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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN / Francisco Peña

LA ZONA DE ESTUDIO, LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y SU REALIZACIÓN

PLAN GENERAL DE LA OBRA

Referencias

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1. EL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. EL RETO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE MÉXICO / María Cecilia Costero Garbarino

INTRODUCCIÓN

LA FALTA DE CONSENSO CIENTÍFICO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO

LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN MÉXICO DEL TEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: LOS RETOS DE SU POLÍTICA

REFLEXIONES FINALES

REFERENCIAS

CAPÍTULO 2. VULNERABILIDAD EN SITUACIONES DE DESASTRE / Georgina Calderón

INTRODUCCIÓN

LA VULNERABILIDAD, UN CONCEPTO POLISÉMICO

ESTUDIOS SOBRE VULNERABILIDAD

COLOFÓN: RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y SOCIAL FRENTE A LA VULNERABILIDAD

REFERENCIAS

CAPÍTULO 3. LA MEDICIÓN DE VARIABLES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA HUASTECA POTOSINA: ENTRE LO INSTITUCIONAL Y LO LOCAL / Juan Alberto Velázquez Zapata, Edgar Talledos Sánchez

INTRODUCCIÓN

LA RED HIDROMETEOROLÓGICA EN LA HUASTECA POTOSINA

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

CONSIDERACIONES FINALES

REFERENCIAS

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 4. RÍOS URBANOS EN CIUDADES PEQUEÑAS: PRÁCTICAS LOCALES Y RESULTADOS TERRITORIALES DE RIESGO / Francisco Peña

PRESENTACIÓN

LOS RÍOS URBANOS

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

PANORAMA DE LA DINÁMICA URBANA DE CIUDAD VALLES

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

CAPÍTULO 5. SEQUÍA EN EL EJIDO OJO DE AGUA, ZONA TÉNEK, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ / Germán Santacruz De León

INTRODUCCIÓN

DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN LA HUASTECA POTOSINA

EL EJIDO OJO DE AGUA EN EL CONTEXTO DE LA CUENCA DEL RÍO VALLES

OCURRENCIA DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN EL EJIDO OJO DE AGUA

ESTIMACIÓN DE LA OCURRENCIA DE SEQUÍAS EN EL EJIDO OJO DE AGUA A PARTIR DE REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS E HIDROMÉTRICOS

COMENTARIOS FINALES

REFERENCIAS

CAPÍTULO 6. CICLOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y VIDA COMUNITARIA EN EL BARRIO DE MANTEZULEL, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ / Laura Elena Ortega Elorza, Jorge Damián Morán Escamilla

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO Y FÍSICO

BARRIO DE MANTEZULEL

CICLO HIDROSOCIAL EN LA ESCALA COMUNITARIA

CICLO DE LLUVIA Y HUNDIMIENTO

CICLOS DE ESTIAJE Y ESCASEZ DE AGUA

COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD DIFERENCIAL

CAMBIO SOCIAL Y EROSIÓN CULTURAL

CONSIDERACIONES FINALES

REFERENCIAS

CAPÍTULO 7. PRÁCTICAS LOCALES Y RIESGOS EN EL EJIDO LA TRINIDAD, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ / Edgar Talledos Sánchez, Susana Elizabeth Medina Gordoa

INTRODUCCIÓN

PRÁCTICAS LOCALES, LLUVIAS Y VIENTOS

ENTRE LLANOS Y EL PARTEAGUAS: LA FUNDACIÓN DEL EJIDO LA TRINIDAD

LA REFUNDACIÓN DEL EJIDO

PRÁCTICAS LOCALES Y COMUNITARIAS EN LA TRINIDAD

REFLEXIONES FINALES

REFERENCIAS

Aguas turbulentas y prácticas locales y comunitarias en la Huasteca. Riesgos hídricos y organización social

Primera edición en formato digital, 2019

© Por la coordinación: Francisco Peña

© Todos los textos son propiedad de sus autores

© El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Fracc. Colinas del Parque

San Luis Potosí, S. L. P. 78294

www.colsan.edu.mx

E-ISBN: 978-607-8666-39-3

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Conversión a ePub: Servicios Editoriales de Editorial Albatros

Hecho en México

ÍNDICE

Introducción / Francisco Peña

PRIMERA PARTE

Capítulo 1. El debate internacional sobre el cambio climático. El reto de la política energética de México / María Cecilia Costero Garbarino

Capítulo 2. Vulnerabilidad en situaciones de desastre / Georgina Calderón

Capítulo 3. La medición de variables hidrometeorológicas en la Huasteca potosina: entre lo institucional y lo local / Juan Alberto Velázquez Zapata y Edgar Talledos Sánchez

SEGUNDA PARTE

Capítulo 4. Ríos urbanos en ciudades pequeñas: prácticas locales y resultados territoriales de riesgo / Francisco Peña

Capítulo 5. Sequía en el ejido Ojo de Agua, zona tének, Ciudad Valles, San Luis Potosí / Germán Santacruz de León

Capítulo 6. Experiencias ante ciclos de fenómenos hidrometeorológicos y la reproducción comunitaria de la vida en el barrio de Mantezulel, Aquismón, San Luis Potosí / Laura Ortega Elorza y Jorge Damián Morán Escamilla

Capítulo 7. Prácticas locales y riesgos en el ejido La Trinidad, Xilitla, San Luis Potosí / Edgar Talledos Sánchez y Susana Elizabeth Medina Gordoa

INTRODUCCIÓN

FRANCISCO PEÑA*

Los sismos registrados en septiembre instalaron con rapidez en la memoria de los mexicanos a 2017 como un año de calamidades. Que la capital del país haya sido sacudida trágicamente en el aniversario de aquel fatídico 19 de septiembre de 1985 añadió un componente adicional, otorgó fuerza simbólica a las imágenes del nuevo desastre, que han ido más allá de lo que pueden decir las cifras oficiales de pérdidas humanas y financieras. Treinta y dos años después del terremoto que quebró a la capital federal, nada importante pareció haber cambiado en términos de la vulnerabilidad de los ciudadanos, a juzgar por los resultados marcados por la desidia, ineptitud y corrupción tanto gubernamental como de las empresas inmobiliarias. Afectada o no en forma directa, la población constató que la protección civil se había convertido en un discurso político con muy poco contenido: cuando menos en cinco estados, la destrucción registrada fue mayúscula y los organismos gubernamentales se vieron de nueva cuenta rebasados por la sociedad, que se organizó para ir al rescate de los afectados tanto en la Ciudad de México como en otros estados. Como ejemplos, las cocinas instaladas por iniciativa del pintor Francisco Toledo y sus colaboradores, en Oaxaca, empezaron a funcionar antes de que el gobierno de aquella entidad pudiera reaccionar, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México estaba más interesado en ser candidato en las elecciones de 2018 que en la suerte de sus gobernados. Vivir en peligro se reveló como un asunto de interés social en el sentido más neto del término. Los sismos movieron y conmovieron a México, y han vuelto a dar un lugar destacado a las vulnerabilidades y riesgos no sólo por sismos, sino también por huracanes, desplazamientos de suelos, explosiones y fugas químicas, entre otras.

En ese contexto sociopolítico terminó de escribirse este libro, que aborda el tema de las amenazas y riesgos por eventos hidrometeorológicos, como lluvias torrenciales, huracanes o frentes fríos en la parte potosina de la gran región multicultural conocida como Huasteca. Las amenazas de agua (inundaciones, pero también sequías, heladas y enfermedades transmitidas por el líquido) han sido el tipo de riesgos que más atención han acaparado en México, además de los sismos. El interés, de por sí grande, en los fenómenos hidrológicos aumentó luego de que las políticas de mitigación frente al cambio climático planetario se volvieron punto ineludible de la agenda internacional y gubernamental en cada país.

Los capítulos que conforman el libro son producto del proyecto de investigación “Prácticas locales y comunitarias frente a riesgos y desastres hidrometeorológicos en el contexto de la agenda internacional del cambio climático”, realizado en El Colegio de San Luis, por un equipo multidisciplinario. Este proyecto arrancó a finales de 2015 y se ha propuesto investigar, por una parte, la relación entre la escala local y sus instituciones y prácticas, con las políticas y proyectos ejecutados por la agenda internacional de cambio climático; y, por otra, la relación entre la fortaleza institucional local y la construcción de territorios de riesgo en la definición de prácticas locales que construyen, previenen, mitigan o reparan territorios en riesgo.

El tema se construyó con dos supuestos teóricos centrales. Primero, todos los riesgos, incluyendo los hidrometeorológicos, son construcciones sociales cuando menos en dos sentidos. La acción de los hombres y sus instituciones convierten en vulnerables a determinados grupos sociales y los territorios que ocupan (territorios en/de riesgo) y los peligros son pensados, simbolizados, jerarquizados y argumentados también socialmente (García, 2005). La agenda de riesgos, su significado y la materialidad que los gesta, son productos sociales en el sentido lato del término (Beck, 2006).

Por otra parte, la fortaleza social para enfrentar los riesgos se valora fundamentalmente por sus capacidades de prevención y, sobre todo, de fortaleza para reconstruir o renovarse luego del desastre, a lo que se ha dado en llamar resiliencia. Afirmamos que la capacidad de reorganización social tiene relación directa con la existencia y fortaleza de instituciones de gobierno comunitario (Ostrom, 2011). Una comunidad resiliente, dice Heijmans, “es aquella capaz de prepararse para choques, adaptarse a los mismos y soportarlos, sin socavar por ello sus activos básicos” (2013: 22). Una crítica a la resiliencia como eje y concepto articulador de las políticas públicas llama la atención sobre el hecho de que se trata de una caracterización estadocéntrica.

De la misma manera en que son las agencias gubernamentales quienes definen “el tiempo de desastre”, deciden también el momento en que se declara superada la emergencia. Desde esa mirada, el concepto de resiliencia no da cuenta cabal de la gran desigualdad social presente y puede convertirse en una coartada para que el Estado abandone sus responsabilidades públicas. A nuestro juicio, quizá convenga mejor hablar de la capacidad autopoiética para renovar y complejizar las propias instituciones locales. Como dice Norma Valencio, “el desastre es el tiempo del Estado, quien lo define y declara superado; luego queda el tiempo del sufrimiento social, del padecer cotidiano, del que tiene que hacerse cargo la familia, la comunidad, la sociedad local con sus propios recursos y muy frecuentemente en el anonimato” (comunicación personal). Esta tensión conceptual dio sostén a la perspectiva de investigación que puso el foco de atención en lo que pasa en el lugar, antes, durante y después de la alerta por las afectaciones atribuidas a los distintos eventos hidrometeorológicos registrados.

Con frecuencia, los informes gubernamentales, y también algunas investigaciones académicas, ponen mayor atención a la manera en que fluye o no la ayuda gubernamental cuando se declara el desastre en un territorio. Un supuesto frecuente es que la población local no tiene iniciativas y se limita a esperar la ayuda. Es común presentar un territorio asolado por la desgracia como si fuese un espacio sociopolíticamente vacío, a la espera de la iniciativa de agencias gubernamentales, de la ayuda internacional y la acción de los organismos no gubernamentales, por lo general urbanos, que llegan desde otros sitios para “poner orden” y reorganizar el espacio social quebrado. Las víctimas, los damnificados, los desplazados pierden de inmediato su condición de ciudadanos para convertirse en sujetos pasivos de ayuda. Una de las imágenes más conocidas gracias a la prensa en México fue el de una conductora televisiva, Laura Bozzo, y su montaje de ayuda hace cuatro años durante un huracán que azotó el estado de Guerrero, al sur de México.

El lector encontrará que los autores de cada capítulo han procedido de otra manera: destacando la iniciativa, la acción, las prácticas de los locales organizados en comunidades indígenas, barrios y colonias citadinas o como ejidatarios que han obtenido nuevas tierras en el municipio de Xilitla o que planean nuevas actividades agrícolas en Ojo de Agua, municipio de Valles. Al leer los trabajos, uno puede enterarse de que la acción gubernamental planificada, diseñada por expertos, puede encerrar paradojas increíbles, como, por ejemplo, prever una extracción de energéticos fósiles en gran escala en la misma zona de estudio que ha sido en forma reiterada señalada como altamente vulnerable a los cambios atmosféricos, que han aumentado la presencia de eventos hidroclimáticos graves. Succionar petróleo y gas, productores demostrados de gases de efecto invernadero en la misma región donde se pide a los campesinos y habitantes locales que actúen de manera responsable para disminuir los impactos del cambio climático, es una de las ironías de la política vigente.

LA ZONA DE ESTUDIO, LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y SU REALIZACIÓN

Este volumen recoge los resultados obtenidos en los estudios de la parte más húmeda de la región donde se desarrolla el proyecto, conocida tanto en los estudios académicos como en las políticas públicas como Huasteca potosina (véase mapa Zonas de Estudio Huasteca Potosina). El equipo de investigación tomó como referente mayor al estado de San Luis Potosí bajo consideraciones sociopolíticas, biogeográficas e hidroclimáticas. San Luis Potosí puede ser asumido como un pequeño laboratorio que reproduce en menor escala muchas de las condiciones que —para este tema— están presentes en el país completo: el estado cuenta con una zona seca, con precipitaciones de 300 mm anuales y otra húmeda en donde puede haber hasta 2 500 mm de lluvias al año. Un entorno urbano industrial concentrado en la capital del estado, que registra un crecimiento demográfico y de superficie urbana sostenido, junto a una constelación de pequeños asentamientos que, en forma de comunidades indígenas o rancherías campesinas, están dispersas por el territorio estatal. Hay que subrayar también la importancia biogeográfica que tiene la Sierra Madre Oriental para detener las masas húmedas que ingresan desde el Golfo de México o que llegan en forma de frentes fríos todos los años.

Por estas razones y otras semejantes, la región Huasteca es también representada en discursos públicos y académicos como muy vulnerable a los ciclones tropicales y las inundaciones que ocasionan. La imagen se basa en datos dignos de crédito. Más de 50 ciclones tropicales, frentes fríos y lluvias torrenciales registrados en la última mitad del siglo pasado en la zona conocida como Huasteca, empezando con el huracán Hilda, que en 1955 azotó fuertemente a toda la parte baja de la cuenca del río Pánuco y dejó inundado al puerto de Tampico y a varias ciudades más pequeñas de la región. Las afectaciones de aquel año fueron muy importantes y uno de sus efectos posteriores fue la formación de un organismo gubernamental para desplegar diversos proyectos en la parte baja de la cuenca del río Pánuco, con el fin declarado de paliar las pérdidas de aquel año y desplegar algunas construcciones preventivas (bordos, zonas de riego, protección de rancherías que estaban cerca de los ríos, etcétera).

Por esos motivos, valoramos que escoger la región Huasteca —y en particular la zona potosina— para esta etapa del proyecto de investigación era pertinente por la relevancia social que tiene crear conocimientos que fortalezcan las políticas y culturas de prevención de riesgos y capacidades de organización social, en particular frente a fenómenos hidrometeorológicos, en una región caracterizada por una historia de afectaciones significativas por ciclones tropicales frecuentes en el Golfo de México, y otros fenómenos que, sin ser propiamente extremos ni inesperados, actúan sobre vulnerabilidades sociales crecientes, como el caso de las heladas, los frentes fríos y los estiajes prolongados que afectan en forma negativa a grupos sociales amplios y pueden generar transformaciones territoriales importantes.

Para elegir los estudios de caso que se realizarían en forma intensiva, el equipo empezó por hacer varios recorridos por la región y algunas actividades que tenían un propósito exploratorio para conocer la percepción de los actores locales clave (autoridades ejidales y comunitarias, gestores educativos y de la política indigenista local y presidentes municipales, entre otros), e identificar las mejores condiciones para iniciar un estudio que considerara una muestra pequeña de la diversidad existente.

De esa primera fase quedó una convicción en el equipo: aunque las inundaciones eran la manifestación más visible en los medios, la población local no las juzgaba como el problema más importante o “desastroso”. Por una parte, porque los desbordamientos de arroyos y ríos pasan con relativa rapidez. También, porque consideraban que los lugares afectados estaban identificados y podían tomarse medidas preventivas. En ese primer diagnóstico, resultaba más grave la afectación sobre el abastecimiento de agua para consumo humano, por la contaminación de los pozos con los desechos arrastrados por las corrientes, o incluso el peligro de ser alcanzado por un rayo durante las tormentas, que casi siempre significaban pérdida de vidas.

Luego de esa fase exploratoria, decidimos abordar los casos que aquí se presentan: la afectación en uno de los espacios urbanos más representativos, la cabecera municipal de Ciudad Valles, y la experiencia de tres comunidades que enfrentan no sólo problemas de inundaciones, sino una complejidad que muestra la manera en que manejan un territorio a lo largo de un ciclo anual completo.

Este proyecto investigó dos áreas de interfase que son claves para fortalecer prácticas y culturas de prevención frente a riesgos hidrometeorológicos: la relación entre la escala local y sus instituciones y prácticas, con las políticas y proyectos ejecutados por la agenda internacional de cambio climático; y, dos, la relación entre fortaleza institucional local y construcción de territorios de riesgo. El tema de investigación se encuentra delimitado por tres tareas clave: 1) Describir y caracterizar las prácticas comunes e institucionalizadas para prevenir y mitigar los riesgos y fortalecer las capacidades de respuesta local; 2) identificar el tipo de relaciones que existen entre las instituciones y prácticas de escala local para prevenir, mitigar y fortalecer capacidades comunitarias frente a riesgos hidrometeorológicos, y las instituciones y prácticas de escala regional y mundial, expresadas, en particular, en los efectos positivos y negativos de los estudios, políticas y proyectos desarrollados en el contexto de la agenda del cambio climático; y 3) conocer y caracterizar el protagonismo de los actores locales y extralocales en las diferentes etapas de construcción y superación de un riesgo.

En particular, nos interesó identificar la manera en que el espacio habitado se convierte en territorio de riesgo por prácticas diversas como ocupación y uso del suelo, regulaciones económicas, cambios culturales, modificación en los patrones de herencia de la tierra y otros. El objetivo general es identificar, registrar, clasificar y analizar diferentes prácticas locales y comunitarias para prevenir y enfrentar riesgos hidrometeorológicos en la región analizada. Ése es el contenido base que orienta todos los capítulos para darle unidad al texto. Los autores destacan la respuesta a una u otra de las siguientes preguntas particulares: ¿Cuáles son las prácticas locales o comunitarias para prevenir y amortiguar riesgos y desastres en espacios urbanos y rurales de las regiones escogidas? ¿Qué tipo de regulaciones comunitarias existen en la administración territorial y el ejercicio de gobierno para identificar, acondicionar, proteger y administrar sitios seguros y peligrosos ante el riesgo hídrico? ¿Cuáles son las principales interfaces de cooperación/competencia entre los organismos comunitarios y las agencias gubernamentales y no gubernamentales en la región, dentro de la agenda internacional del cambio climático?

PLAN GENERAL DE LA OBRA

El libro se divide en dos partes. La primera, que agrupa tres trabajos, está dedicada a las consideraciones del contexto mayor: los discursos y políticas de cambio climático, el uso polisémico y político de la vulnerabilidad como factor clave para entender la construcción social del desastre, y los programas de medición que ponen en duda la seriedad del compromiso gubernamental con las políticas de prevención y mitigación en la agenda de compromisos internacionales del gobierno mexicano.

En esa primera parte, en “El debate internacional sobre el cambio climático. El reto de la política energética de México”, Cecilia Costero Garbarino afirma que las amenazas que construyen el cambio climático surgen principalmente de los intereses político-económicos que sujetan a países como México a modelos y formas de producción económica capitalistas donde las empresas trasnacionales tienen el papel principal en la extracción de bienes, cuyos mecanismos de explotación agudizan el problema de los gases de efecto invernadero. Eso es lo que explica que una política declarativa de compromiso con la mitigación del cambio climático sea simultánea con una política de fomento intensivo de extracción de energéticos fósiles en la zona de estudio.

En “Vulnerabilidad en situaciones de desastre”, Georgina Calderón ofrece una reflexión panorámica del concepto de vulnerabilidad, exponiendo su uso frecuente en las políticas de desastre por parte de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). Aunque la definición de la vulnerabilidad es polisémica, podemos distinguir dos grandes maneras de verla: como un asunto de escala individual y que se produce y reproduce en el lugar del desastre, y como una fragilidad construida en varias escalas y que es resultado de un proceso histórico.

Para completar esta sección, Alberto Velázquez y Edgar Talledos escriben “La medición de variables hidrometeorológicas en la Huasteca potosina: entre lo institucional y lo local”. Este trabajo evalúa la situación de la red hidrometeorológica para la vigilancia del clima en la Huasteca potosina. En los últimos años, la medición y el registro de las variables hidrometeorológicas ha pasado de una forma manual a la automatización. Uno de los argumentos para este cambio es la necesidad de contar con mejor información hidrometeorológica para adaptarse al cambio climático. A este respecto, el trabajo discute la fallida política nacional de modernización de la red de medición.

La segunda parte del libro reúne cuatro estudios de caso: uno en la zona urbana de Ciudad Valles y los otros tres abordan comunidades rurales de pueblos originarios tének, en Ojo de Agua, y nahuas, en Mantezulel y La Trinidad, en los municipios de Valles, Aquismón y Xilitla, respectivamente.

En “Ríos urbanos en ciudades pequeñas: prácticas locales y resultados territoriales de riesgo”, Francisco Peña expone los resultados de investigación sobre inundaciones, crecidas y desbordamientos en el río Valles. El objetivo específico es registrar, describir y analizar algunas de las prácticas locales que intervienen los cauces de ríos como parte de los procesos de urbanización en la región estudiada y que contribuyen a construir una geografía del riesgo frente a eventos hidrometeorológicos de magnitud diversa. Una mirada panorámica nos permite identificar que las prácticas locales en torno a los ríos tiene relevancia debido a que la afectación experimentada por los habitantes de la zona, en épocas de lluvias, generalmente se localiza en las cercanías de los cauces o por obstrucción de la red que drena las aguas hacia alguno de los segmentos de la corriente principal del río.

En “Sequía en el ejido Ojo de Agua, zona tének, Ciudad Valles, San Luis Potosí”, Germán Santacruz de León estima y analiza la ocurrencia de sequías e inundaciones a partir de registros pluviométricos, contrastando socialmente esa ocurrencia y analizando el comportamiento de la agricultura de temporal basada en la siembra de caña de azúcar en el ejido Ojo de Agua. El objetivo es mostrar la gran diversidad de efectos que puede haber en una zona caracterizada como inundable, donde su periferia está reclamando más agua.

Los últimos dos trabajos de esta segunda parte coinciden en describir la complejidad de la institucionalidad comunitaria para manejar un ciclo hidrológico anual y un territorio diversificado que es lugar de vida en su acepción más amplia. En “Experiencias ante ciclos de fenómenos hidrometeorológicos y la reproducción comunitaria de la vida en el barrio de Mantezulel, Aquismón, San Luis Potosí”, Jorge Morán y Laura Ortega describen y analizan el tipo de prácticas que los habitantes de la comunidad de Mantezulel desarrollan ante la manifestación de fenómenos hidrometeorológicos, que forman parte de un ciclo hidrosocial en el que se despliega un conjunto de acciones enmarcadas en la reproducción comunitaria de la vida. Por su parte, Edgar Talledos y Elizabeth Medina, en “Prácticas locales y riesgos en el ejido La Trinidad, Xilitla, San Luis Potosí”, examinan las prácticas locales que los pobladores del ejido de La Trinidad han construido y desarrollado frente a eventualidades y destrozos por fuertes vientos, inundaciones e incendios presentados en su territorio. Analizan las acciones y estrategias que éstos han aplicado en tiempos cortos y de larga duración para la resolución de las emergencias que se han suscitado por estos eventos. El ejido estudiado colinda con la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, que le otorga una dinámica especial a su funcionamiento.

Confiamos en que el lector encontrará otras pistas y perspectivas de lectura para enriquecer los propios resultados que se ofrecen ahora. Queremos que nuestra contribución ayude a otros colegas y estudiantes interesados en el tema a desarrollar nuevas investigaciones en la región o en otras zonas sobre las prácticas locales que han sido negadas o invisibilizadas en el discurso oficial sobre riesgos, o que son asumidas sólo en su dimensión negativa y no en sus potencialidades para la protección comunitaria.

Como producto colectivo, este libro no habría sido posible sin la dedicación de todos y cada uno de sus autores, que corrigieron con paciencia cada uno de los capítulos, siempre que fue necesario. Nuestro agradecimiento también a los doctores Vicente Sánchez, de El Colegio de la Frontera Norte, y Evelio Gutiérrez, de la Universidad de La Habana, quienes leyeron versiones anteriores de los trabajos e hicieron propuestas muy sugerentes durante el curso de la investigación. Nuestra colega, la doctora Norma Valencio, de la Universidad de São Carlos en Brasil, acompañó el surgimiento del proyecto y tomó para sí la tarea de leer el libro completo para hacer propuestas que, sin duda, lo han fortalecido. Nuestro agradecimiento también a David Tenorio, Dioselín Torres y Carolina Jiménez por sus aportaciones al cuidado de los detalles técnicos del texto y la elaboración de las figuras y mapas que acompañan varios de los capítulos. Todos fueron magníficos acompañantes para sortear los riesgos y superar las tormentas.

REFERENCIAS

BECK, Ulrich (2006). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

GARCÍA ACOSTA, Virginia (2005). “El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos”, Desacatos, núm. 19, pp. 11-24.

HEIJMANS, Annelies (2013). Cómo lograr la resiliencia. CARE Países Bajos: Groupe URD / Wageningen University.

OSTROM, Elinor (2011). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México: Fondo de Cultura Económica.

* El Colegio de San Luis.

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1. EL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. EL RETO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE MÉXICO

MARÍA CECILIA COSTERO GARBARINO*

INTRODUCCIÓN

Las prácticas locales frente a los riesgos hidrometeorológicos, que son el foco de atención del proyecto que ha dado pie a los trabajos que conforman este libro, tienen como contexto global uno de los puntos de la agenda internacional más debatidos: ¿Cuál es el alcance del cambio climático y qué compromisos deben adoptar los países para enfrentarlo? Este capítulo aporta a la investigación general, al identificar algunos de los puntos críticos de ese debate internacional y, sobre todo, lo que significa para México la institucionalización de esa política, en el contexto de modificaciones profundas a su programa energético.

El debate sobre el cambio climático, sus alcances y las obligaciones que impondría a los países tiene tantas aristas que es imposible abordarlos en forma exhaustiva. Aquí nos hemos concentrado en los siguientes aspectos: 1) ofrecer un esbozo breve de la falta de consenso científico sobre el cambio climático; 2) identificar la manera en que México pretende cumplir los compromisos internacionales respecto a las políticas de mitigación del cambio climático; y 3) analizar la institucionalización en México de las políticas públicas de cambio climático y los desajustes o retos que enfrenta en particular su política energética. Esos puntos son las partes que componen el capítulo.

El entramado conceptual se apoya en la teoría internacional. Por un lado, la interdependencia compleja, presentada en los trabajos de Keohane y Nye (1988) y de Ostrom (2000), quienes analizan por qué los Estados, en un contexto histórico determinado, deciden participar en temas comunes de la agenda internacional; así como de los aportes de la teoría de los regímenes internacionales desarrollada por la teoría neoliberal, en la que autores como Hasenclever, Mayer y Rittberger (1997) teorizan sobre las posibilidades que tienen los regímenes internacionales en la actualidad.

Se parte de la hipótesis de que las amenazas de cambio climático surgen principalmente de los intereses hegemónicos que sujetan a países como México a modelos y formas de producción económica capitalistas donde las empresas trasnacionales tienen un rol específico. Dicho de otra manera: son amenazas directamente relacionadas con el fortalecimiento de la agenda neoliberal que parte del consenso de Washington. Si adoptamos el cambio climático como consenso para definir la política de conservación ambiental internacional, hay que decir que el papel de México resulta muy relevante en el diagnóstico. Según datos de Tudela, México y Brasil emiten en conjunto más de la mitad de los gases de efecto invernadero (gei) del total regional, 50.9%, (Tudela, 2014: 31-32), lo que les da un peso mayor para las políticas de mitigación y adaptación que diseñan los organismos internacionales.1

LA FALTA DE CONSENSO CIENTÍFICO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Es difícil anotar una fecha precisa para el inicio de los estudios científicos sobre el cambio climático. Los estudios académicos sobre el tema aparecieron en diversas disciplinas institucionalizadas: geógrafos, meteorólogos, físicos y geólogos fueron de los primeros en adelantar reflexiones al respecto.2 Como historia de conocimiento, está marcada por disensos, aunque la definición de cambio climático como problema central tenga ahora consenso en los principales organismos internacionales y forme parte destacada de la agenda internacional. Aquí registro algunos de los disensos sólo para ejemplificar una de las discusiones que está presente en algunas de las políticas de actores relevantes, como el actual gobierno de Estados Unidos.

Svante Arrhenius (1896: 8) fue uno de los pioneros en estos estudios. Puso atención en el comportamiento del ácido carbónico en el aire como factor que tenía implicaciones sobre la temperatura del planeta. Esto significó aceptar la idea de la influencia de la capacidad de absorción de la atmósfera sobre el clima. Arrhenius se preguntó de qué manera la temperatura del planeta era afectada por la absorción de gases en la atmósfera. Basado en los trabajos previos de Fourier (en Arrhenius, 1896: 8), afirmó que la atmósfera actuaba como un vaso caliente en el que se reflejaban los rayos del sol pero se retenían los rayos oscuros del suelo.

Utilizando estudios de otros científicos, como Tyndall, Lecher y Pernter, Röntgen, Heine, Langley, Angström, Paschen y otros, Arrhenius propuso que el aire retenía el calor de dos formas distintas: por una parte, el calor sufría un cambio difuso en su pasaje a través del aire; y, por otra, algunos gases atmosféricos absorbían cantidades considerables de calor. La absorción selectiva de estos gases dependería de las cantidades de vapor de agua y de ácido carbónico presentes en la atmósfera (1896: 219). En síntesis, la absorción de la radiación era tan grande como las cantidades de vapor de agua o de ácido carbónico fueran atravesados, destacando la importancia de la propia composición atmosférica para mantener temperaturas estables.3

Otros estudios científicos, como los de Martin Durkin, Hamish Mikura, Bjorn Lomborg, Fred Singer y Dennis Avery, han sostenido que los cambios del clima son parte de un ciclo natural que se experimenta en la Tierra. A este grupo de académicos se les conoce como negacionistas o escépticos porque consideran que el cambio climático es un proceso natural que se ha repetido cíclicamente en diversos periodos y que no hay indicadores actuales que demuestren que estamos frente a una crisis ambiental.

Autores como Roger Revelle y Hans Suess (1956), retomando estudios de Chamberlin (1899), Arrehenius (1903) y Callendar (1938, 1940, 1949), afirmaron que, no obstante que los cambios climáticos podían estar relacionados con la fluctuación de los contenidos de dióxido de carbono en el aire, éstos eran absorbidos por los océanos, lo que aumentaba su alcalinidad (Revelle y Suess, 1956: 20), por lo que prefirieron hablar de una combinación de otros factores como los responsables del cambio en la temperatura atmosférica.4

Destacan los trabajos de Hutchinson (1954, en Revelle y Suess, 1956: 26), según los cuales el consumo de combustibles fósiles que no era absorbido por los océanos se iba a la biosfera, y que la cantidad de carbón en la biosfera y en el suelo ha decrecido (no ha aumentado) durante el pasado siglo debido a que el intercambio de C02 es una vinculación que se da entre el agua y el aire, y entre el aire y el suelo, además de la fluctuación del carbón orgánico marino, lo que incide en la imposibilidad de medir los futuros cambios atmosféricos tomando en cuenta sólo el incremento del C02 (1956: 25-26).

A partir de la década de los ochenta del siglo XX, los datos aportados por la comunidad científica indicaron que “el clima terrestre ha estado en continuo cambio y evolución desde los orígenes mismos del planeta a causa de diversos procesos naturales que influyen sobre los factores que los determinan” (Girardin, 1998: 797). Hay quienes opinan que las actuales variaciones climáticas tienen que ver con procesos que han sido acumulativos de los últimos 100 o 150 años, producto de las revoluciones industriales. Todo ello significó, desde entonces, que no existan conclusiones únicas ni definitivas sobre las determinaciones del C02 respecto al sobrecalentamiento atmosférico.

Trabajos más recientes, como los de Bjorn Lomborg (2001: 5), se oponen a la idea del colapso de los ecosistemas y proponen “mirar realidades y no mitos”, lo que lo llevó a concluir que, desde los estudios científicos, no existe consenso sobre el aumento de la temperatura ni de los mecanismos para atenuarla.5 Si la temperatura aumenta, no se debe sólo al calentamiento global, sino a los costos por la acción o la inacción de los países y sus consecuencias, que deben ser analizadas dependiendo de las regiones y de sus sectores (2001: 301).

La medición atmosférica sistemática para determinar las variaciones respecto a la temperatura se inició tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de probar o descartar las hipótesis sobre el calentamiento global. Fue así como se dio lugar a las mediciones respecto a las concentraciones de C02 en el laboratorio de Mauna Loa, Hawaii (1958), a partir de la curva Keeling.6

Otro asunto importante a destacar es que la temperatura promedio planetaria surgió de las estaciones meteorológicas, como las del Goddar Institute for Space Studies de la NASA, la cual demostró la inexistencia de una metodología homologada en el ámbito internacional. Singer y Avery (2008: 171) afirman que numerosos estudiosos dudan del catastrofismo que se desprende de los datos de algunas metodologías, por lo que prefieren basarse en lo que señalan las estaciones locales. En este sentido, el bienestar humano puede revertirse mediante las acciones humanas racionales frente a lo que acontece.7

La medición sistemática de los cambios de temperatura en la atmósfera y el estudio que los explique no es una tarea sencilla. Requiere muchos registros en lapsos prudentes para poder adelantar hipótesis fundadas. Ése es el papel que juegan bases de datos como el Climate Analysis Indicators Tool (CAIT),8 que elabora el World Resources Institute desde 2003, dentro del Proyecto Global del Carbono (GCP, por sus siglas en inglés). Con base en esos datos, se han propuesto y organizado mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que fijan el nivel de emisiones y el precio del carbono, que se determina en el principal mercado de derechos de emisión, que es el European Trading Scheme de la Unión Europea, que opera desde 2005. Sin embargo, quienes determinan cada año el balance global anual de estos flujos distan de ser equivalentes a las que proponen los informes de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ipcc (Tudela, 2014: 34).9

Desde otra óptica de análisis, la reciente encíclica papal (Carta Encíclica, 2015: 12-13) planteó una ecología integral que debiera incorporar las dimensiones humanas y las sociales, pero que también debiera referirse a una ecología económica que obligue a pensar en una realidad más amplia, donde el proceso de desarrollo incorpore la protección al ambiente y la noción del bien común. Esta encíclica se unió a los debates del cambio climático, advirtiendo sobre la preocupación por la naturaleza frente al “desafío urgente” por proteger la casa común (el planeta), y hace una invitación al diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del mundo.

De acuerdo con Tudela (2014: 9-10), es conveniente “contextualizar” las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático —de las que México ha formado parte— distinguiendo desde las etapas fundacionales del tema en la agenda internacional hasta la emergencia de un progresivo consenso científico desde mediados del siglo XX, hasta finales de los años ochenta, que se mantienen en la actualidad.

LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO

México ha tenido un liderazgo internacional en materia de participación en acuerdos sobre el cambio climático a partir de la Organización de las Naciones Unidas. La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, patrocinada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se realizó en Ginebra, Suiza, en febrero de 1979, en una etapa que culminó con la Decisión de la Asamblea General de la ONU en 1988, en su resolución 43/53 del 6 de diciembre, en la que la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de 1992 se abrió para su firma en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, o Cumbre de la Tierra, celebrada en Río, en junio de 1992, proceso que llevó a la ratificación por parte de varios países hasta 1994. Esta convención sigue siendo la base del régimen jurídico y fue donde se instituyó la Conferencia de las Partes (COP), de Río de Janeiro a Bali (1992-2006). La CMNUCC fundada en 1994 es una asociación donde se encuentran los países (194) que son parte de la convención, y se reúnen periódicamente en la Conferencia de las Partes (COP) con el fin de dar seguimiento a los acuerdos internacionales en materia de cambio climático, lo que da lugar a un régimen internacional de debate y seguimiento de estos temas.10

La CMNUCC (ONU, 1992, art. 1/2) definió al cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos […] comparables”. Desde entonces, el objetivo de esta convención fue lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

Esto significó no sólo que los Estados debían asumir la responsabilidad de reducir las emisiones de efecto invernadero a través de políticas nacionales, sino también llevar a cabo un inventario nacional de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal (ONU, 1992, art.12).11 Los países firmantes se comprometieron desde entonces a promover la cooperación para el desarrollo, así como a la difusión e investigación científica respecto a estos temas. En síntesis, los gobiernos debían establecer medidas nacionales para lograr que los ecosistemas pudieran adaptarse naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible (ONU, 1992, art. 2).

La primera COP, en Berlín, adoptó en 1997 el Protocolo de Kioto, con sucesivos avances en las conferencias posteriores. A partir de estos compromisos internacionales, los países llevaron a cabo una serie de inventarios y comunicaciones nacionales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, a partir de propuestas emanadas del IPCC para medir la alteración en la composición de la atmósfera mundial, lo que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables (ONU, 1992, art. 1/2).

En este régimen internacional sobre el cambio climático, se estableció que la principal causa de emisión de estos gases era originada por actividades antrópicas como la quema de combustibles fósiles con fines energéticos, como se observa en el sector energético mexicano. Otras emisiones a raíz de las actividades industriales destacaron a la fabricación de cemento y aluminio, las actividades de extracción de hidrocarburos y carbón mineral, los cambios en el uso del suelo, así como en la quema de pastizales y los residuos agrícolas, en la deforestación; también otras actividades, como el cultivo del arroz, la utilización de fertilizantes nitrogenados, la cría de ganado y el tratamiento de residuos (ONU, 1992: 798).

Los países englobados bajo la denominación de “países menos desarrollados”, o en “vías de desarrollo”, propugnan mayoritariamente que se tengan en cuenta los distintos grados de responsabilidad y contribución al problema a la hora de repartir las cargas de las medidas que deban tomarse, pero también abogan por el derecho de los países menos desarrollados en aumentar su consumo de energía en el proceso de desarrollo. Es decir, existe, por lo menos en el discurso, una diferencia entre los distintos países sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas.12

Esta Convención dio lugar al segundo pilar internacional, que fue el Protocolo de Kioto, firmado en 1997 por 187 países, aunque algunos países, como Estados Unidos, no lo han ratificado. El texto del Protocolo de Kioto se aprobó en diciembre de 1997 por parte de la cop-3, la cual fijó la meta global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para un conjunto de países, lo cual implicó que las emisiones de dióxido de carbono del periodo 2008-201213 debían ser al menos un 5% inferiores a los niveles correspondientes a 1990 (ONU, 1997, artículo 4o).14 No obstante, se trata de emisiones pasadas y presentes, que también se discuten, por lo que la dicotomía que se aplica sobre “la deuda ambiental”, contra la “deuda económica” de los países, trata de abolirse mediante medidas de cooperación particulares.

En este protocolo, cada una de las partes incluidas en el Anexo I, países en transición a una economía de mercado,15 al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídas en virtud del artículo 3, debían seguir elaborando y aplicando políticas para el fomento de la eficiencia energética, el fomento de las reformas apropiadas, medidas para limitar y reducir emisiones, entre otras, con la finalidad de reducir el total de las emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012 (ONU, 1997, art. 3/7).

El indicador sobre las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, brinda una idea promedio de los habitantes en cada uno de los países (información del PNUD, 2016), constata un aumento de las emisiones per cápita y de las emisiones mundiales en los países en vías de desarrollo, con la excepción de América Latina (Aguilar, Bouzas y Molinari, 2010: 803), por lo que la distribución de los costos de mitigación del cambio climático exceden el marco del llamado conflicto “norte-sur” entre países industrializados y países en vías de desarrollo. Este debate puede trasladarse también al ámbito del enfrentamiento existente entre los países que asumieron responsabilidades en Naciones Unidas y los que no lo han hecho. Por ello, los países industrializados buscan mecanismos para que los países en vías de desarrollo y las economías en transición acepten adoptar medidas de mitigación dentro de sus fronteras, ofreciendo a cambio el aporte de inversiones y recursos financieros (Aguilar, Bouzas y Molinari, 2010: 808).

Desde la ratificación del Protocolo de Kioto, se destacaron los temas de la transferencia tecnológica, la función del fondo para la adaptación, las medidas de adaptación o el establecimiento del grupo de trabajo especial sobre los nuevos compromisos de las partes del Anexo I, en torno a los temas de la mitigación entre los países firmantes. Otro concepto, como el de las acciones de mitigación adecuadas para cada país (NAMA, por sus siglas en inglés), se inició a partir de la cop-13 de 2007, al quedar plasmadas en el plan de acción de Bali, e hizo referencia a las reducciones en las emisiones en países en desarrollo por iniciativa de sus propios gobiernos.

Además, las dos vertientes fundamentales del régimen climático, la de la mitigación (introducida en 1998) y la de la adaptación (iniciada en 2010) se vincularon a los temas de la tecnología, del financiamiento y de la construcción de capacidades, en los que los fondos y compensaciones están dados por organismos privados que fijan parámetros, que van desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Posteriormente a los acuerdos establecidos en el Protocolo de Kioto, las conferencias promovidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) han seguido sucediéndose anualmente con pocos cambios, mayores responsabilidades, un sinnúmero de debates y pocos avances.16 A partir de diciembre de 2012, reunidos en Doha, Qatar, se firmó la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, en la que se constatan los nuevos compromisos de las partes del Anexo I del protocolo hasta 2020.

En el caso de México, la organización de la Conferencia de Cancún, en la COP-16, resaltó la creación del Fondo Verde para el Clima, con el fin de proveer de financiamiento a proyectos y actividades en países en desarrollo. Adicionalmente, se acordó la operación de mecanismos tecnológicos para promover la innovación, el desarrollo y la difusión de tecnologías amigables para el clima. Se establecieron hojas de ruta que seguir, así como el compromiso de los principales países emisores de gases de efecto invernadero —entre ellos, Estados Unidos, Brasil, China, India y Sudáfrica—, para iniciar procesos de mayores compromisos. Sobre todo, significó la vinculación de México y de su gobierno en estos temas, con el fin de institucionalizarlos en su agenda nacional.

Mientras que en el Acuerdo de París 2015, con 175 países firmantes a la fecha, se establecieron medidas y métodos para la reducción de dióxido de carbono para el año 2020, manteniendo la temperatura mundial por debajo de los 2° C; y a partir de 2020, los países revisarán y fortalecerán sus contribuciones nacionales, habrá un monto en financiamiento climático para los países en desarrollo (2025), así como inclusión de mecanismos para la rendición de cuentas y el aseguramiento en el cumplimiento de las metas. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de París, país que junto con China produce casi la mitad de los gases de efecto invernadero, pone en entredicho la viabilidad de estos consensos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la década 2014-2024 como la de la energía sostenible para todos (AGNU, 2012), con el objetivo de complementar los objetivos de desarrollo del milenio, ampliándolos con el área de actividad de la energía con actividades concretas respecto a fijar como plazo el año de 2030 para conseguir un servicio energético generalizado, doblar la tasa de eficiencia energética mundial y duplicar el porcentaje de las energías renovables en el aprovisionamiento global energético (Kofler y Netzer, 2014: 39).

Sin embargo, dentro de este contexto, coincidimos al afirmar que la política energética de México en el ámbito nacional no refleja el liderazgo que el país tiene en las negociaciones internacionales, específicamente en el tema del cambio climático (Mendivil y Niño, 2016: 3), debido a que esta política se basa en recursos renovables y se deja en manos de intereses económicos que no permiten transitar hacia un desarrollo bajo en carbono.

La última parte de este artículo nos llevará a analizar los retos que enfrenta México en materia de cambio climático, al tener una política en el sector energético que no vislumbra un alejamiento de la utilización de combustibles fósiles.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN MÉXICO DEL TEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: LOS RETOS DE SU POLÍTICA

Si se considera al ambiente como un bien público, es decir, como un bien común, una estrategia de manejo de recursos de uso común, de acuerdo con Ostrom (2000), puede tener impactos positivos frente al régimen del cambio climático en México. Sin embargo, temas como el de la producción, el manejo y el control de los contaminantes provenientes de la industria, principalmente manufacturera, en México, contrastan con los debates llevados a cabo en este régimen internacional.

En México el interés se ha reflejado en un esfuerzo institucional por diseñar un nuevo marco regulador y normativo impulsado como consecuencia del acelerado proceso de crecimiento industrial y de la apertura económica del país hacia el exterior, con el reto de poder coordinar y atender la magnitud de la problemática (control y supervisión), así como la toma de decisiones consensuadas.

Para México, el fenómeno del cambio climático es una realidad, por lo que se aboca a “la reducción de la vulnerabilidad de su población, de los sectores productivos, a la preservación de los ecosistemas y a la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta”, conocidos como “forzadores climáticos de vida corta” (CICC, 2014: 11), a pesar de que los sectores mayormente contaminantes en México, el transporte y el de generación de electricidad, que contribuyen en gran medida al desarrollo económico del país, dependen de los combustibles fósiles.17

La Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático constituyen para México las columnas sobre las que se construye un sistema nacional que pueda consolidar instituciones e instrumentos para reducir la vulnerabilidad frente al fenómeno del cambio climático, con el fin de poder transitar a una economía de bajas emisiones. El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018,18 alineado al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales, conforma con estos objetivos la Comisión Intersectorial de Cambio Climático.

Es de hacer notar que, según la ley general, “la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático” (LGCC, 2012, art. 5o), sin hacer referencia al problema central que se halla en el crecimiento de los sectores productivos del país, mientras que se afirma que “la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático (LGCC, 2012, cap. IX, art. 91), con pocos o nulos avances en la competencia de las entidades federativas del país.19

La opción de México de sumarse al proceso globalizador que se estaba desarrollando en el mundo desde finales del siglo XX, para incorporarse a los circuitos internacionales planteó la conveniencia de negociar y de abrirse al mercado de la economía internacional en una zona regionalizada en América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá desde 1994. Y no sólo se dinamizaron sectores económicos de exportación que son altamente contaminantes, sino que también se inició un proceso de transferencia energética que tomará muchos más años para reconvertir la base de la producción del país.

Es interesante destacar que, en el discurso del gobierno, México se plantea, por sus características geográficas, como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y a estar expuesto a una serie de fenómenos y riesgos hidrometeorológicos. Al respecto, tanto el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan estudios sobre las condiciones de peligro a las que puede estar expuesto el país.20

De esta manera, se reportan ciertas regiones como las más propensas a las sequías (cuenca del Balsas, noreste de Coahuila, noreste de Nuevo León, península de Baja California y centro de la península de Yucatán); zonas susceptibles de sufrir inundaciones, como Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Sonora; o de ser las más cálidas. Pero también se muestran las zonas donde la información tiene mayor confiabilidad, y éste es un punto importante en materia de prevención.

Para México, las temperaturas promedio han aumentado 0.85° C, cifra que coincide con el incremento global reportado por el IPCC (CICC, 2014: 20-21)). Al respecto, los escenarios de cambio climático no son sólo pronósticos, sino también el resultado de la aplicación de modelos económicos de crecimiento. Los impactos del cambio climático en sectores prioritarios para el país se perciben en las disminuciones de productividad del sector agropecuario; sin embargo, la mayor vulnerabilidad se estima en 68% de la población que ya ha vivido en condiciones de desastre debido a los altos índices de pobreza y marginación. Algunos datos refieren que los costos de los impactos económicos por los fenómenos hidrometeorológicos en el país han pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos (1980-1999) a 21 950 millones (entre 2000 y 2012), entre las que se encuentran las entidades federativas de Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán e Hidalgo (cicc, 2014: 25-26).21

En general, la mayor parte de los municipios en México han sido identificados como vulnerables respecto a los fenómenos que pueden impactarlos, por lo que el gobierno plantea establecer una estrategia respecto al total de la infraestructura, como hospitales, escuelas y carreteras localizadas en estos lugares.22 Sin embargo, en trabajos de campo hemos detectado que los municipios en el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, no cuentan con sistemas de monitoreo ni de prevención, y el personal es mínimo en materia de protección civil, por lo que las comunidades llevan a cabo prácticas locales particulares dependiendo de las regiones de la entidad y los fenómenos que enfrentan, ya sea de sequía o de inundaciones, lo que ha dado lugar a respuestas particulares que deben ser tomadas en cuenta.23

En la tabla 1 se sintetizan los objetivos del PECC 2014-2018, lo cual coincide con la finalización del periodo del gobierno federal, con sus respectivas estrategias. Cada objetivo cuenta también con líneas de acción específicas. No obstante que estos planes reúnen buenas ideas, éstas no terminan de hacerse viables por los contextos particulares regionales, problemas de financiamiento, prevención y seguimiento.

Además de esto, se pretende consolidar el Atlas Nacional de Riesgo, la integración de comités de protección civil en zonas de riesgo, operar el Fondo para Cambio Climático y, sobre todo, implantar programas de capacitación en comunidades forestales con equidad de género (CICC, 2014: 75). Sin embargo, la apuesta mexicana en torno a la reducción de emisiones pasa por una verdadera política de reforma en el sector energético.

TABLA 1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

2014-2018.

No.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

1

Reducir la vulnerabilidad de la población y de los sectores productivos, e incrementar su resiliencia

(4)

-Desarrollar, consolidar y modernizar instrumentos para la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático

-Aplicar acciones para reducir riesgos

-Fortalecer infraestructura estratégica

-Fomentar acciones de adaptación en sectores productivos

2

Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático

(6)

-Promover esquemas y acciones de protección, conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

-Incrementar y fortalecer conectividad de ecosistemas

-Prácticas agropecuarias forestales y pesqueras sustentables

-Desarrollar instrumentos que promuevan sustentabilidad y reducción de emisiones de actividades agropecuarias, forestales y pesqueras y disminuir vulnerabilidad ecosistémica

-Reducir amenazas ambientales por el cambio climático

-Restauración y gestión integral de cuencas hidrológicas

3

Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones

(6)

-Ejecutar proyectos de eficiencia energética

-Acelerar la transición energética a fuentes menos intensivas en carbono

-Desarrollar herramientas e instrumentos que faciliten la transición energética

-Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado

-Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable

- Promover desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (nama)

4

Reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando cobeneficios de salud y bienestar

(5)

-Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan emisión de carbón

-Reducir emisiones de metano en plantas de tratamiento de agua residual, rellenos sanitarios y en sectores petrolero y agropecuario

-Desarrollar instrumentos normativos que regulen emisión de ccvc

-Promover Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación que reducen ccvc

5

Consolidar la política nacional de cambio climático mediante instrumentos eficaces y en coordinación con entidades federativas, municipios, poder Legislativo y sociedad

(5)

-Crear y consolidar instituciones e instrumentos derivados de la lgcc

-Desarrollar e implementar instrumentos para consolidar la política nacional de cambio climático

-Desarrollar y utilizar instrumentos económicos, financieros y fiscales, que faciliten la aplicación de la política nacional de cambio climático

-Fortalecer esquemas e instrumentos de capacitación, investigación e información en materia de cambio climático

-Consolidar a México como actor comprometido y con responsabilidad global para fortalecer la cooperación internacional en materia de cambio climático

Elaboración propia con datos de CICC, 2014.

Respecto al Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014- 2018, se estima una mayor participación del gas natural en el sector eléctrico mexicano. A pesar de que se hace referencia al impacto decisivo de la mitigación, la reforma energética conlleva a un aumento de las actividades destinadas a la producción de hidrocarburos y a la expansión de la red eléctrica nacional, y con ello a un incremento en la generación de gases de efecto invernadero, tanto en las asignaciones a Petróleos Mexicanos como en la contratación de empresas privadas (Mendivil y Niño, 2016: 6).24 Es decir, se apuesta por aumentar la participación de energías limpias y por la captura y almacenamiento geológico de carbono, frente a una realidad productiva de sectores dinámicos de la economía, que no garantiza llevar a cabo los compromisos signados en materia de reducción de contaminantes.

Respecto a la implantación de mercados de bonos de emisión de carbono en México, éstos han complicado aún más el panorama, desde los mecanismos establecidos para acreditar la reducción de las emisiones hasta los impuestos al carbono o el establecimiento de un sistema de comercio de emisiones.25

La Estrategia Nacional para la Transición Energética en México es un mecanismo de planificación que sólo manejará el financiamiento externo y la inversión con fines de lograr la mitigación, pero no se prevé un cambio ni aplicación de energías renovables en mayores escalas. La “eficiencia energética”, así como la utilización de “energías limpias”, se reduce a la financiación y a la asignación de proyectos por parte del Ejecutivo y de las secretarías de Estado involucradas en un complejo sistema nacional de seguimiento y vigilancia de emisiones contaminantes. Los sectores que reportan más sustancias al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) han sido el químico, petróleo y petroquímica; el sector automotor y metalúrgico, junto con otros sectores industriales, como el de producción de celulosa y papel, entre otros.

La creación del Instituto Nacional de Ecología (LGCC, 2012, título tercero, capítulo 1, art. 13), INECC, como un organismo público descentralizado de la SEMARNAT, si bien plantea una política nacional de cambio climático, no hace más que corroborar que, en materia ambiental, en México, siguen modificándose las instituciones; y con ellas, sus atribuciones frente a sectores económicos en crecimiento, que son generadores de contaminantes.

Lo que no se negoció en 1994 dentro del regionalismo abierto que implicó la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quedó negociado con la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto. Garantizar el suministro de energía, conseguir la sostenibilidad ecológica y que exista un acceso justo a la energía son objetivos difíciles de lograr si no se establece una transición energética global. Algunos autores plantean que la crisis energética en México y en el mundo es, sobre todo, una crisis de injusticia internacional (Kofler y Netzer, 2014: 3-4).26

Al respecto, la página del gobierno mexicano plantea que, a pesar de que la inversión en petróleo se ha incrementado, es todavía insuficiente; y, al igual que el gas, su extracción es más difícil y más cara, por lo que “conviene que otras empresas, con el gobierno de la República, compartan los riesgos de extracción en zonas que no se han estudiado”; y a pesar de contar con un gran potencial energético, importamos 33% del gas natural, 50% de las gasolinas, 65% de los petroquímicos, 30% del gas lp y 70% de los fertilizantes (Presidencia, 2017, en red). La reforma energética se justificó para atraer inversiones en este sector, bajar precios y abrir posibilidades de empleos.

Las modificaciones constitucionales de los artículos 25, 27 y 28, dentro de la reforma energética en México, deja al Estado en un papel secundario frente a las inversiones privadas, al otorgar concesiones distintas a los hidrocarburos. Con la expedición y reglamentación de la Ley de Hidrocarburos (2014), se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con el fin de liberalizar la economía y, sobre todo, dar acceso a empresas extranjeras para invertir en el sector energético mexicano. Concretamente, la Ley de Hidrocarburos (2014), al establecer que la exploración y extracción de estos recursos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso (social) del territorio, dejará en la indefensión a los dueños actuales de la tierra, en beneficio de las empresas petroleras, ya sea para exploración, explotación o fracking.27 Greenpeace México (2014) informó, además, que las modificaciones a los artículos 38, 40, 43, 44, 48, 49 y 58 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio dará lugar a que la infraestructura relacionada con hidrocarburos se mantenga por encima de la planeación territorial (2014). 

Con esto se demuestran una parte de los retos y realidades de un país como México, que define su estrategia económica basando su desarrollo y su intercambio exterior a partir de una política energética que no es congruente con las declaraciones de México en los contextos internacionales sobre el cambio climático.

REFLEXIONES FINALES

El cambio climático es un tema de carácter global pero también intergeneracional (acumulativo), por lo que la comunidad internacional, a través de regímenes internacionales, actúa, a pesar de que la agenda actual se debate respecto a las disparidades en la distribución al asumir responsabilidades sobre la ocurrencia de estas emisiones. Desde la agenda internacional, se han enmarcado muchos de los debates actuales que mantienen atrapados a los países y a sus respectivas tecnocracias, porque establecen decisiones respecto a las lógicas del desarrollo, a las mediciones de las emisiones, a los estudios científicos y sus propios aparatos económicos.

Al respecto, el ambiente, en tanto un bien público, requiere de una estrategia de manejo contra los impactos del cambio climático que deberá tener en cuenta a diversos sectores de la población, más allá de los gobiernos federales. Por ello, los regímenes internacionales tendrán valor si se transforman a su vez en políticas nacionales y si se convierten en mecanismos de consensos sociales, que van desde los poderes locales, a las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las organizaciones de jóvenes, de mujeres, las instituciones de investigación y a los municipios, entre otros.

Si países como México parten del interés económico, reducir emisiones se dará donde esto sea menos costoso, por lo que el problema no cesa y las negociaciones se estancan. Es por ello que los países industrializados están indagando en torno a la búsqueda de mecanismos para que los países en vías de desarrollo (y también las denominadas economías en transición) acepten adoptar medidas de mitigación dentro de sus fronteras a cambio de inversiones y recursos financieros.

Las conferencias de las partes (cop) han medido la forma en la que cada uno de los países del sistema internacional enfrenta los costos/beneficios de los problemas ambientales, estableciendo pautas para la acción mediante las mayores certezas que se dan en las negociaciones comunes. Sin embargo, coincidimos con varios autores cuando plantean que el desarrollo del régimen multilateral de cambio climático incluye también áreas de conflicto potencial con regímenes preexistentes, como el del comercio internacional (Aguilar, Bouzas y Molinari, 2010: 34). Por una parte, Estados Unidos, país responsable de alrededor de la cuarta parte de las emisiones mundiales, más su posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace que nada sea viable sin su consentimiento. Las posiciones divergentes también se relacionan con la eventual aplicación del comercio de permisos de emisiones.

Otros países, como México, están adoptando medidas políticas y normativas recientes con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sin que se perciban modificaciones en la forma de producción de sus sectores económicos, lo que reduce su política ambiental a la mitigación y a la adaptación, pero no a la prevención ni la minimización de los gases de efecto invernadero.

La hipótesis principal de este artículo partió de la idea de que las amenazas al cambio climático tienen principalmente un referente económico que responde, en el caso de los países que han signado compromisos como México, a modelos y formas de producción específicas, en las cuales no se perciben cambios a mediano ni a largo plazo.

Hablar de cambio climático hace referencia tanto a eventos (debates) internacionales como a impactos locales, a posturas y compromisos estatales, pero también a estudios e investigaciones con el fin de comprender las formas de mitigación, adaptación o promoción de acciones de prevención, donde las prácticas locales demuestran la realidad que se vive en los territorios.

REFERENCIAS

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* El Colegio de San Luis.

CAPÍTULO 2. VULNERABILIDAD EN SITUACIONES DE DESASTRE

GEORGINA CALDERÓN*

INTRODUCCIÓN

La aportación más importante de la teoría social al estudio de los desastres ha sido el concepto de vulnerabilidad; y, aunque no se ha logrado separar del riesgo y la amenaza, esa categoría analítica ha sido fundamental para centrar la atención en las condiciones en las que vive la gente, y no sólo en las condiciones físicas o en los fenómenos naturales que se registran, para poder comprender y analizar los procesos de desastre.

Si bien las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI fueron las más fructíferas en términos teóricos y metodológicos para el análisis de la vulnerabilidad, a partir de entonces se han incorporado nuevos conceptos vinculados a ella, como la resiliencia. En este capítulo, analizaré principalmente el concepto, formulado por varios autores, que han elaborado las propuestas más significativas para el estudio de la vulnerabilidad, y con frecuencia lo contrastaré con el de algunas organizaciones internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En particular, deben ser consideradas las escalas y la articulación que hay entre ellas. En la agenda internacional de desastres, la escala local a menudo se concibe como de alta vulnerabilidad, las poblaciones parecen encadenadas a un círculo vicioso de reproducción de más debilidades por factores como ignorancia, desorganización, pobreza y otros semejantes. Dominan las consideraciones individuales y casi no se subraya el proceso por el cual unos grupos sociales han devenido en más vulnerables. Al discutir los diferentes contenidos del concepto de vulnerabilidad y su relación con los desastres, este capítulo tiene como finalidad contribuir al proyecto general ubicando las condiciones de vulnerabilidad en un plano diacrónico y local: ¿cómo se convierten en vulnerables los grupos sociales víctimas de un desastre?

LA VULNERABILIDAD, UN CONCEPTO POLISÉMICO

La categoría de vulnerabilidad es polisémica; y, aunque se comenzó a utilizar en los estudios de los desastres con autores cercanos a la teoría marxista, se ha tratado de quitarle el peso político del término cuando ha sido presentada desde las posturas sistémicas, fenomenológicas y de los empiristas lógicos, con el propósito de incorporar conceptos que dejan de ver el problema desde el punto de vista social para situarlo a escala individual, o a cualquier escala, pero sin considerar las condiciones sociales histórico-concretas.

El propio concepto de vulnerabilidad se utilizó y aún se hace desde todas las disciplinas escolares, y cada una le otorgó distintos significados, por lo que se le tuvo que agregar la característica de social para que en los estudios se especificara cuál era la dirección en el uso del término.

La definición que se repite con más frecuencia dice que “la vulnerabilidad se entiende como un proceso multidimensional que confluye en riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones internas o externas” (Busso, 2001: 8). Es difícil aclarar a qué se está refiriendo una definición tan amplia como ésta, y se hace necesario conocer el contexto de lo que se pretende explicar, aunque, en el caso de los estudios sobre desastres, la palabra vulnerabilidad se encuentra generalmente atada a algún fenómeno natural.

Blaikie, Cannon, Davies y Wisner (1996) ofrecen una definición práctica: “Por vulnerabilidad entendemos las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad” (1996: 30). Si bien en la definición no se puede apreciar la fuerza del concepto a lo largo del libro citado, en la explicación sobre por qué la gente es vulnerable, los autores abundan sobre las causas y las escalas de análisis para llegar a la profundidad de las condiciones de vulnerabilidad de la gente y no sólo como producto de una “amenaza natural”, como expresa la definición, anotando que “el punto clave es la importancia que le damos a las formas sociales para la explicación del desastre” (1996: 31).

Estos autores sitúan la vulnerabilidad de las personas o grupos ligada a los fenómenos naturales, pero puntualizan la importancia que tienen distintos sujetos sociales a diferentes escalas de análisis, lo cual posibilita comprender las variaciones de los efectos de cómo el modo de producción, el ejercicio del poder, el tipo de políticas públicas, los movimientos financieros o cualquier práctica en el orden internacional llegan a afectar a otras escalas menores.

En el documento que Gustavo Busso preparó para el seminario internacional “Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe”, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, en junio de 2001, presenta una propuesta metodológica de análisis de la vulnerabilidad, en donde también pone la atención en las condiciones económicas y políticas dentro de las cuales se gesta la vulnerabilidad, y hace un apartado, que denomina “Contexto socioeconómico a inicios del siglo XXI”.

Los trabajos de Gustavo Busso y Blaikie tienen diferencias significativas. Busso se ubica en el contexto de una propuesta para tratar de implantarse por parte de los gobiernos dentro del área de América Latina y el Caribe, mientras que el libro de Blaikie et al. está elaborado con fines académicos. Esta diferencia es fundamental y ha sido un problema en los estudios sobre situaciones de desastre porque suele confundirse la finalidad de los estudios y, por tanto, se utilizan de manera errónea conceptos definidos para un cierto objetivo.

Si bien el estudio de los desastres siempre se ha situado cercano a los tomadores de decisiones y a las agencias internacionales, hay diferencias sensibles si presentan una orientación u otra. En este caso, la propuesta de Gustavo Busso incluye las propuestas originadas con fines académicos en las que se consideran las condiciones económico-políticas en las distintas escalas, para poder entender las condiciones variables de la vulnerabilidad.

Desde la década de los setenta, y con la apuesta del sistema capitalista a la instauración del modelo neoconservador a escala mundial, con la finalidad de obtener mayor acumulación para los que tienen en sus manos los medios de producción, se inició una diferenciación a mayor escala entre los países centrales y los periféricos, y, a su vez, se suscitaron brechas más amplias en todos los países.

Este cambio tuvo consecuencias devastadoras en América Latina ya que produjo una mayor desocupación de trabajadores y mayor inestabilidad en el empleo, unida a una declinación sostenida en los salarios y una pérdida de las conquistas sociales conseguidas a lo largo del siglo xx, como fue una mayor cobertura en la educación y en los servicios de salud.

Considerando las estadísticas de la CEPAL del año 2000, dentro del trabajo de Gustavo Busso, el crecimiento fue más bajo de lo esperado para la región y las brechas de la pobreza se agudizaron desde la década de los ochenta. El nuevo patrón de desarrollo reflejó desde entonces un retroceso en la movilidad social y una mayor inequidad de los ingresos, e incluso los niveles de desigualdad se ubicaron entre los más altos del mundo.

Las recomendaciones para mejorar el ingreso y acortar las desventajas sociales de los pobres, que en algunos países como México rebasan el 50 por ciento de la población, se puede llevar a cabo mediante el fortalecimiento de los derechos, los recursos educativos, los trabajos con mejor salario y los bienes personales y de los hogares. El aspecto de preocupación principal es el trabajo; al aumentar las tasas de desempleo junto con la precariedad laboral y la pérdida cada vez mayor del poder adquisitivo de los ingresos, se ha fomentado un proceso de empobrecimiento al que los gobiernos han ayudado en su profundización.

Estas transformaciones han impactado de manera negativa a los hogares en virtud de los cambios en las estructuras, tamaño del hogar, índices de dependencia; todas ellas pueden provocar una mayor vulnerabilidad por las condiciones desfavorables en la inserción a la escuela, al mercado laboral, a la pérdida de empleos, a una alimentación sana, en fin, a todos los recursos de la sociedad para su reproducción.

De acuerdo con las características estructurales de los diferentes hogares, cuando se presenta una situación de crisis o de desastre, hace que la evaluación de la vulnerabilidad sea diferente y la familia enfrente la situación de manera que pueda superar el momento que rompe la mayoría de las veces con las estrategias y los esfuerzos que como hogar han venido desplegando para una mejora en sus condiciones de vida.

Tomando en cuenta ese contexto, Busso ubica el estudio de la vulnerabilidad considerando, sobre todo, los diferentes activos con que cuentan los diversos grupos sociales para enfrentar los cambios externos. Los activos los divide en físicos, financieros, humanos y sociales, que incluyen, entre los físicos, los medios de vida y los medios de producción, los cuales son los que se utilizan no sólo para reproducir y mantener la vida en el hogar, sino también para obtener los ingresos o el intercambio de bienes. Los activos financieros son los recursos del hogar utilizados en el sistema financiero formal e informal. Los humanos se consideran cantidad y calidad de fuerza de trabajo del hogar y las inversiones que se realizan en ella en términos de una mayor cualificación. Y los activos sociales considerados como las relaciones sociales y los lazos de reciprocidad así como los derechos que todos ellos resguardan.

Desde este punto de vista, los activos que pueden generar ingresos se llevan a cabo a partir de la combinatoria de, principalmente, cuatro elementos: 1) el acervo de activos generadores de ingreso que posee cada persona u hogar; 2) la tasa a la que utilizan dichos activos para generar ingresos; 3) el valor de mercado de los activos generadores de ingresos; y 4) las transferencias, legados y subsidios recibidos independientemente de los activos poseídos (Busso, 2001).

La vulnerabilidad, de acuerdo con el planteamiento de Busso, y el de Blaikie y colaboradores, se estudia y se atiende en términos oficiales a escala hogar o familiar, que si bien no lo definen con exactitud, no lo consideran como lo hace la resiliencia a la escala del individuo, y lo amplían hasta la escala de comunidad y ciudad.

Para los estudiosos de la vulnerabilidad social, es entre los miembros del hogar que se pueden llevar a cabo y contabilizar las estrategias y los preparativos para tener una capacidad de respuesta no sólo ante la presencia de un fenómeno natural, sino también ante las situaciones de crisis económicas, la muerte de algún familiar o cualquier situación que requiera poner en movimiento las tácticas que permitan enfrentar las adversidades sin mucho descontrol familiar y siempre buscando mejorar las condiciones de vida. Estas últimas se modifican frecuentemente por finalidades y causalidades dentro de la familia y por los cambios económicos, políticos y sociales a diferentes escalas.

Los hogares tienen mucho mayor control de las estrategias que dependen de la vida social de los integrantes de la familia, mediada por las transformaciones que se llevan a cabo en las otras escalas. De acuerdo con Busso (2001), se pueden considerar dentro de estas estrategias familiares: 1) nuevos matrimonios y la conformación de otros hogares, que si bien pueden ser más personas para alimentar, también son nuevos activos humanos y sociales que ingresan al hogar; 2) la cantidad y espaciamiento de los hijos, lo cual es de la mayor importancia por el cuidado y el gasto de energía familiar que requieren, así como la inversión, principalmente en educación; 3) preservación de la vida y cuidado de la salud, que incluyen la búsqueda e inversión en una buena alimentación para todos, que lleve a una reproducción social más saludable que evite estar gastando en médicos de forma permanente; 4) el lugar de residencia y el tipo de vivienda para el hogar en donde puedan llevar una forma de vida saludable; 5) movilidad territorial la menor posible en función del gasto y el cansancio que representan las grandes distancias; 6) socialización del hogar, que corresponde con la ampliación o no de las redes sociales familiares, que pueden ser parte del soporte familiar en circunstancias adversas; 7) el trabajo por edad y sexo, que significa la llegada de recursos para la reproducción familiar; 8) los niveles de consumo familiares y per cápita que deben satisfacerse a partir de las características de los puntos anteriores; 9) la inversión en activos físicos, financieros, humanos y sociales, que, como se analizó anteriormente, es primordial para que el hogar obtenga mejores condiciones, y 10) los tipos de cooperación extrafamiliar, cuya ayuda permite tener más apoyo en circunstancias difíciles.

Todas las estrategias son cambiantes y se utilizan de distintas formas de acuerdo con el proceso histórico familiar y, por supuesto, si se están considerando familias en áreas rurales o urbanas, lo que lleva a necesidades y consideraciones diferentes. La formación de una nueva familia requiere recursos y esfuerzos distintos a los necesarios si los hijos están en edad escolar o si ellos ya trabajan y, aunque no aporten dinero a la familia, puedan mantenerse por ellos mismos. Por tanto, la escala hogar requiere estudios profundos en los momentos de crisis y en situaciones de desastre porque evidenciarán los niveles de vulnerabilidad del hogar considerando no sólo el acceso a los recursos de la familia, sino también las estrategias que han tomado a lo largo de su vida.

Si los activos de los hogares sufren trastornos que no les permiten enfrentar situaciones de desastre, se considera que se encuentran en una fragilidad e indefensión ante cambios en el entorno.

Estos cambios están asociados con el llamado desamparo institucional (Estado), que la sociedad supone que le tiene que suministrar el gobierno en virtud no sólo de los impuestos que paga, sino también porque son los representantes de la población y se nombran, teóricamente, para responder por ellos; se espera de ellos la intervención permanente de acuerdo con las circunstancias para ayudarlos a distribuir los activos sociales.

La debilidad interna para afrontar los cambios está relacionada con las características del hogar, pero no en el sentido que lo trata la resiliencia; siempre deben considerarse las condiciones sociales en las cuales se encuentran las unidades domésticas.

Además, la vida sin acceso a los recursos conlleva una inseguridad permanente que, de acuerdo con los estudios realizados académicamente, pueden presentar situaciones de paralización o incapacitación para actuar en las situaciones en donde hay que tomar decisiones que lleven a la familia a actuar en situaciones de desastre, o cuando se manifiesta la vulnerabilidad por cambios económicos, políticos y sociales que no conlleven a incrementar la vulnerabilidad.

La vulnerabilidad se relaciona de esta manera con la posibilidad de captar cómo y por qué los diferentes grupos, sectores, y, sobre todo, hogares y familias están sometidos a procesos que atentan contra su subsistencia y capacidad de acceso a mayores niveles de bienestar.

La noción es compleja porque expresa en diferentes escalas de análisis y en las dimensiones del desarrollo de las condiciones de vida social a las que se refiere (económica, política, cultural, ambiental), lo cual está cambiando y permanentemente requiere de trabajos a profundidad que permitan articular las escalas en las cuales se está moviendo y articulando la vulnerabilidad.

De cualquier forma, entre las respuestas que con mayor frecuencia se suelen encontrar en los hogares y que corresponden con lo planteado por Busso (2001), se pueden señalar las siguientes:

Movilización de activos, que supone la puesta en marcha, de preferencia de manera permanente, no sólo para reaccionar, sino también para anticipar los cambios de la familia, tanto por circunstancias internas como externas. Sin embargo, la mayoría de las personas en el mundo no tienen las condiciones no sólo para prevenir, sino, mucho menos, para reaccionar de manera expedita en situaciones críticas.

Una condición indispensable para prepararse y pensar en disminuir la vulnerabilidad es la diversificación de actividades para valorar activos, que con dificultad lo pueden hacer las familias y los grupos sociales de forma individual; se requiere que las condiciones sociales estén apoyadas por los gobiernos con mayor cantidad de activos que permitan a los hogares, mediante un esfuerzo que no sea muy grande, tener mejores condiciones y, por tanto, menor vulnerabilidad.

La adquisición de seguros formales e informales contra adversidades es una sugerencia; no obstante, sólo en los países centrales, o entre las clases burguesas de los países periféricos, se toman estas previsiones. Para otras clases menos privilegiadas, las relaciones sociales y los amigos siguen siendo los principales apoyos, o acuden a los prestamistas, que les cobran muy altos intereses; y aunque se sigue promoviendo por todos los sujetos gubernamentales y organismos internacionales la compra de seguros, lo cierto es que en los países periféricos una porción muy pequeña de la sociedad los pueden tener.

Estas respuestas suelen operar como estrategias individuales, familiares o grupales, basadas en el mercado o en el acceso a recursos por medio de las políticas públicas locales, regionales y nacionales. El problema es que el mercado difícilmente soluciona o permite la solución a la mayoría de la población porque lo que hace es diferenciar a la sociedad cada vez más, sobre todo desde la instauración del modelo neoliberal en el mundo.

ESTUDIOS SOBRE VULNERABILIDAD

En la mayoría de los estudios realizados por los académicos y los organismos internacionales que han llevado a cabo análisis de la vulnerabilidad, no sólo se han centrado en comprender el proceso siempre variable de la vulnerabilidad, sino también en su posible medición, así como en la forma de enfrentarla. Sin embargo, la condición de cambio permanente requiere un acercamiento constante a las variaciones de las condiciones en el hogar, que difícilmente se lleva a cabo en los estudios académicos, y mucho menos dentro de los organismos internacionales, cuya acción es más reactiva que preventiva. Entre los ejemplos que presenta Busso (2001), se tienen los trabajos de autores que no sólo definen la vulnerabilidad, sino también la escala de trabajo y algunas medidas para disminuirla.

Caroline Moser (1998) define la vulnerabilidad como la carencia de activos o la incapacidad de la población para movilizarlos, y la relaciona con la cantidad de los recursos disponibles de los hogares para enfrentar estados de shock o adaptarse a cambios extremos en general. Propone apoyar las capacidades gerenciales y el fomento al capital social para disminuirla.

Rubén Kaztman (2000) la define como la incapacidad en los hogares de controlar las fuerzas que lo afectan, a partir de un desajuste de activos y una falta de acceso a las estructuras de oportunidades sociales. Propone identificar y promover activos para reducir la segmentación y acercarlos a las estructuras de oportunidades.

Para la cepal, en 1992 (Busso, 2001), la vulnerabilidad es el riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, y la escala son las personas y los hogares; tiene que ver con los ingresos bajos de la etapa de crisis, y su propuesta son apoyos focalizados con reforzamiento de los ingresos de las personas y la promoción de subsidios en caso de caída de los ingresos.

La CEPAL unida al Banco Interamericano de Desarrollo algunos años después, y dentro de la década para la Reducción de Desastres Naturales (2000), en su definición, la relaciona con los desastres naturales y cómo éstos causan daños en la economía, la vida humana y el ambiente. Para ambos organismos, las escalas son los países, territorios o comunidades con probabilidad de tener afectación por un desastre natural. Y su propuesta se centra en la gestión integral del riesgo fortaleciendo la capacidad macroeconómica, promoviendo la coordinación de políticas regionales; invertir para reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales, incrementando la capacidad organizativa y participativa de las comunidades, el sector privado, el gobierno y la comunidad internacional.

El Banco Mundial (Busso, 2001) también la relaciona con la pobreza y la define como la incapacidad para reducir o mitigar riesgos a choques extremos adversos; está centrado en los individuos pobres y propone incrementar las oportunidades económicas para las poblaciones con menos recursos por medio de estimular el crecimiento económico, la construcción de mercados multiplicando los activos de los pobres como la tierra y la educación.

Attanasio y Székely (1999), en la revista del Trimestre Económico, trabajan la pobreza a partir del análisis de los activos; como Gustavo Busso, analizan la vulnerabilidad y lo hacen a escala de América Latina, en virtud del aumento de la pobreza en toda la región después de más de una década del proyecto neoconservador en la zona.

Rodríguez Vignoli (en Bajraj, Villa y Rodríguez, 2000), también ligado a la CEPAL, analiza la vulnerabilidad demográfica, pero en lugar de estudiarla en términos de activos sociales, sitúa el estudio como una faceta de las desventajas sociales y toma como ejemplos lo que sucede en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. Define la vulnerabilidad como un conjunto de características demográficas de las unidades domésticas que, en una sociedad moderna, limitan la acumulación de recursos. La escala de trabajo es el hogar.

Pizarro (2001) relaciona la vulnerabilidad con el nuevo patrón de desarrollo y con la heterogeneidad productiva de la zona, y cómo el empleo se ha ido precarizando cada vez más, lo que ha creado mayor vulnerabilidad y pobreza.

Perona, Crucella, Rocchi y Silva (2001) definen vulnerabilidad como “aquella diversidad de ‘situaciones intermedias’ y al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio de exclusión. Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza, si bien la incluye. Esta última hace referencia a una situación de carencia efectiva y actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende esta condición proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a partir de ciertas debilidades que se constatan en el presente” (2001: 5).

Por último, Blaikie, Cannon, Davis y Wisner (1996) presentan el modelo de presión y liberación, y lo definen como “una herramienta relativamente simple que muestra cómo los desastres se presentan cuando las amenazas naturales afectan a la gente vulnerable. Su vulnerabilidad está arraigada en procesos sociales y causas de fondo que finalmente pueden ser totalmente ajenas al desastre propiamente dicho” (1996: 46). Y destacan el modelo de acceso, donde se analizan los factores principales del modelo de presión y liberación con la vulnerabilidad y la exposición a la amenaza.

Los autores citados incluyen la amenaza para explicar el desastre; sin embargo, en esta ocasión sólo se analizarán los dos modelos para el estudio de la vulnerabilidad.

En la cadena de explicación del modelo de presión y liberación, las causas más distantes son las de fondo, que son “un conjunto de procesos extensos, bien establecidos dentro de la sociedad y la economía mundial […] son procesos económicos, demográficos y políticos que afectan la asignación y distribución de recursos entre diferentes grupos de personas” (1996: 47).

Tiene que ver con el modo de producción imperante; en nuestro caso, el modo de producción capitalista, mediado por lo cultural, lo ideológico, etc. Las causas de fondo son las que explican en la escala mundial el desarrollo desigual, la lucha de clases, la corrupción, la impunidad que el sistema necesita para su perpetuación.

En una escala menor se encuentran las presiones dinámicas, que son “procesos y actividades que ‘traducen’ los efectos de las causas de fondo en vulnerabilidad de condiciones inseguras […] canalizan las causas de fondo hacia formas particulares de inseguridad” (1996: 49). Entre ellas, colocan al crecimiento exponencial de la población, enfermedad epidémica, urbanización rápida, guerra, deuda externa y ajuste estructural, promoción de la exportación, minería, desarrollo hidroenergético y deforestación. Cada una de ellas incide en convertir las causas de fondo en condiciones inseguras para la población.

Las causas de fondo, las presiones dinámicas y las condiciones inseguras se están modificando a velocidades diferentes y de acuerdo con las formas particulares de manifestación en los distintos lugares. Considerar la variabilidad es importante para dar cuenta de las transformaciones que registra el modo de producción para ser viable, lo cual repercute en la generación de la vulnerabilidad de los grupos sociales. No obstante, todavía falta mucha investigación sobre las vinculaciones entre vulnerabilidad y procesos mundiales, porque la mayoría de los estudios se sitúan en procesos locales y no consideran los procesos mundiales como explicativos de los procesos particulares.

La cadena explicativa, que se inicia con las causas de fondo, sigue con las presiones dinámicas para llegar a las condiciones inseguras y termina al considerar cómo estas condiciones inseguras se relacionan con los procesos económicos y políticos que asignan activos, ingresos y todo tipo de recursos en una sociedad. No sólo las desigualdades que crea el sistema a escala mundial, sino también el acceso diferencial a los recursos, incluidos los recursos ambientales que son básicos para la reproducción social, son fundamentales para exponer los cambios de la vulnerabilidad a escala local.

Ya que el acceso está considerado como “la posibilidad de un individuo, familia, grupo, clase o comunidad de usar recursos que se requieren directamente para asegurar la subsistencia. El acceso a esos recursos siempre se basa en relaciones económicas y sociales, que incluyen generalmente las relaciones sociales de producción, género, etnicidad, estatus y edad” (1996: 77). En términos generales, la escala aceptada es la del hogar.
Por hogares entenderemos “aquellos que comparten arreglos comunes de comida que coinciden con unidades de producción, cada una con un rango o perfil de recursos y activos que representa su nivel de acceso particular. Éstas pueden incluir tierra de diversas cualidades, ganado, herramientas y equipos, capital y acciones, reservas de alimentos, joyería, así como también fuerza de mano de obra y habilidades especializadas” (1996: 79).

El derecho asegura el acceso a los recursos; sin embargo, éstos pueden cambiar por situaciones de desastre o por relaciones diferenciales de fuerza. Por tanto, el perfil de vulnerabilidad de una persona estará representado por el acceso a los recursos que posee cada sujeto y se potenciará o disminuirá dentro del hogar al sumar los perfiles de las personas que conforman la unidad doméstica. Y se modificará de acuerdo con la historia de la familia y las características del momento del desastre.

Busso (2001) denomina el acceso a los recursos como el conjunto de oportunidades, y está definida “como la posibilidad de acceso a los mercados de bienes y servicios para realizar intercambios y transacciones, con la posibilidad de [obtener] empleo, protección social y […]derechos de ciudadanía que permita el nivel de bienestar” (2001: 13).

Para Busso, el Estado y el mercado no sólo tendrían que generar un escenario propicio para el desarrollo económico, político, sociocultural y ambiental; necesitan también fortalecer la cantidad, calidad y diversidad de los activos para disminuir la vulnerabilidad. Los organismos internacionales y el Estado debieran ser responsables de promover propuestas de desarrollo; sin embargo, ninguno lo lleva a cabo. Cuando le corresponde actuar al Estado, lo hace poniendo atención a los intereses del mercado y nunca de la población, mientras que la única preocupación del mercado es obtener mayores ganancias, aun en situaciones de desastre.

Por tanto, las políticas sectoriales de educación, salud, vivienda y empleo actúan sobre los diferentes tipos de activos y sobre la capacidad de respuesta de los individuos, hogares y comunidades.

Por su modificación constante, medir la vulnerabilidad presenta algunos problemas metodológicos, entre los que se encuentra considerar el carácter anticipatorio como un aspecto básico para la operatividad del concepto. Otro de los problemas es la generación de información por medio de encuestas a hogares sobre dotación de activos.

Tendría que haber una protección por parte del sector público, ya que es de vital importancia para los grupos de mayores desventajas y que quedan excluidos de los mecanismos de mercado. Formas de acceso, niveles de cobertura y calidad de servicios públicos, que en casi todos los países de América Latina no se lleva a cabo o se ofrecen de muy mala calidad.

La vulnerabilidad supone, por tanto, una mutabilidad en el tiempo que se relaciona con las variaciones de los activos y del conjunto de oportunidades a los que tienen acceso los integrantes de los hogares, aspecto primordial para la planeación de un estudio sobre el tema.

COLOFÓN: RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y SOCIAL FRENTE A LA VULNERABILIDAD

La responsabilidad pública se expresa en las reglas de juego y los incentivos que brinda a la sociedad civil y al mercado por medio de las políticas macroeconómicas, sociales, ambientales e infraestructurales que propician el escenario en donde se desenvuelven las estrategias de los hogares, y que en términos generales responden y están dentro de la lógica del sistema capitalista en que se encuentra inmerso. Los recursos, cuando se presenta una situación de desastre, se canalizan hacia la infraestructura y se usan para ayudar a los dueños de los medios de producción, con el argumento de que son los que proporcionan trabajo. Pero en muchos casos se pierden los trabajos, que no se recuperan aunque aquéllos reciban la ayuda gubernamental.

Dentro de todos los estudios, se recomienda que los gobiernos deben poner atención y promover cuatro aspectos fundamentales para que la población cuente con las condiciones sociales que disminuyan su vulnerabilidad:

El tipo de políticas públicas que se recomiendan a los gobiernos, y que deben encontrarse referidas al crecimiento económico. Sin embargo, se olvidan de que, cuando se refieren al crecimiento económico, no se está considerando la distribución de la riqueza. El crecimiento económico no garantiza mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. En los últimos veinte años, México ha crecido por debajo del índice de crecimiento poblacional.

La equidad social también está considerada como una condición necesaria para disminuir la vulnerabilidad. Equidad que se confunde o equipara con la igualdad social y se corresponde con un conjunto de ideas, creencias y valores sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos sociales, y teóricamente supone la aplicación de los derechos y obligaciones de las personas de un modo justo y equitativo, sin importar el grupo o clase social a que pertenezca cada persona. Se trata de evitar la desigualdad social posibilitando el acceso a los recursos de la sociedad y derechos fundamentales como la salud y la educación. Lamentablemente, permanecen las ideas y los discursos en buenas intenciones; está referida a una retórica por completo opuesta a la realidad, inmersa en un sistema económico que lo usa como bandera pero actúa de manera contraria.

Lo mismo sucede con la considerada sustentabilidad ambiental, que se ha convertido en un discurso preocupado por las futuras generaciones pero no por las presentes. Un discurso centrado en los países periféricos pero no en los centrales; los que deben cuidar los recursos son las personas pero no los capitalistas, además de sustentarse en la privatización no sólo de las áreas —a las que en todo momento se les asignan nombres diversos, como áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, etc.—, sino también de los germoplasmas y las técnicas y métodos para la transformación de la base material de las sociedades.

De la misma forma, se promueve la participación y la seguridad ciudadana con fines de disminuir la vulnerabilidad; sin embargo, la participación sólo se lleva a cabo a partir de llevar propuestas a mesas de diálogo o a buzones de comentarios, sin permitir una intervención democrática en la toma de decisiones.

Es importante, como se dijo anteriormente, incluir dentro de los estudios, como lo presentan Blaikie y colaboradores, el análisis de las causas estructurales que son consideradas las causas profundas (desempleo estructural, el país en el contexto internacional, los niveles altos de pobreza, la invalidez física o mental, la falta de infraestructura, la degradación ambiental, el origen étnico y el género).

La coyuntura económica internacional presenta permanentemente una volatilidad de los mercados, aumento en la informalidad y la precarización laboral, variaciones en los salarios reales, el retiro del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, educación, protección social y cambios en las familias, que ha llevado a un aumento significativo de la vulnerabilidad en todas las escalas.

Por último, no hay que dejar de lado que las preocupaciones más importantes para el estudio y análisis de la vulnerabilidad tienen que ver con el desempleo en los países o regiones; la cobertura y calidad de la educación que se imparte en todos los niveles educativos; la cantidad y calidad de los trabajos que se ofrecen y, sobre todo, el pago de un salario que le permita al trabajador y su familia reproducirse socialmente sin carencias para combatir de forma continua los altos niveles de pobreza. Un aspecto de primera importancia es el permanente combate a la corrupción no sólo a partir de promulgar leyes, sino aplicando las existentes y no dejando que los corruptos permanezcan en puestos públicos o privados.

Referencias

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BAJRAJ, Reynaldo, Miguel Villa y Jorge Rodríguez (2000). Población y desarrollo en América Latina y el Caribe: un desafío para las políticas públicas. Santiago de Chile: CEALDE.

BLAIKIE, P., T. Cannon, I. Davis y B. Wisner (1996). Vulnerabilidad. El entorno social, político y económico de los desastres. Lima: La Red.

BUSSO, Gustavo (2001). Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de https://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/8283/GBusso.pdf (acceso: 10/04/2017).

KATZMAN, R. (2000). “Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social”, en 5 Taller Regional. La medición de la pobreza, métodos y aplicaciones. Aguascalientes, México: BID / BIRF / CEPAL, pp. 275-301.

MOSER, Caroline (1998). “The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies World Development”, Elsevier Science, vol. 26, núm. 1, pp. 1-19.

PERONA, N., C. Crucella, G. Rocchi y S. Robin (2001). Vulnerabilidad y exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio de las condiciones de vida de los hogares. Recuperado de http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-254.pdf (acceso: 17/04/2017).

PIZARRO, R. (2001). “La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina”, en Serie de estudios estadísticos y prospectivos, núm. 6. Santiago de Chile: Cepal.

* Colegio de Geografía, UNAM.

CAPÍTULO 3. LA MEDICIÓN DE VARIABLES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA HUASTECA POTOSINA: ENTRE LO INSTITUCIONAL Y LO LOCAL

JUAN ALBERTO VELÁZQUEZ ZAPATA*

EDGAR TALLEDOS SÁNCHEZ**

INTRODUCCIÓN

Este trabajo evalúa la situación de la red hidrometeorológica para la vigilancia del clima en la Huasteca potosina. En los últimos años, la medición y el registro de las variables hidrometeorológicas han pasado de una forma manual a la automatización. Uno de los argumentos para este cambio es la necesidad de contar con mejor información hidrometeorológica para adaptarse al cambio climático. Al respecto, en este capítulo se discute la fallida política nacional de modernización de la red hidrometeorológica.

Por otro lado, los sistemas de alerta temprana hidrometeorológica permiten prever con antelación situaciones de emergencia provocadas, por ejemplo, por los ciclones tropicales. En este sentido, en el presente texto se hace un análisis de los ciclones tropicales que han provocado precipitaciones en la Huasteca potosina y da un acercamiento a los sistemas de alerta temprana usados en la región.

Por último, en este trabajo se discute el papel que podrían tener los sistemas de vigilancia y de alerta temprana basados en los conocimientos locales del clima. Como el lector puede notar, los tres aspectos abordados atañen directamente al proyecto de investigación global y buscan aportar, en un sentido preciso, de qué manera las medidas de alerta estatal y regional se fundan en información de calidad y fortalecen las decisiones y buenas prácticas locales.

LA RED HIDROMETEOROLÓGICA EN LA HUASTECA POTOSINA

El objetivo de la vigilancia de las condiciones de la atmósfera y de las aguas superficiales tiene diversas finalidades; la principal es conocer las condiciones hidrometeorológicas adversas que afectan a las personas, a sus propiedades y a sus comunidades. Esta información es utilizada por los sistemas de alertamiento temprano y por el sistema de Protección Civil para sus funciones. Otra finalidad de la información hidrometeorológica es la de orientar, por parte de instancias gubernamentales, la producción agrícola. Por último, la información hidrometeorológica es aprovechada por la industria de la generación de energía eléctrica que emplea el agua de escurrimientos superficiales en su proceso. En la zona de estudio, la Huasteca potosina, la información hidrometeorológica se usa para estas tres finalidades.

La Huasteca es una región geográfica y cultural del centro-este de México, definida por la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. En el estado de San Luis Potosí, comprende la zona oriental, de clima semicálido húmedo. Destacan en importancia los ríos Santa María, Valles, Verde, Tampaón y Moctezuma, los cuales se alimentan por la precipitación abundante entre los meses de marzo a octubre. La Huasteca ha sufrido una serie de transformaciones urbanas económicas y sociales, donde el turismo, la actividad petrolera y la instalación de un conjunto de empresas (cementeras, jugeras, de generación eléctrica, etc.) utilizan la red fluvial como vía de desecho de agua doméstica e industrial. La figura 1 muestra la red de corrientes principales de la Huasteca potosina así como la red de estaciones hidrometeorológicas en la zona de estudio.

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LAS CORRIENTES PRINCIPALES Y LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DE LA HUASTECA POTOSINA.

Elaboración propia.

Existen diversos tipos de estaciones que generan información hidrometeorológica en la región:

a) Estaciones meteorológicas convencionales: son estaciones donde se mide y se registra la información manualmente; las variables de interés son la temperatura máxima diaria, mínima diaria y ambiente. Además, cuentan con un pluviómetro para medir la cantidad de precipitación, un evaporímetro para medir la evaporación y una veleta que indica la velocidad y dirección del viento. Los técnicos no solamente miden con instrumentos las variables hidrometeorológicas; también usan su conocimiento local del clima y lo aplican para sustentar sus observaciones en los registros oficiales. Por ejemplo, la velocidad del viento no se mide, sino que el técnico da una apreciación personal, llamada “líneas”; así, una línea quedará registrada como una velocidad del viento de 7 m/s. Asimismo, los técnicos reportan una apreciación general del tiempo meteorológico en una escala que se clasifica en frío, fresco, templado y caluroso, y lo reportan en su registro. Los técnicos, por su parte, calculan la altura de las nubes usando como referencia la altura de cerros cercanos.

El encargado de la medición realiza el registro cada 24 horas, y esto se reporta por radio a las centrales de Ciudad Valles o Tampico. Las hojas de registros mensuales son enviadas a la ciudad de San Luis Potosí para su procesamiento informático. La figura 2 muestra el equipamiento de una estación de este tipo. Cabe destacar que en las estaciones automáticas convencionales no existen instrumentos que registren la intensidad de la precipitación en cierto intervalo (pluviógrafos); este dato es necesario para saber si la precipitación registrada fue débil, moderada o fuerte.

FIGURA 2. ESTACIÓN METEOROLÓGICA MICOS.

Fotografía de los autores.

b) Estaciones automáticas: una estación meteorológica automática (EMA) es un conjunto de sensores que registran la información del tiempo meteorológico y lo transmiten, por medio de señales satelitales, a los centros del Sistema Meteorológico Nacional (SMN). Las variables que se recopilan, en intervalos de diez minutos, son la velocidad y la dirección del viento, la presión atmosférica, la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y la precipitación. La información generada se envía cada tres horas al centro de recopilación. Sin embargo, cuando la fuente de energía solar no funciona y no pueden transmitir, estas estaciones almacenan la información y un técnico es responsable de recopilar manualmente los archivos generados. La figura 3 muestra una estación automática típica.

FIGURA 3. EMA DE ESTACIÓN MICOS.

A la izquierda se observa la torre con la canastilla de aforo y una escala para estimar el nivel del río durante las crecidas. Fotografía de los autores.

La medición de caudales de los ríos se realiza en las estaciones hidrométricas. El caudal de un río es la cantidad de agua que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo. Los registros del flujo de la corriente se utilizan, entre otros, como información para el diseño de proyectos de abastecimiento de agua o como información que servirá de base para los sistemas de alerta de protección civil ante las crecidas de los ríos y cauces de agua. El caudal se mide manualmente o bien por medio de un sistema automático. La figura 4 muestra la localización de las estaciones hidrométricas en la zona de estudio. La medición del caudal manual se realiza con el método de área-velocidad, esto es, la profundidad de un río en la sección transversal se mide en diversas verticales con una sonda. La velocidad se obtiene con un molinete en varios puntos de la vertical. La medición del ancho, de la profundidad y de la velocidad permite calcular el caudal correspondiente a cada segmento. La suma de los caudales de estos segmentos representa el caudal total. Las figuras 5 y 6 muestra los instrumentos utilizados para la estimación del caudal.

FIGURA 4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN LA ZONA DE ESTUDIO.

Se muestra el nombre de la estación y, entre paréntesis, la corriente aforada. Elaboración propia.

FIGURA 5. ANTIGUA VELETA Y ESCANDALLO PARA MEDIR VELOCIDAD DE LA CORRIENTE DEL RÍO MICOS.

Fotografía de los autores.

FIGURA 6. ANTIGUA CANASTILLA UTILIZADA PARA POSICIONARSE SOBRE EL RÍO Y REALIZAR EL AFORO EN EL RÍO MICOS.

Fotografía de los autores.

La medición de los caudales en las estaciones visitadas ya no se realiza desde hace varios años, por ejemplo, en la estación Micos lleva dos años sin realizarse. Por otra parte, el personal encargado de las estaciones meteorológicas realiza mediciones de niveles del río cercano a ellas. Las mediciones se hacen con una o varias escalas, y son registradas y reportadas por radio. En temporada de lluvias, las mediciones se realizan cada tres horas, con ayuda de personal auxiliar contratado temporalmente.

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

Se identificaron 97 estaciones climatológicas convencionales y 15 estaciones meteorológicas automáticas (EMA) operadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la zona de la Huasteca potosina y en zonas cercanas de estados vecinos (figura 1). Cabe mencionar que es común que las estaciones meteorológicas convencionales y las EMA se localicen en el mismo sitio, dentro de los terrenos que pertenecen a la CONAGUA. Sin embargo, los sistemas están separados y los técnicos a cargo de las estaciones convencionales no tienen responsabilidad de las EMA, ni siquiera para la limpieza del terreno donde se encuentran. El mantenimiento de las EMA es proporcionado directamente por la CONAGUA. Cuando una EMA deja de registrar, o envía registros anormales, los registros de las estaciones climatológicas convencionales son usados para comprobar las deficiencias de las estaciones automáticas.

La información generada por las estaciones meteorológicas está disponible en la base de datos Climate Computing Project (CLICOM), aplicables para promedios diarios de las variables. A partir de la accesibilidad de estos datos, se verificó el número de estaciones que proporcionaron información entre los periodos de 1928 a 2010 en la zona de estudio (figura 7). Después de 2010, la información de las estaciones convencionales no está disponible de manera pública, sino que hay que solicitarla directamente a la instancia que la genera. El gráfico muestra que entre 1928 y 1960 existían solamente diez estaciones meteorológicas en la zona de estudio, con un incremento del número de ellas en esta década y en la siguiente.

FIGURA 7. ESTACIONES DE CONAGUA CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA CLICOM, 1928-2010.

Elaboración propia.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrarias y Agropecuarias (INIFAP) tiene una red compuesta de veintiséis estaciones automáticas en la Huasteca potosina, cuya información es utilizada, entre otras actividades, para investigación y para la toma de decisiones de los agricultores ante las condiciones meteorológicas adversas. La figura 8 muestra el número de estaciones con información existente para la red de estaciones del INIFAP. Esta información es procesada directamente por la instancia y no forma parte de la información de CONAGUA. En la figura 8 puede verse que la red empezó a operar en 2006 y que hasta 2011 hay un aumento en el número de estaciones en la región de la Huasteca potosina, si bien su número disminuyó a partir de 2012. La red del INIFAP es administrada principalmente por una fundación, llamada Produce, que es la encargada de conseguir recursos para su mantenimiento. Muchas de las estaciones se instalaron para un proyecto que buscaba proporcionar información al sector cañero de la Huasteca, aunque, una vez terminado el proyecto, las estaciones se abandonaron. Cabe mencionar que la información de estas estaciones está fragmentada en periodos de unos cuantos meses, lo cual la hace poco útil para caracterizar el clima en la región.

FIGURA 8. ESTACIONES CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA INIFAP 2006-2016.

Elaboración propia.

La información de las estaciones de aforo se archiva en el sistema del Banco Nacional de Aguas Superficiales (BANDAS) de la CONAGUA. La figura 9 muestra la información disponible para la zona de estudio entre 1930 y 2006. Como en el caso de las estaciones hidrométricas, existe un número pequeño de estaciones de 1940 a 1950 (dos estaciones) y que el número se incrementa a dieciséis estaciones en la década de los sesenta y a más de veinte estaciones en los setenta, para disminuir en la década de los noventa.

En la región Huasteca se presentan precipitaciones asociadas a fenómenos como los ciclones tropicales, de mayo a noviembre, y frentes fríos durante el invierno. Existen diversos sistemas de alerta temprana, que se discuten en la siguiente sección.

FIGURA 9. ESTACIONES CON INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL SISTEMA BANDAS, 1930-2006.

Elaboración propia.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

La tabla 1 muestra los ciclones tropicales que han provocado precipitaciones en el estado de San Luis Potosí entre 1950 y 2012. En la misma tabla puede observarse que se han presentado veinticinco ciclones tropicales en el periodo; además, se muestra que la trayectoria del ojo del ciclón tropical se ha introducido dentro del estado en trece ocasiones, de las cuales diez tuvieron un recorrido directo en la Huasteca (figura 10). En las notas de prensa, a menudo se reportan afectaciones por huracanes en la Huasteca (e.g. Sistema de Inventario de Desastres, en Desinventar, 2016), aunque la intensidad de los ciclones tropicales, cuando su trayectoria se adentra dentro del estado, se degrada a tormenta tropical o depresión tropical,28 como se puede observar en la tabla 1. Por ejemplo, el huracán Dolly, en 1996, tocó tierra en el norte de Veracruz, con intensidad de huracán tipo 1 (H1), y a su paso por la Huasteca potosina tenía categoría de tormenta tropical (TT). Por otro lado, ciclones tropicales, como el huracán Gilberto, en 1988 (ciclón 8, figura 10b), que no tuvieron trayectoria directa en la Huasteca potosina (trayectoria por el centro de Tamaulipas), causaron afectaciones en la Huasteca norte (Blanco, 2011). Lo anterior muestra que la trayectoria o la intensidad del ciclón tropical no explica por sí sola las afectaciones que las precipitaciones asociadas pudieran causar. Además, si bien la mayoría de los ciclones tropicales que provocan lluvias en la Huasteca se originan en el océano Atlántico, la región puede ser también paso de ciclones generados en el océano Pacífico, como es el caso del ciclón tropical Cosme (ciclón 9, figura 10c).

TABLA 1. CiCLONES TROPICALES QUE HAN AFECTADO CON PRECIPITACIONES AL ESTADO DE slp ENTRE 1950 y 2012

AÑO

NOMBRE

INTENSIDAD MÁXIMA DEL CICLÓN

INTENSIDAD AL ENTRAR A TIERRA

INTENSIDAD A SU PASO POR SAN LUIS POTOSÍ

1

1950

How

TT

TT

DT

2

1951

Charllie

H4

H3

TT

3

1955

Hilda

H3

H2

TT

4

1955

Jeanet

H5

H2

-

5

1966

Inez

H4

H3

TT

6

1970

Greta

TT

DT

-

7

1977

Anita

H5

H5

TT

8

1988

Gilbert

H4

H1

-

9

1989

Cosme

H1

H1

TT

10

1990

Diana

H2

H2

-

11

1991

Sin nombre

DT

DT

-

12

1993

Gert

H2

H2

-

13

1994

Sin nombre

DT

DT

-

14

1995

Sin nombre

DT

DT

DT

15

1995

Gabrielle

TT

TT

-

16

1996

Dolly

H1

H1

TT

17

2000

Keith

H1

H1

DT

18

2003

Ericka

H1

H1

-

19

2005

Bret

TT

TT

DT

20

2005

Gert

TT

TT

DT

21

2007

Dean

H2

H2

-

22

2008

Marco

DT

TT

-

23

2010

Alex

H2

H2

TT

24

2011

Arlene

TT

TT

-

25

2012

Helene

TT

DT

DT

La figura 10 muestra las trayectorias de los ciclones. La intensidad máxima mostrada es la registrada en el Golfo de México para aquellos ciclones con inicio de trayectoria en el mar Caribe. DT, por depresión tropical; TT, por tormenta tropical; H, por huracán de intensidad 1 (H1) a 4 (h4). Elaboración propia con información de CONAGUA (2012), Blanco (2011) y CICESE (2016).

Los ciclones tropicales son monitoreados durante su trayectoria mediante el uso de radares meteorológicos y fotografías satelitales. El pronóstico de la trayectoria del centro de giro y la intensidad del ciclón tropical se realiza mediante simulaciones de modelos de circulación de la atmósfera, siendo la instancia encargada de estas tareas el Servicio Meteorológico Nacional, en colaboración con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Actualmente, existen sólo trece radares en el país y ninguno instalado en el estado de San Luis Potosí (CONAGUA, 2011), siendo el más cercano a la Huasteca potosina el ubicado en el estado de Guanajuato.

Los avisos de ciclón tropical son la forma de difundir los pronósticos oficiales del Sistema Meteorológico Nacional y están disponibles en la página web. Estos avisos contienen información sobre las condiciones actuales del ciclón tropical, su ubicación, la distancia a la costa más cercana, las zonas costeras que se declaran en estado de alerta; y datos como vientos máximos, presión mínima, diámetro del ojo y condiciones del oleaje (Rosengaus, 1998). En los avisos se proporcionan recomendaciones a la población de la zona de alerta, que en general se resumen a atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

FIGURA 10. TRAYECTORIA DEL CENTRO DE GIRO DE LOS CICLONES TROPICALES MOSTRADOS EN LA TABLA 1

La zona sombreada corresponde a la región Huasteca en el estado de San Luis Potosí. Se muestran en línea continua los ciclones tropicales que tuvieron intensidad de huracán en el océano, y en línea punteada aquellos que no la alcanzaron. Elaboración propia con datos de CICESE (2016).

La información sobre la presencia de ciclón tropical que se difunde en radio y televisión se basa en los reportes del SMN, por ende, se da un énfasis a los datos técnicos (velocidad máxima del viento en la pared del ojo del ciclón en km/h, milibares de presión atmosférica, mm de precipitación esperada, etc). El formato de esta información podría ser de poca relevancia cuando la población toma decisiones para resguardar su integridad, la de su familia y sus bienes. También se enfatiza en los medios de comunicación la intensidad del ciclón tropical en la zona de impacto; en muchas ocasiones, sin matizar que éste se degradará paulatinamente al entrar a tierra firme. Ahí existe, de forma evidente, una forma de producción de la información y de su difusión, tanto de la intensidad de la lluvia como del viento, ya que ésta puede contener datos muy elaborados, los cuales no son fácilmente interpretados por los organismos de protección civil o la población en general.

Por otra parte, la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación es la instancia encargada de determinar la etapa de alerta, y de difundirlos por medio de boletines. La metodología del sistema consiste en un código de colores para cada etapa de alerta por ciclón tropical, y en cada una de ellas hay un plan de acciones que seguir por parte de los sistemas de protección civiles, municipales y estatales (Rivera, 2016). Los boletines se establecen por entidad federativa, y la frecuencia es variable. Las recomendaciones del sistema de alerta a la población son generales (por ejemplo, mantenerse informado en medios de comunicación sobre la evolución del ciclón o evacuar en caso de que se requiera), y una desventaja es que el proceso no deriva en un sistema de alerta local.

Adicionalmente, el SMN emite avisos de sistemas frontales y efectos de nortes. En México, durante el invierno se presentan frentes fríos que se caracterizan por condiciones de vientos (de hasta 30 m/s) y descenso de temperatura (de 2º C a 15º C en 24 horas) lo que ocasiona el desarrollo de nubes que pueden provocar precipitación. Cuando los frentes fríos se presentan en la vertiente del Golfo de México, toman el nombre de “nortes” (Magaña, 2004). Los avisos, que son regionales o estatales, describen la situación meteorológica actual y pronósticos para 72 horas, incluyendo posibilidades de precipitación.

Recientemente, la CONAGUA firmó un convenio con una empresa de telefonía celular para desarrollar un programa con el que “se podrán recibir mensajes de texto SMS sobre la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico extremo”. La dependencia asegura que este sistema de alerta temprana se están implantando en México como medida de adaptación al cambio climático (SEMARNAT, 2016). Por ejemplo, previo al impacto del ciclón Patricia (octubre 2015), “se enviaron más de 726 500 mensajes, con cinco mensajes diferentes a los usuarios de esta empresa” (CONAGUA, 2016b). No obstante, no hay detalles sobre el tipo y contenido de los mensajes enviados.

En el ámbito regional, en la zona de estudio existe un sistema automático de medición de caudales. Estas estaciones forman parte del Sistema de Alertamiento en Tiempo Real para la Cuenca del Bajo Pánuco, el cual consiste en una red automática con telemetría satelital. La información se procesa en el centro de recepción de la CONAGUA en Ciudad Victoria. Esta red cubre una extensión de 85 000 km2, que cubre los ríos Tampaón y Moctezuma, además de otros afluentes del Pánuco, como los ríos Tamesí (Tamaulipas) y Tempoal (Veracruz), para un total de 34 estaciones en la red. El sistema funciona con mediciones del nivel del río en secciones conocidas. En cada sección se conoce la relación entre el caudal y el nivel medido con las que establecen ecuaciones que describen el comportamiento del río. Los niveles en las secciones son enviados en tiempo real para su procesamiento automático, y la información está disponible en internet. Cuando los niveles exceden ciertos límites establecidos, el sistema envía alertas en su sitio web. La interpretación de esta información requiere tener conocimientos técnicos especializados para entender el mensaje, en lo cual se puede advertir un descuido en la forma de comunicar la información y poca o nula relación con el sistema de protección civil de los municipios, además de pensar que todos los lugares de las regiones de los estados tienen la misma capacidad de comunicar por medio de telefonía celular o internet. La Huasteca potosina es un caso, pues la información que se da a la población de sus ejidos y comunidades se mantiene por medio de la radio regional y local, como XEANT, “La voz de las Huastecas”.

LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La descripción del comportamiento de la atmósfera a largo plazo (el clima) en una región se basa en la información hidrometeorológica local. Sin embargo, la información disponible en México y en la región de la Huasteca potosina presenta una diversidad de condiciones en cuanto a su calidad y accesibilidad.

El cambio climático podría manifestarse en un aumento de temperatura promedio de alcance global. Este incremento, a su vez, modificaría la estacionalidad y la cantidad de la precipitación, y, a su vez, cambiaría el régimen hidrológico de los ríos en la región Huasteca (Velázquez et al., 2015). El panel intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) señala que en muchas regiones del mundo, especialmente en aquellas más vulnerables al cambio climático, hay pocos registros de observaciones meteorológicas, o bien no hay un análisis de los datos hidrometeorológicos para caracterizar las condiciones climáticas, e insta a la mejora de los sistemas de observación y de los sistemas de alerta (IPCC, 2014). En este sentido, la CONAGUA solicitó un préstamo al Banco Mundial para el financiamiento del Programa de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para una Mejor Adaptación al Cambio Climático (proyecto MoMet, en CONAGUA, 2016a). El préstamo de 105.26 millones de dólares se firmó el 3 de agosto de 2012, con un plazo de ejecución de cinco años. El gobierno de México se comprometió a invertir, por su parte, 66 millones de dólares. Entre los objetivos de este programa se encuentran:

1) El fortalecimiento de la capacidad institucional del SMN y apoyar el desarrollo de los servicios climáticos de la institución.

2) La modernización de la infraestructura de observación.

3) La mejora de los sistemas de pronóstico meteorológico y servicios climáticos.

4) El fortalecimiento de la capacidad técnica regional.

El objetivo 2 del MoMet plantea la instalación en el país de tres radares meteorológicos, 56 observatorios meteorológicos y 121 estaciones meteorológicas automáticas en áreas protegidas. En el estado de San Luis Potosí, el proyecto propone la instalación de nueva infraestructura de observación en los municipios de Rioverde y de Villa de Reyes, y ninguna en la Huasteca. Si bien es un proyecto nacional, una cantidad importante de estaciones automáticas (15%) se instalarían en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Puebla. En contraste, las regiones áridas del país, que actualmente tienen una densidad baja de estaciones en la red de observación, estarían subrepresentadas en el proyecto; por ejemplo, en la península de Baja California, el proyecto MoMet tiene prevista la instalación de sólo 3% de las estaciones automáticas (CONAGUA, 2011).

La CONAGUA, en su justificación del proyecto MoMet, ha detectado necesidades en la red de monitoreo existente, tal como la calibración de la red, el aumento de la dotación de personal de observación y su formación, así como la mejora de la cobertura nacional de las redes de observación (CONAGUA, 2011). En 2015 se realizó una evaluación de los avances del proyecto por parte de las instituciones involucradas y el banco acreedor. Como resultado, se observó una baja ejecución de los objetivos que sólo podría salvarse con la extensión del tiempo de ejecución del proyecto. En consecuencia, la CONAGUA consideró inviable esta opción, con el argumento de que existen “nuevas políticas públicas [en] la CONAGUA, ya que este crédito fue negociado a finales del sexenio anterior, cuando existían otras prioridades en el sector, específicamente en el ámbito meteorológico, las cuales han cambiado para esta administración” (CONAGUA, 2015). Esta posición contradice los objetivos del Plan Nacional Hídrico 2014-2018 del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, entre los cuales se incluye el mejoramiento de la infraestructura de redes de observación, la expansión de la red de radares, la creación y el fortalecimiento de centros hidrometeorológicos regionales y la intensificación de la cooperación con organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (SEMARNAT, 2014).

En febrero de 2016, la Secretaría de Hacienda comunicó al Banco Mundial la cancelación de los 100.56 millones de dólares del crédito que no se ejerció para el proyecto MoMet (CONAGUA, 2015). Por otro lado, información publicada en Proceso (Villamil, 2017) indica que hubo una controversia al asignarse la licitación de las estaciones hidrometeorológicas, pues el contrato fue asignado a compañías vinculadas directamente al director de la Comisión Nacional del Agua. Según la nota periodística, el Banco Mundial retiró el crédito al comprobar prácticas de corrupción en el proceso.

CONSIDERACIONES FINALES

La red de monitoreo hidrometeorológico en San Luis Potosí tiene una cobertura amplia de la región. No obstante, enfrenta una multitud de problemas, entre los que se encuentran el deterioro y daño en los instrumentos de las estaciones meteorológicas convencionales, la poca capacitación del personal y problemas de comunicación para reportar las mediciones meteorológicas a las centrales de CONAGUA. Por otro lado, se identifica el abandono paulatino en el aforo manual de los ríos en la Huasteca potosina. En general, la política que se sigue es la automatización de los sistemas de medición y monitoreo de las condiciones meteorológicas. No obstante, el gobierno mexicano ha cambiado sus prioridades y ha cancelado el proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, que buscaba mejorar la medición de las variables hidrometeorológicas como estrategia de adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

La información hidrometeorológica en México se genera y se analiza por medio del Servicio Meteorológico Nacional, atendiendo a las facultades que le da la Ley de Aguas Nacionales. Esta estructura de generación y difusión de información meteorológica es vertical, lo cual significa que la información es generada por la instancia gubernamental y la sociedad recibe la información a través de medios muy específicos, como son los avisos de los sistemas de alerta temprana en los medios de comunicación. Esta estructura vertical inhibe la participación de la población en el registro y monitoreo de las condiciones meteorológicas de su localidad y en el conocimiento de las posibles situaciones de emergencia. Por ejemplo, la CONAGUA tiene como política no proporcionar ningún tipo de información a quien se acerque a los técnicos encargados de las estaciones meteorológicas. En contraste, se da prioridad a avisar a la población mediante tecnología moderna, como son los avisos de alerta temprana de ciclones tropicales a través de mensajes al teléfono celular. Sin embargo, en la Huasteca potosina no se tiene una cobertura completa del servicio de telefonía celular, por lo que este tipo de tecnología resultaría inadecuada para las condiciones de la región. Además, la información proporcionada en los avisos es de carácter técnico y se da énfasis a los datos científicos generados por los meteorólogos, que tal vez tengan poca significancia cuando se necesite tomar decisiones para protegerse de algún fenómeno hidrometeorológico.

Para subsanar esta brecha de información en el ámbito local, la Organización de la Cruz Roja Internacional (IFRCRCS, por sus siglas en inglés) ha propuesto la implantación de sistemas de alerta comunitarios, entendidos como “un esfuerzo conjunto de una comunidad para recolectar sistemáticamente y analizar la información que permita la divulgación de mensajes de alerta que puedan ayudar a la comunidad, reducir los daños y pérdidas” (IFRCRCS, 2012). Estos sistemas de alertamiento comunitario serían diseñados por la propia comunidad y no planeados externamente para ella. La tabla 2 muestra las principales diferencias entre un sistema nacional de alertamiento (por ejemplo, el manejado por el SMN) y un sistema de alertamiento comunitario.

TABLA 2. DIFERENCIAS ENTRE UN SISTEMA DE ALERTA NACIONAL Y UN SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIO.

FACTOR

SISTEMA DE ALERTAMIENTO NACIONAL

SISTEMA DE ALERTAMIENTO COMUNITARIO

Diseño

Diseñado por el gobierno con base en un mandato legal

Diseño basado en las necesidades locales y adaptado por prueba y error

Recursos humanos

Técnicos y especialistas

Voluntarios o individuos comisionados por las autoridades locales

Características

Formal

Ad hoc

Documentación

Legislación, manuales de operación, etcétera

Informal y raramente documentado

Tecnología

Tecnología reciente, de radios a telefonía celular

Comunicación oral, radio

Detonate de la alarma

Indicadores, predictibilidad, tecnología

Detección personal y local de una amenaza

Proceso de alerta

Sistemático, mediante procesos definidos

Ad hoc, pero puede ser muy bien organizado

Mensaje

Impersonal

Personal

Tiempo de alerta

El alertamiento es producido para compartirse con sistemas oficiales y no siempre es recibido a tiempo por la comunidad

Rápido (cuando la alerta es producida por la comunidad)

Objetivo deseado

Reducir perdidas económicas

Seguridad, reducción de estrés, soporte emocional

Elaboración propia basada en IFRCRCS (2012).

Si bien los sistemas de alerta nacionales tienen una función necesaria para avisar a la población de posibles amenazas de origen hidrometeorológico, la organización y el conocimiento local del medio en que viven las comunidades son también valiosos para salvaguardar su integridad.

El posible impacto del cambio climático plantea retos de adaptación que tienen que basarse en el conocimiento local del clima. En ocasiones, para una localidad dada, los registros hidrometeorológicos formales tienen grandes vacíos o simplemente no existen. La climatología, entonces, necesita apoyarse del conocimiento local para diseñar planes de adaptación. Por ejemplo, Torres (2015) afirma que los saberes locales en relación con la variabilidad climática pueden ser usados, junto a los conocimientos científicos, para generar estrategias de adaptación al cambio climático en el ámbito de la localidad. Ejemplos de ello son la construcción de escenarios cualitativos de cambio climático que tomen en cuenta los testimonios y percepciones de la comunidad sobre el clima y la implantación de sistemas de monitoreo meteorológico. La información cualitativa proviene del conocimiento tradicional y se basa por lo general en bioindicadores, como son la observación de insectos, aves y plantas.

El uso de las prácticas locales en las estrategias de adaptación a la variabilidad y al cambio climático enfrenta algunos retos, como puede ser el desconocimiento por parte de autoridades, por lo que su fomento está ausente de los programas oficiales. Como se mencionó, en el área de estudio la experiencia del técnico y el conocimiento que tiene del clima de su región son parte de los registros de las instancias oficiales. Sin embargo, este conocimiento no es divulgado ni aprovechado por la población.

Un ejemplo de un sistema de información hidrometeorológica que incorpora el conocimiento local del clima es presentado por Otero (2014). El sistema fue implantado en el municipio de Tihuanaco, Bolivia, y se basa en información proveniente de estaciones meteorológicas convencionales y en la aplicación de los conocimientos tradicionales. Los bioindicadores se basan en la observación del comportamiento de los animales, tanto de especies silvestres como domesticadas, que le dan al campesino pautas para prever si se aproxima, por ejemplo, una helada, granizo o sequía. Con base en ellas, los habitantes de la comunidad pueden anticipar o retrasar el tiempo de siembra o cosecha. El sistema mixto difunde los pronósticos meteorológicos y la información de los observadores locales por medio de radio y televisión. También se realizan programas de análisis y discusión en los que los observadores locales realizan una comparación de sus opiniones con eventos identificados por los sistemas convencionales de registro meteorológico, efectuando evaluaciones entre la interpretación de los bioindicadores y los efectos climatológicos sobre las actividades agrícolas.

La autora de este trabajo afirma que el sistema de información climatológico convencional genera información que, por lo general, no es dada en forma eficiente para provecho de la población, especialmente para la programación de sus actividades productivas, por lo que el enfoque del sistema mixto es una mejor aproximación para hacer llegar la información a los productores locales.

En resumen, los conocimientos tradicionales del clima y las prácticas locales frente a riesgos hidrometeorológicos son una estrategia de adaptación ante la variabilidad y el cambio climático. El reto consiste en impulsar el uso de los conocimientos tradicionales como complemento a los sistemas formales de monitoreo y alerta hidrometeorológicos.

REFERENCIAS

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* Conacyt / El Colegio de San Luis.

** Conacyt / El Colegio de San Luis.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 4. RÍOS URBANOS EN CIUDADES PEQUEÑAS: PRÁCTICAS LOCALES Y RESULTADOS TERRITORIALES DE RIESGO

FRANCISCO PEÑA*

PRESENTACIÓN

Este capítulo expone los resultados de investigación sobre inundaciones, crecidas y desbordamientos en el río Valles, en el municipio del mismo nombre, en la parte potosina de la región Huasteca. El objetivo específico es registrar, describir y analizar algunas de las prácticas locales que intervienen los cauces de ríos como parte de los procesos de urbanización en la región estudiada y que contribuyen a construir una geografía del riesgo, frente a eventos hidrometeorológicos de magnitud diversa. Una mirada panorámica sobre los desbordamientos y crecidas de ríos experimentados en la Huasteca durante los últimos cincuenta años (Blanco, 2011), nos muestra que identificar las prácticas locales en torno a los ríos tiene relevancia debido a que la afectación experimentada por los habitantes de la zona en épocas de lluvias generalmente se localiza en las cercanías de los cauces, o por obstrucción de la red que drena las aguas hacia alguno de los segmentos de la corriente principal del río.

Utilizaré los desbordamientos del río Valles como referencia empírica que me permitió organizar la búsqueda y clasificación de datos sobre las prácticas locales frente a riesgos de agua y que —para fines de exposición— permite ejemplificar un fenómeno que se presenta en otras ciudades de la región, como por ejemplo, las cabeceras municipales de Huejutla, Tamazunchale y Axtla de Terrazas, de las que tuvimos referencias en los recorridos regionales que hizo el equipo del proyecto. Como explicaré más adelante, el Valles es un río urbano en el sentido de que su área de captación y cauces de escurrimiento están intervenidos y han sido modificados por la creación de la superficie urbanizada de la propia cabecera del municipio. Con la prudencia que exige un estudio particular, propongo utilizar el caso del río Valles como mojonera para ejercitar la “mirada cruzada”, propuesta por Michel Marié (2004: 63-76), con lo que sucede en las otras ciudades pequeñas de la región, objeto de interés del proyecto de investigación que da origen a este libro.

Hemos construido los datos siguiendo los procedimientos que describiré a continuación. Una búsqueda hemerográfica dirigida, en dos de los principales diarios que se publican, uno en la región y el otro en la capital del estado. El objetivo fue identificar características que se repetían en lo que la prensa llama inundaciones de la ciudad. El peligro secularizado en la sociedad moderna tiene como espacios de creación relevantes las redes científico-técnicas que identifican, miden, prevén, registran con metodologías validadas los peligros que deben ser considerados riesgos socialmente relevantes, que demandan acciones y políticas para enfrentarlos (Beck, 2006). Pero, como ha mostrado Latour (2012), al referirse a la influencia de las ciencias en la vida contemporánea, la parte más significativa de esa construcción y validación social, lo que podemos llamar el diseño de una agenda legítima de riesgos, se construye en el espacio público no sólo, pero sí marcadamente, en los medios de comunicación. De ahí el interés en lo que está registrado en los periódicos locales y regionales. Esas publicaciones expresan, aunque no de forma lineal y transparente, la manera en que se perciben en la opinión pública los alcances y afectaciones de las inundaciones en la Huasteca, y en particular en Ciudad Valles.

Con el mismo propósito, recopilé y analicé videos y fotografías disponibles en la red o que son propiedad de algunos de los informantes entrevistados. Son imágenes que se capturaron en momentos de emergencia por el desbordamiento del río Valles y las zonas aledañas. Este material es muy importante para investigaciones como la que me ocupa debido a que los acontecimientos extremos son de aparición repentina y pasajera. Por eso mismo, no pueden ser sometidos a un registro etnográfico programado, y sólo excepcionalmente puede ser realizado al mismo tiempo y desde el mismo lugar donde sucede el acontecimiento.

Finalmente, seleccioné y entrevisté a informantes clave que me permitieron confrontar los vacíos y comprender las contradicciones localizadas en la información de las otras fuentes. Pero, sobre todo, los entrevistados proporcionaron información en la descripción de los procesos locales que, a su juicio, explican las afectaciones cíclicas por desbordamiento del río. Los informantes son lugareños que, por sus actividades profesionales, están en constante relación con las inundaciones que afectan la ciudad. Una periodista, dos conductores de transporte foráneo y docentes de las sedes locales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Intercultural son algunos ejemplos de este grupo. Otros son vecinos de los principales lugares afectados. Uno de ellos, con estudios universitarios de geografía, me permitió un diálogo muy importante, al mismo tiempo que recorríamos la zona para identificar, in situ, las características de los lugares, las construcciones y el tipo de habitantes que son afectados con frecuencia.

Los datos hemerográficos, y el análisis de imagen fija y en video, así como la información obtenida en los recorridos y entrevistas, se representaron espacialmente en gráficos y mapas para construir el argumento general. Los mapas y gráficos que tuvieron un importante papel para comprender el fenómeno, en una escala que involucra a todo el río en su paso por la ciudad, son utilizados aquí para explicar al lector los resultados. Por la importancia que tienen las evidencias de imagen y la dimensión espacial de los datos construidos, el lector encontrará que una cuarta parte de este capítulo está ocupada por imágenes. Este trabajo no detalla todos los casos de corrientes desbordadas en Ciudad Valles. Me he concentrado en aquellas del tipo 2, 3 o 4 que atraviesan la ciudad y que ocasionan perjuicios en la población local, independientemente del tipo y magnitud del evento hidrometeorológico (huracán, frente frío, tormenta tropical, tromba, etc.) que haya provocado la mayor cantidad de agua en la zona.

En los siguientes apartados explicaré primero qué entiendo por ríos urbanos y su relación con las prácticas locales que construyen una geografía de riesgo. Enseguida ofrezco un breve resumen de los datos hemerográficos que ilustran la importancia de las crecidas y desbordamientos del río Valles, que generalmente se asocian con algún fenómeno hidrometeorológico, como frentes fríos, huracanes y tormentas tropicales. Por último, analizaré la transformación en la dinámica general de urbanización de Ciudad Valles, en lo referente al cambio de eje principal y la influencia que tiene en las prácticas locales que modifican la estructura del río. Al final se ofrecen algunas conclusiones.

LOS RÍOS URBANOS

En este trabajo entenderé por ríos urbanos aquellos localizados cerca de, o que atraviesan, ciudades y que devienen en corrientes intervenidas mediante artificios y aditamentos tecnológicos para hacerlos compatibles con la ocupación del territorio por la ciudad. Algunas de esas intervenciones pueden ser: asfaltado de la superficie de captación del río, estrechamiento del cauce, cambio de la vegetación, modificación de los volúmenes y la calidad de agua, de efectos cíclicos o permanentes, etc. Cada una de esas intervenciones sucede en medio de una tensión entre diferentes protagonistas para construir el territorio. En cada uno de los artificios puede identificarse a los actores gubernamentales y no gubernamentales que actúan desde la localidad, el proyecto de intervención que realizan y el resultado práctico de éste. Las modificaciones y sus efectos, se pueden agrupar en cuatro categorías ya referidas por otros autores: volumen del agua conducida por el cauce principal; variabilidad y estacionalidad de los flujos; calidad biótica del río; modificación del cauce en dirección, amplitud y forma (véase Dourjeanni y Jouravlev, 1999).

Antes que un ecosistema vivo, dinámico, con procedimientos homeostáticos delicados y frágiles, la cultura urbana dominante arrinconó a los ríos considerándolos o bien como corrientes imperfectas a las que es necesario corregir o como canales para desalojar desechos. La ingeniería decimonónica acuñó un concepto clave que condensa esa mirada: la rectificación de ríos, que, junto con la desecación de humedales, fue proyecto común en México hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, sin que a la fecha se puede decir que ha desaparecido por completo.

Una parte integral de un río son las llanuras inundables, definidas como “una franja de tierra relativamente plana junto a un río y que sufre desborde de las aguas durante las crecidas” (Leopold et al., 1964; González y García, 1998). Eliminar, disminuir u ocupar esos espacios con artificios urbanos es una de las intervenciones más frecuentes.

“Rectificar el río” es un procedimiento cuasi ortopédico mediante el cual se busca evitar las vueltas de la corriente y sus desbordamientos. Darle un trazo recto y rápido modificando —aunque sea parcialmente— la dirección y hondura de su cauce. Esta práctica, frecuente en el diseño del riego agrícola estatal y empresarial, es más evidente todavía en el proceso de urbanización de los ríos en las ciudades. Un río de cauce sinuoso se considera no funcional al trazo reticular de la ocupación urbana y a la valoración de la superficie disponible. Como en otros casos, el espacio ocupado por los meandros de un río o las llanuras inundables circunvecinas son considerados espacios vacíos, inutilizados, y se estructuran diversos mecanismos para incorporarlos como mercancías inmobiliarias. El eje de la ciudad, como mercado de espacios diferenciados, considera anómala la existencia de los ríos, y la integra de varias maneras. Rectificar un río o proteger y manejar sus llanuras de inundación no se reduce a un manejo contable de volúmenes e incluso de calidades del agua que transita por un cauce. Como lo ha señalado un grupo creciente de investigadores, aunque suene raro, un río no es solamente agua. La mirada territorializada del agua descubre un organismo de alta complejidad que no puede constreñirse a un balance de agua concesionada y “disponible” (González y García, 1998; Dourjeanni y Jouravlev, 1999). Un río urbanizado tiende a perder diversidad, sujetarse en un cauce rectilíneo y profundo. Se asemeja más a un canal que a un sistema biológico. No es casual que muchos ríos urbanos terminen siendo canales subterráneos por sobre los cuales se construyen vialidades.

Ciudad Valles, Tamazunchale, Tamuín y Axtla son sólo algunos ejemplos de ciudades pequeñas en la Huasteca potosina cuyos ríos atraviesan y forman parte de los espacios urbanos y que a menudo ocasionan afectaciones severas entre la población por desbordamientos o crecidas. La enumeración no es casual, ilustra que el problema se presenta tanto al norte como al sur de la Huasteca potosina, e involucra a ciudades en la parte más baja, como Tamuín (20 msnm), pero también en la sección media, como Axtla (350 msnm). Vale la pena subrayar la localización de estas poblaciones porque, a nuestro juicio, el elemento importante no es la condición de tierras bajas del asentamiento humano, sino la cercanía con el cauce del río.

Por supuesto, la categoría de río urbano no es privativa de la Huasteca potosina ni de México. Entre los ríos urbanos más famosos tenemos el Hudson en Nueva York, el Potomac en Washington, el río Sena en París, y también son muy conocidos por su condición internacional y urbana, simultáneamente, el río de la Plata en Uruguay-Argentina y el Rin, que atraviesa seis países desde los Alpes suizos hasta el mar del Norte. Uno de los puntos que debemos tomar en cuenta es el tipo de diferencias entre los ríos urbanos existentes, como los mencionados y los ríos desaparecidos, cuya huella ha quedado solamente como apelativo de una calle o referencia histórica, como el río Consulado de la Ciudad de México, y aquellos que reviven cíclicamente, como el río Santiago en la capital de San Luis Potosí. La transformación de una corriente en río urbano es un proceso histórico de larga duración marcada por la formación y ampliación de ciudades que crean naturaleza de segundo y tercer orden en los ríos.

Toda urbanización significa transformación ambiental, creación de socio-naturaleza, y esto cambia algunas de las características básicas de un río. Son diversos los actores sociales e institucionales involucrados en una transformación histórica semejante; también es desigual su capacidad de influencia y dejan una marca territorial de alcances heterogéneos. Lo que aquí quiero destacar es que las prácticas locales son importantes para explicar el “sedimento” que queda en el territorio y que —en este caso— permite comprender los efectos de los desbordamientos de los ríos urbanos sobre la población.

Entenderé por prácticas locales las acciones y procedimientos para obtener un fin, que realizan de manera colectiva protagonistas locales en el lugar donde habitan, con o sin cargo gubernamental o delegación formal de poder. Esas prácticas son agencia local y espacio de fricción o interfase de los agentes gubernamentales, viajeros, “no nativos” (Long, 2007; Marié, 2004) con los originarios y su territorio. Esas prácticas locales modifican, matizan o condicionan también los proyectos gubernamentales y de corporativos empresariales, que quieren establecerse y reapropiarse del lugar. En el contexto del caso presentado, no puede haber río urbano sin prácticas locales que lo modifiquen territorialmente y que contiendan con otros actores para apropiarse y reconfigurar el espacio fluvial. Ésas son las prácticas que construyen escenarios de riesgo, pero al mismo tiempo pueden significar también acciones de adaptación para protegerse.

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

La revisión hemerográfica ha permitido identificar que el comportamiento del río más cercano es, para el caso de la Huasteca, el componente principal para explicar la inundación de cultivos y zonas habitadas, la pérdida de fuentes de agua segura durante varias semanas e incluso la interrupción de vías de comunicación por tierra. El colapso de puentes, la entrada de agua a las viviendas, la pérdida de bienes domésticos y la interrupción del transporte público están a menudo asociados con las corrientes que cambian de volumen y velocidad y desbordan su cauce con rapidez. La multitud de corrientes pequeñas y medianas en la superficie huasteca y el patrón de asentamiento disperso de las localidades permiten comprender esa situación. El desbordamiento de uno de los múltiples ríos o corrientes menores que cruzan la superficie de la región sucede en tiempo breve, y sus efectos tienen un impacto importante en la opinión pública, sobre todo por el registro de imágenes y relatos con las pérdidas de bienes familiares y —en ocasiones— de vidas humanas.

Como ejemplo, podemos mencionar las afectaciones de la tormenta tropical Ingrid, en septiembre de 2013, cuyos efectos se presentaron en toda la región de estudio. Una reseña periodística resumía de esta manera las afectaciones que mantenían incomunicada a la Huasteca: “Ríos desbordados, familias damnificadas a causa de las fuertes lluvias”. Más adelante, enumeraba algunos acontecimientos, como afectación de la colonia La Diana, por desbordamiento del río; la comunicación por carretera interrumpida a la altura del balneario El Conejo, por desbordamiento del río; en Damián Carmona, Tamasopo, la creciente del río se llevó una casa y uno de sus habitantes permanecía en calidad de desaparecido; y otros hechos semejantes. El alcalde local declaró como su objetivo “proteger la integridad física de las personas que habitan en las partes bajas, así como cerca de las riberas y cauces de ríos y arroyos” (El Sol de San Luis, 18 de septiembre de 2013; figuras 1 y 2). Con el balance de ríos desbordados y áreas habitacionales bajo el agua, las autoridades declararon la entrada en operación del Plan DNIII para toda la región (Pulso de San Luis, 16 de septiembre de 2013).

FIGURA 1. INFORME PERIODÍSTICO DE LAS CONDICIONES DE LA INUNDACIÓN QUE AFECTARON VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD (CIUDAD VALLES).

En el anexo 1 presento un recuento de los desbordamientos del río Valles desde 1920 a 2010. Con datos incompletos todavía, pueden valorarse la magnitud y las principales zonas afectadas dentro del polígono urbano. Los sitios dañados cada año se mantienen casi sin variaciones en la misma zona de la ciudad. Pero mientras hasta 1940 las orillas cercanas al río estaban prácticamente desocupadas, después de 1991 aumentó en forma sensible el número de colonias con casas inundadas por los desbordamientos, incluso en aquellos años cuando el nivel del río crece poco. En el mapa 1 puede verse la concentración de las colonias que más daños registran en cada desbordamiento del río.

FIGURA 2. AUTOMÓVILES ARRASTRADOS POR EL ARROYO LOS PUERCOS, CIUDAD VALLES, TORMENTA TROPICAL INGRID, SEPTIEMBRE DE 2013.

Foto: Rocío Maldonado.

PANORAMA DE LA DINÁMICA URBANA DE CIUDAD VALLES

Cuando hablamos de afectaciones por desbordamientos de los ríos en la región Huasteca, la cabecera municipal de Ciudad Valles destaca por tres características: a) la dimensión y rapidez del proceso de urbanización de ese lugar, que pasó de tener menos de 25 000 habitantes hasta los años sesenta del siglo pasado, para alcanzar 100 000 habitantes a mediados de los noventa y convertirse, tres décadas más tarde, en la tercera ciudad más poblada del estado de San Luis Potosí. Actualmente, por su actividad económica, es el núcleo urbano más importante del oriente potosino; b) la visibilidad socio-política que tiene la ciudad frente a cualquier tipo de contingencias, riesgos y desastres que suceden en su interior; los registros periodísticos y de otros medios muestran que el impacto de las afectaciones en Ciudad Valles ante cualquier tipo de contingencia hidrológica es mucho mayor que la que pueden alcanzar otras zonas de la Huasteca, aunque en número de afectados o monto de pérdidas sean mayores, y c) la diversidad de actores sociales y políticos que confluyen en la ciudad no sólo como protagonistas de la vida urbana local, sino también como voceros o intermediarios de otros grupos en la región.

MAPA 1. LOCALIZACIÓN DE LAS COLONIAS MÁS AFECTADAS POR DESBORDAMIENTOS DEL RÍO VALLES DE 1920 A 2015.

Elaboró Carolina Jiménez Zuñiga y Francisco Peña.

Es importante subrayar la velocidad con la que se urbanizó y creció Ciudad Valles, y que puede percibirse a través del paisaje y la traza original que hasta mediados del siglo XX continuó casi igual, organizada en las zonas cercanas a la estación del ferrocarril y el centro religioso y comercial. Como puede verse en el mapa 2, hacia inicios de los años ochenta, la superficie urbana había crecido hacia el norte, más allá de la vía del ferrocarril, y desde entonces la ciudad fue ocupando rápidamente los espacios que hoy son los más afectados por los desbordamientos, en particular el sector más noroccidental, cercano al ingenio Plan de Ayala.

Para 2016, el espacio urbanizado está asentado sobre amplias zonas de la llanura de inundación de la margen izquierda del río. Los círculos marcados en el mapa 2 indican los lugares donde se encuentran las colonias Praderas del Río, Villas del Sol y Tetuán, los sitios más afectados en los desbordamientos de los últimos veinte años.

MAPA 2. CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE URBANA, 1984-2016.

Elaboró Dioselina Torres y Francisco Peña.

En términos paisajísticos, esta transformación significó el paso de una población primero ribereña a otra convertida en estación de ferrocarril, y luego a una ciudad en expansión sobre un eje comercial orientado hacia la frontera con Estados Unidos, cuando se concluyó el bulevar que incorporó a la población como punto de paso en la carretera federal México-Laredo. En ese proceso, el río dejó de ser el eje de actividades económicas y culturales de la población local. Las figuras 3, 4, 5 y 6 son fotografías que muestran parcialmente las modificaciones en el paisaje que condensan este cambio de sentido de la ciudad y también su rápido crecimiento, luego de que la conexión carretera con la frontera norte aceleró la actividad económica regional.

En la actualidad, el municipio de Ciudad Valles tiene 167 000 habitantes, de los cuales casi 75% vive en la cabecera municipal, es decir 124 000 habitantes distribuidos en un poco más de 32 000 viviendas (datos de 2015). Otro 16% de la población municipal vive en 22 localidades con 500 a 2 500 habitantes, y el resto se dispersa en decenas de rancherías más pequeñas. Según datos oficiales, medio centenar de colonias son las que se encuentran en mayor riesgo por inundación (Plan de Desarrollo Municipal, 2015-2018) y la autoridad municipal identifica doce puntos de mayor riesgo: Praderas del Río, Palo de Rosa, La Feria, ejido Tampaya, Hidalgo, fraccionamiento del Sol, fraccionamiento del Tepeyac, arroyo Los Puercos, San Miguel, Gavilán 3, Vergel y fraccionamiento del Tecnológico. Como puede verse en el mapa 1, todos ellos, aledaños a la corriente del río Valles. Por esos motivos, me he concentrado en lo que sucede en dos de esos puntos: el lugar donde desemboca el río Valles, el arroyo Los Puercos y la colonia Praderas del Río, registrando los artificios sobre el río, en particular aquellos que modifican el comportamiento de sus crecidas y la llanura inundable.

Como señalé arriba, por prácticas locales no se entiende sólo las que se realizan de manera colectiva por protagonistas sin cargos gubernamentales o poder formal. Prácticas locales son también las que llevan a cabo y argumentan autoridades gubernamentales en el ámbito municipal o delegacional, así como el tipo de proyectos que, aun viniendo de instancias extralocales, terminan adoptándose como propios por algunos actores nativos, con o sin coaliciones mayores. Un inspector escolar que organiza brigadas de evacuación en sus escuelas es un actor local con prácticas locales; una dirección ejidal que convoca a desmontar los canales de desagüe de una localidad hace prácticas locales. Toda práctica local está siempre en una zona de interfase con instancias, agencias, actores individuales y promotores no locales.

FIGURA 3. EMBARCACIONES PARA ATRAVESAR EL RÍO EN LA POBLACIÓN DE VALLES (c. 1950).

Fuente: blog Huasteca histórico.

Aclarado lo anterior, identifico primero un comportamiento general en donde la creación de ciudades significa la intervención directa de una superficie de captación y, por tanto, de creación de naturaleza de segundo y tercer orden que modifica los ríos. En seguida, focalizo lo sucedido en tres cadenas o nudos de prácticas locales y posibles protagonistas (mapa 3).

La creación de superficie urbana acarrea, entre otras cosas, la modificación del suelo, el acondicionamiento para uso intensivo de producción, servicios y vivienda, y una movilidad que conecte y haga productiva la ciudad. Para el caso de Ciudad Valles, eso significó la adaptación directa, sobre todo, del área de captación del río que alimenta su margen izquierda. En las etapas que he ejemplificado arriba con las imágenes que van de una población organizada alrededor del río a una articulada por el ferrocarril y a la ciudad en expansión que forma parte del circuito comercial CDMX-Matamoros, organizado por la carretera federal, cada una de esas etapas significó crecer alejándose de la margen izquierda del río.

FIGURA 4. TENDIDO DE LA VÍA DEL FERROCARRIL HACIA TAMPICO (c. 1940).

Fuente: blog Huasteca histórico.

FIGURA 5. CALLE COMERCIAL DE LA VÍA DEL FERROCARRIL (c. 1950).

Fuente: blog Huasteca histórico.

FIGURA 6. CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR, SECCIÓN INTERIOR

DE LA CARRETERA MÉXICO-LAREDO.

Fuente: blog Huasteca histórico.

El mapa 3 ofrece la posibilidad de mirar de conjunto las modificaciones que la superficie urbanizada significó en el último medio siglo para la superficie de captación del río Valles. Sin buenos servicios de drenaje pluvial y con un crecimiento acelerado de la superficie pavimentada sobre los cauces de las corrientes tipo 1 y 2, es comprensible la acumulación de agua en algunas zonas de la ciudad cuando se presentan lluvias copiosas en poco tiempo o pequeñas pero persistentes precipitaciones durante días. Hay que observar, en particular, la cantidad de corrientes que confluyen en el círculo marcado en la parte inferior del mapa, donde está Tetuán. En el segundo círculo, a la izquierda del mapa, existe un encajonamiento parcial del río en su margen derecha, lo que empuja cualquier aumento de agua hacia su margen izquierda, justamente donde una empresa constructora vinculada con las administraciones municipales construyó unidades habitacionales de interés social (INFONAVIT).

MAPA 3. SUPERFICIE URBANIZADA SOBRE EL ÁREA DE CAPTACIÓN, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO VALLES, 2017.

Elaboró Dioselin Torres y Francisco Peña.

También se puede observar el cambio de eje urbano en la construcción de la ciudad. Luego de haber sido durante mucho tiempo una población ribereña, Valles distribuyó su población alrededor de la vía del ferrocarril, y esa avenida se convirtió en el eje urbano. Hoy, con las bodegas abandonadas y sin el servicio de pasajeros que daba vida a esa zona, la ciudad crece y se orienta más bien por el eje de la carretera México-Laredo y por la conexión también de la carretera hacia Tampico. Una ciudad que poco a poco se va alejando de su río y le da la espalda es la metáfora que puede utilizarse en la lectura del paisaje para observar que el río perdió protagonismo, pese a los intentos recientes, como el parque Luis Donaldo Colosio, que por las noches se convierte en un lugar intransitable y peligroso para la población local. Ese distanciamiento de la ciudad más importante de la zona, de su propio río, es también la manera en que se puede leer el libro de Santacruz (2012) sobre las vicisitudes de la gestión de una cuenca urbanizada. Este autor ha detallado la manera en que el presente y el futuro del río han terminado ajenos a la vida de la ciudad, que lo ve únicamente como fuente de problemas.

De acuerdo con los datos de Valadez (2011) que he retomado en el anexo uno, durante el último siglo, Ciudad Valles ha experimentado cuando menos cuatro inundaciones graves y decenas de desbordamientos e inundaciones leves. Otra grave, no por la profundidad de las aguas, sino por sus efectos, puede incorporarse si se considera la tormenta tropical Ingrid, de septiembre de 2013, y otra leve en julio de 2011. A partir de 1955, una de las zonas ribereñas será permanentemente afectada en esos casos. Es el sitio donde el arroyo Los Puercos baja con fuerza para unirse al cauce del río Valles. Estamos en presencia de una urbanización de autoconstrucción, sostenida por el trabajo familiar y en forma de una ocupación hormiga, silenciosa pero consistente, de una amplia zona a la que se pone freno en la expansión a partir de la construcción del parque urbano Luis Donaldo Colosio. Las figuras 7 y 8 permiten identificar el tipo de afectaciones que suceden en esa zona.

FIGURA 7. LA PRIMERA PLANTA DE UNA CASA, TOTALMENTE CUBIERTA POR EL ARRASTRE DEL ARROYO LOS PUERCOS. INGRID, 2013.

Foto: Rocío Maldonado.

FIGURA 8. CRECIMIENTO DE LA ZONA INUNDADA A PARTIR DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO LOS PUERCOS. INGRID, 2013.

Foto: Rocío Maldonado.

A partir de esos comportamientos observados y los impactos territorializados cuando el río se desborda, es posible agrupar las diferentes prácticas locales registradas, de la siguiente manera:

1) Ocupación habitacional de las llanuras de inundación del río Valles, en donde han crecido los asentamientos irregulares, pero también —y esto es muy importante subrayarlo— regulares que tienen documentada la propiedad de la tierra y la construcción de vivienda. El sistema de ocupación de las márgenes del río opera en conjunto: el usufructo no documentado se vuelve el primer círculo de demanda de las viviendas regulares, pero también en zona de riesgo. Todo muestra que el nudo de prácticas incluye reparto clientelar político de un sitio para vivir, corrupción y especulación en la adquisición de terrenos para proyectos legales que son adquiridos por los organismos de vivienda federal; destacadamente, INFONAVIT. Una sección de la ribera del río Valles, justamente una parte de las colonias señaladas como en mayor riesgo por el ayuntamiento actual, se ocuparon con créditos legales otorgados por el INFONAVIT.29 Es un secreto a voces que las empresas involucradas obtuvieron los terrenos y permisos por una cadena larga de corrupción, prohijada también por actores políticos locales. Entre los afectados existe la demanda de cancelar esos créditos. Los protagonistas: empresas constructoras, funcionarios locales del sector y del ayuntamiento, líderes agrarios. Uno de los informantes nos relató que la casa que ocupó en Jardines de la Pradera, después de una de las inundaciones, se descubrió que estaba registrada a nombre del ex presidente municipal de Ciudad Valles, quien inicialmente quiso desalojarlo del lugar. Ese funcionario había recibido varios inmuebles como pago a su intermediación política para autorizar el uso de suelo habitacional para esa zona.

El Frente de Defensa de la Vivienda (FDV) ofreció públicamente una lista de fraccionamientos en la misma condición: El Consuelo, El Carmen 3, Rosas del Tepeyac, Praderas del Río y Villas del Sol, todos en la lista municipal de zonas de riesgo. Cito: “Es lamentable que en Praderas del Río se haya permitido construir a empresas particulares, sabiendo que ese sector, junto con la colonia La Diana, se ubican en zonas bajas propensas a inundarse con cualquier creciente y desbordamiento del río Valles” (Arturo López, entrevista).

Este grupo de denunciantes pidió a la Comisión Nacional del Agua información sobre la identificación de las zonas inundables de Ciudad Valles. La respuesta “fue muy ambigua […] La CNA les proporcionó una hoja de máquina con un mapa a colores gris, negro y blanco donde no se especificó nunca en qué región del municipio se ubican las zonas bajas localizadas en la ribera del río Valles”.

2) Construcción de infraestructura urbana ocupando el territorio del río. De nueva cuenta se ocupan las llanuras inundables. Las prácticas de planeación territorial dirigen la atención hacia los cabildos como organismos formales, pero más allá se confunden con las prácticas de grupos particulares de la élite política local. Un ejemplo es la creación del parque urbano Luis Donaldo Colosio. En la decisión y ejecución de la obra, influyó: a) la cultura priista local, que convirtió la imagen de Colosio en patrimonio electoral (en Ciudad Valles existen colonia, calle, parque y monumento Colosio); b) la práctica patrimonialista de los recursos fiscales, para destinarlos casi exclusivamente a las cabeceras municipales; c) el contexto de convertir a Valles en una “puerta grande a la Huasteca”, para aprovechar la actividad turística como negocio de algunas familias vallenses importantes o de la élite, y d) el interés de constructores locales en el ingreso que significa este tipo de obras con licitaciones arregladas. No se puso a discusión la pertinencia de la obra en términos ecológicos, o su influencia sobre otras partes de la ribera y, en particular, sobre las áreas habitadas. La práctica local de los administradores identifica ribera como “reserva territorial” municipal, es decir, como un espacio para infraestructura municipal que permite jugosos negocios privados en las licitaciones para asignar la obra a las constructoras.

3) Mecanismos descentralizados y horizontales de cuidado y evacuación en caso de crecida de los ríos. Aunque no se trata del centro de interés de la autora, en el trabajo de Valadez (2011) hay pistas interesantes para buscar un entramado de cooperación horizontal, sostenido sobre unidades de parentesco y vecindad. En las entrevistas que realicé entre personas que llevan más de dos décadas viviendo en esas colonias, se pudo notar que el entretejido de “regulares e irregulares” en la ocupación habitacional del espacio en riesgo muestra que la vecindad y el parentesco son dos valores intangibles que se movilizan para la protección, sobre todo de los más vulnerables: niños, ancianos, mujeres embarazadas. Los principales protagonistas de estas prácticas son las familias que radican en las colonias ribereñas, albañiles de la zona, gestores locales de partidos. La figura 8 muestra el resultado de esa cooperación horizontal en un grupo de vecinos que se rescatan a sí mismos.

4) Construcción familiar que busca adaptarse a un territorio inundable. A diferencia de las casas edificadas por las empresas que venden por medio del INFONAVIT, que tienen un diseño industrial común, sin considerar ni las altas temperaturas de la ciudad ni la condición de riesgo por inundación donde están edificadas, hay ejemplos de construcción familiar (autoconstrucción) que intentan adaptarse a la condición inundable de los terrenos que habitan sus propietarios. La construcción estilo palafito y la plataforma como base de construcción son dos de las condiciones que se pudieron registrar. Será necesario identificar el grado de previsión que existe al hacerlos. La casa-palafito (figura 9) parece haber sido diseñada así desde el primer momento, pero también es posible que haya sido una decisión tomada en el curso de la construcción. Por el lado de la plataforma, puede ser un aditamento que se usa para una segunda construcción de la vivienda. Se observó que las más antiguas o deterioradas no lo presentan. En un sitio se vieron los muros-puerta, hay posibilidades de que aparecieron en forma correctiva y ahora se añaden desde el inicio de la vivienda. Los protagonistas son los habitantes locales que autoconstruyen sus casas. El paisaje expresa simultáneamente previsión y vulnerabilidad.

FIGURA 9. PALAFITO FAMILIAR SOBRE EL SITIO DE LLEGADA DE LA CORRIENTE DEL ARROYO LOS PUERCOS.

El edificio de la izquierda es el mismo inundado de la figura 7. Foto: Francisco Peña.

5) Cultivos cíclicos dispersos en una sección de la ribera. Un cauce con llanuras inundables que han sido ocupadas de manera permanente por artificios rígidos puede convertirse fácilmente en una situación de riesgo, o cuando menos de pérdida. Por el contrario, ocupar algunas secciones del conjunto del río, con actividades temporales o artificios flexibles, puede ser una práctica más bien positiva que redunde en beneficios en lugar de riesgos. Una de esas actividades es el cultivo de algunos productos. Aunque la zona se llenó de caña, un cultivo de plantación que puede generar pérdidas si se inunda por tiempos prolongados, lo que puede observarse es una práctica residual, pequeña, escasa, pero existente, de aprovechar algunas secciones de la ribera para cultivos de maíz. Además de una práctica campesina ancestral y bien documentada para todos los pueblos de matriz mayense, como los tének que ocupan y ocuparon la zona, esa agricultura se trata de una actividad flexible que puede adaptarse a los ciclos del río. Falta documentar qué tan consistente es esa práctica y si tiene como fundamento un conocimiento más fino de los sitios de cultivo y los calendarios climáticos. En este caso, los protagonistas son antiguos ejidatarios o campesinos sin parcela, pero también la registré como práctica de algunas familias de avecindados recientes.

CONCLUSIONES

Las prácticas locales y comunitarias frente a riesgos de agua tienen un carácter ambiguo y pueden abordarse no sólo en la condición de prevención o reacción frente al riesgo y desastre, sino también como productoras de riesgo, en particular como acondicionamiento de geografías de riesgo. Ambos procesos se realizan en forma simultánea y en un campo de intereses sociales encontrados.

En el caso del manejo de los ríos en ciudades pequeñas, puede ser un campo de interés especial analizar las prácticas locales en cuanto a la conformación del río como organismo vivo complejo y su cambio en un canal urbanizado. En particular, es importante analizar el conjunto de acciones que modifican el cauce y las llanuras de inundación. Un propósito así permite trascender las acciones de mitigación, entendidas sólo como prácticas correctivas a medidas estructurales equivocadas. Quizá el punto que podría reflexionarse en un contexto comparativo es la experiencia de desastres o riesgos con otros ríos urbanos de escala mucho mayor y que, sin embargo, parecen convivir de manera diferente, o que han tenido historias distintas en cuanto a las afectaciones de las poblaciones circundantes.

REFERENCIAS

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SANTACRUZ DE LEÓN, Germán (2012). El espejismo de la gestión de los recursos hídricos superficiales por cuenca hidrográfica. El caso del río Valles, la Huasteca, México. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis.

VALADEZ ARAIZA, Carolina (2011). “‘Ojalá y ya no llueva’. Organización y percepción social ante las inundaciones en la zona urbana de Ciudad Valles, S.L.P.”, tesis de maestría en Antropología Social, El Colegio de San Luis.

VALENCIO, Norma, Mariana Siena, Victor Marchezini y Juliano Costa Gonçalves (eds.) (2009). Sociología dos desastres – construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Paulo, Brasil: RiMa Editora.

* El Colegio de San Luis.

ANEXO 1. CRONOLOGÍA DE INUNDACIONES EN EL ÁREA URBANA DE CIUDAD VALLES.

FECHA:

AUMENTO NIVEL DEL RÍO VALLES. ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA SANTA ROSA (M)

CLASIFICACIÓN

LUGARES AFECTADOS

1920

*

*

Septiembre 1933

Grande

Casas instaladas a la orilla del río

1940

*

*

1951

Leve

*

Septiembre 1955

Grande

Juárez, Fibracel y lo que ahora es la Tetuán y la Bajadita

1957

Leve

*

Junio 1966

6.60

Leve

Partes bajas de la ciudad, colonias Estación de los Puentes, Juárez, Callejón de Morelos

Septiembre 1969

6.20

Leve

Colinas Juárez, Tetuán, Francisco Villa, estación de Valles

Julio 1973

5.01

Leve

Colonias Juárez y Tetuán

Julio y septiembre 1974

7.10

Leve

Colonia Tetuán, partes bajas de Ciudad Valles

Septiembre 1975

4.08

Leve

Partes bajas de Ciudad Valles. Colonias Tetuán, Juárez, Obrera Ferrocarrilera y Guadalupe, y un barrio situado entre la colonia Méndez y la carretera Valles-Tampico

Julio 1976

8.95

Grande

Tetuán, Márquez, Juárez, Francisco Villa, Diana y Santa Rosa

Septiembre 1977

7.70

Leve

Colonias alejadas del centro y noreste de la ciudad, colonias Juárez y Tetuán

Septiembre 1984

3.86

Leve

Colonia Juárez, el barrio los Filtros, Tetuán, Cuauhtémoc, Méndez

Agosto 1988

5.74

Leve

*

*

5.75

Leve

*

Junio 1991

6.90

Leve

Colonias El Gavilán, Ignacio García Téllez, Santa Lucía, América, Palo de Rosa; 11 colonias inundadas

Julio 1992

6.55

Leve

*

Julio 1993

7.97

Grande

Colonias Diana, Praderas del Río, Juárez, avenida Pedro Antonio Santos, Tetuán y secundaria Pedro Antonio

Junio 2004

6.05

Leve

*

Septiembre 2007

6.30

Leve

América, Guadalupe, Francisco Villa, Derecho de Vía y Tetuán

Julio 2008

8.30

Grande

Colonias La Diana, Marqués, Francisco Villa, Guadalupe, Santa Lucía, América, frac. Tecnológico, 12 de Julio, Derecho de Vía, Juárez, Barrio Los Filtros, Méndez, La Pimienta, Tetuán, Rosas del Tepeyac y Villas del Real

Julio/2010

5.65

Leve

Colonia Tetuán, El Sol, La Pimienta, Praderas del Río, El Consuelo, 18 de Marzo, Solidaridad, Rafael Curiel y la zona norte

Fuente: con datos corregidos de Valadez (2011: 91-92).

CAPÍTULO 5. SEQUÍA EN EL EJIDO OJO DE AGUA, ZONA TÉNEK, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ

GERMÁN SANTACRUZ DE LEÓN*

INTRODUCCIÓN

Los objetivos del ensayo son estimar y analizar la ocurrencia de sequías e inundaciones a partir de registros pluviométricos, contrastar socialmente esa ocurrencia y analizar el comportamiento de la agricultura de temporal, basada en la siembra de caña de azúcar en el ejido Ojo de Agua. Éste se localiza en la llamada zona tének del municipio de Ciudad Valles; en términos hidrográficos, se enclava en la cuenca del río Valles, en la Huasteca potosina. No es el fin en este documento hacer una discusión de cómo se estima la sequía, de manera que se emplea el índice estandarizado de precipitación, que sólo requiere de valores de lluvia para su estimación. Se realizaron recorridos de campo por el ejido y entrevistas con algunos ejidatarios. Lo expuesto aquí aporta al proyecto de investigación al revelar la heterogeneidad de la región de estudio en términos de cómo se evalúan los efectos sociales de una mayor o menor cantidad de agua en relación con los objetivos prioritarios de una comunidad. Abordar la variabilidad climática permitirá comprender y situar mejor la complejidad de las respuestas locales y la flexibilidad existente en las formas institucionales que se han desarrollado en el ámbito local.

El documento se divide en tres apartados. En el primero, se destaca la presencia de inundaciones y sequías en la Huasteca potosina generadas por la variabilidad climática de la zona, destacando que las de 1955 y 2008 son las que han provocado mayores daños a la zona urbana del municipio de Ciudad Valles. En el segundo se ubica al ejido Ojo de Agua en el contexto de la cuenca formada por el río Valles, cuyos escurrimientos, por las condiciones orográficas y topográficas, no alcanzan a generar inundaciones en el mencionado ejido, cuya superficie agrícola se destina fundamentalmente al cultivo de la caña de azúcar. En el tercer apartado, a partir de visitas de campo y entrevistas con ejidatarios, se hace un recuento de las sequías y sus efectos en la producción agrícola de caña de azúcar, la cual ya se practicaba en Ojo de Agua antes de la instalación del ingenio Plan de Ayala, pero tomando en cuenta que la apertura de este último incrementó la superficie destinada al cultivo de la caña, que sustituyó, aunque no en su totalidad, al maíz y frijol. Los efectos de las sequías son considerables toda vez que los ejidatarios no cuentan con sistemas de riego. En el último apartado, se analiza, aplicando el índice estandarizado de precipitación pluvial, la ocurrencia de sequías en Ciudad Valles, se destaca que diferentes eventos de sequía están en la memoria de algunos habitantes de Ojo de Agua, que ellos perciben los efectos de la variabilidad climática que se refleja en la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos como huracanes, pero más con la presencia de sequías que impactan de forma considerable en la producción de caña de azúcar.

DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN LA HUASTECA POTOSINA

La Huasteca potosina comprende veinte municipios y abarca una extensión de 10 971 km2 (figura 1). Se ubica en las tierras bajas de algunos ríos tributarios del río Pánuco (Moctezuma, Tampaón, Pujal, Valles, Mesillas, El Salto y Gallinas), muy próxima a las costas del Golfo de México.

La Huasteca potosina presenta precipitaciones pluviales que van de 1 000 a 1 200 mm anuales en las partes bajas; en las zonas altas alcanzan 3 000 mm anuales, con valores medios de 1 200 a 2 000 mm anuales. El comportamiento interanual de la precipitación pluvial muestra que entre los meses de noviembre a marzo (figura 2) se observan condiciones de estiaje que provocan una considerable reducción de los escurrimientos superficiales. En los meses de junio a agosto se presenta la canícula o sequía intraestival.

FIGURA 1. MUNICIPIOS DE LA HUASTECA POTOSINA

Elaboración propia.

FIGURA 2.

Comportamiento de la precipitación (mm) media mensual en las estaciones meteorológicas. El Salto (22.6° N y 99.43° W, 405 msnm), El Pujal (21.85° N y 98.93° W, 43 msnm), Tamuín (22.01° N. y 98.01° W, 22 msnm), Tlamaya (21.3° N. y 99.0° W, 720 msnm) y Tamapatz (21.5° N y 99.11° W, 725 msnm). Elaboración propia con base en información del Extractor Rápido de Información Climática III.

Este comportamiento pluvial “normalizado” refleja la variabilidad climática en el tiempo y en el espacio geográfico de la Huasteca potosina, por lo que no se puede hablar de un comportamiento homogéneo de los eventos hidrometeorológicos y de sus efectos (sociales, económicos, ambientales, etc.) en la región.

La precipitación pluvial logra generar escurrimientos superficiales y, con ello, corrientes superficiales permanentes que son tributarios del río Pánuco (figura 3).

FIGURA 3. CUERPOS DE AGUA DE LA HUASTECA POTOSINA.

Elaboración propia.

Diversas publicaciones han registrado y analizado la presencia de inundaciones y sequías en la Huasteca potosina. En ellas destaca el análisis de las inundaciones, sobre todo de las que afectan a las zonas urbanas. Sin embargo, cada vez más se percibe, por parte de diversos sectores de la población, la ocurrencia de sequías, cuyo impacto es más amplio (regional) y con efectos que pueden perdurar en el tiempo; en contraste, las inundaciones tienen una presencia más focalizada y están asociadas en gran medida a la vida urbana, como puede verse en el capítulo 4 de este libro.

En la Huasteca, destacan las inundaciones de los años 1898, 1955 (huracán Hilda, septiembre), 1966, 1969, 1973, 1974, 1975 (huracán Carolina), 1976 (ciclón Inés), 1977 (ciclón Anita), 1984 (ciclón Eduardo), 1991, 1993, 2004, 2007, 2008 (onda tropical núm. 11), 2010 (véase Meade, 1970; Valadez, 2011), que tuvieron sus mayores efectos en el municipio de Ciudad Valles y, por tanto, mayor resonancia en los medios de comunicación. La misma zona se configuró en 2008 como área de desastre por inundación (Valadez, 2011).

En cuanto a las sequías, existen datos de ocurrencia del fenómeno, pero predominan los que analizan el comportamiento espacial del mismo (véase Algara, 2009; Algara et al., 2009), el comportamiento temporal no ha sido motivo de discusión. Por otro lado, las agencias gubernamentales señalaban que la deforestación será la causa de que, en un futuro, la Huasteca potosina pueda presentar sequías constantes. Conviene señalar que este proceso biofísico puede presentarse tanto en regiones áridas como en regiones tropicales. Es definida y conceptuada de diversas maneras, de forma tal que no existe una definición universal. Cada evento difiere de otro en cuando menos su duración, intensidad y su alcance espacial (Liu et al., 2012; Schwabe et al., 2013). La sequía es un proceso común, generalizado y recurrente (Namias, 1966) que, desde el punto de vista de la hidrología y la meteorología, ocurre cuando la precipitación es significativamente inferior a la normal. Pero, como se verá adelante, en términos de evaluación de los impactos sociales o económicos, no es conveniente partir de esa definición hidrológica.

EL EJIDO OJO DE AGUA EN EL CONTEXTO DE LA CUENCA DEL RÍO VALLES

El ejido Ojo de Agua se localiza en la porción suroeste de la cuenca del río Valles, en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental (figura 4), a una distancia aproximada de 12 km de la margen derecha del río Valles, a una altitud de 139 metros sobre el nivel medio del mar (figura 5). Lo anterior hace suponer que, si se presentan inundaciones en este ejido, su origen no está en los escurrimientos que fluyen por el río Valles.

FIGURA 4. ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO OJO DE AGUA.

Foto: Germán Santacruz, febrero de 2017.

Este ejido tiene 1 107 habitantes, de los que 80% habla tének; hay 98 ejidatarios en posesión de 2 410 ha, de acuerdo con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbano (Procede), en el que quedaron inscritos el 6 de octubre de 1997. Esa superficie les fue dotada en 1955 después de haber iniciado las peticiones el 20 de noviembre de 1945. De acuerdo con el Sr. José Demetrio Hernández, que cuenta con 81 años de edad, fue una larga lucha que concluyó con la dotación de tierras. En el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional se consigna que el ejido Ojo de Agua cuenta, de acuerdo con el decreto presidencial del 31 de agosto de 1955, con 1 799.36 hectáreas. La mayoría de los 130 ejidatarios que conforman el núcleo agrario siembran caña de azúcar (Saccharum officinarum) (figura 6), que entregan, mediante convenio, a uno de los ingenios asentados en las proximidades de Ciudad Valles.

Figura 5. Localización del ejido Ojo de Agua en relación

con el río Valles.

FIGURA 6. VISTA PANORÁMICA DE LA ZONA DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL EJIDO OJO DE AGUA.

Foto: Germán Santacruz, febrero de 2017.

El río Valles, que capta las aportaciones hídricas de aproximadamente 3 200 km2 de una parte de la porción norte de la Huasteca potosina, nace a ocho kilómetros al sureste de Tula, Tamaulipas, y a una elevación de 1 600 metros sobre el nivel medio del mar; allí se le conoce como el río El Salto. Siguiendo su curso, El Salto atraviesa la sierra La Colmena, y debido a ello se forma un conjunto de cascadas, denominadas Micos; aguas abajo de estas cascadas, el río recibe, por su margen izquierda, las aportaciones de los ríos Mesillas y Puerco. Los caudales mínimos y máximos registrados en la estación hidrométrica Santa Rosa son de 2.53 m3/s y 479 m3/s, respectivamente; este último no alcanza a generar inundaciones en el ejido Ojo de Agua, sobre todo por su ubicación geográfica respecto al río Valles (figura 7). Éstos muestran la gran variabilidad hidrológica en la cuenca del río Valles, que se localiza entre 21°51’ y 22°45’ N y entre 98°50’ y 99°34’ W; tiene una extensión de 3 200 km2 (figura 7), abarca porciones importantes del municipio de Ciudad Valles, y dentro de ella se localizan los municipios de El Naranjo y Nuevo Morelos. Presenta climas subhúmedos con lluvias en verano de humedad media y alta, y semicálidos subhúmedos con lluvias en verano.

OCURRENCIA DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN EL EJIDO OJO DE AGUA

Existen documentos que señalan la presencia de inundaciones en la zona urbana de Ciudad Valles. Se señala que “el 19, y luego el 30 de septiembre, dejaron su terrible huella de destrucción los ciclones llamados Gladys e Hilda. Tamuín quedó bajo el agua cerca de tres semanas, así como la carretera de Valles a Tampico, que por fin se volvió a abrir, aunque quedó muy destruida” (Meade, 1970: 208-209). Esta gran inundación, aunque no ocurrió en Ojo de Agua, también la recuerdan los Sres. José Demetrio Hernández y Liborio Piña Martínez, ejidatarios de Ojo de Agua (figura 8). Señalan que por algunos días tuvieron problemas para abastecerse de algunos alimentos que regularmente adquirían en los mercados de Ciudad Valles. Sostienen que debido a que están en “terrenos un poco altos”, no han padecido inundaciones. El Sr. Pérez, presidente del comisariado ejidal, y el Sr. Félix, presidente del consejo de vigilancia, recuerdan los efectos de los huracanes que se presentaron en 1976 y 1977, y también tienen presentes las inundaciones generadas por la onda tropical núm. 1, en 2008, en Ciudad Valles.

FIGURA 7. LOCALIZACIÓN DEL EJIDO OJO DE AGUA CON RESPECTO AL RÍO VALLES Y LA ZONA URBANA DE CIUDAD VALLES

Elaboración propia

En tal sentido, señalan que los principales problemas con las inundaciones son que, “nos quedamos incomunicados”, porque las vías terrestres se inundan, sobre todo, “por el puente que está por el basurero” (se refiere al basurero municipal de Ciudad Valles); esas inundaciones provocan el desabasto de algunos alimentos, pero también impiden el tránsito a los que trabajan o estudian en la zona urbana. Si bien no se ven afectados por la crecida de los ríos, el Sr. Francisco Hernández, secretario del comisariado ejidal, señala que los fuertes vientos asociados a los huracanes han afectado los techos de algunas casas, pero que hasta el momento no se han presentado pérdidas humanas.

FIGURA 8. DIÁLOGO CON EJIDATARIOS DE OJO DE AGUA.

Fotografía realizada por asistente de investigación, febrero de 2017.

A diferencia de las inundaciones, las sequías sí han generado pérdidas en la producción agrícola de Ojo de Agua. Esos problemas de sequía (o estiaje) ya eran percibidos, en el municipio de Ciudad Valles, cuando menos desde la década de 1920. Por ejemplo, en algunos archivos históricos se señala que “desde el año pasado se ha venido notando una escasez casi absoluta de agua en el tiempo de secas. Este año, un ingeniero de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, aforando en el punto cercano al que usaba la Cía. Impulsora para sus lecturas, encontró que el estiaje mínimo pasado fue de aproximadamente 3.5 metros cúbicos por segundo” (Archivo Histórico del Agua, fondo Aprovechamientos superficiales, caja 894, expediente 13805).

En 2006, durante una investigación en la cuenca del río Valles, se realizó una encuesta en algunas localidades, de acuerdo con la cual se encontró que en El Gritadero, 41.6% de los encuestados considera que hace falta agua en el campo. En Tanzacalte, 55.5% consideraba que el principal problema que enfrentan es la sequía. En Gustavo Garmendia, 2.63% consideraba que hace falta agua en el campo (un alto porcentaje de los encuestados de esta localidad se emplea en el sector terciario). En El Veladero, 14.28% consideraba que hace falta agua en los campos agrícolas y asocia esto a la sequía. En La Mutua, 5.88% considera que existe sequía en el campo y que ésta ocasiona graves problemas a la producción agrícola. De todo el universo de encuestados, 80% considera que llueve menos, y un porcentaje similar estima que hace más calor, mientras que 26.6% considera que existen menos árboles y que ésa es la causa de que llueva menos y de que la temperatura se incremente.

Es decir, la ocurrencia de sequías y su percepción por la población es cada vez más permanente en la Huasteca potosina. El Sr. José Demetrio Hernández señala que, en 1949, se presentó una sequía intensa que se prolongó hasta 1951; recuerda que tuvieron que buscar tierras con alguna humedad para sembrar frijol y maíz, o alimentarse de algunos frutos silvestres. Recuerda, a sus 81 años de vida, que es la sequía que más le ha impactado.

Ahora bien, la mayor cantidad de superficie agrícola del ejido Ojo de Agua se destina a la siembra de la caña de azúcar, la producción obtenida, como se señaló, se entrega a los ingenios asentados en el municipio de Ciudad Valles. El Sr. Liborio Piña Martínez recuerda que la primera entrega de caña al ingenio fue en 1965 y que la cosecha de los años anteriores se destinaba a la producción de piloncillo. Este ejido producía, además de maíz y frijol para el autoconsumo, caña de azúcar para piloncillo, modificándose esto a partir de 1965. Este cambio de cultivo no fue un hecho aislado, sino que responde a una política nacional de incentivar el cultivo de la caña y que las zonas productoras se convirtieran en suministradoras de caña a los ingenios que en ese momento se estaban instalando.

Numerosos documentos históricos30 señalan que el cultivo de la caña de azúcar ya se practicaba desde las últimas décadas del siglo xix en la Huasteca potosina; sin embargo, este tipo de producción ocupaba pequeñas superficies y su procesamiento era artesanal. A partir de la década de los años sesenta del siglo XX, comienza a cobrar forma el boom cañero en los valles intermontanos de la Huasteca potosina, incentivado, como ocurrió en otras zonas de México, por la política agrícola31 del Estado mexicano. Se han expedido diversos decretos relacionados con la producción cañera. A modo de ejemplo, puede citarse el decreto32 del 22 de septiembre de 1943, que indicaba que cada ingenio contaría con una zona de abastecimiento de caña fijada por la Secretaría de Agricultura y Fomento, lo que obligaba a sembrar sólo caña a todos los ejidatarios y pequeños propietarios incluidos en dicha zona, y el ingenio estaba obligado a comprar toda la caña producida. Con el decreto del 29 de marzo de 1944, los ingenios fueron facultados para fungir como intermediarios entre Financiera Industrial Azucarera, S. A., y el productor (García, 1997).

En relación con el cambio en la producción agrícola generado en la zona en la que se asienta el ejido Ojo de Agua, puede verse que el Ing. Julián Rodríguez Adame, secretario de Agricultura y Ganadería, en su discurso con motivo de la inauguración del Ingenio Plan de Ayala, el 1o. de diciembre de 1963, señaló que se realizaron recorridos y “cuidadosas encuestas”, con los que se pudo concluir que en la región de Valles existía una amplia zona dedicada al cultivo de la caña y que era la menos afectada por las “perturbaciones ciclónicas”, que habían provocado el fracaso de cultivos como el algodón o los cítricos; además, señaló que la zona de Valles contaba con adecuadas vías de comunicación (Rodríguez, 1963).

Insistió en que los estudios mostraban que existían más de 10 000 hectáreas sembradas con caña de azúcar y que en la zafra 1958/59 se enviaron 400 000 toneladas a los ingenios El Mante y Xicoténcalt, localizados en Tamaulipas, a costos que hacían incosteable el cultivo en la región; esto, entre otras razones, hacía inaplazable el establecimiento del ingenio Plan de Ayala, que podría ser abastecido por 44 000 hectáreas ubicadas dentro de los valles formados por los ríos Gallinas, Coy, Tampaón, El Salto, Valles y el arroyo Los Gatos, además de que el área futura de abastecimiento pertenecía a 35 ejidos y 172 pequeñas propiedades, que sembrarían 14 000 y 7 431 hectáreas, respectivamente. Dentro de esos ejidos, estaba Ojo de Agua. Así, la vocación cañera de la Huasteca potosina se construyó desde las más altas esferas gubernamentales.

En la Huasteca, una parte considerable de la superficie agrícola destinada al cultivo de la caña de azúcar carece de suministro de agua mediante sistemas de riego; la producción depende totalmente de la humedad suministrada al suelo por la precipitación pluvial, de manera que esa producción agrícola es dependiente de las variaciones climáticas y, con ella, de la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

Por otro lado, las variaciones del mercado de la azúcar han provocado el incremento o decremento de la superficie cultivada de caña de azúcar. De igual manera, han incidido en el abandono o en la sustitución de la superficie sembrada de caña por otros cultivos, o inciden en el incremento de la superficie sembrada y, con esto, en la sustitución de cultivos que demandan menos agua. El comportamiento de la superficie cortada de ese cultivo en la Huasteca potosina es variable en el tiempo y no necesariamente es igual a la superficie sembrada (figura 9).

FIGURA 9. COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA SUPERFICIE COSECHADA (HECTÁREAS) EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS INGENIOS AZUCAREROS LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES.

Elaboración propia con base en información proporcionada por el Comité de la Agroindustria Azucarera.

Los ingenios cañeros procesan la caña de azúcar de diversas zonas agrícolas, algunas de las cuales se encuentran fuera de la cuenca del municipio de Ciudad Valles. No es claro, de acuerdo con las estadísticas, cuánta de la superficie agrícola cañera se encuentra bajo riego y cuánta no. Sin embargo, la figura 9 muestra que, con altibajos, la tendencia es al crecimiento de la superficie sembrada con caña de azúcar. El ingenio Plan de Ayala captaba la producción de 2 845 ha en 1964, y esta superficie creció a 18 321 ha en 2016. En el caso del ingenio Plan de San Luis, en 32 años, la superficie cosechada pasó de 2 137 ha, en 1984, a 21 890 ha, en 2016.

El incremento en la superficie cañera tiene efectos socioambientales. Por un lado, crece la demanda de agua para irrigar —o aplicar “riegos de auxilio”— en las áreas cañeras, y se modifica la frontera agrícola sobre superficies con vegetación original. Por otro lado, se desplazan o sustituyen cultivos no comerciales, de autoconsumo, que requieren menores cantidades de agua. El incremento en la superficie cañera implica que los pequeños productores, dependientes de la humedad derivada de la precipitación pluvial, sean altamente vulnerables ante los efectos de las sequías y que, por tanto, cada vez demanden más apoyos gubernamentales para el campo.

Sumado a lo anterior, en algunas áreas agrícolas del municipio de Ciudad Valles las condiciones edáficas y climáticas no son aptas para el cultivo de la caña de azúcar (Jiménez et al., 2004), y ésta se produce también a base de agroquímicos para incrementar la productividad. En tal sentido, en otros estudios se señala que “el campo presenta fragilidad ambiental, está fragmentado y desintegrado (minifundio), improductivo y sobreexplotado”; se caracteriza “por una agricultura de supervivencia e inercia basada en la capacidad de adaptación de la caña de azúcar y vulnerabilidad a los cambios del entorno (plagas, enfermedades, sequías etc.), derivado de cultivos estresados, sin renovación varietal y de prácticas innovadoras”, además de que “los ingenios azucareros (certificados en sus procesos) no muestran su potencial productivo debido a la baja calidad y abasto de materia, que inclusive se cultiva por debajo del umbral económico (40 t/ha)” (Aguilar et al., 2013).

Así, se ha impulsado un cultivo agrícola que vulnerabiliza de manera significativa, sobre todo, a los que tienen áreas agrícolas de temporal, los hace totalmente dependientes de las condiciones naturales de humedad del suelo, asociada, en gran medida, a eventos hidrometeorológicos, y de las condiciones de compra del producto, que son fijadas por los dueños de los ingenios.

Por otro lado, la mayor o menor producción de caña de azúcar en el ejido Ojo de Agua se sujeta a la presencia o ausencia de precipitación pluvial en la zona. El Sr. Liborio Piña señala que, según su experiencia, todos los años que terminan en siete son secos, y recuerda que en 1967 se presentó una sequía que se prolongó hasta 1968, la cual provocó pérdidas en la producción de caña de azúcar y otros cultivos, como maíz y frijol. Recuerda también la sequía de 1977; sostiene que ante esos eventos “no se puede hacer nada”, y sentencia: “El gobierno nunca va a venir a ofrecerte apoyo, tú tienes que pedir”. Los entrevistados sostienen que, para mitigar los impactos de la sequía en la producción agrícola del ejido Ojo de Agua, se construyó en 1975 la presa Ojite (figura 10), que capta los escurrimientos superficiales de varios arroyos, además del agua de varios nacimientos que se alojaban en lo que ahora es el vaso de la presa; varios de los entrevistados recuerdan haber trabajado en esa obra. Lamentablemente, esta obra hidráulica no ha resuelto el problema; “se quedó a medias”, toda vez que no fue acompañada de sistemas de riego presurizado o, en todo caso, riego por gravedad. Con esa presa se “podrían regar hasta 100 hectáreas”.

FIGURA 10. VISTA PANORÁMICA DEL VASO DE LA PRESA EL OJITE, EJIDO OjO DE AGUA.

Foto: Germán Santacruz, febrero de 2017.

Los entrevistados se cuestionan cómo resolver el problema, con una solución de largo plazo. Para ellos sería importante rehabilitar la presa El Ojite y construir la infraestructura hidráulica que les permita llevar el agua hasta sus parcelas. Otra alternativa señalada por los entrevistados es el aprovechamiento del agua subterránea, lo que “podría ayudar a resolver los efectos de las sequías venideras”. Señalan que como la caña “es generosa”, en la temporada de secas logran entregar 36 toneladas por hectárea al ingenio, pero cuando se tiene abundante humedad “alcanzamos a entregar el doble de esa cantidad”.

El presidente del consejo de vigilancia señala: “Estamos tristes, los que chapolearon […] se preguntan y ahora cuándo va a llover […]. Ya no llueve como antes […]. El frijol no necesita mucha agua”, pero el ejido “es una zona caliente”. Por otro lado, señalan que han buscado ser tomados en cuenta para proyectos productivos, pero su experiencia es que los proyectos gubernamentales que les han ofrecido no han funcionado, que se encuentran en desventaja respecto a las personas con más influencia política, que son las que reciben los mejores apoyos gubernamentales.

Como se observa en lo expresado por las personas entrevistadas, la sequía puede presentarse tanto en regiones áridas como en regiones tropicales. Ésta puede ser definida y conceptuada de diversas maneras, no existe una definición universal, sino que debe responder a situaciones regionales, así como a aspectos relacionados con el sector económico impactado (McKee et al., 1993). Cada evento difiere de otro en cuando menos tres aspectos: duración, intensidad y su alcance espacial (Liu et al,. 2012; Schwabe et al,. 2013).

Es un proceso común, generalizado y recurrente (Namias, 1966), más que una anomalía climática. Desde el punto de vista de la hidrología y la meteorología, la sequía ocurre cuando la precipitación es significativamente inferior a la normal. Sin embargo, es un análisis simplista sólo relacionar, como causal principal, a la ausencia de precipitación pluvial con la ocurrencia de un evento de sequía (Bandyopadhyay, 1987). Los efectos de ésta, dependiendo de su magnitud y de las estrategias establecidas para contrarrestarlos, pueden causar serios problemas para la agricultura, el sector hidroeléctrico y la industria, así como déficit en el suministro de agua potable, con graves consecuencias para la población local, como se constata en el ejido Ojo de Agua.

En México existen pocos estudios que han considerado los impactos socioeconómicos de la sequía (véase, por ejemplo, Florescano, 1995; Padilla et al., 1980); en San Luis Potosí, predominan los estudios que consideran aspectos meteorológicos o hidrológicos (véase Algara, 2009; Campos, 2012). En otros países y regiones del planeta se han estudiado, además de las causales meteorológicas de la sequía, los aspectos sociales e incluso culturales (véase Kallis, 2008; Paneque y Vargas, 2015). Se ha observado que las poblaciones locales (rurales) han sobrevivido a estos eventos hidrológicos extremos (West y Smith, 1996) con sus propios mecanismos, además de que las acciones de política pública no han paliado los impactos y, más bien, están encaminadas a beneficiar de manera inequitativa a unos sobre otros, como lo muestra lo expresado por los ejidatarios de Ojo de Agua.

Ahora bien, los métodos para estimar la duración, intensidad y alcance espacial de la sequía son diversos, desde los hidrológicos (véase Cacciamani et al., 2007; Kallis, 2008; Hossein et al., 2012) hasta los que consideran aspectos de análisis espacial y percepción remota (véase Mishra y Singh, 2010). Estas metodologías arrojan resultados que actualmente, aunque no siempre ocurre ello, son considerados para establecer políticas públicas y acciones de mitigación de los impactos sociales, económicos y ambientales de la sequía. Aunque, en el caso de México, y en particular en San Luis Potosí, se reflejan muy poco en las acciones de mitigación, sobre todo de las poblaciones más desfavorecidas. A pesar de ello, en la siguiente sección se emplean algunos procesos estadísticos para, a partir de ellos, identificar años húmedos o secos.

ESTIMACIÓN DE LA OCURRENCIA DE SEQUÍAS EN EL EJIDO OJO DE AGUA A PARTIR DE REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS E HIDROMÉTRICOS

Existen diversas formas de presentar y analizar los datos medidos (o estimados). La pretensión de la ciencia es siempre buscar que los modelos se aproximen lo mejor posible al comportamiento de la naturaleza, para reducir la incertidumbre. Una “descripción aproximada de la naturaleza” (Kline, 1985). Se ha pretendido “matematizar” la naturaleza, buscando y definiendo qué modelo, desde el punto de vista científico, es el que mejor reproduce el comportamiento natural. Hoy, como en la primera mitad del siglo pasado, se le buscan explicaciones y causas a la intensidad y frecuencia con que ocurren los eventos hidrometeorológicos; la conclusión hegemónica es que se deben al cambio climático asociado a la presencia del fenómeno del Niño, o de la Niña, según sea el caso. Es importante destacar que aquí no se pierde de vista que, para que un evento hidrometeorológico extremo, como una sequía o un huracán (que puede originar una inundación), se convierta en desastre, tiene que ver con aspectos socioeconómicos y políticos.

Considerando lo anterior, no creo del todo cierto que el Índice Estandarizado de Precipitación (IEP) sea el que mejor modela el comportamiento temporal de la precipitación pluvial, pero otros requieren de herramientas complejas (por ejemplo, imágenes satelitales), además de que el IEP permite expresar lo que aquí se pretende mostrar.

Existen registros de precipitación en la cuenca del río Tampaón, de la cual es tributario el río Valles, de los que, para diversos proyectos de construcción de presas, se han determinado valores medios anuales. El análisis del comportamiento pluviométrico anual de los datos reportados en el expediente 6125, caja 639 del Fondo Consultivo Técnico, ubicado en el Archivo Histórico del Agua, muestran que en el periodo de 1933-1936 se presentaron precipitaciones máximas; sin embargo, las máximas precipitaciones anuales fueron de 1 012 y 1 033 mm en los años 1941 y 1955, respectivamente. Al periodo lluvioso de 1933-1936 le siguió uno de sequía que duró de 1937 a 1940. Los periodos de 1944-1946 y de 1948-1951 pueden considerarse como moderadamente secos (figuras 11 y 12). Este último periodo es el que recuerda el Sr. José Demetrio Hernández como una sequía intensa, y de la cual sobrevivieron mediante sus propias estrategias, con ninguna ayuda del gobierno mexicano.

FIGURA 11. COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (MM) EN LA CUENCA DEL RÍO TAMPAÓN (1925-1962).

Elaboración propia con base en datos del documento “Consideraciones sobre los últimos datos geológicos y geohidrológicos de los proyectos de Pujal y Tamalte, enviados por la Comisión de Estudios del río Pánuco”, 1964.

FIGURA 12. COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN (IEP) EN LA CUENCA DEL RÍO TAMPAÓN (1925-1962).

Elaboración propia con base en datos del documento “Consideraciones sobre los últimos datos geológicos y geohidrológicos de los proyectos de Pujal y Tamalte, enviados por la Comisión de Estudios del río Pánuco”, 1964.

La ocurrencia de precipitaciones máximas en los periodos señalados coinciden con la ocurrencia de huracanes; por ejemplo, se ha reportado que “el ciclón que sopló en septiembre de este año de 1933 derribó los frondosos árboles del jardín Hidalgo” (Meade, 1970: 193); y en 1955 se presenta el huracán Hilda, el cual también causó inundaciones en la Huasteca y, por tanto, en las inmediaciones del río Valles (véase Valadez, 2011). Este último huracán está en la memoria de algunos ejidatarios de Ojo de Agua, sobre todo por haber quedado incomunicados.

En la cuenca del río Valles operan diversas estaciones termopluviometrícas, una de las más próximas al ejido Ojo de Agua es la denominada Santa Rosa (clave CONAGUA 24076), que tiene registros pluviométricos desde 1960, con datos faltantes en 1985. El procesamiento de la información de la estación Santa Rosa permite observar la variabilidad climática en la zona en donde se asienta el ejido Ojo de Agua; es posible ver que existen algunas sucesiones de años con presencia de abundante humedad, pero también periodos de moderada humedad a extremadamente secos (figuras 13 y 14).

FIGURA 13. COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (MM) EN LA ESTACIÓN SANTA ROSA (CLAVE 24076).

Elaboración propia con base datos del ERIC III.

En los años 1961 a 1965 se presenta una sequía, de acuerdo con la figura 14, clasificada moderadamente seca. En 1963 se inauguró el ingenio Plan de Ayala; en el discurso inaugural no se hace referencia a esta sequía. En los primeros cinco años de operación del ingenio Plan de San Luis (1984-1989), se presentaron lluvias anuales inferiores a la media anual (figuras 13 y 14); es decir, en términos hidrometeorológicos, se tenían condiciones de sequía; y a pesar de ello, la superficie cosechada y que suministraba caña a ese ingenio azucarero pasó de 2 137 ha en 1984 a 9 789 ha en 1989. ¿Qué tanta de esa superficie contaba con riego y por tanto no estaba sujeta a los efectos de la falta de humedad en el suelo? En tal sentido, puede verse que la Unión Local de Cañeros de la Confederación Nacional Campesina solicitó al gobierno del estado de San Luis Potosí que declarara a la región zona de desastre ya que, debido a la sequía, cientos de hectáreas cultivadas de caña se estaban perdiendo (véase Santacruz, 2007).

FIGURA 14. ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL (IEP-12 y IEP-6) PARA LA ESTACIÓN SANTA ROSA (CLAVE 24076).

Elaboración propia con base datos del ERIC III.

Esas percepciones coinciden con las declaraciones de los representantes de la asociación ecologista Viva la Huasteca, según las cuales “la sequía para el próximo año será fatal porque no correrá agua por el río Valles”, y advertían que esta crisis se agravaría porque los agricultores “no hacen caso y utilizan en forma criminal el agua al sacar en grandes cantidades para el riego de sus cultivos” (véase Santacruz, 2007). Recuérdese que en 2008 se presentaron inundaciones en la zona urbana de Ciudad Valles, provocadas por la onda tropical núm. 8, pero la variabilidad climática se hacía presente; por ejemplo, en febrero de 2013 el delegado regional de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos del gobierno del estado de San Luis Potosí señalaba que la falta de lluvias en la zona Huasteca podía afectar a más de 40 000 hectáreas de temporal, lo que en su estimación iba a significar una pérdida de más de 60 millones de pesos, y además señaló que sólo 50 000 hectáreas contaban con sistemas de riego (López, 2013). En marzo de 2017, el presidente del Consejo de Pueblos Tének señalaba que el abasto de agua para uso doméstico se estaba complicando por los bajos niveles de los ríos de los que derivan el líquido mediante un “sistema hidráulico”, y auguraba que los meses de abril y mayo serían de intensa sequía, con los consabidos efectos en la agricultura y ganadería de la zona tének (Galván, 2017).

COMENTARIOS FINALES

Los medios de comunicación han señalado la presencia de sequías y, con mayor frecuencia, inundaciones en Ciudad Valles; destaca la generada por el huracán Hilda en septiembre de 1955. La percepción de los entrevistados del ejido Ojo de Agua y el análisis estadístico de los datos pluviométricos muestran que en 2008 la tormenta tropical núm. 8 provocó inundaciones, además que, cuando menos en los últimos setenta años, la variabilidad climática es algo normal en el municipio de Ciudad Valles.

El ejido Ojo de Agua ha sido afectado por diversos eventos de sequía; sus habitantes de mayor edad recuerdan varios de ellos, pero destaca la sequía que se inició en 1947 y se prolongó hasta 1950. Por otro lado, la sequía de 2006 fue percibida en diversas localidades del municipio de Ciudad Valles; ésta se refleja en el análisis estadístico de los datos de precipitación pluvial registrados en la estación Santa Rosa (clave 24076); de acuerdo con el iep-12, se inició en 2004 y se prolongó hasta 2006, y posteriormente se tuvieron dos años (2007 y 2008) con condiciones de humedad de moderadas a extremas.

Del decir de los ejidatarios y autoridades de Ojo de Agua se desprende que, si bien realizan algunas prácticas locales para mitigar los efectos de las sequías, requieren de una estrategia gubernamental que no sea sólo reactiva, que considere la variabilidad climática, que apunte a mitigar, en los hechos, tanto los problemas derivados de las inundaciones como también los provocados por las sequías.

Han señalado varios mecanismos para mitigar los efectos de la sequía, entre ellos el uso del riego por gravedad aprovechando el agua almacenada en la presa El Ojite, que, de acuerdo con el presidente del consejo de vigilancia, permitiría regar hasta 100 hectáreas del ejido. También han propuesto el uso del agua subterránea, que implica la perforación y acondicionamiento de pozos. Finalmente, sostienen que, ante eventos de sequía o inundaciones los apoyos se destinan a los que tienen poder político y económico, de manera que no sólo en las declaraciones periodísticas de funcionarios públicos o políticos, sino también en la aplicación de acciones de reducción de los efectos de las sequías, los productores de caña de azúcar bajo temporal no aparecen, o lo hacen muy poco, a pesar de ser los más afectados.

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* El Colegio de San Luis.

CAPÍTULO 6. CICLOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y VIDA COMUNITARIA EN EL BARRIO DE MANTEZULEL, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ

LAURA ELENA ORTEGA ELORZA*

JORGE DAMIÁN MORÁN ESCAMILLA**

INTRODUCCIÓN

Este capítulo analiza el tipo de prácticas que los habitantes de la comunidad de Mantezulel desarrollan ante la manifestación de fenómenos hidrometeorológicos que forman parte de un ciclo hidrosocial en el que se despliega un conjunto de acciones enmarcadas en la reproducción comunitaria de la vida.

Los fenómenos hidrometeorológicos son parte de procesos cíclicos que influyen sobre las condiciones ambientales en que viven las comunidades rurales. Representan un factor que se ha de considerar dentro de los riesgos que experimentan, así como una condición que posibilita la realización de actividades productivas, de acceso y apropiación de recursos naturales, entre otras repercusiones en la esfera de la vida cotidiana. Por esa razón, las características del contexto social y ambiental en el que se manifiestan los fenómenos son determinantes para comprender tanto el tipo y la magnitud de sus efectos como las respuestas y concepciones sobre éstos.

Mediante la realización de entrevistas semiestructruradas, se identificaron los fenómenos hidrometeorológicos que se manifiestan en la localidad de Mantezulel para conocer su recurrencia y sus impactos en la vida cotidiana de las personas y en el entorno.

A partir de ello, la identificación e investigación de las prácticas locales que se reproducen en la comunidad como parte de las estrategias para aprovechar, resolver o prever acciones ante la manifestación de fenómenos, como lluvias intensas, inundación, vendavales o sequías, permitió describir la configuración de un ciclo hidrosocial definido en dos momentos: por un lado, la presencia de lluvias abundantes y, por otro, la ausencia de ellas. Estas prácticas comprenden todas aquellas acciones que concurren en la escala comunitaria e involucran distintas relaciones organizativas entre individuos, familias y comités, así como con formas y niveles de gobierno, autoridades comunales, municipio, estado y orden federal, en la apropiación, uso, manejo y distribución de recursos relacionados, todos ellos, en torno a los ciclos del agua caracterizados.

Finalmente, se plantea la influencia que ejercen el turismo, los programas de transferencias monetarias, las transformaciones en la vivienda y la incorporación educativa a un sistema escolarizado como parte de procesos de cambio social y erosión cultural que han influido en la modificación de las dinámicas hidrosociales en Mantezulel.

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO Y FÍSICO

Mantezulel es uno de los diez barrios que conforman el ejido de Tampate.33 Se encuentra en el municipio de Aquismón, en la región Huasteca de San Luis Potosí (SLP) (figura 1), la cual se extiende hacia el oriente del estado a lo largo de tres grandes unidades geomorfológicas denominadas llanura costera, Sierra Madre Oriental (SMO) y mesetas altas, por lo que posee un medio geográfico heterogéneo, así como una considerable biodiversidad.

La orografía, latitud, interacciones tierra-océano y la dinámica del aire son factores fundamentales que explican las características climáticas y fenómenos hidrometeorológicos en la región (Puig, 1991: 53-55). Suelen manifestarse ciclones tropicales formados a partir de grandes masas de aire cálido y húmedo provenientes del océano Atlántico y el mar Caribe, acompañados de fuertes vientos que giran en forma de espiral alrededor de las zonas de baja presión debido a que la región se sitúa en la circulación de los vientos alisios del este (entre los anticiclones subtropicales y las bajas presiones intertropicales) (Puig, 1991: 55-56; Rosengaus et al., 2002: 14).

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESTUDIO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Fuente: elaboración propia.

El Atlas climatológico de ciclones tropicales en México señala que la temporada de estos fenómenos comienza a principios de junio, con temperatura de la superficie del mar ideal para su formación a 26° C, y se extiende hasta noviembre (Rosengaus et al., 2002: 18) (figura 2). Una de las características de los ciclones es que transportan gran cantidad de humedad y se trasladan con alta velocidad (con frecuencia entre 10 a 40 km/h), mayormente en las porciones cercanas a las planicies costeras, además de generar diversos efectos en el ámbito regional (Rosengaus et al., 2002: 14, 16).

En San Luis Potosí se identifica una zona densa de finales de trayectorias de ciclones a causa de la barrera montañosa de la smo, que propicia el decaimiento de la velocidad de los vientos sostenidos a lo largo de su recorrido por la llanura (Rosengaus et al., 2002: 52). Las elevaciones de la SMO, que atraviesa el municipio de Aquismón en dirección sureste-noroeste, interceptan vientos cargados de vapor de agua que provienen del Golfo de México (GM), lo que genera fuertes precipitaciones en la región con un máximo entre junio y septiembre.34 Dado que la vertiente oriental de la sierra es la más expuesta en este flujo de vientos es asimismo la más húmeda (Puig, 1991: 54-56).

Constituida de manera dominante por rocas calizas y, en menor medida, de otras igualmente con características solubles, la SMO está dispuesta en una serie de plegamientos en anticlinales y sinclinales con valles intermontanos, que propician de manera general que el agua fluya a través de las rocas en los valles y sea captada por fallas regionales (Morán Ramírez et al., 2013: 73-74; Puig, 1991: 34). La abundancia e intensidad de las precipitaciones en la región provoca, a la vez, una intensa erosión que, junto con la acción de factores extrínsecos, incide en procesos de disolución de las rocas, lo que da lugar a un paisaje cárstico característico en el que abundan sótanos, dolinas y lapiaz (Puig, 1991: 34; Fragoso Servón et al., 2014: 128) (figura 3). De este modo, se presenta una importante infiltración del agua de lluvia que mantiene una red hidrográfica subterránea permanente, mientras que la superficial no siempre está presente.

En el ámbito regional, el flujo subterráneo circula desde las zonas de mayor elevación topográfica, en la zona media del estado, hacia las de menor elevación en dirección al GM. Sin embargo, a escalas menores, se conoce poco sobre el funcionamiento hidrodinámico de los sistemas cársticos de la SMO a causa de las condiciones abruptas del terreno, la abundante vegetación y la inexistencia de pozos de extracción, lo que dificulta el acceso para su estudio (Morán Ramírez et al., 2013: 73).

FIGURA 2. TRAYECTORIAS POR MES, DE LOS CICLONES TROPICALES QUE HAN PASADO POR EL OCÉANO ATLÁNTICO, PERIODO 1951-2000.

Elaboración propia, con imágenes de Rosengaus et al. (2002).

Las particularidades geomorfológicas descritas no sólo posibilitan la rápida infiltración de agua. A su vez, la naturaleza calcárea de las rocas permite restituir, por medio de fuentes vauclusianas o resurgencias intermitentes, una gran cantidad de las aguas absorbidas (Puig, 1991: 34), no necesariamente cercanas al sitio de infiltración. Las depresiones cársticas, porciones de superficies que se encuentran hundidas respecto a sus alrededores, llegan a ser consideradas como micro o nanocuencas en las que se presentan inundaciones extraordinarias, permanentes o temporales, en las que puede haber acumulación de materiales orgánicos. Dichas características las hacen relevantes para la planeación de actividades económicas relacionadas con cultivos agrícolas, el desarrollo de infraestructura urbana y carreteras, así como con atractivos turísticos (Fragoso Servón et al., 2014: 136).

FIGURA 3. ViSTA INTERIOR DE CUEVA DE ORIGEN CÁRSTICO. FORMACIÓN DE ESTALACTITAS Y ESTALAGMITAS RESULTADO DE LA DISOLUCIÓN DE ROCAS.

Fotografía propia, durante recorrido de campo.

El conjunto de estas condiciones y características propician que la región donde se localiza Aquismón exhiba un régimen de lluvias intermedio, es decir, se encuentran repartidas a lo largo del año (Hernández Cerda y Carrasco Anaya, 2004: 64, 74). La temperatura promedio es de 25.3º C, siendo la temporada con los registros más elevados de abril a septiembre. Los meses más lluviosos son julio y septiembre, que concentran en conjunto más de 30% de la precipitación anual con un periodo de sequía intraestival en agosto, de acuerdo con el promedio reportado para el periodo 1981 a 2010 (SMN, 2016).

Otras de las características del municipio es que parte de su territorio se encuentra dentro de tres sitios terrestres de prioridad media para la conservación, con once sitios acuáticos de prioridad media a extrema y un humedal especificado como sitio Ramsar35 (CONABIO, s.f.). Catalogado como rural y marginado, tiene una población de 47 423 habitantes, distribuidos en 184 localidades, en las que alrededor de tres cuartas partes no superan 500 habitantes (PMD, 2015: 23, 29). Poco más de 70% de la población mayor de tres años son hablantes de lengua indígena, siendo tének o huasteca la que tiene mayor presencia, seguido del náhuatl y pame (CONABIO, 2015: 13). Se le registra con un alto grado de analfabetismo (22.9%), pobreza extrema (59.10%), falta o deficiencia en infraestructura y servicios públicos y vivienda precaria (CONABIO, 2015: 41, 52). En cuanto a la cobertura de salud, 74% de la población depende del Seguro Popular (CONABIO, 2015: 18), es decir, su adscripción es por afiliación individual y no por un esquema de beneficios laborales. Además, se considera en riesgo nutricional con grado extremo por tener a 56% de la población en carencia de acceso a la alimentación, que lo ubica en el segundo lugar estatal. Aunado a esto, 87% presenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y 57% registra carencia por calidad y espacio de la vivienda. En síntesis, se le consigna un rezago social alto, un muy alto grado de marginación y un idh de 0.577 (CONABIO, 2015: 41).

BARRIO DE MANTEZULEL

Localizado al norponiente de la cabecera municipal de Aquismón, Mantezulel se asienta sobre un paisaje de formaciones cársticas a 291 msnm, en el comienzo de las ascendencias orográficas de la SMO. Está flanqueado hacia el oeste por la sierra El Nacimiento y hacia el este por las sierras El Sacerdote y de Xolja (ETJ, s.f.: 138) (figura 4).

En el barrio habitan 520 personas quienes son población indígena pertenecientes al grupo tének (CDI, 2010).36 La evaluación más reciente del Consejo Nacional de Población ubica a la localidad en muy alto grado de marginación, registrando un índice de 0.93 (CONAPO, s.f.). El promedio de escolaridad es de 4.7 años, mientras el porcentaje de analfabetismo alcanza 25% de la población mayor de 15 años (INEGI, 2010).

Las viviendas cuentan con servicio de luz por medio de la red eléctrica o, de manera intermitente, mediante paneles solares. No disponen de servicio de agua entubada ni drenaje, por lo que utilizan baños secos o letrinas, que se construyen con materiales industrializados provistos en algunos casos por programas gubernamentales, mientras el agua de desecho, con residuos de jabones y detergentes, es arrojada en los traspatios, lo que puede generar la filtración de compuestos contaminantes o su escurrimiento y arrastre por suelos. El servicio de salud se brinda a través de un centro que recibe la visita periódica de un médico, dos veces al mes durante dos días, y una brigada que atiende puntualmente ciertos procedimientos y padecimientos de la población. En éste no se cuenta con la infraestructura ni el equipo apropiado para la atención de emergencias o accidentes.

Mantezulel tiene un ambiente semitropical húmedo con una vegetación compuesta por especies de selva alta y mediana perennifolia, así como por vegetación secundaria resultado de disturbios antrópicos (ETJ, s.f.: 165). La mayor parte del barrio forma parte del gran predio forestal de Tampate37 que, desde 2012, está adscrito al Programa de Pago por Servicios Ambientales38 para Conservación de la Biodiversidad (apoyo B2.2). El programa apoya un total de 137 beneficiarios, con una vigencia de cinco años, y opera a partir de un listado de actividades que se realizan cada año, correspondientes a las reglas de operación de ProÁrbol, entre las que se encuentran: evitar el cambio de uso de suelo, evitar el sobrepastoreo, la integración de brigadas para la prevención y el combate de incendios, mantenimiento de brechas cortafuego y la recolección de basura (CONAFOR, 2016).

El tipo de relieve, la cantidad y calidad de suelo han condicionado los usos del suelo por parte de la comunidad. Las laderas de los cerros con exposición oriente, con suelos pedregosos y delgados susceptibles a la erosión y con poca fertilidad son utilizados para la agricultura de cultivos básicos. Más abajo, en zonas con relieve ondulado, en suelos más profundos y fértiles, se encuentran los cultivos de palmilla y café de sombra, por lo que tiene una importante cobertura arbolada que no ha sido removida, a diferencia de la zona anterior, y es donde se encuentra asentada, de manera dispersa, la población. Colindantes con esta zona, se distribuyen algunos manchones donde se combinan parcelas agrícolas con parcelas de café y palmilla, junto a áreas más compactas de asentamientos humanos. En las partes más bajas hay zonas de planicie utilizadas para la siembra de pasto y disposición del ganado (etj, s.f.: 167-169). En los sitios pedregosos también se suelen encontrar viviendas (figura 5).

Aunque las características del terreno limitan la actividad agrícola, las lluvias estacionales son aprovechadas por buena parte de la población, que se dedica a la siembra de palmilla y a la extracción de vainilla. La cosecha y recolección es para su venta; en el caso de la primera, a intermediarios que llegan a la comunidad, mientras que la segunda se vende localmente a habitantes y turistas. Otro de los cultivos importantes para el comercio y autoabasto es el café de sombra, en el que algunos participan de su cosecha, ya sea en la parcela propia o como jornaleros en las tareas relacionadas (cosecha, limpia, chapoleo, etc.). Los cultivos de milpa, en las partes altas de laderas, y de frutales y hortalizas, en solares o traspatios, se mantienen como elementos complementarios para la alimentación.

Asimismo, algunas otras actividades productivas que se identifican en la comunidad son la compra o recolección de copal para su venta en Ciudad Valles o en poblaciones cercanas del estado de Veracruz. Algunos pobladores han optado por migrar para emplearse en campos agrícolas dentro de la entidad, fuera de ella o también pueden ocuparse en la albañilería. Otros tienen un oficio que les permite obtener un ingreso extra como peluquero, zapatero o mediante la venta de abarrotes en la localidad. Por las escasas fuentes de agua superficial y condiciones del terreno, son pocas las personas que cuentan con ganado; y, sobre todo, aves de traspatio. Además, algunas personas trabajan para la tienda de abasto comunitaria Diconsa o reciben un ingreso por su participación en otros programas sociales o en comités; por ejemplo, los promotores de salud.

FIGURA 4.

El polígono indica el área del barrio que además abarca el área propuesta para protección. Hacia el este se observa el camino que conduce desde la cabecera municipal de Aquismón hacia la localidad. Elaboró: David Rogelio Martínez Sánchez, con información del ETJ (s.f.: 168).

Un segmento de la población combina algunas de estas actividades con el servicio de guía turística en las cuevas de Mantezulel. Éstas se encuentran distribuidas en distintos puntos del poblado y en 2000 fueron propuestas para ser declaradas, junto con una red de sitios aledaños, como área natural protegida (ANP) bajo la modalidad de monumento natural, categoría que se asigna a “áreas que contengan uno o varios elementos naturales, lugares u objetos naturales que por su carácter único y excepcional, interés estético, valor histórico o científico se incorporan a un régimen de protección” (LGEEPA, 2015). Dicha propuesta se basó en un “Estudio técnico justificativo” (ETJ), el cual reúne los argumentos para la expedición del decreto del área natural protegida (Periódico Oficial, 2000: 7), siendo la unidad de protección la misma área que abarca la extensión total del barrio (698 ha) (ETJ, s.f.: 167) (figuras 4 y 5).

FIGURA 5. USO DE SUELO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CUEVAS DENTRO DEL ÁREA PROPUESTA PARA PROTECCIÓN COMO MONUMENTO NATURAL.

R-T-Q: agricultura de roza-tumba-quema o itinerante. Elaboró: David Rogelio Martínez Sánchez, con información del ETJ (s.f. :168).

En ese estudio, se reportaron importantes disturbios ambientales en la zona, como erosión en áreas agrícolas, contaminación por basura y aguas residuales, insalubridad en las fuentes de abastecimiento de agua, alteración de la flora y fauna nativas. Por lo anterior, se recomendó de manera general la zonificación basada en el uso de suelo ya existente, pero con un enfoque dirigido a prácticas productivas de agroforestería, agrosilvicultura y agrosilvopastoriles compatibles con la conservación. Las áreas de mayor cobertura forestal se extienden en las inmediaciones de las cuevas y las viviendas, por lo que quedarían destinadas para la realización de actividades orientadas a turismo alternativo39 (ETJ, s.f.: 167).

Los pueblos indígenas han concentrado los niveles de más alta marginación en el país, de acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, y en la actualidad 60% se encuentran asentados en áreas decretadas para conservación40 (CDI, en López y Villavicencio, 2008: 42), las cuales fueron elegidas por su riqueza en biodiversidad y atractivos naturales. Desde la década de los noventa, las dependencias encargadas del combate a la pobreza y la conservación productiva fueron las principales impulsoras de las acciones que, como el turismo alternativo, han sido llevadas a cabo en las áreas naturales protegidas de México como parte de una estrategia nacional para promover la conservación del patrimonio natural y cultural, y aportar a la vez beneficios económicos (a través de visitantes, programas de subsidio, instancias gubernamentales y no gubernamentales, sector privado) para las comunidades locales que habitan en o alrededor de las áreas naturales protegidas (CONANP s.f.: 14; López y Villavicencio, 2008: 40; Ortiz y Vázquez, 2015: 128).

Como parte del Programa de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina, desde 2007 se realizaron inversiones que alcanzaron cuatro millones de pesos para equipamiento básico en el centro de población y equipamiento turístico para las cuevas de Mantezulel y en 2009 la Secretaría de Turismo Estatal publicó la propuesta de la primera etapa del programa para realizar turismo de naturaleza41 (Hernández et al., s.f.: 126).

En el momento en que se elaboró este trabajo, en Mantezulel se realizaban recorridos por tres de las cuevas distribuidas en el barrio: El Espíritu Santo, La Luz del Sol y El Aguacate —Aguacatillo— (figuras 6 y 7). Aunque existen otras cuevas con potencial para realizar dichas actividades, éstas aún no han sido habilitadas para el recorrido con turistas. El Comité de Protección de las Cuevas es el responsable de la planeación de las actividades, el cobro y el registro de visitantes. La organización de los guías turísticos se realiza de acuerdo con un programa establecido para cada día, el cual, una vez que se cumple, da pie a un orden conforme al turno que haya sido tomado a muy temprana hora por la mañana. En esta actividad se considera a los locatarios que han recibido capacitación en el que, según pudo observarse, sólo participan los hombres. Otra actividad relacionada con la práctica turística es la preparación y venta de alimentos típicos, básicamente en viviendas dentro del centro de población. Aunque en la actualidad se cuenta con cabañas y baños ecológicos, estas instalaciones no disponen de infraestructura para regaderas ni comedor.

A pesar de encontrarse registradas en el entonces Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de San Luis Potosí (Periódico Oficial, 2001), las cuevas de Mantezulel no fueron en ningún momento decretadas como área natural protegida42 y, por tanto, no cuentan con un programa de manejo que guíe la estrategia para su uso y conservación ante las actividades turísticas promovidas, así como tampoco se garantiza una regulación y orientación que, de manera integral, permita establecer un seguimiento y evaluación sobre los impactos sociales y los recursos naturales.

FIGURA 6. VISTA INTERIOR DE LA CUEVA LUZ DEL SOL.

Fotografía propia tomada durante recorrido de campo.

FIGURA 7. VISTA INTERIOR DE LA CUEVA DEL AGUACATE.

Fotografía propia, durante recorrido de campo.

CICLO HIDROSOCIAL EN LA ESCALA COMUNITARIA

Con un clima cálido, lluvias concentradas hacia la temporada estival y las condiciones geomorfológicas del terreno, en la comunidad de Mantezulel se vive entre la escasez de agua y el hundimiento. El segundo es el término que emplean los pobladores para referirse al momento en que, tras intensas precipitaciones, brota el agua del subsuelo en las zonas bajas, acumulándose tanto que llega a cubrir copas de árboles y postes de electricidad, lo que interrumpe el suministro de energía eléctrica y el camino que permite el acceso a ésta y a otras comunidades pertenecientes al ejido de Tampate. Éstos son los dos principales efectos extremos asociados con fenómenos hidrometeorológicos que allí se experimentan.

Aunque también se han presentado, cuando menos una vez —según lo relatado por los pobladores— la caída de aguanieve y, al menos, una helada, mientras que las tormentas eléctricas son más recurrentes. En 1955 los huracanes Hilda, Gladys y Janet (Dunn et al., 1955: 320-321) afectaron la Huasteca, situación a la que los pobladores de mayor edad en Mantezulel se refieren como el año de la gran inundación que originó la formación de un amplio canal en el cerro e hizo volar algunos techos y arrastró árboles.

El exceso de agua, así como la ausencia de ésta, genera distintos tipos de impactos a los habitantes de la localidad y al entorno en el que se reproduce la vida comunitaria. Sin embargo, las personas muestran una inclinación favorable hacia las lluvias, lo cual puede obedecer a las implicaciones negativas que tiene para el desarrollo de las actividades cotidianas y de subsistencia la falta del líquido. Por un lado, estas situaciones responden en forma periódica a la variabilidad estacional de las precipitaciones y, por otro, también se relacionan con la posibilidad de prevenir o manejar los efectos, así como de la oportunidad de obtener provecho de éstos; es decir, las condiciones hídricas de apropiación, acceso, abasto y distribución son reguladas por los involucrados (sociales e institucionales) por medio de diversos elementos como “obras hidráulicas, legislación, instituciones, prácticas culturales y significados simbólicos” (Budds e Hinojosa, en Larsimont y Grosso, 2014: 34). Por tal razón, es importante comprender la inseparabilidad de los aspectos sociales y físicos en la producción de configuraciones hidrosociales (Swyngedouw, 2009: 56).

De esta forma, el ciclo hidrosocial que se observa en Mantezulel expresa una forma de vulnerabilidad relacionada con la presencia-ausencia de fenómenos hidrometeorológicos, cuyas consecuencias son experimentadas diferencialmente por la población en función de múltiples factores como la infraestructura construida, tanto en el plano comunitario como familiar, la ubicación y el tipo de vivienda, la composición del hogar, las actividades productivas que desarrollan para el sostén del hogar, la composición del capital del que se dispone, individual y colectivamente, así como por la intervención de programas gubernamentales de asistencia social.

CICLO DE LLUVIA Y HUNDIMIENTO

La población se ha extendido hacia las partes altas y la mayoría de las casas se encuentran en pendientes moderadas, en las zonas de mayor cobertura vegetal o en áreas pedregosas, lo que facilita el escurrimiento del agua de lluvia. De acuerdo con los habitantes, en la localidad prácticamente no se presentan inundaciones en las viviendas43 o en el núcleo poblacional (comunal), ni tampoco deslizamientos, debido a las características del terreno.

Entre las principales afectaciones, cuando hay lluvias prolongadas o intensas, los caminos se vuelven resbalosos, lo que reduce la seguridad de las veredas; el bloqueo del camino, que perjudica tanto la circulación de residentes como el acceso de turistas y la provisión de víveres; la interrupción de actividades cotidianas (trabajo, escuela); falta del servicio eléctrico; afectación y pérdida de cultivos, así como la ocurrencia de más enfermedades, como gripe, erupciones en la piel, diarrea y el incremento en la presencia de mosquitos.

La única área que llega a ser cubierta por agua en la época de lluvia es el camino hacia Mantezulel, en el que no hay viviendas edificadas y el cual conduce hacia las comunidades de El Aguacate y Loma Bonita (figura 7). En promedio, el fenómeno sólo ocurre una vez cada tres o cuatro años. Por la periodicidad y la baja frecuencia con que transcurre este proceso, la población no lo refiere como un riesgo o problema persistente porque, en las ocasiones en que el riesgo se materializa y el camino resulta intransitable, la situación no rebasa los quince días. Además, tienen bien identificadas las condiciones necesarias bajo las que se produce esta situación, señalando que se deben presentar lluvias durante dos días y sus noches, acompañadas de vientos.

Sobre las afectaciones por el hundimiento del camino, si bien la mayoría refirió que son pocas, toda vez que no sufren pérdidas materiales o la acumulación de agua al interior de la vivienda, aquellos que tienen que viajar todos los días a la cabecera municipal resultan seriamente afectados por la obstrucción de aquél (figuras 8, 9 y 10). De éstos, hay quienes se emplean o estudian en la cabecera municipal, razones por las cuales a diario recorren alrededor de siete kilómetros. Algunos de ellos realizan el primer kilómetro a pie, hasta el entronque donde transita el transporte que viene de la comunidad El Aguacate, o tienen que recorrer 3.5 kilómetros hasta la carretera que conduce de la cabecera municipal de Aquismón.

Cuando ocurre la obstrucción del camino, es necesario hacer el trayecto por veredas en recorridos de dos a tres horas a pie, con el riesgo de encontrarse con víboras. También se puede recurrir al servicio de lanchas solicitadas a la autoridad municipal, a las cuales sólo tienen acceso aquellos que justifiquen alguna razón para salir de la comunidad, sin que sean claros los criterios al respecto. Cuando este proceso los sorprende estando fuera de la comunidad, hay quienes deciden quedarse en el sitio y permanecer sin contacto con la familia hasta que se restablezca el camino.

FIGURA 8. ÁREA SUSCEPTIBLE DE HUNDIMIENTO A LO LARGO DE APROXIMADAMENTE 7.5 KM SOBRE EL CAMINO.

Elaboró: David Rogelio Martínez Sánchez, a partir de lo indicado por informantes de la localidad y curvas de nivel del terreno.

FIGURA 9. VISTA DESDE LA PARTE BAJA DEL CAMINO EN EL ÁREA SUSCEPTIBLE DE HUNDIMIENTO DONDE EL CAMINO SE OBSTRUYE.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

FIGURA 10. VISTA DESDE LA PARTE BAJA DEL CAMINO QUE SE OBSTRUYE POR HUNDIMIENTO CON UN NIVEL QUE ALCANZA LA ALTURA DEL POSTE DE ELECTRICIDAD.

Fotografía propia, recorrido de campo.

FIGURA 11. VISTA DESDE EN LA PARTE ALTA DEL CAMINO OBSTRUIDO POR HUNDIMIENTO.

Imagen de los niveles que alcanza el agua en la carretera que conduce a la cabecera municipal, a 6 km del entronque a la comunidad de Mantezulel. Fuente: Google Earth.

Sólo en una ocasión, ante el bloqueo del camino, en 2011, las personas recibieron asistencia por parte del gobierno municipal, consistente en una despensa por familia. Dicho apoyo fue considerado precario porque para éste no se tuvo en cuenta las diferencias en el tamaño y las necesidades de las familias.44 Algunos refieren que también fueron auxiliados, en cierta ocasión, con colchonetas y cobijas por parte del gobierno federal, aunque no se puede determinar con certeza si se trató del mismo evento. Para obtener la asistencia de la autoridad municipal, es necesario que las autoridades comunales lo soliciten, para que se les brinden tanto las despensas como el servicio de lanchas. El mecanismo que los pobladores refieren como práctica organizativa de la comunidad para afrontar este tipo de situaciones es la reunión de firmas para hacer de este requerimiento una petición por escrito.

Toda vez que desde hace tres años no experimentan la interrupción del camino por hundimiento, algunos pobladores consideraban que en 2016 la comunidad quedaría incomunicada. La aparente prueba de dicha conjetura fue una lluvia que, durante los últimos días de junio, ocasionó una pequeña acumulación de agua que no generó mayores estragos para la población más que el encharcamiento de algunos tramos.

En este caso, la interrupción del camino es un riesgo producido socialmente a partir de la decisión de construir la carretera sobre una zona inundable. De acuerdo con las autoridades comunales, no se quiso esperar a construirlo en una zona más elevada ante la urgencia de contar con un camino y la posibilidad de perder la oportunidad o coyuntura para llevar a cabo la obra. Con veinte años de antigüedad, en diciembre de 2016 éste se encontraba en remodelación, con distintas capas de material que le dan una altura mayor, que no evitará el proceso de hundimiento, dadas las características geomorfológicas del lugar.

Las estrategias que las familias han desarrollado, cuando se presentan de manera intensa las lluvias, dependen de las condiciones que reúne cada hogar. La principal reside en el resguardo dentro de la vivienda, lo que para algunos sirve como tiempo de descanso, ya que no pueden desarrollar sus actividades productivas. Como acciones de carácter permanente, se han construido pequeños bordos que impidan la circulación de agua hacia el interior de la vivienda, aunque la mayoría no experimenta esa acumulación; en otros casos, se opta por la edificación de nuevos cuartos con basamentos altos para impedir que el agua atraviese por la casa (figura 11). Finalmente, se encuentra que la mayoría busca la adquisición de más víveres o el ahorro de dinero, siempre que la situación económica lo posibilite, ante la imposibilidad de trabajar en la localidad, o fuera, por la obstrucción del camino.

Anteriormente, las casas eran construidas con techos de aguacatillo, árbol que tenía mayor presencia en la comunidad y que inspiró el nombre para una de las cuevas. Las características impermeables y resistencia de estos materiales proporcionaban un buen resguardo ante las condiciones de lluvia intensa. Incluso, hay quien señala que únicamente las casas pequeñas con techos construidos de hojas de este árbol local resistieron a los huracanes que atravesaron por la zona en el 55, a diferencia de las casas que no los tenían; algunas fueron derrumbadas; y en otros casos, los techos salieron volando por la intensidad del fenómeno.

En general, las viviendas ya no presentan un carácter tradicional o vernáculo, que se caracterizan por ser edificaciones adaptadas a las condiciones microclimáticas del sitio, con uso y preparación predominante de materiales vegetales y minerales locales, de producción artesanal indígena y resultado de la experimentación y conocimiento transmitido oralmente entre generaciones (Audefroy, 2012; Lárraga et al., 2014: 174). Actualmente imperan las viviendas híbridas (Lárraga et al., 2014: 185), compuestas por cocina de tipo tradicional y cuartos adicionales hechos con muros de block, concreto y techos de lámina, que en la mayoría de los casos fueron otorgados por programas gubernamentales. En distintas zonas, sobre todo en el centro poblacional, se aprecian techos de concreto que han servido de base para la colocación de estructuras de lámina que sirven para canalizar el agua de lluvia. A diferencia de las viviendas tradicionales, éstas no suelen incorporar un diseño bioclimático, por lo que se vuelve necesario el uso de energía adicional para enfriar la casa (ventiladores) o emplear otro tipo de estrategias (como dormir en la tierra o en cuartos construidos con material de tipo tradicional).

FIGURA 12. CONSTRUCCIÓN DE BORDOS Y BASAMENTOS ALTOS.

Estrategias para evitar que circule el agua al interior de la vivienda. Se observa también un sistema de captación de agua de lluvia. Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

En años anteriores, tras haber intentado construir un techo para el comedor de visitantes en el centro de Mantezulel, ocupando la técnica y elementos tradicionales, éste se vino abajo. Esta experiencia puede ser un indicador que refleje la pérdida de conocimientos respecto a los fundamentos que sustentan la cultura tradicional en materia de construcción.

CICLOS DE ESTIAJE Y ESCASEZ DE AGUA

Pese a las condiciones climáticas que hacen de ésta una región con intensas precipitaciones, la accesibilidad al recurso agua no es permanente. En la localidad sólo hay corrientes intermitentes, dos que bajan de la sierra por el oeste y una tercera por el sureste, que siguen la dirección del camino que conduce a la cabecera municipal hacia Mantezulel, drenando escurrimientos hacia una dolina (ETJ, s.f.: 161). El drenaje de lluvia es principalmente subterráneo, favorecido por las condiciones cársticas y de microcuencas, con piso de roca fracturada por donde se infiltra el agua (ETJ, s.f.: 138).

Como parte de las labores que realiza la comunidad, se construyeron algunos depósitos colectivos de agua, los cuales se encuentran intercalados entre las casas sin mantener un régimen de pertenencia a alguna familia en particular. Uno de éstos se ubica en la parte alta; y el otro, hacia la parte central del núcleo poblacional. Fueron hechos inicialmente como pequeños bordos de barro para acumular agua que manaba de brotes entre las piedras. Más adelante se edificaron como piletas, con piedras, que siguen siendo llenados por infiltración (figura 12).

Recientemente se construyó, con presupuesto municipal, una extensa red hidráulica (figura 13). Sin embargo, ninguna de las 109 viviendas en el barrio dispone de servicio de agua a través de esa tubería, toda vez que las obras para garantizar el funcionamiento de dicho sistema han sido exiguas, cuando no conflictivas. Éste formaba parte de un proyecto para hacer llegar agua a la comunidad, por medio de un trasvase proveniente de la comunidad contigua de El Aguacate, hacia un depósito construido cerca de la iglesia, en el centro poblacional.

Tras los intentos, poco fructíferos, por subir agua hacia las casas mediante una bomba de agua, que resultó ser insuficiente y terminó por averiarse, el proyecto acabó siendo inviable porque la comunidad desde donde se extraería el recurso estuvo en desacuerdo con el proyecto y cortó el tubo que conduciría el agua hacia Mantezulel (figura 14).

FIGURA 13. DEPÓSITO COLECTIVO UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CUEVA DEL ESPÍRITU SANTO.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

FIGURA 14. TUBERÍAS CONSTRUIDAS CON LLAVE SIN SERVICIO DE AGUA.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

FIGURA 15. TUBERÍA DE TRASVASE INTERRUMPIDA.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

Por esta razón, y ante la inexistencia de fuentes permanentes de agua superficial y del servicio de agua en las casas, las familias han construido sistemas de captación de lluvia, en algunos casos con materiales de reúso, que les permite conducirla desde los techos y almacenarla en piletas de tamaño variable (figura 15) o en tinacos de plástico con capacidad para 2 500 L, repartidos a cada uno de los hogares por medio de un programa municipal en 2012. En 2016, sólo quince familias recibieron un tinaco con capacidad de 10 000 L. La mayoría de las familias cuenta con al menos un tinaco para almacenar el agua, y algunos otros han invertido cantidades importantes de recursos económicos y fuerza de trabajo para construir depósitos de agua (figura 16).

FIGURA 16. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CON MATERIALES DE REÚSO.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

FIGURA 17. PILETA DE AGUA FAMILIAR CON MATERIAL DE LA ZONA.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

Este esfuerzo se traduce en un sacrificio para aquellos que, hombro a cuestas o por medio de un pago, tienen que recorrer por cada viaje hasta un kilómetro de senderos y veredas, con distintas pendientes, con material de construcción, como bultos de cemento, arena, grava, varilla, block y agua. La eficiencia o rendimiento de estos sistemas es muy variable puesto que depende de la cantidad de agua de lluvia captada, la capacidad de almacenamiento, así como del número y tipo de usuarios, es decir, el sexo y la edad de las personas. Cuando comienza a menguar el agua de los depósitos en las viviendas, en función de la ubicación de éstas, se recurre al acarreo desde tres tipos de fuentes. La primera es el depósito colectivo de agua, de gran capacidad, construido entre 2009-2010, ubicado junto a una galera construida ex profeso para almacenar el agua de lluvia, a partir de los escurrimientos que son captados de ésta (figura 17). Sin embargo, no todos se abastecen desde allí debido a la distancia que tendrían que recorrer, porque se encuentra casi a la entrada de la localidad.

Dada la asociación entre los atributos geomorfológicos de las cuevas con el flujo de agua subterránea, éstas representan la segunda fuente, imprescindible durante las épocas de estiaje. Ladera arriba, al noroeste del núcleo poblacional, las cuevas de El Espíritu Santo y Luz del Sol, respectivamente alrededor de 800 y 550 m, son las más utilizadas para el acarreo de agua por parte de quienes viven en las cercanías, y sobre todo por aquellos que se encuentran más retirados del núcleo poblacional (figura 18).

La última fuente de la que disponen, incluso cuando las anteriores se agotan, se encuentra a medio kilómetro, en el camino por el estrecho valle que conduce hacia la cabecera municipal, un lugar denominado por los pobladores como El Túnel. Se trata de una cavidad subterránea por la que es posible ingresar, pendiente abajo, recorriendo una distancia de hasta 85 metros para acarrear agua. El nivel del flujo es variable y puede ser menor en función de la reserva de agua que contenga la fuente y la cantidad de habitantes que acudan a ella. A ésta también llegan para abastecerse los pobladores de la comunidad de El Aguacate. Se le señala como el lugar de donde emana el agua y por donde retorna de nuevo cuando ocurre el hundimiento. Para facilitar el acceso al líquido, en esta parte, se construyó, veinte años atrás, un depósito que infiltra el agua, el cual se mantenía lleno hasta julio de 2016, gracias a que la mayoría de las personas recurre al depósito junto a la galera.

FIGURA 18. DEPÓSITO COMUNITARIO DE AGUA QUE SE RECARGA CON AGUA DE LLUVIA.

Fotografía propia tomada en recorrido de campo.

FIGURA 19. ACARREO DE AGUA.

Fuente: fotografía propia tomada durante recorrido de campo.

Durante la ausencia de lluvias, se recurre a distintas estrategias para mantener el abasto de agua y resolver las actividades cotidianas. En muchos casos se opta por dormir menos para salir a traer agua de alguna de las fuentes durante la madrugada o por la noche si la familia no logró acarrear la suficiente en el día. Así, se prefiere no interrumpir las actividades laborales, que para algunos pueden verse disminuidas, y más bien se reduce el tiempo de esparcimiento, descanso o sueño. También se opta por la rebaja o racionalización de la cantidad de agua empleada por día en el hogar.

Al igual que en las inundaciones, pocos son los que refieren eventos extremos de falta de agua, como el ocurrido en 1971, cuando fue necesario ir hasta Tampate y recorrer cerca de dos horas para lavar ropa y traer agua porque las fuentes cercanas a la comunidad se habían secado. Actualmente, desde que se iniciaron las obras hidráulicas comunitarias en la década de los noventa, no hay referencias sobre algún momento en el que se tuviera que haber enfrentado el desabasto total de líquido; y desde la construcción del depósito de agua más grande, que se encuentra a un costado de la galera, éste sólo ha quedado completamente vacío en dos ocasiones, siendo la más reciente hace tres años.

Cuando el agua de lluvia falta de manera prolongada, las principales afectaciones que se reportan son el aumento de la presión sobre el recurso tanto por el tiempo como por el esfuerzo que conlleva su búsqueda, lo que puede llegar a afectar la realización de actividades cotidianas y la reducción de su uso a lo más indispensable (cocinar y aseo), además de una mayor manifestación de enfermedades intestinales. La falta de lluvia prolongada ha llegado a provocar tal estrés hídrico, en la vegetación circundante, que los incendios que se han reportado están relacionados con dichos episodios y con quemas en milpas o de basura que se salen de control por la abundancia de hojarasca.

Pese a que en alguna ocasión se ha recibido asistencia de las autoridades municipales, a partir de la solicitud de pipas por medio de sus contrapartes comunales, el agua que el ayuntamiento les envía no parece contar con las características de un agua potable, es decir, que sirva para realizar las actividades domésticas, para bañarse y, mucho menos, para beber, toda vez que las personas refieren que ésta no sirve para cocer los frijoles y deja la ropa con restos de algo que parece jabón. Por tal razón, ésta ya no representa, por el momento, una opción viable para ellos.

Finalmente, desde tiempo atrás, una de las prácticas ceremoniales que dan una cohesión cultural a la comunidad son los pedimentos de agua que, mediante ofrendas y música, se realizan cada año en la cueva del Espíritu Santo para atraer las lluvias hacia su tierra.

Si bien de manera cíclica hay periodos de ausencia de lluvia y se tiene que invertir tiempo e importantes esfuerzos en la obtención del agua, esto no parece ser determinante en la concepción de la sequía como riesgo. Es decir, las personas describen la situación como una condición propia del lugar con la cual han coexistido y para lo cual han desarrollado diversas estrategias para resolver la vida cotidiana.

COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD DIFERENCIAL

Los depósitos colectivos en las veredas, así como los sistemas de captación y almacenamiento familiar, han permitido que algunos hogares dejen de padecer por la falta de agua o reduzcan su dependencia de las diferentes fuentes naturales con las que cuenta la comunidad, mientras que en otros casos sólo se dispone de agua para subsistir poco más de tres semanas, haciendo uso recurrente del depósito comunitario en la galera o del agua acumulada en las cuevas.

De esta forma, la cantidad y capacidad de los depósitos (que depende del recurso económico del que se disponga para construirlos, la compra de materiales y, si es necesario, el pago para su acarreo o de la asistencia de programas sociales), la distancia tanto a las fuentes naturales de agua como a las construidas, la capacidad económica para pagar el acarreo de agua, el número de miembros que componen el hogar, su edad, sexo y los roles de género (tanto por las necesidades de uso como las posibilidades de acarreo), son determinantes del grado de vulnerabilidad de las familias en los periodos de ausencia de lluvias.

En la comunidad, la distribución espacial de las viviendas representa un factor importante en cuanto al abasto de agua porque la escasez se experimenta diferencialmente en función del espacio geográfico que se ocupa. En el acarreo de agua participa la familia en su conjunto, con excepción de niños pequeños, con diferentes posibilidades de carga por individuo, que van desde 20 a 50 L. En algunos casos, la distancia de recorrido equivale hasta una hora de camino para completar una vuelta, siendo necesario entre dos y cuatro viajes según los requerimientos de la familia. Aunque, en la mayoría de los hogares, este esfuerzo únicamente logra cubrir las necesidades de agua para subsistir un día.

Quienes parecen tener menos complicaciones son aquellos que viven en el núcleo poblacional y en la parte baja de éste, debido al depósito comunitario de agua de la galera y porque hasta allí pueden llegar las pipas con agua. Después se encuentran aquellos que viven en las zonas intermedias, en las laderas circundantes al núcleo poblacional en donde no es posible llegar en auto. Aunque la distancia no es significativa, tienen que enfrentar pendientes que involucran un mayor nivel de esfuerzo en el acarreo del agua. Finalmente, se encuentran aquellos que viven en las partes más altas y alejados, pero incluso entre estas zonas hay marcadas diferencias. En la parte noroeste es donde se encuentran las viviendas más apartadas y en donde se camina más en la búsqueda de agua; no obstante, se tienen fuentes relativamente cercanas y un camino construido que conduce a las cuevas. Por su parte, las viviendas localizadas al oeste tienen la ventaja de estar cerca de la cueva del Espíritu Santo, a la cual suelen recurrir de distintas partes de la comunidad en búsqueda de agua y en donde se realizan las ofrendas durante los pedimentos de agua. La zona suroeste es la que menos accesibilidad tiene a las fuentes de agua porque sólo hay veredas, sin llegar a constituirse en caminos.

La distancia como un factor condicionante en la búsqueda del recurso también se expresa en las dificultades de acceso a la asistencia que brindan las instituciones locales. No todos cuentan con el agua de las pipas porque aquellos que viven más retirados del núcleo poblacional tendrían que recorrer una gran distancia, lo que genera un sentimiento manifiesto de exclusión. Al parecer, la solicitud de este apoyo se ha abandonado ya que se percibe como limitado e insuficiente para abastecerlos, además de la evidente desaprobación sobre la calidad de éste.

Por otro lado, en general, las lluvias suelen considerarse un alivio después de un periodo de cuatro a seis meses de ausencia, ya que permiten volver a llenar depósitos de agua, garantizan la continuidad de la actividad agrícola de temporal y favorecen que las plantas retoñen, según lo relatado por los habitantes.

Las afectaciones a las actividades cotidianas y las labores productivas por lluvias son diferenciales de acuerdo con la dinámica de los miembros del hogar y las fuentes de ingreso económico. Algunos tienen la opción de no salir a trabajar o emplearse en su casa (moler café, acomodar palmilla, bordar, etc.), mientras que otros necesariamente tienen que salir a pesar de las condiciones atmosféricas. Quienes se dedican a la siembra pueden ver seriamente afectados los cultivos de palmilla, milpa, café y frijol, lo que también sucede con la ausencia de lluvias. En el caso de la asistencia escolar, es distinto, ya que, en general, sólo las lluvias intensas o con truenos la reducen, por el riesgo de accidentes en las zonas de descenso, principalmente desde las partes altas de las laderas. Es importante tomar en cuenta que la asistencia suele estar condicionada por tratarse de un requisito para recibir el beneficio económico de uno de los principales programas de asistencia social (PROSPERA).45

CAMBIO SOCIAL Y EROSIÓN CULTURAL

Las condiciones socioecológicas que posibilitan la vida y brindan la capacidad para resolver las dificultades que representa habitar un territorio, caracterizado por la manifestación de los fenómenos naturales antes descritos, son producidas activa e históricamente. Múltiples actores, instituciones, relaciones de poder, saberes y las prácticas culturales se reconfiguran con el tiempo e inciden en las prácticas locales de las comunidades. Así, en Mantezulel se observa un proceso de erosión cultural que, con el tiempo, parece incrementar la vulnerabilidad de la población ante los fenómenos hidrometeorológicos. Algunos factores, como las dinámicas sociales de la comunidad (migración, por ejemplo), la aplicación de programas sociales (ligados a la promoción del turismo sustentable y conservación de la biodiversidad en zonas indígenas), la asistencia a poblaciones con altos niveles de marginación —cuyo objetivo es cumplir con metas prescritas con expectativas exógenas que poco analizan o cuestionan la gama de impactos que tendrán en la población—, entre otros, han reconfigurado formas de reproducción social en la comunidad y modificado los riesgos a partir de los cambios en la vulnerabilidad que manifiesta la población.

Turismo

El turismo de naturaleza forma parte de una estrategia de valoración y conservación del patrimonio natural y cultural planteado como una opción para mejorar la calidad de vida, siendo una alternativa económica para el beneficio de las comunidades.46 No obstante, esta visión, que se observa en el turismo promovido en las cuevas de Mantezulel, enfrenta limitaciones, ya que no existe un área protegida decretada ni brinda los beneficios económicos, sociales y ambientales que prometen lograr, según lo contrastado en la propia comunidad y lo que ha sido señalado en otras investigaciones (Ortiz y Vázquez, 2015: 132).

La actividad turística y los servicios que se brindan en torno a ésta no representan una fuente de ingreso estable, en tanto que la mayor afluencia de visitantes se concentra durante la temporada vacacional. En temporada baja, durante el transcurso del día, los miembros del grupo de guías se mantienen regularmente a la espera de turistas, suspendiendo cualquier otro tipo de actividades. Los alimentos sólo se preparan a solicitud de los visitantes y la permanencia se reduce al tiempo ocupado durante el recorrido de las cuevas, lo que no implica un periodo de estancia prolongado o la necesidad de pernoctar allí.

Se trata de una actividad en la que no participa toda la población y que se concentra en un segmento que ha aceptado ser acreditado por un ente externo a la comunidad. Por otro lado, aleja a ciertos sectores de las actividades tradicionales que les permiten conocer el comportamiento del clima, el ambiente y el entorno. Si bien la actividad del turismo podría significar un complemento económico a la producción agrícola, realizada para el sustento de sus necesidades alimentarias, éste parece desplazarla ya que cuando se le compara con los ingresos generados dentro de una economía campesina, fuertemente constreñida por las dinámicas de los mercados agrícolas,47 el turismo puede llegar a figurar como una actividad mucho más rentable. Las implicaciones que ello conlleva son múltiples, como el cambio en la vocación productiva de la comunidad, que provoca la compra de productos que anteriormente se producían en la localidad y un incremento en la dependencia a la afluencia y fluctuación de turistas. Asimismo, la introducción de otros modos de consumo de víveres y agua por parte de los turistas podría imponer una mayor generación de residuos y presión sobre las reservas de agua tanto naturales como edificadas.

La organización del turismo alternativo en zonas indígenas, catalogadas como áreas protegidas, enfrenta contradicciones cuando, persiguiendo el objetivo de aumentar el contacto con la naturaleza y la población local, contribuye a la mercantilización de “productos materiales e inmateriales” (riqueza natural, cultural, historia y patrimonio que los caracteriza) sacados de los marcos sociales, naturales y culturales en los cuales operan (Ávila, 2015).

Transferencias monetarias

Otro aspecto que representa un posible factor de erosión cultural son los programas de transferencias condicionadas,48 mediante un esquema de corresponsabilidades que garantizan un ingreso monetario a cambio de la asistencia a la escuela, a pláticas sobre cuestiones de salud y a consultas regulares en los servicios de salud. Por un lado, este modelo de educación no garantiza la resolución de los problemas productivos en la comunidad o la inserción de los jóvenes a estas actividades, sino su expulsión ante la falta de opciones en ella. En el caso de los servicios de salud, se han abandonado las opciones tradicionales por un modelo occidental de medicina alopática que vuelve al paciente dependiente del suministro de fármacos escasos, surtidos con poca regularidad en el centro de salud o condicionado a la posibilidad de tránsito durante la temporada de lluvias, lo cual significa la pérdida de opciones asequibles a una población con serias limitaciones económicas.

En la trayectoria de dos décadas, en México las mejoras en materia de escolaridad, salud y alimentación no se han traducido en mejoras en los ingresos dentro de las actividades económicas. “Distintas evaluaciones sobre el curso laboral de quienes recibieron Oportunidades muestran cómo su principal resultado un aumento en el nivel educativo de los destinatarios, pero falta de oportunidades productivas y laborales” (Yanes, 2016: 138). Aunado a ello, las nuevas reglas de operación buscan aumentar la inserción productiva por medio del emprendedurismo49 (Yanes, 2016: 140), sin que se tomen en cuenta las limitaciones económicas que enfrentan las actividades productivas del campo.

Vivienda

En el caso de la vivienda, la incursión de un modelo basado en materiales de construcción (block, cemento, grava, arena y varilla) que desplaza a la vivienda tradicional, mediado en buena medida por el otorgamiento asistencial de instituciones gubernamentales del ámbito local, parece el detonador de nuevas demandas y la transformación de las dinámicas sociales de la comunidad, toda vez que se vuelven necesarios distintos elementos que permitan hacer frente a lo extremo de las temperaturas dentro de ella, y a los nuevos retos que la adopción de este modelo de construcción conlleva por lo poco propicio que resultan para el tipo de clima y los fenómenos naturales que se presentan en la zona.

De esta forma, la “vivienda sustituida” representa un empobrecimiento del conocimiento tradicional, de sus rasgos primarios, en donde se utilizan materiales y técnicas exógenas por voluntad propia, o bien por el uso de los subsidios gubernamentales, en forma de paquetes de materiales industriales (Lárraga et al., 2014: 174). Ello ha significado una importante inversión de recursos económicos y esfuerzo físico por lograr un tipo de casa que simboliza una supuesta superación de ciertos índices de pobreza, en la que se desaprovecha el conocimiento tradicional sobre las propiedades bioclimáticas de los materiales de la zona, los cuales son más accesibles y no representan los mismos sacrificios para los pobladores, toda vez que el acarreo de materiales constituye un pago y la inversión de tiempo, que tornan a estos programas, exógenos, en esquemas altamente costosos para las poblaciones que habitan este tipo de lugares.

De acuerdo con Lárraga, ello es una muestra del menoscabo que experimenta la vivienda tradicional en la Huasteca potosina debido a un proceso de deterioro de sus componentes. A medida que se va perdiendo la autosuficiencia en la obtención de materiales para su construcción, se experimenta un abandono que detona un deterioro en la transmisión de técnicas y uso de materiales tradicionales, así como del conocimiento ancestral en el seno de la localidad y de los sistemas de intercambio solidario de fuerza de trabajo que hacen de la vivienda tradicional modelos asequibles (Lárraga et al., 2014: 175).

De esta forma, los modelos de apoyo individualizados rompen con formas de reproducción comunitaria de la vida, caracterizados por expresiones de solidaridad, anteriormente vigentes, ya que en la construcción de la vivienda tradicional teenek es común el trabajo solidario o “vuelta de mano” (Lárraga et al., 2014: 182-183; Gutiérrez y Salazar, 2015). Pero el abandono de esta práctica también puede atender a otras razones que, sin duda alguna, han contribuido a ello, como son una recurrente referencia sobre el reparto discrecional de los apoyos de este programa de vivienda, los conflictos partidistas en el seno de la comunidad y el resquebrajamiento que comienza a observarse en el tejido social, como el aumento de situaciones de violencia y problemas de adicciones entre los jóvenes.

Así, estos programas dejan al margen el entorno comunitario en el que viven las familias. Además, lejos de garantizar la superación de condiciones de pobreza, los recursos económicos percibidos por los hogares a través de dichas transferencias, concebidos como transitorios, se convierten en una fuente de financiamiento que aumenta su dependencia y tiende a deteriorar las condiciones de vida cuando estos recursos son suspendidos (Banegas González y Mora Salas, 2012: 56).

De esta forma, las políticas públicas que dejan de estar dirigidas a colectividades organizadas y se orientan hacia los individuos han resultado en una fragmentación operativa desde el estado en forma de programas asistenciales derivados de distintas instituciones que no pueden actuar coordinadamente entre sí. Los procesos migratorios, sobre todo de los jóvenes, del medio rural hacia el extranjero, en periodos de estancia cada vez más prolongados e indefinidos, junto con el acceso a nuevas tecnologías, como la internet, implican experiencias que conducen a la reflexión y construcción sobre una identidad distinta que suele cuestionar las categorías tradicionales. Las políticas de liberalización del agro, así como los cambios constitucionales relacionados con la propiedad de la tierra, han transformado el estado de vida rural.50 Este panorama, que no es ajeno a la comunidad estudiada, configura algunos indicadores de un proceso de carácter complejo señalado como la individualización en el medio rural mexicano (Flores, 2011).

El proceso observado en la vida cotidiana parece reflejarse, a su vez, en la forma en que la comunidad gestiona las situaciones que se producen ante la manifestación extrema de los fenómenos naturales. Si bien la asistencia gubernamental, ante el hundimiento del camino y la falta de agua durante la temporada de estiaje, no es determinante para hacer frente a las consecuencias que estas situaciones generan en la población, la organización de la comunidad y las gestiones que ella realiza parecen girar, cada vez más, en torno a los programas de apoyo que los gobiernos ponen en marcha ante desastres, pese a que estas situaciones no sean consideradas propiamente como desastres por la población.

En otras palabras, se vuelven dependientes de asistencias gubernamentales que poco contribuyen a la solución del problema y, sin embargo, erosionan tanto la capacidad organizativa como el conocimiento local, y modifican las condiciones de vida de una población que se vuelve vulnerable ante las nuevas condiciones impuestas por un agente externo a la comunidad.

Finalmente, es preciso señalar que, para las nuevas generaciones, el exceso de lluvia no parece representar un riesgo o problema ya que no han experimentado impactos importantes en el paisaje, la morfología o infraestructura de la comunidad. Investigaciones históricas y antropológicas revelan que las personas son conscientes de los riesgos que ellos enfrentan, excepto cuando su materialización se extiende por un largo periodo porque una inundación (o cualquier otra afectación) se olvida después de algunos años; y cuando no ocurren nuevas inundaciones, otras preocupaciones desplazan la angustia que en otro momento les generaba determinada situación (Hartmann, en Warner et al., 2012: 29).

CONSIDERACIONES FINALES

Una serie de fenómenos naturales, como sismos, sequías, heladas e inundaciones, pueden ser eventos normales sin que necesariamente se conviertan en desastres, toda vez que los aspectos sociales, culturales, ideológicos, políticos y económicos son decisivos, en la medida en que las personas puedan manejar el desafío que imponen estos fenómenos y cuando dichos aspectos influyen considerablemente en la recuperación (Warner et al., 2012: 32).

En la comunidad no se habla de sequía, se hace referencia a la falta de lluvia o del agua almacenada y en las reservas naturales. En términos generales, estos tres elementos guardan una relación entre sí, toda vez que la ausencia de lluvias produce el agotamiento de las reservas en los sistemas de almacenamiento construidos, lo que a su vez genera una mayor presión sobre la cantidad de agua que persiste en las diferentes fuentes naturales, aunado a que la falta de lluvia reduce las recargas naturales. Este ciclo parece ser el más disruptivo para la comunidad por el alcance que tiene para el conjunto de la población y los impactos que resultan para el entorno.

Las prácticas locales que permiten responder ante los efectos generados por la presencia de los principales fenómenos reportados se despliegan, principalmente, a partir de la organización familiar, un ámbito en el cual estas prácticas forman parte de la reproducción cotidiana de la vida en la comunidad.

Los fenómenos naturales abordados, con los cuales han aprendido a coexistir históricamente y a hacer frente de diferente manera, forman parte de procesos incorporados en un ciclo hidrosocial. Sin embargo, la inclusión sistemática de agentes externos parece modificar con mayor celeridad estas condiciones. La integración cada vez mayor de la gestión de programas oficiales como parte del ciclo hidrosocial, además de diversos procesos sociales que redundan en la reducción de lógicas comunitarias, puede ubicarse como detonante que merma la continuidad o permanencia de dispositivos y códigos comunitarios como los descritos por Gutiérrez y Salazar (2015: 34).

Lo anterior conduce a una transformación tanto en el tipo de prácticas locales como en las condiciones de riesgo y vulnerabilidad ante la presencia de los distintos fenómenos naturales que se presentan, lo cual aleja a quienes conforman la comunidad de conocimientos, acciones y formas organizativas que les han permitido hacer frente a las amenazas naturales y a los riesgos constituidos a partir de las condiciones del entorno y de las prácticas de la propia actividad humana.

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* Maestra en Ciencias Ambientales. Actualmente colabora en El Colegio de San Luis, A. C.

** Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Investigador de Cátedras Conacyt, comisionado al Programa Agua y Sociedad en El Colegio de San Luis, A. C.

CAPÍTULO 7. PRÁCTICAS LOCALES Y RIESGOS EN EL EJIDO LA TRINIDAD, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ

EDGAR TALLEDOS SÁNCHEZ*

SUSANA ELIZABETH MEDINA GORDOA**

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se examinan las prácticas locales que los pobladores del ejido de La Trinidad han construido y desarrollado frente a eventualidades y destrozos por fuertes vientos, inundaciones e incendios ocurridos en su territorio. Se analizan las acciones y estrategias que éstos han aplicado en tiempos cortos y de larga duración para la resolución de las emergencias que se han suscitado por estos eventos. En este sentido, se parte de la consideración de que existe una amplia experiencia, conocimiento y saberes del lugar que edifican la construcción territorial de la comunidad y que actúan en la resolución de conflictos y emergencias de manera diferencial en distintos tiempos. El ejido de La Trinidad actualmente colinda al sur con el ejido Ollita del Pino, al este con el ejido Coronel Castillo, al norte con el ejido Joya de Las Vacas y al oeste con el estado de Querétaro, donde se encuentra el área natural protegida51 reserva de la biosfera de la Sierra Gorda. Forma parte del municipio de Xilitla52 y de la región administrativa Huasteca potosina.53

La investigación se realizó con base en una triangulación de métodos; entrevistas semiestructuradas, observación y recorridos de campo, que implicaron la elaboración de un diario e informes de campo, recopilación de fotografías del lugar, mapas, imágenes de satélite y de información documental relacionada con el tema y la región de estudio (Poteete et al., 2012: 86).

De esa forma, se presentan cuatro secciones. En la primera, se reflexiona sobre las prácticas locales y el conocimiento aprendidos y aplicados en La Trinidad. En la segunda, se explica la forma como se funda el ejido, puesto que resulta importante explicar para comprender cómo surgen las prácticas locales y comunitarias de este territorio. En la tercera, se adentra en el examen de la refundación del ejido, que llevó a una reafirmación del territorio ejidal y de algunas de las prácticas locales desarrolladas con antelación. La cuarta sección es la explicación de las prácticas locales que los campesinos indígenas de La Trinidad produjeron en el contexto de distintas eventualidades que afectaron sus bienes en su territorio. A partir de esto, se presenta un cuadro donde se clasifican estas prácticas. Por último, se presentan las reflexiones.

PRÁCTICAS LOCALES, LLUVIAS Y VIENTOS

La forma como se ha producido y organizado el conocimiento local en el ejido La Trinidad es resultado de su devenir histórico, y político, así como de su organización social, en donde las estrategias ejecutadas en momentos específicos por sus pobladores, en el mediano y largo plazo, en complejas interconexiones locales, regionales y nacionales, son fundamentales en su explicación. Esto se puede advertir al menos en tres momentos de la vida de este ejido. El primero, en su fundación como territorio ejidal, dirigido a conformarse como un lugar de agricultura de temporal y de ganado de traspatio por la solicitud de tierras ejidales que campesinos nahuas del municipio de Xilitla realizaron, con base en las leyes agrarias de la década de 1950. El segundo, con la incorporación de nuevos ejidatarios, que refundan el ejido bajo la idea apremiante de conservar el estatus jurídico de ejido y poseer tierras y zonas de cultivo de maíz, frijol, calabaza y zonas de pastoreo de ganado. El tercero, cuando la población y sus autoridades deciden conformarse en un territorio de pago por servicios ambientales, conservación del bosque y de visita de turistas, lo cual reducirá de manera importante las zonas de ganado e incorporará el discurso de cuidado del ambiente en la forma de administrar el bosque y la tierra.

En estos tres momentos, la lluvia, el agua, el bosque, el hielo y los vientos fueron apropiados y usados de manera continua y en distintas formas. Éstas dependieron de la lógica y organización de reproducción de la vida económica y comunitaria, en donde algunas prácticas de uso y apropiación perduraron, otras se reprodujeron de forma reducida, otras desaparecieron y algunas reaparecieron bajo nuevas condiciones.

En esto se puede decir que las prácticas locales se edificaron en un proceso de ida y vuelta, donde la experiencia de la vida en el lugar, las nuevas condiciones económicas y las políticas esculpieron la vida comunitaria y local de La Trinidad. En estas circunstancias, se enfrentaron diversas eventualidades en el territorio, que desembocaron en acciones para encarar los daños en sus cultivos por heladas, la inundación de las casas de los ejidatarios o incendios en el bosque ejidal. Emergencias que accionaron, según el caso, de forma inmediata, mecanismos y acciones para resguardar a las personas y los bienes materiales afectados por estos acontecimientos, como objetivo principal y apremiante. Esto no sólo con base en el conocimiento aprendido o experimentado en otras situaciones o espacios, sino en confluencia de los intereses de los pobladores del ejido y la ayuda de hombres y mujeres de pueblos vecinos.

De ahí que se pueda decir que los conocimientos y saberes de esta comunidad se han entretejido en diversos momentos de su vida, como se puede ilustrar al decidirse la construcción de la infraestructura hidráulica en el territorio ejidal, o con el impulso al turismo en el territorio, con ayuda de apoyos económicos del gobierno federal. De esta forma, La Trinidad aparece como un espacio colmado de prácticas locales, políticas, relaciones económicas y entramados culturales no exentos de conflicto, puesto que “las prácticas surgidas de la vida en comunidad abarcan sus formas de organización, conformación política, impartición de justicia y otras muchas de relación humana” (Vera, 1997a: 8).

En el caso particular de las formas de relación con la segunda naturaleza, se desprenden “prácticas agrícolas y productivas que permiten la renovación, la diversificación y la conservación de los recursos a largo plazo” (Vera, 1997b: 82). En donde el territorio y sus bienes comunes adquieren diferentes usos, representaciones y discursos. Por tanto, el territorio de La Trinidad se expresa como un espacio híbrido edificado en diversos tiempos y espacios, sedimentado con variados saberes, por actores locales y extralocales. Territorio no exento de disenso entre sus autoridades y pobladores, y disputas por las tierras y aguas, lo cual forma parte de su actual organización y configuración territorial. En todo esto, lejos queda la idea de un espacio alejado, agreste, boscoso, impactado por un fenómeno hidrometeorológico, sino el territorio construido, localizado y apropiado en el parteaguas de la Sierra Madre Oriental (Mapa 1).

ENTRE LLANOS Y EL PARTEAGUAS: LA FUNDACIÓN DEL EJIDO LA TRINIDAD

El origen y conformación territorial de este ejido ocurrió en la década de 1950, bajo una solicitud de tierras para cultivar por parte de indígenas nahuas de las comunidades de La Joya, primero, y después por habitantes originarios de El Cristiano, en el municipio de Xilitla, en terrenos que el Estado mexicano poseía jurídicamente como tierras nacionales y baldías. Este ejido se edificó con base en la petición de indígenas sin tierra, organizados desde inicios del decenio de 1950.

En primera instancia, los campesinos solicitaron tierras con el objetivo de trabajar y desarrollar toda una serie de prácticas agrícolas y ganaderas en los terrenos que, según el estatus jurídico de 1940, se encontraban como tierras baldías y de propiedad nacional. En la lógica jurídica de ese momento, los indígenas se dispusieron a informarse y armar la solicitud al titular del Departamento Agrario para la creación de un nuevo centro de población agrícola, puesto que otras tierras de la región ya se encontraban ocupadas y dotadas a otros campesinos. De esta manera, no se podían utilizar más tierras; lo que sí se podía hacer es colonizar las tierras nacionales, según el discurso y las leyes y reglamentos del gobierno federal de ese momento.

Se comprobó que las necesidades agrícolas de los solicitantes no pudieron satisfacerse por vía de la dotación, ampliación o restitución de tierras, y que no existen unidades de dotación vacantes en el ejido de la región donde pudieran ser acomodados (Archivo General Agrario, expediente 2770).

MAPA 1. REPRESENTACIÓN DE LAS REGIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Elaboración propia. División regional del Estado de San Luis Potosí

Este proceso inició la colonización del parteaguas de la Sierra Gorda. Fue un movimiento regional gradual y escalonado de campesinos organizados para solicitar tierras para la agricultura y ganadería, puesto que también se había iniciado la petición para formar otro nuevo núcleo de población agrícola, denominado Joya de las Vacas, y el requerimiento de ampliar el ejido la Ollita del Pino en terrenos nacionales y baldíos, contiguos a los solicitados para fundar La Trinidad (Archivo General Agrario, expediente 7571).

En esto es importante observar cómo las tierras demandadas se disputaron entre los campesinos de la región, que precisaban de tierras para cultivar y desarrollar toda una serie de pequeñas prácticas agrícolas. Debido a que parte de ellas se encontraban ocupadas, incluso éstas se nombraban como Llano San Isidro, que posteriormente en la fundación del ejido derivó en La Trinidad.

En este contexto, los campesinos que ocupaban y trabajaban previamente las tierras lo hacían por medio de pequeñas parcelas de maíz, ganado vacuno, ovino y caballar, y en actividades de extracción de hierbas y maderas del bosque para la elaboración de comida y medicamentos, y para la construcción, reparación de las casas y venta de madera en otros pueblos.

Ahí estaban esas personas con su pequeña parcela y animales en este llano, que lo conocían como San Isidro. Aquí estaban porque era el lugar más plano y próximo a los demás pueblos; cultivaban su maicito, que se les daba poco por las mismas condiciones del lugar, y tenían ahí sus animales sueltos que pastaban en el monte (Diego, entrevista, 2016).

Éstas son las tierras que se disputan para ser ocupadas como ejido, que se trabajan bajo la lógica de pequeña agricultura de temporal con ganado de traspatio, en un contexto nacional y regional de colonización de tierras “nacionales” que impulsó el Estado mexicano. De ese modo confluyen y suceden prácticas locales con la intención de “cultivar más y tener animales como vacas y borregos” (Diego, entrevista, 2016). En este sentido, la organización local y el amalgamiento de los reglamentos y leyes extralocales en este territorio posibilitaron que apareciera el ejido, sus parcelas, áreas de agostadero, zona urbana y colectiva:

En diciembre de 1954, de su solicitud, se resolvió: […] el siguiente caso resultan legalmente afectable 1885-00-00 ha de agostadero con 40% susceptible de cultivo para conformar 740-00-00 ha de labor 37 parcelas de 20-00-00 ha, cada una con el fin de beneficiar a los 36 capacitados, y la correspondiente a la escuela del lugar, 18-00-00, serán para la zona urbana; y el resto, para usos colectivos de los solicitantes (Archivo General Agrario, expediente 2770).

En esta confluencia de estrategias, acciones, leyes y disputa por la tierra, se conformó el territorio ejidal La Trinidad con sus autoridades agrarias respectivas: comisariado ejidal, consejo de vigilancia, además de su juez auxiliar.54 Esto va a ser sumamente importante en la forma como se administrarán la tierra, el bosque, el agua, así como la resolución de emergencias por incendios, inundaciones o ventarrones que afectan las propiedades o casas de los ejidatarios.

Ello es claro en la búsqueda de la consolidación de sus tierras como ejido cuando las autoridades ejidales nombradas en el lugar solicitaron al gobierno federal apoyo para “sacar a los que vivían aquí, pero no tenía ya derecho de ocuparlo; ya les habíamos avisado antes, que se tenía que ir con todo y animales” (anónimo, entrevista, 2016). Fue entonces cuando el ejército apareció como fuerza policial para desalojar a las personas que ocupaban las tierras pero que no formaban parte de los ejidatarios agrupados en la lucha por el establecimiento del ejido. En este ambiente surgieron el territorio ejidal y los nuevos usufructuarios y posesionarios en la disputa por la tierra.

Resulta interesante observar las estrategias de apropiación y organización territorial de las autoridades ejidales y de las 36 personas que fundan el ejido, puesto que ocupan el llano San Isidro, renombran el lugar como La Trinidad y establecen una capilla con la Santísima Trinidad como su santo patrón; en la idea de consolidar el nuevo territorio formado, “pensamos que tenía que tener otro nombre, puesto [que] ahora era ejido, lo que antes había, pues ya había pasado, además construimos una capilla con la imagen de la Santísima Trinidad, eso lo decidimos nosotros como autoridades, pensando en los nombres que ya habían de los otros pueblos” (Diego, entrevista, 2016).

En estas circunstancias, es evidente que se inicia un proceso de reformulación jurídica de la tierra, de autoridades locales y de representaciones del territorio. Las prácticas que se consolidan son las agrícolas, con pequeñas parcelas de maíz con frijol, y animales que pastaban en el monte, y el aprovechamiento de madera para “la casa o vender en pueblos vecinos” (Andrés, entrevista, 2016). Esta última representó en esa época la articulación del comercio regional de venta de madera en otros pueblos y regiones del estado.

Vale la pena apuntar que estas prácticas locales se acomodaron de acuerdo con la apropiación del espacio y bajo los objetivos de labranza de pequeñas parcelas y el aprovechamiento de la madera del bosque de pino-encino,55 en donde la participación de la escala nacional fue importante; en el caso específico, el Departamento de Asuntos Agrarios delimitó y aceptó colocar bajo nuevas condiciones jurídicas el uso de la tierra y el bosque en ejido. No obstante, sólo en esa dimensión, puesto que, como se observa en la organización local de indígenas nahuas, son las que posibilitan que germine el ejido La Trinidad y se propicien prácticas locales y comunitarias (mapa 2).

En todo esto, la lluvia, el hielo, los vientos son elementos importantes en la articulación de la vida local y comunitaria, dado que los intentos permanentes de cultivar maíz, frijol y frutas, como pera y manzana, “no se lograban de la misma forma como lo hacíamos en terrenos donde antes vivíamos”. Ahí el frío, “el hielo en la mañana es bien duro, el agua se congela y no se podía trabajar desde tempranito con ese frío” (Pablo, entrevista, 2016). Ése fue un problema micro, permanente para los cultivos que desarrollaron los campesinos nahuas establecidos, puesto que éstos se precisaban para la producción de alimentos para las familias y no florecieron como se había pensado en las 740 hectáreas dotadas como áreas de labor, debido, según el propio relato de uno de los fundadores del ejido, a que

se tenía [escaso] conocimiento de la tierra de este lugar, de su clima muy frío, que no permite el cultivo de muchas cosas; hasta ahora es que ya se me dan unos chayotes, después de mucho tiempo de intentar. Lo que […] no nos faltaba era el agua; aunque se congelaba en las mañanas, siempre había (Sergio, entrevista, 2016).

MAPA 2. DIVISIÓN EJIDAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ

Elaboración propia. Representación de las divisiones ejidales que se encuentran en el municipio de Xilitla, al noroeste se encuentra el ejido de Xilitla colindante al estado de Querétaro.

En este proceso de aprendizaje de tales condiciones, se desarrollaron otras prácticas relacionadas con la crianza de ganado ovino y caballar, y la extracción de madera del bosque templado. Esta última “fue una actividad importante, la madera se vendía en los pueblos vecinos, uno caminaba con sus mulas a San Antonio, Miramar Viejo y Xilitla” (Pedro, entrevista, 2016). En esto se advierte cómo los ejidatarios diversifican sus actividades en la experimentación de las nuevas condiciones, en lo cual es preciso decir que se incorporan poco a poco avencidados que trabajan en la explotación del bosque. El conocimiento local se aprehende y experimenta bajo las condiciones regionales de la venta de madera y los circuitos del comercio de los campesinos y zonas ocupadas para la agricultura de maíz, frijol, papa, y espacio con ganado, principalmente en los lugares nombrados como llanos: Conejo y Chiquito, que formarán los nodos de reproducción de ganado de los ejidatarios.

LA REFUNDACIÓN DEL EJIDO

No obstante estas condiciones del ejido, los intentos de los ejidatarios por construir zonas agrícolas de maíz y frijol fueron difíciles de construir. Según los relatos de los líderes ejidales, “después de diez años de estar probando, ensayando este tipo de plantaciones y de haber podido cultivar de mejor forma papas y plantar árboles de pera, manzana, y durazno”. En el final del periodo de la década de 1960, “de 36 ejidatarios, sólo quedamos cuatro, además de unos avecindados” (José, entrevista, 2016).56 Esto, producto, según un fundador del ejido, de “ser una zona muy fría y principalmente porque no poseían zonas para cultivar maíz y frijol, pues se batallaba mucho con el hielo en las mañanas” (Archivo General Agrario, expediente 2770).

A principios de 1970, se integró una veintena de personas nuevas al ejido, la mayoría de la población El Cristiano y algunos de Coronel Castillo: “Es así como está ahora conformado el ejido, ahora con 24 activos” (Juan, entrevista, 2016). Hay que mencionar que esta estrategia fue acordada en lo local, y de ahí se partió para iniciar posteriormente la incorporación de nuevos ejidatarios ante la Secretaría de la Reforma Agraria, y dar de baja en sus derechos de ejidatarios a las personas que abandonaron sus tierras ejidales. Proceso jurídico que fue largo debido a que no se resolvió esta situación sino hasta 1980, y en 1984 se realizó el deslinde definitivo de sus límites territoriales (Archivo General Agrario, expediente 2770).

De ahí que sea notable cómo los ejidatarios deciden tomar medidas y acciones locales de forma inmediata y, con base en una estrategia de mediano y largo plazo, no como acciones provisionales, permitieron mantener el ejido, el bosque, los manantiales de su territorio, de mantenerse como ejidatarios (Esteva, 1988: 321), lo cual fue sumamente importante en la forma como se construyó la vida inmediata y posterior en este ejido, y como se fue edificando la vida rural en las prácticas que germinaron frente a eventualidades y emergencias por vientos fuertes, inundaciones e incendios.

FIGURA 1. ÁREA URBANA DEL EJIDO LA TRINIDAD

Elaboración propia. Área Urbana del ejido, donde se pueden ver las calles por donde pasa parte del tubo del acueducto y la zanja que fue edificada y conectada a un resumidero, para no permitir que se inunde parte de su tierra baja.

PRÁCTICAS LOCALES Y COMUNITARIAS EN LA TRINIDAD

En toda esta organización y forma territorial producida se desarrollaron una serie de prácticas locales y extralocales que trasformaron los usos del agua, del bosque y las tierras. Un primer ejemplo de esto se puede ilustrar con la edificación del acueducto que condujo el agua de tres manantiales del ejido hacia trece comunidades vecinas, en 1980. En esto, las autoridades ejidales de La Trinidad negociaron la instalación de una red de tubos y construcción de tanques en sus manantiales, localizados al noreste del núcleo urbano de La Trinidad (figura 1), situación en la que se edificó la infraestructura hidráulica que empezó alimentar la red de agua de las localidades de Miramar Nuevo, Miramar Viejo, Zacatipa, Soledad, El Balcón, El Cedral, Puerto de Tule, Ollita del Pino, Aguacatitlán, Joya de Durazno y Tres Pozos. Esta decisión y tal acontecimiento modificaron la práctica local de “conseguir agua en un manantial muy cerca del pueblo, por medio de tinas”.

A partir de ahí, se empezó a tener agua en algunas casas, debido a que se colocó un tubo para ello; pero eso no significó que todo el tiempo se garantizaría el agua corriente, dado que “en la mañana estaba congelada, el tubo muchas veces se reventó porque la tubería no era resistente y no soportaba las bajas temperaturas que congelan el agua” (Odilón, entrevista, 2016).

En este curso de acontecimientos se inició una práctica micro: los pobladores de cada casa se hicieron de recipientes donde almacenar, “para tenerla en la casa, pues ahí se congela un poco menos, y se descongela más rápido para ocuparse en las necesidades de la casa” (Odilón, entrevista, 2016). Es manifiesto en este caso que la práctica local desarrollada se emprendió bajo un conocimiento de las condiciones del lugar y en la resolución de las actividades contidianas de los campesinos indígenas, lo cual no significa una relación armoniosa con la “naturaleza”, sino una relación de aprendizaje con base en experiencias previas, o la puesta en marcha de diversas experimentaciones en el territorio y sobre el agua, en un ámbito de negociación y disputa.

Otro caso que resulta importante mencionar fue la emergencia que desató la inundación de los “terrenos bajos de aquí de La Trinidad, en 1988”. En ese evento, las constantes lluvias que se precipitaron por motivo el paso del ciclón Gilberto (1988) llevaron a que, en la forma de configuración territorial de la zona urbana del ejido, “en la entrada a la comunidad, que es la parte para donde corre el agua de lluvia, se llenara de agua” (Pablo, entrevista, 2016).

En cuestión de minutos, estaban ya inundadas algunas viviendas edificadas en ese sitio, por la fuerte lluvia que se precipitó por la noche. Cuando lograron comunicarse entre vecinos, se dieron cuenta de que “la mayoría de ellos ya se habían subido al tapanco”. En ese momento, la corriente se llevó animales y arrastró basura de los cerros (ramas, troncos podridos y hojarasca). Fue intempestiva, con poca duración, puesto que el agua se filtró por las “cuevas”. Una mujer mayor de la comunidad relató:

Cuando la primera inundación, apenas habíamos llegado aquí; mis hijos estaban chiquitos, esos que ves ahora ahí. Todo se me mojó, las pocas cobijas y cosas que teníamos. Nos salimos de la casa y nos fuimos con unos vecinos, que nos recibieron mientras pasaba la inundación y se me secaba todo lo que se mojó (Josefina, entrevista, 2016).

FIGURA 2. MANATIAL CERCADO.

Se puede ver una cerca de protección del manantial. Asimismo, el tubo por el cual se distribuye parte del agua a la localidad de La Trinidad y a trece comunidades vecinas. La Trinidad, 2016. Foto: Susana Elizabeth Medina Gordoa, 2016.

Es manifiesta la ayuda de los vecinos y de las autoridades locales —que a su vez son familia de los afectados—; resulta de la misma forma el elemento de ayuda importante en la emergencia. Asimismo, se desprende que en las discusiones de las asambleas, en el trabajo comunitario de las faenas, “que el juez citaba para limpiar el camino o reparar la iglesia o casa ejidal, se hablara de la inundación” (Pablo, entrevista, 2016). Entre conversación y conversación, se decidió que las casas que se encontraban en la zona que se inundó se cambiaran para otro “terreno del ejido”, como medida para evitar otra emergencia como ésta, puesto que las lluvias “son casi la mitad del año, y eso podría de nuevo pasar” (Óscar, entrevista, 2016).

Las estrategias y acciones llevadas a cabo en esta pequeña localidad comprobaron su funcionalidad en otras fuertes y constantes lluvias provocadas por el huracán Keith, en 2000, que volvieron a inundar la zona más baja del pueblo; “pero aquí sólo taparon el camino, pues las personas que vivían ahí se habían cambiado de casas, como se acordó, aunque sí se vio más agua que en 1988” (Pedro, entrevista, 2016). Fue así que no hubo afectados por la inundación en ese momento.

Sin embargo, es importante señalar que en ese mismo acontecimiento, en la confluencia de diferentes aprendizajes originados en distintos momentos, el conocimiento aprendido de las dos inundaciones y el adquirido de los tiempos y ciclos de las lluvias en el pueblo, se decidió por parte de las autoridades ejidales construir una zanja con ayuda de las máquinas que pavimentaban el camino de Miramar Nuevo a La Trinidad, en la parte más baja donde se anegaba el agua, para conectarla a una cueva donde el agua se filtraba.

De esta manera, se edificó una pequeña obra hidráulica que, a la vez que no permitía anegar el agua cuando escurría, se infiltraba de nuevo en las rocas calizas del lugar. Igualmente se acordó en la asamblea ejidal que aquélla se tenía que limpiar por medio del trabajo comunitario de faenas, para que la zanja y la entrada de la cueva no se taparan con el material que arrastraban los escurrimientos.

Como se aprecia, la organización local y comunitaria en este caso fue efectiva en la resolución de estas inundaciones, las cuales, según sus propios relatos, “después de la zanja conectada al desagüe natural, ya nunca nos hemos inundado”. Asimismo, se muestra cómo confluyen actuaciones en distintos tiempos y con otros objetivos, puesto que se resuelven en el momento para prevenir un asunto previsto, focalizado y pensado para afrontar la inundación de la parte más baja de la zona urbana de La Trinidad y para la preservación de la vida cotidiana.

FIGURA 3. ZANJA CONSTRUIDA PARA DIRIGIR EL AGUA

Zanja construida para dirigir el agua que escurre por las precipitaciones hacia una cueva, originada por la erosión fluvial. La Trinidad, 2016. Foto: Edgar Talledos Sánchez, 2016.

La misma forma comunitaria y local ha emergido en la ayuda de la reparación de los techos de las casas de los vecinos y los inmuebles del ejido, como la casa ejidal y la iglesia. Estas prácticas aparecieron como una forma de gestionarlo de forma inmediata y local, debido a que en la comunidad se conocen los ciclos regulares de los vientos que aparecen en marzo, a los cuales se denomina tornados secos, y a los que soplan en julio, que se nombran tornados de agua.

Desde que estaba chiquita, se ven los tornados; tenemos cuidado con los niños porque lleva mucha basura […] Y sí nos da miedo, pero qué hacemos más que encerrarnos en la casa (Josefina, entrevista, 2016).

En el aprendizaje de los ciclos del viento, la prevención y resguardo son fundamentales en los campesinos de La Trinidad; “no salimos de las casa porque caen árboles, y las personas tienen temor de ser arrastradas”. Igualmente, prevenir, no por medio del monitoreo del tiempo (puesto que en su práctica social y de trabajo están íntimamente relacionados con los ciclos del clima y del estado del tiempo), sino de “tener cuidado ahora en la forma como construyen sus casas; para que los fuertes vientos no las dañen”. En esto, como indican los relatos, el conocimiento acumulado, las prácticas que se modifican en prueba y error y la organización comunitaria son el meollo del asunto en la forma de resolver las emergencias.

Esto mismo lo podemos advertir en las formas en que se desenvolvieron las prácticas locales y comunitarias en el incendio que se presentó en 1998 en el bosque, que duró aproximadamente dos meses; éste comenzó en marzo. Aquí la autoridad ejidal y su asamblea se organizaron en brigadas para sofocar el fuego, pero no lo lograron; fue con las primeras lluvias de ese año que el incendio se extinguió por completo. El apoyo de los ejidatarios vecinos en esto fue importante; no obstante, la autoridad federal y estatal no tuvieron participación alguna. En este caso, es claro que la articulación local y regional es importante en la actuación en este tipo de emergencias (cuadro 1).

En este punto, es importante advertir que la organización local, sus saberes y conocimiento son el primer resorte de actuación en la resolución de las emergencias en la localidad. Si bien éste ha sido un proceso sedimentado por una serie de aprendizajes en la historia de la comunidad, también se ha ido modificando de forma paulatina debido a que la forma de administración de la tierra, el agua y el bosque se ha direccionado por parte de las mismas autoridades locales a intereses distintos a la labranza de las pequeñas parcelas y cría de ganado.

Esto es claro en la transformación de la administración del bosque y la casi desaparición de los animales de traspatio de los hogares de las familias de La Trinidad (aunque éstos no se retiraron por completo de las casas de los ejidatarios), puesto que en 2011 las autoridades del ejido aceptaron las recomendaciones de la SEMARNAT y la CONAFOR para participar en el pago de servicios ambientales hidrológicos.

FIGURA 4. TERRENO DE EJIDATARIO DE LA TRINIDAD, DONDE SE OBSERVAN BORREGOS PASTANDO.

Según los reglamentos de los pagos por servicios ambientales, no tendría por qué estar en las tierras del ejido. Sin embargo, los propios ejidatarios mencionan que, por tradición y por la necesidad en las fiestas, éstos siempre son necesarios. La Trinidad, 2016. Foto: Susana Elizabeth Medina Gordoa, 2016.

Esto implicó una serie de medidas de conservación y usos del bosque y de las tierras, en donde se decidió que el ganado “se sacara de los terrenos; tuvimos que buscarlos en el monte, porque muchos andaban sueltos en los llanos Chiquito y Conejo” (Javier, entrevista, 2016). En estas acciones, el programa del gobierno federal promovió una serie de prácticas de reforestación, construcción de terrazas y apoyos económicos. Para eso, se organizó una regionalización del ejido, en donde el pago por servicios ambientales hidrológicos se asignaría así:

Superficie asignada, 691.70 hectáreas; monto de pago del servicio ambiental por cinco años, $1 321 147.00; monto de pago por asistencia técnica por cinco años, $165 000 000.00; monto total asignado, $1 486 147.00 (CONAFOR, 2011: 11).

Con esto, germinaron unas prácticas locales y extralocales que organizaron el espacio social de una forma distinta de la que los campesinos habían desarrollado. En esto, son los propios indígenas nahuas quienes deciden qué parte de su área de bosque pasa a ser una zona de conservación de bosque y como zona productora de agua, en donde se conjunta la aparición de la práctica turística en La Trinidad, donde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) promovió y ayudó en la construcción de un área de cabañas para recibir turistas, con la idea de ser un sitio de ecoturismo. Es de esta forma que se puede decir que el ejido vivió su tercera gran transformación después de su creación, refundación y, ahora, nuevo manejo y representación de conservación y área turística.

FIGURA 5. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS

El pago por servicios ambientales hidrológicos y hectáreas apoyado en 2013. La Trinidad, 2016. Foto: Susana Elizabeth Medina Gordoa, 2016.

Nuevos flujos, representaciones, usos, y prácticas locales aparecieron y se renovaron. La práctica del turismo que ancló su organización en las prácticas comunitarias del ejido para formar un comité que se encargaría de los turistas, de su hospedaje y comida, igualmente impulsada por el gobierno del estado de San Luis Potosí, que fomentó el turismo en varios puntos de la Huasteca potosina, como fue el caso de la designación como pueblo mágico de la cabecera municipal de Xilitla.

FIGURA 6. ÁREA URBANA DEL EJIDO DE LA TRINIDAD, 2016.

Foto: Susana Elizabeth Medina Gordoa, 2016.

En estas actividades, el ejido y el juez cumplen labor notable en la organización de la vida comunitaria, con quien se organiza la comunidad para enfrentar las amenazas y riesgos al ejido. De la misma forma, la población, en este proceso, conjuntó un aprendizaje con la fuerza política de sus instituciones locales para enfrentar un par de inundaciones, un fuerte incendio, el paso de remolinos y ventarrones que los mismos pobladores llaman tornados.

Después de todo esto, se puede establecer una clasificación de las prácticas locales construidas en momentos de emergencia en este ejido, localizado en el parteaguas de la Sierra Madre Oriental, en donde se puede observar cómo cada una tiene su marco de aparición en la lógica, local y comunitaria, del ejido, sedimentadas en una mezcla de acuerdos y leyes nacionales, y luchas por la tierra y formas de gestionar el bosque y el agua.

CUADRO 1. PRÁCTICAS LOCALES ANTE EMERGENCIAS EN EL EJIDO LA TRINIDAD.

RIESGO

PRÁCTICA LOCAL

OBSERVACIONES

AUTORIDADES LOCALES

INVOLUCRADAS

Viento o tornado de agua y secos

Resguardarse en casa. Construir casas más reforzadas

Reconstrucción de techos y casas por medio de faena y ayuda de familiares

Juez auxiliar

Inundación

Salir de las casas y refugiarse

Se resguardan en casa de algún vecino. Sólo se inunda la parte baja del llano, o se trasladan a otras comunidades donde habitan sus familiares

La autoridad ejidal y el juez

Subir al tapanco

Cavar una zanja/canal

Helada

Resguardarse en casa

No escasea el agua, la juntan sólo cuando se congelan las tuberías, esperan a que en el transcurso del día el sol la descongele. Las mujeres son el principal actor en el almacenaje de agua

Aunque existe una preocupación de las autoridades ejidales por el estado de la red hidráulica

Mantener un fogón encendido

Juntar agua en cubetas

Incendio

Acarreo de agua y tierra. Brechas cortafuego

Para controlar que el fuego no se propague en las casas. El incendio se extinguió con las primeras lluvias

La autoridad ejidal y el juez tienen una función importante en esto. La conafor como institución extralocal también participa

Elaboración propia.

REFLEXIONES FINALES

En un comentario final, se puede afirmar que la forma en que La Trinidad estructuró su territorio, sus autoridades, con la representación de comisariado ejidal, tesorero y el consejo de vigilancia, es sumamente importante en la estructura política local y en la forma de enfrentar los riesgos. En un proceso en el que poco a poco aparecieron los comités de la iglesia, de la casa de salud y de la telesecundaria que desempeñaron cargos específicos. Así, esta organización comunitaria se convirtió en la base de la localidad; es la que negocia los apoyos del campo, el cuidado del bosque, y acepta que residan avecindados en su población.

Incluso, son las mismas autoridades del ejido quienes determinan la recomposición de su población ejidal, puesto que, a falta de ejidatarios y ante el abandono de las tierras, deciden que se incorporen avecindados y familiares de antiguos ejidatarios, como ejidatarios. Aquí, el conocimiento local y la experiencia de acontecimientos previos densifican las explicaciones y tomas de decisión de las autoridades y pobladores del ejido. En ese sentido, el conocimiento local resulta axial en la forma de enfrentar los riesgos y emergencias que se presentan en la comunidad; es más, son los primeros y principales resortes de resolución de los problemas derivados de esos acontecimientos. Se puede ver que existe un sistema de seguridad local anclado en lo comunitario y construido en distintos momentos de la vida del ejido.

En otro punto, resulta necesario mencionar que lo local no se basa en la idea de pensar al ejido La Trinidad como un lugar alejado, agreste, ubicado en parte de las faldas de la Sierra Gorda y de la Sierra Madre, sino entenderlo como espacio que se produjo mediante una serie de articulaciones políticas y económicas, locales, regionales y nacionales que llevaron a que actualmente sea el ejido que ofrece paseos y hospedaje a turistas en su núcleo urbano. La finalidad es investigar en sus condiciones reales la forma como el ejido mantiene, conserva y transforma una serie de prácticas locales frente a los riesgos a su comunidad, entre los cuales están los fuertes vientos, las inundaciones o la falta de lluvias, que son algunos de los riesgos, pero no los únicos, y en donde la configuración espacial del territorio ejidal que administran es pieza fundamental en la explicación de las prácticas locales y comunitarias.

Por eso mismo, esa naturaleza externa, como amenaza en lo local y en la organización de las comunidades, en el caso de la Huasteca, y en particular en La Trinidad, aparece como una realidad integrada que forma parte de la propiedad de un ejido, o de los bienes comunales de mestizos o indígenas.

El ejido no es la estampa del lugar de café o de clima cálido húmedo contiguo a un extenso río, sino la población montañosa con un clima frío y templado, y con una gran cantidad de bosque que es administrado por los ejidatarios nahuas de La Trinidad, atravesado por la actividad turística que la cabecera municipal ha promocionado como una de sus actividades económicas principales, además de la producción de café, y por la conservación del bosque, en donde la organización ejidal es la base en la forma de construir y defender su territorio. Es ahí mismo donde las prácticas locales y comunitarias tienen su centro de actuación.

Por lo mismo, se puede decir que la producción territorial de las comunidades, pueblos y ciudades de México, la forma de poblar, administrar sus bienes comunes, su infraestructura hidráulica y su espacio urbano y rural llevan a la producción de un espacio que en un momento puede virar, ante diversas condiciones, en un espacio de riesgo.

De modo que, en esto, los ejidos y bienes comunales han logrado mantener una organización que enfrenta las eventualidades frente a lo que se denomina riesgos hidrometeorológicos (lluvias, heladas, tornados). Así, aparecen diversas y múltiples prácticas locales en las asambleas y comités que forman parte de éstas y en su vida cotidiana. Vale la pena decir que, siempre, en un ámbito de disenso, e incluso a veces de disputa por la toma de decisiones y su ejercicio. De esa manera, los pueblos son siempre un espacio denso, contradictorio y lleno de diálogo y desacuerdos políticos.

Por tanto, el paso de los huracanes Hilda, Gert, Dolly, Gilberto o Janet (que, según lo que se encuentra en los reportes de periódico y en los relatos de la gente de la Huasteca, ocasionaron inundaciones o crecidas de ríos) no ocurre en un espacio neutro, sino en uno con diversos tiempos de propiedad de la tierras, de bosques, selva y de agua. Como se puede ver, la propiedad ejidal y comunal por donde se desarrolla el trayecto del huracán. Podemos decir que en ello los riesgos son diferenciales, localizados y un producto social, nunca naturales.

REFERENCIAS

FUENTES PRIMARIAS

Archivo General Agrario

Expediente 7571, “Nuevos centros de población ejidal”.

Expediente 2770, “Nuevo centro de población ejidal”.

OBRAS CONSULTADAS

CONAFOR (2011). “Resultados de la convocatoria del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal”. México: SEMARNAT.

ESCOBAR OHMSTEDE, A. (2008). “Las Huastecas, ¿de qué tipo de ‘regiones’ hablamos?”, Península, vol. 3, núm. 2, pp. 97-125.

ESTEVA, G. (1988). “Vivir o sobrevivir”, en J. Zepeda Patterson, Las sociedades rurales hoy, Zamora: El Colegio de Michoacán / CONACYT, pp. 321-327.

GALLARDO ARIAS, P. (2004). Huastecos de San Luis Potosí. México: CDI.

INEGI (2010). “Principales resultados por localidad. Censo de población y vivienda 2010”. Recuperado de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/default.aspx?ev=5 (acceso: 10/12/2016).

JIMÉNEZ ESPINOSA, M. et al. (2014). Clicones tropicales. Serie Fascículos. México: CENAPRED.

POTEETE, A. R., M. A. Janssen y E. Ostrom (2012). Trabajar Juntos. Acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos en la práctica. México: UNAM / CEIICH / CRIM / FCPS / FE / IIEC / IIS / PUMA / IASC / CIDE / COLSAN / CONABIO / CCMSS / FCE / UAM.

VERA, R. (1997a). “El infinito devenir de lo nuevo”, Chiapas, núm. 4, pp. 7-32.

VERA, R. (1997b). “La noche estrellada: la formación de constelaciones de saber”, Chiapas, núm. 5, pp. 47-74.

Entrevistas

Anónimo. “Fundación del ejido La Trinidad” (14 de febrero de 2016).

José. “Los ejdiatarios” (13 de febrero de 2016).

Josefina. “La inundación” (18 de julio de 2016).

Juan. “Los nuevos ejidatarios” (9 de julio de 2016).

Odilón. “Los manantiales de La Trinidad” (18 de julio de 2016).

Pablo. “La vida de antes en La Trinidad” (13 de febrero de 2016).

Pedro. “La actividad forestal en Xilitla” (12 de febrero de 2016).

Diego. “Fundación del ejido La Trinidad” (19 de julio de 2016).

Guillermo. “Inundación de 1993” (10 de abril de 2016).

Javier. “El pastoreo en los llanos” (10 de abril de 2016).

* Conacyt / El Colegio de San Luis.

** El Colegio de San Luis.

1 La presencia de las emisiones regionales en el total mundial descendió de 11.2% en 1990 a 9.2% en 2011; si quitamos las emisiones totales de gases de efecto invernadero sin incluir las provenientes de los cambios de uso del suelo/forestería, LUCF, implicaría, según el autor, la revisión de los datos o atender a la caída en la deforestación regional.

2 Uno de los trabajos pioneros se dio en la Sociedad Física de Estocolmo, interesados en el estudio de las edades geológicas, particularmente en la era glaciar. Esto llevó a plantear la idea de que, con el tiempo, la Tierra no se sobrecalienta, sino que tiende a enfriarse. Es decir, se estimó que el probable efecto de la variación climática respecto al grado de temperatura en la Tierra se había dado en periodos geológicos muy cortos.

3 Además, calculó la producción de depósitos de carbón mundial en la superficie de la Tierra, la transformación en ácido carbónico en la atmósfera y la alteración de la temperatura respecto de las variaciones de cantidades de ácido carbónico. Notó asimismo la importancia de las exhalaciones volcánicas y de los fenómenos geológicos, la combustión de carbonos en la descomposición de minerales e hizo hincapié en el papel de los océanos como reguladores de todos estos procesos.

4 Destacó como causas 1) el aumento en la temperatura de los océanos, 2) el decrecimiento de los contenidos de carbón en los suelos, y, 3) los cambios en la cantidad de la materia orgánica en los océanos y las fluctuaciones en el aumento del carbón orgánico marítimo.

5 Señaló que la expectativa de vida ha mejorado incluso en países en vías de desarrollo, que se ha reducido la población que vive en hambruna; y con datos del Worldwide Institute, aseveró que “no estamos en un escenario en el que se prevean problemas con los recursos no renovables” y que la sociedad parece ser sustentable (Lomborg, 2001: 159-160) así, y que la preservación de la biodiversidad es parte de la realidad del planeta.

6 El pico anual de concentraciones de C02 registradas en el Observatorio de Mauna Loa, Hawaii, rebasó en mayo de 2013 el nivel de 400 partes por millón (ppm) por primera vez en los últimos ochocientos años.

7 Científicos “negacionistas” como Singer y Avery (2008: 253) consideran débil la teoría de los gases de efecto invernadero (GEI). Afirman que la comunidad de investigación del clima depende de los miles de millones de dólares por año que el gobierno (de Estados Unidos) otorga para contrarrestar las campañas sobre el calentamiento global, por lo que les conviene seguir planteando y justificando estos problemas.

8 Éstos son dióxido de carbono (C02), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6).

9 GCP calculó, para el periodo 2004-2013, un promedio mundial de 32.4 GtCO2/año (8.8 GtC/año) por quema de combustibles fósiles, y 3.3 GtCO2/año (0.9 GtC/año) por cambio de uso de suelo. De esto, poco menos de la mitad se queda en la atmósfera, con incremento de alrededor de 2 ppm por año, lo que acentúa el efecto invernadero. El ipcc para el periodo 2002-2011 estimó emisiones mundiales de CO2 por quema de combustibles fósiles y fabricación de cemento en 8.3 GtC/año, y por cambio de uso de suelo en 0.9GtC/año. En el rubro LUCF estimadas por el CAIT, el rango de incertidumbre es superior al monto de las emisiones conjuntas de México y de toda América Central.

10 Desde entonces se estableció que los efectos adversos del cambio climático son todos aquellos trastornos en el ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático, que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, en la salud y el bienestar humanos (onu, 1992, art. 1/1).

11 Se entiende por sumidero en esta convención a cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera (ONU, 1992, art 1/8).

12 Esta denominación excluye a los países de la ocde (excepto, Corea del Sur y México), a la ex urss y a los países del ex bloque socialista de Europa Oriental (ONU, 1992: 799).

13 Gases de efecto invernadero definidos en el protocolo: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

14 La profundización de los compromisos llevó a introducir en el protocolo a los denominados “mecanismos de cooperación en la implementación del protocolo”, destinados a posibilitar a los países que asumieron obligaciones el cumplimiento de ellas, a menores costos. Estos mecanismos son la “implementación conjunta”, el mecanismo para el desarrollo limpio (cdm) y los permisos de emisiones transables (PET) (Girardin, 1998: 800).

15 Según el Anexo B del Protocolo de Kioto, estos países son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria*, Canadá, Unión Europea, Croacia*, Dinamarca, Eslovaquia*, Eslovenia*, España, EUA, Estonia*, Federación de Rusia*, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría*, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia*, Liechtenstein, Lituania*, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia*, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa*, Rumania*, Suecia, Suiza y Ucrania* (*países en proceso de transición a una economía de mercado).

16 Las Conferencias de las Partes (cop) han transitado desde 1995 en Berlín, Ginebra (1996), Kioto (1997), Buenos Aires (1998), Bonn (1999), La Haya (2000), Marrakech (2001), Nueva Delhi (2002), Milán (2003), Buenos Aires (2004), Montreal (2005), Nairobi (2006), Bali (2007), Poznan (2008), Copenhague (2009), Cancún (2010), Durban (2011), Qatar (2012), Varsovia (2013), Lima (2014), París (2015) y Marruecos (2016).

17 De hecho, la extracción de petróleo y gas y la generación de electricidad representaron 7.9% del PIB en 2013. Los datos oficiales estiman que las tecnologías con base en gas natural predominarán respecto a la capacidad total en 53.3%; las tecnologías que emplean combustóleo, coque, diésel y carbón reducirán su participación, mientras que las fuentes renovables (eólica, solar y minihidráulica) tendrán una participación de 23.9% (SENER, en Mendivil y Niño, 2016: 5).

18 El PECC 2014-2018 establece la aportación en materia de mitigación de la administración pública federal para 2018 a través de medidas con presupuesto establecido con el fin de alcanzar la meta de mitigación en 2020.

19 Además, en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se asume la meta de reducir para el año 2020 30% de emisiones respecto a la línea de base y 50% para 2050, en relación con las emitidas en 2000 (CICC, 2014: 12), donde cada una de las trece líneas de acción serán monitoreadas en su seguimiento mediante la plataforma de la SEMARNAT SIAT-PECC.

20 Al respecto, el pecc hace referencia a que la mayor parte del país se volverá más seca en el norte, con la consecuente demanda de más agua; mayor posibilidad de inundaciones con afectaciones a dos millones de personas que viven en las regiones bajas de las cuencas; una reducción en las áreas de coníferas, especies de zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas templadas. Se preve, en el caso de los océanos, un colapso demográfico en las poblaciones marinas por las altas temperaturas costeras, así como una pérdida, para 2050, de cerca de la mitad de las especies de mamíferos terrestres y voladores, y una disminución en la productividad del maíz para ese mismo año (cicc, 2014: 24).

21 El presupuesto federal se ha asignado al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), aunque todavía es un reto la aplicación de los financiamientos y la transparencia en el uso de los recursos públicos para estos casos en el país.

22 Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 2010 (en CICC, 2014: 28-29).

23 A pesar de que México posee 10% de la biodiversidad conocida, se han perdido 127 especies, de las cuales 74 eran endémicas; en 2002, la cobertura vegetal natural del país cubría sólo 50% de la superficie original, mientras que 45% de la superficie de suelos del país presentaba algún tipo de degradación (CONABIO 2009; Challenger et al., 2009; SEMARNAT y El Colegio de Postgraduados, en CICC, 2014: 30).

24 En la cop 21, México se unió a la iniciativa “Misión innovación”, que busca aumentar presupuesto para energías limpias, el impuesto al carbono aplicable desde 2013 —aplicado a todos los combustibles, excepto al gas natural— y la creación de un mercado de carbono. Y además suscribió en esta misma conferencia su adhesión a la iniciativa “Cero quema rutinaria de gas al 2030”, promovida por el Banco Mundial, con el fin de conservar y aprovechar el gas asociado al petróleo crudo.

25 En México se ha establecido el impuesto al carbono, según la reforma a la “Ley del impuesto especial sobre producción y servicios” (IEPS) publicada en el DOF el 11/12/2013, lo que afecta la importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono. Habrá que analizar el impacto de las nuevas medidas de apertura a la importación de combustibles, acelerada por el presidente Enrique Peña Nieto en el primer semestre de 2016.

26 Trasnacionales como Chevron, ExxonMobil, bp, Royal Dutch Shell, British Coal, Peabody Energy, bhp Billiton, entre otras, son responsables de más de 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero globales.

27 Método de fractura hidráulica en rocas de lutitas para obtener gas shale, el cual utiliza pozos de agua, tóxicos químicos; pone en riesgo de contaminación a poblaciones que viven cerca de fuentes de agua, tierra, cultivos y viviendas; y por tanto, incrementa el fenómeno del cambio climático.

28 La velocidad de vientos es: para una depresión tropical (DT), menor a 62 km/h; para una tormenta tropical (TT), entre 63 y 118 km/h; para un huracán tipo 1 (h1), entre 119 y 153 km/h; para el tipo 2 (h2), entre 154 y 177 km/h; para el tipo 3 (h3), entre 178 y 208 km/h; para el tipo 4 (h4), entre 209 y 251 km/h; y para el tipo 5 (h5), más de 252 km/h (Rosengaus, 1998).

29 El uso de tierras inundables para edificar fraccionamientos INFONAVIT saltó por primera ocasión en la visita que hicimos como proyecto al municipio de Tamuín. La colonia más afectada por la retención de las aguas que no pueden ingresar al humedal por el sistema de regulación fue construida por una empresa que negoció créditos INFONAVIT. Los habitantes no se van porque sean tercos y les guste la aventura, sino porque perderían todo el dinero que ya han pagado. Con un método similar operan las empresas también en Tamazunchale y, al parecer, en otras ciudades de la región.

30 Véase Archivo Histórico del Agua, fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 4512, expediente 59754, y caja 4504, expediente 59643.

31 Véase García (1997).

32 Para un recuento de los diferentes decretos cañeros, véase García (1997).

33 Los habitantes en la localidad lo asumen como comunidad, e igualmente lo considera así el programa de apoyo de la CONAFOR (2016).

34 Un factor que contribuye a la variabilidad de lluvia en la época cálida del año es el fenómeno del Niño, que ocasiona principalmente una disminución hacia la región noreste del país (Jáuregui, en Hernández Cerda y Carrasco Anaya, 2004: 66).

35 Arroyos y manantiales de Tanchanchín.

36 El dato corresponde al último censo de INEGI en 2010, pero, de acuerdo con autoridades comunitarias, actualmente Mantezulel cuenta con una población que ronda mil habitantes.

37 Dicho predio tiene una extensión de 1 301.7 hectáreas.

38 Otorgamiento de apoyos a dueños de terrenos forestales que, de manera voluntaria, deciden participar en el programa de pago por servicios ambientales, con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo para promover la conservación de los ecosistemas y fomentar la provisión, en el largo plazo, de servicios ambientales tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y el secuestro y la conservación del carbono, los cuales benefician a centros de población y el desarrollo de actividades productivas (Diario Oficial, 2013).

39 El turismo alternativo constituye un conjunto de prácticas que abarcan diversas modalidades: en términos generales, éstas se definen como viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y con las expresiones culturales que la envuelven, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales (CONANP, s.f.: 7).

40 Otra fuente señala que de las 176 áreas naturales protegidas, al menos 71 de ellas fueron decretas por la CONANP sobre territorios de pueblos indígenas (Ortiz y Vázquez, 2015: 129).

41 También llamado turismo orientado a la naturaleza o turismo basado en la naturaleza, es una de las modalidades del turismo alternativo; se refiere a un “viaje de placer inspirado y desarrollado en áreas naturales” (CONANP, s.f.: 7).

42 Información obtenida a través de la SEGAM: el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de SLP (SANPES) publicó en el Periódico Oficial (2001b) un listado en el que las cuevas de Mantezulel aparecen como un área natural protegida de competencia estatal. Sin embargo, el SANPES utilizó una referencia correspondiente al Periódico Oficial del 15 de marzo de 2001 (2001a), en el cual, de acuerdo con lo que confirma la SEGAM, no se hizo un decreto de área natural protegida para las cuevas de Mantezulel (SEGAM 2016a; SEGAM, 2016b).

43 En la parte noreste se reportaron dos casas en las que ocurre el estancamiento y circulación de agua dentro de la vivienda, debido a que se encuentran en una zona elevada y lisa por donde escurre el agua de lluvia.

44 De acuerdo con los informantes, la despensa consistió, principalmente, en dos kilos de masa Minsa, un kilo de frijol, uno de azúcar, medio litro de aceite y una bolsa de galletas por familia.

45 Para Yanes (2016: 133), las nuevas reglas de operación, que incluyen el derecho de audiencia a familias afectadas por la suspensión de apoyos (del programa Oportunidades, ahora Prospera), es resultado de su operación en una “lógica punitiva, de la carga adicional que representan las condicionalidades para las mujeres y del poder que, respecto a las familias, tienen las autoridades en materia social”. En ese sentido, hace una crítica a los efectos de estos programas en el combate a la pobreza, al generar condiciones que redundan en la prolongación de ésta.

46 La Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la Recreación en las Áreas Naturales Protegidas de México tiene entre sus fines “contribuir en la conservación del patrimonio natural y cultural asociado a la naturaleza, haciendo que el turismo y la recreación en las áreas protegidas (AP) sean actividades de bajo impacto a través de la aplicación de instrumentos de planeación, regulación, económicos y de vigilancia” (CONANP, s.f.). Busca, además, que el turismo se convierta en una de las actividades productivas alternativas para el desarrollo sustentable de las comunidades locales que habitan en o alrededor de las AP –por medio de la aplicación efectiva de los programas de subsidio y la coordinación con otras instancias gubernamentales, no gubernamentales y el sector privado” (CONANP, s.f.: 8).

47 En la comunidad, los principales productos agrícolas de venta son el café molido y la palmilla. El primero se vende en $40 el kilo, mientras el segundo se vende en rollitos de 120 hojas aproximadamente, en $6 a un comprador externo, que llega una vez por semana, tiempo en el cual cada familia en promedio puede juntar entre cinco y diez rollos.

48 En el caso de programas como Prospera (en el pasado reciente denominado Oportunidades), éste ha sido diseñado como parte de una política social introducida ampliamente en América Latina desde 1990, como mecanismo de intervención pública a mediano y largo plazo, destinada a revertir condiciones que llevan a la reproducción intergeneracional de la pobreza. No obstante, un cambio en las medidas de su evaluación lo han transformado en un instrumento gubernamental que pretende abatir la pobreza en el presente (Banegas González y Mora Salas, 2012: 42). Los beneficiarios elegibles son aquellos cuyos ingresos monetarios son insuficientes para cubrir gastos en alimentación, salud y educación. No obstante que, conforme a los datos y mediciones disponibles, hay un mayor nivel de escolaridad, se ha ampliado el acceso a servicios de salud, y a lo mucho se atenúa la intensidad de la pobreza, no se supera y no se ha demostrado que se rompa con la transmisión intergeneracional de ella (Yanes, 2016: 139).

49 Medianas y pequeñas empresas, microcréditos, financiamiento de proyectos sociales y productivos, entre otros.

50 De acuerdo con Flores, el ejido transitó de ser una clara estructura colectiva para el trabajo de campesinos a una serie de espacios parcelados, con propietarios independientes, que representan unidades monetarias con las cuales se puede negociar (Flores, 2011).

511 Esta zona se localiza al noreste del estado de Querétaro y fue decretada como reserva de la biosfera el 19 de mayo de 1997.

52 Xilitla tiene en la actualidad 36 ejidos y posee 288 localidades, según el inegi (2010).

53 Actualmente, a la Huasteca potosina se le considera tanto un lugar de turismo como de producción de caña, mandarina, naranja y lichi. Asimismo, es una región de grandes ríos perennes que forman parte de la cuenca del Pánuco. Desde una escala mediática y de las empresas turísticas, se le asocia como una zona selvática, de humedad, de lluvias permanentes provenientes del Golfo de México; de vegetación exuberante, donde existe una gran cantidad de población indígena y campesina teenek, náhuatl y pame; y música de huapango “propia de la región”. Sin embargo, ha sido un espacio social que ha funcionado con flexibilidad en diversos momentos históricos (Escobar, 2008: 119). Así, su identificación cultural o política no es la misma en el porfiriato que hoy en día. Las actuales condiciones de la región huasteca, con los veinte municipios que la conforman administrativamente, giran lo mismo en torno al turismo que a la violencia y la disputa por la tierra o el trasiego de drogas, la actividad petrolera, los proyectos de riego —como el Pujal Coy—, el comercio, la producción de frutas y jugos, la ganadería y la generación de energía eléctrica.

54 El juez o delegado tiene como función atender los asuntos civiles y penales (Gallardo, 2004: 17).

55 El ejido posee bosque de pino-encino. Se pueden encontrar especies como cedro blanco, negro o prieto, madroños, pino seco, pino lacio, encino y oyamel, además de gran variedad de orquídeas y bromelias. Está habitado por diversos animales, como zorro gris, puma, coyote, tejón, ardilla, águila, zopilote.

56 En estas circunstancias, aparecieron problemas similares a los de otras zonas que fueron tierras nacionales; por ejemplo, en la península de Yucatán y en la misma Huasteca potosina, donde muchos de los pobladores dotados de tierras regresarán a su lugar de origen por no “gustarles y acostumbrarse al lugar” (Guillermo, entrevista, 2016).

Aguas turbulentas y prácticas locales y comunitarias en la Huasteca.

Riesgos hídricos y organización social, Francisco Peña (coordinador)

se terminó de convertir a EPUB el 12 de noviembre de 2019

en el estudio de Editorial Albatros (EASACV), S. A. de C. V.,

Cafetal, núm. 537, Col. Granjas México, alcaldía Ixtacalco,

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La composición tipográfica la realizó Eugenia Calero.

La edición estuvo al cuidado de la Unidad de Publicaciones

de El Colegio de San Luis y el coordinador