dirigirían a la catedral o iglesia mayor, donde se realizaría misa y el obispo daría un discurso acorde a la situación.

IV.De regreso en el Ayuntamiento, a puerta abierta, el presidente preguntaría si se supiere de algún cohecho o soborno para que la elección recayera en alguien en particular, realizaría entonces las investigaciones correspondientes y sancionaría en su caso.

V.La elección se haría al acercarse los electores de uno en uno a la mesa donde se encontrasen el presidente, los escrutadores y el secretario, éste escribirá en una lista, a su presencia, el nombre de la persona que cada elector elija. El secretario y los escrutadores serían los primeros en votar.

VI.Concluida la votación, el presidente, el secretario y los escrutadores harían la regulación de los votos, quedando elegido aquél que hubiese obtenido la mitad más uno de los votos. Si ninguno hubiese reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido más votos entrarían en un segundo escrutinio y quedaría elegido el que reuniera la pluralidad. Si hubiese empate, decidiría la suerte. Hecha la elección la haría pública el presidente.

VII.Luego se procedería de igual forma para la elección del suplente.

VIII.Finalmente, se extendería a los elegidos el acta correspondiente.

Ahora bien, había requisitos para ser diputado a las Cortes: se requería ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ser mayor de veinticinco años, haber nacido en la provincia o estar avecindado en ella con residencia, a lo menos, de siete años, bien sea del estado seglar o del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componían la junta o en los de fuera de ella. Se requería, además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios. Al respecto, ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Arts. 78-92.

25Al respecto de las condiciones y prácticas sobre la realización de las elecciones ver Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX: de la formación del espacio político nacional, México: FCE 1995); José Antonio Aguilar Rivera (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo; así como Nettie Benson, “The Contested Mexican Election of 1812”.

26En cuanto a las Diputaciones Provinciales, el procedimiento para la elección de los diputados se aprovechaba de la elección de diputados a Cortes; así, se señalaba que la elección se haría por los electores de partido al otro día de haber nombrado los diputados de Cortes, por el mismo orden con que éstos se nombran. Al mismo tiempo y en la misma forma, se elegirían tres suplentes para cada Diputación. Para ser individuo de la Diputación provincial se requería ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia, con residencia, a lo menos, de siete años y que tuviese lo suficiente para mantenerse con decencia, y no podría serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey. Ver Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 328-330

27Alejandro Uribe, “Las primeras elecciones en San Luis Potosí. Elecciones para diputados a las Cortes de Cádiz y elecciones para diputados de la Diputación Provincial, 1808-1823”, 33.

28Sergio Cañedo y Flor Salazar, De la formación del estado de San Luis Potosí al preludio de la Guerra de Reforma (México: El Colegio de San Luis, 2014); Sergio Cañedo, El estado de San Luis Potosí, su formación y las nuevas instituciones (1820-1846), (México: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, 2014).

29Para conocer sobre las elecciones de Ayuntamientos en este periodo ver Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano (eds.), (México: El Colegio de Michoacán y Universidad Veracruzana, 2007);

30Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 313.

31Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 314.

32Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 315.

33Historia y Normas, “Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, Art. 317.

34Para este periodo ver Sergio Cañedo, “El congreso potosino y la ardua tarea de organizar un estado (1824-1826)” en Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824-1924, Sergio Cañedo et al. (México: El Colegio de San Luis y H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2000), 21-104; así como las actas de sesiones reunidas por Isabel Monroy, La Diputación Provincial de San Luis Potosí. Actas de sesiones, 1821-1824. Tomo I y II (México: Instituto Mora y El Colegio de San Luis, 2012).

35Para una entrada a la distinción de estas corrientes ver François Chevalier, “Conservadores y liberales en México”, Secuencia 1 (1985), 136-149; Erica Pani, Conservadurismo y derechas en la historia de México (México: FCE/CONACULTA 2009); Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora (México: Siglo XXI 2005); Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX (México: FCE 2002).

36Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1823.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

37Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 15.

38Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 23.

39Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 29.

40Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 44.

41Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 81.

42Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 87

43Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Art. 21.

44Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, Arts. 91 y 94.

45Silke Hensel, “La coronación de Agustín I. Un ritual ambiguo en la transición mexicana del antiguo régimen a la independencia” en Historia Mexicana LXI: 4, 2012, 1349-1365.

46Luis Medina Peña, La invención del sistema político mexicano. Forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX (México: FCE 2007), 56-72.

47Marcelo Carmagnani señala que durante la Colonia el proceso de dominación se dio con un mínimo control político-militar y una máxima libertad colonial a los grupos notabiliarios en la gestión económica y social del territorio; esta dinámica continuó y dio lugar a un espacio no ordenado jerárquicamente, por lo que la voluntad de control de la metrópoli fue rechazada constantemente por las élites locales, lo que llevaría a procesos de autogobierno, pues eran éstas las que asumían el control del espacio dejado por las autoridades coloniales, lo que se potencia con las diputaciones provinciales y luego con los estados. Ver Marcelo Carmagnani, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850” en La fundación del Estado mexicano, Josefina Zoraida Vázquez (coord.) (México: Nueva Imagen 1994). Sobre la tesis de la relevancia de las élites locales y regionales en el proceso de formación nacional y el rol de las milicias cívicas ver: Manuel Chust y José Antonio Serrano Ortega, Tras la guerra, la tempestad. Reformismo borbónico, liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México (1780-1835) (Madrid: Universidad de Alcalá y Marcial Pons, 2019), así como, José Antonio Serrano Ortega y Manuel Chust, ¡A las armas! Milicia cívica, revolución liberal y federalismo en México (1812-1846) (Madrid: IIH-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Marcial Pons, 2018).

48Isabel Monroy, “Estudio introductorio” en La Diputación Provincial de San Luis Potosí. Actas de Sesiones, 1821-1824. Tomo I (México: Instituto Mora y El Colegio de San Luis, 2012).

49Guatemala efectivamente se separó, pero lo mismo amenazaban Yucatán y Baja California, entre otras.

50500 años de México en documentos, “Ley para establecer las Legislaturas Constituyentes”, Biblioteca Garay, http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1824_121/Decreto_Ley_para_establecer_las_Legislaturas_Constituyentes_particulares_en_las_provincias.shtml (consultada el 11 de febrero de 2019) y 500 años de México en documentos, “Bases para las elecciones del nuevo congreso del 17 de junio de 1823”, Biblioteca Garay, http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1823_122/Decreto_Bases_para_las_eleciones_del_nuevo_congreso.shtml (consultada el 11 de febrero de 2019).

51Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824A.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

52Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824B.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

53Las legislaturas estatales se comprenderían por entre 11 y 21 diputados propietarios, así como entre 4 y 7 suplentes; la representación se establecía en relación de 50 000 habitantes por diputado a partir de los censos de 1820 y 1821; el proceso de selección en lo general tendría como base lo establecido por la Constitución de Cádiz; así, tendría, como aquélla, tres etapas: juntas primarias, juntas secundarias y juntas de provincia.

Las juntas primarias se realizarían en comunidades donde hubiese más de 500 habitantes; podían participar todos los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de 18 años, avecindados y residentes en el territorio del respectivo ayuntamiento; tenían derecho a votar los hombres libres nacidos en el territorio mexicano, los avecindados y los que hubiesen obtenido carta de ciudadano; no tenían derecho a voto aquellos hombres que hubiesen sido sentenciados a penas “aflictivas o infamantes” y no hubiesen obtenido rehabilitación; se suspendía el derecho a votar por incapacidad física o moral, manifiesta o declarada por autoridad competente, por quiebra fraudulenta, calificada así, por deuda a los fondos públicos, habiendo precedido requerimiento para el pago; por no tener domicilio, empleo, oficio o modo de vivir conocido; por hallarse procesado criminalmente; por el estado de sirviente doméstico, no entendiéndose por tales los jornaleros, arrieros, pastores, vaqueros y otros que, aunque vivan en la casa del dueño, no sirven a su persona. Estaría a cargo de la realización de las Juntas primarias el jefe político o autoridad del lugar. La votación estaría precedida de una “rogación pública… implorando el auxilio divino para el acierto”. El día, hora y lugar señalado se reunirían para la elección, de entre los presentes se elegiría un secretario y escrutadores, se preguntaría si se conocía de cohecho o soborno, si fuera así se harían las investigaciones y sanciones correspondientes y se procedería a la votación. Los ciudadanos se aproximarían uno a uno a la mesa y darían los nombres que correspondieran al número de electores a seleccionar por la junta; el secretario los escribiría en su presencia. Si el ciudadano llevara preparada una lista, entonces el secretario la leería y preguntaría si estaba de acuerdo con lo que ésta expresaba o en su caso enmendaría. Concluida la elección, los integrantes de la mesa revisarían las listas y declararían ganador a quien hubiese obtenido más votos. Al o los electos se les entregaría un acta en la que se hacía constar la elección.

En las juntas secundarias, a realizar en las cabezas de partido, de cada veinte electores nombrados en las juntas primarias se seleccionaría sólo uno; si hubiera todavía más de 10 se elegiría uno más; si no hubiere veinte se procedería a la selección de igual forma. Antes de la fecha de elección se presentarían los electores primarios ante el jefe político o alcalde de cabeza de partido que presidiría la junta, para su registro. Tres días antes de la elección se reunirían para seleccionar entre ellos al secretario y los dos escrutadores de la mesa, ante quienes presentarían su acta de elección para que fuese revisada por ellos y presentarían su informe al día siguiente. A su vez, las certificaciones de nombramiento del secretario y los escrutadores serían revisadas por otra comisión formada de entre los electores primarios. Tras rogación pública, en la fecha acordada, los electores primarios seleccionarían de uno en uno a los secundarios en escrutinio secreto por cédula, no sin antes preguntarse si se sabía de cohecho o soborno para designar a alguien en particular y realizar las investigaciones y sanciones si fuera necesario. Se seleccionaría a quien hubiese obtenido la mitad más uno de los votos, o si ninguno la obtuviera entonces habría un segundo escrutinio y quien obtuviese mayor número de votos sería el elector secundario. En caso de empate decidiría la suerte. Para ser elector secundario se requería ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, con cinco de vecindad y residencia en el partido, no ejercer jurisdicción contenciosa, civil, eclesiástica, militar o ser cura. A los seleccionados se les entregaría un acta para hacer constar la elección.

En las juntas de provincia, a realizarse en la capital, asistirían todos los electores secundarios, tras nombrar de entre ellos a un secretario y dos escrutadores, verificar las actas, se realizaría la elección. Tras preguntar el presidente de la junta si alguien ha sido objeto de cohecho o soborno y desahogar la situación, cada uno de los electores pasaría y diría en voz baja al secretario el nombre de las personas propuestas como diputados, que serían anotados en una lista. Tras contar los votos se nombraría a quien hubiese reunido la mitad más uno, o si ninguno la alcanzase procedería una segunda votación con aquellos dos que más votos hubieran alcanzado y, en caso de empate, decidiría la suerte. Por la misma vía se decidiría a los suplentes.

En todos los casos serían las autoridades políticas vigentes —jefe político o alcaldes o quienes hicieran las veces— quienes presidirían las mesas de votación y se nombrarían un secretario y dos escrutadores de entre los ciudadanos o electores presentes y las votaciones estarían precedidas de una misa.

54Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Art. 4.

55Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Arts. 6 y 7.

56Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Art. 74.

57Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Art. 75.

58Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Arts. 79-94.

59Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Art. 157.

60Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos”, Arts. 158 y 159.

61Sergio Cañedo, “El congreso potosino y la ardua tarea de organizar un estado (1824-1826)”, 31.

62Ver Juan Carlos Sánchez Montiel, “Insurgencias, milicias, ayuntamientos y grupos de poder local en San Luis Potosí, 1810-1820”, 52-54.

63“Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, en Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de san Luis Potosí: 1824-1924, Sergio Cañedo et al. (México: El Colegio de San Luis y H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2000), 444-488.

64“Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 3.

65“Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 4.

66“Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 19.

67“Constitución del estado libre, soberano e independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 14.

68“Constitución del estado libre, soberano e independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 29.

69“Constitución estado libre, soberano e independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Arts. 44 y 45. Ver también “Decreto No. 44 del 19 de julio de 1826, Convocatoria para la elección de diputados al Congreso Constitucional del Estado y al General de la Unión” en Legislación Potosina. Tomo I.

70En cada ayuntamiento se elegirían a los presidentes de las juntas, las fracciones y los lugares donde se realizarían las elecciones (con más de mil habitantes). El primer domingo de agosto se publicarían los bandos donde se informaban las fracciones, los lugares, funcionarios y número de electores propietarios y suplentes a elegir; el segundo domingo se presentaría el presidente de la junta al lugar y hora convenidos, de entre los presentes se seleccionarían cinco personas que harían las veces de secretario y escrutadores, se preguntaría si hubiese algún conocimiento de cohecho, promesa o amenaza para arreglar la elección, en caso de que la hubiese se procedería a la investigación correspondiente, de lo contrario se seguiría el procedimiento. La base para el nombramiento de electores propietarios sería la población general de la fracción, uno por cada quinientos habitantes, y para la de los suplentes a razón de uno por cada tres propietarios. Si hubiese un sobrante de doscientos cincuenta se elegiría otro propietario. La elección se realizaba acercándose de uno en uno los ciudadanos y diciendo las personas que nombraban en un número igual al de electores propietarios y suplentes; terminado el acto, el secretario y los escrutadores realizarían el conteo (regulación) de los votos: el presidente, en voz alta, daría los resultados, declarando propietarios a los que hubieran reunido la mayoría y suplentes a los que después de aquellos siguiesen en la votación. En caso de empate decidiría la suerte. Levantada el acta se llevaría al ayuntamiento, donde se comunicaría oficialmente a los nombrados y se enviarían las actas a los jefes de partido. Para ser nombrado elector municipal se requería ser ciudadano en ejercicio de derechos, mayores de veinticinco años con residencia de al menos dos años en el ayuntamiento.

Una vez que se hubieren entregado al jefe de partido las actas de las juntas municipales, se publicaba el bando citatorio para la junta de partido, a realizarse el primer domingo de septiembre en la cabecera. El jueves previo a la elección debían presentarse los electores municipales con el jefe de partido para verificar las listas y se citaría para el día siguiente. El viernes, con los electores presentes, se seleccionarían de entre éstos a un secretario y dos escrutadores por vía de cédula; serían electos quienes alcanzaran la mayoría absoluta. De no ser así se haría una nueva ronda con los dos competidores que más votos hubiesen alcanzado; una vez seleccionados, el secretario y los escrutadores, se levantaría el acta correspondiente y se declararía instalada la junta, tras lo cual el jefe de partido entregaría las listas y credenciales de los electores municipales a la junta. Se seleccionaría luego una comisión, siguiendo el mismo procedimiento, para examinar e informar al día siguiente de la validez o no de las credenciales y actas del secretario y escrutadores y de todos los demás electores. El sábado se resolverían, si los hubiese, las dudas y sobre la legalidad de las actas y credenciales. El domingo, antes de la votación, se preguntaría por sospechas de amenazas, cohecho, soborno o violencia, para influir en la elección; si las hubiese se resolverían, de lo contrario, se procedería a la votación secreta de cédulas y pluralidad absoluta de votos al diputado o diputados que correspondiera. De igual forma, se procedería a la selección de suplentes. Todas las sesiones de la junta deberían ser públicas, sin guardias y sin armas. Luego de que el gobernador recibiese las actas de cada partido, integraría una lista, señalando partido y si se era propietario o suplente, dando aviso al público de su integración. Estas actas las enviaría el gobernador al Congreso, donde se revisarían y se realizarían los exámenes de situación de cada caso para dar lugar a la citación. Ver Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826, Arts. 46-96.

71En esto se seguía también a la Constitución de Cádiz, pues señalaba en el artículo 331 la restricción de cuatro años para que los integrantes de la Diputación Provincial pudieran elegirse por segunda ocasión; “Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 151.

72“Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 158.

73“Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826”, Art. 158-167.

74Para la elección de diputados al Congreso Federal se realizaría la elección en octubre del año anterior a la renovación de la cámara. Se realizarían juntas generales del estado, en las que se reunirían los electores seleccionados en juntas de partido. En éstas se nombraría un elector por cada veinte municipales, siguiendo lo dispuesto para el caso de los diputados estatales. El jueves anterior al primer domingo de octubre se presentarían los electores de estado al vicegobernador, quien llevaría un registro de electores y partidos de los que procedían. El viernes el vicegobernador y un secretario nombrado por los presentes electores de estado llevarían a cabo el procedimiento anteriormente escrito para la elección del secretario, dos escrutadores y tres individuos más, que integrarían la junta para la elección. El sábado se reunirían para desahogar la validez de las actas y credenciales. El domingo se procedería a la votación secreta por cédulas para el nombramiento de los diputados al Congreso General. Para ser diputado se requería tener veinticinco años cumplidos al día de la elección, por lo menos dos años de vecindad o haber nacido en el estado que lo eligió; los no nacidos en territorio mexicano deberían tener al menos ocho años avecindados además de ocho mil pesos en bienes raíces o una industria que produjera mil pesos anuales.

Los senadores serían dos por cada estado, de acuerdo con el artículo 25º de la Constitución Federal de 1824, renovados escalonadamente cada dos años, elegidos a mayoría de votos por la legislatura estatal. El elegido en primer lugar duraría los cuatro años y el segundo lugar sólo dos. Los requisitos eran los mismos que para ser diputados, excepto por la edad, que subía a 30 años. La elección se realizaría el 1 de septiembre del año previo al de la renovación.

75Habría que discutirse además si era un isomorfismo con el artículo 110, fracciones 10 y 11 de la Constitución Federal.

76El recuento de gobernadores que se inicia aquí está basado principalmente en Sergio Cañedo et al., Cien años de vida legislativa…, 364-375; Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí (México: Colmex y FCE, 1995); y Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí (México: COLSAN/UASLP, 2004).

77Ver Decreto No. 77, febrero 9 de 1828. Legislación potosina. Tomo I, 195.

78Juan Carlos Sánchez, “Prácticas electorales en torno a la elección de gobernador y vicegobernador en la época del primer federalismo en San Luis Potosí”, en Elecciones en el México del siglo XIX. Las prácticas. Tomo I, Fausta Gantús (coord.) (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016), 287-315.

79Juan Carlos Sánchez, “Prácticas electorales en torno a la elección de gobernador y vicegobernador en la época del primer federalismo en San Luis Potosí”, 296.

80Juan Carlos Sánchez, “Prácticas electorales en torno a la elección de gobernador y vicegobernador en la época del primer federalismo en San Luis Potosí”, 295-296.

81El Plan de Jalapa fue pronunciado ante el temor de un cambio en la forma de gobierno que realizaría el presidente Vicente Guerrero. El vicepresidente Anastasio Bustamante se suma al Plan y asume la presidencia.

82Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Ley de 23 de octubre de 1835. Bases para la Nueva Constitución”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH1BIS.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019); y Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de México, “Leyes constitucionales”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

83Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Leyes constitucionales”, Art. 9º de la VI Ley. Al respecto, Sergio Cañedo y Flor Salazar, De la formación del estado de San Luis Potosí al preludio de la Guerra de Reforma, 80, señalan que la primera Junta Departamental se compuso por sólo cinco individuos.

84Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Leyes constitucionales”, Art. 7.

85Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1843.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

86Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Art. 18.

87La Cámara de Diputados se integraría a partir de un diputado por cada setenta mil habitantes, o si la fracción superaba a los 35 mil. Serían elegidos por los Departamentos.

88La Cámara de Senadores se integraría por sesenta y tres individuos.

89Las demás personas elegidas deberían haber tenido alguno de los cargos de: presidente o vicepresidente de la República, secretario de despacho por más de un año, ministro plenipotenciario, gobernador de antiguo Estado o Departamento por más de un año, senador al Congreso General, diputado al mismo en dos legislaturas, antiguo consejero de gobierno, obispo o general de división. Además, se debía ser mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de derechos, mayor de treinta y cinco años, renta anual “notoria” o sueldo no menor a 2000 pesos, a excepción de quienes se elijan por los gremios de agricultores, mineros, propietarios o comerciantes y fabricantes, quienes deberían tener una propiedad raíz que no bajara de 40 000 pesos. Ver Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Arts. 31, 32, 39, 40, 42.

90Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Art. 85.

91Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Arts. 104-114.

92Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Arts. 131-133.

93Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases de organización política de la República Mexicana”, Arts. 136 y 137.

94Sección de interés es el Título VIII de la Constitución de 1843, Del Poder Electoral. En este título se especifica el proceso de organización y sanción de las elecciones para presidente, diputados y senadores. Inicia especificando que todas las poblaciones se dividirán en secciones de 500 habitantes para la celebración de juntas primarias. En la sección se votará un elector, a través de boleta. Los electores primarios nombraban a los secundarios, quienes formarían el colegio electoral departamental, a razón de uno por cada veinte primarios. Sería este colegio electoral el que haría la elección a diputados y vocales de la Asamblea Departamental.

Para ser elector primario se requería ser ciudadano en ejercicio de derechos, mayor de veinticinco años, vecino de la sección donde se elija y no ejercer jurisdicción contenciosa en él. Para los electores secundarios se requería, además de lo anterior, residir en el partido en el que se nombraba y tener una renta anual de 500 pesos.

Serían las juntas electorales las que calificarían la validez de la elección anterior. También se especificaban fechas para la realización de las elecciones: las primarias el segundo domingo de agosto cada dos años, las secundarias el primer domingo de septiembre, los colegios electorales el primer domingo de octubre y lunes siguiente, y las de senadores se realizarían el uno de octubre de cada año previo a la renovación. Los gobernadores se nombrarían durante el mes de marzo del año a renovar, tomando posesión el 15 de mayo siguiente.

95En cuanto a la elección de presidente, el 1º de noviembre del año anterior a la renovación del presidente, cada Asamblea Departamental, por mayoría de votos —y en caso de empate por la suerte—, sufragaría para presidente. El acta de la elección se remitiría a la Cámara de Diputados, y el día 2 de enero del año en que se debía renovar la presidencia se abrirían los pliegos con las actas para “regular” los votos, calificar las elecciones y declarar presidente al que hubiese reunido la mayoría de los votos. De no haber alguien que reuniera la mayoría de los votos, entonces las cámaras elegirían al segundo con más votos para competir contra el que más votos hubiese obtenido en una nueva votación.

96Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Plan de la Ciudadela”, Secretaría de Gobernación http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH3.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

97Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Acta constitutiva y de reformas”, Secretaría de Gobernación, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1847.pdf

98Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Acta constitutiva y de reformas”, Art. 2.

99Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Acta constitutiva y de reformas”, Art. 10.

100Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Acta constitutiva y de reformas”, Art. 9.

101Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Acta constitutiva y de reformas”, Art. 8.

102Documentos, “Plan de Guadalajara”, INEHRM https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/779/1/images/Documento_1Plan_de_Guadalajara_del_13_de_septiembre_de_1852.pdf (consultada el 20 de marzo de 2019).

103Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Bases para la administración de la República, hasta la promulgación de la Constitución”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1853.pdf (consultada el 11 de febrero de 2019).

104Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Plan de Ayutla”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH4.pdf (consultada el 12 de febrero de 2019); y Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Plan de Acapulco, modificando el de Ayutla”, Secretaría de Gobernación http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH5.pdf (consultada el 12 de febrero de 2019).

105Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Estatuto orgánico provisional de la República Mexicana”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1856.pdf (consultada el 12 de febrero de 2019).

106Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf (consultada el 12 de febrero de 2019).

107Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos”, Art. 40.

108El Congreso de la Unión se compondría por un diputado propietario y un suplente por cada cuarenta mil habitantes o fracción que pasase de veinte mil. La elección sería indirecta en primer grado y en escrutinio secreto. La duración del cargo sería de dos años. Los requisitos para ser diputado eran tener veinticinco años cumplidos, estar en ejercicio de derechos de ciudadanía, ser vecino del estado o territorio de la elección y no ser parte del estado eclesiástico. Para ser ciudadano se requería ser mexicano, tener dieciocho años si se estaba casado o veintiuno si no lo eran, además de tener un modo honesto de vivir.

Para ser presidente de la República se debería ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener treinta y cinco años, no pertenecer al estado eclesiástico y residir en el país al momento de la elección. La elección sería indirecta en primer grado y en escrutinio secreto. Iniciaría funciones el 1 de diciembre y duraría cuatro años en el cargo.

Ver Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos”, Art. 34 y 50,

109Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos”, Art. 109.

110Teresa Quezada, “De la Reforma a la República restaurada” en Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824-1924, Sergio Cañedo et al. (México: El Colegio de San Luis y H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2000), 105-201.

111“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1861” en Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824-1924, Sergio Cañedo et al. (México: El Colegio de San Luis y H. Congreso del Estado de San Luis Potosí 2000), 488-510.

112“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1861” en Cien años de vida legislativa, Art. 15.

113“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1861” en Cien años de vida legislativa, Art. 1.

114“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1861” en Cien años de vida legislativa, Arts. 17-19.

115“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1861” en Cien años de vida legislativa, Art. 47

116“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1861” en Cien años de vida legislativa, Art. 65.

117Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Estatuto provisional del imperio mexicano”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1865.pdf (consultada el 12 de febrero de 2019).

118Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Estatuto provisional del imperio mexicano”, Art. 1.

119Flor Salazar y Julio Medina, “Elecciones para gobernador en San Luis Potosí: Tensiones y conflictos postelectorales en la capital del estado, 1869”, en Política y elecciones en San Luis Potosí, 1810-2010. De la Diputación Provincial al spot político-electoral televisivo, Sergio Cañedo et al. (coords.) (México: El Colegio de San Luis/IFE, 2013), 47-62. Salazar y Medina (2013), 50.

120“Ley convocatoria para elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernador del estado”. Decreto número 181.

121“Ley convocatoria para elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernador del estado”, Art. 16.

122“Ley convocatoria para elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernador del Estado”, Art. 19.

123“Ley convocatoria para elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernador del Estado”, Art. 21.

124Cabe aclarar que en esta parte usamos el término “porfiriato” de forma genérica para ubicarlo a modo práctico dentro del relato historiográfico. Este término hace referencia al periodo en que el general Porfirio Díaz gobernó el país, entre 1876 y 1911, junto con el grupo político de civiles y militares allegados al general, y que se repartían el poder político institucional tanto en el nivel de gobierno federal, como en los niveles locales. De este modo el grupo porfirista es claramente distinguible en tanto la lealtad y viabilidad política de actores menores dependía por entero de la relación que entablaran con el general Díaz, pues grupos disidentes o en abierta rebeldía mostrados en episodios como el levantamiento “lerdista” o en apoyo al expresidente Sebastián Lerdo de Tejada en Veracruz en 1879; la rebelión de Tomochic entre 1891 y 1892; o la rebelión de Acayucan en 1906, fueron reprimidos con dureza y aniquilados por el gobierno porfirista.

125El porfiriato mexicano es, a la vez, extensivo desde el nivel nacional al nivel local, y como lo define Javier Moreno Luzón (“Reconquistar América para regenerar España. Nacionalismo español y centenario de las independencias en 1910-1911”, Historia Mexicana, vol. LX, núm. 1, 2010, pp. 561-640, 516), este periodo construyó un sistema político que, en las últimas décadas del siglo XIX, logró estabilizar panoramas muy violentos con décadas de guerras y sublevaciones en sus espaldas. Además, consiguió el objetivo de reunir a antiguos adversarios políticos y repartió el poder entre algunas élites reducidas en las cuales notables, caciques o caudillos disfrutaban de la hegemonía política al nivel local a la vez que respaldaban al centro político. A su vez, el clientelismo era una práctica primordial de todo grupo partidista y de la propia incipiente administración pública en relación con los ciudadanos. Por igual era común el fraude electoral a favor del Ejecutivo y de sus allegados locales, prácticas de fraude que también ocurrían en esa época en la Europa mediterránea y en casi toda Iberoamérica. Ahora bien, a inicios del siglo XX este sistema político porfirista enfrenta el reto de abrirse para integrar a mayores núcleos de opinión en la política nacional, es decir, democratizarse. El porfiriato respondió a este reto con la reelección de su líder y la represión de los actores de oposición, con lo cual estalló la revolución armada en un inicio contra el gobierno de Díaz, quien abandona el país para 1911. Luzón es insistente, en que este tipo de procesos no eran sólo particulares al régimen porfirista mexicano, pues también países como España o Argentina respetaban ciertos principios liberales mínimos, y si bien hay variaciones de tales principios en los tres casos, tienen en esa época sistemas políticos con características muy similares a las descritas del porfiriato. En los casos español y argentino, tales países vivieron procesos de democratización más distendidos o reformistas, que, si bien no estuvieron del todo exentos de “insurreccionismo”, no terminaron en abiertas revoluciones como la mexicana ya en el propio siglo XX.

126Para efectos sintéticos del análisis aquí obviamos el periodo del triunvirato conformado entre 1823 y 1824, tras la salida de Iturbide; también se considera que hubo dos dictaduras: una en el periodo 1841-1842 y otra en 1853-1855, que aquí subsumimos bajo los intentos de república central.

127De acuerdo con James Mahoney, Khairunnisa Mohamedali y Christoph Nguyen, “Causality and Time in Historical Institutionalism”, las secuencias reactivas son aquéllas en las que hay cadenas de eventos interrelacionados en los que cada evento es causa del evento subsecuente. Se les considera reactivas porque la situación se mueve con rapidez de un evento a otro y porque hay procesos en los que las reversiones son posibles. A diferencia de otros procesos de path dependence, en éste no hay una retroalimentación positiva ni movimiento en una dirección en particular, sino que cada paso puede llevar a un punto de elección institucional previo.

128Aquí hay que volver a recordar que cada estado tenía la facultad para determinar su legislación electoral, por lo que esta situación es específica para el caso de San Luis Potosí, aunque hace falta mayor investigación que recupere las disposiciones y reglamentos electorales particulares para cada elección.

129Ver el trabajo de Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández Chávez: “La ciudadanía orgánica mexicana 1850-1910” en Hilda Sábato (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 1999), 371-404, donde los autores exponen con mayor profundidad empírica este argumento de construcción ciudadana en México a raíz de valores orgánicos, vecinales y corporativos, antes que universalmente individuales.

130Como se mencionó arriba, la Constitución estatal de 1824 en su artículo 152 fracc. 12 señalaba la obligación de “Ser jefe de la milicia local del estado”, lo que continúa en la Constitución de 1861 que señala, en su artículo 54 frac. XVIII: “Cuidar de la instrucción de la Guardia Nacional del Estado, conformar las leyes y reglamentos generales y mandarlas en jefe, no pudiendo hacerlo personalmente en campaña sin expreso permiso del Congreso, y en su receso, de la Diputación Permanente”. En la Constitución de 1917 esto ya no sería así y sólo señalaría el artículo 52, frac. XXIV: “Tener el mando de la fuerza púbica del Municipio donde residiere habitual o transitoriamente”.

131Ver Sergio Cañedo et al. Cien años de vida legislativa, 364-375.

132Ver Sergio Cañedo et al. Cien años de vida legislativa, 337-363.

133Richard Warren, “Las elecciones decimonónicas en México: una revisión historiográfica” en Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), José Antonio Aguilar Rivera (coord.) 2010.

134Acaso es posible encontrar, para el caso de San Luis, unas pocas referencias, por ejemplo, Monroy y Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 216-217, señalan que, tras diversos levantamientos indígenas en 1879, en la Huasteca, la investigación reportó como una de las motivaciones:

Para todo se nos considera como Ciudadanos cuando se trata de hacerse de recursos el Ayuntamiento, y en esta vez no se nos empadrona, ni se nos dan boletas para que tomemos parte en las elecciones municipales, antes bien se nos ponen hombres sobre las armas para intimidarnos y para que la elección recaiga en personas adictas a la casa de los señores Santos nuestros comunes enemigos.

135Entre 1917 y 1924 se sucedieron 182 gobernadores, en gran medida producto de las disputas revolucionarias.

136A manera de Anexo se encontrará un recuento de las modificaciones a las normativas electorales.

CAPÍTULO 2

CONTINGENCIA Y DINÁMICAS DE PODER EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO POTOSINO EN TIEMPOS DEL PARTIDO HEGEMÓNICO

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, la emergencia, continuidad y/o transformación de las instituciones políticas es determinada en gran parte por los procesos de contingencia social e histórica, pues la implementación de instituciones y su posterior desarrollo no sólo dependen de los diseños deliberados y razonados de los actores políticos, sino también de la fuerza que éstos tengan en la sociedad de que se trate, las herencias y la adaptación a las prácticas y contextos.

Esto es así porque las instituciones políticas, al formar parte de un sistema con un entorno social dinámico y demandante, situadas y desarrolladas en el tiempo, tienen que responder a las exigencias de ese entorno social cambiante y, una vez que se toman las decisiones para generar las respuestas, éstas afectan al desarrollo de las instituciones y generan nuevos (des)equilibrios de poder.

Tomando en cuenta estas consideraciones, que parten de lo revisado en el capítulo anterior y de la teoría política institucional histórica, en este apartado el objetivo es identificar y tratar de manera puntual los procesos contingentes a los cuales los actores políticos locales tuvieron que responder para incidir en el desarrollo de las instituciones políticas de San Luis Potosí durante el siglo XX y generar cierta estabilidad política.

Se plantean entonces dos preguntas: ¿cuáles son los procesos de contingencia histórico-política, tras la revolución, que permitieron alcanzar cierta estabilidad y dieron forma a las instituciones políticas?, y ¿cómo tales procesos de contingencia influyeron en los actores y el sistema político local?

La hipótesis de trabajo que se desprende de la premisa de la contingencia como factor determinante de la génesis y del desarrollo institucional es esta importa al momento del diseño institucional y su posterior desarrollo dentro de un sistema político, ya que el contexto-entorno de éste es dinámico y los actores están expuestos, la mayor parte del tiempo, a constantes presiones y disyuntivas que luego impactan en la evolución institucional y en sus equilibrios de poder.

Para responder ambas preguntas, en el caso que nos ocupa recurrimos a la historia política local para analizar las dinámicas de poder que configuraron el devenir del sistema político potosino. Buscamos conectar la historia institucional del sistema político estatal en su proceso de formación, que tratamos en el capítulo anterior, con su devenir como sistema de partido hegemónico, prestando especial atención a la lógica política que rige el estado desde el caudillaje militar-revolucionario del General Saturnino Cedillo y el posterior cacicazgo postrevolucionario de Gonzalo N. Santos. Se ha optado siempre, como guía, comprender la repercusión que estos procesos contingentes tuvieron sobre el sistema político local.

2.1. EL ORDEN NORMATIVO Y EL ORDEN POLÍTICO POSTREVOLUCIONARIO EN SAN LUIS POTOSÍ

Tras la Revolución, la Constitución de 19171 estableció la calidad de ciudadano, igual que la anterior de 1857, a quienes siendo mexicanos tuviesen 18 años cumplidos estando casados y 21 si no lo estuviesen, y tuvieran un modo honesto de vivir2. En cuanto a la forma de gobierno se especifica que será una república representativa, democrática y federal3 (se sustituye popular por democrática), compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior. De igual forma, el Supremo Poder de la Federación mantiene la división en Legislativo, Ejecutivo y Judicial4.

El Legislativo se compondría, de nueva cuenta, por dos cámaras, una de Diputados y la otra de Senadores. Los diputados serían los representantes de la Nación, electos cada dos años por los ciudadanos en elección directa, a razón de un diputado propietario y un suplente por cada 60 mil habitantes o fracción que superara los 20 mil; a su vez, la Cámara de Senadores se integraría con dos senadores por cada estado, con un suplente cada uno; la duración en el cargo era por cuatro años. Cada cámara calificaría las elecciones de sus miembros y resolvería las controversias. Los requisitos para ser diputado eran ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 25 años cumplidos al día de la elección y ser originario del estado por el que fue electo o vecino con residencia efectiva por al menos seis meses anteriores a la elección; para ser senador eran los mismos excepto la edad, que sería de 35 años5. El cambio importante respecto a la normativa electoral precedente radicaba en que ahora serían nombrados en elección directa.

El Poder Ejecutivo se depositaba en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos6, quien sería seleccionado también por elección directa. Los requisitos para ocupar ese cargo eran: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, tener 35 años cumplidos, haber residido en el país el año anterior a la elección, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto, no estar en servicio activo durante 90 días antes de la elección si perteneciese al ejército, no ser secretario o subsecretario de Estado a menos de separarse del puesto 90 días antes de la elección, y no haber figurado en algún motín o cuartelazo7. Duraría en el cargo cuatro años, iniciando el 1º de diciembre, y nunca podría ser reelecto8.

A su vez, los estados asumirían una forma de gobierno republicano, representativo y popular, divididos en municipios libres9. Los municipios serían administrados por un ayuntamiento de elección popular directa. Los gobernadores durarían cuatro años y no podrían ser reelectos. La Legislatura Local no podría ser menor a 15 diputados y sería proporcional al número de habitantes. Cada distrito electoral nombraría un diputado propietario y uno suplente. Para ser gobernador se requería ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con vecindad no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

Esta Constitución tuvo su correlato en el estado de San Luis Potosí, de manera que la nueva constitución estatal se expidió el 29 de agosto de 191710. En ella se adopta la forma de gobierno republicano, representativo, popular, que se ejerce por medio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial11.

El Congreso del Estado se integraría por representantes nombrados por los ciudadanos en elección directa cada dos años, a razón de uno por cada 4 mil, o si el distrito no los tuviese nombraría un diputado de igual forma, no pudiendo ser menos de 15 diputados propietarios con sus suplentes respectivos12.

Para ser diputado se requería ser ciudadano potosino en ejercicio de derechos, tener 25 años cumplidos al día de la elección y ser originario del distrito en que hiciera la elección o vecino de él con residencia efectiva por seis meses anteriores a la fecha de la elección13. Sólo el Congreso podía calificar la validez o nulidad de las elecciones de sus miembros14.

El Poder Ejecutivo se ejercería por el gobernador del estado de San Luis Potosí, quien sería elegido en elección directa y, para serlo, se requería ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del mismo o vecino de él con residencia efectiva en los últimos cinco años anteriores al día de la elección15. No podrían ser electos para gobernador del estado los individuos del Ejército Permanente que estuvieran en servicio activo y los empleados de la federación o del estado, durante el ejercicio de sus funciones, a menos que se separasen del servicio o empleo 90 días antes de la elección. Tampoco podrían ser electos los individuos que, habiendo obtenido destino público en la Federación o en los estados, tuvieren responsabilidad pendiente16.

A su vez, los municipios se constituirían con 3 mil habitantes, y sus ayuntamientos serían elegidos popular y directamente. Para ser miembro del ayuntamiento se requería ser ciudadano potosino en ejercicio de derechos, vecino de la municipalidad que lo eligiera, con al menos un año de residencia en ella.

En San Luis Potosí, como parte de esta nueva etapa política, en 1971 el gobernador, Federico Chapoy, convoca a elecciones para renovar su cargo. De 1905 a esa fecha habían surgido varios partidos políticos, en tanto agrupaciones un tanto más permanentes y reconocidas, ya no como facciones o grupos efímeros17. Para esta elección participarían el Partido Constitucionalista Potosino, el Partido Liberal, el Partido Liberal Obrero, el Partido Reformista Independiente, el Club Reformista del Proletariado y el Club Ponciano Arriaga, que postularon como candidatos a gobernador a Juan Sarabia, Juan Barragán, Samuel de los Santos y Humberto Macías Valadez.

Carranza apoyó a Juan Barragán, quien no era apoyado por el gobernador Chapoy, por lo que Carranza lo remueve del cargo y lo sustituye en abril de 1917 por el general Alfredo Breceda. En las elecciones, como era de esperarse, gana Juan Barragán, asume la gubernatura en junio de 1917 y se mantiene hasta abril de 1918, con interinatos cubiertos por Horacio Uzeta, Antonio Vives, Rafael Castillo Vega, Nicasio Sánchez Salazar, Severiano Martínez, Manuel Vildósola, Mariano Flores, y Rafael Segura. Algunos de ellos ocupan la gubernatura interinamente en más de dos ocasiones en forma intercalada.18

Así, siendo gobernador Mariano Flores, se expide la Ley Electoral para Ayuntamientos, Diputados y Gobernador del Estado de San Luis Potosí del 5 de abril de 191919. En ella se observan varios cambios importantes en la práctica electoral que dan cuenta de la sofisticación que comenzaba a generarse.

Para empezar, establecía que la autoridad municipal nombraría un empadronador por cada sección, quien se encargaría de hacer las modificaciones necesarias en el censo electoral. El censo para cada demarcación se publicaría en el Periódico Oficial del Estado y los vecinos, ciudadanos o representantes de partido político o candidato independiente podrían hacer las reclamaciones correspondientes ante la autoridad municipal en los cuatro días siguientes a la publicación del padrón. Tras la resolución de las impugnaciones, la autoridad municipal publicaría el padrón definitivo.

El ayuntamiento, como organizador, también nombraría para cada sección a un instalador presidente y un suplente, así como el lugar donde estaría ubicada la casilla electoral. Estos servidores se podrían impugnar, pero sólo por no cumplir los requisitos de ser ciudadano en ejercicio de derechos, saber leer y escribir, ser vecino de la sección y no tener empleo o cargo público.

La autoridad municipal sería la responsable de enviar a imprimir las boletas para la elección, de acuerdo con los puestos en competencia y con número consecutivo, además de incorporar el número de puestos a elegirse. Se imprimirían tantas boletas como ciudadanos inscritos hubiera, más 25 por ciento para sustituciones. Los empadronadores serían los encargados de hacer entrega a los votantes de las boletas para la elección, mediante registro de la hora de entrega y nombre de la persona a que se le entregaba la boleta20.

El día de la elección se presentarían en el lugar designado para instalar la casilla, a las ocho de la mañana, el instalador y su suplente, así como los empadronadores de la sección, y de al menos nueve ciudadanos inscritos en el padrón de la sección nombrarían a un presidente, dos secretarios y dos escrutadores. Si no hubiese con quien integrar la mesa de casilla podrían mandar a llamar a ciudadanos por medio de la policía. Se entregaría a éstos el padrón y las boletas de reposición.

Una vez integrada la mesa de casilla, ésta permanecería abierta hasta las tres de la tarde o cuando dejase de haber votantes. En la casilla sólo podrían permanecer los integrantes de la mesa, los empadronadores y representantes de partido político o candidato independiente.

Los votantes, se especificaba, entregarían al presidente de la casilla su boleta doblada, para que, a su vez, la entregase a uno de los secretarios, quien la depositaría en el ánfora. En cada boleta iría escrita, de puño y letra del votante, el nombre de la persona o personas por las que votaba, así como también la firma del votante. Si no supiese escribir entonces debería ir acompañado de un testigo que sí supiera hacerlo para que éste lo escribiese en la boleta correspondiente una vez que el votante, en presencia de la mesa de casilla, dijera en voz alta el nombre de la o las personas por las que votaba. No podría haber personas que indicaran el sentido del voto, ni en la casilla, ni en sus alrededores.

Los representantes de partido o candidato independiente, así como los ciudadanos de la sección podrían presentar reclamaciones por suplantación de votos, error en el cómputo, presencia de gente armada en las casillas o alrededores, incapacidad para votar por causa posterior a la fijación de las listas y admisión indebida de votantes que no fueran vecinos de la sección o de personas que tomasen el nombre de las inscritas en el padrón.

Cerrada la casilla se procedería al conteo de votos y el levantamiento del acta y expediente electoral, que serían elaborados por duplicado y guardados bajo cubierta cerrada y firmada por quienes suscribían el acta. Un tanto debía ser entregado a la autoridad municipal y el otro quedar en resguardo del presidente de casilla para entrega a la Junta Computadora.

Los secretarios, una vez concluido el proceso, colocarían los resultados en un lugar visible de la sección, inmediata a la casilla. Darían también a los representantes de partido o candidato independiente copia del acta. Si la casilla se hubiese instalado en lugar distinto al especificado previamente, sería considerada nula.

El jueves siguiente a la elección, en un espacio previamente designado por la autoridad municipal, se reunirían y se constituirían en Junta Computadora, nombrando para ello un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y dos escrutadores. Los presidentes de casilla entregarían a la Mesa de la Junta Computadora los expedientes electorales. Tras revisar que todo estuviera en orden, sin alteración del expediente, se realizaría el cómputo de la siguiente manera:

Uno de los escrutadores leerá una por una las boletas de cada expediente, diciendo en alta voz el nombre del votante, el de la persona Por (sic) quien sufrago y si ésta fue designada para propietario o Suplente; nombres que repetirá también en alta voz el otro escrutador, después de ver la boleta respectiva. Uno de los Secretarios anotara el nombre del votante, y el otro ira formando la lista de votos obtenidos por cada Candidato. Los expedientes electorales se irán examinando según el orden numérico de las Secciones a que pertenezcan21.

Así, al final, y si se estuviera de acuerdo con los conteos, se declararían los ganadores por mayoría de votos y se les entregaría la credencial que los acreditaba como presidentes, alcaldes, síndicos o regidores. Se levantaría un acta que se entregaría a las autoridades municipales y copia de ésta a los representantes de los partidos políticos y, si los hubiese, de los candidatos independientes. Se publicarían los resultados en lugar visible y de fácil acceso.

El procedimiento para elegir gobernador y diputados sería similar, sólo variarían las fechas —primer domingo de julio—. De igual manera, terminado el cómputo, las actas y expedientes electorales serían enviadas a la Secretaría del Congreso y se publicarían posteriormente en el Periódico Oficial del Estado, colocándose además en lugares públicos y visibles, dando aviso a la Secretaría de Gobierno del Estado.

Varios elementos se pueden destacar de esta legislación electoral: 1) la organización del padrón, que debía hacerse público y, en general, de las elecciones, recaía en las autoridades políticas; 2) el voto directo; 3) la impresión de boletas con los puestos a elegir; 4) la existencia de partidos políticos que propusieran candidatos, cuya única condición era que no incluyeran nombre o denominación religiosa o formas exclusivamente a favor de individuos de cierta raza o creencias; 5) la aceptación de la participación de candidatos independientes de partidos políticos;22 6) el único requisito para participar de las elecciones como candidato era registrase 30 días antes de la elección ante las autoridades municipales; 7) había una participación relevante de los ciudadanos en la integración de las mesas de casillas y juntas de cómputo; 8) si bien se utilizaban boletas, que facilitan el conteo, el sentido del voto de gran parte de la población —que no sabía leer ni escribir— podía conocerse, con lo que al final de cuentas había posibilidades de manipulación y presión directa al votante; 9) de igual forma, se mantenían las posibilidades de manipulación en la integración del padrón y la entrega de boletas.

En 1919 hubo elecciones para gobernador y se puso a prueba esta legislación. Compitieron, Severiano Martínez por el Partido Liberal Potosino y Rafael Nieto por los partidos Liberal Obrero, Liberal Reformista y Reformista Independiente. El ganador fue Severiano Martínez, sin embargo, los nietistas denunciaron fraude y se formaron dos gobiernos paralelos con dos congresos paralelos, aunque quien gobernó efectivamente fue Martínez a partir de septiembre de 1919.

Este nuevo gobierno no escapó a la dinámica de los interinatos, así que en enero de 1920 Pedro Moctezuma asumió como gobernador por 10 días, luego regresó Severino Martínez hasta principios de febrero, cuando asumió nuevamente Pedro Moctezuma por 14 días, regresó nuevamente Severino Martínez y en mayo fue sustituido por Paulino N. Guerrero, quien asumió como gobernador provisional. Tras el reconocimiento del Plan de Agua Prieta y la muerte de Carranza, el presidente Adolfo de la Huerta reconoció a Rafael Nieto como gobernador, quien asumió como gobernador constitucional el 20 de octubre de 1920.

Nieto también continuó con la dinámica de los interinatos: en tres años tuvo 27, con Ángel Silva, José Santos Alonso, Pedro Martínez Noriega, Ángel Silva nuevamente, José Santos Alonso, Ángel Silva de nueva cuenta, José Fraga, una vez más Ángel Silva, Gonzalo N. Santos, Gabriel Martínez, José Santos Alonso, nuevamente José Santos Alonso, Gabriel Macías, José Santos Alonso, nuevamente José Santos Alonso, Lorenzo Nieto, Santiago Rincón Gallardo, Manuel Rodríguez Martínez, Alfredo E. Garza, una vez más Ángel Silva, Pío Mendoza, Tomás Estrada, Hermilo I. Carreño, Ángel Silva una vez más, Gabriel Macías, y nuevamente Gabriel Macías y Lorenzo Nieto.

Pese a estos cambios constantes, en 1921, siendo gobernador Rafael Nieto, daría comienzo la evolución del diseño institucional para la organización de las elecciones. Se decretaría una nueva Ley Electoral23 que contendría varias modificaciones importantes que indican un cierto grado de sofisticación, probablemente derivadas de la experiencia inmediata. En primer lugar, se dispuso de una división territorial simplificada, con distritos electorales y secciones; en segundo lugar, para la revisión y formación de las listas electorales se dispuso de tres consejos: a) de listas electorales, b) de distritos electorales, y c) electorales municipales.

La integración del Consejo de Listas se haría mediante la selección por sorteo de nueve integrantes propietarios y mismo número de suplentes, quienes serían propuestos uno por ayuntamiento. Sus tareas eran inspeccionar y dirigir los servicios referidos a las listas electorales, conservar los ejemplares impresos de las listas definitivas, procurar su perfeccionamiento, consignar a las autoridades competentes las quejas que pudieran recibir y acusar a los infractores de la ley electoral, y proponer la modificación de los distritos en forma argumentada, entre otras. Así, la integración del padrón ya no era solamente responsabilidad de los ayuntamientos.

El consejo distrital se compondría de cuatro propietarios y cuatro suplentes, ciudadanos en ejercicio de funciones sin empleo o cargo en la función pública, que supieran leer y escribir. Serían seleccionados por una comisión integrada por el presidente municipal de la cabecera de distrito electoral y dos de los competidores en la elección o, si faltasen, expresidentes recientes y cuatro ciudadanos designados por insaculación. Se colocarían en un ánfora los números de la lista electoral que correspondieran a cada ciudadano que supiera leer y escribir de la cabecera distrital y de ella se sacarían cuatro propietarios y cuatro suplentes.

El consejo municipal, a su vez, se formaría con el síndico del ayuntamiento del que se trate, dos de sus competidores en las elecciones o, en su ausencia, exsíndicos y cuatro ciudadanos de la municipalidad insaculados, además de seis suplentes seleccionados por insaculación.

De esta forma, los tres consejos se encargarían de las listas electorales y la división en secciones. Las listas contendrían el número de sección, distrito, municipalidad, nombre y apellidos del ciudadano, estado civil, profesión, industria o trabajo, edad, si sabían leer y escribir, el nombre de la calle, número, letra o seña de la casa habitación.

En cuanto a la preparación de las elecciones, 60 días antes del día de la elección los presidentes municipales de la capital, cabeceras de distrito y los demás municipios debían publicar el aviso de apertura por 30 días de los registros de los colores y candidatos para gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos. Una vez concluido el periodo de registro debían comunicar en 24 horas a todos los municipios que correspondiera el registro de candidatos y colores.

Pasados tres días del cierre de registro, el Consejo Electoral Municipal debía entregar las credenciales a los electores, para su acreditación; éstas debían corresponder a un modelo preestablecido y debían ir firmadas por el presidente del Consejo y su secretario. Las credenciales se debían entregar 14 días antes de las elecciones, con cinco días para hacer reclamaciones y solicitar inscripción en las listas.

Catorce días antes de las elecciones se debía publicar el listado de casillas y los lugares de su instalación, así como el nombre del instalador propietario y suplente, nombrados por el ayuntamiento, debiendo ser electores de la sección y no tener cargo público. Once días antes de la elección los presidentes municipales mandarían hacer las boletas para la votación, en número igual al de electores con derecho a voto más 50 por ciento para reposición. Tanto las boletas como las credenciales de electores debían ser costeadas por los municipios y existía la posibilidad de que fueran pagadas por los candidatos independientes o los partidos políticos.

Siete días antes de la elección debían registrarse ante los ayuntamientos los números de credencial de quienes fungirían como representantes de los partidos y candidatos independientes. Si se negara la autoridad al registro se aplicaría una multa y el interesado podría acudir al Consejo de Distrito o de Listas Electorales para hacer el registro.

Tres días antes de la elección debían tenerse en la presidencia municipal las boletas para la votación, selladas por el ayuntamiento, y podían ser firmadas por los representantes de partido o candidatos independientes, entregando en un acta el número de boletas. El día previo a las elecciones se revisarían las listas de cada sección para sacar de ella a quienes hubiesen fallecido o perdido sus derechos políticos.

Las casillas debían instalarse el día de la elección, a las nueve de la mañana, en los lugares seleccionados y dados a conocer previamente. Una vez contando con la presencia mínima de cinco votantes se instalaría la mesa de casilla, nombrando un presidente, dos secretarios y dos escrutadores por mayoría de votos de entre los votantes presentes, siempre y cuando supieran leer y escribir y no fueran empleados públicos o tuviesen un cargo público. El instalador entregaría entonces el material para la votación, incluidas las boletas.

Los representantes de partidos o candidatos independientes podrían estar presentes, vigilar y hacer las observaciones sobre el procedimiento de instalación, así como firmar el acta de instalación. La mesa o gabinete para la votación se debía instalar en un lugar apartado del personal de la casilla y alejado de la vista del público para que se pudiera conservar la secrecía del voto.

La votación se realizaría de la siguiente forma: al presentarse cada elector con el presidente de la casilla, éste debía revisar su presencia en el listado de la sección; en caso de encontrarse registrado entregaría la boleta a cambio de la credencial, el secretario registraría la entrega de boletas, el elector se retiraría al lugar dispuesto como casilla para, en secreto, marcar con una cruz el anillo del color del candidato registrado o inscribir el nombre de un candidato no registrado. Si el elector no supiese leer y escribir y quisiera votar por un candidato no registrado podría pedir a un testigo que le acompañase para que éste lo anotara en la boleta, sin revelar el sentido del voto. Emitido el voto se depositaría doblado —para que no pudiera verse el sentido del voto— en el ánfora correspondiente a la elección de que se tratare.

A las cinco de la tarde se cerrarían las votaciones. Se cancelarían las boletas sobrantes y se haría el expediente de las incidencias. Se procedería a abrir las ánforas, contrastando el número de votos en el ánfora con el de electores que votaron. Se daría lugar entonces al conteo de los votos, mostrando al final que las ánforas quedaban vacías. Finalmente se llenarían los formatos correspondientes para colocar afuera de la casilla, el expediente electoral y el acta de resultado, de la que se entregaría copia a los representantes de partido o candidatos independientes y a la prensa —si la hubiese—. El presidente de casilla quedaría en posesión del expediente electoral para su entrega a la Junta Computadora y otro paquete en posesión de uno de los secretarios.

El jueves siguiente a la elección, en un lugar designado por el presidente municipal, de la cabecera municipal o de la cabecera de distrito —si la elección fuera para diputados y gobernador— se reunirían los presidentes de casilla. El presidente de la primera casilla de la cabecera hará las veces de presidente de la Junta, nombrando dos secretarios y dos escrutadores, con quienes se llevaría a cabo la elección de la mesa de la Junta, seleccionando los presidentes de casilla de entre ellos por medio de voto secreto y a través de mayoría: un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y dos escrutadores.

Instalada la mesa de la Junta Computadora se realizaría la entrega e inventario de paquetes electorales, su revisión y conteo de los votos de acuerdo con los resultados consignados en las actas, constatando sólo en caso de protestas sobre el resultado si era consistente el número de votos registrado con el de votos contenidos en el paquete. Terminado el proceso de cómputo se debía emitir el acta correspondiente con el número de votos de cada candidato y señalando cuál obtuvo el mayor número de votos. Los paquetes cerrados y sellados contiendo el acta correspondiente de los resultados debían remitirse al Congreso o a las autoridades municipales, si fuese el caso de elección de ayuntamientos. El Congreso calificaría los resultados de las elecciones.

Como se puede observar, esta legislación es mucho más precisa y detallada que las disposiciones anteriores. Si bien los procedimientos en general son los mismos, se incluyen precisiones para mantener la secrecía del voto y conformar un cuerpo permanente responsable de los listados electorales; se incluye el rol y requisitos a cumplir de los partidos24 —que se comienzan a complejizar—, se considera a los candidatos independientes25 y sus representantes, así como el rol de las autoridades municipales y de los ciudadanos. Las disposiciones indican un interés por dotar de especialización y orden a la organización electoral, así como proveerla de publicidad, vigilancia y participación ciudadana que contribuyeran a dar certeza a los resultados.

Con estas nuevas disposiciones, en 1923 la elección para gobernador estuvo marcada por conflictos, intimidaciones, amenazas de muerte, pistoleros, compra de votos, robo de ánforas y hasta asesinatos26. Compitieron Aurelio Manrique por los partidos Nacional Agrarista, Reformista, y Laboral, quien contaba con el apoyo del presidente Álvaro Obregón, así como Jorge Prieto Laurens por el Partido Cooperativista Nacional, que para la sucesión de 1924 apoyaba a De la Huerta, mientras que Obregón apoyaba a Calles.

Así, la elección quedó en medio de las disputas políticas nacionales. Ambos candidatos se declararon ganadores, Obregón declaró desaparecidos los poderes, y se precipitó una serie de interinatos: Graciano Sánchez y Lorenzo Nieto ocuparon el lugar de gobernador hasta diciembre de 1923, cuando Manrique, una vez controladas las revueltas contra Obregón y a favor de De la Huerta, asume como gobernador constitucional.

Manrique tampoco escaparía a los interinatos: en su periodo de gobierno habría nueve, que fueron cubiertos por Hilario C. Hermosillo, Octaviano Rangel, Hilario C. Hermosillo nuevamente, Rafael F. Chávez, Arturo Saucedo en dos ocasiones, Graciano Sánchez, Octaviano Rangel nuevamente y Ricardo Aldape Chico. A finales de 1925, el Congreso, a instancias de Cedillo, destituyó a Manrique y nombró sustituto a Abel Cano, cercano a Saturnino Cedillo, quien, a su vez, llegaría a la gubernatura en septiembre de 1927, dando lugar a una nueva etapa en la política potosina.

2.2. EL CAUDILLAJE MILITAR COMO ORIGEN DE LA ESTABILIDAD LOCAL

El periodo revolucionario fue otro momento álgido en la lucha por el poder y la organización del Estado nacional. Las disputas también se vivieron intensamente en territorio potosino, provocando una gran inestabilidad en la definición de los gobiernos legales y legítimos, pues los cambios del dominio efectivo armado sobre el territorio nacional y el local se reflejaban en los jefes militares que tomaban el rol de gobernadores estatales o que apoyaban a los actores locales que tomaban el cargo27. Este periodo cambiante termina con el ascenso de Saturnino Cedillo como gobernador del estado en 1927.

Saturnino Cedillo fue un militar potosino revolucionario destacado y un actor clave para entender los orígenes de la política autoritaria en el sistema político potosino. Con su muerte, en 1939, se termina una era de caudillajes revolucionarios proclives a los alzamientos militares, así como el propio “cedillismo” 28. Ahora bien, la muerte del caudillaje revolucionario no implicó que desaparecieran las “islas regionales de poder” que sucederían a tales caudillajes29.

Saturnino Cedillo Martínez es originario del municipio de Ciudad del Maíz, SLP. Nació en 1890 y murió en 1939. Este personaje fue el principal líder de la guerra revolucionaria en SLP, junto con sus hermanos Magdaleno y Cleofas Cedillo. Su carrera político-militar destaca por adherirse a los bandos revolucionarios “triunfantes” de manera convencida, obligada u oportuna: primero apoyó el levantamiento maderista contra Porfirio Díaz y tomó su municipio natal por las armas en este primer estallido revolucionario; posteriormente se unió a Pascual Orozco, pero fue derrotado por las fuerzas maderistas, consiguió el indulto y se replegó a sus tierras en su municipio; a la caída de Madero por el golpe de Estado que infringió Victoriano Huerta, Cedillo y sus hermanos se levantan en armas contra este último. En esta etapa, su levantamiento les permite controlar la mayor parte de la zona media y municipios estratégicos de la zona Huasteca de SLP. Apoya la Convención de Aguascalientes y después, cuando Venustiano Carranza asume el poder junto con sus fuerzas constitucionalistas, Cedillo se opone a Carranza y se alía a Francisco Villa, las fuerzas carrancistas toman Ciudad del Maíz y matan a los hermanos de Cedillo. Saturnino escapa y logra replegarse para tiempo después aliarse al bando de Álvaro Obregón, el cual derrotaría a Carranza. Esta fue la alianza que lo afianzó en el poder político del estado, pues Obregón lo nombró general de brigada y jefe de armas en SLP. Desde esta posición sofocaría los levantamientos en contra de Obregón y Plutarco Elías Calles30.

A la muerte de Obregón, y bajo el mando de Calles, Cedillo destacó como general sofocando los levantamientos cristeros por la fuerza, pero también con tácticas de pacificación con los alzados confesionales31; para 1927 fue gobernador de SLP hasta 193132, y gobernó el estado acompañado por allegados de su confianza emanados de la lucha y organización gremial agraria en SLP, lo cual generó una creciente tensión y antipatía de los sectores de la sociedad urbana potosina y sus élites o clivajes privilegiados, su incipiente clase media y los nacientes sectores obreros que se empezaban a asociar en organizaciones corporativas del Partido Nacional Revolucionario, del que había sido uno de sus principales fundadores.

Los años de Plutarco Elías Calles, cuando fungió como “jefe máximo”33 de la Revolución, de 1929 a 1934, fueron, a la par, los años de apogeo de Saturnino Cedillo como el análogo Jefe Máximo de la política potosina: este caudillo local tuvo una enorme relevancia no sólo durante su periodo como gobernador, sino también en los dos gobiernos que le sucedieron, encabezados por Idelfonso Turrubiartes (1931-1935) y Mateo Hernández Netro (1935-1938), así como a través de destacados diputados locales y políticos de confianza en la administración pública local, que eran amigos cercanos y personas de confianza34, emanados de los cuadros de la lucha armada agrarista. Su importancia llegó al punto de que “su nombre era sinónimo de gobierno del estado”35.

El episodio final del cedillismo comenzó cuando el caudillo local parecía más fuerte. En la disputa contra Calles por el control de la nominación del candidato presidencial, su nombre se manejó como uno de los posibles candidatos presidenciales del PNR a la elección de 1934, sin embargo, optó por apoyar a Cárdenas, aun con la oferta de Calles de apoyar su candidatura. El mismo Cedillo y Portes Gil lanzarían la candidatura de Lázaro Cárdenas en un congreso agrario realizado en el estado36.

Al triunfo de Cárdenas, y tras la disputa por el poder real entre éste y Calles, Cedillo fue nombrado secretario de Agricultura. Mientras tanto, Cárdenas destituía a los caciques y gobernadores de varios estados con lealtad a Calles (Tamaulipas, Tabasco, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Durango y Guanajuato) y retiraba generales como parte de su estrategia por hacerse con el control político nacional de manera efectiva. Este proceso de centralización de la política, y la desavenencia entre las ideas agrarias, educativas y religiosas que impulsaba Cárdenas y las que defendía Cedillo, crearon tensiones insalvables, mismas que se evidenciaron en la intervención que tuvo el PNR en la selección de candidatos a la elección de 1937, proceso en el cual se debilitó la fuerza cedillista, que se sumó a la “renuncia aceptada” del caudillo potosino como secretario de Agricultura37.

La ruptura política entre estos dos actores llevó a Cedillo a explorar la posibilidad de convertirse en candidato a presidente en la siguiente elección. Al ver sus escasas posibilidades en el PNR, valoró unirse a los pequeños partidos y asociaciones de derecha que existían, e inclusive consideró la posibilidad de una revuelta armada. Mientras tanto, poco a poco iban quitándole la influencia que tenía sobre el ejército, atacando su reputación como líder agrario y disputándole la lealtad y organización de los campesinos, debilitando así las posibles fuerzas que pudiera movilizar38.

Con acciones erráticas, entre la docilidad y la rebeldía al gobierno de Cárdenas, fue perdiendo apoyo y, finalmente, decidió levantarse, pero pronto fue desarticulado y su estrategia desafortunada llevó a la renuncia del gobernador Hernández Netro, con lo que perdía la influencia que le quedaba sobre la política y sus cuadros políticos al frente de la administración del estado. Con la renuncia de Hernández desaparecerían los poderes locales y se ordenaría desde el centro un gobernador provisional. Tal debilidad llevó a que sus aliados en otras partes del país optaran por acatar al gobierno federal con una nueva rebelión en vez de apoyarlo. El alzamiento de Cedillo contra Cárdenas fue sofocado con rapidez por las fuerzas federales y Saturnino Cedillo murió. Las versiones se dividen entre si murió en combate o asesinado por tropas federales, en lo que fue uno de los últimos episodios violentos del caudillaje revolucionario, el 11 de enero 1939 en la Sierra de la Ventana en SLP.

A su muerte seguiría un “paréntesis de represión”39 local que duró de 1939 a 1943, con gobernadores interinos designados desde el centro político nacional y que sólo rendían cuentas a éste. Así fue nombrado Genovevo Rivas Guillén y luego Reynaldo Pérez Gallardo —antiguo colaborador de Cedillo—40, quien encabezó una purga de los cuadros cedillistas de la política local y nacional41, pero dado el impacto de la violenta represión, sería sustituido por Ramón Jiménez Delgado.

Con lo anterior en cuenta, se puede observar que el cedillismo, más allá de entenderlo como una narrativa más del caudillaje militar revolucionario en SLP, dio cuenta de un momento de transición necesario para alcanzar la estabilidad y el control local en un nivel inicial para lo que sería el posterior régimen autoritario postrevolucionario y sus dinámicas políticas. En este periodo “las ideas, los hombres y las fuerzas que buscaban dar sentido a los procesos de cambio contemporizaban con quienes encontraban en la violencia, en el uso estratégico de ella, el instrumento definitorio de los sucesos”42.

En razón de esto, Cedillo, más que un político que efectuase cálculos estratégicos en su entorno de influencia fue un líder con convicciones agrarias y un militar que utilizó la violencia y sus fuerzas de origen rural en forma estratégica para defender su territorio y legitimarse ante su gremio de campesinos armados, dispuestos a movilizarse a su orden. Esta combinación de militar con legitimidad revolucionaria, junto con la capacidad de movilizar a cientos de campesinos armados volvió a Cedillo un intermediario básico entre la convulsa periferia y los actores políticos nacionales en el centro. Un centro que buscaba en esa época apaciguar las constantes revueltas en las regiones y, sobre todo, buscaba consolidar a toda costa la centralización del poder presidencial, su burocracia federal y su posterior concentración.

Así pues, la era cedillista se vivió en medio de una política local con unas instituciones políticas en extremo inestables. Cedillo, a su vez, gobernó el estado a su modo informal y al amparo de esta pobre institucionalización política. Como tras la revolución era un actor útil para alcanzar la estabilidad regional, desde el centro se le permitió libertad de decisión, plena discreción y control político sobre el estado. Con su muerte quedó confirmado un rasgo claro de la era postrevolucionaria: los levantamientos armados ya eran inviables como medio de resolución de la disputa política y, en cambio, el proceso de institucionalización era una alternativa bastante razonable para obtener dádivas políticas43 y no perderlo todo en la apuesta por la violencia insurreccional.

Entonces, si el control político revolucionario había sido posible gracias al uso estratégico de las fuerzas militares —fueran regulares o no— puestas a disposición de un caudillo, ahora, a partir de Cárdenas, ese control hegemónico del poder político se ejercería desde la vía institucional a través del Partido Revolucionario y su organización corporativa, no sólo militar. Y si bien los primeros en detentar esa nueva hegemonía política fueron los actores revolucionarios, éstos habían transitado de ser líderes revolucionarios que controlaban sus respectivos ejércitos, a ser políticos de tiempo completo y gobernantes.

Así, el poder político a partir de Cárdenas era producto del uso de las instituciones y ya no en exclusiva del uso reactivo de las armas, algo que aparentemente Cedillo —midiendo sus capacidades de movilización rebelde-agraria— no comprendió44. Además, el país se estaba trasformando al asumir el discurso e impulsar políticas de modernización en el plano social, y se producía el paso lento, pero consistente, de lo rural a lo urbano, y de lo campesino a lo obrero.

En síntesis, en este periodo una de las primeras lógicas del autoritarismo político local era que las disputas se arreglaban con el uso e imposición de la fuerza al opositor, antes que con el uso de las reglas políticas y, mucho menos, con los votos.

Y a pesar de que en San Luis Potosí algunos políticos emanados de la clase media y de centros intelectuales ilustrados, y que inclusive llegaron a ser gobernadores, como Rafael Nieto o Aurelio Manrique, trataron de impulsar las prácticas democráticas por medio de la política institucional, los reacomodos y disputas nacionales y regionales llevaron a que se impusiera la fuerza de los caudillos revolucionarios como forma de alcanzar una cierta resolución de los conflictos por el poder. Mediante un proceso de institucionalización por dos vías —el partido revolucionario y el fortalecimiento de la presidencia—, continuaría la imposición desde el centro, lo cual beneficiaría a los miembros de la clase política disciplinados dentro del Partido Revolucionario.

2.3. LA INFLUENCIA POLÍTICA DE GONZALO N. SANTOS SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO LOCAL, O DEL CACICAZGO POLÍTICO A LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

Gonzalo N. Santos es un ejemplo de este proceso de transición, ya que consolidó su oficio y habilidad política en las fases finales de la revolución armada. La guerra civil en el país y sus implicaciones políticas le permitieron a este actor hacer una carrera política a nivel nacional sin separarse de sus vínculos y cotos de influencia local, es decir, consolidó su carrera política en el centro político. Esto le ayudó a moverse entre SLP y la Ciudad de México, y de esta forma ocupar poco a poco los espacios de poder institucionales en el entonces naciente partido hegemónico y en el estado, así como ejercer la política de forma autoritaria, como lo habría hecho pocos años antes de él Saturnino Cedillo.

Gonzalo N. Santos fue electo gobernador de SLP para el periodo de 1943 a 194945, sin embargo, su influencia se prolongó a lo largo de la década de los cincuenta, al colocar a los siguientes gobernadores hasta 1958; además, su veto era determinante en la elección de líderes municipales al interior del estado, además de que colocaba a políticos en el Congreso estatal, el Poder Judicial y el resto de la Administración Pública local. Con Santos en el poder se ejerce en el estado otro episodio de “maximato local”, tal como lo representó Cedillo años antes.

Así, cualquier político local que anhelara el desarrollo y prosperidad en su carrera política tenía una seria ventaja si formaba parte de los amigos y cercanos a Santos, pues durante la década de los cuarenta y cincuenta él podía imponer con facilidad sus decisiones y vetos al interior del PRI, así como ejercer su influencia también en la política a nivel federal.

Gonzalo N. Santos no era ajeno a la familia revolucionaria. Desde la época del alzamiento en 1910, su hermano Pedro Antonio de los Santos fue un líder político e intelectual que se unió al maderismo y su lucha armada contra Porfirio Díaz. Fue abogado de profesión y se vinculó a los círculos intelectuales potosinos revolucionarios. Después del golpe que asesta Huerta contra Madero, Pedro Antonio es capturado y fusilado por las fuerzas federales a cargo de Huerta, lo cual, provoca que su hermano Gonzalo se incorpore de lleno a la guerra revolucionaria y sus dinámicas políticas.

La familia Santos es originaria del municipio huasteco de Tampamolón Corona; sus principales actividades comerciales y agrarias les permitieron ser parte de la incipiente clase media-alta en la región Huasteca46 del estado. A su vez, esta familia era parte activa de la vida política del municipio, donde disputaba con otras familias el control de la vida productiva y política de Tampamolón. Aunado a esto, la posición social de la familia les permitió a los hijos varones una formación universitaria en la capital del estado y la posibilidad de relacionarse con el círculo intelectual y político de su época. En consecuencia, la familia Santos no formó, en estricto sentido, un clivaje campesino-popular como el caso de Cedillo, aunque sí tenía influencia considerable en la región y en la política estatal.

Este trasfondo de clase y perfil familiar incidieron en la politización de Gonzalo y sus hermanos, así como en su toma de partido en la etapa revolucionaria. Gonzalo Santos, como lo hiciera Saturnino Cedillo, respaldó al bando político del caudillo nacional Álvaro Obregón, hecho que provocó su ingreso exitoso a la política nacional desde una joven edad: a los 24 años fue electo como diputado federal y reelecto por cuatro periodos consecutivos47.

Fue parte del comité ejecutivo nacional del Partido Nacional Revolucionario entre 1929 y 1933, llegando a ser secretario general del partido de 1931 a 193348. A la muerte de Obregón, Santos continúa del lado de Calles y después, de Cárdenas. A partir de 1934 es electo como senador hasta 1940; además, tuvo el cargo diplomático de embajador en Bélgica en años de la segunda guerra mundial.

Su carrera política inicia al ser parte del bando ganador revolucionario, pero después su habilidad se traslada hacia la política, lo que, a la muerte de Cedillo, le permite llenar el vacío de poder en el estado de forma rápida, gracias a la conexión política que tenía con el centro de la alta política nacional y a los lazos personales y de su familia con la política local.

Con Santos no sólo se vive la transición del caudillaje militar al cacicazgo, sino que este último se moderniza y consolida como institución informal. Es decir, se moderniza en el sentido de que el dominio político hegemonizado en un solo actor no depende exclusivamente del uso estratégico de la violencia local para uso favorable del centro político, como fue la dinámica cedillista, ni se centra solamente en el control del territorio, sino también en su habilidad para conducir el gobierno y la administración.

Así, una vez consolidadas las bases del sistema político mexicano, fundadas en un presidente fuerte y la competencia política restringida a un solo partido político, los cacicazgos locales, más que estar atenidos al ejercicio de la dominación a través de la violencia al servicio del caudillo, ahora dependían estrictamente de la institución política emanada del centro en forma del Partido Nacional Revolucionario (luego Partido de la Revolución Mexicana y, finalmente, Partido Revolucionario Institucional), y de que los nuevos gobernantes —aún los emanados de la revolución como Gonzalo N. Santos— hicieran, además de la carrera militar, una carrera política muy cercana a los actores clave en ese centro político nacional en la capital del país, en la Administración Pública Federal, en las instituciones representativas nacionales y, sobre todo, dentro y no fuera del partido hegemónico49. Este proceso de transformación quedaría expresamente claro con el arribo de Miguel Alemán a la presidencia, en 1946, quien ya no había sido combatiente de la Revolución.

A su vez, este momento era importante porque, si bien la participación política se canalizaba institucionalmente por el ahora Partido Revolucionario Institucional, también se buscaba la creación de un nuevo esquema institucional de competencia electoral. Así, en 1946, a la par de la Ley Electoral Federal50, siendo gobernador Gonzalo N. Santos, se decreta una nueva Ley Electoral51 estatal.

En esta legislación se definen órganos electorales responsables de la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral que son similares a los consejos de listas electorales, distritos y municipales de la ley previa, aunque ahora se denominarían Consejo Estatal de Padrón y Vigilancia Electoral, Comisión Distrital de Padrón y Vigilancia Electoral y Comité Municipal de Padrón y Vigilancia Electoral.

Su integración ya no sería por ciudadanos sorteados, sino por un representante del Congreso del Estado, nombrado por éste o la Diputación Permanente, por los jefes de los Departamentos de Gobernación y de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, y por dos comisionados de los partidos políticos registrados52, así como un suplente para cada uno. El Consejo sería presidido por el jefe del Departamento de Gobernación y tendría como secretario a un notario público. Debía quedar instalado dos meses antes de la elección.

Entre sus atribuciones, el Consejo Estatal de Padrón y Vigilancia Electoral tenía que expedir el reglamento para su funcionamiento y el de las comisiones distritales y comités municipales, pero quizá lo más importante, convocar a todos los partidos políticos registrados para de común acuerdo proponer a las personas que debían integrar las comisiones distritales y municipales, así como a los representantes de los partidos ante éstas. Si los partidos no lograban ponerse de acuerdo, el Consejo podría realizar las designaciones correspondientes.

Para que el Consejo funcionara legalmente requería la presencia de cuando menos dos de sus miembros representantes del Congreso o del Gobierno del Estado, así como el comisionado de uno de los partidos políticos. Las resoluciones se tomarían por mayoría de votos, teniendo el presidente del Consejo —el jefe del Departamento de Gobernación— el voto de calidad. Es decir, bajo el contexto de un régimen con un partido hegemónico, el funcionamiento del Consejo y de las Comisiones Distritales y Comités Municipales podría estar fácilmente bajo su control.

Para la integración de las mesas directivas de las casillas electorales, en el caso de elecciones de gobernador y diputados, las Comisiones Distritales convocarían a todos los partidos registrados a que realizaran propuestas de personas para integrarlas (un presidente, dos secretarios, dos escrutadores). Si hubiese acuerdo se nombrarían, y si no, entonces la Comisión designaría directamente a quienes integrarían las mesas de casilla.

Otro aspecto importante de la Ley Electoral Estatal de 1946 es que se refinan los requerimientos para constituir partidos políticos. Ahora sólo se reconocerían partidos políticos estatales que tuvieran 6 mil ciudadanos, con al menos 100 de ellos en las dos terceras partes de los municipios del estado. De igual forma se regulaba la organización interna al solicitar en los estatutos que se especificara la forma de elección interna de candidatos, programa de educación para sus agremiados, sanciones, integración de asamblea estatal, comité ejecutivo y comités directivos municipales; ya no se contemplaban candidatos independientes53. Es decir, se buscaba organizar un sistema de partidos estable, institucionalizado.

Los responsables de las boletas para las votaciones serían el Comité Estatal, que aprobaría el modelo a utilizar, conteniendo los nombres de los candidatos, los colores registrados por él o por los partidos que lo postularan, el puesto para el que se postulaba y la información general del distrito o municipio y la sección correspondiente. Además, irían firmadas y selladas por el presidente y secretario de la Comisión o del Comité, dependiendo del tipo de elección. De igual forma, las ánforas para la votación debían ir selladas.

En cuanto a la instalación de las casillas, los lugares serían designados por la Comisión o Comité, según el caso; de igual forma se darían a conocer previamente al día de la elección los lugares donde se ubicarían las casillas. Los partidos podrían impugnar tanto los nombramientos de mesas directivas como las ubicaciones. Los candidatos podían nombrar representantes, uno general y los demás para las casillas. El horario de votación sería de 8 a 4 de la tarde. La elección sería con voto directo y secreto para los varones mayores de 21 años, o de 18 si estaban casados.

Tras realizar el conteo, al elaborar el acta no se asentarían polémicas o disputas, y aunque se daba a entender que podría ser firmada por quien deseara hacerlo, si alguno de los representantes o funcionarios de casilla no las firmaba bastaba con que los demás firmaran para que fuera válida y se informara al ministerio público para que impusiera una multa a quien se hubiese rehusado firmar. Las protestas podrían ser entregadas al presidente de casilla por escrito y debían incorporarse al paquete del expediente electoral.

Las Juntas Computadoras se integrarían pasados tres días de las elecciones, y se organizarían con un presidente, dos secretarios y dos escrutadores, que serían elegidos por voto secreto de entre los presidentes de casilla. Al finalizar el cómputo se entregaba una copia certificada de los resultados a los partidos y candidatos. La calificación de las elecciones estaba a cargo del Congreso del Estado.

Otro aspecto interesante de esta ley es que especifica sanciones para quien violase las disposiciones. De igual forma, establece un periodo de 48 horas previas al día de la elección en los que quedaba prohibida toda propaganda.

A esta legislación se le realizarían al menos 14 modificaciones para precisar los procedimientos. Entre las más relevantes se encuentran, a finales de 1951, la que otorga el derecho a las mujeres a votar y a ser votadas en las elecciones municipales54; y en 1954 se amplía de 9 a 11 el número de distritos electorales55.

Con esta transformación institucional en proceso, había un momento de hibridez en la clase política porque los políticos del naciente sistema56, si bien se tenían que ajustar a esta nueva realidad, no eran ajenos al uso de la dominación por medio de la violencia física; cierto es que ya tenían una larga carrera política, pero al emanar todavía de las filas revolucionarias y ser militares, conocían y sabían utilizar tales medios de control57.

En el caso de Santos, fue conocido a lo largo de su carrera política por emplear a sus pistoleros para intimidar opositores políticos dentro y fuera del partido hegemónico, al servicio de los políticos del centro y contra sus enemigos políticos locales. Así, durante su gobierno y su dominio en el estado, para controlar a sus opositores aplicó la regla informal conocida como los tres “ierros”: “encierro”, “destierro” o “entierro”58.

A su vez, él conciliaba y canalizaba las demandas para hacerlas llegar al aparato corporativo del partido o a la alta burocracia del gobierno federal, convirtiéndose en el intermediario entre el estado y el centro político. Así, sus prácticas personales en el manejo político superaban a las mismas instituciones políticas, pues todas estaban alineadas con él ya que la gente que formaba parte de ellas había sido electa con su estricto beneplácito. Santos solía declarar que la política era un asunto de su propia exclusividad59 y prefería que los sectores gremiales de la sociedad se dedicaran a sus propias actividades, pero no a la política, ya que no aceptaba de facto ninguna competencia. Esto revela el carácter y la concentración del poder político en torno a su figura60.

Esta dinámica autoritaria y personalísima de ejercer el poder político entraría en conflicto con ciertos sectores más politizados de la creciente clase media de San Luis Potosí los cuales, a raíz del proceso de modernización, se formaron y también educaron a las nuevas generaciones en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Tal choque se manifestó primero como una creciente tensión entre Santos y la Universidad por mantener el control de su autonomía institucional pues él, desde su sexenio como gobernador de 1943 a 1949, y después en el sexenio de Ismael Salas Penieres (1949-1955), había conseguido asegurar el control político de la UASLP con rectores poco críticos hacia el gobierno y su desmedida influencia personal.

Esta condición de estabilidad política sostenida con un férreo control autoritario de los posibles centros críticos de la sociedad potosina cambiaría a partir de 1955, ya en el gobierno de Manuel Álvarez López (1955-1958), gobernador que, como su antecesor, estaba ligado muy de cerca a los intereses de Santos. La crisis política estalló con este último, lo cual no le permitió completar el periodo, pues la tensión por la intervención en la autonomía universitaria se convirtió en una confrontación política y directa oposición contra Gonzalo N. Santos.

En concreto, esta tensión entre la Universidad y el gobierno escaló en 1955, a partir de la selección del médico Manuel Nava Martínez como rector de la UASLP. Santos, consciente de que el médico escapaba de sus círculos de influencia y control, trató de convencerlo para que desistiera a asumir como rector de la UASLP, y a cambio de esta proposición se comprometía a garantizar vastos recursos para la Universidad a través de sus contactos con el poder federal61.

Manuel Nava declinó la oferta y reafirmó su oposición total a la intervención del gobierno en la autonomía universitaria, respaldado por su capital social y liderazgo dentro de la universidad, en especial en la Facultad de Medicina y en la naciente Facultad de Ciencias Sociales62. Este apoyo también se extendía afuera de la UASLP, pues al carecer el estado de un sistema de seguridad social que proveyera atención médica pública, Manuel Nava, junto con sus hermanos Rafael, José y Salvador, también médicos, atendían a las familias y a los obreros de los gremios locales a cambio de cuotas periódicas de sus respectivas empresas, lo cual les valió una muy buena posición social y reconocimiento popular.

Con lo anterior, al momento de la confrontación directa con Santos, Manuel Nava logró posicionarse no sólo como un actor académico, sino como un actor político con legitimidad popular. La maniobra de Santos para impedir la llegada de Nava a la rectoría fue repudiada por la sociedad potosina de la capital y por parte de la comunidad universitaria, que vio a Santos como un actor ilegítimo que se había excedido al tratar de cooptar la autonomía universitaria y de paso silenciarla como un espacio crítico.

De esta forma, las condiciones de contingencia se iban formando para limitar, desde lo local el poder de Santos, a pesar de que éste había logrado asegurar su poder gracias a los tratos y alianzas cercanas que garantizaban la estabilidad del estado y su apoyo con los presidentes Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortínez (1952-1958). Esta alianza entre Santos y el centro se resquebrajó de forma clara en la sucesión presidencial de 1958, en la cual sus intereses no fueron cercanos con el ya entonces candidato y futuro presidente Adolfo López Mateos (1958-1964)63.

Santos y López Mateos, a pesar de conocerse en el ámbito de la política nacional, no conciliaban sus proyectos de poder; para fines de los años cincuenta el presidencialismo mexicano se tornaba cada vez más centralizado respecto a la toma de decisiones locales y acrecentaba la concentración de poder real. Esto no permitía competencias con los caciques locales, algunos de los cuales, al no garantizar la estabilidad local o la lealtad al presidente, se convirtieron en un incómodo obstáculo para que el presidente de la República y su círculo de políticos en el poder controlaran el partido y las carreras políticas locales de quienes aspiraban dar un salto a la política nacional o asegurar sus carreras en lo local, siempre dentro del partido hegemónico. Además, Santos, que tenía una profunda amistad con Flores Muñoz y Morones, los competidores aparentemente más fuertes en la disputa por la postulación, se perfiló por apoyarlos en la candidatura presidencial, de manera que López Mateos aprovechó la situación para debilitarlo y no interceder por él ante las crecientes presiones de la oposición local.

Para 1957, en plena campaña presidencial, las condiciones se acomodaron para que la sociedad potosina aprovechara la coyuntura que desplazaría al cacique por completo. Por un lado, la coyuntura se configuró gracias a la directa oposición navista que comenzó, como se vio atrás, desde los centros críticos, politizados y educados dentro de la UASLP, que chocaron con la lógica autoritaria gobernante. Manuel Nava mantuvo su liderazgo político desde 1955 en la UASLP hasta fines de 1957, pues un año después falleció por cáncer. La lucha política fue continuada por su hermano Salvador Nava, quien desde la universidad organizó cuadros políticos dedicados a preparar su entrada en la política local.

Por otro lado, al interior del PRI, varios militantes que no tenían el respaldo de Santos, al observar que la candidatura presidencial de López Mateos se oponía en directo con el cacicazgo local, aprovecharon para organizarse y ganar impulso dentro del PRI de SLP, y desafiarlo. Como muestra de esta fractura regional en el priismo local, los integrantes y dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), organización corporativa del PRI, fueron los primeros en lanzar, por medio de sus líderes José E. de la Cruz —político de la etapa cedillista y disidente de Santos dentro del PRI— y Enrique Rangel, la candidatura de López Mateos en SLP64.

En contraste, la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) que en SLP era controlada completamente por Santos, quedó desalineada. Otros liderazgos priistas crearon desde el partido organizaciones locales que se sumaron a López Mateos y se oponían a Santos. Tal fue el caso de la Alianza Cívica Potosina (ACP) fundada por José E. de la Cruz, mencionado antes; y el Frente Reivindicador de la Ciudadanía Potosina (FRCP), fundado por Franco Carreño (ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y amigo de López Mateos) e Ignacio Gómez del Campo (presidente municipal en la época de Santos y secretario de Gobierno con Ismael Salas)65.

En medio de una ruptura local de parte del priismo con Santos, Salvador Nava decidió, en conjunto con otros profesionistas universitarios que le respaldaban y constituían un primer cuadro político cercano, participar de forma activa y directa en la política local. Nava decidió aprovechar la fractura del priismo para sumarse al mismo PRI y competir desde adentro de este partido para lograr un liderazgo cívico-democrático.

En julio de 1958 Nava, en conjunto con su cuadro político de profesionistas universitarios organizó la Federación de Profesionistas e Intelectuales del Estado de San Luis Potosí (FPEI) y se adhirió al PRI local. El objetivo de influir en las decisiones desde adentro del partido para conseguir candidaturas de abierta oposición con Santos no se consiguió, pues éste logró controlarlo y garantizar candidatos cercanos a su círculo de poder. Tal hecho impidió a Nava proseguir su estrategia política desde adentro del PRI, y apoyado en las otras organizaciones priistas disidentes de Santos, la FRCP y la ACP, conformó la opositora Unión Cívica Potosina (UCP), una suerte66 de partido político coyuntural que impulsó a Nava a derrotar a Santos en la capital al ganar la alcaldía.

Las elecciones para la alcaldía de SLP se celebraron en octubre de 1958 y en ellas triunfó el movimiento navista de la mano de la UCP. El priismo local se resistió en un inicio a reconocer la victoria en la capital de Nava, lo cual desató plantones y actos de resistencia pacífica ese noviembre de 1958. Las protestas populares fueron tales que consiguieron la dimisión del gobernador Manuel Álvarez.

La retirada de Álvarez del gobierno fue una clara señal de la debilidad del cacicazgo de Santos, sobre todo porque él no tuvo la posibilidad de influir en la elección del siguiente gobernador interino, quien sería electo desde el centro. Francisco Martínez de la Vega era un personaje conocido en el periodismo nacional por su postura ideológica considerada de “izquierda” dentro del mismo nacionalismo revolucionario67. El gobierno de Martínez de la Vega coexistió con el de Nava en la alcaldía de la capital durante los tres años siguientes para concluir el sexenio 1955-1961.

1961 sería un año electoral de sucesión en el gobierno de SLP en el que ahora el factor determinante, por primera vez en casi 40 años, no sería el control político de un cacique sobre la sucesión en el Ejecutivo local, sino el control directo del partido hegemónico desde el centro nacional sobre la sucesión de gobierno local. Las condiciones de la competencia electoral habían cambiado. La lógica cívica y democrática del navismo se enfrentaría a una renovada lógica autoritaria del priismo local y nacional que ya no se veía limitada por los inconvenientes de tratar los asuntos locales a través de un personaje fuerte que se comportaba de forma autónoma respecto del centro.

Bajo estas difíciles condiciones Salvador Nava compitió ese año por la gubernatura estatal, apoyado por simpatizantes de su movimiento que estaban afiliados al PRI y formaban parte de sus organizaciones disidentes respecto de Santos y el centro. Primero, y sin haber renunciado a su militancia en el PRI, Nava busco el apoyo del centro del partido hegemónico para su candidatura, mismo que le fue negado, pues resultaba una oposición a la disciplina del priismo lo suficientemente seria como para cederle el mínimo espacio de acción dentro del PRI.

Así, si bien la coyuntura de su oposición a Santos y el apoyo directo de los navistas a la candidatura presidencial de López Mateos había sido aprovechada por éste para deshacerse de un cacicazgo local incómodo, López Mateos, ya como presidente de la Republica en 1961, no vaciló en impedir la candidatura de Nava dentro del mismo PRI, pues ésta implicaría un serio desafío interno que podría, a su vez, romper con la lógica centralista del partido hegemónico.

Como consecuencia de la denegación del centro para apoyar a Nava como candidato, a fines de abril de 1961, él y sus seguidores —muchos de ellos afiliados al PRI, y otros en la oposición directa tanto de derecha (sinarquistas) como de izquierda (comunistas)— denunciaron la cerrazón institucional del partido para apoyar su candidatura y renunciaron al éste para presentarse a la elección como candidatos de la UCP y de los partidos establecidos de la oposición: PAN y PDM.

Ese mismo mes de abril, el PRI local elige en convención al profesor Manuel López Dávila como candidato a gobernador, un político nacido en San Luis Potosí pero que había formado su carrera política en el estado de Chihuahua y que, siendo cercano a López Mateos y el centro político nacional, había sido designado para gobernar el estado.

Como se observa, el intento de renovación democrática desde el interior del PRI logró una primera ruptura que apoyó a Nava, y consiguió un importante insumo político a su movimiento. Ya en la campaña electoral por la gubernatura de 1961, el navismo se extendió al interior del estado. En la Huasteca, uno de sus principales operadores políticos, Jesús Acosta “abogado de campesinos pobres e indígenas”68, fue asesinado por sicarios que operaban para líderes del PRI local. En la capital del estado hubo represión violenta contra los plantones en la plaza principal que protestaban contra Santos y Álvarez. Fue un claro ejemplo de la creciente tensión electoral que se vivía desde el mes de julio de ese año, cuando el estado y sus principales poblaciones se encontraron con un despliegue militar ordenado desde el poder federal.

La militarización del estado fue tomada como un signo autoritario del gobierno federal para controlar el proceso electoral y lo que pudiera suceder después. Esta clara intención represiva no permitió un ejercicio democrático libre, pues intimidaba a la población y sugería que una revuelta postelectoral sería reprimida de inmediato. Al celebrarse las elecciones se declaró triunfador al candidato del PRI, Manuel López Dávila, y a Nava sólo se le reconoció su triunfo en la capital.

En consecuencia, los navistas se movilizaron denunciando que la elección había sido fraudulenta y empezó el conflicto postelectoral, que se zanjó sin más con la anunciada represión. En septiembre de 1961, dos meses después de las elecciones, el ejército arrestó a los principales líderes navistas y a Salvador Nava y los envió al campo militar número 1. Varios fueron liberados a falta de pruebas, pero Nava fue encarcelado por más días en la prisión federal de Lecumberri en la Ciudad de México, por el desafío que planteó al statu quo del PRI-gobierno.

Tras su liberación, el movimiento navista siguió padeciendo el acoso de las autoridades priistas hasta que en 1963 se desmovilizó y sus principales actores se replegaron en sus propios ejercicios profesionales. El ejercicio cívico-democrático de esta primera etapa del navismo dejó su ejemplo desafiante pero sus aspiraciones fueron crudamente reprimidas por la lógica del priismo hegemónico autoritario que perviviría cuatro décadas más.

CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha dado cuenta de cómo tras la revolución no se alcanzó la estabilidad política en el ámbito estatal pese al desarrollo de la normativa electoral posterior a las experiencias de manipulación, en gran medida por la influencia directa de la competencia entre los grupos de poder nacionales.

Si bien se inició un proceso de adición (layering) a la legislación electoral que permitiría contrarrestar las disputas electorales al brindar elementos de control, homogeneidad, publicidad y vigilancia, esto no fue suficiente para canalizar las disputas y los reacomodos entre los grupos ganadores de la revolución y sus aliados en el estado.

La vía por la que se alcanzaría cierta estabilidad política sería la del caudillismo, con una figura fuerte con capacidad de movilización ante los conflictos locales y nacionales. Así, el caudillaje militar autoritario fue clave en el estado para controlar a las fuerzas políticas en competencia en un momento en que las instituciones políticas formales, bajo el nuevo orden, se encontraban debilitadas o en proceso de formación69. Esto tuvo el costo de que las prácticas autoritarias informales ejercieron un peso mayor al de las institucionales al momento de resolver las disputas políticas.

Posteriormente, el paso de lo militar revolucionario a lo civil e institucional impactó también en lo local y marcó el agotamiento del modelo de control representado por Saturnino Cedillo, dando lugar a una nueva distribución del poder a partir del modelo de figura fuerte con un perfil más político, pero que conservaba el recurso a las armas.

Cierto es que las elecciones no fueron negadas como procedimiento y que, a su vez, el principio representativo y los límites temporales a los cargos se mantuvieron en la norma y la ejecución, pues se siguieron realizando elecciones para todos los niveles de gobierno; sin embargo, la decisión estaba en quien gobernaba y controlaba la vida política, no en la ciudadanía propiamente.

Tan es así que, en este periodo, en concordancia con el proceso centralizador de las elecciones, a través de la ley electoral federal de 1946, el gobierno estatal se hizo cargo de la organización electoral y se incluyó, además de la Secretaría de Gobierno estatal, al Departamento de Agricultura y Ganadería —un ámbito de interés tanto de Cedillo como de Santos y que no estaba en el modelo de la ley federal— como parte del Consejo Estatal de Padrón y Vigilancia70.

Este modelo híbrido también se agotaría con el cambio de la propia lógica priista al comenzar la concentración del poder por parte del presidente de la república, y al convertirse éste en el principal árbitro de las disputas locales. Además de que, en el caso que nos ocupa, dejó de ser útil para controlar los impulsos ciudadanos de participación y apertura.

En consecuencia, la figura del cacique, que había servido de intermediario entre el centro y la periferia para controlar la región tras la revolución, resultaba incómoda para ese proyecto de concentración del poder en la figura presidencial. Además, el proceso nacional de institucionalización y control de la competencia electoral mostraba buenos resultados y se iba perfeccionando con reformas sucesivas (layering) que permitían mantener el control político (ver Tabla 5).

TABLA 5

CONTINGENCIA Y CAMBIO INSTITUCIONAL 1919-1958.

Elaboración propia.

Esta evolución gradual del régimen posrevolucionario de la segunda mitad del siglo XX puso fin a la figura del cacique en SLP pues, como se verá a continuación, la lógica política de poder concentrado y de disolución de las disputas políticas locales por parte del centro político nacional a través del PRI como partido de gobierno, se institucionalizaría en SLP después de la primera etapa de la lucha navista. Lo anterior conseguiría dos décadas (los sesenta y setenta) de relativa estabilidad política en el estado hasta que, hacia la década de los ochenta, el modelo no logró sostenerse más.

NOTAS

1Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Secretaría de Gobernación, http://ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1917.pdf (consultada el 12 de febrero de 2019).

2Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 34.

3Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 40.

4Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 49.

5Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Arts. 51-60.

6Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 80.

7Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 82.

8Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 83.

9Antecedentes históricos y constituciones políticas de México, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Art. 115.

10“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, en Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824-1924, Sergio Cañedo et al. (México: El Colegio de San Luis y H. Congreso del Estado de San Luis Potosí 2000), 510-534.

11“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, Art. 13.

12“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, Art. 15-17.

13“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, Art. 18.

14“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, Art. 22.

15“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, Art. 45 y 46.

16“Constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, año de 1917”, Art. 47.

17Para conocer sobre los partidos políticos en el siglo XIX y principios de siglo XX en México ver Alfredo Ávila y Alicia Salmerón (coord.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX (México: FCE, CONACULTA, IIH-UNAM 2012).

18Para una revisión de los nexos entre grupos políticos y candidatos a gobernadores entre 1917 y 1927 en SLP ver Elvia López, “Discursos y prácticas. Los procesos electorales para gobernador de San Luis Potosí entre 1917 y 1927” (Tesis de Doctorado, El Colegio de San Luis, 2018); también ver Rodolfo Flores González, Democracia en San Luis Potosí. Los primeros atisbos: elecciones 1903-1919 (México: Editorial Ponciano Arriaga, 2009).

19H. XXV Congreso Constitucional del Estado de San Luis Potosí, “Ley electoral para ayuntamientos, diputados y gobernador del estado de San Luis Potosí”, Decreto No. 100.

20H. XXV Congreso Constitucional del Estado de San Luis Potosí, “Ley electoral para ayuntamientos, diputados y gobernador del estado de San Luis Potosí”, Art. 15, 16 y 17.

21H. XXV Congreso Constitucional del Estado de San Luis Potosí, “Ley electoral para ayuntamientos, diputados y gobernador del estado de San Luis Potosí”, Art. 41.

22H. XXV Congreso Constitucional del Estado de San Luis Potosí, “Ley electoral para ayuntamientos, diputados y gobernador del estado de San Luis Potosí”, artículo 59o. ---Los Partidos Políticos tendrán en las operaciones electorales de que habla esta Ley, la intervención que ella misma les otorga sin más condición, por ahora, que no lleve nombre o denominación religiosa o formas exclusivamente en favor de individuos de determinada raza o creencias.

Artículo 60o. ---Tanto los Partidos Políticos, como los Candidatos Independientes, tendrán derecho a nombrar representantes, nombramientos que deberán ser registrados ante la Autoridad Municipal del lugar en que se ha de ejercer la representación.

Deberán ser igualmente registrados los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes, ante la citada Autoridad Municipal; pero este requisito se refiere solamente al caso de las elecciones de Diputados y Gobernador. Este registro deberá hacerse, a más tardar, treinta días antes del en que se verifique la elección.

Cuando los Partidos Políticos o los Candidatos Independientes nombrasen dos personas para intervenir en una Casilla Electoral o en las operaciones de las Juntas Computadoras, la primera que se presente será la admitida.

23“Ley electoral para ayuntamientos y poderes del estado”, Periódico oficial del estado de San Luis Potosí. 27 de mayo de 1921.

24“Ley electoral para ayuntamientos y poderes del estado”, artículo 109.- Los partidos políticos tendrán en las operaciones electorales la intervención que les señale esta Ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

I.Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien ciudadanos por lo menos.

II.Que la asamblea haya elegido una junta que dirija los trabajos del Partido y que tenga la representación política de éste.

III.Que la misma asamblea hay aprobado un programa político de gobierno.

IV.Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por acta formal.

V.Que no lleve denominación o nombre religioso ni se forme exclusivamente a favor de individuos de determinada raza o creencia.

VI.Que registre sus candidaturas durante los plazos fijados por la ley, sin perjuicio de modificarlas si lo considera conveniente dentro de los mismos plazos. El registro se hará en las cabeceras del Municipio si se trata de elecciones de Ayuntamiento; en la cabecera del Distrito Electoral, si se trata de diputados o en la capital del estado si de gobernador.

VII.Que la misma junta directiva o las sucursales que de ella dependen, nombren sus representantes en las diversas Municipalidades dentro de los plazos fijados por la ley, sin perjuicio de modificarlos oportunamente.

VIII.Los clubes políticos locales constituidos por más de treinta ciudadanos y que tienen los requisitos de las fracciones II y VII, tendrán, dentro de su jurisdicción, intervención en todos los actos electorales que señale esta ley.

25Artículo 110.- Los candidatos no dependientes de partidos políticos, tendrán los mismos derechos conferidos a éstos siempre que estén apoyados por treinta ciudadanos del Distrito, que hayan firmado su adhesión voluntaria en acta formal y que se sujeten a los requisitos prevenidos en las fracciones VI y VII del artículo anterior. Los candidatos no dependientes de partidos políticos se denominarán candidatos independientes.

Artículo 111.- Los candidatos tendrán derecho a vigilar los actos electorales correspondientes a su elección acreditando haber registrado su candidatura.

26Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938 (México: Colmex, 1984), 151.

27Para un breve recuento del periodo ver Dudley Ankerson, El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí (México: UASLP, 2011), 175-183; Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938; y Monroy y Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 221-267.

28Se le conoce como “cedillismo” a la base social y militar que formó la legitimidad tradicional revolucionaria en torno al liderazgo del Gral. Cedillo, el cual fue en esencia un líder campesino que defendía los intereses agrarios propios y los de sus seguidores. Para un trabajo de referencia obligada sobre Saturnino Cedillo ver Dudley Ankerson, El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí.

29Al respecto ver Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938; así como, Roy González Padilla, “Antagónicos ideológicos o pragmáticos políticos: el navismo y sus dinámicas aliancistas”, Revista de El Colegio de San Luis 9, 2015.

30Para una revisión de las complejas circunstancias de la toma de armas y posteriormente los movimientos de Cedillo, así como su ascenso y caída ver Dudley Ankerson, El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 71-305; y Carlos Martínez, Los rebeldes vencidos. Cedillo contra el estado cardenista (México: FCE 1990).

31Monroy y Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 274, señalan que en el plano militar Cedillo siguió sin titubeos la aplicación de las leyes anticlericales durante el conflicto cristero, sin embargo, pactaba tratos de paz con las tropas cristeras alzadas, indultándolos una vez deponían las armas. Tal táctica le ganó el respeto de los católicos rebeldes, y en SLP Cedillo permitió el refugio de muchos curas y excombatientes cristeros retirados, ya que su gobierno local no los perseguía si no reincidían en tomar las armas.

32Pues como se vio, en los primeros años de la Constitución Nacional y Local de 1917, los periodos de los Ejecutivos locales duraban cuatro años.

33Plutarco Elías Calles encabezó la presidencia de México de 1924 a 1928, en la época de los años veinte y hasta 1934 los periodos presidenciales en México eran de cuatro años; también lo eran en los estados de la República. Calles, como heredero político de Álvaro Obregón, facilitó su reelección siempre y cuando no fuese para un periodo inmediato a través de una modificación constitucional en 1928, pues éste ya había sido presidente de 1920 a 1924. Con el asesinato de Obregón días después de haber sido reelecto presidente, Calles, fungiendo aún como presidente, eligió a través del Congreso, como presidente interino, al abogado Emilio Portes Gil, quien era su secretario de Gobernación. El periodo de Portes duró de 1928 a 1930, ya que en 1929 convocó a elecciones extraordinarias. Para el periodo presidencial 1930-1934 resultó electo presidente el Ing. Pascual Ortíz Rubio, quien sólo gobernó hasta 1932, pues dimitió en protesta a la sofocante influencia que ejercía Calles en su gobierno. A su renuncia le sucedió, para cubrir el periodo 1932-1924, el militar Abelardo L. Rodríguez, más dócil a los designios de Calles, quien mantenía el poder en la sombra. A este periodo de presidencias con periodos irregulares en México se le conoce como el Maximato, en alusión al control que ejercía Calles sobre las decisiones y organización de la política nacional, quien colocó a políticos dóciles —los dos primeros civiles y el último militar— al frente del Poder Ejecutivo. Esta influencia desmedida en la política nacional acabó en el periodo presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, quien forzó al caudillo al exilio.

34Dudley Ankerson El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 219-220.

35Dudley Ankerson El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 16.

36Dudley Ankerson El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 234-235.

37Dudley Ankerson (El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 264), señala que, a un telegrama enviado por Cedillo para solicitar el apoyo tras tomar medidas disciplinarias contra estudiantes de la Escuela de Chapingo, el presidente respondió aceptando su renuncia. “Cedillo quedó lleno de asombro e ira. No había presentado una renuncia y se sintió agraviado por lo que consideró un despido sumario”.

38Dudley Ankerson El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 267-305.

39Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 288.

40Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012 (México: Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí / UASLP, 2014), 91.

41Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938.

42Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 267.

43Lógica conocida como “sistema de botín”, en la cual un general paga a sus tropas y a los actores que le son leales y que lo protegen con los bienes que obtiene del saqueo de guerra a una ciudad. En la era postrevolucionaria este sistema de botín permanece viable en el sistema político, pero ahora en vez de pagar con bienes producto del saqueo de guerra, se paga la lealtad a los subalternos con prebendas obtenidas de las arcas públicas y de las posiciones privilegiadas del poder político. Ver entrevista a Alfredo Ávila por Fernando Nieto (2018), disponible en https://www.youtube.com/watch?v=iMdwyvBPGY0 .

44Carlos Martínez, Los rebeldes vencidos. Cedillo contra el Estado cardenista.

45Los periodos de los ejecutivos estatales ya eran entonces de seis años, tras reformas a las primeras versiones de la Constitución nacional y local de 1917.

46Una de las cuatro regiones geográficas en las que se divide el estado de SLP. El resto son: Altiplano, con clima desértico y árido; la Zona Centro, también árida desértica y con mayor concentración urbana; la Zona Media, que es caliente y semi-árida; y la zona Huasteca, con clima tropical selvático en la cual se concentran ricas actividades agrícolas, como la siembra de caña de azúcar y ranchos ganaderos.

47Previamente había intentado ser diputado local sin éxito y su hermano Samuel había intentado ser gobernador.

48Rogelio Hernández, Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958 (México: El Colegio de México, 2015), 30.

49Rogelio Hernández, Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958, 53, lo refiere de la siguiente forma:

En el sistema político que se formó en los años posteriores a la Revolución, la competencia entre partidos, que en una democracia prepara a las élites gobernantes y define ofertas políticas e ideológicas a los ciudadanos, no estuvo nunca considerada. La competencia se desarrolló desde un principio entre grupos de caudillos y caciques, y por ello fue prioritario someterlos al mando federal. Dicho de otra forma, el poder y su disputa fueron definidos como propios de una sola élite política, la que triunfara no sólo en la Revolución sino aquélla que consolidara su influencia desde el centro nacional.

50Eduardo Castellanos, Formas de gobierno y sistemas electorales en México (1812-1940), 132-142.

51“Ley electoral del estado de San Luis Potosí”. Suplemento al número 72 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 8 de septiembre de 1946.

52Se convocaría a todos los partidos políticos registrados para que presentaran dos representantes, si no se pusieran de acuerdo la Comisión podría señalar qué partidos debían enviar representantes de acuerdo con su importancia en el estado, cuidando que tuviesen distinta ideología y no postulen los mismos candidatos.

53“Ley electoral del estado de San Luis Potosí”, Art. 21.- Los partidos políticos son asociaciones constituidas conforme a esta Ley por ciudadanos potosinos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, para fines electorales y de orientación política.

Art. 22.-Para los efectos de la presente Ley, sólo serán reconocidos como partidos políticos las asociaciones que actúen en todo el Estado.

Art. 23.- Para la constitución de un partido político en el estado serán necesarios los siguientes requisitos:

I.- Contar con un número no menor de seis mil ciudadanos en el Estado, siempre que, por lo menos en las dos terceras partes de los municipios del estado se organice legalmente con no menos de cien ciudadanos en cada uno de dichos municipios; II.- Obligarse a normar su actuación pública dentro de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del estado y a guardar el respeto debido a las instituciones que una y otra establecen; III.- Consignar en su acta constitutiva la prohibición de aceptar pacto o acuerdo que los obligue a actuar subordinadamente a una organización internacional, o a depender o afiliarse a partidos políticos extranjeros; o de carácter nacional que no estén debidamente registrados en la Secretaria de Gobernación; IV.- Adoptar una denominación propia y distinta, acorde con sus fines y programa político, la que no podrá contener alusiones o asuntos de carácter religioso o racial; V.- Organizarse conforme a las bases que establece esta Ley; VI.- Obligarse a encauzar su acción en medios pacíficos; y VII.- Formular un programa político que contenga las finalidades y los medios de actividad gubernamental para resolver los problemas del Estado.

Art. 24.- Los Estatutos de los partidos políticos determinarán necesariamente:

I.- Un sistema de elección interna para designar a los candidatos que el partido deba sostener en las elecciones constitucionales; II.- Un programa y métodos de educación social y política para sus agremiados; III.- Un sistema de sanciones para sus miembros que falten a los principios sociales o políticos del partido; y IV.- La distribución de funciones, obligaciones y facultades entre los diferentes órganos del partido.

Art. 25.- Los partidos políticos en el Estado deberán funcionar por medio de sus órganos fundamentales, que serán, por lo menos, los siguientes: I.- Una asamblea estatal; II.- Un Comité Ejecutivo que tendrá la representación del partido en todo el Estado; y III.-Comités Directivos en cada uno de los Distritos o Municipios del Estado, según el caso.

Art. 26.- Todo partido político que se constituya de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley deberá registrarse en la Secretaria General de Gobierno, la que le otorgara el certificado de registro. Mientras dicho certificado no haya sido expedido, la agrupación política no podrá ostentarse como partido en el Estado ni ejercer ninguno de los derechos que esta Ley concede a los partidos políticos.

Art. 27.- Para que un partido obtenga su registro, deberá llenar los siguientes requisitos: I.- Celebrara una asamblea en cada uno de los Municipios del Estado en presencia de un notario o funcionario que haga sus veces, quien comprobara la identidad y domicilio de las personas que se afilien para formarlo, dando fe de que hay por lo menos el número mínimo que exige la fracción I del artículo 23; II.- En dichas asambleas asignara representantes, para la General que deberá celebrarse, ante un Notario Público, en la Capital del Estado, para la constitución de la agrupación política; y III.- Que los Estatutos y programa, después de aprobados sean protocolizados ante el propio notario que haya presenciado la asamblea general.

Art. 28.- Obtenido el registro y publicado el certificado respectivo en el Periódico Oficial del Estado, el o los partidos políticos que hayan llenado estos requisitos, tendrán personalidad jurídica y gozarán de todos los derechos que les otorga la presente Ley.

Art. 29.- La Secretaría de Gobierno informara al Consejo Estatal, a las Comisiones distritales y a los Comités Municipales del Padrón y Vigilancia Electorales así como al Congreso del Estado o, en su caso, a la Diputación Permanente y al Procurador General de Justicia en el Estado cuando se trate de Elecciones Municipales, cuáles son los partidos políticos legalmente registrados con sus características especiales.

Art. 30.- La reorganización de un partido obliga a sus directivos a cumplir las prevenciones de esta Ley y a solicitar su registro ante la Secretaria General de Gobierno
Art. 31.- Ninguna agrupación política podrá usar la denominación de “Partido Nacional”, “Confederación de Partidos Nacionales” o “Coalición de Partidos Nacionales”, si no reúne los requisitos que exige la Ley Electoral Federal.

Art. 32.- Todo partido político debidamente registrado tendrá facultad de ocurrir a la Secretaría de Gobierno para que investiguen las actividades de cualquiera de los otros partidos, a fin de que se mantengan dentro de la Ley. Cuando resulte que un partido no llena los requisitos legales, podrá decretarse la cancelación temporal o definitiva de su registro. La cancelación temporal procede cuando se infrinjan las disposiciones de los artículos 25 y 30 de la presente Ley. Cuando se infrinjan las obligaciones contenidas en las fracciones II, III, IV y VI del artículo 22, procederá la cancelación definitiva que implica la disolución legal de la agrupación política. Ninguna cancelación de registro podrá decretarse sin previa citación del partido, a fin de que, por medio de sus representantes, conteste los cargos, presente las pruebas tendientes a su justificación y se le oiga en defensa. Toda cancelación se publicara en la misma forma que el registro.

Art. 33.- En cada elección, solamente tienen derecho a intervenir como partidos políticos, las agrupaciones que hayan sido debidamente constituidas y registradas después de haber entrado en vigor esta Ley.

Art. 34.- Los miembros directores y los representantes de los partidos políticos serán civil y penalmente responsables por los actos que ejecuten en el ejercicio de su cometido.

Art. 35.- Cuando dos o más partidos políticos sostengan una misma candidatura deberán designar un solo representante común ante los organismos electorales. Candidato y Partido o Partidos Políticos estarán representados por una sola persona ante cada mesa electoral.

El representante acreditado ante una mesa electoral no podrá ser substituido por otro.

Los representantes generales no podrán permanecer en una casilla más que el tiempo necesario para formular su protesta. Para ser representante de un partido político o de un candidato ante cualquiera de los organismos electorales se requiere tener, cuando menos, una residencia de seis meses anteriores a la fecha de la elección en el Municipio donde funcione el de que se trate, y estar inscrito en el padrón electoral respectivo. Cuando se trate de representantes ante una casilla, el nombrado deberá ser vecino precisamente de la sección electoral a la que aquella corresponda.

Art. 36.- El registro de nombramientos de representantes de los partidos políticos o candidatos ante las casillas electorales y de representantes generales para una elección determinada, que deban actuar también en las propias casillas, se abrirá treinta días antes y se cerrara cinco días antes del día señalado para la misma elección. Tales nombramientos se registrarán: para las elecciones de Gobernador ante el Consejo Estatal del Padrón y Vigilancia electorales; para las de Diputados ante la respectiva Comisión Distrital; y para las Municipales ante el Comité Municipal correspondiente.

54Decreto número 8. Periódico Oficial del Estado número 91, 15 de noviembre de 1951.

55Decreto número 122. Periódico Oficial del Estado número 39, 16 de mayo de 1954.

56Dudley Ankerson El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la revolución mexicana en San Luis Potosí, 236, lo denomina “político del sistema” para diferenciar entre quienes llevaban la disciplina al naciente partido y sistema organizado alrededor de éste, y quienes, como en el caso de Cedillo, eran líderes personalistas e informales.

57Al respecto de la nueva generación de hombres fuertes que sucedieron a los caudillos de la revolución en el proceso de institucionalización y centralización del régimen político mexicano, ver Rogelio Hernández, Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958.

58Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 294.

59Testimonios directos de la época de Santos atestiguan esto, ya que un obrero recuerda que el cacique les decía: “el trabajo tú, la política yo”; a su vez, con los comerciantes estos dichos los repetía: “el comercio tú, la política yo”; a los religiosos: “la religión tú, la política yo”. A cambio de aceptar la informalidad suprema de tales reglas, Santos concedía garantías que posibilitaban la funcionalidad de su gobierno. Ver Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 291-292.

60Además, su uso de las instituciones y del manejo político le granjeaba el apoyo también de las autoridades políticas federales, pues Santos coordinaba, con Alemán —secretario de Gobernación con Ávila Camacho— los apoyos de los gobernadores a las medidas del presidente. Además, le permitieron modificar la Constitución estatal sólo un par de semanas antes de su toma de posesión para que pudiera ser el primer gobernador de SLP que durara seis años en el cargo. Cierto es que la reforma a la duración de los periodos de gobierno (de 4 a 6 años para senador y presidente, y de 2 a 3 años para diputados) que buscaba homologar fue hecha en 1942 pero entraría en vigor para los periodos amplios hasta 1946 y no en 1943, cuando entraría en vigor la medida para diputados. Lo mismo pasaría después en su relación con Ruiz Cortines. Ver Rogelio Hernández, Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958, 68.

61Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 1997, 299

62La facultad de Humanidades de la UASLP fue fundada en 1955 por el geógrafo Ramón Alcorta Guerrero. Este profesionista fue un académico muy cercano a Manuel Nava en su época de rector y uno de los principales intelectuales que, desde las ciencias sociales, hicieron una crítica fundamentada al régimen santista autoritario. La posición crítica —y por tanto incómoda— de esta facultad, fue un factor determinante para que fuera cerrada de manera abrupta en 1962, año en el cual las protestas navistas eran álgidas y en el cual también se impuso la decisión central del PRI de sostener en el gobierno a Manuel López Dávila, a pesar de las sostenidas declaraciones de fraude e imposición autoritaria en las elecciones de 1961, en las cuales compitió Salvador Nava. Luego de una breve pero intensa fase de resistencia, el poder central reprimió por completo el movimiento navista en esta primera etapa y encarceló al Dr. Nava algunos meses. Así pues, la represión acabó con el movimiento político y al interior de la UASLP censuró por completo el espacio crítico que representaba la Facultad de Humanidades. Ésta sería retomada hasta el año 2002, primero como una Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, luego como escuela, y finalmente en 2014 con el rango de facultad.

63Rogelio Hernández, Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958, 83-134.

64Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 301.

65Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 301-302

66En esa época los registros partidistas eran un asunto muy difícil de conseguir, pues eran controlados en directo desde el gobierno y el centro político nacional. Así, la UCP no tuvo registro, pero sus siglas representaban la organización más cercana al Dr. Nava, que luego, bajo la bandera de partidos sí registrados como el PAN y el PDM, impulsarían sus candidaturas a alcalde en 1958 y luego a gobernador en 1961.

67Aunque según Carlos Monsiváis, “Salvador Nava y el navismo”, en Salvador Nava. Las últimas batallas, Alejandro Caballero (México: Ediciones La Jornada, 1992), 5, Martínez de la Vega consideraba a Nava un reaccionario y se opuso a que el PRI lo postulara a la gubernatura.

68Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 306.

69Remarcamos la peculiaridad del caso porque, en general, la situación de disputa centro-estados fue con Cárdenas, quien desconoció a 17 gobernadores, y Ávila Camacho, que desconoció a 5. Ver Álvaro Arreola Ayala, “La ley electoral de 1946”, en Revista Mexicana de Sociología, 50:3, 169-187.

70La ley electoral federal indicaba que la Secretaría de Gobernación y otra entidad del ejecutivo integrarían la Comisión. Lo curioso del caso resulta la elección de la Secretaría de Agricultura para el caso potosino. Por otra parte, la ley electoral federal eliminó las candidaturas independientes y buscó encauzar la competencia por la vía de los partidos políticos, pero aumentando las barreras para su reconocimiento, lo que permitía una ventaja competitiva al partido hegemónico.

CAPÍTULO 3

LA RELACIÓN ENTRE EL CENTRO POLÍTICO NACIONAL Y EL ESPACIO POLÍTICO LOCAL

DE LA HEGEMONÍA A LA RUPTURA Y EL MANEJO DE LAS CONTINGENCIAS

Tras el agotamiento del caudillaje militar revolucionario y el cacicazgo político, a partir de la década de los años cincuenta del siglo pasado, la lógica1 política del PRI como partido hegemónico en el gobierno fue la de implementar procedimientos institucionales y posteriormente extrainstitucionales para no perder el control político local.

Así, tras la caída del cacique, a fines de los cincuenta, siguió la etapa de institucionalización del poder autoritario del PRI como partido hegemónico, etapa que perdura dos décadas —sesenta y setenta— con gobiernos estables que no enfrentaron crisis políticas mayores durante sus periodos administrativos, pero que partieron desde la represión política, en el sexenio del gobernador Manuel López Dávila (1961-1967), pasando luego por la distensión del conflicto político y una suerte de reconciliación del régimen en el sexenio de Antonio Rocha Cordero (1967-1973), para entrar después a una etapa de crisis política. Esta etapa inicia a mediados de los años ochenta en el gobierno de Carlos Jongitud Barrios (1979-1985), cuando se reviven las presiones cívicas y se implementan las reformas electorales que permiten alcanzar una mayor apertura del sistema político local, así como una mayor competitividad política efectiva. Todo ello, aunado a las disidencias y rupturas internas, ocasionó el desgaste de la hegemonía del PRI en SLP.

Este sistema de partido hegemónico concluye en lo formal los primeros tres años de la década de los años noventa, tras la deposición del gobernador electo en 19912 y la concretización de cambios de base en las inequitativas instituciones electorales y su organización. A esto se suman los primeros triunfos electorales de la oposición política en diversos municipios del estado y los conflictos derivados por la alta competitividad electoral.

Las etapas que se tratarán con detenimiento en este capítulo constituyen un largo proceso político que abarca poco más de cinco décadas continuas del PRI en el poder en SLP (1950-2003); a pesar de su domino político en la entidad, en este periodo ese partido enfrentó importantes retos contingentes y reordenamientos en la distribución del poder que desafiaron su hegemonía y terminaron por resquebrajarla.

3.1. LA CONSOLIDACIÓN DEL PRI COMO PARTIDO HEGEMÓNICO EN SLP

Una vez desplazados el caudillo y el cacique como actores políticos necesarios por su capacidad para controlar las disputas locales, los siguientes gobernadores responderían a un perfil distinto, dado el hecho de que los primeros tuvieran la fuerza suficiente para imponer a su sucesor, mantener su influencia política local y escapar al control del centro los convertía en un peligro para la hegemonía del partido en el poder.

Ahora el factor clave para alcanzar el puesto de gobernador sería el haber pasado por la política priista nacional y consolidar una carrera política que luego se afianzaría en lo local. Así, cuando revisamos las trayectorias de los gobernadores a partir de Saturnino Cedillo encontramos un patrón en el capital político de quien logró alcanzar el poder: local revolucionario, centro político revolucionario, política local, política central y nuevamente política local.

Esto nos indica los procesos de reordenamiento y redistribución del poder que se dieron durante el siglo XX y, en particular, en el proceso de formación, consolidación y agotamiento de la hegemonía priista. La Tabla 6 muestra los gobernadores que dependieron del centro, y los que no, para llegar a ser jefes del Ejecutivo local en SLP.

TABLA 6

PRIMACÍA DE LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS GOBERNADORES 1927-2015: CENTRO O LOCAL

Periodo

Nombre

Formación política

Origen

Conclusión del periodo

1927-1931

Saturnino Cedillo Martínez

Local-revolucionaria

SLP

Completó

1931-1935

Idelfonso Turrubiartes

Local-revolucionaria (cedillista)

SLP

Completó

1935-1938

Mateo Hernández Netro

Local-revolucionaria (cedillista)

SLP

Completó

1938-1939

Genovevo Rivas Guillén

Centro político -revolucionario

SLP

Provisional

1939-1941

Reynaldo Pérez Gallardo

Centro político -revolucionario

SLP

Provisional

1941-1943

Ramón Jiménez Delgado

Congreso local

SLP

Provisional

1943-1949

Gonzalo Natividad Santos Rivera

Centro político - revolucionario

SLP

Completó

1949-1955

Ismael Salas Penieres

Política local (santista)

SLP

Completó

1955-1958

Manuel Álvarez López

Política local (santista)

SLP

No completó

1958-1961

Francisco Martínez de la Vega

Política central

SLP

Sustituto

1961-1967

Manuel López Dávila

Política central

Chihuahua

Completó

1967-1973

Antonio Rocha Cordero

Política central

SLP

Completó

1973-1979

Guillermo Fonseca Álvarez

Política central

SLP

Completó

1979-1985

Carlos Jongitud Barrios

Política central

SLP

Completó

1985-1987

Florencio Salazar Martínez

Política central

SLP

No completó

1987-1991

Leopoldino Ortíz Santos

Política central

SLP

Sustituto

1991-1991

Fausto Zapata Loredo

Política central

SLP

No completó

1991-1992

Gonzalo Martínez Corbalá

Política central

SLP

Interino

1992-1993

Teófilo Torres Corzo

Política local

SLP

Interino

1993-1997

Horacio Sánchez Unzueta

Política local

SLP

Sustituto

1997-2003

Fernando Silva Nieto

Política local

SLP

Completó

2003-2009

Marcelo de los Santos Fraga

Política local

SLP

Completó

2009-2015

Fernando Toranzo Fernández

Política local

SLP

Completó

2015-2021

Juan Manuel Carreras López

Política local y federal (híbrido)

SLP

En curso

Elaboración propia.

La primera etapa del proceso de consolidación de la hegemonía del PRI a nivel local inicia, como ya se ha visto en el capítulo anterior, con la transición entre el caudillaje revolucionario iniciado por Saturnino Cedillo en 1927, la supresión de su influencia en 1938 y la sucesión con el cacicazgo local de Gonzalo Santos a partir de 1943.

Esta primera etapa es importante porque en ella se ve la formación de la carrera política del caudillo y del cacique. Cedillo tiene una preeminencia local en su formación política que se forjó en su papel protagónico en la lucha revolucionaria. Además, como se explicó líneas atrás, su legitimidad local partía de su liderazgo popular agrario y el control de las fuerzas agrarias en SLP, aspectos que resultaron ser determinantes para afianzarlo en la escena política local. Luego de concluir sin interrupciones su cuatrienio de gobierno (1927-1931), a Cedillo le sucedieron dos gobernadores que fueron de su entera confianza y por tanto fueron distantes al poder central: Turrubiartes (1931-1935) y Hernández Netro (1935-1938); dada su cercanía con el caudillo, su formación política forjada dentro de las filas cedillistas se considera local-revolucionaria.

A la muerte de Cedillo, tras el levantamiento en armas contra Cárdenas, siguieron tres gobiernos provisionales electos: Rivas Guillén, Pérez Gallardo y Jiménez Delgado, todos ellos vigilados de cerca por el centro político nacional. Pérez Gallardo, un militar de confianza del presidente Cárdenas, como se mencionó, emprendió una fuerte represión contra sus pares excolaboradores cedillistas y se le atribuyen el secuestro de Higinia Cedillo, hermana del caudillo, y el asesinato del Juez Armando B. Courtade, interpretados como actos brutales y desmedidos de represión. En consecuencia, el poder central, a través de Cárdenas, intervino destituyendo a Pérez Gallardo del cargo3. A raíz de esto, el Congreso local eligió a Ramón Jiménez Delgado para concluir el periodo de gobierno vacante (1941-1943) con un tenso control del centro político. Después vendría Gonzalo N. Santos, apoyado por entero desde el poder central. A diferencia del liderazgo militar local de Cedillo y del control directo de sus fuerzas paramilitares agrarias, Santos destaca, además de por su lealtad a las filas revolucionarias, por su formación política desde el centro, lo cual le permitió favorecerse del naciente sistema autoritario y de las dinámicas del partido hegemónico que, a partir de Cárdenas, comenzaron a concentrar el poder político. Santos es, así, un ejemplo del militar revolucionario de confianza para sus pares en el centro de la política nacional que consolidó su carrera en la política profesional una vez pacificado el país y que, por formarse en el centro político y construir alianzas de intereses con los máximos políticos revolucionarios, garantizó para sí mismo y su familia una hegemonía política autoritaria en su estado natal que duró más de una década, pues las carreras políticas los dos gobernadores siguientes, Ismael Salas y Manuel Álvarez (1949 hasta 1958), dependieron de su cercanía con Santos más que con el centro político.

La caída de Santos —a diferencia de la de Cedillo— no fue violenta, sino política, y significó que dejó de intervenir en la selección de los gobernadores siguientes. A partir de 1958, como se vio, el movimiento navista desafía en directo al cacique a través de álgidas protestas contra el gobernador Manuel Álvarez, quien dependía del círculo directo de Santos. A la caída de Álvarez sigue un gobierno interino de Francisco Martínez de la Vega, periodista y amigo cercano del presidente López Mateos.

De la Vega organizó la elección a gobernador de 1961. La oposición postuló al Dr. Nava, quien fue derrotado en evidentes condiciones de desventaja electoral por el profesor Manuel López Dávila, candidato del PRI seleccionado por el centro y de forma directa por el presidente López Mateos. Dávila ejemplifica de forma adecuada el papel de un político externo —o outsider— a la política local potosina, pues formó su carrera política desde el estado de Chihuahua, a pesar de haber nacido en SLP. A su vez, su cercanía y amistad con el presidente en turno en esos años resultaron decisivos para ocupar la gubernatura.

Los siguientes ocho gobernadores de SLP tendrían una clara formación política en el centro político nacional. En mayor o menor medida, éstos pasarían por la administración pública federal, diputaciones federales, senadurías y máximos tribunales de justicia federal, lo cual les ayudaría a construir redes y amistades estratégicas en el Consejo Ejecutivo Nacional del PRI, para ser favorecidos por el veto positivo del presidente de la República para proseguir sus carreras políticas y llegar a ser gobernadores.

3.2. 1961-1981: EL REGRESO A LA ESTABILIDAD POLÍTICA MOMENTÁNEA Y LAS TENSIONES POLÍTICAS QUE ROMPIERON LA DINÁMICA AUTORITARIA EN SLP

Como se mencionó de forma breve en la sección anterior, a la represión del navismo y la respectiva imposición autoritaria desde el centro del jefe del Ejecutivo local, la política potosina experimentó una estabilidad relativa de un periodo de 20 años. En este periodo se institucionalizaron de forma efectiva las prácticas centralistas de la política nacional sobre la política local, lo que garantizó que, hasta el gobierno de Jongitud, no hubiera ningún intento de formar un liderazgo caciquil que intentara concentrar a su favor el poder local. A su vez, los gobernadores Manuel López Dávila, Antonio Rocha Cordero, Guillermo Fonseca Álvarez y Carlos Jongitud Barrios lograron concluir sus sexenios de gobierno.

Al inicio de gobierno del profesor López Dávila (1961-1967) se distendió el conflicto de la primera etapa navista, pero con una marcada represión dirigida desde el centro4 debido a las protestas postelectorales navistas. Así, “los primeros seis [años del gobierno] fueron de una paz amarga, luego de que tanques y soldados se encargaron de sostener a Manuel López Dávila como vencedor oficial del doctor Salvador Nava Martínez”5.

Ahora bien, a pesar de que una parte del movimiento navista pretendió mantenerse en resistencia por un breve periodo en este sexenio, después de su arresto y liberación Salvador Nava optó por la desmovilización ante la represión, ya que temía arriesgar de forma desmedida a quienes lo apoyaban. Es así que se retiró de la política local de forma momentánea para concentrarse en su profesión como médico oftalmólogo, y la oposición política que se había organizado en el movimiento cívico se retiró debido a la represión del gobierno federal, mientras que la incipiente oposición partidista —con registro oficial— tendría un peso nulo.

Con el caso de SLP el gobierno federal dejó en claro que no permitiría una disidencia democrática en contra del priismo hegemónico en ninguna región del país, pues ello podría desencadenar más brotes organizados de resistencia al régimen que exigieran su democratización e hicieran valer la pluralidad política de forma efectiva a escala nacional. La evidencia que dejó el régimen priista nacional fue de una férrea represión autoritaria ante toda demanda ciudadana de cambio democrático efectivo6.

En respuesta a la disidencia cívico-democrática de 1961, el gobernador López Dávila comenzó un proceso de distensión del descontento político a través de la inversión en infraestructura pública y la promoción de la aún incipiente industrialización de la capital del estado7. Esta política tuvo el objetivo de buscar alianzas estratégicas con sectores de la sociedad potosina que habían simpatizado de cerca con el movimiento de oposición navista y que, inclusive, habían roto con el PRI local luego de las respuestas autoritarias del régimen, sin embargo, no fue suficiente para reparar el daño social.

En síntesis, en el gobierno de López Dávila se desmovilizó a la oposición política local para mantener el control priista, pero al precio de una amenaza de represión latente y marcada desde el centro político nacional8. Este constante signo autoritario de no permitir el resurgimiento de la oposición, y la falta de consensos políticos más amplios con la sociedad potosina por parte del Ejecutivo local, impidieron que en este sexenio se avanzara en políticas públicas de institucionalización de la política local en un mayor grado. Esto se lograría a partir del siguiente sexenio, el de Antonio Rocha Cordero.

3.3. ANTONIO ROCHA CORDERO: LA “PAX” ROCHISTA Y SU LEGADO

Al ser un outsider y, por tanto, estar ajeno a los grupos del poder local, Manuel López Dávila tuvo poco margen político para resolver la crisis de legitimidad de su gobierno, y si bien se invirtió en obras de infraestructura pública, se limitó a seguir el guion del gobierno federal y no implementó las políticas de conciliación social que requería la sociedad potosina luego de la violenta crisis política de 1961.

El gobierno de Rocha Cordero (1967-1973) logró no sólo conciliar y estabilizar del todo la crisis política de 1961, sino que además alcanzó avances fundamentales en la institucionalidad política de SLP9 al lograr pacificar el conflicto político e inaugurar una estabilidad de 18 años, en gran parte gracias a su formación y desempeño como jurista y como político profesional dentro del sistema político mexicano.

Nacido en 1912, para 1935 ya era abogado egresado de la UASLP, donde inició sus primeros pasos en la política gracias a concursos de oratoria, actividad de la cual fue campeón estatal en 1930; en 1931, cuando aún cursaba la carrera de Derecho, Rocha fue designado por el gobernador Ildelfonso Turrubiartes como sucesor del general Cedillo como agente del Ministerio Público. A partir de 1936 fue catedrático en la Facultad de Derecho y su primer cargo político llegó en 1939 al ser electo síndico municipal. En 1943 fue seleccionado por Gonzalo N. Santos como procurador de Justicia del estado y en 1947 ocupó el cargo de secretario general de gobierno de Tamaulipas, invitado por el gobernador de ese estado, Raúl Gárate.

Sin limitarse a la escena de la política local, Rocha continuó consolidando su carrera política también en el centro político nacional al desempeñarse como diputado federal en 1949. También fue senador por SLP en 1952. Este paso destacado por la política nacional le valió para, en 1964, ser seleccionado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz como procurador de justicia de la nación, cargo que desempeñó hasta ser electo gobernador de SLP en 1967. Al final de su mandato, en 1973, fue seleccionado nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Luis Echeverría Álvarez. Rocha culminaría su carrera política siendo electo por segunda y última ocasión como diputado federal en 197910.

Toda la trayectoria anterior es evidencia de que Rocha se abrió camino en el centro político nacional y con ello se afianzó en la política local de SLP al “ocupar los niveles más altos —jerárquicamente hablando— en la estructura del sistema político mexicano”11. Incluso, por su perfil y trayectoria dentro del sistema político nacional llegó a ser considerado como un posible candidato presidencial en la sucesión de 1970, sugerencia que él mismo rechazó, pues tenía que cubrir su encargo como gobernador del estado, además de que, con 57 años, y en medio del sui generis proceso de selección12 del candidato presidencial, declaró ante la prensa nacional que: “México es un país joven y necesita de un presidente joven”13.

Las políticas del gobierno de Antonio Rocha se basaron en la apertura de su gobierno para rendir cuentas sobre el dinero invertido en obras e instituciones públicas, así como en la labor de inclusión de la dividida sociedad potosina en la toma de decisiones públicas. Para ello, el instrumento de política pública más importante que empleó fue el de la constitución de comités de vigilancia y patronatos integrados por miembros representativos de distintos grupos de la sociedad potosina, tales como empresarios, profesionistas, obreros, campesinos y líderes de partido, para constatar y salvaguardar los montos de inversión, y verificar el progreso y conclusión de las obras públicas14.

Es pertinente señalar que este tipo de política resultó atípica en un momento en el cual la rigidez autoritaria del sistema político mexicano no permitía ningún tipo de disenso civil organizado; las demandas democráticas, así como una mínima rendición de cuentas eran de inmediato suprimidas por la fuerza del Estado. La política de involucrar a la sociedad en la revisión de las cuentas de los montos destinados a las obras públicas y, en general, demostrar con acciones que el gobierno se regía por los principios de austeridad presupuestal en su propia operación interna, fueron elementos vitales para restaurar la legitimidad popular en las instituciones públicas de SLP, que se encontraban profundamente dañadas a raíz del violento desmoronamiento del cacicazgo santista.

Cabe destacar que Salvador Nava y varios de sus seguidores fueron invitados a formar parte de estos comités de vigilancia y patronatos; de hecho, Nava fue vocal en un patronato para la construcción de una escuela e internado para personas invidentes15. El navismo, por tanto, vio con buenos ojos esta política de conciliación y transparencia pública, lo que contrastaba con el clima represivo a nivel nacional, sobre todo porque dentro del régimen autoritario no existía una idea clara sobre la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

En este sentido, en SLP, la lógica de representación de los intereses sociales a través de las corporaciones integradas al PRI no era suficiente para solventar la crisis política de 1961, y Rocha tenía que dar muestras de que en verdad se pretendía hacer un manejo justo e inclusivo del gobierno. Así, al permitirle a sectores representativos de la sociedad potosina su inclusión en la toma de decisiones y vigilancia de las obras públicas del gobierno,16 la estabilidad política y la conciliación política retornaron a SLP.

Otra importante evidencia de estas políticas de contención del conflicto social fue el manejo de Rocha durante las protestas estudiantiles en el caótico año de 1968. A contracorriente del gobierno federal, que reprimió de forma brutal las manifestaciones cívicas de los estudiantes universitarios en la capital del país y con ello rechazó atender sus demandas, en SLP el modelo de conciliación política17 que emprendió el gobierno con los estudiantes de la UASLP —que también comenzaban a organizarse ese año— resultó fundamental para que el conflicto nacional no desencadenara en una nueva crisis política en SLP, como sí sucedió en otras regiones del país en ese año18.

Las acciones concretas aplicadas incluyeron una importante inversión económica en la UASLP, en beneficio de su alumnado, y la donación de terrenos para la construcción de diversas facultades; con ello el gobierno estatal mostraba su apoyo “moral” y su apertura a la interlocución con los líderes estudiantiles locales.

Estas acciones, sin embargo, no desligaban al gobierno de SLP del discurso oficial del gobierno federal, mismo que argumentaba el rechazo de “ideologías extranjeras” y promovía, en cambio, la preservación de una identidad política nacional-revolucionaria propia. Rocha persuadió a los líderes estudiantiles de que se apegaran a esta narrativa política “nacional-revolucionaria”, y les garantizó, a cambio, el apoyo de su gobierno a la UASLP y a sus estudiantes.

El legado de Rocha respecto a la construcción institucional y la estabilidad política del estado puede resumirse en la forma de actuar que lo caracterizó durante el tenso periodo represivo que vivía el país a finales de los años sesenta: su apuesta por el respeto, el diálogo y el impulso a la educación universitaria. En cuanto a la cuestión electoral, en estos años se realizan varias modificaciones a la legislación: en 1970 se reduce la edad para votar a 18 años19, en 1973 se modifica la composición del Consejo Estatal de Padrón y Vigilancia Electorales y se sustituye al jefe del Departamento Agrario —que se había incluido en la época cedillista— por el de Acción Cívica y Social20; también se amplía el horario de votación hasta las 6 de la tarde21.

El proceso político de la pax rochista revela que la tensión en el contexto local se tenía que resolver con políticas públicas propias que incluyeran a una ciudadanía lastimada por la represión y cuyos anhelos de cambio democrático se habían hecho patentes durante la lucha navista, pero habían sido frustrados por las acciones represivas directas del autoritarismo político priista.

Es debido a esto que Antonio Rocha no se limitó a seguir una línea política isomorfa represiva y no dialogante con la sociedad, como la del gobierno federal de Díaz Ordaz; al contrario, optó por la construcción de diálogos y de inclusión de la sociedad para procurar la transparencia de las acciones de gobierno. Este esquema resultó ser exitoso, ya que sirvió para estabilizar al estado y sus instituciones políticas hasta 1981. En síntesis, los rasgos de prudencia y consenso permiten identificar a Rocha como un político profesional que logró con éxito sortear, en lo local, el difícil contexto autoritario nacional que se impuso en muchas regiones durante las décadas de los sesenta y setenta.

3.4. EL SEXENIO DE GUILLERMO FONSECA: LA GESTIÓN DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA VIOLENCIA POLÍTICA DE 1975

El gobierno que sucedió al de Rocha fue el de Guillermo Fonseca Álvarez. En lo general, este gobierno fue de perfil discreto. Se caracterizó por gestionar la estabilidad política heredada del sexenio anterior y no generó escándalos políticos. Ahora bien, se debe señalar que existe poca interpretación y literatura política respecto de este gobierno. Más allá de las notas periodísticas disponibles en archivos hemerográficos y de los propios informes de gobierno publicados, el gobierno de Fonseca no sobresale por alguna innovación o medida de política pública que consolidara el avance político constatado durante el sexenio anterior. En este gobierno se avanzó en la industrialización de la capital del estado, así como en la ampliación de las obras públicas22, en continuación a las del sexenio anterior.

La estabilidad política que gestionó Fonseca luego de los difíciles tiempos y las críticas tensiones políticas de la primera lucha navista a inicios de los años sesenta, no estuvieron exentas de un entorno político autoritario, propio del sistema político mexicano de los años setenta. En SLP hubo esporádicos episodios de crispación política que fueron resueltos con la intervención autoritaria del centro, pero que no escalaron a un nivel de conflicto político mayor.

Estos episodios de tensión tienen que ver, en concreto, con la política universitaria y la movilización estudiantil, pues desde 1973 se habían creado grupos activos de movilización política al interior de la UASLP23. Destaca, al respecto, la creación del Frente Popular Estudiantil (FPE) —dirigido por estudiantes de las facultades de Economía y Derecho—, el cual realizó actividades de movilización para promover reivindicaciones estudiantiles y vincular a la UASLP con los sectores populares de la sociedad potosina que no podía acceder de forma fácil a la educación superior.

Se puede considerar que el movimiento estudiantil universitario, encabezado por el FPE, tuvo un papel protagónico como organización colectiva de oposición política al régimen priista durante un breve pero intenso periodo (1973-1975). En 1973, el estudiante de economía José Luis Sandoval, líder del FPE, logró ganar las elecciones estudiantiles de la Federación Universitaria Potosina (FUP), y desde este órgano de representación impulsó una agenda de movilización política de los estudiantes potosinos. Es así que, en 1973, con el FPE al frente de la FUP, la organización estudiantil universitaria tomó una mayor fuerza, promoviendo y activando una agenda política propia vinculada a las causas y demandas populares.

La agenda política del FPE comenzó a materializarse cuando Sandoval, su líder, ya al frente de la FUP, movilizó a los estudiantes para solidarizarse con los campesinos de la zona Huasteca en tomas de tierras (organizados bajo el nombre de “Campamento Tierra y Libertad”) en los predios pertenecientes a la familia del excacique Gonzalo N. Santos. Así, a la demanda de impedir el aumento de cinco centavos a las tarifas de los autobuses urbanos en SLP, se sumó esta acción de solidaridad estudiantil con los campesinos, a quienes ayudaron a trasladarse a la capital para manifestar al gobierno sus demandas de tierras, y dieron acogida en el edificio central de la Universidad.

Dentro de la lógica de un contexto autoritario como el que se vivía en ese momento, encabezar un movimiento estudiantil con una agenda política que impulsara demandas populares de los sectores obreros y campesinos, aunado a la capacidad de movilización y manifestaciones organizadas, llevó a que tales expresiones políticas fueran vistas como subversivas. Esto provocó la represión directa del movimiento y el castigo a sus líderes por parte de las autoridades universitarias, que depusieron a Sandoval de su cargo en la FUP24. Sin embargo, aunque el FPE había sido desplazado de facto de sus cargos de representación institucional estudiantil, continuó teniendo cuadros estudiantiles con capacidad de liderazgo hasta 1975. En ese año en particular, las acciones del FPE no decayeron, e incluían mítines donde se vinculaban estudiantes, liderazgos populares, obreros y campesinos, con el objetivo de enlazar las reivindicaciones estudiantiles con las demandas propias de estos grupos sociales. Una demanda constante y prioritaria del movimiento estudiantil universitario era la oposición al alza del precio del transporte urbano, acerca de la cual el FPE continuó presionando, manifestándose y tomando autobuses urbanos como protesta.

Como se documenta en la prensa local25 de 1975, cuando los permisionarios transportistas pretendieron un aumento en las tarifas del transporte urbano de 55 centavos a 88 centavos, el FPE se movilizó nuevamente, realizó protestas y nuevas tomas de camiones urbanos que los permisionarios calificaron como robos. El conflicto crispó las posiciones de los permisionarios que demandaban el aumento de la tarifa y el gobierno estatal que se resistía, por cálculo político26, al aumento. Al final, la posición del gobierno de mantener las cuotas generales en 55 centavos y las preferentes para estudiantes en 33 centavos prevaleció, pues también desde los sectores populares, sindicales y corporativos del PRI había una gran oposición al aumento. Es justo en medio de este conflicto local cuando la violencia política se hace presente.

La existencia de un movimiento estudiantil local activo, como no se tuvo en SLP durante la efervescencia política juvenil de 1968, preocupaba al gobierno federal que, durante el sexenio de Echeverría, había ejercido una represión sistemática contra grupos políticos salidos de las universidades públicas que habían sufrido la represión de 1968. Muchos de ellos, incluso, se radicalizaron, y buscaron resistir de manera violenta contra el régimen. En este tenso contexto de represión del régimen autoritario nacional, el 27 de enero de 1975 las autoridades locales y federales reaccionaron ante un atentado terrorista con bombas colocadas en puntos céntricos de la capital del estado. El atentado cobró la vida de seis personas y ocasionó varios heridos.

Las autoridades federales, apoyadas por las locales, detuvieron de inmediato a los líderes estudiantiles del FPE inculpándolos de los atentados; luego de encarcelarlos y torturarlos, al no poder comprobar lazo alguno entre las actividades de Frente y los atentados fueron liberados. En un primer momento se acusó a los estudiantes de haber contactado a una célula terrorista nacional que tenía a SLP como objetivo de sus bombas y facilitado la logística para el atentado. Esta hipótesis judicial no se pudo comprobar, pero la detención y tortura de los líderes estudiantiles desarticuló el movimiento estudiantil que tomaba fuerza a nivel local en medio del álgido conflicto del aumento a las tarifas del transporte urbano.

Los bombazos de enero de 1975 fueron atribuidos, más tarde, a un grupo revolucionario denominado “Unión del Pueblo”, sin presencia alguna en SLP, que operaba desde el Distrito Federal. Los miembros de este grupo fueron detenidos en la Ciudad de México el 30 de enero de 1975, como constata en las notas de los diarios, acusados de planear y ejecutar los bombazos en SLP, DF y Guadalajara.

Los líderes estudiantiles, detenidos27 por más de ocho días, fueron puestos en libertad al no podérseles comprobar los cargos de “sedición y homicidio calificado, entre otros”28. Incluso algunos estudiantes universitarios con presencia en los propios entes corporativos juveniles del PRI habían demandado al gobernador Fonseca la liberación de los estudiantes detenidos. Cuando el gobernador dio la orden al procurador de liberarlos se retiraron los cargos de inmediato, pero la procuraduría de justicia local se deslindó de las torturas que habían sufrido los estudiantes y el profesor Carlos López Torres, activista del magisterio y miembro del Partido Comunista Mexicano.

La “Unión del Pueblo (UP) fue un ente de insurgencia armada surgido en los núcleos estudiantiles de la Universidad de Guadalajara29. Sobre esta organización existieron sospechas de infiltración del propio Estado mexicano, pero para el caso local sirvió para desarticular la creciente movilización estudiantil en SLP30.

El régimen priista y su clase política, local y federal, condenaron el atentado y de inmediato fue calificado, como lo constató la prensa, como un “acto contra revolucionario”31. Así, apostando en el discurso por la retórica nacional-revolucionaria, y como respuesta a los atentados el PRI nacional, el gobernador y políticos cercanos al presidente Echeverría llamaron a la unidad nacional32.

El 30 de enero, tres días después de los atentados, el gobernador Fonseca convocó, a través de la organización priista “Alianza Popular Revolucionaria”, a una manifestación del pueblo potosino en repudio al terrorismo y para demostrar solidaridad con su gobierno. En tal manifestación se hicieron presentes todos los sectores corporativos priistas, diputados locales y federales e incluso los alcaldes de los municipios, que traían consigo contingentes a la manifestación. Este acto político demostró que los engranes del régimen corporativo priista funcionaban muy bien y que no se fracturarían, al menos en lo que restaba del sexenio del gobernador Fonseca.

El episodio de violencia política en la capital del estado cimbró a la sociedad potosina y logró desmovilizar a los estudiantes universitarios. El suceso se enmarca de forma clara en el ambiente persistente de represión a los grupos de oposición política al régimen hegemónico del PRI y su gobierno federal durante el sexenio del presidente Echeverría Álvarez, conocida como “guerra sucia”; esta estrategia optó por la violencia militar contra los distintos grupos de oposición política, varios de los cuales habían tomado una postura de mayor radicalidad y violencia luego de la dura represión de 1968 y 1971. En este contexto, el estado de SLP no estuvo exento de estos cruentos episodios de violencia y posterior represión de organizaciones políticas opositoras.

Aunque éste es un detalle poco tratado en la historia política local, es vital para entender los ciclos de movilización y desmovilización de la propia oposición política organizada en la sociedad de SLP: los bombazos de 1975 sirvieron, junto con las acciones posteriores, para recordar de manera cruda a la sociedad potosina que ninguna expresión disidente y plural podría traspasar los límites del régimen político existente, y que la vía privilegiada y fuerte estaba en el partido hegemónico. Así, este suceso trágico sirvió, dentro de la lógica autoritaria del poder institucional, para mantener un control social y político efectivo a través de la coacción, y para que en SLP hubiese estabilidad política “a la fuerza”.

3.5. LA RUPTURA DE LA HEGEMONÍA DEL PRI

3.5.1. El sexenio de Carlos Jongitud Barrios: de la estabilidad política a las tensiones políticas irreversibles. 1979-1985

La elección del profesor Carlos Jongitud Barrios como candidato priista y gobernador de SLP fue una decisión impulsada desde el centro político nacional. Una de las razones principales de su elección fue que fungía como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de México y de América Latina.

Su investidura como líder sindical magisterial le dotó de un gran poder real de movilización y organización dentro del sistema político mexicano de manera que, para 1979, durante el gobierno del presidente José López Portillo, la designación de Jongitud como candidato del PRI a gobernador de SLP tuvo un encaje lógico en la distribución del poder de los entonces muy poderosos corporativos sindicales que constituían las bases sólidas de la movilización política y electoral del partido a nivel nacional. En 1979 el cambio de gobierno en SLP tuvo un evidente control central que impidió que un priista con carrera local fuera electo como candidato.

El profesor Jongitud, si bien nació en el municipio huasteco de Coxcatlán, realizó casi toda su carrera profesional magisterial y política alejado de SLP. Su propio ascenso político en el magisterio y el PRI sucedió en la Ciudad de México. Llegó al gobierno casi en las mismas condiciones que en 1976 llegara José López Portillo a la presidencia, sin ninguna oposición partidista real.

Jongitud ganó las elecciones a la gubernatura de SLP del 1 de julio de 1979 con un 99.7 por ciento, contra un 0.3 por ciento acumulado entre todos los partidos de la oposición; la participación electoral fue de un 85 por ciento contra 15 por ciento de abstención. Votaron, en cifras redondas, 537,820 ciudadanos de un total de 634,971 empadronados33. Estas cifras de triunfo abrumador son indicativas de que en 1979 la hegemonía priista local no tenía freno, real ni institucional, y de que la lógica hegemónica vivía uno de sus momentos de mayor control, sin contrapesos partidistas reales en el sistema político potosino.

Además, tal triunfo arrollador fue posible debido a que la campaña electoral fue de “un despilfarro absoluto” y de una asimetría enorme de recursos entre el partido del gobierno y la precaria oposición, que competía en total inequidad y no podía hacerle frente a la maquinaria de poder político y electoral priista34.

Con los tres antecedentes mencionados (el poder real de Carlos Jongitud Barrios derivado de su liderazgo magisterial, la decisión de su candidatura y gobierno avalados por el gobierno federal como centro político, y la tremenda asimetría de recursos desplegados durante su campaña política), su gobierno no tuvo opositores cohesionados que le hicieran frente y competencia política real hasta 1981.

En este sentido, su gobierno fue muy estable en términos de permanencia de los miembros de la élite política dentro de su gabinete de gobierno, con muy pocas destituciones o movilidad interior de altos secretarios de gobierno; se distinguió también, en similar línea a los tres sexenios que le antecedieron, por fomentar la obra pública en el estado y, sobre todo, concentrarla en la capital. Por otra parte, y en contrapartida a la estabilidad de su gobierno, en este sexenio creció la tensión política entre el gobierno y la sociedad potosina local, pues Jongitud llegó a gobernar con un equipo de trabajo propio —conocido como la “legión extranjera”—, que desplazó a los cuadros políticos del PRI potosino y de la sociedad local35.

Durante su gobierno, en 1980 se expedirá una nueva ley electoral36 que adaptaba las modificaciones de la reforma federal de 1977. En ella, el organismo encargado de la realización de las elecciones cambia de nombre para pasar de Consejo Estatal de Padrón y Vigilancia Electorales, a Consejo Estatal Electoral, definido como un “organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales de la materia, y de preparar, desarrollar y vigilar todos los procesos electorales estatales y municipales”37.

El Consejo Estatal Electoral estaría integrado por el secretario general de Gobierno, que fungiría como presidente del mismo; dos representantes del Congreso (uno de mayoría y otro de representación proporcional), nombrados por el mismo Congreso o, en su caso, por la Comisión Permanente; dos representantes de los ayuntamientos del estado designados democráticamente por ellos mismos, un notario público designado por el Ejecutivo de entre los miembros del Consejo de Notarios del Estado, y que tendrá las funciones de secretario; el director del Registro Estatal de Electores y un representante de cada uno de los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales38.

Además de lo señalado hay que resaltar que la ley se complejiza; incluye, por ejemplo, secciones específicas para el registro de candidatos, el registro de representantes de partido, la seguridad en las elecciones, las fases de las elecciones, la propaganda de partidos y coaliciones, y también sobre la calificación de las elecciones, los recursos contra los actos de los organismos electorales y las causales de nulidad.

Con estas modificaciones a la legislación electoral, y con tensiones crecientes que sucedieron entre 1979 y 1981, el ambiente político sin duda se crispó y así se mantuvo el resto de su sexenio (1982-1985). Este periodo marcó el regreso de Salvador Nava a la escena y vida política local. Nava fue electo en 1982 como alcalde de SLP por una coalición opositora compuesta por el Frente Cívico Potosino (organización política propia de los navistas), el PAN y el PDM, los cuales derrotaron al candidato del PRI por la alcaldía.

Con un gobierno municipal opuesto al gobierno estatal priista, las relaciones entre ellos fueron tensas y estuvieron en permanente confrontación, pues el gobernador retrasaba la asignación de las participaciones presupuestales que llegaban desde la federación y que tenía que distribuir a los ayuntamientos, y de esa manera dificultaba su accionar. Además, había un abierto desdén y desaires hacia el alcalde Nava, quien era marginado de los eventos del gobernador39.

Esta tensión fue una de las causas que desatarían la gran inestabilidad política que estalló en el siguiente sexenio; la estrategia política de contener los recursos de las partidas federales hacia los municipios, mismos que empezaban a ganar la oposición partidista en México, tenía el propósito de castigar a los gobiernos de la oposición y con ello manipular de forma indirecta las subsecuentes elecciones, ya que el electorado, al percibir que los gobiernos locales conseguían resultados muy precarios en el otorgamiento de servicios públicos, no tendría otra alternativa más que volver a votar por los candidatos municipales priistas. Tal estrategia provocó la radicalización de la oposición partidista y su determinación de organizarse y movilizarse para competir de forma efectiva en las elecciones locales.

Esta contra-estrategia de la oposición fue efectiva, pues a pesar de que el PRI se resistía y movilizaba votantes a su favor, la oposición partidista, de la mano con el navismo, logró hacer evidente que también ganaba votos y que el priismo local hacía uso del fraude electoral para mantener sus posiciones; pero, sobre todo, dejaba ver que tales votos expresaban el rechazo al modelo hegemónico y vertical del PRI.

Así, el sexenio de Carlos Jongitud Barrios llegó a su fin y él se retiró a las sombras de la escena política local. A pesar de que quiso influir en su sucesor, el nuevo gobierno federal de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) buscó distanciarse del poder del líder magisterial y decidió impulsar a Florencio Salazar Martínez como candidato a gobernador de SLP.

3.5.2. El inicio de la transición política local y la ruptura de la hegemonía del PRI en SLP 1985-1991

El sexenio de Florencio Salazar Martínez, que debía abarcar el periodo de 1985 a 1991, no fue completado y marca el inicio de un episodio de intensa inestabilidad en la política potosina de finales del siglo XX. Salazar se encontraba alejado de la influencia del gobernador saliente y, aunque no formaba parte de su grupo cercano, contaba con el aval nacional del PRI y del presidente de la República para ser el próximo gobernador; además, era muy cercano al exgobernador Antonio Rocha Cordero, quien seguía siendo una personalidad central y contaba con un gran peso simbólico en la política potosina y el priismo local40.

Salazar Martínez ganó las elecciones de gobernador con un 89 por ciento de los votos contra un 11 por ciento de los votos acumulados por los seis partidos contrarios al PRI41. Se emitieron un total de 440,486 votos, de un padrón de 790,763 votantes y se anularon 4,400 votos, mientras que la participación electoral total fue de un 56 por ciento contra 44 por ciento de abstención42.

En contraste con la elección del sexenio anterior se nota una mayor participación de la oposición, sin embargo, la hegemonía del PRI aún era evidente y abrumadora. A pesar de la legitimidad de los resultados electorales, y de que tales elecciones de gobernador transcurrieron con calma, el gobierno de Florencio Salazar, si bien en un inicio mostró signos de conciliación con la sociedad, empezó a mostrarse renuente a la negociación política y se tambaleó a partir de los conflictos postelectorales de la elección municipal de la capital del estado en 198543.

En tales elecciones se presentó como candidato “navista” del FCP el ingeniero Guillermo Pizzuto Zamanillo, quien contendió en contra del priista Guillermo Medina de los Santos, exrector de la UASLP. Las elecciones del municipio de la capital de SLP, al resultar cerradas entre el PRI y el FCP navista, fueron denunciadas como fraudulentas por los navistas44.

Sin embargo, a pesar de las impugnaciones hechas a esa elección municipal se le dio el triunfo al priista Guillermo Medina y, en consecuencia, el navismo se movilizó con el aval de su líder; el 1 de enero de 1986, fecha en la cual Guillermo Medina recibiría el cargo de alcalde, tanto el FCP como la oposición panista y el PDM protestaron contra la toma del cargo y trataron de impedirla con una protesta abierta y un cerco al palacio municipal.

Previendo la protesta, el evento protocolario se llevó a cabo fuera del palacio municipal. No obstante, en las protestas ocurridas en la Plaza de Armas y afuera del palacio hubo actos de violencia resultado de la tensión entre los opositores navistas y los partidarios priistas. A su vez, agentes policiales intervinieron, teniendo como resultado del conflicto un incendio provocado en el palacio municipal y un muerto45.

Con este suceso, Salvador Nava y sus seguidores entrarían de forma definitiva en la lucha política en contra del priismo local hegemónico, en su segunda y última etapa —recuérdese que la primera intervención de lucha navista en el estado fue de 1958 a 1963—. El resto de 1986, y hasta mayo de 1987, el navismo repudió en plena forma las acciones del gobierno estatal, y las declaraciones de Nava contra la capacidad insuficiente de negociación política del gobernador tuvieron un peso importante en tensar el ambiente político y afectaron la gobernabilidad.

Además, el gobernador debió enfrentar desde el inicio de su gestión otros conflictos paralelos que complicaron su gobierno: en un principio su nombramiento respondía a la intención de Miguel de la Madrid de no permitir la consolidación de un nuevo cacicazgo con Jongitud y contrarrestar su peso político, sin embargo, Salazar quedó atrapado entre esta intención y la necesidad pragmática del presidente de generar acuerdos con el líder magisterial para mantener el control y el apoyo al PRI46.

Así, con el propósito de cortar la influencia de Jongitud, el gobernador entró en conflicto con él, “éste le respondió creándole un clima muy negativo en el estado y, tal vez, metiendo las manos para promover la violencia política”47, sin embargo, Salazar no encontró apoyo de la presidencia por esa relación ambivalente del presidente con Jongitud y porque no formaba parte de su equipo. Esto llevó a problemas continuos, como la renuncia de varios de sus colaboradores de primer nivel y el deterioro de su relación con la elite local priista (seguidores de Jongitud), confrontaciones con el sector empresarial, la prensa y conflictos del sector estudiantil universitario48, además del conflicto electoral mencionado. Así, el gobierno estatal de Salazar se encontró ante una continua y creciente erosión de la estabilidad y gobernabilidad que no pudo gestionar adecuadamente y su gobierno perdió la confianza del presidente49.

El conflicto con el exgobernador, la pérdida de confianza del poder político central, el desencuentro con los sectores privados locales afectados por los disturbios políticos, el conflicto electoral, la violencia derivada de éste y equívocos propios, fueron los factores endógenos y exógenos clave que forzaron su caída; en la etapa autoritaria del priismo hegemónico en el poder no se podían soportar por mucho tiempo inestabilidades políticas en los espacios locales porque impactaban en la legitimidad del gobierno federal y, en particular, en la figura vertical de poder del presidente de la república en turno. Todo lo anterior llevó a su salida del gobierno por vía de la solicitud de licencia.

De forma casi inmediata, el periodo para concluir su gobierno50 fue cubierto por Leopoldíno Ortíz Santos, votado por mayoría de 15 contra 5 en el congreso local dominado por los priistas. Su gobierno calmó las agitadas aguas en la política local —al menos entre el nivel local y el federal, y las élites empresariales locales—, sin embargo, con la oposición la relación continuó siendo tensa y ríspida, pues ya estaba puesta la mira en la elección de gobernador en 1991, tanto por el PRI-gobierno como por la oposición navista.

3.5.3. 1991-1993 el abortado gobierno de Fausto Zapata Loredo y los interinatos que marcan el final del conflicto político en SLP

En las elecciones de gobernador de 1991 compitieron por el PRI Fausto Zapata Loredo y, representando a la oposición unificada en un amplio frente por el FCP, PAN y PRD, Salvador Nava Martínez. La candidatura de Zapata Loredo tuvo un muy fuerte impulso desde el centro político nacional, pues era un político potosino formado en el periodismo profesional, cercano al expresidente Luis Echeverría, y de alguna forma se mantenía alejado de los cónclaves priistas locales, pues todo el impulso y consolidación de su carrera se había forjado desde el centro.

La campaña priista de Zapata se enfocaba en las promesas de progreso y gobernabilidad para la entidad, mientras se disimulaban sus lazos con el pasado como” hombre de sistema”51; por su parte, Nava rememoraba el simbolismo moral de la lucha democrática y su discurso se centraba de forma fuerte en transformar al autoritarismo político local. En este sentido, la campaña navista logró movilizar votos que demostraban la insatisfacción con el régimen del priismo hegemónico local.

La elección arrojó los siguientes resultados: 34 por ciento de votos fueron para la coalición electoral de Nava, 2 por ciento por otros candidatos y 64 por ciento para Zapata Loredo. Cabe destacar que ese 34 por ciento no es poco si se piensa que en esa elección, como en las anteriores, las condiciones de inequidad y de asimetría de recursos entre el PRI y la oposición habían sido, de nuevo, abismales, hecho contundente que garantizó el triunfo del candidato priista.

Al ser tan evidentes las condiciones de inequidad, provocaron la protesta álgida y directa de la oposición navista; los resultados no se impugnaron ante las autoridades electorales —bajo control del gobierno estatal— al catalogarlos como fraudulentos52: dado que el proceso se había desarrollado sobre un piso de competencia desnivelado e injusto, no era posible impugnar ante quienes actuaban como comparsas directas del engaño53. Además, estas condiciones de extrema inequidad mantenían los porcentajes de abstencionismo altos, pues en esa elección fue de 46 por ciento ante un 54 por ciento de participación. Si bien la participación está por encima de la mitad, el abstencionismo es cercano a 50 por ciento, lo cual favorecía al oficialismo priista.

El 26 de septiembre de 1991, día en el cual Zapata Loredo tomaba posesión del cargo, la lucha navista estaba en plena rebeldía cívica en las calles. Para canalizar las protestas y redirigir el simbolismo de la revuelta cívica hacia la presidencia de la república, Nava comenzó la llamada “Marcha de la Dignidad”, con el objetivo de pedir la anulación de la elección y la renuncia inmediata del nuevo gobernador priista. En la capital del estado, mientras Nava marchaba hacia la capital del país las mujeres navistas hacían un cerco al palacio de gobierno, el cual logró impedir la entrada a Fausto Zapata en varias ocasiones. Finalmente, en una ocasión el gobernador entró por la fuerza y por encima de las mujeres navistas mientras que las priistas provocaban y peleaban con las navistas para que retiraran el cerco.

Las tensiones eran evidentes y si el gobierno federal no intervenía, podrían escalar a formas más violentas. Es así que el 9 de octubre de 1991, con tan sólo 14 días en el cargo, Zapata Loredo tuvo que renunciar aludiendo a “circunstancias infrecuentes”54 respecto a las condiciones de ingobernabilidad del estado. Este suceso puso en evidencia, una vez más, el poder de la mediación presidencial hegemónica sobre los asuntos locales que se iban de las manos55.

3.5.4. Los interinatos finales

A diferencia de la primera etapa del movimiento navista en 1961, treinta años después, en 1991, obtenían un triunfo producto de su movilización política y social: impedir la continuidad de un gobernador electo en un proceso electoral que se había desarrollado con las prácticas anticompetitivas del priismo hegemónico que había regido en el país desde la posrevolución.

A diferencia de casos como el de Guanajuato, donde el gobernador priista que cayó luego de un conflicto electoral fue sustituido por un político emanado de la oposición (en este caso, un político panista), en SLP la oposición, al tener una evidente debilidad en el congreso, no pudo colocar a un hombre en directo emanado de sus filas. En estas condiciones, el 10 de octubre de 1991 el congreso eligió, como sustituto de Zapata, al ingeniero Gonzalo Toribio Martínez Corbalá.

Martínez Corbalá, originario de SLP, era un político de alto nivel en la jerarquía política nacional. Fungió como embajador de México en Chile durante la presidencia de Salvador Allende Gossens, y ante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que terminó con la presidencia y la vida de Allende, maniobró de forma diplomática para dar asilo a cientos de familias chilenas que eran perseguidas por el dictador Augusto Pinochet. También era cercano al expresidente Echeverría, como también del presidente Carlos Salinas de Gortari y su familia cuando fue nombrado gobernador.

Tenía el aval del presidente de la república y del partido por ser hombre de confianza y forjado en el centro, y, al igual que Zapata, alejado de las élites del priismo local. Ante la imposición central, el partido local se disciplinó y cerró filas con el nuevo ungido. La tarea principal de Martínez Corbalá era restaurar la calma política y, aún más en concreto, convocar a elecciones para gobernador en un plazo no menor de 14 meses y no mayor a 18, es decir, a más tardar en el año de 1993.

Como se verá en un capítulo adelante, en este periodo de gobierno Martínez Corbalá avanzó en definitiva en apaciguar los conflictos políticos postelectorales, al trasladar el Consejo Estatal Electoral del mando directo del gobierno, a la sociedad civil. Éste fue un punto de partida clave en materia institucional electoral que no se ha revertido y ahora impera en todo el país y sus órganos electorales locales que, si bien aún tienen fuerte influencia de los partidos políticos en competencia, ya están del todo separados de manera formal y legal del control directo del gobierno.

A pesar del retorno de la calma política al menos por un año durante su gobierno, luego de la muerte del Dr. Salvador Nava, el 18 de mayo de 1992, Martínez Corbalá ambicionaba participar en las elecciones de gobernador constitucional que se celebrarían en 1993, por lo que renunció a su cargo el 10 de octubre de 1992.

Martínez aprovechaba así un aparente hueco legal en la Constitución Política de SLP para maniobrar su candidatura, pues el artículo 73 estipulaba que para ser gobernador se requería no ser servidor público estatal o municipal con mando y ejercicio de autoridad a menos de separarse seis meses antes de la elección. De forma posterior, y a pesar de las negociaciones políticas que pudiesen haber conseguido su objetivo, la propia Constitución local impedía sus ambiciones en el artículo 53, que estipulaba con claridad que ninguna persona que hubiese ocupado el cargo de gobernador del estado, ya fuese como “interino” o “sustituto”, podría volver a hacerlo, y menos aún para un periodo inmediato.

Como consecuencia de la renuncia de Martínez Corbalá, el Congreso designó al priista Teófilo Torres Corzo, quien duraría tan sólo siete meses en el cargo, hasta el 18 de mayo de 1993, fecha en la cual fue sustituido por un gobernador emanado por el voto popular. Torres Corzo era miembro de la élite priista local. Había comenzado su carrera política muy joven, durante el sexenio de Rocha Cordero, quien impulsó su trayectoria en el espacio local56.

Su breve periodo al mando del gobierno no estuvo exento de crispación política debido al intento reeleccionista de su antecesor inmediato. El navismo, ya sin su líder, logró su última gran cohesión antes de la desbandada y fragmentación al aglutinarse en contra de la maniobra política de Martínez Corbalá y agrupar de nuevo los apoyos políticos nacionales de figuras destacadas de la oposición nacional en el Frente Antirreeleccionista Nacional (FAN). Al hacer eco de la intención reeleccionista de MC, el Frente colocó el tema en la agenda nacional e impidió otras posibles maniobras similares en el nivel federal.

El propio priismo local, dirigido entonces por el abogado y periodista Julio Hernández López, se oponía abiertamente a la reelección, y a pesar de las tensiones que su rechazo causó en su partido, fue determinante para sacar de forma definitiva a Martínez Corbalá del juego político de 1993.

Así pues, llegó el mes de las elecciones extraordinarias de 1993, que se disputaron el 18 de abril, con un panorama claro que garantizó la continuidad del priismo y con mucho menor crispación que las elecciones anteriores. En primer lugar, la oposición navista se fragmentó por completo, al no acordar un candidato de unidad y de coalición concreto: el navismo, representado por el FCP, optó por Concepción Nava Calvillo, viuda de Salvador Nava, y el panismo postuló a Jorge Lozano Armengol, ahijado de Nava57. En la misma sintonía con el legado filial navista, el PRI evitó una ruptura en sus filas y optó por Horacio Sánchez Unzueta, priista con trayectoria local, quien resultaba ser esposo de una de las hijas de Salvador Nava.

Así, el 18 de mayo de 1993 fue electo como nuevo gobernador constitucional el priista Horacio Sánchez Unzueta, con 66 por ciento de los votos contra 34 por ciento acumulado de toda la oposición, es decir que el voto navista se mantuvo casi igual, pero fragmentado: el PAN obtuvo 21 por ciento, Nava Partido Político (que postulaba a Concepción Calvillo) obtuvo un 8 por ciento, y otros candidatos llegaron al 5 por ciento; a su vez, esta ocasión la abstención fue muy alta, pues llegó a 64 por ciento contra una participación total de 34 por ciento.

El abstencionismo era un reflejo del desgaste ciudadano ante los conflictos constantes, y el aval de los que participaron fue para el priismo, que tenía en la figura de Sánchez Unzueta no sólo a un priista local que contaba con las simpatías y apoyos de las figuras importantes del priismo potosino y nacional, sino a un miembro directo de la familia Nava. Su gobierno tuvo este sui generis aval de legitimidad filial del navismo de antaño, que llegaba a su fin, y varios miembros navistas y panistas formaron parte de su gobierno58.

El gobierno de Sánchez Unzueta tuvo tensiones y conflictos postelectorales —como se verá adelante en este libro—, producto de fuertes rupturas priistas en los municipios de SLP, a partir de las cuales la competitividad electoral llegó a ser la constante, junto con los conflictos postelectorales municipales, que se tuvieron que atender con instituciones como la segunda vuelta electoral.

Por último, y en síntesis, el periodo de Horacio Sánchez marca un nuevo comienzo en términos de estabilidad en la política potosina pues, a partir de aquí, no han acontecido movilizaciones sociales y políticas mayores que en el espacio local hagan caer a más gobernadores. Es interesante observar cómo los acuerdos políticos de la propia clase política que estuvo en pugna a inicios de la década de los noventa, que muchas veces estuvieron al margen de la institucionalidad política local y que se dirimieron en mayor medida apelando a los mecanismos directos del autoritarismo presidencialista, fueron una base inicial para lograr una mayor institucionalización en la política potosina.

Si bien la intervención del poder central fue clave inicialmente para contener los problemas de estabilidad, con el tiempo el recurso se agotó y entró en conflicto con sus propios resultados. Los acuerdos para la solución de estos conflictos se habían adoptado, finalmente, a través de las élites de la política local, sin embargo, esas circunstancias y decisiones fueron el origen de la propia ruptura de la hegemonía priista y de la entrada de la competencia partidista efectiva en SLP. La alternancia de partido en el gobierno llegó hasta 2003, pero sin los conflictos políticos de las élites locales no se puede explicar el desarrollo institucional posterior de la política potosina y el sistema político potosino.

3.6. LA PRIMACÍA DE LA POLÍTICA LOCAL COMO NORMALIDAD CONTEMPORÁNEA: EFECTO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL

A partir de Sánchez Unzueta, los gobernadores Fernando Silva Nieto, el panista Marcelo de los Santos Fraga, y el priista Fernando Toranzo Fernández, fueron actores políticos afianzados más en la política local que en el centro de la política nacional. Esto puede demostrar, a su vez, el proceso de democratización del país, donde el presidente de la República perdió una importante capacidad de concentración de poder. También denota la pérdida de competitividad del PRI ante otras opciones electorales, lo cual llevaría a la alternancia local en SLP de la mano del PAN y de un gobernador emanado de las filas panistas locales.

Por último, el gobernador Juan Manuel Carreras López representa un caso de hibridez respecto de su pertenencia a la política local y nacional, pues este actor político priista había ocupado, como venía sucediendo, puestos relevantes en la administración pública federal en la época del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa y también fue electo diputado federal de 2000 a 2003.

Sus buenas relaciones con actores de la política federal y su conocimiento de la política local al ocupar cargos directivos en el gobierno estatal en la época de Martínez Corbalá, Torres Corzo y Toranzo, hacen que forme parte de la generación de políticos priistas que inició sus pasos en la política en los años de los interinatos finales en la gubernatura potosina. Y éstos, a su vez, resultaron ser factores claves para decidir al candidato del PRI en la elección de 2015, ya que la candidatura fue designada por el CEN priista al considerar a Carreras como un candidato de “unidad”, pues su perfil conciliaba los intereses del partido y de la mayoría de sus precandidatos, lo que le garantizaba competitividad electoral.

A pesar de que uno de los precandidatos del PRI, Fernando Pérez Espinoza, se fue al PRD para contender a la gubernatura y pudo arrastrar parte de los votos, los conflictos internos del PAN le restaron presencia; aunque este partido representaba la fuerza más importante contra el PRI, no fue suficiente para restarle votos. El PRI finalmente salió vencedor en 2015.

Así pues, como no había sucedido en los cinco periodos de gobierno antecedentes a 2015, el hecho de impulsar a un candidato que conociera tanto el centro político nacional como las dinámicas locales, sumado a la anuencia del centro político nacional de la mano del CEN priista que consiguió que el PRI de SLP no se fracturara demasiado, y del presidente de la Republica en torno a la decisión del candidato priista, volvieron a ser factores clave para contar con un candidato priista ganador en la disputa por el poder Ejecutivo de SLP.

CONCLUSIÓN

La dinámica política trazada en el capítulo demuestra el cambio en la propia lógica autoritaria —y centralizada de facto— del sistema político nacional, así como sus repercusiones en el sistema político local. Si bien se logró consolidar el régimen y dar inicio al proceso de conformación institucional de un sistema electoral y de partidos con mayor estabilidad, el desgaste en las relaciones entre régimen-gobierno-partido y la sociedad se hicieron cada vez más evidentes hasta el punto de tener que recurrir a prácticas de represión para disminuir la actividad política opositora local.

La represión, como respuesta a las demandas cívicas de pluralidad política, democracia y libertad política que se dieron en el país, motivaron una ola de radicalización de los movimientos políticos y sociales en México durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Esto haría escalar la violencia política hasta el grado de cuestionar con seriedad la legitimidad del régimen luego de las elecciones presidenciales de 197659.

Por su parte, las respuestas represivas contra las oposiciones no electorales60 organizadas demostraron en el mediano plazo ser un método de desgaste para el mismo régimen, de manera que se tuvo que trabajar en la apertura política de las instituciones para darle más viabilidad al propio régimen priista y restaurar su legitimidad.

Esta apertura se dio con la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) de 1976, la cual fundó los principios de competencia efectiva para el sistema de partidos en México al otorgarles pleno reconocimiento y recursos públicos a los partidos de oposición al PRI.

El proceso de democratización iniciado con las reformas político-electorales de 1977 dio mayor dinamismo al sistema de partidos que se tenía entonces y las coyunturas nacionales (la crisis económica de 1982, las victorias del PAN a nivel municipal en 1983, la fractura del PRI en 1987, la cuestionada elección presidencial de 1988, donde la oposición política nacional disputó de forma seria la presidencia al PRI, y la primera alternancia en un gobierno estatal en 1989 a favor del PAN en el estado de Baja California) llevaron a incrementar las expectativas de cambio político.

A su vez, la circunstancia de un gobernador que fue enviado por el centro a recuperar el control de un poderoso gobernador anterior y reajustar el equilibrio del poder local llevó a una nueva circunstancia de inestabilidad que no pudo ser recuperada con un gobernador impuesto desde el centro, apoyado en las viejas prácticas de manipulación electoral. A su vez, la frustración del liderazgo opositor local, en su intento por alcanzar la gubernatura estatal y las expectativas incumplidas de cambio, llevarían a la protesta y exigencia de modificar las reglas electorales y, en particular, la composición del organizador de las elecciones.

Al mismo tiempo, las fracturas internas del partido hegemónico por la imposición de candidatos y la fuga de liderazgos locales a otros partidos llevarían al incremento de la competitividad electoral efectiva desde el plano municipal y la ruptura de la hegemonía priista. Así, con álgidos conflictos políticos se darían las primeras alternancias electorales en diversos municipios a inicios de la década de los noventa, mostrando la necesidad de cambiar las reglas del juego político.

El agotamiento de los modelos de control político (ver Tabla 7), la insuficiencia de las reglas electorales ante las circunstancias y las demandas ciudadanas de apertura política, las consecuencias no deseadas de las decisiones y gobernantes elegidos, los errores, la modificación de los equilibrios en los grupos de poder, la entrada de actores con lógicas diferentes, las nuevas disposiciones normativas que posibilitaban la competencia electoral y los cambios en la disposición del poder (ya sin las opciones de la represión o de la disciplina partidista) llevaron a la modificación de las reglas electorales. El cambio a un nuevo modelo de organización de las elecciones fue la opción idónea para canalizar la pluralidad política local y su intensa competitividad, así como una vía efectiva para conducir la democratización local y para modificar las lógicas autoritarias del priismo hegemónico en el estado. ¿Cómo se dio esta transformación institucional electoral en el estado y cuáles fueron sus impactos sobre la distribución del poder político local?

TABLA 7

CONTINGENCIA Y CAMBIO INSTITUCIONAL 1958-1993

Elaboración propia.

NOTAS

1Entiéndase como un conjunto coherente de métodos y procedimientos para conseguir un fin. En este caso el fin es el control político.

2Que fue Fausto Zapata Loredo, cercano y protegido del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

3Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 94-95.

4Junto con el Dr. Salvador Nava fueron arrestados cerca de 50 dirigentes de oposición, entre ellos empresarios, comerciantes, profesionistas universitarios, obreros y amas de casa. Los cargos fueron de subversión y de haber iniciado un tiroteo en la Plaza de Armas de SLP con bajas mortales el día 15 de septiembre de 1961 (existieron tiradores no identificados que dispararon contra manifestantes y militares). Debido a la presión nacional, la falta de pruebas y a las denuncias de represión gubernamental contra la oposición, los manifestantes fueron liberados del Campo Militar No. 1, principal centro de detención de opositores políticos del régimen priista. Para un recuento detallado ver: Lidia Herrera, Una mirada hacia el navismo (México: Ediciones Proceso, 2015).

5Julio Hernández López, Las horas contadas del PRI: La historia de una disidencia por la democracia (México: Grijalbo, 1997), 33.

6Si bien las primeras represiones que resistían al régimen y le exigían reformas democráticas se dieron a fines de la década del cincuenta, con la represión a los movimientos de trabajadores ferrocarrileros y médicos en el Distrito Federal, en las regiones del país el movimiento navista fue uno de los primeros reprimidos con violencia y coerción militar explícita del Estado. Con esto se configuraba una especie de antesala para la represión violenta del movimiento estudiantil de 1968.

7Isabel Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, 306.

8Los periodos del gobierno federal y estatal de SLP no son congruentes, es decir, tienen una diferencia en sus elecciones de cuatro años, por lo cual al gobierno de López Dávila le tocó concurrir con los últimos cuatro años del presidente López Mateos (1961-1964), y con los primeros años del poco permisivo Gustavo Díaz Ordaz (1964-1967).

9Respecto a las condiciones en las que asumió Rocha el gobierno, señala Xavier Torres:

La crisis [política en la sociedad potosina] era muy honda, mucho más de lo que hoy piensan los que no la vivieron. Nava había ido contra la imposición y él no era hombre de partido. El único partido al que perteneció (el PRI) lo desconoció y Nava logró triunfar impoluto. Rocha era, probablemente, el único que podía curar esa herida. Jugó institucionalmente y ganó. El navismo no se opuso. Seis años son pocos para curar una herida tan honda y Rocha logró lo que parecía imposible.

Ver Xavier Torres, “Presentación”, en Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, Flor Salazar (México: Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí / UASLP, 2014), 9-10.

10Para una biografía de Antonio Rocha Cordero ver Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012 (México: Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí / UASLP, 2014).

11Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 27.

12Pues era un proceso sujeto a la casi total discreción del presidente de la República para nombrar al candidato sucesor. Esta práctica se conoce como “el tapado”, pues el presidente “tapa” o cubre casi de forma literal a su favorito para sucederle al cargo y no lo descubre o lo “destapa” hasta el momento de la designación final y oficial de la candidatura presidencial.

13Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 17.

14Como ejemplo de esto, en su discurso de protesta al cargo de gobernador convocó:

al señor Rector de la UASLP; a los ciudadanos presidentes de la CANACINTRA; a los secretarios generales de la sección 52 del Sindicato de Trabajadores de la Educación; de la CTM; y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, [a que] se constituyan en auditores del manejo del presupuesto, y a ese fin los he autorizado para que puedan cerciorase, sin restricción, de la legitimidad de los gastos y del manejo de los ingresos. Las obras que ejecutemos en este periodo serán realizadas con la cooperación ciudadana, la de la iniciativa privada organizada y la de la Federación y serán más venturosas en la medida que el pueblo se interese en ellas, las elija y las vigile. Ver Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 13-14.

15Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 141.

16En el sexenio de Rocha se invirtió en numerosas obras públicas que siguen siendo relevantes para el estado de SLP y su capital. Espacios públicos: el rediseño del ala sur del Palacio de Gobierno, el estacionamiento subterráneo de Plaza de Fundadores, La Plaza del Carmen, Plaza de Aránzazu y Plaza España; museos: la Casa de la Cultura, Museo de la Máscara; la sede para el Palacio de Justicia; universidades: Tecnológico Regional, Facultad de Jurisprudencia y donación de terrenos para la UASLP; hospitales y sanatorios: Clínica Psiquiátrica “Vicente Chico Sein”, la sede de la Cruz Roja, la maternidad “Dr. Jesús Noyola”, asilo “Dr. Nicolás Aguilar”, Escuela Hogar para Invidentes “Prof. Emigdio M. Belloc”; escuelas: Instituto Potosino de Bellas Artes, Centro Escolar “José Ma. Morelos y Pavón”; infraestructura penitenciaria: en la Penitenciaría del estado, el ala de enfermería, secciones para enfermos mentales y mujeres, y crujía para reos procesados; instalaciones deportivas públicas: en la Unidad Deportiva Adolfo López Meteos, el auditorio-estadio “Miguel Barragán” y la Alberca Olímpica; jardines de niños públicos: “La Pajarita”, “La Paloma”, “La Estrella” y “La Venadita”; carreteras interestatales: a Tierranueva, a San Nicolás Tolentino, a Cerritos, a Guadalcázar, a El Realejo, de Moctezuma a Charcas, en la Huasteca a San Martín Chalchicuautla, eje carretero Tamuín-San Vicente Tancuayalab; infraestructura agraria: desazolve de tanques y abrevaderos de agua en ejidos del Altiplano, introducción de electricidad en numerosos núcleos campesinos, caminos vecinales, pozos de agua de riego y potable, hospitales, clínicas y otras en el campo de SLP. Ver Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 19-20.

17Ver Patricia Báez Patricia “Las relaciones entre los estudiantes universitarios potosinos y el gobernador Rocha Cordero”, Reeditor, 2012, https://www.reeditor.com/columna/5365/27/sociologia/las/relaciones/los/estudiantes/universitarios/potosinos/el/gobernador/antonio/rocha/cordero/19681969/ (consultada el 11 de septiembre de 2018).

18A raíz del conflicto estudiantil de 1968, los estudiantes movilizados en el DF consiguieron apoyos del interior del país, lo cual facilitó que otros movimientos político-estudiantiles emprendieran sus propias luchas políticas en sus espacios locales. Esto sucedió en: Sonora, Coahuila, Puebla, Guerrero y Michoacán, entre otras universidades estatales movilizadas.

19Decreto número 75. Periódico Oficial del Estado, número 92, 15 de noviembre de 1970.

20Decreto número 71. Periódico Oficial del Estado, número 77, 27 de septiembre de 1973.

21Decreto número 76. Periódico Oficial del Estado número 81, 11 de octubre de 1973.

22Al respecto, continuó la modificación urbana de la capital con la construcción de avenidas importantes como el Eje Vial, que cruza desde el centro de la ciudad en un eje de norte a sur; se invirtió en el mejoramiento y construcción de nuevos mercados municipales en la capital y en el resto de los municipios, se construyó el edificio principal de la unidad de Seguridad Pública del Estado, se invirtió en escuelas y espacios culturales en la capital y en los municipios, y en materia de proyectos de infraestructura agraria se siguieron construyendo abrevaderos de agua en el Altiplano y destaca la construcción del sistema de riego Pujal-Coy en el municipio de Ébano en la llanura costera de la Huasteca potosina. Guillermo Fonseca, VI Informe de gobierno del estado de SLP (México: Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1979), 27-44.

23Para un relato de la lucha estudiantil potosina en el periodo 1968-1975, que trata con detenimiento la represión estudiantil en SLP en 1975 durante la época autoritaria del PRI hegemónico, y que aquí retomamos como fuente, ver Javier Padrón, “Los bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado (el rochismo y la guerra sucia”, (Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 2005), http://www.cedema.org/uploads/SLP.pdf (consultado el 10 de octubre de 2018).

24El movimiento de los campesinos triunfaría en 1979, al expropiarse las tierras de la familia Santos con la orden directa del presidente José López Portillo. Sin embargo, en sus años de lucha 1973-1979, este movimiento campesino huasteco sufrió una fuerte represión por parte de las aún existentes influencias del excacique Santos e, incluso, sufrió el asesinato de uno de sus principales líderes, Eusebio García, en 1975. Este episodio marca el término definitivo de la influencia de Gonzalo N. Santos en la política local. Si bien éste se retiró de la política a fines de los años cincuenta, fue muy respetado por la élite priista local y federal hasta su muerte, el 17 de octubre 1978, durante el sexenio de José López Portillo. Como se mencionó, JLP falló a favor de los campesinos que demandaban tierras en manos de la familia Santos y, en consecuencia, decretó la expropiación de éstas en su principal rancho en la Huasteca potosina. 1979 sería el último año de gobierno de Guillermo Fonseca y abrió paso al sexenio de Carlos Jongitud Barrios, líder sindical del magisterio mexicano, con el cual volverían a fines de su sexenio los problemas de inestabilidad política a SLP. Al respecto ver Javier Padrón, “Los bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado (el rochismo y la guerra sucia”, 7-29.

25Ver los ejemplares de los diarios El Heraldo y El Sol de San Luis de enero y febrero de 1975, los cuales presentan completa evidencia sobre este periodo de crispación y violencia política en SLP.

26Pues esto le generaría la antipatía de los sectores populares y obreros, tan presentes en los discursos donde el PRI y el gobernador del estado los “revindicaban”.

27Fueron detenidos los estudiantes: “Julio Hernández López, Carlos López Torres, Jesús Mejía Lira, Ricardo Moreno Barajas, Héctor González Charó, Prisciliano Pérez Anguiano, Antonio Lara Martínez, Alfredo Guzmán Morales, Rosario Valles Velasco, José Antonio Padrón, Ramiro Eduardo Flores y Luis Manuel Barrios” (Javier Padrón, “Los bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado (el rochismo y la guerra sucia”, 34. Los testimonios que recopila Javier Padrón en su obra son los de: Carlos López Torres (47-54), Julio Hernández López (55-61), Prisciliano Pérez Anguiano (62-65) y Jesús Mejía Lira (66-69). Estos cuatro testimonios directos del episodio de violencia política en SLP defienden la tesis de que el atentado de la UP fue la excusa directa para disolver desde el gobierno federal al movimiento estudiantil potosino.

28Javier Padrón, “Los bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado (el rochismo y la guerra sucia”, 55.

29Esta organización: la Unión del Pueblo, […] tuvo su origen, al igual que la Liga Comunista 23 de septiembre y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, en el Frente Estudiantil Revolucionario de la Universidad de Guadalajara, fundado por Andrés Zuno Arce, cuñado del presidente Echeverría, para contrarrestar a la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sobre la UP, fusionada después con el Partido Revolucionario Obrero Clandestino y el Partido de los Pobres, recaía la sospecha de infiltración por la contrainsurgencia. Las bombas eran la especialidad de la UP. Sólo entre 1974 y 1975, se le atribuyen 19 explosiones en Guadalajara, en ataques a los símbolos del poder y el capital, en tiendas departamentales, bancos, instalaciones militares, partidistas, oficinas públicas y periódicos. Javier Padrón, “Los bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado (el rochismo y la guerra sucia”, 29; esta cita hace referencia a la obra que trata la insurgencia urbana en Guadalajara en los años setenta de Mónica Ramírez Abundis, Los setenta: utopía y guerra sucia en Guadalajara (México: CUCSH-UdeG, 2002).

30Javier Padrón, “Los bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado (el rochismo y la guerra sucia”, 46-69.

31En una de las notas de la sección local del periódico El Heraldo con fecha del 29 de enero de 1975 se dio difusión al contenido oficial del PRI nacional que declaró ese día:

el PRI condenó con gran energía los actos de violencia y consideró que por ningún motivo deben de ser tomados como una manifestación política o ideológica sino como hechos que caen dentro del derecho penal. Afirma tal declaración que: los grupos contrarrevolucionarios e irresponsables que se han sumergido a sí mismos en la sociedad, con sus actos sólo incitan a la anarquía. Son […] grupúsculos que pretenden deteriorar la imagen del gobierno y que operan en la clandestinidad, como resultado de su aislamiento y su fracaso, pretendiendo por medio de la violencia, poner en peligro a la sociedad entera. El senado de la república por conducto de los legisladores Juan Sabines, Salvador Gómez Fernández, Germán Corona del Rosal, afirmó hoy que: los atentados dinamiteros son actos contrarrevolucionarios, respuestas enfermizas y desesperadas de impotentes que no saben devolverse dentro del marco de libertades que se ha dado a nuestra nación.

A su vez el secretario de gobernación, Mario Moya Palencia, siguió la línea del discurso oficial del PRI-gobierno tachando de contrarrevolucionarios los atentados con bombas y también culpó a los grupos opositores de seguir el camino violento haciéndoles el juego a los terroristas:

afirmó que el terrorismo es un procedimiento contrarrevolucionario que sólo emplean quienes están manejados por las fuerzas más oscuras y regresivas, o por quiénes le hacen el juego, consciente o inconscientemente […] agregó que no puede ser una actividad política colocar una bomba en lugares donde acuden ciudadanos pacíficos, sin ninguna filiación partidista. No se puede confundir la política con el terrorismo y estoy seguro de que quienes colocan explosivos son instrumento de los grupos más oscuros y regresivos que van en contra de las metas revolucionarias.

32En otra nota de El Heraldo, con fecha del 29 de enero de 1975, titulada: “Es preciso sostener la unidad nacional: se mueven en la oscuridad de la noche”, redactada por ADI, el secretario de la Reforma Agraria Augusto Gómez Villanueva indicó: “[…] que quienes creen que por el camino de la violencia pueden culminar a las instituciones nacionales están equivocados […] es preciso sostener la unidad nacional frente a los embates del neocolonialismo y de las pretensiones de las compañías trasnacionales que quieren hacer del Tercer Mundo, todavía un campo de conquista”.

33María del Carmen Araya, “San Luis Potosí: Una extraordinaria elección”, en Elecciones y Partidos Políticos en México, 1993, (coord.) Leonardo Valdéz (México: UAM CEDE 1994), 96-113.

34Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí (San Luis Potosí: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 2005), 178.

35Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 219-224.

36H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, “Decreto número 270”, Periódico Oficial del Estado, número 270, mayo 1980.

37H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, “Decreto número 270”, Art. 53

38Para que el Consejo pudiera sesionar requería la presencia de la mayoría de sus miembros, el presidente y el secretario deberían estar presentes. Todos los integrantes tendrían voz y voto, los acuerdos serían tomados por mayoría de votos y el presidente tendría el voto de calidad. El Consejo designaría o insacularía a los miembros directivos de los Consejos Distritales y Comités Municipales Electorales, pudiendo considerar las propuestas de los partidos para ello, y tendría, como algunas de sus funciones, las de realizar los convenios con el Registro Nacional de Electores para que se coordinara con el Registro Estatal de Electores en la elaboración y depuración del padrón y listas nominales de electores, expedir las convocatorias a elecciones, registrar candidatos y coaliciones para gobernador y diputados locales de representación proporcional, efectuar el cómputo total de las elecciones de diputados y gobernador, así como de aprobar el diseño de las boletas. La integración de las mesas directivas de casilla las realizaría la Comisión Distrital o la Comisión Municipal; estarían integradas por un presidente, un secretario y dos escrutadores, además de un representante común de los partidos en competencia. En cuanto a los partidos políticos estatales, para que pudieran tener registro se requería un mínimo de 1000 afiliados en cada uno de los distritos locales electorales y un número mínimo de 12 000 afiliados en todo el estado; de igual forma, se especificaban los procedimientos para ello y su pérdida de registro.

39Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 180.

40Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 182.

41Los partidos distintos al PRI en esa elección fueron: el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y el Partido Demócrata Mexicano (PDM). El PAN y el Partido Social Demócrata, al no cumplir con los requisitos para el registro de sus respectivos candidatos, no participaron en la elección.

42María del Carmen Araya, “San Luis Potosí: Una extraordinaria elección”, en Elecciones y partidos políticos en México 1993, (coord.) Leonardo Valdez (México: UAM CEDE, 1994), 107.

43María del Carmen Araya, “San Luis Potosí: Una extraordinaria elección”, 98.

44Los datos oficiales son de 42 276 votos para el PRI contra 38 311 del PAN-FCP. Ver Miguel de la Madrid Hurtado, Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia, 1982-1988 (México: FCE, 2004), 510-511.

45Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 184.

46Si bien De la Madrid atribuye responsabilidad al gobernador por el problema, reconoce reiteradamente, en pasajes de su trato con Jongitud como gobernador y como líder sindical, que éste se encontraba molesto porque no le habían ayudado a ganar la elección de la capital en 1983, aun cuando “ya tenía preparadas las boletas”, así también que no le ayudaran contra el “pésimo ambiente” que se vivía en la capital del estado y que no le permitieron designar a su sucesor, así también reconoce después de su salida como gobernador su necesidad continua de acordar y negociar con él en tanto líder magisterial, ver Miguel de la Madrid Hurtado, Cambio de rumbo, 56, 107, 128, 169, 206, 548.

47Miguel de la Madrid Hurtado, Cambio de rumbo, 511.

48Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 185-187 y José de Jesús Gama, “San Luis Potosí, una alternancia política conflictiva”, en Elecciones y partidos políticos en México, 1995, (coord.) Manuel Larrosa (México: UAM-I y Fundación Rafael Preciado Hernández, 1997), 145-156.

49Manuel González Oropeza, “Acceso y pérdida del poder de los gobernadores”, 2005:186, citado en Hugo Borjas, “La clase política en San Luis Potosí.

50Se le ratificó en dos ocasiones, la primera luego de la culminación del plazo de licencia de 10 días solicitado por Florencio Salazar, y la segunda al final de 14 meses (25 de mayo de 1989-25 de julio de 1990) donde quedaba un hueco legal para permitirle terminar de forma definitiva el periodo constitucional de gobierno iniciado por Florencio. Leopoldíno culminó como gobernador el 25 de septiembre de 1991.

51Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 192.

52El navismo hizo eco de estas condiciones electorales fraudulentas a nivel nacional y consiguió apoyo de figuras políticas nacionales de todo el espectro político izquierda-derecha como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Vicente Fox, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, quienes constituyeron el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Desde los conflictos poselectorales locales, este movimiento posicionó la agenda de la transición democrática y el cambio de reglas del juego electoral a nivel nacional. En el caso específico de SLP, la coalición navista y los aliados nacionales denunciaron que el día de la elección hubo falta de condiciones para votar, casillas no instaladas, papelería electoral incompleta y material susceptible de falsificación, como actas, boletas y sellos, voto rural coaccionado, casillas “zapato” con 100 por ciento de votos para el PRI y 0 para la oposición, personas votando sin credencial de elector, rechazo a representantes de casilla opositores, parcialidad de la prensa local a favor del candidato del PRI e injerencia en la difusión anticipada de resultados, inconsistencia entre votos y actas, urnas violadas y sin sellos, etc. Alberto Aziz, “San Luis Potosí: La repetición de un agravio”, Eslabones, 3, (enero-junio 1992).

53Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 2005, 194.

54Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 197.

55Para un recuento detallado ver Alejandro Caballero, Salvador Nava. Las últimas batallas (México: Ediciones La Jornada 1992) y Lidia Herrera, Una mirada hacia el navismo.

56Ver Flor Salazar, Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas. 1912-2012, 166-169.

57Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 207-208.

58Hugo Borjas, La clase política en San Luis Potosí, 209.

59Elecciones en las cuales el candidato del PRI, José López Portillo, compitió casi de facto como candidato único ante el retiro del candidato del PAN y la suma a su candidatura por parte del PPS y el PARM. Sólo Valentín Campa, del Partido Comunista Mexicano, fungió como candidato opositor de forma simbólica, pues el PCM no contaba con registro válido para competir.

60Aquí se cuentan los movimientos políticos radicales de estudiantes universitarios y guerrillas campesinas al sur del país que emergieron luego de 1968 y se enfrentaron abiertamente al régimen hegemónico priista durante el sexenio de Luis Echeverría.

CAPÍTULO 4

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

LA CIUDADANIZACIÓN DEL ORGANISMO ELECTORAL Y SUS PRINCIPALES RETOS (1991-2005)

Los conflictos políticos pueden explicarse en la medida que se descubre dónde se encuentran los límites que se autoimponen los actores políticos, o que la sociedad u otros actores externos imponen a éstos. En el capítulo anterior vimos cómo los distintos modelos de control político empleados en el régimen priista se agotaron (caudillo-cacique-gobernador del centro con represión-gobernador del centro para recuperar control-gobernador del centro) y se dio un reajuste en los equilibrios y distribución del poder político local que condujo a la modificación de la instancia organizadora de las elecciones.

Así, si en el periodo autoritario los límites conflictivos de la competencia política se dirimían en el seno de una autoridad ejecutiva central, fuese ésta local —con la figura del gobernador— o federal —con la figura del presidente de la República—, a partir de los años noventa la resolución del conflicto tuvo un mayor involucramiento de los actores políticos locales y, sobre todo, tuvo que gestionarse casi por entero a través de vías institucionales que resultaban novedosas para las dinámicas políticas verticales y autoritarias que se habían aplicado antes.

Ahora bien, queda claro que la transformación democrática más importante, entre los años 1991 y 1994, consistió en que el árbitro electoral local dejara de conformarse en directa dependencia del gobernador a través del secretario general de Gobierno como presidente del CEE, y que su integración fuera conformada por el Congreso local y las fuerzas políticas con representación, de tal manera que los diputados se vieran forzados a tener mayor cercanía con la ciudadanía y a elegir, de entre éstas, a las principales autoridades electorales, esforzándose por garantizar que el nombramiento de estas autoridades mantuviera una sana distancia respecto del gobierno en turno.

Si bien lo anterior constituyó un gran avance institucional, los conflictos se siguieron presentando, pero ya no derivaban de la elección del Ejecutivo, sino de las elecciones municipales de ayuntamientos. Las confrontaciones se dieron precisamente en torno a los límites que imponía el nuevo juego político democrático.

Estos conflictos fueron tan intensos que requirieron de una pronta labor política de rediseño institucional para poder dirimirlos de forma pacífica, pues las disputadas elecciones municipales manifestaban una creciente competitividad electoral efectiva entre un todavía fuerte PRI y una oposición de partidos que canalizaba gran parte del descontento en su contra. Aunque el PRI tenía mejores condiciones de organización para conseguir más triunfos electorales, las impugnaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad electoral se desbordaron hacia la violencia por la falta de credibilidad en los resultados a su favor, lo que se convirtió en reto central de las nuevas autoridades electorales: construir confianza en los resultados.

4.1. CONFLICTO Y CAMBIO

En el recuento que hemos realizado a las diferentes legislaciones electorales del estado de San Luis Potosí, de las que se tiene conocimiento, hemos podido observar el proceso de emergencia y perfeccionamiento de las disposiciones para el voto.

Hemos pasado de la organización de las elecciones basadas en la vecindad de parroquia y realizadas bajo el auxilio de la Iglesia, a su realización por las autoridades municipales y luego a la formación de organismos temporales y posteriormente permanentes especializados bajo la rectoría del gobierno estatal; de procesos indirectos a voto directo y universal con la ampliación del derecho al voto y a ser votado; y de unos requisitos para competir y formar partidos altamente flexibles, y luego más restrictivos, hemos revisado las modificaciones a los mecanismos de vigilancia y a las sanciones hasta llegar al punto donde se integran nuevos actores en la organización y en la resolución de quejas ante irregularidades en las elecciones.

Estas modificaciones institucionales se deben al ajuste necesario para afrontar las nuevas realidades que han sobrepasado a lo establecido; se deben a lo contingente, así, para el caso local, durante el siglo XX, y a partir del orden nacional surgido de la revolución, las modificaciones a la legislación electoral siempre tuvieron lugar: 1919, 1921, 1946 y luego 1980, pero también es posible observar cómo algunas características solamente sufrieron cambios menores o se mantuvieron pero, en conjunto, produjeron resultados diferentes.

Así, al finalizar la década de los ochenta e iniciar la de los noventa, el modelo de organización de las elecciones se agota y da lugar a una configuración con un nuevo ente organizador, pero no es un rompimiento total con lo hasta entonces existente, de hecho, incluso el nombre permanece. El modelo al que se transita ya se venía asomando en la integración de los comités distritales y municipales, sin embargo, es necesario dar cuenta de las condiciones que llevaron a este cambio para comprender el proceso de transformación del régimen político con un partido hegemónico a un sistema pluralista, así como los efectos no deseados de las reformas que posteriormente llevarían al modelo actual de organismos públicos locales electorales.

4.1.1. Las elecciones del conflicto y la difícil génesis de la ciudadanización en el árbitro electoral local

En 1991 se debían realizar elecciones para gobernador y ayuntamientos, la primera en agosto, las segundas en diciembre. Como se mencionó en el capítulo anterior, en la elección para gobernador se presentaban como candidatos Fausto Zapata Loredo por el PRI, Salvador Nava por el Frente Cívico Potosino en conjunto con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Democrático Mexicano (PDM); Ángel Rubio Huerta por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Francisco Ortiz Mendoza del Partido Popular Socialista (PPS).

Zapata Loredo resultaría ganador de la elección de gubernatura para el periodo 1991-1997, en una jornada marcada por las prácticas recurrentes de manipulación del voto. El resultado diría que el candidato del PRI obtuvo 64.58 por ciento de la votación contra 31.67 por ciento de la coalición opositora1 encabezada por Salvador Nava.

Ante las circunstancias que rodearon la elección, la oposición la consideró fraudulenta e inició una movilización que llamaría la atención a nivel nacional. Los líderes nacionales de los partidos que postularon a Nava —Luis H. Álvarez y Cuauhtémoc Cárdenas— apoyaron su protesta. Las movilizaciones fueron respaldadas por un número importante de personas, quienes emprendieron acciones como mítines, marchas, bloqueo de carreteras, cacerolazos, entre otras.

Tras la toma de protesta de Zapata Loredo como gobernador, Salvador Nava inició una caminata hacia la Ciudad de México bajo los principios de democracia y dignidad, mientras que en la capital un grupo de seguidores de Nava bloqueaba la entrada a palacio de Gobierno. Tras 14 días de gobierno, en medio de fuertes protestas, Fausto Zapata Loredo renuncia al cargo el 9 de octubre de 1991 y asume Gonzalo Martínez Corbalá como gobernador interino.

Si bien la salida de Zapata despresurizó el ambiente en cuanto a la disputa por la gubernatura, las elecciones municipales a realizarse en diciembre de ese mismo año mantenían la tensión alta en el escenario político estatal. Así, tras asumir el cargo, Martínez Corbalá emprendía una reforma electoral, misma que fue aprobada el 22 de noviembre de 19912.

Tal reforma se orientó a la modificación de la composición del organismo organizador de las elecciones, el Consejo Estatal Electoral. Formarían parte de él: un consejero del Poder Ejecutivo que sería el secretario de Gobierno, tres consejeros del Poder Legislativo —dos de mayoría y uno propuesto por la primera minoría—, dos consejeros nombrados por los ayuntamientos del estado, un notario que fungiría como secretario del Consejo, un comisionado de cada partido político, un representante común de las coaliciones estatales y municipales y el director del Registro Estatal de Electores, además de nueve consejeros ciudadanos. Todos los integrantes tendrían un suplente. Estos consejeros ciudadanos serían propuestos por el Ejecutivo en una lista de por lo menos el doble del total a nombrar y serían elegidos por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Si en una primera votación no se alcanzara esa mayoría entonces se procedería a la insaculación. Durarían en su cargo tres elecciones.

Así, la elección municipal de diciembre, con esta nueva integración del Consejo Estatal Electoral, tuvo como resultado que en 22 municipios de 56 los conteos fueran cuestionados y se presentaran conflictos postelectorales, además de la participación de algunos candidatos independientes que no tuvieron registro, pero que obtuvieron un alto número de votos. En cinco municipios se anularían las elecciones y se realizarían elecciones extraordinarias. El resultado final arrojaría 50 alcaldías ganadas por el PRI y seis por el PAN.

4.1.2. Las condiciones de integración del Consejo Estatal Electoral “ciudadanizado”

En enero de 1992 se presentó ante la opinión pública, y dirigido hacia el entonces gobernador Martínez Corbalá, un desplegado con las modificaciones que se proponían para avanzar en la democratización del estado y que derivaban del aprendizaje sobre las elecciones del año anterior. Las reformas sugeridas eran:

1.La integración de autoridades electorales en todos sus niveles mediante el procedimiento de una verdadera insaculación que garantizara, por su probidad e independencia, el respeto a la voluntad de los electores.

2.Que los representantes del gobierno en los organismos electorales sólo tuvieran voz, y no voto.

3.Reincorporar a la nueva legislación la figura de los candidatos comunes para todos los puestos de elección popular.

4.Reglamentar la participación de los candidatos independientes en los procesos electorales, de tal manera que las opciones ciudadanas contiendan con los mismos derechos y obligaciones que los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones.

5.La simplificación de requisitos formales para la constitución de nuevos partidos políticos.

6.Celebrar en la misma fecha, el 23 de abril de 1993, las elecciones para gobernador constitucional del estado y la renovación de los integrantes del Congreso del estado.

7.Que el Canal 9 de televisión reivindicara su legítima propiedad estatal estableciendo tiempos prioritarios para la difusión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos en condiciones de igualdad. Los concesionarios de radio y televisión deberían garantizar a los partidos políticos y a los candidatos igualdad de acceso y cobertura a sus mensajes y sus campañas.

8.Prohibir y penalizar el uso de imagen y recursos de los gobiernos federal, estatal o municipal en apoyo a partidos políticos o candidatos.

9.La depuración del padrón electoral y expedición de nuevas credenciales con la fotografía del ciudadano para utilizarse en la próxima contienda electoral.

10.Tipificar y penalizar los delitos electorales incorporándolos al Código Penal del Estado, y

11.Suprimir la figura jurídica del Colegio Electoral [que conformaba el Congreso del Estado] como organismo calificador de las elecciones3.

La tensión política no había terminado; perduraba la lucha política abierta entre los principales actores políticos protagónicos de 1991: por un lado estaban el movimiento navista y los partidos políticos opositores y, por el otro, el PRI, que se resistía a los cambios desde su posición en el gobierno de SLP, así como el propio gobierno federal, el cual posibilitó la mediación entre los dos bandos enfrentados y terminó impulsando los principales cambios a las reglas del juego electoral y al árbitro electoral local.

En este contexto, la principal victoria política del navismo y la oposición partidaria al PRI se dio en noviembre de 1992, luego de que lograran movilizarse con éxito para impedir el intento reeleccionista de Gonzalo Martínez Corbalá. El navismo, esta vez liderado por Concepción Calvillo —viuda de Nava—, emprendió de nueva cuenta la “marcha de la dignidad” el 22 de octubre de 1992, con el propósito de exigir una urgente reforma a la Ley Electoral del Estado de SLP, donde primaban aún fuertes condiciones de inequidad para los partidos políticos de oposición.

La oposición navista no se conformó con la dimisión de Martínez Corbalá en la candidatura priista para la gubernatura, pues era preciso un marco electoral reformado para que las elecciones extraordinarias de 1993 no fuesen puestas en duda de nueva cuenta.

La marcha arribó a la Ciudad de México el 1 de noviembre de ese año y fue recibida por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. El punto en el que más insistió la oposición navista fue en la conformación de un árbitro electoral ciudadano que no fuese controlado por el entonces gobernador interino Teófilo Torres Corzo. Esto resultaba vital para darle certeza y equidad al inminente proceso electoral de 1993. En el encuentro con el Ejecutivo federal éste le ofreció a la oposición depurar y arreglar el padrón electoral para hacerlo más confiable y se comprometió, por escrito, a promover la reforma electoral en SLP.

De regreso en SLP los navistas continuaron negociando la reforma con el gobierno estatal, siempre acompañado de la mediación del gobierno federal. El 17 de noviembre de ese año, el Ejecutivo local declaró que se había aprobado cerca de 95 por ciento de los cambios propuestos para la Ley Electoral. Fue así como el 22 de noviembre de 1992 se oficializó —y sesionó al día siguiente— el primer CEE integrado sin miembros del gabinete, y que no fue presidido por el secretario general de Gobierno4.

En el acto de instalación el secretario general de Gobierno de SLP, Gustavo Barrera, calificó la integración ciudadanizada del CEE como un acto de trascendencia inequívoca y declaró que: “a partir de hoy, este Consejo Estatal Electoral no será presidido por el Secretario General de Gobierno, como venía ocurriendo […] La preparación, vigilancia y desarrollo de los comicios queda en manos de la sociedad civil de San Luis Potosí”5.

Se trataba de un cambio importante pues, a nivel federal, es hasta 1994 que se nombran consejeros ciudadanos, y hasta 1996 se alcanza la independencia total del Ejecutivo, cuando el secretario de Gobernación deja de asumir el rol de consejero presidente. El CEE de SLP, como puede verse, antecedió al IFE en su conformación por ciudadanos6.

El Consejo se integraría, entonces, por “un Consejo [sic] del poder Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno o la persona que designe el Gobernador del Estado y presidirá el Consejo Estatal Electoral”, dos representantes del Congreso, un secretario de actas que sería notario público, un representante por cada partido y nueve ciudadanos; cuando el número de partidos rebasara los seis se nombraría un consejero más por cada nuevo partido político. El Ejecutivo propondría al Congreso del Estado, previa consulta con los partidos políticos, una lista de al menos el doble del total a elegir7.

Así, José Luis García Julián, como representante nombrado por el Ejecutivo, fue el primer ciudadano presidente del Consejo Estatal Electoral; su tarea consistía en generar condiciones de confianza y certeza electoral desde el árbitro institucional:

de repente, sin conocer nada de Derecho electoral, sin conocer cómo se manejaba una elección, nos encontrábamos con un paquete en las manos. Tuvimos que empezar de cero. De un estado donde habían caído gobernantes y nadie creía en nadie, no se creía en un padrón electoral. Tuvimos que crear un centro para que los muertos ya no votaran, tuvimos que crear una imprenta, porque tampoco se creía en que los talleres gráficos de la nación fueran capaces de mandar boletas honestas a las casillas8.

Este testimonio describe los retos inmediatos que en esta nueva etapa tuvo que enfrentar el CEE ante el tremendo peso de la desconfianza institucional en la organización de los procesos electorales. A su favor tenía que los nueve consejeros habían sido convenidos por la oposición navista-partidista y el PRI-gobierno local; y, en particular, el presidente Luis García Julián, a pesar de ser un hombre cercano al PRI y al sistema político local —pues luego, en 1995, fue alcalde priista de la capital del estado y también candidato priista a gobernador en 2003—, contaba con un aval moral de honorabilidad cívica, producto de sus actividades empresariales, y generaba confianza en la oposición9.

Así, con un órgano dotado de una mínima confianza entre los actores políticos locales, la elección extraordinaria de 1993 fue aceptada sin mayores sobresaltos, resultando ganador el candidato del PRI, Horacio Sánchez Unzueta, quien era parte de la familia de Nava y servía como puente con la oposición navista y panista en el reajuste de la distribución del poder a nivel local.

Sin embargo, a partir de 1994 las crecientes condiciones efectivas de competitividad electoral y las fracturas al interior del PRI local (en sus diversos comités municipales), producto de este nuevo dinamismo político efectivo, provocaron en varios municipios álgidos conflictos electorales que no podían ser resueltos sólo con la “honorabilidad” ciudadana de los miembros del CEE, por lo que su solución dependió por entero del diseño institucional electoral de balotaje —o segunda vuelta electoral— para aminorar la intensa competencia por el poder que se vivió en este nivel.

4.2. 1991-1995: LA CRECIENTE COMPETENCIA ELECTORAL MUNICIPAL Y SUS CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES

Como se mencionó líneas arriba, las elecciones municipales de 1991 sentaron un claro antecedente de una oposición partidista creciente ante un todavía fuerte PRI, pero que comenzaba de forma evidente a perder votos y posiciones de gobierno, y enfrentaba conflictos postelectorales derivados del cuestionamiento de los resultados electorales.

En ese año se vivió el máximo de los conflictos, con elecciones que fueron impugnadas en 21 municipios del estado, debido a que no se reconocieron los triunfos electorales por parte de los candidatos de los partidos supuestamente “derrotados”. El desahogo de las inconformidades postelectorales fue deficiente y las inconformidades ante los resultados políticos persistieron en ese trienio de gobierno.

Así, para octubre de 1994 se expediría una nueva Ley Electoral10 en la que se incorporaban elementos para avanzar en la construcción de confianza e imparcialidad de los resultados y el procesamiento de los conflictos. Se incorporaba la figura de los observadores electorales; se creaba la Segunda Sala dentro del Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral (TECE); se eliminaba el Colegio Electoral que autocalificaba las elecciones; se integraban al Código Penal del Estado las infracciones de carácter electoral; se empataban las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos; se daba acceso a las regidurías a los partidos que no ganaran la elección para darles representación en los cabildos; se fortalecían las capacidades del CEE para fijar topes de financiamiento y gastos de campaña; y, sobre todo, se modificaba la forma de nombrar a los consejeros ciudadanos y a los miembros del TECE, otorgando el derecho de proponer a los candidatos a tales cargos y la facultad de nombrarlos al Congreso del Estado.

La integración del Consejo también se modificaría para quedar conformado por dos representantes del poder legislativo, uno de mayoría y uno de primera minoría con derecho a voto que serían nombrados por el Congreso; un secretario de actas, notario público que sería insaculado de entre cinco notarios propuestos por el Consejo de Notarios del Estado, con voz solamente; un secretario ejecutivo designado por el pleno del Consejo, con voz solamente; un representante por cada partido registrado o un representante común por coalición, con voz solamente; y nueve consejeros ciudadanos con voz y voto. El presidente del Consejo se elegiría por el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado de entre alguno de los consejeros, y éstos se elegirían a partir de una lista de candidatos de hasta por el doble del número a elegir, elaborada por una comisión especial de cinco diputados, cuidando la representación de todas las zonas del estado y niveles socioeconómicos, así como que cumplieran con ciertos requisitos específicos: no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente de Comité Ejecutivo nacional, estatal, municipal o su equivalente de un partido político, con preferencia a quienes fueran manifiestamente apartidistas; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular en los cinco años anteriores a la elección, ni haber desempeñado algún cargo público de la federación, estado o municipio, así como sus organismos descentralizados en los últimos tres años anteriores a su designación; tener cumplidos al menos 30 años al día de su elección y poseer al menos estudios de bachillerato o equivalente, así como conocimientos necesarios para el cargo, para lo cual el Congreso coordinaría una capacitación.

Pese a estas modificaciones, la elección de diciembre 1994 continuó la dinámica de conflicto (Tabla 8). Si bien el PRI alcanzó 48 triunfos electorales, el PAN seis y el ya extinto PARM uno, tales triunfos no estuvieron ajenos a la controversia y la impugnación postelectoral, e incluso a la confrontación violenta, ya que los estrechos márgenes de diferencia entre el primero y el segundo lugar daban lugar a insatisfacciones por parte de los derrotados en la justa electoral y, también, daban lugar a sospechas de inequidad en la competencia, aunadas a las prácticas de manipulación electoral de antaño.

Estos datos, que en apariencia indican un predominio del PRI por el número de alcaldías ganadas, ocultan que, en la votación, la oposición partidaria, sin importar la distinción ideológica entre derecha o izquierda, sumaba 42.5 por ciento frente a 53.5 por ciento del PRI, es decir, la diferencia entre los partidos opositores al PRI y éste era de sólo 11 por ciento. El dato es contundente, pues a pesar de una abstención electoral de 44.9 por ciento, los electores potosinos ya no mostraban un apoyo total a la hegemonía priista. Y si bien tal hegemonía puede ser muy cuestionada dado que acontecía en un entorno autoritario y sin posibilidades reales de competencia, para 1994, en condiciones de mayor democracia, se daba espacio a la ciudadanía para que manifestara su rechazo al PRI votando por algún partido opositor.

Resulta también interesante considerar que si se suma el 44.9 por ciento de la abstención electoral con el 42.5 opositor, resulta que 87.4 por ciento de los votantes posibles no consideraron al PRI como una opción política efectiva. Y si bien parte de esas abstenciones puede expresar cierta indiferencia con quien llegue a gobernar, luego del contexto autoritario y las luchas cívicas y electorales de inicios de los años noventa no se puede descartar que gran parte de esa abstención reflejara un hartazgo hacia las prácticas ventajosas del PRI y sus lógicas verticales de imponerse en la política local.

Así, con una diferencia entre primer y segundo lugar menor a 10 por ciento en 17 municipios, no fue ninguna sorpresa que los conflictos postelectorales emergieran nuevamente luego de las contiendas municipales11.

TABLA 8

MUNICIPIOS CON CONFLICTO POSTELECTORAL 1991-200012

1991

1994

1997

2000

1

Vanegas

Vanegas

Tampacán

Charcas

2

Cedral

Cedral

Villa Hidalgo

3

Charcas

Catorce

4

Villa de Ramos

Villa de Ramos

5

Moctezuma

Moctezuma

Moctezuma

6

Villa de Zaragoza

Villa de Arista

7

Santa María del Río

Villa de Reyes

8

Ciudad del Maíz

Cerritos*

9

Cárdenas

Villa Juárez

10

Lagunillas

Ciudad Fernández

11

Santa Catarina

Santa Catarina

12

Aquismón

San Ciro de Acosta

13

Ébano

Ébano

14

Tanlajás

Tanlajás

15

S. Antonio

Ciudad Valles

16

Tampamolón

San Vicente Tancuayalab*

San Vicente Tancuayalab

17

Coxcatlán

18

Axtla

Axtla 

19

Xilitla

20

San Martín Chalchicuautla

21

Tamazunchale

Elaboración propia.

De estos 17 conflictos postelectorales en 1994, dos casos particulares (Cerritos y San Vicente Tancuayalab) resultan emblemáticos por su procesamiento institucional, que forzaría a replantear el esquema institucional de reglas electorales para recuperar la confianza y la legitimidad de las elecciones.

En San Vicente Tancuayalab se suscitó un empate y el resultado se dirimió de forma institucional. El CEE declaró que la elección había sido válida y legal, pero que debido a que la votación era igual para el PRI y el PAN, pues ambos partidos habían obtenido 2,470 votos, no había planilla triunfadora13. Ante esta situación el PAN impugnó el resultado en Sala de Segunda Instancia ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral. Mientras se resolvía la situación, el Congreso del estado designó un Consejo Municipal Interino para cumplir las funciones del Ayuntamiento, del 1 de enero de 1995 al 23 de abril de ese año. Se convocó a elecciones extraordinarias en 199514, sin embargo, éstas se efectuaron hasta el 17 de marzo de 1996. El PRI ganó con 2,569 votos, equivalentes al 38.5 por ciento, y el PAN quedó en segundo lugar con 2,025 votos, equivalentes al 30.4 por ciento. Fue una elección cerrada, con 544 votos de diferencia15. El caso de San Vicente Tancuayalab demostró que las instancias judiciales electorales podían dirimir los conflictos pero que, de forma paradójica, prolongaban la incertidumbre electoral, acortaban el periodo de gobierno y afectaban la credibilidad política. La solución a estos dilemas tenía que surgir de un replanteamiento de las reglas electorales que no diera espacio para que la disputa política escalara por fuera de los procedimientos electorales o que se demorara en exceso.

Como contraste, el segundo caso emblemático que forzaría un replanteamiento institucional fue Cerritos. En este municipio, con una diferencia de 229 votos que daba el triunfo a José Luis Vaglienty, del PRI, con 4,095 votos (51 por ciento) ante 3,866 (48 por ciento) de Alfredo Fernández Moreno, del PAN, el conflicto se presentó cuando el candidato panista no aceptó el resultado y movilizó a sus votantes para impedir la “imposición” del recién electo alcalde priista. Con el cuestionamiento a la limpieza de los comicios los panistas pretendían conseguir la anulación de la elección y, derivado de ello, que se convocara a nuevas elecciones. Las tensiones escalaron en el municipio, pues el grupo de panistas inconformes realizó acciones de resistencia, como el bloqueo a las instalaciones de la Presidencia Municipal, para impedir que los funcionarios electos tomaran posesión de sus cargos y se convocó al cierre de los comercios de la localidad16.

La radicalización del conflicto entre las dos primeras fuerzas electorales del municipio obligó a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales a buscar una negociación política y que se respetara la voluntad popular de los votantes. En consecuencia, el 27 de febrero de 1995 se formalizó un acuerdo entre el Gobierno del estado, el Poder Legislativo y los partidos políticos en pugna. Se estipulaban varios puntos donde se convenía entre las partes cesar las hostilidades y manifestaciones y, como segundo punto principal, la organización de una consulta popular a cargo de personajes imparciales y ajenos al municipio17.

Esta consulta popular fungiría como una virtual segunda vuelta pues, a pesar de que tal figura no se estipulaba en la ley, se preguntó a los ciudadanos: “¿Desea[n] que las autoridades municipales electas continúen en su cargo?”. En estricto sentido, el objetivo de la consulta fue preguntar de forma directa si los ciudadanos del municipio estaban de acuerdo con el triunfo electoral del PRI, para que, en caso de estar en desacuerdo, se organizara otro proceso electoral.

La consulta se llevó a cabo el 21 de marzo de 1995, un mes después de que los actores políticos involucrados y los poderes del estado lo acordaran. El resultado confirmó el triunfo de la planilla municipal del PRI y de su candidato, pues la población ratificó a las autoridades electas en diciembre de 1994. Ante estos resultados los inconformes reconocieron la legitimidad de las autoridades municipales de la planilla priista y cesaron en forma definitiva las protestas, de tal forma que la estabilidad política retornó al municipio.

Esta consulta ciudadana fungió, de facto, como una segunda vuelta no institucional, pues este procedimiento no se estipulaba en las reglas electorales de 1994 ni de 1995, sin embargo, demostró su papel eficaz en la gestión de conflictos poselectorales municipales, debido a que en los municipios existía todavía una frágil estructura institucional18.

Así, a partir de 1991, con el aumento de la pluralidad y la competitividad electoral se generaron las condiciones para que se produjeran conflictos poselectorales ríspidos donde la legitimidad de las autoridades electas era lo principal que se ponía en objeción. Esta conflictiva contingencia postelectoral forzó a los actores políticos, en concreto al Ejecutivo y a los legisladores, a reaccionar para atenuar el resto de las crisis postelectorales municipales y a rediseñar las reglas concernientes a las elecciones municipales.

La respuesta institucional no tardó mucho en definirse, pues hacia la segunda mitad de 1996, a iniciativa del Poder Ejecutivo —a cargo de Horacio Sánchez Unzueta— se reformó la Ley Electoral del Estado y se implementó el mecanismo de la segunda vuelta en las elecciones municipales19.

La exposición de motivos de la ley brinda evidencia de este aprendizaje político luego del conflicto, pues en ella se argumenta que la segunda vuelta “era una forma de aportar certidumbre electoral, evitar conflictos postelectorales, confirmar en caso de duda el mandato inequívoco del pueblo y consensuar voluntades políticas en escenarios de desacuerdo”20.

La regla de la segunda vuelta logró disminuir la incidencia de conflictos postelectorales en la segunda mitad de la década de los noventa y en las elecciones municipales del año 2000, pues estos enconos se redujeron de 17 en 1994 a 5, sumando los procesos electorales de 1997 y 2000 (ver Tabla 8).

En seguida se verán los impactos concretos de la introducción de esta medida, pero antes de esto, cabe destacar que 1996 fue un año trascendental para el marco institucional electoral en SLP, pues no sólo se implementó el balotaje, sino que también se afinaron las reglas de la competencia política que habían comenzado a ser efectivas a inicios de los noventa, se consolidaron los procedimientos electorales con la plena ciudadanización de los organismos electorales, se implementó la redistritación electoral en SLP (pasando de 13 a 15 distritos), se reguló el umbral electoral para el mantenimiento del registro de los partidos políticos, se reglamentó sobre la equidad de género para la postulación de candidatos al ayuntamiento y Congreso y, por último, también se hicieron importantes reformas acerca de la justicia electoral con la creación del Tribunal Estatal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial del Estado. Todas estas medidas continúan siendo básicas y elementales hasta el presente para la certeza, confianza y legitimidad de los procesos electorales en SLP.

4.3. EVOLUCIÓN DE LA REGLA DEL BALOTAJE EN SLP, SUS IMPACTOS Y SU POSTERIOR DISOLUCIÓN

4.3.1. Balotaje en 1997

La segunda vuelta electoral se aplicó en plena forma en SLP en las elecciones municipales de 1997. La primera forma institucional de esta implementación fue la de una segunda vuelta del tipo “fuerte”, en la cual si ningún contendiente obtenía el 50 por ciento de los votos se organizaría una segunda ronda de votación entre el primero y el segundo lugar. Además, se exentaría de la segunda vuelta en caso de que el partido ubicado en el primer lugar obtuviera un 45 por ciento de la votación total válida emitida y se distanciara por 15 por ciento o más del partido en el segundo lugar. A su vez, también se podría omitir la segunda ronda si el partido en segundo lugar declinaba su derecho a participar21.

En cuanto al objetivo de regular de forma efectiva los conflictos postelectorales, la nueva regla cumplió su cometido, pues de 17 conflictos postelectorales en las elecciones municipales de 1994, para 1997 sólo se presentaron en dos municipios. Con esto en mente, se puede observar que la regla del balotaje logró despresurizar la competencia inmediatamente y encauzarla por las vías institucionales: los conflictos postelectorales disminuyeron en un 89 por ciento respecto de la elección de 1994, aun y cuando en 23 municipios la diferencia entre primero y segundo lugar fue menor o igual a 10 por ciento (3 municipios más que en 1994). De estos 23 municipios, en 16 las diferencias entre primero y segundo lugar fueron menores al 5 por ciento, mientras que en 7 las diferencias fueron entre 5 y 10 por ciento22. Para dar una idea de la magnitud de la competencia, en los municipios de Villa de Guadalupe la diferencia fue de 1 voto, en Cárdenas y Zaragoza fue de 10, en Cedral de 14, en San Nicolás Tolentino de 46, y en Villa Hidalgo de 100, por mencionar sólo los más competidos.

Ahora bien, con tan cerrada competencia, fue en la elección de 1997 en la que se fue a una segunda vuelta electoral un mayor número de municipios (23): Real de Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Santo Domingo, Venado, Villa de Arista, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos, Zaragoza, Alaquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Rayón, Rio Verde, San Nicolás, Axtla, Ciudad Valles, San Martín, Tamasopo, Tampamolón, Tamuín y Tanquián.

Cabe destacar que la competencia y el declive del PRI quedan manifiestos en este proceso electoral, pues el PRI participó en las 23 elecciones de segunda vuelta, el PAN en 12, el PRD en 5, el PT en 5 y el PDM en 1. Sólo en cuatro casos se modificó el ganador; el resto lo confirmó. Así, en 1997 el PRI gana 35 municipios, el PAN 15, el PRD 4, el PT 3 y el PDM 1. En un caso, el municipio de Santa Catarina, la elección fue anulada, por lo que se integró un Consejo Municipal. El PRI finalmente ganó 34 municipios, aunque destaca el hecho de que la oposición en su conjunto sumó 23. En ese primer año de implementación del balotaje la pluralidad política que vivía el estado se consolidó a través de la competitividad electoral y generó un mapa político más diverso.

Como muestra de esto, si bien el PRI gobernó 49 municipios de 1994 a 1997, a partir de 1997 sólo gobernó en 34; el PAN, que gobernó en 6 de 1994 a 1997, gobernó en 15 de 1997 al año 2000; y la izquierda partidista representada por el PRD y PT, que no logró formar gobierno alguno en 1994, en 1997 obtuvo mayoría en 4 y 3 municipios respectivamente; a su vez, el PDM gobernó un municipio este año. Esta situación generó un cambio significativo en las estructuras de gobierno al interior del estado, pues hubo un buen número de gobiernos “yuxtapuestos”23, es decir, aquéllos en los cuales el partido que encabezaba el gobierno municipal no coincidía con el que encabezaba el gobernador del estado.

GRÁFICA 1

MUNICIPIOS GANADOS PRI VS. OPOSICIÓN (1994 Y 1997)

Elaboración propia con información de CEEPAC.

El año de 1997 fue relevante no sólo por la ejecución de la segunda vuelta electoral en las elecciones municipales, sino porque, además, las reglas electorales también cambiaron para la distribución del poder municipal, en concreto en lo que corresponde a los cabildos municipales, ya que se reestructuró la asignación de la representación partidista. Debido a esto, se garantizaba que entre 71 y 75 por ciento de las posiciones en el Cabildo correspondieran al partido ganador, mientras que entre 29 y 25 por ciento, dependiendo de la cantidad de habitantes por municipio, se asignaría al resto de los partidos por representación proporcional.

Con esto se garantizaba que ningún partido dominara de forma cuasi absoluta las decisiones de los ayuntamientos y, sobre todo, se que las dos principales fuerzas políticas en pugna, que en anteriores elecciones se enfrentaban y desgastaban en conflictos postelectorales, tuvieran una justa representación en la toma de decisiones municipales. Además, con este mecanismo de representación proporcional también permitían a las fuerzas políticas menores —a partir del tercer lugar— tener participación institucional.

Los resultados de esta primera aplicación del balotaje en SLP tuvieron impactos evidentes en la institucionalización democrática de SLP. En primer lugar, se vivió un reacomodo del poder político a través de los gobiernos municipales, que era la razón principal de las enconadas disputas postelectorales. A partir de 1997, tal reacomodo sucedió de forma pacífica y mediada por las instituciones electorales. En segundo lugar, se reforzó la confianza en las elecciones como medios efectivos de la disputa política, al desahogar las preferencias por las opciones en alta competencia a través de los votos, y no de la violencia. Con esto también se abonó a la gobernabilidad del estado y a la legitimidad de sus presidentes municipales.

El mecanismo institucional de esta segunda vuelta, luego de las elecciones de 1997, había pasado con éxito su prueba, pues logró que los actores políticos reconocieran el peso de los votos para dirimir sus diferencias y para gobernar con la legitimidad social emanada de las elecciones.

4.3.2. Balotaje en el año 2000

En el proceso electoral del año 2000 ocurrieron cambios relevantes en la política nacional. En primer lugar, se dio la alternancia electoral, pues el otrora hegemónico PRI perdió el gobierno federal ante el PAN con su candidato Vicente Fox Quezada. En el plano estatal aún gobernaba el PRI; faltaban tres años para que la alternancia partidista ocurriese, sin embargo, en el año 2000 la disputa por las alcaldías fue nuevamente de una alta competitividad, y la segunda vuelta electoral volvió a ocurrir, ahora en 18 municipios: Matehuala, Santo Domingo, Venado, Villa de Ramos, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Zaragoza, Rayón, Rioverde, Ébano, Ciudad Valles, Tanlajás, Aquismón, Tamasopo y San Antonio. Entre ellos, los más poblados del estado: Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles, y la capital estatal.

Esta aplicación de la segunda vuelta electoral se ejecutó con los cambios hechos en la materia en la Ley Electoral del Estado24 en 1999, pues se redujo el margen de votación de diferencia entre el primer y segundo lugar con el cual se podría prescindir de ir a la segunda vuelta: ésta sólo se aplicaría en caso de que ningún partido obtuviese la mayoría absoluta de los votos, con excepción de que la planilla en primer lugar hubiese obtenido un 45 por ciento de la votación total válida emitida y existiera una diferencia de siete por ciento o más respecto del partido en segundo lugar; y también se exentaría el balotaje si el partido en el segundo lugar declinara a participar en la segunda ronda de votación.

A diferencia de lo que estipulaba la LEE de 1996, la cual rigió los comicios y segunda vuelta de 1997, las condicionantes para aplicar la segunda vuelta en el año 2000 se tornaron más exigentes, pues la diferencia que debía existir entre el primer y segundo lugar se redujo de 15 a 7 puntos porcentuales, y así el ganador podía exentar el balotaje. También se levantó la prohibición estipulada en 1996 de que los partidos que fueran a segunda vuelta no podrían hacer campañas políticas, ya que, de facto, las hacían entre la primera y la segunda votación. Para 1999 el CEEPAC estipuló que en el año 2000 se podrían reanudar las campañas entre la primera y la segunda elección y destinó presupuesto para ese fin.

Las razones por las cuales se reformó la LEE respecto al balotaje se pueden resumir en el motivo técnico o explícito, y el motivo político o implícito. En torno a la razón técnica se argumentó que se pretendía reducir los casos de municipios con balotaje, los cuales habían sido altos en 1997. Para ello, se argumentó que una parte importante de los ganadores en primera vuelta había asegurado altos márgenes de votación, ya que el límite para exentar el balotaje estaba fijado en 15 por ciento de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Este argumento sostenía que siendo tan amplia la diferencia la segunda ronda resultaba innecesaria, además de que al prescindir del balotaje en un número significativo de casos se generarían ahorros en los comicios. Había también una razón política para reducir los casos de segunda vuelta: en 1997, en que hubo 23 municipios que fueron a segunda vuelta, el gran perdedor —como se explicó en el apartado anterior— fue el partido del gobierno estatal, el PRI, y los principales beneficiarios fueron los partidos de la oposición.

En el año 2000 las elecciones municipales fueron muy competidas; en 21 por ciento de los municipios la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar fue de 0 a 4.99 por ciento, mientras que los municipios con márgenes de entre 5 y 14.99 por ciento constituyeron un 46 por ciento del total, y los que obtuvieron márgenes superiores al 15 por ciento entre el primero y el segundo lugar fueron 33 por ciento. Esto es relevante, pues de haberse conservado la regla del balotaje de la LEE de 1996, que estipulaba la segunda vuelta en municipios con diferencias inferiores a 15 por ciento, en el año 2000, 67 por ciento de municipios en el estado habrían tenido que 25.

A pesar del cambio en la LEE respecto al balotaje, el gran perdedor global de las contiendas municipales fue nuevamente el PRI, pues habiendo participado en los 18 casos de segunda vuelta, perdió 15, 8 de las cuales había ganado en primera votación. En tanto, los grandes ganadores de los comicios fueron el PAN y el PRD, pues el primero aumentó sus victorias de 5 a 11 municipios, habiendo revertido los resultados en 6; mientras que el PRD, que había ganado 1 municipio, en la segunda vuelta consiguió 2 triunfos más; el PT había triunfado en 1 municipio en primera ronda y en la segunda lo conservó.

Así, al final, el PRI tendría 34 municipios y la oposición 24 (ver Gráfica 2). Si bien este partido en el año 2000 parecía estar de salida en la preferencia electoral, en el ámbito municipal mantenía su fuerza, incluso a pesar de que el PAN a nivel federal había ganado y tenía un importante efecto de arrastre en el nivel local.

GRÁFICA 2

MUNICIPIOS GANADOS PRI VS. OPOSICIÓN (1994-2000)

Elaboración propia con datos de CEEPAC.

En síntesis, la aplicación del balotaje en las elecciones municipales del año 2000 garantizó, una vez más, la reducción de los conflictos postelectorales, pues sólo se presentaron 3, mismos que se dirimieron por la vía institucional. Con esta puesta a prueba se consolidaba la institucionalidad electoral al interior del estado, y se aceptaba con mayor regularidad la normalidad de la vía democrática para desahogar la natural confrontación y enfrentamiento político.

4.3.3. El balotaje en el año 2003 y la disolución de la regla

Las reglas del juego respecto a la segunda vuelta volvieron a cambiar en el 2003, con la reforma a la LEE del año 2002; ésta sería la tercera y última vez en que se aplicó el balotaje en las elecciones municipales en el estado. Cabe destacar que esta última modificación siguió el camino análogo al de 1997 de limitar la aplicación de la doble ronda electoral, pero esta vez al grado de considerarla más una excepción que una regla.

La reforma de 200226 dictaba que la segunda ronda se aplicaría en condiciones casi extraordinarias, sólo si las diferencias porcentuales de la primera votación fueran mínimas y, además, en caso de que se hubiera presentado un alto nivel de abstención en la primera ronda. En concreto, se convocaría a segunda vuelta cuando ninguna de las planillas obtuviera mayoría absoluta, excepto cuando: en el municipio hubiera votado al menos 51 por ciento de los electores en la lista nominal; el primer lugar obtuviera 40 por ciento de la votación total válida emitida, y existiera una diferencia de 5 por ciento o más con el segundo lugar, o si, aunque ninguno obtuviera al menos 40 por ciento, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera superior a 10 por ciento o el segundo lugar declinara participar.

En la elección de 2003, concurrente para gobernador, diputados y alcaldes, llegó la alternancia de partido en el Ejecutivo local, que había sido dominado hasta ese entonces por el PRI. El relevo del ejecutivo estuvo a cargo del PAN, con Marcelo de los Santos Fraga. Este detalle es relevante, pues la alternancia sucedió en un clima de tranquilidad y paz postelectoral. Así, a 12 años de haber vivido una etapa de álgida confrontación política en el estado y de cuestionamiento institucional en torno a las elecciones locales, la democracia electoral y sus procedimientos se habían consolidado y alcanzado la confianza de todos los actores27, pues las reglas del juego eran acatadas por los actores en pugna política. Esto, desde luego, generaba más certidumbre y expectativas de confiabilidad democrática entre los ciudadanos potosinos y su sistema político.

En el 2003 sólo cinco municipios experimentaron una segunda ronda electoral: Soledad, Mexquitic, Rioverde, Ciudad Valles y Xilitla. Tanto Rioverde como Ciudad Valles vivieron un tercer proceso consecutivo en doble vuelta, y lo hicieron precedidos de un álgido debate respecto a la interpretación de cómo aplicar la norma: en un inicio la convocatoria del árbitro local había incluido solamente a los municipios de Soledad, Mexquitic y Xilitla, sin embargo, el asunto se dirimió en el Tribunal Estatal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación28. El primero decidió que Ciudad Valles fuera a segunda ronda y el segundo que Rioverde también lo hiciera29. Estas resoluciones fueron aceptadas por los partidos en disputa.

En cuanto al saldo de la elección, el gran perdedor volvió a ser el Revolucionario Institucional, pues una vez más participó en las cinco segundas vueltas como el principal adversario a vencer, en cuatro contra el PAN y en uno contra el PRD. De éstas, en segunda vuelta sólo conservó dos triunfos y perdió tres, mientras que el PAN revirtió el resultado en dos y el PRD en uno.

El resultado final de este proceso electoral sería que el PRI gobernaría 28 municipios, el PAN 24, el PRD 3 y el PT 3 (ver Gráfica 3). Este incremento del PAN en los ayuntamientos ganados coincide con haber ganado la gubernatura y tener por primera vez un gobierno dividido respecto al Congreso del Estado: el PRI logró 44 por ciento de los legisladores por 40 por ciento del PAN

GRÁFICA 3

MUNICIPIOS GANADOS PRI VS. OPOSICIÓN

Elaboración propia con datos de CEEPAC.

En síntesis, la aplicación del balotaje en SLP culminó en la elección de octubre de 2003. Puesta a prueba en tres procesos electorales, esta figura institucional demostró ser una medida eficaz para resolver crisis de gobernabilidad y de legitimidad política ante la competitividad electoral (ver Gráfica 4).

GRÁFICA 4

MUNICIPIOS EN SEGUNDA VUELTA POR ELECCIÓN

Elaboración propia con datos de CEEPAC.

Por otro lado, también se puede hacer la lectura de que fue un mecanismo idóneo para canalizar la explosión de pluralidad y competitividad política partidista a lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa y el primer trienio del siglo XXI. Ambas contribuciones fueron centrales para recuperar la estabilidad política del estado, y alcanzar la maduración e institucionalización de los actores políticos y de las instituciones electorales a través de las cuales éstos eran electos.

Las razones de la disolución de la regla del balotaje pueden resumirse en, por una parte, razones técnicas de ahorro por los altos costos de las segundas rondas30 y, en el plano político, esta regla ya había cumplido con su principal y original objetivo: lograr concordia entre los actores políticos en SLP y garantizar gobiernos municipales legítimos luego de las elecciones31.

Además, en general, en la totalidad del periodo en el cual se implementó el balotaje en SLP, de 1997 a 2003, la participación fue mayor en todas las primeras rondas que en las segundas, lo que se interpretó como un cansancio y desinterés por parte de la ciudadanía que hacía irrelevante el segundo ejercicio electoral: en todo el periodo del balotaje, en primera ronda hubo una participación de 54 por ciento en promedio, contra una abstención de 45 por ciento, mientras que en las segundas rondas la participación decreció en promedio a 39 por ciento contra una abstención que se mantuvo constante en las tres elecciones (1997, 2000 y 2003) en 60 por ciento (ver Gráfica 5).

GRÁFICA 5

PARTICIPACIÓN EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Elaboración propia con datos de CEEPAC.

Un dato que no se debe perder de vista es que la segunda vuelta tuvo efectos importantes en el proceso de pluralización de la vida política estatal, pues cuando comparamos los resultados de los partidos en la segunda vuelta nos encontramos, en el acumulado, que las pérdidas mayores las enfrentó el PRI y las ganancias las obtuvieron el PAN, PRD y PT32. Ello demuestra que el gran derrotado institucional a través de esta regla fue el PRI, y los que se beneficiaron de tal caída fueron la incipiente izquierda electoral local, y el PAN. Este último con mayores recursos, estructura y organización (ver Gráfica 6).

GRÁFICA 6

SALDO ELECTORAL POR PARTIDO EN SEGUNDA VUELTA

Elaboración propia con datos de CEEPAC.

CONCLUSIÓN

Si en el capítulo anterior pudimos constatar cómo los modelos de gobierno y control político en el estado se fueron agotando y modificando en sus componentes institucionales y extrainstitucionales, en este capítulo hemos podido dar cuenta del proceso de institucionalización de la competencia electoral que surgió con fuerza en la década de los noventa del siglo XX.

En general, la respuesta local al contexto de democratización efectiva, con la ciudadanización del organismo electoral y la modificación de las reglas para solventar las inequidades y la falta de confianza en la realización de las elecciones, permitió transitar pacíficamente de un régimen local de partido hegemónico a uno plural al lograr canalizar la fragmentación del PRI, el surgimiento de los partidos de oposición como opciones reales para alcanzar el triunfo, el reclamo por procesos electorales equitativos y la pérdida de atractivo del PRI frente a los electores (ver Esquemas 3 y 4 ). Aquí el cambio institucional se dio por la necesidad de resolver los conflictos políticos en cada elección, es decir, por medio de una continua adaptación a las circunstancias políticas.

A su vez, la segunda vuelta, aplicada como institución política para dar respuesta a los conflictos municipales, permitió impulsar la pluralidad electoral en los municipios y les permitió llegar a los nuevos actores políticos, diferentes al PRI, con legitimidad garantizada; benefició incluso a los actores de este partido, pues le permitió adoptar una imagen de respeto a la competencia democrática.

ESQUEMA 3

COYUNTURA CRÍTICA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL HACIA LA DEMOCRACIA ELECTORAL

Elaboración propia.

ESQUEMA 4

CAMBIO INSTITUCIONAL, CONFLICTO Y PLURALIDAD

Elaboración propia

Así, este periodo constituye un episodio ineludible para explicar el origen, desarrollo y consolidación de las instituciones electorales locales y su árbitro bajo el contexto democrático representativo. Pero todo proceso de cambio institucional y reordenamiento de las coaliciones políticas, en este caso producto de los nuevos equilibrios de poder derivados de la competencia y pluralidad política, conlleva el riesgo de producir resultados no previstos o no deseables para el beneficio colectivo y que pueden buscar preservar el desequilibrio a favor de ciertos actores.

Como se verá en seguida, el CEE enfrentaría nuevos retos institucionales a partir del año 2005, ya no con motivo de los resultados electorales, sino con las disputas que se dieron en torno a la selección de los consejeros electorales en el Congreso local, lo que generó una gran inestabilidad al interior de éste. Tales disputas políticas fueron tan álgidas y relevantes que terminaron por ser un motivo para los cambios institucionales a nivel nacional a partir del año 2014.

NOTAS

1Patricio Rubio y Héctor Avilés, “Del cómo y cuándo las elecciones comenzaron a tener sentido. Algunas consideraciones sobre la pluralidad política en San Luis Potosí”, Revista de El Colegio de San Luis, IV: 7 (2014), 152-179.

2H. Congreso del Estado, “Decreto número 196”. Periódico Oficial del Estado No. 94, 22 de noviembre de 1991.

3Hugo Stevens, Oscar Morelos, Guillermo Káiser y Edgar Murguía (eds.), Participación ciudadana: Por la necesidad de una auténtica ciudadanía (San Luis Potosí: Frente Cívico Potosino, 2008), 204.

4Además, en esta misma reforma a la legislación se dio el paso de 11 a 13 distritos electorales. Ver H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, “Decreto número 480”, Periódico Oficial Número Extraordinario, 22 de noviembre de 1992.

5Hugo Stevens et al., Participación ciudadana: por la necesidad de una auténtica ciudadanía, 184.

6César Astudillo y Lorenzo Córdova, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional (México: UNAM, IEPCC Jalisco, 2010), señalan que primero fue la modificación de la composición del IFE y luego la de los organismos de los estados, sin embargo, la figura de consejero magistrado que refieren como antecedente difiere, por su expertise requerido en el área del derecho electoral, respecto de la del consejero ciudadano que apareció en el caso de SLP; en todo caso, es más cercana la figura del funcionario denominado “consejero ciudadano” que apareció, como señalan, en 1990, pero su estatus de subordinación difiere de la responsabilidad de dirección en la organización de los procesos electorales. En todo caso se recomienda su trabajo para revisar la evolución de la arquitectura institucional de los árbitros electorales estatales.

7Ver H. Congreso del Estado, “Decreto No. 472”, Periódico Oficial número 82, 13 de octubre de 1992 y H. Congreso del Estado, “Decreto No. 480”, Periódico Oficial número extraordinario, 22 de noviembre de 1992.

8CEEPAC, “Dossier Fotográfico”, Vocees 44 (noviembre-diciembre, 2012), 32.

9Al final del capítulo 5 se enlistan a los integrantes del Consejo Estatal Electoral en sus distintos periodos.

10H. Congreso del Estado, “Decreto 216”, Periódico Oficial del Estado, 14 de octubre de 1994.

11Javier Contreras, “Historia político-electoral del estado de San Luis Potosí (1991-2015)”, en Política y elecciones en México. Nuevas historias regionales. 1980-2015, Marcela Bravo (coord.) (México: UNAM, 2017, 142-145.

12En la Tabla 8 se resaltan con color gris los municipios en donde persistió el conflicto postelectoral de forma consecutiva.

13Integración de Ayuntamientos del Estado de SLP, CEEPAC, 2015, 7.

14H. Congreso del Estado, “Diario de los debates”, CESLP: 31 de diciembre de 1994, 365.

15Hubo una abstención baja de 1569 votantes, equivalentes al 23.5 por ciento del listado nominal, el cual registraba 6 660 votantes inscritos, listado que creció con 266 votantes más en relación con los 6 349 votantes inscritos en 1994.

16José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí (México: Consejo Estatal Electoral, 2006), 33.

17Estos ciudadanos destacaban por sus perfiles académicos y participativos en la sociedad potosina, fueron: María Isabel Monroy, María de la Luz Carregha, Ignacio Alejandri, Carlos Camacho, Arturo Reyes y José Luis Morán López. Cabe mencionar que el personal que se desplegó para la consulta se integró por invitación a personas de plena confianza de los organizadores imparciales. Los candidatos Moreno y Vaglienty en todo el momento de la consulta supervisaron el proceso y desarrollo de la jornada electoral.

18José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí Morán y Flores, 34.

19H. Congreso del Estado, “Decreto 665”, Periódico Oficial del Estado No 155, 23 de diciembre de 1996.

20José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí, 34.

21Ver H. Congreso del Estado, “Decreto 665”, Ley Electoral 1996, Art. 15.

22José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí, 38.

23José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí, 42-44.

24H. Congreso del Estado, “Decreto 366”, Periódico Oficial del Estado, 28 de septiembre de 1999.

25Al respecto, Javier Contreras, “Historia político-electoral del estado de San Luis Potosí (1991-2015), 144-145, señala una interpretación con otro enfoque según el cual no sólo la alta competitividad se hacía presente como factor que impedía que alguno de los partidos alcanzara el umbral para evitar la segunda vuelta, sino que, además, se hacía presente una creciente fragmentación del voto ante el incremento de partidos políticos en competencia.

26H. Congreso del Estado, Decreto 351, Periódico Oficial del Estado No. 81, 8 de julio de 2002.

27La evolución de los resultados electorales se presentará en el capítulo 6.

28José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí, Morán y Flores, 60

29Javier Contreras, “Historia político-electoral del estado de San Luis Potosí (1991-2015)”, 145.

30Aunque, paradójicamente, en la misma reforma a la Ley Electoral se destinó el dinero de ahorro por la eliminación de la segunda vuelta al financiamiento de los partidos políticos.

31Decreto 364, Periódico Oficial del Estado, edición extraordinaria, 30 de julio de 2005.

32El PDM está en cero, pues sólo se presentó en 1997 en la elección de Cedral y defendió su triunfo en primera ronda también contra el PRI.

CAPÍTULO 5

LA EROSIÓN INSTITUCIONAL ELECTORAL

LAS DISPUTAS PARTIDISTAS POR CONTROLAR AL ÁRBITRO ELECTORAL LOCAL (2005-2014) Y SU TRANSFORMACIÓN

Una vez visto el proceso de consolidación en la institucionalidad política y electoral del estado que se dio al responder a las coyunturas críticas de conflictividad entre los actores políticos, a inicios de los noventa, a través de mecanismos institucionales como la independencia y ciudadanización del árbitro electoral, así como del balotaje como una institución clave que permitió pacificar los conflictivos periodos postelectorales, toca examinar la parte más reciente del proceso de transformación de la democracia en San Luis Potosí.

Para efectos de orientación en el análisis consideramos que esta etapa comienza una vez alcanzada la alternancia partidista en el Ejecutivo local, en julio del 2003. Es un año trascendental para la política potosina, pues se logra que el PRI, como partido hegemónico, pierda la gubernatura estatal, y también es relevante porque los procesos electorales y sus críticos momentos postelectorales transcurren con calma y concordia entre los actores partidistas, con lo que se demuestra que las disputas políticas son canalizadas de forma efectiva por las reglas del juego electoral.

Como consecuencia de ello, la institucionalización política-electoral de SLP se consolida y se hace innecesario el mecanismo de segunda vuelta electoral para dirimir las posibles disputas entre los actores políticos. En el año 2003, consecuentemente, este mecanismo institucional, que había cumplido un papel crucial, llega a su fin.

Con un ambiente de normalidad política, ahora el objeto de la disputa política entre los actores partidistas en SLP serían los intentos de incidir y manipular de forma directa sobre las reglas electorales y también sobre el CEE como principal árbitro electoral. Éste no es un supuesto que deba tomarse a la ligera, pues las evidencias documentadas tanto en los diarios de debates del Congreso del Estado como en los procesos de selección —organizados por el Congreso— de los consejeros electorales locales que formaron parte del órgano electoral de 2005 a 2014, demuestran con claridad esa influencia directa para tratar de incidir en las reglas y en las decisiones de conformación del árbitro electoral.

Se debe reconocer que los espacios de autonomía de los árbitros electorales no están exentos de la disputa política, ya que dependen de muchas decisiones que los actores partidistas toman al respecto y de cómo éstos pretenden incidir en la propia configuración de sus órganos de decisión y en las propias reglas electorales.

Lo que se demuestra en SLP, en este periodo posterior a la consolidación político-electoral iniciado en los años noventa, es que esos procesos de institucionalización nunca fueron ajenos a las propias negociaciones y disputas políticas entre los actores partidistas, y que el proceso de ciudadanización1 y profesionalización de los órganos electorales no garantizó que los consejeros electorales fueran ajenos y del todo independientes de los actores partidistas que los habían elegido para el cargo.

También se debe tomar en cuenta que el inicio de esta clara politización de las instituciones electorales locales comenzó cuando el CEE dejó de ser un organismo electoral temporal para contar con presupuesto y permanencia en 1999, desde la modificación a la LEE2; antes de tal reforma, el árbitro electoral sólo se convocaba previo a los años electorales y se le dotaba de presupuesto estatal sólo para organizar las elecciones. Después pasaba a receso e inactividad hasta llegar el año previo a la siguiente elección.

A partir del año 2000 las elecciones organizadas estuvieron reguladas por un árbitro con plena permanencia y dotación presupuestal estatal. El detalle es importante pues, al contar con presupuesto y permanencia, su burocracia y sus funciones administrativas aumentaron. El CEE se convirtió en una organización grande y compleja.

Además, al contar con presupuesto —por mandato del Poder Legislativo—, el árbitro se volvió una parte central de la disputa política, pues no sólo se le asignó dinero público, sino el Legislativo —hasta el año 2014— era el encargado de designar a los consejeros electorales, cuya tarea principal era organizar las elecciones y tomar decisiones críticas que regulan los equilibrios políticos locales a través de las elecciones y la distritación local.

Así pues, la creciente politización de los procesos de integración de consejeros del CEE y las denuncias de parcialidad de éste provocaron la vuelta a la incertidumbre respecto a la legitimidad de los procesos electorales. Esto se constituyó como la coyuntura principal del periodo 2005-2014.

A consecuencia de la erosión de la certeza institucional, los actores políticos locales se vieron forzados a responder y redefinir las reglas del juego respecto a las instituciones electorales locales y, sobre todo, respecto a los procesos de integración del árbitro electoral. Como producto final, estos nuevos conflictos y tensiones respecto a la certidumbre de las instituciones electorales, en conjunto con otras situaciones similares, condujeron a cambios institucionales que impactaron a nivel nacional y que implicaron reformar los órganos electorales locales del país.

Es muy importante comprender las causas y el proceso de esta erosión institucional-electoral en la política local porque es a través del control de las instituciones electorales que se delinean los sistemas electorales y sus resultados en la distribución del poder político. Además, son los órganos electorales y las decisiones de sus funcionarios directivos los que arbitran a los distintos jugadores del juego político. Las instituciones electorales (legislación y organismos), por tanto, constituyen un espacio en disputa entre los distintos actores políticos; es por ello que resulta vital incidir sobre ellos para tratar de asegurar parte de sus intereses y legitimarlos por medio de la vía electoral y sus instituciones.

5.1. LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS DEL CEE: 2005-2009. EL PROCEDIMIENTO BASADO EN RAZONES POLÍTICAS COMO RAÍZ DE LA DESCONFIANZA

En 2005 la incertidumbre en torno a las instituciones electorales se originó debido al proceso de selección de los consejeros electorales al frente del árbitro local. El proceso de selección para los consejeros del periodo 2005-2009, que llevaron a cabo los diputados del Congreso del Estado en el segundo semestre del año 2004, tuvo como rasgos característicos los siguientes: la selección se hizo por motivos políticos antes que técnicos al priorizarse las cuotas de partido, pues nunca se especificaron de forma explícita los criterios de selección o de exclusión de los candidatos a los cargos; y una comisión de cinco diputados —de un total de 27 integrantes en el Congreso de SLP— tuvo poder decisivo en la integración del árbitro electoral y su presidente.

Esto último, en sí, no representaba ninguna falta, pues el procedimiento establecido en la reforma a la Ley Electoral del 8 de julio de 2002, vigente en 2004, especificaba, en su artículo 59, que se integraría una comisión especial de cinco diputados que serían responsables de elaborar una lista de hasta por el doble del número de consejeros a elegir de entre las propuestas de los partidos políticos representados en el Congreso.

Esta última parte de la disposición en la legislación, de que se integraría la lista a partir de las propuestas de los partidos con representación en el Congreso, sesgaría hacia los intereses partidistas el proceso de selección pues, de entrada, eso obligaba a que los candidatos fueran conocidos y avalados inicialmente por alguno de los partidos. Y si bien esto se puede calificar como una herencia institucional de la época previa en la que se buscaba generar contrapesos al gobierno como organizador electoral, ahora, con las circunstancias de competencia efectiva los resultados de esta herencia se modificarían.

En el 2004, los dos partidos más fuertes con representación legislativa en SLP eran el PRI y el PAN, y en un muy bajo tercer lugar de influencia efectiva el PRD, por lo que la comisión especial se integró por cinco diputados: dos del PAN, dos del PRI y uno del PRD, representante de la entonces primera minoría en el Congreso local.

El proceso de selección de consejeros, según se documentó en los diarios de debates del Congreso y en la prensa, se dio en medio de la polémica: el principal punto de discordia entre los actores políticos decisivos en el Congreso fue el procedimiento para la designación de los consejeros, particularmente de quien sería presidente del CEE para el periodo 2005-20093. Este último tuvo el apoyo mayoritario de la mayoría de los integrantes de la comisión especial para el proceso de selección que designó el Congreso del estado.

Los dos diputados del PRI y los dos del PAN estuvieron de acuerdo de antemano en la designación del presidente del CEE, pero el representante del PRD en la comisión se opuso a su designación, además del otro diputado de ese partido4 en el Pleno del Congreso. Ambos legisladores —uno miembro de la comisión de selección y otro desde su curul en el Pleno— argumentaron que dicha selección era inconveniente, pues la persona elegida había sido, hasta pocos meses antes de iniciado el proceso de selección, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), cargo al cual renunció para contender por un puesto como consejero del CEE y, en concreto, para dirigirlo desde su presidencia.

La impugnación de los diputados perredistas se fundaba en que la renuncia al frente de la CEGAIP implicaba una falta de profesionalismo, pues aún no terminaba esa responsabilidad pública que se le había asignado por buscar la dirigencia del árbitro electoral, que para ese entonces ya era un organismo público con un mayor presupuesto y estructura burocrática que el primero.

Quien sería designado presidente del árbitro local, además, ya había sido miembro de él, pues desde 1996 hasta 2001 había fungido como secretario técnico del organismo. No era un actor desconocido en el ámbito político de SLP.

Aunado a esto, la oposición contraria a la mayoría del PAN y el PRI acusó tal designación como parcial al señalar que ya se le tenía contemplado y seleccionado desde antes de integrar la lista de candidatos definitivos a conformar el Consejo General del CEE5. Esto, según los opositores partidistas minoritarios (el PRD y el PCP), contravenía las reglas estipuladas por la LEE vigente en 2004 sobre el proceso de selección, la cual, en su artículo 58 estipulaba que: “El Presidente del Consejo Estatal Electoral será electo por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado de entre alguno de los consejeros ciudadanos integrantes del propio Consejo.” Los opositores a la designación del presidente alegaban que éste ya había sido elegido de antemano y no de entre los miembros de la lista final, gracias al acuerdo entre los diputados del PRI y el PAN, mayoritarios en la comisión respectiva.

En efecto, tal comisión de tan sólo cinco integrantes, como estipulaba el artículo 59 de la LEE vigente en 2004, fueron los encargados de filtrar a más de 100 candidatos6 y reducir la lista a menos de 20 perfiles. La pequeña comisión fue la encargada de someter a votación una lista del doble de los integrantes del Consejo a seleccionar. El punto en disputa era que la comisión había presentado una lista en la que ya estaba definido quién sería consejero presidente, quiénes consejeros titulares y quiénes los suplentes, cuando la legislación señalaba que de la lista se debería seleccionar a los nueve consejeros y, de entre ellos, al presidente.

Es decir, la comisión presentó una lista predefinida acordada entre el PRI y el PAN con la cual se votó por línea política para cumplir las cuotas de los acuerdos preestablecidos entre los dos partidos más fuertes; los partidos minoritarios no tuvieron posibilidad alguna para influir en la decisión final de selección y el Pleno quedó en calidad de comparsa.

Un punto importante respecto al proceso de selección de consejeros en 2004, también argumentado por la oposición al PRI y al PAN, fue que en todo el proceso estipulado por la LEE de ese año los diputados con mayoría para decidir de forma efectiva sobre el proceso de selección jamás definieron con detalle los criterios técnicos de selección y de exclusión de los candidatos a los cargos por escoger. De facto, se consideró como detalle informal que los candidatos debieran conocer la materia electoral y, en efecto, a pesar de que se seleccionaron algunos perfiles por entero académicos para ser consejeros electorales, el criterio del conocimiento especializado en la materia electoral no fue la razón central de la selección en otros casos. Pesaron mucho más, en la realidad política, la trayectoria en el medio político potosino, los contactos y la cercanía de los distintos perfiles electos con los entonces actores partidistas en los escaños del Congreso, por lo que uno de los diputados perredistas señaló directamente al procedimiento como un “reparto de cuotas”7.

El Consejo del organismo electoral local se conformó para el periodo 2005-2009 sin ningún sobresalto público o impugnación legal mayor que trabara el proceso. A pesar de las denuncias de la oposición que acusó de parcialidad política y de un claro fenómeno de cuotismo partidista el proceso de selección8, por esa ocasión, cumplió con su objetivo básico de seleccionar los cargos en el árbitro electoral local.

Sin embargo, esta forma de integración del CEE tuvo consecuencias negativas para el propio Consejo y, en especial, para el proceso de elección de sus siguientes consejeros electorales, pues sería a partir del 2009 y, en especial, en 2011, cuando las serias debilidades del procedimiento de selección harían que varios ciudadanos, candidatos a los cargos de consejeros que no habían sido seleccionados por los diputados, se inconformaran e impugnaran ante los tribunales de Justicia Electoral todo el proceso de selección de consejeros.

Como se verá más adelante, tales impugnaciones resultaron ser muy problemáticas para dirimir al interior del Congreso local, pues las resoluciones judiciales obligaban a romper con las lógicas por entero políticas de selección para que primaran los criterios técnicos, de experiencia y de conocimiento electoral en los perfiles de los aspirantes. Esto sentó un serio precedente que transformaría al CEE y a las reglas electorales que tenían una marcada incidencia de los partidos más fuertes en SLP: el PRI y el PAN.

5.2. SELECCIÓN DE CONSEJEROS PARA EL PERIODO 2009-2011: EL RETORNO DE LA INCERTIDUMBRE INSTITUCIONAL-ELECTORAL

En el proceso para renovar a los integrantes del ahora Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC)9, en el año 2009 se dieron las mismas prácticas dominantes de una clara mayoría partidista, donde el PRI y el PAN se repartieron por cuotas las designaciones de los nuevos consejeros electorales. Este proceso de selección era relevante, pues en ese mismo año se renovaría el Poder Ejecutivo local y, por lo tanto, a los nuevos integrantes del árbitro electoral les competía vigilar y reglamentar la elección estatal.

En la reforma de 2008 a la LEE se modificaron algunos de los procedimientos del proceso de selección de integrantes del CEEPAC; en particular se agregó que las propuestas de candidatos a consejeros se realizarían vía convocatoria y que, además de los partidos, los ciudadanos también podrían proponer candidatos10. Especificaba además que de la lista que presentara la comisión especial, el Pleno del Congreso procedería a la elección de cada uno de los consejeros y que no podría estar integrado por más del 70 por ciento del mismo género. Se agregaba en la ley que los consejeros tendrían una remuneración, cosa que ya estaba estipulada, y que los consejeros suplentes ya no la recibirían (anteriormente también la recibían)11. Además, debido un acuerdo legislativo, el periodo del Consejo del CEEPAC sería sólo de dos años, a diferencia del periodo anterior, que había sido de cuatro12.

Si bien las modificaciones indicarían un aprendizaje del proceso de selección anterior, en esta elección de consejeros hubo también sugerencias de influencia partidista sobre el árbitro electoral pues, pudiendo reelegir al Consejo anterior para darle continuidad a sus labores y confiar en la experiencia que desarrollaron cuando tuvieron el encargo, los diputados decidieron reelegir solamente al presidente y a una consejera.

Los diputados argumentaron, en un boletín de prensa, que la ratificación en el cargo de estos dos funcionarios electorales se debía a que habían tenido un desempeño eficiente en el periodo anterior, sin embargo, nunca se hicieron públicos los criterios para determinar dicha eficiencia en el desempeño de estos dos consejeros, y su ausencia en el resto.

Sobre la renovación del Consejo, su presidente sólo realizó en prensa declaraciones de disciplina institucional, mencionando que los nuevos perfiles electos enriquecían al Consejo, pero nunca mostró una posición crítica o contraria a la elección por parte de los diputados. Sobre este punto había razones importantes para tener un planteamiento crítico, ya que los nuevos consejeros habían sido electos en diciembre de 2008 y sólo contarían con escasos seis meses de preparación y aprendizaje para organizar la elección estatal de julio de 2009; de hecho, esta situación era el motivo para la modificación de los periodos de duración en el cargo.

Otro factor que revela la falta de un contrapeso institucional en este proceso de selección es que el dictamen de selección de los consejeros para el periodo 2009-2011 se votó sin discusión y sin oposición en la tribuna del Congreso. Esto debido a que el entonces principal partido opositor en el Congreso local, el PRD, sufrió fuertes divisiones internas en su bancada y no pudo proponer a ningún perfil diferente a los predesignados por la mayoría del PRI y el PAN en la comisión especial. En consecuencia, la oposición del PRD tuvo un poder de veto nulo y esto quedó constatado en el resultado de la votación del dictamen que propuso la comisión para la selección de los consejeros electorales del CEEPAC en el pleno del Congreso. Así, la votación para la elección de consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue de 25 votos a favor, una abstención y un voto nulo.

La prensa publicó que los señalamientos de integración por cuotas y los procedimientos a través de los cuales se había realizado la selección habían sido poco transparentes y estaban viciados13, sin embargo, no hubo impugnaciones y el relevo en la autoridad electoral no tuvo mayores problemas.

El proceso de selección cumplió con su objetivo de cubrir las vacantes que dejaba un Consejo para sustituirlo por otro, a pesar de que nuevamente tuvo serias debilidades y signos de parcialidad. Por otra parte, el que hubiera cumplido con este objetivo no significaba que las acciones de los diputados no fueran minando de forma muy profunda la imparcialidad de las instituciones electorales locales, pues en 2009 hubo episodios documentados que afectaron al CEEPAC como árbitro electoral y que se tratan a continuación.

5.3. 2009: EL COMIENZO DEL DEBILITAMIENTO DE LA CERTEZA EN EL ÁRBITRO ELECTORAL

En 2009 el CEEPAC y su respectivo cuerpo de consejeros tuvieron, según la evidencia documentada, dos serios episodios que minaron su certeza como árbitro electoral. El primer episodio tiene que ver con una deliberación en el Pleno del Consejo acerca de una disputa al interior del PRI, y el segundo con la mala gestión de los resultados de la votación de la elección a gobernador, al presentar graves fallos técnicos en el Programa de Resultados Preliminares (PREP)14.

El primer suceso data del mes de mayo de 2009, a escasos dos meses de celebrar la elección a gobernador en la entidad, y trata acerca de una intervención parcializada del CEEPAC respecto a una disputa interna del PRI. Este partido, en ese mes, tuvo un conflicto interno entre dos dirigentes: el presidente del Comité Directivo Estatal15 pidió licencia para separarse del cargo y sumarse a la coordinación de la precampaña de uno de los precandidatos a la gubernatura del estado; ante tal separación, otro militante del partido asumió esa responsabilidad en la dirigencia del PRI de SLP. El conflicto se desató cuando el presidente con licencia quiso impulsar su lista de candidatos a las diputaciones locales que también se votarían ese año y la presentó ante el CEEPAC, pero el presidente sustituto también presentó ante el organismo su propia lista.

Ambos —presidente en funciones y presidente con licencia— demandaron que su lista fuera reconocida y avalada por el árbitro electoral como la lista oficial y legítima de las candidaturas a las diputaciones locales. Como las listas tenían que ser votadas por el CEEPAC y, por tanto, avaladas antes de la elección, el presidente del PRI con licencia solicitó ante su partido que suspendiera su licencia y se presentó de nueva cuenta como presidente del PRI en SLP.

El conflicto de las listas presentadas por los dos presidentes del PRI estatal se presentó ante una sesión del Pleno del Consejo del CEEPAC el 1 de mayo de 2009. En dicha sesión, aún y cuando la situación estaba referida en la Ley Electoral16, el Pleno del Consejo votó como válida la lista del presidente del PRI que había pedido licencia y retomado la presidencia del partido con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención. El presidente del CEEPAC, sobre quien se habían generado grandes dudas respecto a su imparcialidad en el proceso de selección, también votó en este sentido.

Ahora bien, en tanto que varios consejeros argumentaron que según la LEE vigente en ese año se tenía que acudir a la dirigencia del partido para que ésta fuera la que indicara cuál lista debía prevalecer, el árbitro local, aún y cuando ya habían aprobado una, acordó acudir a la dirigencia nacional del PRI para que le aclarase cuál de las dos debía de prevalecer.

Finalmente, la candidatura que prevaleció, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue la del presidente sustituto, por lo que el acuerdo que habían votado los consejeros del CEEPAC, que reconocía como la lista oficial a la del presidente que había pedido licencia, y sobre quien se aseguraba en la prensa que había sido el artífice de la integración del CEEPAC, quedó revocada.

Este episodio fue tratado por la prensa como una exposición de abierta parcialidad por parte de los consejeros que votaron por la lista del presidente que había pedido licencia; al final, dicho personaje desconoció el CEN del PRI, exhibiendo las formas en la que los intereses de un personaje y facción de un partido político habían dividido las decisiones del Pleno del Consejo. Para la prensa, los cinco consejeros que votaron las listas —incluido el presidente del CEEPAC— fueron parciales, ya que no resolvieron el episodio apegados a la LEE. Esta situación evidenció la pérdida de confianza en la imparcialidad y certidumbre que sufría el árbitro electoral en el transcurso del proceso electoral, derivada del viciado proceso de selección.

El siguiente episodio de desgaste en la certidumbre del CEEPAC sería más serio que el anterior, pues tuvo que ver de forma directa con los resultados electorales de la renovación del Ejecutivo local y, sobre todo, con la actuación del CEEPAC y la toma de decisiones de su Presidencia en momentos delicados, donde la certeza institucional debe prevalecer. En este caso fue un mal funcionamiento del PREP y el proceder de su presidente ante la incertidumbre lo que provocó dudas sobre el actuar del organismo electoral.

El programa de resultados preliminares falló en las primeras horas de la noche, entre el 5 y el 6 de julio de 2009, mostrando tendencias erráticas evidentes. En concreto, el error que se documentó en la prensa fue que cuando el avance del PREP reportaba un conteo del 63.83 por ciento de las casillas, la votación era de un 1,756,306 votos, número superior al del padrón electoral del estado, que era de 1,736,306 electores. Además, acorde a los datos del PREP, se reconocía una amplia ventaja al candidato del PRI-PSD-PVEM, Fernando Toranzo Fernández, de 53.95 por ciento, contra un 33.32 por ciento del candidato del PAN-PNA, Alejandro Zapata Perogordo. Tales resultados eran desacertados.

El error fue atribuido a un algoritmo inadecuado que fue programado por un equipo de ingenieros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su entonces rector, quien sería alcalde de SLP por el PRI de 2012 a 2015, reconoció el error de forma institucional, de manera que en el PREP la equivocación fue reconocida como “involuntaria”. Como consecuencia, todo resultado derivado de este proceso debía ser declarado como no válido por la autoridad electoral, por no ser confiable.

El acuerdo institucional al cual llegó el CEEPAC la mañana del 6 de julio fue la invalidación del PREP y no emitir ningún resultado oficial hasta el miércoles 8 de julio de 2009. Ante este acuerdo, la reacción de los principales contendientes partidistas (Toranzo por el PRI, y Zapata por el PAN), fue de abierta inconformidad con el árbitro electoral. Por un lado, el PRI declaró que contaba con copias de actas correspondientes al escrutinio de 91.60 por ciento de las casillas que le daban una ventaja de tres por ciento sobre el PAN, y el candidato del PRI dio a conocer de forma pública su inconformidad respecto de que el CEEPAC pospusiera la declaración de los resultados hasta el 8 de julio.

Esta presión por parte del candidato priista tuvo efecto sobre la presidencia del árbitro electoral, pues a pesar del acuerdo de reserva y prudencia sobre emitir los resultados electorales antes del día 8 de julio, el presidente del CEEPAC comunicó en rueda de prensa, a la noche siguiente de la elección, que había “una ventaja irreversible de 3 por ciento”17 a favor del candidato del PRI.

Por su parte, el PAN sostuvo que desde los primeros resultados del PREP se notaron las inconsistencias y su candidato, Alejandro Zapata, pidió un recuento de la elección a gobernador voto por voto y casilla por casilla, mientras que el candidato del PRD-PT-PC-PCP, Juan Ramiro Robledo, cuestionó la actuación del CEEPAC y pidió la renuncia de su presidente.

Acorde a una fuente periodística que documentó la falla del PREP y a la declaración anticipada del presidente del CEEPAC18, el presidente del organismo electoral no sólo recibió la presión del candidato priista, sino también la de empresarios potosinos y del entonces gobernador del estado19 para emitir la declaración en favor del candidato del PRI.

Así, el fallo del PREP, las presiones externas sobre el árbitro electoral y la decisión de declarar un triunfador anticipado al cierre de los cómputos oficiales provocaron una seria falla en la imparcialidad y certeza del árbitro electoral local.

Los resultados finales y oficiales de la elección a gobernador de ese año favorecieron al candidato del PRI, que obtuvo 435,628 votos, equivalentes al 45.3 por ciento de la votación válida emitida, mientras que el candidato del PAN quedó en segundo lugar, con 402,442 votos, equivalentes a 41.9 por ciento de la votación válida emitida. Por último, en un lejano tercer lugar el candidato del PRD obtuvo 82,303 votos, equivalentes a un 8.5 por ciento de la votación válida emitida. Al final la diferencia porcentual entre el primero y el segundo lugar fue de 3.4 puntos porcentuales. La derrota fue reconocida el 9 de julio por el candidato panista, aunque declaró que el proceso había estado plagado de sospechas, indefiniciones, desinformación, falta de transparencia y serias fallas institucionales atribuibles al CEEPAC.

Ante todo lo aquí descrito, cabe reflexionar que si bien la elección de 2009 y sus evidentes fallos no produjeron una crisis postelectoral con cierto grado de parálisis política, como las que acontecieron a nivel municipal en la década de los noventa, este Consejo en particular mostró sesgos evidentes de parcialidad y actuaciones que, a pesar de que requerían una toma de decisiones más mesurada y que privilegiara la certidumbre institucional, demostraron que las presiones partidistas sobre el árbitro electoral local existían e influían de forma importante sobre las decisiones del organismo. Esto deterioró de forma muy clara los máximos principios de certeza, libertad, imparcialidad, independencia y objetividad del árbitro electoral local.

El proceso de deterioro institucional electoral en SLP continuaría en las integraciones de los consejos electorales subsecuentes: el proceso de cuotas de partidos encontró al fin una férrea resistencia ciudadana que evidenció que la alta intervención partidista sobre la selección de los consejeros constituía la principal debilidad institucional en la integración del árbitro electoral.

5.4. LA RUPTURA 2011-2014: IMPUGNACIONES Y CONFLICTO EN LA INTEGRACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES DEL CEEPAC

La integración del CEEPAC para cubrir el periodo 2011-2014 fue muy controvertida respecto al procedimiento de selección de los consejeros electorales y fue impugnada por algunos de los concursantes en dos ocasiones, lo cual provocó que hubiera tres procesos de selección: el primero en diciembre de 2010, el segundo en junio de 2011, y el tercero en agosto de 2011.

Ante las impugnaciones de los concursantes, tanto el segundo como el tercer proceso de selección fueron ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual encontró evidencia suficiente de fallas en el Poder Legislativo que viciaron la primera y la segunda elección. A continuación, se tratan estos episodios sobre los hechos que viciaron los procesos de selección.

5.4.1. Primer proceso de selección impugnado y revocado: diciembre de 2010

Éste es el primer proceso de selección para cubrir el periodo del CEEPAC entre 2011 y 2014. Destaca por tener fuertes vicios en cuanto a la selección de los diversos perfiles que se votaron en la lista final que entregó la Comisión de Selección al Pleno del Congreso del Estado. Al respecto, cabe mencionar que el proceso tuvo bastantes controversias documentadas, pues fue uno de los más cubiertos por los medios de comunicación locales e incluso entre los propios diputados del Congreso local tuvo críticos debido a la parcialidad y a las cuotas partidistas que eran, en ese entonces, una norma informal pero común, y la más relevante en estos procesos.

En octubre de 2010 se reformó la Ley Electoral Estatal en lo respectivo a la integración de la Comisión Especial del Congreso para “otorgar la posibilidad a un mayor número de diputados, para que participen en el proceso de elección de los consejeros ciudadanos”20, de tal manera que se hizo un ajuste para pasar de cinco a siete diputados en la Comisión. El resto del procedimiento quedó igual que en las ocasiones anteriores: la comisión elaboraría una lista de hasta el doble del número a elegir de entre las propuestas de los partidos y los ciudadanos previa convocatoria. Y aunque ésta21 señalaba, entre sus requisitos, la entrega de un currículum vitae y un ensayo sobre el tema “Los retos de la democracia en San Luis Potosí”; una entrevista con los candidatos para comprobar que poseían el perfil, los conocimientos y experiencias para cumplir de forma eficaz y calificada las funciones; y especificaba que la lista se integraría con quienes reunieran “las mejores cualidades en experiencia y formación electoral, a criterio de los integrantes de la comisión”, la reforma y la convocatoria no representaron solución alguna a los problemas previos, y sólo evidenciaron aún más los sesgos que la selección ya venía presentado.

Así, de los nueve ciudadanos seleccionados como consejeros sólo tres contaban con cierta experiencia en la organización electoral y tenían conocimientos conceptuales al respecto, mientras que los seis restantes, si bien se podía considerar que destacaban por su trayectoria política y social, no lo hacían en el área electoral. Además, este último hecho se refuerza debido a que, según la evidencia periodística y curricular de los perfiles revisada para este trabajo, de los nueve consejeros, ocho tenían lazos evidentes con partidos políticos y actores partidistas locales22.

Tras la designación de los consejeros, algunos de los candidatos que no fueron seleccionados presentaron impugnaciones judiciales que fueron exitosas, es decir, se logró anular este primer proceso de selección debido a que se probó que los diputados no se apegaban a los propios términos que estipulaba la convocatoria para escoger a las personas concursantes y no habían presentado evaluaciones con evidencias claras de los criterios bajo los cuales un perfil escogido para el cargo era mejor que otro descartado.23

Pero esta situación ya había sido advertida en el Pleno del Congreso en las discusiones sobre la lista a votar pues, según consta en el diario de los debates correspondiente24, hubo posiciones de discusión encontradas entre los diputados. Al respecto, tres diputados subieron al estrado para hablar en contra del dictamen y plantear sus críticas contra el proceso de selección: un diputado y una diputada, ambos del PRI, criticaron al dictamen en razón de que éste no tenía criterios claros para la selección o el descarte de los candidatos; además, señalaron, el dictamen tenía muchas asimetrías de información entre los miembros de la Comisión de Selección y el resto de los diputados que se encargarían de votarlo en el Pleno del Congreso, pues no había razones claras que justificaran que la comisión de selección integrara de forma predefinida una lista concreta con consejeros y sus respectivos suplentes, de entre 128 concursantes diversos. En resumen, estos diputados cuestionaron los criterios de la selección y que el proceso estuviera reservado para la comisión de selección. El otro diputado que cuestionó el proceso formaba parte de la bancada del PRD; señaló que dicho proceso tenía un alto grado de incertidumbre debido a que los diputados nunca habían establecido criterios legales claros y concretos para tener un proceso de selección que generara certeza y, sobre todo, se apegara a la imparcialidad y no a meros criterios políticos.

No fue una sorpresa entonces que el Tribunal Electoral ordenara

reponer el procedimiento, a efecto de que se valoraran los elementos consistentes en currículo, ensayo y entrevista, en los términos establecidos por la convocatoria, y con ello conformar una lista con los aspirantes que contaran con los mejores perfiles en materia electoral, dada su formación académica y experiencia en dicha especialidad25.

En síntesis, los hechos que se consideraron como fundados para que el Tribunal procediera a resolver las demandas de los actores que impugnaban el proceso fueron que la Comisión Especial no había evaluado la documentación que estipulaba la propia convocatoria, currículo y ensayo y, en consecuencia, no existía en tal proceso de selección ningún expediente con los documentos oficiales de la evaluación26.

Este dictamen exhibió un total desinterés por parte de la comisión de selección del Congreso por dotar de certidumbre mínima al proceso y a sus concursantes; y demostró que el criterio primordial que se había seguido para la selección había estado sustentado y motivado por los intereses políticos partidistas, antes que por garantizar la pericia técnica y honorabilidad del CEEPAC.

Las designaciones y su revocación por el Tribunal Electoral provocarían después un alto nivel de escándalo político, pues la cobertura mediática, desde el inicio del proceso, había sido crítica de los sesgos de parcialidad en torno al proceso selectivo y la repartición de consejeros por cuotas de partido, dadas las experiencias pasadas. A ello debe sumarse que la prensa local expuso un caso de plagio en el ensayo presentado en el proceso de selección por uno de los consejeros, lo que demeritó aún más el trabajo de los diputados en el proceso de selección.

Obligado el Congreso a repetir el proceso en junio de 2011, no se resarcieron los errores y por segunda ocasión sería anulado por orden judicial del TEPJF al ser impugnado nuevamente por los candidatos rechazados. Como se verá enseguida, algunos candidatos de la elección de diciembre de 2010 se mantuvieron en la segunda, incluido el presidente del CEEPAC electo la primera vez, mientras que otros perfiles electos en diciembre de 2010 no fueron incluidos en junio de 2011. Esta situación demostraba, una vez más, los altos grados de incertidumbre y de variación de criterio para seleccionar a los consejeros electorales.

5.4.2. Segundo proceso de selección impugnado y revocado: junio de 2011

El 23 de mayo de 2011, el Congreso del Estado se reunió para acordar con mayor claridad los criterios de selección que había establecido el TEPJF. Los diputados estructuraron una guía de evaluación que incluiría, en primer lugar, los perfiles que tuviesen la documentación requerida y, en segundo, consideraría que tuvieran una formación académica pertinente y una vasta experiencia en temas electorales. Con estos criterios, el número de postulantes se redujo a 34.

Es notable que, una vez definida la lista de consejeros electos, la composición varió muy poco respecto de la de diciembre de 2010, pues sólo fueron descartados tres de aquella ocasión: una mujer y dos hombres, y entre estos últimos, el que había sido evidenciado por plagio. El resto del Consejo se mantuvo igual, es decir, se mantuvieron seis consejeros electos en diciembre de 2010, entre ellos el mismo consejero presidente, apoyado en consenso por las dos mayorías: el PRI y el PAN.

El hecho de que el Congreso y su respectiva comisión de selección hayan mantenido casi invariada la composición del Consejo Electoral levantó sospechas fundadas de que los actores de partido no querían desistir de preservar sus intereses en la composición del árbitro electoral. En particular, las sospechas se confirmaban con el hecho de que, entre los perfiles excluidos, uno tenía trayectoria académica en la docencia universitaria y en la investigación con una alta especialización en los temas electorales y sin embargo, a pesar de que la experiencia se consideraba central en la guía de evaluación, ésta había tenido menor peso que la experiencia laboral general de los concursantes. Este último punto sería determinante para que el Tribunal revocase este segundo proceso de selección.

Los consejeros seleccionados en esta segunda ocasión fueron tres: dos hombres y una mujer. Los tres perfiles, según la documentación revisada para este trabajo, tienen algún tipo de experiencia en la administración pública local en gobiernos a cargo del PRI y lazos con sus actores políticos principales, como el gobernador y políticos con carreras políticas locales. Además, el perfil de la única mujer electa es ilustrativa de la relevancia de las conexiones políticas, en tanto había fungido como coordinadora de prensa del Congreso Estatal, directora de comunicación electoral del CEEPAC, directora de medios vinculados a políticos y, después, directora de Comunicación Social del gobierno priista en turno.

Este nuevo Consejo Electoral fue electo con un alto nivel de consenso entre los partidos mayoritarios —PRI y PAN, que dominaban la Comisión de Selección— pues no había ningún consejero que fuese electo con menos de 18 votos de 27, lo cual demostraba una línea política que garantizaba la mayoría calificada para esta selección. Frente a esto, los diputados de oposición denunciaron que una vez más se manchaba la legitimidad de este segundo proceso de selección. Al respecto la prensa señaló que:

En el debate del dictamen de la comisión especial para la reforma del Estado27, el diputado Oscar Vera Fábregat [del partido local Conciencia Popular] denunció que la alianza entre PRI y PAN haría cometer nuevamente una aberración legal al dejar fuera de la lista de propietarios a las personas mejor calificadas […] El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, del PRD, denunció que las fracciones mayoritarias buscaron tener el control del CEEPAC, mientras que la diputada Yvett Salazar Torres, del PVEM, lamentó que los diputados se dejaran llevar por las instrucciones de sus dirigentes de partido28.

En síntesis, esta nueva composición fue polémica nuevamente y volvió a ser impugnada por los ciudadanos que habían concursado y no desistían de su vigilancia sobre el proceso. Tanto estos ciudadanos como la propia prensa local —que escudriñaban el proceso— pronto denunciaron, por ejemplo, que los tres nuevos consejeros electos por el Congreso no acreditaban ninguna evidencia de que tuvieran experiencia en el conocimiento de la temática electoral, lo cual reveló, de nuevo, la prevalencia de intereses en la Comisión seleccionadora del Congreso.

La sentencia del TEPJF que revocó este segundo proceso obligó al Poder Legislativo de SLP a atenerse a los criterios de la propia convocatoria y, en consecuencia, a considerar un mayor peso a la experiencia probada en el campo electoral y los conocimientos especializados en torno a ésta. Dado todo lo anterior, el proceso de selección de consejeros electorales ocurrió por tercera y última ocasión en julio de 2011, dando lugar a la configuración definitiva para el periodo del 8 de enero de 2011 al 7 de enero del 2014.

5.4.3. Tercer y definitivo proceso de selección: julio-agosto de 2011

En esta selección, y siguiendo los criterios estipulados en sentencia judicial por el TEPJF, los diputados tomaron únicamente “en cuenta la evaluación de los ciudadanos con experiencia laboral y formación académica vinculada necesaria e inescindiblemente con la materia electoral”29. Esto ocasionó que se eligiera una composición de consejeros muy distinta a las dos primeras ocasiones y que primaran, con mayor peso y seriedad, criterios de especialización electoral en la trayectoria de los perfiles concursantes, antes que los criterios políticos o ligados a redes de poder.

En concreto, la sentencia del Tribunal, que daba pie a este último y definitivo proceso de selección, obligó a los diputados a:

Dejar sin efectos el acuerdo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, por el que se establecieron las bases y métodos de evaluación que se utilizaron para calificar a los participantes, en el procedimiento de elección de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En consecuencia se ordena a las autoridades responsables reponer, de inmediato, el procedimiento desde la emisión de las bases y métodos de evaluación de los aspirantes a Consejeros Ciudadanos, así como la integración de la lista, para lo cual deberán establecer criterios objetivos, siguiendo los parámetros expuestos en esta ejecutoria, necesarios para determinar preponderantemente que los candidatos a Consejeros Ciudadanos, sean aquellos participantes que tengan experiencia laboral y la formación académica, vinculadas necesaria e inescindiblemente con la materia electoral, a efecto de conformarla con los mejores perfiles en materia electoral, todo ello de conformidad con lo previsto en la convocatoria30.

En consecuencia, la sentencia del Tribunal y la vigilancia del proceso por ciudadanos y prensa tuvo efectos evidentes en la tercera y última selección del CEEPAC del 30 de agosto de 2011. En primer lugar, impidió que ciertos perfiles que el Tribunal había considerado no aptos para ocupar los cargos fuesen considerados nuevamente por el Pleno del Congreso. De igual forma, el que había sido electo como presidente en las dos elecciones consecutivas anteriores se retiró de forma “voluntaria” de la contienda, según declaró31 en la prensa local. Sin embargo, su descarte fue provocado por la presión pública al conocerse que había mentido sobre sus títulos profesionales, y había presentado información apócrifa respecto a su título de licenciatura32.

Finalmente, la composición del CEEPAC de agosto de 2011 logró que se constituyera un Pleno del Consejo Electoral con perfiles que tenían experiencia laboral y formativa en la materia electoral. Y si bien algunos lazos partidistas no se diluyeron del todo, se atenuaron bastante en contraste con los viciados procesos de selección de diciembre de 2010 y junio del 2011.

Pero el capítulo aún no se cerraba. Después de la designación el TEPJF volvió a emitir una sentencia en la que solicitaba la modificación del decreto número 718 con el cual se designaba a los consejeros propietarios y suplentes, así como al presidente del CEEPAC, para dejar sin efectos la designación de una ciudadana consejera electoral por no cumplir los requisitos de elegibilidad33. La consejera fue sustituida, según comandó el Tribunal, por otra candidata no electa previamente pero que cubría los requisitos de elegibilidad para el remplazo. Con esta última modificación ordenada por el Tribunal se cerró de forma definitiva el ciclo de revocaciones de los procesos de selección de los consejeros del CEEPAC.

Según los documentos públicos revisados para este trabajo, en la composición definitiva de consejeros para el periodo 2011-2014 se constata una cierta pericia técnica electoral en la mayoría, más allá de sus lazos partidistas directos o indirectos, pues tres de sus miembros provenían del Poder Judicial y los Tribunales Electorales Locales, incluido el presidente; otros tres perfiles contaban con experiencia electoral inmediata, por haber tenido trabajo profesional dentro de órganos electorales distritales, federales y locales, y también contaban con experiencia como consejeros electorales en diversos distritos, tanto federales como locales; por último, los tres consejeros restantes contaban con una carrera profesional académica relacionada con la materia electoral. Todo ello da cuenta de un importante cambio cualitativo en el Consejo electo en agosto de 2011, en contraste con las dos conformaciones precedentes, que tenían una alta influencia partidista, según lo hasta aquí analizado.

5.5. CONSECUENCIAS POLÍTICAS E INSTITUCIONALES DERIVADAS DEL PERIODO DE INESTABILIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL CEEPAC

Lo que se ha descrito en estas páginas no cuenta sólo como una mera anécdota de la erosión institucional de las instituciones electorales en SLP, sino que es evidencia de un proceso que minó la confianza de la ciudadanía en el árbitro electoral local, reflejo de la relación entre la ciudadanía y los actores políticos locales. Este proceso de debilitamiento institucional que se vivió en el estado tuvo como consecuencias principales, cambios contundentes en la forma en la cual se selecciona el CEEPAC. A partir del año 2014 se integra sólo por siete miembros y tiene renovaciones escalonadas cada siete, seis y tres años para formar el Consejo; el Poder Legislativo local ya no tiene ninguna capacidad de decisión y selección sobre sus integrantes.

Estos cambios fueron posibles, en buena medida, por la vigilancia ciudadana de los procesos de selección de 2011 y su consecuente exposición mediática, pues hicieron que el conflicto tuviera visibilidad nacional. La dinámica de escándalo y de insatisfacción ciudadana por la forma en que los congresos estatales elegían a las autoridades electorales locales —con altos niveles de parcialidad partidista— no eran ajenas al resto de las entidades federativas34 y esto desató una reforma electoral de alcance nacional que, para el año 2014, le cambió el nombre al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), por Instituto Nacional Electoral (INE). El Instituto tiene, entre sus nuevas atribuciones, la plena y máxima facultad para elegir —con un proceso de selección meritocrático— a los integrantes consejeros de las instancias de arbitraje electoral en las 32 entidades de la Federación y que, a partir de tal reforma, se conocen como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Luego de finalizar el periodo del CEEPAC, que comprende desde agosto de 2011 hasta enero de 2014, y antes de que se ejecutara la reforma electoral nacional en septiembre de 2014, el Congreso del Estado tuvo que designar, por última y definitiva ocasión, a los consejeros electorales locales que cubrirían sólo un periodo de ocho meses, de enero de 2014 a septiembre de ese mismo año.

En esa ocasión la selección no fue impugnada por ningún ciudadano y el proceso concluyó sin mayores contratiempos. Para cubrir este corto periodo al frente del CEEPAC fueron reelectos cinco de los nueve consejeros, incluido el presidente, que ejercieron el cargo de 2011 a 2014 —tres hombres y dos mujeres—. Además, la selección de los consejeros para este breve lapso de funciones tuvo un amplio consenso entre los diputados, pues ninguno fue electo con menos de 22 votos; por otro lado, si bien la integración del Consejo siguió siendo impulsada por cuotas partidistas, contó con un claro equilibrio entre los partidos, pues ninguno quedó excluido de impulsar la selección de al menos un consejero.

Por otra parte, la prensa siguió muy atenta el proceso y destacó el consenso conseguido, resaltando el aprendizaje de los diputados locales respecto a no entrar en mayores controversias o disputas por el proceso de selección, pues como se describe en una nota periodística local:

esta vez los señores diputados se cuidaron de no hacerlo evidente, de no discutirlo públicamente y de casi, casi suscribir un pacto de silencio; no estuvo ausente el manejo de cuotas partidistas. Quizá lo diferente de los cochineros anteriores es que se procuró que el tristemente célebre cuoteo tuviera algo de racionalidad y no se tratara de acomodar al compadre, al cuate, al compinche o al cómplice35.

En septiembre de 2014, al concluir el periodo de ocho meses del último Consejo seleccionado por el Congreso Estatal, el recién creado INE tuvo bajo su responsabilidad la elección de un nuevo Consejo Electoral en SLP. En este proceso participaron ocho de los nueve consejeros del Consejo saliente, de los cuales sólo una mujer resultó electa para el nuevo encargo de tres años bajo las reglas estipuladas por el INE. En esta selección de septiembre de 2014 también se nombró consejero electoral por seis años a quien ya había fungido como presidente del CEEPAC, con un desempeño polémico, en dos periodos consecutivos de 2005 a 2011.

Como ya se ha mencionado, la reforma redujo en SLP el número de consejeros de nueve a siete, y estipuló que la selección de éstos fuese escalonada: siete años para el presidente del OPLE, seis para tres consejeros, y tres para los últimos tres consejeros electorales. Con esto se dificultó la posibilidad de incidencia partidista sobre los árbitros electorales locales, pues cuando se designaban por medio de los Congresos locales tenían que cumplir con periodos fijos y en medio de las dinámicas parcializadas de cuotas partidistas; de esa manera las actuaciones de los consejeros eran seguidas de cerca por los políticos que los habían elegido para cuidar sus intereses de estrategia electoral y política.

Otro cambio notable fue que, al menos en SLP, el Consejo electo por el INE se conformó, en su mayoría, con perfiles con experiencia en la materia electoral, pues seis de sus siete miembros acreditan en sus currículos experiencia técnica y laboral ligada a ese campo. Sin embargo, esto no implica, en sentido estricto, que se hayan desligado o desdibujado los lazos partidistas, ni que dejaran de ser cuestionables los nombramientos, pues de los siete miembros electos en septiembre del 2014, tres cuentan con lazos que los vinculan a alguno de los dos partidos políticos más fuertes en el estado: el PRI y el PAN.

Estos lazos incluyen a la presidenta del OPLE, quien tiene un fuerte lazo familiar con un exgobernador priista; ocupó cargos de alta dirección en gobiernos con un Ejecutivo priista y, además, cuando fue seleccionada su trayectoria profesional no se encontraba ligada al campo electoral, pero sí al campo político y de gobierno. También, como ya se mencionó, otro de los integrantes seleccionados ya había sido consejero y presidente consejero en el periodo de mayor polémica e inclusive había estado cerca de ser nombrado presidente consejero nuevamente.

Esto demuestra que este tipo de encargos institucionales no están exentos de las lógicas políticas por más que se trate de tecnificar sus procesos de selección36. Además, los encargados de evaluar, y finalmente elegir37, a los nuevos consejeros locales son miembros del Consejo General del INE articulados en una Comisión de Vinculación (CV) con los OPLES. Éstos tienen que seleccionar a los miembros de los 32 OPLES, con lo cual su carga de trabajo es enorme y en muchos casos pueden existir asimetrías en la información con la que cuentan para elegir a los nuevos funcionarios electorales; es por ello que los miembros del INE que seleccionan a los consejeros de los OPLES pueden desconocer más o menos las dinámicas propias de la política local en las entidades federativas e, incluso, tener más o menos conocimiento personal de algunos de los consejeros que eligen.

Queda claro que la política real incide sobre las selecciones de los integrantes de los OPLES; no deja nunca del todo de formar parte del proceso de selección y, además, la conformación de los OPLES se apoyó bastante en la selección de burócratas electorales —tanto en árbitros electorales locales como en el federal— con una amplia trayectoria profesional previa, lo que si bien tiene sus beneficios tampoco escapa a consecuencias indeseadas38.

En síntesis, esta integración del CEEPAC es el producto de la reforma electoral que se implementó en 2014 a nivel federal y que buscaba, en el plano de los árbitros electorales locales, “estandarizar las condiciones de las contiendas electorales en todo el país”39. Fue también producto de un rediseño de las reglas del juego respecto a las atribuciones de los órganos electorales locales y el órgano electoral federal que, de forma evidente, alteró las dinámicas de incidencia de los partidos políticos y sus actores en los procesos electorales locales, en un momento en el cual los procesos de selección, a cargo de los diversos congresos locales, había perdido legitimidad para generar confianza electoral como producto o resultado institucional.

CONCLUSIÓN

Todo diseño institucional tiene consecuencias indeseadas o que buscan mantener ciertos desequilibrios que favorecen a algunos de los actores relevantes del juego político. En este caso, el agotamiento de las reglas para seleccionar a consejeros ciudadanos en la integración del órgano electoral potosino fue claro. Se crearon en un momento en que la participación de personas cercanas y confiables para los partidos de oposición al PRI era clave para darle certidumbre y confiabilidad a los procesos electorales; pero, llegados al momento en que esto se convirtió en el problema, al no modificar esta regla informal y despreciar las reglas formales se produjo un efecto de drift, o deriva, esto es, los partidos principales —PRI y PAN— se negaron a modificar las reglas ante una realidad cambiante para mantener el beneficio de la aplicación de las reglas.

Este desfase llevó a un proceso de agotamiento de las reglas de selección de consejeros. Al evidenciarse el desfase entre las circunstancias de la competencia electoral, las reglas formales y su aplicación privilegiando una regla informal, se llegó a un resquebrajamiento institucional en el proceso de selección por parte del Congreso estatal. Finalmente, actores externos de nivel nacional decidieron modificar el entramado institucional electoral federal por medio de la adición al INE de la facultad para integrar los organismos electorales estatales.

Este capítulo nos permite mostrar los efectos de las dinámicas políticas subnacionales en la dinámica nacional. Se demuestra que el cambio institucional nacional puede modificarse de acuerdo con las dinámicas que desarrollan los actores políticos locales y sus pugnas de poder. A su vez, las dinámicas en ambos niveles demuestran que la construcción democrática es una tarea constante y que no depende por entero de los distintos diseños institucionales procedimentales en el momento de la elección, sino también de las prácticas, acciones y valores de los actores políticos, que pueden consolidarla o minarla con sus decisiones.

En los capítulos precedentes hemos recorrido las transformaciones de la institucionalidad electoral local desde un contexto político monárquico absolutista, monárquico moderado constitucional, república federal, república central y finalmente república federal representativa democrática; no obstante, en realidad este último fue un régimen semiautoritario, sin competencia efectiva posible entre los partidos, pues había un partido hegemónico que se constituía como única vía de participación y representación política al ocupar todas las instituciones públicas y niveles de gobierno y que, además, tenía el control de la autoridad electoral y de la organización de elecciones que sesgaba los resultados a su favor. Y no sólo los resultados, sino también el propio proceso de transformación institucional que canalizó la competitividad electoral efectiva a través de la conquista del espacio de independencia partidista y autonomía de los árbitros electorales. La función de este espacio fue efectiva en SLP desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta su paulatino deterioro y quiebre en 2011.

En este capítulo se expuso también el deterioro de la institución central que permitió la transformación democrática al dotar de credibilidad, certeza, imparcialidad y publicidad a la organización de las elecciones: el organismo electoral integrado por ciudadanos. Dicho deterioro dependió por entero de los actores políticos que accedieron a los puestos de representación a través de las elecciones organizadas mediante esa institución y que, en la búsqueda por alcanzar ciertos beneficios, parcializaron en exceso la elección de las autoridades electorales locales y provocaron impugnaciones que tuvieron efectos que pusieron fuera de su alcance la forma en la cual se elige a los consejeros del CEEPAC.

Así, el cambio reciente de la reforma político-electoral de 2014 no fue fortuito o casual, sino una respuesta a lógicas de poder que habían quebrado la legitimidad de los árbitros electorales locales. La reforma de 2014 permitió recuperar en un inicio la certeza perdida que tanto esfuerzo cívico y político había costado conquistar en los primeros inicios de la transición nacional y local a la democracia.

No está de más dejar una nota preventiva: aunque los resultados electorales en SLP no se han visto afectados de forma importante por el momento de agotamiento y luego el cambio de la forma en que se selecciona a los encargados de llevar la organización de las elecciones a nivel subnacional, es innegable que aun con la última reforma los lazos políticos persisten en los OPLES, en primer lugar porque no se pueden suprimir por entero y, en segundo, porque los consejeros electorales son funcionarios que pueden considerarse como “políticos en la sombra o penumbra”40, con legítimas aspiraciones profesionales por proseguir y consolidar una carrera política dentro o fuera de las instituciones en las cuales sirven. Así, hay redes de alianzas entre actores —tanto partidos políticos como grupos informales— que escapan a la mirada del INE y su proceso de selección.

CUADRO 1

PRIMEROS CONSEJEROS DEL CEE 1992-1993:
PROFESIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Consejo

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

José Luis García Julián

Contador público / empresario

Sí / PRI

Alcalde de SLP (1995-1997)

Candidato a gobernador (2003)

Consejeros ciudadanos

Jorge Puga Arriaga

Empresario

No

Gonzalo Benavente González

Ingeniero

Sí / PAN

Director de pensiones (2003-2009)

Regidor (2009-2012)

Manuel Gómez Madrazo

Empresario

No

Daniel Diep Diep

Contador público, abogado, Lic. en filosofía / académico

No (actuales)

Carlos Mendizábal Acebo

Empresario

Sí / cercano al PAN

Pedro Martínez Herrera

S/D

S/D

José Eutimio Hernández Garza

Contador público / académico

No (actuales), destacada carrera académica, y participación en la política universitaria.

Guillermo García Navarro

Fotógrafo / negocios de impresión

Sí / FCP, PAN

Héctor Gerardo Hernández Rodríguez

Médico / funcionario profesional electoral IFE / academia

No (actuales)

CUADRO 2

CONSEJEROS DEL CEE 1994-1996: PROFESIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Consejo 1994-1996

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Gonzalo Benavente González

Ingeniero

Sí /PAN

Director de Pensiones (2003-2009)

Regidor (2009-2012)

Consejeros ciudadanos

Lic. Jorge Puga Arriaga

Empresario

No

Don Manuel Gómez Madrazo

Empresario

No

C.P. Daniel Diep Diep

Contador público, abogado, Lic. en Filosofía, académico

No

Ing. Carlos Mendizábal Acebo

Empresario

Sí cercano al PAN

Don Pedro Martínez Herrera

S/D

S/D

C.P. José Hernández Garza

Contador público, académico

No, destacada carrera académica, y participación en la política universitaria.

Lic. Guillermo García Navarro

Fotógrafo, negocios de impresión

Sí FCP, PAN; posterior acercamiento PRD/MC

Dr. Héctor Hernández Rodríguez

Médico / funcionario profesional electoral IFE, academia

No

CUADRO 3

CONSEJEROS DEL CEE 1997-2001: PROFESIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Consejo 1997-2001

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Juan Dibildox Martínez

Ingeniero, abogado y empresario

No / Repitió un segundo mandato como presidente del CEE; aspiró a ser consejero electoral en el IFE en 2007, fue finalista apoyado por el PAN41. Carrera como político en la sombra.

Consejeros ciudadanos

José Eutimio Hernández Garza

Contador público, académico

No / Carrera en órganos de gobierno de la UASLP, política universitaria42.

Eduardo Castillo Rodríguez

Contador público

No / Reelecto en el CEE para un periodo siguiente.

Beatriz Velázquez Castillo

Médico, académica.

No / Destaca por su carrera académica.

Lic. Héctor de la Rosa Medellín

Empresario

No / Miembro fundador de la COPARMEX en Matehuala43.

Jesús Motilla Martínez

Abogado, académico, consultor jurídico corporativo.

No / Destaca por su trayectoria académica, y haber sido Magistrado y miembro del Consejo de la Judicatura en el poder Judicial de SLP. Vinculado al sector empresarial, reelecto para un segundo periodo como consejero.

José Mario de la Garza Mendizábal

Abogado corporativo.

No / Grandes empresas son clientes de su despacho. Destaca por su trayectoria en el gremio de abogados nacional y local.

Jorge Galán Palau

Empresario

No

Jorge Camacho Serrato

S/D

S/D

Extensión de Consejo 2000-200144

Gonzalo Dávila Palafox

Académico

No / Miembro del Centro de Investigaciones Históricas de SLP. A partir de este periodo extraordinario del CEE, es reelecto para en el siguiente periodo.

Luis Eleuterio Pizzuto Zamanillo

Ingeniero. Empresario

Sí / Navismo; es hermano del político navista Guillermo Pizzuto Zamanillo. No desarrolló carrera política previa. Fundó AC “Vida Digna Potosina”, dedicada a ayudar a menores con discapacidad.

Guillermo Borbolla Mejía

Empresario.

No / Fundó una empresa de artículos de oficina en 1987, ha sido proveedora del Gobierno del Estado.

José Manuel Guerra Molina

S/D

S/D

CUADRO 4

CONSEJEROS DEL CEE 2001-2005: PROFESIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Consejo 2001-2005

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Juan Dibildox Martínez

Ingeniero, abogado y empresario

No / 2001-2005 es su segundo mandato como presidente del CEE; Aspiró a ser Consejero Electoral en el IFE en 2007, fue finalista apoyado por el PAN45. Carrera como político en la sombra.

Consejeros ciudadanos

Cándido Ochoa Rojas

Abogado, político profesional.

Sí / PRI. Fue procurador de Justicia, y secretario gral. de Gobierno en el sexenio del gobernador Fernando Toranzo46; fue electo diputado federal en junio de 2015 por el PRI-PVEM.

José Luis Morán López

Físico, académico.

No / Destaca por su trayectoria académica, y fue consejero electoral distrital del IFE.

Eduardo Castillo Rodríguez

Contador público.

No / 2001-2005 es su segundo mandato como consejero electoral

Jesús Motilla Martínez

Abogado, académico, consultor jurídico corporativo.

No / Destaca por su trayectoria académica, y haber sido Magistrado y miembro del Consejo de la Judicatura en el poder Judicial de SLP. Vinculado al sector empresarial, 2001-2005 fue su segundo periodo como Consejero Electoral. (Cuadro 3).

Gonzalo Dávila Palafox

Académico

No / Miembro del Centro de Investigaciones Históricas de SLP. 2001-2005 fue su segundo periodo como consejero electoral.

Amparo Esther Espinosa Lechón

Contador público. Académica.

No

César Augusto Contreras Malibrán

Político profesional

Sí / PAN, exrepresentante del gobernador Marcelo de los Santos en la zona Huasteca47. Excandidato a diputado federal por el PAN en 200948. Excandidato a regidor por el PAN en la alcaldía de SLP en 201549

Esteban Zapata Cossío

Médico.

No / Ha sido consejero distrital electoral del CEEPAC en Matehuala en al menos dos procesos electorales50.

CUADRO 5

CONSEJEROS DEL CEE 2005-2009: PROFESIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Consejo 2005-2009

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Rodolfo Aguilar Gallegos

Lic. en Administración, MBA, Maestro en Ciencias Políticas. Administración, Mercadotecnia, carrera como funcionario electoral. Gerente de Industriales Potosinos AC. Sector privado51

Sí / Carrera principal como político en la sombra, miembro profesional del CEE y el CEEPAC desde 1996 hasta la fecha. Sólo ausente en 2004, cuando presidió la CEGAIP y de 2011 a 2014 donde es reelecto como consejero en el proceso controlado ya por el INE.

Se le ha ligado como cercano al PAN y al PRI, y PAN, PRI y PRD le han acusado de parcialidad. En la actualidad prosigue su carrera como político en penumbra.

Consejeros ciudadanos

Héctor Ruiz Elías

Ingeniero mecánico electricista.

No / Tampoco figura de forma actual en noticias referentes a su trayectoria o carrera política. Criticó en 2008 las atribuciones, en su opinión excesivas, del presidente del CEEPAC.

Jesús Ricardo Villareal Villalpando

Médico pediatra52. Cargos directivos en el Hospital General del ISSSTE de SLP. Consejero presidente comisión distrital electoral 7 del CEEPAC en 2000. Consejero presidente Comisión Municipal Electoral de SLP en 2003, 2006 y 2009. Consejero suplente de 2001 a 2005.

No / en su trayectoria, ha desempeñado el ejercicio de la profesión médica con la de la política en la sombra. Destaca por hacer carrera como político en penumbra en el CEEPAC de 2000 a 2009, por los diversos cargos ocupados en sus órganos colegiados; y también fue aspirante para volver a ser consejero del OPLE de SLP en 2014. Se le caracteriza en su periodo de consejero electoral por ser leal al presidente del CEEPAC y se consideró como una opción para presidir el consejo en 201053. No hay registro público de sus filiaciones partidistas actuales.

Lydia Torre Medina Mora

Antropóloga social, académica.

No / su trayectoria destaca por su carrera académica en el COLSAN. Tiene también trayectoria en la política en penumbra, es consejera del Instituto Municipal de Planeación de SLP. En el periodo 2012-2015.

María del Socorro Gómez Mercado

Lic. en Administración. Académica.

No / en los registros públicos; destaca su actividad académica como profesora universitaria, es presidenta del patronato de una AC altruista desde 1995. Como político en la sombra, fue ratificada como consejera del CEEPAC por dos años más, de 2009 a 2011.

Cosme Robledo Gómez.

Médico cirujano54.

No / Es pariente consanguíneo del político priista y luego perredista Juan Ramiro Robledo, quien se abstuvo de votar por él en el proceso de selección (CESLP, 2004: 10,12,13).

Fue secretario de Salud del Gobierno de Florencio Salazar Martínez de 1985 a 1987. Tiene una carrera en el sector salud, pues ha tenido cargos directivos en hospitales del IMSS, y como directivo de servicios médicos bancarios en instituciones de banca privada. Se puede ligar al PRI, pues tuvo el mencionado cargo de secretario de Salud, y de titular de los servicios médicos institucionales del Gobierno del Estado de 1998 a 2000, en el periodo de Fernando Silva Nieto. Es director de clínicas privadas. Fue consejero del CEEPAC de 2005 a 2009, repitió de 2011 a 2014, y fue ratificado por el Congreso en 2014, justo antes de que el INE tomara la dirección del proceso de integración de los OPLES. También se postuló como candidato a consejero en el proceso de selección de consejeros regido por el INE en 2014.

María Isabel Irma Dickinson Gómez

Profesora.

Sí / Se le identifica con el lado navista, en el diario de debates del CESLP de diciembre de 2004, cuando se discutía la integración del CEE, el diputado Eduardo Martínez Benavente, le califica de ser un perfil valioso: “una persona identificada plenamente con el movimiento navista, una enorme luchadora…” (Benavente, 2004:18). Diputados del PRD apoyaron su selección; no hay registros actuales de su filiación partidista, y no destaca en ningún otro cargo en la política real o en la sombra.

Hugo Alejandro Borjas García

Dr. en Sociología y Ciencias Políticas. Académico55.

No / destaca por su trayectoria académica y conocimientos en el área política, en entrevista (2014) reconoce la importancia de socializar y tener contactos con la élite política local para aspirar con éxito a obtener un cargo en la política en la sombra. No hay registro público de filiaciones partidistas particulares en la actualidad.

Pascual Zúñiga del Ángel.

Abogado litigante.

No / Destaca por su carrera como abogado litigante, y por ser consejero en este periodo, y ser suplente para el periodo de 2009-2011. En la actualidad (2015) es síndico de la planilla electa PRI-PVEM y PNA para el Gobierno Municipal de Tamuín, SLP.

CUADRO 6

CONSEJEROS DEL CEEPAC 2009-2011: PROFESIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Consejo 2009-2011

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Lic. Rodolfo Aguilar Gallegos.

Político en la sombra, administrador sector privado.

(Ídem Cuadro 5)

Sí / Es reelecto por los partidos mayoritarios PRI y PAN para este periodo de dos años. Se justificó su reelección con base a “eficiente desempeño demostrado en el cargo que se les ha otorgado”.

Consejeros ciudadanos

L.A. María del Socorro Gómez Mercado

Académica.

(Ídem Cuadro 5)

No / Es la única consejera reelecta por la mayoría del Congreso Local para este periodo. Se justificó su reelección con base a “eficiente desempeño demostrado en el cargo que se les ha otorgado”.

Eduardo Bendek Torres

Comerciante. Presidente de la CANACO SERVYTUR de la Huasteca Potosina, en la década de los ochenta56

No / Fue su única participación como político en la sombra.

Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez

Licenciado en Administración de Empresas. Mtro. en Ciencias Administrativas y Finanzas; Accionista de empresa médica, y empresa de construcción y bienes inmuebles. Consultor de empresas, docente. Socio activo CANACO, COPARMEX y CANACINTRA57

Sí / Fue electo de nuevo como consejero del CEEPAC en el año 2014 antes de que el INE se hiciera cargo del proceso de selección. Se vuelve a postular en el proceso a de selección a cargo del INE en 2014, pero no es electo.

Se postuló en 2012 en un proceso de selección del CESLP, para elegir a un comisionado numerario (propietario) y tres comisionados supernumerarios (suplentes) de la CEGAIP, no fue electo.

María del Carmen Espinosa Gómez

Abogada. Carrera en el Poder Judicial de SLP desde 1993. Actuaria del Poder Judicial al momento de ser electa consejera del CEEPAC58

Sí / Se menciona en prensa que tuvo el apoyo de la fracción del PRI en el Congreso para ser electa. A pesar de ser actuaria del PJESLP fue electa consejera. La LEE vigente en 2009 en sus artículos 57 y 64 no prohíbe a los funcionarios judiciales ser electos como miembros de los organismos electorales y como consejeros electorales.

Lucía Eugenia de Fátima González Zamora

Profesora de educación Primaria. Directora de colegio particular.

Sí / Se menciona en prensa que contó con el apoyo de la fracción del PAN en el Congreso.

Antonio Juárez Berrones

No hay registro público de ningún título universitario. Comerciante. Político profesional.

Sí / Se menciona en prensa que lo apoyó la fracción del PRI en el Congreso. Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Rioverde en 1999. En 2015 se registró por ese partido como precandidato a una diputación local. De familia priista, su hermano contendió para ser candidato del PRI en Rioverde.

José Eduardo Lomelí Robles

Contador público. Maestría en Ciencias Administrativas y Esp. en Finanzas. Académico, consultor en finanzas59, político profesional en penumbra.

Sí / Se menciona en prensa que contó con el apoyo de la fracción del PAN en el Congreso y con el apoyo del entonces Srio. Gral. de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, cuando el Ejecutivo era emanado del PAN. Destaca por haber sido comisionado presidente de la CEGAIP de 2004 a 2008, posteriormente fue electo consejero electoral.

Jorge Manuel Villalba Jaime

Comisionista prestador de servicios mecánicos. En los documentos oficiales de CEEPAC tiene solo el título de ciudadano. Su grado máximo de estudios es el bachillerato60

Sí / Tiene lazos familiares directos con políticos priistas. Es hermano de la excandidata a diputada federal por el PRI Lidy Villalba. En prensa se menciona que tuvo el apoyo directo de la fracción del PRI en el Congreso.

CUADRO 7

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL CEEPAC 2011 DE ENERO A JUNIO*

Consejo 2011*

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Fernando Navarro González

Lic. en Mercadotecnia y Dirección Comercial*. Sector privado: miembro activo COPARMEX, CANACINTRA, Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), A.C., Potosinos Trabajando, Aerolitoral, Instituto Apostólico. Administración pública: SEDESORE61. Otros concursantes del proceso de selección de consejeros lo acusaron de falsificar62 su título profesional universitario.

Sí / amistades cercanas que lo ligan al PRI63, bien visto por el presidente del PAN en SLP Marco Antonio Gama Bazarte. Experiencia en el área electoral como político en la sombra: consejero en el Comité Electoral Municipal de SLP del CEE en 1992. Consejero presidente de la Comisión Distrital VII en 1997. Consejero Electoral Suplente en 2005. Contó con el apoyo de las bancadas del PRI y PAN en el Congreso local. También se le identifica como cercano a Aguilar Gallegos64. Presidente del CEEPAC en el periodo inmediato anterior.

Consejeros ciudadanos

Alfonso Normandía Barrios

Lic. en Derecho. Mtro. en Psicología. Alejado de la vida pública local por 10 años hasta 2011. No hay registro público de su CV. Carrera empresarial en diversos cargos directivos.

Sí / Colaborador del exgobernador priista Horacio Sánchez Unzueta. Contó con el aval del presidente del PAN en SLP Marco Antonio Gama Bazarte. Se menciona en prensa que tuvo una ausencia de 10 años en la ciudad de SLP, alejado de la vida pública hasta el momento del proceso de selección en 201165. Se le acusó de haber plagiado su ensayo como requisito en la convocatoria para elegir a los consejeros electorales66. Se califica de manera positiva por los diputados de las fuerzas políticas en este proceso de selección. Fue candidato entre las fuerzas políticas a ocupar la presidencia del CEEPAC. Tiene diplomados en estudios electorales, más no acredita experiencia directa en el área electoral.

Miguel Ángel Maya Romero

Abogado. Empresario del ramo de tintorerías.

Sí / Ligado al PAN por su apoyo a la precandidatura de Eugenio Govea al Gobierno del Estado en 2009, amistad con el diputado panista Pedro Pablo Cepeda Sierra. No hay evidencias que lo liguen a la participación política activa, o que tenga experiencia o formación en el tema electoral. No hay evidencias de sus vínculos políticos actuales, aunque una sobrina directa contendió como precandidata por el PAN a una diputación federal. En prensa se le acusó de tener denuncias por juicios civiles en su contra y a raíz de ello no ser apto para presidir el CEEPAC.

Rosa Jimena Gómez Jimeno

Lic. en Administración Agropecuaria. Se desempeñó como directora del Centro PYME SLP en 2011. Miembro de CANACINTRA SLP.

Sí / Ligada al navismo, participó en las campañas de Guillermo Pizzuto en los ochenta. Se menciona en prensa que era cercana al PAN. No acredita experiencia ni formación en temas electorales.

Flor de María Salazar Mendoza

Lic. en Literatura Latinoamericana. Mtra. en Historia. Dra. en Estudios Latinoamericanos. Académica UASLP67

Sí / Vínculos familiares con el PRI: es hija del Ex Gobernador Florencio Salazar. No hay evidencia de experiencia en temas electorales. Experiencia en la Administración Pública, dirigió el Archivo Histórico de SLP en el sexenio del gobierno del Gobernador panista Marcelo de los Santos. Vuelve a ser designada como directora del Archivo Histórico del Estado por el gobernador priista actual Juan Manuel Carreras68.

Gabriela Camarena Briones

Lic. en Administración. Carrera en el Magisterio SLP. Áreas de conocimiento educación y administración69

Sí / Apoyada por el partido Nueva Alianza y por el Partido Conciencia Popular (Rodríguez, 2013)70. Ligada al magisterio. Fue reelecta en 2 ocasiones más como consejera, en el periodo de José Martín Vázquez como presidente 2011-2014, y de nueva cuenta en 2014, antes de que el INE tomara control del proceso de selección de los OPLES.

Cosme Robledo Gómez

Médico cirujano.

(Ídem Cuadro 5)

Sí / Amplia trayectoria en el gobierno estatal en el gobierno de Salazar Martínez, como Srio. de Salud. Fue reelecto por segunda vez como consejero, y seleccionado en otras dos ocasiones más. Acredita su experiencia electoral el periodo en que fue consejero del año 2005 a 2009. (Ídem Cuadro 5)

Patricio Rubio Ortiz

Lic. en Derecho. Mtro. en Ciencias Sociales. Candidato a Dr. en Ciencia Política. Académico ColSan71.

No / Respaldado por su trayectoria académica y experiencia profesional en asuntos electorales y de ciencia política. Secretario proyectista del Tribunal Electoral y asesor del CEEPAC. No fue electo en el proceso de selección que se repitió en junio de 2011. Fue reelecto en el proceso de agosto de 2011, después de que el proceso de junio fue impugnado.

Pedro Morales Sifuentes

Lic. en Derecho. Carrera en el Poder Judicial de SLP. Consultor jurídico.

Sí / Fungió como secretario del Ayuntamiento de Rioverde en 1995. Presidente de la comisión distrital electoral en 1990 y 1993. Magistrado numerario presidente de la Sala Regional Zona Huasteca del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Integrante de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 2002-2004 y 2006-2012.

CUADRO 8

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL CEEPAC 2011 DE JUNIO A AGOSTO*

Consejo 2011*

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Fernando Navarro González

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

Sí / (Ídem Cuadro 7)

Consejeros ciudadanos

Pedro Morales Sifuentes

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

Sí (Ídem Cuadro 7)

José Jesús Sierra Acuña

Abogado. Trayectoria como funcionario en Administración Pública estatal y municipal.

Sí / Ha fungido como funcionario, siempre en periodos gobernados por el PRI, de 1993 a 1997 como subdirector de representación de Gobierno en la zona Huasteca, coordinador jurídico de la Dirección de Gobernación en la zona Huasteca, 1997 a 1998, Srio. Gral. del Ayuntamiento de Cd. Valles en 2012, jefe de la Unidad de Información Pública Municipal de 2012 a 2015. Observador electoral en 1996, presidente de la Comisión Municipal Electoral y coordinador operativo, presidente de comisión Distrital 2000 y 2002, vocal de Junta Distrital 1991. Aspirante a comisionado numerario de la CEGAIP de 2015 a 2018, no fue seleccionado.

Rosa Florencia Aguilar Mendoza

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Funcionaria en la AP estatal y carrera en medios de comunicación locales. Exdirectora del periódico Plano Informativo. Exproductora del Semanario Editorial “En la voz de…”

Sí / Coordinadora de Prensa en el Congreso de SLP en 1998.

Directora de Comunicación Electoral en el CEEPAC (no especifica el periodo). Directora de Síntesis y Análisis en la Dir. de Comunicación Social en el gobierno de Fernando Toranzo, y luego directora de Comunicación Social en los últimos meses de gobierno. No acredita experiencia o formación electoral, aparte del cargo directivo en el CEEPAC.

Flor de María Salazar Mendoza

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

Sí (Ídem Cuadro 7)

Rosa Jimena Gómez Jimeno

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

Sí (Ídem Cuadro 7)

Cosme Robledo Gómez

(Ídem Cuadros 5 y 7)

(Ídem Cuadros 5 y 7)

Sí (Ídem Cuadros 5 y 7)

Miguel Ángel Maya Romero

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

Sí / (Ídem Cuadro 7)

Víctor Manuel Palomares Tejeda

Abogado litigante, despacho jurídico.

Sí / Oficial mayor de la Presidencia Municipal de Valles, jefe de la Comisión Reguladora de Tenencia de la Tierra, síndico municipal, Dir. de Policía y Tránsito mpal, de Cd. Valles, secretario del Ayuntamiento de Cd. Valles en 2006 gobernado por el PRI. Jefe jurídico del Departamento Jurídico de la Coordinación de Gobierno, subprocurador de Justicia del Estado en la Zona Huasteca. Fue primer vocal propietario, presidente propietario, Junta Vocal Ejecutiva 1990-1991.

CUADRO 9

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL CEEPAC PERIODO DEFINITIVO 2011-2014

Consejo 2011-2014

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

José Martín Vázquez Vázquez

Abogado. Maestro en Derecho, académico-docente, carrera en el Poder Judicial del Estado de SLP.

No / Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de SLP. Presidente de Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Su carrera se ha forjado en el Tribunal Electoral del Estado, en los procesos 1994, 1997, 2000 y 2003. No fue ratificado como magistrado en el Poder Judicial del Estado. En 2011 aspiró de nueva cuenta a la Magistratura en el Tribunal Electoral de SLP, en 2014, no fue electo. No hay evidencia de vínculos políticos originales u actuales.

Consejeros ciudadanos

José Antonio Zapata Romo

Cirujano dentista.

No / Consejero electoral Distrito 04 Federal del IFE. En su currículo hace constar una serie de eventos y certificaciones que le respaldan en su formación electoral. No hay evidencia pública de vínculos originales y actuales directos o indirectos con algún partido político.

Rebeca Isaura Flores Hernández

Lic. en Administración, maestra en Administración Educativa. Docente de bachillerato.

Sí / Apoyada para llegar al cargo por el PRI (Rodríguez, 2013). Consejera ciudadana propietaria en cuatro ocasiones Comisión Distrital Electoral XII en Ciudad Valles, y Consejero Presidente de ese distrito 1997-2008.

Patricio Rubio Ortiz

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

No / (Ídem Cuadro 7). **No fue electo en el proceso de selección que se repitió en junio de 2011. Fue reelecto en el proceso de agosto de 2011, después de que el proceso de junio fue impugnado.

María Concepción Hernández de León72

Abogada. Carrera en el Poder Judicial de SLP. Docente.

No / Magistrada supernumeraria del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí 2005-2011. 2007 a la fecha secretaria técnica de la Asociación Autónoma de Abogados de San Luis Potosí, AC. 1997 magistrada supernumeraria en la Sala Regional de Primera Instancia de la Zona Centro del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, con sede en la capital del estado. 1997-1998 presidenta de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, AC. 1991 presidenta suplente en la Comisión del I Distrito Electoral Federal. 1989 a la fecha oficial del Registro Civil en el Estado. 1988 presidenta suplente en la Comisión del VI Distrito Electoral Federal. 1984-1989 secretaria de Estudio y Cuenta del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Cosme Robledo Gómez

(Ídem Cuadros 5, 7 y 8)

(Ídem Cuadros 5, 7 y 8)

Sí / (Ídem Cuadros 5, 7 y 8)

Gabriela Camarena Briones

(Ídem Cuadro 7)

(Ídem Cuadro 7)

Sí / (Ídem Cuadro 7)

Pascual Francisco Javier de la Cerda Bocardo

Lic. en Ciencias Políticas. Docente.

No / En su CV público menciona que ha trabajado como analista político, dentro de la administración pública federal y estatal INEGI e ICAT. Acredita en su CV haber sido observador electoral del Estado de México 1996, y coordinador de Organización electoral en el CEE SLP.

Pedro Morales Sifuentes

(Ídem Cuadros7 y 8)

(Ídem Cuadros7 y 8)

Sí / (Ídem Cuadros7 y 8)

CUADRO 10

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL CEEPAC PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014

Consejo 2014*

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

José Martín Vázquez Vázquez

(Ídem Cuadro 9)

(Ídem Cuadro 9)

No / (Ídem Cuadro 9)** Reelecto de su periodo inmediato anterior (2011-2014)

Consejeros ciudadanos

Gabriela Camarena Briones

(Ídem Cuadros 7 y 9)

(Ídem Cuadros 7 y 9)

Sí / (Ídem Cuadros 7 y 9)** Fue reelecta en 2 ocasiones más como consejera, en el periodo de José Martín Vázquez como presidente 2011-2014, y de nueva cuenta en 2014 antes de que el INE tomara control del proceso de selección de los OPLES.

José Alfonso Castillo Cabral

Abogado, maestro en Derecho. Carrera en sector privado, departamento jurídico de Hospital de Especialidades Médicas de la Salud. Docente73

Sí / Promovido por el PVEM (Rodríguez, 2013)74. Apoyó en actividades legislativas Congreso del Estado SLP. Carrera como político en la sombra CEEPAC. Comité Municipal Electoral SLP, consejero ciudadano propietario (marzo-julio 2012). Comisión Distrital Electoral VI, consejero ciudadano propietario (febrero-marzo 2012). Miembro de Asociación Potosina de Abogados, y Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Aspirante al proceso de selección del INE para el OPLE de SLP, no electo.

Rebeca Isaura Flores Hernández

(Ídem cuadro 9)

(Ídem cuadro 9)

Sí / (Ídem cuadro 9)** Reelecta de su periodo inmediato anterior (2011-2014).

Viviana Margarita Hernández Carrera

Abogada litigante. Carrera breve en Poder Judicial, Docente75.

Sí / Apoyada para llegar al cargo por el PRD (Rodríguez, 2013). Subsecretaria en Juzgados de Primera Instancia Poder Judicial del Estado de SLP. No acredita experiencia electoral. No hay evidencia de vínculos partidistas actuales. Aspirante al proceso de selección del INE para el OPLE de SLP, no electa.

Eduardo Martínez Vivanco

Ingeniero civil y empresario. Miembro de la Cámara de Comercio Servicio y Turismo en Matehuala76.

Sí / Apoyado en el Congreso por el PRI de fácil consenso para el resto de los partidos (Rodríguez, 2013). Carrera como político en la sombra en consejos distritales y municipales: consejero ciudadano de la Comisión Distrital I, proceso electoral 1997; consejero ciudadano de la Comisión Distrital I, proceso electoral 2000; presidente Comité Municipal Electoral Matehuala, SLP, proceso electoral 2003; consejero ciudadano suplente período 2005-2009; delegado Zona Altiplano, proceso electoral 2009; presidente Comité Municipal Electoral Matehuala, SLP, proceso electoral 2012.

Cecilia Eugenia Meade Mendizábal

Licenciada en Antropología Social. Trayectoria como funcionaria en Gobierno del Estado 2003-2009. Trayectoria en el sector privado gerente de Industriales Potosinos, AC77

Sí / Apoyada por consenso PRI-PAN (Rodríguez, 2013). Directora del Sistema Municipal DIF 2000-2003. Directora de la Comisión Estatal para el Desarrollo de las Zonas Indígenas en el gobierno del panista Marcelo de los Santos. No acredita experiencia electoral previa. Aspirante al proceso de selección del INE para el OPLE de SLP. Fue electa.

Ignacio Ramírez Diez Gutiérrez

(Ídem Cuadro 6)

(Ídem Cuadro 6)

Sí / (Ídem Cuadro 6)** Fue consejero electoral de CEEPAC en el periodo 2009-2011. Se postuló en 2012 en un proceso de selección del CESLP para elegir a un comisionado numerario (propietario) y tres comisionados supernumerarios (suplentes) de la CEGAIP. No fue electo. Aspirante al proceso de selección del INE, no electo.

Cosme Robledo Gómez

(Ídem Cuadros 5, 7, 8 y 9)

(Ídem Cuadros 5, 7, 8 y 9)

Sí / (Ídem Cuadros 5, 7, 8 y 9)** Consejero en cuatro ocasiones anteriores: 1ª 2005-2009; 2ª 2011 de ene a jun; 3ª 2011 de jun. a ago.; y 4ª de 2011 a 2014.

CUADRO 11

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL CEEPAC SEPTIEMBRE DE 2014, ORGANIZADA POR EL INE

Consejo 2014 septiembre*

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Consejero presidente

Laura Elena Fonseca Leal

Electa por 7 años

Ing. industrial, maestra en Administración Pública. Trayectoria principal en el sector público78

Sí / Es hija del exgobernador Guillermo Fonseca Álvarez y fungió como alta funcionaria en el gobierno del también priista Fernando Silva Nieto: directora general de Desarrollo Social SEDESORE 1997-2000; directora general de Desarrollo Financiero en la Coordinación General de Financiamiento para el Desarrollo de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2000; directora general de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de S.L.P. 2000. También fue subgerente y gerente fiduciario en Nacional Financiera 1994-1997. No acredita experiencia en el área electoral.

Consejeros ciudadanos

José Martín Fernando Faz Mora

Electo por 6 años

Lic. en Filosofía, maestro en Derechos Humanos y Democracia. Trayectoria en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, académico. Articulista en medios de comunicación local79

No / Se le vincula a la izquierda social local, más que a la izquierda de partidos. Fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos AC, 1990. Consejero de la Junta Local del IFE San Luis Potosí, 2000 y 2012. Coordinador estatal de “Propuesta Cívica” OSC 2012-2013.

Dennise Adriana Porras Guerrero

Electa por 6 años

Abogada. Candidata a Maestra en Política Criminal y candidata a Maestra en Derecho Electoral. Trayectoria principal de trabajo en el CEEPAC desde 200680

No / Hija de César Jesús Porras Flores, también aspirante a consejero en este proceso; él fue electo, pero declinó el cargo en el cual su hija también resultó electa. No hay evidencia de vínculos partidistas originales. Asistente en la Dirección de Acción Electoral CEEPAC, 2006-2008. Asistente de la Presidencia CEEPAC, 2008-2010. Jefe del Departamento de Servicios Legales, jefatura adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 2010-2014.

Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos

Electo por 6 años

(Ídem cuadro 5 y 6)

(Ídem cuadro 5 y 6)

Sí / (Ídem cuadro 5 y 6)** Presidió el CEEPAC en otras 2 ocasiones, de 2005 a 2011. Fue candidato a presidir este Consejo a propuesta del INE, pero un proceso penal en su contra truncó esa posibilidad.

Claudia Josefina Contreras Páez

Electa por 3 años

Contadora pública. Candidata a Maestra en Administración con énfasis en Gestión Pública. Trayectoria principal en la Administración Pública en CEEPAC y CEGAIP. Docente81

No / Coordinadora de los trabajos del Pleno 2005-2009. Dirección del Sistema Estatal de Documentación y Archivo. Administración pública: CEEPAC 2014. Directora general del Sistema Estatal de Documentación y Archivos de la CEGAIP.

Cecilia Eugenia Meade Mendizábal

Electa por 3 años

(Ídem Cuadro 10)

(Ídem Cuadro 10)

Sí / (Ídem Cuadro 10)**Fue consejera en el periodo inmediato anterior a este Consejo de enero a septiembre de 2014.

Silvia del Carmen Martínez Méndez

Electa por 3 años

Abogada, maestra en Política Criminal. Candidata a Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz. Académica82

No / Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 1998-1999. Abogado litigante 1999-2006. Dirección General de Seguridad Pública Municipal de SLP 2006-2007. Instituto Superior de Seguridad Pública 2008-2009. Consultora en planes SUBSEMUN en diversos Estados de la República 2012-2013. Secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal en el Estado de San Luis Potosí. 2014.

CUADRO 12

PRIMERA RENOVACIÓN DE CONSEJEROS DEL CEEPAC CON VIGENCIA DE TRES AÑOS: 2017-2020. **ESCALONADA83 POR TERCIOS COMO OPLE SUJETO AL INE

Primeros 3 consejeros con encargo por tres años: 2017-2020

Profesión

Vínculos políticos de partido documentados

Zelandia Bórquez Estrada

Electa por 3 años

Maestra en Derecho Electoral. Docente y académica en áreas relacionadas con el Derecho y el derecho electoral.

No / En su CV84 se destaca una trayectoria de experiencia y especialización en la materia electoral, pues ha laborado en el Tribunal Electoral de SLP, y como coordinadora jurídica del CEEPAC entre 2005 y 2009. También ha sido funcionaria electoral de alto nivel del INE en el estado de Veracruz.

Marco Iván Vargas Cuéllar

Electo por 3 años

Maestro en Administración y Políticas Públicas. Docente y académico en materias de ciencia política, administración pública y políticas públicas

No / En su CV85 se destaca una trayectoria ligada a la profesión académica en docencia e investigación en el área de problemas públicos y en asuntos políticos locales y nacionales.

Edmundo Fuentes Castro

Electo por 3 años

Maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Información.

No / En su CV86 se destaca por una trayectoria ligada a la experiencia en sistemas de información en el sector financiero-bancario en instituciones bancarias nacionales y extranjeras. También registra experiencia académica como catedrático.

NOTAS

1Este término tiene un uso muy recurrente en la propia política mexicana, y en la literatura al respecto. Trata en concreto sobre la conformación de órganos del Estado integrados y dirigidos por “ciudadanos”, que tienen que cumplir ciertos requisitos especiales, técnicos y políticos, para cumplir con sus funciones al frente de tales organismos. La característica más importante al respecto es que deben ser independientes en su actuar y en la toma de sus decisiones tanto del gobierno, como de actores políticos externos al organismo que dirigen. Ésta es una conceptualización peculiar en la política mexicana, pues implica tener en mente el máximo supuesto de que, a través de la ciudadanización de ciertos órganos de Estado, como los árbitros electorales, agencias de rendición de cuentas, u organismos estatales encargados de la protección de derechos humanos, entre otros, el arbitraje de estos organismos se dotará de confianza pública, pues se mantienen en estricto sentido independientes y alejados de los intereses políticos de actores partidistas y gubernamentales. Lo anterior dota al concepto de ciudadanización de un lazo valorativo con la noción de confianza pública. Esto tiene una explicación contextual en la propia historia del sistema político mexicano, pues en el periodo autoritario, donde gobernaba el PRI como partido hegemónico, éste influía sobre los árbitros electorales y otros organismos de Estado para salvaguardar sus intereses partidistas y los intereses del gobierno en turno. Como resultado de los ciudadanos tenían una desconfianza tremenda hacia este tipo de instituciones y organizaciones, controladas por entero por el gobierno. La salida democrática a este dilema fue dotar a los ciudadanos ajenos a los intereses gubernamentales, de poder de decisión e incidencia en el seno de estos organismos de regulación estatal.

2H. Congreso del Estado, Decreto 366, Periódico Oficial del Estado, edición extraordinaria, 30 de septiembre de 1999.

3Al final de este capítulo se muestran las tablas correspondientes a los periodos tratados, con los consejeros del CEEPAC y sus respectivos presidentes.

4Este partido sólo contaba con dos diputados en el Legislativo.

5Para conocer más de este proceso ver Héctor Alonso, “Comprensión de la endogeneidad institucional: el caso de la conformación, evolución y resultados institucionales en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en SLP (1992-2014)” (Tesis de Maestría El Colegio de San Luis, 2016), 176-195.

6Ver CESLP, Diario de Debates, 2004, 13-15.

7Héctor Alonso, “Comprensión de la endogeneidad institucional…”, 182-195.

8Al final de este capítulo se presenta un listado de los consejeros por periodo en el cargo con lazos partidistas.

9La reforma a la Ley Electoral Estatal de 2008 introduce el cambio en la denominación del Consejo Estatal Electoral, agregando “y de Participación Ciudadana”, en virtud de que éste tendría facultad para organizar los procesos de referéndum y plebiscitos recién incorporados a las disposiciones legales. Ver H. Congreso del Estado, “Decreto 362”, Periódico Oficial del Estado, edición extraordinaria, 10 de mayo de 2008.

10Ver Art. 61 en H. Congreso del Estado, “Decreto 362”.

11Ver Art. 63 en H. Congreso del Estado, “Decreto 362”.

12La modificación del periodo en el cargo tenía como justificación que al reducirlo de 4 a 3 años se ajustaría mejor con los periodos electorales, de manera que podrían llegar a la organización de las elecciones con un mínimo de experiencia en el cargo, no como esa ocasión, que tendrían que organizarlas apenas entrando. Para el ajuste adecuado, por ocasión única, se modificaría a dos años la duración en el cargo. Ver H. Congreso del Estado, “Decreto 362”.

13Por ejemplo, Juan Antonio González, “No es suficiente levantar el dedo” en Pulso Diario de San Luis, sección local, 22 de diciembre de 2008, señaló:

Paradójicamente han sido los mismos diputados los que se han encargado de desvelar el desaseado proceso para elegir consejeros electorales. Se dice que entre gitanos no se leen la suerte y los legisladores lo han hecho públicamente. El 15 de diciembre el pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión Especial y ante la sorpresa generalizada no se dio lectura al dictamen. En la Junta de Coordinación Política se había resuelto la dispensa de la lectura de ese y otros dictámenes, incluido el del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2009 del Ejecutivo. Minutos antes de aprobar ese dictamen, a cada diputado le entregaron un folder con los nombres de los consejeros, los nuevos y los ratificados, es decir, fue hasta ese momento que sabían lo que votarían momentos después. Eso es legal, pues fue parte de un acuerdo de la Junta en donde el PAN tiene mayoría ya que el presidente de la misma tiene voto de calidad. Varios diputados abrieron su carpeta y no podían ocultar su sorpresa, sin embargo, ya se había acordado votar de manera “institucional” a favor del dictamen.

A su vez, Adriana Ochoa, “La cábala: influencias porcinas” en Pulso Diario de San Luis, sección local, del 3 de mayo de 2009, consignó:

Adolfo Micalco Méndez [en ese entonces, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI] tuvo ocasión inmejorable para construir, en complicidad con la bancada panista, una autoridad electoral a modo de sus proyectos, mediante el mismo sistema de cuotas negociadas en la composición misma del organismo que se empleó para armar el IFE. Consintió en apoyar la reelección de Rodolfo Aguilar Gallegos a cambio de tres posiciones en el CEEPAC: Antonio Juárez Berrones, Carmen Espinoza Gómez, actuaria del Poder Judicial (¿no debería estar impedida?), y Jorge Manuel Villalba Jaime, hermano de la excandidata priista a diputada federal Lidy Villalba. El PAN propuso a José Eduardo Lomelí Robles, excomisionado presidente de la CEGAIP e insistente recomendación del entonces secretario general de Gobierno Alfonso Castillo Machuca; Lucía Eugenia de Fátima González Zamora e Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez. El reelegible presidente consejero tuvo dos posiciones en la ratificación de María del Socorro Gómez y la elección de Eduardo Bendek Torres. La fracción perredista, demasiado distraída en pleitos internos y otros asuntos varios, no sacó una posición del acuerdo.

14El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio establecidos para ello por el CEEPAC.

15Se trata del mismo personaje que había sido expuesto por la prensa, unos meses antes, como quien articuló las cuotas en la integración del CEEPAC.

16El artículo 132 de la Ley Electoral, entonces vigente, señala:

En caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario de Actas del Consejo, una vez detectada esa situación, requerirá al partido político a efecto de que determine ante el Consejo, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo, se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás. DH. Congreso del Estado, “Decreto 362”.

17“Mantiene Toranzo `ventaja irreversible`: CEE-SLP, El Universal, http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/610694.html, consultado el 11 de febrero de 2019.

18Victoriano Martínez, Diario electrónico Transición, 2009. http://www.transicion.mx/transicion/transicion/articulo/2190 (consultado en noviembre de 2015) (ya no se encuentra disponible en línea).

19En ese momento era gobernador Marcelo de los Santos Fraga, que había sido elegido bajo las siglas del PAN. El candidato priista era Fernando Toranzo, quien había sido secretario de Salud del gobierno del mismo Marcelo de los Santos.

20H. Congreso del Estado, “Decreto 363”, Periódico Oficial del Estado, edición extraordinaria, 23 de octubre de 2010.

21H. Congreso del Estado, “Convocatoria para la elección de los consejeros propietarios y suplentes que integrarán el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, Periódico Oficial del Estado, edición extraordinaria, 25 de octubre de 2010.

22Al final del capítulo se encuentra un listado de los integrantes del Consejo Electoral, con sus vínculos políticos, en las distintas etapas de éste.

23La resolución puede consultarse en: Flavio Galván Rivera, “Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expedientes: SUP-JDC-4899/2011 y acumulados”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-04899-2011.htm (consultada el 13 de febrero de 2019).

24H. Congreso del Estado, “Diario de Debates”, (23 de diciembre de 2010), 43-51.

25Flavio Galván Rivera, “Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expedientes: SUP-JDC-4899/2011 y acumulados”.

26El tribunal, en su respectiva sentencia, encontró que: “en autos no obra el supuesto expediente integrado para cada uno de los participantes, ni existe documento alguno que acredite fehacientemente que se realizó la evaluación y valoración correspondiente del ensayo, currículo y entrevista”. Además, el propio Congreso estatal reconoció en las comunicaciones interinstitucionales que se establecieron entre los dos poderes que no contaba con la documentación requerida por el Tribunal: “[...] le hago saber la imposibilidad de este Poder Legislativo para remitir la documentación requerida y obsequiar el pedimento, en razón de que, como documentos propios, independientes, particulares o individuales nominados “los criterios evaluadores de selección de candidatos”, “listado de calificaciones” y “documento donde conste la ponderación de tuvo el currículo, el ensayo y la entrevista para la calificación final obtenida, no se cuenta con ello”. Ver Flavio Galván Rivera, “Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expedientes: SUP-JDC-4899/2011 y acumulados”.

27Nombre con el cual se designó a la comisión de selección de consejeros electorales.

28Ver Raymundo Rocha Lozano, “Con algunos cambios se eligió la segunda versión del CEE” en Periódico El Sol de San Luis, sección local, del 11 de junio de 2011.

29Flavio Galván Rivera, “Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expedientes: SUP-JDC-4899/2011 y acumulados”.

30Flavio Galván Rivera, “Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expedientes: SUP-JDC-4899/2011 y acumulados”.

31“Fernando Navarro pidió al Congreso del Estado no volver a ser considerado aspirante a consejero electoral. Navarro González dijo a la prensa que nadie lo presionó para tomar esta decisión y adelantó que formará una sociedad “para tratar temas de índole social y político”. (Código San Luis, julio de 2011).

32Diario electrónico El Mundo de San Luis: julio de 2011 (consultado en noviembre de 2015; no más disponible en línea); Leopoldo Pacheco, “Confirma Fernando Navarro que no volverá la CEEPAC”, Diario Plano Informativo SLP: 26 de julio de 2011: http://planoinformativo.com/145828/confirma-fernando-navarro-que-no-volvera-al-ceepac-slp (consultado, por última vez, el 16 de febrero de 2019).

33Abraham Navarro Arriaga, “Trabajo legislativo en materia electoral en San Luis Potosí: análisis de caso 2010”, Revista de El Colegio de San Luis V:10 (julio-diciembre, 2015), 90.

34Ver, por ejemplo, para el caso de Jalisco: Carlos Navarrete, “Integración de organismos electorales a nivel subnacional: Redes de poder y colonización de organismos públicos autónomos” en Integridad y equidad electoral en América Latina, Angélica Cazarin et al. (México: SOMEE, 2015), 14-36.

35Rodríguez, Pulso Diario de San Luis, diciembre de 2013. Juan José Rodríguez, “Las nueve esquinas: Mandela ya no está” en Pulso Diario de San Luis, Sección local, del 19 de diciembre de 2013.

36El proceso de designación de los consejeros electorales de los OPLES aprobado por el INE tuvo las siguientes etapas: a) registro de aspirantes y verificación de los requisitos, b) examen de conocimientos, c) ensayo presencial, d) valoración curricular y entrevista, e) integración de listas de candidatos, y f) designaciones. Se desarrolló como sigue: La Comisión de Vinculación con los OPLES, del INE verificó el cumplimiento de requisitos de 3 462 aspirantes, se determinó luego de la revisión de esos candidatos que 3 291 eran elegibles, lo cual se aprobó en sesión extraordinaria el 18 de julio de 2014. El INE y su Comisión de Vinculación decidieron que, con el objeto de dar mayor certeza para el paso del examen de conocimientos, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) fuese la institución encargada de diseñar, aplicar y evaluar los exámenes de conocimientos. Se aplicaron 2 951 exámenes de los 3 291 programados, un 88.66 por ciento del total. CENEVAL entregó los resultados de las evaluaciones y los publicó en su página web el 15 de agosto de 2014. Pasaron a la siguiente etapa del proceso los veinticinco mejores resultados por género, esto con base en la Convocatoria del proceso de selección. En la etapa del proceso de redacción de ensayo, el INE encargó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el diseño, aplicación y dictamen de los ensayos, con el propósito de dotar a esta fase del proceso con rigor académico. La aplicación del ensayo fue el 23 de agosto de 2014 y después de la revisión y el dictamen 518 personas pasaron a la siguiente etapa. La fase de valoración curricular estuvo a cargo de los consejeros electorales del INE, y se valoraron como criterios de elegibilidad: 1) la historia profesional y laboral; 2) apego a los principios rectores de la función electoral; 3) aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo; 4) participación en actividades cívicas y sociales; 5) experiencia en materia electoral. Con base en los resultados de la valoración curricular la Comisión de Vinculación elaboró una lista de candidatos seleccionados para la siguiente etapa de entrevistas por entidad federativa. En esta fase, representantes de los partidos y del Poder Legislativo tuvieron oportunidad de revisar las listas y hacer observaciones sobre los perfiles de manera fundada. Fueron entrevistados del 18 al 24 de septiembre 356 candidatos. Concluida la etapa anterior, la comisión de vinculación elaboró las listas respectivas por entidad con 126 candidatos. Tal lista se integró con un dictamen correspondiente a cada uno de los 126 candidatos que considera su desempeño en cada fase del proceso, por lo cual se determinó su idoneidad para el cargo. El 30 de septiembre de 2014, el CG del INE, mediante acuerdo de sesión extraordinaria, designó a los consejeros presidentes y consejeros electorales de los OPLES de las 18 entidades federativas. Ver Instituto Nacional Electoral, La reforma electoral en marcha, (México: Instituto Nacional Electoral, 2014).

37Esta elección corrió a cargo de Marco Antonio Baños Martínez, presidente de la CV, y los consejeros integrantes: Adriana Margarita Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón y Arturo Sánchez Gutiérrez. Éstos fueron los miembros integrantes de la CV encargados de revisar los resultados del proceso de selección y dictaminar los encargos de los 126 consejeros locales electos en septiembre de 2014, para que luego, las listas propuestas por esta CV fuesen votadas en el pleno del CG del INE y aprobadas con una mayoría de ocho votos del resto de los consejeros.

38Hay indicios de que, en algunos de los OPLES, las conformaciones de sus consejeros no se apegaron a una imparcialidad estricta; en casos como Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nuevo León los perfiles seleccionados tenían trayectorias muy cercanas a partidos políticos, en especial al PRI. Y, además, en la mayoría de los casos de la selección de consejeros en septiembre de 2014, sus integraciones se conformaron con personas con una trayectoria profesional en la burocracia electoral local o federal, antes que en perfiles con trayectoria de lucha o mérito cívico y social: se estima que cerca de 40 por ciento de los consejeros propuestos y que podrían ser avalados por el Consejo General del INE están vinculados con la burocracia electoral. Como señala Delgado: “si bien los servidores electorales son ciudadanos, no todos tienen una trayectoria social ni compromisos democráticos que garanticen su imparcialidad [...] muchos de ellos se han formado en la vieja cultura política que no resiste la seducción del Príncipe y frecuentemente es dúctil a sus designios, aunque éstos sean contrarios a la ley y a la ética”. Álvaro Delgado, “INE el poder al PRI” en El Diario de Coahuila, del 29 de septiembre de 2014.

39Instituto Nacional Electoral, La Reforma Electoral en Marcha, 25.

40El concepto de políticos en la sombra es bastante útil en este análisis, pues permite reconocer a estos funcionarios como aquéllos que forman parte de:

un sector de personas a las cuales también se les puede extender la definición de políticos. […]Ello es así porque actúan políticamente en la dirección esperable de acuerdo con el sesgo político originario en su proceso de nombramiento o elección. [en referencia con] aquellos casos en los que se incorporan ciertas condiciones de titulación y de mérito o incluso de competencia a una situación en que está vigente la lógica de la selección mediante criterios políticos y es el factor que decide en última instancia. […] Es el caso de cargos que se cubren a instancias del Poder Ejecutivo, del Legislativo, o de ambos a la vez, en los que se exige una determinada titulación, nivel de experiencia o incluso reconocimiento externo de excelencia. Esto ocurre, como lugar más sensible a la vez que polémico, en el seno de tribunales o de las salas constitucionales, así como en los organismos superiores electorales, y en los organismos reguladores consultivos de un buen número de países. […] Son personas cuya catalogación como políticos desde la perspectiva de la separación de poderes no es fácilmente asumible, pero la evidencia señala que en muchos casos actúan como políticos. Manuel Alcántara, El oficio del político (Madrid: Tecnos 2012), 88-89.

41“Definen terna para IFE; impone PRD a presidente”, El Siglo de Torreón, jueves 7 de febrero 2008: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/329816.html?full=true

42“UASLP, otorga nombramiento de profesor emérito a José Eutimio Hernández Garza”, Es más Valles, no más disponible en línea: http://emsavalles.com/leer.php?l=NL34338

43Organización Editorial Mexicana, no más disponible en línea: http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1065554.htm

44Se extendió de forma extraordinaria el periodo de los consejeros electorales de tres a cuatro años, por medio del Decreto 461 del CESLP de fecha 31 de enero del 2000. Es importante mencionar que sólo se seleccionaron cuatro nuevos consejeros para este periodo. En el Cuadro sólo se muestran datos de los nuevos integrantes; por lo que se sustituyó a los consejeros: Beatriz Velázquez Castillo, Héctor de la Rosa Medellín, José Mario de la Garza Mendizábal y Jorge Camacho Serrato.

45“Definen terna para IFE; impone PRD a presidente”: El Siglo de Torreón, jueves 07 de febrero 2008: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/329816.html?full=true

46Página web del Gobierno de Estado de SLP 2009-2015. No más disponible en línea: http://sgg.slp.gob.mx/websgg.nsf/a4aeb142baf152480625796c000506a5/$FILE/CANDIDO%20OCHOA%20ROJAS.pdf

47“César Contreras: Sigo firme!”, Es más Valles, no más disponible en línea: http://www.emsavalles.com/revtxt.php?r=1382

48“PAN designa nuevo paquete de candidatos a diputados”, Diario Zócalo 2009: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/pan-designa-nuevo-paquete-de-candidatos-a-diputados

49“Xavier Azuara se registra como candidato a edil”, Diario El Pulso 2015, no más disponible en línea: http://pulsoslp.com.mx/2015/03/22/xavier-azuara-se-registra-como-candidato-a-edil/

50“Propuesta de integrantes para las comisiones distritales electorales proceso electoral 2011-2012” CEEPAC, Jueves, Diciembre 22, 2011: http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/informacion%20publica%20de%20interes/comisiones_distritales_electoral_22dic.pdf ; “Acta de instalación de la comisión distrital electoral número 1”, 26 de enero de 2012 CEEPAC: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/ACTAS%20CDE/Comisi%C3%B3n_D__Matehuala.pdf

51Información de su currículo oficial CEEPAC, 2019: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Rodolfo%20Jorge%20Aguilar%20Gallegos(2).pdf

52Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015, no más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_VillarrealVillalpandoJesusRicardo.pdf

53Eduardo Martínez “El (Des) atorón”, Página de periodismo digital “Proyecto Tábano”, publicado el 19 de diciembre de 2010. http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html

54Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015, no más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_RobledoGomezCosme.pdf

55Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015, no más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_BorjasGarciaHugoAlejandro.pdf

56“Datos históricos de la fundación de la cámara de comercio, servicios y turismo de la Huasteca potosina, Cd. valles” Sitio web de la CANACO-Valles SLP, 2019:http://www.canacovalles.org.mx/historia.php

57Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015, no más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_RamirezDiezGutierrezIgnacio.pdf

58Con base en CV público, Consejo de la Judicatura de SLP, 2019: http://www.cjslp.gob.mx/curri/pdf//MARIA%20DEL%20CARMEN%20ESPINOSA%20GOMEZ.pdf

59Con base a su perfil profesional público Sitio web LinkedIn, 2015. No más disponible en línea: https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAAAcVGJMB-itwE_ntyHBHtl6ERA8QlNIcLYc&authType=NAME_SEARCH&authToken=fRkr&locale=es_ES&srchid=3643439771441945167330&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&goback=

60Con base en “Listado de participantes” sitio web del CEEPAC, 2015. No más disponible en línea: http://148.235.65.21/L-I-X/Documentos/avisos/CEEPAC/Listado_ParticipantesCEEPAC.pdf

61Currículo disponible en prensa, Diario digital El Mundo de San Luis 2015. No más disponible en línea: http://revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.mx/2011/01/fernando-navarro-nuevo-presidente-del.html

62Al revisar el Registro Público de Cédulas Profesionales no hay registro hasta la fecha de que esta persona tenga un título universitario. “Acusan penalmente en la delegación de la procuraduría general de la república, a Fernando Navarro González, presidente del consejo estatal electoral y de participación ciudadana (CEEPAC), por falsificar su título profesional de licenciado en mercadotecnia”, Diario digital El Mundo de San Luis, publicado el 19 de julio de 2011: .https://revistaelmundodesanluispotosi.wordpress.com/2011/07/19/acusan-penalmente-en-la-delegacin-de-la-procuradura-general-de-la-repblica-a-fernando-navarro-gonzlez-presidente-del-consejo-estatal-electoral-y-de-participacioacute/

63Diario digital El Exprés, SLP, 2015. No más disponible en línea: http://www.elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=12725

64Eduardo Martínez “El (Des)atorón”, Página de periodismo digital “Proyecto Tábano”, publicado el 19 de diciembre de 2010. http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html

65Eduardo Martínez “El (Des)atorón”, Página de periodismo digital “Proyecto Tábano”, publicado el 19 de diciembre de 2010. http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html

66“Comparación de ensayos de Alfonso Normandía y la información de la página de estudios electorales aceproject.com”, Página de periodismo digital “Proyecto Tábano”, publicado en 2015, vigente en línea 2019. http://www.proyectotabano.com.mx/Documentos%202010/Diciembre%202010/normandia_copia.pdf

67CV Público página web de la UASLP Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, revisado en 2015. No más disponible en línea: http://w3.fcsh.uaslp.mx/Documents/Profesores/Historia/CV%20DRA.%20FLOR.pdf

68“Juan Manuel Carreras presenta a su gabinete”, Diario El Pulso de SLP revisado en 2015. No más disponible en línea: http://pulsoslp.com.mx/2015/09/25/juan-manuel-carreras-presenta-a-su-gabinete/

69Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/curriculum%20vitae/CV%20Camarena.pdf

70Juan José Rodríguez “Mandela ya no está”, diario El Pulso de SLP, revisado en 2015. No más disponible en línea: http://pulsoslp.com.mx/opinion/mandela-ya-no-esta/

71Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Rubio%20Ortiz.pdf

72Sustituyó en noviembre de 2011, por mandato del TEPJF, a Rosa Florencia Aguilar Mendoza, quien fuese electa como consejera para este periodo, pero que por no contar con experiencia electoral según el criterio del Tribunal, su designación por el CESLP fue declarada inválida.

73Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Jos%C3%A9%20Alfonso%20Castillo%20Cabral.pdf y Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015, no más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_CastilloCabralJoseAlfonso.pdf

74Juan José Rodríguez “Mandela ya no está” Diario El Pulso de SLP revisado en 2015. No más disponible en línea: http://pulsoslp.com.mx/opinion/mandela-ya-no-esta/

75Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea:: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Viviana%20MArgarita%20Hern%C3%A1ndez%20Carrera.pdf y Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_HernandezCarreraVivianaMargarita.pdf

76Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Eduardo%20MArtinez%20Vivanco(1).pdf

77Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_MeadeMendizabalCeciliaEugenia.pdf y currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Cecilia.pdf

78Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20LAura%20Elena%20Fonseca%20LEal.pdf y Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_FonsecaLealLauraElena.pdf

79Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_FazMoraJoseMartinFernando.pdf y currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20MArtin%20Fernando%20Faz%20Mora.pdf

80Datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_PorrasGuerreroDenniseAdriana.pdf y currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Denisse%20A_%20Porras%20Guerrero(1).pdf

81Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Claudia%20Contreras.pdf y datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_ContrerasPaezClaudiaJosefina.pdf

82Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en 2015, vigente en línea: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Silvia%20del%20Carmen%20MArt%C3%ADnez%20M%C3%A9ndez.pdf y datos acorde a la síntesis curricular del INE 2015. No más disponible en línea: http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_MartinezMendezSilviaDelCarmen.pdf

83Tanto la presidenta del Consejo (que se mantiene por 7 años hasta 2021), como los tres consejeros restantes (que se mantienen por 6 años hasta 2020), se mantienen como funcionarios electorales en estos tres años entre 2017 y 2020.

84Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en marzo de 2019: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Zelandia%20Borquez%20Estrada%20web.pdf

85Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en marzo de 2019: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Marco%20Iv%C3%A1n%20Vargas%20web.pdf

86Currículum público disponible en la página web del CEEPAC, revisado en marzo de 2019: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Edmundo%20Fuentes%20Castro%20web(1).pdf

CAPÍTULO 6

LA DINÁMICA ELECTORAL

DE LA HEGEMONÍA A LA COMPETENCIA EFECTIVA

En los capítulos anteriores revisamos las formas institucionales de la organización política, la representación, la normativa electoral y los procesos contingentes que han moldeado la acción política desde el momento de formación nacional y estatal hasta nuestros días. De igual forma, hemos revisado los procesos políticos en la relación entre centro y espacio local, poniendo especial énfasis en el control del gobierno estatal por parte de las élites locales o del centro, los conflictos y los efectos derivados de esta relación en la política estatal.

Así también, hemos visto cómo el proceso de transformación del organismo electoral local fue desatado por los conflictos anteriores y la coyuntura específica a nivel municipal, y señalado la importancia de las fuerzas políticas en la vía electoral en esta transformación para, finalmente, analizar cómo los partidos en competencia por el poder colonizaron al organismo electoral. Aquí, ha llegado el momento de conocer la competencia efectiva por el poder a través de los procesos electorales, sus diferencias por nivel de competencia y los claroscuros en los resultados.

6.1. DE LA HEGEMONÍA A LA COMPETENCIA EFECTIVA: GUBERNATURA

Si nos remitimos a la década de los años ochenta del siglo XX, parte final del periodo que se ha calificado como de hegemonía del PRI, encontraremos para el caso de San Luis Potosí que ésta era prácticamente total: la elección para gobernador de 1979 la ganó el PRI con Carlos Jongitud Barrios con 99.7 por ciento de los votos válidos y para la elección siguiente, la de 1985, el PRI alcanzó 89 por ciento de los votos con su candidato Florencio Salazar. Si bien hay una disminución en los votos alcanzados por el segundo, esto no significó en ningún momento un riesgo para la hegemonía electoral; la oposición local no se encontraba articulada en ese momento1, ni era particularmente atractiva, pero había alcanzado ya un 11 por ciento.

Tras los momentos de convulsión política producto de la lucha local y nacional interna del PRI, los reacomodos locales y las repercusiones de la fractura nacional para la elección de 1991, se marcó con claridad la tendencia a la baja en las preferencias electorales al alcanzar 64.58 por ciento de los votos, mientras que la oposición, articulada en la candidatura de Salvador Nava, pasaba de 11 a 31.67 por ciento. Recuérdese que ésta fue la cifra reconocida oficialmente, pues dicha elección dio lugar a la disputa encabezada por Salvador Nava que tuvo como resultado la renuncia de Fausto Zapata como gobernador, así como el inicio del proceso de cambio del organismo electoral hacia la ciudadanización2. En forma testimonial participaron también, en esa jornada, Ángel Rubio Huerta por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Francisco Ortiz Mendoza por el Partido Popular Socialista (PPS), quienes alcanzaron en conjunto 3.75 por ciento de votación.

La elección extraordinaria de 1993 tendría como resultado la victoria para el candidato priista Horacio Sánchez Unzueta con un 64.92 por ciento frente a la fracturada oposición que presentó como candidatos a Jorge Lozano Armengol por el PAN y a Concepción Calvillo, viuda de Salvador Nava, por el Nava Partido Político (NPP), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM); el PAN obtuvo 19.8 por ciento, y la coalición, 10.97 por ciento. Si sumamos los votos de la oposición encontramos que ésta se mantuvo en el 30 por ciento que había alcanzado Salvador Nava en la elección anterior3, es decir, no hubo ningún crecimiento en su votación.

Pero para la elección de 1997 la competencia comenzaba a ser real, pues la diferencia entre el primero y el segundo lugar sería de solamente 7.26 por ciento y habría 8 candidatos. El candidato del PRI, Fernando Silva Nieto, obtendría 44.59 por ciento, Marcelo de los Santos del PAN, 37.33 por ciento, Salvador Nava Calvillo por el PRD y el NPP tendrían 10.50 por ciento y el resto (Gerardo Lomelí Contreras por el PDM, José Santos Leija por el Partido Popular Socialista (PPS), Epifanio Silva por el Partido del Trabajo (PT), Clara Margarita Sánchez Guerrero por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Javier Muñoz González por el Partido Cardenista, PC) obtendrían 5.01 por ciento.

GRÁFICA 7

RESULTADOS ELECCIÓN GOBERNADOR 1979-20154

Elaboración propia con datos de Araya (1994), Rubio y Avilés (2014) y CEEPAC.

Así, con la tendencia constante a la baja en las preferencias electorales del PRI, en 2003 tendría lugar la alternancia en el gobierno estatal, impulsada probablemente por este mismo fenómeno en el Gobierno Federal, tres años antes, con el triunfo de Vicente Fox, del PAN; pero también por el complejo proceso interno del PRI que, en medio del desconcierto por la pérdida de la Presidencia, afrontaba falta de liderazgo nacional y estatal, una gestión estatal debilitada hacia el final del sexenio por escándalos de corrupción, una fallida precandidatura del empresario Miguel Valladares como candidato de unidad y su apoyo entonces a Luis García Julián (que había sido el primer presidente del CEE ciudadanizado y luego alcalde de la capital por el PRI) quien alcanzaría la nominación en el proceso interno de consulta abierta; además de ello estaban presentes también el rompimiento con el partido de los otros dos precandidatos (Elías Dip Ramé y Juan Ramiro Robledo) y una serie de desencuentros y falta de operación interna durante la campaña que generaron una candidatura débil y la caída de 10 puntos en la votación con respecto a la elección de 1993 y la de 2009, mientras que el PRD incrementaba 5 puntos su votación y el PAN 5 puntos también.

Así, Marcelo de los Santos, en su segundo intento, ganaría la gubernatura bajo las siglas del PAN y el PVEM con 42.82 por ciento de la votación, 0.3 puntos porcentuales arriba del candidato del PRI, quien obtuvo 34.5 por ciento de los votos; mientras que Elías Dip Ramé, que había renunciado al PRI tras el proceso de selección interna, con el apoyo del PRD, del PT y el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) alcanzó 15.03 por ciento de los votos. Finalmente, Gonzalo Andrade, por el partido local Conciencia Popular (PCP)5, alcanzó solamente 1.51 por ciento de la votación. A pesar de lo anterior, sin embargo, el cambio en los patrones de votación no se logró consolidar6.

La siguiente elección, en 2009, marcó el regreso del PRI a la gubernatura y dio fin a la alternancia7. Si bien al inicio de la campaña el favorito para ganar era el candidato del PAN, Alejandro Zapata —había sido senador, diputado local y alcalde de la capital—, un proceso de selección interno ríspido y sin acuerdos que llevó al rompimiento del precandidato Eugenio Govea Arcos —también senador en ese momento— y su apoyo al candidato del PRI, sumado a errores en la campaña y la animadversión entre el candidato y el gobernador, llevarían a que perdiera por 3.46 por ciento. A su vez, en el PRI, a falta de figuras con presencia fuerte, se nominó en consulta abierta a Fernando Toranzo. El proceso interno provocó rupturas y, aun cuando éste no estaba plenamente identificado con el PRI y había trabajado como secretario de Salud del gobierno panista —lo que generó suspicacias respecto al apoyo del gobernador a su candidatura—, consiguió el apoyo de las fracciones del partido y alcanzó el triunfo.

La votación marcó 41.92 por ciento para el candidato del PAN y Nueva Alianza (PNA), Alejandro Zapata Perogordo, contra 45.38 del candidato del PRI, PVEM y Partido Social Demócrata, Fernando Toranzo; mientras que el candidato del PRD, PT, Convergencia (PC) y PCP, el ex priista Juan Ramiro Robledo, alcanzó solamente 8.57 por ciento de los votos.

Finalmente, en 2015, tras un sexenio con un desempeño pobre, caracterizado por sospechas de corrupción y por una dinámica de pasividad e ineficacia, el PRI mantendría la gubernatura en alianza con el PVEM y PNA, con Juan Manuel Carreras como candidato. El candidato priista nuevamente tenía poca identificación con el partido pues, si bien había sido diputado federal y hasta poco antes de su nominación se desempeñaba como secretario de Educación del gobierno estatal, era conocido por haber sido colaborador del gobierno de Felipe Calderón; sin embargo, fue nominado candidato de unidad en un proceso de negociación del Comité Ejecutivo Nacional con una larga lista de aspirantes y fue formalizado en asamblea de delegados al presentarse como único precandidato. El proceso de selección de candidato dejó a muchos inconformes que, sin embargo, se disciplinaron, pues ninguno contaba con una amplia base de apoyo; la excepción era Fernando Pérez Espinoza, empresario, que había sido diputado local y presidente del Consejo Directivo Estatal de partido hasta un mes antes del nombramiento del candidato, y que optó por romper con el PRI y salir del partido para competir por el PRD.

A su vez, el PAN nombró en elección interna a Sonia Mendoza (senadora en ese momento, había sido síndico municipal, diputada local y había ocupado puestos partidistas en nivel local y estatal), quien ganó la candidatura a Alejandro Zapata Perogordo (tras la derrota en la elección por la gubernatura en 2009, Zapata había acumulado una derrota más, en 2012, al presentarse como candidato a la alcaldía de la capital)8. Sin embargo, el conflicto abierto entre los grupos y liderazgos del partido no se cerró, y aunque no hubo una ruptura tampoco hubo un trabajo sólido de unidad.

Así, con el PRI de regreso en la presidencia desde 2012, ganaría el candidato del PRI-PVEM-PNA, quien alcanzó 37.3 por ciento de la votación contra 34.48 por ciento de la candidata del PAN, Sonia Mendoza: una diferencia de apenas 2.82 por ciento. A su vez, Fernando Pérez Espinoza, candidato de la alianza entre PRD, PT y PCP alcanzó 19.32 por ciento de la votación, impulsado también por el creciente apoyo que estaban logrando Ricardo Gallardo padre y Ricardo Gallardo hijo en el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez —municipio conurbado a la capital del estado— y en el de San Luis Potosí.

Sin embargo, el panorama en cuanto al desempeño electoral de los partidos resulta ser más complejo cuando se observan los detalles. Por ejemplo, si revisamos la diferencia entre primero y segundo lugar en las elecciones para gobernador entre 1979 y 2015 (Tabla 9), encontramos que se pasó de un sistema de partido hegemónico, con predominio casi absoluto de un solo partido, a un sistema donde la competencia es real y la intensidad es cada vez mayor: de una votación de 99.7 por ciento para un solo candidato en 1979, se pasó a la obtención de la victoria con una diferencia de apenas 2.82 por ciento9.

Al observar el índice de concentración10 de la votación respecto de los partidos, lo que obtenemos es que, al menos hasta la elección de 2015, las preferencias electorales se han agrupado por encima del 60 por ciento (Tabla 10) en sólo dos partidos, lo que nos indica un sistema bipartidista con tendencia al pluralismo limitado. Así, al incluir un tercer partido al índice de concentración tenemos que entre estos tres concentran entre el 87 y 95 por ciento de la votación, con patrones de votación relativamente estables. Lo anterior se confirma al revisar el Número Efectivo de Partidos (NEP), que ilustra la tendencia a tener un tercer partido en competencia y la ampliación del sistema de partidos en competencia, aunque aún lejos de poder competir realmente por el poder (Tabla 11)11.

También podemos observar que el incremento de la competitividad fue acelerado entre 1991 y 1997, al pasar de la inestabilidad local a un periodo de estabilidad en el gobierno estatal, sin olvidar que en ese momento se conforman las autoridades electorales compuestas por ciudadanos, y que, en términos nacionales, se vivía también un proceso de transformación del sistema al perder el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados.

TABLA 9

DIFERENCIA ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR EN ELECCIONES A GOBERNADOR

Año de elección

1979

1985

1991

1993

1997

2003

2009

2015

Diferencia entre 1° y 2° lugar (%)

99.7

78

32.91

45.12

7.26

8.32

3.46

2.82

Elaboración propia a partir de Araya (1994), Rubio y Avilés (2014) y CEEPAC.

TABLA 10

ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN ELECCIONES A GOBERNADOR

Año de Elección

1979

1985

1991

1993

1997

2003

2009

2015

IC

99.7

89

64.58

84.72

81.92

77.32

74.05

63.08

Elaboración propia a partir de Araya (1994), Rubio y Avilés (2014) y CEEPAC.

TABLA 11

NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS EN ELECCIONES A GOBERNADOR

Año de Elección

1991

1993

1997

2003

2009

2015

NEP

2.11

2.14

2.86

2.87

2.57

3.67

Elaboración propia con información de CEEPAC.

GRÁFICA 8

VOLATILIDAD GENERAL EN ELECCIONES A GOBERNADOR

Elaboración propia con información de CEEPAC.

La volatilidad en las elecciones a gobernador (Gráfica 8) 12 nos indica que se dio una redistribución importante de electores en las elecciones 1993 y 1997, mientras que para las elecciones de 2003 y 2009 se mantuvo medianamente estable y en la elección de 2015 se volvió a presentar una redistribución moderada de electores por la entrada de nuevos partidos a la competencia y el repunte del PRD en las preferencias.

Sin embargo, hay un elemento que genera cierta distorsión en estos datos: la conformación de alianzas y candidaturas comunes (Tabla 12), pues como son variables por elección, se ha decidido agregar los resultados a los partidos mayoritarios; esto, debido a la dificultad para distinguir la votación de cada partido en algunos casos, y a que han sido ellos quienes han puesto al candidato.

Así, al desagregar y comparar resultados de rendimiento electoral de PRI y PAN por sí solos y con aliados, y al agregar el rendimiento de los partidos distintos al PRI (oposición) (Gráfica 9) encontramos que las alianzas le han implicado, al otrora partido hegemónico, una diferencia a su favor de casi 10 puntos en cada una de las dos elecciones recientes (2009 y 2015) y de 3 puntos en la de 2003 que perdió, pues su caída real ha sido de 99.7 por ciento de la votación total del estado en 1979, a 28.6 en la última elección de 2015.

El PAN, a su vez, sólo ha echado mano de las alianzas en dos ocasiones: la primera en 1991, cuando se agruparon con el recién formado PRD y el PDM, entre los partidos de oposición, para competir con Salvador Nava como su candidato —quien no era precisamente panista ni militante de estos partidos—, y la segunda en 2009, con Nueva Alianza, sin embargo, perderían esa elección por 3.49 puntos porcentuales. Es resumen, al PAN no le han redituado las alianzas. El PRD, por su parte, ha hecho de esta figura una práctica recurrente, aunque no le han significado un crecimiento importante.

Un dato interesante para observar es que, si agregamos los votos de la oposición al PRI en todas las elecciones para las que tenemos información, desde 1997, en su conjunto ha sacado más votos que el PRI, con una diferencia de entre 5 y 21 puntos porcentuales; sin embargo, al no haber coordinación entre estos partidos el PRI ha podido seguir siendo competitivo y ganar la gubernatura.

TABLA 12

ALIANZAS O CANDIDATURAS COMUNES EN ELECCIONES A GOBERNADOR

Año de elección

1991

1993

1997

2003

2009

2015

Alianza o candidatura común

PAN + PRD + PDM

NPP + PRD + PDM

PAN + PNA

PRD + NPP

PRD + PT + PAS + PC

PRD + PT + PC + PCP

PRD + PT + PCP

PRI + PVEM + PSN

PRI + PVEM + PSD

PRI + PVEM + PNA

Elaboración propia con información de CEEPAC.

GRÁFICA 9

PRI Y PRI CON ALIADOS CONTRA OPOSICIÓN EN ELECCIONES A GOBERNADOR

Elaboración propia con información de CEEPAC.

6.2. LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL

Como se puede observar en los resultados de las votaciones para diputados locales (Gráfica 10), el rendimiento electoral sigue la misma tendencia decreciente para el PRI, que pierde fuerza claramente en dos momentos: una caída de 20 puntos porcentuales de 1993 a 1997 con un periodo de relativa estabilidad en las preferencias que llega hasta la elección de 2003, y una caída de 15 por ciento para la elección de 2006 con una recuperación de 9 puntos hacia 2009 y otra vez un rendimiento decreciente de casi 10 puntos entre 2015 y 2018. Así, la votación del Congreso local sigue la misma tendencia de transformación del sistema de partidos, de hegemónico a plural y luego a multipartidista, con una fragmentación importante; la aparición de Morena en esta última elección con resultados importantes, al pasar de 3 a 19 por ciento para superar al PRI, PAN y PRD. El NEP, a partir de los asientos asignados a cada partido, así lo confirma (Tabla 13) con el paso de 2.01 a 5.41.

GRÁFICA 10

VOTACIÓN DIPUTADOS LOCALES

Elaboración propia con información de CEEPAC.

TABLA 13

NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS (NEP) CONGRESO LOCAL

Año de elección

1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

NEP

2.01

2.42

2.1

2.69

2.75

3.63

4.76

5.17

5.41

De esta manera tenemos una integración cada vez más plural y fragmentada del Congreso, con un mayor número de legisladores de más partidos (ver Tabla 14). A su vez, el PRI pasó de tener hasta 15 diputados de 20 posibles (11 de MR y 4 de RP), equivalente al 75 por ciento del Congreso en la LI Legislatura, a solamente 5 (3 de MR y 2 de RP), equivalente a 18 por ciento, en la LXII Legislatura; mientras que el PAN pasó de 2 diputados (RP) a un máximo de 15, equivalente a 55.5 por ciento, en la LVIII Legislatura, y a 6 en la actual legislatura, equivalente a 22.22 por ciento. Actualmente 8 partidos distintos tienen 16 diputados, es decir, el 60 por ciento del Congreso (ver Gráfica 11). Sin embargo, pese a la presencia temprana de diputados de oposición al PRI, no es sino hasta la elección de 1997 que el PAN logra acceder por la vía de mayoría relativa, ya que antes de ello era solamente mediante la representación proporcional. En cuanto al PRD, no fue sino hasta la elección de 2006 que logró ganar un distrito de MR, situación que se repite actualmente con los partidos pequeños.

TABLA 14

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO POR PARTIDO

Legislatura

LI

LII

LII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

LXI

LXII

Periodo

1984-1987

1987-1990

1990-1993

1993-1997

1997-2000

2000-2003

2003-2006

2006-2009

2009-2012

2012-2015

2015-2018

2018-2021

PRI

15

15

14

16

14

15

12

5

9

9

8

5

PAN

2

5

4

5

10

11

11

15

10

6

7

6

PPS

1

PDM

1

PSUM

1

PARM

1

PFCRN

1

NPP

1

PRD

1

2

1

2

4

1

2

4

2

PVEM

1

1

1

5

2

2

PNAL

4

2

2

1

PT

1

1

1

1

1

2

PCP

1

1

1

1

1

1

MC

1

1

1

Morena

1

6

PES

1

Total

20

20

20

23

27

27

27

27

27

27

27

27

Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de SLP y CEEPAC.

GRÁFICA 11

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO POR PARTIDO (%)

Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de SLP y CEEPAC.

La inclusión de las mujeres como actores políticos también ha tenido su correlato en el Congreso. Así, de 2 diputadas en la XLII Legislatura (1957-1960), que fueron las primeras mujeres en el Congreso, se pasó a 13 en la LXII (2018-2021); sin embargo, este proceso fue lento, pues su presencia se puede considerar más testimonial o simbólica que real por casi 50 años; es hasta la aparición de las acciones afirmativas establecidas en la legislación que el crecimiento se aceleró (ver Gráfica 12)13.

Finalmente, hemos de señalar que el esquema de alianzas, candidaturas comunes y coaliciones terminó por modificar en la práctica la composición del Congreso, pues se ha dado el caso de candidatos que, perteneciendo a un partido, se postulan por otro, y al asumir su curul forman parte de la bancada del partido que lo eligió, pero también del partido en el que realmente militan. Esto ha sucedido particularmente con el PRI y PVEM. En otros casos, aunque formen su propia bancada hay partidos que actúan como bloque con el partido que se asociaron para competir, y en otros, aunque se hayan asociado, no votan igual en todas las ocasiones. Así, es hasta el gobierno de Fernando Silva Nieto que lo normal era que el partido gobernante tuviera mayoría en el Congreso, pues el gobierno de alternancia, con Marcelo de los Santos, no contó con mayoría de su partido en la primera mitad de su periodo, y en la segunda alcanzó la mayoría gracias a la alianza con el Partido Verde y Nueva Alianza. Fernando Toranzo, por su parte, a pesar de competir en alianza, en el primer trienio de su gobierno tampoco alcanzó la mayoría, y fue hasta el segundo que el PRI, en conjunto con el Partido Verde, lo logró. Finalmente, Juan Manuel Carreras tampoco consiguió la mayoría en el primer trienio pese a competir en formato de alianza; lo sorprendente es que, en el segundo periodo, lejos de alcanzar mayoría como sus antecesores, vio disminuida su fuerza por la entrada en escena de Morena bajo el liderazgo de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y su victoria.

GRÁFICA 12

PRESENCIA DE MUJERES Y HOMBRES EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SLP (%)

Elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado y CEEPAC.

6.3. DINÁMICA MUNICIPAL

Como se mencionó, el proceso de transformación política en San Luis Potosí tuvo un fuerte impulso en las elecciones municipales. Si bien en 1959 la capital del estado fue ganada por Salvador Nava bajo las siglas del PAN y el PDM —aunque inicialmente buscó competir por el PRI, en el cual militaba—, nuevamente en 1961 por la misma alianza opositora al PRI, y en 1983 nuevamente con Salvador Nava por el PAN-PDM, éstas fueron excepciones en un contexto de dominio total del PRI, con victorias en 55 de los entonces 56 municipios del estado.

Será, como ya se mencionó, hasta finales de la década de los ochenta y el inicio de la década de los noventa que el panorama comienza a modificarse consistentemente por la competencia electoral (ver Tabla 15 y Gráfica 13).

TABLA 15

NÚMERO DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES POR PARTIDO

1979

1982

1985

1988

1991

1994*

1997**

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

PRI

56

55

56

55

45

49

34

34

28

24

21

33

28

17

PAN

1

1

10

6

15

18

24

28

24

10

16

12

PRD

4

4

3

3

4

2

9

9

PARM

1

1

PT

3

1

3

4

5

1

1

PDM

1

NPP

1

CP

3

3

4

1

NA

1

1

1

4

PVEM

1

3

2

5

MC

3

Morena

1

3

PES

2

Independiente

1

Total de municipios

56

56

56

56

56

56

57

58

58

58

58

58

58

58

Elaboración propia con datos del CEEPAC y SNIM.

GRÁFICA 13

PRESIDENCIAS MUNICIPALES POR PARTIDO (%)

Elaboración propia con datos del CEEPAC y SNIM.

Fue a partir de 1991 que la competencia comenzó a verse reflejada en el número de victorias reconocidas a la oposición, particularmente al PAN, y después de 1994, con la implementación de la segunda vuelta electoral, se empezó a incrementar en forma importante la competencia multipartidista, aunque es claro que, al igual que en las elecciones a gobernador, y hasta la última elección de diputados locales, son sólo dos partidos —PRI y PAN— los que han concentrado más de 50 por ciento de los gobiernos municipales.

Para dar una mejor idea de cómo fue el incremento en la competitividad electoral municipal debemos detenernos en ese proceso de 1991. Tras la elección de gubernatura en agosto de ese año y las inconformidades que llevaron a Salvador Nava a la Marcha de la Dignidad y a Fausto Zapata a renunciar al cargo, el Frente Cívico Potosino (asociación que encabezaba Salvador Nava), el PAN, el PRD y el PDM decidieron no participar en las elecciones municipales a celebrarse en diciembre del mismo año14. Finalmente, pese al acuerdo de no participar, el PAN decidió competir en 47 municipios.

En la capital, tras impugnar el resultado inicial, éste se revirtió en su contra. En el resto del estado la historia fue diferente, pues en 22 de los 56 municipios los resultados fueron cuestionados y se presentaron conflictos postelectorales, al punto que en 5 de ellos se anularon las elecciones 15 y se realizaron elecciones extraordinarias, en las cuales ganaría el PAN. Serían éstas las primeras elecciones municipales que ganaba un partido de oposición fuera de la capital del estado, de manera que el resultado final sería 45 alcaldías para el PRI, 10 para el PAN y 1 para el PARM16.

El conflicto en esta elección se presentó por las fracturas al interior del PRI en los procesos de selección de candidatos, fenómeno que ocasionó la salida de muchos líderes locales que encontraron espacios para competir en otros partidos, o que incluso compitieron como candidatos independientes no registrados. Se debe recordar que el conflicto en la elección de la gubernatura se había desarrollado en los meses previos, lo que provocó desencuentros, descontrol y distracción en el partido; esto muy probablemente llevó a procesos de selección poco cuidados, además que en otros estados también se estaba reconociendo la capacidad competitiva a través de otros partidos.

En diciembre de 1994, ya con un organismo electoral ciudadanizado, se realizarían nuevamente elecciones en 55 de los 56 municipios, pues en San Luis Potosí se daría una controversia sobre el cumplimiento de los requisitos para el registro de las candidaturas y el Consejo Municipal Electoral, que retiró el registro a todas las planillas. Dado que el Tribunal Electoral concedió solamente registro a la planilla del PRI, el candidato priista, Fernando Silva Nieto —que sería gobernador por el mismo partido en 1997—, renunció a la candidatura. Se nombró entonces un Concejo Municipal y se realizaron elecciones extraordinarias en marzo de 1995.

Las elecciones de 1995 fueron altamente competidas: en 11 municipios la diferencia entre primero y segundo lugar fue menor a 5 por ciento, y en 6 más sería menor a 10 por ciento; es decir, en 17 municipios —equivalentes a 30 por ciento del total del estado— la diferencia fue menor a 10 por ciento de los votos; en 6 de ellos ganó la oposición y en los 11 restantes quedaron muy cerca de lograrlo. Así, por un lado, la experiencia de que el PRI no tenía competencia alguna capaz de ganarle se resquebrajaba y, en el ímpetu por el cambio o la resistencia a éste, la disputa excedía el ámbito y la temporalidad de las elecciones para conducirse hacia los conflictos postelectorales a través de las tomas de las instalaciones de los consejos municipales, las presidencias municipales, la realización de marchas y bloqueos, el llamado al cierre de comercios e, inclusive, en casos esporádicos, la agresión entre simpatizantes de los competidores en disputa.

Cerritos fue uno de los municipios donde la diferencia entre primero y segundo lugar fue menor a 5 por ciento: el PRI le ganó al PAN por 229 votos, es decir, con 2.79 por ciento de diferencia, lo que llevó a que el conflicto se prolongara y se desbordara, al punto que el Gobierno del estado, el Congreso local, la autoridad electoral y los partidos involucrados acordaron realizar una consulta popular —recurriendo a la figura de referéndum— para solucionar la situación. Dicha consulta sería organizada por personas independientes del gobierno y de los partidos involucrados; en ella se preguntaría a la ciudadanía “¿Desea que las autoridades electas continúen en el cargo?” 17. La consulta se realizó el 25 de marzo de 1995 y confirmó el resultado de las elecciones de diciembre de 1994, de manera que las inconformidades cesaron y se reconoció el triunfo del candidato priista.

Esto llevó a que se estableciera la segunda vuelta electoral para las elecciones de 199718. En las elecciones de ese año, 23 municipios fueron a segunda vuelta; en 16 de ellos la diferencia entre el primero y segundo lugar había sido menor a 5 por ciento, mientras que en 7 la diferencia estaba entre 5 y 10 por ciento. El PRI participó en las 23 elecciones de segunda vuelta, el PAN en 12, el PRD en 5, el PT en 5 y el PDM en 1; sólo en 4 se modificó el ganador, y en las restantes 19 se confirmó. De esta manera, en 1997 el PRI obtuvo 34 municipios19, el PAN 15, el PRD 4, el PT 3 y el PDM 1.

En vista del éxito de la segunda vuelta electoral para encauzar las inconformidades por los resultados electorales y el proceso de construcción de confianza en las autoridades electorales, para la elección siguiente, año 2000, se modificó el porcentaje requerido para que hubiera segunda vuelta: ahora sería de 7 por ciento entre primero y segundo lugar. En 18 municipios fue necesaria la segunda votación. El PRI nuevamente compitió en las 18 elecciones, perdió 8 y confirmó 10. De esta manera, el PRI obtuvo 34 municipios, el PAN 18, el PRD 4, el PT 1 y el NPP 1.

Para la elección de 2003 se modificaría nuevamente el parámetro —a 5 por ciento— para decidir la segunda vuelta. Sólo 5 municipios fueron a segunda vuelta y, como en las anteriores, el PRI estuvo presente en todas, perdió 3 y ganó 2. Como resultado de este proceso electoral el PRI gobernaría 28 municipios, el PAN 24, el PRD 3 y el PT 3. Fue la primera vez que el PRI no tendría bajo su gobierno la mayoría de los municipios del estado, pese a que había recuperado la gubernatura en esa misma elección.

Cabe señalar que para este proceso electoral ya se había aprendido a asimilar las derrotas a pesar de la creciente competitividad, pues si en 1994 —antes de la segunda vuelta— 14 municipios (30 por ciento) habían tenido una diferencia entre primer y segundo lugar menor a 10 por ciento; para 1997, en 23 municipios (39 por ciento) hubo diferencia de 10 por ciento o menos; en el año 2000, en 25 municipios (43 por ciento); y en 2003, en 36 (62 por ciento). Los conflictos, sin embargo, habían desaparecido.

Es así como, para la elección de 2006 se optó por la desaparición de la figura de segunda vuelta electoral, que tendría como resultado 24 alcaldías para el PRI, 28 para el PAN —probablemente impulsado por la elección de Felipe Calderón para presidente—, 3 para el PRD y 3 para CP. En la elección de 2009, el PRI ganaría en 21 municipios, el PAN en 24, el PRD en 4, el PT en 4 también, CP en 3, NA en 1 y el PVEM en 1. En 2012, probablemente impulsado esta vez por la elección de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República, el PRI recuperaría la mayoría de los municipios, pues alcanzaría 33 victorias, el PAN 10, el PRD 2, el PT 5, CP 4, NA 1 y el PVEM 3.

En la elección de 2015 el PRI obtuvo 28 alcaldías, el PAN 16, el PRD 9, el PT 1, NA 1, el PVEM 2 y Morena aparecía con 1. Para 2018, la pluralidad de partidos al frente de los gobiernos municipales se incrementaría y aparecería el primer alcalde independiente. Los resultados de la elección fueron 17 victorias para el PRI, 12 para el PAN, 9 para el PRD, 1 para el PT, 1 para CP, 4 para NA, 5 para el PVEM, 3 para MC, 3 para Morena, 2 para el PES y 1 victoria de candidato independiente.

De esta manera observamos cómo, en lo que refiere a los ayuntamientos, el PRI también pierde su hegemonía al pasar de gobernar 100 por ciento de los municipios en 1985 a 48 por ciento en 2003, cuando pierde la gubernatura del estado, y a 29 por ciento en la elección más reciente. También es importante destacar que el bipartidismo que había caracterizado en forma importante la disputa comenzó a romperse, pues en esta última elección, PRI y PAN sumaron 50 por ciento de los municipios y el resto de los partidos, junto con el independiente (9), se repartieron el restante 50 por ciento, lo que nos indica un claro proceso de cambio en el comportamiento electoral.

GRÁFICA 14

MUJERES Y HOMBRES ALCALDES ANTES Y DESPUÉS DE 1991 POR MUNICIPIO

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

También hemos de señalar que el número de mujeres alcaldesas se ha incrementado en forma importante. En esta última elección de 2018, gracias a las disposiciones de la normativa electoral, las mujeres ganaron en 16 de los 58 municipios, por lo que podemos concluir que la política democrática ha significado un incremento en las posibilidades de que alcancen ese cargo; sin embargo, cuando observamos por municipio, haciendo además la distinción entre el periodo hegemónico del PRI y el de competencia efectiva, aunque hay avances, la brecha en la paridad de género continúa siendo muy grande (Gráfica 14).

Esta realidad de avance, pero con una amplia brecha aún, queda evidenciada cuando revisamos el número de mujeres y hombres que han alcanzado el puesto de presidentes(as) municipales después de 1991. Esa fecha es la que marca el inicio de la competencia efectiva. Cuando contrastamos con la época del régimen hegemónico del PRI (de mediados de los años cincuenta hasta 198920) vemos que, si bien ha habido un avance importante por la equidad de género a nivel municipal agregado, al pasar de 2.87 por ciento de mujeres alcaldesas en la época hegemónica del PRI a 8.82 por ciento después de 1991, la realidad actual es que la política en ese nivel sigue siendo un territorio dominado por los hombres (Tabla 16).

TABLA 16

MUJERES Y HOMBRES ALCALDES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

Alcaldesas antes de 1991

Alcaldes antes de 1991

Alcaldesas después de 1991

Alcaldes después de 1991

Absolutos

20

677

51

527

%

2.87

97.13

8.82

91.18

Total absolutos

687

578

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

6.4. ÉLITES LOCALES

Si bien el panorama es alentador en términos de la competencia electoral, éste cambia ligeramente, o al menos presenta claroscuros dignos de mencionar; nos referimos específicamente a los actores políticos, a las élites.

La elección de 2018 fue la primera en que podían optar por la reelección tanto alcaldes como diputados; 24 alcaldes, por varios partidos, se presentaron a la reelección y solamente 9 la lograron, es decir, sólo el 37.5 por ciento fue exitoso; de los diputados, 2 de ellos se presentaron a la reelección, ambos de RP, y sólo 1 la logró.

Este diputado que logró la reelección de RP, Oscar Vera Fábregat, es un caso interesante de analizar, pues además de haber fundado el único partido estatal, Partido Conciencia Popular, y haber sido su dirigente en varias ocasiones, intercalando la dirigencia con Jorge Alejandro Vera Noyola, su hijo —actualmente fiscal anticorrupción—, ésta sería su cuarta ocasión como diputado local de las seis que su partido alcanzó un escaño, todas por RP: 2003-2006, 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2021; en 2006-2009 y 2012-2015 se turnaron la curul entre su hijo y él.

Hay otros casos en el Congreso de reelección no consecutiva. Desde la LIV Legislatura (1993-1997), cuando se hace más inclusiva la integración del Congreso, y hasta 2018-2021, hay 22 diputados que han repetido, la mayoría de ellos por RP: 2 de ellos en 4 ocasiones, 1 en 3 ocasiones y 19 en 2 ocasiones. Por partido encontramos que 9 han sido por el PRI, 6 por el PAN, 2 por el PVEM, 2 por CP, 1 por el PT y 1 por MC (y el PAN, porque ha pertenecido a ambos partidos). Es decir, de 216 curules, 22 personas han ocupado 49 espacios, el 22 por ciento de los espacios de representación posibles.

Se podría considerar que esto indica un proceso de profesionalización creciente, sin embargo, el desempeño, algo que ha sido altamente cuestionado desde hace varias legislaturas, podría indicar un problema de reciclaje de élites ante la falta de cuadros o el bloqueo a la circulación de nuevos actores en los partidos.

Si revisamos lo que ha sucedido en los ayuntamientos a partir de 1991 y hasta 2018, es decir, tras 10 elecciones (Gráfica 15), nos encontramos que, a excepción de 2 municipios que siguen siendo ganados por el PRI (Armadillo y Guadalcázar), los 56 restantes han tenido al menos un par de cambios de partido en el gobierno, mientras que en 33 ha habido más de 5 alternancias: Villa de la Paz es el único municipio en el que en cada elección se ha cambiado de partido, seguido de Cárdenas y Santo Domingo con 9 cambios y Zaragoza con 8. Es decir que en esos lugares hay un alto dinamismo en la competencia electoral.

GRÁFICA 15

ALTERNANCIAS DE PARTIDO POR MUNICIPIO 1991-201821

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

Ahora bien, cuando observamos a detalle quién gobierna, es decir, cuando nos preguntamos por los actores políticos concretos que han ejercido como alcaldes logramos hallazgos interesantes que cuestionan esa aparente alta competencia partidista entre ellos, indicios de control político por parte de ciertas élites, familias o liderazgos hegemónicos. Veamos solamente algunos ejemplos:

a)Cerro de San Pedro es un municipio pequeño en la zona centro del estado. Tiene 4,535 habitantes22, con presencia de alternancias: 4 partidos diferentes o coaliciones han gobernado, pero no hay circulación de élites, pues una sola familia tiene el control de la alcaldía desde 1950. Si observamos a partir del año 2000, un miembro de la familia ha competido y ganado por 3 partidos distintos (PRD, CP, PRI y PRI-NA) en 4 ocasiones, lo que permite observar el dominio que esta familia tiene sobre el municipio.

TABLA 17

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: CERRO DE SAN PEDRO

Cerro de San Pedro

1950

PRI

Primitivo Loredo Sánchez

1953

PRI

Armando Loredo Loredo

1956

PRI

Álvaro Patiño

1959

PRI

Primitivo Loredo Sánchez

1962

PRI

Bernabé Loredo Cadena

1965

PRI

Genaro Alonso Loredo

1968

PRI

Cecilia Cruz Loredo

1968

PRI

Nieves Loredo

1968

PRI

 Odilón Rocha

1971

PRI

Alejandro Guerrero Aguayo

1974

PRI

J. Jesús Nava Loredo

1977

PRI

Andrés Loredo Loredo

1980

PRI

Román Ojeda Flores

1983

PRI

Alejandrino Loredo Gutiérrez

1986

PRI

Alejandro Loredo Loredo

1989

PRI

Roberto Mata Jurado

1992

PRI

 José Santos Nava Ojeda

1994

PRI

J. Carlos Escalante Hernández

1997

PRI

J. Baltazar Reyes Loredo Loredo

2000

PRD

Ma. Rosaura Loredo Loredo

2004

PRD

Oscar Loredo Loredo

2007

PCP

Ma. Rosaura Loredo Loredo

2009

PAN-PNA

José Sanos Loredo Tenorio

2012

PRI

Ma. Rosaura Loredo Loredo

2015

PRI-PNA

Ángel de Jesus Nava Loredo

2018

PRI-PNA

Ma. Rosaura Loredo Loredo

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

b)Ébano, municipio ubicado en la zona Huasteca y con 43,657 habitantes, tuvo 5 cambios de partido en el gobierno entre 3 partidos, pero sin presencia previa de liderazgos fuertes que gobernaran reiteradamente el municipio; a partir de 1991, con la realización de elecciones confiables y competitivas ha visto el surgimiento por el PAN de un liderazgo fuerte que ha alcanzado la presidencia municipal en 4 ocasiones, la más reciente por vía de la reelección.

TABLA 18

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: ÉBANO

Ebano

1992

PRI

Nicolás Hernández Banda

1995

PRI

Héctor Tapia Nava

1997

PRD

Pedro Cuauhtémoc Cruz Gómez

2000

PAN

Crispín Ordaz Trujillo

2004

PRI

Alejandro Nápoles Elizarraraz

2007

PAN

Crispín Ordaz Trujillo

2009

PRI-PSD

Manuel Alvear Sevilla

2012

PRI-PVEM

Teodora Mata García

2015

PAN

Crispín Ordaz Trujillo

2018

PAN

Crispín Ordaz Trujillo

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

c)Otro caso interesante es el de Ciudad Valles, uno de los municipios más importantes del estado. Se ubica en la zona Huasteca, el tercero en población, con 177,022 habitantes; ha presentado 7 alternancias entre 3 partidos diferentes y un independiente que ha alcanzado la alcaldía, pero sólo 3 personas han ocupado en 6 de 10 ocasiones posibles la alcaldía entre 1992 y 2015; esto nos permite considerar que hay liderazgos personales fuertes, al menos hasta esta última elección, que si bien la gana un candidato independiente, pertenece a una familia importante económica y políticamente del municipio.

TABLA 19

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: CIUDAD VALLES

Ciudad Valles

1989

PRI

Antonio Esper Bujaidar

1992

PAN

Eligio Quintanilla Gonzalez

1995

PRI

Alfredo González Larraga

1997

PT

Eligio Quintanilla González

2000

PRI

Juan José Ortiz Azuara

2003

PRI-PVEM

Jorge Terán Juárez

2007

PAN

Rómulo Garza Martínez

2009

PAN-PCP-PNA

María del Socorro Herrera Orta

2012

PRI

Juan José Ortiz Azuara

2015

PRI-PVEM-PNA

Jorge Terán Juárez

2018

INDEPENDIENTE

Adrián Esper Cárdenas

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

d)Otro caso interesante —y opuesto a los de Cerro de San Pedro y Ciudad Valles— es el del municipio de Cárdenas, de tamaño medio, con 18,491 habitantes y ubicado en la zona media. Presenta un alto número de alternancias, 9 en 10 elecciones: PRI, PAN y PRD han ganado la alcaldía. Lo interesante de este caso es que no hay liderazgos familiares ni personales que hayan logrado permanecer en el tiempo y pasar de la era de la hegemonía priista a la de la competencia democrática.

TABLA 20

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: CÁRDENAS

Cárdenas

1992

PRI

Amonario Díaz de León

1994

PAN

Arturo A. Hernández Maltos

1997

PRD

Nicolas Torres Torres

2000

PRI

Jaime Macias Oviedo

2004

PAN

Agustín Pérez Gómez

2007

PRI

José Luis Montaño Chávez

2009

PAN-PNA-PCP

Falcon Saldieran Martínez

2012

PRI-PVEM

Arturo Piña Aguilar

2015

PAN-PT-PMC

Pedro Alberto Tovar García

2018

PVEM-NA

Jorge Omar Muñoz Martínez

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

e)El municipio de Santo Domingo, al igual que Cárdenas, es de los que más alternancias tiene. Es de tamaño medio, con 12,210 habitantes, y se ubica en la zona Altiplano. Si bien presenta 9 alternancias, 5 de éstas se concentran entre Álvaro Rodríguez Luna y los hermanos Tenorio Quintero. Similar al caso de Cárdenas es que no había liderazgos fuertes antes de 1991, pero la diferencia es que en Santo Domingo éstos aparecieron con las elecciones confiables, encabezando a partidos de oposición al PRI, aunque al parecer han perdido fuerza y han dado lugar a nuevos actores y al regreso del PRI.

TABLA 21

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: SANTO DOMINGO

Santo Domingo

1992

PARM

José Luis Rodríguez Lara

1994

PAN

Álvaro Rodríguez Luna

1997

PT

Aurelio Tenorio Quintero

2000

PAN

José Fernando Loera Ramos

2004

PT

Aurelio Tenorio Quintero

2007

PAN

Álvaro Rodríguez Luna

2009

PT-PRD

Flavio Reynaldo Tenorio Quintero

2012

PCP

Daurino Torres Rodríguez

2015

PRI

José Ramos Alamilla

2018

PRI

Rubén Díaz Espinoza

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

f)Finalmente, se presentan los dos casos que no han tenido alternancia, donde el PRI ha dominado hasta el día de hoy. Por una parte, está el caso de Armadillo de los Infante, un municipio pequeño de la zona centro del estado que cuenta con 4,064 habitantes. Este municipio no ha tenido alternancia desde 1956, que es el año desde el cual se cuenta con datos. El PRI siempre ha gobernado, sin embargo, presenta cierta circulación de élites. No hay liderazgos personales ni familias que cuenten con una presencia reiterada en la titularidad de la alcaldía.

TABLA 22

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: ARMADILLO

Armadillo

1992

PRI

 Fernando Mascorro Castillo

1994

PRI

Jesús Alvarado Segovia

1997

PRI

Martha Manzo Martínez

2000

PRI

Alfredo Borjas Maldonado

2004

PRI

Gilberto Humara Torres

2007

PRI-PASC

César Oliva Ochoa

2009

PRI

José de Jesús Meave Vega

2012

PRI-PVEM

Ramiro Miguel Hernández

2015

PRI-PVEM-PNA

Rutilo Ramírez Roque

2018

PRI-PVEM-PNA

Sara Álvarez Rivera

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

g)El otro municipio con hegemonía del PRI es el de Guadalcázar, de tamaño medio, con 26,340 habitantes, ubicado en la zona Altiplano. Al igual que Armadillo, tampoco ha tenido alternancia, y el PRI ha dominado al menos desde 1959, que es desde donde se tienen datos. Como en el caso de Armadillo, no se presentan liderazgos fuertes o presencia de familias, al menos relacionados en primer grado.

TABLA 23

PRESENCIA DE FAMILIAS O LIDERAZGOS PERSONALES EN MUNICIPIOS: GUADALCÁZAR

Guadalcázar

1992

PRI

Juan Carrera Mendoza

1994

PRI

Leonel Ramos Torres

1997

PRI

Cirilo Gerardo Méndez Aguilar

2000

PRI

Filemón Pérez Martínez

2004

PRI-PVEM

Raúl Sustraita García

2007

PRI

José Luis Martínez Meléndez

2009

PRI

Álvaro Jiménez Reyes

2012

PRI-PVEM

Benancio Hernández Moreno

2015

PRI-PNA

Rolando Ortiz Hernández

2018

PRI

Juan Francisco Pérez Zapata

Elaboración propia con información de CEEPAC y SNIM.

Si bien cada municipio presenta características propias en su dinámica político electoral, con estos ejemplos hemos podido ver cómo hay espacios con presencia hegemónica del PRI y con circulación de actores políticos; otros casos presentan una alta rotación de partidos políticos en el gobierno con alta rotación de actores; y otros más presentan una competencia importante entre partidos, pero con aparición de liderazgos personales o familiares fuertes.

Un aspecto a destacar, en este último caso, es que los liderazgos familiares o personales se presentan en todos los partidos e inclusive son transversales, lo que nos lleva a considerar una cierta debilidad de los partidos como instituciones en el nivel municipal, donde son utilizados por estos personajes para controlar el acceso a los recursos y al poder.

Sin duda, debemos preguntarnos por los factores comunes que hacen que aparezcan liderazgos personales o familiares fuertes en algunos municipios independientemente del tamaño del municipio o de lo temprano que hayan tenido alternancias y del número de éstas23.

Queda manifiesta la importancia de las redes familiares aun en contextos de alta competencia electoral, sea a nivel municipal o del Congreso, para el caso de CP. Aunque el cambio electoral ha traído consigo un declive de las antiguas élites, algunas han logrado permanecer y adaptarse al contexto competitivo; a su vez, hay liderazgos personales que han aparecido con la transformación de las reglas y la competencia, logrando alcanzar y mantenerse en el poder consistentemente. Habría que observar si estos liderazgos logran pasar al siguiente nivel de la política, el de la diputación local y el de la diputación federal, o si su control está delimitado y es circunscrito a su municipio.

Sólo podemos concluir, tentativamente, que para los municipios revisados en el estado de San Luis Potosí, la democracia electoral no tiene un efecto contundente en el desplazamiento de las antiguas élites familiares y que el resultado es inconsistente, pues si bien en algunos municipios han desaparecido o tienden a disminuir, en otros se han adaptado y a su vez han aparecido nuevos liderazgos personales o familiares, ahora en partidos distintos al PRI; hay municipios en los que si bien el PRI fue hegemónico, no se presentaron familias o liderazgos personales dominantes. Así, pese a la realización de elecciones más o menos competitivas, no está claro que algunas de las oligarquías locales evolucionen hacia la democracia electoral competitiva.

Lo anterior es consistente con algunas observaciones que se han hecho desde la Ciencia Política24, pues quizás estamos ante la presencia de procesos de democratización desiguales en los que se dan juegos cerrados25, o ante la persistencia de prácticas iliberales26 en el funcionamiento real de las dinámicas democráticas subnacionales a nivel municipal.

Estas situaciones quedan ocultas en el enfoque nacional de la democracia, pero al cambiar el foco al entorno subnacional y local encontramos que, si bien hay celebración de elecciones con regularidad —y hasta con competitividad importante—, hay límites para el desarrollo de los partidos y la profundización de la democracia.

Estos límites indican el creciente grado de complejidad que implica la construcción de la democracia, su análisis y, por supuesto, su funcionamiento y el grado de satisfacción que pueden tener los ciudadanos con ella, pues si bien podemos estar ante un régimen subnacional que es competitivo, dentro de él también hay espacios que, sin ser autoritarismos competitivos locales, cuentan con dinámicas propias, extra institucionales, que complejizan los procesos de participación y expresión de las preferencias27.

Esto es coincidente con lo que se ha señalado respecto al caso mexicano al advertir que

la influencia de las redes sociales, especialmente de los nexos familiares, ha soportado a lo largo del tiempo el impacto de las estructuras e instituciones políticas, cualesquiera que sean sus rasgos, democráticos o no democráticos. Muchos estudiosos, incluyéndome, advertimos durante los años de la transición democrática en México (1988-2000) que la democracia no necesariamente produciría los cambios específicos que podrían esperarse de la competencia electoral a nivel local. En ciertas localidades, la política puede haberse vuelto menos, y no más, competitiva28.

CONCLUSIÓN

En el caso que hemos revisado, San Luis Potosí, encontramos un panorama de cambio político empujado, en gran medida, por circunstancias locales, con características propias, a las que el régimen hegemónico, en proceso de erosión, respondió con diseños institucionales novedosos, pero que contenían ciertos rasgos heredados para despresurizar el impulso político de los ciudadanos y encauzarlo por la vía institucional de los procesos electorales.

Esa respuesta, como vimos, llevó a modificar la composición del organismo electoral para tratar de ganar confianza en la imparcialidad, equidad, independencia y apego a la legalidad en las elecciones; para ello puso en manos de los partidos representados en el Congreso local la decisión de quienes integrarían al CEEPAC.

Posteriormente observamos cómo estos partidos colonizaron el espacio a través de un sistema de cuotas que ponía en entredicho la independencia del organismo electoral, ante lo que se llegó a la modificación nuevamente del proceso de integración del CEEPAC para quedar en manos del Instituto Nacional Electoral.

La dinámica electoral estatal tiene sus rasgos propios también, mismos que varían de acuerdo con el nivel de elección de que se trate. El PRI sigue siendo importante a nivel gubernatura al mantenerla y haberla perdido sólo una vez en seis elecciones realizadas desde 1991, pero cuando vemos su rendimiento electoral vemos cómo ha perdido constantemente su atractivo en las preferencias del voto.

A nivel del Congreso local podemos observar el paso de un sistema de partido hegemónico a uno multipartidista (ver Esquema 5), donde pareciera anunciarse un proceso de transformación importante en el sistema de partidos; situación que pareciera confirmarse en el nivel municipal.

Pero también encontramos que en el nivel municipal hay dinámicas propias, merecedoras de un análisis más profundo, que nos llevan a pensar en la complejidad de los contextos en los que se vive la democracia y que están, al menos por ahora, más allá de los diseños normativos institucionales. Estos hallazgos preliminares, si bien no son concluyentes, sí nos permiten cuestionar el funcionamiento de la representación y advertir posibles efectos no deseables de la reelección. En todo caso son indicios de una agenda por seguir.

ESQUEMA 5

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS REFLEJADA EN EL CONGRESO LOCAL

Elaboración propia.

NOTAS

1Los partidos que participaron en esa elección fueron el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM). El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Social Demócrata (PSD) no participaron. Recordemos también que Salvador Nava, que había sido alcalde de la capital del estado en 1982, había dejado el cargo en 1984 considerando competir por la gubernatura, sin embargo, decidió no hacerlo.

2Ver capítulos 2 y 3.

3Esta elección fue entre candidatos navistas pues el candidato priista era yerno de Salvador Nava, el candidato del PAN había formado parte importante del movimiento encabezado por aquél y Concepción Calvillo era su viuda.

4En esta gráfica aparecen los resultados de alianzas y candidaturas comunes agregadas a los partidos más grandes. En otra grafica se indicarán los resultados desagregados.

5Para conocer más sobre este partido ver Roy González, “La fiesta de la democracia y sus reservas al derecho de admisión en el estado de San Luis Potosí” en Política y elecciones en San Luis Potosí, 1810-2010. De la diputación provincial al spot político-electoral, Cañedo et al. (México: El Colegio de San Luis, 2013), 133-164; y Roy González, “La configuración de un sistema de partidos a través de reformas al sistema electoral: la experiencia del partido Conciencia Popular”, Revista Mexicana de Estudios Electorales 9 (2010), 99-122.

6En el marco de los estudios de realineamiento electoral a este tipo de elecciones se le conoce como una elección desviada, es decir, aquélla en la que los resultados de los partidos cambian, pero como sus bases de apoyo no cambian, no es posible la consolidación del nuevo patrón electoral. Así, tras la elección se vuelve a registrar un comportamiento electoral similar al previo.

7En el marco de los estudios de realineamiento electoral, ésta sería la elección de restitución o de conversión, donde después de la elección desviada se regresa al comportamiento electoral previo.

8Otro competidor relevante en el proceso de selección interna era el también senador Octavio Pedroza, quien había sido alcalde de la capital y diputado federal, pero que decidió no participar porque consideró que el proceso de elección estaba “amañado”.

9Siguiendo a Jorge Buendía, “El cambio electoral en México, 1997-2003”, en Arturo Valenzuela et al. (coord.), El cambio político en México, (México: IEDF, 2004); y a Marcela Bravo y Gustavo Martínez, Política, partidos políticos y elecciones en México. Historias regionales 1980-2013 (México: UNAM, 2014), para el margen de victoria hemos adoptado los siguientes rangos: 0 a 5 competencia alta; 5.01-10 competencia media; 10.01 a 25 competencia baja; y el rango de 25 a más que indica una competencia mínima se ha subdividido en cuatro categorías 25.01 a 40; 40.01 a 55; 55.01 a 70; y >70 para distinguir el grado de predominio de un partido hegemónico.

10Este índice explica, a grandes rasgos, cuántos votos acaparan los partidos principales en disputa.

11El Número Efectivo de Partidos es un índice de fragmentación partidista. Indica no el número de partidos que compiten u obtienen escaños, sino el número de partidos políticos que tienen verdadera incidencia sobre el proceso legislativo y de gobierno-ejecutivo, es decir, es el número de partidos fuertes que se reparten tanto votos como escaños en una legislatura, o en una elección de gobierno-ejecutivo, de ahí que el índice dé resultado en decimales. Aquí utilizamos la fórmula de Laakso y Taagepera. Ver Markku Laakso y Rein Taagepera, “’Effective’ Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”, en Comparative Political Studies, 12:1, 1979, 3-27.

12La volatilidad electoral, a grandes rasgos, explica las modificaciones sustanciales de las preferencias partidistas de los votantes de una elección a otra.

13Para una revisión del tema en SLP ver Javier Contreras y Aracely Rodríguez, “Los efectos de las cuotas y la paridad de género a nivel subnacional. Una mirada con perspectiva de género a la integración del Congreso del Estado de San Luis Potosí en cinco legislaturas (2003-2018)”, en Revista de El Colegio de San Luis 19 (2019), 207-240.

14Lilian Harris, “San Luis Potosí, 1991. De elecciones a elecciones”, en Elecciones con alternativas. Algunas experiencias en la República Mexicana, (coord.) Jorge Alonso y Jaime Tamayo (México: La Jornada Ediciones y CIIH-UNAM, 1994), 101-119.

15Rodolfo Flores, “Algunos elementos del sistema político en San Luis Potosí”, en San Luis Potosí: Sociedad, economía, política y cultura, (coord.) Tomás Calvillo (México: CIICH-UNAM, 2002), 43-112.

16Al respecto hay un desacuerdo: Lilian Harris, “San Luis Potosí” en Las elecciones de 1991. La recuperación oficial, Silvia Gómez Tagle (coord.) (Ediciones La Jornada y GV Editores, 1993), 373-422, indica 46 para el PRI, 8 para el PAN y 1 para el PARM; Rodolfo Flores, “Algunos elementos del sistema político en San Luis Potosí”, señala 49 para el PRI y 7 para la oposición; Patricio Rubio y Héctor Avilés, “Del cómo y cuándo las elecciones comenzaron a tener sentido…”, consideran 50 para el PRI y 6 para el PAN; en nuestro caso, reportamos, de acuerdo a la información contenida en el Sistema Nacional de Información Municipal http://www.snim.rami.gob.mx/. Los municipios del PAN serían: San Luis Potosí, Ciudad Valles, Lagunillas, Matehuala, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, Villa de Arista, Villa de la Paz y Villa de Zaragoza; mientras que el PARM habría ganado en Santo Domingo.

17Ver José Morán y Rodolfo Flores, Doble vuelta. La experiencia de la segunda votación en San Luis Potosí. Organizaron la consulta: María Isabel Monroy Castillo, María de la Luz Carregha, Ignacio Alejandri, Carlos Camacho, Arturo Reyes y José Luis Morán López.

18Como se mencionó en el capítulo 4, para 1996 la segunda vuelta se realizaría entre los dos partidos con mayores preferencias únicamente cuando ninguna de las planillas obtuviera más de 50 por ciento de los votos totales emitidos, a excepción de que el partido ubicado en primer lugar hubiera obtenido por lo menos 45 por ciento de la votación total válida emitida y existiera respecto del segundo lugar una diferencia de 15 por ciento o más.

19EL PRI había obtenido una victoria más, en Santa Catarina, pero la elección se anuló y se nombró un Comité Municipal.

20La información que presenta el SNIM comienza para la mayoría de los municipios potosinos en la década de los años cincuenta del siglo XX. Hay algunos casos de inicio en 1939 y otros más tarde de acuerdo con el año en que obtuvieron la categoría o bien de su disponibilidad de información. Al respecto ver INAFED, “Sistema Nacional de Información Municipal”, Secretaría de Gobernación, http://www.snim.rami.gob.mx/ (consultado el 28 de noviembre de 2018).

21Hemos considerado que cuando el partido del gobierno que termina forma parte de una alianza ganadora de la elección, ésta no cuenta como alternancia.

22Las referencias al número de habitantes, en este caso y los demás, corresponde a INEGI 2015, “Información por entidad”, INEGI, http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/slp/poblacion/ (consultado el 28 de febrero de 2019).

23Al respecto para San Luis Potosí ver Ivonne Rodríguez, “Alternancia política de la Huasteca potosina: dinámica local del poder” (Tesis de Maestría, El Colegio de San Luis, 2014).

24Guillermo O’Donell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales”, 170, señalaba, respecto a las zonas marrones, algo que puede aplicar a nuestro caso:

En estas zonas hay elecciones, gobernadores y legisladores nacionales y provinciales (en muchos casos sobrerrepresentados en las legislaturas nacionales). Aun cuando pueden ser los partidos de esas provincias miembros nominales de partidos nacionales, no son más que máquinas personalistas ansiosamente dependientes de las prebendas que puedan extraer de los organismos estatales, tanto nacionales como locales. Estos partidos y los gobiernos locales funcionan sobre la base de fenómenos tales como el personalismo, el familismo, el prebendismo, el clientelismo, y otros por el estilo.

De igual forma, Tomás Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, 15-16, en su crítica al paradigma de la transición mencionaba:

Es también sorprendente cómo, a menudo, la competencia electoral hace poco para estimular la renovación o desarrollo de los partidos políticos en muchos países de la zona gris. Patologías profundas como los partidos altamente personalistas, efímeros y cambiantes, o basados en una política clientelar, son capaces de coexistir por periodos largos con procesos legítimos de competencia y pluralismo político. Estas decepciones no implican que las elecciones carezcan de sentido en estos países, o que la comunidad internacional no deba seguir promoviendo elecciones libres y competitivas. Pero se deben reducir las expectativas respecto a lo que pueden lograr las elecciones como generadoras de un cambio democrático profundo.

25Jacqueline Behrend, “The Unevenness of Democracy at the Subnational Level: Provincial Closed Games in Argentina”.

26Jacqueline Behrend y Laurence Whitehead, Illiberal Practices. Territorial Variances within Large Federal Democracies.

27En esto seguimos a Jacqueline Behrend y Laurence Whitehead, Illiberal Practices. Territorial Variances within Large Federal Democracies, cuando señalan:

Hay poderosas dinámicas extrainstitucionales que complican los procesos de participación y representación a nivel subnacional. Legados históricos, élites familiares, clivajes sociales, procedimientos desigualmente ejecutados y capacidades estatales desiguales que agregan capas de interferencia entre la expresión de las preferencias ciudadanas y las decisiones realmente tomadas

[there are almost invariably powerfully extrainstitutional dynamics at work that complicate the processes of participation and representation at the subnational level. Historical legacies, elite families, societal cleavages, uneven enforcement procedures and uneven state capacities all add further layers of interference between the expression of citizen preferences for public policies and the decisions actually enacted].

28Roderic Ai Camp, Metamorfosis del liderazgo en el México democrático (México: Fondo de Cultrura Económica, 2012), 32.

CONCLUSIONES GENERALES

En este libro abordamos, desde una perspectiva propia del desarrollo institucional1, la evolución de las principales reglas que sustentan el juego político en San Luis Potosí y, sobre todo, las disputas y contingencias que provocaron su emergencia y transformación, desde los primeros esfuerzos para construir a la nación mexicana y su sistema político, hasta los días contemporáneos en los cuales escribimos este trabajo.

Nuestro propósito ha sido ofrecer una perspectiva que permita reflexionar acerca de la construcción democrática desde un enfoque subnacional pues, desde nuestro punto de vista, el proceso de democratización de México dista de ser homogéneo y se basa en procesos cimentados en los conflictos y disputas locales por alcanzar o mantener el poder, mismas que hoy resaltan en las paradojas que caracterizan al sistema político mexicano.

De ahí la relevancia de preguntarse ¿cómo se construye la institucionalidad y la práctica democrática en contextos subnacionales, localizados, en el transcurso del tiempo? Y para el caso concreto de San Luis Potosí: ¿bajo qué condiciones emergieron las disposiciones institucionales de la organización política en San Luis Potosí al surgimiento de la nación mexicana?, ¿cuáles eran y cómo se transformaron las disposiciones legales y las condiciones políticas que regían el ámbito político-electoral durante el régimen priista, previo al inicio de la transformación del sistema político a finales de los años ochenta y principios de los noventa?, ¿cuáles fueron los procesos bajo los que se conformaron las autoridades electorales que llevaron ese proceso de cambio y su diseño a partir de la legislación electoral?, ¿cuáles son los resultados de esas transformaciones? ¿cómo se da la dinámica electoral bajo la democracia?

Para dar respuesta a estas preguntas, el libro se articuló a raíz del énfasis en la descripción de la evolución de las reglas electorales que posibilitan la disputa política local; y en la narración analítica del proceso político que explica cómo tales reglas del juego se configuraron, aperturando, restringiendo o contrastando las prácticas de los actores que competían en la disputa real por el poder político2. De la combinación de las reglas tomadas en su momento histórico, y de las disputas políticas sucedidas, encontramos los factores contingentes y dinámicos de la construcción de la institucionalidad política del sistema político potosino.

En consecuencia, los arreglos institucionales, contingencias y coyunturas históricas construyen una experiencia política que transita desde el colapso de la monarquía española y los primeros esfuerzos por alcanzar la representación popular, la asunción y caída del imperio mexicano, regímenes representativos federales y centrales, la coexistencia del segundo imperio y la república federal, pasando por un régimen de partido hegemónico, las siempre presentes disputas entre el centro político y la provincia o estado, hasta la democracia expresada en un pluralismo moderado.

Al analizar este proceso largo, equivalente a más de 210 años (1808-2018), nos queda claro que es fundamental estudiar los procesos políticos locales de construcción y desarrollo institucional para comprender el cambio político a largo plazo en el nivel nacional, pues la evidencia histórico-institucional que encontramos indica que los espacios de política subnacional influyen en la construcción institucional nacional tanto como esta última influye en las disposiciones institucionales y la estabilidad política del Estado; e influye, también, en las decisiones de los actores locales que, en ciertos momentos, promueven, se resisten, se adaptan o terminan cediendo al cambio, con un manejo activo de las presiones que se dan desde la esfera de la política nacional —e inclusive internacional— y sus élites gobernantes. Esta interacción influye en la transformación bidireccional de las instituciones políticas y, sobre todo, abre o restringe prácticas democráticas y la posibilidad de consolidarlas.

Encontramos que en el devenir de la construcción de la institucionalidad política de SLP hay ciertas prácticas políticas, aprendizajes y experiencias de las clases políticas que se desarrollan en el tiempo e influyen en la construcción de las estructuras institucionales locales. Instituciones que, a su vez, condicionan el comportamiento y las expectativas de estos mismos actores políticos y sus estrategias para hacerse del control político local.

Por tanto, la emergencia y transformación institucional local configura un proceso político consistente en: 1) un arreglo institucional, definido por reglas político-electorales nacionales y locales; 2) la disputa por el poder político entre los actores locales, a partir de tales reglas o instituciones políticas que los rigen (o sus adaptaciones); 3) la experiencia política que provoca cambios y transformaciones de conductas y prácticas políticas de los actores; y 4) las respuestas a las contingencias, no necesariamente previstas, y coyunturas políticas concretas; y 5) relación centro-provincia/estado. Todas éstas son variables fundamentales para comprender el cambio y desarrollo institucional local. Éste es el modelo que se observa a lo largo de este trabajo (Ilustración 1).

ILUSTRACIÓN 1

EMERGENCIA Y TRANSFORMACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD REPRESENTATIVA Y DEMOCRÁTICA

Elaboración propia.

A partir de esto se desprenden las siguientes reflexiones:

1. EMERGENCIA DE LA REPRESENTACIÓN Y LAS REGLAS ELECTORALES

La primera conclusión general radica en que, si bien el hoy estado de San Luis Potosí tiene una dinámica política particular, ésta no se encuentra aislada del contexto nacional y tampoco se mantiene al margen de las contingencias o dilemas políticos de las unidades de las que ha formado parte históricamente, y que en gran medida la ha modelado.

La pertenencia al virreinato de la Nueva España fue lo que le otorgó las condiciones institucionales de inicio, acordes a la legislación vigente en su momento. Las sucesivas transformaciones de la monarquía impactaron directamente sobre la conformación no sólo territorial, sino administrativa y, por tanto, en las posibilidades de su gobierno para participar, que en un inicio eran restringidas a los españoles con origen en la península.

Posteriormente las circunstancias contingentes generaron una coyuntura crítica en la que se modificó la estructura institucional: el shock externo que representó la invasión de Francia y la abdicación de Fernando VII llevó a una crisis de gobierno que fue resuelta a través de una reorganización institucional y el desplazamiento de las instituciones previas, dando lugar a un proceso de emergencia de la representación.

Con herencias institucionales y novedades se dio lugar a reglas para el reconocimiento de un derecho a la representación de los territorios americanos. Si bien el interés radicaba en el apoyo a la resistencia ante Francia, las ambigüedades en los términos de la convocatoria, que abrió espacio para ampliar la participación en la elección de diputado ante la Junta Gubernativa, fue una oportunidad que reconocieron algunos actores novohispanos y que aprovecharon para ejercer derechos de participación; y ello, a su vez, llevó al establecimiento de un nuevo marco normativo general: la Constitución de 1812.

En ésta se reconocen derechos de participación a una gran mayoría de la población y se abre un espacio de administración territorial que termina por convertirse en un espacio de gobierno abierto a las élites criollas locales que supieron hacerse reconocer por su participación tanto en las Milicias, como en la Diputación Provincial y en los Ayuntamientos elegidos por la población vecina. Así sucedería en San Luis Potosí.

Las reglas para estos procesos de selección de autoridades fueron un gran aprendizaje para el periodo que seguiría, ya como nación independiente, pues la interrupción de la vigencia de la Constitución de Cádiz por Fernando VII no fue exitosa al no poder contrarrestar los derechos adquiridos por la población del hemisferio americano. Así, con una aplicación pragmática de ambas legislaciones —las reformas borbónicas y la Constitución de Cádiz— para contener la insurrección independentista, entre 1814 y 1820 se vivió una sobreposición legal en los territorios de la Nueva España.

La declaración de independencia de la nación mexicana restituye la Constitución de Cádiz, sin el deseo expreso de separarse de la Corona española o de modificar el régimen político: la monarquía moderada hereditaria. Es el rechazo de la Corona española al reconocimiento de la independencia lo que lleva al establecimiento de un imperio mexicano, lo que indica un path dependence.

Sin embargo, esta primera configuración nacional no fue exitosa, pues las disputas entre el emperador y el legislativo, así como entre el centro político metropolitano y las provincias respecto a la autonomía o subordinación, fiscal y política, con un ejército disperso y bajo el mando de diversos actores locales, así como las decisiones del emperador, llevaron al fracaso de este régimen político.

Este nuevo proceso de transición de monarquía a república federal representativa llevó a las élites locales a la adaptación ante las circunstancias, pues ya se habían convertido en actores poderosos en la década previa, al asumir el pacto federal y apostar por el isomorfismo constitucional. De ahí que, en tanto que con el cambio de régimen no se modificó sustancialmente la institucionalidad representativa ni electoral previa, esto les permitió mantener las asimetrías favorables a su condición.

Así, las disputas sobre la conformación de una república central o federal se referían, en gran medida, al control de las élites locales y su subordinación respecto al centro, pues sus respectivos promotores eran, por un lado, ciertas élites conservadoras y centralistas, y por otro, ciertas élites regionales que impulsaban y demandaban un proyecto nacional federal o uno más central, dependiendo de las conveniencias, garantías y condiciones de fuerza de uno u otro bando3. Como mencionamos en la conclusión del capítulo, éste es un proceso que podemos calificar de secuencia reactiva, donde a cada configuración institucional le sigue una reacción que permite volver, en cierto grado, a la configuración anterior, aunque con aspectos continuos.

Así, si bien la representación y las reglas electorales eran modificadas en cada vaivén central o federal, ampliando o restringiendo el derecho a la participación, la estructura de elecciones indirectas se mantenía; ante la existencia de una población muy desigual esta situación impactaba muy poco en el acceso a los cargos de autoridad más allá de los ayuntamientos, pues en ambos casos la política era asunto de élites.

Sumada a las continuas disputas y rebeliones entre facciones, y a la inexistencia de reglas que permitieran la conformación de grupos estables que compitieran por el poder, la disposición constitucional que hacía del gobernador el máximo dirigente de la Milicia nacional estatal generaba una alta inestabilidad en los gobiernos estatales al hacer que, ante la rebelión, éste se lanzara en campaña militar. De esta forma, el contexto local estuvo inmerso en el conflicto político persistente, lo que derivó en una alta inestabilidad y una precaria legitimidad de este nivel de gobierno.

Además, el gobierno federal, al enfrentarse a serios problemas de bancarrota fiscal y de una aún muy débil identidad nacional4, además de problemas de lealtad de las élites estatales y negativas para financiar al gobierno central, encontró muy difícil incrementar la capacidad de los gobiernos para proveer orden, políticas y servicios que incrementaran tal legitimidad para cualquiera de los proyectos.

En síntesis, la gobernabilidad5, tanto nacional como local, era bastante defectuosa, y eso se reflejaba en SLP con una sucesión de gubernaturas, débiles y fugaces, ante la falta de acuerdos, y un ambiente político de alta incertidumbre en el contexto nacional, donde era más viable tener resultados políticos efectivos por medio de un alzamiento o pronunciamiento militar que mediante una disputa política regida por votos, en vez de balas.

Este factor fue una clave para entender a la primera mitad del siglo XIX y a sus respectivas reglas electorales fluctuantes que, insistimos, quedaban atrapadas en un vaivén de restricciones comúnmente impulsadas por el proyecto centralista y aperturas impulsadas por el proyecto federalista nacional y sus diversas vetas locales.

Por último, para la segunda mitad del siglo XIX, tras la invasión estadounidense a México, las guerras de reforma, y de haber superado la invasión francesa, el país encuentra cierta estabilidad política —más no democrática— en los años de Porfirio Díaz. En su mandato, entre los años 1876 a 1911, las reglas electorales a través del voto indirecto constituyen, hasta cierto punto, un mecanismo de control político de las élites locales y los cacicazgos familiares que dominaban los cargos públicos en el nivel local y que garantizaban a Díaz la estabilidad regional.

Estas reglas perduraron por más de 35 años6, y si bien se logró cierta gobernabilidad autoritaria, al garantizar eficiencia de las políticas centrales de gobierno y estabilidad política, la legitimidad política vuelve a ser la gran variable detonante del estallido revolucionario que puso fin al porfiriato, pues los actores políticos revolucionarios denunciaron precisamente la gigantesca brecha existente entre las reglas democráticas escritas y las prácticas autoritarias que simulaban la democracia y sostenían a Díaz en el poder. Ahora bien, no es que las reglas electorales hubieran cambiado mucho, seguían siendo indirectas, pero esto permitía el escalonamiento que permitía la restricción que favorecía a las élites económicas y educadas simpatizantes del régimen el control político.

2. LOS CAMBIOS REVOLUCIONARIOS DEL SIGLO XX

La segunda conclusión general está inscrita a partir de los primeros años del siglo XX, que son los de la Revolución Mexicana que derrocó al régimen porfirista. Si bien la salida de Díaz modificó las reglas del juego político, el país y el estado entraron de nuevo en una dinámica caracterizada por la ingobernabilidad y la constante disputa por la legitimidad en el acceso al poder entre los distintos caudillos revolucionarios que luchaban por el control del poder federal.

Los años “calientes” de la revolución mexicana, o de abierta guerra civil nacional (entre 1910 y 1930), representan una época altamente inestable para el estado de SLP, pues las diversas facciones revolucionarias tenían sus respectivos seguidores y liderazgos sociales que, si se alineaban con el triunfador, garantizaban a su vez el control político de la entidad.

Ante esta entrada de nuevos actores y el reacomodo constante de fuerzas y distribución del poder, se generaron cambios en las disposiciones electorales mediante un proceso de adición (layering) que indica cierto aprendizaje de los actores y la búsqueda de perfeccionar la legislación por la vía de mejorar el control del padrón, el voto directo secreto, la homogeneidad del proceso y sus materiales, así como el aspecto público y la vigilancia; sin embargo, estas modificaciones a la legislación mostraron no tener suficiente fuerza para evitar la disputa violenta por el poder.

Esto ocasionó que, una vez más, la fuerza de las armas o el poder del caudillo más fuerte —en términos de coacción militar— fuera el factor que se impusiera antes que los votos. Por esta razón, el estado tiene periodos de inestabilidad política derivados de las tensiones entre el centro representado por el presidente de la República y los actores locales que dependían de su simpatía y lealtad para tener garantizado el acceso al poder local.

Ahora bien, pese a la insuficiencia inicial para canalizar institucionalmente la disputa por el poder a partir de esta fase, en México y en SLP, las reglas democráticas dejaron de sostener al sistema de elecciones indirectas, en las cuales los ciudadanos seleccionaban electores, y éstos, a su vez, seleccionaban a quienes ocuparían los cargos de elección popular, para transformarse —como se vio— en un sistema de elecciones directas a través del sufragio universal masculino que votaba a candidatos registrados por partidos políticos.

Esto fue un factor clave que, en conjunto con la construcción de un fuerte partido político nacional sustentado en un liderazgo militar-revolucionario fuerte7, al absorber partidos y movimientos políticos locales que luego se sumaron al partido hegemónico revolucionario, permitió controlar y alcanzar cierta estabilidad y orden político al canalizar hacia dentro de sí la disputa por el poder; es decir, controló el orden político nacional y las disputas locales al subsumir los diversos liderazgos a la dinámica partidista organizada en función de la lealtad al presidente en turno, y de las carreras políticas de los legisladores, gobernadores y demás políticos profesionales. Así, el partido político de masas, representado primero por el PNR, luego por el PRM y después por el PRI, se convirtió en el único medio hegemónico institucional de participación y representación política real.

En SLP la figura de Saturnino Cedillo fue clave para alcanzar el control político de la entidad y canalizarlo hacia el PNR. Sin embargo, conforme avanzaba la transformación del régimen hacia la centralización e institucionalización del poder, su capacidad de movilización armada lo convirtió en un peligro, al igual que a la mayoría de los líderes revolucionarios regionales. Gonzalo N. Santos fue otra figura clave que muestra la evolución del sistema político nacional y sus actores, al ser un híbrido del paso de los revolucionarios a los políticos civiles, sin embargo, el alcance de su poder y sus formas violentas de control también quedaron rebasadas y se convirtieron en un modelo agotado ante un contexto que demandaba mayor apertura para la libre participación política, lo que dio lugar a un cambio institucional gradual.

Respecto a la gobernabilidad del sistema político nacional, en esta etapa se alcanza un grado importante de estabilidad, pues si bien es una de cercanía al corte autoritario, el sistema político postrevolucionario tiene una alta legitimidad social derivada de las reivindicaciones sociales conquistadas tras la lucha armada, una alta eficiencia en las políticas nacionales que impulsan la modernización social, la industrialización y una contundente fortaleza estatal8 derivada de un nuevo poder político centralizado de facto en la presidencia, con una cierta capacidad de organización y de recaudación fiscal, así como una contundente estabilidad política demostrada en los cambios del Poder Ejecutivo. Esta estabilidad se logró luego de suprimir con éxito a los diversos caudillajes militares emanados de la revolución y encauzarlos institucionalmente dentro del partido hegemónico, o por medio de la coacción militar si oponían resistencia armada, como el caso de Cedillo en SLP.

Esto es fundamental pues, si bien las leyes electorales describen un método democrático directo, universal —masculino—, y en apariencia competitivo para llegar al poder institucional, en realidad las elecciones son controladas por el partido hegemónico con su dominio sobre el gobierno y la organización electoral que impidió de facto cualquier forma de competencia efectiva de otros partidos9, así como el ejercicio efectivo de la pluralidad política e ideológica.

Ahora bien, es a través del control de la organización electoral que se impide que otros partidos u opciones políticas alternas lleguen al poder institucional por medio del voto. Tal equilibrio de gobernabilidad y predictibilidad electoral a nivel federal y estatal se sostuvo desde el sexenio del general Cárdenas en 1934 hasta la muy cuestionada elección presidencial de 1988. Con esto en mente, el talón de Aquiles del sistema político articulado por la hegemonía partidista del PRI fue, según lo repasado en este trabajo, la falta de legitimidad de la organización y resultados electorales.

Las reglas del juego funcionaron muy bien para el PRI y su clase política a lo largo de la mayor parte del siglo XX hasta que esta estructura institucional se agotó y fue abiertamente desafiada por actores políticos disidentes que reclamaban la simulación democrática y la ausencia de una mayor pluralidad política y de mayores libertades cívicas para competir por el acceso al poder desde dentro o por fuera del partido. Este sistema se erosionó tempranamente desde los espacios locales, incrementando poco a poco los costos de mantenerlo.

La disputa política a la hegemonía del PRI comenzó, en el caso de SLP, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a fines de los años cincuenta, y radicó en cuestionar, por una parte, la falta de legitimidad política de las autoridades locales emanadas de un sistema electoral con autoridades parcializadas en manos del gobierno, así como en el reclamo de la organización y ejecución de elecciones fraudulentas que cerraban casi en automático el paso a cualquier actor político con liderazgo suficiente como para desafiar la hegemonía priista; y la falta de apertura a nuevos liderazgos dentro del mismo PRI. Y, por otra parte, se cuestionaba una práctica política de intermediación basada en el control personalista, informal, arbitraria y, a menudo, por fuera de la legalidad, esto es, centrada en el “cacique”, en el gobierno estatal.

Así pues, la evidencia política empírica colectada a través de la historia como herramienta de análisis, indica que el sistema político, tanto local como nacional, se transformó, de uno autoritario, a uno democrático a partir de las sinergias de las luchas democráticas locales que fueron reprimidas, y los movimientos nacionales. Estas luchas cobraron una tremenda fuerza, casi irreversible, a raíz de diversas contingencias como las crisis económicas de inicios de los ochenta y mediados de los noventa, que colapsaron las capacidades de eficiencia estatal para proveer bienes y servicios públicos, y para redistribuir la riqueza de mejor manera.

A su vez, el sistema político hegemónico priista se fracturó internamente no sólo por el desprendimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y la Corriente Democrática, sino por disputas por el poder entre presidente y actores con poder político y fáctico, como el exgobernador y líder del sindicato nacional de trabajadores por la educación Carlos Jongitud Barrios; esta disputa llevó a problemas de gobernabilidad estatal con el conflicto por el control político entre el exgobernador y el gobernador en turno, así como los reclamos por la apertura a la participación dentro del mismo partido.

La pluralidad, por tanto, se abrió paso desde las luchas cívicas, pero también desde el resquebrajamiento del mismo partido hegemónico; el agotamiento de este modelo de asegurar la estabilidad y gobernabilidad nacional canalizando la disputa dentro del partido mismo se hizo evidente en la segunda mitad de la década de los ochenta, en parte porque fue rebasado por la pluralidad de la sociedad, en parte porque se consumió en sí mismo y en parte por la contingencia económica.

Sin las opciones de la disciplina partidista, la represión o la manipulación electoral por parte del partido hegemónico, la pluralidad logra expresarse electoralmente en SLP y arraigarse en la década de los noventa, pero esto llevó a que se improvisara sobre la marcha para ajustar las reglas a la nueva realidad competitiva. Así, con el alcance de la autonomía de las autoridades electorales respecto del control del gobierno para dar paso a que los ciudadanos se encargaran de la organización electoral, la modificación de las reglas electorales y la inclusión de la segunda vuelta electoral a nivel municipal, SLP entró a la democracia, con un reajuste en los actores y en la distribución del poder.

3. EL SIGLO XXI COMO ESTACIÓN DEMOCRÁTICA

La tercera y última clave conclusiva de este trabajo es que, en las dos primeras décadas del siglo XXI, entre el año 2000 y el año en el que se presenta este trabajo de investigación, la institucionalidad política y democrática local, a la par que la nacional, han logrado ciertos niveles efectivos de madurez política luego de tres alternancias federales de gobierno y una alternancia local en el Poder Ejecutivo de SLP. Si bien este periodo no ha estado exento de retos a la legitimidad política —como lo demuestran las cuestionadas elecciones presidenciales de 2006—, la vertiente electoral de la democracia pareciera haberse arraigado.

Las diversas crisis políticas locales, desde los años noventa, se han canalizado con éxito en el caso de SLP por las vías institucionales, lo cual ha garantizado la estabilidad política local, que alguna vez pareció tan caótica y distante de lograr. En contraste, en las primeras dos décadas del siglo XXI los retos a la gobernabilidad política local, y también aquéllos que son paralelos a la gobernabilidad federal, han provenido más de la (in)acción de gobierno que de la mera acción política; es decir, han sido el resultado de políticas deficientes en materia de desigualdad, seguridad y corrupción, por mencionar algunos de los temas de déficit político.

Los desencuentros con alcaldes, diputados locales e incluso con el gobernador por sus comportamientos poco democráticos, opacos, extractivistas, se orientan ya no a la democracia como un proceso de selección de gobernantes, sino como un método de rendición de cuentas vertical que permita exigir mejores resultados de gobierno respecto a los desafíos presentes y que, en caso de no lograrse, se castigue a los partidos políticos en el poder y se conceda a otras alternativas la oportunidad de solucionar los problemas puntuales de la agenda social, económica y política del país y del estado.

Este contexto donde la sociedad también ha evolucionado de ser un espacio civil débil y desarticulado ante un estado hegemónico y mejor organizado, a una sociedad civil mejor organizada y con mayor experiencia democrática, frente a un estado debilitado —que ha seguido pautas políticas globales que prescriben su adelgazamiento o constricción, para superar sus propias crisis fiscales y económicas—, y una elite política partidista que pareciera haberse quedado atorada en la disputa, al costo que sea, de los votos y de la organización electoral, parece ser la clave final para entender el proceso de agotamiento institucional de la forma de seleccionar a los integrantes del organismo electoral.

De igual forma, los malos resultados de gestión de quienes han actuado como representantes y gobernantes explican la última alternancia federal en el año 2018 y el cambio radical en el plano electoral local sucedido ese mismo año en SLP. El modelo de partido y la cultura política de sus integrantes, que tuvo éxito en la última década del siglo XX y la primera década del XXI pareciera haberse agotado también ante una realidad nuevamente cambiante. Así, los resultados de las últimas elecciones federales y locales, que modificaron en forma importante la distribución del poder político, sirvieron como una importante válvula de escape ante el descontento social generalizado en la última década. Sin embargo, una renovación del sistema político es urgente. En tal sentido, 2018 es sólo una estación más en un largo recorrido de construcción y desarrollo institucional y democrático con variaciones en todo el país.

4. UNA PROPUESTA DE AGENDA DE INVESTIGACIÓN

En suma, de lo visto hasta aquí puede concluirse que la construcción institucional y democrática del sistema político potosino, si bien tiene un origen distante de 200 años, se ha forjado a raíz de las contingencias políticas locales y nacionales. Los actores políticos locales han tenido que adaptarse para responder a las situaciones nacionales, pero también a las coyunturas y contingencias locales; las respuestas han dependido de los límites institucionales, pero también de sus propios intereses y de las presiones sociales y cívicas para lograr acuerdos una vez que las mismas instituciones son superadas por las crisis o dejan de responder a sus objetivos de garantizar equilibrios políticos viables.

Este trabajo, también, nos ha permitido observar múltiples huecos en el estado del conocimiento sobre los procesos políticos locales —tanto de carácter histórico como contemporáneos—, que abren una posible agenda de investigación, por ejemplo:

1.Encontramos que, durante el siglo XIX y el inicio del XX, la inestabilidad en la gubernatura era muy alta y en algunos periodos se explicaba por el componente constitucional que ponía al frente de la milicia al gobernador y las disputas políticas entre grupos, pero hay otro periodo que no se explica por este motivo: el periodo del porfirismo. Tampoco sabemos qué sucedió en las pocas elecciones constitucionales que se realizaron para elegir gobernador durante esos periodos.

2.En contraparte, la integración del Congreso local era altamente estable, y las elecciones para ayuntamientos se realizaban con alta regularidad. Sabemos en algunos casos quién ocupó los cargos, pero en general desconocemos los procesos, las prácticas y los resultados de las votaciones.

3.Aunque sabemos que durante el siglo XIX los partidos políticos eran más cercanos a las facciones, luego a los clubes o partidos de cuadros, que a las organizaciones que conocemos hoy día, desconocemos en gran medida su existencia, formas de articulación, actuación y sus apoyos, en los municipios y en el contexto estatal.

4.Lo mismo ocurre para el siglo XX: hace falta una historia de los partidos políticos en SLP y sus dirigencias. Si bien el PAN tiene algunas cosas documentadas10, pareciera que en los demás casos el contexto nacional ha eclipsado las versiones locales de su emergencia y de sus procesos de vida.

5.La existencia de una época de control hegemónico del PRI y de asumir el principio explicativo de la manipulación electoral, pareciera haber desincentivado cualquier interés por dar cuenta de los resultados de las elecciones y de quienes optaron por disputar el poder a través de los votos. Hoy desconocemos hasta qué punto se realizó tal manipulación, si esa forma de control era necesaria, y si había o no participación en las elecciones de la época. Es necesaria una recuperación de los resultados electorales.

6.De igual forma, si bien conocemos que desde los años ochenta había inconformidades con los resultados electorales, es necesario indagar los grados de conformidad e inconformidad con el régimen de partido hegemónico y conocer de las protestas o inconformidades electorales de la época.

7.Actualmente, el Congreso estatal presenta una integración paritaria entre hombres y mujeres gracias a las disposiciones normativas de cuotas y equidad, sin embargo, y aunque conocemos que en SLP en 1921 se les otorgó el voto a las mujeres y luego se les volvió a restringir ese derecho, poco conocemos sobre la organización del movimiento sufragista femenino local y sobre la participación política de las mujeres entre esa fecha y 1953, así como tampoco conocemos mucho sobre la forma y condiciones de acceso a los puestos de gobierno de las mujeres que se desempeñaron como alcaldesas o diputadas, siendo, como se ha evidenciado, un territorio dominado por hombres.

8.Habría otros temas de igual interés, tales como el rol de la Iglesia y de actores económicos en la política; los gobernadores y sus gobiernos, así como el estudio de las reformas electorales y las discusiones que dieron lugar a ellas; y la participación política de los grupos étnicos.

9.Queda también pendiente realizar un estudio de élites políticas locales que observe a detalle (en forma sincrónica y diacrónica) si han existido grupos (familias, organizaciones empresariales, sindicales, religiosas, etcétera) que controlen permanentemente los espacios de gobierno y toma de decisiones o representación en los diversos niveles: municipal, distrital, estatal.

10.Y, por supuesto, hacen falta trabajos sobre calidad de la democracia en el ámbito estatal y municipal.

Es importante señalar que, pese a una historia de poco más de 200 años de elecciones, los años de práctica democrática efectiva en la entidad y en el país han sido muchos menos que los del régimen hegemónico y los momentos de disputa por el orden institucional nacional. Nuestra democracia es muy joven y, siguiendo los eventos internacionales, nada garantiza que ese camino no se derrumbe de golpe. Es por ello por lo que este tipo de trabajos son pertinentes para conocer con mayor profundidad nuestro recorrido institucional y nuestro recorrido democrático.

Con esta obra pretendimos aportar a la comprensión de la emergencia y transformación de un sistema político subnacional de manera que deje de ser un vacío en la comprensión del funcionamiento real de la democracia mexicana. Confiamos en que otros trabajos se sumen a la tarea de explicar y discutir la construcción local de las instituciones políticas con el objetivo de ayudar a pensar y construir nuestro porvenir político y democrático.

NOTAS

1Perspectiva ligada estrechamente con el enfoque del nuevo Institucionalismo Histórico. Ver Paul Pierson, Politics in Time.

2En muchas ocasiones, como se trató en el libro, tal competencia era de orden violento o coactivo; al transitar en mayor grado hacia la democracia y hacia una institucionalidad de mayor estabilidad política, ésta se fue convirtiendo en una álgida competencia electoral-pacífica, sobre todo hacia fines del siglo XX. Y también se trató de cómo tales normas democráticas entraban en conflicto con los actores políticos en disputa, al no reconocerse la legitimidad de la organización electoral y de sus resultados, y, por tanto, la protesta y la violencia poselectoral muchas veces entraron en el repertorio de acción política de los actores políticos locales.

3En SLP a lo largo del siglo XIX, y en la época del general Santa Anna a cargo del Ejecutivo, existieron élites locales que impulsaron tanto el proyecto de nación centralista del general, como el proyecto federal de sus opositores. En todo caso, más que ser élites que impulsaban en sí proyectos de clase y de dominio social, apoyaban los proyectos que garantizaran la viabilidad económica y política de sus intereses de poder. Es decir, si el centro les garantizaba riquezas y una clara expansión de sus respectivos negocios o empresas económicas, defendían con claridad al proyecto centralizador; y si tal proyecto, como fue el caso con Santa Anna y las guerras contra Texas y EUA, les perjudicaba o rompía sus promesas y, por tanto, “arruinaba” la prosperidad de ciertas élites regionales, entonces se organizaban para apoyar al proyecto federal contrario. Para ahondar más respecto a SLP y el siglo XIX, ver Bárbara Corbett, “Las fibras del poder: La guerra contra Texas (1835-36) y la construcción de un Estado físico-militar en San Luis Potosí”, en Circuitos mercantiles y mercados en América Latina: siglos XVIII y XIX, Jorge Silva, Juan Groso y Carmen Yuste (eds.) (México: Instituto de Investigaciones Históricas – UNAM, 1995), 362-394.

4Había, por ejemplo, regiones con mayor arraigo cultural que otras, como el occidente representado por Jalisco y su capital Guadalajara) que disputaban la viabilidad nacional y la llegaron a desafiar en sus primeros años, o Yucatán, que incluso iniciaría disputas de sedición de la Unión a fines de la primera mitad del siglo XIX en 1840. Ver Josefina Zoraida Vázquez, El establecimiento del federalismo en México (1821-1827) (México: El Colegio de México, 2003).

5La entendemos como la capacidad que tiene un régimen político para garantizar legitimidad, eficiencia de políticas públicas y estabilidad política en un contexto que puede ser democrático al involucrar al consenso social, o autoritario al no tomar en cuenta al consenso social. Por tanto, la gobernabilidad puede ser tanto democrática en ciertas condiciones de poliarquía, como autoritaria, en condiciones de nula competencia política y ausencia o sanción explícita de la pluralidad política, ya que ciertos regímenes y gobiernos pueden ser legítimos, eficientes y estables aun sin el consenso social. Al respecto ver Luis Mendoza Cruz, Gobernabilidad y democracia: el factor institucional (México, Universidad Iberoamericana, 2011), 4.

6Pues, como se demuestra en el capítulo respectivo, las reglas electorales de la democracia indirecta rigen prácticamente en todo el siglo XIX, desde los primeros años de vida como nación independiente, y permiten el florecimiento de múltiples élites familiares locales con un férreo control político regional que negociaba con el Poder Ejecutivo prebendas particulares de poder a cambio de garantizar la paz y la estabilidad política en la región, tan necesaria para cualquier viabilidad del proyecto nacional.

7Liderazgo que se identifica con claridad como proyecto político revolucionario, en los generales, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río. Estos, personajes fundamentales en la creación hegemónica del PNR, luego del PRM y del hasta hoy vigente PRI.

8La fortaleza estatal puede ponderarse a raíz de que un Estado es efectivo al momento de garantizar una coacción legítima efectiva, es decir, sometiendo a competidores potenciales que amenazan su propia legitimidad, tanto internos como externos. Ver Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime”, en Bringing the State Back In, Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) y Joel Migdal, Estados débiles, Estados fuertes (México, Fondo de Cultura Económica, 2011). Y para que tales capacidades estatales se fortalezcan es por tanto necesario mejorar la capacidad de recaudación fiscal estatal y su propia capacidad institucional de que éste cumpla con las políticas públicas que diseñen sus instituciones de gobierno de una forma efectiva. En México, esto pasó en el periodo porfirista en la segunda mitad del siglo XIX, cuando mejoró la capacidad de recaudación fiscal del Estado y su capacidad física de infraestructura e interconexión nacional gracias a las vías del tren y puertos; y a partir de los gobiernos postrevolucionarios, desde el sexenio de Cárdenas hasta el fin del “milagro mexicano” en 1976, época en la cual las capacidades fiscales del Estado mejoraron y permitieron financiar la industrialización y la urbanización del país, así como la construcción de un Estado mínimo de bienestar que mejoró por mucho las condiciones de vida de la población, en contraste con la era prerrevolucionaria. Tal fortaleza estatal ha estado marcada también por periodos de una buena estabilidad política que superó, sin mayores dificultades, los desafíos variados que se le presentaron.

9Éstos dejan de ser, a partir del siglo XX, meros clubes de élite política —como se asemejaban en el porfiriato— o, si se prefiere, siguiendo la clasificación clásica de los partidos políticos, pasaron de partidos de cuadros a organizaciones políticas de masas en los años cuarenta, integradas por miles de personas con intereses, gremios, sectores y clivajes diversos, cohesionados por un programa partidista y liderazgos políticos definidos y forjados desde adentro de las filas del partido político, aunque esto sólo aplicaría para el PRI, pues el otro partido que surge hacia 1939, y que aún perdura, el PAN, tuvo serios problemas para armar una estructura nacional incluso hasta mediados de los años noventa. Sobre el PAN, ver Yamile Mizrahi “The Cost of Electoral Succes: The Partido Acción Nacional in Mexico”, Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994 oposición leal y partido de protesta (México: FCE, 1999); Tania Hernández Vicencio, Tras las huellas de la derecha: el Partido Acción Nacional 1939-2000 (México: Editorial Itaca, 2009).

10Gonzalo Carrasco Levet, Historia de la Fundación de Acción Nacional en San Luis Potosí 1939-1945 (México: Visualizart Editorial, 2009).

ANEXO 1

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: ÚLTIMA ETAPA COLONIAL (1810-1821)

Forma de gobierno

Estructura territorial-administrativa

Reconocimiento de ciudadanía

Organización y procedimiento electoral

Mando de la autoridad electoral

Coyunturas de aplicación o suspensión de la normativa

Monarquía virreinal (antes de Cádiz)

Intendencias virreinales

Había súbditos al reino, no “ciudadanos”

El virrey nombraba a los intendentes.

Ayuntamientos nombrados por los intendentes.

*El monarca impide el ejercicio “democrático”, en dado caso es la principal autoridad política suprema.

*La invasión napoleónica obliga a Fernando VII a abdicar y se derrumba su reinado absolutista.

Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino (Cortes de Cádiz)

Reino constituido por Provincias y Ayuntamientos

Habitante del territorio peninsular y ultramarino de España mayor de 24 años, con renta o propiedad proba y decente para ser electo.

*El rey elegía a los jefes políticos de las Provincias.

*Diputados a Cortes, diputados provinciales y Ayuntamientos, electos por voto indirecto.

*Juntas electoras de parroquia, partido y provincia.

*Poderes ejecutivos menores: alcaldes; jefes políticos y curas son autoridades electorales

*La expulsión de José Bonaparte de la España peninsular, restaura la monarquía de Fernando VII, quien abole la Constitución de Cádiz y vuelve al viejo esquema absolutista.

*En 1820 Fernando VII jura ante la Constitución de Cádiz y esta se restaura.

*En 1821 México pasa a ser Imperio y nación independiente.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: PRIMEROS AÑOS DE INDEPENDENCIA (1821-1835)

Monarquía-constitucional, representativa y hereditaria, con división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

Imperio Mexicano

(1821-1823)

Imperio conformado por Provincias y Ayuntamientos

*El Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, menciona con mucha ambigüedad la palabra “ciudadano” solo cuatro veces.

*indica en cambio en su artículo 7º que es “mexicano” todo habitante del imperio que reconozcan la independencia y al emperador.

*El emperador nombraba a un jefe superior político por Provincia, y este nombraba a los Ayuntamientos.

*Prevaleció un esquema institucional central en el efímero Imperio.

*Ejecutivos son autoridad electoral.

*Ante el derrocamiento del imperio no hubo tiempo de probar autoridades electorales, las cuales no diferirían mucho del modelo popular e indirecto estipulado por Cádiz.

*Agustín de Iturbide como emperador, reinó en efecto solo un año en 1822.

*En 1823 el Plan de Casa Mata lo obliga a abdicar el 20 de marzo de 1823.

*Se forma un Supremo Poder Ejecutivo en triunvirato, que organiza las diligencias de la Constitución Federal republicana de 1824.

*Presidencial con división de poderes (1824-1835)

República Representativa Popular Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Formada por Estados libres y soberanos.

*Elecciones indirectas. El derecho a votar en juntas primarias para elegir al Congreso Constituyente de 1824, varones a partir de los 18 años, con modo independiente y probo de vida, y no condenados por algún delito.

*Cargos electivos superiores tenían como requisito el competir por ellos a partir de los 25 años.

*Se elegían diputados al Congreso Constituyente y a los Congresos Constituyentes locales, a través del voto popular indirecto, por juntas: Primarias, Secundarias y de Provincia.

*Se elegía al presidente de la República a través del voto con mayoría absoluta de electores emanados de los Congresos Locales.

*Se elegían Ayuntamientos por medio del voto popular indirecto, en juntas electorales primarias y secundarias.

*Se elegía al gobernador del estado, con el voto mayoritario de los ayuntamientos y si no con el fallo del Congreso local.

*Ejecutivos menores, alcaldes y gobernador eran autoridades máximas para resolver las controversias electorales.

*Las disputas por un proyecto de nación Central, Federal o Monárquico, que derivan en levantamientos armados ponen fin al primer modelo institucional federal-republicano para 1835.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: EL MODELO CENTRALISTA (1836-1846)

*Gobierno presidencial *Bases para una Nueva Constitución (1835)

*7 Leyes constitucionales (1836)

*Bases de Organización Política de la República Mexicana (1843)

República-centralista

Conformada por: Departamentos, Distritos y Partidos

Ciudadanía altamente restringida: Ciudadano es quien tiene derecho a votar y ser votado, 18 años al estar casado y 21 al no estarlo, renta anual de 100 pesos en 1835, y de 200 pesos en 1843 (voto censitario).

*Los requisitos de renta, o ingreso en pesos se multiplicaban hasta superar los 1000 pesos para ser electo a cargos representativos y de gobierno (requisito censitario).

*Las Bases de Organización Política de la RM, en su Art. 18. Establecían que a partir de 1850 los habitantes que lleguen a la edad legal reconocida además del requisito de renta tenían que saber leer y escribir.

*Ejecutivos locales a cargo de una Junta Departamental. Compuesta de 7 a 12 individuos electos por voto indirecto en juntas primarias y luego secundarias.

*Gobernador departamental electo por el Ejecutivo Central a proposición de terna propuesta por la Asamblea Departamental.

* Sufragio de Senadores a cargo de las Asambleas Departamentales, y altamente estratificado, tomando en cuenta los votos por oficio o profesión de las familias oligarcas, y con abierta participación eclesial.

*Sufragio de presidente a cargo de las Asambleas Departamentales por mayoría de votos

*Autoridades menores distritales y de partido electas por la Junta Departamental.

*En manos de los electores altamente restringidos a una categoría censitaria especial, con claridad oligárquica, y cercanísima al gobierno central.

*Las juntas electorales primarias, elegían a las juntas secundarias que a su vez se conformaban como Colegios electorales con plena capacidad de calificación de elecciones.

*A nivel nacional en 1836 la secesión de Texas y su respectiva guerra provocó el giro político hacia el centralismo.

*A nivel Local en 1837 hay un levantamiento militar contra el centralismo sofocado por las tropas de Santa Anna ese mismo año.

*A nivel nacional, México es derrotado por Estados Unidos en la guerra de invasión, y el 4 de agosto de 1846 el Plan de la Ciudadela encabezado por Mariano de Salas y Valentín Gómez Farías, derroca al régimen centralista de Santa Anna, y restablece el esquema federal en plena forma para mayo de 1847.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: INTERREGNO FEDERAL (1846-1853)

*Gobierno presidencial

Acta Constitutiva y reformas (1847)

Se regresa al modelo federal-republicano, conformado por estados libres y soberanos, y por ayuntamientos.

*Se liberan las restricciones a la ciudadanía al abolir el voto censitario, y se es ciudadano a partir de los 20 años de edad.

*Se plantea en tal acta la posibilidad de elecciones directas para diputados, senadores y presidente de la República.

*Pero también se reconocen las elecciones indirectas con electores primarios y secundarios para niveles subnacionales.

*De acuerdo con el Acta, Art. 18, lo concerniente al manejo electoral se establece por medio de leyes generales.

*A nivel nacional se proclama el Plan de Guadalajara el 13 de septiembre de 1852, impulsado por oligarcas hacendados, comerciantes e industriales, con lo que desconocen al gobierno de Mariano Arista, y logran luego el regreso de Antonio López de Santa Anna en 1853.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: RETORNO CENTRALISTA (1853-1856)

*Gobierno presidencial

Bases para la administración de la República, hasta la promulgación de la Constitución (1853)

*Se plantea retornar al modelo central, pero es una transición institucional efímera e inefectiva, que lidia de facto con los previos estados federales.

*Si bien no se estipula en las Bases, el ideal es de nuevo restringir de forma férrea los derechos de ciudadanía, privilegiando a élites oligárquicas.

*No se plantea en las Bases, ni el modelo, ni la estructura electoral.

*No se plantea en las Bases nada referente a las autoridades electorales, sin embargo el ideal, es centralizar como en el esquema de 1843, la organización electoral en élites oligárquicas.

*El efímero retorno Santa Annista, se descarrila desde 1854, con la abierta oposición militar en diversas regiones del país, con la proclamación del Plan de Ayutla.

*En el plano local distintos jefes militares toman el control del Ejecutivo en SLP y claman fidelidad al bando conservador centralista.

*Para 1856 con el presidente Ignacio Comonfort, se abre el paso al retorno federalista y republicano que desemboca en la Constitución Federal de 1857.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: REFUNDACIÓN FEDERAL-REPUBLICANA (1857-1865)

*Gobierno presidencial

Constitución de 1857

República Representativa Democrática y Federal.

*Compuesta por Estados libres y soberanos pero unidos en una federación.

Se es ciudadano con 18 años cumplidos en caso de estar casado y 21 cumplidos de en caso de no estarlo, y contar con modo honesto de vivir.

*Se plantea una elección presidencial indirecta con escrutinio secreto en primer grado, durando el cargo de presidente de la República por cuatro años.

*Elecciones a diputados y gobernadores indirectas en primer grado (juntas primarias solamente).

*Elecciones de ayuntamientos populares y directas.

*Según la Ley Orgánica Electoral de 18571, las autoridades electorales básicas eran las Juntas Distritales, conformadas por ciudadanos en los municipios, encargadas de los votos indirectos en primer grado.

*Una innovación al esquema institucional es la conformación de los Poderes Legislativos como colegios electorales como órganos calificadores y computadores de las elecciones ejecutivas, legislativas y de ministros de la SCJN. Rasgo que perduró –con matices y transformaciones específicas– hasta fines de la década de 1980 ya en el siglo XX.

*A nivel nacional de 1857 a 1861, México vive la guerra civil, provocada por las Leyes de Reforma, que separaban a la Iglesia del Estado y le restaban poder político formal a la primera.

*A nivel Local, SLP no estuvo exento de la guerra civil entre el bando conservador-centralista, y el bando liberal-federal. Se sucedieron tres congresos constituyentes distintos y abortados por la guerra, y distintos gobernadores impuestos por los bandos enfrentados que tomaban la ciudad capital, en 1861 se proclama la constitución local de corte liberal.

*En 1865 los conservadores- monárquicos logran una alianza con Francia para implantar una Monarquía Constitucional a cargo de un monarca europeo, esto da inicio a la intervención francesa en México y de nuevo reactiva la guerra civil por otros 3 años.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: SEGUNDO IMPERIO MEXICANO (1865-1867)

*Gobierno monárquico

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865)

*Monarquía Constitucional Hereditaria con un príncipe católico.

*Territorio conformado por Departamentos, Distritos y Municipalidades.

*Ciudadanía menos restringida que en la época Santa Annista, se es ciudadano al cumplir 21 años con modo honesto de vida, y sin estar purgando condena penal.

*Prefectos encargados de gobernar los Departamentos, éstos son electos por el Emperador. Acompañados por un Consejo de Gobierno departamental, estratificado en manos de élites locales.

*El prefecto nombraba a los alcaldes, y el Consejo Municipal era el único electo de forma popular.

*Autoridades electorales cercanísimas al gobierno central y monárquico.

*Se adoptaría la lógica indirecta de las elecciones pasadas.

*El imperio termina hacia 1867, con su derrota militar y la restauración republicana liderada por Benito Juárez García.

*En el plano local SLP sufre los vaivenes de inestabilidad política producto de la guerra, con militares de uno y otro bando haciéndose cargo de forma pasajera y efímera del gobierno local.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: RESTAURACIÓN REPUBLICANA (1867-1877)

*Vuelta al gobierno presidencial

*Restauración de la Constitución de 1857

*República Representativa Democrática y Federal.

*Compuesta por estados libres y soberanos pero unidos en una federación.

*Se es ciudadano con 18 años cumplidos en caso de estar casado y 21 cumplidos de en caso de no estarlo, y contar con modo honesto de vivir.

*Las reglas electorales son en lo general idénticas a lo estipulado por la Constitución de 1857.

*Prevalece el voto indirecto en primer grado, para autoridades legislativas y ejecutivas excepto ayuntamientos, que se elegían con voto popular directo.

*La restauración republicana permite por vez primera, tener una práctica electoral al menos de mayor duración que en las interrupciones anteriores.

*En este esquema de restauración, los estados de la república podían expedir sus propias leyes generales electorales.

*En 1869 se expide la primera Ley Electoral local en SLP, la cual define con claridad que las autoridades electorales básicas dependen de los municipios. Estas se conforman como juntas electorales de partido, se conforman por ciudadanos del municipio, y surgen las primeras tareas de empadronamiento, y en general organizan la elección sobre el terreno y el escrutinio de los votos, también surgen las primeras boletas electorales que sirven como credenciales de votación para los electores registrados y validados por la respectiva junta electoral.

*La coyuntura central a nivel nacional es la ruptura de Juárez con antiguos generales liberales. Entre ellos Porfirio Díaz, los cuales se levantan en armas para impedir la reelección de Juárez en 1872 con el Plan de la Noria, y en 1876 contra el sucesor liberal de Juárez, S. Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec.

*En el plano local, SLP queda entre 1867 y 1876 en medio de la inestabilidad política, producto de caciques político-militares que desconocen a sus enemigos políticos, y que por tanto derrocan gobiernos, que son efímeros y no duran más de un par de años. El gobierno federal tiene que apuntalar por medio de las fuerzas federales a los gobernadores afines al presidente de la República para moderar en alguna medida la inestabilidad.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: PORFIRIATO (1877-1910)

*Gobierno presidencial

*Rige la Constitución de 1857

*República Representativa Democrática y Federal.

*Compuesta por Estados libres y soberanos pero unidos en una federación.

*Se es ciudadano con 18 años cumplidos en caso de estar casado y 21 cumplidos de en caso de no estarlo, y contar con modo honesto de vivir.

*Las reglas electorales en general, respecto a elecciones nacionales y locales (con respectivas mínimas variaciones de las leyes estatales), se mantienen igual a las estipuladas por el orden constitucional de 1857.

*Prevalece el voto popular indirecto en primer grado para autoridades ejecutivas y legislativas, menos para ayuntamientos, estos eran electos con el voto popular directo.

*Las autoridades electorales básicas dependen del municipio, y de los respectivos jefes políticos regionales de confianza de Porfirio Díaz y su gobierno

*Los Congresos locales siguen calificando elecciones.

*El detalle más relevante, es que en el porfiriato a lo largo de sus tres décadas de duración nacional, las autoridades electorales eran cercanísimas y en ciertos casos indistinguibles de las estructuras burocráticas del gobierno de Díaz.

*Este rasgo de dependencia y casi indistinción entre autoridad electoral y el Gobierno Federal y los Gobiernos Locales sometidos a éste, perduraría en la época posrevolucionaria y hasta bien entrado el siglo XX, con la aparición de los primeros órganos electorales cívicos independientes de los gobiernos a inicios de la década de 1990.

*A nivel local, a partir de 1877, la familia Diez Gutiérrez, destacada élite oligárquica en SLP de mineros y terratenientes, apoya por medio de los hermanos Pedro y Carlos Diez Gutiérrez López-Portillo, al levantamiento de Díaz contra Lerdo de Tejada. Como consecuencia, en el porfiriato, esta familia dominará el Ejecutivo de SLP por veinte años, replicando las políticas de fomento industrial y represión política de Porfirio Díaz.

*Aun así, se registra una alta inestabilidad “formal” en los periodos de gobierno con 31 interinatos, y en la última década del porfiriato el patrón observado de contar con gobernadores-porfiristas continúa hasta el levantamiento armado de 1910.

*Los acuerdos políticos personales de Díaz con las élites regionales y la imposición de la fuerza, pesan más que los procesos electorales.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: REVOLUCIÓN MEXICANA (1910-1920)

*Gobierno presidencial

*Rigen en los primeros años de guerra civil, la Constitución de 1857, hasta 1917.

*República Representativa Democrática y Federal.

*Compuesta por Estados libres y soberanos pero unidos en una federación.

*Se es ciudadano con 18 años cumplidos en caso de estar casado y 21 cumplidos de en caso de no estarlo, y contar con modo honesto de vivir.

*Las normas electorales son las mismas planteadas por la Constitución de 1857.

*Aunque ante la convulsión política nacional, los Congresos locales tienen mayor peso en la definición de gobernadores interinos, afines a un caudillo o al poder federal.

*La anarquía electoral rige a esta etapa, no puede hablarse de autoridades electorales en concreto pues el contexto es de abierta guerra civil.

*Las autoridades políticas que resolvían las disputas eran en algunos casos indistinguibles de las autoridades militares que obraban en función de una lógica bélica, antes que la lógica política.

*En SLP la inestabilidad política del Ejecutivo se dispara de forma muy notable. Los gobernadores llegan al cargo con una lógica de estricta adhesión a uno u otro caudillo militar nacional, lo cual provoca que los enemigos militares desconozcan a las autoridades políticas antagónicas.

*Caudillos revolucionarios nacionales como Villa, Carranza y Obregón, imponían a sus respectivos gobernadores que a su vez cubrían las “plazas” militares para defender sus proyectos nacionales en pugna, hasta que se estabilizó la violencia política luego de la constitución de 1917 y de los primeros años de la década de 1920.

SÍNTESIS DE PROCESOS NORMATIVOS POLÍTICO-ELECTORALES, NACIONAL Y LOCAL: ORDEN POST-REVOLUCIONARIO (1920-1946)

*Gobierno presidencial.

*Constitución de 1917, vigente con modificaciones hasta la actualidad.

*República Representativa Democrática y Federal.

*Compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación.

*Se es ciudadano con 18 años cumplidos en caso de estar casado y 21 cumplidos de en caso de no estarlo, y contar con modo honesto de vivir. (Etapa postrevolucionaria)2

*La mayor innovación electoral hasta este entonces era la derogación de las votaciones indirectas. Pues ahora toda elección de autoridades ejecutivas y legislativas, incluyendo la de los ayuntamientos sería por voto popular, universal (varonil hasta 1953) y directo.

*Se consolida en la práctica el papel de las autoridades municipales como autoridades electorales básicas, encargadas del empadronamiento, registro electoral, organización, escrutinio y cómputo básico de las elecciones, e incluso de la impresión y repartición de boletas electorales.

*Las primeras disposiciones carecían de certeza o confianza electoral mínima, pues las boletas iban firmadas por los propios votantes.

*A su vez, aparecen los partidos políticos como organizaciones con mayor protagonismo y relevancia en los procesos electorales.

*Se permitían la participación de candidatos independientes en una primera etapa, luego restringida ya en la época del Partido hegemónico emanado de la revolución.

*Las autoridades electorales eran indistinguibles del gobierno y de sus intereses políticos.

*Los poderes legislativos se erigían como colegios electorales para calificar y juzgar en última instancia la validez de las elecciones, cosa que se prolongaría hasta fines de la década de 1980.

*SLP a partir de 1920 siguió teniendo alta inestabilidad política en esta década.

*Los gobernadores respondían a las facciones revolucionarias que se imponían en el plano nacional.

*Los levantamientos y desconocimientos a gobernadores enfrentados entre facciones eran recurrentes, y estos pleitos eran sofocados o calmados por la mediación con el Ejecutivo federal.

*En 1921 el gobernador progresista Rafael Nieto, organiza las primeras disposiciones electorales de “avanzada” como el intento de conceder el voto a la mujer, u organizar por consejos distritales y municipales propios a la autoridad electoral.

*En 1925 comienza el claro dominio indisputado del Gral. Saturnino Cedillo, el cual estabiliza al Poder Ejecutivo nombrando políticos afines a este y al centro del poder nacional, el propio Cedillo llega al Ejecutivo en 1927.

*A la caída del cedillismo emerge el siguiente cacicazgo del Gral. Gonzalo N. Santos, quien vive la transformación del naciente partido hegemónico revolucionario en PRI, para 1946. Este partido a partir de esta fecha domina por completo la competencia política e impide de facto la pluralidad política local y nacional.

NOTAS

1Véase: María Macarita Elizondo Gasperín. El poder electoral en el siglo XIX. Los derechos de votar y ser votado. UNAM, 2010, 72. https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/pdf/pub03/02DraElizondo.pdf

2Pues, como se menciona en el capítulo 1, las mujeres podrían votar en 1953, y sucesivas reformas modificarían la edad universal en 18 años para ser ciudadano con plenos derechos políticos.