La experiencia de la democracia

Cambio político y conceptual en el México contemporáneo

Ficha catalográfica de la versión impresa

321.80972

C764e

Contreras Alcántara, Javier

La experiencia de la democracia : cambio político y conceptual en el México contemporáneo / Javier Contreras Alcántara — 1ª edición. — San Luis Potosí, San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, A.C., 2014.

296 páginas; 23 cm – (Colección Investigaciones)

Incluye bibliografía (páginas 279-291)

ISBN:978-607-9401-06-1

1.- Democracia – México – Siglo XX 2.- México – Política y gobierno – Siglo XX 3.- Cultura política – México – Siglo XX I. t. II. s.

Diseño de portada: Natalia Rojas Nieto

Primera edición en formato impreso, 2014

Primera edición en formato digital, 2016

D.R. © El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Colinas del Parque

San Luis Potosí, S.L.P., 78299

www.colsan.edu.mx

ISBN edición impresa: 978-607-9401-06-1

E-ISBN edición digital: 978-607-9401-75-7

Realización del ebook: Ediciones y gráficos EÓN, SA de CV

Hecho en México / Made in Mexico

COLECCIÓN INVESTIGACIONES

La experiencia de la democracia

 Cambio político y conceptual en el méxico contemporáneo

Javier Contreras Alcántara

Índice

Prólogo: entre la caída de la inocencia y la adquisición de un nuevo saber político

Agradecimientos

Primera Parte

Capítulo 1 Punto de partida

De la lucha política a la lucha semántico-conceptual

Capítulo 2 Consideraciones

Implicaciones metodológicas específicas

Segunda Parte

Capítulo 3 La libertad como frontera

El contexto revolucionario

Legitimidad y democracia desde la voz del régimen posrevolucionario e institucional

Legitimidad y democracia, la mirada al régimen desde Cuadernos Americanos

Apuntes finales del periodo

Capítulo 4 La máscara de la simulación

Echeverría y López Portillo:el cambio dentro de la democracia

Las voces en Plural

Recuento

Capítulo 5 Reclamo y esperanza

La aspiración democrática del gobierno:Miguel de la Madrid

Reclamo y esperanza en Vuelta

Recuento

Capítulo 6 Procedimiento e instituciones

Construcción institucional de la legitimidad democrática: Salinas

Vuelta: la última etapa

Recuento

Capítulo 7 Ausencias

El compromiso democrático y la ética de responsabilidad política: Zedillo

Las dos legitimidades o legitimidad versus legalidad

Letras Libres

Capítulo 8 Recuento, punto y aparte

Democracia como libertad y el “derecho a gobernar”

Crisis y cuestionamiento

Reclamo por una nueva democracia y una legitimidad democrática

Democracia como procedimiento:legitimidad como legalidad

Legitimidad versus legalidad; democracia como cultura política ausente

REFERENCIAS

El fundamento de la política, en efecto, no es más la convención que la naturaleza: es la ausencia de fundamento, la pura contingencia de todo orden social. Hay política simplemente porque ningún orden social se funda en la naturaleza, ninguna ley divina ordena las sociedades humanas.

Jacques Rancière, El desacuerdo

La vida de la democracia de ningún modo está hecha de la confrontación con un modelo ideal: en primer lugar es la exploración de un problema a resolver.

Pierre Rosanvallon, La contrademocracia

De pronto nos hemos encontrado desnudos, frente a una realidad también desnuda. Nada nos justifica ya y solo nosotros podemos dar respuesta a las preguntas que nos hace la realidad.

Octavio Paz, El laberinto de la soledad

Prólogo: entre la caída de la inocencia y la adquisición de un nuevo saber político

Estas líneas pretenden bordear la experiencia política en México. Por un lado se camina sobre el pensamiento, la vivencia, la experimentación de la legitimidad y la democracia que tuvieron algunos intelectuales mexicanos entre 1940 y 2006, de los que dejaron evidencia en revistas como Cuadernos Americanos, Plural, Vuelta y Letras Libres; y por el otro se intenta sacar lecciones de aprendizaje no solo sobre el pasado sino sobre el presente y con la pretensión de abonar al futuro. Porque es en el presente que hay que responder a las preguntas que nos hace nuestra realidad, aun si para ello hay que ver hacia atrás como se hace aquí.

Señala Martin Jay (2009: 21) que

una experiencia no puede limitarse a duplicar la realidad previa de quien la sobrelleva y dejarlo, por decir así, en donde estaba antes; es preciso que algo se modifique, que acontezca algo nuevo, para que el término sea significativo. Ya sea una “caída” de la inocencia o la adquisición de un nuevo saber, un enriquecimiento de la vida o una amarga lección acerca de sus locuras…

La experiencia intelectual de la que se dará cuenta nos lleva justo en este camino de anhelos, caídas-pérdidas de inocencia y adquisición de nuevos saberes sobre la legitimidad política y la democracia, tal y como se la construye en una sociedad concreta al transcurso del tiempo, pues la democracia surge de la resolución de problemas en la constitución social, problemas siempre contingentes que no necesariamente se corresponden con un ideal procedimental institucional y que en cambio se rigen por una cierta convención entre los miembros de esa sociedad, haciendo de la política y el cambio una realidad que se debe seguir y rastrear por el lenguaje, los conceptos y los usos que hace de estos tal sociedad.

En síntesis, este libro trata de tomas de conciencia, intentos de comprender y nominar, de asir la realidad, y hace un recuento de las articulaciones narrativas de la experiencia, con el propósito de sacar algunas lecciones de aprendizaje político.

La provocación, o mejor dicho, el encantamiento de origen para esta investigación ha sido doble: por una parte el conflicto poselectoral de 2006 y la discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad del ganador, discusión que al final se transformó en el debate sobre la legalidad o ilegalidad de la elección; por otra parte, la situación paradójica de una sociedad que reclama un mayor y mejor comportamiento democrático de las elites políticas sin considerar la importancia de su propio rol político para el sustento de la sociedad más allá de la participación electoral.

Sin embargo, los días que corren –septiembre de 2012– marcan y modifican nuestra realidad con una nueva experiencia en la vida democrática-electoral de México, cuando parte de la población duda sobre la legalidad oficial de la elección presidencial y existe una cierta percepción de que al pri (Partido Revolucionario Institucional), que gobernó gran parte del siglo anterior, le habría sido posible “comprar” la presidencia de México.1

Esta nueva experiencia implica, como dice Jay, una caída de la inocencia y la adquisición de un nuevo saber, significadas por la pregunta que han planteado un grupo de jóvenes inconformes con la situación política actual: “¿Qué democracia es esta?”. La democracia que estaba cuando ellos llegaron, cuando quisieron formar parte de ella y se encontraron con algo que no satisfizo sus expectativas.

Ante tal realidad, esta investigación –iniciada y terminada antes de los sucesos de 2012– pretende llevar la mirada hacia nosotros mismos, hacia la exploración de la forma en que se plantearon nuestros problemas y la forma en que se resolvieron, para comprender mejor cómo es que llegamos aquí, al agreste lugar y situación en que estamos hoy, y saquemos las lecciones de la experiencia que nos permitan configurar un nuevo horizonte para la sociedad y la democracia, en un momento en que se vuelve a poner el tema de la legitimidad y la democracia en el centro del debate público.

¿Cómo ha sido posible el orden democrático presente? ¿De dónde proviene esta relación de los ciudadanos con la democracia? ¿En qué momento el significado de legalidad electoral se volvió hegemónico en el imaginario político mexicano respecto del concepto de legitimidad política?, ¿a qué otros sentidos desplazó? ¿Cómo hemos pensado a la democracia en México? ¿Cómo se ha configurado su sentido? En resumen: ¿Cómo se le ha pensado a la democracia en relación con la legitimidad política en México? Son las preguntas que guían esta exploración del pensamiento político contemporáneo en México, o, si se prefiere, esta historia conceptual de la legitimidad y la democracia en el México contemporáneo.

El recorrido comienza en la década de los años cuarenta del siglo xx, momento en que toma forma la institucionalización política, pero también la académica y la cultural, y termina en el año 2006, primera década del siglo xxi y primer gobierno de un partido distinto al Revolucionario Institucional –que dominó el siglo anterior–, año que comenzaría a ser de días aciagos por el recuento de muertos por la lucha contra y entre el llamado “crimen organizado”, sin contar además la sensación de decepción política que prepondera en el ánimo.

El libro se organiza en dos partes. La primera consta de dos capítulos en los que se plantea la situación que da lugar a la reflexión y las posturas teórico-metodológicas que hacen manifiesta la perspectiva desde la que se parte académicamente. La segunda parte contiene cinco capítulos en los que se expone la experiencia intelectual de la democracia y la legitimidad en México; cada capítulo corresponde a la identificación de un periodo de cambio conceptual y político. Al final hay un capítulo más en el que se hace un recuento del recorrido por los espacios de experiencia y los horizontes de expectativa de la democracia.

No queda sino esperar que para el lector esta experiencia le permita llegar a un nuevo saber, sea un enriquecimiento de la vida o una amarga lección, sobre nuestras formas de constituir políticamente a la sociedad en el México contemporáneo.

El 9 de septiembre de 2012 el portal SDPnoticias.com dio a conocer los resultados de una encuesta aplicada por Covarrubias y Asociados en la que, a la pregunta por la opinión respecto a la forma en que fueron revisadas por el Tribunal Electoral las irregularidades denunciadas por el movimiento progresista y el pan,la respuesta fue una evaluación promedio de 5.9 en escala de 0 a 10. A la pregunta: ¿Cree usted que hubo compra de votos en la elección presidencial? 60% considera que sí. A la pregunta: ¿Cree Ud., sío no, que el priy epnexcedieron el límite permitido de los gastos de campaña? 66% considera que sí.Véase SDPnoticias.com (2012).

Agradecimientos

La reflexión, la investigación, el pensamiento, nunca es obra solitaria, siempre hay guías, influencias, compañías, inspiraciones, espacios… intencionales, casuales, accidentales. Va entonces mi mayor gratitud y reconocimiento académico para Santiago Carassale, Julio Aibar, Nora Rabotnikof y Fernando Escalante; a los integrantes del Seminario “Populismo, Buen Gobierno y Justicia Social”, ahora denominado programa “Procesos Políticos Contemporáneos de América Latina”, así como para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), sede México, donde todo comenzó; y para El Colegio de San Luis, donde esta investigación encuentra su punto y aparte.

No puedo dejar de manifestar que cualquier error, omisión, malinterpretación, falta de habilidad literaria o desvarío es solo atribuible a mi falta de visión y terquedad para salirme con la mía haciendo caso omiso a los consejos y recomendaciones.

Por el lado personal agradezco a mis compañeros –hoy amigos– de la maestría y el doctorado en la flacso México (2004-2006 y 2006-2009) y a mis amigos de siempre por su compañía en los momentos de claridad y oscuridad; a mi familia, en particular a mis padres, por su apoyo incondicional; y a Paula por ser y estar conmigo en esta aventura reflexiva día a día.

Primera Parte

Capítulo 1 Punto de partida

Finalizada la primera década del siglo xxi en México, es indiscutible la sensación de malestar con la política y los políticos pues no se han alcanzado los resultados que se supondría vendrían con la democracia (desarrollo económico, restructuración del Estado, mayores grados de equidad social y económica), e inclusive algunos problemas se han agravado (pobreza, desigualdad, capacidad del Estado para combatir al crimen organizado, competitividad, etcétera), lo que provoca una sensación generalizada de falta –de acuerdos políticos, de transparencia, de visión a futuro, de madurez política– y un ánimo de decepción política.

Los resultados para México que reporta Latinobarómetro en su informe de 2011 son indicadores de tal malestar: un apoyo a la democracia de 40%, lo que representa una disminución de 23% entre 2002 y 2011, al pasar de 63% a 40%, de manera respectiva; la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en apenas 23%, el porcentaje más bajo de América Latina; solo 17% cree que se gobierna para todo el pueblo; mientras que la percepción de que el país no es democrático avanza pues, según los mexicanos, en escala de 1 a 10 (donde 1 es no democrático y 10 es totalmente democrático), México promedia 5.9.

Pero tampoco los ciudadanos están libres de crítica. Latinobarómetro de 20091 indica que si bien 75% de los mexicanos creen que para ser considerados ciudadanos es necesario votar, apenas 50% considera necesario pagar impuestos, 45% considera necesario obedecer las leyes, 18% participar en organizaciones sociales y 13% participar en organizaciones políticas. Es decir, gran parte de la población mexicana considera que basta con votar para ser ciudadano sin considerar necesario involucrarse de manera activa y responsable –ser solidario social e institucionalmente– en los procesos de organización política, sostenimiento y ordenamiento de la sociedad.

Esta situación en que la sociedad demanda un mayor comportamiento democrático de los actores políticos sin considerar que su participación también es necesaria y que, por tanto, es un actor político más allá del simple rol de elector, llama de inmediato a la reflexión acerca de las características bajo las cuales se ha desarrollado la democracia en México; surge la pregunta: ¿por qué el entendimiento de la democracia en México se basa centralmente en el componente electoral?

Ya antes, durante la elección presidencial de 2006 la inquietud comenzaba a manifestarse, aunque con otro cariz: la disputa sobre la legitimidad. Esta elección fue llamada la elección del “retorno del conflicto” (véase Aziz Nacif, 2007: 13-54) porque un problema añejo para México que se suponía resuelto –el conflicto en la sucesión del poder presidencial– reapareció cuando el candidato por la Coalición por el Bien de Todos2 –Andrés Manuel López Obrador– no reconoció válidos los resultados dados a conocer por el Instituto Federal Electoral (ife) que daban como ganador al candidato por el Partido Acción Nacional (pan), Felipe Calderón Hinojosa.3

Pese a la sombra amenazante de la violencia, el conflicto se planteó de modo discursivo en el espacio público, lo que generó una apasionada discusión política. Tres posturas fueron las dominantes en la interpretación de la conflictividad de 2006: 1) la que la asumía como producto de una carencia de índole institucional electoral y de la falta de capacidad de dirección de las autoridades electorales en turno para dar cuenta de una situación en alta competencia, 2) la que encontraba en el conflicto una continuación y expresión de la desigualdad socioeconómica que divide a la sociedad mexicana, y 3) la que entendía al conflicto como un reclamo producto del origen “tropical” de alguien que no se ceñía al acatamiento de las reglas básicas de la democracia, que atentaba contra esta y contra las instituciones y que persistía en el autoritarismo pasado; en resumen, como una desviación sobre lo que sería un comportamiento ideal dentro del contexto democrático.

En el mundo académico primó inicialmente la primera de estas posturas. En el ámbito de la política también dominó la primera interpretación. En este sentido, la respuesta, inmediata y consensual, que se dio al conflicto de 2006 fue la de emprender los trabajos para una reforma electoral que solucionara los vacíos en la legislación y las debilidades en la dirección del organismo electoral,4 con la cual se reconoció de manera implícita la existencia de irregularidades y problemáticas que no debían repetirse.

Por su parte, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) que validó los resultados de la elección, emitida el 5 de septiembre de 2006, no eliminó el cuestionamiento público acerca de la legalidad de los resultados al dar lugar, de forma explícita, al reconocimiento de irregularidades en la elección. Así, en su resolución, el Tribunal

reconoció los problemas, las ilegalidades, las violaciones, las intromisiones y la participación indebida, pero a la hora de la ponderación y el balance, relativizó cada una de las pruebas con el argumento de que no había forma de medir el efecto de esas acciones en el voto. Para los magistrados no era posible saber cómo se había afectado el proceso por la intervención ilegal de los actores porque supuestamente no se tenía el instrumento para ello, pero al mismo tiempo sí se podía saber que la afectación había sido menor (Aziz Nacif, 2007: 51).

De tal manera que, una vez dictada la resolución del Tribunal Electoral, de acuerdo con Crespo, la incertidumbre no había cedido:

Se podría pensar que quienes profesan el triunfo de Calderón son aquellos que sufragaron por él, en tanto que quienes creen que hubo un fraude en contra de López Obrador para arrebatarle su clara victoria son aquellos que votaron por el perredista. Esa es la tendencia, evidentemente. Sin embargo, la incertidumbre y la falta de pruebas fehacientes en un sentido o en otro es tal que hay segmentos del electorado que, habiendo votado por alguno de los dos punteros, cree en la victoria del otro, o que no aciertan a declarar a ninguno como legítimo ganador. Eso mismo lo muestra una encuesta nacional encargada por el Instituto Federal Electoral (ife), en la que se revela que, si bien 12% de los votantes obradoristas acepta el triunfo indiscutible de Calderón, hay también 29% de calderonistas que creen que López Obrador sufrió un fraude, y 44% (casi la mitad) de quienes se declaran agnósticos votaron igualmente por el candidato panista (Crespo, 2007: 182).

En su protesta, al no reconocer los resultados de la elección, López Obrador cuestionó la legitimidad del orden político vigente y del presidente electo al plantear la acusación de haber convertido a “la voluntad electoral en apariencia” y a las instituciones políticas en “una farsa grotesca” para dar lugar a la continuación de un “régimen de corrupción y privilegios” que favorece a una “minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos” a costa del “destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos”.5

La reacción general de la opinión pública fue tomar el reclamo lopezobradorista como una expresión del carácter “tropical” y autoritario con el que se le identificó durante la campaña electoral, y como una respuesta “irracional” de la izquierda conservadora que en sus “viejos hábitos ‘revolucionarios’” despreciaba el sistema electoral y la legalidad democrática (Bartra, 2007: 63-83).

Así, en parte de la opinión pública, la protesta por las irregularidades en la elección de 2006 se fue diluyendo para dar lugar a la verificación de la profecía autocumplida sobre la “terquedad tropical” y el carácter autoritario de López Obrador por hacerse del poder a cualquier costo, y con ello se acotaron las posibilidades de continuar la discusión política, pues, pasado el proceso electoral y la resolución del Tribunal, el cuestionamiento al orden político fue considerado como un atentado en contra de las “frágiles” instituciones políticas de la democracia mexicana y un impedimento para el desarrollo del país, lo que restringía además la reflexión sobre el ordenamiento político-institucional de la sociedad mexicana a la modificación del código electoral.

Así, incluso si el país no avanzaba en lo económico era por causa de quien cuestionaba el funcionamiento de las instituciones políticas:

La reciente contienda electoral evidenció qué tan lejos se encuentra el país de poder hacer suya una estrategia de desarrollo compatible con el mundo de hoy. El mejor ejemplo es el del candidato perdedor que no pierde oportunidad de atentar contra lo más delicado en el país: sus frágiles instituciones (Rubio, 2006).

Sin embargo, en el discurso lopezobradorista no se cuestionaba –contra lo que señalaba en la opinión publicada que no simpatizaba con su protesta– la validez del procedimiento democrático como medio de selección de gobernantes, sino la observancia de la legalidad en la ejecución de un proceso específico –la elección presidencial– y el decaimiento de la lógica del beneficio común en favor de una de beneficio a intereses particulares y minoritarios.

Ahora bien, el reclamo sobre la legalidad de la elección no era el único en la protesta de López Obrador, sino que se pueden distinguir dos líneas argumentativas básicas a las que aquí se denominarán, siguiendo a Nun (2002: 126-131), sustantiva y formal.

La línea argumentativa sustantiva de la protesta de López Obrador se refería a las injusticias del orden económico derivadas del orden político establecido en el país, siendo este el eje central de su discurso durante la campaña electoral y parte importante del mismo en la etapa poselectoral; la línea formal, a su vez, se refería a la supuesta violación de la voluntad electoral de los ciudadanos y al funcionamiento inequitativo de las instituciones políticas en las elecciones presidenciales, argumento que apareció como parte integrante del discurso lopezobradorista durante la etapa poselectoral al acusar la ilegalidad de los comicios.

Durante el conflicto poselectoral, el argumento formal del reclamo, que cuestionaba la legalidad del poder político, fue dominando poco a poco el debate público alrededor de la protesta lopezobradorista hasta opacar la vertiente sustancial; sin embargo, la línea sustancial no dejó de estar presente en el discurso de López Obrador, e inclusive era el argumento que sostenía al otro: se violentó la legalidad de las elecciones para seguir beneficiando a un grupo minoritario, lo que además de ilegal hacía al gobierno ilegítimo.

Esto queda claro cuando el 20 de noviembre, en la fecha de celebración de la Revolución mexicana, López Obrador es nombrado por la cnd como “presidente legítimo de México”, y en su discurso de “toma de protesta” mencionó que reconocer a Calderón como presidente de México era “no solo un acto de traición al pueblo de México, sino posponer indefinidamente el cambio democrático y resignarnos, impotentes, ante las tropelías de las elites económicas y políticas, secuestradoras de las instituciones públicas” (Lupa ciudadana, 2006).

De esta manera, al nombrarse a López Obrador como “presidente legítimo” lo que se indica es que no siempre la legalidad engendra legitimidad, sobre todo cuando se violenta la voluntad de las mayorías para beneficiar a las minorías. Claro, la legalidad del proceso electoral estaba en duda, lo que ponía en cuestión el respeto a la voluntad de la mayoría expresada en votos, pero la línea sustancial de su reclamo apuntaba también a otro lugar, al no acatamiento de lo que se supone debían ser los principios de un buen gobierno.

El cuestionamiento a la legalidad del proceso que invistió como autoridad política al gobierno en México del 2006 al 2012 siguió presente en el discurso público político dos años después de realizado y cerrado el proceso electoral, pues año y medio después –el 18 de junio de 2008– el Instituto Federal Electoral (ife), ante una denuncia del Partido Acción Nacional,6 resolvió que López Obrador no podía usar la expresión “presidente legítimo de México”.7

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), resolvió el 20 de agosto de 2008 que el uso de la frase “presidente legítimo de México” no constituía un hecho que denigrara a la institución presidencial (Urrutia, 2008). Esta resolución permitió que López Obrador y sus seguidores siguieran utilizándola.

Más allá del argumento de la libertad de expresión, podría formularse la pregunta: ¿por qué no basta el hecho de que el actual presidente haya sido elegido a través del procedimiento electoral para que se objete institucionalmente la utilización de la denominación “presidente legítimo” por quien perdió la elección, si se supone que la legitimidad política deviene del procedimiento?

En el discurso público intelectual, pese a lo anterior, no se habilitó la discusión sobre los fundamentos de la legitimidad política en México más allá del procedimiento, no se discutieron los objetivos que deben caracterizar al buen gobierno como fuente de legitimidad. Quizá porque el cuestionamiento a la legitimidad de la autoridad gubernamental por la vía sustancial es un asunto nada nuevo en México y ha sido quizá uno de los mayores problemas que acompañan al país desde que surge como nación independiente y durante gran parte del siglo xix, lo que dio origen y vida al periodo revolucionario y ha ocupado la segunda parte del siglo xx durante el régimen priista, y así se prefirió no tocar el tema para no abrir la caja de Pandora.8 Sin embargo, esta permanencia del cuestionamiento a la legitimidad política en la historia de México obliga a tomar con cuidado las interpretaciones y respuestas referidas al conflicto poselectoral de 2006 y a reflexionar profundamente acerca de por qué en el debate público apreció solo el aspecto formal y no se ocupó del aspecto sustancial en el cuestionamiento a la legitimidad de la autoridad política, por qué no discutir las ideas, normas o valores de la vertiente sustantiva, por qué negarse a discutirlo y optar por la descalificación, por qué pareciera estar esta parte del discurso de López Obrador fuera de lugar en el debate público, y por qué solo el componente electoral era susceptible de discusión.

De la lucha política a la lucha semántico-conceptual

Más allá de la especulación con la caja de Pandora, quizá sea el “espíritu de época” el que tenga la respuesta. El tema de la legitimidad política, además de ser un tema principal en la historia de México y uno de los temas centrales y originarios de la filosofía política, hoy día –salvo algunas excepciones– pareciera que ya no da lugar a discusión alguna, pues se asume que la voluntad individual se traduce, a través del procedimiento electoral, en el sustento que da legitimidad al poder político, lo que convierte a la legitimidad en una cualidad jurídica, estrictamente procedimental.

Pierre Rosanvallon (2007: 23-24), por ejemplo, refiere que en tanto la legitimidad política es entendida en la actualidad como “cualidad jurídica, estrictamente procedimental” lo único que se puede discutir es la confianza en las instituciones y los gobiernos. Característico de esta situación es que en la ciencia política mexicana los estudios sobre la legitimidad consideran como indicador de esta a la confianza en las instituciones.9

Por otra parte, desde reflexiones más cercanas a la filosofía política, hoy día se podría coincidir en que el poder político es legítimo en tanto 1) se conforma de acuerdo con reglas establecidas con anterioridad que se basan en la igualdad de oportunidades, 2) que pueden ser justificadas por referencia a creencias compartidas susceptibles de discusión pública, y 3) hay evidencia del consentimiento de los subordinados a la relación particular de poder (Beetham, 1992: 3-114).

Sin embargo, un examen ligeramente riguroso con la historia arrojaría como resultado que 1) hay un punto en el cual la toma del poder es posible por un momento originario10 de violencia, el cual se justifica por algún valor o fin de alta estima negado por el régimen de autoridad hasta entonces vigente,11 2) que a ese momento le sigue el establecimiento de reglas para el mantenimiento y la transferencia del poder, 3) que la configuración de esas reglas responde a arreglos institucionales diversos, acordes con los imaginarios sociales válidos al momento de su configuración en una sociedad dada, los cuales pueden corresponderse con el valor o fin que llevó a la toma violenta del poder o a otros distintos, 4) que tales arreglos institucionales o valores pueden modificarse en el transcurso del tiempo, y 5) que las formas de acatamiento e investimento de legitimidad de la relación particular de poder pueden dar lugar a distintas formas y criterios en la selección procedimental de los gobernantes de acuerdo con las valoraciones cambiantes en los criterios de validez en la ocupación del poder, cambios que pueden tener un origen interno y/o externo a la sociedad en cuestión.

Es decir, quién establece las reglas y cuál es el contenido o entramado institucional al que da lugar, así como la forma de acatamiento de la autoridad, son asuntos no resueltos, que están abiertos a la configuración histórica contingente (que no necesariamente arbitraria) de los marcos de pensamiento a partir de los que se establecen ciertos criterios de validez y autorización para el ejercicio del poder, de los cuales la vertiente liberal democrática de la legitimidad que postula a la legalidad a través del procedimiento electoral como fuente única de legitimidad –hoy dominante– sería solo una de esas formas históricas contingentes.12

Lo anterior lleva a considerar para este trabajo de investigación una definición mínima de la idea de legitimidad como un concepto político cuyo significado se refiere al criterio de validez del poder, el cual es susceptible de cambio en el tiempo y entre sociedades. Por ello, se asume aquí que cuando se hace referencia a la legitimidad lo que se hace es “indicar, en términos generales, el criterio de ‘validez’ del poder, el ‘título’ en virtud del cual este dicta sus mandatos y exige la obediencia a los mismos por parte de aquellos a quienes se dirigen, los cuales, a su vez, se consideran obligados por ellos” (Passerin, 2001: 173).

Así, cuando se somete a debate la legitimidad, lo que se cuestiona es el principio de fundamentación de la autoridad en la organización social, es decir, se puede estar cuestionando el origen, las reglas instituidas, el procedimiento de arribo al poder, el ejercicio del poder, los valores que suscribe o algún comportamiento que viole a alguno de estos elementos, incluyendo al orden político-social-económico imperante.

¿Cómo es posible tal cuestionamiento? La respuesta que se asume aquí a esta pregunta es que el cuestionamiento a los criterios de validez de la autorización y ejercicio del poder es posible a través de la lucha político-intelectual, de la impugnación de las ideas o criterios significados en estos, es decir, a través de la impugnación conceptual.13

Un cuestionamiento de este tipo lo que indica es una disputa en la valoración del (los) principio(s) rector(es) del criterio (o criterios) de validez de la toma del poder y una potencial transformación del mismo. De esta manera, se asume que la lucha política se dirime, más allá de las hoy usuales batallas electorales, en la lucha semántica (Koselleck, 1993: 111)por definir posiciones políticas o sociales que ayudan a imponer/mantener/cambiar un orden particular en la sociedad.

El cuestionamiento a la legitimidad del poder político sería, entonces, la lucha explícita por imponer/mantener/cambiar los criterios de evaluación de la validez de la autoridad política. La legitimidad, si aceptamos que esta lucha semántica existe, sería entonces un concepto esencialmente impugnable (Gallie, 1964 y 1998).

El primer índice de que hay un concepto impugnable se observa cuando un grupo sostiene que el sentido de un término es acorde con su interpretación y que esta es la apropiada o la única importante, mientras que otro grupo sostiene lo mismo respecto a su propia interpretación, lo cual da lugar a discusiones interminables en las que cada grupo defiende su caso con sus argumentos acerca del uso apropiado del mismo. De igual manera, habrá ocasiones en que los distintos grupos pueden considerar los mismos elementos en su interpretación pero concederles distinta importancia, situación en la cual el conflicto radicaría en definir la importancia de sus componentes.14

Al asumir la contestabilidad o refutabilidad esencial del concepto se está suscribiendo que no hay un significado verdadero, plenamente original o natural por comprender, que el concepto está vacío y su significación está compuesta por intentos de dotar de sentido eso que el concepto nombra o evalúa. En otros términos, asumir la refutabilidad esencial de los conceptos implica consentir como una condición inherente a estos “que su contenido semántico no es nunca perfectamente autoconsistente, lógicamente integrado, sino algo contingente y precariamente articulado” (Palti, 2007: 250), además, que el significado no puede ser fijado de una vez y para siempre, aunque sí puede ser estabilizado de manera temporal –pues de otro modo no se podría operar con los conceptos en el mundo– y tal estabilización conceptual tiene consecuencias en las formas de ordenamiento político y social.

Esta postura implica que al proponer un uso y significación alternativos al uso y significación hegemónicos de un mismo concepto, como en el caso del de la legitimidad, lo que se está haciendo no es un mero cuestionamiento lingüístico, sino un cuestionamiento político a los fundamentos del orden social vigente.

La legitimidad del poder político, retomando la idea de Koselleck (1993: 111) de que en los momentos de crisis se da una lucha semántica por definir posiciones políticas o sociales que ayudan a imponer/mantener/cambiar un orden particular en la sociedad, se dirime en la lucha por imponer/mantener/cambiar unos criterios de validez de la autoridad política: la lucha semántica expresa una lucha política. La legitimidad sería entonces, si aceptamos que esta lucha semántica existe, un concepto esencialmente impugnable.

Se asume aquí, entonces, que la actividad política es una actividad en parte constituida en el ámbito discursivo, lo que implica que incluye en un solo movimiento a lo lingüístico y a lo extralingüístico; así, la impugnación conceptual al orden semántico establecido es ya una acción política con consecuencias reales para la organización de la vida en sociedad y para la validez del poder puesto en discusión al estructurar, de una forma específica particular, las posibilidades de interpretación de los sucesos y el transcurrir de la vida social, así como de la organización política. Es entonces en el lenguaje donde se tematizan los estados sociales y sus cambios. Así, el lenguaje político

is a medium of shared understanding and an arena of action because the concepts embedded in it inform the beliefs and practices of political agents. The social and political world is conceptually and communicatively constituted, or, more precisely, preconstituted […] who and what we are, how we arrange and classify and think about our world –and how we act in it– are deeply delimited by the argumentative and rhetorical resources of our language. The limits of one’s languages mark the limits of one’s world. Our […] language maps political possibilities and impossibilities; it enables us to do certain things even as it discourage or disables us from doing others (Ball, Far y Hanson, 1995: 2).

Si se atienden las ideas desarrolladas hasta este punto, se encuentra que la pregunta correcta no es ¿por qué el debate público, durante el conflicto poselectoral de 2006 en México, se centró solo en la vertiente formal y no se hizo eco de la vertiente sustancial en el cuestionamiento lopezobradorista a la legitimidad de la autoridad política?, pues la respuesta sería obvia: porque el concepto de legitimidad, como se planteaba líneas arriba, hoy día empata la idea de que esta se agota en la legalidad de la toma del poder planteada a través del procedimiento electoral bajo condiciones de imparcialidad y frecuencia en su realización, en un marco de libertad de expresión y existencia de fuentes alternativas de información, libertad de asociación y ciudadanía inclusiva (sufragio universal), sin considerar relevante nada más.15

Las preguntas correctas, en una primera formulación, son: ¿en qué momento el significado de legalidad electoral se volvió hegemónico en el imaginario político mexicano respecto del concepto de legitimidad política?, ¿a qué otros sentidos desplazó? E implica además preguntar si la vertiente sustantiva del cuestionamiento de López Obrador a la legitimidad del gobierno es una innovación conceptual.

Pero estas dos preguntas solo pueden responderse si se plantean en un nivel más general: ¿cómo se le ha pensado a la legitimidad política en México?, y, ¿cuál es su relación con la democracia?

Responder estas preguntas requiere de dar cuenta de los procesos de contestabilidad y configuración conceptual a lo largo del proceso de cambio político (democratización) en México para visibilizar los posibles cambios en el significado de la legitimidad política; esto es, reconstruir la configuración conceptual de la legitimidad política en México en su interrelación con la democracia.

La referencia al informe 2009 y no al 2011 se debe a que desde el informe 2010 se omiten estos indicadores. Lo mismo vale para los datos que siguen.

Integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia.

López Obrador se presentó como candidato a la presidencia de México de nueva cuenta para la elección de 2012, y quedó en segundo lugar, a poco más de 6% del ganador, Enrique Peña Nieto, del pri, en una elección marcada por acusaciones de compra masiva de votos, inequidad mediática y demás irregularidades que, sin embargo, el tribunal electoral desestimó en una polémica resolución que declaró válida la elección presidencial pese a los indicios presentados.

La reforma a la ley electoral incluyó, entre otras cosas, el cambio del presidente consejero del ifey de los consejeros electorales en forma escalonada, la disminución del tiempo de campañas, la regulación de precampañas, nuevos alcances en la fiscalización de los partidos por el ife, así como la prohibición a los partidos políticos para contratar espacios publicitarios en radio y televisión adicionales a los que les serán adjudicados por el ife. Asimismo, la prohibición para que particulares puedan comprar espacios en radio y televisión para difundir mensajes políticos. Sin embargo, en las elecciones intermedias de 2009 y la campaña electoral de 2012 se han mostrado algunas de estas reformas de 2006 como insuficientes o poco operativas, lo que proyectó la necesidad de una nueva reforma electoral pasada la elección de 2012.

El 16 de septiembre, ante la denominada Convención Nacional Democrática (cnd), López Obrador dirá: “Esta Convención Nacional Democrática ha proclamado la abolición del actual régimen de corrupción y privilegios y ha sentado las bases para la construcción y el establecimiento de una nueva república.

”Antes que nada, conviene tener en claro por qué hemos tomado este camino. Es obvio que no actuamos por capricho o interés personal. Nuestra decisión y la de millones de mexicanos aquí representados es la respuesta firme y digna a quienes volvieron la voluntad electoral en apariencia y han convertido a las instituciones políticas en una farsa grotesca.

”¿Cómo se originó esta crisis política y quiénes son los verdaderos responsables? Desde nuestro punto de vista, la descomposición del régimen viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó y quedó al descubierto con el fraude electoral. Esta crisis política tiene como antecedente inmediato el proyecto salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, las políticas nacionales se subordinaron al propósito de mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

”Desde entonces, el principal lineamiento del régimen ha sido privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales, y aun sobre el interés público” (Lupa ciudadana, 2006).

“Tomando en consideración que en nuestro sistema político-constitucional solo una persona puede ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo de la Unión, tal y como lo establece el artículo 80 de la Constitución General de la República, el uso del calificativo ‘legítimo’ por parte de un ciudadano que carece de un derecho o prerrogativa para ostentarse como ‘presidente de México’ implica una expresión de denuesto con respecto a quien sí ha sido habilitado por los ciudadanos para desempeñar dicha función, en el marco de los procedimientos electorales previstos por el ordenamiento jurídico, es decir, para ejercer las atribuciones y gozar de las prerrogativas asociadas a ese órgano constitucional” (Consejo General, Instituto Federal Electoral, exp. SCG/PE/PAN/CG/002/2008: 73).

“Se ordena a los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo la supresión definitiva de la frase ‘presidente legítimo de México’ en las transmisiones de los promocionales materia de pronunciamiento de la presente resolución, y se abstengan en lo futuro de incluir en los mensajes televisivos y radiofónicos que se difundan en tiempos otorgados mediante las prerrogativas constitucionales y legales a que tienen derecho dicha frase o alguna otra similar” (Consejo General, Instituto Federal Electoral, exp. SCG/PE/PAN/CG/002/2008: 119).

Así, durante la Colonia había manifestaciones públicas que reclamaban la ilegitimidad del gobierno monárquico español sobre el Nuevo Mundo; es el caso de Bartolomé de Las Casas en su defensa de los indios, así como de Javier Mina en su historia de la insurgencia independentista encabezada por Miguel Hidalgo (Brading, 2004: 58-65). Posteriormente, durante el periodo de formación como país independiente, los cuestionamientos a la legitimidad del detentador del poder y a los intentos de establecer una constitución no estuvieron ausentes. De hecho, a esta parte de la historia en México se le conoce como la época de los pronunciamientos, en los que se cuestionaba el fundamento instituyente del poder político, así como la forma de organización del Estado y los gobiernos. Con la intervención francesa volverían a surgir los cuestionamientos a la legitimidad del gobierno imperial de Maximiliano, gobierno impuesto a fuer de violentar la constitucionalidad del gobierno juarista, cuestionando a su vez la legitimidad de este último. Una vez derrotadas las fuerzas del imperio y restablecido el gobierno de Juárez, la relección de este en dos ocasiones ocasionó que los cuestionamientos a la legitimidad de su ejercicio del poder volvieran a surgir. A su vez, el movimiento inicial de revolución fue el cuestionamiento al prolongado gobierno de Porfirio Díaz, y luego, una vez depuesto este, durante el periodo de la Revolución, los conflictos continuaron a causa de la toma del poder y el reconocimiento de la legitimidad de quien lo tomaba. Durante el régimen de la posrevolución, el tema volvió a surgir en más de una ocasión (Palti, 2005; Connaughton et al., 1999).

Para muestra, véase Camp (1995a) y Loza (2008). Ambas obras consideran como indicador de legitimidad a la confianza que los mexicanos demuestran sobre las instituciones. Cierto es que Loza es más riguroso y novedoso en la construcción de indicadores que Camp; sin embargo, predomina la percepción de imagen de las instituciones políticas, apoyo y aprobación del desempeño político. Aunque cabe señalarse la relevancia de la obra de Loza para entender los movimientos hacia nuevas actitudes sobre la legitimidad de los gobiernos recientes. Ahora, en esta investigación, si bien se considera que hay que construir indicadores que permitan establecer el grado de legitimidad con el que cuenta un gobierno, el problema que interesa remite a los fundamentos sobre los que se acusa tal legitimidad y en tal sentido esos fundamentos son discursivos, los cuales, de igual manera que el acatamiento de la autoridad que se deriva de ellos, no necesariamente responden en todos los tiempos a los criterios de implican los indicadores que utilizan ambos autores, pues tales criterios son contingentes históricamente. Para abundar al respecto, véase Power y Cyr (2010).

Entiéndase originario en un sentido débil, esto es, un origen no-pleno, no-originario, sino una distinción analítica para marcar una diferencia con respecto a todo régimen de autoridad anterior.

Quizá exagerando en la simpleza se debe mencionar además que para toda autoridad instituida la revolución será siempre ilegítima, es solo el triunfo de esta o de sus valores como puede adjudicarse o serle otorgada una cierta legitimidad. A su vez, para toda revolución siempre será el gobierno ilegítimo como producto de una usurpación o de una traición a los ideales o intereses que se deben perseguir.

Así, por ejemplo, Max Weber decía que hay cuatro tipos de atribución de validez legítima a un orden determinado (en mérito de la tradición, en virtud de una creencia afectiva, en virtud de una creencia racional con arreglo a valores, y en méritos de lo estatuido positivamente) cuyos ordenamientos a los que hace referencia son completamente fluidos y pueden aparecer de acuerdo con el tipo de sociedad y momento de esta, esto es, en situaciones concretas (Weber, 1996: 25-33). En todo caso, el acatamiento a un orden deriva del predominio de ideas de legitimidad.

Por supuesto que la vía de la revolución siempre está presente. En esta investigación se considera solo el caso de la impugnación de las ideas, la cual además antecede o acompaña siempre al acto revolucionario, y en caso de no ser así sería este un mero acto de violencia que no buscaría fundamentarse o justificarse a sí mismo o la necesidad de su existencia. Sobre esto véase, por ejemplo, la diferenciación que hacen algunos intelectuales mexicanos entre revuelta y revolución hacia los años cincuenta, en el capítulo tercero, para establecer la validez del orden surgido de la revolución.

Ahora bien, más allá de esta primera intuición, Gallie establece siete condiciones que se deben cumplir para que un concepto sea considerado esencialmente contestable: “(i) debe ser evaluativo, en el sentido de que significa o acredita algún tipo de logro valorado. (ii) Este logro debe tener un carácter internamente complejo, pues su valor le es atribuido como un todo. (iii) Cualquier explicación de su valor debe, por lo tanto, incluir referencias a las respectivas contribuciones de sus diversos aspectos o partes […] el logro acreditado se puede describir inicialmentede varios modos. (iv) El logro acreditado debe ser de un tipo que admita una modificación considerable a la luz de circunstancias cambiantes; y tal modificación no puede prescribirse ni predecirse por adelantado […] deberíamos decir no solo que diferentes personas o grupos se adhieren a diferentes visiones del uso correcto de algunos conceptos, sino (v) que cada grupo reconoce el hecho de que su propio uso es impugnado por los de otros grupos, y que cada grupo debe tener por lo menos alguna apreciación de los diferentes criterios a la luz de los cuales los otros grupos afirman que están aplicando el concepto en cuestión […] usar un concepto esencialmente impugnado significa usarlo en contra de otros usos y reconocer que el uso que uno hace de él tiene que ser apoyado contra esos otros grupos […] (vi) la derivación de cualquier concepto de este tipo de un modelo original cuya autoridad sea reconocida por todos los usuarios rivales del concepto y (vii) la probabilidad o la verosimilitud […] de la afirmación que la competencia continua por reconocimiento entre los usuarios rivales de un concepto permite que el logro del modelo original sea mantenido y desarrollado hasta un punto óptimo” (Gallie, 1964: 161; 1998: 10-11).

Ahora bien, en tanto el planteamiento inicial de esta investigación es dar cuenta de la legitimidad como concepto esencialmente contestable y las etapas de cambio conceptual y político, se considera no discutir aquí el cumplimiento de estas siete condiciones, aunque se puede adelantar ya una respuesta afirmativa.

Por otra parte, para una breve discusión sobre las consecuencias de asumir la refutabilidad esencialde los conceptos en la historia conceptual, véase Palti (2007: 245-253).

Asumo aquí la versión popular de Robert Dahl (2006: 99-101) de la democracia.

Capítulo 2 Consideraciones

La metodología de investigación que se va a seguir, en la tarea de analizar las transformaciones del concepto y de los usos que se han hecho de él, es cercana1 a lo que se denomina bajo diversos nombres como historia de las ideas (Skinner, 1995; 2007; 2009; Tully y Skinner, 1988;Farr, 1995; y Bocardo, 2007), historia conceptual (Koselleck, 1993; 2001; 2002), historia del pensamiento político (Pocock, 1989 y 2009) e historia conceptual de lo político (Rosanvallon, 2003 y 2007).

La investigación parte de una cuestión contemporánea –el cuestionamiento a la legitimidad política del ganador de la elección de 2006– y se reconstruye la trayectoria de la idea-concepto de legitimidad política al prestar atención a las fundamentaciones discursivas de la legitimidad política y sus cuestionamientos en otros momentos de la historia política contemporánea de México para darle profundidad al análisis de la situación.

Esta estrategia metodológica permite observar cómo las tensiones de cada periodo particular se despliegan en el interior de los discursos y cómo, eventualmente, se dislocan; esto es, permite comprender cómo se introducen nuevos sentidos en el lenguaje y en los conceptos al reconstruir los contextos de debate de manera que, al identificar las modificaciones en los discursos y en sus argumentos, se obtengan pautas para comprender, con la modificación o no de las posturas de los autores individuales, cómo se configura en diversos momentos el pensamiento político en el “campo político” (Palti, 2005: 474).

Con la utilización de la historia conceptual lo que se busca es reconstruir, a partir de los usos públicos del lenguaje, el vocabulario base que delimita en cada situación histórica particular el rango de lo pensable y decidible para hacer accesibles los supuestos básicos que sostienen los argumentos y sus transformaciones, así como los modos por los que los acontecimientos e ideas pueden tornarse inteligibles para los detentadores del poder y sus críticos en diversos momentos.

De esta manera, al recuperar el contexto de enunciación del concepto y las ideas que alrededor de él se plantean se puede conocer qué es lo que se estaba haciendo con su uso en la lucha semántica por definir las posiciones políticas y sociales tematizadas en cada estrato temporal; asimismo, es posible reconocer las posturas ideológicas –en sentido amplio– que se reivindican y que terminan por ser las dominantes en la interpretación y la organización política de la sociedad en distintos momentos.

Asumiendo entonces que no existe una historia de la idea o del concepto sino la historia de sus diferentes usos (Skinner, 2007: 63-108), y que los conceptos no tienen historia pero sí la contienen (Koselleck, 1993), se considera que una vez que un significado se ha vuelto hegemónico en el uso del concepto los significados antes hegemónicos no desaparecen sino que se conservan en los estratos temporales del concepto a partir de la lectura de los usos de este en sus contextos, por lo que “hay que investigar los conflictos políticos y sociales del pasado en el medio de la limitación conceptual de su época y la autocomprensión del uso de lenguaje que hicieron las partes interesadas en el pasado” (Koselleck, 1993).

Implicaciones metodológicas específicas

La estrategia metodológica elegida tiene varias implicaciones respecto a la selección del material que se someterá a análisis. A continuación, se repasarán algunas de estas para la investigación de la que se da cuenta.

La historia del pensamiento político señala que no basta con ocuparse solo de los grandes textos clásicos de la filosofía política para buscar en ellos doctrinas o ideas perdurables, conceptos centrales o ideas universales, ni tampoco “anticipaciones” a los problemas contemporáneos,pues “Todo enunciado es la encarnación inevitable de una intención particular, de una ocasión particular, que se dirige a la solución de un problema particular y por consiguiente está relacionado con su contexto de tal manera que sería ingenuo pretender trascenderlo” (Skinner 2007: 102).

De esta manera, se apuesta por centrarse en el estudio de los textos teniendo en consideración que estos fueron realizados como respuesta a problemas situados en un momento concreto y particular de la historia. Tal idea lleva a desocuparse de la búsqueda de “herencias” para observar cómo en la contingencia histórica local se plantean y resuelven ciertos problemas de índole política.

El objetivo de este tipo de enfoque es restituir problemas más que describir modelos ideales. Así, la historia conceptual de lo político se orienta a

rehacer la genealogía extensa de las cuestiones políticas contemporáneas para que resulten totalmente inteligibles. La historia no consiste en apreciar el peso de las herencias, en “esclarecer” simplemente el presente a partir del pasado, sino que intenta hacer revivir la sucesión de presentes tomándolos como otras experiencias que informan a las nuestras. Se trata de reconstruir la manera como los individuos y los grupos han elaborado su comprensión de las situaciones, de enfrentar los rechazos y las adhesiones a partir de los cuales han formulado sus objetivos, de volver a trazar de algún modo la manera como su visión del mundo ha acotado y organizado el campo de sus acciones. El objeto de esta historia […] es seguir el hilo de las experiencias y de los tanteos, de los conflictos y las controversias, a través de los cuales la polis ha buscado encontrar su forma legítima (Rosanvallon, 2003: 25-26).

Para hacer legible el proceso instituyente de las sociedades, el investigador debe ocuparse de lo que Rosanvallon llama el “nivel bastardo” de la cultura política (2003: 48); esto es, ocuparse de las representaciones musicales, icónicas, simbólicas: “Pensar lo político y hacer la historia viviente de las representaciones de la vida en común se superponen en este enfoque” (2003: 48).

Así, los diversos lenguajes o discursos públicos de o sobre la política son fuentes para la investigación; lo mismo, los discursos culturales de la gente común que toquen directa o tangencialmente la política que los de las elites intelectuales o políticas. Lo ideal, entonces, sería realizar una investigación que incluya en su análisis al menos seis tipos, lenguajes o estilos, de discursos sobre la política: del gobierno, la oposición, los intelectuales, las opiniones de los ciudadanos –con diversas expresiones de cultura política–, de los espacios editoriales de los periódicos de la época e, inclusive, el de los académicos que discuten de manera específica sobre el tema de interés.

En el caso que nos ocupa, por motivos de limitación temporal en la realización de esta investigación, interesan en particular dos tipos de lenguajes públicos de la política: el discurso de los intelectuales sobre la política en México y el discurso del gobierno sobre la legitimidad de su asunción y ocupación continua del poder, así como su autodefinición en tanto régimen político.

Los textos que serán considerados para análisis serán los escritos y publicados por reconocidas figuras intelectuales mexicanas, así como los discursos presidenciales de informe de gobierno –en la sección correspondiente al mensaje político– y algunos otros de interacciones con mandatarios y prensa de otros países.

El análisis se ciñe, a su vez, al periodo que va de la segunda mitad del siglo xx, a partir de 1940, al año 2006, buscando observar y analizar la concepción de legitimidad y su relación con la concepción de democracia a través de los usos y transformaciones del concepto mismo en el discurso de algunos intelectuales mexicanos.

¿Por qué la fecha inicial de 1940? El estudio en realidad comienza con la aparición de la revista Cuadernos Americanos en enero de 1942; sin embargo, se decide definir el inicio en la década de los cuarenta porque en ella varias situaciones generaron las condiciones para que se comenzara a realizar el balance de la Revolución, entre ellos la transformación política del régimen de la Revolución, el orden político e intelectual mundial emergente de la Segunda Guerra Mundial y la reflexión sobre la situación regional de América Latina ante tal contexto, así como la aparición de espacios para la reflexión y de instituciones académicas como El Colegio de México.

Así, por una parte, los cambios fomentados por Cárdenas y Ávila Camacho en el partido de la Revolución, fundado como Partido Nacional Revolucionario (pnr) por Calles para estabilizar a través de la negociación entre los líderes revolucionarios la sucesión presidencial, habían llevado a la disolución de los últimos liderazgos caudillistas. Con Cárdenas, el fundamento de la legitimidad se desplazó hacia el cumplimiento de las metas de la Revolución: el reparto de tierras y el reconocimiento de amplios sectores de la población a la vida social y política del país vía su incorporación al entonces Partido de la Revolución Mexicana (prm). Con Ávila Camacho, en su decisión sucesoria y la transformación del prm a Partido Revolucionario Institucional (pri), se daba por terminado el primer argumento en el que se fundamentaba la legitimidad en la asunción al poder presidencial: la participación en la Revolución, y se dejaba en manos de los civiles la dirección política del país.

Nuevos discursos habían surgido, pero se seguía apelando a la Revolución como origen de la legitimidad política en tanto el objetivo principal de los gobiernos posrevolucionarios seguía siendo mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, los medios de hacerlo habían cambiado. Si en principio era el reparto de tierras el medio, después lo era la industrialización y el desarrollo de un sistema capitalista. Los tiempos y los medios habían cambiado pero discursivamente la Revolución se había vuelto permanente para justificar la conservación del poder por los herederos de ella.

Estas transformaciones políticas llevaron a reflexionar sobre el estado de la Revolución, a preguntarse incluso si se había terminado la era de la Revolución. Ahora bien, cabe aclarar que la discusión sobre la legitimidad del régimen no fue parte medular de las reflexiones de todos los intelectuales en México; si acaso, fue una parte de la reflexión sobre la vigencia de la Revolución para validar y mantener al régimen en algunos de ellos.

Ahora, ¿por qué centrarse en los textos producidos por los intelectuales? Por el papel que desempeñan estos con respecto a la sociedad; es decir, los análisis que hacen los intelectuales de la sociedad y la organización política son parte de la lucha política y social misma aun cuando no se lo propongan, pues siempre construyen su discurso analítico desde un lugar ideológico, desde un marco de pensamiento y de valores, con lo que contribuyen a fortalecer unas interpretaciones más que otras. Como dice Nun: “Trazar el límite de lo que se considera o no aceptable es siempre uno de los objetivos principales de la lucha política” (2002: 208). Así, el rol que juegan los intelectuales en la contestabilidad de los conceptos es central para observar los cambios y estabilizaciones de los sentidos conforme se da la lucha política.

Cabe aclarar que si bien la producción intelectual es basta, por motivos de limitación temporal en la realización de la investigación se acotará al análisis de cuatro revistas de corte intelectual-académico:

a) Cuadernos Americanos, fundada por Jesús Silva Herzog a finales de 1941 y en la que se inició la reflexión crítica sobre los resultados de la Revolución más relevante de la época. Entre los autores de esa crítica se encontraban el mismo Silva Herzog, Daniel Cosío Villegas, José Iturriaga y Octavio Paz.2

b) Plural, fundada y dirigida por Octavio Paz de octubre de 1971 a julio 1976.3 A partir de esta revista se forma un conjunto crítico de escritores autodenominados independientes, un grupo de “solitarios/solidarios” que por tal condición niega ser un grupo en términos de que entre ellos la coincidencia que los unía era la “adhesión a la autonomía del pensamiento y la afición a la literatura”, y no una homogeneidad de otro tipo.4 Se daba inicio con esta revista, sus colaboradores y la integración de su consejo de redacción a uno de los grandes grupos intelectuales mexicanos de fin del siglo xx.5 No era el primer grupo intelectual existente en el país,6 pero sí fue el que más perduró con el paso del tiempo, y se señalaba independiente, libre de intereses políticos o económicos. Si bien la literatura y la cultura en general dominaron temáticamente la revista, tuvo importantes contenidos de reflexión y crítica política.7

c) Vuelta. A la finalización de la “aventura de Plural” le siguió la fundación de la revista Vuelta por Octavio Paz, Alejandro Rossi, José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Kazuya Sakai, Tomás Segovia y Gabriel Zaid, además de sus antiguos colaboradores. El propósito de Vuelta era claro, el editorial del primer número de la revista así lo establece pues, por una parte, se reconoce en él a la literatura como su oficio y gran pasión al decir que la literatura hace visible al mundo y lo presenta, lo que implica, por otra parte, que “[l]a presentación de la realidad incluye casi siempre su crítica” (Paz, 1976: 4-5), con lo que se hace de la literatura y la crítica los objetivos primordiales de la revista. En otras palabras, Vuelta busca ser el alma y los ojos de México, pues, diría Paz, “un pueblo sin poesía es un pueblo sin alma, una nación sin crítica es una nación ciega” (1976: 4-5).8

d) Letras Libres, revista fundada a la muerte de Octavio Paz, y que se reivindica la heredera de su tradición intelectual. Aparece en enero de 1999, dirigida por Enrique Krauze, que se desempeñó como secretario de la redacción de la revista Vuelta. Si bien Letras Libres se enfoca hacia temáticas culturales más que políticas, no ha dejado de publicar en algunas ocasiones importantes textos de crítica política, continuando el lugar de publicación líder en el pensamiento intelectual en México.9

Estas son las revistas que se revisarán aquí, debido a que 1) marcan el inicio de la crítica política desde un rol intelectual independiente, 2) suscriben desde sus antecedentes a uno de los dos grandes grupos intelectuales que existen actualmente en México,10 y 3) por la relevancia de su crítica política y su duración, permiten hacer el recorrido por el periodo de estudio elegido (1946-2006), siendo el lugar donde han aparecido algunos de los textos centrales –o sus autores– que permiten entender la configuración político-conceptual del pensamiento intelectual sobre la legitimidad política en México.11

La hipótesis de trabajo con que se inicia el recorrido sostiene que el cuestionamiento a la legitimidad que se presentó en la poselección de 2006, lejos de ser un mero cuestionamiento al procedimiento electoral coyuntural y a las instituciones electorales o expresión del carácter autoritario de una persona, revive, en la contestabilidad del concepto de legitimidad política, sentidos que han sostenido y cuestionado al orden político, a los gobiernos, al orden social y económico en diversos momentos de la historia de México; sentidos que la transición a la democracia ocultó, sino es que dejó olvidados, de manera que ante el reclamo de Andrés Manuel López Obrador en 2006 no se estaba en presencia de una innovación conceptual sino de una recuperación de un sentido opacado por el concepto de legitimidad política hegemónico que se instaló hacia finales del siglo xx en México, vinculado de manera directa a la legalidad procedimental de las elecciones.

Se refiere a la cercanía a estas estrategias metodológicas y no a una correspondencia, porque quien realiza esta investigación no es historiador, ni tampoco se pretende hacer una investigación propiamente histórica, sino explicar una situación presente –o del pasado inmediato– a partir de revisar el pasado cercano; en tal sentido, en términos disciplinarios, este trabajo de investigación se ubica en las fronteras entre la teoría política –en lo correspondiente a la historia del pensamiento político–, la historia, la filosofía política y la sociología política. Adviértanse entonces las salvedades y distancias del caso.

Se revisan para esta investigación 162 números de la revista, comenzando desde el número 1 –aparecido en 1942– hasta el número 162 –de 1969–.

La salida de Paz y colaboradores en esta época de Pluraltiene que ver con el incidente que llevó a la salida de Julio Scherer del periódico Excélsioren 1976. Para detalles de la postura del consejo editorial de Plural, véase Paz, Castañón y Torres (2001: 155-160).

Aunque en 1972 Paz señalaba que había un grupo en torno a Plural–abierto, pero grupo–, en 1975, al aparecer la carta de integración del consejo editorial, señalan su independencia y niegan formar parte de grupo alguno. Véase “Octavio Paz: política, literatura, moral”, en Paz, Castañón y Torres (2001: 7-15). Para la carta del consejo de redacción, véase Paz y Sakai (1975: 8); también disponible en Paz, Castañón y Torres (2001: 31).

El consejo de redacción se integraba por José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Alejandro Rossi, Tomás Segovia y Gabriel Zaid.

Anterior a este se puede mencionar al grupo conocido como Hiperión, formado en los años 40, compuesto por Emilio Uranga, Leopoldo Zea, Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Luis Villoro, Eduardo García, Víctor Urquidi y José Gaos. Su intención era poner la filosofía en relación con la cultura nacional para explicar y discutir la identidad mexicana. Escribían para los diarios Novedadesy El Universal. Otro grupo fue el que publicaba en el suplemento del diario Novedades, “México en la Cultura”, encabezado por Pablo González Casanova, Jaime García Terrés y Fernando Benítez, el cual duró de 1949 a 1961. De 1959 a 1961 apareció El Espectador, publicación de un grupo simpatizante de la izquierda que buscaba hacer de ella una izquierda antidogmática, culta y bien informada, integrado por Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero, Carlos Fuentes, Jaime García Terrés, Francisco López Cámara y Luis Villoro. De 1961 a 1967, apareció la revista Política; entre sus colaboradores se encontraban Alonso Aguilar, Fernando Benítez, Fernando Carmona, José de la Colina, Carlos Fuentes, Vicente Lombardo Toledano, Salvador Novo, Emilio Uranga, Víctor Rico Galán, Víctor Flores Olea, Alejandro Gómez Arias, Enrique González Pedrero, David Alfaro Siqueiros y Ángel Bassols Batalla. Véase Camp (1995b: 192-197).

En este caso, se revisaron 58 números de la revista, del número 1 –correspondiente a octubre de 1971– al 58 –de julio de 1976–.

Para el caso de Vuelta, la revisión comprende del número 1 –aparecido en diciembre de 1976– al número 281 –de agosto de 1998–.

La revisión de Letras Libresva del número 1 –de enero de 1999– al 96 –de diciembre de 2006–.

El otro grupo sería el de la revista Nexos, aparecida en septiembre de 1978 y que continúa apareciendo mensualmente hasta hoy; de acuerdo con Roderic Ai Camp, competía con Vueltapor el “liderazgo de la comunidad intelectual mexicana” (Camp, 1995b: 197). Aunque cabe señalar que Nexostiene una cierta diferencia con Vueltarespecto al origen intelectual de la misma, mucho más cercana a la academia que a las artes, pues el círculo intelectual que rodeaba en sus inicios a la revista se encontraba asociado al Departamento de Investigaciones Históricas dirigido por el historiador Enrique Florescano, El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus directores y colaboradores se han encontrado Héctor Aguilar Camín, Guillermo Bonfil, Lorenzo Meyer, Carlos Pereyra, José Luis Reyna, Luis Villoro, José Joaquín Blanco, Cinna Lomnitz y Pablo González Casanova. De este grupo se ocupará una siguiente investigación, en la que se considerará también a algunos otros grupos con publicaciones efímeras dentro del periodo 1946-2006, en particular el agrupado en torno a “México en la Cultura” –suplemento del diario Novedadesentre 1949 y 1961– y El Espectador–revista aparecida entre 1959 y 1961 respectivamente–.

En total, entre las cuatro revistas, la revisión comprende 597 números aparecidos en el periodo de estudio.

Segunda Parte

Capítulo 3 La libertad como frontera

En el México de la primera década del siglo xx, la de los gobiernos de la alternancia democrática, era vox populi que los gobiernos del pri durante el decenio anterior no habían sido legítimos porque no se basaban en el voto de los ciudadanos.1 Esta afirmación, que marcaba el contraste entre lo que se consideró el arribo a la democracia a través del triunfo electoral de un partido distinto al pri, dejaba una pregunta que no se respondía y que ni siquiera se formulaba: si no eran legítimos por no basarse en el respeto al voto, ¿cuáles eran los elementos sobre los que se sostenían los gobiernos de la posrevolución?, ¿había cuestionamientos a su legitimidad? y ¿qué tipo de régimen de gobierno se asumía?

Para dar respuesta a estas preguntas, este capítulo consta de cinco secciones; en la primera se pondrá en contexto, de manera muy breve, al lector sobre el periodo de la Revolución hasta 1946; en la segunda sección se revisará la forma en que desde el poder se fundamenta la legitimidad del régimen posrevolucionario y su definición en tanto forma de gobierno durante el periodo 1946-1970; en la tercera sección se revisarán las reflexiones sobre los gobiernos revolucionarios que publicaron algunos intelectuales mexicanos oponiéndose a la tesis de la revolución permanente –sostenida por el régimen revolucionario y algunos personajes intelectuales– durante el periodo de 1946 a 1970; en la cuarta sección se revisará una voz que emprendió una ruta un tanto divergente a las anteriores, como lo fue la de Octavio Paz; y, por último, en la quinta sección se hará un breve comentario de los puntos más relevantes de los apartados anteriores.

El contexto revolucionario

El movimiento revolucionario en México se inició como reacción al régimen de Porfirio Díaz debido a la larga permanencia en el poder por parte de este. Madero encabezó tal movimiento, primero como contendiente electoral y luego como cabeza de un movimiento armado en contra del gobierno de Díaz, siendo la síntesis crítica de su movimiento el lema “sufragio efectivo, no reelección”, pero incluyendo otras proclamas de carácter social que atraían al movimiento simpatías populares y movimientos con intereses divergentes entre sí pero equivalentes en su insatisfacción respecto al régimen de Díaz.

Si bien Díaz abandonó su cargo como presidente de México y le sucedió Madero, el movimiento revolucionario no se detuvo; si acaso, tomó una pausa, y se reactivó al no ver señales de que este llevara soluciones al terreno de los problemas sociales y económicos que le habían acarreado simpatías al movimiento. Asimismo, la reacción y el asesinato de Madero propiciaron que otros grupos también se levantaran en armas y continuaran la lucha.

La toma del poder por Carranza, quien había encabezado militarmente a una facción revolucionaria, tampoco detuvo del todo la confrontación entre los ganadores. La Constitución de 1917 fue una síntesis de los intereses que reivindicaban los distintos grupos partícipes de la lucha armada en México, y si bien por ello mismo aclaró un poco el panorama, su elaboración fue el más claro ejemplo de que la legitimidad política devenía de la fuerza de las armas, pues los únicos participantes de su elaboración fueron los grupos armados que habían estado combatiéndose unos a otros.

Después, el intento de desconocer el haber participado en la Revolución a la hora de suceder el poder presidencial reactivó la lucha entre las facciones. De igual manera ocurrió cuando Obregón intentó desconocer la no reelección.

Al final, el poder presidencial fue detentado por los ganadores de la lucha entre los grupos integrantes del movimiento revolucionario. El ejército ocupó el poder presidencial, y se renovó cada cuatro y luego cada seis años durante las décadas de los años 20, 30 y principios de los 40.

A mediados de esa década se llevó a cabo la entrega del poder político de las fuerzas militares a las civiles, luego de un proceso de institucionalización cimentado en la creación de un partido político que agrupó y permitió la negociación y sucesión disciplinada del reparto del poder político, en particular la sucesión presidencial.

Tal proceso de institucionalizar la sucesión del poder se había iniciado en el periodo de Calles al crearse, en 1929, el Partido Nacional Revolucionario (pnr), un partido político que agrupaba a los distintos grupos y caudillos locales emanados de la Revolución y que permitía, por medio de la negociación, mantener la unidad y la disciplina de estos en la sucesión presidencial.

Más tarde, con Cárdenas, en 1938, el partido cambia su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (prm), transformación que implicó que la elite de los últimos caudillos revolucionarios comenzara a ser sustituida por grupos corporativos en el seno del partido, a través de los cuales el régimen absorbía las demandas sociales, con lo que estos se convirtieron en agentes de la representación social y política.

Y en el último año del gobierno de Manuel Ávila Camacho, presidente de 1940 a 1946, el prm se transformó en el Partido Revolucionario Institucional (pri), y tal cambio llevó a que el ejército se retirara de la actividad política y se abocara a sus actividades de especialización, a la vez que las dirigencias corporativas partidistas y políticas eran ocupadas en su mayoría por un grupo de personajes que no habían participado ya de modo directo de la Revolución o al menos del ejército revolucionario. Ávila Camacho fue el último miembro del ejército que ejerció el poder presidencial luego de la Revolución porque para el nuevo periodo se decidió que la presidencia la ocupara un civil. En este caso, Miguel Alemán, un abogado. Se iniciaba una nueva época:

“¡Qué bueno que los universitarios lleguen ahora a la presidencia!”, comentó el penúltimo día de su sexenio [Ávila Camacho] a Torres Bodet. “Pertenezco al ejército; y lo quiero mucho. Pero ha pasado ya para México la época de los generales. Estoy seguro de que los civiles acertarán en el cumplimiento de su deber” (Krauze, 2006b: 88).

Llegados a este punto, los personajes de la época comenzarán a hacer un balance de lo sucedido hasta entonces. No lo harán nada más los intelectuales, sino que desde el poder político también se llevaría a cabo esta valoración.

Legitimidad y democracia desde la voz del régimen posrevolucionario e institucional

En el discurso político de su último informe de gobierno –rendido al Congreso de la Unión el primer día de septiembre de 1946–, Manuel Ávila Camacho establecerá varios aspectos de interés: 1) el fundamento del gobierno, 2) el carácter de la Revolución y 3) el tipo de régimen.

Ávila Camacho señaló en su discurso que él había ascendido al poder porque formaba parte de la Revolución, una revolución a la que calificó de “social” y que a su entender se mantenía en vigencia y expansión: “Ascendí a la presidencia de la república por el camino que recorrieron antes que yo, y más tarde, junto conmigo, los hombres que hicieron nuestra revolución social” (Ávila Camacho, 1946: i).

De esta manera, se borraba la diferencia que distinguía a la lucha armada –como momento destructivo y encontrado entre grupos con reivindicaciones e intereses distintos– del periodo de gobierno –en tanto momento creativo y sintetizado–; la concepción de una revolución, al ser social, empataba la lucha de los distintos grupos con los ideales que habían dado origen a la Revolución y con las metas que perseguía el gobierno: mejorar las condiciones de vida de la población. Con ello, la Revolución se suponía permanente mientras no se alcanzara en definitiva esa mejora social.

Así, todas las acciones que su gobierno había emprendido, señalaba Ávila Camacho, intentaron que la Revolución se “aceptara y se comprendiera en su sentido más amplio: el de un movimiento de libertad general para la república” (1946: iii), y de esta manera saciaba la “sed de la tierra” y la “sed de saber”, esparciendo en todas partes las “aguas limpias, fertilizantes y claras del alfabeto” (1946: v).

A este punto de la revolución social ya no era el reparto de tierras la vía principal para combatir la miseria, sino el mejoramiento general de las condiciones de vida de la población por medio de la educación, el mejoramiento de la infraestructura y la industrialización del país, de manera que “si las escuelas nos libran de la ignorancia, las carreteras, las presas y las industrias nos ayudarán a librarnos de la miseria” (1946: v).

Aunado a lo anterior, Ávila Camacho afirmaba al régimen de gobierno mexicano como una democracia en construcción, “continuación y coronamiento de nuestras jornadas de Independencia, de nuestras luchas de Reforma y de los afanes de nuestra Revolución” (1946: vii), porque no había aun las condiciones suficientes para considerarla una democracia madura, y el problema principal radicaba en la carencia de una ciudadanía sólida.

Van formándose entre nosotros las virtudes de una ciudadanía que, aunque imperfecta, debe alentarnos a proseguir en la senda que nos trazamos, sin incurrir por automatismo en la imitación de prácticas que, en el fondo, no siendo nuestras, natural e históricamente nuestras, nos llevarían tarde o temprano a un fracaso de dimensiones incalculables (1946: vi).2

México no estaba preparado del todo para tener una democracia electoral, pareciera decir Ávila Camacho, y este argumento iría en consonancia con las metas de la Revolución y el gobierno, las cuales parecieran ordenarse en etapas: mejorar las condiciones de vida, combatiendo la ignorancia e industrializando al país para formar ciudadanos e instituciones, y luego ir hacia esas prácticas “no nuestras” de la democracia.3

Así, la democracia mexicana no se definía en ningún sentido por la parte procedimental de la democracia, que serían las prácticas “no nuestras”, sino por responder al principio de justicia social y respeto a la dignidad de la persona. La democracia mexicana, en el discurso presidencial, no respondía –para decirlo en términos actuales– a un entendimiento procedimental sino sustancial de la misma, la veía como forma de vida más que como procedimiento para elegir liderazgos gubernamentales. Así, las implicaciones procedimentales de la democracia debían matizarse de acuerdo con el temperamento, costumbres y manera de ser de los mexicanos.

La democracia, como gobierno del pueblo y como forma de vida para consolidar la independencia política, la liberación económica y el enaltecimiento cultural y ético del país, ha sido el cauce de nuestros procesos más importantes. Y en esta concepción de la democracia se hallan por igual comprendidos el postulado de la dignidad inalienable de la persona y la voluntad de justicia social de las grandes masas (Ávila Camacho, 1946: vii)

Esta concepción de la democracia llegaría a plasmarse en la Constitución, pues en la reforma al artículo tercero –que establece el derecho a la educación pública y gratuita–, realizada en diciembre de 1946, se establecía en la fracción segunda, inciso a, que la democracia debía ser considerada “no solamente como estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.4

A su vez, el gran avance en torno a la vertiente electoral de la democracia en su gobierno fue, por una parte, el mantenimiento del orden durante las elecciones y, sobre todo, el retiro del ejército de la vida política del país. Y así lo destaca en su discurso: “La cordura y el patriotismo de nuestro ejército, el cual […] se ha mostrado capaz de no colocar sobre la balanza el peso de su prestigio y de sus armas […] [revelando] una exaltación de su fe en las instituciones que tiene el sagrado encargo de defender” (Ávila Camacho, 1946: vii-viii).

Así, en voz del líder político del país, el gobierno encontraba su fundamento en el carácter social de la Revolución. Esto es, en el empate entre esta y los objetivos directivos del gobierno a través del partido de la Revolución. El régimen de gobierno del país era una democracia en construcción que iba de lo social a lo político; o dicho en términos contemporáneos, de lo sustancial a lo procedimental, cuyo primer avance hacia la consolidación en el aspecto procedimental radicaba en la salida del ejército del ejercicio del poder político como un paso más en el proceso interno de estabilización e institucionalización política.

Por otra parte, el contexto internacional era de gran relevancia para el gobierno de Ávila Camacho en la clasificación del régimen político mexicano como una democracia a partir del alejamiento de los rasgos de los regímenes alemán e italiano y el alineamiento con el orden mundial emergente.

En sus discursos sobre la guerra, Ávila Camacho establecía una caracterización de los gobiernos de Alemania, Italia y Japón como dictaduras, a partir de lo cual se establecía una primera referencia para definir al régimen de gobierno mexicano, pues en tanto que México tomó parte del conflicto mundial como aliado de las democracias podía excluirse de ese calificativo, además de que aseguraba tener como motivo de gobierno a la paz, la armonía, la libertad y la justicia, y por tanto se encontraba de parte de las democracias, pues bien se empataban los principios de estas con los principios que había seguido el gobierno mexicano:

Comparemos, entonces, las doctrinas que inspiran a los países que están en pugna. ¿Cuáles son los principios en que se funda la acción de los adversarios? El odio, el rencor, la sumisión a un sistema de esclavitud automática, el culto de la violencia y la abdicación de los altos valores espirituales que distinguen y precisan al ser humano.

¡Qué superiores, en cambio, los sentimientos que animan a nuestros pueblos! En vez de la cólera, la energía; en lugar del espíritu de venganza, el deseo de un éxito que permita instaurar un mundo de paz y comprensión; la armonía sobre la fuerza y, por encima de los apetitos oscuros del despotismo, el amor luminoso de la justicia y la libertad (H. Cámara de Diputados, 1966b: 797).

Así, dirá en otro momento, ante la declaratoria de estado de guerra por los ataques de los aliados del Eje y lo limitado de las fuerzas bélicas nacionales:

Fieles a los postulados de la democracia, hemos preconizado siempre la igualdad física y moral de los pueblos, la condenación de las anexiones logradas por la violencia, el respeto absoluto de la soberanía de los Estados y el anhelo de buscar a todos los conflictos una solución pacífica y armónica. […]

Por comparación con los elementos que luchan para destruir la civilización del hombre, la impresión de lo desproporcionado de nuestras fuerzas se contrarresta cuando se considera que, entre nuestras armas, se encuentran el ideal, el derecho y el amor de la libertad, por los cuales están combatiendo también las grandes y las pequeñas democracias del mundo (H. Cámara de Diputados, 1966b: 811).

Así, en su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, Ávila Camacho se ocupa de establecer el empate con la democracia por su coincidencia en los valores o principios que suscribían, por su “aspiración democrática que los une” (H. Cámara de Diputados, 1966b: 818): “México no ha necesitado alterar ni el más leve concepto de su doctrina para encontrarse del lado de las naciones que están luchando por la civilización del mundo y por el bien de la humanidad. Nuestro camino auténtico no ha variado”.5

El siguiente presidente, Miguel Alemán, retomará esta línea de empate e inclusive irá más allá al tender una línea histórica de coincidencia en la “aspiración democrática” entre México y Estados Unidos, al señalar que él es el presidente de “un país que ha luchado sin cesar por la democracia”, pues

Toda nuestra historia ha sido un combate contra la necesidad, contra el despotismo y contra la intervención de los poderosos. Contra el despotismo colonial, organizamos nuestra independencia en los días de Hidalgo y de Morelos. Contra la codicia de Europa, en la Reforma, se levantaron, junto con Juárez, las fuerzas más intrépidas del país. Y contra el prolongado sistema de autoridad personal que frustró a los humildes de muchas de las expectativas de la Independencia y de la Reforma, los hombres de 1910 iniciaron nuestra Revolución.

Como hijo de uno de aquellos hombres, os hablo ahora. Y me honro en deciros: la Revolución mexicana, que encontró en vuestro pueblo tantas simpatías, y a la vez tantas reticencias, se anticipó en varios años a numerosas reivindicaciones mundiales, de aquellas por cuyo triunfo lucharon nuestras repúblicas, en la fraternidad de las armas, durante la guerra más desastrosa que ha conocido la humanidad.

Por eso, cuando –en medio de la tormenta– la voz de un gran norteamericano auguró una era en la que todos los hombres pudieran verse libres de la miseria y del temor, libres de creer y libres para pensar, sentimos que aquella voz proclamaba ideales tan expresivos de nuestra patria como confortantes para la integridad de nuestro hemisferio.

La guerra no cambió ni el vocabulario de nuestra vida política ni la orientación de nuestros principios públicos, ni la estructura de nuestras instituciones ni el programa de nuestra conducta internacional.6 A diferencia de aquellos que hubieron de improvisar una ideología para justificar su cooperación con las democracias, los mexicanos entramos por las mismas razones morales por las que habíamos condenado todas las agresiones, dentro de nuestro suelo y fuera de nuestro suelo; porque los dictadores que desencadenaron el conflicto querían destruir, en los otros pueblos, los derechos que nuestros héroes no habían permitido que destruyesen en nuestro pueblo ni los opresores del interior ni los imperialismos del exterior, y porque encontramos que, aunque dichas en otro idioma, las palabras que pronunciaban nuestros aliados eran al fin las palabras de emancipación, de equidad y de fe en el hombre por las que habían, durante lustros, muerto nuestros hermanos (H. Cámara de Diputados, 1966b: 829).

Hacia 1950, al decretar la creación del Instituto de la Juventud, referirá Alemán que un gobierno democrático es aquel que “garantiza la seguridad, el bienestar, la unidad y la paz”; y para el caso mexicano es aquel que afirma el anhelo de alcanzar “la libertad en el orden económico, en el orden social, en el orden político y en la cultura, y hacer de nuestra independencia un factor de prosperidad dentro de los principios de justicia sobre los que se erige la unidad de la república” (H. Cámara de Diputados, 1966b: 852).

La democracia se definía, desde el gobierno, por los valores que se suscribían como objetivos que debían cumplirse en el ejercicio de gobierno: independencia, libertad y justicia social. Adolfo López Mateos señaló ante la Organización de Naciones Unidas, hacia 1959:

Solo hay naciones libres cuando los hombres que las integran gozan de libertad; y los individuos solo alcanzan libertad cuando viven en un país libre. La Revolución mexicana conjugó este concepto tradicional con el nuevo principio: la libertad individual se hace plena en la justicia social. Y es así como mi país lucha por la independencia de las naciones, la libertad de los individuos y la justicia social de las colectividades (H. Cámara de Diputados, 1966b: 877).

La autodefinición como democracia por los gobiernos de México cobra sentido en tanto se le asume, más allá del proceso de selección de gobernantes, como un orden social deseable de alcanzar y mantener, primero como libertad y luego como un sistema de vida y un sistema de valores que la ordenan.

En el discurso del 7 de junio de 1965 para celebrar el día de la libertad de expresión, Gustavo Díaz Ordaz lo deja en claro, pues si en su origen libertad significaba simplemente ‘no estar bajo la voluntad de un tirano’, esta se transformó luego a la autoafirmación, al derecho de actuar como se quiera en tanto no se dañe el derecho de otros, para pasar a la justicia social en una época en que no se satisfacían las necesidades socioeconómicas de la época.

La libertad no es solo la lucha contra la tiranía política, sino contra las tiranías de toda índole.

Los hombres que de todo carecen, en lo económico, en lo social, en lo jurídico o en lo cultural, no son hombres libres: son esclavos de la desesperación que los oprime. […]

En nuestros días de libertad, sin justicia social, es solo una palabra vacía de significado.

Cierto es, como lo he afirmado, que colocados en el caso extremo de que tuviéramos que escoger entre la opulencia y el bienestar, por una parte, y la libertad y la independencia, por la otra, nos quedaríamos con estas; pero es nuestra obligación luchar por mejorar las condiciones generales de vida, y estoy seguro de que unidos los mexicanos podremos conjurar armoniosamente prosperidad y libertad (H. Cámara de Diputados, 1966b: 912-913).

Así, en la conceptuación de Díaz Ordaz del régimen emanado de la Revolución, democracia era libertad e independencia, era justicia social. Con lo que la Revolución también resultaba democrática y, por tanto, de alto valor porque partía del reconocimiento de la dignidad del hombre.

De ahí que cuando en una gira por Centroamérica le preguntaron al presidente a qué se debía que continuara ganando el pri las elecciones, este respondiera que al sostenimiento de “las banderas más preciadas […] para la mayoría del pueblo mexicano”, es decir, la fidelidad a los principios establecidos en la Revolución (H. Cámara de Diputados, 1966b: 922), porque sus postulados –diría en otra ocasión–, que en algún momento escandalizaron por su novedad o audacia, “ahora son generalmente aceptados como fórmulas justas o eficaces” (H. Cámara de Diputados, 1985: 882).

La Revolución mexicana, según Díaz Ordaz, era hacia 1967 una “revolución actuante” que se hallaba en una etapa institucional consistente en “conjugar la justicia social con la libertad individual”. Los sucesos del verano y luego del otoño de 1968 pondrían en duda –si no es que refutaron– esa equiparación de democracia con libertad al definir al régimen de la posrevolución.

Y si ya desde 1962, con la reforma electoral, se reconocía en el discurso oficial la existencia de críticas por la poca oportunidad que tenían los partidos opositores al pri de alcanzar puestos de representación política, para 1970 se seguía hablando de alcanzar la democracia política pero se insistía en la idea de consolidar la estabilidad política del país por la vía de la justicia social, de consolidar la “democracia económica”, entendida como “la economía del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, como dijera el presidente Díaz Ordaz en la cena que le ofreció Richard Nixon el 3 de septiembre de 1970 (H. Cámara de Diputados, 1985: 921).

Legitimidad y democracia, la mirada al régimen desde Cuadernos Americanos

La transformación política del régimen de la Revolución que de manos militares pasaba a las civiles, el orden político e intelectual mundial emergente de la Segunda Guerra Mundial y la reflexión sobre la situación regional de América Latina ante tal contexto, así como la aparición de espacios para la reflexión académico-intelectual como la revista Cuadernos Americanos y de instituciones académicas como El Colegio de México, fueron factores para que los intelectuales de la posrevolución comenzaran, en mayor medida de lo que hasta ese momento habían hecho, actividades de reflexión sobre el proceso revolucionario y los gobiernos emanados de este.

Habría un elemento más, quizá de índole personal: el desengaño de la acción y la impotencia política, dirá Cosío Villegas (1966: 13-35), de aquellos que en su momento como intelectuales jóvenes quisieron “hacer algo por el México nuevo” que surgía de la Revolución.

Así, de entre la formación de nuevas instituciones y el desencanto de algunos de sus formadores e intelectuales con una visión madura, surge el balance de la Revolución que es emprendido por figuras intelectuales de la época como Jesús Silva Herzog, Daniel Cosío Villegas, José Iturriaga y Octavio Paz.

En las líneas que siguen se presentarán, de forma cronológica, los argumentos de algunas de las reflexiones de estos intelectuales en lo que refiere a la legitimidad política del régimen posrevolucionario. Cabe señalar además que en tanto las reflexiones principales del periodo fueron comprendidas entre 1947 y 1950, el capítulo en gran medida cubrirá este periodo y dejará sin tratar extensiones temporales pese a la extensión anunciada hasta 1970, pero esto será así de acuerdo con la misma producción intelectual de la época relevante a este estudio.

La crisis de México según Cosío Villegas

El primer balance sobre la Revolución y sus resultados de la nueva época de los gobiernos revolucionarios –la iniciada con el gobierno de Alemán– publicado en Cuadernos Americanos, por parte de los intelectuales de interés para esta investigación, fue La crisis de México, de Daniel Cosío Villegas (1947).

Escrito a finales de 1946 y publicado en la revista Cuadernos Americanos, fundada por Jesús Silva Herzog en la Universidad Nacional –el primer número de la revista sale en 1942–, en su número correspondiente a marzo-abril de 1947, el artículo causó mella en el ánimo por la nueva etapa civilista del gobierno revolucionario (Krauze, 2006b: 85). Y es que era un fuerte cuestionamiento al régimen revolucionario y a la fuente de legitimidad del mismo: la Revolución.

Cosío Villegas afirma desde la primera línea que México vivía una crisis, pues las metas de la Revolución se habían agotado. Y aquí surge la primera pregunta que se puede hacer sobre su texto: si la crisis es producto del agotamiento de las metas de la Revolución, ¿por qué es la crisis de México?, ¿por qué no solo la crisis de la Revolución?

Pareciera mínima la diferencia, y sin embargo no lo es. Se trata de un título polémico para llamar la atención y nada más, podría pensarse, pero ya adelanta el nexo clave: si las metas de la Revolución se agotan, no hay dirección y el México de ese momento, así como el gobierno, era el producto directo de la Revolución; la Revolución había hecho a México, México era resultado de la Revolución; luego, la crisis era de México mismo.

Cosío Villegas va a seguir una ruta muy clara en su artículo: establecer las metas de la Revolución, verificar cuándo se agotaron y los motivos de tal agotamiento, para al final explorar las posibles salidas de la crisis.

La Revolución: sus ideas y sus hombres

En cuanto Cosío Villegas intenta establecer las metas de la Revolución, surge el primer problema, punto central en la discusión intelectual del periodo que ocupa por las implicaciones de la afirmación: “La Revolución mexicana nunca tuvo un programa claro, ni lo ha intentado formular ahora […] Algunas metas o tesis, empero, llegaron a establecerse, siquiera en la forma mecánica que conduce la reiteración” (1947: 29).

De esta manera, si México es producto de la Revolución y la Revolución no tuvo una dirección o programa definido con claridad, el país tampoco lo ha tenido. En todo caso, avanza Cosío Villegas, podían distinguirse tres metas o principios que, en combinación y yuxtaposición de unas con otras, sostenían el régimen político de la Revolución:

1) La meta política, que consistía en la condenación de la permanencia indefinida en el poder por parte de un hombre o grupos de hombres.

2) El principio de carácter social, el cual sostenía que la suerte de los más debía privar sobre las de los menos, para lo cual el gobierno debía convertirse en elemento activo de transformación, y que se traducía en la reforma agraria y la reivindicación del movimiento obrero.

3) El principio de independencia o soberanía nacional, a partir del cual se reconocía que el país tenía intereses y gustos propios por los cuales debía velar y hacerlos prevalecer, y que se expresó en el tono nacionalista que siguió a la Revolución.

Al comenzar a revisar cuándo y por qué se agotaron las metas de la Revolución, Cosío Villegas plantea el segundo gran problema: sus metas se agotaron, por una parte, porque los hombres de la Revolución no estuvieron a la altura de las circunstancias y, por otra, por la corrupción y la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios.

Así, en su momento, el derecho de los hombres que hicieron la Revolución para ocupar el poder no estaba en duda; y, en tanto eran gente del pueblo que había sufrido en carne propia “los azotes de un México injusto”, tenían derecho a construir el país.

Si la Revolución mexicana no era, al fin y al cabo, sino un movimiento democrático, popular y nacionalista, parecía que nadie, excepto los hombres que la hicieron, la llevarían [sic] al éxito, pues eran gente del pueblo, y lo habían sido por generaciones. En su experiencia personal y directa estaban todos los problemas de México […] El hecho mismo de que los hombres de la Revolución fueran ignorantes, el hecho mismo de que no gobernaran con la razón sino con el instinto parecía una promesa, quizá la mejor, pues el instinto acierta mientras la razón solo afina (Cosío, 1947: 34).

Pero el instinto alcanzó para destruir y no para crear, concluye Cosío Villegas. No porque no se hiciera nada sino porque

todos los revolucionarios fueron inferiores a la obra que la Revolución necesitaba hacer: Madero destruyó al porfirismo pero no creó la democracia en México; Calles y Cárdenas acabaron con el latifundio pero no crearon la nueva agricultura mexicana. […]

Fueron magníficos destructores pero […] nada de lo que crearon para sustituir a lo destruido ha resultado indiscutiblemente mejor (Cosío, 1947: 34).

El país no se había transformado lo suficiente para hacer a sus habitantes más felices y convencerlos de su obra, lo que ponía en duda la necesidad de la existencia de la Revolución y hacía vulnerable al país a la reacción conservadora. “Pues la justificación de la Revolución mexicana, como de toda revolución, de todo movimiento que subvierte un orden establecido, no puede ser otra que el convencimiento de su necesidad, es decir, de que sin ella el país estaría en una condición peor o menos buena” (Cosío, 1947: 34-35).

Juicio severo que cuestiona, en retrospectiva, a la Revolución y sus hombres: la Revolución fue destructiva, un movimiento sin ideas claras y sin los hombres para construir un país, porque muchos resultaron ser gobernantes mediocres y administradores deshonestos. La deshonestidad, la corrupción administrativa se apoderó de los gobiernos emanados de esta, truncando la vida de la Revolución en tanto la hacían perder su “autoridad moral” (Cosío, 1947: 43-45).

Dirá Cosío Villegas, años después, quizá a manera de reproche hacia sí mismo y los jóvenes intelectuales:

Habíamos visto cómo los militares y políticos de entonces habían logrado la victoria de la Revolución con sus propias manos; por lo tanto, nos parecía exclusivo e indiscutible su derecho a conducir el país. Más todavía: les concedíamos la capacidad y la resolución necesarias para alumbrar el México ejemplar al que ellos y nosotros aspirábamos (Cosío, 1966: 16).

Pareciera entonces que Cosío Villegas considera, sin decirlo explícitamente, que lo que faltó fue, por una parte, razón, conocimiento de su parte –los intelectuales– para hacer un mejor juicio sobre su papel y los alcances de la Revolución; y, por otra, sobre la virtud en los hombres de la Revolución para llevar con buen rumbo al país.7

Estos dos problemas o puntos centrales, la carencia de una estructura ideológica sólida que orientara a la Revolución, y de un cuerpo sólido de críticos, así como la de hombres virtuosos que la lideraran en su momento constructivo –de gobierno–, son los que le permiten estructurar su crítica y establecer las causas del agotamiento de la Revolución y cuestionar la pertinencia del mantenimiento del régimen posrevolucionario.

La distinción democrática

Al revisar el primer objetivo de la Revolución, la creación de una democracia, Cosío Villegas asume que, al término de la lucha armada, no había las condiciones para generar y sostener una vida cívica, por lo que, para crear en México una democracia, esta se debía concebir como consecuencia de otras muchas transformaciones y no como una obra en sí.

Un país cuya escasa población está pulverizada en infinidad de pequeñísimos poblados en los que la vida civilizada es por ahora imposible –poblados que viven, desde luego, aislados unos de otros, fuera del amparo del saber y de la fortuna–, no puede crear de súbito un ambiente propicio para una vida cívica consciente, responsable (Cosío, 1947: 35).8

Pero, en su perspectiva, la Revolución no se propuso tal tarea, o al menos no en sus inicios, porque se propuso un objetivo mínimo de alcance:

Ventilar, airear la atmósfera política del país; y ya en el terreno positivo, crear alguna opinión pública, hacer más fácil la expresión de ella, provocar, inclusive, el parecer disidente y, en todo caso, respetarlo; asegurar la renovación periódica y pacífica de los hombres de gobierno, dando acceso a grupos e individuos nuevos (Cosío, 1947: 35-36).

Objetivo que se logró pero sin generar una vida cívica entre las masas ni alcanzar un carácter genuinamente democrático al no permitir al pueblo la elección real de sus gobernantes; primero porque la meta de la Revolución era “aliviar la condición económica, social, política y cultural de las grandes masas”, y luego porque se esperaba como consecuencia que el interés por la participación “despertaría” en ellas para defender sus nuevos derechos. Lo que no sucedió.

De cualquier manera, se había evitado la dictadura, entendida por Cosío Villegas como la influencia dominante y prolongada de un solo hombre, pero la renovación periódica de la ocupación del poder que se practicaba en México tampoco tenía un carácter “genuinamente democrático” (Cosío, 1947: 36) porque no se había dado el triunfo de un partido o grupo opositor al gobierno.

Esto último quizá no fue de una urgencia angustiosa mientras la Revolución tuvo el prestigio y la autoridad moral bastantes para suponer que el pueblo estaba con ella y que, en consecuencia, no importaba mucho quién era la persona física gobernante; pero cuando la Revolución ha perdido ya ese prestigio y esa autoridad moral, cuando sus fines mismos se han confundido, entonces habría que someter a la elección real del pueblo el nombramiento de sus gobernantes, pues la duda no recae ya solo sobre personas, sino sobre ideología (Cosío, 1947: 36-37).9

Así, aun cuando la renovación del titular del poder fuera constante y respetada, el que se encontrara restringida a un círculo pequeño de aspirantes y no respondiera fielmente a la elección popular, a la vez que no existían contrapesos al poder ejecutivo por parte del Congreso y el decaimiento de la prensa que no generaba una opinión pública crítica, llevaban a la precariedad de la democracia en México.

Una democracia definida centralmente por la renovación periódica de la ocupación del poder, esto es, por su no identidad dictatorial más que por el carácter electoral de la misma y sus demás componentes de carácter liberal.

Así, la falta de ideas de la Revolución que no previó la necesidad de un entramado institucional y socioeconómico que permitiera el funcionamiento a largo plazo de la democracia, la medianía de los hombres de la Revolución y la no fidelidad al principio democrático, ponen en entredicho, hacia finales de la década de los 40, la legitimidad del régimen de la Revolución y a la Revolución misma.

Salida a la crisis y el reconocimiento de la legitimidad social

¿De qué modo podría México salir de la crisis?, se pregunta Cosío Villegas, e inicia una exploración de las posibilidades que lo lleva a considerar la conveniencia de que el régimen emanado de la Revolución ceda el poder a la derecha. Sin embargo, no cree que esta sea la solución conveniente porque la derecha no tenía principios ni hombres de valía para conducir al país ocupado como estaba en la denuncia: “Acción Nacional se desplomaría al hacerse gobierno” (Cosío, 1947: 50).

La solución de Cosío Villegas para la crisis no deja de ser reveladora. Para marchar hacia lo que debía ser un nuevo día solo se podía ir por el mismo camino trazado por la Revolución, pero renovado y purificado: “El único rayo de esperanza –bien pálido y distante, por cierto– es que de la propia Revolución salga una reafirmación de principios y una depuración de hombres” (Cosío, 1947: 51).10

Y es que la gran paradoja de la Revolución fue que “un gobierno que hacía ondear la bandera reivindicadora de un pueblo pobre creara, por la prevaricación, por el robo y el peculado, una nueva burguesía, alta y pequeña, que acabaría por arrastrar a la Revolución y al país, una vez más, por el precipicio de la desigualdad social y económica” (Cosío, 1947: 45).

Reivindicar la vertiente social y política de la Revolución con una dirección y sentido claro, inteligente y honesto, es la única manera de recobrar la legitimidad del gobierno de la Revolución; después de todo, la crisis era de carácter político y de carácter moral.

Así, aun ante la pérdida de la “autoridad moral” de la Revolución por el mal ejercicio del poder, el combate a la injusticia social valía como fuente última de legitimidad y esta seguía estando, ante las opciones posibles y pese a todos sus problemas, del mismo lado: en el partido de la Revolución.

Se podría pensar que una vez perdido el principio de justicia social como fuente de legitimidad tendría que venir, con el mantenimiento de las dos libertades y las condiciones liberales apropiadas, la legitimidad por la vía de la democracia electoral, por el respeto al voto. Sin embargo, Cosío Villegas no toma tal camino y subordina –o secuencia– esta al objetivo de alcanzar la justicia social, el progreso material de las mayorías, que solo pareciera ser posible desde la Revolución reafirmada.

Un elemento que aporta a la explicación de este aparente callejón sin salida de la crítica de Cosío Villegas se encuentra en “Trasfondo tiránico” (1950), una reflexión sobre la democracia y la tiranía en América Latina, donde escribe a propósito de la utilización del concepto democracia en América Latina: “La existencia de un mínimo de libertad personal y de un mínimo de libertad pública hace la democracia en la América Latina; y la falta de una de esas dos libertades, o de ambas, justifica la aplicación del término tiranía, cuando no el de dictadura” (1950: 7).

Así, para Cosío Villegas, el respeto a los resultados de los procedimientos electorales no hace a la democracia, sino las libertades personal y pública, pues solo a partir de estas puede existir la participación política libre en los procedimientos electorales. “La existencia de esas dos libertades es la que cuenta en primer término para trazar por ahora la línea divisoria entre la democracia y la tiranía. El criterio no puede ser más benigno, pues lo que aparta o divide esa línea es la esperanza de una democracia o la realidad brutal de la tiranía” (Cosío, 1950: 8).

¿Acaso apunta esto a que, de entre las diversas opciones políticas posibles, solo en el pri ve, además del compromiso con la justicia social y su capacidad de acción, pese a todos sus problemas, la esperanza de una democracia electoral futura por el respeto a esas dos libertades básicas? En todo caso, Cosío Villegas establece la legitimidad del régimen de la Revolución al reconocer su carácter reivindicatorio y compromiso normativo: la justicia social y el mantenimiento de las libertades personal y pública.

El balance de Iturriaga: la pérdida del encantamiento

Apenas un número después aparecería en Cuadernos Americanos el artículo “México y su crisis histórica”, de José Iturriaga. Este autor identifica el final de la década de los cuarenta como un momento de crisis del ciclo histórico de la Revolución mexicana, pues una gran interrogante parece circular en la discusión pública de la época: “¿La Revolución mexicana lleva todavía en su seno el suficiente poder creador y el suficiente poder de exaltación en el ánimo del pueblo para permitirle prolongar su permanencia durante algún tiempo apreciable, matizando las más variadas formas de la vida pública y privada?” (1947: 21-37).

La formulación de esta pregunta como parte del ambiente mostraba una preocupación por el futuro ante la pérdida de peso de los gobiernos revolucionarios. La evaluación que hace Iturriaga de la Revolución se inicia con un planteamiento sobre los conceptos de progreso y de revolución que bien vale repasar porque con ello se plantea la legitimidad del movimiento que da origen a los gobiernos de la Revolución.

Para Iturriaga, el progreso, entendido como marcha hacia adelante en relación con algo, era connatural a todos los pueblos como instinto, el cual se expresa de tres maneras: 1) de modo evolutivo y pacífico, esto es, cuando se promueve el avance social con procedimientos legislativos, reformas administrativas, reducciones tributarias y aumento en el volumen de los servicios y en el nivel de las obras públicas; y 2) de modo violento y amenazador, cuando se presenta el obstáculo del despotismo, de la oligarquía o de la incapacidad en las tareas gubernativas, las cuales llevan al pueblo a sentirse inmóvil; y 3) mediante una revolución incruenta, esto es, cuando se da una salida pacífica a las presiones sociales y se genera un cambio.

La segunda vía de la búsqueda del progreso se puede presentar de tres maneras: a) encauzada y formulada por ideólogos que la proveen de planes racionalmente construidos, b) llevada adelante por caudillos con “pocas o ningunas luces, pero con auténtica emoción popular y conciencia de su patria” (Iturriaga, 1947: 24-25), y c) convertida por los cabecillas en motín y anarquía.

Así, la Revolución mexicana se justifica porque en tanto es instintivo de todo pueblo buscar el progreso, ante la inmovilidad a la que el pueblo se sentía sometido por el régimen de Díaz y no haber salida pacífica para el desarrollo del país, la Revolución se presentó como un movimiento natural hacia el progreso.

Ahora bien, reconoce Iturriaga, el movimiento se llevó a cabo liderado por caudillos con emoción popular y conciencia de su patria, y no fue encauzado por ideólogos, por lo que había una ausencia de programa intelectual general pero, refuta, no de diversos planes que daban cauce a los anhelos populares.

Si por ausencia de programa se quiere aludir a la existencia de codificación que como estructura previa condensase a todos y cada uno de los anhelos inexpresos del pueblo lanzado a la lucha armada, entonces resulta muy claro que la Revolución mexicana careció de programa.

[Sin embargo] bien que poseyó planes diversos, dentro de cuya pluralidad pueden delinearse no pocos denominadores comunes (Iturriaga: 1947: 26).

Y esos puntos en común, si bien no se plantearon desde el inicio del movimiento, fueron los que se condensaron y se reconocían como programa de la Revolución. Esos puntos en común que conformaron el programa de la Revolución son a) destrucción de la sociedad agraria y feudal representada por la oligarquía porfirista, b) la ruptura con el continuismo del poder federal, estatal y municipal a través de la efectividad del sufragio, c) la supresión de jornadas de trabajo inmoderadas y d) universalización de la enseñanza popular. Es a partir de ellos que Iturriaga elabora su balance para ver si se han cumplido y, entonces, establecer un comparativo con el régimen de Díaz, al que se refiere como dictadura.

En suma, para Iturriaga, el aspecto constructivo de la Revolución arroja un saldo favorable aun con la existencia “del peculado y el enriquecimiento ilícito de no pocos gobernantes” (1947: 31), sobre todo por un aspecto que destaca en el balance: el reconocimiento del respeto a la libertad de pensamiento y expresión. “Nuestra Revolución ha arraigado el respeto a la libertad de pensamiento escrito o hablado en contraste con las prácticas de la dictadura” (Iturriaga, 1947: 30).

Iturriaga se pregunta, pese a las cuentas positivas, si todavía tenía fuerza suficiente “el arsenal expresivo” de la Revolución. Y su respuesta devela la crisis de la Revolución: “La fraseología usada por la Revolución ha perdido el poder de seducción, la fuerza como de encantamiento que antes poseía, así como la aptitud para servir como recurso definitorio de los problemas actuales” (1947: 32).

Las palabras de los políticos tradicionales, dice Iturriaga, “nada nos dicen ya, ni tienen entre las masas el antiguo eco arrebatador”. El discurso de la Revolución parece haberse agotado, o, peor aún, haberse vaciado de significado:

Parece como si hubiésemos llegado ya al extremo de que el hecho de recurrir a esa terminología sea una de las varias maneras de no decir nada, de que se nos vea con desconfianza, que –en el mejor de los casos– se nos mire con indiferencia y piedad. Y esto lo podemos advertir ahora, ya no entre los señoritos de la ciudad sino entre la gente humilde del campo (Iturriaga, 1947: 32).

La Revolución, tal como la percibe Iturriaga, ya no afronta los problemas como antes, porque los retos son nuevos o porque esta se ha diluido en el tiempo, se ha hecho vieja, mientras que una nueva generación de mexicanos creció. Así, tres generaciones de mexicanos coexistían: los hacedores de la Revolución, sus hijos y ahora los nietos; el desfase entre ellas y sus intereses y formas de pensamiento con la Revolución y su lenguaje era evidente.

A mi generación [la de aquellos que nacieron poco después de iniciada la Revolución y cuyas preocupaciones públicas surgieron con Plutarco Elías Calles] le ha tocado ver cómo gentes colocadas en puestos de mando echan por la borda, uno a uno, los principios con los que pretendió mezclar la ideología en la Revolución y con los que se saturó la conciencia juvenil de aquella época. Los ademanes truculentos y la parafernalia de entonces han desaparecido […]

Estas actitudes oscilantes […] han restado autoridad y gastado la personalidad de no pocos dirigentes. Al menos así lo percibe el pueblo. Y es justamente el apoyo auténtico del pueblo el que hará posible reanudar la marcha ascendente. Sin tal apoyo, seguiremos haciendo abstracciones y juegos de artificio o nos consumiremos en nuestras propias amarguras (Iturriaga, 1947: 34-35).

De ninguna manera, en el caso de la población joven –dirá Iturriaga–, es que esta fuese reaccionaria, el problema se encuentra en que los hombres, el lenguaje y los métodos surgidos de la Revolución se encontraban desgastados y viciados. Se requerían entonces nuevos discursos, nuevos métodos y, sobre todo, hombres nuevos.

Estos síntomas permiten a Iturriaga afirmar que el ciclo histórico de la Revolución estaba “enfermo de gravedad”. El discurso y los gobernantes emanados de la Revolución envejecieron, se anquilosaron, se corrompieron, se confundieron ideológicamente, se alejaron del pueblo, perdieron la confianza de este y su capacidad de interlocución con él. La Revolución había llegado a su fin, al menos en este ciclo.

Reconocer con entereza que el ciclo histórico de la Revolución está en su ocaso, junto con su modus operandi, bagaje expresivo y muchos de sus hombres, no quiere decir que nos cause alegría o que deseemos su conclusión. El eterno instinto de progreso del pueblo no habrá de fenecer con su extinción.

Queremos, sencillamente, que la Revolución sea superada con decoro. Esa es la tarea mayor de nuestra generación, si nuestra generación encuentra la inteligencia, la imaginación y la capacidad ejecutiva para llevarla a cabo (Iturriaga, 1947: 35).

Las nuevas metas del siguiente ciclo histórico que habría de sustituir al de la Revolución se tenían que buscar, por una parte, en los pasivos que esta había dejado: el fraude, la prevaricación de funcionarios y dirigentes, incapacidad e ineficiencia en la administración pública, recrudecimiento del cacicazgo; y, por otra parte, en las nuevas aspiraciones y corrientes universales (Iturriaga, 1947: 36).

Sobre todo, para dar cumplimiento a estas nuevas metas, se requería de imaginación, inteligencia, capacidad ejecutiva; esto era lo requerido ante los nuevos tiempos y los nuevos retos.

De la crisis a la muerte de la revolución en las meditaciones de Silva Herzog

Solo unos meses después de la publicación de “La crisis de México”, de Cosío Villegas, y de “México y su crisis histórica”, de José Iturriaga, aparece también en Cuadernos Americanos el artículo “Meditaciones sobre México”, de Jesús Silva Herzog, una especie de repaso breve por la historia de México desde la conquista hasta 1947.

La Revolución de 1910 ocupa varias páginas del artículo; sin embargo, esa sección del texto no es sino una especie de resumen de las tesis que había sostenido en el artículo “La Revolución mexicana en crisis”, publicado en Cuadernos Americanos en 1943, y que es el primer artículo que reflexiona con cierta seriedad académica sobre la Revolución mexicana y el régimen revolucionario en la revista, por lo que aquí se hará referencia a ambos artículos de acuerdo con el desarrollo del argumento del autor en lo que interesa.

De la rebelión y la revolución: la distinción que legitima

Cabe resaltar de inicio que Silva Herzog, en “Meditaciones sobre México” (1947), al tocar el tema de la Independencia, comienza estableciendo una distinción entre rebelión y revolución, entre rebelde y revolucionario:

Las rebeliones las organizan los soldados para sustituir en el poder a una persona por otra. Su origen es el resentimiento o la codicia de algún jefe militar. Naturalmente que siempre se usan grandes palabras, la justicia, la libertad, la patria; se usan para encubrir los peores instintos y los propósitos más perversos. Las revoluciones las hacen los pueblos para subvertir el orden social establecido, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, convencidos de que este, el de la revolución, es el único camino; son actos temerarios, de desesperados y suicidas.

El rebelde es, en la mayoría de los casos, ambicioso y moralmente inferior; el revolucionario es fundamentalmente bueno y puede ser un apóstol o un héroe (Silva Herzog, 1947: 14-15).

Realiza estas distinciones para establecer lo que es legítimo y lo que no lo es cuando de desobediencia al orden político establecido se trata. Así, las revoluciones son, ante todo, de carácter social y tienen un objetivo claro: modificar el orden social y económico que ha llevado a la desesperación del pueblo, y esto se hace a través de la toma y modificación del orden político, por lo que el orden resultante de una revolución triunfante es legítimo en tanto deviene del deseo del pueblo por superar un orden injusto.

Bajo tal distinción, Silva Herzog establece que hubo tres revoluciones en México: la de Independencia, la primera; la de Intervención y Reforma, la segunda; y la tercera, la de 1910. Esta distinción no es gratuita para el caso de los gobiernos revolucionarios, pues el movimiento de 1910 –considera– fue el producto directo del descontento del pueblo con las condiciones de vida, y no un problema de carácter político. Pero, además, le añade dos movimientos que no daban lugar a discusión sobre su legitimidad.

Si bien fue un reclamo político el que catalizó el movimiento a la voz maderista de “sufragio efectivo, no reelección”, tal reclamo fue rebasado por la realidad del descontento social, pues “los pueblos hambrientos siguen o apoyan al primero que les ofrece algo: ya sea un pedazo de pan para calmar el hambre, o juegos de pirotecnia para calmarla” (Silva Herzog, 1947: 22).

De ahí que, en el argumento de Silva Herzog, Madero no pudiera gobernar al país, por su equivocación en la lectura de la realidad mexicana:

Él creyó que los problemas de México eran preponderantemente políticos, y estaba en un craso error; porque los problemas de México eran y son todavía preponderantemente económicos. Sus dos más destacados segundones se levantaron en armas en su contra: Pascual Orozco y Emiliano Zapata […] iban mucho más lejos que Madero en materia de cambios económicos y sociales (Silva Herzog, 1947: 23).

Así, a diferencia de lo que pensaba Madero, el “hambre de tierras, el hambre de pan y el hambre de justicia” habrían sido las causas que motivaron la Revolución (Silva Herzog, 1943: 34). Y escribe sobre ello:

Al contestar el señor Madero en una manifestación pública a cierto opositor, que al dirigirse a él le preguntara por qué no repartía su dinero entre los pobres si tanto le interesaba su suerte, en lugar de agitar a la nación, el caudillo demócrata le dijo estas palabras que debe recoger la historia porque ellas sintetizan su pensamiento político y social: “el pueblo no pide pan, pide libertad”. No parece sino que la mente generosa de Madero no recordaba que la libertad sin pan ha sido y es una mera ficción, un absurdo […] En esta opinión equivocada acerca de las necesidades del pueblo mexicano se halla a juicio nuestro el origen del fracaso del noble visionario. Al pueblo no le importaba el sufragio efectivo y la no reelección, ni siquiera entendía bien su alcance y significado; al pueblo lo único que le importaba y le importa era y es mejorar sus condiciones materiales de vida y elevar el nivel de su cultura; vestirse y habitar con decoro, comer lo que es adecuado a su normal desarrollo biológico y aprender lo necesario para entender los fenómenos circundantes y defenderse de las acechanzas de audaces explotadores en un mundo complicado, de luchas sin término (Silva Herzog, 1943: 34-35).

Fue el descontento social el que le dio origen al movimiento de 1910, de acuerdo con la interpretación de Silva Herzog (1943: 33), y surgió durante el régimen de Díaz porque se había olvidado de las necesidades elementales y apremiantes del pueblo por atender los intereses del capital extranjero, lo que se combinó con la falta de libertad y la debilidad económica del “ciudadano”, así como con los problemas de concentración de las tierras, el desempleo, el descenso del salario real y la elevación del precio de los alimentos.

La esencia de la Revolución, establece Silva Herzog (1943: 30), fue “mejorar el nivel de vida de la mayoría de los habitantes, como base sustantiva del progreso de la nación”. La cuestión política, y en particular la democrática, pasaba a un plano segundo ante la cuestión inmediata de lo social: el mejoramiento de las condiciones de sobrevivencia del pueblo. Pero señalaba también que la Revolución mexicana “no tuvo una ideología previa, no tuvo un programa en lo económico ni en lo social; la ideología de la Revolución se fue formando poco a poco, lentamente, en el calor de los combates, en el fuego de la contienda civil y en el desencadenamiento de las pasiones populares” (Silva Herzog, 1943: 35).

Así, la ideología de la Revolución no surgió de las mentes de sus “jefes”, remata Silva Herzog, sino “del dolor de las masas desesperadas y hambrientas” (1943: 37) que se unieron a aquellos, sin compartir su motivo, por lo que al final los rebasaron y arrastraron hacia la reforma social y económica que sintetizó, en la Constitución de 1917, los ideales “dispersos e imprecisos” de los revolucionarios.11

Esta fue, sigue Silva Herzog, una lucha de “los pobres en contra de los ricos, de los desposeídos en contra de los poseedores”, en contra de la burguesía, el clero y los latifundistas (Silva Herzog, 1943: 37). Y la política social es la clave en que somete a lectura la labor de los gobiernos de la Revolución.

La crisis de la Revolución

Si, para Silva Herzog, de la urgencia social provenían el origen, los éxitos y los fracasos de la Revolución mexicana, encontraría su crisis en la forma de manejarla –esto es, en el acto de gobernar y en los hombres de gobierno–.

Así, a la pregunta de si se había logrado mejorar las condiciones de vida de los mexicanos la respuesta solo podía ser “tímidamente afirmativa” (Silva Herzog, 1943: 44): el éxito y la justificación de la Revolución no eran claras ni contundentes. Mucho se había hecho, dado el punto de inicio, a través de la acción inmediata de los gobiernos de la Revolución, pero la falta de visión y técnica en sus acciones de gobierno no había permitido hacer todo lo debido porque tales acciones se habían emprendido ya para desactivar algún conflicto o potenciales conflictos sociales. “La política todo lo desvirtúa y lo corrompe. Con frecuencia dolorosa todo se subordina o se procura subordinar a la política: la acción gubernamental, las conveniencias económicas en materia de producción y de crédito, la experiencia técnica” (Silva Herzog, 1943: 49).

El mayor problema, sin embargo, era que las acciones de gobierno y de la administración pública se hacían para favorecer a unos cuantos y no para dar soluciones de fondo a los problemas. La corrupción, referida como inmoralidad, se había extendido e invadido todas las esferas de la sociedad, desde arriba hacia abajo y viceversa. Además de que los políticos no estaban a la altura de las circunstancias:

Hay políticos grandes, medianos y pequeños, gigantes y enanos, y se hallan en todas partes […] El político no es en muchos casos ponderado y honesto, no le importa sino el lucro personal, es un logrero de Revolución; en el ejido explota a los campesinos, en el sindicato a los obreros y empleados, y en las escuelas engaña a sus compañeros. Es la profesión más fácil y lucrativa de México. No se necesita cultura, la cultura estorba; lo que se necesita es audacia, carencia de escrúpulos y ser un representativo auténtico del machismo mexicano (Silva Herzog, 1943: 49).

Este comportamiento, decía Silva Herzog, generaba una nueva cadena de explotación: el líder político explota al ejidatario y este al peón, el líder sindical al obrero, a su vez, el funcionario público al erario y a los ciudadanos, enriqueciéndose unos y empobreciéndose otros. Así, la crisis de la Revolución mexicana radicaba en la desintegración moral y la confusión ideológica.

En resumen, el argumento de Silva Herzog era que el gobierno de los partícipes del movimiento armado era legítimo en su origen por ser parte de una revolución que en sí era legítima porque su objetivo había sido transformar un orden injusto –lo que la diferenciaba de una simple revuelta–, y lo sería también por su ejercicio en tanto se respondiera a los principios de justicia social que permitieran mejorar el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, con lo cual se justificaría su permanencia en el poder. Pero la improvisación ante la urgencia, la acción “interesada” de los actos de gobierno, la corrupción, la poca preparación intelectual de los políticos, el desvío de los principios de la Revolución, ponía en duda en el ejercicio la legitimidad del gobierno, colocando además en crisis a su sostén de origen: la Revolución.

México necesitaba evitar repetir los errores, evitar copiar soluciones de otros lugares y tiempos; la solución se encontraba en la canalización de las fuerzas en pugna, la democrática y la socialista, era ir hacia una democracia socialista.

Democracia porque gobernará el pueblo dentro de sistemas políticos perfeccionados e imperará la libertad de pensamiento; socialista porque habrá concluido la era del mercader y ya no será el lucro el supremo resorte de toda acción y todo propósito; porque la propiedad privada existirá solamente cuando sea, como se dijera hace varias décadas en celebérrima encíclica, fruto del trabajo personal; porque lucharemos para alcanzar, como ideal predominante y definitivo la felicidad para todos, compatibles con las limitaciones inherentes a la naturaleza del hombre. Y así se logrará el perfeccionamiento moral, intelectual y físico de la especie humana (Silva Herzog, 1943: 53).

Pero la respuesta para salvar el porvenir seguía estando en la Revolución.

[S]iendo leales a la Revolución, a sus principios, y a su impulso generoso; castigando con decisión y sin miramientos a los prevaricadores, a los logreros del movimiento revolucionario. La Revolución mexicana ha consistido y consiste en la lucha de un pueblo para elevar las condiciones de vida de todos en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si todos empleamos lo mejor de nuestra energía para alcanzar esta noble y a la vez difícil meta, bien pronto saldremos de la crisis desintegradora que nos azota y se habrá salvado la revolución y el porvenir de México, que debe ser austero, fulgurante y creador (Silva Herzog, 1943: 55).

La muerte de la Revolución

El encendido optimismo de Silva Herzog con el que finaliza su artículo de 1943 se mantiene aún para 1947, pero dos años después, en 1949, se publica el artículo “La Revolución mexicana es ya un hecho histórico”, donde, como se adelanta desde el mismo título, el optimismo ha desaparecido: la Revolución mexicana “murió calladamente sin que nadie lo advirtiera; sin que nadie, o casi nadie lo advierta todavía” (Silva Herzog: 1949: 7).

El primer rasgo de interés de este nuevo texto12 radica en el reconocimiento de la transitoriedad de todo hecho, de todo acto, porque las revoluciones, en tanto actos o hechos, también son transitorias.

La Revolución mexicana, pasados casi 40 años de su inicio y 30 de su terminación, había pasado ya el tiempo promedio que, según Silva Herzog, duraban las “grandes revoluciones de la época moderna” y no había motivos para pensar en la excepcionalidad del caso mexicano.

Pero el argumento fuerte para decretar la terminación de la Revolución era que “las revoluciones no son inmortales”, en tanto pierden su actualidad, bien porque agotan su vitalidad creadora, porque cumplen sus objetivos o porque han sido contenidas y superadas por nuevas fuerzas (Silva Herzog, 1949: 7). Las revoluciones, entonces, solo son permanentes en tanto se mantienen en la memoria de los hombres, aun cuando los efectos de estas se sigan presentando en la conducta y el conocimiento de los hombres; no pueden burlar al tiempo y quedan en el pasado.

En su balance sobre la Revolución, Silva Herzog concluye que en los planos económico y social el resultado es positivo, se habían cumplido los objetivos; pero en el plano político las conclusiones no podían sino ser negativas y era por sus consecuencias que se podía decir que la Revolución había fracasado.

La Revolución, al momento, había sido contenida y superada por la burguesía antigua en alianza con la surgida de la Revolución, así como por las fuerzas conservadoras. Y es que la Revolución, si bien había alcanzado a los hacendados y comerciantes pueblerinos, no alcanzó a los grandes comerciantes, banqueros e industriales de la ciudad, de manera que estos conservaron sus riquezas e influencias.

A su vez, miembros del movimiento, sus familiares y compadres se enriquecieron por el tráfico de influencias y el gozo del favor oficial que muchas veces ellos mismos encabezaban en tanto gobernantes. De manera que se formó una clase social poderosa que influyó en la vida política, conteniendo, de acuerdo con sus intereses, las acciones de los gobiernos de la Revolución.

A medida que la burguesía se fue fortaleciendo y mezclándose algunos de sus miembros con los hombres de los gobiernos revolucionarios, comenzó a influir en la dirección de los negocios públicos, minorando en ocasiones y a veces neutralizando la acción revolucionaria […]

Ahora bien, cuando los hombres de negocios influyen en la administración pública, por dentro o desde afuera, el lucro, que es objeto de todo negocio, que es propósito inferior desde el punto de vista del destino humano, sustituye poco a poco el ideal de servicio desinteresado a la patria y a todos los anhelos superiores de nuestra especie; es, digámoslo de una vez, agente de la corrupción (Silva Herzog, 1949: 12-13).

En el argumento de Silva Herzog, la creación de esta “nueva constelación sociológica” sustituyó y terminó al movimiento revolucionario; después de todo, la Revolución, como se recordará, había sido definida como un movimiento surgido de las necesidades y aspiraciones del pueblo, inclusive, como una guerra de los pobres contra los ricos; ahora los nuevos y antiguos ricos se habían aliado y detentaban –directa o indirectamente– el poder, neutralizando la acción revolucionaria. La sociedad capitalista corrompe al servidor de la patria y este abandona su misión revolucionaria.

El momento culminante de la Revolución mexicana habría sido 1938, y ahí se detiene contenida por las fuerzas de la burguesía; hacia 1940, estas se impondrían. A partir de entonces, dirá este intelectual, “[l]as ideas y el lenguaje de la Revolución van siendo sustituidos por nuevas palabras y opiniones nuevas” (Silva Herzog, 1949: 13), en referencia al discurso del presidente Ávila Camacho que habla del amor y la unión entre los mexicanos, en una doctrina que identifica Silva Herzog como cristiana y alejada de la retórica revolucionaria.

La Revolución agonizaba, el lenguaje de la Revolución se había desgastado, el final del gobierno de Ávila Camacho, de los generales, marcaría también el final de la Revolución mexicana:

El gobierno del presidente Alemán, dígase lo que se diga, ya no es ni puede ser continuación de los gobiernos anteriores. Es mejor o peor; esto no es todavía tiempo de discutirlo; pero es otra cosa; marca una etapa nueva en la historia de México. Las palabras que se usan son diferentes. Solo de tarde en tarde se emplea, por la fuerza de la costumbre o por inercia, la terminología revolucionaria. Hay nuevas ideas, nuevos conceptos y propósitos (Silva Herzog, 1949: 14).

Ese es el punto final de este periodo de reflexión de Silva Herzog, con una grave consecuencia: la Revolución ya no podía ser el fundamento de la legitimidad política y no se podía distinguir aun en qué se podía sostener el nuevo gobierno y el régimen priista.

Para 1964 publicará el artículo titulado “México, a cincuenta años de la Revolución”, pero en él no hará sino repetir esquemáticamente lo que ya había argumentado. Solo una cosa hay que resaltar, para salir del atraso social y económico que queda después de la Revolución, se concentra en las acciones administrativas y de gobierno a seguir, se concentra no en el origen del gobierno sino en el ejercicio futuro del mismo.

Y con la distancia que da el paso del tiempo, en sus memorias, al tratar sobre el periodo del gobierno de Miguel Alemán incorpora un elemento a su argumento sobre la muerte de la Revolución que clarifica aún más la postura ya referida: una distinción entre progreso y desarrollo.

El licenciado Alemán impulsó vigorosamente el progreso económico de la nación sin preocuparse por mejorar las condiciones de las mayorías, del proletariado de las ciudades y de los campos. El progreso de un pueblo consiste en caminar hacia adelante aun cuando los que caminen sean una minoría. El desarrollo es algo diferente, según mi parecer, porque consiste en el estrecho maridaje de la eficiencia económica con la justicia social. Ese maridaje no se consumó en el curso del alemanismo. Lo mismo sucedió durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Con Alemán se inicia en México la etapa neoporfirista (Silva Herzog, 1973: 8).

A partir de esta distinción, Silva Herzog da cuenta de la muerte de la Revolución en términos de la economía política, al señalar el retorno al estado anterior a la Revolución en cuanto al terreno económico. Y es así que, para Silva Herzog, a partir de entonces, “dos palabras sintetizan nuestra realidad: progreso y miseria, el progreso de los pocos y la miseria de los muchos” (Silva Herzog, 1973:10).

La ficción democrática o la democracia a la mexicana

En sus memorias, Silva Herzog retomará solo de vez en vez el tema de la democracia a la mexicana. La ironía es el medio de abordaje, pero a pesar de ello hay un punto que no aparece: el cuestionamiento a la legitimidad electoral de los gobiernos.

Así, cuando toca el tema de las sucesiones presidenciales, suelta frases como “[y]a sabemos que en nuestra democracia a la mexicana el presidente nombra a su sucesor y el pueblo lo elige […]” (Silva Herzog, 1973: 76), pero hay algunos otros lugares en que incorpora elementos de matiz que permiten ver la complejidad de la clasificación del tipo de gobierno mexicano: “El presidente de México tiene más poder que los presidentes de las naciones capitalistas, que los mandatarios de los países socialistas y los del Tercer Mundo, con excepción de aquellos gobernados por dictaduras castrenses o sátrapas africanos o asiáticos” (Silva Herzog, 1973: 90).

Dos aspectos destacan de esta clasificación: 1) distingue a México de las dictaduras militares y otros estilos de gobierno y 2) no habla de democracias, sino de naciones capitalistas y socialistas, la cual no es una distinción que carezca de importancia.

En el primer caso, hay varios motivos por los cuales hacer la distinción: el primero y más obvio es que en México los militares se habían retirado del gobierno y de la política en forma importante; el gobierno –aun cuando derivara de una aplanadora como el pri y de la poca credibilidad de los resultados electorales– era civil desde 1946, pero además hay otro aspecto de alta relevancia: aun cuando en su momento los gobiernos eran encabezados por militares, no era el ejército formal –por llamarle así– el que gobernaba, sino el surgido y formado en la Revolución; y, más importante, Silva Herzog señala que después de 1930 “los generales revolucionarios gobernaron en la inmensa mayoría de los casos con apego a la ley y sin caer en procedimientos dictatoriales” (Silva Herzog, 1973: 76).

¿Qué es lo que distingue a los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios mexicanos de las dictaduras? El respeto a la libertad. En 1951, en la clausura de un congreso internacional realizado en México en honor al aniversario de la fundación de la Universidad en México, Silva Herzog dice:

En México gozamos de ese bien inapreciable, gozamos de libertad de pensar, de creer, de actuar. En México, podemos decirlo con orgullo, con legítimo orgullo, no se castiga a los heterodoxos de ninguna doctrina, y nuestra Universidad, que tiempo ha conquistara el principio de la libertad de cátedra, es claro ejemplo de tolerancia en esta hora dolorosa de intolerancia, de crisis de valores y de negros presagios.

Desgraciadamente en no pocas naciones hay torvos dictadores que niegan los más elementales derechos humanos. Quieren encerrar en moldes rígidos la acción del científico, del artista, del hombre de pensamiento en general; quieren que todos piensen lo que piensan ellos (Silva Herzog, 1973: 22).

También diría en otra ocasión, respecto al caso de México en comparación con Iberoamérica: “Creo que en México gozamos de libertad […] si no le tenemos miedo a la libertad” (Silva Herzog, 1973: 98). Cierto es que en el respeto a las libertades el gobierno en México no era inmaculado, como lo deja entrever la declaración anterior, y el mismo Silva Herzog consigna varios casos de represión,13 pero el punto de evaluación de la situación mexicana era la comparación con el resto de los países, sobre todo en América Latina, y la conclusión de tal evaluación era que en el país eran respetadas en amplio grado las libertades.14

Por otra parte, en lo que respecta a la distinción entre naciones capitalistas y socialistas y la no utilización de la palabra democracias para la clasificación, en ese momento la clave de lectura para la situación mundial radicaba en la diferencia establecida por los sistemas y programas económicos, no por los modos de conformación política de los gobiernos.

Pero, además, la imagen que Silva Herzog reconstruye desde principios de la década de los 50 a los 70 del principal régimen democrático –el de Estados Unidos– no era la más positiva por sus actitudes de política exterior hacia América Latina principalmente, donde intervenían de forma activa a favor de sus intereses comerciales y en contra de los gobiernos que se les oponían.

Desde el punto de vista ideológico, decía Silva Herzog citando a Juan José Arévalo –en su discurso al dejar la presidencia de Guatemala en 1951–, Hitler había ganado la guerra pese a los discursos sobre la democracia que habían recorrido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. “Hitleritos con doctrina o sin ella, pero todos admitidos y estimulados en los claustros oficiales ‘democráticos’ y opinando con respetada autoridad en las solemnes discusiones sobre ‘los derechos del hombre’ ” (1973: 36-38).

La democracia contemporánea, fabricadora de guerras como el hitlerismo, tiene a la vez superiores consignas comerciales que parecen ser la real y exclusiva preocupación de los estadistas, mas no para una mejor distribución de los bienes entre las masas humildes, sino para la multiplicación de los millones que ahora pertenecen a unas cuantas familias metropolitanas (Silva Herzog, 1973: 38).

La aventura militar e imperial que, en función de intereses económicos, emprendía Estados Unidos en América Latina le restaba autoridad moral y en lo absoluto era un modelo, pues “el señor de la Casa Blanca les tiende la mano en gesto comprensivo y amistoso […] [a los] gorilas, es decir subhombres” (Silva Herzog, 1973: 35-36) que deponían por las armas a los gobiernos latinoamericanos.

Ante tales contextos, para Silva Herzog, México no estaba mal aun con su ficción democrática o su democracia a la mexicana, pues las naciones capitalistas y las socialistas tampoco estaban demostrando ser mejores en el aspecto moral.

Paz: México en el laberinto del ser contemporáneo

En 1950, también en Cuadernos Americanos, apareció la primera edición de El laberinto de la soledad, un libro de crítica social, política y psicológica, pero sobre todo de crítica moral, que sería reeditado –en versión corregida– en 1959.15 La obra es, de acuerdo con Paz, una descripción de ciertas actitudes de los mexicanos y un ensayo de interpretación histórica (2006b: 239-260). Es precisamente la parte de interpretación histórica y de crítica política la que aquí interesa.

Como se podrá observar, hay varios puntos de coincidencia con Cosío Villegas y Silva Herzog; sin embargo, hay un elemento que es crucial y que le permite ir más allá de las reflexiones de estos: la inserción de México en una historia más amplia, en una historia más allá de las fronteras temporales, geográficas e intelectuales de México.

La interpretación y crítica de la Revolución mexicana que hace Paz cobra sentido solo en tanto se inserta como parte de un proceso de mayor extensión temporal a sí misma y que va de la Conquista, la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910 a los días en que escribía El laberinto, prestando atención a la congruencia entre ideologías y estructuras económicas.

Paz ubica a la Revolución dentro de una serie de enmascaramientos al ritmo de rompimientos y reencuentros con el pasado en el proceso de creación del orden social: en la Independencia, que comienza como una rebelión del pueblo contra la aristocracia local, se rompió con la metrópoli española a favor de la Iglesia y los grandes propietarios porque fueron estos los que ganaron aliándose a los insurgentes cuando en España se perfilaban ganadores los liberales para conservar sus beneficios; así, con la Independencia no se creó una nueva sociedad sino que prevaleció el mismo orden social.

A su vez, la creación de constituciones más o menos liberales y democráticas en los países recién independizados de España solo sirvió para vestir con ropajes de modernidad al sistema colonial y permitir su supervivencia. La ideología liberal y democrática era una mentira política que ocultaba la realidad de América y que la sigue ocultando.

La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad. Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza al servicio de las oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días. De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma (Paz, 2006a: 127-128).

Con la Reforma, dice Paz, se rompe con la herencia española, el pasado indígena y la herencia católica, al promover la destrucción de las instituciones que sostenían a la sociedad mexicana: las asociaciones y la propiedad comunal indígena. En su lugar, se trata de fundar a México en una nueva sociedad basada en la libertad y la igualdad ante la ley; la reforma “rechaza la tradición y busca justificarse en el futuro” (2006a: 130). El problema es que los líderes de la Reforma no tomaron en cuenta la realidad de los habitantes y al fundar a México sobre la libertad e igualdad la estaban fundando sobre palabras y conceptos vacíos, entregando “a los hombres de carne a la voracidad de los más fuertes” (2006a: 132) y produciendo no una burguesía sino una nueva casta de latifundistas. Así, el entramado ideológico no se sostenía con la estructura económica correspondiente, con lo que la nueva sociedad estaba siendo fundada en la contradicción.

Durante el gobierno de Díaz, a pesar de que hay un discurso que incorpora la creencia en la ciencia, el progreso, la industria, el libre comercio, el sostén económico continúa siendo el latifundio. De tal manera que, para Paz, si la Independencia se enmascaró en la separación de España, y la sociedad de la Reforma se enmascaró en el liberalismo, la sociedad mexicana del porfiriato se enmascara en el positivismo, que se asume heredera del liberalismo –cuyos principios en México no eran sino “hermosas palabras inaplicables”– (2006a: 133-135).

A su vez, la Revolución, indica Paz, no fue otra cosa sino “la insurgencia de la realidad mexicana” (2006a: 143), esa realidad que enmascaraban las ideologías del liberalismo y el positivismo. A su origen y “autenticidad populares” es que se deben sus éxitos y sus fracasos.

Para Paz, al igual que para Silva Herzog y Cosío Villegas, la Revolución tiene antecedentes, causas, motivos, pero no un programa previo. Pero va más allá que estos al afirmar que la Revolución careció de precursores intelectuales. ¿Por qué niega Paz la existencia de precursores intelectuales y de programa? Porque desde su perspectiva ninguno de los que se reconocen precursores “era verdaderamente un intelectual […] un hombre que se hubiese planteado de un modo cabal la situación de México como un problema y ofreciese un nuevo proyecto histórico” (Paz, 2006a: 137).

Pero esta carencia de proyecto no es característica de este momento histórico. Paz la considera como una constante desde que México se declara independiente, aunque a esa ausencia de intelectualidad le contrapone la presencia de una gran sensibilidad hacia el pueblo por parte de sus líderes. Así, dice Paz sobre los líderes de la Independencia: “Nuestros caudillos, sacerdotes humildes y oscuros capitanes, no tienen una noción tan clara de su obra. En cambio, poseen un sentido más profundo de la realidad y escuchan mejor lo que, a media voz y en cifra, les dice el pueblo” (Paz, 2006a: 125-126).

Para Paz, si bien había un grupo importante de intelectuales –Caso y los integrantes del Ateneo– que habían desarmado la filosofía positivista del régimen de Díaz, estos no aportaron un proyecto de reforma nacional; de hecho, acusa Paz, estaban lejos de las aspiraciones populares y los retos del momento (Paz, 2006a: 140). Después de terminado el movimiento armado la situación no fue distinta. “La incapacidad de la intelligentsia mexicana para formular en un sistema coherente las confusas aspiraciones populares se hizo patente apenas la Revolución dejó de ser un hecho instintivo y se convirtió en régimen” (Paz, 2006a: 143).

Esta incapacidad para mirar al futuro fue la que permitió que la Revolución se consolidara como una vuelta al pasado, por una parte con el regreso a los orígenes –con el movimiento de Zapata y la reivindicación del calpulli–, pero sobre todo con el retorno a las ideas del liberalismo.

La adopción del esquema liberal, de la separación de poderes donde no existían, así como del federalismo, en la Constitución de 1917, fue una “puerta a la mentira y la inautenticidad” propiciada por la incapacidad para armar un nuevo proyecto nacional (Paz, 2006a: 144). La Revolución, sugiere Paz, podría no haber sido sino una máscara más que igual la pueden utilizar los banqueros y capitalistas del momento para, en un neoporfirismo, gobernar bajo la máscara de la Revolución.

Mientras tanto, continúa Paz su crítica, los intelectuales mexicanos no han sabido utilizar las armas a su alcance: la crítica, el examen, el juicio. En su lugar, han sacrificado su obra por servir a la acción política, por cumplir con una tarea colectiva, por mantener la obra iniciada por los primeros revolucionarios, pero con ello renunciaron a ser la “conciencia crítica de su pueblo” (2006a: 152). Así, los asuntos públicos no se discuten: se cuchichean.

De acuerdo con la línea de razonamiento de Paz, no es que la Revolución no tenga un fundamento de legitimidad, sino que en la historia del país no se ha logrado nunca articular de manera congruente tal fundamento; cada acto fundacional muere en su propio nacimiento por la ausencia de ideas y de hombres para engendrar un proyecto de nación acorde a la realidad de cada momento. Por eso, Paz dirá que la historia de México es la de una permanente búsqueda de la forma que exprese y trascienda la voluntad del pueblo sin que la traicione: “Toda la historia de México, desde la Conquista hasta la Revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas, y de una forma que nos exprese” (2006a: 157).

Por eso mismo es que el mexicano, al querer ser universal siempre a través de su mexicanidad, que no existe como tal porque nunca se le ha creado intelectualmente, se niega el acceso a la universalidad; por eso siempre encuentra coincidencias con los ideales universales en su espíritu, pero a su vez los niega por no responder del todo a esa máscara a través de la que se ve a sí mismo: “lo nuestro”.

Al igual que Cosío Villegas, Iturriaga y Silva Herzog, Paz declara entonces en crisis a México. Las causas, aunque en principio son coincidentes, incorporan en la interpretación de Paz una dimensión de profundidad histórica y psicosocial en su mirada.

Para Paz, la crisis de México aparece con la paradójica victoria de la Revolución, pues al no ser capaz esta de articular la explosión de la realidad en una visión del mundo y poner en entredicho nuestra tradición intelectual, mostró que

Todas las ideas y concepciones que nos habían justificado en el pasado estaban muertas o mutilaban nuestro ser. La historia universal, por otra parte, se nos ha echado encima y nos ha planteado directamente muchos problemas y cuestiones que antes nuestros padres vivían de reflejo. Pese a nuestras singularidades nacionales –superposición de tiempos económicos, ambigüedad de nuestra tradición, semicolonialismo, etc.–, la situación de México no es ya distinta a la de los otros países. Acaso por primera vez en la historia la crisis de nuestra cultura es la crisis misma de la especie (Paz, 2006a: 161).

¿Cómo es esto posible? ¿Cómo la crisis de México puede ser la misma que la crisis del mundo? Porque la empresa revolucionaria, a pesar de sus limitaciones, al verla como parte de un proceso que no termina, consistió en poner a México al día con el mundo, consistió en

consumar, a corto plazo y con un mínimo de sacrificios humanos, una obra que la burguesía europea había llevado a cabo en más de ciento cincuenta años. Para lograrlo, deberíamos primero asegurar nuestra independencia política y recuperar nuestros recursos naturales. Además, todo esto debería realizarse sin menoscabo de los derechos sociales, en particular los obreros, consagrados por la Constitución de 1917. En Europa y Estados Unidos estas conquistas fueron el resultado de más de un siglo de luchas proletarias y, en buena parte, representaban (y representan) una participación en las ganancias obtenidas por las metrópolis en el exterior. Entre nosotros no solo no había ganancias coloniales que repartir: ni siquiera eran nuestros el petróleo, los minerales, la energía eléctrica y las otras fuerzas con que deberíamos transformar al país. Así, pues, no se trataba de empezar desde el principio sino desde antes del principio (Paz, 2006a: 164-165).

Los propósitos de la Revolución, aun respondiendo a las entrañas de la sociedad, tenían cierto sentido cuando se les miraba así, como un proceso conducente a sacar al país del atraso, de la periferia; y para emprender tal labor el Estado tuvo que ser el agente transformador de la sociedad, pues solo él podía empezar desde antes del principio colocando los cimientos para todo.

La Revolución inició el desarrollo del país, que tenía dos siglos de atraso en comparación con Europa y Estados Unidos, por lo que tuvo que acelerar el crecimiento “natural” de las fuerzas productivas, y la única manera de hacerlo era a través de la intervención del Estado en la economía. Así, el Estado dio a luz al capitalismo nacional, que “es hijo, criatura del Estado revolucionario” (Paz, 2006a: 167).

En la perspectiva de Paz, la Revolución encuentra su muerte porque llenó la brecha en el desarrollo económico que separaba a México del resto del mundo, y lo mejor de todo es que se había hecho sin sacrificar la libertad. El punto de comparación eran, por supuesto, los países comunistas:

Uno de los rasgos más saludables de la Revolución mexicana –debido, sin duda, tanto a la ausencia de una ortodoxia política como al carácter abierto del partido– es la ausencia del terror organizado. Nuestra falta de ‘ideología’ nos ha preservado de caer en esa tortuosa cacería humana en que se ha convertido el ejercicio de la ‘virtud’ política en otras partes. Hemos tenido, sí, violencias populares, cierta extravagancia en la represión, capricho, arbitrariedad, brutalidad, ‘mano dura’ de algunos generales, ‘humor negro’, pero aun en sus peores momentos todo fue humano, es decir, sujeto a la pasión, a las circunstancias y aun al azar y a la fantasía. Nada más lejano de la aridez del espíritu de sistema y su moral silogística y policiaca (Paz, 2006a: 173-174).

Pero, a pesar de todo ello, de haber puesto a México al día en el orden mundial, los problemas seguían siendo los mismos: miseria, crecimiento económico insuficiente, dependencia del mercado de las materias primas, aunque con la salvedad para Paz de que estos factores, por las condiciones de inicio, rebasaban las posibilidades reales del Estado, pero también porque la misma falta de proyecto hacía que en su interior se desarrollara una lucha entre fuerzas opuestas.

La lucha entre estas fuerzas era producto de la falta de ideología de la Revolución y del carácter abierto del partido, pero asimismo a ello se debía la estabilidad del sistema político, pues se buscaba que no se llegara a la confrontación y que se mantuviera un equilibrio entre ellas, así nacionalismo e imperialismo, obrerismo y desarrollo industrial, economía dirigida y régimen de ‘libre empresa’, democracia y paternalismo estatal se hallaban en una especie de tensión controlada y el equilibrio entre estas fuerzas hacía que no hubiera rupturas que pusieran en peligro al Estado.

La legitimidad del sistema dependía de que fuera capaz de equilibrar intereses contrapuestos dentro de sí mismo, al mismo tiempo que llevaba a México a la contemporaneidad económica, política y social. Una contemporaneidad caracterizada por la ausencia de un modelo, de ahí que la crisis de México fuera para Paz la misma crisis que afrontaba el resto del mundo. La Revolución permitió a México alcanzar la contemporaneidad, pero al mismo tiempo

nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la historia, planteándonos la necesidad de inventar nuestros futuro y nuestras instituciones. La Revolución ha muerto sin resolver nuestras contradicciones […] Vivimos como el resto del planeta, una coyuntura decisiva y mortal, huérfanos de pasado y con un futuro por inventar. La historia universal es ya tarea común. Y nuestro laberinto, el de todos los hombres (Paz, 2006a: 162).

Cualquier solución que se pensara para México tendría que responder a características universales, al menos grupales, ya no había lugar para excepcionalidades.

Mientras tanto ¿qué hacer? No hay recetas ya. Pero hay un punto de partida válido: nuestros problemas son nuestros y constituyen nuestra responsabilidad; sin embargo, son también los de todos. La situación de los latinoamericanos es la de la mayoría de los pueblos de la periferia. Por primera vez, desde hace más de trescientos años, hemos dejado de ser materia inerte sobre la que se ejerce la voluntad de los poderosos. Éramos objetos, empezamos a ser agentes de los cambios históricos y nuestros actos y nuestras omisiones afectan la vida de las grandes potencias (Paz, 2006a: 175-176).

Paz vislumbraba un tiempo de búsqueda, de salidas del laberinto en que se encontraba perdido no solo México sino el mundo mismo:

Las grandes palabras que dieron nacimiento a nuestros pueblos tienen ahora un valor equívoco y ya nadie sabe exactamente qué quieren decir. Franco es demócrata y forma parte del ‘mundo libre’. La palabra comunismo designa a Stalin; socialismo quiere decir una reunión de señores defensores del orden colonial. Todo parece una gigantesca equivocación (Paz, 2006a: 175).

Si antes todo se había aprendido de Estados Unidos y de Europa, ya no había más que ver, México era su contemporáneo. Se había llegado al límite de la historia y ante ello, decía Paz, no quedaba sino aceptar la desnudez, la nada; de lo contrario, quedaría la mentira, la negación, la parálisis. La salida, la única salida a la página en blanco de la historia es pensar. Inventar palabras nuevas e ideas nuevas. “Pensar es el primer deber de la intelligentsia. Y en ciertos casos el único” (Paz, 2006a: 175).

Así, la crisis de México y la del mundo radicaban en la ausencia de todo fundamento: no hay justificación ni camino, acaso todo era ahora mero ensayo, y esa sería la obra del hombre contemporáneo, la búsqueda de la salida al laberinto de la soledad. “De pronto nos hemos encontrado desnudos, frente a una realidad también desnuda. Nada nos justifica ya y solo nosotros podemos dar respuesta a las preguntas que nos hace la realidad” (Paz, 2006a: 159).

Apuntes finales del periodo

A mediados de la década de los años 40, varias situaciones generaron las condiciones para que se comenzara a realizar el balance de la Revolución, entre ellas la transformación política del régimen de la Revolución, el orden político e intelectual mundial emergente de la Segunda Guerra Mundial, la reflexión sobre la situación regional de América Latina ante tal contexto, la aparición de espacios intelectuales para la reflexión como Cuadernos Americanos y el surgimiento de instituciones académicas como El Colegio de México.

Así, por una parte, los cambios fomentados por Cárdenas y Ávila Camacho en el partido de la Revolución, fundado por Calles para estabilizar a través de la negociación entre los líderes revolucionarios la sucesión presidencial, habían llevado a la disolución de los últimos liderazgos caudillistas. Con Cárdenas, el fundamento de la legitimidad se desplazó de haber participado en la Revolución hacia el cumplimiento de las metas de ella: el reparto de tierras y el reconocimiento de amplios sectores de la población a la vida social y política del país con su incorporación al prm.

Con Ávila Camacho, en su decisión sucesoria y la transformación del prm a pri, se daba por terminado el primer argumento en el que se fundamentaba la legitimidad en la asunción al poder presidencial: la participación en la lucha armada, y se dejaba en manos de los civiles la dirección política del país y en la “justicia social” el fundamento de la legitimidad.

Nuevos discursos habían surgido pero se seguía apelando a la Revolución como origen de la legitimidad política en tanto el objetivo principal de los gobiernos posrevolucionarios seguía siendo mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, los medios de hacerlo habían cambiado; si en principio el medio era el reparto de tierras, después lo fueron la industrialización, la modernidad, la educación y el desarrollo de un sistema capitalista.

Los tiempos y los medios habían cambiado, los propósitos incluso habían cambiado, pero discursivamente estos se justificaban por el propósito último de la Revolución: mejorar la calidad de vida de la población. Con ello, la Revolución se había vuelto permanente y justificaba la conservación del poder por los herederos de ella.

Estas transformaciones políticas llevaron a que se reflexionara sobre el estado de la Revolución, a preguntarse incluso si se había terminado la era de la Revolución. Entre quienes se tomaron la labor de responder a estas preguntas y someter a examen a la Revolución mexicana se encontraban Cosío Villegas, Iturriaga y Silva Herzog, entre otros.

Cosío Villegas no critica la legitimidad del poder sino los criterios a partir de los cuales se consideró legítimo el poder: critica no tanto a la Revolución sino a la poca claridad ideológica de ella, critica a los hombres de la Revolución pero subyace la crítica hacia la idealización del instinto y el origen de estos como argumentos para dejarles el poder, critica a los hombres en el ejercicio del poder; en última instancia, critica la falta de inteligencia creativa del movimiento y de los gobiernos de la Revolución, así como la falta de inteligencia crítica por parte de los intelectuales, critica la falta de moralidad de los gobernantes revolucionarios. En esto, afirmaba, se cimenta la crisis de México.

José Iturriaga establece la legitimidad de la Revolución para luego reconocer la legitimidad del régimen derivado de ella, en la búsqueda del progreso ante la inmovilidad social del régimen de Díaz. Luego, reconoce la legitimidad de ejercicio de sus gobiernos por impulsar el progreso y comprometerse con la libertad de expresión. Pero también reconoce que la misma se ha agotado.

Ahora bien, coincidencias con Silva Herzog tiene muchas. Pero interesa destacar el artículo de Silva Herzog de 1949 porque es un elemento interesante por el discurso del que forma parte y al que se opone, pues, por una parte, el discurso desde el gobierno revolucionario y de algunos de los intelectuales, académicos e ideólogos, defensores de este signaba el carácter permanente de la Revolución; y, por otra, porque parte del discurso conservador alegaba la muerte de ella desde principios de la década de los 40.

Tras la publicación de los artículos de Cosío Villegas, Iturriaga y Silva Herzog, algunos de los defensores del régimen escribieron textos en respuesta,16 en que los calificaban de conservadores y enemigos de la Revolución, lo que motivó a Leopoldo Zea a distinguir en un artículo entre la crítica conservadora y la autocrítica que realizan estos autores para defenderlos de aquellos, pero también para defenderlos de la utilización propagandística que hacían los conservadores de tales artículos.17 La de estos tres personajes intelectuales era una crítica desde dentro de la misma Revolución.

De cualquier forma, la tesis de la permanencia continuaría mucho tiempo más después. Entre quienes suscribían la idea de la revolución permanente en su primera época se encontraban Alberto Morales Jiménez18 y Antonio Díaz Soto y Gama;19 y más tarde –entre los años 50 y 60–, Manuel Germán Parra20 y Gilberto Loyo.21 Aunque cabe aclarar que la tesis se sostenía con matices diversos, los dos primeros la justificaban a partir de la dificultad de acabar con la miseria, y los demás señalaban una nueva etapa que implicaba alcanzar la independencia económica, el desarrollo industrial y del capitalismo en el país, pero manteniendo el mismo objetivo de justicia social atribuido a la Revolución.

Después viene Octavio Paz, quien radicalizará la misma línea de Cosío, Iturriaga y Silva Herzog, pues destacará la ausencia de proyecto, y con ello de fundamento filosófico –ideológico, si se prefiere– de la Revolución y del régimen emanado de ella. Pero no era este un problema exclusivo de la Revolución, sino que estaba presente desde mucho antes en la historia del país.

De cualquier manera, Paz reconoce una cierta legitimidad de origen que coincide con la de los tres personajes revisados: los hombres que lideraron el movimiento tenían una cierta sensibilidad que les permitía entender al pueblo. Y luego concede una cierta legitimidad de ejercicio al afirmar que los gobiernos de la Revolución –de manera intencional o no– habían llevado a México a la contemporaneidad sin sacrificar la libertad y los derechos sociales.

Así, de acuerdo con las reflexiones de las cuatro figuras intelectuales revisadas, la Revolución por oposición al gobierno de Díaz –asumido como un régimen de opresión y de ejercicio continuo del poder, definido como una dictadura– fue legítima, y la legitimidad de los gobiernos emanados de ella se centró en que quienes hicieron la Revolución comprendían el sentir del pueblo por ser parte de él. Esta era, pues, una legitimidad de origen.

A su vez, se reconoce una legitimidad de ejercicio de gobierno porque se habían cumplido algunas metas de la Revolución y se mejoraba la calidad de vida de la población. Pero esa legitimidad se había erosionado con el ejercicio del poder por los gobernantes revolucionarios hasta llegar a cuestionar la vigencia misma de la Revolución, en parte porque esta se había agotado, pues, aun con carencias y problemas, el país había alcanzado la contemporaneidad del mundo, ante lo cual no habían respuestas para los problemas que planteaba esta situación.

Por otra parte, se definía al régimen de gobierno como una democracia social por los objetivos de mejora de las condiciones de vida, con lo que se le dotaba de legitimidad al régimen y al mismo tiempo se reconocía que no había una democracia electoral real, pero los criterios para definirla como democracia dependían más de la comparación con el contexto internacional en dos factores que de la estricta observación competitiva del componente electoral: los gobiernos de la Revolución habían mantenido el respeto a la libertad de las personas y de los países, así como la lucha por alcanzar una cierta justicia social (igualdad), factores que habían sido puestos en entredicho en el mundo primero con los gobiernos nazifascistas durante la Segunda Guerra Mundial y luego por los ganadores de la misma, en particular por Estados Unidos y su política internacional calificada de imperialismo por su intervención en otros países, acusando como propósito la expansión de sus mercados; y, por otra parte, ante la falta de libertad en los países comunistas.

Hasta aquí, entonces, el gobierno del régimen posrevolucionario era percibido legítimo pero enfrentaba cuestionamientos internos y externos por sus éxitos y sus fracasos, pero también por los nuevos tiempos y las nuevas generaciones, y el ejemplo de ello era el conflicto con los estudiantes en 1968. Había que reinventarse porque no había fundamento y el mundo seguía su curso demandando posición y acción. La urgencia era grande.

Tal observación se puede encontrar lo mismo en documentos analíticos como en afirmaciones realizadas por investigadores o comentaristas políticos. Como ejemplos, véanse Molinar Horcasitas (1991: 248)y Bohórquez (1996); y un ejemplo de circulación mediática de que esta idea de la ilegitimidad del régimen priista circula como sentido común se refiere a los espacios de “análisis político” protagonizados por los periodistas mexicanos, como el programa Tercer Grado–transmitido en el canal 2 de Televisa los miércoles a las 23:30–, donde en la emisión del 21 de enero de 2009 se acusó que los gobiernos del prino eran legítimos porque no se sustentaban en el voto de los ciudadanos. Aunque, cosa curiosa, al referirse a la situación electoral de 2006, se sobreentendió que el voto de los ciudadanos no basta para legitimar. Desafortunadamente, no siguieron esta ir-reflexión, que se coló de manera subrepticia en la discusión.

También puede revisarse el informe completo en H. Cámara de Diputados (1966a: 327-352). Para la cita, véase la página 350 de ese informe.

Sería interesante conocer a qué se refería Ávila Camacho con la idea de fracaso de dimensiones incalculables, quizá al regreso de los conflictos por la sucesión presidencial o a la llegada por vía electoral de algún personaje (en referencia quizá a Almazán, su contendiente electoral en 1940, de quien se decía tenía tendencias fascistas –véase Krauze, 2006: 66–) que podía llevar hacia una dictadura de corte fascista. Después de todo, hubo en su momento fuertes simpatías en el país hacia ese régimen; al movimiento sinarquista se le asociaban también tendencias fascistas.

Cabe señalar que el párrafo citado continúa hasta el día de hoy en la Constitución. Véase Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf [consultado el 9 de febrero de 2012].

En 1945, durante la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, dirá: “Si es grande el peso de las espadas, mayor, sin duda, es el peso inmutable de la virtud. Y es la virtud de América lo que América ha colocado en primer lugar en su ofrenda al altar de la democracia: su honradez ingénita, su idealismo ardiente; toda su historia, su intensa historia que es como un himno grabado a fuego sobre el bronce inmortal de la libertad” (H. Cámara de Diputados, 1966b: 823-824).

Nótese el parecido con lo que en 1943, en una entrevista con Roosevelt, había señalado Ávila Camacho. Véase la página anterior.

Más adelante, Paz retomará esta línea argumentativa.

Cabe señalar el cambio que hace Cosío Villegas en la publicación posterior del artículo en Ensayos y notas i(1966), en donde elimina “vida civilizada” para sustituirlo por “vida moderna”.

Nótese una vez más la modificación que hace Cosío Villegas en la versión de Ensayos y notas i(1966), donde finaliza: “La duda no recae ya sobre personas, sino sobre eso que se llama esotéricamente ‘el régimen’”, con lo que le otorga más fuerza a su argumento.

Las cursivas son mías.

Silva Herzog establece como pensamiento revolucionario los siguientes principios estipulados en la Constitución:

1) Nacionalización de las riquezas del subsuelo

2) Obligación de distribuir las tierras a los campesinos

3) Garantizar al trabajador un salario mínimo, descanso semanario y participación en las utilidades de las empresas

4) Fijar la jornada máxima de trabajo diurno en ocho horas y del nocturno en seis

5) Prohibir que trabajaran los menores

6) Protección a la madre y al niño por medio de cuidados prenatales y posnatales

7) Reglamentación en materia de cultos religiosos

En el artículo repite la estructura de los otros dos textos anteriores, establece su tesis –la transitoriedad y muerte de la Revolución mexicana–, plantea los puntos ideológicos del movimiento, realiza luego un balance de lo realizado por los gobiernos revolucionarios para luego desarrollar el argumento que sostiene su tesis. Se tratarán aquí solo los puntos nuevos en el argumento del autor.

Véase, por ejemplo, en Silva Herzog, 1973: 88.

Un caso ejemplar de esta situación en la que era altamente relevante para la evaluación del régimen de gobierno mexicano es lo referido en un artículo de Benjamín Carrión –escritor, promotor cultural, diplomático y político ecuatoriano– publicado por Cuadernos Americanosen su número 100, de 1958, donde, al referir su historia en México, dice acerca de este país:

“En 1957, a finales de agosto, atraído irresistiblemente por México, que para las gentes libres de Latinoamérica, se había convertido en la mejor y más segura ‘isla democrática’ del continente”.

Y así como este se pueden encontrar más expresiones de semejante línea en tal publicación. Habría que valorar, además, el acogimiento que hizo México, en diversos momentos, de personas que salían de sus países por motivos políticos y se refugiaban aquí.

Aquí se utiliza la versión corregida reeditada en Paz, 2006a: 43-191.

Un buen compendio de la polémica se encuentra en Ross (1978).

Un extracto del artículo de Zea, “Crítica y autocrítica de la Revolución mexicana”, publicado en el diario El Nacional, el 6 de abril de 1947, puede encontrarse en Ross, 1978: 141-143.

Alberto Morales Jiménez publicó en 1942 un artículo en el periódico El Nacionalque se titulaba “La Revolución mexicana no es transitoria: es permanente”. Un extracto de este artículo puede encontrarse en Ross, 1978: 135-137.

Antonio Díaz Soto y Gama publicó en 1943 en el periódico El Universalun artículo llamado “Un ataque a fondo a la Revolución”, donde establecía el carácter permanente de la Revolución como respuesta al artículo de un periodista de tendencia conservadora que había publicado en el mismo diario un artículo titulado “Necesidad de renovación”, en el que calificaba a la Revolución como caduca. Un extracto del artículo de Soto y Gama puede encontrarse en Ross, 1978:139-140.

Un extracto de la entrevista en que manifiesta este personaje, en 1952, la tesis de la permanencia de la Revolución en nueva etapa, puede encontrarse en Ross, 1978: 155-157.

Gilberto Loyo publicó en 1959 un ensayo titulado “La Revolución mexicana no ha terminado su tarea”. Un extracto puede encontrarse en Ross, 1978: 179-183.

Capítulo 4 La máscara de la simulación

En este capítulo se continuará la revisión de la trayectoria conceptual de la legitimidad política en México. El periodo que se va a revisar irá de 1970 a 1982. Los textos sobre los que se basará el análisis, para el caso del discurso del gobierno, son los informes de gobierno anuales; y para el caso del discurso de los intelectuales, las publicaciones Plural y Vuelta, ambas fundadas y dirigidas por Octavio Paz.

Echeverría y López Portillo:el cambio dentro de la democracia

Si la década pasada apuntaba a que la Revolución convertida en permanente cedía ante el agotamiento del discurso revolucionario y daba paso a un nuevo discurso que mantenía solo como recuerdo a aquel, la candidatura de Luis Echeverría Álvarez dio cuenta de lo irrenunciable para el gobierno de la idea de la revolución permanente, pero esta vez daría un paso para ir superando a la Revolución al basar al quehacer del régimen en la Constitución de 1917.

La misión revolucionaria, decía Echeverría en su discurso de toma de protesta como “candidato de la Revolución mexicana” a la presidencia, era “continuar guiando la transformación social y económica del país” (1970: 11-12). Una transformación para la que, por supuesto, no se proponía un fin a la vista, que ni siquiera se planteaba posible porque siendo la voluntad popular “la única fundamentación del voto” y si, como decía Echeverría, “nuestras mayorías expresan su voluntad a través del Partido Revolucionario Institucional”, la transformación podría seguir hasta que el pueblo dejara de expresarse en su mayoría por la Revolución, lo cual no iba a suceder porque la democracia en México, además de ser “sinónimo de desarrollo político”, era paralela al “vigoroso” desarrollo social y económico (1970: 12), el desarrollo que llevaba adelante el gobierno en nombre de la Revolución. Y si desarrollo político, social y económico, en la fórmula de Echeverría, era el resultado de la Revolución, ¿por qué habría de cambiar la voluntad de las mayorías?

Sin embargo, se reconocía que para todos no era esta la interpretación de la realidad. En su discurso de toma de protesta como candidato, Echeverría daba índices de que no todo andaba bien y hacía un llamado a los jóvenes. Era necesario, después de lo acontecido en 1968, que se integraran a la vida política encauzando sus intereses y su pensamiento en la vía democrática. Así, incluso en nombre de seguir impulsando el desarrollo político, demandaba al pueblo una mayor participación cívica electoral, aun cuando fuera para expresar su oposición al gobierno: “Preferimos un voto en contra que una abstención” (Echeverría, 1970: 15).

Como parte del reconocimiento de esta realidad inconforme con los gobiernos posrevolucionarios comenzaría una reforma electoral tendente a la inclusión de nuevos grupos y para ampliar la representación política de los diversos partidos en el Congreso. A su vez, también invitaba a los jóvenes a hacer un cambio generacional en el mismo pri, los invitaba a integrarse a las filas del partido para “fortalecerlo, renovarlo, depurarlo si es preciso” (1970: 15).

Es de sobra conocida la expresión de Echeverría de “arriba y adelante”, y es también usualmente referida como simple retórica demagógica, pero quizá no sea del todo así en la medida en que se acepta una premisa: la Revolución está inconclusa y es preciso continuarla.

Así, esta frase cobra sentido: hay que llevar a la Revolución arriba y adelante. “Adelante”, porque debe continuarse, en muestra de un cierto discurso basado en el progreso y en el futuro. El “arriba”, a su vez, se refiere al planteamiento de una superación de los debates ideológicos internos y externos a México, superar a la izquierda y la derecha, al socialismo y al capitalismo, al imperialismo y al autoritarismo, con el cometido original revolucionario, avanzar con una fórmula propia.

La guía para la fórmula propia era la Constitución de 1917, tomada como concreción de la ideología revolucionaria, y sin la cual, afirmaba Echeverría, la Revolución sería solo un suceso “dramático, un heroico hecho de sangre” (1970: 46). “La fidelidad a nuestro movimiento revolucionario consiste, hoy como ayer, en conquistar la justicia social por el camino de la democracia. Nuestra ideología es el constitucionalismo nacional y popular” (Echeverría, 1972: 75).

De esta manera, la fundamentación del régimen de la Revolución en el gobierno se basaba ya no directamente en la Revolución sino en la Constitución, en la legalidad derivada de la Revolución que, de acuerdo con Echeverría, por su naturaleza y excepcionalidad ante los discursos –de derecha e izquierda– y sucesos de la época –guerra fría, dictaduras, injerencia estadounidense en varios países– implicaba ir en una tercera opción:

La Revolución mexicana, la Constitución de 1917 no apuntan a la derecha, a la izquierda o al centro, sino arriba y adelante.

Arriba, porque la línea del destino de México es de superación y se proyecta por encima de las facciones y de los intereses parciales, de los extremismos y de las intolerancias, y se aparta lo mismo de la anarquía social que de la tiranía del Estado. Pero tampoco se queda en ningún centro estático o incoloro: su marcha es hacia delante, hacia el progreso en la libertad, hacia la transformación de la sociedad y el mejoramiento integral de los mexicanos. Nuestra Revolución está inconclusa, y el admitirlo acelera su marcha […] Por eso vamos con el pueblo y con sus instituciones, arriba y adelante (Echeverría, 1970: 16-17).

La Revolución entraba en una nueva etapa y había que remodelar su perfil, que renovarse. Había que incluir a nuevos sectores de la población y encauzar la vida política para evitar nuevas confrontaciones, llevar la vida del país adelante por arriba de las “facciones” para mantener la estabilidad y el crecimiento económico.

Los principios esenciales para ir por “arriba y adelante” eran libertad y derechos civiles para los individuos, garantías sociales para los grandes núcleos populares, sistema político democrático, independencia y soberanías plenas de la nación; desarrollo acelerado a base de una economía mixta y justicia en la distribución del ingreso nacional.

Así, con la Revolución como guía, se había pasado en algunos decenios de la miseria a la pobreza con esperanza de redención y se aproximaba el paso a la prosperidad, pero era un momento, señalaba Echeverría, no solo de optimismo sino también de peligro, el peligro de exacerbar el contraste social y el desequilibrio económico, las desigualdades. Para evitarlo, había que emprender una renovación nacional con esfuerzo y solidaridad.1

Hacia el fin de su mandato, en el quinto informe de gobierno, Echeverría diría que el suyo era un gobierno de transición hacia una nueva sociedad y hacia una democracia social que se apoyaba en la reforma de las instituciones y en la transformación de la conducta, en una nueva moral revolucionaria porque la antigua sociedad, las instituciones del régimen de la Revolución, los conceptos sobre el país y el mundo se habían vuelto “francamente anacrónicos”, sobre todo para los jóvenes (1975: 82-83). Transformarse para incluirlos, basarse ya no en el lenguaje revolucionario sino en la Constitución era el camino para mantenerse arriba en el poder y continuar la marcha adelante.

En 1976 asume la presidencia José López Portillo. En su discurso de toma de posesión perfila lo que será la continuación de la transformación política del régimen posrevolucionario iniciada por Echeverría: “El pueblo […] nos exige que no haya disimulos ni demagogias. Nos pide congruencia entre el deber y el hacer revolucionario; entre palabra y acción. Afrontar, sencillamente y con madurez nuestra verdad” (López Portillo, 1976: 14).

Las incongruencias radicaban en las contradicciones internas y deformaciones del sistema político y el esquema de desarrollo económico. Si Echeverría ya había realizado un desplazamiento de la Revolución a la Constitución como guía del gobierno, López Portillo lo reafirmará para hacer de la Constitución el fundamento legal de los gobiernos y de la Revolución el punto de partida, de unión e identidad, de todos los mexicanos: “Hay algo que une a los mexicanos […] esa unión es la Revolución hecha gobierno por su Constitución” (1976: 15).

Pero a la vez, en este desplazamiento volvía a fundir en una línea de continuidad y contigüidad a la Revolución, el gobierno y la Constitución. Así, en tanto los gobiernos de la posrevolución acataban la Constitución que encarnaba a la Revolución seguían manteniendo el espíritu de la fundación del México moderno y le eran fieles por tanto al pueblo: la Revolución continuaba y ellos eran sus auténticos ejecutores.

A pesar de ello, este paso no dejaba de ser significativo, pues anteponía la Constitución a la Revolución como fundamento de autoridad, aun cuando aquella hubiera surgido de esta y la Revolución quedara en un papel histórico y de valor político que impregnaba a Constitución pero que no obligaba a los gobiernos posrevolucionarios a la permanencia absoluta en el poder.

Y es en este sentido que, en su primer informe de gobierno, López Portillo planteaba la reforma política ante lo que reconocía como el reclamo de oportunidades políticas por parte de la ciudadanía para cumplir sus aspiraciones democráticas, pues la oposición no debía asociarse al delito (López Portillo, 1977: 35). Aceptar tal reclamo y señalar que el ser herederos de la Revolución no implicaba su permanencia en el poder le obligaba a asumir las contradicciones del sistema político mexicano. Por ello, para evolucionar, la primera contradicción política que debía resolverse era democratizar la democracia. O, en palabras de López Portillo, “inducir y conducir el cambio dentro de la democracia” (1977: 35).

¿Cómo era esto posible? Se recordará que en el capítulo anterior, al analizar el discurso desde el gobierno, se hacía el señalamiento de que cuando se hacía referencia a la democracia era acompañada del calificativo social y que el elemento electoral quedaba en un segundo plano. Ahora, inducir el cambio dentro de la democracia implicaba una reivindicación del componente electoral.

Y no es que antes no estuviera presente; lo estaba, pero el único papel que jugaba era el de comprobar la popularidad de la Revolución en contra de cualquier otra propuesta y no el de seleccionar a los gobernantes. El cambio radicaba entonces en otorgar a la Revolución el papel de unificadora de los mexicanos y dejarla como guía moral de acción o tradición que debía respetarse, asumir la Constitución como la estructura normativa de la que se derivaba toda legitimidad o autorización de mando y distinguir con ella al Estado del régimen de la Revolución, abrir a la competencia la dirección ejecutiva del gobierno entre el proyecto basado en, y por tanto continuador de, la Revolución y otros proyectos alternos (oposición). Dirá López Portillo:

Hemos afirmado, repetidamente, que para legitimar la lucha de los contrarios es preciso instituirla. Con este propósito, queremos desplegar el juego de posibilidades y de opciones al pueblo de México, para que dentro de la estructura democrática que estamos empeñados en mantener pueda ejercer libremente su albedrío.

Ahí está la diferencia entre una democracia social que se encuadra en la vigencia política del derecho y cualquier sistema dictatorial que admite su cancelación (1977: 36).

La democracia social, a la mexicana, se mostraba ya como una contradicción que no permitía alcanzar las “legítimas aspiraciones democráticas” del pueblo. Había que abrir el juego, pues, como diría en su segundo informe de gobierno –en 1978–: “En 1968 […] nuestras realidades fueron exhibidas por las nuevas generaciones, inconformes ante los frutos de nuestro movimiento social” (López Portillo, 1980a: 6-7).

Y ante esa circunstancia, el régimen se encontraba entre el perfeccionamiento de la democracia o el autoritarismo. O, como dirá en su quinto informe, los sistemas políticos declinan cuando se vuelven incapaces de resolver sus contradicciones internas (1980b: 108). Correspondía entonces, si se quería mantener la estabilidad política, aceptar y reconocer las diferencias entre palabras y hechos de la Revolución, tendiendo a hacer efectivo el sufragio por la vía de abrir la oferta política a los ciudadanos.

Si en su momento, con la creación del pnr, se pudo contener de forma institucional la lucha por el poder hacia dentro del grupo revolucionario, ahora se debía contener la lucha por el poder hacia fuera del grupo e incluir a todos los interesados, o correr el riesgo de generar mayores problemas. La reforma política era la solución, abrir el juego por el poder a través de las instituciones del Estado y con una legislación adecuada.

A nadie le es dado negar la obligación y la conveniencia de mantener una convivencia pacífica, en la cual el derecho fije los términos de la relación y señale los métodos por medio de los cuales los grupos puedan luchar por hacer prevalecer en el conjunto su propia tesis sobre la sociedad (López Portillo, 1977: 36-37).

La reforma política, entonces, se veía como la manera de alcanzar un nuevo consenso para mantener la estabilidad y las libertades. “Apartarnos del derecho es perder fuerza y legitimidad”, dirá López Portillo (1980a: 99). Es la constitución el marco que permite hacer tales modificaciones.

La constitución, espíritu y continente de nuestra revolución, compendia las elecciones más valiosas del pueblo mexicano en lo político, en lo económico y en lo social, es al mismo tiempo, vertiente de la experiencia histórica y cauce de la voluntad común de transformación. Y por eso, como norma suprema, es el marco obligado del cambio congruente que apoye y se apoye en las causas populares (López Portillo, 1980c: 10).

¿Y la Revolución? La Revolución comienza a desaparecer del discurso, pero no sin dejar de justificar, vinculándose y hasta diluyéndose en el nuevo eje temático: la reforma política.

La reforma política puede marcar un nuevo sentido a nuestra Revolución; respetando sus esencias y sus principios originales, hemos ido más allá cuando distintas circunstancias, diversos factores lo han exigido. El nuevo curso abrirá senderos más amplios. En la medida en que sean más democráticos, serán más revolucionarios. Democracia es el arribo del pueblo al poder y no la desaparición del poder político, es la voluntad popular rigiendo las instituciones en que se instala la sociedad (López Portillo, 1977: 42).

Al final, no deja de ser significativa una frase, en el contexto de las posturas de los presidentes del periodo anterior (1946-1970), que comenzaban o cerraban sus discursos haciendo referencia a su pertenencia a la Revolución: “Hace poco más de cuatro décadas, México dejó de ser un país de caudillos para convertirse en una nación de instituciones. Una de ellas es la presidencia de la república. Es el pueblo y solo el pueblo el que otorga el mandato supremo” (1977: 115).

Así, con López Portillo, en el proyecto “nacional, democrático, representativo y revolucionario” que encabezaba, la democracia integraba un nuevo sentido: el de las libertades y la igualdad política, el del principio cuantitativo de la mayoría, pero sin sacrificar el tradicional de la justicia social.

Democrático, porque estimándonos políticamente iguales y con idéntica posibilidad para detentar la razón estamos de acuerdo en resolver nuestras diferencias por el precepto cuantitativo de las mayorías, a condición de que los imperativos cualitativos generales se reconozcan obligatorios para todos; y por ello y para ello, no aceptar otro dogma que el de la libertad, sustento y fin de la unión constitucional que nos hemos dado los mexicanos.

Democrático, también, porque queremos vivir mejorando económica, social y culturalmente, y por ende asegurar, mediante el orden y la legalidad, la justicia (1980c: 8).

La personalidad del régimen de la posrevolución, dirá López Portillo, no admitía dictaduras ni fascismos, y por ello es que estaban dispuestos a “poner a prueba la Revolución Mexicana” (1980c: 11). Pero al ponerla a prueba se aceptaba la separación entre Estado, Revolución y partido, que habían constituido una amalgama a partir de la cual había persistido en el poder el régimen posrevolucionario hasta ese momento.

En todo caso, pese a las reformas electorales que incrementaron la competencia y dieron lugar a la aparición de fuerzas políticas distintas en la integración del Congreso, quedaría pendiente la especificación de las formas para constituir esas mayorías en la elección presidencial, lo que frenaría esta “puesta a prueba”, pero la puerta se comenzaba a abrir.

Las voces en Plural

En 1971 aparece la revista Plural, como parte del periódico Excélsior, dirigido por Julio Scherer. Fundada y dirigida por Octavio Paz, quien pretendió hacer de esta una revista de cultura;2 sin embargo, el análisis y la crítica del sistema político mexicano estuvieron siempre presentes a través de Daniel Cosío Villegas, Rafael Segovia, Gabriel Zaid y Gastón García Cantú, entre otros.

Plural, señalaba la carta de formación del consejo de redacción, conformado en marzo de 1975 tras la aparición de 42 números, era la publicación de un grupo de escritores independientes, acaso un grupo de “solitarios/solidarios” (Paz y Sakai, 1975: 82) a los que se les puede llamar intelectuales porque, si bien declaraban su afición a la literatura como objetivo principal de la revista, no dejarían de ocuparse también de la crítica política, aunque desde puntos de vista divergentes.

Gran parte de los textos aparecidos en Plural en torno a la situación política mexicana, porque también se ocuparon de otros países de América Latina y Europa, se referían a críticas coyunturales de disposiciones de gobierno y a las políticas económicas. Sin embargo, aparecieron otros textos en los que se generaban análisis, en algunos casos con rasgos incluso académicos, sobre el sistema político, sus formas y prácticas; son estos los textos que resultan de interés para esta investigación y de los que se da cuenta a continuación en tres etapas para el periodo 1970-1982: los primeros esfuerzos críticos al régimen con la detección de su crisis y un rompimiento en la caracterización que se había hecho en la fase anterior (1940-1970), la consolidación de la crítica, y el análisis del funcionamiento del régimen político mexicano y las primeras formulaciones explícitas sobre la legitimidad política del mismo.

Primeros esfuerzos por entender el régimen político y el diagnóstico de su crisis

En esta primera etapa de la crítica al régimen se encontrarán intentos por entender al régimen político mexicano, su origen y su desarrollo, caracterizándolo y evaluando sus aspectos positivos y negativos. Lo más relevante es que en este periodo se rompe con la idea de democracia social que se sostenía en el periodo de análisis anterior y se detecta un momento de crisis política, de quiebra del sistema político, de agotamiento y asfixia con nuevas respuestas a la posible salida de este, con lo que se rompe con la posibilidad intelectual del regreso a los valores de la Revolución.

La primera muestra de este rompimiento respecto a los esquemas de pensamiento del periodo anterior aparece en Plural, en un artículo de Daniel Cosío Villegas titulado “La región más transparente de la política mexicana”, en alusión a la novela de Carlos Fuentes publicada en los años 50, La región más transparente, y con cierta ironía. Este artículo es muy relevante para el análisis en tanto se destaca por 1) desentrañar los esquemas de funcionamiento del presidencialismo mexicano, en particular el origen de lo que en ese momento se concebía como “amplias” facultades del presidente de la república, 2) romper con la idea de democracia social al proponer una caracterización distinta y 3) proponer una explicación sobre el rol de las elecciones en tal caracterización (Cosío, 1971: 8-10).

Cosío Villegas inaugura, al menos para esta revista, el proceso de escudriñamiento de las formas de funcionamiento del sistema político mexicano al preguntarse de dónde derivaban las facultades del presidente, las cuales consideraba excesivas para una democracia. Con esta consideración, la del exceso de poder, Cosío Villegas comienza a poner en entredicho la caracterización “democrática” del régimen mexicano.

El análisis de Villegas respecto a las amplias facultades encuentra que su origen, si bien se hallaba en la relación que se establecía entre el presidente y su partido, se basaba en la forma como se configuró la Constitución de 1917 y en una serie de circunstancias políticas, eco-nómicas y sociales que iban desde la disposición centralista administrativa y la posición geográfica del Distrito Federal hasta una creencia con efectos psicológicos sobre el poder voluntarista del presidente.

Un punto interesante en esta crítica que hacía Cosío Villegas, para los intereses de esta investigación, es que la fase de análisis comienza estableciendo un factor de movilización corporativa, un factor constitucional y un factor de construcción sociopsicológica como fundamentos del poder presidencial, factores que le permitían exceder los límites de ejercicio de poder que en una democracia tendría un presidente, lo cual ponía en duda el carácter democrático del régimen político derivado de la Revolución.

Ahora bien, en tanto que el régimen tiene estos tres elementos de construcción y ha surgido la duda sobre el perfil del mismo, Cosío Villegas intentaba caracterizar al régimen político mexicano; y es aquí donde se encuentra el segundo punto de interés, pues el autor rompe con la ya dubitativa calificación del régimen de la revolución como “democracia social”, vigente en el periodo de estudio anterior, y califica al régimen de gobierno como una “monarquía sexenal absoluta”, puesto que para ser presidente era preciso pertenecer a la familia revolucionaria, así, afirmaba Cosío Villegas con toques de humor satírico –se propone a sí mismo como “comentarista chocarrero”–, la de México “se trata de una monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea transversal” (Cosío, 1971: 10).

Entonces, si la forma de gobierno era una monarquía hereditaria, ¿cuál era el sentido de realizar elecciones? Lo que se puede desprender del análisis de Cosío Villegas es que estas servían para delimitar el periodo de gobierno y establecer un relevo para no generar disputas por el poder y conjurar el conflicto armado dando oportunidad a otros de ejercer el poder presidencial. De ahí la transversalidad de la “monarquía”.

Pero además hay otros dos aspectos que considerar: si la monarquía era absoluta y con límite de tiempo era imposible saber a priori quién sería el heredero y, por tanto, si todos tenían posibilidades de llegar al poder, el elegido necesitaba imbuirse del aura de autoridad antes de asumirlo para ejercerlo, por lo que se le debía permitir articular las redes que le permitieran ejercer el poder, pues, si bien el poder se encontraba concentrado en el presidente, eran elementos periféricos los que le otorgaban el poder para su concentración, lo que establecía una relación de negociación que funcionaba siempre de manera personal.3 El momento para que el heredero pudiera generar su propia red era la campaña electoral.

Así, la campaña electoral que se realizaba para la elección del presidente, indica Villegas, no tenía el fin de que los mexicanos pudieran elegir en efecto, sino fortalecer al “destapado”, pues le daba la oportunidad de darse a conocer físicamente y de establecer contacto con los grupos políticos locales por medio de quienes haría cumplir sus mandatos ya como presidente.

Posteriormente, Octavio Paz también hace su interpretación del sistema político mexicano, e intenta comprender el proceso de institucionalización del régimen de la Revolución y el paso de las armas al poder y la búsqueda de las formas para mantenerlo (1972: 3-5).

Paz menciona que el régimen revolucionario tuvo que enfrentarse en sus inicios a dos problemas: el subdesarrollo, que constituía su punto de partida, y el mantenimiento del orden producido por la Revolución. La manera en que pudo resolverlos, da a entender Paz, fue a través de la supresión de la disidencia y de las pugnas dentro del mismo grupo triunfador. Pero tal solución era un problema en sí mismo porque no había manera de procesar, canalizar ni contener los intereses y ambiciones particulares, de manera que se idearon dos remedios: 1) prohibir la reelección presidencial, con lo que se evitó que alguien se mantuviera de manera indefinida en el poder, y con ello “la dictadura de un césar a la latinoamericana”, y 2) fundar el Partido Nacional Revolucionario para asegurar la continuidad del dominio revolucionario.

Tal solución, dirá Paz, tuvo resultados ambivalentes: México se salvó de la dictadura pero cayó en las manos de la burocracia, y el resultado de este proceso fue el “deterioro gradual pero inexorable de nuestra incipiente democracia” (Paz, 1972: 5).

Se entiende aquí que Paz no niega la existencia de la democracia en México, incluso subraya la diferencia respecto a las dictaduras latinoamericanas, lo cual no es un detalle menor porque hace de estas un parámetro para clasificar a la mexicana como democracia, si bien agregándole el “incipiente”, pero democracia al fin, lo cual contrasta con la caracterización de Cosío Villegas, pero atisba los problemas para definir con claridad al régimen mexicano y los criterios contingentes pero situados históricamente para ello.

El otro punto resaltable es que ese momento se vislumbraba como problemático por el “deterioro” de la democracia mexicana, lo cual le distingue de esta nueva etapa, pues, aunque en el periodo de análisis anterior ya se denunciaba la corrupción política y moral, aún se confiaba en la reivindicación de los valores de la Revolución. Ahora, Paz se pregunta por las posibles modificaciones del régimen político, y al hacerlo piensa no en rescatar la Revolución sino en la viabilidad de un nuevo movimiento popular democrático, es decir, de un movimiento desde abajo, hacia el que pareciera tener cierta predilección.

El problema se acusa igual que antes, pero la solución es distinta en tanto no se vuelve a la Revolución, se buscan nuevos procesos de organización política y social hacia el futuro, lo que daba lugar a un segundo rompimiento con los esquemas de pensamiento del periodo anterior.

¿Es viable un movimiento popular democrático en México?, se pregunta Paz. En su respuesta ensaya todas las posibilidades de cambio que vislumbra por las posiciones políticas que alcanza a ver en el campo político discursivo. Así, inicia descartando la perspectiva que llama doctrinaria y que pugna por la violencia como medio de cambio, violencia que “solamente sería estúpida si, además, no fuese suicida” (Paz, 1972: 5). La ortodoxia, por otra parte, insiste en el marxismo, lo que la vuelve anacrónica y, además, hace una lectura equivocada de la relación entre el pri, la burguesía y el imperialismo estadounidense.

Las posibilidades del cambio político, entonces, para Paz, se encontraban en la existencia de una pluralidad de fuerzas y tendencias sociales, pluralidad que se encontraba incluso hacia dentro del mismo pri pero, para que surgiera un movimiento político independiente capaz de transformar al régimen, se debía tener un ambiente propicio para la pluralidad y la democracia, el cual no existía en el partido. Así, la pugna era por la democratización desde la sociedad.

Paz era muy claro en su perspectiva: violencia o democracia, y apostaba como posibilidad viable por la democracia, pero no a través de una reforma política y social “desde arriba” –como se había formulado antes–, sino por un movimiento democratizador desde “abajo” porque, además de lo anterior, las reformas desde arriba eran vistas como la opción del mantenimiento del status quo y esta no era ya una posibilidad viable.

Pero, ¿por qué desde abajo? Porque el pri y el gobierno, decía Paz, solo tendrían como posibilidad mantener la pluralidad, permitir y fomentar la democratización, pues de lo contrario se repetirían los sucesos de 1968 y 1971, y en tal caso “sería el principio del fin del pri y del actual Estado” (1972: 5) porque se abriría la puerta al ejército y a grupos paramilitares financiados por la derecha y la burguesía, pero también porque, aun si se mantenía la apertura de la derecha, esta recurriría a presiones y a la violencia, ante lo cual se requería una alianza popular para evitar la caída en la reacción.4 Para Paz, México enfrentaba ya un dilema de carácter político: reforma democrática y social apoyada en una gran alianza popular o violencia reaccionaria.

¿Por qué se pensaba en movimientos democratizadores? Porque el gobierno había perdido la credibilidad, así, la reforma política que se llevaba a cabo desde el gobierno no era creíble, solo simulaciones cabía esperar de él, sobre todo en un momento en que “la temperatura del país” se encontraba elevada y la “aspirina” a la que había recurrido el gobierno era el poder de compra:

El verdadero poder ejecutivo en México es el poder de compra. En sentido estricto: compras, contratos y concesiones del sector público. En sentido estricto: compra de rebeldes, disidentes, desafectos. Y en sentido intermedio: poder de empleo […]

[En otros casos] la “compra”, que consiste en hacer caso, en hacer que se hace caso, o al menos en hacer mujú: emitir los sonidos indescifrables de quien, al parecer, escucha muy atentamente, y quién sabe, quizá va a hacer un poquito de caso (Zaid, 1972b: 11).

En todo caso, la metáfora de la fiebre y la aspirina elegida por Zaid implicaba que, si bien las aspirinas atacan el síntoma, no curan el problema de salud; un problema que se expresaba de diferentes modos: el descontento con el régimen de gobierno por el deterioro de la democracia, así como la quiebra moral y política del partido gobernante, para Paz; la perduración de una monarquía sexenal hereditaria y atisbos de un poder que se mantiene por negociaciones personales, para Villegas; por la “compra” de voluntades, para Zaid. Un régimen que había perdido legitimidad, aun cuando este término siguiera sin aparecer.

Pero esto último, la compra de voluntades, ya anunciaba lo que comenzaría a aparecer muy pronto en los análisis intelectuales: la corrupción y el juego de conveniencias como pieza clave, lubricante y sostén del sistema en sus relaciones con la sociedad.

Mientras tanto, Carlos Fuentes también realizaría su propio análisis, en el cual coincidía con los demás en que el país se encontraba en un momento crucial. Haciendo un paralelo a una idea de Hirschman sobre los países en desarrollo, Fuentes menciona que el carro de la acumulación tiene preferencia de paso sobre las carretas de la justicia social y de la libertad política, y dirá:

México se encuentra hoy en ese túnel. O se amplía el paso para dar cabida a la doble circulación del verdadero desarrollo integral, el desarrollo económico con auténtica justicia social y libertad política, o nos estrangularemos […] en un círculo hermético, oscuro, sin salida, devorados por serpientes sin plumaje (Fuentes, 1972: 4).

Para Fuentes, ya no había lugar para sacrificar la libertad política en nombre del desarrollo, como se había hecho en las décadas anteriores, y al manifestarlo estaba cerrando el camino, al menos de manera inicial, para la utilización de los términos “democracia social” y “democracia económica” con que se había definido en los años anteriores el régimen de gobierno, de ahí que recalque la integralidad del “verdadero desarrollo”.

El momento en que tal posibilidad de juego para el régimen se había terminado, definía Fuentes, había sido 1968, cuando “las nuevas fuerzas sociales […] entraron al túnel en sentido opuesto al de los veloces automóviles del desarrollismo, del privilegio y la injusticia” (Fuentes, 1972: 4).

El problema radicaba en el modelo de progreso que se había elegido, un modelo que se había agotado y por el cual se había sacrificado la libertad política. Pero este era un problema que se derivaba de la crisis que enfrentaban los dos grandes modelos políticos y económicos que dominaban en el mundo (capitalismo y socialismo).

La solución que vislumbraba este autor era crear un camino propio, “mal haría un país como el nuestro en adoptar uno u otro rehusando el desafío de crear un modelo propio” (Fuentes, 1972: 5). Después de todo, dirá en una línea muy cercana al argumento de Paz en El laberinto de la soledad, “estamos solos y solos nos tendremos que defender” (Fuentes, 1972: 6).

Pero, a pesar de esta referencia, intencional o accidental a Paz, ahí estaba el punto de polémica intelectual que se suscitó con este artículo –invitado Fuentes por Paz a aclarar en Plural una declaración anterior que un diario había reproducido en su portada–,5 pues en esta idea, la de crear un modelo propio, se acercaba a Echeverría y le bridaba su apoyo en la búsqueda de un “camino auténtico que no se subordina a uno u otro modelo” (Fuentes, 1972: 6-7).

Esta búsqueda de un camino propio para ser viable, afirmaba Fuentes, requería de “actos internos de reforma” que consolidaran al Estado como gestor democrático del desarrollo nacional; actos que implicaban el fortalecimiento, la honestidad y la eficacia del sector público, además de la redistribución de la riqueza. Pero además, añadía, “estos actos de reforma desde arriba son inseparables de actos de reforma desde abajo, de iniciativas democráticas populares” (Fuentes, 1972: 7) esto es, del “ejercicio de las libertades civiles como derecho inherente, y no concedido, de los ciudadanos, y libertad para la acción política y la organización democrática de campesinos y obreros” (1972: 7).

Así, la perspectiva de Fuentes sobre la situación del país y el cambio político no se oponía a las perspectivas de Paz y Zaid. Al contrario, coincidía en que el agotamiento del modelo económico y el régimen era indiscutible, pero le daba un rol importante al Estado, en el cual aquellos no consentían porque decir Estado era decir régimen priista.

En todo caso, aun si Fuentes fuera simpatizante del régimen priista, estaba haciendo un llamado coincidente con el de Paz y Zaid hacia la transformación del mismo, y exponía el daño que los “explotadores” de toda clase –léanse los fomentadores de la corrupción del sistema: líderes sindicales charros, caciques, prestanombres, funcionarios coludidos con la derecha, la burguesía asociada al capital estadounidense– le hacían al país. Aunque la solución que proponía no era la misma.

Después de tres décadas de “desarrollismo cuantitativo” ajeno a los criterios de independencia nacional y justicia social, acusa Fuentes, este era el momento para que “la nueva y vieja democracia mexicana” recobrara los cabos sueltos y promesas suspendidas de la Revolución de 1910. Fuentes se refiere a una democracia nueva –la del porvenir– y a una democracia vieja con las que se aludía a la afirmación reivindicatoria de las promesas de la Revolución en la idea de democracia política y justicia social, al mismo tiempo que negaba el pasado inmediato y el presente. O, mejor dicho, declaraba su ausencia, su falta de respeto a la tradición revolucionaria.

Otro elemento que se debe considerar del texto de Fuentes es la identificación de un clima de desconfianza y de duda generalizada en la población, al que se le debe agregar el factor generacional, los jóvenes, entre quienes tal desconfianza era mayor hacia la política mexicana.

Con sus matices, de los análisis de los cuatro intelectuales revisados (Cosío, Paz, Zaid y Fuentes) se puede concluir que es claro el planteamiento intelectual de que 1) el régimen de gobierno se encontraba en crisis, 2) que se comenzaba a cuestionar la legitimidad del mismo –sin que apareciera el término legitimidad–: ya no había valor moral y político en el partido de la Revolución, que era lo que sostenía en parte durante el periodo anterior al régimen posrevolucionario, 3) se comenzaba a identificar al régimen como uno distinto a la democracia por la forma en que se hacía la sucesión del poder y ya no como una “democracia social”, tal como se había hecho en el periodo anterior justificando inclusive el que no se respetara cabalmente el voto, acusando la falta de apertura en el acceso al poder; 4) se acusaba el mantenimiento del poder por la capacidad de crear redes de connivencia y de compra de voluntades que tenía el partido gobernante –en particular el presidente– y no por el respeto al voto de las mayorías, y, por último, 5) se planteaba un momento en el que nuevas fuerzas sociales demandaban del Estado desarrollo económico, justicia social y libertad política, a la vez de reclamar el que se hubiera privilegiado al primero por encima de los otros dos en el pasado.

México 1972: los escritores y la política

Solo dos meses después de la publicación del artículo de Fuentes, aparece publicado, a manera de suplemento de la revista, un ejercicio de reflexión sobre la política en el país y el rol de los escritores-intelectuales en ella: “México 1972. Los escritores y la política” (Fuentes et al., 1972: 21-28). En el suplemento participaron Octavio Paz, Gabriel Zaid, Jaime García Terrés, Luis Villoro, Tomás Segovia, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, Carlos Fuentes, Vicente Leñero y Ricardo Garibay –los escritos de estos dos últimos aparecieron al número siguiente de la revista (Leñero y Garibay, 1972: 34-35)–, por supuesto, el punto focal en cada uno varió entre la política y el papel de los intelectuales, a veces concentrándose en ambos temas. Sin embargo, es indicativo de un momento de urgencia de reflexión intelectual sobre su rol y su visión hacia la política.

El suplemento lo abre la reflexión de Octavio Paz, quien como director de la revista escribió y envió el texto a los demás participantes que escribieron el suyo a partir de aquel, el cual comienza sentenciando: “Por los aires de México corre un secreto a voces: el sistema político que desde hace más de cuarenta años nos rige está en quiebra” (Paz, en Fuentes et al., 1972: 21). Tal frase expone de manera contundente la conclusión de la situación que se percibía por los intelectuales, que vivía el sistema y que se había estado perfilando en los análisis políticos publicados en la revista para dar lugar al diagnóstico firme: el sistema está en quiebra.6

Para Paz, asumiendo o coincidiendo con lo que había descrito Cosío Villegas, el sistema político mexicano descansaba en el partido y el presidente, el primero representaba la continuidad y el segundo el cambio, lo que generaba un ciclo de movimiento dentro de la continuidad gracias a prohibir la reelección. Sin embargo, el presidencialismo mexicano, afirma, se parece más a la dictadura romana que a la democracia, con la diferencia de que la mexicana era un régimen de excepción en tiempos de normalidad. Pese a ello, y a que los presidentes son por seis años todopoderosos, y a sus abusos, decía Paz, no ha habido un “dictador a la latinoamericana”. En todo caso, “nuestros presidentes son dictadores constitucionales, no caudillos” (Paz, en Fuentes et al., 1972: 21), en tanto parte de su fuerza derivaba de la legalidad constitucional.

Esta caracterización que hace Paz del régimen mexicano inicia lo que será una serie de intentos por definir al régimen político en un sentido distinto al de la democracia, como ya lo había hecho unos meses antes Cosío Villegas con la monarquía transexenal hereditaria, y que ocupará buena parte de la década de los años 70. No debe dejar de resaltarse que la postura de Paz también se había modificado un poco respecto a su artículo anterior, pues en aquel hablaba de una democracia incipiente y aquí de un parecido a la dictadura de los antiguos.

Asimismo, al menos para el contexto de las revistas que se están analizando en esta investigación, Paz identifica y critica de forma explícita la fusión entre Estado, sociedad y partido,7 entendiendo por Estado al gobierno: “Desde el principio el partido ha vivido en simbiosis con el Estado y, en verdad, el uno es indistinguible del otro. Sin el gobierno y sus recursos no habría pri, pero sin el pri y sus masas no habría gobierno” (Paz, en Fuentes et al., 1972: 21).

El pri, dirá Paz luego de exponer los mecanismos de reclutamiento colectivo del partido, “Más que un partido es una gigantesca burocracia, una maquinaria de control y manipulación de las masas” (Paz, en Fuentes et al., 1972: 21). Mal que ha aparecido, sentencia, en todos los países donde se han presentado revoluciones populares; pero, a diferencia de la burocracia comunista, la mexicana no controla la economía y se inserta en un contexto capitalista y hasta cierto punto democrático, relativamente liberal e independiente.

Muy relevante es esta situación de un régimen que procede de una revolución popular con reivindicaciones sociales pero que a la vez sostiene compromisos capitalistas, pues, en la interpretación de Paz, obliga al régimen a tratar de mantener un equilibrio entre el respeto a sus principios para mantener el apoyo social y fomentar el desarrollo económico capitalista. Es en esa línea de tensión donde Paz identifica lo que tiene en crisis al pri, lo que lo obliga a la “apertura democrática”. “Para sobrevivir debe realizar lo imposible: si quiere preservar su alianza con la burguesía, tiene que controlar a las masas; si quiere preservar su identidad frente a la burguesía, tiene que apoyarse en las masas” (Paz, en Fuentes et al., 1972: 22).

Enseguida retoma lo que ya había manifestado como solución en el artículo “México: presente y futuro” –revisado líneas arriba–, al aclarar que no cree en la “transformación revolucionaria”, a la que califica de quimérica y suicida, ni tampoco en la inmediatez de la “violencia reaccionaria”, a la que, en caso de presentarse, todos deberían combatir. Y tampoco cree que la reforma del pri y del sistema sea una solución auténtica. La solución consistía en “el nacimiento de un movimiento popular independiente y democrático que agrupara a todos los oprimidos y disidentes de México en un programa mínimo común”, el cual no delinea.

Iniciada la reflexión por Paz, el siguiente artículo corresponde a Gabriel Zaid, quien cáustico en su crítica, menciona:

Para el régimen bastaría con hacer elecciones limpias. Aunque esto diera al pri el 70% del control, sería otra clase de control: sus candidatos tendrían que competir buscando apoyo abierto, popular, de la base, no apoyo secreto, burocrático, de la cúspide. […]

Pero el régimen ha sido cobarde. No se cree capaz de gobernar con menos del 95% del control. No tiene confianza en un pri competitivo. En vez de aprender a gobernar con un 70% real, prefiere la ficción del 95%. Quiere creer que una reforma mágica pudiera volver real ese 95% (Zaid, en Fuentes et al., 1972: 22).

Para Zaid, el régimen se estaba debilitando al no tener confianza en sí mismo cuando aún tenía la suficiente fuerza como para mantener el poder por la vía electoral limpia. Ahora bien, esta propuesta de Zaid lleva a preguntarse primero por el origen de las cifras que propone y, segundo, si la crisis del partido y del régimen de la que están dando cuenta los intelectuales es realmente una crisis; esto es, si tenía bases populares y expresiones constantes o si solo existía en su percepción a partir de los sucesos del 68 y 71. Sobre todo porque Jaime García Terres (Fuentes et al., 1972: 23), en su reflexión, al referirse al “movimiento independiente popular y democrático” que proponía Paz, señala que hasta ese momento solo han aparecido “bosquejos y caricaturas de semejante modelo”.8

En cuanto a la “verdadera solución” de Paz, Zaid no la comparte pero tampoco cree en la intervención intelectual en la política partidista –como fue el caso de Gómez Morín y de Lombardo Toledano–, menos aún cree en el trabajo “desde adentro”. La solución, si es que hay alguna al alcance de los intelectuales, postula Zaid, es la de trabajar por una vida pública sana, trabajar por un público despierto, vivo, que ayude a la democratización del país.

Luis Villoro, por su parte, considera que el aparato político surgido de la Revolución se usó para controlar y manipular a las masas, de tal manera que pudiera hacerlas sentir partícipes del desarrollo aun cuando estas fueran marginadas de él. La función de la “burocracia política”, afirma Villoro, “ha sido justamente mantener las condiciones sociales que permitan continuar un desarrollo desigual sin oposición popular. Su poder depende aun del cumplimiento de esta función (Villoro, en Fuentes et al., 1972: 23).

Para Villoro, el problema que enfrentaba el país no se centraba en el aparato político solamente, sino que permeaba al sistema entero, esto es, la crisis se encontraba en el sistema político y en el sistema económico. En cuanto a este último, el modelo de desarrollo económico aplicado había llevado a “una monstruosa disparidad del ingreso y a problemas crecientes de marginalidad, miseria y desempleo” (Villoro, en Fuentes et al., 1972: 23). A su vez, el aparato político estaba perdiendo el “tácito consenso de las masas”, y comenzaba a surgir una “insurgencia popular” entre las clases medias, los campesinos y los obreros. Una vez más en el análisis intelectual de la situación de crisis surge la observación sobre la contradicción entre el modelo económico y los principios de origen del régimen (justicia social).

El camino que estaba tomando “la burocracia política”, en la visión de Villoro, era el del modelo del Estado populista, que consistía en recuperar el consenso de las clases medias mediante promesas de democratización y de beneficios materiales a las clases populares para aliviar el descontento de ambos grupos sociales. ¿Hasta dónde llegaría la “burocracia política” en el cumplimiento de sus promesas?, solo hasta el punto en que se pusiera en peligro la estabilidad del sistema o que se ofendieran los grandes intereses del poder económico.

Dos opciones son las que, Villoro considera, podían presentarse: que el régimen recurriera a formas más o menos autoritarias de reforzar su control sobre las masas, o que desde fuera del régimen la incipiente insurgencia popular se integrara “al aparato de dominio burocrático” y aprovechara sus resquicios para que los sectores descontentos plantearan sus propios objetivos políticos.

Por otra parte, Carlos Monsiváis, en tono sarcástico respecto a la apertura del régimen, plantea el abismo existente entre el discurso y la acción de este (en Fuentes et al., 1972: 24). De igual manera, aclara, lo que combate el régimen no son las ideas sino la decisión de llevarlas a cabo. Así, como escritor y periodista, dice, es consciente de que cuenta con los derechos que se le niegan como ciudadano.

Pero, a pesar de ello, Monsiváis matiza su afirmación y señala que México no es una dictadura y que su déficit se encuentra en que se vive en la dependencia y en la falta de libertad, pero sobre todo porque el pri dejó de ser solo un aparato electoral para convertirse en un estilo de vida para los mexicanos, una visión del mundo, un idioma que va de la amenaza al halago:

El pri, organismo burocrático y conducta diaria de los mexicanos, ha reducido, disuelto, triturado las relaciones naturales de nuestro lenguaje con la realidad. El pri es una vasta contaminación cuyo intento (casi siempre exitoso) ha sido convertir cada uno de nuestros actos en actos de autorrepresión y corrupción moral y política, el hallazgo de las buenas razones que aplazan o eliminan crítica y autocrítica. Nadie puede declararse exento del pri. El contagio también afectó a lo que se ha conocido como izquierda (primitiva o colaboracionista), la cual, al adoptar esquemas verbales e ideológicos hechos de intimidaciones y paraísos, se ha aislado neutralizando o postergando su desarrollo (Monsiváis, en Fuentes et al., 1972: 24).

Así, la idea de la corresponsabilidad por lo que sucede en el país está presente aun en Monsiváis; el problema es el pri, pero también lo es la sociedad por su comportamiento y prácticas cotidianas. La contención de las libertades a los ciudadanos se da en una doble vía: por parte del gobierno, en cuanto a la articulación y organización política; y por parte de la sociedad, con una moral pública que se adapta, premiando y castigando comportamientos, a la lógica política priista.

Para José Emilio Pacheco, la apertura democrática del régimen encabezado por Echeverría no era sino “la última opción de una clase dominante que no quiere verse sustituida por los generales” (en Fuentes et al., 1972: 25). Cambiar algo para que el resto siga igual sería el resultado, pese a las mejores intenciones que pueda tener el mismo presidente, asegura Pacheco. El resultado sería:

La preservación de un sistema cada vez más dependiente e injusto que ya no tiene respuestas para los grandes problemas nacionales y solo puede conducirnos a agravar las tensiones presentes, fruto de la incalificable desigualdad entre los mexicanos, y a posponer el estallido por años o por décadas (Monsiváis, en Fuentes et al., 1972: 24).

Asfixia, un nacionalismo en el que no se reconocen los mexicanos ni las ideas con que se pretende justificarlo, ausencia de cauces para la oposición fueron parte de los motivos del movimiento del 68, plantea Juan García Ponce (en Fuentes et al., 1972: 25-26), pero se hizo pagar con sangre, y se impuso de nuevo el silencio. Del silencio se pasó a la promesa y a la espera de las acciones que no llegan.

Ricardo Garibay es pesimista en sus observaciones pero resumen el agotamiento y la exasperación que han manifestado los intelectuales participantes del ejercicio reflexivo con el régimen priista (en Leñero y Garibay, 1972: 35). Así, para Garibay, México en 1972 es acaso

un país balbuciente en sus mejores clases, y abajo, pletórico desierto analfabeta; país sin ideologías ni partidos políticos, sin honestidad pública ni ciudadana, con índices de productividad muy inferiores a los extranjeros, infestado de retóricas y demagogias, vientos de todas partes hacia todas partes, con todo mundo a caza de su personal botín, sin posibilidad cercana de hacer una revolución auténtica con muy escasas posibilidades de hacerla desde el poder –controlado desde el imperio y que apenas ayer llegaba a su nivel más bajo de deterioro, de descrédito, de donde hoy trata de salir con denuedo tan grande como su necesidad de pactos y componendas con sus propios adversarios–. México 1972, además, es apenas más que una colonia de la economía [estadounidense], y su orden político tiene que estar hurtando continuamente el cuerpo a las embestidas yanquis, orden político sin mucho espacio para expandirse, para hacerse de veras democrático.

Para asegurar ese estado de cosas México ha contado largamente con su clan de hombres ricos y de políticos falaces, con su rencorosa clase media y con su pueblo a medio comer. Y en eso estamos y no resulta fácil columbrar el cambio venidero (Garibay, en Leñero y Garibay, 1972: 35).

Garibay es crudo en su dictamen. El problema de fondo del país es la falta de virtudes en su población y la ausencia de un acuerdo social real con visión a futuro, la falta de sociedad y el exceso de individualismo egoísta en su búsqueda por sacar provecho de cualquier situación, lo que además lleva a la mentira y a la inmovilidad social. A final de cuentas la responsabilidad por la situación del país es de todos.

Una vez más, la legitimidad política en tanto concepto no está presente de forma explícita en los discursos intelectuales, pero está en las discusiones, más que en el fondo, en los bordes de las reflexiones políticas, como un tema descentrado sobre el que, sin embargo, se vuelve constantemente, sin mencionarlo, al hacer referencia al agotamiento del régimen, al miedo a la competencia política, a la asfixia política, a la injusticia en el desarrollo económico, a la falta de justificación social del ejercicio del poder, al doble discurso o, mejor dicho, a la hipocresía política.

Se resalta que si bien hay un acuerdo sobre el estado crítico del régimen, del cual se da cuenta como una pérdida de sustento, no hay un cuestionamiento explícito a la legitimidad del régimen priista, aun a pesar de que se le formulan cuestionamientos sobre los intereses a los que responde, sobre su ejercicio del poder, sobre las prácticas con las que violenta los procedimientos a través de los cuales se debe llegar al poder, sobre el fundamento en la corrupción y el intercambio de favores.

Pero lo más interesante es que hay también referencia a la corrupción del pueblo, en tanto la actitud pública está lejos de ser responsable y solidaria, de tal manera que algunos intelectuales encuentran la podredumbre donde debería haber acaso virtudes que hicieran moralmente válido un reclamo al sistema político. El dictamen general que comienza a delinearse es que tan podrido estaba el régimen político como la sociedad que gobernaba.

Y aquí surge una pregunta por demás interesante para los objetivos de esta investigación y que deberá mantenerse presente en adelante: ¿Será acaso que, en ese momento –principios de los años 70–, el reclamo explícito sobre la legitimidad del poder no podía formularse porque no existía una sociedad constituida virtuosa moralmente en nombre de la cual hacer el reclamo?9

La caracterización académica-intelectual del régimen

Después de este ejercicio reflexivo compartido, Plural se movería hacia reflexiones y críticas políticas aparecidas en series como la titulada “Ojeada a la situación de México”, en la que Rafael Segovia se encargaba de la política mientras que otros se encargaban de la economía y la sociedad, o a través de espacios con título fijo como “Compuerta”, de Daniel Cosío Villegas; y “Cinta de Moebio”, de Gabriel Zaid. Una vez más, las reflexiones variaban en los temas, aunque había asuntos principales: para Zaid lo eran la economía, las decisiones de gobierno y, en ocasiones, el sistema político; para Cosío Villegas y Rafael Segovia, el sistema político.

Cabe resaltar que eran secciones o columnas especializadas, con análisis de un estilo más académico, lo cual representa un cambio en la misma estructura de la publicación, modificación quizá influida por una intervención de Cosío Villegas en la que se lamentaba de que la ciencia política era dejada de lado en la atención pública y académica mientras que, paradójicamente, la intervención de intelectuales en la política se incrementaba –esto en referencia a Jesús Reyes Heroles y Enrique González Pedrero, quienes habían ocupado los cargos de presidente y secretario general del pri–, a quienes llamaba “intelectuales impuros” e “intelectuales-políticos” (Cosío, 1972: 3-4). Comenzará entonces una etapa en la que los artículos publicados en Plural que abordan el tema político, además de hacer el comentario sobre los sucesos del momento, buscan hacer una caracterización del régimen.

Por otra parte, se recordará que Echeverría en su campaña electoral había mencionado su preocupación por la falta de participación de los ciudadanos en las elecciones al decir que prefería un voto en contra que la abstención. De igual manera, en las discusiones intelectuales la crítica por la falta de efectividad de las elecciones tendía a manifestar la asfixia a la que se encontraba expuesto el pueblo y la idea de reforma política como simulación.

Al respecto, Segovia llama la atención –en uno de sus análisis hechos en las “ojeadas a la situación de México”– sobre la contradicción entre lo que señalaba la teoría de la democratización por modernización y lo que sucedía en México, lo que le lleva a vincular el abstencionismo electoral como expresión de la pérdida de sustento del régimen (1973: 16-18). Este es un dato significativo porque hasta entonces al abstencionismo se le tomaba como señal del desinterés ciudadano por participar o de conformismo, pero en este caso se interpreta como un cuestionamiento al sistema político como resultado de la falta de impacto del voto sobre el resultado.

En México, indica Segovia, sucede lo contrario de lo que dice la teoría que debe ocurrir –a mayor modernización, mayor participación– pues lo que se podía observar era que en México “a mayor modernidad [había] menor participación. Cuanto más desarrollada económica y culturalmente es una entidad federal, menor es el número de ciudadanos que acuden a las urnas” (1973: 16).

Para comprobar su hipótesis de que a mayor modernidad se registraba una menor participación hace una revisión de los datos electorales por estado e identifica los que tendrían una mayor modernización, el resultado que presenta es que eran los estados de norte y noreste –a los que adjudica un mayor desarrollo económico– los que presentaban mayor abstencionismo –con las excepciones de Colima y Nayarit, que también presentaban alto abstencionismo–.10

La urbanización y el desarrollo económico son dos factores –afirma Segovia– que “juegan a favor de la oposición o de la abstención, en cualquier caso, en contra del pri”, asunto preocupante en todo caso porque la participación era la “base legitimadora” del sistema político mexicano.

Con independencia de que el abstencionismo fuera “conformista”, esto es, que los ciudadanos estuvieran de acuerdo con la situación política imperante, “los bajos rendimientos electorales no tendrían mayor importancia si no fueran los propios partidos quienes señalaran las causas de la falta de cumplimiento del deber ciudadano”. Tales causas, según Segovia, eran el caciquismo presente en todos los niveles, ausencia de una oposición “orgánica”, el fraude “escandaloso” practicado en las zonas rurales, la postulación por la oposición de caciques “eliminados” por el partido oficial, el convencimiento de la inutilidad del voto. Pero estas causas permitían ver que el problema no radicaba en exclusiva en el pri sino en los demás partidos políticos, era un problema estructural del sistema político vigente.

Esta observación de Segovia, en 1973, al menos para Plural y Vuelta, será la primera que observa la composición y fortaleza del sistema de partidos, índice de la relevancia que tomará la vía electoral como medio para llegar al poder y de los partidos políticos como opción para la participación política por parte de los ciudadanos, sobre todo tres años después, en 1976.

Ahora bien, en el artículo en cuestión, Segovia atribuye un papel “legitimador” a las elecciones pero la utilización que hace del concepto es atribuyendo un sentido de falsedad a la calificación que se supone el concepto otorga. Es decir, el sentido en que utiliza el concepto es indicador de que la legitimidad del régimen no radica en la realización de las elecciones, lo que arroja varios cuestionamientos inmediatos: ¿en qué se sustenta el régimen priista?, ¿en qué se basa su legitimidad?

La pregunta no es menor, pues el tema se había asomado en las reflexiones intelectuales de una manera descentrada sobre el término legitimidad, la crisis de sustento del régimen, y, ahora, la utilización de Segovia del término legitimador descartan por completo que la legitimidad del acceso al poder radicara en las elecciones. Pero, entonces, ¿por qué hacer referencia a la participación electoral como base de la legitimidad si en su utilización no le concedía tal valor a la realización de elecciones?, ¿en qué radicaba su acción legitimadora?, en todo caso habría que preguntarse, ¿con la realización de las elecciones que se sabía eran viciadas qué era lo que se sometía a votación como para que se constituyera como legitimadora del régimen priista?

El asunto es mayúsculo, pues apunta en el acumulado de los cuestionamientos intelectuales (valores, procedimientos, ejercicio del poder, y, olvidados los discursos sobre el origen del régimen, la compra de voluntades y las contradicciones del discurso revolucionario con el modelo económico seguido y sus resultados) a la carencia de legitimidad del régimen, aun cuando tal término no es utilizado por el autor.

Será hasta nueve meses después, en abril de 1974, cuando Cosío Villegas retome el tema de las paradojas y contradicciones del sistema político mexicano.11 En esa ocasión, Cosío Villegas retoma la reflexión general sobre el sistema político mexicano a propósito de la relación entre los intelectuales y el gobierno, así como la relación entre los intelectuales y las publicaciones en donde aparecen sus textos, señalando que los problemas de libertad de expresión no suelen darse en países con una tradición democrática arraigada ni en los totalitarismos, sino en aquellos que se ubican en terrenos fronterizos (1974: 61-62).

En la democracia, la libertad de expresión, de acuerdo con Cosío Villegas, es connatural a la vida cotidiana, mientras que en los totalitarismos la única opinión es la oficial (1974: 61). En todo caso, los problemas con la libertad de expresión se presentan en las sociedades que “viven bajo un régimen autoritario al que se llama piadosamente ‘democracia imperfecta’” (1974: 61).

Tal imperfección, señala Cosío, significa dos cosas: “Que las leyes que ofrecen garantizar la libertad de expresión se respetan o no, según el capricho o la conveniencia del gobernante, y que falta un clima que propicie el credo de que esa libertad es tan necesaria a la salud colectiva como el aire a la salud del individuo” (1974: 61).

Con tal reflexión, Cosío Villegas hace dos cosas: denunciar que se atraviesa por un momento en el que el gobierno interviene de modo directo en ciertos espacios y publicaciones y, derivado de ello, caracterizar al régimen mexicano como autoritario.

Lo anterior lo lleva a preguntar cuál ha sido la variación en cuanto a libertad de expresión durante los regímenes posrevolucionarios. La respuesta que formula es que lo que se había ganado en libertad de expresión no era producto de un compromiso con la democracia, sino de la “complacencia” del régimen posrevolucionario respecto a la prensa y a los intelectuales, con lo que desliza la idea de que el régimen siempre había sido autoritario.

Pero, aclara, tampoco el intelectual escribe por compromiso ni critica los acontecimientos políticos del país, sino acaso solo cuando se presentan dos circunstancias: “cuando se le prohíbe hacerlo o cuando se le corteja reiteradamente para que lo haga; pero rara vez o nunca, de modo espontáneo, de su propia iniciativa” (Cosío, 1974: 62). Habría algo de arrebato emocional en la acción del intelectual mexicano al escribir por halago o por enojo.

Cosío Villegas expone entonces un doble problema con la libertad de expresión en México: por una parte, la falta de compromiso público del gobierno para afianzar la democracia y, por otra, una falta de compromiso de parte de los intelectuales para afianzar y ejercer la libertad de expresión a través de la crítica política pública. Con ello, la vida pública era la principal afectada y pervivía solo por complacencias o por voluntades volátiles.

Una vez más, el problema es estructural. Ya se había hablado del sistema político, del sistema económico, de la sociedad; y ahora toca el turno de integrar a los intelectuales y sus prácticas como parte del problema por el cual se carecía de una vida democrática más allá del discurso del régimen.

En este momento, dado el proceso de reflexión del que se ha dado cuenta en las líneas anteriores, la democracia comenzaba a ser tomada como referente a libertad política y libre competencia por el acceso al poder, descartando los adjetivos “social” o “económica” que la solían acompañar antes, y ello explica que a partir de este momento –y con el estilo cada vez más académico de las reflexiones contenidas en Plural– el interés se condujera marcadamente a la caracterización del régimen.

Si bien en los artículos que se han revisado se ha caracterizado al régimen priista como democracia y hasta con rasgos de dictadura y de monarquía, e inclusive de autoritarismo, Rafael Segovia agregaría la caracterización de autoritarismo modernizador –retomando una caracterización hecha por Lorenzo Meyer12 y basándose en la propuesta de Juan Linz–13 (1974: 32-34). Pero ¿qué entendía Segovia por autoritarismo?

Segovia retoma las características que establecía Linz para identificar a un régimen como autoritario, y señala:

Instituciones políticas poco específicas y un pluralismo limitado; cooptación de los líderes, ausencia de ideología, que es substituida por un cierto tipo de ‘mentalidad’; carencia de movilización popular; partido autoritario; formas permanentes de control social, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación; posición privilegiada del ejército y presencia de una elite política compuesta por individuos que en muchos casos no son políticos profesionales –como es el caso de los regímenes totalitarios y democráticos– y que con frecuencia rechazan la apelación de “políticos” y se proclaman “expertos” (Segovia, 1974: 33).

Sin embargo, tales elementos no se presentaban tal cual en el caso mexicano, por lo que la caracterización no era completa respecto al modelo, lo cual era una observación pertinente en tanto este se originaba en el caso español y el régimen mexicano presentaba “profundas diferencias” respecto de aquel. Los elementos que no entraban en el modelo, de acuerdo con Segovia, eran la renovación del liderazgo nacional, la función del partido, las bases de legitimación del sistema, la amplitud del pluralismo.

Puede […] convenirse en los rasgos autoritarios del sistema mexicano, pero no debe perderse de vista que el estilo –llamando estilo en este caso al conjunto de elementos mal observados y oscuros que constituyen la imagen popular de un régimen– difiere de todos los regímenes autoritarios conocidos (Segovia, 1974: 33).

Con esta aclaración, Segovia descarta la caracterización del régimen autoritario como la más apropiada para el caso mexicano, pero antes de ello hace un señalamiento en el cual indica que un régimen autoritario es una forma política intermedia que puede tender hacia la democracia o hacia el totalitarismo, lo que implica que es un régimen inestable en búsqueda de una forma más estable.

En tal sentido, Segovia propone estudiar al sistema político mexicano entendiéndolo como una “constelación de elites”14 que compiten por el poder y que cuando toman el poder pueden reordenar el sistema pero no lo destruyen. Y considera que esta idea es la más adecuada, ya que es lo que había pasado con la toma del poder por la familia revolucionaria”, al considerarla como un conjunto de grupos que han podido triunfar y mantenerse en el poder debido al “cuidado en los procesos de cooptación y socialización de las elites políticas” (Segovia, 1974: 33), al grado de que han sido las instituciones las que han prevalecido sobre los individuos. Desde la mirada de Segovia, la fuerza institucional que tenía este sistema había sido tal que no solo absorbía a los individuos sino que, inclusive, cuando aparecía un nuevo sector podía incorporarlo, generando una asociación entre este y el Estado.

Pero se había llegado a un punto de quiebre. El problema que enfrentaba en ese momento el Estado era que en su ansia por modernizar al país había creado a los sectores más poderosos del momento, los cuales “se revuelven contra una autoridad que los sostuvo y los sostiene, impidiendo el reordenamiento de un sistema anquilosado” (Segovia, 1974: 33). Por ello, el régimen político mexicano, si bien no podía caracterizarse como autoritario, enfrentaba el mismo problema que estos en cuanto a su estabilidad. Así, el dilema del régimen era “marcha hacia el autoritarismo o marcha hacia la democracia” (1974: 34).

Este planteamiento es interesante porque la formulación de la opción luego de lo que Segovia ha planteado permite observar la dificultad para pensar al régimen mexicano en los términos de los modelos existentes: Segovia rechaza que el caso mexicano se ajuste al modelo de Linz y sin embargo le sigue llamando autoritario, plantea al autoritarismo como régimen en transición pero plantea como opciones de rumbo el autoritarismo y la democracia cuando se esperaría totalitarismo o democracia.

Curiosamente, ninguno de los intelectuales revisados formula así el dilema; lo hacen en términos de autoritarismo o democracia. Así, a un régimen que caracterizaban ya como autoritario, ¿le seguía uno con el mismo nombre?, ¿pasaría de autoritario a autoritario?, pero ¿por qué nadie lo llama semiautoritario?, ¿o es que acaso era impensable que se radicalizara el régimen como para considerar la llegada a uno totalitario?

Esta dificultad se intuye también en la formulación de los dilemas sobre la libertad de expresión que había apuntado Cosío Villegas, en los dilemas que expuso Monsiváis sobre la represión no de las ideas sino de los actos, en los abismos entre discursos y acciones, en los dilemas de tener un Estado que responde a cuestiones sociales y al desarrollo del capitalismo al mismo tiempo.

Modernizar –dice Segovia– tiene aparejado diversificar, admitir nuevos intereses, liberalizarse, aceptar dentro del marco estatal la competencia, primero limitada y después libre. Y el régimen mexicano lo estaba haciendo. ¿Acaso por ello es que Segovia lo llama autoritarismo modernizador?, ¿un régimen que si bien presenta rasgos autoritarios no se constituye como autoritario por sus rasgos modernizadores? ¿México no es una democracia porque presenta rasgos autoritarios y no es autoritario porque presenta rasgos “modernizadores” entendidos como democráticos?

Así, para Segovia, el régimen tenía dos opciones: “refuerzo” de las formas autoritarias, y ya este término confirma lo anterior, o evolución a “formas más democráticas”. El refuerzo consistiría en

a) reconcentración del poder y personalización del mismo; b) construcción de nuevas instituciones exógenas –tal o cual grupo encuadrado en una organización creada por el poder político para controlar o liquidar su acción–; c) aceptación de las normas de juego en vigor, o sea, libre movimiento de los actores de origen endógeno (agrupaciones patronales, industriales, comerciales, grupúsculos políticos, etc.); d) aplicación del poder para el simple mantenimiento del status quo; e) obliteración de los canales de ascenso, socialización y profesionalización políticas para preservar a las ya generadas por el Estado (Segovia, 1974: 34).

Mientras que la evolución hacia “formas más democráticas” implicaría

a) transferencia del poder hacia las instituciones y demarcación de este; b) no intervención del Estado en el proceso institucionalizador; c) hacer del Estado un regulador externo de las instituciones endógenas, es el encargado de mantener el equilibrio dinámico de todo el sistema donde un actor no puede aplastar a otro; d) libre juego y renovación parcial y permanente de todas las elites a través de canales abiertos (Segovia, 1974: 34).

Ir hacia el autoritarismo, de acuerdo con Segovia, era aumentar la discrecionalidad de las decisiones y la influencia del presidente, entregar el poder a las fuerzas económicas dominantes, dificultar la movilidad social y política, convertir a la burocracia en una elite; mientras que ir hacia la democracia implicaba contener a esas fuerzas, al poder económico, instaurar medidas de apertura política y de validación de la institucionalidad para acabar con la ocultación y el secreto que dominaba en la acción política. “El orden institucional libre es equivalente de orden democrático a condición de que el Estado regule los modos de conflicto y garantice la existencia de los actores reales” (Segovia, 1974: 34). ¿Qué camino seguiría el régimen priista?, ¿qué opción tomaría México?

Manuel Camacho15 también plantearía la disyuntiva en Plural con un artículo donde hace un ejercicio más normativo que académico sobre el futuro del Estado mexicano, sobre el trayecto que ha de seguir en el futuro inmediato ante el periodo de transformación y los problemas que afronta.

Su artículo tiene como objetivo aconsejar a los políticos por vía de dos pasos: plantear las opciones potenciales en la reconstitución del Estado que se estaban suscitando en ese momento particular y después dar una guía respecto a “qué hacer” para quienes participaban de ese proceso.

Las preguntas que formula como planteamiento de las opciones permiten observar la preocupación e incertidumbre que se tenía en ese momento:

¿Quién va a hacer uso de él [el Estado]? ¿Quiénes ocuparan la dirección del Estado? ¿Será un bloque integrado por el gran capital, las multinacionales y las agencias políticas extranjeras, y una tecnocracia civil y militar neoporfirista? O, por el contrario, ¿será un grupo compacto de visionarios –discretos y responsables– formado por una nueva generación de políticos profesionales, dirigentes obreros y populares, con fuerza real, e intelectuales portadores de la perspectiva histórica y la nueva moralidad social que estaría constitucional y funcionalmente respaldada por las fuerzas armadas y por grupos organizados del pueblo? (Camacho, 1974: 31).

Pero el reconocimiento que hace de estas dos opciones el mismo Camacho lleva ya una postura sobre el camino que se ha de seguir. Así, dirá: “La primera es la opción de la sumisión; la segunda es una lucha moderna con legitimidad histórica” (Camacho, 1974: 31).16

Se podría pensar en cierta coincidencia de perspectivas entre Camacho y Segovia, una opción apuntaría hacia la toma del poder por las fuerzas de la derecha, que llevarían hacia el autoritarismo, y la otra opción hacia la democracia. Pero enseguida surge una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el esquema que plantea Camacho con respecto al del régimen priista?

La diferencia y propuesta fundamental es la renovación de la elite en el poder y su composición, pero sigue fundamentada en la integración de sectores o grupos sociales, a la que se agrega un cierto aire de “moralidad” con la integración de intelectuales y con una “legitimidad histórica” que pareciera responder a la tradición y al discurso revolucionario. Es decir, más allá del cuestionamiento al régimen priista, en Camacho pareciera conservarse intacta una idea de legitimidad basada en los principios constituidos como proyecto jurídico y social a partir de la Revolución y de la Constitución de 1917, solo que renovada en sus ejecutores, lo que recuerda al Cosío Villegas de los 40 y su crítica al régimen pero no a la Revolución.

Ilustrativos de esta remanencia de la tradición organizativa e ideológica son los actores que postula Camacho para la realización de este nuevo proyecto de Estado: un ejército institucional respetuoso de la Constitución, con conciencia y compromiso respecto de los problemas sociales del país, políticos modernos, fuerzas organizadas del pueblo, una nueva generación de dirigentes obreros, campesinos, empresarios comprometidos socialmente.

Es curioso que mientras que para la mayoría de los intelectuales revisados el papel de la clase media es muy importante, para Camacho es un potencial obstáculo en el proceso de reconstitución política. Las clases medias, si acaso, son factor de deterioro y obstáculo político más que de creación: “Finalmente, las clases medias no ofrecen la posibilidad de reconstituir el poder político como los otros grupos, pero sin duda tienen la posibilidad de impedir una vigorización de las instituciones políticas y de crear un clima de deterioro político” (Camacho, 1974: 33).

Pero la desconfianza de las clases medias no es particular de Camacho, habrá otras expresiones, a veces más generales. Siguiendo este intento por analizar, comprender y caracterizar a la política mexicana, Gabriel Zaid caracterizaría al sistema político mexicano como un régimen autoritario centralista y progresista. La explicación de Zaid para tal caracterización radicaba en la evolución que habrían seguido los países en los que su ruptura con la metrópoli, durante su independencia, habría generado un vacío en lo que llama “poder concesionador” sin que la “iniciativa empresarial autóctona” hubiese alcanzado formas modernas, y que quien habría llenado ese vacío sería la iniciativa empresarial extranjera, con lo que el “talento nacional” se dirigía a las actividades públicas (1975: 47-50).

Ante tal situación, la respuesta fue un intento por restaurar una metrópoli interna, de tal manera que el Estado se convirtió en el aparato de modernización nacional, como reorganizador del aparato tradicional (monárquico, centralista y concesionador) y una oportunidad de prosperar para la gente con talento empresarial pero sin recursos antes de entrar al “negocio político”.

Apelando a los modelos de la administración de empresas, Zaid explica el funcionamiento del sistema político como “el primer negocio verdaderamente moderno” que se ha creado en México. El servicio fundamental que atiende o presta el Estado es la compraventa de voluntades, mientras que el resto de los servicios que ofrece lo entiende como compraventa de buena voluntad.

Así, para llegar a ser presidente hay que atender primero a una clientela interna al gobierno para luego ascender y, cuando se llega al punto más alto, esto es, cuando se es el candidato a la presidencia, entonces, y solo entonces, “el presidente designado se lanza a la campaña de venderse a la clientela externa, no antes, sino después de obtener la designación; precisamente cuando ya no tiene superiores” (Zaid, 1975: 49).

Plural publica en su número 49, correspondiente a octubre de 1975, un artículo de Fernando Pérez Correa,17 quien no comparte, o al menos ve de modo crítico, las interpretaciones dominantes sobre el régimen y el poder del presidente, pues al primero lo entiende como resultado de un proceso de institucionalización de las alianzas y dominios ganadores de la Revolución y al segundo como un resultado del juego de fuerzas entre estas alianzas que, en tanto debe mantener el equilibrio entre ellas, se ve restringido en sus decisiones a no romper tal balance; y si bien tiene un gran poder en la política cotidiana y económica, está restringido para hacer modificaciones sustanciales al régimen y al ordenamiento de la nación (1975: 47-52).

El artículo de Pérez Correa es central, pues, por una parte permite confirmar la discusión por la caracterización del régimen; y por otra, este artículo, por primera vez en Plural, hace totalmente explícitos los principios o fundamentos de legitimidad en los que se sustentaba el régimen priista: Revolución, Constitución, democracia social. Pero además referirá que son esos mismos elementos el fundamento del cuestionamiento al régimen, esto es, los elementos a partir de los que el régimen afirma su legitimidad son los mismos a los que apelan aquellos que le cuestionan su legitimidad. La disputa semántica en los conceptos que operaban como principios discursivos señala el momento de conflicto y cambio político:

El ritual del principio de legitimidad reclama que se hable de revolución, que se muestre que la justicia social está más cercana, como también la verdadera reforma agraria y el verdadero equilibrio entre los factores de la producción. El régimen es democrático en sus inicios y en su desarrollo respeta la Constitución y preserva las garantías. El gobierno se siente ligado, está ligado por la ideología revolucionaria, por su carácter de poder constitucional, por su apoyo democrático. Las garantías no se violan, se estimulan. Las mayorías populares, incorporadas al partido, participan, primero, en el juicio de los aspirantes, y después, en el sostén de su candidato. Las relaciones sociales son auténticas. El ciudadano vive, a su vez, la contradicción y la afirmación de la ley. Inspira sus protestas en la Constitución, evoca en la presentación de sus agravios los principios revolucionarios, reclama el respeto a las libertades. Discursivamente, la Revolución, la Constitución, la Democracia Social son al mismo tiempo la afirmación y la frontera del poder (Pérez Correa, 1975: 51).

Si ya antes se había destacado la distancia entre discurso y acciones como simulación, ahora se demanda el cumplimiento del discurso; y al ser negado, agudiza la contradicción y hace surgir la formulación de los cuestionamientos al régimen. Y, agrega, es a los políticos, en tanto responsables de la acción social del Estado, a quienes se les ha confiado la preservación de la paz social a través de la “anticipación y superación de las contradicciones y la demostración de la viabilidad de transformaciones de signo popular en el sistema, elemento vital de su legitimidad” (Pérez Correa, 1975: 51). Es decir, el régimen siempre tuvo la contradicción dentro de sí, pero el rol de los políticos fue lidiar con esa contradicción. Si a esto se agrega las reflexiones de Zaid, la forma de lidiar con tales contradicciones fue la negociación, la compraventa de voluntades. Quizá de ahí también que para Camacho la clase media sea un problema más que una solución.

Dos números después, Cosío Villegas retoma su “Compuerta” para comentar el proceso de sucesión y afirma que en este proceso de sucesión el presidente manifestó la fuerza de su poder decisorio a pesar de lo que los jóvenes politólogos pudieran pensar: que la voluntad del presidente no era sino una de las varias fuerzas y era un reflejo de los intereses de los grupos organizados que operan en la vida pública nacional (1975: 50-51).

Este comentario de Villegas permite contextualizar el texto de Pérez Correa, pues apunta a la aparición de una nueva corriente de ideas sobre el régimen que se contrapone a la visión de los intelectuales, una visión más cercana acaso a la academia, a la ciencia política de la época, más fría analíticamente acaso que la de los viejos intelectuales que hablan desde lo que parece ser, llegados a este punto, la frustración de no ver alcanzado un ideal, la indignación y la denuncia sobre la traición del régimen a la Revolución, la Constitución, la democracia y la justicia social, lo cual, cabe aclarar, no significa que fuera una crítica visceral ni fuera de lugar, solo que con propósitos distintos. Por un lado, se tiene de parte de los intelectuales una crítica que es política en su enunciación misma; y por otro, comienza a surgir una crítica que busca hacer de la política su objeto de estudio aun en contra de sus maestros y de que puedan compartir ciertas ideas sobre el ordenamiento político.

Así, lo que para unos es una muestra de un sistema altamente cuestionado por la opacidad y la “flexibilidad” que otorga el sistema político en la discrecionalidad que sustenta el detentador del poder, para otros es el elemento vital que permite las transformaciones populares y políticas conservando la paz como parte fundamental de la legitimidad política. Lo que para unos es, con la figura del tapado y la sucesión presidencial, muestra de imposición del poder o “disciplina”, para otros es el resultado de la negociación entre alianzas y fuerzas divergentes que limitan al presidente no a elegir a su favorito sino a quien pueda mantener el equilibrio entre tales fuerzas y dotar de contenido social al régimen para que este no se desintegre en una pugna a todos niveles.

De esta manera, con un conflicto de interpretaciones y señales de disputa semántica, llega el fin de Plural en la era de Octavio Paz. El conflicto en Excélsior, que provocó la salida de Julio Scherer y cuya responsabilidad se le atribuye al gobierno de Echeverría, también hizo salir del diario al grupo intelectual fundador de la revista, quienes entonces fundaron Vuelta, una nueva revista. Plural sigue, sin ser la misma, dice Octavio Paz (1976: 4-5) desde el editorial de la nueva revista Vuelta, en diciembre de 1976. Las reflexiones políticas también seguirán, ahora desde Vuelta.

Vuelta

El panorama político que plantea Paz en su primer editorial es poco optimista respecto al acontecer en el país, pues al surgimiento de Vuelta lo marca de origen el ataque a un espacio de crítica –como califica y ubica a Excélsior–, lo cual contradecía la defensa de la libertad de expresión que el régimen decía promover, pero a la vez su nacimiento como espacio de crítica ilustra lo que Cosío Villegas había denunciado dos años antes como dilemas sobre la libertad de expresión propios de regímenes “imperfectos”.

El surgimiento de Vuelta se da en un momento en que se interpreta, bajo las ideas aceptadas por los intelectuales, que el régimen atravesaba por una crisis, que no se le podía denominar democrático pues oscilaba entre el impulso democrático y el fortalecimiento del autoritarismo y eran patentes los problemas para clasificarlo con claridad.

Nuevas ideas habían comenzado a circular también, como la de la participación de la sociedad en el mantenimiento del régimen por los beneficios que representaban a los intereses particulares, lo que contravenía la visión de algunos intelectuales a principios de la década que creían que en la sociedad estaba el germen de la democratización.

Legitimidad y democracia: entre la suspensión de la historia y la encrucijada

Y es aquí donde el primer artículo que tiene como objeto de análisis la política mexicana en Vuelta entra en escena, “La imposible democracia mexicana”, de Rafael Segovia:

No es necesario ser zahorí para saber que la democracia, como régimen político, no está, en México, a la vuelta de la esquina. Olvídense por un momento las razones y compulsiones externas que obran en su contra […] Olvídense también del nivel de ingresos de la mayoría de las familias mexicanas y de los niveles de escolarización de la población. La pregunta viene de otro horizonte: ¿hay alguien en México, que gane más de tres mil pesos mensuales, interesado en el establecimiento de una democracia no adjetivada, o sea, limitada? Se necesita estar dominado por un cinismo extremo para contestar, lisa y llanamente, sí. Y si alguien se atreviera a dar tal contestación, la segunda pregunta que se debería formular sería la siguiente: ¿está usted dispuesto a pagar el precio de la democracia? Si el obstinado mantuviera su respuesta, habría de recurrir el entrevistador a la tercera interrogación: ¿dónde piensa usted asilarse? De ser esta respuesta honesta y verdadera, no dejaría de ser sorprendente y divertida (Segovia, 1976: 27).

Segovia postula en su reflexión que la democracia era imposible en ese momento debido a que

a) los mexicanos que tenían cierta capacidad para influir en el poder –a sus diversos niveles– no querían ni les interesaba buscar la democracia, pues estaban cómodos en una situación en la que podían negociar beneficios para alcanzar la movilización social, lo cual era coincidente con lo que ya Zaid, Monsiváis, Garibay e inclusive Camacho habían mencionado respecto a los arreglos de conveniencia y la corrupción como lubricante del sistema y la cultura política;

b) aun cuando el Estado hablara en serio respecto a la reforma política, la “extralegalidad” de su acción cotidiana había hecho imprevisibles sus acciones al romper de continuo las reglas para favorecer a las mayorías en la idea de “democracia social”, lo que derivaba en una actitud de indiferencia e incredulidad entre los ciudadanos respecto de sus intenciones y acciones, pues además tal idea enarbolada por el gobierno de Echeverría –en el parecer de Segovia– no tuvo una definición “clara e inequívoca, a través de metas precisas y concretas que conquistar. Solo a través de sus glosadores puede adivinarse más que atenderse qué es una democracia social” (1976: 27);

c) la debilidad de los partidos políticos de oposición –que, lejos de competir seriamente por el poder, reforzaban el sistema de partido único que se había ido transformando en uno de partido dominante–, lo que implicaba un cierto retroceso;

d) existía una fuerte presencia de grupos empresariales y de opinión que defendían el status quo ante cualquier intento de reforma social, y

e) el cierre de espacios públicos de crítica y diálogo.

Ante tal situación planteada por Segovia de la vida en México, ¿cómo pensar que la democracia fuera posible pronto si aquellos que podían impulsarla se encontraban, de forma tácita o explícita, en un arreglo de conveniencias con el régimen? ¿Cómo sería posible la democracia si los ciudadanos veían con indiferencia e incredulidad las acciones del Estado encaminadas a la apertura? ¿Cómo pensar en que la democracia fuera posible a corto plazo, con las alternancias propias de esta, si no había partidos sólidos con capacidad de gobernar o siquiera de atraer los intereses de los electores? ¿Cómo pensar en la democracia si las acciones reformistas del sistema electoral impulsadas por el gobierno suscitaban desconfianza?

Bajo tales circunstancias, afirmaba Segovia, la democracia era imposible y sugería que, bajo tal situación, el régimen priista y las instituciones representaban para México el menor de los males posibles al tener más fortaleza de la que se les concedía.

Además, añadía Segovia, habría de considerarse la capacidad de adaptación del régimen, que tuvo al menos una “mutación” en la época del alemanismo que le permitió mantenerse por al menos un cuarto de siglo, cuando Cosío Villegas, en aquella época, se preguntaba si la Revolución no había muerto ya. En los últimos seis años, según Segovia, se habían realizado muchas modificaciones al sistema político, por lo que era difícil hablar de “un mismo sistema político”. Por tal motivo, habría de considerarse la posibilidad de que el sistema lograra mutar una vez más para adaptarse.

Pero ¿cómo entendía Segovia a la democracia y la legitimidad?, pues una vez más la dificultad de nominación indicaba el proceso de cambio en el entendimiento del sistema político. Segovia manifiesta considerar a la democracia como régimen político, primero, para luego asumirlo como “formalización del poder”. ¿A qué se refería con ello? La pregunta es pertinente porque a lo largo del texto parece utilizar el término formal en dos sentidos: como configuración estructural y para denominar la apariencia en oposición a una estructura esencial que, por tanto, difería de lo “real”. Así, hace referencia a la democracia como una formalización del poder y como un molde que da la apariencia pero que continúa vacío.

Esta interpretación se refuerza cuando Segovia trata el tema del origen del poder y la legitimidad:

El origen popular de la soberanía en México es aparente y formal; el poder real se origina en una constelación de elites políticas y económicas competitivas sobre las que priva, en los temas fundamentales, como la inclusión o exclusión de los grupos y clases sociales, un consenso general.

Una fractura entre estas elites introduce una mengua en su solidez, un conflicto abierto entre ellos se traduce por una disminución de la legitimidad del sistema político (Segovia, 1976: 29).

Estos párrafos permiten observar que, de acuerdo con Segovia, 1) el origen del poder no deviene del pueblo, sino de las elites; 2) aun así, es considerado legítimo, 3) por lo que la legitimidad del poder no es de carácter democrático; sin embargo, 4) no por ello se niega la existencia de legitimidad, 5) que en todo caso reside en un consenso temático existente entre las elites políticas y económicas, 6) que son competitivas entre sí pero no al punto de una confrontación que fracture al sistema, en cuyo caso se daría una pérdida de legitimidad.

Y esto remite a la pregunta siguiente: ¿para quién es legítimo este sistema? Y la palabra reside parece dar la respuesta, pues decir que la soberanía reside en las elites es decir que la soberanía se encuentra en ellas; y si se pierde el consenso entre estas, porque además son competitivas, se perdería la legitimidad porque es ante y entre ellas que la legitimidad se debe mantener con el consenso temático. La legitimidad del sistema, entonces, reside en el consenso temático de las elites.

De ahí que, para Segovia, la democracia en México existía solo como una forma que se hallaba vacía y no como formalización, en el sentido de estructuración, del poder en un régimen político, por lo que se justificaba que, a su parecer, la democracia no estuviera “a la vuelta de la esquina”.

De ahí el interés por el sistema de partidos, pues como régimen político la democracia requiere partidos sólidos. Y es a partir de su análisis que entre los escritos intelectuales comenzaba a verse como un problema por resolver, por la debilidad de estos, debido a la réplica que hacían de las prácticas priistas o por convertirse en espacios de refugio para aquellos que no tenían más lugar en el Partido Revolucionario Institucional.

Ahora bien, esta crítica no era nueva. Ya el mismo Segovia la había formulado en 1973. Lo interesante es que ninguno de los intelectuales que publicaban en Vuelta retomó el asunto en sus artículos. Por otra parte, las dudas de Segovia respecto a la capacidad de estos partidos para llegar al poder y ejercerlo tampoco eran nuevas. Silva Herzog y Cosío Villegas habían expresado sus dudas al respecto en la década de los 40.

Quizá en este momento resurge el tema y tendrá eco porque, con la reforma electoral, comenzaba a considerarse más probable que un partido distinto al pri alcanzara el poder respecto de los años anteriores: “Los partidos de oposición no son una alternativa real de cambio de elites gobernantes, pero son la piedra de toque de los equipos en el poder” (Segovia, 1976: 29). ¿Acaso sería que la idea de democracia centrada en el proceso electoral comenzaba a decantarse como la rectora de la evaluación del régimen?

Gastón García Cantú, también en el primer número de Vuelta, en su caracterización del régimen se referiría a una idea semejante de la de democracia como apariencia; en su caso, como simulación:

¿1976 o 1904? Es lo mismo. Los mexicanos no hemos vivido la democracia sino la dictadura. La historia de nuestro país habrá de revisarse a partir de una premisa: la democracia como simulación. […] El pueblo mexicano se ha conformado con el uso de una misma máscara política: la simulación es paz interna; la obediencia, destino; la elección, un azar en el que todos están incluidos (García Cantú, 1976: 30).

Y es que, a su parecer, la Revolución había terminado convirtiéndose en lo que combatió, se había transformado en una especie de porfiriato. Acusación que tampoco era nueva, ya que desde la década de los 40 se había establecido tal similitud. Entre los principales motivos para tal equiparación se encontraba la sumisión del poder legislativo al ejecutivo, pues era el presidente el que seleccionaba la integración de aquel.

Para García Cantú, el esquema de supeditación de los poderes y simulación democrática era herencia de Huerta, por lo que cortaba los lazos que el régimen y sus ideólogos pretendían establecer con Madero y los remitía a Díaz, pues Huerta –a su parecer– era la unión entre el antiguo y el nuevo régimen.

El intento de Cantú por clasificar al régimen mexicano en sus prácticas de selección e integración de legislativo y ejecutivo lo lleva a encontrar el parecido más cercano a un régimen faraónico, con la salvedad de la “innovación histórica” que sería el partido, lo que conformaba una “nueva dictadura” que se diferenciaba de la “antigua” por su carácter de clase. Si en tiempos de Díaz los seleccionados eran burgueses, latifundistas, industriales y algunos intelectuales “inconformes y sueltos de pluma”, ahora eran hijos de campesinos, obreros y clase media (García Cantú, 1976: 31). La forma de asegurar la obediencia de los diputados pobres era a través de los nombramientos para integrarse en las comisiones legislativas, las cuales fueron incorporadas durante el gobierno de Díaz, y por las cuales se incrementaban las percepciones de los diputados. Esa era, para García Cantú, “la llave del silencio y el peso de la sumisión”.

Remata García Cantú con la siguiente afirmación: “La historia parece suspendida en el punto en el cual Madero iniciara su protesta. Razón tenía Cabrera: no hemos hecho la revolución política” (1976: 31).

En todo caso, el régimen surgido de la Revolución ya estaba agotándose; o al menos así lo refiere Segovia en febrero de 1977, cuando, a propósito del informe de gobierno, dice:

Dentro del sistema político engendrado en 1929 se pudo llegar a un reacomodo de las fuerzas económicas y sociales que, mal que bien, lleva casi medio siglo funcionando. Ahora bien, los primeros síntomas de cansancio de estas estructuras están a la vista de todo el mundo. La Revolución está institucionalizada y, por lo tanto, ha dejado de ser un factor político real fuera del plano simbólico (1977: 34).

Pero agregará enseguida algo más:

[…] hoy se trata de institucionalizar la legitimidad del Estado y de los gobiernos que lo encarnan, ampliando la participación de la nación y reduciendo a la familia revolucionaria a las proporciones de un grupo político. Quizá sea el más importante y poderoso, pero ya no es el único, y eso le obliga a reconocer a los demás componentes no como enemigos, sino como rivales en la lucha por el poder. Cerrar las vías institucionales es, a ciencia cierta, la manera más segura de desviar los intereses de los grupos sociales (1977: 34).

Si bien se había identificado previamente la confusión entre régimen, gobierno y Estado por Paz, en octubre de 1972, ahora Segovia veía el momento para jalar el hilo y separarles. No era momento para seguir hablando de la Revolución como el eje de la institucionalización del poder, sino de la institucionalización de la legitimidad del Estado y de los gobiernos. Es decir, la Revolución como valor y como fuente de origen no bastaba ya para justificar el acceso y el ejercicio del poder estatal, sino que era por la vía de la apertura que podía dotarse de legitimidad al Estado, asumiendo que tal origen era solo el de un grupo político y ya no el de la nación entera.

La historia parecía suspendida, había dicho García Cantú. Manuel Camacho, seis meses después –en julio de 1977– pareciera seguir tal afirmación pero solo para señalar que era momento de ponerla en marcha, de nueva cuenta, con nuevas opciones políticas.

Camacho somete a revisión el artículo de Cosío Villegas, “La crisis de México”, para declarar, reconociendo sus aciertos, su insuficiencia ante la realidad del momento e indicar la necesidad de una nueva visión analítica (1977a: 46-50). Con este artículo, Camacho pareciera estar tratando de ubicarse como el analista de la nueva época al someter a crítica al analista de la etapa anterior –Cosío Villegas–, a quien critica por los factores que no incluyó y por ser un vocero de la clase media; y si bien lo considera un adelantado a su época, la crítica que hace de él y de su visión sugiere que es momento de plantearse nuevas opciones para explicar lo que Cosío Villegas en su escrito no podía explicar ya, ni podría explicar más pues había fallecido un año antes –marzo de 1976–, de ahí también la idea de las “opciones políticas de hoy”.

Interesante en este artículo de Camacho es lo que asume como acierto de Cosío Villegas respecto al análisis de la situación, porque es el punto de partida para su propio análisis: “En la actualidad, lo que más impresiona de la lectura de ese ensayo es su actualidad y el hecho de que el sistema político, que según el autor ya estaba en crisis, continúa funcionando con las mismas instituciones y funciones que lo diferencian de cualquier otro” (1977a: 46).

En lo esencial, parecería decir Camacho, la situación que vivía el país en lo político era la misma que describía Villegas treinta años antes, y apuntaba a lo que él mismo reconocía como los problemas centrales:

El artículo de Cosío Villegas planteaba con precisión las incompatibilidades del orden jurídico y la fórmula política con las realidades del gobierno. Efectivamente, los gobiernos posrevolucionarios distaban mucho de haber cumplido los propósitos revolucionarios y constitucionales; de ahí que se destacara uno de los aspectos de la crisis de un sistema político, el relacionado con la dirección política o legitimidad de las instituciones y de la clase política. La fórmula legitimadora de la Revolución mexicana mostraba ya demasiadas incongruencias con la realidad nacional (1977a: 46).

Así, Camacho acepta la idea de la crisis del sistema político posrevolucionario por la falta de cumplimiento de los “propósitos revolucionarios y constitucionales” y con ello reconocía, en la crítica de Cosío, la crisis del régimen realmente existente en su legitimidad constitucional y de valores o propósitos. Sin embargo, la frase que utiliza para ello es peculiar: “De ahí que se destacara uno de los aspectos de la crisis de un sistema político, el relacionado con la dirección política o legitimidad de las instituciones y de la clase política” (1977a: 46).

Esto es, la dirección política, entendida como proyecto, es lo que, en la lectura que hace Camacho de Cosío Villegas, otorga la legitimidad de las instituciones y de la clase política, porque se seguía pensando en términos de valores por cumplir por parte de la autoridad política.

Así, mientras existiera congruencia entre valores (propósitos de la Revolución) con el quehacer de las instituciones y de la clase política el régimen sería legítimo, mientras que en el momento en que faltasen a estos dejarían de serlo. Y en la lectura que Camacho hace de Cosío Villegas, estas ya habían entrado en falta y la crisis derivaba de esa falta. Y el problema, decía Camacho, había persistido desde entonces y hasta el movimiento de 1968, que en su interpretación seguiría siendo una manifestación del mismo problema: la falta de dirección política, la falta de legitimidad.

La inconformidad de importantes sectores de las clases medias alcanzó las dimensiones críticas de 1968 por razones políticas. Las instituciones políticas se enfrentaban a una representación insuficiente; existía una falta de dirección política (en el sentido de legitimidad política); brotaban escisiones [en] la clase política, así como actos de gobierno que catalizaron el descontento y permitieron una amplia movilización (Camacho, 1977a: 47).

Ahora bien, retoma Camacho, si ya Cosío Villegas se había pronunciado por la opción de la democracia representativa” a mediados de los 40, tal propuesta se había perdido y no fue sino después de 1968 que tuvo eco, pero lo tuvo nada más entre “algunos sectores intelectuales y gubernamentales”, no así entre los estudiantes de la época.

El gobierno se enfrentaba a “la falta de representación, las limitaciones de dirección y legitimidad del régimen”, por lo que podía considerarse que la dificultad para nominar y clasificar al régimen que habían enfrentado los intelectuales en los años previos pareciera ser muestra no tanto de una carencia intelectual como de un problema de indefinición del propio régimen.

Si el sistema político no enfrentaba los problemas de representación y legitimidad, se terminaría por convertir, paulatina o súbitamente, en un régimen burocrático tecnocrático y crecientemente militar, que tendría que suprimir hasta los menores intentos de movilización, y limitar más todavía las posibilidades de expresión y las libertades individuales.

A los retos de su momento, Echeverría no ofreció un proyecto político único. Empezó su gobierno con el propósito de reformar el sistema político y la economía. En su segundo año de gobierno sustituye el propósito inicial de reforma por el populismo y una política exterior izquierdista. Antes de entregar el poder a su sucesor le toca iniciar el retraimiento populista.

La dinámica del proyecto populista creó sus propias limitaciones políticas. Al tratar de relegitimar al sistema y a sí mismo, Echeverría había articulado una nueva oposición fundamentalmente empresarial. Al integrar su equipo político, cooptar a ciertos cuadros de oposición e imponer a un sucesor presidencial sin apoyos políticos, había polarizado a algunos sectores de la clase política (que el propio López Portillo, como primer acto de gobierno, conciliaría). Al centralizar más aún el poder, había engendrado inconformidad y llegado a decisiones discutibles. El acto de comprar la representación política con el erario y el crédito gubernamentales –efectuado con la intención de no correr los riesgos de una reforma política– había acelerado el advenimiento de la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra. El propio presidente se encargó de echar marcha atrás en su proyecto durante el último año de su gobierno (Camacho, 1977a: 48).

Las reflexiones del periodo de Plural, en el artículo de Camacho, se ven ubicadas por el periodo que tratan de entender: el poder del presidente, la compra de voluntades, el surgimiento de grupos de abstención o voto por la oposición en las zonas más modernas del país, la visión de equilibrios entre grupos en el seno del partido son congruentes con lo que Camacho observa que ha sucedido en el pasado inmediato a su artículo.

Y si bien el “periodo populista le dio vida al sistema”, para Camacho los problemas de legitimidad y de representación no se solucionaron; seguían vigentes aun cuando no fueran aparentes. Así es como llega al planteamiento de las rutas que hay que seguir: las opciones políticas de un régimen que, más que imperfecto o en transición, está indefinido. “A nuestro parecer, son cinco las opciones políticas que tiene el país: ‘argentinización’ de México; revolución socialista; nacionalismo autoritario;régimen burocrático tecnocrático militar y democracia representativa” (1977a: 48).

De esas cinco opciones como ruta del sistema político mexicano, para Camacho solo tres eran viables: argentinización, régimen burocrático tecnocrático militar y democracia representativa; ni la revolución socialista ni el nacionalismo autoritario entraban en su horizonte de posibilidades, ni aclara tampoco las razones para ello.

La primera de esas opciones era lo que esperaba el autor sucediera en caso de que el sistema no decidiera por ninguna dirección, una serie de conflictos a todos niveles, con la policía en el medio de ellos, grupos sin hacerse de la hegemonía, polarización política en la sociedad y en las clases medias en particular.

La segunda opción sucedería solo si el régimen optara por cerrarse, reorganizar la economía y enfrentar de manera coercitiva a la oposición, lo cual implicaría una transformación del sistema que, más allá de responder a criterios políticos, respondería a una cierta racionalidad económica.

La tercera opción que veía Camacho era ir hacia la democracia representativa, a la cual se podría ir por el camino de la reforma política, de la cual el primer paso sería la reforma electoral para dar representación a las nuevas fuerzas políticas y que estas pudieran encontrar su “fuerza real” en los resultados electorales. Y esto implicaría por supuesto la transformación del sistema y el cambio en el criterio a partir del cual se fundamentaría la legitimidad política de la autoridad.

Es decir, que en la medida en que el sistema implantara su nuevo procedimiento electoral en el que se respetara efectivamente el voto y estuvieran representados todos los partidos políticos mayores, un sector creciente de la población le concedería legitimidad a las autoridades. Con el tiempo, el sistema habría logrado sustituir la fórmula de legitimidad revolucionaria por la fórmula de legitimidad democrática. Una reforma de esta naturaleza reforzaría la hegemonía del sistema y del Estado (Camacho, 1977a: 48).

Así, la legitimidad revolucionaria, que estaba en pleno cuestionamiento desde al menos la década de los 40, se vería sustituida por una legitimidad constituida por el procedimiento democrático, la cual además contribuiría a dar legitimidad al mismo Estado, pues lo que se cuestionaba era el ascenso y ejercicio del poder por las autoridades e inclusive se cuestionaba al Estado surgido de la Revolución, la fórmula de legitimidad democrática les separaría y fortalecería, pues en la sociedad del momento había grupos que no se sentían representados por estos.

Que tal cambio pudiera darse dependía de los partidos políticos, de sus capacidades de atracción. En caso de que estos no fueran lo suficientemente fuertes, entonces el problema persistiría y se reducirían las posibilidades de dirimir de manera pacífica los conflictos políticos y sociales. No perdía de vista Camacho que los costos de la reforma eran altos para ciertos grupos, aun para el mismo presidente y el pri, pues en ellos se encontraría la mayor oposición al cambio rumbo a la “democracia representativa”, a pesar de que el mismo sistema de la época “se proclama democrático”.18

Por otra parte, había un problema que la reforma política por sí misma no podría resolver y que formaba parte del cuestionamiento a la legitimidad del régimen: el problema económico. En el mismo número de la revista, Víctor L. Urquidi manifiesta desde el título de su artículo la situación que, en su perspectiva, vivía el país: “México en la encrucijada”.

El país se encontraba en un punto que requería de toma de decisiones para elegir un rumbo político, pero también económico, y al final ambos eran parte de un mismo problema. El consenso al respecto entre los intelectuales parece ser total en ello.

México viene experimentando desde hace tiempo –por lo menos desde los años 40– una crisis profunda de tipo social y político, entendida la crisis como un proceso de cambio –rumbo fijo, sin objetivos claros y sin la instrumentación de medios adecuados para lograr aun los objetivos imprecisos que se proclaman o se intuyen– (Urquidi, 1977: 4).

Pero la responsabilidad compartida y la ausencia de un ente social constituido moralmente válido aparece también ya como parte del consenso:

Todos los mexicanos somos responsables de esta crisis, principalmente porque no tenemos conciencia suficiente de nuestra problemática general y porque la participación ciudadana en los planteamientos y las soluciones es muy limitada. Por ignorancia, por desidia o por codicia, la mayoría de los miembros de los distintos grupos sociales persiguen su interés particular con notoria indiferencia hacia la colectividad como un todo y hacia la interrelación armónica de sus partes (Urquidi, 1977: 4).

El nivel de vida se había incrementado por el desarrollo económico del país, pero eso no se tradujo en una disminución de la desigualdad entre sus habitantes, acusa Urquidi, lo cual implica una situación de contradicción con un régimen que surgió de una revolución planteada en términos de objetivos sociales:

Es válido entonces preguntarse si México no se encuentra en una verdadera encrucijada: o se transforman las estructuras sociales y productivas, y las instituciones, se mejora la formulación de políticas económicas y sociales y se ejecutan estas con eficacia y en forma responsable y honesta, a fin de crear una sociedad menos desigual en un plazo razonable; o se sigue descendiendo por el camino del subdesarrollo y de la desorganización social, con una creciente población paupérrima e inactiva, improductiva y desarticulada, en perenne estado de desigualdad, con gran potencial para generar enormes convulsiones sociales (Urquidi, 1977: 7).

A su vez, dirá Paz, el edificio construido por Calles y sus sucesores está mostrando sus cuarteaduras, el sistema político mexicano se está convirtiendo en “una reliquia”, pero una reliquia peligrosa porque “su derrumbe puede sepultarnos a todos” (1977: 46). Y, una vez más, la responsabilidad por la situación que vivía el país era una responsabilidad compartida, y dos figuras en particular se encontraban entre los grandes responsables: intelectuales y partidos.

[…] haríamos mal en culpar únicamente al pri. En primer término, el pri es el heredero de errores que comenzaron probablemente con la Independencia y entre los cuales el mayor de todos ha sido la instauración de la mentira constitucional: la realidad legal de México nunca ha reflejado la realidad real de la nación. Todos somos culpables de la perpetuación de esta mentira, sobre todo los intelectuales poseídos por el dogmatismo y el espíritu de partido. En segundo lugar: no es menor la responsabilidad de los dirigentes de los partidos de la oposición. La culpa es colectiva y puede repartirse, equitativamente y por partes iguales, entre tirios y troyanos. Nuestros partidos, del pan al Partido Comunista, de la Unión Nacional Sinarquista al Partido Mexicano de los Trabajadores, unos a la derecha y otros a la izquierda, son una asamblea de fantasmas (Paz, 1977: 46).

Paz ya se había referido antes al problema de la debilidad de los partidos, ahora lo hará también agregando el rol de los intelectuales y su vinculación con aquellos, en particular con los de izquierda, donde el problema del momento es que hay “falta de ideas y falta de líderes”. La izquierda, dice, padece de esterilidad intelectual y es incapaz de organizarse y unificarse. A su vez, a la derecha más le valdría el nombre de reaccionaria y se encontraba en un proceso de desintegración. En resumen, Paz abandonó sus esperanzas de principios de la década en el surgimiento de un movimiento social y en 1977 no vislumbra un proyecto o programa que represente una “alternativa viable” al pri.

La sociedad mexicana pareciera desprenderse de los análisis de la época, es una sociedad anémica, sin liderazgos políticos, sin moral que haga válidos sus reclamos, sin ideas, sin rumbo, y nadie más que ella es la responsable de su situación.

Desmadejando el sistema

Las reflexiones que aparecen en seguida en Vuelta tienen como tema de reflexión recurrente a la legitimidad, no siempre como elemento central de las reflexiones, pero –a diferencia de las épocas previas– se encuen-tra de continuo hasta 1984, cuando el discurso volverá a cambiar.

Tres pasos seguirán aquellos que reflexionarán sobre el tema: 1) distinguir los elementos que fundan la legitimidad del régimen, 2) evaluar su estado y 3) identificar la necesidad de erigir nuevos fundamentos. Habrá dos autores fundamentales en este periodo: Octavio Paz y Manuel Camacho; en menor medida aparecerán Enrique Krauze, Rafael Segovia y Gabriel Zaid.19

El primer artículo que adelanta reflexiones sobre la legitimidad es “Las opciones políticas de hoy”, de Manuel Camacho, que se consignó líneas arriba. El siguiente artículo, también de autoría del mismo Camacho, dará inicio a una serie titulada “Las piezas del sistema”, en la cual, como ya anuncia desde el título, se enfocará a observar el funcionamiento del sistema y lo que hace que funcione.

En su primer artículo, Camacho discute la idea del poder de la presidencia, tratando de matizar la afirmación propuesta a principios de la década por Cosío Villegas de que los presidentes de México son “emperadores sexenales”, la cual a su parecer es una idea común que no resiste una comparación seria, y por seria se refiere a un estilo académico politológico. Así, el poder que Camacho intenta explicar es un poder acotado, un poder que se basa en las capacidades de negociación del presidente, al igual que ya lo habían expuesto el mismo Cosío Villegas y Zaid a principios de década y no un poder omnipotente (1977b: 25-26). En todo caso, lo relevante, para esta investigación, es su conclusión: el poder del presidente depende de que tenga como respaldo “las piezas del sistema”. Las cuales a su entender son “las entidades claves del sector público, el partido predominante, las organizaciones de control social popular, las fuerzas armadas, las organizaciones ideológicas y los medios de difusión, los grupos de presión, la moral republicana y la legitimidad revolucionaria” (Camacho, 1977b: 26).

Así, pareciera iniciar lo que será una estrategia analítica para su serie de artículos, lo cual es sumamente novedoso en esta publicación, pues si bien había algunos espacios fijos de participación no se tenían ejemplos de análisis sistemáticos, de tal manera que Camacho planteará y seguirá una ruta: para comprender el sistema político hay que observar el punto central, que es la presidencia, y tratar de comprender de dónde viene su poder; después hay que analizar lo que le sostiene: herencia republicana y legitimidad revolucionaria, y el partido.

Hecho su “análisis” del poder de la presidencia, y establecido que este deviene de los elementos sobre los que se funda, será a las “fórmulas legitimadoras” del régimen a las que dedicará sus reflexiones en su siguiente artículo dentro de “Las piezas del sistema”, dedicado a la herencia republicana. Desde su primer párrafo tiene en claro la importancia de la legitimidad como valor agregado a la fuerza política que permite alcanzar el poder: “Un régimen político existe por las fuerzas que lo respaldan, pero también por las tradiciones, leyes, símbolos y principios de gobierno que lo legitiman. En el sistema político de México las fórmulas legitimadoras son cruciales para explicar su permanencia y funcionamiento” (Camacho, 1978a: 28).

Camacho asume que la fuente de legitimidad del sistema ha sido la “legitimidad revolucionaria” y que esta se encuentra en un estado de contradicción con la “realidad social”, por lo cual el sistema busca incorporar una “legitimidad democrática” cuyos fundamentos se encuentren en los derechos a la asociación política, a la competencia electoral y a la oposición legal. El asunto que le interesa a Camacho es, entonces, ¿cómo es que si la legitimidad revolucionaria se encontraba “agonizante” y la democrática era “incipiente” el régimen hubiera subsistido sin hacer “uso generalizado” de la coerción?

El problema al que se enfrenta de inicio en su análisis es que identifica a la sociedad mexicana como una “sociedad intermedia”, recurriendo a este término para sortear –a la vez que para volver a indicar– el problema de nominación y clasificación del régimen en los años anteriores, una sociedad entre el socialismo y la democracia y que no se corresponde a ninguno de los dos esquemas. Ahora bien, en tanto no corresponde a ninguno de esos dos esquemas, no se le pueden atribuir los principios de legitimidad característicos de uno u otro.

El único camino que podría quedar para estas “sociedades intermedias” es recurrir a la formulación weberiana, pero el problema se mantiene: si se entiende que la legitimidad revolucionaria funciona como una legitimidad tradicional, el problema radicaría en que una vez agotada esta se asumiría que la sustituye una legitimidad carismática; y que si no es así, se concluye que en las sociedades intermedias se carece de legitimidad y el orden se mantiene por recurrencia a la coerción, lo cual no sucede así en el caso mexicano, los regímenes se mantienen porque son percibidos legítimos. La lectura desde la teoría sería deficiente para explicar estas sociedades.

Apunta Camacho, sin decirlo, a que habría que renunciar a las teorías socialista y democrática para ceñirse a lo observable en cada realidad específica y observar que puede haber una “diversidad de legitimidades” que sostengan a un “régimen intermedio”. “En la realidad mexicana podría decirse que el régimen se apoya en tres fórmulas legitimadoras fundamentales. Estas serían la herencia revolucionaria, la herencia republicana y las fórmulas coyunturales, casi sexenales” (Camacho, 1978a: 28).

El origen de la legitimidad revolucionaria deriva de la toma del poder y la destitución del anterior régimen, el mando del ejército y la construcción no de una legalidad sino de un proyecto contenido en la Constitución de 1917. En el momento en que la realidad contradijo lo estipulado por la legitimidad revolucionaria, se volvió necesario recurrir a “fórmulas de legitimación” coyuntural y a la formulación de una “herencia republicana”, que son las que para Camacho pueden explicar la subsistencia del sistema.

El régimen mexicano se ha apoyado en una diversidad de legitimidades. Exagerando podría decirse que dependiendo de la clientela política y de las necesidades del momento el régimen ha hecho uso de distintas fórmulas legitimadoras. Aunque todas estas fórmulas tienen algún sustento en la realidad, su importancia radica más en su capacidad de convencimiento hacia las distintas clientelas políticas que en el realismo que las respalda. Algunos ejemplos típicos de estas fórmulas legitimadoras coyunturales serían los casos del desarrollo estabilizador como fórmula frente al sector privado y los banqueros internacionales, y el caso de la política exterior de izquierda como fórmula frente a ciertos sectores estudiantiles e intelectuales (1978a: 28).

Para Camacho, estas fórmulas se modificaban con una temporalidad sexenal, lo que las convertía en elementos de ocasión, y lo que le daba su continuidad a la legitimidad del régimen era la apelación a una herencia republicana “presente en las tradiciones, leyes, símbolos y principios de gobierno”, una herencia que “se expresa en la naturaleza constitucional del régimen. En la preeminencia de la instancia política sobre las otras esferas de la administración pública y del poder civil sobre el militar” (1978a: 29).

Pero hay que resaltar: la herencia republicana era un sustento del régimen porque implicaba la contención del poder del mismo. De ahí que, para Camacho, el recurso a la herencia republicana fuera una fuente de legitimidad frente a la clase media y la elite política, pues implicaba la conservación de libertades cívicas y derechos políticos. Sería entonces esta herencia la que habría permitido que el régimen subsistiera y que el reclamo por la legitimidad no hubiera sido mayor, a pesar de que la legitimidad revolucionaria estuviera desgastada, a la vez que permite explicar parcialmente la dificultad para nombrar y clasificar al régimen político mexicano.

Paz tenía otra perspectiva, pues, dos meses después de la publicación del artículo de Camacho, dirá en “El ogro filantrópico”: “En un régimen de partido único como es el de México, las organizaciones sindicales y populares son la fuente casi exclusiva de legitimación del poder estatal” (1978: 39).

De acuerdo con Paz, el poder de la autoridad en México radicaba en que el Estado era el capital, el trabajo y el partido. La vida económica fuera del Estado no existía o, en su caso, era mínima, sin que eso significara que el mexicano fuera un “Estado totalitario ni una dictadura”, porque quienes dominaban a la sociedad eran las burocracias política (partido) y administrativa, y además estas dos burocracias no eran independientes, sino convivían permanentemente con el capitalismo privado y las burocracias obreras en una relación de complicidades, alianzas, rupturas y rivalidades, además de que se relacionaban con una clase media que crecía, se educaba y hacía uso de la crítica.

No era para Paz una herencia republicana, como para Camacho, lo que permitía que el régimen se contuviera y subsistiera; lo que lo sostenía era la existencia de grupos con intereses en competencia bajo un esquema de alianzas cambiantes pero que siempre terminaban por incluir al régimen –por medio de alguna de las dos burocracias– para la consecución de sus metas. “Así, aunque México no es realmente una democracia tampoco es una ideocracia totalitaria” (1978: 40).

Sin embargo, la convivencia en el Estado de dos lógicas distintas estaba minándolo. Por una parte, había una lógica patrimonialista, cortesana; y, por otra, una lógica modernizadora que se le enfrentaba. Además, había tres “formaciones” distintas: una de administradores tecnócratas, con valores técnicos modernos; y a su lado otra compuesta por amigos, familiares, protegidos del presidente y sus ministros, que componían la formación cortesana con valores patrimoniales de lealtades personales que se renovaba cada seis años; por último, una formación de políticos o profesionales de la política, los miembros del partido, cuyos valores se encontraban en el medio de los otros dos, entre modernos y patrimoniales, orientados al servicio de los intereses individuales o de facción, así como a la movilidad social personal.20

Si bien el régimen sobrevivió por mucho tiempo sin que nadie pusiera en duda su legitimidad, para Paz los sucesos del 68 “quebrantaron gravemente esa legitimidad” y desde entonces los gobiernos mexicanos buscaban, no sin contradicciones, una nueva legitimidad.

Paz refiere que la legitimidad “antigua”, la que se encuentra en crisis, era, por una parte, de orden histórico, genealógico en tanto el régimen priista se consideraba el sucesor o heredero de los caudillos revolucionarios, y por otra, era de orden constitucional en tanto el ascenso al poder se producía con la realización de elecciones que formalmente eran legales.

La nueva legitimidad que estaba buscando el régimen radicaba en el establecimiento de una nueva legalidad que regulara el ascenso al poder. Esta nueva legalidad implicaba reconocer, por parte del régimen, la separación entre Estado, gobierno y partido, y que la Revolución no podía ser ya el punto de partida u origen de la nación, sino que acaso era un momento en la historia de esta y un grupo entre los varios que la componían: “[l]a nueva legalidad que busca el régimen se funda en el reconocimiento de que existen otros partidos y proyectos políticos, es decir, en el pluralismo. Es un paso hacia la democracia” (Paz, 1978: 40).

La duda que expresaba Paz, más allá de celebrar que se podía alcanzar la democracia diferida desde la Independencia, era la del alcance de transformación que podía tener la modificación del orden legal en las “estructuras políticas” de la sociedad.

El primer escollo era el de los partidos políticos, su debilidad para competir seriamente con el pri, con excepción del pan, pues el resto no habían sido sino “títeres en la farsa electoral”. Sin embargo, en ese momento, a decir del mismo autor, el pan se encontraba muy debilitado por sus luchas internas y se debatía en el medio de una crisis de identidad entre el autoritarismo conservador católico y la democracia cristiana.

De los demás, el Partido Comunista, a pesar de haber conquistado el medio universitario, se había alineado con el conservador Partido Comunista Francés y se había convertido en apologista del “socialismo histórico” sin generar una crítica que le pudiera ayudar a desarrollarse como en el caso de algunos partidos europeos. Al otro extremo, el Partido Demócrata Mexicano –descendiente de la Unión Nacional Sinarquista–, fuerte entre grupos campesinos del centro del país, se encontraba en las mismas condiciones que el pan, debatiéndose entre la hermandad religiosa, su tendencia fascista y una aspiración democrática. El Partido Mexicano de los Trabajadores, a pesar de no contar con un pasado que le anclara a rasgos autoritarios, no tenía un programa claro que le distinguiera de otros partidos de izquierda y por tanto que llamara la atención de los electores.

Y esto daba lugar para el pesimismo:

¿El pluralismo mexicano que prepara la reforma política estará compuesto por partidos minoritarios y que difícilmente merecen el calificativo de democráticos? Lo más probable es que ese remedo del pluralismo, lejos de aliviarla, agrave la crisis de legitimidad del régimen. Si así fuese, el desgaste del pri se acentuaría y el Estado, para no disolverse, tendría que apoyarse en otras fuerzas sociales: “no en una burocracia política como el pri sino, según ha sugerido recientemente Jean Meyer, en la burocracia militar” (Paz, 1978: 43).

Las palabras de Segovia en el primer número de Vuelta parecían seguir teniendo vigencia: la democracia se veía imposible. Véase también el segundo escollo que planteaba Paz que debía sortear la reforma política propuesta por el régimen priista: la dualidad que marcaba a los mexicanos, la presencia de lo arcaico y a la vez de lo moderno.

La presencia de la moral patrimonialista cortesana en el interior del Estado mexicano es otro ejemplo de nuestra incompleta modernidad. Lo mismo en los estratos más bajos –la sociedad campesina y sus creencias religiosas y morales– que en la clase media y en la alta burocracia, tropezamos con la mezcla desconcertante de rasgos modernos y arcaicos. […]

La mayoría de nuestras actitudes profundas ante el amor, la muerte, la amistad, la cocina, la fiesta no son modernas. Tampoco lo son nuestra moralidad pública, nuestra vida familiar, el culto a la Virgen, nuestra imagen del presidente (Paz, 1978: 44).

Cerrará Paz su reflexión: “Si la historia es teatro, la de nuestro país ha sido una mascarada interrumpida una y otra vez por el estallido del motín y la revuelta” (1978: 44), y repite la fórmula de El laberinto de la soledad: México debe encontrar su propia modernidad. Así, para Paz, el problema está más allá de la legitimidad del Estado, de la autoridad, está en la construcción moderna de la nación mexicana, del país mismo.

Paz plantea en el “Ogro filantrópico” un tema que será objeto de nuevas reflexiones, y sobre el que también aportará Camacho en un artículo publicado en el mismo número: el futuro del pri. El tema no es menor, sobre todo porque la “nueva legitimidad” pasaba por el reconocimiento de otros grupos en la competencia por el poder, y el pri, desde su fundación como pnr, afirma Camacho, negó en los hechos la libertad de oposición externa al mismo partido, el cual en su origen se ocupó de unir a los elementos revolucionarios del país para sostener el orden legal surgido de la Revolución (1978: 20-24). Entonces, si el sostenimiento del orden revolucionario implicó la exclusión de la oposición y la reforma política de finales de los 70 apuntaba al reconocimiento de la oposición, la reforma también implicaba la necesidad de transformación del pri.

Las opciones para el pri, desde la perspectiva de Camacho, solo podían ser la “paulatina extinción del partido” o “cohesionar a las fuerzas políticas del régimen y utilizar todo el poder presidencial para que de una manera controlada avance el proceso de democratización” (1978: 24).

La decisión de los diversos grupos integrantes del pri sobre la reforma política, acatarla u oponerse a ella, era relevante en la medida en que esas reacciones abonarían o no a la credibilidad de la reforma, y en su convencimiento estaba en juego también el liderazgo y fortaleza del presidente.

No será sino en junio de 1982 que el tema de legitimidad volverá a ser tocado, aunque será dentro de una reflexión más general sobre América Latina y la democracia. Mientras tanto, los artículos que tocan temas políticos reciclan ideas ya tratadas, mostrando su instalación como ideas de dominio público o al menos hegemónicas en el pensamiento de los intelectuales.

Así, por ejemplo, respecto a la responsabilidad compartida, señala Jorge Ibargüengoitia como de pasada: “El pri es minoría, de acuerdo, pero está sostenido en el poder por una masa enorme y corrupta, a la que tiene acceso casi todo mexicano que esté dispuesto a hacer un favor con tal de que le hagan otros a cambio” (1979: 33).

Del fin de la Revolución

Pero es importante detenerse en el artículo de Gabriel Zaid titulado “Carta politométrica”, de marzo de 1980, porque en él se plantea el punto quizá más claro del cuestionamiento a la legitimidad del régimen surgido de la Revolución, y lo hace desde el análisis del uso de la palabra revolución que se hace en México.

En México se es revolucionario porque no hay otra forma de ser, dice Zaid; desde las pintas en las bardas hasta en los discursos, la palabra revolución siempre está presente. Y es que el lenguaje revolucionario es, a decir de Zaid, “la única vestimenta cívica aceptable”. Se es revolucionario y verdaderamente revolucionario cuando lo anterior no basta. Así, “[e]n el país del pri, en el país donde se hacen millones en nombre de la Revolución, no hay palabra más hueca, más emputecida, que la palabra revolución” (Zaid, 1980: 46).

Si durante los años 40 las críticas de Cosío Villegas y Silva Herzog se detenían en el punto de conceder algo de legitimidad por la esperanza de hacer realidad aun el principio revolucionario y de justicia social del régimen, poco más de treinta años después, en los 80, Gabriel Zaid rematará esa esperanza: “Las banderas revolucionarias sirven más para trepar y prosperar en nombre de los pobres que para el beneficio de los pobres” (1980: 46).

No solo era la distancia entre la Revolución y las nuevas generaciones de mexicanos lo que ponía en entredicho a la Revolución, para principios de los 80 la Revolución como principio político y como discurso, en la perspectiva de Zaid, había muerto por la saturación en la utilización política del término, una utilización además que encubría una farsa.

Lo mismo sucede con la palabra izquierda. Ser revolucionario es ser de izquierda y por tanto en México o se es revolucionario y de izquierda o no se es. Pero si todos son revolucionarios y todos son de izquierda, ser revolucionario y ser de izquierda no quiere decir nada. Pero declararse revolucionario y de izquierda, para Zaid, es el conjuro del mayor de los males:

Es anormal, y en último término imposible, estar a la izquierda en todo y con respecto a todos: no estar a la derecha de nada ni de nadie. ¿Por qué, sin embargo, en México, se busca ese imposible? Porque aceptar la realidad es aceptar el riesgo de ser rebasado por la izquierda y arrojado al infierno. Hay que estar, pues, absolutamente a la izquierda (1980: 47).21

Si a finales de la década de los 70 se criticó la legitimidad del régimen, ahora era sobre el concepto principal en el que se fundaba tal legitimidad al que se enfocaba la exposición de su agotamiento. El exceso en la utilización del término, además de la contradicción entre el principio revolucionario y la realidad social, lleva a reconocer el agotamiento de la Revolución como fundamento de legitimidad. Quizá también la Revolución se había convertido en una máscara, en un velo que ocultaba y a la vez impedía ver al sujeto.

Así, el problema fundamental pasaba por la idea de modernidad, pues –decía Paz– en América Latina, no solo en México, la modernización de las sociedades era un movimiento que, si bien había iniciado a fines del siglo xviii, no había concluido aún y ello se reflejaba en que, por ejemplo, los intelectuales latinoamericanos adquirían las ideas del momento pero con actitudes del pasado, al buscar defender con la razón la verdad del momento (1982: 38-46).

Nuestros intelectuales han abrazado sucesivamente el liberalismo, el positivismo y ahora el marxismo leninismo; sin embargo, en casi todos ellos, sin distinción de filosofías, no es difícil advertir ocultas, pero vivas, las actitudes psicológicas y morales de los antiguos campeones de la neoescolástica. Paradójica modernidad: las ideas son de hoy, las actitudes de ayer. Sus abuelos juraban en nombre de santo Tomás; ellos, en el de Marx, pero para unos y otros la razón es un arma al servicio de una verdad con mayúscula. La misión del intelectual es defenderla. Tienen una idea polémica y combatiente de la cultura y del pensamiento: son cruzados. Así se ha perpetuado en nuestras tierras una tradición intelectual poco respetuosa de la opinión ajena, que prefiere las ideas a la realidad y los sistemas intelectuales (Paz: 1982: 40).

Para Paz, las independencias latinoamericanas tuvieron como propósito central la “modernización política, social y económica”. Pero su movimiento solo alcanzó a “adoptar” las doctrinas y los programas producidos por la revolución estadounidense y la francesa, modelos a los que miraban los latinoamericanos del momento, pues no existía tradición intelectual ni la formación de “conciencias y mentes” de las elites, mientras que la estructura de clases sociales tampoco se correspondían históricamente con las que permitían el surgimiento de la ideología liberal y democrática en aquellos países.

Las ideas, vuelve Paz sobre su hipótesis expuesta en “El laberinto”, en América Latina se convirtieron en máscaras, en “velos que interceptan y desfiguran la percepción de la realidad”, ocultando al sujeto que la usa a la vez que ocultándole la realidad.

Pero ese no sería el único problema, los países de América Latina, desde su surgimiento; o mejor dicho, de acuerdo con Paz, desde su “invención” por los caudillos, no eran viables ni política ni económicamente; y, aún más, “carecían de verdadera fisonomía nacional” (1982: 40). El poder lo concentraron las oligarquías –en lo económico– y los militares –en lo social–.

La democracia, si bien era discurso adoptado, no tenía asidero en países que no eran naciones, pareciera apuntar Paz, en Estados sin sociedad civil. Sobre todo porque Paz retoma a Castoriadis en su acepción de democracia:

Castoriadis ha mostrado que la democracia es una verdadera creación política, es decir, un conjunto de ideas, instituciones y prácticas que constituyen una invención colectiva. La democracia ha sido inventada dos veces, una en Grecia y otra en Occidente. En ambos casos ha nacido de la conjunción entre las teorías o ideas de varias generaciones y las acciones de distintos grupos y clases, como la burguesía, el proletariado y otros segmentos sociales. La democracia no es una superestructura: es una creación popular (Paz, 1982: 41).22

¿Y cómo se puede crear la democracia si no existen las figuras que le den forma a la socialización en sentido de fundación o institucionalización democrática que permita salir de la coexistencia moderno-antiguo, o de ideas de hoy con prácticas de ayer? Por eso Paz vuelve una y otra vez sobre la ausencia de tradición intelectual crítica y moderna –aquella que no defiende la verdad sino que la cuestiona–, y sobre la adopción sin adaptación de las ideas en América Latina.

Así, modernización, democracia e instituciones libres no han podido ser sino máscaras, rótulos vacios que se llenan con cualquier cosa, así sea con la que los niega, formas en el sentido de moldes, como dijo Segovia jugando con los sentidos de la palabra en el primer número de Vuelta.

La adopción de constituciones democráticas en todos los países latinoamericanos y la frecuencia con que en esos mismos países imperan regímenes tiránicos pone de manifiesto que uno de los rasgos característicos de nuestras sociedades es el divorcio entre la realidad legal y la realidad política (Paz, 1982: 42).

“Teatralidad ideológica” le llama Krauze a la capacidad de no transformar la realidad sino de transfigurarla en el teatro de las palabras (1980: 44-46), de poner velos, como dice Paz, desde que aparece, en 1949-1950, El laberinto de la soledad, y sigue repitiendo en 1982. Y es por eso mismo que la democracia es la deuda pendiente y la mascarada recurrente:

La democracia es la legitimidad histórica; la dictadura es el régimen de excepción. El conflicto entre la legitimidad ideal y las dictaduras de hecho es una expresión más –y una de las más dolorosas– de la rebeldía de la realidad histórica frente a los esquemas y geometrías que le impone la filosofía política (Paz, 1982: 42).

Así, aunque se identifica a la democracia como asunto pendiente en la realidad de América Latina, en el discurso, por su adopción temprana, es la legitimidad histórica del poder: “Con ella habíamos nacido y, a pesar de los crímenes y las tiranías, la democracia era una suerte de acta de bautismo histórico de nuestros pueblos” (Paz, 1982: 42).

La democracia, dice Paz, como medio para ascender al poder, resuelve el problema de la sucesión, problema recurrente en la región, resuelve el problema de la legitimidad de los gobiernos. Su derrota frente a los golpes de Estado “significa la perpetuación de la injusticia y de la miseria física y moral” (Paz, 1982: 46).

En esta perspectiva que asume Paz, primero refiriendo a Castoriadis, para quien la democracia como procedimiento será un fraude si no implica una organización de la vida social, y luego a la potencial derrota de la democracia, parece colarse algo más que la perspectiva procedimental, pues la organización social, así como la injusticia y la miseria, pareciera estar más allá de la organización del método para la sucesión en el poder a menos que incluyera un cierto contenido social, o de proyecto de sociedad, en la idea de democracia. Así parece apuntar el recuento final sobre la democracia en la región:

La democracia latinoamericana llegó tarde y ha sido desfigurada y traicionada una y otra vez. Ha sido débil, indecisa, revoltosa, enemiga de sí misma, fácil a la adulación del demagogo, corrompida por el dinero, roída por el favoritismo y el nepotismo. Sin embargo, casi todo lo bueno que se ha hecho en América Latina, desde hace un siglo y medio, se ha hecho bajo el régimen de la democracia o, como en México, hacia la democracia (Paz, 1982: 46).

De cualquier forma, en el contexto estrictamente nacional, el componente electoral de la democracia comenzaría a tomar preponderancia en Vuelta, atendiendo a la coyuntura política del ritmo sexenal: la elección presidencial de 1982.

Recuento

En la década de los 70, como se ha visto, se dieron varios cambios en el pensamiento político mexicano acerca de la legitimidad y la democracia, así como de la concepción del régimen político vigente. En resumen se pueden plantear los siguientes.

Las primeras rupturas

Durante 1971 y 1972 se realizaron los primeros intentos por comprender al régimen, por hacer una caracterización de este, la cual apuntaba ya hacia un rompimiento con la idea de “democracia social” que se había utilizado en la época anterior, apuntaba ya a definir al régimen político como uno distinto a la democracia (monarquía sexenal) o al menos como distintos tipos de democracia (nueva y vieja).

Comenzaba a circular la idea de que el régimen se enfrentaba a una crisis, del agotamiento del régimen, de su quiebra moral. Se comenzaba a presentar una ruptura con el discurso político de la Revolución y sus valores, se acusaba la falta de credibilidad en estos y la idea de la falta de legitimidad del régimen comenzaba a aparecer, pero aun sin formulación explícita. De hecho, la palabra legitimidad ni siquiera aparecía todavía, pero ya empezaba a observarse que los factores que actuaban como piezas clave para el mantenimiento del poder eran la corrupción, la negociación y la compra de voluntades.

Consolidación de ideas

El segundo momento sería el de la reflexión de los escritores sobre la política en 1972. Es un momento de consolidación de ideas: la crisis del sistema político, la contradicción entre los principios de la Revolución y los resultados del ejercicio del poder por los gobiernos del régimen emanado de esta, el de la injusticia y la desigualdad del desarrollo económico. Así también, una idea que aparecía ya en el periodo anterior tomaba mayor fuerza: la de la connivencia y corrupción del pueblo con respecto al régimen, apuntando a que esta relación dificultaba la contundencia del reclamo democrático incipiente.

El cuestionamiento a la legitimidad política del régimen seguía sin hacerse explícito pero cobraba más fuerza, sobre todo porque la legitimidad que se concedía en el periodo anterior radicaba en la confianza y esperanza de reivindicación de los valores de la Revolución y el principio de justicia social, mientras que ya en este momento se consideraba que la contradicción con estos era total y se desconfiaba de ellos. La exploración y búsqueda de salidas para el régimen comenzaba a manifestar la insatisfacción creciente.

El análisis académico y las dificultades de nominación

Pasada la reflexión de los escritores de 1972, y hasta 1976, vendría un tercer momento en que la reflexión tomaba un carácter más cercano al de la academia. Si bien durante el periodo de las primeras críticas a la Revolución y al régimen posrevolucionario se interpretaba a la abstención como un indicador del desinterés o conformismo de la población, aquí se le tomaba como expresión de la pérdida del sustento del régimen y al voto por la oposición se le veía como un voto en contra del pri.

Si la legitimidad por los valores de la Revolución y el principio de justicia social habían sido refutados por los resultados del modelo económico, en este momento era la realización de los procesos electorales la que se sometía a cuestionamiento por falta de validez de sus resultados, nombrando a estos como procesos de legitimación que no de legitimidad, pero ya los términos legitimación y legitimidad aparecían en el discurso intelectual.

Las dificultades para nominar al régimen continuaban presentes en los intentos de caracterización del régimen, aunque empezaban a aparecer las primeras caracterizaciones que lo catalogaban como autoritario. Revolución, Constitución y democracia social eran al mismo tiempo las fronteras para la defensa y el cuestionamiento del régimen.

La denuncia de la forma

Si bien en el momento anterior se cuestionaba la validez de los resultados electorales, a partir de 1976 se planteaba de manera explícita que la democracia en México era una forma, una simulación. Asimismo, la idea de que lo que se vivía era una dictadura comenzaba a tener presencia, pero sin establecerse de forma regular; era solo una de las caracterizaciones más en la dificultad para clasificar y nominar al régimen.

También se planteaba la idea de que la legitimidad política devenía no de la Revolución sino de la negociación y el consenso de las elites sobre la agenda temática. La legitimidad del régimen se plantearía ante las elites por su negociación temática, no ante la población a través de las elecciones.

En contraparte a lo anterior se fortalecía la idea de que la responsabilidad por el mantenimiento del régimen era compartida: ciudadanos, intelectuales, prensa, todos eran responsables por los consentimientos negociados a cambio de beneficios y por la falta de compromiso político.

Se formulaba de forma explícita que el sistema político atravesaba una crisis importante y que como parte de esa crisis la debilidad de los partidos políticos era central porque estos no se percibían como opciones reales para los electores, sino que se encontraban en complicidad con el pri o reproducían las mismas prácticas que este.

Una idea más comenzaría a tomar forma hacia el final de este cuarto momento: el cuestionamiento a la idea del poder del presidente que había sido catalogada como total, para inclinarse por la idea de las redes de negociación e intercambio de favores. Así también, la legitimidad del presidente comenzaba a ser considerada en términos de esa capacidad de negociación y liderazgo.

Y se continuaban afianzando las ideas de la crisis social, la desigualdad económica y la contradicción de esta realidad con los principios de la Revolución.

El análisis de la legitimidad

El quinto momento fue el del análisis de la legitimidad del régimen. Se inició en 1978 y duraría hasta finales de 1981, ahora sí con la utilización del término legitimidad.

Por una parte, comenzó a pensarse que la legitimidad del régimen derivaba de la integración de los organismos sindicales y campesinos en el partido. Por otra, se establecieron tres apelaciones de legitimidad del régimen: la herencia republicana, la herencia revolucionaria y fórmulas sexenales coyunturales. Pero también se tomó conciencia de que la contradicción entre realidad y legitimidad revolucionaria, sobre todo, obligaba a que el régimen buscara una nueva fuente de legitimidad, que sería la legitimidad democrática.

En este momento continuaban los problemas para denominar al régimen; se aceptaba que si bien no era una democracia tampoco era una dictadura o un totalitarismo. También se seguía hablando de que si el régimen funcionaba era en gran parte por las inercias mentales y culturales del mexicano: corrupción, paternalismo, compadrazgo, ineficiencia, conformismo.

Se comenzaba a estudiar al pri, su origen, sus características estructurales, sus debilidades y las opciones futuras de este ante la reforma política que se llevaba en esos años. A esto se añadía la insistencia en que los partidos políticos de oposición debían tener una nueva actitud y nuevas prácticas hacia dentro y al exterior de ellos si es que deseaban atraer el voto de los mexicanos.

La palabra revolución sería objeto de análisis y desmitificación por parte de Gabriel Zaid para concluir que la utilización excesiva del término le había vaciado de sentido a pesar de su omnipresencia en el discurso público. Krauze, a su vez, recurrirá a la distancia entre discurso y realidad, y a la “teatralidad ideológica” de los mexicanos, para referirse al discurso vacío que en su enunciación disfraza la realidad.

El periodo finaliza con la idea de que la legitimidad del régimen consistía asimismo en la gran capacidad que tenía de proporcionar movilidad social. Idea muy importante porque representaba una evolución de la idea de negociación y corrupción social (compraventa de voluntades).

Es por demás interesante que en este discurso se presentaron dos ideas centrales que volverán con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas: renovación moral y solidaridad.

Señala Paz (2001: 1-21), en entrevista con Samuel del Villar y Rafael Segovia, que Scherer le había propuesto hacer una revista semanal, y él propuso una mensual de cultura.

Es por la secrecía de lo absoluto que la política en México era cada vez más palaciega y oculta, de “intriga y puñalada trapera”. La misma figura del tapado, referente al elegido del presidente en funciones para sucederlo, hacía referencia a esa situación de ocultamiento en el que se tomaban las decisiones sobre el país. Por supuesto que siempre las decisiones serán tomadas en una secrecía ligada a la soledad. Sin embargo, en este caso se hace referencia a una secrecía ligada al ocultamiento, ocultamiento que, paradójicamente, para funcionar necesitaba ser público. Así, más adelante, en el número 12 de Plural, Gabriel Zaid, al responder un artículo de Carlos Fuentes, se referirá a esta relación de ocultamiento donde se desarrolla la política en México como “la zona privada de los asuntos públicos que la gente llama la tenebra(zona donde transcurre el grueso de nuestra vida pública)”. Véase Zaid (1972a: 52-53).

Dirá Paz: “El recurso a la violencia no es una posibilidad real de izquierda (la única violencia de los doctrinarios sin seso es la violencia verbal o el terrorismo suicida) sino de la derecha” (Paz, 1972: 5).

La declaración, tal y como apareció en ese periódico, decía: “Dejar aislado a LE, crimen histórico de intelectuales”.

La crisis del sistema, aclara Paz, se manifestó con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, pero la crisis comenzó quince años antes, en 1958, especifica el escritor.

Inclusive, irá más allá al criticar el empate que hace la “verdad oficial” entre pri, nación e historia.

Al respecto, sería de gran ayuda tener datos sobre apoyo al gobierno o al pria través de encuestas de opinión. Sin embargo, este autor no ha encontrado datos al respecto. Roderic Ai Camp (1997) menciona que si bien se habían llevado a cabo encuestas de índole política en México, no habían sido públicas y solo hasta 1994 se comenzaba a hacer un uso y difusión de carácter público de ellas.

Acerca del modelo de moral pública que se formula en México durante el siglo xixy que puede estar en el origen de lo que observa Garibay y los demás intelectuales que critican el comportamiento social véase Escalante, 2005.

Las cifras que da Segovia son las siguientes: Sonora, 54.48%; Colima, 54.73%; Durango, 50.60%; Chihuahua, 49.21%; Sinaloa, 48.01%; Nuevo León, 45.89%; Nayarit, 44.76%. No aclara la fuente de los porcentajes.

Cierto es que los espacios “Compuerta” y “Cinta de Moebio”, de Cosío Villegas y Zaid, respectivamente, se estuvieron publicando de continuo y que hacían críticas hacia las decisiones de gobierno, políticas o económicas, pero eran espacios que por lo regular se referían a la crítica coyuntural o específica.

Lorenzo Meyer, en Segovia (1974: 32).

Linz, en Segovia (1974: 32).

Segovia se refiere al sociólogo francés F. Bourricaud en cuanto al modelo de “constelación de elites”.

Manuel Camacho en ese momento era profesor de El Colegio de México. Después tendrá una vida activa en la política y ocupará cargos públicos durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, y a la postre será uno de los principales asesores de Andrés Manuel López Obrador.

Las cursivas son mías.

Se debe señalar que en este momento la participación de Pérez Correa es incidental en su totalidad en la trayectoria histórica de Vuelta. En ese momento Pérez Correa era un joven académico de launam, que con el tiempo llegaría a ser director de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia 1994 y 1995, y un colaborador asiduo de Vuelta.

Es necesario hacer una puntualización. En la primera parte de su artículo, cuando revisa el análisis de Cosío Villegas sobre la crisis en México, Camacho menciona que aquel propone una “opción liberal de la democracia representativa”; y él, si bien se decanta por la democracia representativa, no hace eco del componente liberal, solo habla de democracia representativa. Desafortunadamente, Camacho, al menos por ahora, no va más allá en esa diferenciación.

Por supuesto, los mencionados no son los únicos que estarán tratando el tema de la configuración política del país en las páginas de Vuelta. Eduardo Lizalde, Leopoldo Solís, Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia y Julián Meza publican artículos sobre ello, pero estos son la confirmación de los asuntos ya tratados en el apartado anterior: la responsabilidad compartida por las condiciones de la vida política, la debilidad de los partidos políticos y la necesidad de que tengan una nueva actitud y se replanteen, así como la situación de crisis del régimen.

Dentro de estas lógicas es que encajan las críticas anteriores a la responsabilidad de todos por participar de la connivencia y la compra de voluntades que sostenía el sistema.

El subrayado es mío; solo para recordar una frase de Felipe Calderón cuando enfrentaba el problema de la legitimidad de la elección en la que resultó ganador. ¿Sería acaso que el abanderado de derecha quería rebasar al de la izquierda por la izquierda para arrojarlo al infierno?

La referencia a Castoriadis permite saber que formaba parte de las lecturas de Paz, además de que en Vueltale había publicado, reproduciendo en traducción, varios artículos, al menos: “El régimen social ruso”, en marzo de 1979; y “Hacia la tercera guerra”, en noviembre de 1980. Desafortunadamente, no es posible saber con precisión qué había leído Paz de Castoriadis para retomarlo aquí. No deja, sin embargo, de ser interesante la referencia para la formación del concepto de democracia que utiliza Paz.

Capítulo 5 Reclamo y esperanza

La aspiración democrática del gobierno:Miguel de la Madrid

Miguel de la Madrid, que toma posesión de la presidencia el 1o. de diciembre de 1982, impulsará esa separación. Si bien De la Madrid asume la presidencia en medio de una severa crisis económica, de la que se saldrá solo para entrar en otra, y es a tal problema que dedicará la mayor parte de sus informes de gobierno, también toca el tema de la transformación del sistema político. Varios puntos llaman la atención sobre ella: la importancia del apego a la ley y la Constitución, la aceptación de irregularidades en las elecciones, la necesidad de una sociedad civil vigorosa y el fomento de una verdadera separación de poderes.

Como sus dos antecesores inmediatos, De la Madrid establece, desde su toma de posesión, la importancia de apegarse al régimen jurídico emanado de la Revolución y reconoce en la Constitución de 1917 el marco del estado de derecho,1 además de reconocer en el voto de los electores el origen de su mandato (Madrid, 1984: 91-113).

Mandato que, por supuesto, reconoce como guía ideológica fundamental a la Revolución mexicana. Esto ya es significativo: la Revolución es guía y no origen de mandato. Dirá De la Madrid: “Emprendemos hoy un nuevo capítulo de la historia de México. Lo hacemos en la trayectoria de los movimientos populares que nos dan impulso y rumbo: la Independencia, la Reforma y la Revolución” (1984: 94). Así, la Revolución, al ligarse con la Independencia y la Reforma en una especie de tradición ideológica, se hace historia y se reconoce pasado ante el nuevo capítulo.

En lo que toca al sistema político, la novedad se refiere a lo que De la Madrid llama “democratización integral” y que consta del fortalecimiento a la división de poderes, el federalismo y el municipio libre, y el perfeccionamiento electoral; y, además, la democratización integral tiene un componente central: la participación de la sociedad civil en el Estado. Así, dirá en su mensaje de toma de posesión:

Haremos cambios cualitativos a nuestra vida democrática. Transitemos con decisión y sin temor hacia niveles superiores de participación popular. El Estado es la sociedad organizada, no forma separada de su contenido. No estatizaremos a la sociedad, ello sería totalitarismo. Buscaremos cambios que llevan toda la vitalidad y creatividad de la sociedad civil a las estructuras estatales; y desde el Estado, con respeto a la libertad y con el compromiso indeclinable de la justicia, impulsaremos el desarrollo integral de la sociedad y los individuos. Hemos avanzado en la democracia política; propongámonos ahora hacerlo más en la democracia social, para abatir las barreras de la participación limitada y de las formas sin sociedad. No más Estado solamente, sino más sociedad integrada al Estado (Madrid, 1984: 111).

Llama la atención del párrafo citado 1) el reconocimiento del alejamiento entre Estado y sociedad al hacer el llamado a la participación de esta en aquel, a unirlos sin que esto se traduzca en una intervención del Estado en la sociedad; 2) el cambio en el uso del término democracia social, pues ahora se refiere a la participación política de la sociedad y no como en el periodo anterior –en particular en los años 40– que se hacía referencia a la justicia social, 3) la distinción entre el término anterior y el de democracia política, entendiendo por este democracia electoral, que se asume como cumplido por las reformas electorales, y 4) la aparición del término sociedad civil.

La democratización integral, dirá De la Madrid en el primer informe de gobierno, “sintetiza las exigencias de fundar el poder político en el consenso básico de las mayorías y sujetar así la autoridad al derecho” (Madrid, 1985: 2). Exigencias que venían ya desde inicios de la década de los 70, reconocidas por Echeverría y López Portillo en la reforma política.

Ahora bien, reconocer la exigencia de fundar el poder en el consenso de las mayorías no significa que antes el poder político no estuviera fundado en un consenso, solo que este era de distinto carácter con respecto al que se proponía en ese momento y con distintos actores. Así, de la Revolución como fundamento se pasó al respeto a la herencia revolucionaria –léase partido y justicia social– y los acuerdos entre elites y grupos sociales por conveniencias, para luego ir hacia el derecho emanado de la Revolución –la Constitución–, lo que implicaba pasar a que las mayorías se expresaran a través del voto hacia partidos políticos con proyectos distintos y no ya a través de su adhesión a la Revolución contra los enemigos de esta, la cual, como se vio, ya era historia lejana para los mexicanos de ese momento. Por lo demás, el panorama internacional, tanto por lo acontecido en la década anterior en América Latina como con el régimen soviético, presentaba dos caminos posibles en ese periodo: democracia o dictadura. De la Madrid optará en cada uno de los seis informes por la democracia, lo que implicaba impulsar y transparentar la competencia política, las elecciones y la participación social.

Lo anterior no implicó una renuncia u olvido de la Revolución en el discurso presidencial. Al contrario, fue una vez más la guía ideológica de este y, ante la situación de apertura, llevó consigo el repaso, a manera de recordatorio, de lo que la Revolución había hecho por el país. De tal manera que la plataforma electoral y luego el programa de gobierno partían de identificar y reivindicar el nacionalismo revolucionario, incluso con la crisis económica del momento, con la salvedad de que el nacionalismo revolucionario de los 80 era distinto al anterior.

Al respecto de la Revolución como guía, dice en la introducción a su segundo informe: “Tenemos proyecto histórico; son los valores y las instituciones de la Revolución mexicana. Con ellos saldremos adelante” (Madrid, 1985: 68). Y hacia el cierre del mismo: “Los principios bási-cos de la Revolución mexicana siguen vigentes para orientar la ejecución de nuestro proyecto nacional, que arranca desde 1810” (Madrid, 1985: 113).

Y el repaso por los logros de la Revolución y el régimen posrevolucionario, antes de ir hacia las transformaciones del régimen:

La Revolución institucionalizada nos ha dado estabilidad y paz social durante más de medio siglo y ha sido capaz de conducir al país en la etapa más dinámica de nuestra historia, en un proceso permanente de crecimiento y cambio.

En realidad, la institucionalización del país ha mostrado evidentemente los avances del proceso de su modernización, al permitir, en tiempos difíciles, el uso de la razón por parte de la comunidad ante fenómenos sociales, económicos y políticos de la más alta complejidad. Debemos seguir desarrollando y dando fuerza y densidad a las instituciones de la república: a las del gobierno y a las de la sociedad civil. En la democracia moderna a la que aspiramos el estilo de gobernar debe ser el derecho y las instituciones.

La vida institucional es y debe ser producto de las acciones de toda la sociedad y de sus partes. El gobierno es solo parte de la sociedad. Orienta y hace congruente su actividad pero no puede sustituirla. La vida social o política es y será lo que los mexicanos quieran y hagan que sea. De nosotros depende lo que sea el hoy y el mañana.

La democracia integral sigue siendo capítulo esencial de nuestro proyecto nacional. Para ello, debemos seguir perfeccionando el sistema y los procesos electorales, la organización y acción de los partidos políticos, el fortalecimiento del régimen federal y el municipio, la división de poderes y un desarrollo libre y responsable de los medios de comunicación social para la formación de una opinión pública bien informada y orientada. Pero nuestra democracia no puede agotarse en sus aspectos formalmente políticos. La Revolución postula que la democracia mexicana exige el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Debemos perfeccionar para ello los mecanismos de la participación popular en todos los procesos sociales, económicos y culturales (Madrid, 1985: 114).

Sin embargo, continuar la Revolución para De la Madrid adquiere un nuevo significado: ser revolucionario en la década de los 80 significa abrir el régimen posrevolucionario a la competencia política y respetar la libertad de expresión. En este nuevo énfasis revolucionario, subrayaba De la Madrid, se debía llegar a un nuevo consenso nacional y la única vía era la participación de la sociedad bajo el marco normativo de la Constitución y efectivizar las elecciones. Así, a partir de su tercer informe, De la Madrid reconocerá las fallas de las elecciones y aparecerá la palabra legitimidad vinculada a ellas:

La democracia mexicana es libre y abierta, y rechaza cualquier opción de uniformidad que lleve al autoritarismo.

[…] Tenemos que reconocer que el proceso electoral aún tiene fallas que debemos corregir, pero también que estas no invalidan su legitimidad general (1985: 125).

Y más adelante:

México tiene un sistema democrático. Aun con las fallas y limitaciones reconocidas y señaladas por el propio gobierno, los hechos demuestran su vigencia y funcionalidad. Los problemas que surgen, las elecciones anuladas, disputadas, protestadas, debatidas acaloradamente, han de ponderarse en el contexto de la vida social de libertad y del número de procesos no cuestionados. La construcción de la democracia es una tarea que nunca termina pero que estamos decididos a sostener y perfeccionar (Madrid, 1985: 131-132).

Las contradicciones del régimen posrevolucionario no pueden sino ser reconocidas en este punto de la historia. Y se encuentra aquí un punto de transición entre modelos y esquemas de legitimidad, pues si bien De la Madrid denomina al régimen político como una democracia es porque se reconoce tal aun en oposición al autoritarismo, pero no se reconoce plena por las fallas en las elecciones que cuestionan la legitimidad de los triunfos del partido heredero de la Revolución. Las fuentes de legitimidad anteriores, aunque aún vigentes en el discurso presidencial, ya no son suficientes, y lo reconoce el mismo presidente.

Las aspiraciones democráticas, reconocidas desde Echeverría, son tomadas cada vez más en serio, y obligan a abrir aun más el juego y a reconocer errores y faltas, pero se sigue advirtiendo: después de tres cuartos de siglo de la Revolución y de que los mexicanos y su economía son distintos, el proyecto de la Revolución no se ha terminado de ejecutar; cierto es –dice De la Madrid–, “los hombres hemos cometido errores; no podemos negar desviaciones. Pero errores y desviaciones no desvirtúan la validez de los principios y las ideas” (1985: 179).

En su cuarto informe anuncia que se profundizará la renovación democrática “para que los procesos electorales reflejen cada día con mayor fidelidad la voluntad popular expresada en las urnas, se obtenga una credibilidad social amplia en dichos resultados y se mantenga el orden y la tranquilidad” (Madrid, 1986: 83).

Pero si la legitimidad del régimen estaba bajo cuestión, ¿dónde se podía apoyar? La respuesta de Miguel de la Madrid es clara:

El poder público es responsabilidad y sujeción a la ley, es respeto a la dignidad del pueblo, no se debe ejercer con estilos personales producto del capricho o la arbitrariedad. Tenemos un sistema institucional en el que se ha desterrado el caudillismo y los liderazgos providenciales. La legitimidad del poder público está en la defensa de la soberanía y en la sujeción a la ley, en la formación del consenso social y en el respeto a las libertades y derechos de grupos e individuos. Las leyes y las instituciones prevalecen por encima de los hombres (Madrid, 1987: 111).

Para el sexto informe, el de 1988, se destacó la creación del nuevo Código Federal Electoral, la Comisión Federal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, esto es, la creación de nuevas instituciones para la organización y calificación de las elecciones, pero nada de la polémica sobre el resultado de ellas, solo que “deben verse como un peldaño más hacia etapas superiores” (Madrid, 1988: 14). La democracia “plena” tendrá que esperar, las fallas del sistema electoral son grandes aún, pero queda claro que en el discurso del gobierno priista hay una transición hacia la legitimidad electoral, el régimen posrevolucionario se comienza a ajustar a las reglas del juego democrático.

¿Es acaso este el reconocimiento del principio del fin del régimen?

Reclamo y esperanza en Vuelta

En julio y agosto de 1982 se publican en Vuelta dos artículos en los que el tema electoral fue punto central: “Ante las elecciones”, de Rafael Segovia, y “Las urnas de Pandora”, de Enrique Krauze. El primero exponía las condiciones en que llegaba el país a las elecciones de 1982, momento en que se elegía presidente, mientras que el segundo daba su recuento de la elección una vez pasada esta.

Lo primero que vale subrayar del análisis de Segovia es su caracterización del régimen. Una vez más destaca que el sistema político mexicano reproducía algunos de los rasgos de los “sistemas autoritarios” del modelo de Linz.2 Pero más interesante aún que el análisis que hace, pues repite el que ya había hecho en otras ocasiones, es la aclaración que hace en una nota al pie:

A pesar de las discusiones y rechazos que provocó este trabajo, se sigue utilizando en América Latina como el paradigma del autoritarismo, al menos en México, donde ha sido el origen del libro [de] José Luis Reyna y Richard S. Weinert, Authoritarianism in Mexico, Institute for the Study of Human Issues, Philadelphia, 1977 (Segovia, 1982: 46).

Esta nota al pie es relevante porque la aclaración de que a pesar de que el modelo de Linz no se ajusta al caso mexicano es la mejor aproximación que pueden encontrar –o quizá sea mejor decir adoptar–, y permite observar que los problemas para la nominación y clasificación del régimen mexicano se siguen presentando al inicio de los 80.

Significativo es que Segovia se percate de tal situación y que, si bien reconoce la discusión y el rechazo, más allá de hacer un intento por armar un modelo nuevo, él también lo sigue y, así se excuse en causas metodológicas, al final termine categorizando al régimen como autoritario.

El otro punto de interés del artículo es la salida al régimen autoritario que prevé Segovia por el rompimiento del pacto entre la clase media urbana y el Estado priista debido a los problemas económicos y a la falta de oportunidad para que esta se organice políticamente, de tal manera que la canalización de la fuerza social pudiera darse al margen de las “organizaciones políticas formales”, al margen de los partidos políticos, al grado de inclusive llegar a dudar si la participación política real pasaba en ese momento por ellos.

Esto contrasta con la postura de Camacho a finales de la década de los 70, cuando, a su parecer, era un impulso conservador de privilegios lo que movía a la clase media, lo que la convertía en un impedimento más que un factor de cambio.

Y concuerda con los hallazgos que Zaid había expuesto también en Vuelta sobre el abstencionismo y nivel socioeconómico.

Las elecciones pasaron, ganó la presidencia el candidato del pri, y en Vuelta predominó un silencio apenas roto por poco menos de una página escrita por Enrique Krauze, cuyo inicio es acaso enigmático: “A la devaluación económica siguió una revaluación política. Lo que ocurrió en México el 4 de julio está lejos de ser un auténtico despliegue democrático, o reflejar una lucha moderna de partidos, pero es obvio que representa un síntoma de madurez en nuestra vida pública” (1982: 51).

A la crisis económica de 1982 el electorado había respondido con una participación aparentemente superior a cualquier otra elección desde 1940 para Krauze, lo que pareciera indicar que el camino de la violencia había sido descartado, de ahí en buena parte la “revaluación política” y la “madurez”.

Además, la izquierda se había incorporado a las prácticas políticas democráticas, sin rechazarlas como antes. La sorpresa para Krauze era el incremento en la votación por el pan, la que era interpretada como un voto en contra del pri. ¿Y cómo leer el mayoritario voto por el pri?

La interpretación de Krauze es interesante por dos aspectos: incorpora elementos del discurso intelectual presentados y orienta a un nuevo rumbo la discusión sobre la democracia. El voto por el pri, dice Krauze, podía explicarse por el dicho popular de más vale malo por conocido…; después de todo, los partidos de oposición no han sido a ese momento alternativas vistas como reales y sólidas, además, si bien los errores y fallas del pri habían sido muchas, los logros también lo habían sido.

El voto por el pri no es un apoyo al partido sino al presidencialismo, y en lo más profundo a los valores y principios de la Revolución. Esta interpretación pudiera ser paradójica; y sin embargo no lo es, pues para Krauze la gente votó por una figura fuerte, por un liderazgo que reivindicó valores apreciados –los de la Revolución–. Esa es una interpretación arriesgada, sobre todo porque no habría manera de comprobarla, aunque el siguiente paso de Krauze daría una pista: pide a esa figura –el presidente– reconocer las victorias de la oposición donde hubieran sucedido, lo cual indicaría lo que en la actualidad se conoce como diferenciación del voto; y en la medida en que variara el resultado de las elecciones locales respecto de la elección presidencial, se podría comprobar su hipótesis.

Con este último tema, las victorias de la oposición a los diversos niveles en competencia, apunta ya Krauze a lo que será una de las discusiones de 1984 en adelante: la alternancia en los ámbitos locales.

De la democracia sin adjetivos

El número de Vuelta de enero de 1984 tiene en sus páginas el artículo de Krauze “Por una democracia sin adjetivos”, uno de los pocos artículos que logra desatar cierta controversia a lo largo de todo el periodo revisado.3

El argumento central del artículo es que México ha sufrido un “agravio” y la única manera de solventarlo es con la democracia. El agravio que denuncia Krauze es el de la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la riqueza petrolera entre 1977 y 1982, la cual condujo a la crisis de ese último año en que se declaró moratoria en el pago de la deuda y se devaluó la moneda. Krauze dice que si bien la crisis es producto de un error de apreciación de las condiciones económicas, lo que hace inaceptable la crisis es que era evitable y, aún más, que lo que era una oportunidad de progreso y resolución de problemas “ancestrales” –desnutrición, desigualdad, insalubridad, pobreza– terminó en una crisis económica que profundizaría tales problemas.

Hay al menos tres aspectos para comentar de este artículo: la motivación, el modelo a partir del que argumenta y lo que dice. El orden de exposición aquí será el modelo, lo que dice y la motivación.

Krauze retoma una cita de Cosío Villegas a partir de la cual retoma la idea de que el camino por el cual llegará México a la democracia es el del agravio, y cita:

Nosotros, ni predestinados a la democracia como Estados Unidos, ni con el genio creador teórico de Francia, ni con la paciencia inglesa que acumula infinitas pequeñas experiencias para aprovecharlas, hemos alimentado nuestra marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho que con el arrebol de la fe en una idea o teoría, lo cual, por sí solo ha hecho nuestra vida política agitada y violenta, y nuestro progreso oscilante, con avances profundos seguidos de postraciones al parecer inexplicables (Krauze, 1984: 5).

De ahí, Krauze elabora una interpretación de la historia política de México bajo la idea pendular agravio-desagravio. El inicio de su interpretación es la Conquista como el agravio original y la Independencia como el primer desagravio, al que le siguen estructuras coloniales sin presencia de España y el desagravio con la Constitución de 1857; Díaz comete un nuevo agravio al tomar el poder en 1876, y el desagravio vino con Madero y la primera etapa de la Revolución; el asesinato de Madero es el nuevo agravio, y la siguiente etapa de la Revolución, el desagravio; el intento de relección de Obregón, un intento de agravio impedido por su asesinato, y con Calles y Cárdenas hubo avances al “sentar las bases para una transición pacífica y legítima del mando” (1984: 5) el primero, y con el segundo porque “despistolizó” y amplió socialmente la integración, aunque estos avances son puestos en entredicho por Krauze.

Luego, con Miguel Alemán se detiene el péndulo, afirma el autor, pues el progreso político se pospone a cambio del progreso industrial, lo que le asemeja a los planteamientos del porfirismo. De entonces, 1940 a 1968, se vivió una época de neoporfirismo en la que todos, incluyendo opositores e intelectuales, compartieron el optimismo priista mientras que las libertades se estancaban y se vivía un retroceso en la vida pública. Para Krauze, este periodo bien podía describirse con palabras de Rabasa sobre la “dictadura” porfirista.

Se podría pensar, continúa Krauze, que la reforma política de 1976 fue un avance político, un desagravio, pero lo califica como un movimiento cardenista de integración y no como un movimiento maderista de cesión del poder a la sociedad, por lo que lo descarta. Y el nuevo agravio es la debacle económica originada en lo que Krauze considera el gran poder concentrado en la presidencia y en las decisiones del presidente.

A esta situación le debía seguir, bajo la premisa del péndulo agravio-desagravio de Krauze, inspirado en Villegas, el desagravio. Y aquí es el punto en el que la reflexión de Krauze comienza a entrar en terrenos movedizos.

Para Krauze, el rompimiento con el “sistema” que llevaría a la democracia pasa porque la crisis económica impide que el gobierno cumpla con lo que habría sido su “proverbial función de dar”. Pareciera que Krauze ve en ello el rompimiento de la relación de connivencia o conveniencias entre sociedad y régimen, que muchos de los intelectuales de la década anterior referían.

Pero esto lleva a plantear una pregunta: ¿es el reclamo de desagravio a través de la democracia que hace Krauze en nombre del pueblo de México, un reclamo político real o es el reclamo de un miembro de la clase media enojado por la abrupta caída en las expectativas de movilización social impulsadas por el petróleo?

En todo caso: si el agravio por el que se demanda un acto de desagravio se basa en la irresponsabilidad económica en un momento de auge, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera cometido tal irresponsabilidad?, ¿se habría dado el reclamo, dada la relación de conveniencias entre gobierno y sociedad denunciada por los intelectuales?

La razón de la pregunta reside en el motivo declarado del artículo y en el esquema que orienta el análisis histórico de Krauze: el agravio. En los primeros párrafos de su artículo, Krauze señala que los agravios “pertenecen al reino natural de las pasiones, no al de la razón” (1984: 4). Y ¿acaso no el reclamo de desagravio también pertenecería a ese mismo reino?

Si se acepta que la historia política de México se mueve por agravios y desagravios, entonces, ¿no es el reclamo de Krauze por la democracia sin adjetivos un reclamo pasional disfrazado bajo un recuento histórico? Y pareciera ser así por lo que dice en dos momentos: uno, cuando plantea el paralelismo con la Inglaterra del siglo xviii; y otro, cuando habla de la situación del país en los quince años previos a 1984.

El recuento que hace Krauze de lo que sucede en México le lleva a plantear un paralelismo entre la Inglaterra del siglo xviii y México, y destaca el papel de tres actores para la transformación política de aquel país: gobierno, sociedad y prensa. Estos, dice Krauze, tuvieron un comportamiento que contribuyó a volver factible el progreso político: el gobierno, a través de la apertura política y su voluntad de autocontención; la sociedad, ejerciendo una presión organizada sobre el gobierno; y la prensa, ejerciendo una crítica sobre el gobierno que sirvió como educación política pública para la sociedad. Pero cuando llega a examinar a estos tres actores en México, encuentra dudosa la voluntad de apertura y autocontención del régimen, duda de la participación de la sociedad civil en la reforma política y moral encabezada por De la Madrid, y la vida pública que expone la prensa le parece pobre y carente de una crítica real por parte de los intelectuales.

Así, al llegar al punto de ver cómo se puede alcanzar esa democracia sin adjetivos el reclamo se manifiesta, más que impotente, casi estéril: el único camino es el presidente y su voluntad: “Si en México biografía presidencial es destino nacional, Miguel de la Madrid representa una posibilidad de desagravio y democratización” (Krauze, 1984: 9).

¿Qué tan real es entonces esa exigencia social de desagravio y reclamo por la democracia? Sobre todo porque Krauze señala que la elección presidencial de 1982 fue una oportunidad que se perdió para la democracia, cuando en su artículo de 1982 –referente a las elecciones– había dicho que la ocasión había sido un signo de madurez política del pueblo por su asistencia a las urnas.

Y la duda es mayor aun cuando en otra parte de su texto, al describir la situación de corrupción que, a su parecer, prevalecía en el gobierno de López Portillo, señala: “Los extremos de despotismo, demagogia, corrupción e irresponsabilidad que el país padeció en los últimos quince años han transmutado esa aparente pasividad [de la sociedad] en resentimiento, en “rencor vivo” (Krauze, 1984: 6).

Es el rencor y el resentimiento lo que mueve a la sociedad, pero no para exigir la democracia sino para exigir el castigo de aquel que engañó. Y es lo mismo que lleva a Krauze a señalar que el verdadero desagravio está en el juicio a López Portillo y a quienes le acompañaban. El desagravio está en el sacrificio de aquellos que engañaron y causaron la pérdida: “El acto de justicia que la opinión aún espera es el juicio a López Portillo y Cía.: los autores del robo del siglo. Ese juicio es la condición necesaria para desagraviar histórica y moralmente a México. Y la única posible” (Krauze, 1984: 10).

No es un reclamo por la legalidad en la atribución de responsabilidades que cabría esperar si el reclamo fuera demócrata liberal, es un reclamo pasional que se apuntala por la descripción del estado emocional generalizado que, dice Krauze al principio de su artículo, viven los mexicanos en ese momento:

La sensación de haber sido víctima de un gran engaño, las evidencias de la más alucinante corrupción, la abrupta y continua fluctuación de expectativas, todo ello y el sacrificio cotidiano e incierto que impone la crisis se ha enlazado hasta formar un nudo difícil de desatar, un nudo hecho de azoro, arbitrariedad, cinismo, depresión, angustia y, sobre todo, incomprensión (1984: 4).

Ese rencor es lo que lleva a ver el mayor de los males en aquel al que se le ha confiado el destino: el presidente, y el poder del presidente; el mal está en la silla presidencial. El régimen está en deuda con el pueblo y la única forma de pagarlo, en tanto que ya no puede seguir dando bienestar económico ni justicia social, está en la entrega del poder, en el respeto a las urnas, en la democracia sin adjetivos.

El reclamo por la democracia de Krauze no se basa en un planteamiento filosófico o político; se origina en la pasión y establece de manera teórica a esta como el fundamento de la política en México, como el fundamento del nuevo cuestionamiento a la legitimidad revolucionaria por la promesa incumplida, por el engaño, por el despojo, por el agravio.

Las reacciones

“Por una democracia sin adjetivos” suscitó diversas reacciones que aparecieron en los números de mayo y junio: Manuel Camacho, Manuel Aguilar Mora, Eduardo Valle, Rafael Segovia y Carlos Bazdresh escribirían sus opiniones.

Camacho hace una defensa del régimen, pero la forma de realizarla es mesurada, aceptando que el país se encontraba en proceso de transformación, algo que ya había dicho a finales de los 70, cuando escribía para Vuelta y aún no se incorporaba al gobierno. La crítica que le hace a Krauze se centra en que su planteamiento de democracia sin adjetivos requería de un diseño institucional que no considera; así, le cuestiona el olvido de la cuestión operativa al privilegiar la denuncia, le critica que la idea de democracia es reducida al procedimiento, además de que olvida la discrepancia que se debe salvar entre el ideal y las condiciones efectivas, históricas que habían moldeado la realidad del país y el entendimiento particular de la democracia y la legitimidad política.

Camacho argumenta que es un error reducir la democracia a su cuestión procedimental porque, primero, las elecciones recientes habían sido respetadas en su ordenamiento constitucional, y luego porque en México se ha construido una idea de democracia, como lo establece la Constitución, integral, a la vez que la idea de legitimidad del Estado descansa en la promoción del bienestar colectivo.

El proyecto democrático de la nación no se ha derivado de prefiguraciones doctrinarias, sino que ha resultado de los valores que se han defendido y de los acuerdos de las fuerzas sociales y políticas en los momentos decisivos de la historia de México. Nuestra democracia parte más de los pactos constitucionales que de las comparaciones externas o las derivaciones de doctrina […]

Ahí radican las características particulares de nuestro proceso social y político. Es en las luchas de la Revolución mexicana por la nación, la democracia política y los derechos sociales donde se fue configurando un proyecto propio, con orígenes en el liberalismo político del siglo xix. Un liberalismo que, ya en 1847, llevó a Ponciano Arriaga a afirmar que el único Estado legítimo sería el promotor del bienestar colectivo y que en los momentos decisivos de la Reforma condujo a Juárez a convertirse en el unificador de las fuerzas para defender a la nación y afianzar el régimen republicano. Estas herencias liberales y revolucionarias tienen vigencia en el México actual.

En un sentido moderno, la idea de la democracia está más ligada a la capacidad de un sistema institucional para asegurar las libertades y derechos que establece su régimen jurídico –de acuerdo con las características particulares de cada proceso histórico nacional– que a tipos ideales (Camacho, 1984: 43).

Menos de eso, como parece ser la configuración de la idea de democracia sin adjetivos, no es aceptable; sería un retroceso desde esta perspectiva. La disputa por el dominio de una idea de democracia es clara por la defensa de Camacho:

La verdadera democracia se define por la libertad y la representación. Pero esa libertad ha de ir acompañada de un avance en los niveles de vida, en el acceso a la educación y el mejoramiento de su calidad, de una mayor igualdad social, y el apego de las fuerzas participantes a las reglas institucionales. El desarrollo económico y social, a su vez, solo es viable si se funda en un consenso sobre las metas y prioridades nacionales. No solo es posible, sino necesario, [llegar] a una mayor democracia en los municipios, una mayor participación de los partidos políticos, una modernización electoral, una mejor representación de las opiniones, y una mayor fortaleza de las organizaciones sociales. Pero no como un esfuerzo aislado. No como una opción distinta que constituya un fin en sí mismo. La democratización, reconociendo como punto de partida al sistema político vigente, debe ser parte de un proyecto integral, que recupere nuestra herencia histórica, nuestra complejidad social y nuestro pluralismo político (1984: 43).

El reclamo de Krauze por democracia, para Camacho solo puede llevar a cambios efectivos dentro de la continuidad institucional del orden político y partiendo de la fuente de legitimidad que es la Constitución de 1917. Esto es, mientras que para Camacho la democracia está más allá del simple respeto a las urnas e implica un ordenamiento institucional y social, para Krauze la democracia solo puede comenzar por el respeto a las urnas; y si no se le respeta, no es democracia. Pareciera ser un conflicto sobre el fundamento de legitimidad, en donde para una perspectiva basta el procedimiento democrático para fundar legitimidad, mientras que para la otra perspectiva es el objetivo del bienestar social el que funda la legitimidad aun para la democracia.4

Así, además, mientras que para Krauze la democracia tiene que ser sin adjetivos, pues los adjetivos solo engañan e impiden la realización de esta, para Camacho solo la “integralidad” de la democracia la hace posible como tal.

A esta discusión se añadirán las perspectivas de Eduardo Valle y Manuel Aguilar Mora. Para Valle, la democracia debe ser una democracia adjetivada y comprometida, en su caso una “democracia revolucionaria de los trabajadores” (1984: 50). Solo esta, dice Valle, se puede convertir en un sistema y cultura políticas, con masas organizadas y conscientes de sus derechos y responsabilidades, que pueda ser posible una “democracia humanista, federalista, civilista, socialista” (1984: 50).

Para Aguilar Mora, la historia de México como nación independiente es la historia de una lucha por la democracia, la que, sin embargo, sigue siendo un objetivo por alcanzar, forma parte del programa no cumplido de la Revolución, y a la fecha se encuentra obstruida por una estructura gubernamental antidemocrática, opresiva y explotadora, como lo era la de principios de siglo cuando gobernaba Díaz (Aguilar Mora, 1984: 45-46). Así, ante un régimen “incapaz de cristalizar una real democracia burguesa” (1984: 45) por la obstrucción de una “camarilla oligárquica”, la respuesta era que el movimiento obrero aspirara “a la hegemonía democrática del pueblo mexicano” (1984: 46), de tal manera que la democracia en México tenía que ser sustantiva y por tanto socialista.

Para Valle y Aguilar Mora era la clase obrera la que podía alcanzar con su movimiento la democracia y, por tanto, era ella la que podía fundamentar la legitimidad de un régimen democrático por sobre un régimen actual que entonces se mantenía en contra de la lucha histórica del pueblo de México. Sin embargo, en su discurso, ambos mostraban la impotencia de su deseo; uno al elaborarlo desde la convicción utópica y el otro con la única esperanza de que México fuera un país donde aun la realidad más lejana se materializaba de pronto.

Para Rafael Segovia, el problema central, previo a la democracia, se encontraba en la ausencia de sociedad civil (1984: 44). El problema que atravesaba el país se debía a que el Estado había tenido que llenar los espacios que le corresponderían a la sociedad civil, corriendo los riesgos y absorbiendo los costos que aquella debería de correr y asumir.

A su vez, Carlos Bazdresh observa el problema para alcanzar la democracia en la debilidad de los partidos políticos, en la “ausencia de una oposición fuerte”, autónoma y responsable, a la cual se podrá llegar solo cuando esta tenga la oportunidad de gobernar (1984: 44-46). El papel del gobierno es importante en ese fortalecimiento; pero, en todo caso, no puede pedírsele que regale la democracia a México.

En general, la discusión que suscitó Krauze es ilustrativa de algunas “sensaciones” que podrían quedarle al lector al llegar a ese punto: no hay una discusión real entre intelectuales, a lo más parecieran ser reacciones emotivas o pragmáticas a partir de las cuales cada quien busca exponer su visión; mención aparte se merece el que a nadie le alcanza la realidad para sostener sus “convicciones”: a Krauze le falta la voluntad del gobierno, sobre todo la sociedad civil, y la vida pública con una prensa fuerte; a Valle y Aguilar Mora les faltan los socialistas para su democracia socialista; solo Segovia y Bazdresh basan sus artículos en la denuncia de la falta, de la ausencia, el primero de sociedad civil y el segundo de los partidos fuertes y atractivos.

Por otra parte, ninguna de las respuestas al artículo de Krauze discute la idea del agravio-desagravio a partir de la cual establece la legitimidad del reclamo democrático. Es como si ya todo estuviera dicho y no hubiera necesidad de detenerse en ello, sino acaso tomar partido y descalificar al otro; sobre todo, a ninguno le interesa discutir a fondo las ideas de democracia en disputa, sino acaso plantar frases hechas para propugnar democracia sin adjetivos, democracia integral, democracia socialista, democracia humanista. La discusión pública, por llamarle así, pareciera agotarse en la nominación. Es como si la pura nominación bastara para imponerse y explicarse a sí misma.

O, como dirá Paz en “Hora cumplida” acerca de los intelectuales mexicanos: “En ciertos momentos, algunos han sido la conciencia del régimen. Pero, en general, por desgracia, su crítica ha sido siempre ideológica. Enamorados de las abstracciones, desdeñan a la realidad” (Paz, 1985a: 8).

¿pri: Hora cumplida?

En el número correspondiente a junio de 1985, Octavio Paz publica “Hora cumplida”, un artículo en el que da fe del fin del régimen priista. A Paz le quedaba claro que del programa revolucionario –que ahora aceptaba su existencia– la “auténtica” democracia había quedado pendiente.

Paz establece que la disputa entre las opciones régimen de caudillos o instituciones democráticas fue la que dominó el siglo xix hasta pasados veinte años de la Revolución, cuando, con la formación del pnr, Calles creó un arreglo a medio camino entre la dictadura y la democracia, un “régimen peculiar” que, sobre todo, evitaba la opción del caudillo y la ausencia de una ortodoxia ideológica, un régimen que evitaba un Estado totalitario.

Para Paz, al igual que para los demás intelectuales, el régimen estaba agotado; y si había logrado sobrevivir tanto tiempo era porque su gestión había sido positiva en tanto había hecho posible el desarrollo del país, aun con desigualdad y defectos, además de que se había mantenido alejado de las prácticas que habían sufrido casi todos los países latinoamericanos bajo dictaduras militares. Sobre todo, porque el pri había sido el gran canal de la movilidad social. Esto es, el gobierno del pri había conseguido legitimidad por su ejercicio del poder.

¿Qué lo había llevado al agotamiento? Sus excesos y el surgimiento de una clase media que quería una vida políticamente abierta, plural. Aunque, igual que pasa con los demás intelectuales, con Paz también hay motivos para dudar de lo certero de tal afirmación. Y es que al momento de destacar la diferencia entre los partidos ruso e italiano con el pri, y los resultados de los estados, destaca que en México la sociedad civil había logrado sobrevivir y desarrollarse, pero advierte que esta había crecido a la sombra del pri y del gobierno.

¿A qué le llama sociedad civil? A dos sectores que denomina “clases nuevas urbanas”, que son el proletariado industrial y la clase media, las cuales –da a entender– se habían convertido en las bases del pri por la vía de las organizaciones obreras, popular y campesina que sostienen a este. La pregunta que surge entonces es importante: ¿qué tanto existe, qué tan fuerte, qué tan real es ese “anhelo democrático”? Sobre todo porque, hacia el final de su artículo, Paz dirá: “Hasta hace algunos años creía, como tantos, que el remedio era la reforma interna del pri. Hoy no es suficiente. Lo intentó Madrazo y después, con mayor realismo e inteligencia, Reyes Heroles. Pero la opinión pide más. Pide una democracia sin adjetivos, como ha dicho Enrique Krauze” (Paz, 1985a: 12).

La opinión pide más. ¿Qué opinión? ¿Cuál opinión? ¿La de quién? Un indicio es la referencia inmediata a Krauze. No es la sociedad, no son los mexicanos, no es la opinión de la sociedad, es la opinión a secas; y para ilustrarla recurre a un intelectual que en su propio artículo termina por dudar de la acción política de la sociedad y de la vida pública.

¿Cómo puede ser entonces la hora cumplida? ¿De qué democracia habla Paz? Acaso la democracia en Paz, a pesar de su crítica a los intelectuales, ¿tendrá la misma falencia que denunciaba y será una abstracción? Más que abstracción, un buen deseo. Un futuro deseado, profetizado: la hora cumplida.

¿Cómo entiende Paz a la democracia? Sabe que la democracia no puede resolver problemas y lo advierte. Es, en todo caso, “un método para plantearlos [los problemas que enfrenta México] y entre todos discutirlos” (Paz 1985a: 12). Pluralidad, apertura e inclusión. Pero lo esencial, dice Paz, es que “la democracia liberará las energías de nuestro pueblo” (1985a: 12), lo renovará. El deseo de Paz pareciera ser no tanto la democracia misma como la transformación del pueblo, su renovación, y aquella es solo el medio para tal cambio.

Pero ¿por qué sería necesario renovar al pueblo de México? Esto Paz no lo dice en su artículo, pero de lo que ha estado escribiendo desde El laberinto… se puede intuir que el problema radica en la dualidad de prácticas modernas/antiguas. Solo a través de una “democracia moderna” se podría alcanzar una sociedad plenamente moderna si además la democracia implica la instauración de la sociedad, la creación de valores y prácticas nuevas, una moralidad pública nueva también que hagan posible un país nuevo.

Gabriel Zaid también escribiría sobre el fin del pri en el mismo número de Vuelta, pero su perspectiva dista de ser entusiasta. El pri no será eterno y llegará el día en que terminará, afirma en sus dos primeras líneas, y remata en la tercera: “Sin embargo, no estamos preparados para la transición” (Zaid, 1985:13).

La falta de preparación que arguye Zaid es reveladora: es una falta mental, o vale decir intelectual. Las opciones sobre el futuro que existen en ese momento solo se planteaban como “todo va a seguir igual” o “todo va a cambiar violentamente”. Esta falta de visión se traduce en cuatro escenarios conocidos sobre el fin del pri, que para Zaid son poco probables: que el pri se mantenga, el golpe de Estado, la revolución y el surgimiento de un ayatola contra la corrupción.

Por el contrario, afirma Zaid, la probabilidad mayor reside en otras opciones: por error o accidente en el régimen, por la democratización en la selección de candidatos, por el incremento del voto a favor de la oposición, por la creciente contradicción entre una sociedad moderna –léase educada– y que se moderniza a través de un poder que se renueva por vías premodernas que no responden a los nuevos valores adquiridos, por el resquebrajamiento del sistema de reparto y compraventa de voluntades, por pérdida del poder de negociación y control del centro que disminuiría los costos de la independencia política en los estados.

La perspectiva que tiene Zaid del potencial cambio político apunta más bien por el resquebrajamiento del régimen, su desgaste y la falta de identificación de sectores de la sociedad –cada vez más numerosos– con este. La ruta que seguiría el cambio sería de la periferia al centro, de los lugares donde habría menos para repartir y por tanto menos intereses en juego y menos pérdida para el poder central; y el pri, al reconocer esos triunfos de la oposición. Y el presidente no tendría que hacer mucho:

Bastaría que se ocupara personalmente de ganarse la confianza de los votantes: la confianza de que en los comicios iba a actuar como jefe del Estado, no como jefe del pri. Lo que no puede hacer sistemáticamente desde adentro, puede ponerlo en marcha aprovechando el empuje de afuera. Bastarían unas cuantas gubernaturas reconocidas a la oposición para que la reacción en cadena fuera incontenible, para dar esperanzas y reanimar decisivamente a toda la sociedad, para desencadenar la madurez política del país (Zaid, 1985: 21).

En ese mismo número de Vuelta, Enrique Krauze presenta lo que para él son reminiscencias porfiristas en el sistema político (1985a: 22-23). La analogía con el porfiriato, dice Krauze, es persistente desde Vasconcelos. Líneas atrás, cuando se repasaban los años 70, se había comentado la recurrencia de este paralelo que se establecía desde Cosío Villegas. Ahora Krauze lo hace patente pero solo para anunciar de nueva cuenta la inminente llegada de la democracia.

En todo caso, retoma el tema de la legitimidad para aclarar lo que ya es aceptado entre los intelectuales desde finales de la década de los 70: la legitimidad política del régimen está en crisis, deteriorada. Las fuentes de legitimidad que le atribuye Krauze al régimen son, en esquema weberiano, la tradicional y carismática; la primera deriva de la Revolución y la Constitución de 1917, la segunda es la de los caudillos y la figura presidencial. Mientras que a la democracia le atribuye una legitimidad formal no real, en el sentido que Segovia ya apuntaba en el 76, agregando lo que Paz había dicho respecto a que la democracia constituía una especie de legitimidad histórica pues nadie la negaba aun cuando no se cumpliera.

Y por si acaso hiciera falta, después del análisis de Zaid acerca del uso de la palabra revolución, Krauze llama a la superación de esta como principio articulador: “La Revolución fue un hecho fundamental en la historia mexicana pero es ya un hecho lejano. Tenemos que aprender a pensar por fuera de ella” (Krauze, 1985a: 23). Un nuevo decreto de muerte 40 años después del primero; con una diferencia, que desde la postura de Krauze la muerte de la Revolución significaba el arribo de la democracia.

Pero en las elecciones intermedias de julio de 1985, víctima quizá de sus propios deseos, Krauze solo encontró agravio: la democracia no llegó como él esperaba. Acusó “un fraude evidente hasta lo grotesco” y pedía “arrojo histórico” –lo que fuera que significara– a México para transitar a la democracia (1985a: 23).

Pero lo más interesante del artículo de Krauze es que pone en claro lo que significaba la democracia en ese momento para “sectores amplios de la opinión pública”, los que, por cierto, nunca han quedado claros:

1. La democracia como alivio, válvula de escape social

2. La democracia como economía

3. La democracia como descentralización

4. La democracia como crédito (confianza)

5. La democracia como vitalidad política

6. La democracia como congruencia, madurez y prestigio mundial

7. La democracia como prevención al autoritarismo abierto

8. La democracia como realismo

9. La democracia como vía pacífica

10. La democracia como reanimación

La democracia, para Krauze, en ese momento era todo eso. Su significado estaba más allá del mero voto, del procedimiento, estaba cargado de expectativas y ¿esperanzas?, estaba más cerca de un estado de ánimo que de un procedimiento o un régimen político.

Entre escombros: la celebración por la sociedad ¿despierta?

Así llegaría el 19 de septiembre de 1985 entre los intelectuales, con deseos de democracia pero sin ciudadanos, sin sociedad civil para hacerla realidad más allá de lo que había quedado en el recuerdo, el movimiento estudiantil del 68, sin partidos políticos fuertes y hasta con desesperos porque el pri no dejaba el poder.

Ante la devastación dejada por el terremoto, Paz y Krauze encontrarían un motivo para celebrar: el surgimiento de lo que les hacía falta, una sociedad participativa. Así, Paz dirá: “Los temblores del diecinueve y el veinte de septiembre nos han redescubierto un pueblo que parecía oculto por los fracasos de los últimos años y por la erosión moral de nuestras elites. Un pueblo paciente, pobre, solidario, tenaz, realmente democrático y sabio” (1985b: 8).

El pueblo, motivo de duda por mucho tiempo, de pronto apareció lleno de virtudes para mostrarle al gobierno que

en las profundidades de la sociedad hay, enterrados pero vivos, muchos gérmenes democráticos. Estas semillas de solidaridad, fraternidad y asociación no son ideológicas, quiero decir, no nacieron con una filosofía moderna, sea la de la Ilustración, el liberalismo o las doctrinas revolucionarias de nuestro siglo. Son más antiguas y han vivido dormidas en el subsuelo histórico de México. Son una extraña mezcla de impulsos libertarios, religiosidad católica tradicional, vínculos prehispánicos y, en fin, esos lazos espontáneos que el hombre inventó al comenzar la historia (1985b: 9).

Así, en la “lucidez sonámbula”, dice Paz, el pueblo de la ciudad de México se organizó y participó conjuntamente para rebasar a las autoridades en su capacidad de acción y “demostrar, pacíficamente, la realidad verdadera, la realidad histórica de México. O más exactamente: la realidad intrahistórica de la nación” (1985b: 9).

“En la máxima oscuridad, la máxima luz”, dirá a su vez Krauze (1985c: 12). El terremoto obligó a la maduración colectiva en horas, cuando tomaría normalmente años. Un cambio moral habría de operar en los mexicanos a partir de ese momento, ya no habría ocasión para dudar de la sociedad, México estaba en un momento que podía cambiar su destino. Y no solo eso, quedaba demostrado el desfase entre sociedad y Estado, desfase que habría que solventar, y solo la democracia lo podía lograr.

La lógica interna de este desfasamiento entre la sociedad y el Estado podría presagiar desenlaces dolorosos, en un caso la pasividad popular y el desánimo, en otro la represión gubernamental. Para revertir esta lógica, México no puede fincar ya su vida presente, no digamos la futura, sobre los pactos del pasado. Se necesita un nuevo pacto social que, como en Argentina, parta de la democracia (Krauze, 1985c: 13).

Era el momento para romper los “candados históricos”; debían surgir nuevas asociaciones, nuevas configuraciones políticas, pues la sociedad ya hablaba un nuevo lenguaje moral, uno que los políticos e intelectuales no alcanzaban a entender porque no había cambio en su mentalidad, en sus esquemas, autoritarios y piramidales.

Así, con el terremoto de septiembre de 1985, el verdadero pueblo apareció, por fin había en nombre de quien reclamar el agravio, en nombre de quien reclamar la democracia. Y los reclamos no tardarían en llegar. Pero hay al menos un punto a discutir entre la celebración, que aparece, en el mencionado texto de Paz, planteado como la “lucidez sonámbula” con que actuaba el pueblo mexicano en el medio de la tragedia y que daba origen a la celebración por la aparición de la sociedad.

Tal figura se puede leer de dos maneras. La primera, solo en orden de exposición, implica que el sujeto del sonambulismo está dormido y que aun cuando en el estado de sonambulismo se puedan realizar algunas acciones, estas pueden estar lejos de la lucidez, pues esta sería propia del estado de vigilia en tanto implica conciencia del acto. Concediendo que el acto sonámbulo pueda ser lúcido, el sujeto que lo ejecuta no ha dejado de estar dormido.

En tal caso, la celebración de Paz no es sino por ver la acción de un pueblo trastornado en su sueño ejecutando acciones automáticas que, aun por complejas que sean, no son conscientes y después de las cuales cesará su acción y continuará dormido.

La segunda. Si el accionar del pueblo es calificado por Paz como “lucidez sonámbula” es porque en un estado de vigilia se actúa con lucidez. Pero ¿qué implica que la lucidez sea sonámbula? Que la lucidez está marcada por acciones automáticas de las cuales no se es consciente porque se encontraría en un estado que se aproximaría al de un sonámbulo. La acción realizada bajo tal estado sería real por sus efectos pero sería una acción inconsciente, una acción reflejo, en el mejor de los casos, bien llevada. Pero, en tal caso, la acción no es necesariamente lúcida. Paz entonces celebraría un acto reflejo pero no un acto consciente.

¿Se puede esperar una transformación moral de un acto sonámbulo del que no se tiene conciencia? ¿Se puede esperar una transformación moral de un acto reflejo?

El reclamo electoral como postura editorial

Septiembre de 1986 será la fecha a partir de la cual en Vuelta se inicie el reclamo por las condiciones bajo las cuales se desarrollan las elecciones como postura editorial explícita.

Las elecciones no solo carecieron de transparencia sino que se desarrollaron con un número de irregularidades suficientemente grande como para dudar de su legitimidad. La existencia de urnas llenas antes de comenzar la votación, y de urnas ocultas o semiocultas; de gente que votaba sin credencial y sin estar registrada en el padrón electoral; de falsos representantes del pan; de representantes de los partidos a los que se les impidió comprobar que las urnas estuvieran vacías; de casillas abiertas y cerradas antes de tiempo; de representantes expulsados o marginados; de votos del pan anulados sin razón alguna; de padrones electorales alterados; de boletas que no fueron contadas antes de la votación; de votaciones masivas; de votaciones con credencial del pri (Vuelta, 1986a: 63).

Ya antes algunos autores habían manifestado su inconformidad con las elecciones pero no planteaban de manera abierta los reclamos que a partir de ese momento comenzarían a aparecer. Hacían uso, en todo caso, de la ironía o lo asumían como algo ya sabido. Tampoco se manifestaban las dudas acerca de la legitimidad de una elección, pues se les consideraba como actos de “forma” o de “legitimación”, lo que significa entonces que el planteamiento explícito de duda sobre la limpieza de las elecciones obedecía a que se les comenzaba a otorgar una cierta validez a estas como medio de llegar al poder.

Y habrá además otra postura editorial: la necesidad de que existan partidos de oposición para que la libertad política sea tal (Vuelta, 1986c: 64).¿Por qué aparecen estas posturas editoriales? No solo por la relevancia de los temas, pues –en el caso de los partidos de oposición– ya se había expuesto en la primera parte de la década su debilidad y la necesidad de fortalecerlos, sino porque Vuelta está denunciando con la primera 1) actos de fraude electoral, y 2) el silencio de la prensa de circulación nacional ante estos y un acto generalizado de los medios de comunicación de la ciudad de México de alabanza al pri y condena a la oposición.

Esta nueva actitud tomada por Vuelta traerá la primera “confrontación” pública con uno de sus colaboradores, Rafael Segovia, a quien la revista publicará un artículo llamado “La crisis del sistema de partidos”, y sobre el cual publicará una nota editorial haciendo público su desacuerdo con aquel, sin dejar en claro y con precisión los puntos de controversia.

¿Qué decía Segovia? En primer lugar, que se debía definir con claridad si el problema que se enfrentaba en México era el de la crisis de los partidos, la inexistencia de un sistema de partidos o, en caso de existir, su crisis (1986: 60-62). Para Segovia, el subsistema de partidos se había construido en torno al pri, a su izquierda y su derecha, y tanto por tamaño, captación de votación, así como por distribución ideológica, el subsistema se encontraba desequilibrado.

El debate ideológico de la izquierda, decía Segovia, era superior al de la derecha, pero esta tenía una acción política más consistente, mejor mantenida y conservada, así como votada, que aquella. La derecha era “electoralista”, a decir de Segovia, y se había vuelto en “el único interlocutor y rival del pri” (1986: 61). El problema que veía Segovia en esa situación era que en su afán por ganar había descuidado la actividad educativa y organizadora de la sociedad civil; asimismo, la ausencia de programa político, económico, social, de la derecha la haría perder el voto de protesta, por lo que no tenía incentivo para crear uno, y el riesgo en esto era que “se pueden ganar votos y se puede perder el alma” (1986: 61). Así, la derecha, por ganar votos, se vaciaba de contenidos para gobernar y, por lo tanto, de perspectiva de futuro.

A su vez, los partidos de izquierda se caracterizaban por “la querella interna y la tendencia a la transacción”, además de que no habían podido superar los “demonios del leninismo y el estalinismo” (1986: 61) ni vincularse realmente al pueblo con un discurso orientado a los obreros y que, paradójicamente, tenía una clientela sobre todo universitaria y artística.

Entre el pri y los partidos de izquierda, que Segovia también llama “marxistas”, es donde ubicaba a la “clase media reformista, no marxista y quizá católica, sin dejarse por ello mover por el clero militante” (1986: 61). Lo importante es que, en su consideración, esta clase estaría abandonada e incapaz de movilizarse sola, por lo que sería una clase disponible.

En un momento en que la legitimidad electoral se había vuelto insustituible, la oposición y el pri se estarían disputando esa clase media urbana, la cual se estaría considerando como la que provee “el único voto válido, el portador indiscutible de la legitimidad” (1986: 62), porque el voto rural era de domino priista.

Segovia entonces discute que tomar esa posición, la de que la clase media urbana era la que proveía el único voto válido, era una falacia –y aquí puede estar la discrepancia con Vuelta–, e implicaba asumir una postura antidemocrática porque en principio cada voto valía igual y porque en términos cuantitativos esa clase sería menor a la totalidad de la población que votaba.

El argumento de Segovia no está bien explicado pero apuntaría a que si un partido ha logrado monopolizar el voto de un lugar no se le puede acusar de acaparamiento, refiriendo que, si faltaba presencia de competidores en ese espacio, lo normal era que ganara quien sí estuviera presente. El problema, por tanto, no sería de validez del voto sino de presencia/ausencia del competidor, por lo que ese voto sería tan válido como cualquier otro, por lo que el voto urbano no sería entonces el único legítimo.

La clase media sería entonces, dice Segovia, un componente más de los partidos y de la democracia, de lo que se desprendería entonces negar que esta fuera la portadora y dadora de legitimidad como dice que se había asumido –y al parecer los editores de Vuelta tomaron la frase como dirigida a ellos–.

Cierto es que el artículo no es el mejor escrito de todos los publicados por Segovia en Vuelta, pero –visto a la distancia– parece exagerada la reacción de los editores de la revista al acusar la aparición de “voces distintas y contrarias” en el texto y que analíticamente producen desconcierto, pero sobre todo por la frase final de la apostilla editorial: “El profesor Segovia no podrá convencer a nadie si antes no se convence a sí mismo” (Vuelta, 1986b: 62).

¿De qué se tendría que convencer Segovia? ¿De que la clase media era la portadora de la legitimidad política en 1986 por su “lucidez sonámbula”? Esta sería la última vez que Segovia escribiría para Vuelta.

La democracia según Paz

Previo a las discusiones de 1988, Paz describió a la democracia como 1) el medio de contención de las burocracias gobernantes y, por tanto, 2) más allá del respeto al voto, como respeto a la legislación constitucional y a los derechos de las minorías (1987: 62-63).5

Para Paz, en México se había constituido una nueva clase dirigente, a la que nombra burocracia, que estaba compuesta por personas formadas y educadas en universidades nacionales e internacionales; algo que ya había sido advertido por Gabriel Zaid desde los 70. Esta burocracia se había encargado de la modernización económica, técnica y social del país pero para este momento se constituía como el principal obstáculo para la modernización política, esto es, para la democracia.

La peculiaridad de la burocracia mexicana, que explicaría la del régimen político, es que vive “insertada y diseminada” en la sociedad, por lo que no ha pretendido absorber ni exterminar a otras clases sociales como ha sucedido en otros lugares del mundo, y, por el contrario, ha dejado crecer a la sociedad e inclusive se ha aliado con diversos sectores sociales en distintos momentos.

¿Por qué es interesante esta nueva concepción sobre la elite gobernante? Porque con ello desliga a la Revolución del régimen actual. Paz es muy claro al señalar que la clase dirigente en el México contemporáneo es una segunda generación dirigente tras la generación de la Revolución, son los nietos o hasta bisnietos de la Revolución, cuyo requisito de acceso dista del origen revolucionario y se destaca por los criterios de educación, disciplina al partido, ejercicio en la administración, competencia, habilidades técnicas, amistades y complicidades.

Inclusive, el pri no sería el problema real, este sería solo una escalera de ascenso al igual que lo eran las empresas paraestatales. El espacio privilegiado de poder sería la presidencia; pero, más allá de él, Paz veía otros espacios de poder que estarían ocupados por las burocracias y que era preciso democratizar. El gobierno era el “gobierno de los funcionarios” (Paz, 1987: 62). Lo que haría el camino hacia la democracia lento y difícil por su “simbiosis con el tejido social” (1987: 63).

La democracia haría posible “reducir, humanizar, limitar sus poderes y someterles al control de la sociedad” (1987: 63). Es curioso que Paz haga una reivindicación democrática más allá de la democracia sin adjetivos de Krauze –que para diciembre de 1987 volverá a refutar los nuevos adjetivos para la democracia–: “Naturalmente, hablo de la verdadera democracia, que no consiste solo en atacar [sic] la voluntad de la mayoría, sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y de las minorías” (1987: 63).

Pero lo que Paz propone solo podría lograrse de manera plena en la medida en que se modificara la cultura política, lo que requeriría de una tarea casi evangelizadora de la próxima generación intelectual, al señalar que la tarea era de “conversión”:

A los mexicanos nos hace falta, lo mismo en la esfera privada que en la pública, volver a Montesquieu, quiero decir: conocer y reconocer los límites de cada uno, los míos y los de mi vecino. De ahí que la reforma política sea inseparable de la reforma intelectual y moral. Esto únicamente puede realizarse por una acción interior e interpersonal: una enmienda, una conversión. Por esto me atrevo a decir que la reforma moral es, o debería ser, la tarea de la nueva generación intelectual (1987: 63).

Y ¿qué había pasado entonces con la “lucidez sonámbula”, con la “semilla democrática”? Al parecer no había sido suficiente para basar en ella a la democracia un año después. Si no se está haciendo aquí una lectura equivocada, el Paz optimista de 1985 ha dejado su lugar al Paz pesimista que coincide con un planteamiento que surgió en los 70 y principios de los 80 en que se dudaba de la calidad moral de la sociedad. No deja de ser interesante que retome estos planteamientos cuando el optimismo sobre la sociedad y la democracia como mera cuestión electoral comienzan su mayor auge. Pareciera decir: el problema no es la revolución ni tampoco lo es el pri; el problema radica en la burocracia que está conformada por la sociedad: el problema es la sociedad, los valores y prácticas que mantiene.

Contra los adjetivos de la democracia: Krauze

Enrique Krauze, a su vez, combatirá los “adjetivos para la democracia” que se habían utilizado durante el régimen priista para demeritar la democracia electoral, que Miguel de la Madrid intenta revivir en su informe de gobierno de 1986, y los que Manuel Camacho y Rafael Segovia refieren en escritos de 1984 y 1987. Para ello, Krauze comienza a repasar la historia de la adjetivación constitucional de la democracia, argumentando que tal adjetivación no era sino la justificación del aplazamiento de la democracia electoral y el manejo retórico del concepto “a beneficio de quien lo infringe” (1987: 46).

La incorporación de esta legitimación democrática a través de la adjetivación, dice Krauze, coincide con un momento en que la legitimidad revolucionaria se encontraba en declinación. Significativo es para él que la definición estuviera contenida en el artículo referente a la educación, pues se pretendería que los niños aprendieran la idea de la “democracia dirigida, paternal, la que no ejercen los mexicanos pero que en teoría se ejerce para ellos” (1987: 46), en momentos en que se dejaba en claro que “el régimen de la Revolución no competiría limpiamente en las urnas” (1987: 46).

Krauze comienza entonces a trazar una tradición intelectual de lucha por la democracia con la generación de 1915, en específico de la democracia electoral. Jesús Silva Herzog, Manuel Gómez Morín, Narciso Bassols, Vicente Lombardo Toledano y, por supuesto, Daniel Cosío Villegas son los referentes citados por Krauze. De forma implícita, con esta recuperación o reivindicación intelectual, él mismo se ubicará como un continuador de esa lucha intelectual –en contra directamente de Camacho y Segovia, antiguos colaboradores de Vuelta que ahora ubica como defensores del régimen–.

Krauze resume a partir de sus lecturas de Camacho y Segovia los argumentos por los que es inaceptable la democracia sin adjetivos: es la democracia anglosajona, se queda en lo meramente electoral, la verdadera democracia va más allá de la democracia política, carece de sustento real –en referencia a la debilidad de los partidos y la falta de programa–, no comprende la naturaleza, la historia ni la cultura de México.

Y si bien, como se vio en el apartado anterior, el mismo Paz se había pronunciado por la verdadera democracia, que iba más allá de lo electoral, Krauze no se confronta con él ni lo incluye entre aquellos a los que se opone. Quizá por eso tampoco lo incorpora como parte de la tradición intelectual que reivindica como defensora de la democracia sin adjetivos.

Después, Krauze retoma los elementos que se han reconocido como positivos del régimen para plantearlos como argumentos de por qué el régimen es considerado democrático. Esta es una exageración, pues si bien es cierto que estos argumentos se habían esgrimido como reconocimiento al régimen en esa caracterización peculiar del mismo, no todos se habían presentado como atribuciones democráticas de este. Sin embargo, Krauze requiere presentarlos así para oponer la versión que corre “en las plazas públicas” y que es la de que “la democracia (sin adjetivos) es la verdadera democracia, no la democracia que el sistema quiere hacer pasar por verdadera” (Krauze 1987: 49). Krauze, entonces, presenta las “pruebas” de eso que se supondría corre por las plazas, pero lo hace con un lenguaje que difícilmente correría por ellas y refutando casi punto por punto los supuestos argumentos a favor del régimen.

Pero, más allá de ello, por primera vez Krauze plantea con relativa profundidad su idea de democracia sin adjetivos:

En términos de su funcionamiento, es obvio que la democracia se adjetiva siempre: puede ser representativa, directa, etc. [...] Lo mismo cabe decir del lugar donde incidentalmente se practica. La fórmula no persigue estas distinciones. Busca salvar axiológicamente el sentido original de la democracia, afirmar su valor universal frente a tradiciones, críticas o sistemas que lo niegan, neutralizan, enmascaran o devalúan. Pero aun en sus aspectos prácticos, las semejanzas entre las diversas democracias en España, Francia, la India o los países anglosajones son más importantes que las diferencias: pluralidad de partidos, elecciones limpias, división de poderes, etc. […] La democracia “mexicana” prescinde casi de estos rasgos (1987: 49).

Es importante aclarar que es la primera vez que Krauze plantea los “rasgos”, hoy se dirían institucionales, que requiere la democracia, pero no entra a analizar si esos rasgos se encuentran afianzados en el país. Por el contrario, toma a aquellos que lo han hecho y que, al menos para el caso de los partidos políticos, han concluido que la debilidad llevaría a resultados probablemente negativos. Aún más, tanto Silva Herzog como Cosío Villegas, en su momento, habían concluido lo mismo, pero eso no lo incorpora en su reivindicación por ser contrario a su argumento.

Vaciar a la democracia de contenido político es vaciarla de contenido. La democracia busca la libertad y la igualdad políticas; igualdad de participación, influencia y vigilancia sobre las decisiones políticas. En este sentido, la democracia es un objetivo distinto de otros, no menos importantes, como la igualdad material, el bienestar, el orden, la fraternidad. La consecución de estos fines no crea necesaria y menos automáticamente la democracia, pero esta sí suele, en cambio, ser el camino más racional, menos inhumano de conseguir aquellos fines (Krauze, 1987: 49).

Krauze invierte entonces la fórmula que se había defendido desde la Revolución sobre el desarrollo o modernización de México, poniendo primero a la democracia y luego a la economía y los derechos sociales; estos últimos, si bien no como consecuencia directa de aquella, sí como potenciales resultados facilitados por la práctica política democrática. Krauze pide acabar con la tutela del “ogro filantrópico” y dejar decidir al pueblo. Un pueblo del que, cabe señalarlo, aun Paz sigue dudando.

La profecía de aquellos demócratas de los 40 se ha cumplido: vivimos la zona minada de una legitimidad incierta. Queda un camino: la democracia entendida solamente como estructura jurídica y régimen político; la democracia que averigua, mediante el voto, qué entiende el pueblo por su “constante mejoramiento” (Krauze, 1987: 50).

1988, antes de las elecciones

Durante 1988 Vuelta publicó de manera constante artículos relacionados directamente con el acontecer político del país. Era un año electoral, se renovaba el cargo más importante: la presidencia. Quedaba por ver si se cumplía el respeto a las urnas por el que pedían Paz y, sobre todo, Krauze. Pero también es el año en que aparecen nuevos colaboradores para el análisis político: Jaime Sánchez Susarrey y José Antonio Crespo, sobre todo; aparecerán en ocasiones Federico Reyes Heroles y Luis Rubio; mientras que Paz y Krauze disminuyen su participación.

Cabe señalar también que tanto Sánchez como Crespo aportan un perfil más politológico a sus escritos y que su participación en Vuelta deriva de que en un concurso de ensayo político convocado por la misma revista son ganadores del primer y segundo lugar, de manera respectiva.

Ambos ensayos son publicados por Vuelta y marcan, además del inicio de las colaboraciones de ambos autores en la revista, la revisión contemporánea que tomará visos de consenso sobre la perspectiva del pasado político en México. Retoman en gran medida no solo la postura de Krauze y Paz, sino muchas de las ideas que se habían presentado en Vuelta, y replantean algunas otras como la idea de totalitarismo por la que se decanta Crespo para clasificar al régimen político. Centran su discusión, sin embargo, en dos aspectos que parecían quedar pendientes con Paz y Krauze: los partidos políticos y la cultura política.

También hay un cambio en lo que se dice sobre la democracia: se le comienza a tratar de comprender en sus implicaciones respecto a la incertidumbre, a establecer la distancia entre la forma de elección y las no garantías en el ejercicio de poder, a tratar lo que sería la legitimidad de las elecciones.

La perspectiva de Sánchez Susarrey

Jaime Sánchez Susarrey considera que la transformación política del país se debe leer a partir de 1968 y el “vacío” que surge entre Estado y sociedad civil, un vacío que no podía ya solucionarse por la vía de la “integración” que era la acostumbrada, y de la cual se derivaría como solución la reforma política de 1978 para fortalecer el subsistema de partidos y canalizar por esa vía a las supuestas minorías inconformes (1988a: 12-19).

El subsistema de partidos en los 50 y 60, afirma Sánchez, tenía más de “oposición cómplice” que de “oposición leal”: el pan era oposición leal, mientras que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (parm) y el Partido Popular Socialista (pps) fungían en la oposición cómplice. Bajo tales condiciones,

el subsistema de partidos –lo mismo que los procesos electorales– había tenido un funcionamiento paradójico: irrelevante en términos de los procesos políticos reales, nunca perdió importancia en relación con la legitimidad constitucional y republicana que el gobierno proclamaba (Sánchez, 1988a: 12).

La reforma política se realizaba entonces bajo el supuesto de que los inconformes se ubicaban a la izquierda del espectro político y de que –en todo caso– eran una minoría, por lo que no se ponía en riesgo alguno el poder. Sin embargo, el proceso electoral de 1982 tuvo como sorpresa que el voto se inclinó por la derecha. Las consecuencias eran el descubierto de la contradicción entre la lógica de los procesos electorales y los “mecanismos de negociación y concertación tradicionales” utilizados por el régimen.

Pero tanto la reforma política y la subsecuente contradicción entre lógicas de procesamiento político no eran sino la manifestación de un problema más profundo, que era el funcionamiento de la “fórmula política” del régimen y que se centraba en la ocupación del espacio público.

Sánchez rescata la idea de que el régimen se sustentaba en la institución presidencial y en los organismos corporativos que servían como “los principales instrumentos de representación y negociación” (1988a: 13). En particular eran importantes las organizaciones populares del pri; esto es, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, porque eran ellas las que cumplían, además de la defensa gremial, con la función de ser los soportes de los gobiernos de la Revolución. Mientras que los empresarios, si bien estaban organizados, no tenían una participación política gremial sino acaso individual. De tal manera que, bajo este esquema de organización, “el espacio público, que se ha confiscado en nombre de las mayorías nacionales, es ocupado, en el mejor de los casos, por minorías organizadas y, en el peor, por la elite política en el poder” (Sánchez, 1988a: 13).

Para que el sistema político en el régimen priista pudiera funcionar, concluye, era necesario que se dieran dos procesos vinculados: privatización del espacio público y despolitización de la mayoría de la población. Este planteamiento sostiene entonces que el gobierno y el régimen no estaban sometidos a la voluntad de las mayorías.

¿Cómo es que había logrado sostenerse? La respuesta estaba en la ya conocida fórmula de la compraventa de lealtades: “El modelo de legitimación ha tenido uno de sus pilares fundamentales en la capacidad del Estado para proporcionar bienes y servicios, mediante relaciones patrimoniales y clientelistas, orientados al bienestar social de la población” (Sánchez, 1988a: 13). La cultura política de la población y el pragmatismo ideológico de la elite política llevó a que la articulación política se diera a base de la satisfacción de intereses materiales y lealtades personales y no de posturas político-ideológicas.

Sin embargo, este esquema de funcionamiento político comenzó a minarse en tanto emergieron “nuevos valores y […] nuevas prácticas centradas en la participación ciudadana” (1988a: 14). Surge entonces un conflicto entre dos “culturas cualitativamente distintas” (1988a: 14), porque una demanda “apertura del espacio público y supresión del monopolio de las funciones públicas que han ejercido la elite política y las burocracias dirigentes” (1988a: 14), mientras que la otra demanda apertura para alcanzar un cambio en la elite pero reivindicando esas funciones públicas (1988a: 14).

Con esta idea de las dos culturas, una tradicional pasiva y otra moderna participativa, Sánchez estaba retomando la idea de que había dos lógicas en conflicto dentro de la misma sociedad: una lógica nacional-popular sostenida por obreros y campesinos y una lógica formal-ciudadana sostenida por las clases medias.

Para Sánchez, el conflicto era entre una elite que dominaba en nombre de las supuestas mayorías y la sociedad (léase clase media) que demandaba la apertura política. El problema central era de control del poder en nombre de esa mayoría en disputa y no entre los segmentos sociales, aunque comparte la idea de que la sociedad en general tiene una nueva cultura política participativa que le desvincula de las relaciones clientelares y patrimonialistas que habían sostenido el régimen y en particular a la institución presidencial. A eso habría que agregarle el que la crisis económica impedía a esta seguir con la dinámica de “derrama de beneficios” a la población, lo que terminaba por cerrarle el paso a esas prácticas y a ver cuestionada su legitimidad.

Sin embargo, en esta historia queda aún la duda: ¿es la sociedad que se ha transformado en sus valores y su cultura política, o es simplemente la respuesta emocional de una sociedad acostumbrada a los beneficios que el régimen proporcionaba la que reclama la democracia? ¿Si la capacidad del gobierno para otorgar beneficios no se hubiera visto disminuida, se habría sostenido la demanda de cambio?

De cualquier forma, Sánchez plantea otra cuestión interesante: “minar la autoridad presidencial […] equivale a minar la estabilidad del gobierno e incluso del Estado mismo” (1988a: 15). Presidencia, gobierno y Estado son uno mismo; y si se cuestiona a la autoridad presidencial, se cuestiona la legitimidad del Estado, lo que coloca a este en una situación de debilidad e inestabilidad al estar ligado a la suerte del presidente.

Lo interesante es que Sánchez no argumenta que evitar la subordinación de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo podría separar al Estado del gobierno ni que la democracia y la llegada de un partido distinto a la presidencia podría separar Estado y presidencia. Deja la estructura institucional a un lado y prefiere decir, llevado por lo que aprecia en ese momento, que la institución presidencial debe afrontar la democratización de espacios locales porque el agotamiento del esquema está produciendo lo que debería evitar: la violencia que se presenta por la protesta de los resultados en las elecciones locales.

José Antonio Crespo

Por su parte, Crespo plantea varios puntos centrales del contexto político en el que escribe, a partir de los que articula su reflexión:

1) “La aspiración democrática de los mexicanos ha estado presente a lo largo de toda su historia independiente” (1988: 30) aun cuando haya funcionado solo en pequeños momentos.

2) La demanda por democracia política es creciente, sobre todo en el sector moderno de la sociedad, porque

3) la democratización política es la, o al menos parte de la, salida al problema económico.

4) La democracia “se concibe como un medio para prevenir que la experiencia se repita en un futuro” (1988: 30).

5) El régimen revolucionario, lo mismo que el porfiriato, han ocultado su práctica autoritaria tras una escenografía democrática.

6) El argumento para no cumplir con la democracia es la cultura mexicana.

Crespo inicia discutiendo el argumento cultural como motivo de la ausencia de democracia, para ello se remonta a la disputa entre conservadores y liberales en las primeras décadas de la vida independiente; los primeros sostenían que la democracia política correspondía a otras culturas, por lo que la modernización del país se tendría que hacer de acuerdo con la identidad nacional, se tendría que buscar una forma de organización propia acorde con la cultura tradicional, mientras que los segundos concedían que la cultura no se correspondía con las necesidades de la democracia pero que era por un problema de civilización que se modificaría en tanto se adoptaran las instituciones democráticas y se realizaran las prácticas correspondientes.

De esas dos posturas surgiría una tercera, que de alguna manera las sintetizaría:

Los liberales de la segunda mitad del siglo xix, pese a seguir fieles a los principios democráticos, constataron el choque entre la ley y la realidad social del país, por lo que, sobre todo a partir del porfiriato, postergaron la democracia hasta que surgieran las condiciones para ella; entre otras, que el pueblo estuviera preparado para ejercerla (Crespo, 1988: 31).

La disputa que surge a principios del siglo xx por la reivindicación de la democracia y la exigencia de su puesta en práctica, a partir de la interpretación que hace Crespo, queda entre dos grupos liberales que están de acuerdo en la deseabilidad de la democracia pero no en cómo lograr una cultura política que la respaldara.

Madero, dice Crespo, atacaría a la postura de postergar la democracia calificándola como una postura demagógica y absurda, pero lo cierto es que al término de la Revolución surgió un proyecto de corte autoritario, por lo que la cultura no se democratizó y el “viejo argumento porfirista de la ‘no aptitud’ del pueblo mexicano para la democracia” (1988: 32) se mantuvo, bien como elemento ideológico a favor del autoritarismo o como convicción.

La disputa de la década de los 80 en México, para Crespo, sería la redición de la vieja disputa entre lo que se podría denominar la demanda liberal original y la demanda liberal sintetizada, que en su apreciación sería una postura autoritaria. Para sostener esto, Crespo plantea una reflexión que le permite clasificar al régimen político derivado de la Revolución como autoritario.

Al igual que se hizo en los años 70, Crespo recurre a Linz, pero realizará una lectura distinta e influida por los planteamientos de O’Donnell y por Stepan; el primero sobre el autoritarismo burocrático autoritario y el autoritarismo populista, y el segundo sobre el autoritarismo excluyente y el incluyente.

A diferencia de sus antecesores, para Crespo el autoritarismo no es un punto intermedio entre la democracia y el totalitarismo que tendería hacia uno de estos; es una categoría en sí misma, por lo que podría tener distintos grados de complejidad sin perder su esencia autoritaria. Solo establece dos categorías: autoritarismo directo y autoritarismo institucional. En el caso del mexicano, sería un autoritarismo institucional.

Las características que Crespo le otorga a esta modalidad de autoritarismo son las que permiten que las diferencias entre el autoritarismo y la democracia se entrecubran y pueda un régimen autoritario caracterizarse con rasgos democráticos. Crespo está logrando con esto lo que no habían podido lograr con claridad los autores de los 70: clasificar con claridad y sin dudas al “peculiar” régimen mexicano. Pero, además, Crespo, más allá del logro teórico-conceptual, políticamente estaba dejando sin lugar las atribuciones democráticas del régimen que le habían servido como defensa y sentando las bases para reclamar la democracia al calificarlo como autoritario.

Inclusive, las dudas acerca de la sociedad civil y la relación de intereses entre esta y el régimen, si bien no son anuladas, se atenúan, pues, para Crespo, no es que no hubiera reclamos por la falta de democracia sino que el estilo del régimen, sus características institucionales, le permitían procesarlos por medio de la desarticulación, el aislamiento, la contención y, sobre todo, la incorporación e inclusión, lo cual disminuía la motivación para “exigir frontalmente la democratización del sistema” (1988: 33).

La cultura política, por su parte, no deja de sentir la influencia de las características y procesos de autoritarismo institucional, y se conforma de tal manera que contribuye a su continuidad, en términos generales. Los incentivos para movilizarse en favor de una democratización genuina, sin estar ausentes, tienen menos sentido para una buena parte de la ciudadanía. Su aspiración democrática, que aparece siempre en los estudios empíricos sobre la cultura política en México, no entra tan abiertamente en contradicción con el régimen, como sucede en el caso de los autoritarismos directos. Más aún, es ampliamente aceptado (al menos hasta hace poco) el mensaje oficial en el sentido de que el propio sistema se va democratizando gradualmente a través de diversas reformas políticas, electorales, administrativas, etcétera (1988: 33).

¿Y cómo explicar el voto por el pri? Para el autor, el voto por el pri no era un voto convencido, ideológico, sino un voto que se basaba en el miedo a que se perdiera la estabilidad lograda en la transferencia del poder, además de la falta de experiencia de la oposición en el ejercicio de gobierno, así que si bien el voto opositor era un voto “anti-pri”, el voto por el pri sería un voto contra la oposición. Sin embargo, estas razones parecían estarse desgastando y por ello se incrementaban las presiones para el cambio. El factor económico no lo incluía el autor como factor de cambio.

Ahora bien, si se aceptaba que el comportamiento y la cultura política predominante era la autoritaria, ¿cómo solventar entonces el cuestionamiento sobre si las prácticas vigentes, que despertaban dudas y sospechas entre los intelectuales, podrían sostener a una democracia? Crespo distingue entonces entre lo que se considera una cultura “participativa-racional” y una cultura democrática o cívica. La primera sería una donde los ciudadanos tendrían una alta participación política mientras la segunda se caracterizaría por prácticas intermedias entre la cultura política de súbdito y la “participativa-racional”, destacando que para que un gobierno funcione de manera eficaz la deseable es esta combinación de prácticas culturales. La cultura política entonces no sería un factor tan relevante como se pensaba, bastaba con que el ciudadano fuera a votar, y lo demás vendría por añadidura:

Se trata de estimular en la ciudadanía un potencial de movilización autónoma solo en ciertos periodos y bajo ciertas circunstancias, aunque el resto del tiempo, de hecho la mayoría de su tiempo, lo pase como siempre. En cuanto al nivel de información y educación política, podría elevarse como consecuencia directa de las nuevas capacidades políticas de la ciudadanía (1988: 35).

Las discusiones sobre cultura política requerida y la identidad nacional parecerían entonces no tener lugar, pero al cerrar esa puerta Crespo restaba importancia tanto a las prácticas democráticas como a las prácticas autoritarias más allá de lo estrictamente electoral.

El camino que debía seguir la democracia en México, para este autor, llevaría a un sistema de partidos que pasaría de hegemónico a predominante; esto es, aun con el respeto al voto por la caracterización del voto por el pri como voto antioposición, no perdería de inmediato el poder sino que poco a poco entraría en competencia con los partidos de oposición, que le irían ganando espacios a aquel. Lo importante en ese momento sería la voluntad de las elites para transitar hacia la democracia.

El debate sobre la democracia en México, hasta ese momento, había sido más acerca del proceso de democratización que sobre la democracia en sí. Como dice Crespo: “En el debate sobre la democracia aparece siempre la cuestión de si esta es algo que debe conseguirse por la ciudadanía, a través de movilizaciones y presión sobre los gobernantes, o surge como consecuencia de una concesión desde arriba” (1988: 36).

Acaso el momento en que más cerca se ha estado de discutir sobre la democracia en sí ha sido ese, pero esa misma idea de la que parte Crespo, que la democracia ha estado siempre presente, quizá sea el elemento que cierra la opción de discutir sobre ella: no hay necesidad de discutir la democracia si desde siempre ha estado ahí, si se reconoce como legitimidad histórica –para decirlo con Paz–, lo que habría que hacerse es 1) reconocer que no se ha cumplido, que es un asunto pendiente, pospuesto, 2) justificar su petición y 3) discutir entonces cómo hacer efectivo el respeto al voto. Y es eso lo que hasta ese punto habían hecho los intelectuales, o al menos aquellos autores que han sido revisados en Vuelta durante los 80.

La celebración ‘naive’

Federico Reyes Heroles no tomará otro camino; seguirá la idea de los dos Méxicos: uno autoritario y otro democrático, pero agregará un elemento en la caracterización de la democracia: la incertidumbre o –como dice él– el “estremecimiento”; y permitirá observar otro de los rasgos característicos de la discusión sobre la democratización: la sencillez (1988: 26-30). Pero su postura no será tan moderada como la de Sánchez Susarrey o Crespo.

Para Reyes Heroles, el México que se vive en 1988 es el que nació de la traición, del asesinato y la disciplina, del fraude. Es el México de la “habilidad autoritaria” que pospone a la democracia siempre en nombre de algo más, la igualdad social o la soberanía. Tres son “las deidades”, los argumentos para diferir y negar la democracia: estabilidad, desarrollo social y gobierno con régimen de derecho. Pero ha sido en nombre de estas “tres deidades” para mantener el poder que el régimen había sacrificado a la legalidad. En estas circunstancias, dirá Reyes Heroles: “La historia oficial se ha convertido en venero de justificaciones de las acciones antidemocráticas” (1988: 27).

Sin embargo, “hay un impulso esperanzador en la sociedad mexicana que se contrapone a la habilidad autoritaria” (1988: 27), que proviene de “un impulso juvenil”, no por cuestión generacional, sino porque “inyecta frescura al debate sobre México” (1988: 27), pero sobre todo porque se arriesgan los supuestos beneficios de las “tres deidades” y porque la composición de este grupo no puede ser ubicada en el espectro ideológico.

Este grupo, dice Reyes Heroles, tiene una “aproximación ingenua […] [una] naive theory sobre la democracia” (1988: 27) que por su sencillez y su incisiva insistencia le recuerda a las preguntas de los niños:

Se trata de una demanda de democracia para legos en política, para los que solo conocen el catálogo finito y muy breve de los derechos políticos fundamentales y exigen, de manera llana, su cumplimiento. […]

Este otro México se afianza en una saludable sencillez argumentativa y también teórica. Sus críticos dicen que es pobreza doctrinal, que no hay ideología que lo sustente. Pero quizá parte de su gran atractivo consista en esa sencillez, que por igual ha impregnado al sector empresarial, a las multifacéticas clases medias y a una izquierda de apertura. No se invita a un debate ideológico de aquí a la eternidad. Se convoca a acciones democráticas concretas que poco a poco terminen con los islotes o las zonas de oscuridad. Ese es el camino a la democracia total, o vivimos en una democracia o no vivimos en ella (1988: 28-29).

Reyes Heroles hace un elogio de la demanda, respeto a las urnas, el respeto a la norma; lo demás no interesa. Acaso pensaría como Crespo en cuanto a que el resto vendría después. Para Reyes Heroles, la petición tiene una “filia legalista” que busca fundamentar la legitimidad del poder en la ley, en la “legitimidad jurídica”.

Democracia es libertad de expresión y organización, transparencia en todos los procesos electorales del país. Es respeto a la victoria de la mayoría, así la diferencia sea de un voto. El voto secreto no puede estar sujeto a ningún tipo de presión; es el careo de un individuo con su conciencia (1988: 28-29).

La “energía democrática popular”, para Reyes Heroles, es sana, es espontánea, y no una proclama de elite. La nación se reclama para sí misma según esta concepción y se debate entre la historia y la razón, el pasado contra el futuro, el autoritarismo contra la democracia. No se puede aceptar que a cada momento histórico corresponda un tipo de democracia, no se puede aceptar que la democracia sea relativa. Este era el momento de la definición personal. Reyes Heroles plantea:

La democracia como energía que invade e incomoda, o aceptar plácidamente la conducción. Aceptación del inamovible veredicto sobre vencedores y vencidos que pronuncie el sufragio, o la componenda que todo lo oscurece. Democracia del hogar hasta Palacio, o silenciosa aprobación de los actos autoritarios, pequeños y grandes. Sana y mítica intransigencia, o relativismo que borra los rumbos. Asumir la total responsabilidad de la conducción nacional, o permitir que las advertencias delimiten espacios. Democracia hoy, o acatamiento del sacrificio (1988: 30).

Recuento

El recorrido de 1970 a 1988 ha sido largo. En lo posible, se ha tratado de ser puntual en el recuento no solo de la trayectoria de la conceptuación de la legitimidad política sino también, y sobre todo, de su entrelazamiento con la democracia. O, mejor dicho, con el proceso de cambio político.

Plural y Vuelta han permitido observar las transformaciones del pensamiento político en México y, al mismo tiempo, la evolución de la revista, de los autores de las reflexiones políticas, así como el cambio generacional entre intelectuales y analistas políticos.

En cuestión temática, se pasó de los cuestionamientos al régimen de la posrevolución al reclamo democrático, pasando por la caracterización del régimen y sus problemas nominativos o categoriales. Para efectos de claridad se pueden distinguir varios momentos en el análisis de lo publicado en Vuelta entre 1982 y 1988:

La crisis económica y quiebra del pacto sociedad-régimen

El primer momento distinguible en este periodo es el de la crisis económica de 1982, a partir de la cual se comienza a considerar que el pacto existente entre las clases medias, principalmente, y el Estado posrevolucionario estaba en vías de quiebra debido a que, por una parte, era imposible para este mantener la relación y la capacidad de generar oportunidades de movilidad social, así como de mantener las condiciones de vida de la clase media.

Se interpreta que las elecciones son consideradas cada vez más como una vía de expresión por la inconformidad de la situación. La abstención en incremento es considerada un indicador de esa situación, pero también los incrementos en las votaciones de la oposición.

Este es un periodo en el que la distinción moderno/antiguo vuelve con Paz para explicar lo que sucede en América Latina y en México, como una disputa entre prácticas modernas y reminiscencias arcaicas. Es el momento de establecer que la legitimidad democrática es la legitimidad histórica, reconocida siempre pero ausente, pendiente. También es interesante la recuperación que hace Paz de Castoriadis para conceptuar a la democracia como instauración de la sociedad, con lo cual la sensación que se presentaba en los primeros momentos acerca de que si no surgía un reclamo sobre la ilegitimidad del régimen de la Revolución era porque se carecía de un ente social moralmente válido en nombre del cual hacer el reclamo, toma mayor fuerza.

El reclamo democrático

Hacia finales de 1983 y 1984 será el momento del reclamo por la democracia. La democracia entendida como modernidad, pero también como desagravio, como esperanza, como transformación, como renacimiento moral. Una democracia cargada de significados pero sobre la que se reclama su desadjetivación.

Un reclamo que no se puede distinguir hasta dónde es real, en términos de respaldo social, o si es un reclamo de la “opinión”, de esa opinión que, sin embargo, desconfía de la sociedad y su moral pública. Y un reclamo que en su emoción olvida las estructuras institucionales necesarias para que la democracia sin adjetivos pueda ser funcional.

Es el momento del rompimiento de Vuelta con Manuel Camacho y Rafael Segovia, que entre la defensa y la moderación en su análisis eran calificados de promotores del régimen. Es el momento de ruptura total con la idea de democracia integral; solo hay una democracia y es la que se denomina política: la del respeto a las urnas, la democracia naive.

Es el momento de las profecías, de anunciar el fin del pri y de creer en la clase media. De pregonar que solo la legitimidad democrática tiene validez y que la legitimidad tradicional-revolucionaria y carismática-presidencial se han agotado. De prepararse intelectualmente y prever los caminos para la transición.

Es también el momento del anunciamiento del nacimiento de la sociedad civil pura, democrática, de su despertar o de su accionar bajo la “lucidez sonámbula”. Es el momento en que el reclamo democrático puede realizarse porque ya hay una sociedad virtuosa en nombre de la cual exigir, reclamar el desagravio con la democracia. Aunque al final Paz proyectará la duda sobre la virtud de la sociedad.

La rescritura de la historia

1988 es el momento de la reinterpretación de la historia, de la elaboración sintética del proceso de democratización en México. De la definición conceptual definitiva del régimen político mexicano como un autoritarismo. De la confrontación entre dos México, entre dos lógicas, dos culturas: una moderna y la otra antigua, el futuro contra el pasado, de la democracia contra el autoritarismo. Y de la advertencia sobre el estremecimiento, la incertidumbre que acompaña a la democracia y de alabar la sencillez e ingenuidad del reclamo democrático.

Es, además, el momento del relevo generacional de los analistas de Vuelta. Quizá este es el momento en que más cerca se ha estado de discutir sobre la democracia, pero es la idea heredada por Paz, y de la que parte Crespo, de que la democracia ha estado siempre presente, la que quizá sea el elemento que cierra la opción de discutir sobre ella: no hay necesidad de discutir la democracia si desde siempre ha estado ahí, si se reconoce como legitimidad histórica –para decirlo con Paz– lo que habría que hacerse y discutirse es cómo hacer para que se cumpla. La tarea que han realizado los intelectuales en este periodo ha sido:

1) denunciar que la democracia no se ha cumplido, que es un asunto pendiente, pospuesto, que el régimen político heredado de la Revolución no es una democracia,

2) justificar y enunciar su petición en nombre de la sociedad, y

3) hacer el reclamo democrático.

A la nueva generación de intelectuales-analistas le tocará discutir cómo hacer efectivo el respeto al voto, reorganizar la historia y sintetizarla en el proceso de democratización. Y es eso lo que se hace en el siguiente periodo.

Cabe hacer notar que esta es la primera vez que aparece dicho término en los discursos de informe de gobierno aquí revisados hasta ahora.

Por razones metodológicas, dirá Segovia, retoma las variables de Linz: a) pluralismo político no responsable y limitado; b) ausencia de una ideología elaborada; c) falta de movilización política intensa y extensa; y d) presencia de un líder o de un grupo pequeño que ejerce el poder dentro de límites más definidos pero previsibles.

El artículo provoca, publicadas en Vuelta, cinco críticas y una respuesta de Krauze a algunas de estas.

Nótese la coincidencia con los argumentos de Andrés Manuel López Obrador presentados en la discusión de 2006. No sobra avisar para el lector no familiarizado con la realidad mexicana que actualmente Manuel Camacho es un activo personaje cercano a López Obrador.

Cabe destacar que el artículo está fechado por el autor en diciembre de 1986.

Capítulo 6 Procedimiento e instituciones

La llegada a la presidencia de la república de Carlos Salinas de Gortari se produjo a través de un proceso electoral sumamente competido y con la fuerte sospecha de que no se había respetado el voto de los ciudadanos. Tres candidatos se presentaron con fuertes posibilidades de ganar: Carlos Salinas, del pri; Manuel Clouthier, del pan; y Cuauhtémoc Cárdenas, por el Frente Nacional de Reconstrucción Nacional. Los resultados finales oficiales fueron que Carlos Salinas había ganado con el 50.7% de la votación, mientras que Cárdenas y Clouthier obtuvieron 31.1% y 16.79%, de manera respectiva.

La gran duda respecto a la legalidad de los resultados se encontró en la negativa a dar información sobre el avance de los resultados electorales; lo único que se pudo conocer fue el resultado final del conteo. Esto dio lugar a un momento de la política mexicana que se conoce como la caída del sistema, lo que derivó en variaciones como que “se cayó el sistema” o que “se calló el sistema”, en un juego semántico que apunta hacia el mismo lugar: el fin operativo del régimen.

Cárdenas y Clouthier, en momentos y contextos diferentes, desconocieron los resultados de la elección y pidieron la anulación de las elecciones, pero esto no se concedió. Comenzó entonces una lucha orientada a la reforma de la legislación electoral para mejorar la reglamentación y la democratización del país.

Construcción institucional de la legitimidad democrática: Salinas

En 1988 toma posesión Carlos Salinas de Gortari. Entre las primeras cosas que hace en su discurso de toma de posesión, además de fincar su ejercicio del poder en virtudes –lealtad y patriotismo, servicio a todos, prudencia, decisión y firmeza–, establece su posición de gobernar en apego a los principios y al proyecto de la Revolución (Salinas, 1994a: 5-80). Esto es, hace una reivindicación de la Revolución cuando pareciera que esta se encuentra agotada, sobre todo porque, en el momento complejo en que asume el cargo, el país se encuentra “entre la esperanza colectiva y el peso de los sacrificios acumulados” (Salinas, 1994a: 8).

Por la línea discursiva del presidente anterior, pareciera que el camino que Salinas tiene frente a él es el del cambio, pero la referencia a la Revolución, la Independencia y la Reforma parece anunciar la reiteración del discurso priista que se había agotado; sin embargo, esas apelaciones las orientará Salinas para ejemplificar “la determinación del pueblo para darse a sí mismo un destino original, instituciones y organización propias” (Salinas, 1994a: 8), para establecer la capacidad de transformación del pueblo mexicano. De esta capacidad participativa del pueblo y de la reivindicación de su soberanía desprenderá entonces el objetivo de su gobierno: avanzar hacia el cambio, entendiendo por este ir hacia la modernización de México en la economía, la política y la participación popular.

Modernización es la palabra clave del discurso de Salinas. No puede dejar de notarse que es muy cercano a los planteamientos de Octavio Paz en la época, pero también que se observa la voluntad de integrar el discurso tradicional priista, de ahí que al definir su proyecto de gobierno lo nombre como “Modernización nacionalista, democrática y popular” (1994a: 10).

Modernización porque implica ponerse al día en el contexto internacional de democracia, transformación económica y competencia mundial. Nacionalista porque el cambio “reafirmará los valores fundamentales que nos dan identidad como mexicanos” (1994a: 10), pero sobre todo porque “abrirá una nueva etapa al proyecto de la Revolución” (1994a: 10), es decir, reformará la Revolución para que permanezca, dirá años después haciendo remembranza.

Democrática porque se propone su realización de manera “concertada, mediante la participación corresponsable de los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos y sectores” (1994a: 10), pero sobre todo porque “estará destinada a ampliar los espacios políticos y a crear las vías institucionales que requiere la mayor participación de la sociedad” (1994a: 10). Y popular porque se le orientaba a elevar el bienestar social de los mexicanos.

No se niega la herencia, se le reivindica reconociendo y dando lugar a la participación social y la crítica. “El Estado será rector efectivo de la modernización de México, pero esta solo será posible mediante la corresponsabilidad de la sociedad y con métodos democráticos” (1994a: 12).

Hay en el discurso de Salinas, a pesar de un constante reivindicar la Revolución, un discurso político con nuevos términos: modernización, democracia, corresponsabilidad, participación, ampliación, vida democrática, ciudadanía, cultura política, transparencia, al que con el paso de los años, en el gobierno de Salinas, se incorporarán otros como derechos humanos y apego a la ley.

Salinas propone en su toma de posesión tres acuerdos: uno para ampliar la vida democrática, otro para la recuperación de la economía y uno más para el “mejoramiento productivo del bienestar social” (1994a: 12), que debía alejarse del paternalismo y clientelismo. Pero también hace explícito que aquel era un momento político y reconoce que hay varias ideas, más allá de las de la Revolución, sobre cómo debe ser la sociedad, y es ante esa realidad que se posiciona, reconociendo una agenda que los intelectuales ya habían esbozado pero que el desprendimiento de parte importante del pri y la formación de un frente competitivo de izquierda, además de la presencia importante también del candidato del pan, harían explícitos:

Avanzamos hacia un nuevo equilibrio en la vida política nacional. Este no surgió el 6 de julio; se manifestó en esa fecha.

Hay un nuevo México político, una nueva ciudadanía con una nueva cultura política. Su expresión reclama cauces transformadores. […]

Ante esa nueva realidad, mi gobierno será de apertura en nuestra vida democrática. Para ello propongo un nuevo acuerdo político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras diferencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y modernice las prácticas de los actores políticos, comenzando por el propio gobierno.

Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales. Comparto esa inquietud ciudadana. Garanticemos a todos que su fuerza política, cabalmente medida en la libre decisión de los votantes, será contada y reconocida por todas las partes (1994a: 13).

Esta larga cita permite observar que el proyecto político enunciado por el presidente encajaba con aquellos puntos sobre los que los intelectuales publicarían desde 1982: respeto a las urnas, debilidad de los partidos, surgimiento de nueva sociedad, participación. Salinas había asumido como propios “los justos reclamos” de la sociedad. Y cerraba su discurso de toma de posesión dándole la bienvenida a “una vida democrática distinta, más abierta, más rica, con partidos renovados” (1994a: 14).1

El Primer Informe de Gobierno se organizará a partir del tema clave de la modernización. Volverá a reivindicar a la Revolución pero para señalar que las reformas que se le habían hecho no respondían ya a la realidad del país y que era necesario introducir cambios en el Estado, que era necesario “promover nuevas formas de organizar la producción y crear nuevos esquemas de participación y de relación política” (Salinas, 1994b: 38).

Sin embargo, en este informe se destaca un giro temático que va del aspecto político hacia el económico. Los trabajos de la reforma política, en cuestión electoral, estaban encaminados. Pero “la modernización es la manera de hacer que la Revolución perdure” (1994b: 72), y modernización en ese momento significaba que era el momento de transformar el rol del Estado en la economía, dejar de administrar empresas para dedicarse a la promoción del bienestar social, el objetivo principal en los hechos de la Revolución.

En el Segundo Informe de Gobierno, el logro que se reportaba era la aprobación por todos los partidos de la nueva legislación electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la creación del tribunal electoral, un nuevo padrón y credenciales para votar con fotografía, así como la creación de un nuevo organismo electoral (Salinas, 1994c: 80-128). Había nuevas instituciones para hacer funcionar a la democracia. A partir de ese momento, dirá Salinas: “El compromiso de todos debe ser con la transparencia del proceso electoral. Los resultados dependerán de la capacidad de cada organización política para convencer y para ganarse el voto de los mexicanos” (1994c: 102).

El proyecto político propuesto para el futuro inmediato se centraba en la promoción de una nueva cultura política que se basaría en la educación en la ley, su aplicación y respeto, así como en la responsabilidad de los partidos políticos: “Los valores de la democracia están en la nueva participación de la gente, en la autonomía fortalecida de individuos y de grupos, en el acuerdo y en la negociación, en reglas claras y en responsabilidades precisas” (1994c: 92).

A partir de ahí aparecerán también en el discurso presidencial los términos derechos humanos y respeto a la ley de manera reiterada, al punto de que para el Tercer Informe de Gobierno se convertirán en tema central (Salinas, 1994d: 129-178).

Para el Cuarto Informe de Gobierno, Salinas hablaba de consolidar los cambios, de que México crecía en libertad, democracia, justicia y prosperidad, con un nuevo ánimo (1994e: 179-240). Pero llama la atención sobre todo la aceptación de la nueva realidad política y que “no puede haber regreso al partido prácticamente único” (1994e: 196). Retoma entonces las reformas a la legislación electoral: transparentar el origen del financiamiento a los partidos, establecimiento de topes de campaña y establecer procedimientos que garantizaran la imparcialidad de los procesos en los medios de comunicación.

En el Quinto Informe se matiza reivindicar la Revolución en términos de aceptación de varias versiones de ella según los distintos gobiernos: “La Revolución mexicana no fue una sola; han existido dentro de ella varias visiones […], definimos nuestra expresión propia, la reforma de la Revolución” (Salinas, 1994f: 250). Una reforma basada en lo que, en el informe anterior, había definido como liberalismo social.

La visión que Salinas transmite de México es la de un país en transformación, con cambios en sus instituciones políticas pero también en sus mentalidades, y hace el reconocimiento de un “México plural”. Establece, en su último informe, las condiciones de partida para la elección presidencial de 1994:

Hoy, por las reformas, el panorama apunta hacia un régimen de partidos fortalecido. La ciudadanía ha visto ampliadas sus opciones. Se han establecido bases ciertas para una perspectiva de civilidad política en la futura contienda electoral. Todos, con sus acciones, han contribuido a la reforma democrática de México (1994g: 265).

Pero también define el terreno de juego: “La democracia es un proceso real que depende de la capacidad de las partes para asumir compromisos políticos en el marco de la ley” (1994g: 265). La insistencia en el apego a la ley y el mantenimiento de la paz pública como compromiso para todos los actores políticos parecieran apuntar a la aceptación de la democracia como la única vía legitima de llegar al poder y sustentarlo.

Para el Sexto Informe, más allá del recuento de los “momentos de violencia” –el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu–, Salinas destaca que México ha demostrado ser “un pueblo con íntimas convicciones democráticas” (Salinas, 1994g: 327), pues toma como indicador de las virtudes cívicas del pueblo de México su asistencia a las urnas en la elección presidencial de 1994.

Los resultados de las elecciones, afirma, son ciertos, con mecanismos confiables, transparentes. “La democracia ha avanzado, la sociedad la impulsó y el gobierno ha encauzado hacia ella el camino del país” (1994g: 373). Además, “la jornada del 21 de agosto probó que hay correspondencia entre lo que señala la Constitución y los sentimientos del pueblo: la nación es soberana y es la que manda” (1994g: 376).

Pareciera entonces que la democracia llegó, que ya no hay lugar para el reclamo democrático. “La pluralidad es ya norma en nuestra vida pública” (1994g: 376), y, por tanto, la legitimidad del gobierno radica en la democracia entendida como el acuerdo en el proceso de selección de gobernantes. La reivindicación social será solo por apego a la Constitución y a la Revolución como compromiso de una parte de la sociedad.

Vuelta: la última etapa

En las páginas que siguen se realizará la revisión de las reflexiones que sobre la legitimidad y la democracia se publicaron en Vuelta entre agosto de 1988 y hasta 1998, cuando a la muerte de Octavio Paz desaparece la publicación.

El recorrido temático irá de la interpretación que dieron los colaboradores de la revista a los resultados de la elección presidencial de 1988, pasando por la aparición de una visión institucional para la democracia, la discusión acerca de la transición política, y, hacia el final de la revista, se realizará un primer recuento sobre el camino recorrido en la búsqueda de la democracia y la legitimidad.

Interesante será que, en algunos casos, los mismos autores irán reformando sus posturas y su comprensión de la democracia; pero se mantendrán las formulaciones poco claras sobre la legitimidad política y el entendimiento de la democracia como procedimiento de selección de gobernantes.

Interpretaciones sobre el 6 de julio de 1988

Mientras algunos intelectuales exigían la “democracia sin adjetivos”, Sánchez analizaba el frente de izquierda comandado por Cuauhtémoc Cárdenas, el cual en su heterogeneidad encontraba un punto de consenso esencial: “la democracia, para ser democracia, debería ser adjetivada” (1988b: 66). El problema que enfrentaba la izquierda, a decir de Sánchez, era decidir cuál de los adjetivos era el correcto o, mejor dicho, el ganador. Para algunos eran los del programa de la Revolución; para otros, sin socialismo no habría democracia.

Y plantea Sánchez el ánimo general del momento y una excepción a este: “Creer que los adjetivos que uno propone son los mejores es legítimo e indispensable para el juego democrático, a condición de que se asuma que la última palabra la tiene siempre el ejercicio del voto” (1988b: 66).

En esta afirmación, Sánchez separa dos momentos: la propuesta u oferta política es la que adjetiva la versión de democracia que se propone como ejercicio de gobierno, pero tal adjetivación se queda ahí, sometida al segundo momento: el ejercicio del voto; es decir, no se puede argumentar la adjetivación como pretexto para no respetar la decisión de todos a través del voto. Aquí estaba, para Sánchez, el problema profundo de la izquierda mexicana, pues, a su parecer, carecía de tradición democrática, léase de respeto al resultado electoral.

Pero en el caso de la coyuntura, la elección presidencial, el conflicto radicaba en que la vertiente cardenista del movimiento se percibía como una especie de “nostalgia por el pasado” que planteaba “viejas certezas” del régimen, las mismas que no habían funcionado, mientras que la vertiente marxista-leninista y lombardista planteaba un determinismo histórico poco flexible que lo hacía poco viable como gobierno. Esta unión imposible pareciera que hacía a la izquierda entonces una suerte de “emisario del pasado”.

Esta apreciación de Sánchez es muy interesante si se considera que esta propuesta obtendría un gran número de votos en la elección de 1988, al grado de que se llegó a considerar que en realidad fue la opción ganadora. ¿Por qué votó la gente por él?

Si Cuauhtémoc Cárdenas era un emisario del pasado, la gente que votó por él ¿votó por la ruptura con el pri como acto democratizador –en cuyo caso votó por la democracia– o votó por el régimen de la Revolución en su expresión más fuerte –reivindicadora– del momento?

Con independencia de la respuesta, no dejaría de ser una situación paradójica: la versión intelectual por la demanda de democracia se expresaba en la realidad con la gente a través del voto en un procedimiento electoral eligiendo de manera mayoritaria –o casi mayoritaria– una reivindicación del régimen, en cuyo caso elegía el pasado, lo cual implicaría que no necesariamente votaba por la democracia en el sentido de en contra del régimen, aunque sí en contra del pri.

La interpretación que se daría, lejos de los posibles matices, fue que la gente votó por la democracia, aunque el pri ganó. El mismo Sánchez lo plantea así:

El significado de las elecciones del 6 de julio fue muy claro: el pueblo en su mayoría desea una transición pacífica hacia un régimen democrático. Una marea ciudadana arrasó con los parámetros tradicionales de la política en México; pacífica y silenciosamente millones de mexicanos se expresaron en las urnas y demandaron democracia (1988c: 62).

Si se atiende la idea del mismo Sánchez sobre Cárdenas como emisario del pasado, la señal que definió la interpretación al parecer fue el voto contra el pri, no contra el régimen de la Revolución, pues al fin y al cabo los dos candidatos más votados pertenecían a él –en expresiones distintas, una tradicional y otra neoliberal tecnocrática–; sin embargo, se le interpretó como un voto contra el régimen y el sistema político. Y la anunciación celebratoria no esperaría: el fin del pri como partido único y el fin del presidencialismo y el corporativismo.

En todo caso, esta situación, en que dos expresiones de sí mismo compitieron electoralmente al grado que lo hicieron, representó una contradicción para el mismo régimen que abonó a la demanda de democracia, pues, para los intelectuales, el que la gente haya acudido a votar le dio sustento a esta.

La otra situación interesante es el de la puesta en entredicho de la legitimidad del proceso electoral por las sospechas de ilegalidad. Al respecto, Sánchez menciona: “La sospecha sobre la ilegitimidad del proceso electoral constituye el pecado original de la próxima administración; y este pecado solo se podrá lavar en la pila bautismal de la democracia” (1988c: 62).

Aquí llama la atención la utilización del término ilegitimidad. No es para nada clara su utilización; al parecer, se emplea para referirse a la sospecha de ilegalidad en las elecciones y su resultado. Pero ¿por qué ilegitimidad en vez de llamarle simplemente ilegalidad? ¿Acaso porque la ilegitimidad implicaría estar más allá de la legalidad?, ¿acaso implicaría un acto injusto?, ¿un agravio?, o ¿acaso porque no hay pruebas para llamarle ilegalidad?

La situación no es para nada clara, pero en todo caso es muy relevante porque está marcando el inicio de un nuevo uso de la idea de legitimidad respecto al derecho en el ascenso al poder, pues este ya no se vincula a la pertenencia a la familia revolucionaria, al respeto a sus principios y valores o al factor de la promoción de la movilidad social, sino única y exclusivamente al acatamiento del proceso electoral.

Si se considera que los viejos fundamentos de legitimidad se habían declarado agotados, este sería el inicio de una legitimidad procedimental democrática, pero también marcará el inicio de la oscura utilización de los términos de legítimo/ilegítimo y una tensa relación con la legalidad que se mantendrá hasta el final del periodo de análisis.

En el mismo artículo, enseguida, hay dos elementos que se deben considerar en la interpretación de Sánchez de las implicaciones del voto del 6 de julio de 1988: el primero es que la crisis política la experimenta el régimen político, la forma específica de organización política, no el Estado; el segundo, que democratización y régimen de la Revolución se contradicen.

En el primer caso, la crisis política implica reconocer la separación entre Estado y régimen, cosa que no se había hecho antes; ahora se reconoce que hay instituciones que no dependen del gobierno y que se mantienen dentro del orden constitucional, como era el caso del Ejército y las fuerzas políticas organizadas en partidos políticos, el Congreso, entre otras.

El segundo, que el régimen de la Revolución y democratización se contradicen, implica que solo la alternancia sería una prueba fehaciente de la democracia, aunque se considera que esta sería posible en etapas: primero espacios locales y, a mediano plazo, nacional.

Desde esta perspectiva, si la idea de legitimidad se remite a la observancia de la legalidad del proceso electoral, es solo la alternancia, la derrota del pri lo que marcará sin duda el arribo a la democracia.

Por otra parte, Octavio Paz hace explícito el nuevo escenario y la necesidad de adaptación de los actores políticos en su comportamiento a esta nueva situación (1988: 46). La salida a la tensión electoral provocada por las protestas tanto del pan como del movimiento cardenista sería, en la visión de Paz, el acuerdo político para una reforma electoral.

Pero era indispensable que tanto el pri como los partidos de oposición aclararan su compromiso con la democracia. El primero, aceptando su derrota en caso de que así fuera en las próximas elecciones locales; y los otros, dejando la protesta callejera y asumiendo su labor de oposición en el Congreso. Las pasiones, dirá Paz, no deben ser más fuertes que las ideas y en ese momento “las pasiones han sido más fuertes que las ideas” (1988: 46).

Por su parte, Krauze toma el voto de la elección del 6 de julio como prueba de que la definición contenida en el artículo tercero constitucional era solo demagogia y que en adelante no se podría desdeñar el voto de los ciudadanos (1988: 48). Krauze, en su postura, también indica el estado de instauración de una nueva lógica política que se aleja de los antiguos fundamentos sobre la legitimidad política.

Pero su apresuramiento optimista lo lleva a perder la moderación y, en su reivindicación de Chihuahua en su efecto democratizador, prefiere desdeñar los datos de la elección que señalaban una participación menor a la esperada y un voto mayoritario por el sistema, y afirma que lo que importaba era la opinión sobre la elección y no los resultados de la elección:

Por fortuna, un sector amplio de la opinión pública se ha quedado con una impresión distinta: el norte [participó] más de lo que indican las cifras; su voto no fue seguramente tan sesgado a favor del sistema y, aun concediendo que lo fuera, puede interpretarse convincentemente como un voto no a favor del sistema sino del candidato que ha prometido cambiar al sistema (1988: 48).

Lo que importaba era decir que la gente fue a votar y que, además, votó en contra del sistema, léase pri. Para Krauze, no era procesable que el sector más moderno del país pudiera votar por el régimen, pues su supuesto era que el norte emanciparía al país del régimen y lo llevaría a la democracia. Lo que decía Paz de los partidos políticos bien podía aplicarse también a algunos intelectuales; las pasiones democráticas parecían ser más fuertes que las ideas.

Las dudas sobre qué era lo que celebraban Krauze y los demás, y de qué era lo que inclinaba la balanza en la interpretación de las elecciones del 6 de julio, más allá de sus resultados, las resuelven con su artículo José Antonio Crespo y Jorge Chabat (1989: 60). Ellos observan que el régimen estaba teniendo problemas para percibir la fuerza de la oposición, pero el problema no se restringía al gobierno, ellos mismos afirman que nadie sabía de manera precisa la medida en que la población rechazaba al régimen, y esto sucedía porque las elecciones no eran “un mecanismo de transmisión de información sobre la realidad” (1989: 60); así, al estar viciadas, proporcionaban una información deformada.

Lo anterior, además de indicar la precariedad de los procesos electorales, lleva a considerar que el cambio se destaca como un cambio “cualitativo” expresado por el acto de ir a votar en masa. El cambio aparece entonces como la actitud ciudadana que rompe la inmovilidad como esquema de comportamiento común debido a las prácticas de movilización corporativa del régimen priista y, en otros casos, por el sistema de desactivación a través de la desinformación en los medios –en particular la televisión–.

Esto explica por qué parecía que no importaba en realidad el resultado en sí de la elección, sino el hecho de que la gente hubiera acudido a votar. De ahí el entusiasmo de Krauze, de ahí que considerara que la sociedad estaba despierta y que ella misma con su voto había hecho el reclamo al régimen, aun si votaba por sus candidatos.

La reforma política

Después de las interpretaciones sobre la elección, los intelectuales participantes de Vuelta comienzan a delinear una agenda temática para la democratización. Jaime Sánchez Susarrey, como única reflexión política en Vuelta, comenzará a plantear propuestas de índole institucional durante 1989, momento en que se discute y se realizan consultas para la reforma electoral. El hecho de que sea el experto –politólogo– quien lleve el solo no es menor, pues indica también el inicio de la transformación de la figura intelectual que aparece en la revista, pues se comienza a convertir en un experto temático.

Respecto a lo que había sido el reclamo democrático, este momento será un avance en términos de la complejidad con que se aborda el tema, pues hasta ahora lo importante, como lo expresó Krauze, era el respeto a las urnas; pero, a partir de este momento, comenzará la reflexión sobre la necesaria construcción de las instituciones que permitirían sostener a la democracia, pasando del reclamo naive a la construcción de las estructuras institucionales para operar y hacer efectivos y confiables los procesos electorales.

Legislación electoral y un sistema de partidos fuertes fueron los primeros temas, hasta naturales inclusive por la discusión previa a 1988 y por lo sucedido en esa elección (Sánchez, 1989a: 47-50); organización y vigilancia de los procesos electorales, imparcialidad y confiabilidad de las autoridades electorales, lo fueron también.

El tema central, más allá de las fórmulas de representación que se estaban discutiendo, era el de la organización de las elecciones con una autoridad imparcial y confiable que contara los votos y reconociera el triunfo de la oposición, un padrón confiable y un tribunal electoral. No se podía aceptar que el gobierno fuera quien controlara las elecciones, la autocalificación de las elecciones por los diputados electos en ellas y, por tanto, la parcialidad de las autoridades electorales.

En todo caso, si no se avanzaba en estos temas, la reforma sería una contrarreforma que haría “caso omiso del principio de legitimidad electoral” (Sánchez, 1989a: 48). La legitimidad de las elecciones dependía entonces del factor de credibilidad de su resultado, por lo que había que hacer las modificaciones pertinentes para ello. No era una agenda muy nueva tampoco. Sánchez refiere a una propuesta similar de Gómez Morín de reforma electoral de 1948.

La reforma se llevó a cabo con el acuerdo entre el pri y el pan. Fue una reforma que se realizó, de acuerdo con Sánchez, con la voluntad política del pan por acordar con el presidente; de este por respetar los triunfos de aquel en la elección de gobernador en Baja California, y voluntad para la reforma de la Constitución. Sin embargo, fue una reforma cuestionada porque permitía la sobrerrepresentación del pri.

Más allá de ello, dice Sánchez, la reforma debía ser evaluada bajo otro parámetro: los avances en la imparcialidad y profesionalización de los órganos electorales (1989b: 47-50). El hecho de que el presidente estuviera demostrando voluntad para llevar adelante la reforma por concertación con el pan indicaba que había comprendido la necesidad de establecer un nuevo pacto político.

El futuro político que se perfilaba con la reforma era la coexistencia de un gobierno nacional con gobiernos locales de oposición; y la cláusula de gobernabilidad, punto sometido a discusión por la sobrerrepresentación del pri, aseguraba una transición pacífica y estabilidad.

Visión de la izquierda

El Partido de la Revolución Democrática también estaba jugando un papel en este proceso. Se enfrentaba a la reforma y al presidente. Estaba siguiendo una estrategia de confrontación que lo estaba dejando aislado del juego político. Para Sánchez, el problema de este partido radicaba en una indefinición de identidad y en una cierta falta de aceptación de las reglas del juego político democrático (1990a: 50-52).

Sánchez distinguía dos corrientes en su interior: la marxista y la neocardenista, que confluían por una parte en un comportamiento no democrático cercano a la vocación revolucionaria y, por otra, en la creencia de la existencia de un pueblo espiritualmente cardenista y un liderazgo fundado en el mito del triunfo en las elecciones. “El prd ha mantenido su unidad gracias a una triple creencia: un pueblo espiritualmente cardenista, un líder legítimo al que le robaron las elecciones y una vocación revolucionaria que no teme hacer uso de la violencia” (1990a: 52).

El problema con ello era que el partido no se decidía a ser parte de las reglas y del acuerdo para fundar la legitimidad democrática. Y es que, además, había planteado antes, la izquierda tenía dos ideas de democracia: una “democracia nacional popular”, con la cual estaban de acuerdo, y otra “limitada trasnacional y oligárquica” a la que se oponían; la cuestión es que era a esta última a la que se referían para nominar a la democracia electoral (Sánchez, 1989c: 51-53).

Krauze dirá que Cárdenas era un populista en alianza con la ortodoxia universitaria antiliberal (1990: 25-28). En la perspectiva de Vuelta, el prd deambulaba entre el rechazo y la aproximación a la democracia electoral por sus problemas para desligarse de sus esquemas de pensamiento de origen, el socialismo unos y la tradición del régimen otros. La cuestión aquí es que, en todo caso, los mismos actores políticos estaban en el proceso de ajuste a la nueva realidad en marcha y que se aproximaba a la democracia electoral.

De la legitimidad a la legalidad que legitima

Las elecciones intermedias de 1991 se veían como el momento decisivo para definir la voluntad del gobierno, del presidente, y el carácter del sistema político: autoritario o democrático. La definición dependía del respeto a los votos. Mientras tanto, de acuerdo con lo que expone Sánchez, circulaba en la esfera pública la duda acerca de si había una verdadera voluntad democratizadora o si eran concesiones de un régimen autoritario, como se había acostumbrado antes, sobre todo porque la agenda económica estaba teniendo mayor presencia y se aseguraba que para que la reforma económica pudiera seguir se necesitaba del control político total por parte del pri, lo que se interpretaba como un intento por regresar a los viejos tiempos y alcanzar lo que se consideraba ya como un régimen autoritario (Sánchez, 1990b: 57-60). Sin embargo, Sánchez ve a la política económica, y en particular al tratado de libre comercio con Estados Unidos, como un factor a favor de la democratización del sistema político, pues el acuerdo entre los países requería de la “compatibilidad” política.

Tres escenarios eran los previsibles para el futuro próximo: “Un ‘neoliberalismo’ económico combinado con un autoritarismo político, hacia la restauración del monopartidismo, que equivaldría a seguir un esquema similar al del sexenio anterior; y, por último, hacia una reforma política profunda que adecue la modernización económica con la modernización política” (Sánchez, 1990b: 58).

En todo caso, la elección dependería de la nueva legislación electoral y de la reforma interna del pri. Estas elecciones serían la “gran oportunidad histórica de consolidar la transición democrática en México” (Sánchez, 1990b: 59). Y aparece de nuevo la idea de la legitimidad electoral:

Es cierto que la reforma aún no se ha concretado: falta la elaboración del nuevo código electoral, la cédula de identificación ciudadana y, al final, la voluntad política de respetar el voto. Si falla cualquiera de estos tres elementos, sobre todo los dos primeros, nadie podrá garantizar la legitimidad de las elecciones en 1991 (1990b: 59).

Pero aquí la legitimidad no está vincula a la legalidad porque esta aún no se crea; está vinculada a un ideal sobre el cual se debe crear esa legalidad para la realización de las elecciones. La legitimidad aquí está más allá de la legalidad establecida.

De ahí que, en su siguiente artículo, Sánchez plantee, sobre la aprobación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe) por el pri y el pan, que si bien al pri le alcanzaba para aprobar por sí solo el código, le confirió legitimidad a este al buscar la alianza con el pan para aprobarla en conjunto, porque de haberlo hecho solo, aunque la decisión hubiera sido legal, en términos morales y políticos hubiera sido un error, pues “la legalidad del procedimiento no le habría conferido la más mínima legitimidad” (1990c: 43). Y explica:

En situaciones ordinarias (bajo un régimen de derecho) la legitimidad se asocia con la legalidad. En un proceso de transición esta ecuación se rompe. Los procesos legales no generan automáticamente legitimidad; pueden generar exactamente lo contrario. Solo se puede restablecer la correspondencia entre la legalidad y la legitimidad mediante la concertación y el consenso (1990c: 43).

El momento es excepcional porque la aprobación del cofipe se plantea como la versión del acuerdo o consenso sobre los principios a partir de los cuales se organizará el acceso al poder. De modo que, aun cuando legalmente pudiera hacerlo un solo partido, la aprobación debía responder a ciertos valores morales acordes al espíritu de lo que se planteaba. Así, el consenso, el acuerdo eran condiciones bajo las cuales se debía crear la nueva ley. Era el respeto a ese acuerdo lo que luego le confería legitimidad a la legalidad creada, mientras que no generarlo o transgredirlo implicaba un costo político para quien lo hiciera, que se traduciría en la pérdida de legitimidad. Al final, pareciera que la legitimidad se refería también a la generación de un estado de confianza con un acto no necesario hoy sobre el comportamiento futuro –o las intenciones–.

Pero lo más relevante es que la aprobación del cofipe por el pri, el pan y el prd permitió, en la perspectiva de Sánchez, cimentar las bases para pasar de la legitimidad a la legalidad y, por tanto, empatarlas, y que a partir de ese momento lo legal fuera legítimo.

La legitimidad y la democracia al discutir la transición

La temática específicamente política de la revista pasa a discutir la transición. ¿Es el momento que vive el país una transición a la democracia o un proceso de liberalización? Esta discusión, sin embargo, pareciera una vuelta atrás porque en varias ocasiones ya se había referido el mismo Sánchez a que se vivía un momento de transición a la democracia, y sin embargo vuelve sobre sus pasos.

El motivo de ello pareciera ser un estado de incertidumbre respecto a la elección de 1991 y el comportamiento del gobierno y el pri en ella; se tenía un régimen legal nuevo pero persistía el temor a que las prácticas políticas para modificar el resultado se repitieran, pese al respeto al triunfo del pan en Baja California Norte en 1989, porque en las elecciones siguientes se presentaron irregularidades que arrojaron dudas sobre sus resultados, sumados a la abstención y el triunfo del pri.

Lo interesante es que, de acuerdo con Sánchez, esas elecciones locales sobre las que se denunciaban irregularidades no implicaban la pérdida de legitimidad global de las elecciones, como sí había sucedido en 1988 con la elección presidencial (1991a: 55-57). Pero no avanza sobre ello, no explica por qué no se cuestiona la legitimidad de las elecciones, aunque se puede inferir que el punto nodal está en la credibilidad de los resultados.

Es importante aquí destacar que el tema de legitimidad no es un tema central en las reflexiones intelectuales revisadas. Es un tema secundario; la más de las veces, periférico. Aun cuando el título del artículo lo enuncie como tema, lo central casi siempre es la discusión coyuntural, lo anecdótico y el intento por prever el futuro.

De cualquier manera, el autor hace un ejercicio interesante en este artículo: explica de manera breve la transición mexicana, y este es el primer intento publicado en Vuelta por hacer el recuento:

La crisis del modelo autoritario fue consecuencia de una irrupción electoral de la ciudadanía. Fue una irrupción desde abajo, no organizada y sin un programa definido; no exigía una nueva legalidad constitucional, sino la vigencia de la ya existente –solo en el caso de la ley electoral se demandaba una nueva legislación–. Los mecanismos efectivos del ejercicio del poder no fueron puestos en cuestión, aunque por momentos pareció que así sucedería […]. De cualquier modo, la crisis fue ante todo una cuestión de legitimidad: los resultados electorales perdieron credibilidad (Sánchez, 1991a: 56).

Fue el voto no esperado de la gente que se interpretó como exigencia de respeto a su decisión, que no ponía en cuestión el orden constitucional, no ponía en cuestión al Estado; esto es, no se ponía en cuestión el ejercicio del poder sino la forma de llegar al poder.

El problema se centraba en la credibilidad de los resultados y era esta pérdida de confianza el problema de legitimidad. No eran legítimos porque no eran creíbles, confiables. Aunque la pregunta que surge de inmediato es ¿cómo se podía perder lo que no se tuvo nunca? Es una situación extraña, desconcertante. Sobre todo porque muestra lo endeble de las bases sobre las que se estructuraba el pensamiento sobre el proceso de cambio político. Esto se muestra en la reflexión siguiente: “El elemento más sorpresivo, incierto y determinante en la crisis del régimen fue la irrupción de la ciudadanía. No se puede determinar con certeza si la decisión de votar (y de votar contra el partido oficial) fue producto de la inconformidad o si fue la expresión de una nueva cultura política” (Sánchez, 1991a: 56).

No se sabe bien a bien qué pasó, qué significaba en realidad el voto, pero lo importante es que se votó como nunca antes y que el voto llevaba a la “diversificación política”.

Las dudas sobre la intención del voto, que se apuntaron líneas arriba, al ver en retrospectiva refuerzan otras ideas: lo importante fue el voto contra el pri; no importa por qué, si por inconformidad con este, si se quería volver a una versión tradicional o ir hacia la democracia, lo realmente importante era que se votó contra el pri.

Aunque, si hay una nueva cultura política o una inconformidad que se expresa en la asistencia a votar: ¿por qué el abstencionismo que se reportó en las elecciones siguientes? ¿Lucidez sonámbula, como decía Paz? Sánchez apunta su explicación en esa ruta: fue “una suma de decisiones individuales que luego sorprendieron a la misma ciudadanía” (Sánchez, 1991a: 56) y que en las elecciones siguientes no coincidieron.

Su conclusión: los actores políticos –partidos y ciudadanía– no son fuertes –¿lo suficientemente democráticos?– y, por lo mismo, no pueden impulsar de manera constante la transición; de ahí que se presenten avances y retrocesos, “flujos y reflujos”. La perspectiva para la elección de 1991 como punto central para continuar la transición sería que esta dependía de la participación ciudadana. Y, de acuerdo con lo visto hasta ahora, sobre ella no se podía más que apostar con la fe.

En un siguiente artículo, Sánchez se plantea otro tema central sobre el pensamiento de la transición mexicana: la alternancia como punto de llegada para la democracia. Reforma gradual o ruptura por movilización eran los términos en que se planteaban las alternativas políticas que debían adoptarse (1991b: 47-51). La izquierda en México habría optado por esta última: derrotar al partido de Estado. Pero esa derrota no era fácil de lograr; así, los triunfos del pri, para la izquierda, no significaban otra cosa que la comprobación de la vigencia del autoritarismo, mientras que para Sánchez implicaba una transformación en proceso que no dependía de la necesidad de una “revolución política” ni de que los ciudadanos hicieran de la política una cuestión vital.

Pero, además, el autor consideraba que la parte fuerte de la reforma política ya había sucedido; el problema vendría si el gobierno decidía atenuar el ritmo de la reforma política, lo cual sería un error económico y político porque, primero, pondría en riesgo el tratado de libre comercio que se negociaba con Estados Unidos y Canadá; y, segundo, porque se perdería una oportunidad para “cimentar un nuevo pacto político sobre la base de elecciones limpias y un sistema de partidos fuertes” (1991b: 50).

Para el autor, no era válida la comparación de moda en ese entonces entre los procesos de los países socialistas y México porque, pese a las apariencias, no había elementos para establecerla. La pregunta era en todo caso si había liberalización o transición. La liberalización es un proceso de apertura sin modificación profunda del sistema político, mientras que la transición tiene como punto terminal la alternancia en el poder. Y en tanto la alternancia, a raíz del reconocimiento de las victorias de la oposición en las elecciones locales y la reforma política, se veía como posible, como el nuevo “horizonte político”, no había duda para Sánchez de que se vivía un proceso de transición de la periferia al centro.

Legitimación y legitimidad en el análisis de la elección de 1991

La idea de que la claridad de la transición a la democracia se jugaba en la elección del 18 de agosto de 1991 era sostenida en Vuelta por Sánchez, quien prácticamente era la única voz sobre el tema, mientras que Paz y Krauze estaban lidiando sus propias batallas con los intelectuales de izquierda y sobre todo con el grupo Nexos por su relación con el gobierno.

Al analizar las elecciones y sus resultados, Sánchez plantea que la nueva legislación electoral, la participación de los ciudadanos en la organización, conteo y por supuesto votación, así como la vigilancia de los partidos, hacía prácticamente imposible el relleno de urnas o la alteración de las actas, prácticas comunes antes de 1988 (1991c: 33). No es de sorprender, sigue Sánchez, que el voto que en 1988 fuera en contra del pri ahora se haya expresado a su favor; la situación económica y la percepción de mejora general, además del liderazgo del presidente, podían ser motivo para ello, y afirma: “las encuestas no mienten y las elecciones menos” (1991c: 33).

¿Por qué es importante esta frase? Porque en 1988 el mismo Sánchez afirmaba que las elecciones no eran un “mecanismo de transmisión de información sobre la realidad” (1989: 60); y en 1991 su afirmación indica que, en conjunto con las encuestas, sí lo eran, es decir, se había alcanzado la credibilidad en las elecciones y sus resultados, por lo cual para explicar el “triunfo arrollador del pri” (1991c: 33) no podía recurrirse ya al fraude, como lo hacía el prd: “Recurrir al argumento del fraude puede ser una salida retórica o demagógica, pero nada más. Todas las irregularidades sumadas y acumuladas no explican este cambio en la orientación del voto” (1991c: 33).

Este es un antecedente importante: se fija por primera vez que el recurso a la denuncia del fraude carece de credibilidad. Pero esa no es la única opinión, Jorge Fernández Menéndez tiene una visión más moderada, sobre todo porque habían surgido nuevas prácticas que bordeaban la legalidad y que eran inequitativas, como la utilización de programas sociales con fines electorales (1991: 34-35).

El otro inconveniente que veía Fernández era la posibilidad de que se perdiera la búsqueda de consensos que se había generado como práctica regular porque el pri no necesitaría negociar nada al tener mayoría, y porque el mensaje que se había estado mandando por parte del gobierno indicaba una orientación mayor hacia las reformas económicas que a las políticas, lo que podría posponer el avance democrático.

Esta preocupación despierta en Fernández una lectura que, reporta en su artículo, se encontraba de moda entre los políticos: “Lo importante en las democracias diferentes son los derechos civiles de prensa, de reunión, de organización de los partidos de oposición, y no tanto la orientación del voto ni mucho menos la alternancia en el poder” (1991: 35).2

El motivo para tal preocupación era que si bien persistía la idea de que solo la alternancia podía marcar con certeza el arribo a la democracia, si en el ámbito político priista –mayoritario– dejaba de importar, se enfrentaba el peligro de posponerla y hacer mayor el tiempo de la transformación política.

Por eso, en torno al avance democrático, Sánchez no cree en la postura de la oposición, constituida por el prd, que denunciaba un fraude descomunal, lo que implicaría además aceptar que no pasó nada entre 1988 y 1991, que la reforma fue una contrarreforma, que se seguía violentando la voluntad del ciudadano (1991d: 42-44). Y consideraba que “Atribuir las derrotas al fraude tiene una función objetiva: eludir responsabilidades y concentrar la atención en el enemigo. Solo en estas condiciones una derrota puede transformarse en una victoria” (1991d: 42).

Cierto es que hubo irregularidades, dice el autor, pero los datos disponibles no permitían rubricar las afirmaciones que se estaban haciendo (por ejemplo, que las elecciones habían sido las más fraudulentas de la historia, que fue una estrategia del gobierno y las autoridades electorales, que le habían quitado votos a la oposición, que se rasuró el padrón y que quienes quedaron fuera habrían votado por el prd).

En todo caso, los hallazgos más interesantes, desde su perspectiva, eran la confirmación de un electorado flotante que no comprometía su voto de manera ideológica, de tal manera que en una ocasión votaba por un partido y en otra por otro; la transformación del pri, que pasó de ser un partido de voto corporativo a una “maquinaria electoral” que movilizaba simpatizantes; y, para el interés de esta investigación, que la popularidad presidencial se debía a la “legitimación política” que otorga el ejercicio eficaz de la acción gubernamental.

En esta nueva etapa de la legitimidad por legalidad, es la primera vez que aparece esta idea de “legitimación” como ejercicio eficaz del gobierno. Cierto es que esta idea ya se había sugerido durante los años 70, aunque en un sentido negativo, cuando se decía que la movilidad social que permitía el régimen priista, a través de la corrupción y de la entrada laboral al gobierno, era parte de lo que lo sostenía; pero ahora tenía un sentido positivo.

Pero ¿por qué decir legitimación y no legitimidad? Cuando se formulaba la falta o crisis de legitimidad del régimen se apuntaba a la legitimación como acto a posteriori de confirmación o validación de un hecho. Así, por ejemplo, las elecciones eran legitimadoras de una decisión presidencial previa, y el apego a los valores de la Revolución en sus acciones legitimaban al gobierno que se había conformado y ejercía ya funciones.

Con el nuevo escenario electoral y la utilización del término legitimidad vinculado de manera directa a las elecciones, la diferencia se clarifica: la legitimidad se obtiene antes de tomar el poder, por la situación o procedimiento de acceso a este, mientras que la legitimación señala la aceptación posterior al acceso del poder, sea como en los años 70 por reivindicaciones ideológicas o por el ejercicio que se hace de este.

Esta diferencia no era clara durante los periodos previos, pues cuando se debatía acerca de la legitimidad del régimen, de forma implícita o explícita, en el acuse de falta de legitimidad se mezclaban la forma del acceso y del ejercicio. Quizá en ese momento tampoco era clara del todo, pero podía comenzar a perfilarse tal distinción por la forma de utilizar los términos legitimidad y legitimación, que antes se utilizaban casi de manera indistinta o con predominio del segundo.

Agenda para la reforma

Para Luis Rubio, la elección había sido limpia mas no había alcanzado legitimidad para la oposición porque, si bien se había realizado una reforma a la legislación electoral que garantizaba la limpieza, no se contaba con que la voluntad de la gente fuera a favor del pri, y, como se ha especificado, la derrota del pri se había establecido como el punto a partir de cual evaluar el cumplimento cabal de la democracia (1991: 44-47).

La discusión sobre la democracia hasta ese momento, dice Rubio, se había concentrado en cómo hacer elecciones limpias y confiables, pero se descuidó en cómo hacer más democrático y representativo al sistema político. De ahí que el problema presente, dice Rubio, radica en que tal enfoque llevó a establecer como punto crucial la derrota del pri para señalar la presencia del respeto total al voto y arribo de la democracia; pero la realidad ha llevado a que esa derrota no llegue y, por el contrario, se transforme en triunfo sin que por ello se implique que las elecciones no fueran limpias y confiables, o que se estaba ante un retroceso político, como dice Rubio que se interpretaba en los periódicos de la fecha.

Bajo esta idea, en la que transición es igual a derrota e inclusive desaparición del pri, ¿cómo podía este partido ganar con legitimidad? La respuesta de Rubio era reorientar el camino de la reforma política, sacarla del terreno estrictamente electoral y llevarla a transformar el sistema político, y proponía un proyecto: transferir recursos a estados y municipios –que después se denominará federalismo–, descentralización, la relección –aunque quizá ese no fuera el mejor momento para plantearla, señala el mismo autor–, creación de un marco legal claro que estableciera los límites del poder ejecutivo, redefinición de la relación entre el gobierno y la prensa, fomentar la competencia en el medio televisivo, garantizar la independencia del poder judicial, nuevos mecanismos administrativos que eliminaran la corrupción, fomentar la rendición de cuentas y transparentar la toma de decisiones, así como establecer procedimientos para la defensa del ciudadano ante actos arbitrarios de las autoridades.

Y, sobre todo, escribirá Krauze, había que salir de la situación en la cual la democracia seguía dependiendo de la voluntad del presidente. Lo decía por la situación de Guanajuato y San Luis Potosí, donde en las elecciones para gobernador resultaron ganadores los candidatos del pri, pero bajo la protesta y la impugnación por las irregularidades que se presentaron en la elección, asunto que concluyó con la renuncia de los gobernadores electos y la entrada de gobernadores interinos –en el caso de Guanajuato, proveniente de la oposición– y la reposición del proceso electoral. En esa resolución, por supuesto, se asumía la intervención directa del presidente. “Cuando en un país el poder político se concentra de modo casi absoluto en una persona –así sea una persona sexenal e institucional– los cambios tienen que provenir, en principio, de arriba. No es lo ideal, no es lo ético, no es lo democrático: es lo real” (1991: 69).

Esta situación de “excepción”, en la que paradójicamente se aplaude la imposición de la voluntad del presidente para hacer justicia en “desagravio”, se refiere como propia de los momentos de transición,en donde se mezclan acciones democráticas con acciones o decisiones autoritarias.

Los recuentos de la elección también implicaban en su siguiente paso, al establecer la nueva agenda, el hacer el recuento de lo pasado. Sánchez inicia así su “balance” de las elecciones de 1991 (1992a: 55-57), estableciendo los momentos por los que ha pasado la situación política:

1988, año del reclamo democrático; 1989, inicio de la transición: julio, reconocimiento del primer gobernador de oposición en Baja California; octubre, reforma política con el consenso del pan. 1990, julio: todos los partidos, salvo el [pan], aprueban el nuevo código electoral. 1991: elección federal, primera prueba del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe); y siete elecciones para gobernadores, entre las cuales [hubo] dos muy competidas (Sánchez, 1992a: 55).

La situación de las inconformidades y situaciones de tensión, así como los casos de San Luis y Guanajuato, los interpreta también como parte del proceso de transición en el que se crean nuevas identidades y reglas del juego. Y esto trae un problema: “Las reglas del juego democrático tienen una dimensión legal y otra, que sin ser ilegal, está más allá de la legalidad. Esta dimensión está constituida por las prácticas y los valores de los actores políticos” (Sánchez, 1992a: 56).

Esta última dimensión es la que entra en conflicto con la nueva reglamentación electoral, y es sobre esto que el autor orienta sus observaciones, pues no bastaba ya con el respeto a las urnas; había que discutir y acordar las condiciones bajo las cuales se efectuaban las elecciones: la igualdad de oportunidades, financiamiento, apertura de los medios de comunicación, la separación gobierno-Estado.

Las modificaciones electorales que se habían realizado no modificaron el sistema político, insiste Rubio, aunque sí propiciaron un nuevo esquema de participación política (1992a: 65-68). La reacción del pri ante tal situación fue la de dejar de generar beneficios exclusivos para sus cúpulas y comenzar a otorgarlos directa y tangiblemente a la población de acuerdo con las elecciones para alcanzar su lealtad. En esencia no había diferencia con lo que hacía antes, excepto porque había eliminado a los intermediarios, no dependía de las corporaciones al mismo grado que antes.

Asimismo, el voto del ciudadano no hacía otra cosa sino validar una decisión previa tomada en el seno de los partidos, sobre la cual no tenía control alguno y, lo más importante, sobre la cual no podía pedir la separación del cargo en caso de un mal desempeño. Por otra parte, la desconcentración del poder, con la alternancia en los espacios locales, estaba llevando a la aparición de asociaciones que se conforman como poderes regionales económicos y políticos, con los que tiene que negociar el gobierno. Así, la democracia se ha instaurado en cuanto al factor electoral, pero en cuanto al ejercicio de gobierno, sobre todo en el ámbito económico, se sigue manifestando la misma estrategia que antes, negociaciones de intereses con grupos de poder.

Todo ello lleva a Rubio a afirmar que, sin duda, había una “democracia formal” pero que más allá de ella no se sabía qué era lo que se estaba formando. De ahí que el foco de la agenda, propone, debía orientarse hacia los derechos ciudadanos, la responsabilidad gubernamental y la capacidad de exigir cuentas a los funcionarios gubernamentales.

La democracia más allá del voto

En los análisis publicados en Vuelta, al iniciarse la última década del siglo xx, se comienza a observar ya la insuficiencia de lo electoral, de la “democracia sin adjetivos”, se demanda una transformación mayor; la democracia no se circunscribe solo a las elecciones sino que incorpora al ejercicio de gobierno también.

La idea de democracia se va transformando también hasta incorporar más elementos; así, mientras que en 1984 para Krauze la democracia significaba “respeto a las urnas” y en 1986 Reyes Heroles ofrecía su perspectiva naive sobre ella, en 1992 se la expone con todas sus limitaciones cuando, para Rubio, tenía que ver con las elecciones pero también con la libre expresión de ideas, con la resolución de disputas, con la existencia de un estado de derecho y con la igualdad de derechos políticos y legales (1992b: 70-71).

Lo que se observa entonces, con el texto de Rubio, es que esta transformación política que comenzó con la demanda del respeto al voto va teniendo como consecuencia el desplazamiento de la realidad política y de la realidad social, y, con ello también, la generación de nuevas expectativas y de nuevos horizontes conforme se iban presentando los problemas de operación de la democracia electoral. “El sistema político mexicano sí plantea un dilema fundamental precisamente porque los cambios que han estado ocurriendo desde dentro del sistema político están cambiando la realidad política del país y, por lo tanto, de los prospectos de la democracia” (Rubio, 1992b: 70).

De esta manera, la idea de democracia comienza a ampliarse de lo estrictamente electoral hacia el ejercicio del poder y la conformación institucional del Estado, pero también hacia la necesaria configura-ción de esquemas de valores y principios, así como de prácticas democráticas.

Es destacable que, si bien los autores analizados comienzan a intuir esta situación, aún no se vuelven plenamente conscientes de ello e insisten en arreglos institucionales a problemas de prácticas y comportamientos no democráticos de los partidos y ciudadanos; no logran verlos como un problema de cultura política, pues siguen creyendo en la existencia de una supuesta tradición liberal mexicana.

Esto sucede también con la izquierda mexicana. De ahí el problema de identidad que se reflejaba en prácticas y actitudes no democráticas en un contexto cada vez más democrático. Sánchez se dedicará a escudriñar esta situación (1992b: 24-29). Para empezar, dice el autor, si se asume –siguiendo a Adolfo Gilly–3 que la izquierda se reduce a corrientes del socialismo, en México ha habido corrientes que se asumen de izquierda sin haber tenido un programa socialista; y esa es la situación que, dice Sánchez, prevalecía en el prd: corrientes socialistas y una corriente neocardenista cuyas coincidencias –además de la reivindicación revolucionaria– se centraban en ciertas actitudes y prácticas que no tenían lugar en un contexto democrático y que los dejaba en una situación frágil y contradictoria en un sistema democrático como el que se comenzaba a estructurar.

Significativo es también el artículo “Madero vivo”, que publica Krauze (1993), en el que trata de reivindicar a Madero más allá del acto de traición del que fue objeto y por el que había quedado en la memoria mexicana un “sedimento inalterable de indignación” por el asesinato de “un hombre cuya bondad lindara con la santidad”. Lo que trata de reivindicar Krauze, más allá de la admiración sentimentalista que profesa hacia Madero y de probar la “nobleza de los instintos morales del pueblo de México”, es el periodo de gobierno de este y los grupos de poder encontrados a él. En esos quince meses, Krauze ve la disputa entre quienes creían que la democracia era posible en ese momento –a los que Krauze otorga una mayoría– y quienes consideraban que había un “tigre” en las entrañas de México: “Una colectividad naturalmente anárquica, incapaz de convivir en la legalidad y la libertad, un rebaño encrespado en permanente necesidad de un tlatoani-virrey-cacique-señor presidente que guíe su destino hasta que crezca, hasta que madure, hasta nunca” (1993: 11).

El problema de Madero, dice Krauze, no fue el desespero de la población ni que su gobierno fuera uno de equívocos continuos, sino la actitud de los miembros de la elite política:

Las razones [del derrumbe del gobierno de Madero], en definitiva, no hay que buscarlas en el desempeño político de Madero sino en el trágico encuentro de su actitud personal –su misticismo de la libertad– con la actitud colectiva de la elite política mexicana en ese momento: su reverencia al poder personal absoluto, su miedo a la libertad (1993: 14).

Diputados, senadores, periodistas, hacendados y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra fueron los culpables, en la visión de Krauze, de la caída de “aquel hombre bueno”. El motivo de que Krauze haga la reivindicación de ese momento de la historia, esa “suerte de evangelio democrático”, es para alertar sobre lo que considera se presenta en ese momento: la disputa entre los que democratizan y los que intentan una regresión.

Krauze pareciera considerar que basta con dar a conocer el “evangelio” maderista, y no se pregunta a profundidad sobre la cultura política ni sobre las condiciones institucionales y prácticas políticas, solo alcanza a ver voluntades y espíritus democráticos y autoritarios sobre el poder, solo ve buenos y malos.

Sánchez sí alcanza a percibir contradicciones en las formas institucionales y en las prácticas políticas con el proceso de transformación, y señala que el poder de la presidencia y la articulación de esta con el pri no corresponden a un Estado democrático moderno basado en el equilibrio de poderes (1993a: 57-58). “De ahí la paradoja: el proyecto de modernización se ha venido impulsando desde una institución con rasgos premodernos. Más aún, esa misma institución ha funcionado como el garante de un cambio con estabilidad” (1993a: 57).

Era el presidencialismo fuerte y discrecional el que había permitido llevar adelante una reforma política a la cual muchos grupos se hubieran opuesto. Lo contradictorio es que, al inicio de la demanda democrática, la extinción del presidencialismo era el requisito para iniciar la reforma política.

En tanto la reforma política, básicamente electoral, había avanzado, había llegado el momento de reformar al presidencialismo y llevarlo hacia un presidencialismo acotado por la Constitución, esto es, eliminar las facultades metaconstitucionales que tenía y de las que había hecho uso continuo. Llevar a cabo esta reforma implicaba terminar con una idea central que había justificado y dado “legitimidad” al presidencialismo heredado de la Revolución: la idea de que el presidente era el gran ejecutor del programa de la Revolución. Había que separar Revolución y gobierno, Revolución y Estado.

La legitimidad comisarial ya perdió todo su sentido. Nadie cree que el programa de la Revolución mexicana esté por cumplirse. Primero, porque el movimiento de 1910 creó un nuevo régimen político y social pero no le otorgó a ningún partido o facción la encomienda de realizar un determinado programa. Segundo, porque de la Constitución de 1917 no es posible extraer semejante propósito. Tercero, porque la sociedad ya experimentó lo que significa otorgarle un cheque en blanco al presidente de la república (Sánchez, 1993a: 58).

La legitimidad basada en los principios de la Revolución, en la justicia social –la “legitimidad comisarial”, como le llama Sánchez–, era caduca, se refutaba como principio de gobierno y se cuestionaba el vínculo Revolución-pri-gobierno. Lo que sugería esta separación era que el comportamiento del presidente debía volverse el de un jefe de Estado sin intereses identificados con un solo partido, y eso significaba terminar con el comportamiento del presidente como jefe de partido. Esta sería la misión del próximo presidente.

Confirmación de lo anterior sería la reiteración del entendimiento de la democracia como procedimiento del que da cuenta el mismo Sánchez: “Ya no se concibe como un simple esquema formal y abstracto, sino como el único régimen legítimo al que pueden aspirar los pueblos. La insistencia en que la democracia debe ser adjetivada es cada vez más tenue. Tanto que apenas se oye” (1993b: 69).4

Es interesante que la adjetivación de la democracia pierda lugar en el discurso público a la vez que la conceptuación de esta se amplía más allá de lo que Krauze había denominado democracia sin adjetivos. El concepto se estaba ampliando en términos de configuración institucional, al mismo tiempo que desaparecía la vinculación al sentido de programa o proyecto por cumplir, y mientras que eso sucedía el concepto se iba volviendo hegemónico en cuanto a fuente de legitimidad.

El mismo autor expone con la mayor claridad de la encontrada hasta este momento cómo es que se compone la legitimidad:

El sistema institucional que regula la competencia incluye el marco legal, los valores y las prácticas de los actores. El marco legal y la lucha, entendida como una competencia entre adversarios leales, generan legitimidad. Pero si el marco legal y las prácticas son impugnadas por uno o varios de los actores involucrados, se crea un déficit de legitimidad que se puede transformar en una crisis de gobernabilidad (1993b: 69).

Esto es, para que exista legitimidad debe coincidir la ley con los valores y prácticas políticas bajo los cuales entran en competencia los actores; en el momento en que uno o varios de estos no coincidan en ellos, o en su observación, se puede crear un déficit de legitimidad. En el caso de México, el problema es que, si bien había una nueva legislación en la que acordaban los principales actores, el terreno de los valores y prácticas dejaba aún mucho que desear, pues si bien el proceso de transición había involucrado el consentimiento y concurso de una multiplicidad de actores, aún había remanentes importantes del viejo régimen: “La transición política en México ha sido gradual. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer” (1993b: 70).

Bajo este contexto es que se llegaba a la elección de 1994, con la convivencia de un nuevo marco legal y de prácticas políticas –nuevas o existentes con anterioridad– por fuera de ese marco.

1994: el segundo despertar

La elección presidencial de 1994 sería la primera, luego de la reforma electoral, que satisfacía la demanda democrática. Las expectativas acerca de la derrota del pri como criterio para declarar el término de la transición y el arribo de la democracia habían bajado dados los resultados de las elecciones intermedias, además del proceso de reflexión que desvinculaba ambas situaciones, y se añadía que había cierta confianza por la forma de integración del Instituto Federal Electoral –organización encargada de la organización de las elecciones– y el suministro de información acerca del proceso electoral.

Pero antes de iniciarse la campaña, y luego en su transcurso, hubo otras situaciones que capturaron la atención de los escritores de Vuelta y del país: el levantamiento armado en Chiapas y, en menor medida, el asesinato del candidato del pri a la presidencia, Luis Donaldo Colosio.

La elección pasó a segundo plano en el interés editorial de Vuelta, aunque dedicaron un espacio para comentar el debate entre candidatos a la presidencia (Zaid et al., 1994: 36-42) y otro para que estos hicieran sus planteamientos;5 pero en este caso se notó que, con excepción de Ernesto Zedillo –el candidato del pri–, no fue tomado muy en serio por los candidatos.

En general no hubo grandes novedades, el título de un artículo de Monsiváis lo expone: “Nadie lo dijo primero. Temas y lugares comunes del 94” (1994: 38-39). El candidato sustituto del pri, Ernesto Zedillo, fue el ganador de la elección presidencial.

Para Octavio Paz, la victoria del pri en las elecciones se explicaba por la división entre los partidos de oposición y no por un supuesto fraude, aunque no negaba la existencia de irregularidades (1994: 8-13). Resalta dos aspectos interesantes: primero, que había una especie de exageración, de “incontinencia verbal” que se reflejaba en un ataque al pri al tratar de calificarlo de dictadura y régimen opresor, aun por parte de algunos grupos intelectuales; y segundo, que en esas elecciones, al participar 80% de la ciudadanía, se presentaba un “fenómeno que revela una mutación en la conciencia nacional y que, probablemente, señala el principio de un cambio de rumbo de la nación” (1994: 11).

Al igual que en 1985, para Paz, la sociedad despertaba; y, más que despertar, aparecía. Así: “En las profundidades del alma popular aparecen actitudes ante la vida pública que son la negación de las tradicionales. Emerge, todavía entre brumas, un México desconocido: un México de ciudadanos” (1994: 11-12).

En nueve años, Paz va de la “lucidez sonámbula” a la aparición. Pero las apariciones pueden ser fantasmas, sombras entre las brumas, y Paz lo sabe, por eso se cuida de advertir “puedo equivocarme” antes de anunciar el aparecer ciudadano.

Lo que lo anima a la anunciación es la diferencia que encontraba entre la pasividad oscilante entre el estoicismo y el nihilismo, entre la indiferencia y el cinismo apático, que para él caracterizaba al mexicano, y la acción participativa en las elecciones, el no haber rehuido a la decisión ni ser víctima de la desesperanza ante una situación compleja como la que se vivía. Para Paz, hubo convicción y fe, afirmación, voluntad de cambio.

El votante dejó de ser un nihilista cínico sin creencias o un súbdito obediente: fue un ciudadano que sabe que su voto contribuye a cambiar el estado de cosas existente. El voto reveló la aparición en nuestras conciencias de una voluntad decidida a enfrentarse con nuestro pasado y convertir en acción a la vieja pasividad. El cambio fue individual, quiero decir, ocurrió en la conciencia de cada uno pero adquirió todo su sentido al volverse colectivo. No fueron mil ni cien mil sino millones de mexicanos los que decidieron abandonar las actitudes tradicionales y, juntos, influir en la situación del país. Otro México comienza (Paz, 1994: 12).

Seguridad y democracia es, en la interpretación de Paz, el mandato que los mexicanos en su aparición le han dado a Zedillo. Y enuncia su agenda: poder legislativo independiente, poder judicial fuerte, separación definitiva entre el pri y el Estado, renuncia a la práctica presidencial de nombrar al sucesor –mejor conocida como dedazo–, federalismo. Una agenda que Zedillo seguiría al fin de cuentas y que era coincidente con la que ya otros habían planteado también.

Recuento

Entre 1988 y 1994, el sexenio de Carlos Salinas, se dio un fuerte proceso de reforma electoral con miras a la apertura a la competencia real por el poder. Salinas ubica a la sociedad como la promotora del cambio. Sin embargo, esto no implica un rompimiento abrupto con la legitimidad original del régimen: la Revolución, al contrario, se le reivindica pero en una nueva etapa de modernización.

Pero la modernización del régimen implica reconocer que la Revolución y sus principios no son compartidos ya por toda la sociedad, que había sectores de la sociedad que no compartían esos principios y que tenían derecho también a ocupar el lugar máximo de dirección del país y hacer realidad sus ideas.

Para ello era necesario entonces institucionalizar al Estado, separarlo del partido y sus gobiernos. Así, el anuncio del cambio político –nuevas instituciones electorales, cultura política, aplicación de la ley y fortalecimiento de los partidos– viene acompañado por la aparición de nuevos términos en el discurso político –un nuevo vocabulario–, que se consolidarán en las décadas siguientes: pluralidad, corresponsabilidad, participación, ciudadanía, cultura política, transparencia, derechos humanos, apego a la ley. La pluralidad y la democracia habrían llegado por la vía modernizar la Revolución, por una más de las múltiples visiones que la componen.

Para los intelectuales de Vuelta, esto era lo destacable: que las posturas de grupo se tenían que sujetar a la votación, que las versiones adjetivadas ya no podían imponerse sin el consentimiento de la mayoría electoral. Y ese era el problema que veían en la naciente izquierda: la aceptación de la voluntad de la mayoría.

Mientras tanto, la idea de legitimidad llega al centro del debate por los resultados de la elección presidencial. Despunta entonces un nuevo uso del concepto, pues ya no se vincula al origen en la familia revolucionaria sino al acatamiento del proceso electoral y sus reglas; será ahora una especie de legitimidad procedimental democrática. Pero también aparecerá la relación no equivalencial de lo legal con lo legítimo que llegará hasta nuestros días.

Y es que, tras centrarse en la creación de un marco legal que otorgara legitimidad por procedimiento al arribo al puesto público, la violación del mismo o el aprovechamiento de los vacíos volvieron a empañar la transparencia que se buscaba alcanzar, orillando a reconocer que lo legal no siempre engendra legitimidad.

Al final, esta evidencia de las contradicciones entre marco legal y prácticas políticas llevó a que se le añadiera a la democracia como respeto al voto el sentido de una forma particular de ejercer el gobierno vinculada a la conformación institucional del Estado independiente del gobierno en turno, y orientada a normar las prácticas y valores políticos contradictorios con el nuevo marco legal, pues solo así podría alcanzarse la legitimidad.

Carlos Salinas llegaba a la presidencia con la duda del fraude electoral a cuestas, acusado por el frente de izquierda encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y también por el partido de derecha, Acción Nacional, y su candidato Manuel Clouthier.

El autor al que se refiere es T. J. Pempler, pero en realidad es T. J. Pempel, dedicado al estudio de la región asiática, en particular de Japón, autor del libro Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes, al que seguramente alude Fernández.

La referencia que da Sánchez es Adolfo Gilly, “Los dos socialismos mexicanos”, Nexos, núm. 108, diciembre de 1986, p. 33.

Las cursivas son mías.

Véase Vuelta, núm. 213, agosto de 1994.

Capítulo 7 Ausencias

El compromiso democrático y la ética de responsabilidad política: Zedillo

Luego del asesinato del candidato presidencial del pri, Luis Donaldo Colosio, se nombra a Ernesto Zedillo como candidato para las elecciones de 1994, de las cuales es ganador. En su toma de posesión expresará su compromiso de ejercicio del gobierno en el marco de las leyes y de la democracia (Zedillo, 1994: s.f.).

Asume que la “nueva democracia” –la que supuestamente se inició con Salinas– está en construcción, y para terminar de construirla propone “una mejor relación entre los ciudadanos y el gobierno, entre los estados y la Federación; un nuevo código ético entre los contendientes políticos y una reforma electoral definitiva” (1994: s.f.).

La reforma electoral sería “definitiva” en la medida en que pudiera terminar con las sospechas, recriminaciones y suspicacias, que eran costumbre. Sería definitiva en la medida en que “la democracia electoral debe dejar de ser preocupación central del debate político y causa de encono y división” (1994: s.f.).

Pero quizá lo más importante es la postura que asumirá respecto al pri. Como se recordará, siempre se había dicho que el presidente y el partido eran dos de los soportes del régimen priista. Pues bien, la relación en la que el presidente es el jefe del pri parece terminar con Zedillo: “Repito enfáticamente que, como presidente de la república, no intervendré, bajo ninguna forma, en los procesos ni en las decisiones que corresponden únicamente al partido [al] que pertenezco” (1994: s.f.).

Si con Salinas se había iniciado la separación entre Revolución, Estado y gobierno, con Zedillo se da la separación gobierno-presidente-partido, una de las relaciones que más críticas recibía por la inequidad que generaba en las contiendas electorales. De esta manera podría cumplir con su compromiso de construir un sistema electoral más equitativo. Su gobierno, dice Zedillo, sería “para el cambio con estabilidad” (1994: s.f.). ¿Estaría pensando ya en una, inminente, alternancia?

Para el Primer Informe de Gobierno, tres serían los temas principales: explicar las causas de la crisis de diciembre de 1994, las reformas de autonomía del poder judicial y de las políticas de seguridad pública, y el avance democrático del país. Como sería de esperar, fue a la explicación de la crisis a la que dedicó la mayor parte de su mensaje (Zedillo, 1995).

En términos políticos, el avance radica en la promoción del equilibrio entre poderes que establece la tradición republicana y que en México no se cumplía. Para ello, Zedillo promovió la independencia del poder judicial por medio de una reforma propuesta en ese año y el establecimiento de lo que denominó una nueva relación con el legislativo. Asimismo, el avance radicaba en la contención del Estado mismo con la creación de una auditoría superior para la lucha contra la corrupción y que asegurara la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos.

La agenda pendiente era la realización del federalismo y la descentralización. En lo que tiene que ver directamente con la democracia, solo se hace un recuento de los procesos electorales desarrollados durante el año. Es de llamar la atención la aclaración con que la inicia: “La democracia no se agota en los procesos electorales, pero se funda en ellos” (Zedillo, 1995: s.f.). La vida política del país se realiza con “normalidad democrática” (1995: s.f.), entendiendo por esto la realización de comicios altamente competidos, procesos electorales pacíficos y resultados que corresponden a la voluntad ciudadana.

Y habrá un asunto más al referirse a la reforma electoral pendiente: la definición del régimen político mexicano de la posrevolución como autoritarismo y su diferencia con el régimen actual:

Esa reforma no puede construirse sobre los vicios del viejo autoritarismo ni contraviniendo la ley para satisfacer reclamos particulares. Debe responder a la creciente complejidad y diversidad de nuestra vida social, a la más intensa competencia política, a la madurez organizativa de los partidos, y a la vigorosa presencia ciudadana (1995: s.f.).

Esto marcará entonces un cierto distanciamiento con el pasado y, sobre todo, con el pri. Aunque en el Segundo Informe de Gobierno volverá a reivindicar, de pasada, su adhesión histórica a los valores de la Independencia, la Reforma liberal, la Revolución y la Constitución (Zedillo, 1996).

En su segundo informe, Zedillo referirá que la legitimidad de la presidencia es posible si cumple con la ley, pues lo contrario sería un ejercicio autoritario del poder. De igual manera lo sería si invadiera las atribuciones de los otros poderes. Zedillo está sentando y aceptando las bases para contener y acotar el ejercicio del poder de la presidencia, uno de los primeros reclamos de la década de los 70. La presidencia ya no lo po-dría todo, si es que alguna vez lo pudo, pues ahora estaría acusando su ilegitimidad en ese ejercicio definido por Zedillo como autoritario.

Por otra parte, Zedillo insiste en la importancia que tiene para la democracia la fortaleza de los partidos y su capacidad para “representar y responder a la creciente pluralidad social; de articular las múltiples demandas de la ciudadanía y traducirlas en programas para contender por el poder público” (1996: s.f.).

En este periodo no se habla de la democracia sino de la construcción institucional del régimen político con características democráticas, y de la contención de la presidencia, primero separándose del partido y luego acatándose a la ley para evitar inequidad en los procesos electorales. Tema importante es también la delimitación del terreno para la disputa del poder: las reglas de la democracia, entre las que –de acuerdo con la reforma electoral– se establecía la autonomía del Instituto Federal Electoral, las condiciones para la asignación de presupuesto y el control a los gastos de campaña y acceso a los medios de comunicación.

Como dirá en el Tercer Informe de Gobierno, las reformas se hicieron para que las elecciones fueran “no solo legales sino justas” (Zedillo, 1997: s.f.), sin la intervención del ejecutivo en ellas. Y resalta la apelación a lo que denomina “ética de responsabilidad política” (1997: s.f.), término con el que se refiere a la “defensa del orden jurídico y sus instituciones” (1997: s.f.), a partir de la cual se reconozca que “el único protagonista indispensable y trascendente para el avance de la Nación es el pueblo de México” (1997: s.f.). Es ese un llamado a la contención de las tentaciones por volver atrás, pero también parecería buscar cerrar el capítulo, pues, hacia el final del mensaje, apunta que si bien ha sido posible llegar a una “democracia plena”, deberá ser posible también avanzar en una nueva política económica, anunciando así un desplazamiento en el interés temático de la presidencia.

“México vive ya en la democracia”, afirma en el Cuarto Informe de Gobierno (Zedillo, 1998: s.f.); la vida pública del país se desarrolla bajo la democracia en todos sus niveles, de los órganos de decisión a las plazas públicas, medios y ciudadanos, todo se vive bajo los principios de la democracia. Y sin embargo, no todos lo aceptan aún, pues:

Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, tengo absoluta confianza en que, más pronto que tarde, todos aceptarán que nuestra vida política es más sana y funciona mejor en la democracia que en el autoritarismo.

Los mexicanos rechazamos el autoritarismo porque depende de la fuerza, soslaya la ley y no rinde cuentas a nadie. Rechazamos el autoritarismo porque coarta las libertades, suprime el debate, reprime las diferencias.

Los mexicanos de hoy rechazamos el autoritarismo porque es intolerante y se impone por la violencia; porque actúa sin control y sin medida.

Los mexicanos de hoy hemos luchado por la apertura, por la tolerancia, por la libre participación, porque se sujete el interés personal o de grupo al interés supremo de la nación.

Los mexicanos hemos luchado por la democracia porque este es el sistema que nos permite afrontar retos y resolver problemas sin atropellar los derechos de las personas y sin excluir a nadie. La democracia nos ofrece una solución inclusive cuando no nos ponemos de acuerdo: la voluntad de la mayoría y el respeto a las minorías.

Sabemos que, como ningún otro régimen, la democracia exige que la política sea practicada con rectitud, tolerancia y mesura; que en todo momento nos guardemos respeto unos a otros, que actuemos con civilidad y participemos constructivamente. La democracia exige que la política sea practicada con firme vocación de servicio, visión de largo plazo y profundo sentido del deber.

Además, la democracia exige un cuidadoso equilibrio entre los poderes del Estado y una clara corresponsabilidad en el cumplimiento de las funciones que a cada uno confiere la ley (Zedillo, 1998: s.f.).

Quizá este sea el único momento en que se hace una exposición clara de qué significa la democracia en México y que va más allá de los significados del respeto a las urnas y modernización. La exposición se hace, por supuesto, en función del régimen anterior, calificado reiteradamente por Zedillo como autoritario. Pero, además, Zedillo reitera que es la ciudadanía a través de su participación la que ha hecho ya de las elecciones el único medio legítimo para llegar al poder. A partir de este momento no habrá más fuente de legitimidad, reconocida por el mismo presidente, para el acceso al poder que la democracia electoral. “En la tarea de consolidar la democracia, la ciudadanía está dando el ejemplo al informarse y al participar abierta y responsablemente; al ejercer su voto en las elecciones y reafirmar que este es el único medio legítimo para acceder al poder” (Zedillo, 1998: s.f.).1

En el Quinto Informe de Gobierno, Zedillo reiterará lo dicho y hará la diferenciación entre democracia y autoritarismo. Agregará la imposibilidad que tiene la democracia de asegurar buenos gobiernos, aunque resaltará que bajo la democracia estos son más probables de ocurrir. Finalmente, encaminado ya hacia las elecciones del año 2000, señala que de esas elecciones “surgirá un gobierno con legitimidad democrática” (Zedillo, 1999: s.f.), en tanto sería la voluntad de los ciudadanos la que decidiría con su voto, lo cual consolidaría la “normalidad democrática” (1999: s.f.).

El Sexto Informe de Gobierno se inicia con una especie de profesión de fe personal. En ella resalta el compromiso con la democracia y los principios republicanos, así como con el liberalismo político y económico, en contra del patrimonialismo y el autoritarismo pasados pero a favor de un Estado intervencionista que ayude a alcanzar la justicia social (Zedillo, 2000: s.f.).

Si antes se había desmarcado como presidente del discurso de la Revolución, en su vínculo con el partido, y del régimen derivado de esta al calificarlo de autoritario, ahora la establece como el principio de las instituciones del Estado mexicano contemporáneo: “A la Revolución de 1910 debemos no solo la afirmación de nuestras libertades y garantías individuales, sino los derechos sociales fundamentales de los mexicanos, así como las instituciones del Estado responsables de garantizar esos derechos” (Zedillo, 2000: s.f.).

Los valores y principios de la Revolución no son exclusivos del pri en el discurso de Zedillo, son los de México. Y eslabona: la justicia social se puede alcanzar solo en el desarrollo y este solo se alcanza en la democracia. Y entonces rescribe la historia de la democracia, eliminando la calificación de autoritario al régimen priista y asumiéndolo como parte de una lucha permanente por alcanzar la democracia:

La democracia tiene historia en México.

La democracia fue un precepto que la generación liberal de la Reforma plasmó en la Constitución de 1857.

La democracia fue la causa que llevó a Madero a iniciar el movimiento de 1910 y es un principio fundamental en la Constitución surgida de la Revolución mexicana.

La democracia fue propósito y un compromiso fundacional del partido político al que pertenezco, y ha sido razón principal de lucha de los otros partidos políticos nacionales.

Hacer que la democracia ya no fuese un ideal postergado fue el propósito de sucesivas reformas políticas, señaladamente a partir de la de 1977.

Esas reformas fueron resolviendo, uno a uno, muchos de los temas que tradicionalmente fueron causa de controversia, disgusto y aun conflicto. […]

Y, sin embargo, pese a los méritos de cada reforma y al avance político que significaron, nadie podía soslayar que persistía un ánimo social de insatisfacción con nuestra democracia.

Cuando existe tal percepción, ella entraña en sí misma un obstáculo muy serio para emprender las tareas del desarrollo. Si la gente no se siente parte de un país realmente democrático, entonces no asume conductas democráticas en el ejercicio de sus derechos, y mucho menos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por todo lo anterior, consideré que todos los mexicanos debíamos unirnos en la tarea inaplazable de alcanzar la plena normalidad democrática. Así lo manifesté en el acto mismo en que asumí la presidencia de la república.

Lo hice convencido de que para lograr la normalidad democrática se requería abordar, sin doblez alguno, la causa principal de insatisfacción con nuestra democracia: las condiciones de la competencia política para [llegar] al poder público (Zedillo, 2000: s.f.).

El camino, la historia de la democratización termina aquí, afirma Zedillo, con la reforma electoral y la llegada de un candidato de otro partido político a la presidencia: “México ha completado su camino hacia la democracia” (Zedillo, 2000: s.f.).

Tras un largo proceso que comprendió luchas cruciales de nuestro pueblo en los siglos xix y xx, los mexicanos del presente contamos ahora con todos los elementos que integran una democracia moderna: garantías individuales, libertades cívicas, sistema de partidos, elecciones libres y justas, pluralismo y, ahora, como resultado de la voluntad ciudadana, alternancia política.

México está viviendo como nunca antes la democracia. E insisto, esto es cierto gracias a las luchas de las generaciones de mexicanos que nos precedieron y gracias, también, a lo que ha hecho nuestra generación. Es decir, no una persona o grupo de personas; no un partido o grupo de partidos, sino un conjunto mucho más amplio, que somos todos los ciudadanos (Zedillo, 2000: s.f.).

El camino restante es el de la “consolidación”. Y entonces hace la reivindicación del artículo tercero constitucional: “Consolidar la democracia requiere hacer realidad, por fin y para siempre, lo que desde el año de 1946 estableció el artículo tercero constitucional: que la democracia sea nuestro sistema de vida; un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (Zedillo, 2000: s.f.).

Los únicos caminos válidos, establece, para alcanzar cualquier objetivo, incluyendo la justicia social, son la ley y la democracia. A partir de este momento “la amenaza de la violencia no es –no puede ser– un recurso legítimo para luchar por la justicia social” (Zedillo, 2000: s.f.).

Vicente Fox: la sombra del desencanto

Para Vicente Fox, la jornada electoral del 2 de julio de 2000 marcó el término de una etapa de autoritarismo, pues por fin un candidato de la oposición al pri resultaba ganador del proceso electoral en que se competía la presidencia (Fox, 2000: s.f.). Reivindica como el iniciador de la lucha por la democracia a Francisco I. Madero, pero junto con él a personajes que no formaban parte hasta ahora de ese reconocimiento oficial y por fuera de la Revolución: José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Valentín Campa, José Revueltas, Manuel Clouthier, Salvador Nava, Luis Donaldo Colosio, Heberto Castillo y Carlos Castillo Peraza (2000: s.f.).

El tema en que centra su atención será la reforma del Estado. La democracia es ahora una condición sobre la cual ejercer el poder, aun cuando –dice– la reforma del Estado deberá “demoler todo vestigio de autoritarismo y edificar una genuina democracia” (2000: s.f.). En este sentido, la etapa que se vive a principios del siglo xxi la identifica como una de transición hacia esa genuina democracia, en la que se luche con “ética y respeto y no como un pleito por el poder” (2000: s.f.). Esta decisión temática implica un desplazamiento del entendimiento de la democracia como procedimiento de selección de gobernantes a una forma o cualidad del Estado y del ejercicio de gobierno.

También implica un desplazamiento en el interés u objetivo principal del gobierno al pasar hacia el discurso de Estado. De ahí que, ante las críticas por lo que aparecía como una ausencia de proyecto político, en su Primer Informe de Gobierno Fox trata de demostrar que “sí tiene proyecto”, el cual no es el de la Revolución sino el que denomina como “humanismo moderno, emprendedor y socialmente responsable” (Fox, 2001: s.f.).

Tal proyecto, dice Fox, asume al país como “una república plena”, en la que la cuestión política está solventada con libertades, democracia, transparencia, federalismo, estado de derecho; por tanto, su objetivo se concentra en mejorar la capacidad de gobernar a través de la democratización del ejercicio del poder y, con ello, alcanzar el desarrollo equitativo de la sociedad –el combate a la pobreza sustituye al concepto de justicia social–.2

En general, en su informe, excepto dos puntos, no hay nada destacable en el ámbito político, sino acaso que todo marcha en orden, que hay libertades y el poder se ejerce sin autoritarismo. El primer punto que vale destacar es que hace un llamado acerca de la necesidad de fortalecer el sistema de partidos y generar una nueva cultura política fundada en la tolerancia y el diálogo; pero este llamado a la tolerancia y el diálogo se refería al comportamiento de las fracciones parlamentarias de oposición (sobre todo, pri y prd) que integraban el Congreso, sin hacer referencia a la necesidad de hacerlo en la sociedad. Y el segundo, referido a la afirmación de que se debe reconocer que en ese momento el único camino válido para resolver los problemas es el del sufragio, es decir, tal reiteración implica el intento de confirmar la hegemonía del proceso democrático como medio para tomar el poder, en referencia a las actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional –que había emprendido una marcha a la Ciudad de México durante los meses de enero y febrero de 2001–.

En su Segundo Informe de Gobierno, afirma Fox: “Hemos terminado la primera fase de la consolidación de la democracia” (2002: s.f.), pero no explica en qué consistió, ni queda claro tampoco a partir del mensaje anterior. Al parecer se refiere a que se habría pasado de la concentración del poder en el presidente a un equilibrio entre poderes, o a una cierta gobernabilidad democrática, pero eso difícilmente se puede considerar un logro de su gobierno, pues era algo que se había iniciado en los dos sexenios anteriores. Lo mismo si se refería a la realización regular de elecciones competidas y limpias. En todo caso, “autoridad acotada por la ley” y “rendición de cuentas” son los logros que intenta publicitar, pero reconociendo que hacía falta una “cultura de la legalidad” (2002: s.f.).

No está de sobra señalar que el mensaje político, que en el primer informe tuvo una extensión de 28 páginas, para el segundo se reduciría a 16, y así de forma sucesiva hasta llegar en el sexto informe a una tercera parte en extensión respecto del primero: diez páginas. Sobre todo porque lo estrictamente político se va diluyendo y la referencia a la democracia como tema va desapareciendo para dar lugar a la utilización del término como un adjetivo que se agrega a las labores del gobierno, entendido como “administración”.

En su tercer informe, Fox dirá que “el signo más notable de este cambio lo representa el fortalecimiento de los valores democráticos” (2003: s.f.), la pluralidad que se representa en la crítica y la discrepancia en opiniones; pero a su vez esto comienza a llevar hacia el “congestionamiento” de la política por “la creciente cantidad de demandas contradictorias” (Fox, 2003: s.f.) de la sociedad. Retoma entonces la idea de que con la democracia el gobierno comienza a sobrecargarse por las excesivas demandas sociales.

Y aparece una vez más el tema de los partidos políticos, “la calidad de la democracia será proporcional a la calidad de nuestro sistema de partidos” (2003: s.f.). Pareciera que entre los déficits del sistema político sigue permaneciendo el de la fortaleza o debilidad de los partidos políticos,aunque no se plantea en qué consistiría el problema específico con ellos desde la perspectiva del gobierno, pero pareciera que se circunscribe al “perfeccionamiento” de la legislación electoral, que es el único tema que permanece.

En el cuarto informe, Fox presenta un desplazamiento hacia la idea de la ciudadanía integral, reivindicando como parte de la democracia a los derechos económicos y sociales. “La democracia no se agota en lo electoral ni en lo político. Para ser integral, debe también garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales” (Fox, 2004: s.f.). Cierto es que en esto es muy probable que esté siguiendo los planteamientos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), pero comienza a surgir la duda acerca de la distancia respecto a la vieja idea de “democracia social” como fundamento de legitimidad, sobre todo porque, como se vio en el Primer Informe de Gobierno, no pudo romper con la idea de justicia social e inclusive la reivindicó como parte de la misión por cumplir.

Llamativo es también el llamado que hace a la clase política para “evitar que la sociedad se desilusione de la democracia […] que piense que la lucha de tantos años fue en vano” (2004: s.f.). Lo cual está en relación directa con la “sobrecarga” del sistema político por las demandas crecientes que planteó en el informe anterior.

Transparencia y acceso a la información pública son el punto central del quinto informe. En lo relativo a la democracia, para Fox no hay más, acaso la promesa –a la postre incumplida– de no intervenir en la elección de 2006, de que las elecciones de Estado se habían terminado (2005: s.f.). Con Vicente Fox, la política, lejos de transparentarse, se desvaneció como tema de los informes de gobierno.

En el Sexto Informe de Gobierno, Fox vuelve al término democracia como adjetivo o cualidad del ser, pero sobre todo va a un uso más cercano al del eslogan –o mejor dicho, al del sound bite–, por ejemplo: “Hoy, democracia es el verbo y el sustantivo de la vida nacional” (2006: s.f.), o “Democracia es sinónimo de libertad, y hoy México vive un auténtico régimen de libertades” (2006: s.f.), o “Para ser demócrata no basta proclamarlo” (2006: s.f.) y “La convicción democrática se demuestra en los hechos” (2006: s.f.).

En referencia a la disputa electoral del momento, postula el vínculo entre democracia e instituciones, señalando como “aniquilación” de la democracia que no se refrende el respeto a las instituciones. Pero no hay mucho más: la democracia y la política están diluidas, desvanecidas en el discurso presidencial.

Las dos legitimidades o legitimidad versus legalidad

El desplazamiento que se decía se había observado en el significado de la democracia lleva a Fernando Pérez Correa a exponer un juicio, un estado de ánimo sobre las elecciones de 1994, en el que se acepta la legalidad pero se niega su legitimidad (1995: 27-30).

Esto es interesante porque se vuelve a insistir en la separación de los dos conceptos, legalidad y legitimidad. En 1993, Sánchez había indicado la separación de acuerdo con la ley y con las prácticas y valores, pero en esa separación legalidad engendraba legitimidad.

Aquí, Pérez apunta más o menos hacia el mismo lugar e identifica que quienes hacen el cuestionamiento de la legitimidad lo hacen por las inequidades en la elección, inequidades que no estaban fuera de la ley porque no eran consideradas en esta y no se correspondían al respeto del valor de competencia “leal” que supone la democracia, pero también refieren a una substancia imprecisa y desconocida:

Me parece significativo el postulado según el cual existe una legitimidad acabada y plena que se realiza más allá de la ley. Según este argumento, existirá una legitimidad no jurídica, contenida en un código implícito, en un corpus normativo subyacente, aunque de substancia imprecisa y fundamento desconocido. El cuestionamiento de la legitimidad de la elección se vuelve de golpe el rechazo a la legalidad (Pérez, 1995: 27).

Pérez detecta la contradicción y oposición que se genera entre legalidad y legitimidad porque no todos aceptan la equivalencia entre una y otra, que la legalidad funde legitimidad y, por el contrario, en nombre de esta se rechaza el reconocimiento a la legalidad, el rechazo a las reglas del juego establecidas y acordadas por todos antes del juego.

Lo que ve Pérez es que ese cuestionamiento es una descalificación al nuevo pacto social. Así, si el pacto social de la Revolución se basaba en la búsqueda y alcance de la justicia social, el nuevo pacto fue el que se construyó a partir de 1988 con las nuevas condiciones de competencia para alcanzar el poder con independencia del programa u objetivo que se persiguiera.

Era a este al que se le cuestionaba y lo cuestionaba un actor que se quedó fuera del mismo, por lo que las reglas o “normas de convivencia” no le resultaban propias ni satisfactorias y decidía no sujetarse a ellas mediante el cuestionamiento a la “legitimidad”.

En todo caso –se intuye de lo que dice Pérez–, lo importante es alcanzar un consenso en torno al orden constitucional, pues eso pondría un dique a la violencia; luego, habría que alcanzar un nuevo pacto sobre la base de la inclusión con condiciones satisfactorias para todos.

Pero hay una acotación que hace este autor sobre la democracia:

La democracia es la instancia de las totalidades, el momento de la espontaneidad y la afirmación del discurso ético. Así, la democracia vive en crisis crónica. Signo del control sobre los procesos, reivindicación de la voluntad, momento de la axiología, la democracia es también, en la práctica, un régimen de administración legal de los intereses (Pérez, 1995: 29).

¿A dónde quiere ir con esto Pérez? ¿A señalar que la legalidad será cuestionada siempre por un cierto “discurso ético”, axiológico, o por intereses, en nombre de los cuales se hablará de legitimidad? Aparentemente sí, en apariencia la legalidad no funda necesariamente legitimidad, pues esta se configuraría de acuerdo con valores o principios deseables de ser incorporados en la ley o pacto social. ¿Pero qué valores son esos, cuál es esa sustancia imprecisa y fundamento desconocido? El autor no avanza en ello.

Por su parte, Fernando Escalante identifica esa otra perspectiva sobre la legitimidad que esboza Pérez, como sustancia imprecisa y desconocida, a partir del uso cotidiano del término, del uso popular –una perspectiva que se podría denominar de tradición cultural–, de la cual infiere que en la historia del país hay un problema con el acatamiento a la ley y a la autoridad, a las que se les opone, como parte de la retórica de la Revolución, las necesidades del pueblo, que sería el criterio moral último para definir qué es legítimo y qué no (1997a: 46-48).

Lo decisivo es que el pueblo viene a ser un contrapeso, un adversario moral del Estado. El recurso idóneo, por esa razón, para conservar el extraño equilibrio que requiere nuestro arreglo político. Son tan apremiantes, tan indiscutibles las necesidades del pueblo, es tan obviamente justo atenderlas por encima de todo, que sirven como criterio moral para decidir cualquier controversia. Dondequiera que se las menciona, a cuento de lo que sea, no hay ya más que hablar (Escalante, 1997a: 47-48).

El problema con ello es que el recurso moral a “las necesidades del pueblo” estaría siempre por encima de la ley, haciendo imposible su aplicación o al menos minando la autoridad y dando lugar al chantaje:

El recurso tiene una virtud muy notoria: pone en entredicho, de manera permanente e irreparable, la autoridad del Estado. Ninguna otra justificación basta para conferir legitimidad al poder público, que a cada paso puede ser descalificado con la nota infamante de ser antipopular.

Al contrario, y por la misma causa, casi cualquier desafuero es perdonable si se hace en nombre del pueblo, con la intención de aliviar sus dolencias (Escalante, 1997a: 48).

Esta legitimidad, o mejor dicho, este uso del término teniendo como fundamento las “necesidades del pueblo”, estaría orientada a enfrentar y violar la legalidad. Sería, según Escalante (1997b: 57-59), un uso reaccionario porque ataca solo a las “instituciones modernas” como el mercado, el derecho, la representación política, el Estado, e implica la sumisión a las “formas naturales” de autoridad como la familia y la fuerza, a partir de las cuales se había ordenado y hecho efectivo el arreglo político mexicano. Sería un uso del que participaría toda o casi toda la sociedad, aceptándolo, “sin ansiedad ni mala conciencia” (1997b: 57), encontrando su causa en el resentimiento: “Y hay una virtud, llamémosla así, capaz de facilitar esa disposición necesarísima: el resentimiento. Sería posible –y lo digo con toda precaución– que ese fuese el principio moral propio de nuestra forma política” (1997b: 57).

Y entonces, de acuerdo con Escalante, la duda sobre la sociedad y sus virtudes vuelve a aparecer, ahora observando la lógica de la víctima, del despojo irreparable, del agravio, que “trastoca el orden natural de las cosas” (1997b: 57), pero la sospecha incluye y se expande hacia las elites económica, intelectual y, por supuesto, política (1997c: 46-48).

Mientras tanto, Krauze sigue en sus batallas reivindicadoras de la democracia. Trata el tema de la legitimidad política pero solo para establecer que el régimen priista era ilegítimo en términos democráticos, liberales y republicanos, y, aunque no le niega otro tipo de legitimidad, apunta hacia la falta de valor de tal legitimidad en su versión de la historia política de México (1997: 8-14).

Así, de acuerdo con Krauze, antes de 1940 el principio la legitimidad del régimen venía de las “legendarias balas de la Revolución” (1997: 9) y no de las urnas; después, se conformó un Estado que anudaba los vínculos del “Estado nacional juarista” y el Estado “integral” porfirista con rasgos coloniales por su vocación tutelar que proveía y protegía a las clases desvalidas. De ahí se desprendía la idea de “justicia social”, asumiendo el Estado “una responsabilidad opuesta a la del árbitro imparcial del esquema liberal” (1997: 9) al que decía sujetarse, ocultando sus vínculos con el pasado colonial y el porfiriato.

Luego, las ideas circulantes en el mundo acerca del Estado como promotor de la vida económica y social –el Estado de bienestar– se asumieron para confirmar la vocación tutelar del Estado mexicano, relegando otra vez los valores políticos republicanos, democráticos y liberales de-fendidos por Madero. Así, la legitimidad del Estado se conformó de dos fuentes, y Krauze retoma a Weber para plantearlas: la carismática y la tradición política. Para Krauze, la legitimidad del Estado priista se había fincado “en la fuerza de su presidencia imperial y en ese concepto de vida hacia adentro y hacia atrás” (1997: 14) de la tradición.

Sobre la democracia en construcción

Pero ¿qué tipo de democracia se estaba construyendo? Esta es la reflexión que se quedará inconclusa por la muerte de Paz y con el fin de Vuelta, aunque se retomará en Letras Libres con otros autores.

Por lo pronto, se encontraba un cierto optimismo porque al pasar los partidos de oposición a participar en mayor medida de los gobiernos locales los obligaba a modificar sus actitudes y a ceñirse a la legislación electoral y, sobre todo, a la búsqueda de acuerdos, más que al enfrentamiento, como había sido común; de hecho, surge el término cogobierno para nominar esta situación.

Termina aquí la etapa en que la vida política se circunscribía casi en exclusiva a la temática electoral y no se consideraba un tema central a las propuestas políticas. Mientras que algunos otros seguían atorados en la discusión de si la transición implicaba por necesidad que perdiera el pri.

Y se cierra esta sección sobre Vuelta con una advertencia de Fernando Escalante, que será atinada por lo que sucederá en la década siguiente, pues observa que el que se está construyendo de manera cotidiana con las prácticas y valores comunes es

un régimen justiciero y revolucionario que a la vez procura impulsar la modernización y sabotearla donde pueda ser más agresiva. Un régimen de retórica ambigua y gritona cuya legitimidad deriva en buena medida de sus inclinaciones antiestatales y cuya estabilidad se mantiene [a] fuerza de agudizar esa contradicción radical: ser moderno y justiciero, revolucionario e institucional (Escalante, 1997d: 63).

Pero a esta versión de lo que es justo y de lo que no se opone otra que pide efectividad al Estado de acuerdo con el contrato basado en valores modernos. Sobre ello, en la siguiente década, tendrá Escalante algo que decir.

Ya hacia el final de Vuelta, Escalante observa que la democracia está estancada por resultados, por cultura política de las elites políticas y de la sociedad, por la falta de restructuración del Estado, y advierte:

Hace ya mucho que hablamos de democracia y acudimos a votar sin que haya apenas quejas, y ganan unos u otros, pero la cosa no camina. Por eso ocurre que a muchos –políticos, letrados– la idea de la democracia se les haya hecho sectaria: ya se sabe, democracia significa que ganen los míos. En ocasiones se anuncia incluso una deriva más peligrosa del tema: empiezan a aparecer quienes exigen, ya que esta no funciona, una “verdadera democracia”; cuando alguien sale con eso, la intención final es indudable: se trata de desembarazarse de reglas y procedimientos para ir al meollo espiritual del concepto, que solo lo entiende el mesías (Escalante, 1998: 61).

Letras Libres

Con la muerte de Octavio Paz, Vuelta vio asimismo su final. El primero de enero de 1999 apareció una nueva revista, dirigida por Enrique Krauze, de nombre Letras Libres. En su editorial de presentación se asume la heredera de la tradición intelectual de Vuelta, sin que por eso implique una continuidad total con esta; quiere abrir su propio camino, tener su propio estilo, sin renunciar a la literatura, la poesía, la crítica cultural y la crítica política.

Por una democracia sin… ¿cultura política democrática?

Los primeros temas políticos que toca la revista no están dentro del interés de esta investigación. No es sino hasta el número 7 de la revista que la democracia toma relevancia en la reflexión de Enrique Krauze, que de alguna manera retoma la pregunta última de las reflexiones planteadas en Vuelta: ¿qué democracia se está construyendo? (1999a: 76-77).

Para Krauze, la mexicana es una “democracia adolescente” (1999a: 76), pero surgen inmediatamente dos preguntas: ¿Por qué adjetiva la democracia un escritor que se había pronunciado a ultranza por la desadjetivación de la democracia? y ¿por qué adolescente?

En primer lugar, Krauze se pronuncia por una desadjetivación política; o, para ponerlo en otros términos, lo que le molestaba a Krauze era la utilización de adjetivos que marcaran una preferencia política o un uso político de la democracia. Pero en este caso hace uso del adjetivo para describir literariamente el estadio de la democracia y no para calificar políticamente o plantear una preferencia política determinada de la democracia. ¿Por qué adolescente?

Krauze recurre a George Orwell para distinguir entre dos significados de la democracia: por un lado la referencia a la “práctica electoral equitativa que conduce al gobierno de las mayorías” (1999a: 76) y por otro a “una cultura de la convivencia y plena legalidad en la que se respeta al individuo y se ejercen las libertades políticas esenciales: expresión, pensamiento, organización” (1999a: 76). Es en el segundo sentido que adjetiva a la democracia existente en México, la cual, en desarrollo de cultura política democrática, sería adolescente. Una democracia que “ignora sus propios mecanismos y límites, [es] vociferante e irresponsable, emocional y no inteligente” (1999a: 76).

La causa de esta falta de cultura política democrática, para el autor, radicaba en que por mucho tiempo se había simulado la democracia sin ejercerse, por lo que las prácticas entonces aprendidas llevaban a esa expresión “adolescente” o inmadura de la democracia.

La urgencia que ve Krauze para solucionar esta falta de madurez es una posible aparición del caudillismo populista, intentos de secesión y en general un retroceso en la vida social y económica del país. Cinco son los agentes que puede detectar como responsables del proceso de maduración: los candidatos, los partidos, el gobierno, los medios de comunicación y los ciudadanos.

A los candidatos pide comportamiento ético, prácticas democráticas, visión de largo alcance y proyecto; a los partidos, saber ganar y saber perder, un comportamiento responsable, leal, abandonar los métodos de presión extralegal. Al gobierno pide darle sentido a los conceptos de federalismo, garantías individuales, Estado; darle contenido a los conceptos. A los medios, además de imparcialidad, que sean imaginativos, que creen formatos nuevos para la discusión pública de visiones y proyectos. Y a la sociedad civil le pide que sus organizaciones respeten las libertades de los demás ciudadanos, hacer pública la vida pública y no seguir utilizando el repertorio de acciones heroicas de las marchas, concentraciones y huelgas.

Este artículo es significativo porque implica una vuelta a la reflexión sobre la sociedad, su despertar político, la desconfianza y el desencanto con que ha sido vista por los intelectuales en todo el periodo analizado, salvo en dos momentos en que se confiaba alegremente en su despertar cívico. Con este artículo se inicia también el proceso de autocrítica de Krauze, pero en 1999 aún es un optimista con la sociedad, pues a finales de ese año dirá: “Más importante aún [entre los cambios políticos del país] es la mutación silenciosa en la cultura democrática del mexicano: ha comenzado a entender y hacer suyo el legado de los liberales del siglo xix” (1999b: 82).

Del marco legal al cambio de mentalidades

Lo destacable es que el acento en la reflexión intelectual sobre la democracia comienza a desplazarse desde lo electoral hacia lo cultural. Emilio Zebadúa pone el acento en ello también (2000: 40-43).

En México, dice este autor, la manifestación legal e institucional de la democracia es un “hecho incontrovertible”, no está a discusión, es sobre la naturaleza del sistema político actual sobre el que hay que poner los reflectores, en sus alcances y sus límites. Y si bien el autor cae en la observación excesiva de lo electoral, lo que contradice a su observación, algunas ideas se pueden desprender de su texto.

Para Zebadúa, las decisiones de los actores políticos dependen del marco legal e institucional vigente, pero también de la concepción particular de la democracia que tengan esos actores en lo individual y en lo colectivo. Esa concepción depende en su configuración de la cultura política prevaleciente en el país, el “espacio ambiente”, de manera que las “mentalidades” de la ciudadanía y la autoridad definen la relación que se establece con la ley:

Es el grado de educación cívica o política el que permite o impide que el ciudadano pueda discernir en la vida democrática, tomar conciencia crítica y evitar ser manipulado. Por ello, el civismo es un instrumento de cambio poderoso dentro de la democracia, porque influye incluso en las propias autoridades encargadas de interpretar y aplicar la ley. El grado de desarrollo de la cultura democrática de una sociedad determina la forma en que se materializa el estado de derecho frente a situaciones concretas (Zebadúa, 2000: 43).

Aun con leyes democráticas, dice Zebadúa, se puede dar una regresión –escenario que le preocupaba a Krauze– si no se cuenta con una cultura que le dé importancia a la democracia y sus valores, como ya había expuesto Escalante al final de Vuelta. El artículo de Zebadúa es importante porque, con su acento en las “mentalidades” como el lugar donde hay que concebir al cambio democrático, ya no en las urnas ni en la estructura institucional para hacer operativas las elecciones, es que se puede confirmar el giro en el entendimiento de la democracia al pasar del proceso electoral a un tipo de cultura política.

De la democracia sin adjetivos a la construcción del orden democrático

Las elecciones presidenciales de julio de 2000 estaban ya muy cerca y Krauze hace también un balance de lo hecho y de lo que falta por hacer en la democracia mexicana (2000: 18-21).

El artículo, además de ser un recuento y una agenda,3 desde su primera línea es una autocrítica a la visión intelectual sobre la democracia que se había tenido en los inicios de la década de los 80: “La construcción de un orden democrático –ahora lo sabemos– es una tarea en esencia interminable. No parecía serlo hace dos décadas” (2000: 18).

Y es que la lucha se había enfocado en derrotar al “ogro filantrópico”; para llegar a la democracia, había que vencer al pri o, para decirlo en términos de la campaña electoral del 2000, había que sacar al pri de Los Pinos.

Quienes lo acompañábamos [a Octavio Paz] en esa trinchera de la libertad que fue la revista Vuelta optamos por un enfoque complementario: buscar vías inmediatas, asequibles, prácticas para terminar con el reinado del sistema político mexicano y proponer una vuelta –en el doble sentido del término: cambio y regreso– al ideal maderista (Krauze, 2000: 18).

Era una tarea difícil, señala Krauze, porque la sociedad en sus distintos sectores “seguían obediente y provechosamente supeditados a la presidencia imperial” (2000: 18), pero el país necesitaba un cambio en el ejercicio de ese poder, un cambio que era la democracia.

Entre las tareas pendientes, Krauze incluye las siguientes: para los partidos políticos, saber perder; responsabilidad en el final del gobierno saliente; por parte de los diputados, respeto a los electores y sus intereses, no solo al de los partidos, y entonces discutir la reelección; la reforma del poder judicial; medios de comunicación modernos que encaucen el interés público y no solo el comercial, que sean imparciales y no difundan su verdad parcializada; imaginación y calidad intelectual y literaria.

En cuanto a la legislación, las instituciones y las prácticas electorales, el avance era innegable; el problema, señala Krauze, está en cambiar la cultura política, el problema lo encuentra en “el matriz de ideas y creencias, a menudo inconscientes, que permean y norman nuestra vida cotidiana de manera más profunda que las leyes, las prácticas o las instituciones” (2000: 21). Y se pregunta: ¿Cómo se enseña el hábito ético de escuchar? ¿Cómo introducir un mínimo de civilidad en nuestra vida diaria? ¿Cómo inducir en los lectores el sentido crítico? Y ¿cómo hacer para que la democracia no sea resignificada “con fines bastardos” por demagogos o guerrilleros?

Pero la última pregunta es interesante porque Krauze afirma que comienzan a circular conceptos “alternativos” de democracia, que identifica como rediciones de la voluntad general, aunque cabría señalar que sería una versión pervertida en la que una minoría numérica dice re-presentar la verdadera mayoría, aunque la mayoría numérica se exprese en su contra.

Krauze tuvo fe ciega en la sociedad, en su voluntad democrática; pero veinte años después comienza a dudar, comienza a ver lo endeble de su fe y comienza la crítica hacia sí mismo y los intelectuales por no haber visto lo que ahora comienza a parecerle indispensable: sin un mínimo de cultura política democrática no puede haber democracia sin adjetivos.

Pero esta toma de consciencia no significa tampoco su claudicación o que le dé la razón a quienes postergaron la democracia por considerar que no estaba listo el pueblo para ella, pues para Krauze la adolescencia de esa cultura democrática tenía causa en aquellos que no le habían permitido vivir, pero Krauze tiene prisa para combatirlos porque veía amenazas a la democracia.

La elección llegó, y con ella, el triunfo del candidato del pan. La alternancia había llegado al fin; aquellos que habían puesto la derrota del pri como el indicador del arribo a la democracia celebraron, pero no es distinguible con claridad el motivo de su celebración, si el arribo a la democracia o la que entonces se consideraba muerte del pri.

De liberales y demócratas

Una vez pasados los alborotos por la derrota del pri y los “embrollos” y “extravíos” del nuevo gobierno, Krauze retoma la reflexión sobre la democracia y la sociedad (2003: 12-15).

La realidad mundial estaba mostrando que países que habían alcanzado regímenes “electos legalmente” en tiempos recientes estaban caminando hacia la demagogia y la pérdida de libertades, que democracia y liberalismo no eran sinónimos como se creía, aunque más valdría decir como él solía creer.

Y esta distinción entre liberalismo y democracia trata de observarla en México y en sus intelectuales. México ha tenido liberalismo y no democracia, liberales y no demócratas, señala Krauze, aun entre sus intelectuales del siglo xx: Cosío Villegas y Octavio Paz. A Cosío Villegas, concluye, no le preocupaba la democracia sino la falta de límites al poder de la presidencia; Paz creía en las libertades pero también en que el Estado era el garante de ellas.

¿Por qué no consideraban a la democracia con seriedad?, se pregunta Krauze, y responde que la razón estaba en su desconfianza hacia los partidos de oposición existentes. Pero además –afirma–, porque ambos “eran a fin de cuentas hijos de la Revolución mexicana, y como tales preferían darle el beneficio de la duda al pri, autoritario, ineficaz y corrupto, pero heredero por partida doble, de la revolución social y (en algunos aspectos clave) del liberalismo” (Krauze, 2003: 13).

Paz al final creyó en la democracia, asevera Krauze, pero compartía con Villegas las “ilusiones perdidas (de la Revolución) y las convicciones de la libertad” (2003: 13). Pero esta referencia a Cosío Villegas y Paz como los liberales del siglo xx obliga a preguntarse si no hay más en la lista, si los menciona solo por asumirse heredero de ellos o porque en realidad no hay más, lo cual llevaría a pensar que en México, además de no haber demócratas, tampoco ha habido liberales más allá del mito decimonónico y los personajes casuales, de excepción, durante el siglo xx.4

México, dice Krauze, ha avanzado en su democracia: en el 94 se afianzaron las libertades políticas, en el 2000 libertad y democracia avanzaron juntas. Lo que sigue es consolidar la democracia, pero ese es un asunto entre “mandatarios y electores”.

A su parecer, la agenda liberal de Cosío Villegas se ha cumplido, pero eso no significa que se esté en el mejor de los mundos posibles. Para empezar, señala Krauze: Fox, el primer presidente de un partido distinto al pri, es un demócrata pero no un liberal que al hacer de la popularidad su fin se habría acercado a la figura del populista, a cometer acciones antidemocráticas y a la capitulación de la ley ante el chantaje por el miedo a que en el ejercicio de la autoridad pudiera ser acusado de autoritario.

Para el Krauze del 2003, México había tenido liberalismo sin democracia y apenas en ese momento libertad y democracia comenzaban a caminar juntas, andar que solo se podía consolidar con una ética de la responsabilidad que debían ejercer todos, comenzando por el presidente.

La declaración de Krauze, de que entre los intelectuales del siglo xx ha habido liberales pero no demócratas, es severa, pero por el listado que hace deja sembrada una duda: ¿ha habido liberales en México? ¿Será que dos, tres con él, bastan para todo un país, en un siglo, para generar una cultura liberal-democrática?, y si no los ha habido, ¿cómo esperar que se promueva una cultura política liberal que afiance a la democracia, cómo puede aparecer esa ética de la responsabilidad?

Desencanto democrático

Al mismo tiempo de las reflexiones de Krauze, Roger Bartra y Jesús Silva-Herzog Márquez publican también las suyas en Letras Libres. La celebración de Silva-Herzog es por el “aburrimiento democrático”; es decir, las elecciones no son ya actos dramáticos, la confianza en ellas implica que han dejado de ser elecciones para la democracia y ahora son elecciones en democracia. Pero ahí termina la celebración: la democracia mexicana no es una “democracia constructiva”, no ha venido con ella un gobierno eficaz, ninguna decisión relevante (Bartra y Silva-Herzog, 2003: 18-22).

¿En dónde radica el problema? Bartra apunta hacia la clase política, una clase carente de imaginación y audacia, pero también a que quizá la nueva democracia mexicana se encuentre “inmersa en la cultura gris y fastidiosa de la tradición institucional revolucionaria” (2003: 19). De nuevo aparece la idea de que, en el fondo, detrás de la democracia electoral, los arreglos políticos siguen estando vigentes, no hay cambio mayor en lo cultural, por debajo del pluralismo se vive un arreglo predemocrático que no se ha sustituido, el cual, dice Silva-Herzog, es una mezcla entre la cultura política del priismo y las “tretas” o prácticas y entendimientos de la nueva democracia, que consisten en una falta de responsabilidad con la pretensión de sacar ventaja. Aunque quizá también sea un problema por la armazón institucional que se diseñó en la transición, y esboza una crítica al considerar que “estamos padeciendo las consecuencias de la simpleza con la que se concibió la tarea democrática” (2003: 20), las consecuencias del énfasis excesivo en lo electoral, en los “artefactos institucionales” y el descuido por la cultura política. Pero entiéndase, señala Silva-Herzog, que se necesita también una reconstrucción institucional en conjunto con una cultura política democrática; se requieren instituciones culturalmente democráticas, apunta Bartra a su vez (2003: 22).

Sea como sea, es a partir de 1997, con Escalante, que se apunta a la cultura política, desde diversos lugares y con diversos estilos. Comien-za a perfilarse un estado de ánimo de decepción, impaciencia y amargura por la pobreza de la democracia que se vive.

Y ese ánimo llega incluso a una nota editorial de Letras Libres en marzo de 2004, con la que inauguran un espacio dedicado a los sinsentidos y absurdos de la política cotidiana en México:

Ya es tiempo […] de que la conquista de julio de 2000, una democracia incipiente ganada a pulso, se llene de contenido, sobre todo frente al pasmo y el tartamudeo que hemos atestiguado desde entonces. Nada mejor que el armazón de la crítica como sustento del edificio democrático. Y la crítica encuentra objetivos en todos lados: en los poderes ejecutivo y judicial, en el Congreso de la Unión, en los partidos, en los medios de comunicación, en los políticos y en los opinadores profesionales. No obstante las excepciones honrosas, la estridencia es general: se dice mucho y se avanza poco, y lo que se dice se cree a pie juntillas, sin cuestionarlo, olvidando que poner en duda es la gimnasia mental del sentido común. Esta sección pondrá mensualmente en su mira algunos ejemplos relevantes del empantanamiento al que hemos llegado, muy probablemente mereciéndolo (Letras Libres, 2004: 100).

Muy “probablemente mereciéndolo” es la sentencia. Algo no se ha hecho o se ha dejado de hacer, pero al final todos eran responsables de la situación. Una vez más, como en los 70, todos son responsables de una situación que Krauze denomina teatro:

Hoy por hoy, la política mexicana es un teatro (mitad farándula, mitad reality show), transmitido en vivo por los medios de comunicación y ubicado en el eje Los Pinos-Zócalo-Donceles-San Lázaro, en cuyo escenario hablan el presidente y su esposa, el gabinete, el jefe de gobierno del DF, senadores, diputados, algunos gobernadores y el coro de la clase política, mientras el resto del país bosteza, abuchea o guarda silencio desde las butacas (Krauze, 2004: 24).

México está convertido en una Babel, acusa Krauze; el país atraviesa por un estado de confusión y desencanto, no por el desespero con la democracia, sí con la clase política:

Y no solo ellos, también han fallado instituciones clave como la Iglesia o las grandes universidades, los grupos de poder empresarial y los intelectuales, y la propia sociedad civil; sobre todo, los grupos que siguen enarbolando la ley del machete contra el imperio de la ley. En diversa medida, todos somos responsables. Conquistamos la democracia pero no hemos sabido cómo habitarla (Krauze, 2004: 24).

Y luego viene la repartición de culpas, entre ellas la de los intelectuales: los de izquierda acusan “un desdén por la verdad objetiva” y una obsesión por “la verdad revelada”, del lado de los intelectuales liberales “hay algunos y nuestro desempeño ha sido pobre” (Krauze, 2004: 27).

La democracia no es solo expansión del voto y elecciones, dice retomando a Amartya Sen, “‘la gloria’ de la democracia está en ‘el debate público abierto’” (2004: 27).5 Solo la discusión clara y pública puede generar una masa crítica que presione al sistema político en “el sentido correcto” (2004: 27).

Y esta es la opción para Krauze: para salir de la Babel en que se encontraba el país había que crear un espacio nuevo de diálogo y discusión pública fuera del teatro, solo así se podría generar esa cultura política democrática que ya antes se había preguntado cómo hacer.

José Carreño Carlón (2004: 30-34), lo mismo que Sergio Sarmiento (2004: 36-38), señala que hay ausencia de “un debate público civilizado”, a lo que habrá de agregarse lo que dice Fabrizio Mejía:

La democracia no es comentada ya por los intelectuales, sino por los expertos, los encuestadores, los comentaristas queridos porque confunden el humor con lo banal, los periodistas que interpretan el sentir del ama de casa. La autoridad ya no proviene de voces discursivas que comparten la creación de un consenso público, sino de una fuente distinta. El “líder de opinión” no es un intelectual, sino alguien que se identifica con el rating (2004: 100).

Para Mejía, lo que se expone en el espacio público son fórmulas y las fórmulas no se discuten; por tanto, no se requería organizar la discusión porque esta ni siquiera tenía existencia. Lo que se vive como Babel “no es un vocerío desordenado sino un automatismo en el que se repite la misma frase una y otra vez, sin variación, monocorde, cada quien tras su alambre de púas. Y el intelectual, bueno, ese no existe en el imaginario del gobierno ni en el de los medios masivos ni en el de la oposición” (Mejía, 2004: 101).

Aunque a estas alturas, y por la aparición de los personajes que publican sus reflexiones en Letras Libres, la pregunta es ¿aún hay intelectuales en México?

Legitimidad y legalidad: apenas esbozadas, casi ausentes

Una nueva elección presidencial llegó. En el año 2006 se presentó la competencia más reñida hasta entonces registrada y, con esto, un nuevo cuestionamiento a la legitimidad. Pero en las páginas de Letras Libres no se tocó el tema de la legitimidad o la legalidad, aunque se le dedicó un número a la situación.

Hay un factor destacable, y es que se recurrió a las etiquetas “mesías tropical”, “populista”, “bufones”, “ínsula barataria”, a través de las cuales caracterizaban a los inconformes y sus acciones o pretensiones, descalificándoles. Pero, con esto, la discusión pública que proponía Krauze dos años antes tampoco encontraba su lugar incluso en Letras Libres, ¿por qué?

Un comentario editorial de la revista puede ayudar a encontrar la respuesta, pues en el número dedicado a la “Izquierda perdida” (Letras Libres, 2006: 93), se expone la perspectiva de la revista sobre la situación.

Primero reconstruyen la historia de manera breve: para ellos, la izquierda había logrado encauzarse por la vía institucional de la democracia a partir de 1988, abandonando los caminos de la resistencia civil y convirtiéndose en un elemento central en la lucha democrática por la transición, acción que los había llevado a gobernar municipios y estados y, en 2006, a alcanzar la mayor votación de su historia.

Enseguida exponen la situación del momento: ese logro histórico que había alcanzado el partido, el

caudal legitimador y democrático, útil para la concordia y el bien ciudadano está a punto de ir a dar a la basura (¿de la historia?) por el solo capricho de un hombre (otrora luchador social de notable trayectoria) y de su fiel camarilla, integrada, para ironía mayor, por expriistas de última hora y de turbio –o negro– pasado electoral (2006: 93).

En el debate que se había suscitado alrededor del tema les parecía que “el sentido de las palabras había perdido su razón de ser ya que quienes dicen defender la democracia la están secuestrando, literalmente” (2006: 93); y hacen una diferenciación, pues lo que se estaba poniendo, en su perspectiva, con mala fe, manipulación y mentiras, “al borde del abismo”, era la legitimidad del sistema democrático construido “ardua y trabajosamente”.

Varias cosas llaman la atención de este editorial. Primero, la reivindicación democrática que se hace del prd, cuando en los principios de los 90 se le acusaba por sus comportamientos y actitudes antidemocráticas. Segundo, la llamada sobre la falta de institucionalidad en el comportamiento de López Obrador hacia su propio partido. Tercero, la vinculación de actores que no son “de izquierda” y pertenecían al régimen contra el que se luchó por la democratización en las acciones de esa “izquierda perdida”. Cuarto, la discrepancia en el entendimiento del significado de la democracia. Quinto, la postura de que el cuestionamiento es a la legitimidad de la democracia, no a la legitimidad de la elección y, en particular, a la legalidad de la elección.

Si se tienen en mente las reflexiones de los nueve, diez años anteriores, en Vuelta y Letras Libres, la postura de la revista es clara: el llamado a la legitimidad que estaban haciendo los inconformes era el uso que habían denunciado como un uso para el chantaje, un sentido “pervertido” de la legitimidad, que se encontraban entre las prácticas democráticas y las no democráticas, en el terreno del arreglo predemocrático donde una minoría se asume mayoría y exige algo en nombre de esa minoría, aunque implique violentar o minar la legalidad y la autoridad.

Cobra sentido, entonces, la caracterización que se estaba haciendo de López Obrador, el movimiento de apoyo y las acciones que seguía, en el número de septiembre de 2006 de Letras Libres. No hacía falta argumentar o discutir algo, porque ya todo había sido dicho, solo había que caracterizarlo para exponerle: Roger Bartra se encargará de observar los rasgos políticos antidemocráticos (2006: 16-22); Sheridan, de los recursos retóricos antidemocráticos (2006: 24-29); Luis González de Alba (2006: 30-34) y Christopher Domínguez Michael (2006: 36-38), de exponer las desventuras de los intelectuales que profesan la “verdad revelada” de Andrés Manuel López Obrador; Krauze, de exponer la “lectura deformada” de la historia del mismo Obrador (2006: 16-17); Cynthia Ramírez, de dar cuenta del “secuestro” de lo público (2006a: 44-54; y 2006b: 38-43); Ricardo Alemán, de dar cuenta de la transformación de un candidato a un “caudillo” (2006: 24-27). Quedaba demostrado que la situación que se vivía era una manifestación del pasado. El juicio estaba hecho y la discusión cerrada, o al menos la posibilidad de ella.

Las cursivas son mías.

Es interesante que, en principio, mientras Fox habla de su proyecto humanista se refiera no a la justicia social sino a ser “socialmente responsable”, haciendo uso de un término más cercano al de las empresas, y que años más adelante vuelva al término “justicia social”, cuando quiere ubicar el tema de la desigualdad y la pobreza en la agenda nacional.

En el número siguiente de la revista, un editorial (Letras Libres, 2000: 18-21) propone un listado de diez compromisos por la democracia.

Al respecto del liberalismo en México, véase Aguilar Rivera (2010).

El texto al que se refiere Krauze es “El ejercicio de la razón pública”, publicado en Letras Libresnúm. 65 (mayo de 2004).

Capítulo 8 Recuento, punto y aparte

Si habría que resumir el estado de ánimo del país del 2006 al 2012, de manera general podría decirse que ha crecido la insistencia en la urgencia de un cambio mayor en la estructura de la organización política y cultural del país, pero nadie ha sabido cómo hacerlo posible; mientras tanto, la inseguridad y el narcotráfico han acaparado la atención y las calles; lo que ha preponderado –hasta mayo de 2012, cuando surgen los movimientos de protesta política en el contexto electoral– ha sido el tedio y el convencimiento cada día mayor de que nadie está a la altura de los tiempos, que se camina a oscuras hacia el porvenir, y, quizá, con los ojos cegados hacia nuestro pasado inmediato.

Este trabajo intenta dar un poco de luz en la revisión de la democracia que se ha ido construyendo desde la década de los años 40 del siglo xx en México. Es una perspectiva parcial y, por tanto, limitada, como lo son todas, que parte de la visión política de un grupo de intelectuales que en mayor o menor medida coincidieron en cuatro publicaciones, y que hicieron su análisis y crítica de la vida política de su tiempo, pero que nos ayuda a observar la forma en que se construyeron los sentidos en que se ha comprendido a la democracia en este país.

James Farr señala que las creencias, acciones y prácticas del ámbito político son características de la vida política que se constituyen de manera conceptual, y que es en la crítica –que suele dirigirse a las contradicciones incorporadas en la vida política– donde se puede observar la innovación conceptual y el cambio político (1988: 13-34).

En esta investigación es a estos procesos, de crítica y detección de contradicciones entre valores creencias y acciones, así como a los momentos de dificultad nominativa, referentes a la “legitimidad” política y la “democracia”, a los que se ha intentado observar y presentar de modo analítico para trazar la configuración de tales conceptos en la política mexicana durante la segunda mitad del siglo xx y principios del xxi.

Este es un trabajo que corresponde a un entrecruce entre la teoría política, la filosofía política, la historia e inclusive la sociología, en una vertiente llamada historia contemporánea del pensamiento político, pero también llamada nueva historia intelectual o historia conceptual de lo político.

El rasgo de distinción de esta propuesta teórico-analítica de la política es su atención a los procesos de configuración de los marcos de pensamiento o conceptuación de lo político en el contexto histórico al que corresponde su desarrollo y el carácter local de surgimiento, desprendiéndose de la restricción de ceñirse a los esquemas planteados por los grandes pensadores políticos occidentales o de rastrear las influencias de estos en las elites locales. Es por tal motivo que fue elegida tal perspectiva para emprender el análisis de la configuración conceptual que han tenido la “legitimidad política” y la “democracia” en México desde 1940 hasta 2006.

El punto inicial de esta investigación era la pregunta sobre la idea o concepto de legitimidad que estaba en uso en la disputa poselectoral de 2006 en México, lo cual llevó a preguntarse en términos más amplios ¿cómo se le ha pensado a la democracia y a la legitimidad política en México? y ¿cómo ha sido su relación?, cuestiones que incluyen preguntas como ¿cuáles eran los fundamentos que se reconocían de la legitimidad?; si se habían transformado, ¿cuál era la relación entre democracia y legitimidad?, ¿de dónde provenía la comprensión electoral de los ciudadanos respecto a la democracia?, ¿en qué momento el significado de legalidad electoral se volvió hegemónico en el imaginario político mexicano respecto del concepto de legitimidad política?, ¿a qué otros sentidos desplazó?; y, respecto a todo ello, ¿el empleo que hacía López Obrador del concepto de legitimidad era o no una innovación conceptual?, sobre todo porque en la academia mexicana se llegó a considerar en los años 90 que los gobiernos de la Revolución en adelante eran ilegítimos por no estar cimentados en procesos electorales transparentes, libres y equitativos.

Para hacer el seguimiento y rastreo del concepto legitimidad se decidió observar las reflexiones de los intelectuales mexicanos. Del amplio grupo de estos y de los distintos soportes de difusión que utilizan para publicar sus reflexiones, se eligió a las publicaciones periódicas que permitieran observar todo el recorrido desde 1940 hasta 2006, manteniendo en lo posible cierta continuidad en los autores, esto es, convenía observar a un grupo intelectual que se mantuviera con cierta estabilidad por el periodo en cuestión.

Se eligió entonces a las publicaciones Plural, Vuelta y Letras Libres, a las cuales se le agregó Cuadernos Americanos para el periodo 1940-1970, por haber sido esta la revista en que se publicaron importantes artículos intelectuales críticos a la Revolución y al régimen posrevolucionario, además de que Octavio Paz, el líder del grupo intelectual objeto de estudio, había publicado ahí El laberinto de la soledad, y Daniel Cosío Villegas publicaría también en Vuelta y Plural, por lo que habría cierta continuidad en el grupo intelectual en estudio.

De igual manera se decidió dar cuenta del uso de los dos conceptos en el discurso gubernamental, en específico en el del presidente, para tenerlo como punto de referencia respecto al cual ir viendo la distancia y los desplazamientos conceptuales del discurso intelectual con relación al discurso del régimen posrevolucionario y el gobierno de alternancia.

¿Qué fue lo que se pudo observar respecto a las trayectorias conceptuales de la legitimidad política y la democracia en México? Hay, por lo menos, cinco grandes momentos de cambio conceptual:

1. Democracia como libertad y legitimidad como derecho a gobernar (1940-1970).

2. Crisis y cuestionamiento (1970-1982).

3. Reclamo por una nueva democracia y una legitimidad democrática (1982-1988).

4. Democracia como procedimiento: legitimidad como legalidad (1988-1994).

5. Legitimidad versus legalidad: democracia como cultura política ausente (1994-2006).

Democracia como libertad y el “derecho a gobernar”

El primer momento es el que se comprende entre 1940 y 1970, apro-ximadamente. En este periodo el término legitimidad ni siquiera aparece, pero hay cierta idea cercana a esta referida como el “derecho a gobernar” entre los intelectuales revisados.

Jesús Silva Herzog, Daniel Cosío Villegas, José Iturriaga y Octavio Paz coinciden en la crítica a la Revolución por su falta de proyecto y de fundamento ideológico, así como en la crítica al ejercicio de los gobiernos posrevolucionarios, pero terminan concediendo un “derecho a gobernar” a quienes la realizaron y luego a sus herederos.

El “derecho a gobernar” de los revolucionarios, señalan algunos, en su momento ni siquiera se puso en duda, no estaba a discusión, pero en el momento en que escriben sus críticas –la década de los 40– pareciera haber sido necesario justificarlo o al menos dejar en claro ese derecho ante las voces discordantes emanadas, se dice, de la derecha conservadora.

Así, a pesar de la crítica a los gobiernos, conceden legitimidad al régimen al establecer la validez de la Revolución, el derecho a levantarse en armas, para lo cual distinguieron entre la revuelta –como insurrección– y la revolución –como movimiento social para conseguir la justicia y la libertad ante la opresión del pueblo–, definiendo entonces al gobierno de Díaz como una dictadura.

El “derecho a gobernar” provenía de haber vencido tras un levantamiento que modificó un orden injusto: la Revolución. Pero, además, menciona Paz, no podría haber mejor gobierno que el de quienes hicieron la Revolución porque comprendían el sentir del pueblo por ser parte de él y haber sufrido las injusticias del régimen anterior. Concedían entonces una especie de doble legitimidad de origen al régimen emanado de la Revolución, a lo que debía añadirse un derecho de mando por los principios a los que respondía –el programa de la Revolución– y porque los gobiernos de la Revolución habían llevado a México a la contemporaneidad sin sacrificar la libertad y los derechos sociales, y mejorado la calidad de vida de la población en comparación con el régimen anterior.

Debe distinguirse entonces que en las fuertes críticas que hacen los intelectuales a los gobiernos de la Revolución se cuestionaba a los hombres que gobernaban y el incumplimiento del programa de la Revolución, pero no implicaba la negación de los principios a los que decía responder el régimen revolucionario.

Así, si bien el apoyo al régimen se sostenía porque se habían cumplido algunas metas del “programa de la Revolución” y se “mejoraba la calidad de vida” de la población, esa legitimidad se fue erosionando con el ejercicio del poder de los gobernantes revolucionarios hasta llegar a cuestionar la vigencia misma de la Revolución, en parte porque esta parecía haberse agotado, bien porque los gobernantes ya no respondían a sus principios o porque el país había alcanzado la contemporaneidad del mundo y por tanto los principios de la Revolución ya no eran suficientes, aunque no por eso dejaban de ser vigentes.

Aparece un primer cuestionamiento a la legitimidad pero sin ser contundente, sin referirse incluso al término, cuestionando a los gobernantes posrevolucionarios, pero concediendo que era lo único que había y estando de acuerdo en los principios de la Revolución y en el equilibrio entre intereses contrapuestos sin sacrificar la calidad de vida de la población y las libertades.

Por su parte, el concepto democracia casi no aparece en el discurso intelectual, y cuando lo hace es para definir al régimen de gobierno como una “democracia social”. Cierto es que se reconocía que no había una competencia electoral real, esto era parte de la crítica intelectual al régimen, pero los criterios para definirla como democracia dependían más de la comparación con el contexto internacional en dos factores que del cumplimiento estricto del procedimiento.

Tales factores eran que los gobiernos de la Revolución habían mantenido el respeto a la libertad de las personas y de los países, al mismo tiempo que la lucha por alcanzar una cierta justicia social (igualdad) entre los miembros de la sociedad. Factores estos últimos que habían sido puestos en entredicho en el mundo, primero por los gobiernos nazifascistas durante la Segunda Guerra Mundial y luego por el principal ganador de esta, Estados Unidos, con su política internacional imperialista que intervenía en otros países, teniendo como propósito real la expansión de sus mercados, así como por los países socialistas y su falta de respeto a la libertad.

La importancia del contexto internacional es clara cuando Cosío Villegas, en 1960, menciona que lo que traza la línea divisoria entre democracia y tiranía es la existencia de libertad personal y libertad pública, libertades que él mismo señala existen en el país en ese momento.

Sobra decir que en el discurso del gobierno la caracterización del régimen de gobierno era el de una democracia, pero a partir de dos caracterizaciones: por una parte se incorporaba un discurso de acercamiento a las democracias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, pues se sostenía que los principios a los que estas respondían se identificaban de manera plena con los principios que los mexicanos defendían desde su lucha de Independencia y luego de Revolución: libertad, justicia e igualdad; por otra parte, la definición de democracia que asumía el régimen, plasmada en la Constitución en el artículo tercero durante los años 40, señalaba a esta como un “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, y no nada más como una estructura jurídica y un régimen político.

Así, en el discurso presidencial se insistía en que el régimen era una democracia en construcción con una ciudadanía emergente, lo que implicaba un avance gradual en lo que se denominaba “democracia política”, refiriéndose a los procesos electorales con ello, la cual se supeditaba al alcance de lo que se denominaba “democracia social” y “democracia económica”, lo que sugería que había un plan trazado para llegar a ella como última etapa en el proyecto de los gobiernos posrevolucionarios por hacer un orden social justo.

Sin embargo, los intelectuales no compartían esa impresión y la ponían en duda, pues los resultados eran inciertos si no es que contrarios al discurso, y el acontecimiento de 1968 sembraría la duda definitiva.

Crisis y cuestionamiento

Este es un periodo que va de 1970 a 1982, aproximadamente. En el periodo anterior había un reconocimiento y a la vez un cuestionamiento también a la legitimidad de los gobiernos posrevolucionarios sin que el término apareciera; a lo más, se hablaba del “derecho a gobernar” y de la “crisis de la Revolución”.

En este momento, entre 1970 y 1982, se sigue un proceso intelectual que se puede resumir en cuatro etapas que siguen un cierto orden temporal y argumentativo de aparición:

a) Dictaminar su crisis como pérdida de sustento.

b) Establecer que el régimen no es democrático.

c) Explorar el funcionamiento del régimen.

d) Analizar los fundamentos de legitimidad del régimen.

Al principio del periodo cobra fuerza la idea de que el régimen se encuentra en crisis, en un agotamiento, en una “quiebra moral” y ha perdido la credibilidad y confianza de la gente. Esta crisis surgió por la contradicción entre los principios de la Revolución, en particular el de la “justicia social” como propósito del régimen, y la desigualdad generada por el proyecto económico, con lo que la caracterización como “democracia social” queda puesta en duda.

Para manifestar esa insatisfacción creciente, los intelectuales de la revista revisada comienzan a explorar posibles salidas al régimen y solo atinan a ver dos: la violenta, que descartan, y un movimiento social desde “abajo”, pues a las reformas que propone el mismo régimen no les otorgan credibilidad, ni son del todo deseables porque las ven como simples paliativos cuando lo que se requiere es una transformación. Sin embargo, no aparece aún el reclamo democrático; de hecho, las salidas del movimiento social tampoco son vistas como factibles.

A su vez, lo que permite distinguir a este momento como uno distinto del anterior es el rompimiento con la idea de “democracia social” para caracterizar al régimen. Desde el inicio de Plural, en las reflexiones intelectuales sobre la política se intenta definir la forma del régimen y se le comienza a caracterizar como algo distinto a la democracia, pero sin atinar a nominarlo con precisión debido a sus rasgos particulares.

La primera caracterización que se formula en este periodo es la de “monarquía sexenal”, de Cosío Villegas; conforme avanzarán las décadas de los 70 y 80, se le denominará autoritarismo, dictadura, régimen peculiar, democracia vieja y nueva.

También se comienza la exploración de los factores por los cuales el poder se mantiene, y aquí se explica por qué el movimiento social no se veía factible. Estos factores son la corrupción, la compraventa de voluntades, de la que participa toda la sociedad y la movilidad social de la clase media incipiente. Comienza a aparecer la idea de que todos eran responsables por el mantenimiento del régimen, pues todos participaban de manera interesada de él y establecían relaciones de connivencia.

Con la desaparición de Plural y la inmediata aparición de Vuelta, en 1976, se da un giro en la reflexión política, pues adquiere un perfil politológico, esto es, se incorporan académicos cercanos a la ciencia política, a diferencia del periodo de Plural en que la reflexión era básicamente realizada por intelectuales con un perfil más clásico, de literatos.

Es en este momento que la caracterización del régimen apunta hacia la categoría del autoritarismo e inclusive de la dictadura, aunque con la observación de salvedades por el respeto a las libertades como argumento para mantener las reservas sobre el carácter autoritario del régimen, mismas que no permiten alcanzar un consenso al respecto y se seguirá hablando de democracia nueva y vieja, así como de régimen peculiar.

Se sigue reflexionando sobre el sustento del régimen, pero incorporando la idea de las relaciones de conveniencia, y se propone que el sustento del régimen, en ese momento, proviene del consenso y la negociación entre las elites, así como del consentimiento de los diversos sectores sociales (obreros, campesinos, clase media, intelectuales, prensa, etcétera) por los beneficios que les otorga el régimen, y no de las elecciones, que son, en todo caso, simulaciones, forma sin contenido: la democracia en México era una forma sin contenido, una máscara, una simulación.

No solo por el carácter del régimen-gobierno sino porque, además, los partidos políticos no eran lo suficientemente fuertes ni atractivos como para convertirse en una opción real para los electores, pues, hasta entonces, no habían logrado formular un proyecto político sólido y, por otra parte, se les veía como cómplices del pri, copias y sucursales de este porque reproducían sus mismas prácticas y promovían como candidatos a quienes salían de él.

En este momento se pone en duda la fuerza y el poder del presidente, se cuestiona la imagen de todopoderoso, pues se considera que su fuerza depende de su capacidad de negociación y liderazgo hacia dentro del partido con las elites políticas y corporativas, y hacia fuera con las elites económicas y regionales. Lo cual tiene su lógica, pues si se señalaba que el régimen se sostenía por la negociación y las concesiones, el máximo responsable de sostener y mantener estos arreglos era el presidente, con lo cual su “derecho a mandar” dependía de que lograra establecer los vínculos y negociaciones que le permitieran “hacer su voluntad”.

Hacia 1974 aparece el término legitimidad, vinculado a la reflexión política del régimen, pues, si bien ya se utilizaba desde los 40, se hacía para referirse a las aspiraciones del pueblo. Aparece entonces el término unido a la idea de crisis, esto es, aparece bajo la idea de “crisis de legitimidad” del régimen para referirse a la ya mencionada idea de pérdida de sustento o apoyo.

Pese a ello, no es sino en 1978 cuando se analizarán los fundamentos de legitimidad del régimen, tomando por legitimidad a lo que fundamenta ideológicamente y lo que sostiene en la práctica cotidiana al régimen. Así, habrá para quien la legitimidad del régimen se basa en las organizaciones corporativas de obreros y campesinos que integraban al pri, mientras que para otros las fuentes de legitimidad se encontraban en la herencia republicana, la herencia revolucionaria y las fórmulas sexenales coyunturales referentes al poder de negociación y concesión de cada presidente.

Cabe señalar que este diagnóstico explícito de la crisis de legitimidad del régimen surge a partir de la revisión y recuento de lo sucedido en 1968. Solo entonces se interpreta a la “quiebra moral” como una crisis de legitimidad del régimen, la cual cobra tal dimensión retroactiva, y hace del movimiento estudiantil de 1968 el momento clave para señalar su expresión explícita.

La reforma política que emprende el gobierno a mediados de los 70 se interpreta como un intento por hacerse de una nueva fuente de legitimidad basada en las elecciones y a la que denominan legitimidad democrática. Aquí cabría distinguir entre el uso de los términos legitimación y legitimidad porque poco a poco se deja de utilizar el primero y cobra relevancia el segundo, pero lo cierto es que aquí se utilizan aún de forma indistinta y no será sino después de 1988 que se clarificará el uso de los términos.

El punto más explícito de la crisis del régimen y de su pérdida de credibilidad y confianza llega cuando Zaid somete a análisis la utilización del término revolución en el discurso público, desmitificándolo y afirmando que su uso excesivo le ha “emputecido”, le ha vaciado de significado, pues al utilizarse para calificar todo y a todos como revolucionarios se habría convertido en un discurso vacío que disfrazaba la realidad.

A su vez, el discurso presidencial oscilaba entre la apertura y el mantenimiento del régimen; así se reconocía, con Echeverría, la existencia de diversas valoraciones y perspectivas acerca del régimen revolucionario, así como la existencia de otras opciones políticas, pero supeditaba estas a la guía moral de los principios de la Revolución, a la vez que hacía de la Constitución de 1917 el nuevo fundamento de legitimidad del gobierno, señalando a su gobierno como el de “transición hacia una nueva sociedad”.

López Portillo reafirmaría a la Constitución como el fundamento legal de los gobiernos y a la Revolución como punto de partida y unión de todos los mexicanos, pero este traslado del fundamento del gobierno implica la aceptación de que la permanencia en el poder no es incuestionable, de tal manera que después reivindica el componente electoral de la democracia, lo que implicó abrir –al menos reconocer– la competencia política por el acceso al gobierno. Esto se da en un contexto latinoamericano de regreso de las dictaduras y luego de inicio de transiciones a la democracia.

En este contexto de reforma política, en el discurso presidencial aparece también el término legitimidad con dos usos distintos: por una parte, para reconocer las “legítimas aspiraciones democráticas” del pueblo; y por otra, para referirse a la legalidad del poder. Así, habría dos sentidos de la legitimidad, uno asociado a la voluntad del pueblo y otro a la estructura legal constitucional.

Reclamo por una nueva democracia y una legitimidad democrática

El tercer momento que se puede distinguir va de 1982 a 1988, aproximadamente, y va de lo que se interpreta como un rompimiento de la relación entre Estado y clase media, pasando por el despertar de la sociedad, a la demanda democrática como vinculación entre legitimidad y elecciones.

Al igual que en el periodo anterior, es posible detectar los pasos dados por la reflexión intelectual sobre la política:

a) Identificar la inconformidad popular con el régimen.

b) Enunciar el reclamo democrático –respeto al voto– como desagravio a la sociedad por el mal desempeño y la postergación del primer principio revolucionario.

c) Anunciar el despertar de la sociedad y su renacimiento moral.

d) Destacar la primacía de la legitimidad electoral y vincularla a la legalidad.

La crisis económica de 1982 se interpreta entre los intelectuales que escriben en ese momento como un factor que potencialmente terminaría con el pacto existente entre las clases medias y el régimen posrevolucionario, pues a este le sería imposible mantener las oportunidades de movilidad social así como el mantenimiento de las condiciones de vida de aquella.

Las elecciones aparecen entonces como una vía de expresión de tal inconformidad; y si ya en los 70 se había sugerido que la abstención era una protesta en contra del régimen, ahora toma fuerza esa interpretación al incrementarse la votación a favor de los partidos de oposición.

Aparecen también dos planteamientos que hace Octavio Paz: el primero, que la democracia se reconoce como legitimidad histórica por todos los regímenes, aunque esté pendiente o suspendida –la afirmación la hace para toda América Latina pero la asegura válida para México también–; y segundo, aunque lo hace de pasada y no se detiene a explicar sus consecuencias, la democracia se debe entender como la instauración de la sociedad por sí misma.

Lo que hace Paz con estos dos planteamientos es establecer la legitimidad democrática como la única legitimidad realmente válida y, segundo, hacer patente la necesidad de que solo la sociedad se puede ordenar políticamente a sí misma. Así, se establece que el régimen no es legítimo porque no ha sido establecido de manera democrática y explica también el porqué no había aparecido un reclamo democrático abierto a pesar de los cuestionamientos a la legitimidad del régimen, pues la ausencia de una sociedad moralmente virtuosa impedía que se pudiera ordenar a sí misma y hacer un reclamo válido, no había sujeto o agente de cambio.

Bajo las condiciones de crisis económica y del rompimiento del pacto entre clase media y el régimen posrevolucionario, aparece en 1984 el reclamo por una democracia sin adjetivos, el reclamo democrático, el respeto a las urnas. Pero el reclamo se basa en la exigencia de un “desagravio” a la sociedad por el mal desempeño del gobierno en alcanzar los objetivos de bienestar social y debido al cual se había postergado la democracia. La concepción de democracia que se plantea en este reclamo es muy simple: respeto a las urnas, respeto a la decisión de la sociedad, respeto al voto.

Sin embargo, el reclamo publicado parece ser más una “cuestión de opinión” que un reclamo con sostén social real, pues es un reclamo que se olvida de los arreglos sociales institucionales necesarios para que la democracia sin adjetivos –en referencia a la “democracia electoral” o “política”– pueda funcionar, un reclamo que se olvida de las críticas intelectuales por la falta de una sociedad virtuosa y de las críticas por la falta de un sistema de partidos fuerte. La impresión que genera este reclamo de “desagravio” y su argumentación es la de responder a un impulso emocional más que dar voz a una exigencia social real.

Aparece entonces un momento que da lugar a reflexiones que más parecen profecías y actos de fe: se anuncia el fin del pri, el fin de la legitimidad tradicional revolucionaria y de la legitimidad carismática presidencial para sostener que solo la legitimidad democrática es válida, se cree en la voluntad democratizadora de la clase media, a la cual se convierte en el agente de cambio, portadora de la legitimidad política. La transición aparece como un escenario posible en el corto plazo.

Los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y su tragedia aportan al argumento de cambio, pues la reacción de la sociedad se interpreta por Paz y Krauze como el despertar de la sociedad civil y se anuncia, inclusive, su reconversión moral a partir de este suceso, se purifica de la complicidad por conveniencia o complacencia indiferente que mantenía con el régimen.

Aunque, cabe señalar, la forma en que se denomina la aparición de esta nueva sociedad implica ciertas dudas: “lucidez sonámbula” le llama Paz, por ejemplo. En todo caso, el reclamo democrático ya tenía un sujeto en nombre del cual hacerlo y un sujeto que haría posible alcanzar la democracia.

Llegaría 1988 y, antes de las elecciones, aparece la escritura de la historia en la que se define ya, sin dar lugar a dudas, al régimen posrevolucionario como un autoritarismo, aunque tardará diez años el gobierno priista en reconocer su pasado como un autoritarismo.

Esta escritura de la historia identifica al momento como uno de lucha entre futuro y pasado, entre una lógica moderna y una arcaica o tradicional, entre democracia y autoritarismo. Aparece también la celebración de la teoría ingenua o naive de la democracia y el convencimiento de que lo único que hace falta para que la democracia funcione es que la gente acuda a votar aunque no se relacione de manera activa con la política el resto del tiempo.

Democracia como procedimiento:legitimidad como legalidad

Las elecciones de 1988 marcan el inicio de una nueva concepción sobre la legitimidad que se orienta hacia el respeto del origen procedimental democrático del acceso al poder y no por principios de gobierno o herencias, pero solo hacia el final de la discusión sobre la reforma electoral esta situación de la legitimidad se comienza a aclarar y, detalle interesante, quien lo distingue es el siguiente presidente en turno, Ernesto Zedillo.

Mientras tanto, la reforma electoral, en la interpretación intelectual, debía establecer el principio de legitimidad electoral y para ello se requerían autoridades electorales imparciales y confiables. La legitimidad electoral solo se podría establecer si se contaban los votos de forma correcta y se reconocían las derrotas del pri –o lo que es lo mismo, se reconocían las victorias de la entonces oposición–.

Sin embargo, la utilización del concepto indica que cuando se hace referencia a la “ilegitimidad” se establece una relación que no se vincula a la legalidad sino a algo que está más allá de esta, previa inclusive a esta. La legitimidad electoral se encontraba más allá de la legalidad vigente en ese momento porque a aquella se le vincula con un ideal de imparcialidad que daba lugar a la exigencia del cumplimiento de ciertos requisitos a partir de los cuales se debía configurar la legalidad y regir en los procesos electorales.

Un punto en el que conviene detenerse es que a partir de este momento solo se utiliza el término legitimidad y desaparece el de legitimación, a partir de lo cual se puede esbozar una hipótesis acerca del significado de los términos por su uso. Así, legitimidad se utiliza para referirse a la situación en que el “derecho a gobernar” se obtiene antes de asumir el poder por la situación o procedimiento de acceso a él, mientras que legitimación señalaba la aceptación posterior al acceso del poder por el ejercicio que se hacía de este según ciertos principios sobre los que existía un acuerdo aprobatorio.

Cabe aclarar que en este periodo de discusión de la reforma electoral hay un abandono de parte de los intelectuales clásicos, que habían llevado la voz principal del reclamo democrático en Vuelta, dejando el tema a voces con un perfil más académico y politológico, distinguiendo a este momento como uno de análisis técnico y no de reflexión intelectual; pero este periodo dura relativamente poco porque muy pronto regresan las figuras intelectuales principales de la revista, esta vez para hacer el repaso de la historia reciente del proceso de democratización.

Esta idea de legitimidad, que se comienza a establecer entre 1988 y 1994, también va apuntando hacia la credibilidad de los resultados electorales, de ahí que se señale, respecto de las elecciones de 1991, que al coincidir los resultados electorales con las tendencias señaladas por las encuestas –de reciente aplicación y difusión pública– las elecciones se habían convertido en verdaderos “mecanismos de transmisión de información sobre la realidad”, y no como antes de 1988, donde las elecciones no reflejaban ningún parecer ciudadano.

Y esto lleva a la primera pronunciación acerca de que el recurso a la denuncia de fraude carece de credibilidad, e incluso se le califica como una salida retórica y demagógica, pues la credibilidad que había adquirido el conteo de votos fortalecía el respeto a la legislación electoral como garante de la limpieza electoral, aun cuando se señalaba el posible vicio de los resultados electorales por las prácticas ejecutadas en la elección que, aunque no eran ilegales porque no estaban consideradas como faltas a la ley, habían hecho inequitativa la elección.

Esto planteaba otra situación: ¿podía ser, además de legal, legítimo el triunfo del pri? Porque, como se recordará, la derrota del pri había sido establecida como el punto de reconocimiento de respeto al voto y el signo indiscutible de la llegada a la democracia.

De las reflexiones intelectuales de la época se desprende que el pri solo podría ganar con legitimidad cuando todos los factores que pudieran propiciar inequidad en la competencia fueran regulados; esto es, se pusieran límites al poder del ejecutivo, se estableciera una nueva relación entre gobierno y prensa, se abriera la competencia en el medio televisivo, independencia de los poderes, rendición de cuentas y transparencia.

La legitimidad adquiere una nueva vinculación, ahora con mayor precisión, pues además de la observancia de la legislación que garantiza el conteo imparcial de los votos implica la de prácticas y valores de los actores apegados a la competencia equitativa y leal (igualdad de oportunidades, financiamiento equitativo, acceso a los medios de comunicación, separación entre gobierno y Estado).

La caracterización que aparece entonces del régimen político es de democracia formal, una democracia que cumple y respeta a la forma electoral (por lo que se vuelve a hablar de “democracia formal” pero en sentido distinto al de los años 70), que necesita ir más allá de esta, ir más allá del conteo imparcial de los votos, hacia las condiciones en que se ejerce ese voto y luego el poder político.

Así, del simple respeto a las urnas como formulación de democracia en 1984, se pasó a una conceptuación de la democracia en 1992 que tenía que ver con las elecciones pero también con la libre expresión de las ideas, formas de resolver disputas, estado de derecho, igualdad de derechos políticos y legales.

El concepto de democracia se había ampliado pasando de lo estrictamente electoral a caracterizar un cierto ejercicio del poder y la conformación institucional del Estado, pero también a la configuración de un esquema de prácticas y valores que fortalecieran a la democracia. Es-quema que, en 1993, se detecta ausente en las elites políticas y económicas, así como también en los medios de comunicación, lo que se señala entonces como un factor de riesgo para la democracia por la persistencia de lo que se identifica como voluntad y prácticas autoritarias.

Así, a pesar de que se declara caduca la legitimidad que sustentaba al gobierno en los principios de la Revolución y la justicia social al anunciar que la democracia es el único régimen legítimo al que pueden aspirar los pueblos y se hace hegemónica la idea de democracia procedimental como fuente de acceso al poder, en este momento se comienzan a detectar las contradicciones entre las formas institucionales democráticas y las prácticas y valores políticos presentes en los ciudadanos y actores políticos, las cuales se pueden identificar como continuidad del régimen posrevolucionario.

Es interesante que en este momento se postule también la conformación de legitimidad en el nuevo contexto democrático como coincidencia entre legislación y valores y prácticas: “El sistema institucional que regula la competencia incluye el marco legal, los valores y prácticas de los actores. El marco legal y la lucha, entendida como una competencia entre adversarios leales, generan legitimidad” (Sánchez, 1993b: 13).

Si bien se afirma que el problema surgía cuando marco legal y valores y prácticas de los actores políticos no coincidían, no había motivos para la alarma, pues en este momento de transición se consideraba normal este desfase observado entre marco legal y prácticas, de tal manera que se describía el momento como uno en que lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no acababa de nacer, era un tránsito de acomodo donde las prácticas y valores de ambos esquemas políticos –democracia y autoritarismo– convivían entrelazados.

Legitimidad versus legalidad; democracia como cultura política ausente

La elección de 1994 se interpretó como la de la “aparición” de nuevas actitudes ante la vida pública por parte de la gente, lo que da lugar a que se celebre de nueva cuenta una naciente ciudadanía, esto debido a la gran cantidad de electores que participaron en la elección dadas las condiciones de inestabilidad y violencia que se habían vivido en el año. Esto no hizo olvidar los señalamientos sobre las contradicciones entre el marco legal y el esquema de prácticas y valores, pero el foco se llevó hacia el marco legal de nueva cuenta, considerando que la regulación podría combatir y eliminar ese esquema.

A su vez, en el análisis de la elección se volvía a tratar la separación entre legalidad y legitimidad, ahora bajo el argumento de la falta de equidad en la competencia y la ausencia de respeto al valor de competencia leal y equitativa, pues el pri seguía haciendo uso de los recursos públicos para promocionar a sus candidatos.

Así, el cuestionamiento a la legitimidad era una expresión de rechazo a la ley electoral vigente por dos motivos: primero, por dejar fuera esta consideración sobre la equidad en la competencia; y, segundo, porque en su elaboración había quedado fuera uno de los competidores.

Se propone entonces que para dotar de legitimidad a la ley había que crear un nuevo acuerdo o pacto social entre los actores políticos, que llevara a la aceptación de las reglas elaboradas bajo condiciones satisfactorias para todos y terminar de una vez por todas con las disputas electorales. De ahí que el entonces presidente Zedillo llamara a la realización de una “reforma electoral definitiva” que hiciera de la legitimidad legalidad y de la legalidad legitimidad.

Aquí aparece una reflexión de la que se puede comenzar a discernir el problema con la legitimidad en México, en la cual se define a la democracia como un “régimen de administración legal de los intereses” y como un momento de afirmación del discurso ético, axiológico; por tanto, de “crisis crónica”, por la diferencia y competencia entre valores distintos que estarían alterando de continuo al orden político y poniéndolo bajo cuestionamiento permanente.

Si a esto se le suma que la legitimidad política, tal como se le ha pensado hasta este momento, solo se alcanza cuando se cumplen ciertos valores, entonces la ley no funda legitimidad, sino que son los valores o propósitos a los que responde la ley lo que otorga legitimidad, es decir, es la moralidad pública lo que funda la legitimidad. El problema radica entonces en definir ¿cuáles son los valores que conforman el imaginario político social en el contexto mexicano para fundar legitimidad?

De manera tentativa tendrían que ser los valores liberal-democráticos, pero –como se había mencionado– se estaba en un momento de transición donde lo nuevo y lo viejo se mezclaban, donde lo viejo no se acababa de ir y lo nuevo no acababa de llegar, de tal manera que se identificaba que aún persistía en muchas cosas el arreglo político “predemocrático” del régimen priista, en el que las “necesidades del pueblo”, sus “legítimas aspiraciones”, eran el criterio moral último para definir lo que era legítimo y lo que no, y si debía o no cumplirse la ley y respetarse el mandato de la autoridad.

Los llamados o denuncias de “ilegitimidad”, hacia 1997, se interpretan como un chantaje a la autoridad y rechazo a la ley, marcando este empleo del término como “pervertido”, el cual era de uso común en el discurso público enunciado lo mismo por las elites políticas que por las organizaciones de la sociedad civil cuando no les convenía lo establecido en la ley.

Un uso que desde las páginas de Vuelta también se califica como “reaccionario” porque ataca solo a las instituciones que se consideran modernas, como el mercado, el derecho, la representación política, el Estado, mientras que reivindica a la familia y la fuerza como principios de autoridad.

Así, de acuerdo con este uso identificado, ya no entre los partidos políticos y candidatos en exclusiva, sino entre la sociedad en general, la ley y la autoridad solo serían legítimas si resarcían un “agravio”, compensaban una “necesidad” o respondían a una “aspiración” del pueblo –como se decía en los años 80, 70 y 40–.

Se establece aquí la identificación de dos sentidos de la legitimidad en disputa o conflicto en la perspectiva cultural: por un lado, una legitimidad originaria del régimen posrevolucionario en que el gobierno o la ley son legítimos solo en tanto responden a las “necesidades del pueblo” o a su “desagravio”, y una legitimidad democrática que se establece a partir del respeto al procedimiento o a la ley, lo mismo un reglamento de tránsito que las normas a partir de las cuales se regula el acceso al poder –con independencia de las propuestas o principios programáticos para el ejercicio del mismo–; una legitimidad que se deriva del respeto a la ley en su constitución.

Estos dos sentidos se reflejan inclusive en los discursos de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox. El primero, si bien reconoce que el régimen posrevolucionario había sido autoritario y había transitado hacia la democracia y la legalidad democrática, no puede dejar de reivindicar a la Revolución y al principio de justicia social, al mismo tiempo que al liberalismo político y económico, como principios de gobierno. De igual forma, Vicente Fox, primer presidente de un partido distinto al pri, si bien hace referencia continua al respeto estricto de la ley, termina reivindicando a la justicia social como el objeto de acción de la ley y el gobierno, y como principio rector del ejercicio de la autoridad. Una vez más, se sugiere que la ley y el gobierno deben dar cumplimiento y orientarse a satisfacer las “necesidades del pueblo”.

Y esta esquizofrenia o caracteres en conflicto sobre la idea de legitimidad predominante en México estaba llevando, en 1997, a que lo que debía ser un régimen democrático con legitimidad basada en la ley se convirtiera en una cosa distinta de la democracia, o en un

régimen justiciero y revolucionario, que a la vez procura impulsar la modernización y sabotearla donde pueda ser más agresiva. Un régimen de retórica ambigua y gritona, cuya legitimidad deriva en buena medida de sus inclinaciones antiestatales y cuya estabilidad se mantiene a fuerza de agudizar esa contradicción radical: ser moderno y justiciero, revolucionario e institucional (Escalante, 1997d: 63).

A partir de este momento, la reflexión intelectual se centra en la falta de una cultura política democrática, cívica, que permee a toda la sociedad, de las elites económicas y políticas a los medios de comunicación y los ciudadanos. Se concentra en la toma de conciencia de que la ley y la democracia no pueden funcionar si no existe una “mentalidad” o cultura política que la sostenga y sea coherente con esta, de que la construcción del orden democrático va más allá de la “democracia sin adjetivos”, de la “democracia naive” que se demandaba y celebraba a mediados de los 80.

La cultura política que podría sostener a la democracia, se considera, es la liberal, y esto lleva a la reflexión sobre la tradición intelectual liberal, apuntando hacia una grave conclusión: en México ha habido liberales pero no demócratas; Cosío Villegas fue liberal pero no demócrata, Paz fue liberal pero no demócrata sino hasta casi el final de su vida; y Krauze se identifica a sí mismo como el único liberal y demócrata.

Pero a partir de este listado krauziano se desprende una conclusión más grave aún: al ser solo tres los intelectuales liberales identificados, se puede señalar que en México no existe la tradición intelectual liberal; luego entonces, ¿cómo se puede sostener un régimen que requiere de los valores liberales sin liberales que los difundan?

El resto del periodo de estudio, de 2000 a 2006, es solo la constatación de esa contradicción entre el arreglo democrático y el arreglo predemocrático con sus prácticas y valores, asunto que se planteó desde 1997, así como de la ausencia de coincidencia entre liberalismo y democracia en la tradición intelectual y, por tanto, en la cultura política de la sociedad.

La disputa de 2006 sobre la legitimidad política fue la ilustración de todo ello y de tres sentidos de legitimidad en cuestión:

1) Legitimidad como cuestionamiento al derecho a gobernar resultado de las elecciones por la falta de equidad y de respeto a la ley electoral, lo que desembocó en la denuncia de agravio por el fraude electoral, sobre el cual se reclama un desagravio aun cuando esto signifique el rompimiento de la legalidad establecida.

2) Legitimidad como cuestionamiento al (futuro) ascenso al poder del ganador porque tanto él como el ejercicio pasado del poder no respondían al principio fundamental de la justicia social y el cuidado de las necesidades del pueblo.

3) Legitimidad como derecho a gobernar por el cumplimiento de la legalidad y acato a la autoridad establecidas.

La respuesta a la pregunta de por qué no se le había prestado atención al cuestionamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre la legitimidad del ascenso al poder de Calderón, distinto al cuestionamiento sobre la legalidad electoral, y sobre si ese uso era una innovación conceptual, es no.

Desde la perspectiva de los intelectuales revisados, la disputa de López Obrador es una reedición o ejemplo de la vigencia de una conceptuación establecida durante el régimen posrevolucionario y recuperada hacia finales de los 90, a partir de la cual se descalifica la ley y la autoridad política. Son los dos primeros sentidos del concepto de legitimidad identificados líneas arriba.

Es por ello que no se prestó credibilidad a esta enunciación, mientras que el cuestionamiento a la legalidad de la elección sí la obtuvo, pero solo hasta que la autoridad electoral determinó su sentencia y dio validez a la elección y a su resultado. El recurso a la denuncia de un fraude, más allá de las inconsistencias del mismo, había sido desechado desde principios de los años 90 por este grupo intelectual y calificado como acto de negación de la derrota.

De ahí que tanto la persistencia de López Obrador en la protesta y sus acciones de “resistencia” hayan sido interpretadas como expresión de las reminiscencias del régimen posrevolucionario, prácticas y valores del pasado a las que no había que combatir, pues eso les daría vida, sino presentar como expresiones de un pasado ya caduco y que se niega a morir.

Hoy en día persisten las dos lógicas en esta peculiar y concreta democracia del siglo xxi. Es necesario comprenderlas porque siguen dando forma a la vida política del país, configuran la experiencia de la legitimidad y la democracia, y potencian la apertura de nuevos horizontes para la vida política de México.

REFERENCIAS

Aguilar Mora, Miguel (1984). “La democracia socialista, ¿una utopía?”. Vuelta. Núm. 90. Pp. 46-50.

Aguilar Rivera, José Antonio (2010). La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970. México: Fondo de Cultura Económica.

Alemán, Ricardo (2006). “amlo: de la impostura democrática a los bufones de la plaza”. Letras Libres. Núm. 94. Pp. 24-27.

Ávila Camacho, Manuel (1946). “Un discurso al pueblo mexicano”. Cuadernos Americanos. Núm. i-viii. Septiembre-octubre.

Aziz Nacif, Alberto (2007). “El retorno del conflicto: Elecciones y polarización política en México”. Desacatos. Núm. 24. Pp. 13-54.

Ball, Terence, James Farr y Rusell Hanson (1995). Political Innovation and Conceptual Change. Gran Bretaña: Cambridge University Press.

Bartra, Roger (2007). “Fango sobre la democracia”. En Fango sobre la democracia. De: Roger Bartra. México: Planeta. Pp. 63-83.

__________ (2006). “Fango sobre la democracia”. Letras Libres. Núm. 93. Pp. 16-22.

Bartra, Roger y Jesús Silva-Herzog Márquez (2003). “Reparar o sembrar. Una conversación sobre política mexicana”. Letras Libres. Núm. 54. Pp. 18-22.

Bazdresh, Carlos (1984). “¿Nación débil y Estado fuerte?”. Vuelta. Núm. 91. Pp. 44-46.

Beetham, David (1992). The Legitimation of Power. Hong Kong: The Macmillan Press.

Bocardo Crespo, Enrique (2007). El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner, y seis comentarios. España: Tecnos.

Bohórquez, Eduardo (1996). “El desencanto de la democracia. Una entrevista con Guy Hermet”. Nexos. Núm. 217. Disponible en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=448116 [consultado el 28 de noviembre de 2013].

Brading, David A. (2004). Mito y profecía en la historia de México. México: Fondo de Cultura Económica.

Camacho, Manuel (1984). “La batalla democrática”. Vuelta. Núm. 90. Pp. 42-45.

__________ (1978a). “Las piezas del sistema: la herencia republicana”. Vuelta. Núm. 18. Pp. 28-29.

__________ (1978b). “La cuarta reforma del pri”. Vuelta. Núm. 21. Pp. 20-24.

__________ (1977a). “Las opciones políticas de hoy”. Vuelta. Núm. 8. Pp. 46-50.

__________ (1977b). “Las piezas del sistema: la presidencia”. Vuelta. Núm. 13. Pp. 25-26.

__________ (1974). “El Estado mexicano del futuro”. Plural. Núm. 37. Pp. 31-34.

Camp, Roderic Ai (1997). Encuestas y democracia: opinión pública y apertura política en México. México: Siglo xxi.

__________ (1995a). La política en México. México: Siglo xxi.

__________ (1995b). Los intelectuales y el Estado en el México del siglo xx. México: Fondo de Cultura Económica.

Carreño Carlón, José (2004). “Nuevos modelos de debate y negociación. Piezas ausentes de la democracia mexicana”. Letras Libres. Núm. 65. Pp. 30-34.

Connaughton, Brian C. et al. (1999). Construcción de la legitimidad política en México. México: El Colegio de Michoacán/Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de México.

Cosío Villegas, Daniel (1975). “Compuerta”. Plural. Núm. 51. Pp. 50-51.

__________ (1974). “Pasan atropelladamente periódicos, gobierno e intelectuales”. Plural. Núm. 31. Pp. 61-62.

__________ (1972). “Política, acción estudiada y estudio accionado”. Plural. Núm. 7. Pp. 3-4.

__________ (1971). “La región más transparente de la política mexicana”. Plural. Núm. 2. Pp. 8-10.

__________ (1966). Ensayos y notas. Vol. i. México: Editorial Hermes.

Cosío Villegas, Daniel (1950). “Trasfondo tiránico”. Cuadernos Americanos. Núm. 4. Pp. 7-19.

__________ (1947). “La crisis de México”. Cuadernos Americanos. Núm. 2. Pp. 29-51.

Crespo, José Antonio (2007). “Empate, conflicto e incertidumbre”. Desacatos. Núm. 24. Pp. 181-194.

__________ (1989). “Problemas de la percepción de la realidad política”. Vuelta. Núm. 146. Pp. 59-61.

__________ (1988). “Del autoritarismo a la democracia. El mito cultural”. Vuelta. Núm. 137. Pp. 30-37.

Crespo, José Antonio y Jorge Chabat (1989). “Problemas de la percepción de la realidad política”. Vuelta. Núm. 146. Pp. 59-61.

Dahl, Roberth (2006). La democracia. Una guía para ciudadanos. México: Taurus.

Domínguez Michael, Christopher (2006). “Servidumbre voluntaria”. Letras Libres. Núm. 93. Pp. 36-38.

Echeverría Álvarez, Luis (1975). Quinto Informe de Gobierno. México: Cultura y Ciencia Política.

__________ (1972). Segundo Informe de Gobierno. México: s.p.i.

__________ (1970). Discursos, caminos y voces. México: Editorial Casas.

Escalante Gonzalbo, Fernando (2005). Ciudadanos imaginarios. México: El Colegio de México.

__________ (1998). “La posible democracia mexicana”. Vuelta. Núm. 258. Pp. 60-63.

__________ (1997a). “La revolución interminable”. Vuelta. Núm. 243. Pp. 46-48.

__________ (1997b). “La política del resentimiento”. Vuelta. Núm. 244. Pp. 57-59.

__________ (1997c). “Virtudes indispensables”. Vuelta. Núm. 245. Pp. 46-48.

__________ (1997d). “A cada uno lo suyo”. Vuelta. Núm. 251. Pp. 61-63.

Farr, James (1995). “Understandig Conceptual Change Politically”. En Political Innovation and Conceptual Change. De: T. J. Ball. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 24-49.

__________ (1988). “Conceptual Change and Constitutional Innovation”. En Conceptual Change and the Constitution. De: Terence Ball et al. Estados Unidos: University Press of Kansas. Pp. 13-34.

Fernández Menéndez, Jorge (1991). “¿Quién ganó y quién perdió en las elecciones?”. Vuelta. Núm. 178. Pp. 34-35.

Fox Quesada, Vicente (2006). Sexto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://sexto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=2 [consultado el 21 de octubre de 2009].

__________ (2005). Quinto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://quinto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=2 [consultado el 21 de octubre de 2009].

__________ (2004). Cuarto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://cuarto.informe.fox.presidencia.gob.mx /index.php/images/css/images/docs/descargables/images/images/images/index.php?idseccion=6&pagina=1 y http://cuarto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php/images/css/images/docs/descargables /images/images/images/index.php?idseccion=6&pagina=2 [consultados el 21 de octubre de 2009].

__________ (2003). Tercer Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://tercer.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=6 [consultado el 21 de octubre de 2009].

__________ (2002). Segundo Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://segundo.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=9 [consultado el 21 de octubre de 2009].

__________ (2001). Primer Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://primer.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=7 [consultado el 21 de octubre de 2009].

__________ (2000). Mensaje de Toma de Protesta. México: Presidencia de la República. Disponible en http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=4 [consultado el 20 de octubre de 2009].

Fuentes, Carlos (1972). “Opciones críticas en el verano de nuestro descontento”. Plural. Núm. 11. Pp. 3-9.

Fuentes, Carlos et al. (1972). “Los escritores y la política”. Plural. Núm. 13. Pp. 21-28.

Gallie, Walter Bryce (1998). Conceptos esencialmente impugnados. México: iif-Universidad Nacional Autónoma de México.

__________ (1964). Philosophy and Historical Understanding. Londres: Chatto & Windus.

García Cantú, Gabriel (1976). “Los convictos del sistema”. Vuelta. Núm. 1. Pp. 30-31.

Gilly, Adolfo (1986). “Los dos socialismos mexicanos”. Nexos. Núm. 108. P. 33.

González de Alba, Luis (2006). “Erotismo, sexualidad e intelectuales”. Letras Libres. Núm. 93. Pp. 30-34.

H. Cámara de Diputados (1985). Los presidentes de México ante la nación, 1821-1966. México: H. Cámara de Diputados.

__________ (1966a). Los presidentes de México ante la nación, 1821-1984. Vol. iv. México: H. Cámara de Diputados.

__________ (1966b). Los presidentes de México ante la nación, 1821-1966. Vol. v. México: H. Cámara de Diputados.

Ibargüengoitia, Jorge (1979). “La vida en México en tiempos de Hank González”. Vuelta. Núm. 31. Pp. 32-33.

Instituto Federal Electoral (2008). Consejo General. Exp. SCG/PE/PAN/CG002/2008. México: ife.

Iturriaga, José (1947). “México y su crisis histórica”. Cuadernos Americanos. Núm. 3. Pp. 21-37.

Koselleck, Reinhart (2002). The Practice of Conceptual History. Estados Unidos: Stanford University Press.

__________ (2001). Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. España: Paidós/ice/uab.

__________ (1993). Futuro pasado. España: Paidós.

Krauze, Enrique (2006a). “Embriaguez histórica”. Letras Libres. Núm. 94. Pp. 16-17.

__________ (2006b). La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano. México: Tusquets.

__________ (2004). “Para salir de Babel”. Letras Libres. Núm. 65. Pp. 24-28.

__________ (2003). “Por una democracia responsable”. Letras Libres. Núm. 54. Pp. 12-15.

__________ (2000). “Tarea pendiente”. Letras Libres. Núm. 18. Pp. 18-21.

__________ (1999a). “La democracia adolescente”. Letras Libres. Núm. 7. Pp. 76-77.

__________ (1999b). “El parto que viene”. Letras Libres. Núm. 12. Pp. 82.

__________ (1997). “El Estado mexicano: las fuentes de su legitimidad”. Vuelta. Núm. 247. Pp. 8-14.

Krauze, Enrique (1993). “Madero vivo”. Vuelta. Núm. 196. Pp. 11-14.

__________ (1991). “Balance político”. Vuelta. Núm. 180. Pp. 68-70.

__________ (1990). “América Latina. El otro milagro”. Vuelta. Núm. 169. Pp. 25-28.

__________ (1988). “El sueño del norte. Ensayo de geografía democrática”. Vuelta. Núm. 143. P. 48.

__________ (1987). “Nuevos adjetivos para la democracia”. Vuelta. Núm. 133. Pp. 46-50.

__________ (1985a). “Ecos porfirianos”. Vuelta. Núm. 103. Pp. 22-23.

__________ (1985b). “Voto contra voto”. Vuelta. Núm. 106. Pp. 63.

__________ (1985c). “Revelación entre las ruinas”. Vuelta. Núm. 108. Pp. 11-14.

__________ (1984). “Por una democracia sin adjetivos”. Vuelta. Núm. 86. Pp. 4-13.

__________ (1982). “Las urnas de Pandora”. Vuelta. Núm. 69. P. 51.

__________ (1980). “Tinglados ideológicos”. Vuelta. Núm. 48. Pp. 44-46.

Leñero, Vicente y Ricardo Garibay (1972). “México 1972: los escritores y la política”. Plural. Núm. 14. Pp. 34-35.

Letras Libres (2006). “Izquierda perdida”. Núm. 93.

__________ (2004). “En la mira”. Núm. 63. Pp. 100-102.

__________ (2000). “Diez compromisos por la democracia”. Núm. 19. Pp. 18-21.

Linz, Juan (1964). “An Authoritarian Regime: Spain”. En Cleavages, Ideologies and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology. De: E. A. Littuhen. Finlandia: Turku.

López Portillo, José (1980a). Segundo Informe de Gobierno. México: Secretaría de Programación y Presupuesto.

__________ (1980b). Tercer Informe de Gobierno. México: Secretaría de Programación y Presupuesto.

__________ (1980c). Quinto Informe de Gobierno. México: Secretaría de Programación y Presupuesto.

__________ (1980d). Informes. México: Secretaría de Programación y Presupuesto.

__________ (1977). Primer Informe de Gobierno. México: s.p.i.

__________ (1976). Discurso de toma de posesión. México: fstse.

Loza Otero, Nicolás (2008). Legitimidad en disputa: Zedillo, Fox, Calderón. México: flacso-México.

Lupa ciudadana (2006). “Acepto el cargo de presidente de México porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional”. Diario de Campaña Andrés Manuel López Obrador. Discurso del 16 de septiembre. Disponible en http://www.lupaciudadana.com.mx/SACS/Xstatic/diarios_campana/espanol/declaracion.aspx?c=PRD&d=8016 [consultado el 14 de marzo de 2012].

Madrid, Miguel de la (1988). Sexto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República.

__________ (1987). Quinto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República.

__________ (1986). Cuarto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República.

__________ (1985). Tres informes de gobierno. México: Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

__________ (1984). El primer tramo. México: Dirección General de Comunicación Social de Presidencia de la República.

Martin, Jay (2009). Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Buenos Aires: Paidós.

Mejía, Fabrizio (2004). “Las razones de Babel”. Letras Libres. Núm. 67. Pp. 100-102.

Meyer, Lorenzo (1974). “El Estado mexicano contemporáneo”. Historia Mexicana. Núm. 4.

Molinar Horcasitas, Juan (1991). El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México. México: Cal y Arena.

Monsiváis, Carlos (1994). “Nadie lo dijo primero. Temas y lugares comunes del 94”. Vuelta. Núm. 213. Pp. 38-39.

Nun, José (2002). Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Palti, Elías José (2007). El tiempo de la política. Argentina: Siglo xxi.

__________ (2005). La invención de una legitimidad. México: Fondo de Cultura Económica.

Passerin D’Entrèves, Alessandro (2001). La noción de Estado. España: Ariel.

Paz, Marie-José, Adolfo Castañón y Danubio Torres Fierro (2001). A treinta años de Plural. México: Fondo de Cultura Económica.

Paz, Octavio (2006a). “El laberinto de la soledad”. En Obras completas. Vol. 8. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 43-191.

Paz, Octavio (2006b). “Vuelta a El laberinto de la soledad”. En Obras completas. Vol. 8. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 239-260.

__________ (2001). “Historia y prehistoria de Vuelta”. En A treinta años de Plural. De: Paz, Marie-José, Adolfo Castañón y Danubio Torres Fierro. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 16-21.

__________ (1994). “Las elecciones de 1994: doble mandato”. Vuelta. Núm. 215. Pp. 8-13.

__________ (1988). “Hora cumplida”. Vuelta. Núm. 143. Pp. 46.

__________ (1987). “Remache. Burocracia y democracia en México”. Vuelta. Núm. 127. Pp. 62-63.

__________ (1985a). “Hora cumplida (1929-1985)”. Vuelta. Núm. 103. Pp. 7-12.

__________ (1985b). “Escombros y semillas”. Vuelta. Núm. 108. Pp. 8-10.

__________ (1982). “América Latina y la democracia”. Vuelta. Núm. 68. Pp. 38-46.

__________ (1978). “El ogro filantrópico”. Vuelta. Núm. 21. Pp. 38-44.

__________ (1977). “Los partidos en la Universidad”. Vuelta. Núm. 10. Pp. 44-48.

__________ (1976). “Editorial”. Vuelta. Núm. 1. Pp. 4-5.

__________ (1972). “México: presente y futuro”. Plural. Núm. 6. Pp. 3-5.

Paz, Octavio y Kazuya Sakai (1975). “Cambio y continuidad”. Plural. Núm. 42. Pp. 82.

Pérez Correa, Fernando (1995). “Pacto social y juego democrático”. Vuelta. Núm. 218. Pp. 27-30.

__________ (1975). “Los límites de la sucesión presidencial”. Plural. Núm. 49. Pp. 47-52.

Pocock, John Greville Agard (2009). Political Thought and History. Cambridge: Cambridge University Press.

__________ (1989). Politics, Language and Time. Chicago: The University of Chicago Press.

Power, Timothy y Jennifer Cyr (2010). “Mapping Political Legitimacy in Latin America”. International Social Science Journal. Vol. 60. Núm. 196. Pp. 253-272.

Ramírez, Cynthia (2006a). “Atorados: sueño de una tarde de campamento”. Letras Libres. Núm. 93. Pp. 44-54.

Ramírez, Cynthia (2006b). “Convención Nacional Democrática”. Letras Libres. Núm. 94. Pp. 38-43.

Reyes Heroles, Federico (1988). “La sencillez democrática”. Vuelta. Núm. 140. Pp. 26-30.

Rosanvallon, Pierre (2007). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Argentina: Manatial.

__________ (2003). Por una historia conceptual de lo político. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Ross, Stanley (1978). ¿Ha muerto la Revolución mexicana? México: Premiá.

Rubio, Luis (2006). “Política y economía”. Reforma. 17 de septiembre. Disponible en http://www.cidac.org/esp/cont/articulos/politica_y_economia.php [consultado el 2 de diciembre de 2013].

__________ (1992a). “La nueva democracia”. Vuelta. Núm. 188. Pp. 65-68.

__________ (1992b). “El dilema liberal”. Vuelta. Núm. 191. Pp. 70-71.

__________ (1991). “¿Es posible la democracia?”. Vuelta. Núm. 179. Pp. 44-47.

Salinas de Gortari, Carlos (1994a). “Mensaje de toma de posesión”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 5-80.

__________ (1994b). “Primer Informe de Gobierno”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 31-79.

__________ (1994c). “Segundo Informe de Gobierno”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 80-128.

__________ (1994d). “Tercer Informe de Gobierno”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 129-178.

__________ (1994e). “Cuarto Informe de Gobierno”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 179-240.

__________ (1994f). “Quinto Informe de Gobierno”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 241-312.

Salinas de Gortari, Carlos (1994g). “Sexto Informe de Gobierno”. En México cívico. Los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión. México: Presidencia de la República. Pp. 313-382.

Sánchez Susarrey, Jaime (1993a). “La hora del presidencialismo”. Vuelta. Núm. 197. Pp. 57-58.

__________ (1993b). “Democracia y gobernabilidad”. Vuelta. Núm. 200. Pp. 69-70.

__________ (1992a). “1991. Balance político”. Vuelta. Núm. 183. Pp. 55-57.

__________ (1992b). “El porvenir de la izquierda en México”. Vuelta. Núm. 192. Pp. 24-29.

__________ (1991a). “La transición democrática”. Vuelta. Núm. 172. Pp. 55-57.

__________ (1991b). “México: Perestroika sin glasnot”. Vuelta. Núm. 176. Pp. 47-51.

__________ (1991c). “Hechos y enseñanzas”. Vuelta. Núm. 178. Pp. 33.

__________ (1991d). “¿Dónde estamos?”. Vuelta. Núm. 179. Pp. 42-44.

__________ (1990a). “La crisis de identidad política del prd”. Vuelta. Núm. 161. Pp. 50-52.

__________ (1990b). “Reforma electoral y reforma del pri”. Vuelta. Núm. 164. Pp. 57-60.

__________ (1990c). “Cofipe: De la legitimidad a la legalidad”. Vuelta. Núm. 166. Pp. 43-45.

__________ (1989a). “Reformas políticas: ayer y hoy”. Vuelta. Núm. 149. Pp. 47-50.

__________ (1989b). “Reforma o contrarreforma”. Vuelta. Núm. 157. Pp. 47-50.

__________ (1989c). “La democracia adjetivada”. Vuelta. Núm. 147. Pp. 51-53.

__________ (1988a). “Corporativismo o democracia”. Vuelta. Núm. 136. Pp. 12-19.

__________ (1988b). “La izquierda: ¿emisarios del pasado?”. Vuelta. Núm. 140. Pp. 65-66.

__________ (1988c). “El seis de julio”. Vuelta. Núm. 141. Pp. 62.

Sarmiento, Sergio (2004). “Dialogar en los medios”. Letras Libres. Núm. 65. Pp. 36-38.

SDPnoticias.com (2012). “Encuesta de Covarrubias: evalúan a epn y califican la lucha de amlo”. Disponible en http://www.sdpnoti cias.com/nacional/2012/09/18/encuesta-de-covarrubias-evaluan-a-epn-y-califican-la-lucha-de-amlo [consultado el 25 de septiembre de 2012].

Segovia, Rafael (1986). “La crisis del sistema de partidos”. Vuelta. Núm. 119. Pp. 60-62.

__________ (1984). “Malformaciones del Estado”. Vuelta. Núm. 91. Pp. 44.

__________ (1982). “Ante las elecciones”. Vuelta. Núm. 68. Pp. 41-46.

__________ (1977). “El nuevo sexenio”. Vuelta. Núm. 3. Pp. 33-34.

__________ (1976). “La imposible democracia mexicana”. Vuelta. Núm. 1. Pp. 27-29.

__________ (1974). “La crisis del autoritarismo modernizador”. Plural. Núm. 36. Pp. 32-34.

__________ (1973). “La política nacional”. Plural. Núm. 22. Pp. 16-18.

Sheridan, Guillermo (2006). “El Estado soy nosotros”. Letras Libres. Núm. 93. Pp. 24-29.

Silva Herzog, Jesús (1973). Mis últimas andanzas 1947-1972. México: Siglo xxi.

__________ (1964). “México a cincuenta años de la Revolución”. Cuadernos Americanos. Núm. 1. Pp. 7-30.

__________ (1949). “La Revolución mexicana es ya un hecho histórico”. Cuadernos Americanos. Núm. 5. Pp. 7-16.

__________ (1947). “Meditaciones sobre México”. Cuadernos Americanos. Núm. 5. Pp. 7-35.

__________ (1943). “La Revolución mexicana en crisis”. Cuadernos Americanos. Núm. 5. Pp. 32-55.

Skinner, Quentin (2009). Vision of Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

__________ (2007). “Significado y comprensión en la historia de las ideas”. En El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios. De: Enrique Bocardo Crespo (ed.). España: Tecnos. Pp. 63-108.

__________ (1995). “Language and Political Change”. En Political Innovation and Conceptual Change. De: Terence Ball et al. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 6-23.

__________ Tully, James y Quentin Skinner (1988). Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics. Gran Bretaña: Princeton University Press.

Urquidi, Víctor (1977). “México en la encrucijada”. Vuelta. Núm. 8. Pp. 4-7.

Urrutia, Alonso (2008). “Revocan sanción contra prd y pt por usar la frase ‘presidente legítimo’”. La Jornada. Jueves 21 de agosto. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=politica&article=015n2pol [consultado el 4 de septiembre de 2008].

Valle, Eduardo (1984). “Una crítica escéptica”. Vuelta. Núm. 90. Pp. 46-50.

Vuelta (1986a). “Antidemocracia”. Núm. 118. P. 63.

__________ (1986b). “Apostilla: Las perplejidades de Rafael Segovia”. Vuelta. Núm. 119. P. 62.

__________ (1986c). “Sobre la necesidad de que existan partidos de oposición”. Núm. 118. Pp. 64.

Weber, Max (1986). Economía y política. México: Fondo de Cultura Económica.

Zaid, Gabriel (1985). “Escenarios sobre el fin del pri”. Vuelta. Núm. 103. Pp. 13-21.

__________ (1980). “Carta polimétrica”. Vuelta. Núm. 40. Pp. 46-49.

__________ (1975). “Para entender la política mexicana”. Plural. Núm. 48. Pp. 47-50.

__________ (1972a). “Carta a Carlos Fuentes”. Plural. Núm. 12. Pp. 52-53.

__________ (1972b). “Hipótesis para sociólogos”. Plural. Núm. 7. Pp. 10-11.

Zaid, Gabriel et al. (1994). “Radiografía del debate entre ciudadanos”. Vuelta. Núm. 211. Pp. 36-42.

Zea, Leopoldo (1978). “Crítica y autocrítica de la Revolución mexicana”. En ¿Ha muerto la Revolución mexicana? De: S. Ross. México: Premiá. Pp. 141-143.

Zebadúa, Emilio (2000). “A favor del juego limpio”. Letras Libres. Núm. 14. Pp. 40-43.

Zedillo Ponce de León, Ernesto (2000). Sexto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República 2000. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_arch_disc.html [consultado el 20 de octubre de 2009].

__________ (1999). Quinto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_arch_disc.html [consultado el 20 de octubre de 2009].

Zedillo Ponce de León, Ernesto (1998). Cuarto Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_archivo_gral.html [consultado el 20 de octubre de 2009].

__________ (1997). Tercer Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_archivo_gral.html [consultado el 20 de octubre de 2009].

__________ (1996). Segundo Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_archivo_gral.html [consultado el 20 de octubre de 2009].

__________ (1995). Primer Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_archivo_gral.html [consultado el 19 de octubre de 2009].

__________ (1994). Mensaje de toma de posesión. México: Presidencia de la República. Disponible en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/dic94/01dic94-2.html [consultado el 19 de octubre de 2009].

La experiencia de la democracia. Cambio político y conceptual en el México contemporáneo, de Javier Contreras Alcántara, se terminó de imprimir el 1 de septiembre de 2014 en los talleres de Ediciones y Gráficos Eón, S. A. de C. V., Av. México-Coyoacán núm. 421, Col. Xoco, C. P. 03330, Del. Benito Juárez, México, D. F. Tels.: 5604-1204 y 5688-9112. <www.edicioneseon.com.mx>. La edición estuvo al cuidado de Ediciones y Gráficos Eón, S.A. de C.V. –donde también se hizo la composición tipográfica–, la Unidad de Publicaciones de El Colegio de San Luis y el autor. El tiro consta de 250 ejemplares.