La élite gobernante en San Luis Potosí, 1997-2009

Ficha catalográfica de la versión impresa

320.97242

B734e

Borjas García, Hugo Alejandro

La élite gobernante en San Luis Potosí, 1997-2009 / Hugo Alejandro

Borjas García — 1ª edición. — San Luis Potosí, San Luis Potosí : El

Colegio de San Luis, A.C., 2014.

233 páginas ; 23 cm. – (Colección Investigaciones)

Incluye bibliografía al final de cada capítulo

ISBN: 978-607- 9401-17-7

1.- Partidos políticos- San Luis Potosí 2.- San Luis Potosí – Política y

gobierno I. t. II. s.

Diseño de portada: Natalia Rojas Nieto

Primera edición en formato impreso, 2014

Primera edición en formato digital, 2016

D.R. © El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Colinas del Parque

San Luis Potosí, S.L.P., 78299

www.colsan.edu.mx

ISBN edición impresa: 978-607-9401-17-7

E-ISBN edición digital: 978-607-9401-77-1

Realización del ebook: Ediciones y gráficos EÓN, SA de CV

Hecho en México / Made in Mexico

COLECCIÓN INVESTIGACIONES

La Élite gobernante en San Luis Potosí, 1997-2009

Hugo Alejandro Borjas García

Índice

Introducción

1. Lineamientos teórico-metodológicos

Introducción

Aspectos teórico-conceptuales de los estudios de las relaciones gobierno-partido(s)

El concepto party government en la literatura

La conceptualización de las variables del modelo de gobierno de partido(s)

El estado de la teoría de las relaciones gobierno-partido(s)

Las relaciones gobierno-partido(s) en los ámbitos locales

Encuadramiento metodológico

Objetivos

Preguntas de investigación

Hipótesis

Variables

Delimitaciones

Justificación

Adaptaciones del modelo de gobierno-partidos al ámbito local

Reclutamiento

Elaboración de políticas públicas

Clientelismo

Contexto

Referencias

2. San Luis Potosí en las relaciones Gobierno-Partido

Introducción

Diseño institucional: el sistema político en San Luis Potosí

El sistema de gobierno y los gobernadores

El sistema de gobierno en San Luis Potosí

Los gobernadores

El sistema electoral

Partidos y sistema de partidos

Los partidos políticos en San Luis Potosí

El sistema de partidos en San Luis Potosí

Referencias

3. El escenario político-electoral en San Luis Potosí: 1997-2009

Introducción

El clima político-electoral en 1997-2009

Gobiernos y gobernadores

La continuidad: Fernando Silva Nieto, 1997-2003

La alternancia: Marcelo de los Santos Fraga, 2003-2009

Evolución electoral

El Congreso local

Los Ayuntamientos

La federación

Consideraciones finales del clima político-electoral en el periodo de estudio

Referencias

4. El reclutamiento político

Introducción

La selección de la élite gobernante de San Luis Potosí

Composición de los gabinetes de Gobierno (1997-2009)

Fernando Silva Nieto (fsn)

Marcelo de los Santos Fraga (msf)

La selección de los colaboradores como parte de la estrategia de gobierno

Circulación, continuidad, movilidad

y renovación de la élite política gobernante

La circulación política de la élite en los gobiernos considerados

El periodo de 1997 a 2003

El periodo de 2003 a 2009

La circulación política en su totalidad

La tasa de continuidad en el tiempo considerado

Tasa de continuidad por dependencias

Tasa de continuidad por gobiernos

Movilidad política de la élite

Renovación política de la élite

Resultado del análisis en su conjunto

Las características de la élite

política gobernante

Profesión

Estudios de posgrado

Sexo

Las características partidistas de la élite política gobernante

La filiación partidista de la élite política gobernante

Apreciaciones partidistas de los miembros de la élite gobernante

La relación entre esferas de poder

Referencias

5. Las políticas públicas y el papel de la élite política gobernante

Introducción

Apuntes previos para las políticas públicas

El proceso de elaboración de las políticas públicas

Las políticas públicas en el modelo de gobierno de partido

Las políticas públicas en México en el nuevo siglo

El nuevo escenario en las políticas públicas

La toma de decisiones

Las políticas públicas en San Luis Potosí

La participación de los colaboradores

La participación del partido

La actuación de otros actores en las políticas públicas

Valoración en las fases de elaboración de las políticas públicas

Hacia un resultado sobre partidismo en el gobierno

Referencias

6. El clientelismo en San Luis Potosí

Introducción

Antecedentes y dificultades que plantea el clientelismo

Breves antecedentes al fenómeno del clientelismo

Dificultades que plantea el clientelismo

El clientelismo en México

El clientelismo en el modelo de gobierno de partido en San Luis Potosí

La élite gobernante de San Luis Potosí como patrones

El partido sostenedor

El gobierno municipal como cliente

El Congreso

La élite gobernante de San Luis Potosí como clientes

El gobierno federal

El partido sostenedor en el ámbito nacional

El gobierno del estado como intermediario

Otras clientelas de interés en las relaciones del gobierno y el partido

Los empresarios

Los partidos minoritarios, los sindicatos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación

Comentarios finales al clientelismo en el siglo xxi en San Luis Potosí

Referencias

Conclusiones

Introducción

Conclusiones para el modelo de gobierno de partido

Conclusiones sobre las relaciones

gobierno-partido en San Luis Potosí

Para el reclutamiento

Para la elaboración de políticas públicas

Para el clientelismo

Otras conclusiones derivadas del estudio

Apunte final

Anexo Cuestionario Aplicado

Introducción

El presente trabajo es la continuación de uno previo denominado La clase política en San Luis Potosí: estudio sobre las relaciones gobierno-partido en el sistema político mexicano (1979-1997). El objetivo ha sido examinar las relaciones que se establecen entre el gobierno y el partido sostenedor. En él se delinean con mayor profundidad los apartados académicos, tales como el marco teórico-conceptual, los aspectos metodológicos y ciertos factores que inciden en las relaciones gobierno-partido. Para este trabajo no se consideran con la amplitud suficiente estos apartados y sólo se introducen las novedades que el modelo ha desarrollado a partir de este nuevo siglo.

Al hilo de lo anterior, la investigación que aquí se expone se sitúa en San Luis Potosí, México. Tiene como periodo de estudio del 26 de septiembre de 1997 al 26 de septiembre de 2009. La fecha de inicio se toma a partir del final de la investigación arriba mencionada y la fecha de cierre busca cubrir el periodo más próximo a nuestros días, que coincida con el último periodo completo de gobierno.

El desarrollo de la investigación mantiene las pautas orginales tomadas en consideración por el modelo de las relaciones gobierno-partido. Esto es, se busca conocer la influencia del partido sostenedor sobre el gobierno mediante el estudio de tres variables explicativas: el reclutamiento, la elaboración de políticas públicas y el clientelismo. Hay que mencionar que sobre las relaciones gobierno-partido, los estudios parecen haber tenido un alto, pues no existen trabajos relevantes que hayan modificado o actualizado el modelo, lo cual no significa que haya quedado obsoleto, ya que las propias conclusiones a las que permite llegar cambian esa afirmación, y así se podrá reconocer en este trabajo.

De tal surte que la investigacón en el primer capítulo se detiene en los lineamientos teóricos y metodológicos, a fin de reconocer el estado de la literatura relevante al respecto. Se incorporan, además, las pautas metodológicas que se siguen.

El capítulo dos y el capítulo tres se detienen en el diseño institucional y el clima político electoral, respectivamente. Ambos capítulos se justifican por la importancia que tienen en la adaptación del modelo de las relaciones gobierno-partido a un gobierno subnacional. Estos aspectos de que se ocupan estos capítulos influyen sobremanera en los resultados que puden arrojar las variables explicativas.

Los capítulos cuatro, cinco y seis se detienen en las variables explicativas ya señalas. El cuatro analiza la variable reclutamiento y todo lo que de ella se desprende. El capítulo cinco hace observaciones a la elaboración de las políticas públicas, sin pasar por alto consideraciones de las políticas públicas en general. En el capítulo seis se examina el clientelismo en San Luis Potosí, con apuntes previos sobre el clientelismo en la doctrina.

Finalmente, hay que decir que al tratarse de un trabajo de una localidad, éste puede ser visto como un trabajo parroquialista.1 No obstante, en los últimos tiempos los estudios locales han tenido un impulso y observar a las entidades en sus distintos ámbitos comienza a ganar valor, gracias a las evidencias que se develan en esos estudios. Por esta observación, las conclusiones se dividen para reconocer cuáles sirven para hacer generalizaciones y cuáles son específicas del caso concreto. Por ello, se establecen conclusiones para el modelo de gobierno de partido, conclusiones para las relaciones gobierno-partido en San Luis Potosí y otras conclusiones derivadas del estudio.

 Parroquialistasuele aplicarse a las visiones demasiado particulares cuyas observaciones no pueden generalizarse.

1. Lineamientos teórico-metodológicos

Introducción

Con el presente capítulo se da inicio a la exposición de la aplicación del modelo de gobierno de partido(s) en un gobierno subnacional. Su desarrollo tiene implicaciones teóricas y prácticas, que será preciso aclarar antes de dar inicio. Sirva, entonces, el presente capítulo para ello.

El apartado que abre la exposición, denominado “Aspectos teórico-conceptuales de los estudios de las relaciones gobierno-partido(s)”, tiene como fin establecer, en primera instancia, qué entiende la literatura científica por partygovernment. En este punto es pertinente decir que la doctrina adoptó el término en inglés en épocas recientes, pero no siempre fue así y no siempre se entendió igual. Por este motivo se introducen las aclaraciones justas que expliquen de forma breve el trasiego del término y su conceptualización actual. En este mismo sentido, se precisa el concepto de cada una de las variables explicativas del modelo en el apartado “La conceptualización de las variables del modelo de gobierno de partido(s)”.

Con las aclaraciones y precisiones de los conceptos básicos se está en la posibilidad de exponer la teoría al respecto. En este plano, en los párrafos de “El estado de la teoría de las relaciones gobierno-partido(s)” se hace un sucinto recuento de las aportaciones que los científicos han hecho al modelo, hasta la fecha en que se escribe el presente trabajo. Al seguir esta línea, resulta evidente que también es necesario dar cuenta de las aproximaciones realizadas para el modelo de las relaciones gobierno-partido(s) en los gobiernos subnacionales, que si bien son en extremo escasas, la sección “Las relaciones Gobierno-partido(s) en los ámbitos locales” se detiene en el único trabajo que lo toca.

El “Encuadramiento metodológico”, compuesto por “Objetivos”, “Preguntas de investigación”, “Hipótesis”, “Variables”, “Delimitación” y “Justificación”, sienta las bases de la investigación, imprescindibles para su comprensión. Aquí se detalla el camino de la investigación y sus fronteras.

Por último, se incorpora un apartado de gran trascendencia que versa sobre la “Adaptación del modelo de gobierno-partido(s) al ámbito local”, en el que se señala, paso a paso, utilizando las variables básicas de las investigaciones, cuáles son las aristas del modelo de gobierno-partido(s) en su traslación a los ámbitos locales. Así se tiene que el “Reclutamiento”, la “Elaboración de políticas públicas” y el “Clientelismo” no pueden ser vistos desde la misma óptica cuando el modelo se ocupa de naciones enteras. En este sentido, también se señala la variable “Contexto” como una a la cual es preciso dotar de mayor valor en su examen cuando son los ámbitos locales los que se trabajan. A todas estas variables se les da un trato diferenciado y se describe la manera en que se trabajarán para producir la mejor información y, en consecuencia, la mejor evidencia.

Se tiene que decir que el capítulo no es exhaustivo, debido a que la investigación no constituye una exposición teórica de las relaciones gobierno-partido(s). No obstante, se hace el reconocimiento de la teoría y, eventualmente, los apuntes que se precisan para su construcción en los ámbitos locales.

Aspectos teórico-conceptuales de los estudios de las relaciones gobierno-partido(s)

Una parte importante del estudio de las relaciones gobierno-partido(s) ha mantenido su desarrollo en la conceptualización y aclaración teórica. De ahí que sea necesario hacer las referencias que la literatura presenta. Vale mencionar que su entendimiento no ha sido del todo terso y se ha prestado a confusiones en más de un trabajo. Estos apartados iniciales se ocupan de ello.

También es imperativo mencionar la experiencia de las relaciones gobierno-partido(s) en los ámbitos locales, sabiendo que sólo se conoce un trabajo más en la literatura. Por ello, se incorpora un apartado que da cuenta de la citada experiencia. Con este último apartado se cubre de forma breve los aspectos teóricos y conceptuales de los estudios de las relaciones gobierno-partido(s).

El concepto party government en la literatura

El tratamiento del concepto party government es ineludible toda vez que sus implicaciones –primero, por su traducción al español y, segundo, por su construcción– generan confusiones. De ahí que se hagan breves referencias en estos sentidos, abordando al inicio su traducción para dar paso a su construcción.

El problema de las traducciones en ciencia política es ya de uso corriente, con gran énfasis en las que se presentan del inglés al español. El concepto party government no escapa a esta circunstancia y, aunque a lo que nos referimos se aclara en la colección The future of Party Government, de Castles y Wildenman (1986) y Katz (1987), el término ya se utilizaba antes con otro sentido al que nos interesa. Desde la añeja obra de Schattschneider (1941) denominada Party Government, pasando por las referencias italianas que asocian el party government con la partitocrazia o stato de partiti italiano, hasta las acepciones de Sartori (1980), de Gobierno por partidos, y la de García Pelayo (1986), de Estado de partidos; todas ellas expresan una divergencia respecto de lo que nosotros habremos de entender. Y todo ello ha abonado a que el término se utilice de múltiples formas.

Además, no solo las traducciones han contribuido a incrementar sus diversos significados, también lo ha hecho la propia composición del término. Por un lado, el término party, que se traduce como “partido político”, tiene sus complicaciones; no obstante, es más fácil la interpretación de éste. No así la interpretación de government, que se traduce como “gobierno”, siendo el caso de Sartori. Pero encuentran su equivalencia con la concepción de Estado, inscribiéndose aquí la obra de García Pelayo al hablar de “Estado de partidos”. Esta composición de términos para generar uno solo da pie a mayores y variadas interpretaciones. Y aunque no se está por la labor de entrar en la discusión de todos y cada uno de los términos que se le aproximan al de gobierno de partido, que nosotros habremos de entender, la intención es hacer notar que el término ha sido utilizado de diversas formas y por esta razón es una exigencia aclararlo. Vale la pena retomar aquello que no deja de tener vigencia cuando Sartori mencionaba que “hasta que los conceptos no están ‘formados’ […] no sabemos de qué estamos hablando” (Sartori, 1984: 75).

Es así que el concepto de gobierno de partido que se asume para este trabajo considera, para su validez, que las decisiones del gobierno deben ser tomadas por aquellos electoralmente elegidos por las líneas del partido o por aquellos que están bajo el control del o los partidos; que las políticas se decidan dentro del o los partidos gobernantes, actuando entonces con cohesión para su formulación, y, finalmente, que los funcionarios del gobierno sean seleccionados por los partidos y respondan a la gente a través de éstos (Katz, 1986: 43).

Esta conceptualización hace patente la necesidad de relaciones consistentes entre el gobierno y el partido o partidos para que se verifique. Es decir, las óptimas relaciones entre el gobierno y el o los partidos gobernantes, llamados también partido o partidos sostenedores, dan lugar, entonces, a la construcción del denominado modelo de gobierno de partido(s). En este trabajo, por lo tanto, relaciones gobierno-partido(s), modelo de gobierno de partido(s) y modelo de las relaciones gobierno-partido(s) se utilizan indistintamente como equivalentes.

Una vez desentrañado el concepto, resta aclarar la conceptualización de las variables que dan explicación en la investigación empírica, lo cual se hará en el apartado siguiente.

La conceptualización de las variables del modelo de gobierno de partido(s)

Son tres las variables que la literatura reconoce y por las cuales se operacionaliza el modelo de gobierno-partido(s): reclutamiento, elaboración de políticas públicas y clientelismo.

El reclutamiento, de manera general, se define como la acción y efecto de reclutar. Por reclutar se entiende “reunir gente para un propósito determinado” (drae1). Para este trabajo, de acuerdo con la literatura política, se considerará el reclutamiento como “el proceso colectivo por el cual los individuos llegan a cargos políticos” (Camp, 1995: 126).2

Políticas públicas, como término de uso corriente en el que se ha transformado, se comprende como toda aquella acción de gobierno encaminada a resolver un problema público y que, en esta resolución, sigue un proceso. A este proceso de las políticas públicas se le suele denominar elaboración de políticas públicas. Dentro de esta elaboración, la literatura clásica al respecto identifica como parte del proceso cinco etapas: identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, ejecución del programa y terminación de la acción (Jones, 1970). Ante ello, es pertinente señalar que Baena (1985) dice que las fases pueden superponerse o suprimirse, y eso no motiva renunciar a establecer momentos en las políticas públicas; por el contrario, establecer etapas facilita su observación y examen.

El clientelismo se define como el “sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios” (drae). En la doctrina politológica, el clientelismo es visto como la oferta que hacen los políticos profesionales de todo tipo de recursos públicos de los que pueden disponer a cambio de legitimación y sostén (Bobbio, 1982). Existe el término patronazgo, que no pocas veces es tratado como sinónimo de clientelismo, y resulta cierto que su concepción está estrechamente ligada. La distinción básica nace de reconocer un patrón o un cliente o clientela para que se determine la denominación. Existe un matiz importante entre uno y otro término que nace de la definición y que se encuentra en la legalidad que se le otorga al patronazgo y la ilegalidad que se le atribuye al clientelismo. En este trabajo no se tiene como cometido esclarecer, ni confrontar ambos términos; el interés se centra en entender la relación diádica política entre el patrón y el cliente, siendo el patrón un político y el cliente un ciudadano. De tal suerte que en el desarrollo de la investigación serán utilizados ambos términos sin mediar distinción alguna.

Grosso modo, se presentaron los conceptos de las variables que le dan vida al modelo de gobierno de partido(s). Las conceptualizaciones aquí recogidas son las que la literatura en ciencia política con más solvencia reconoce y le sirven al modelo. En ellas no existe un alejamiento del término genérico, y sí un acercamiento a las interpretaciones que las relaciones gobierno-partido(s) han hecho de las variables y que esta investigación toma en cuenta.

El estado de la teoría de las relaciones gobierno-partido(s)

Vale decir que la teoría que se ha construido alrededor de las relaciones que se establecen entre el gobierno y el partido que lo llevó al poder tuvo su auge en la segunda mitad de la década de los ochenta y en la década de los noventa. Sin embargo, posterior a estas fechas, el modelo de gobierno de partido(s) fue perdiendo fuerza y, si bien se hicieron algunos trabajos acerca de América Latina, el desarrollo del modelo en este continente es prácticamente nulo.

Con más detalle, se puede decir que en Europa los esfuerzos más destacados se encuentran en las aportaciones de Katz y las colaboraciones de Reif, Wildenmann, Döring, Sjöblom, Pasquino, Lehner, Homann y Fiorina, que se recogen, todas ellas, en los dos volúmenes de la colección The Future of Party Government (1986, 1987). A ellos se suman los trabajos posteriores de Blondel (1994), de Blondel y Cotta (1996) y de Cotta (2001). Y aunque comprende alrededor de 16 años, durante estos ha sido escasa la producción sobre el estudio del modelo de gobierno de partido(s).

Para América Latina, los estudios del modelo de gobierno de partido(s) son prácticamente nulos, con la excepción de los casos concretos de Costa Rica (Rojas, 1997), Brasil (Meneguello, 1997) y México (Casar, 1997), que aparecen en la obra coordinada por Cansino, Gobierno y partidos en América Latina. Aparte de este esfuerzo, en el caso de Brasil algunos artículos que han tratado las variables, pero no el modelo por entero, son los de Oliveira (1993) y Filho (1994), entre otros. En México, por último, la literatura muestra que los trabajos que más en detalle se refieren a esta cuestión pertenecen a Cansino y Alarcón (1993) y Cansino (1994).

Aunque no es rica la literatura de la relación gobierno-partido en el caso latinoamericano, los hallazgos no son áridos y, contrario a ello, manifiestan discusiones que merecen atención. Estas discusiones importantes son en esencia teóricas, pues se desatendió la aplicación empírica del modelo en casos concretos que permitiera confrontar resultados y, a la vez generar, nueva teoría. Con lo cual, al día de hoy, la mayor aproximación que se tiene sigue siendo la obra coordinada por Cansino (1997); sin embargo, los trabajos que se incorporan ahí son más indicativos, que exhaustivos.

Pese al estado de la literatura específica en las relaciones gobierno-partido(s), hay algunas aseveraciones de que los gobiernos parlamentarios son más proclives a estas relaciones, que los gobiernos presidencialistas. Y ésta es una de las primeras observaciones que dan pie a la discusión. Sin embargo, las afirmaciones se apoyan en los estudios teóricos de ambos sistemas, pero ninguno contempla resultados empíricos. Al respecto, algo ya mencionó Cansino en su aportación al modelo para América Latina, considerando que si bien el punto de partida de los estudios de las relaciones gobierno-partido(s) toma como referencia países europeos, no debe dejar de lado la exploración en los presidencialismos de Latinoamérica.

Otra anotación importante del modelo de gobierno de partido(s), y quizá previa a la confrontación del desarrollo en sistemas parlamentarios o presidencialistas, tiene que ver con el acento en las relaciones que ponga el gobierno o que ponga el o los partidos. Se acepta que entre más participación tenga el o los partidos sostenedores en el gobierno, los resultados se conciben más favorables apelando, en este sentido, al ideal democrático. No obstante, esta participación no debe ocurrir en exceso, para evitar caer en una partidocracia o partitocracia, definida ésta como “la democracia degenerada en el poder oligárquico de uno o más partidos políticos; el Estado partitocrático es aquel en que el poder resulta monopolizado, más o menos legítimamente, por un partido o por una pluralidad de partidos aliados” (Caboara, 1967: 22). Dicho en otros términos, es preferible el partidismo, esto es, una mayor participación de los partidos en el gobierno, que el gobiernismo, visto como una preeminencia del gobierno en su actuación con poca o nula intervención del o los partidos sostenedores.

Como se puede observar, el parlamentarismo y el presidencialismo, frente al gobiernismo y partidismo, son relaciones que están implicadas. Recordemos que la literatura nos dice que en el parlamentarismo los partidos tienen mayor protagonismo; en tanto, la naturaleza del presidencialismo es hacer las cosas por su cuenta, más allá de los partidos, dando mayor protagonismo al Ejecutivo. No obstante, no siempre es así. Y esta última afirmación da vida al modelo de gobierno de partidos, ya que da vigencia a las preguntas clásicas: ¿quién gobierna?, ¿cómo se gobierna? y ¿por qué se gobierna así? Por lo tanto, y a pesar de que en buena medida el modelo de las relaciones gobierno-partidos ha caído en el olvido, éste se muestra también como una vía para explorar estas preguntas.

En este sentido, las variables que le dan explicación al modelo por sí mismas son relevantes. Esto es, las políticas públicas, el reclutamiento y el clientelismo son variables cuyo examen arroja, cada una por su cuenta, datos de interés. Ahora bien, si éstos se observan a la luz de las relaciones gobierno-partido, la importancia se incrementa.

Lo que se quiere decir es que el estancamiento en el interés por los estudios de las relaciones entre el gobierno y el partido o partidos sostenedores no se refleja en los estudios de sus variables, pues los estudios sobre políticas públicas, y en concreto sobre quién interviene en las políticas públicas, no han decrecido. Respecto al reclutamiento, conocer quiénes intervienen en la selección de los altos cargos en los gobiernos sigue siendo motivo de examen. De la misma manera, el clientelismo, y considerando los problemas que entraña su investigación, no pierde vigencia. Incluso, parece que están ganando interés como variables de otros estudios.

En resumen, el modelo de gobierno de partidos continúa siendo válido. Toda vez que tanto el gobierno como los partidos políticos siguen en movimiento y ocupan un papel relevante. Dicha relevancia se incrementa cuando la atención se centra en las relaciones que se establecen entre ellos. Por otro lado, los estudios sobre el gobierno y los partidos sí que han tenido desarrollo, lo que se traduce en discusiones nuevas en sus relaciones. Discusiones que, vale decirlo, han quedado pendientes, así como quedan trabajos empíricos por realizar.

Las relaciones gobierno-partido(s) en los ámbitos locales

Como se hizo notar en el apartado previo, los estudios sobre las relaciones gobierno-partido se han hecho en contextos nacionales y se han centrado en Europa, con exiguas excepciones en Latinoamérica. Lo que significa que la mayoría de los estudios de las relaciones gobierno-partido tienen como referente países con parlamentarismo. Este hecho incrementa el cuidado que se debe tener cuando se transporta el modelo a ámbitos distintos de los estudiados hasta hoy. Por esta razón es pertinente realizar observaciones en este sentido.

En el trabajo coordinado por Cansino (1997) se hicieron observaciones que consideraban el sistema presidencial en países latinoamericanos. Al respecto, el mismo Cansino advierte sobre el cuidado que se debe tener cuando se trata de América Latina, sugiriendo que se tomen en cuenta factores como la dinámica de los procesos políticos, la relación de elementos autoritarios y democráticos, la sobreposición de estructuras políticas institucionalizadas con otras sin legitimidad, las reglas políticas existentes, la cultura política, el papel del gobierno y los partidos en el contexto de sus regímenes y el tipo de negociaciones y acuerdos.

Estas consideraciones son de gran valía, ya que adquieren fuerza cuando la mirada recae en los gobiernos locales. Esto es, se intensifican los factores que modifican la dinámica de los procesos políticos y adquieren relevancia los factores locales que vienen a determinar la política. Dicho de manera fácil y breve: el contexto se torna preponderante si se busca extraer evidencia empírica importante.

Es así que al seleccionar un ámbito local en México se debe tener especial cuidado en las consideraciones previas dichas por Cansino y, a partir de ahí, aguzar la observación hacia los aspectos meramente locales, sin que esto signifique la extracción de evidencia particularísima que haga de la investigación un trabajo parroquial. Por el contrario, se debe procurar encontrar evidencia que permita generalizaciones aplicables a otros ámbitos locales.

Dicho lo anterior, es menester dar cuenta de la nula utilización del modelo de gobierno de partido(s) en ámbitos locales. La única experiencia que se conoce es el trabajo que antecede a esta investigación, La clase política en San Luis Potosí. Estudio sobre las relaciones Gobierno-Partido en el sistema político mexicano (1979-1997). El estudio que aquí se lleva a cabo es su continuación al abarcar los doce años posteriores, de 1997 a 2009. Al respecto, es importante destacar que los hallazgos de aquella investigación han sido tomados en consideración aquí en diferentes aspectos. Pues si bien el presente trabajo se apega en lo esencial al modelo de gobierno de partido(s) desarrollado por la literatura y sigue las pautas del trabajo previo, también incorpora novedades como el incremento en el valor otorgado a la variable de contexto. También se presentan otras alteraciones a las pautas originales del modelo, las cuales están enfocadas de la mejor forma para rentabilizar las variables, pero esto se detalla más adelante.

Encuadramiento metodológico

Una vez expuesto de manera breve el estado de las relaciones gobierno-partido(s) en la literatura, es preciso establecer el marco en que se desarrolla la presente investigación, con las consideraciones que la misma literatura ya señala. Son estos aspectos en los que se detienen los siguientes apartados, pues como ya se señaló, no es vasta la bibliografía existente que se puede tomar como referente para la investigación, de tal manera que el encuadramiento metodológico es imprescindible.

Objetivos

El objetivo general de la presente investigación consiste en conocer cómo son las relaciones entre el gobierno y el partido que lo soporta; entendiendo al partido que lo soporta como el que lo llevó al poder. Por tanto, es aquí donde se hace la primera aclaración: los partidos de oposición no son los que interesan en esta investigación.

El objetivo general motiva una pregunta inmediata: ¿para qué es importante conocer estas relaciones? La respuesta está ligada a aquellas preguntas clásicas del pensamiento político que buscan conocer ¿quién gobierna?, ¿cómo se gobierna? y ¿por qué se gobierna así? Preguntas intrínsecas en el modelo de gobierno-partido(s).

Pero el objetivo general se explica a través de lo que encierran los objetivos específicos, los cuales son: a) identificar los sujetos relevantes en la investigación, b) conocer las causas que los hizo relevantes, c) reconocer su proceder en la elaboración de políticas públicas y d) señalar su comportamiento clientelar en la relación gobierno-partido.

Como se puede observar en los objetivos específicos, los pasos iniciales deben encaminarse a la identificación de los sujetos relevantes en las relaciones entre el gobierno y el partido. Este hecho nos permite reconocer que la presente investigación se inscribe en los trabajos sobre las élites. Es así porque los sujetos que interesan no son cualesquiera, sino aquellos que se tornaron relevantes para las relaciones. Por lo cual, para reconocer estos sujetos es preciso establecer criterios. La literatura existente sobre el estudio de las élites es solvente al respecto, pues claramente reconoce cuatro criterios: posicional, decisional, reputacional y por su rendimiento (Borjas, 2012). Es de fácil explicación cada uno de ellos entendiendo que el criterio posicional atiende a aquellos que ocupan los cargos relevantes; el criterio decisional, a los sujetos que toman las decisiones relevantes; el criterio reputacional, a los sujetos cuya reputación es reconocida y por ese hecho adquieren relevancia; y el criterio de acuerdo con su rendimiento, a los sujetos que por su destacada actividad y resultados en sus funciones se vuelven relevantes para la institución.

Con la selección de los sujetos se agota el primer objetivo específico imprescindible para la continuación de la investigación. De ahí que sea preciso tomar partido por alguno de los criterios ya señalados. En este sentido, el criterio que se sugiere por las aproximaciones que permite hacer, dada la experiencia que se tiene del único trabajo previo sobre las relaciones gobierno-partido en ámbitos locales, es el posicional.

No obstante, es menester decir que el criterio decisional no se sigue, entre otras cosas, porque determinar quién toma las decisiones importantes o relevantes en un gobierno, por las características del sistema político mexicano, nos remite al gobernador como único decisor en este ámbito de estudio, tal como se verá en el capítulo siguiente. Asimismo, utilizar el criterio reputacional es depender del

juicio que hace la comunidad de las personas; es decir, tiene una gran carga valorativa por parte de la comunidad. Además, el mecanismo que se utiliza para determinar la selección de la élite es débil, pues depende del juicio que hace el investigador para señalar a los informantes y, de ahí, se depende del juicio de los informantes para nombrar a la élite. En ese trasiego se puede corromper el universo de estudio (Borjas, 2012: 18-19).

Finalmente, el criterio basado en el rendimiento presenta un problema básico, ya que el contexto en donde se realiza la investigación no cuenta con una tradición de rendición de cuentas o de resultados, lo que imposibilita la identificación de estos sujetos.

Por lo arriba señalado, el criterio posicional resulta el óptimo para la identificación de los sujetos que conforman la élite gobernante, toda vez que basta concentrase en los cargos relevantes y reconocer quiénes los han ocupado. La posibilidad de contar con información oficial que documenta tanto los cargos existentes en los gobiernos como los sujetos que los ocupan dota de objetividad al criterio.

En este orden de ideas, la presente investigación toma en consideración la Ley Orgánica de la Administración Pública de San Luis Potosí, en la que se señala cuáles dependencias corresponden a la administración pública centralizada y, por lo tanto, se ubican en la posición más alta del gobierno; siendo ésta la razón que determina el grado de alto cargo y que por ello se acepta como relevante. Bajo este criterio, los puestos considerados son el Ejecutivo del estado, las Secretarías de Despacho, la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General del estado. Las características de los puestos considerados se presentan en el Cuadro 1. Es importante destacar que no se incorpora el cargo de gobernador porque, si bien es considerado en el trabajo como alto cargo, sus características son distintas y en apartados posteriores se hace referencia a ellas.

Expuesto el cuadro 1 es preciso realizar algunas observaciones. Por ejemplo, no todas las dependencias tienen la misma relevancia, y resulta evidente cuando se observa la duración de éstas. Sin embargo, la relevancia de las dependencias no importa para la investigación, lo importante es develar el ejercicio del poder a través de las facultades que en este caso tiene el gobernador para crear, modificar o suprimir dependencias. En este sentido, se advierte que estos movimientos de las dependencias pueden constituir más un ejercicio del poder, que una optimización en el manejo de la administración.

Sea cual sea la intensión de los Ejecutivos para crear, modificar o suprimir dependencias, en el periodo de estudio, los movimientos nos dicen que las dependencias más estables fueron la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Educación, la Oficialía Mayor y la Procuraduría General de Justicia. Estas cinco dependencias no vieron alteración ni siquiera en el nombre. No ocurrió así con otras dos: la Secretaría de Finanzas es una de ellas, cuyo nombre cambió el 24 de octubre de 1997, y en gobiernos previos se denominó Secretaría de Planeación y Finanzas. La otra es la Secretaría de Desarrollo Económico, que adquirió dicha denominación el 24 de octubre de 1997, y llevaba por nombre Secretaría de Fomento Industrial y de Servicios. Se puede afirmar que las siete secretarías mencionadas son las de mayor estabilidad, esto es, representan el basamento del gobierno.

A las anteriores se les pueden sumar tres dependencias más, que por 28 días no presentan la misma vigencia. Estas dependencias fueron creadas el 24 de octubre de 1997, al inicio de un nuevo gobierno, en sintonía con los cambios de nombre de las dependencias arriba descritos. La interpretación que se puede hacer al respecto tiene que ver con los cambios que un nuevo gobierno hace para darle su sello personal. Y, en este orden, dos de estas dependencias nacieron para dar respuesta a problemas nunca antes considerados por los gobiernos precedentes, como son la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. La otra dependencia es la Contraloría General del estado, que ya había existido en un gobierno previo, pero había perdido vigencia durante ese mismo gobierno. Es importante señalar que, al tiempo en que se escribe el presente trabajo, estas dependencias descritas mantienen su ejercicio.

En el periodo de estudio se presentan ocho dependencias más. De éstas, cinco son dignas de observarse, pues tres fueron creadas el 13 de septiembre de 2003 y una más modificó el nombre en la misma fecha. Todo esto puede ser visto con normalidad, si no fuera porque estos cambios ocurrieron a 12 días de terminar un periodo de gobierno e iniciar otro de distinto color. Para ser más claros, suena a sinsentido la modificación de la estructura administrativa cuando el periodo de gobierno está a días de culminar. Además, en ese momento, el Ejecutivo ya sabía quién ejercería el siguiente gobierno y, en este caso en concreto, era la primera ocasión en que cambiaba de partido el Ejecutivo estatal. Pero lo extraordinario se sostiene cuando el nuevo gobierno, de color distinto, no realizó cambios en este orden, sino pasados algunos años. Este hecho rompe con la tradición del ejercicio del poder en el sistema político mexicano por parte de los que asumen el Poder Ejecutivo de darle el sello personal a su gobierno.3

Con la descripción realizada de las características de los puestos considerados, siguiendo el criterio posicional, se busca dar cuenta de los puestos importantes para la investigación. Resta reconocer quiénes fueron los sujetos que ocuparon estos puestos para dejar agotado el primer objetivo específico: a) identificar los sujetos relevantes en la investigación. Este objetivo se concreta en apartados posteriores, en los cuales se detallan las características de los sujetos vinculados al puesto. Se dio comienzo al desahogo de este objetivo porque, por su naturaleza, sin él no se podría continuar con la investigación, el resto de los objetivos se despejan en el transcurso del trabajo.

Preguntas de investigación

Un buen número de investigaciones en ciencia política busca dar respuesta a las preguntas de quién gobierna, cómo se gobierna y por qué se gobierna así, y no de otra manera. Esta investigación mantiene la misma intención, pero además cuenta con preguntas propias, que si bien podemos decir que derivan de aquellas, éstas nacen de la observación del caso concreto y del modelo que se sigue.

Al hilo de lo descrito, una pregunta de investigación que surge después de haber establecido los cargos relevantes, y en sintonía con el objetivo específico de identificar a los sujetos destacados de la investigación, es aquella que busca conocer cómo se recluta a estos sujetos para ocupar dichos cargos. Al llegar aquí es preciso recordar que cuando se hace referencia a los sujetos relevantes de la investigación nos estamos refiriendo a una élite. Por tanto, la pregunta de investigación se concreta en saber cómo se recluta a los miembros de la élite.

Otra pregunta de investigación encaminada a reconocer si el partido participa en las políticas públicas que emprende el gobierno se explica sabiendo a cargo de quién o quiénes quedan las políticas públicas. Por supuesto que las políticas públicas no ocurren y se agotan en un momento dado, sino que cumplen un proceso y se sabe que cuentan con un determinado número de pasos. En el apartado metodológico se desentraña esta labor de investigación que, finalmente, proporcionará la información que nos permita conocer quiénes, de manera importante, intervienen para que se lleven a cabo las políticas públicas del gobierno.

En la misma labor por saber la participación del partido sostenedor en el Gobierno, una pregunta más se hace presente al intentar identificar si este obtiene beneficios de aquel. Es decir, la pregunta inmediata es ¿obtiene beneficios el partido sostenedor del gobierno? La respuesta parece un tanto obvia si se revisa la literatura al respecto; no obstante, nada se da por supuesto, y si la respuesta es afirmativa, merece hacerse otra pregunta más: ¿qué tipo de beneficios se obtienen?

Hipótesis

La hipótesis de la investigación no dista mucho de la que abordan los trabajos de las relaciones gobierno-partido, que nos dice: “entre mayor es el grado de democraticidad de un régimen político, mayor será el grado de partidismo en el gobierno” (Cansino, 1997).

No obstante, también se incorpora otra hipótesis específica al caso concreto. Se destaca que las hipótesis hechas en el trabajo ya mencionado sobre las relaciones gobierno-partido en la misma entidad, pero en periodo distinto, han quedado un tanto desfasadas para éste. Pues ni el sistema político mexicano es el mismo ni las entidades se mantienen inamovibles. Hechos importantes han surgido en México y en San Luis Potosí para imaginar otras hipótesis. Por ejemplo, durante el periodo de estudio que va de 1997 a 2009 por primera vez en México se dio la alternancia en el gobierno federal, y tres años después ocurrió también por primera vez en el gobierno del estado. Esta circunstancia obliga a repensar el sistema político mexicano y distanciarnos de conclusiones derivadas de interpretaciones del presidencialismo y del partido hegemónico, entre otras. De la misma manera, este quiebre en la historia del sistema político mexicano, denominado alternancia, dio lugar al nacimiento de instituciones que modificaron el comportamiento de la política y de los políticos. Pero no sólo las instituciones nacientes cambiaron la dinámica política, también cambió la lógica del poder y, en consecuencia, la de los gobiernos, los partidos y las instituciones existentes.

En este nuevo contexto es donde las autoridades gubernamentales ganan autonomía, incrementan su poder y su independencia del centro. Lo mismo ocurre con los partidos en el nivel estatal en su relación con la cúpula partidista central. Carentes de autoridad, producto de un escenario político nuevo, no pocos partidos quedaron a la deriva en los estados, evento que hizo que los gobernadores acrecentaran el poder sobre éstos, quedando al frente del partido, y no el partido al frente del gobierno, como mucho tiempo se dio en afirmar respecto de la díada pri-gobierno.

Es así como la hipótesis que se presenta ante las novedades en curso es: a menores relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor, mayor grado de autoritarismo por parte del Ejecutivo estatal. La hipótesis nos quiere decir que mantener bajas relaciones por parte del gobierno –entendido éste como el Ejecutivo– con el partido que lo llevó al poder redunda en un alejamiento con este, en el que el ejercicio del poder queda concentrado en el gobernador.

Esta última es la hipótesis base de la presente investigación, y no es poca cosa, pues los cambios acaecidos en México y sus entidades, más que un impulso de prácticas de democracia, han detonado en pequeños feudos. Éste, por supuesto, no es un trabajo comparativo, pero busca corroborar que la entidad en estudio no dista de ser lo que la hipótesis sugiere.

Claro está que se pueden incorporar otras hipótesis apegadas al modelo de gobierno de partido(s) o incluso calcar las ya existentes de trabajos previos. Sin embargo, la idea es utilizar el modelo de gobierno de partido(s) para intentar nuevos hallazgos y no apegarnos a la búsqueda de los parámetros conocidos que brinda el modelo siguiendo las hipótesis tradicionales.

Variables

Las variables explicativas del modelo de gobierno-partido(s) se concentran en analizar el reclutamiento, la elaboración de políticas públicas y el clientelismo. La teoría al respecto señala que estas variables son suficientes para conocer la relación entre el gobierno y el partido que lo llevó al poder; no obstante, la puesta en marcha del modelo trae consigo más observaciones por hacer y más variables que considerar. Y ni qué decir cuando el modelo busca ser adaptado a otros ámbitos y contextos distantes de aquellos en los que nace originalmente.

Por esta razón, la investigación no se agota al dar respuesta a estas variables, que vale decir que sí se consideran como centrales en el trabajo, pero además, y tomando en cuenta las evidencias del único trabajo que se conoce con características similares, se añaden otras variables más de consideración, como lo es el contexto. Asimismo, el diseño institucional del gobierno es una importante variable de definición de actuaciones.

En resumen, las variables explicativas son el reclutamiento, la elaboración de políticas públicas y el clientelismo, acompañadas de variables intervinientes, como son el diseño institucional y el contexto. Todas ellas tienen su particularidad al ser operacionalizadas; este aspecto se dilucida en el apartado relativo a la adaptación del modelo a ámbitos locales.

Delimitaciones

Como se ha mencionado reiteradamente, el lugar en donde se lleva a cabo la investigación es el estado de San Luis Potosí, una provincia de México localizada en el centro del país.

La delimitación temporal va del 26 de septiembre de 1997 al 25 de septiembre de 2009. Este tiempo no es tan arbitrario como pudiera parecer, pues está marcado por varias circunstancias. Primero, tiene la intención de dar continuidad al trabajo ya existente sobre las relaciones gobierno-partido en la misma entidad en el periodo de 1979 a 1997. Esto es, con ambos trabajos se cubre el estudio de 30 años en San Luis Potosí, desde la misma óptica. Y, segundo, las características del trabajo anterior rondaban el desgobierno, y esa fue una circunstancia que dio peso para su investigación. Este cuenta con otro hecho de gran relevancia para su estudio: es la alternancia producida en este tiempo. El cambio de partido en el gobierno es más que motivo para intentar saber no solo cómo se presentan las relaciones entre el gobierno y su partido en uno y otro gobierno, sino además, saber cómo gobierna cada parti-do en el poder.

Cuadro 2. Periodos considerados y características

Núm.

Nombre

Tipo

Inicio

Término

Duración

Días

Partido sostenedor

1

Fernando Silva Nieto

Constitucional

26-sep.-97

25-sep.-03

6a. 0m. 0d.

2191

pri

2

Marcelo de los Santos Fraga

Constitucional

26-sep.-03

25-sep.-09

6a. 0m. 0d.

2192

pan

Fuente: Elaboración propia.

El Cuadro 2 señala los dos gobiernos que ejercieron funciones durante el periodo de estudio considerado. Como lo muestra el Cuadro, ambos gobiernos ejercieron sus funciones, de principio a fin, y no se presentaron otras alteraciones en este orden. De tal suerte que el tiempo de estudio comprendido es de doce años, dos gobernadores y dos partidos distintos en el poder.

Justificación

La justificación de orden externa tiene que ver con la precaria producción de investigación en ciencia política que se realiza en San Luis Potosí. Sólo en épocas recientes se ha presentado mayor número de investigaciones en ámbitos subnacionales, pero San Luis Potosí no es referente en ello. Por esta razón, no sólo esta investigación en el estado, sino casi cualquiera que sea vista desde la óptica de la ciencia política, se justifica. Además, la búsqueda de información política documentada, sistematizada y veraz es pobre en el estado. Esta investigación pretende colmar en algún sentido ciertos vacíos existentes.

Por otro lado, la justificación de naturaleza teórica también se cumple, toda vez que no se han presentado más casos que echen a andar el modelo de gobierno de partido(s) en ámbitos menores que los nacionales, salvo el que ya se ha referido, siendo éste una extensión de aquel que busca concretar un caso más robusto en la experiencia subnacional para la teoría.

En síntesis, ambas justificaciones –la externa y la teórica– basan su fuerza en el escaso estudio de casos con las características que aquí se presentan en la literatura existente.

Adaptaciones del modelo de gobierno-partidos al ámbito local

En reiteradas ocasiones se ha manifestado la ausencia de trabajos que se ocupen de las relaciones gobierno-partido(s) en América Latina. La experiencia que dejan los pocos trabajos que hay es indicativa y ninguno de ellos ha analizado las relaciones con profundidad; es decir, el trabajo realizado fue de gabinete, y no se echó a andar el modelo en toda su plenitud.

En esta misma tónica, o incluso peor, se presentan los resultados de las relaciones gobierno-partido en los ámbitos locales, para los cuales no hay siquiera referencias teóricas. Las únicas son las que se pueden extraer del trabajo ya citado en múltiples ocasiones para San Luis Potosí y, en buena medida, se retoman los aspectos más destacados de esa investigación.

Así, es preciso realizar la adaptación del modelo de gobierno-partido(s) para el ámbito local, tomando en consideración lo existente. Aquí es importante señalar que la presente investigación es un estudio de caso para el cual gran cantidad de la información proviene de las entrevistas realizadas; por tanto, es en éstas donde se presenta una buena parte de la adaptación; es decir, el cuestionario está diseñado ya con las observaciones que ha hecho la teoría y con las precisiones para el contexto en que se presenta.

Para lo expuesto, a continuación se detalla la manera en que se desahogan las variables consideradas por el modelo, así como las variables intervinientes de importancia que ha dejado la anterior experiencia en este ámbito.

Reclutamiento

Toda vez que se sigue el criterio posicional para la identificación de la élite, la variable referida al reclutamiento de los sujetos de interés para la investigación ha pasado por el reconocimiento de los cargos relevantes, que han quedado expuestos en los objetivos arriba descritos. Queda por saber quién o quiénes ocuparon estos cargos durante el periodo de estudio. Resuelto el asunto de los sujetos, se está en la posibilidad de realizar la entrevista. Ésta es la mecánica que se ha seguido para acercarnos al reclutamiento.

La entrevista busca recabar información que sugiere la metodología de los trabajos sobre gobierno de partidos y que se enfoca en descubrir la filiación partidista de los sujetos de interés, enmarcados en las personas que ocuparon los cargos relevantes; además de saber la posición e influencia que estos hombres tuvieron en el partido antes de asumir el cargo. Finalmente, como tercer punto de interés se encuentra descubrir quién estuvo en el origen de la elección que los llevó a ocupar dicho cargo.

Por supuesto que estas son las directrices generales sobre el reclutamiento, pero los resultados se presentarán más precisos y con incremento en algunos puntos de interés. Con la información se podrán tener resultados sobre las características de la élite, tales como profesión, sexo, grado de estudios, ocupación, entre algunas otras. Esto nos permitirá definir la tipología de la élite y, en consecuencia, realizar comparaciones con las élites de otros periodos de estudio.

Elaboración de políticas públicas

La elaboración de las políticas públicas es un problema que se torna más complejo. Es sabido que no todas las políticas públicas tienen el mismo peso en los gobiernos y no todas despiertan el mismo interés. De la misma forma, no todos los hombres del gobierno pueden participar en todas las políticas y no todas las políticas tienen la misma fuerza en el tiempo; esto es, existen momentos coyunturales en el ejercicio gubernamental que impulsan o detienen determinadas políticas. También, es más que reconocido que la ideología del partido tiene que ver con el apoyo o rechazo a ciertas políticas. Todo esto complica su análisis.

De tal manera que para sortear estos problemas nos acogemos a la propuesta de Cansino (1997) de no tomar en cuenta todas estas posibles alteraciones en el análisis y enfocarnos en la percepción de la elaboración de las políticas públicas por parte de la élite. Dicho más claro, indagar con los sujetos relevantes de la investigación su participación en la elaboración de las políticas públicas.

En sintonía con la propuesta de Cansino, Baena (1985) nos dice que dividir en fases la política pública es más que pertinente, pues ayuda a identificar mejor el papel y protagonismo de los actores. De ahí que para este trabajo se toman en cuenta cuatro fases de la política pública: identificación del problema, formulación de soluciones, adopción de decisiones y ejecución de la decisión. Cansino expresa que éstas son las fases que más permiten conocer la participación del partido en el gobierno.

El proceso que se sigue es establecer una batería de preguntas para cada una de las etapas de la política pública y preguntar la participación del alto cargo en dicha etapa. La propuesta de Cansino así lo hace; sin embargo, la experiencia que ha dejado el trabajo La clase política en San Luis Potosí lleva a reflexionar sobre lo elaboradas que están las preguntas para la entrevista y, en consecuencia, se realizan cambios en ellas. El reconocimiento de las etapas se sostiene en el cuestionario, pero las preguntas se abrevian, con el fin de darles agilidad y facilitar al entrevistado la comprensión de éstas. Pese ello, se considera que no hay alteración en los resultados que se buscan bajo esa mecánica.

Clientelismo

De todas las variables, la más difícil de ser corroborada es la referente al clientelismo. De manera natural, nadie dirá que lo ejerce. Tampoco basta que se diga que tal o cual gobierno o sujeto lo realiza. Para contar con evidencia es necesario valerse de todo, incluso de las notas periodísticas que lo pongan en evidencia; como lo señala Cazorla (1995) al dar importancia a estos medios en esta tarea.

A pesar de la ardua tarea que representa develar prácticas clientelares, para este trabajo, más allá de la revisión hemerográfica, la labor consiste en introducir preguntas en el cuestionario que permitan dar la pauta a respuestas que lleven a su ejercicio o localización y, a partir de ahí, a su identificación. Está claro que no es sencillo y el mayor reto lo constituye la construcción documental de los hallazgos que permitan dar certeza de las prácticas. Por ser el clientelismo una práctica de al menos dos sujetos, en el cual está de por medio recursos o favores, tampoco es tan fácil que quede en absoluto anonimato, más tratándose de sujetos y recursos públicos que intervienen en él. Aquí se encuentra la apuesta de la empresa.

Contexto

El contexto es una variable que en los últimos tiempos ha adquirido suma importancia en las ciencias sociales para explicar casi cualquier fenómeno. Si bien el contexto por sí mismo no alcanza a dar explicaciones plenas, sí es de gran auxilio para comprender mucho mejor y precisar más acertadamente las explicaciones de otras variables.

Se podría decir que la incorporación contextual se ha transformado en una obligación en los trabajos académicos. Para hacerla presente se suele introducir en apartados previos con la idea de dar pie a la explicación de las variables de estudios centrales. En este trabajo se adopta esta forma, pero la contextualización previa, en este caso, se ocupa más bien de aproximaciones históricas. Sin embargo, el tratamiento de la contextualización no se acaba en este apartado, sino que prosigue en la medida en que se van exponiendo las variables y los resultados. Para decirlo mejor, en esta adaptación del modelo de gobierno-partido(s) se presentan dos contextualizaciones: una previa, que contextualiza el modelo en general para San Luis Potosí, en la que se definen las características propias; y una contextualización, que va de la mano con cada exposición y acompaña a cada variable en todo momento. Ésta es la razón por la cual elevar el contexto a variable de peso no consiste simplemente en referirlo, sino en hacerlo valer a lo largo de la investigación y someter los resultados a él.

El valor que se le otorga al contexto en el trabajo no es arbitrario; la importancia viene dada al reconocer que en los ámbitos subnacionales, acerca de los cuales no siempre se tienen otros trabajos u otras investigaciones como referentes, no ocurren los fenómenos con la misma lógica que en los ámbitos mayores. Es entonces cuando el contexto se transforma en trascendental para alcanzar explicaciones más certeras. Por tal razón, este trabajo, que cuenta con estas características descritas, se apega a la consideración de valorar en mayor medida el contexto y darle mayor presencia.

Referencias

Baena del Alcázar, Mariano (1985). Curso de ciencia de la administración. Madrid: Tecnos.

Blondel, Jean (1994). “Hacia un análisis sistemático de las relaciones gobierno-partido”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 39(156): 31-45.

__________ y Mauricio Cotta (eds.) (1996). Party and Government: An Inquiry into the Relationship between Government and Supporting Parties in Liberal Democracies. Londres: Macmillan Pub. Ltd.

Bobbio, Norberto et al. (1982). Diccionario de política. México: Siglo xxi.

Borjas, Hugo Alejandro (2012). “Élites: Apuntes para su entendimiento”. Élites y Democracia. Revista de Ciencia Política y Comunicación, año ii, 3:12-20.

Botella, Joan (1997). “En torno al concepto de cultura política: Dificultades y recursos”. En Pilar del Castillo e Ismael Crespo (eds.), Cultura política. Valencia: Tirant lo Blanch. pp. 17-37.

Caboara, Lorenzo (1967). Los partidos políticos en el Estado moderno. Madrid: Editorial Tecnos.

Camp, Roderic Ai (1995). La política en México. México: Siglo xxi.

Cansino, César (1994). “Los partidos gobernantes en América Latina: Una propuesta de análisis”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 39(156): 47-70.

__________ (coord.) (1997). Gobiernos y partidos en América Latina. Un estudio comparado. México: Centro de Estudios de Política Comparada, A.C.

__________ y V. Alarcón Olguín (1993). “La relación gobierno-partido en un régimen semicompetitivo. El caso de México”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 37(151): 9-33.

Casar, María Amparo (1997). “Las relaciones gobierno partido en México”. En César Cansino (coord.). Gobiernos y partidos en América Latina. México: Centro de Estudios de Política Comparada, A.C., pp. 47-116.

Castles, F. G. y R. Wildenman (eds.) (1986). Visions and Realities of Party Government. Berlín: DeGruyter, European University Institute (The Future of Party Government).

Cazorla Pérez, José (1995). “El clientelismo de partido en la España de hoy: una disfunción de la democracia”. Revista de Estudios Políticos, 87, enero-mayo, pp. 35-52.

Cosío Villegas, Daniel (1974). El estilo personal de gobernar. México: Editorial Joaquín Mortiz.

Cotta, Maurizio (2001). “Sobre la relación entre partido y gobierno”. Desarrollo Económico, 41(162): 201-234.

Filho, G. A. (1994). “Clientelismo e política no Brasil”. Novos Estudos, 38: 225-240.

García-Pelayo, Manuel (1986). El Estado de partidos. Madrid: Alianza Editorial.

Jones, Ch. O. (1970). An Introduction to the Study of Public Policy. Belmont: Duxbury Press.

Katz, Richard (1986). “Party Government: A Rationalistic Conception”. En F. G. Castles y R. Wildenman (eds.). Visions and Realities of Party Government. Berlín: DeGruyter, European University Institute (The Future of Party Government).

__________ (ed.) (1987). Party Governments: European and American Experiences. Berlín: DeGruyter, European University Institute (The Future of Party Government).

Oliveira, I. R. de (1993). “Parties and Government in Brasil: Sarney and Collor Administrations”. Campinas: Mimeo.

Sartori, Giovanni (1980). Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Universidad.

__________ (1984 [1979]). La política: lógica y métodos en la ciencia política. México: fce.

Schattschneider, Elmer Eric (1941). Party Government. Nueva York: Holt Rinehart and Winstan [traducción al castellano consultada (1964). Régimen de partidos. Madrid: Editorial Tecnos].

Seligman, Lester G. (1971). Recruiting political elites. Nueva York: General Learning Press.

Diccionario de la Real Academia Española.

Roderic Ai Camp toma esta conceptualización de Lester G. Seligman (1971). Recruiting political elites. Nueva York: General Learnig Press.

Véase la obra clásica de Daniel Cosío Villegas (1974). El estilo personal de gobernar. México: Editorial Joaquín Mortiz.

Cuadro 1. Características de los puestos considerados

Núm.

Secretaría

Fecha inicio/fin

Duración*

Días

Porcentaje

1

General de Gobierno

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

2

Finanzas

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

3

Desarrollo Económico

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

4

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

5

Educación

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

6

Oficialía Mayor

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

7

Procuraduría General de Justicia

26-sep.-97/25-sep.-09

12a. 0m. 0d.

4383

100.0%

8

Desarrollo Social y Regional

24-oct.-97/25-sep.-09

11a. 11m. 7d.

4355

99.4%

9

Ecología y Gestión Ambiental

24-oct.-97/25-sep.-09

11a. 11m. 7d.

4355

99.4%

10

Contraloría General del estado

24-oct.-97/25-sep.-09

11a. 11m. 7d.

4355

99.4%

11

Planeación del Desarrollo

24-oct.-97/31-ene.-06

8a. 3m. 10d.

3022

68.9%

12

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

13-sep.-03/25-sep.-09

6a. 0m. 13d.

2205

50.3%

13

Comunicaciones y Transportes

13-sep.-03/25-sep.-09

6a. 0m. 13d.

2205

50.3%

14

Trabajo y Previsión Social

13-sep.-03/25-sep.-09

6a. 0m. 13d.

2205

50.3%

15

Turismo

13-sep.-03/25-sep.-09

6a. 0m. 13d.

2205

50.3%

16

Cultura

13-sep.-03/25-sep.-09

6a. 0m. 13d.

2205

50.3%

17

Obras y Servicios Públicos / Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas

26-sep.-97/12-sep.-03

5a. 11m. 22d.

2178

49.7%

18

Salud

23-dic.-04/25-sep.-09

4a. 9m. 6d.

1737

39.6%

Fuente: Elaboración propia.

2. San Luis Potosí en las relaciones Gobierno-Partido

Introducción

El presente capítulo tiene la intención de exponer el diseño institucional que guarda el estado de San Luis Potosí. Para ello se consideran los tres grandes ejes que explican el sistema político: el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos.

Se expone primero el sistema de gobierno y, en este sentido, se incorporan referencias a los gobernadores, por considerarlo necesario toda vez que es una figura que ha adquirido gran relevancia en el ejercicio del poder en los gobiernos locales. Asunto que no escapa a la presente investigación.

Enseguida, se presenta el sistema electoral, en el cual se anota su situación en el contexto mexicano y la importancia que ha tenido por sí mismo en San Luis Potosí.

Finalmente, de manera más extensa, se presentan los apuntes a los partidos y al sistema de partidos en San Luis Potosí. Se hace hincapié en este tema porque es esencial conocerlo para la mejor interpretación de las relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor.

Diseño institucional: el sistema político en San Luis Potosí

Este apartado, más allá de debates teóricos respecto del conductismo, institucionalismo o nuevo institucionalismo,1 reconoce que las instituciones tienen un papel importante en la conducta de los individuos. Sin embargo, también se reconoce que no siempre los individuos responden a las reglas institucionales y, en cambio, su comportamiento está regido por otras influencias. Estas influencias en su forma de actuar pueden venir de la camarilla a la que pertenecen, la élite en la que se adscriben, factores coyunturales o por simple proyección personal, entre muchas otras. El siguiente apartado tiene la intención de delinear la estructura institucional que tenía el gobierno cuando los sujetos importantes, para la investigación, arribaron al poder, con el fin de reconocer posibles influencias en su proceder, derivadas de su ejercicio dentro de la institución. O, por el contrario, develar que el entramado institucional no influyó en absoluto en su ejercicio.

Para describir lo anterior con el se da cuenta del sistema político en San Luis Potosí, con el fin de reconocer el marco institucional en el que se encontraban los sujetos. Si bien ellos tienen amplias libertades para su ejercicio, éste se encuentra delimitado por una estructura y una normativa, la cual pueden o no atender, pero que define a los gobiernos. Y puesto que no estamos en la construcción de un trabajo con tintes deontológicos, lo importante radica en conocer la realidad y en quién y cómo se gobierna.

Por lo dicho, hablar del diseño institucional que guarda el estado de San Luis Potosí es ubicarnos en el sistema político, y referirnos a él es remitirse a la visión de Nohlen (1996) respecto de lo que él define como la trilogía de los sistemas, que comprende el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos.

Al reflexionar sobre la trilogía de los sistemas se cae en la cuenta de que no se puede prescindir de hacer apuntes sobre ellos, puesto que se está trabajando sobre el modelo de las relaciones gobierno-partido. Además, una de las novedades que tiene este trabajo, por el periodo en el que se ubica, es que justamente el sistema político mexicano ha enfrentado cambios sustanciales en estos tiempos. Hecho que deriva en cambios no menos importantes en los sistemas políticos de los estados.

Ahora bien, es prudente señalar que las anotaciones del sistema político mexicano han quedado un tanto rebasadas después del año 2000, y sus características se transformaron de manera rotunda. Cierto es que los cambios no fueron absolutos y que tampoco se pasó de un sistema a otro de manera abrupta. También lo es que muchas prácticas persisten e incluso algunas de ellas tomaron fuerza, pero todo esto ocurrió en otro contexto y estando otro partido en el poder. Con lo que ese solo hecho modifica las interpretaciones y se aleja de aquellas que se derivaban del partido hegemónico, del pri-gobierno, de las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo, entre algunas otras. Esta realidad impactó en los gobiernos locales y vieron cómo de pronto eran dueños de su identidad. Si bien la figura presidencial, desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), fue disminuyendo sus actuaciones paulatinamente en los estados y otorgándoles mayores competencias (Hernández Chávez, 1994), no fue sino después de las elecciones de 2000 cuando los estados sintieron esta autonomía respecto del centro. Y es por esta razón que los gobiernos locales comenzaron a construir, de manera consciente o inconsciente, su propio sistema político.

Este motivo hace que dejemos aparcada la literatura sobre el sistema político mexicano, que mucho tiempo fue de referencia obligatoria, y nos enfoquemos en el nacimiento, transformaciones, adaptaciones o continuidad de prácticas en esta última década, que dotan de personalidad al sistema político de las localidades, en este caso al de San Luis Potosí.

Antes de proceder a la descripción, resulta necesario, para una mayor comprensión, hablar del diagrama que forman las instituciones políticas de San Luis Potosí. En sintonía con la trilogía de los sistemas de Nohlen, los sistemas políticos de los gobiernos subnacionales son herederos del presidencialismo2 mexicano, por lo cual existe un sistema de gobierno a su imagen y semejanza, siendo en este ámbito el gobernador la máxima autoridad que queda depositada en el llamado Poder Ejecutivo. En el mismo nivel, y a manera de contrapesos como lo sugiere la teoría, se encuentran los otros dos poderes: el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin embargo, la realidad supera a la teoría y aquí existe la fuerza de la herencia, pues el Poder Ejecutivo, encarnado en el gobernador, suele en no pocas veces imponerse a los otros dos poderes, viéndose reflejado el presidencialismo mexicano en los estados.

El sistema electoral, siguiendo las pautas nacionales, está conformado por una institución subnacional denominada Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (ceepac) encargada de llevar a cabo las elecciones de los representantes locales. Dentro de la organización del sistema electoral local aparece una institución federal: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.3 Esta institución interviene en la resolución de las controversias a los actos o resoluciones del ceepac a través de una de sus cinco salas regionales; a la sala regional Monterrey pertenece San Luis Potosí.

El sistema de partidos queda representado por una pluralidad de partidos, en la que básicamente han sido dos los partidos relevantes, aunque en épocas recientes han emergido otras fuerzas políticas con capacidad de incidir en las decisiones. Todos ellos, como lo exige la ley, con registro nacional o local.

Ésta es, dispuesta en forma sintética, la conformación de las instituciones del sistema político de San Luis Potosí y que le dan vida a su dinámica política. En ellas es donde el sistema de gobierno se encuentra depositada la mayor representación del ciudadano a través de los diferentes cargos y cuya renovación ocurre, para el Poder Ejecutivo, cada seis años; para las 58 alcaldías, cada tres años; y para el Poder Legislativo, cada tres años, conformado este último por 27 diputados, de los cuales 15 son de mayoría y 12 de representación proporcional. Pero para una mayor comprensión de la dinámica política a la que venimos refiriéndonos, es importante detenerse en cada sistema, como se hará a continuación.

El sistema de gobierno y los gobernadores

Hemos dicho que el sistema político mexicano en los últimos tiempos ha sufrido serias transformaciones, pero que también no se empezó de cero, ni se sustituyó el sistema político por otro nuevo. No, el sistema político mexicano mantiene las estructuras esenciales que le dieron vida y que se reprodujeron en las localidades del resto del país. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que, después de la alternancia en el Poder Ejecutivo federal, se hayan transformado las prácticas y los entendidos que primaban. Asimismo, algunas de las reglas no escritas del sistema político mexicano4 han perdido vigencia y han dado lugar a otras formas de actuar.

Estas nuevas formas de actuar son las que también se han presentado en los estados, en donde, sin duda, cada localidad ha construido las suyas. Esta particularidad da pie a pensar en distintas pautas de los sistemas políticos locales anclados en el sistema político mexicano y, que por lo tanto, lo redefinen. Así, en el presente apartado nos centramos en el sistema de gobierno de San Luis Potosí; en primera instancia, partiendo de los referentes nacionales de los cuales se deriva; en segunda instancia, haciendo un alto en la actuación que están teniendo los gobiernos locales y que les está dando identidad propia.

El sistema de gobierno en San Luis Potosí

El sistema de gobierno en San Luis Potosí debe su estructura al sistema presidencial en que se ubica el Estado mexicano y que se reproduce en los gobiernos subnacionales. Y si bien en décadas pasadas, gracias a diversos teóricos,5 tomó fuerza el debate normativo respecto de cuál sería la mejor forma de gobierno para los países de Latinoamérica –la presidencial o la parlamentaria–, no produjo alteraciones esenciales en sus interpretaciones. De tal suerte que el sistema presidencial6 mantiene su vigencia y no se observan cambios sustanciales en este sentido en los países de la región latinoamericana.

No obstante, y alejados del debate teórico, para el año 2000 la vida política en México se alteró y no se modificó el sistema presidencial, pero sí su presidencialismo. Después de 70 años, la alternancia le quitó la hegemonía al Partido Revolucionario Institucional (pri), desencadenando una serie de sucesos que terminaron con el presidencialismo mexicano.

La llegada de un militante del Partido Acción Nacional (pan) a la presidencia trastocó las estructuras del viejo régimen y cambió las pautas del sistema político. Pese a todo ello, la ingeniería del sistema en su esencia se sostuvo y las alteraciones recayeron más en la forma que en el fondo. Por lo cual es interesante que a pesar de todos los cambios sobrevenidos, estos no afectaron a los poderes de la Unión, cuyas atribuciones, incluso, se sostienen desde 1917, fecha de su creación. Asimismo, como lo señala Rogelio Hernández (2008), la transición no se ocupó de otra cosa que no estuviera centrada en los términos y la calidad de la competencia y omitió detenerse en el funcionamientos de las instituciones.

Pero en San Luis Potosí, en el trienio de 1997 a 2000 que da inicio a nuestro periodo de estudio, todo fue a la vieja usanza, aunque con debilitamientos en el sistema, pues aun no era patente la alternancia en México y el pri seguía dominando. La alternancia en San Luis Potosí ocurrió tres años después con los mismos partidos en pugna en el nivel federal; es decir, el pri perdió la hegemonía y arribó el pan por primera vez al gobierno. Los comentarios del hecho estuvieron anclados todavía en las lecturas al viejo sistema político pri-gobierno, en las que la coincidencia de partido del gobierno federal con el estatal hacía pensar en la buena marcha de los asuntos públicos y, quizá lo más relevante, en la buena disposición de transferencia de recursos económicos del gobierno federal hacia el estatal. En los hechos no se estuvo muy distante de todo esto y el Partido Acción Nacional vio incrementar su presencia en el estado.

Por el contrario, con la derrota del pri en el gobierno de San Luis Potosí, este se desdibujó unos años y dio libertad a Acción Nacional y a su gobierno para hacer y deshacer. Cabe decir que durante este tiempo, el Revolucionario Institucional no ejerció una verdadera oposición al gobierno. También es importante destacar que el Partido Acción Nacional tampoco imprimió un sello propio en su forma de gobernar, ni en el ámbito federal ni en el estatal. No pocas prácticas se repitieron y fueron tomadas del viejo régimen, entre la cuales incluso se llegó a percibir la parafernalia priista en los actos del gobernador de Acción Nacional.

En síntesis, el sistema de gobierno en San Luis Potosí ha sufrido transformaciones como consecuencia de los cambios políticos nacionales. Todos estos cambios no están consolidados, ni son definitivos, muchos de ellos no han sido premeditados y son producto de las circunstancias políticas locales y nacionales. En otras palabras, el sistema de gobierno, y en general el sistema político en San Luis Potosí, está en movimiento y en una época muy viva, que imposibilita hablar de un sistema definido. Asunto que es importante aclarar aquí, pues lo que se delinea son las pautas del sistema político en el periodo considerado y que, quizá, justo en los tiempos en que se escribe el presente trabajo están sufriendo cambios, en sintonía con lo que sugiere la propia idea de sistema. Ahora bien, estas transformaciones han producido libertades a los gobernadores que, con conciencia o sin ella, están marcando las novedades de los sistemas de gobierno para este nuevo siglo en los gobiernos locales.

En este tenor, es preciso dar cuenta del contexto en que se encuentran los gobernadores, a fin de caracterizarlos para entender su forma de gobernar que, en estos tiempos, puede definir el sistema político y el sistema de gobierno. Entre otras cosas, durante el periodo en que se enmarca el estudio, el gobierno federal no construyó, ni por asomo, la argamasa institucional del nuevo sistema político mexicano que ayudaría a establecer las bases en los gobiernos de los estados. Por lo tanto, fue el periodo en que el sistema político mexicano dejó de tener como gran referente al presidente y otorgó presencia a los gobernadores, apunte que se detalla en específico en el apartado siguiente.

Los gobernadores7

Al perder el Revolucionario Institucional la presidencia, los gobernadores priistas encontraron motivos para comenzar a actuar por su cuenta, ya sin la obligación partidista de obedecer al presidente, ni de rendir cuentas políticas a nadie, dando como resultado un incremento de su poder en el estado gobernado. Asimismo, los gobernadores de otros partidos encontraron vía libre para el ejercicio de sus funciones, legales o extralegales.

En este proceder, interpretado como el fortalecimiento de los gobiernos locales y el debilitamiento del presidencialismo, se han presentado no muy buenas experiencias, en las que ciertos gobernadores han actuado a la manera característica de las democracias delegativas.8 Dicho en otros términos, la falta de un correcto funcionamiento institucional que acote el poder de los gobernadores ha permitido que Ejecutivos de los gobiernos locales actúen como si el estado fuera parte de su feudo, lo que ha producido momentos de retroceso político en la vida de los gobiernos, locales que parecían ya olvidados (Hernández Rodríguez, 2008).

Estas aseveraciones encajan con nuestra hipótesis que, recordamos, nos dice que a menores relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor, mayor grado de autoritarismo por parte del Ejecutivo estatal. La hipótesis nace de la observación de los gobiernos locales, en donde antaño el contrapeso, formal e informal, lo era el Ejecutivo federal, encarnado en el presidente y el gobierno federal con todas sus dependencias, a través del etiquetado de los recursos dirigidos a políticas públicas en específico. De ahí que no es raro que Victoria Rodríguez dijera en 1999 que la política seria en México es la política que hace la federación (Rodríguez, 1999). Pero el cambio de partido en el gobierno, con cierta lógica, trajo inexperiencia en el ejercicio del poder y en el ejercicio gubernamental, traducido en la pérdida de control de los gobiernos locales.

Una de las consecuencias más evidentes de la disminución de influencia del centro en la vida de los gobiernos locales lo significó la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (conago). Sin embargo, ésta no surgió precisamente como la respuesta u oposición al gobierno federal, sino que una serie de acontecimientos derivaron su creación. Es decir, la conago no representa el principio o punto de partida, sino más bien el fin o puerto de llegada de cambios en las relaciones intergubernamentales que eran cada vez más evidentes.

Cuando nació la conago el viejo sistema político mexicano se caracterizaba por un presidencialismo fuerte de partido hegemónico. Con el tiempo, ya no era tal y el distanciamiento o pérdida de autoridad para con los gobiernos locales había comenzado años atrás de manera paulatina. De tal manera que los cambios, como lo fueron las relaciones entre los ámbitos de gobierno, impactaron primero en la vida política informal de México y trascendieron de ahí, paso a paso, a la formalidad, al incorporarse en las instituciones y recibir reconocimiento.

Es así que se considera relevante hacer referencias a la conago como muestra de ese otro transcurrir político que se comenzó a dar en México y que alteró viejas prácticas o que, si no, al menos las puso en discusión. Asunto que es preciso comentar dentro de las relaciones que se han venido estableciendo entre el gobierno y el partido sostenedor en San Luis Potosí, pues el periodo de estudio revela transformaciones importantes en el actuar de las autoridades de los gobiernos locales. Por supuesto que el surgimiento de la conago se enmarca dentro de las alteraciones en el diseño institucional posteriores a la alternancia ocurrida en 2000. De tal suerte que su inclusión en la contextualización de las relaciones gobierno-partido en San Luis Potosí es imprescindible para el entendimiento del nuevo papel de los gobiernos locales.

Los primeros pasos para el surgimiento de la conago se dieron en la denominada Reunión de Gobernadores de Mazatlán, Sinaloa,realizada el 10 de agosto de 2001, con la asistencia de veinte gobernadores. Pero no sería hasta el 13 de julio del año siguiente cuando en Cancún, Quintana Roo, se constituiría la Conferencia Nacional de Gobernadores (conago), con la presencia de todos los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (pri) y del Partido de la Revolución Democrática (prd). Detalle significativo, este último, pues el líder del Ejecutivo federal en ese momento pertenece al Partido Acción Nacional (pan) y los gobernadores de dicho partido se ausentaron en la reunión fundacional de la conago. Pero para la X Reunión Ordinaria, realizada el 30 de julio de 2003, en San Luis Potosí, finalmente se incorporaron todos los gobernadores de todas las fuerzas políticas y, con ello, quedó establecida una instancia alejada de las competencias del presidente de la República.

Pese a los esfuerzos para constituirla, con el paso de los años, la conago ha dado muestras de que solo fue el resplandor que anunció el surgimiento del nuevo papel de los gobernadores, ya que en esencia para lo que ha servido es para evidenciar las distancias y diferencias en las relaciones entre los estados. La conago no solo dio a conocer al gobierno federal el nuevo papel de los gobernadores, sino que también así lo hizo saber a los gobernadores en funciones en ese tiempo y lo heredó a los que han venido después. Los gobernadores siguientes han percibido esa libertad adquirida tiempo atrás y la han utilizado en su beneficio.

Bueno habría sido que el nacimiento de la conago también hubiera señalado el nacimiento de otra instancia de poder. Pero esta nueva instancia de poder no fue la conago, sino cada uno de los gobernadores de los estados. Dicho en otros términos, el poder se fragmentó en el año 2000 en este ámbito, pues se puede decir, sin que se califique como apológico, que en tiempos del pri-gobierno las instancias de poder locales lo eran los gobiernos del pri, por un lado, y los gobiernos de oposición, por el otro. Al llegar Acción Nacional a la presidencia, las instancias de poder las constituyeron cada uno de los estados y el Distrito Federal en su visión de sí mismos. Estamos hablando de 32 instancias de poder.

Ahora, esta fragmentación hizo más fuertes y más autónomos a los gobernadores, los cuales han tenido pocos límites a sus mandatos y, por el contrario, han encontrado espacios de poder que con la alternancia quedaron acéfalos y ellos han ocupado y utilizado. Nos estamos refiriendo a los partidos en su espacio estatal. La alternancia con el pan consiguió divisiones en el pri, y los priistas se recluyeron en sus entidades, olvidándose de su dirigencia nacional, por lo que, ante la derrota, poco pudieron hacer. En tanto que el pan, con Vicente Fox, no supo y no pudo mantener una cohesión en su partido, que nunca lo reconoció del todo como uno de sus claros militantes.9 Por todo esto, los gobernadores tomaron el mando de su partido en sus entidades y con ello ampliaron su actuación y ganaron espacios políticos. Lo que antes se negociaba con el presidente y las dirigencias nacionales, ahora quedaba a cargo en exclusiva de los gobernadores, de tal manera que en ellos se depositó lo que con anterioridad se hacía en el centro.

La extensión de competencias informales para los gobernadores ha significado que controlen no solo su ámbito, sino también que el ámbito municipal quede bajo su resguardo, pues son ellos quienes a través de su partido ponen a los candidatos. Es cierto que la competencia ha ganado terreno y no todas las alcaldías terminan siendo del partido del gobernador, pero sí le dan esta oportunidad a través del dinero que dispensan en las campañas electorales. Una situación similar ocurre cuando se trata de los candidatos a diputado o a los Congresos locales, ya que éstos reciben apoyo en sus campañas a fin de colaborar más tarde con los propósitos del gobernador. De tal manera que si el gobernador consigue tener la mayoría en el Congreso, cualquier asunto que ahí se resuelva resultará invariablemente a su favor. Y no son pocos, ni irrelevantes, los asuntos que a un gobernador le pueden interesar y resulten favorables.

Así las cosas, los candidatos a cargos de elección federal del partido del gobernador también han de contar con su venia. Estos se transforman en emisarios del gobierno del estado o, mejor aun, del gobernador, que no es lo mismo. En síntesis, el cargo de gobernador en algunos estados se ha transformado en el todopoderoso que hace y deshace a su antojo, sin mayores límites que los que él se impone. Al respecto, San Luis Potosí no fue ajeno por entero a estos comportamientos, como se verá en su momento.

El sistema electoral

El sistema electoral de San Luis Potosí tiene su propia historia, pero la historia del sistema electoral mexicano no le es extraña. Los asuntos electorales en San Luis Potosí se acoplaron sin problema a la inercia federal; en la cual las elecciones comenzaron a constituir el punto de inflexión de la democracia anhelada en México. Además, diversos ejercicios electorales, que se comentarán enseguida, superaron las intenciones nacionales e introdujeron al estado en un contexto electoral particular. De él se puede decir que a lo largo del último siglo son tres las situaciones que han dado personalidad propia al entorno electoral de San Luis Potosí: el derecho al voto a la mujer, la implantación de la segunda vuelta en el ámbito municipal y la completa ciudadanización del órgano electoral (Borjas, 2005: 141-142).

La primera situación, referida al derecho al voto a la mujer, tuvo lugar el 8 de enero de 1923, por medio del decreto número 106. A través de éste, San Luis Potosí se convierte en la primera localidad de México en otorgarlo. El estado de San Luis Potosí marcó la pauta y se distingue de los demás gobiernos locales en lo que respecta al ejercicio de la libertad materializada en el voto universal.

La segunda peculiaridad se presentó en el ámbito municipal y se implementó en todos los municipios de la localidad, sin excepción: la segunda vuelta, a partir de 1996. Tal medida incentivó a otros municipios de la República a reforzar el poder soberano del pueblo y contribuir al buen desahogo de los conflictos electorales, que fue uno de los motivos por el cual se había implantado.

La última circunstancia es la ciudadanización del órgano electoral. Ésta inició con la reforma del 22 de noviembre de 1991, y la Ley Electoral, de 1994, y culminó en 2005. En la primera se incorporó a los Consejeros Ciudadanos (Decreto núm. 196), en la segunda se ordenó que la elección de éstos se realice considerando las propuestas de los partidos políticos, y ya no la del Ejecutivo (leeslp, 1994), y en 2005 se dictó que los ciudadanos potosinos también pueden proponer a los consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (ceepac) (leeslp, 2005). Lo anterior refuerza la independencia del órgano electoral, toda vez que éste adquiere la plena responsabilidad al estar compuesto por ciudadanos que pueden ejercer su derecho político de participación en igualdad de condiciones y posibilidades. Al revisar las iniciativas y reformas que nacieron en la localidad de San Luis Potosí, no podemos negar que estamos hablando de un estado a la vanguardia en materia política (Borjas, 2005: 144).

En síntesis, el sistema electoral de San Luis Potosí ha visto nacer la ciudadanización del órgano electoral y sus modificaciones; asimismo ha visto el surgimiento de figuras nuevas como la segunda vuelta, cuyo objetivo fue ayudar a la resolución de conflictos postelectorales, pero que más tarde el propio gobierno la derogó por considerar que dejaba de ser operativa. Por otro lado, surgen las agrupaciones políticas como vía eventual para la conformación de nuevos partidos.

De manera breve, estos son los temas que más se han tocado en el sistema electoral en nuestro periodo de estudio; claro que se han presentado otros temas que buscaban estar en concordancia con la legislación electoral nacional, pero en esta inercia se han encontrado todos los institutos y consejos electorales del resto de México. Los temas aquí referidos corresponden a las señas de identidad del sistema electoral de San Luis Potosí que, también es importante decirlo, mantiene su condición de sistema electoral mixto al permitirse, en la renovación del Poder Legislativo, candidatos tanto por la vía de la mayoría como por la vía proporcional.

Por otra parte, como ocurre en todo el país, el sistema electoral de San Luis Potosí ha tenido que cargar con las disyuntivas de los partidos; esto es, a la falta de una ley de partidos, las autoridades electorales se ven en la obligación de dirimir sus incidencias cuando se permite, pero tienen la incapacidad de entrar a observar la vida interna de los mismos partidos, que es donde están ocurriendo los asuntos importantes. Y esto no es una irrelevancia, ya que la autoridad electoral en San Luis Potosí se ve lesionada por factores que no le competen, como consecuencia de una ley de partidos que dé respuesta a ellos. Dicho más claro, esta ausencia de ley produce que eventualmente el sistema electoral se inmiscuya en los asuntos que le competen al sistema de partidos. Para hablar de ello y de los partidos que ha tenido el estado en el periodo de estudio y un poco más atrás, como apoyo para contextualizar mejor, tenemos el apartado siguiente.

Partidos y sistema de partidos10

Previo al desarrollo del presente apartado es importante destacar dos observaciones. La primera tiene que ver con reconocer que uno de los temas en los cuales la ciencia de la política más se ha detenido en su estudio son los partidos políticos y sus interacciones; es decir, existe una vasta literatura sobre los partidos y los sistemas de partidos. Por tal razón, y reconociendo esta circunstancias, este apartado no sólo se detiene en el sistema de partidos, sino que aborda también de manera individual cada uno de los partidos políticos que han hecho presencia en San Luis Potosí en los últimos 22 años. Y si bien este periodo es más extenso que nuestro periodo de estudio considerado, este proceder es pertinente y útil para la mejor contextualización del trabajo.

Ahora bien, hecha la aclaración de que no nos detendremos sólo en el sistema de partidos, sino también en cada uno de los partidos con presencia en el tiempo señalado, merece decir que por este motivo el apartado tiene una mayor extensión que los correspondientes al sistema de gobierno y al sistema electoral. Sin embargo, se reconoce que esto se compensa por el hecho de que los capítulos siguientes en realidad de lo que hablan es del sistema de gobierno, quedando un poco en deuda con el sistema electoral, pero ocuparse de él desbordaría las intenciones del presente trabajo.

Los partidos políticos en San Luis Potosí

En primer lugar se debe mencionar que los partidos valorados son aquellos que tienen presencia a partir de las elecciones de 1990 hasta las realizadas en 2012. Un periodo que comprende 22 años y que resulta aceptable para los propósitos del trabajo, pues lanzar una miranda hacia atrás en el tiempo, reconociendo que no es un trabajo histórico, sería encontrarnos con organizaciones muy precarias que pondrían en tela de juicio el concepto de partido político al llamarlas así y nos llevaría a abandonar la idea de hablar de un sistema de partidos en el estado. No obstante, tampoco se ignora la existencia de partidos políticos con anterioridad –referidos así sea cual sea su concepción teórica real–, ni se hace un corte a partir de 1990. Cuando lo obligue la exposición, se harán las aproximaciones históricas necesarias.

Hablar de los partidos políticos en San Luis Potosí es dar cuenta en buena medida de los partidos políticos en México, pues es en el ámbito nacional donde se presenta el origen de los partidos y de ahí trasciende a los gobiernos subnacionales. De tal manera que la vida de los partidos políticos en México está ligada a la presencia de éstos en la competencia nacional. Claro está que si nos remontamos a la idea de facciones, son otros los datos que se pueden encontrar, pero no son las facciones, ni la historia de los partidos el punto de interés, más bien su presencia y ejercicio en la competencia política en San Luis Potosí.

Por lo mencionado, la presencia de los partidos políticos en México encuentra un fuerte referente en el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (pnr), en 1929, llamado después Partido de la Revolución Mexicana (prm, 1938-1939) y, finalmente, Partido Revolucionario Institucional (pri, 1946). Asimismo, el otro partido que también es referente es el Partido Acción Nacional (pan), fundado en 1939. Esto no debe entenderse como el nacimiento de los partidos políticos en México, a partir del pri y del pan. No, ha habido una treintena más de partidos en México que durante el siglo pasado de alguna manera hicieron presencia; sin embargo, para la segunda mitad del siglo pasado y principios de éste, estos dos partidos son los que han marcado la existencia de partidos políticos en México. De ellos surgieron, con posterioridad, otros partidos. Uno de los cuales es el Partido de la Revolución Democrática (prd, 1989), fuerza política que es preciso incorporar en las referencias obligadas sobre los partidos políticos en México.

Por tanto, se puede decir que estos tres partidos políticos nacionales han marcado la vida de los partidos políticos en México en las últimas dos décadas. De la misma manera, estos tres partidos han marcado la vida de los partidos políticos en los gobiernos subnacionales, aun en San Luis Potosí. Su presencia y participación en el estado ha sido constante durante nuestro periodo referido, que comprende ocho elecciones (1990-1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012). Durante estos 22 años postularon candidatos a las alcaldías del estado, al Congreso local y a la gubernatura (véase el Cuadro 3).

En estas elecciones, otros partidos que han tenido una buena participación son el Partido del Trabajo (pt) y el Partido Verde Ecologista de México (pvem), que si bien no tienen la fuerza de los anteriores y en no pocas ocasiones han participado a través de coaliciones con otros partidos políticos, se debe reconocer su presencia en el estado. Aquí cabe señalar que se ha de entender como presencia el sostenimiento del registro como partido político ante las instancias correspondientes –sea nacional o estatal– que posibilita y obliga a su participación en cada elección. En esta misma línea, dos partidos más, el Partido Concien-cia Popular (pcp) y el Partido Convergencia/Partido Movimiento Ciudadano (pc/pmc), han hecho presencia en las cinco últimas elecciones de las ocho consideradas (véase el Cuadro 3).

El resto de los partidos han participado, como máximo, en tres elecciones, y algunos de ellos han perdido el registro de forma definitiva; es decir, ya no figuran en el panorama político de San Luis Potosí. Queda el Partido Nueva Alianza (pna), cuya participación ha sido efectiva en las últimas tres elecciones (véase el Cuadro 3).

Cuadro 3. Ideología y presencia de los partidos políticos en San Luis Potosí. Elecciones de 1991 a 2012

Núm.

Nombre

Ideología

Presencia en elecciones

Porcentaje total

´90´91

´94

´97

´00

´03

´06

´09

´12

01

Partido Acción Nacional

Derecha

l

l

l

l

l

l

l

l

100

02

Partido Revolucionario Institucional

Centro

l

l

l

l

l

l

l

l

100

03

Partido de la Revolución Democrática

Izquierda

l

l

l

l

l

l

l

l

100

04

Partido del Trabajo

Izquierda

l

l

l

l

l

l

l

87.5

05

Partido Verde Ecologista de México

Centro derecha

l

l

l

l

l

l

l

87.5

06

Partido Conciencia Popular

Centro

l

l

l

l

l

62.5

07

Partido Convergencia por la Democracia/Movimiento Ciudadano

Centro izquierda

l

l

l

l

l

62.5

08

Partido Popular Socialista

Izquierda

l

l

l

37.5

09

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

Izquierda

l

l

l

37.5

10

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional/Partido Cardenista

Izquierda

l

l

l

37.5

11

Nueva Alianza

—

l

l

l

37.5

12

Partido Demócrata Mexicano

Derecha

l

l

25

13

Nava Partido Político

—

l

l

25

14

Partido Sociedad Nacionalista

Centro izquierda

l

l

25

15

Partido Alianza Social

Derecha

l

l

25

16

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina/ Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional

Izquierda

l

l

25

17

Partido Democracia Social

Izquierda

l

12.5

18

Partido del Centro Democrático

Centro

l

12.5

Núm. de partidos con presencia en el estado en cada elección

6

9

9

13

9

9

9

8

Fuente: Elaboración propia.

Del Cuadro 3 se desprende, entre otras cosas, que la elección del año 2000 fue la más agitada en cuanto a presencia de partidos políticos en el estado, con un total de trece. Es interesante este hecho, ya que esta elección coincidió con comicios federales en los cuales se elegía presidente de la República y en los que, después de 71 años, el pri perdió la hegemonía. Asunto que se puede entender como de gran vigor político y que se ve reflejado en el auge del número de instituciones partidistas presentes.

Ahora bien, más allá de establecer cuántos y cuáles partidos han figurado en el periodo seleccionado en San Luis Potosí, es importante destacar algunas otras características de éstos que ayuden a conocerlos mejor. Para ello, los apartados que se presentan a continuación se detienen en la naturaleza, organización y funciones/funcionamiento de los partidos políticos.

a) Naturaleza

La naturaleza de los partidos políticos está ligada a referencias sobre su ideología y el tipo de partidos que son, de acuerdo con el reclutamiento que realizan. Con esta idea, es necesario mencionar que al hablar de ideología nos basamos en la escala izquierda-derecha y para señalar los tipos de partidos políticos se utiliza la tipología de Katz.11 Previo a tocar estos puntos, es necesario advertir que los partidos políticos en los gobiernos subnacionales, y en este caso en San Luis Potosí, no tienen un gran desarrollo y su existencia está muy ligada a los devenires del partido político en el ámbito federal. Una excepción son los partidos regionales, cuya existencia sí está ligada por entero a su ejercicio político en el estado, pero esto no debe entenderse como un mayor desarrollo de los partidos regionales. En general, los partidos políticos en San Luis Potosí han tenido una construcción precaria, con avances menores en el mejor de los casos. Algunos de ellos, cuya participación en elecciones no ha sobrepasado de dos, han actuado como verdaderas facciones y han estado muy lejos de ser verdaderos partidos políticos. Su existencia y participación en la entidad han derivado de circunstancias que tienen su origen en luchas políticas en el ámbito federal.

Lo que se quiere decir es que los partidos políticos en la entidad, y todo lo que estos envuelven, que puede ir desde los dirigentes hasta la propia ley, han sido muy modestos en su tamaño como para hablar de verdaderos dirigentes partidistas o de verdaderos partidos políticos. La prueba de esto se deja ver en la conceptualización de partidos políticos asentada en las leyes electorales en las últimas décadas. Por ejemplo, en 1980, la Ley Electoral decía, en su artículo 21, que “Los partidos políticos constituidos de acuerdo a esta Ley son organismos para fines electorales y de orientación política. En el cumplimiento de sus funciones contribuyen a integrar la representación y la voluntad política popular” (leeslp, 1980). En el artículo siguiente, el 22, incorporaba la idea de que son entidades de interés público con personalidad jurídica.

Para 1992 la idea de partido político sufrió una reforma, y la Ley Electoral fijaba, en su artículo 20, que

Los partidos políticos son entidades de interés público, gozan de personalidad jurídica y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Los partidos políticos contribuyen a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos tienden a hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (leeslp, 1992).

Dos años después, de nueva cuenta se hizo un cambio a la Ley Electoral, en cuyo artículo 3, fracción iv, se definen los partidos como “las formas ciudadanas de agrupación política que constituyen entidades de inte-rés público, dotadas de personalidad jurídica propia, una vez satisfechos los requisitos de la Ley y que son debidamente reconocidas como tales por los organismos electorales” (leeslp, 1994).

Finalmente, la Ley Electoral de 2010 entiende por partidos políticos

Las entidades de interés público, dotados de personalidad jurídica propia, que tienen como fin promover la participación ciudadana en la vida democrática, y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas, postulados por aquéllos (leeslp, 2010).

Como se puede observar, la propia definición dada por la ley en las últimas décadas ha tenido una evolución que se acerca más a lo que dicta la doctrina. Pero esto también se puede leer como que hasta épocas recientes la ley configura a los partidos políticos de mejor manera y que en el pasado reciente su entendimiento estaba más relacionado con cuestiones de índole administrativa, es decir, con el cumplimiento de los requisitos de su registro para designarlos como tales.

Estas definiciones también son la muestra de la situación precaria que han tenido los partidos políticos en San Luis Potosí. Otra muestra más la constituye su ideología. Si bien casi todos, salvo dos de ellos, se asumen con una determinada ideología, en la práctica presentan baja coherencia. Se sabe que uno de los caminos para determinar la ideología de los partidos se basa en el análisis de sus programas, en el examen de las políticas públicas que promueven y en la manera en que captan el voto. Sin embargo, por economía de tiempo y espacio, no se sigue esta mecánica, y su ideología aquí se determina por la adscripción que ellos mismos adoptan o por su clara definición en el espectro izquierda-derecha.

Sobre la ideología de los partidos, de los 18 que han hecho presencia entre 1990 y 2012, tres de ellos muestran una ideología de derecha, uno de centro-derecha, tres de centro, dos de centro-izquierda y siete de izquierda. Dos más renuncian a una ubicación ideológica (véase el Cuadro 3).

Puesto que no existe un enconado posicionamiento ideológico en los partidos políticos, se puede, para mayor claridad en la exposición, abreviar el espectro a tres posiciones: derecha, centro e izquierda. Entonces, bajo la posición de derecha se encuentran cuatro partidos, en el centro aparecen tres y nueve con afinidades a la izquierda. En este ejercicio se reconoce que los tres partidos con mayor presencia se dividen claramente el espectro, pues el pan aparece en la derecha, el pri en el centro y el prd en la izquierda. Sin embargo, también parece claro que la ideología de la izquierda encuentra mayor motivación en la actividad política, ya que son nueve los partidos políticos que así se han asumido.

Estas interpretaciones no deben tomarse con demasiada seriedad, pues los partidos en la práctica tienden a inclinarse al centro ideológico. Y, como es sabido, esto les permite un mayor margen de maniobra. Además, la ideología para los partidos en el estado significa poco. Los partidos políticos han hecho de la política un ejercicio de gran pragmatismo en el que los principios ideológicos, que muchas veces dicen abanderar, dejan el paso a otros intereses que poco o nada tienen que ver con la ideología.

Es así que en las contiendas electorales no nos debe sorprender ver partidos de distinta ideología postular candidatos comunes. Incluso, se han presentado candidaturas comunes en las que un partido es de centro, otro de centro-derecha y uno más de izquierda.12 O candidaturas comunes en las que los partidos que la postulan recorren todo el espectro ideológico.13 Esto nos permite decir que la ideología de los partidos políticos en San Luis Potosí es más un discurso que una realidad, en donde la búsqueda de buenos resultados se impone.

Aunque los partidos políticos no hagan valer la ideología para los acuerdos interpartidistas, ésta sí sirve como referente cuando se trata de captar simpatizantes. De ahí quizá la mayor presencia de partidos de izquierda en las últimas décadas, pues estos utilizan el discurso social e igualitario atribuido a esta ideología14 para llegar a la gente, que suele ser sensible a estos llamados.

Pero, al margen de lo que la ideología otorga per se o de la interpretación que le da la gente, se encuentra el pragmatismo de los partidos. Los partidos políticos en San Luis Potosí se han mostrado, hasta ahora como institutos que buscan la obtención de los beneficios que proporciona estar en política; esto es, los partidos políticos menores, mantener el registro para recibir recursos provenientes del financiamiento público,y los mayores, hacerse del gobierno para tener poder y lo que de él emana. Se podrían incorporar partidos intermedios, que no obtienen grandes victorias, pero eventualmente consiguen una curul, o algunos municipios pequeños. Aquí, por lo tanto, dependiendo de la fuerza del partido varían sus intereses, y dependiendo de los intereses del partido tienen un determinado comportamiento y así definen sus estrategias de reclutamiento. Con esta lógica, los partidos políticos someramente pueden adoptar una u otra estrategia. Pero hay que recordar que estamos hablando de partidos políticos precarios en casi todos los sentidos, partidos que están lejos de saber lo que son y de reconocerse.

En el caso de San Luis Potosí, son en esencia dos los partidos que luchan por el poder, y el resto busca principalmente mantener el registro en cada elección. Esto se traduce en dos formas de proceder al momento del discurso y del reclutamiento.

El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional son los dos partidos con mayor fuerza en el estado y dos de los partidos más fuertes en el país. Además, como ya se mencionó, también son los partidos de mayor antigüedad. Derivado de todo esto, y por si fuera poco, también son los partidos con mayores recursos y que reciben mayor financiamiento público. Estas circunstancias hacen que ambos ejerzan un funcionamiento plural en lo que respecta a la tipología de partidos de Katz. Para ser más claros, los dos partidos pueden funcionar como partidos de élite, partidos de masas, partidos atrápalo-todo y partidos cártel. Sin duda, estos partidos lo han sido todo en su existencia. Incluso, pueden encontrarse rasgos que indiquen que son de un determinado tipo, al unísono, rasgos de otro o los otros tipos. Por supuesto que son partidos más sofisticados cuyo comportamiento y proceder viene dado por la dirigencia nacional, de quien dependen.

El resto de los partidos no es que mantenga un comportamiento desligado del centro. Salvo los partidos regionales, los demás también guardan dependencia de sus dirigencias nacionales. De tal suerte que en no pocas ocasiones su proceder es producto de acuerdos o desacuerdos de la dirigencia nacional. Y así es como enfocan su reclutamiento en San Luis Potosí, aunque se tornan prácticos en la generalidad de las situaciones, ya que su máximo interés se concentra en captar el mayor número de votantes. Este hecho transforma todo, porque importa más contar con votantes que contar con simpatizantes o afiliados. Deja de importar el trabajo continuo, para transformarse en un trabajo periódico,es decir, exclusivo para periodos electorales. Y a la calidad de la cooptación se sobrepone la cantidad de la cooptación. En resumen, los partidos menores están más cerca de definirse como partidos de masas y partidos atrápalo-todo, que como partidos de élite. Sin dejar de pensar que la dirigencia funciona como un partido cártel.

La forma en que se organizan y funcionan los partidos políticos en San Luis Potosí ayuda también a completar la caracterización; asunto que se verá a continuación.

b) Organización

Son tres las pautas que, grosso modo, se abordarán para delinear la organización de los partidos en San Luis Potosí. La primera corresponde a reconocer cómo se formaron. En este sentido, el acento recaerá en los partidos que mayor presencia han tenido, sin dejar de hacer observaciones de otros partidos que ayuden a ejemplificar mejor. La segunda pauta tiene que ver con quién controla en el partido. La tercera es saber cómo se sostienen. Estas dos últimas pautas se centrarán en los partidos con registro hasta 2012, pues las propias pautas así lo obligan, aunque puedan realizarse aquí también referencias pasadas de partidos políticos hoy en día inexistentes, a fin de conocer mejor cómo han sido los partidos políticos en el estado.

Para abordar el punto de cómo se formaron los partidos políticos en San Luis Potosí es inevitable comenzar con el pan y el pri, toda vez que son los partidos con mayor participación y presencia en el tiempo, y su formación ocurrió varias décadas atrás. A ambos partidos políticos se les puede atribuir una formación inicial de élite. Esto es, surgieron como producto de iniciativas de hombres notables que participaban en la política nacional. Después de su constitución fue cuando se dirigían a las masas, pero en un inicio su organización estuvo centrada en la cooptación de hombres destacados y conocidos; siendo así, en San Luis Potosí se seguía esta inercia y su organización se resolvió de esta manera. Es importante señalar que fue el pnr-prm-pri quien, con su nacimiento en 1929, se hizo primero con el poder en el estado, lo que daría una condición de oposición al pan, para su formación en 1939. Es fundamental reconocer este hecho, ya que la integración a las filas de cada partido está marcada por esta circunstancia, máxime si se entiende que desde el nacimiento –durante 71 años en el país y 74 en el estado– el pri mantuvo el poder político. Y está marcada porque siempre será más atractivo pertenecer a un partido que ostenta el poder que a otro que lucha por él.

Lo anterior dio lugar a que el pri se constituyera como El partido y el pan como La oposición. Claro que estar en el poder conlleva un sinnúmero de beneficios, entre los que se cuentan, además de recursos económicos, recursos materiales, licencias, permisos y más. De tal manera que el pri se formó por medio de camarillas y se sostuvo durante largo tiempo así.15 En tanto, el pan presenta en su formación tanto características de camarillas como por secciones. Para entenderlo mejor, una diferencia clave frente a las camarillas es que las secciones intentan tener afiliados para conseguir recursos para el partido. Asunto que al pri no le preocupaba por estar en el poder y en posibilidad de obtener de ahí los recursos para su movilización.

Los demás partidos han tenido una formación variada y producto de circunstancias coyunturales. No obstante, casi todos ellos han seguido la formación mediante camarillas. Un matiz respecto del prd es que su nacimiento está más ligado a la concepción de célula de los partidos comunistas, en la cual importa más la calidad que consideran que debe tener un individuo para su incorporación que la cantidad de ellos.

La idea planteada de la construcción de los partidos por camarillas, sección o célula se ajusta a la concepción que describe Duverger (1981) en su obra sobre partidos políticos.16 En este sentido, hay que reconocer que si bien la formación de todos los partidos responde a circunstancias y momentos coyunturales, cierto es que un buen número lo hace siguiendo la idea de camarillas. Tampoco es que sean conscientes de esta forma de proceder, pero quizá la explicación se pueda encontrar en reconocer a los hombres y mujeres que llevan a cabo la iniciativa de formar un partido, pues no pocos de ellos vienen de las filas del pri o es el pri de donde han tomado el ejemplo. Así ha sido con el parm, pfcrn/pc, pcp, pcd, Convergencia, prd, pvem y Nueva Alianza, ocho partidos cuyos antecedentes se encuentran en el pri; dicho con otras palabras, de los 18 partidos que han tenido presencia en las últimas dos décadas en San Luis Potosí, ocho de ellos se asemejan al pri y uno más es el mismo Revolucionario Institucional, lo que se traduce en que el pri es el referente para la mitad de los partidos.

Esta influencia también se hace presente al abordar la segunda pauta respecto a quién controla en el partido. Por supuesto que resolver esta cuestión requiere de más trabajo e indagación. No obstante, se puede realizar un acercamiento observando ciertas formas que a nadie sorprenderían. Por ejemplo, casi todos mantienen una organización piramidal cuya cúpula la ostenta la camarilla de turno. Estas formas propias de los partidos políticos en el ámbito nacional se reproducen en la esfera subnacional y hacen valer las ligas o relaciones que tiene esa camarilla con las entidades para la dirección del partido en las localidades. Y si ese no fuese el caso, la lucha ocurre entre las camarillas locales. Pocos son los partidos que proceden de distinta manera. Para San Luis Potosí merecería quizá observar lo que ocurre con el Partido Conciencia Popular, pero estas observaciones merecen comentarios aparte, que se harán más adelante.

En síntesis, la formación u organización a través de camarillas, la cual el Partido Revolucionario Institucional ha hecho en buena medida su manera de proceder ha permeado en muchos otros partidos políticos nacionales y locales que han surgido a su imagen y semejanza.

Ahora bien, para abordar la tercera y última pauta que nos ayude a caracterizar a los partidos habrá que observar cómo se sostienen. En este punto se ha discutido con suficiencia el alto desequilibrio entre los partidos políticos en razón de los recursos que reciben, en el que los partidos que alcanzan el poder tienen mayores recursos con respecto de los que no llegan a él. Además, como señala Ware (2004 [1996]), las organizaciones de los partidos tienen tareas tales como: 1) preparar las campañas electorales y ayudar en su gestión; 2) mantener la organización, la militancia y otros recursos, y 3) diseñar nuevas políticas públicas y estrategias que llevan a cabo los representantes electores del partido que ocupan cargos públicos (Ware, 2004[1996]: 182-183). Tareas, todas ellas, que requieren de recursos económicos. De tal manera que su sostenimiento no es una empresa fácil.

En este punto referente al sostenimiento de los partidos, la propia ley ha tenido sus devaneos. Tal vez por fortalecer la existencia de partidos políticos para contar con mejores escenarios en la competencia democrática, el financiamiento público y privado de los partidos políticos ha pasado por varios momentos. El momento más fértil fue cuando el financiamiento se incrementó y constituirse como partido político comenzó a verse como un negocio.17 En este tiempo, que ronda los años finales de la década de los noventa, comenzaron a surgir partidos políticos nacionales que hicieron presencia en el estado, incorporándose en esta inercia dos partidos locales. Aquí aparece otra posible explicación por la cual para la elección del año 2000 se presentó en San Luis Potosí el número máximo de partidos políticos con registro (véase el Cuadro 3). Ésta es que no solamente la efervescencia política se incrementó, sino también la constitución de partidos políticos se volvió atractiva por la relativa facilidad para su sostenimiento.

Para las elección del año 2003 se redujo de nueva cuenta el número de partidos, de trece a nueve, cuando en la Ley Electoral se introdujeron observaciones respecto del financiamiento. Estas observaciones han tenido impacto en el registro, en las normas de financiamiento público y privado, en los montos y en la vigilancia de los partidos, entre otras. Fue entonces cuando, después del auge, vino la contracción. Sin embargo, pese a las tareas imaginadas por Ware para las organizaciones de los partidos, no es que los partidos políticos que hayan conseguido mantener su registro lo hicieran porque sus organizaciones se habían vuelto eficientes y consiguieran poner en marcha a su militancia, sino que los partidos políticos seguían dependiendo del financiamiento público para su sostenimiento. Y la gran ayuda la constituye la ausencia de un riguroso seguimiento del financiamiento privado y una laxa vigilancia de los gastos durante elecciones, lo que da como resultado sanciones de débiles consecuencias en el país y en sus entidades.

En consecuencia, la caracterización posible siguiendo las pautas de la organización de los partidos políticos que se han tomado es que en la generalidad de los casos los partidos políticos en San Luis Potosí se han formado a través de camarillas. Según la usanza priista de proceder,estos partidos son controlados por una élite cuyo tamaño está relacionado con el tamaño del partido, y, finalmente, se interpreta que el sostenimiento de los partidos políticos proviene en esencia del financiamiento que otorga el estado.

Hasta aquí las referencias no han discriminado a los partidos políticos que han hecho presencia entre 1990 y 2012 en el estado. Pero hay dos partidos que es preciso hacerles observaciones aparte, pues son partidos regionales cuyo éxito y fracaso han sucedido de manera exclusiva en San Luis Potosí. Además, ambos partidos políticos tienen rasgos diferentes que resulta interesante contrastar. Entre las pocas coincidencias está que tanto el Nava Partido Político como el Partido Conciencia Popular se fundaron en la misma década como asociaciones políticas, para después conseguir sus registros de partidos políticos regionales. Pero en lo demás son manifiestamente contrarios.

El Nava Partido Político encuentra su antecedente en la figura de Salvador Nava Martínez, luchador social de mediados y finales del siglo pasado, de quien tomó el nombre. No obstante, no fue Salvador Nava quien impulsó la formación del partido, más bien este surgió como consecuencia de la orfandad política en que se quedaban sus seguidores a su muerte. La élite navista utilizó las bases de apoyo del movimiento navista, aglutinadas en el denominado Frente Cívico Potosino, para crear el Nava Partido Político. Pero el partido tuvo una vida efímera y participó solo en dos procesos electorales. Durante su existencia no manifestó una ideología clara, ni se decantó por alguna; tampoco mostró una estructura definida. Se puede decir que el Nava Partido Político cargó con muchos de los rasgos del movimiento navista, movimiento que tuvo serias contradicciones que se agudizaron ya como partido. Por ejemplo, al igual que el movimiento navista, le costó establecer estructuras formales permanentes; participó como partido, pero renegaba de ello; renunció a ideologías, pero se percibía una ideología que manifestaba Salvador Nava: liberal en lo político, pero conservador en lo social. Este último detalle hizo que los líderes del Nava Partido Político mantuvieran en un principio una alianza con el Partido Acción Nacional y terminaran girando su simpatía hacia el Partido de la Revolución Democrática. Y aunque dentro del movimiento navista, más tarde en el Frente Cívico Potosino y, finalmente, en el Nava Partido Político había hombres con afectos hacia el Partido Revolucionario Institucional, no se puede decir que este partido haya participado o influido en ellos.18

El Partido Conciencia Popular surgió en 1994 como una asociación política y obtuvo su registro estatal en 1997 con la denominación Conciencia Popular.19 Es un partido que se encuentra vigente al momento en que se escribe el presente documento y que desde su nacimiento a la fecha ha participado en todos los procesos electorales, los cuales suman cinco. Es un partido cuya estructura encaja en la de un partido familiar, en el que el líder del partido es el patriarca de la familia que decidió fundarlo a raíz de su renuncia al Revolucionario Institucional por conflictos internos con la cúpula. A partir de entonces, la participación del partido se centró en la obtención de un escaño en el Congreso local, hecho que se produjo en la elección de 2003, y estrategia que el líder del partido viene repitiendo en cada elección de diputados locales. De ello ha resultado que padre e hijo alternen su postulación como candidatos al Congreso local y, en consecuencia, se alternen la curul. Pero es importante destacar que, si bien los mejores triunfos obtenidos han sido las diputaciones, no sólo han participado en esta contienda, también han postulado en sucesivas elecciones candidatos a regidurías y presidencias municipales, obteniendo triunfos también allí. Su ideología muy bien la han definido de centro, lo cual le ha permitido al partido, o mejor dicho a su líder, realizar alianzas con cualquier otro partido de ideología distinta. Por todo ello, se puede afirmar que el Partido Conciencia Popular ha sido un partido regional exitoso, pese a la precariedad de su estructura con un hombre a la cabeza.

Finalmente, lo que podemos extraer de estos dos partidos regionales es que mientras el Nava Partido Político nació de un movimiento cívico alejado del pri, Conciencia Popular nació de un expriista enfadado con éste. En tanto que el Nava Partido Político se gestó con una élite navista cuyo proceder se acerca a la asamblea, Conciencia Popular nació del impulso de un solo hombre que buscaba organizar el partido bajo su férula. El Nava Partido Político no manifestaba abiertamente una ideología, pero Conciencia Popular se decantó con claridad de centro. Nava Partido Político tuvo pocos triunfos y corta vida, Conciencia Popular ha incrementado sus triunfos y presencia y es un partido vigente. Claro está que estas notas no deben ser tomadas como guía para formar un partido político, más bien pretenden mostrar la disimilitud entre partidos que han hecho presencia en San Luis Potosí.

Esta es, expuesta de forma breve, la situación en que se encuentran los partidos políticos en el estado con relación a su organización. Como se señaló en su oportunidad, fueron tres las pautas consideradas para hacer una somera caracterización de ello: cómo se formaron, quién los controla o controló y cómo se sostuvieron o sostienen. Ahora resta conocer su función-funcionamiento, asunto que se aborda a continuación.

c) Funciones-funcionamiento

Hablar de sus funciones es hacerlo en sentido deontológico, es decir, hablar de las funciones que deben realizar los partidos políticos. En tanto que hablar del funcionamiento es referirse a lo que efectivamente hacen, más allá de lo que deberían hacer.

Para acercarnos a sus funciones es preciso recordar que estas se concretan en formar y orientar la voluntad política de los ciudadanos, articular sus intereses, promover su participación política y seleccionar a los representantes políticos para formar los gobiernos (Uriarte, 2002: 299). De ello se puede decir que los partidos políticos, en lo que corresponde a su ejercicio en San Luis Potosí, tanto los que cuentan con registro nacional como los que han tenido registro estatal, se han preocupado poco de estas funciones. Se afirma que incluso los partidos políticos han desconocido estas funciones, y salvo la que corresponde a seleccionar a los representantes políticos para formar gobierno, el resto no han sido consideradas en su actuar.

Los partidos políticos han procedido más por inercia e instinto, que como verdaderas organizaciones políticas. Pero la ley también ha contribuido en el bajo compromiso de los partidos políticos para con los ciudadanos, pues diversas leyes se concretan a mencionar, como funciones de los partidos políticos, la organización y participación de los ciudadanos para integrar los órganos de representación.20 Y es aquí donde dejan ver más su funcionamiento que sus funciones, pues amparados en la ley, a los partidos políticos solo termina preocupándoles hacer campañas electorales para promover a sus candidatos.

Claro que el comportamiento de los partidos políticos varía según su fuerza; sin embargo, todos ellos son ausentes, en mayor o menor grado, del cumplimiento de sus funciones. A los partidos políticos grandes, como son el pan y el pri, no se les puede atribuir que de manera constante se preocupen por la formación u orientación de los ciudadanos, y mucho menos de articular sus intereses. A estos mismos partidos no se les puede reconocer por su formación de cuadros en las últimas décadas en San Luis Potosí. Los dos partidos políticos han sido omisos en esta tarea. El resto de los partidos está muy lejos de cumplir con estas funciones, primero, por falta de intenciones y, segundo, por falta de recursos, los cuales los concentran, en el mejor de los casos, para el pago de sus gastos ordinarios. En concreto, sea grande o pequeño el partido, todos en su momento desconocen el carácter pedagógico que tienen y se preocupan y realizan movilizaciones exclusivamente en épocas electorales.

Las líneas previas marcan el funcionamiento real de los partidos políticos en San Luis Potosí. En este sentido, el comportamiento de los partidos ha transitado y se ha desarrollado más por la ruta electoral que por la ruta del partido. Esto es, los partidos políticos se han preocupado más por las campañas electorales y por todo aquello que les produzca beneficio en elecciones, dejando de lado el ser mejores organizaciones políticas. No se han preocupado por formar militancia, ni generar cuadros para sus partidos. Su trabajo es en elecciones y no pocos de los partidos con registro están ausentes cuando no son periodos electorales.

Este comportamiento ha redundado en un alejamiento con la sociedad, y si bien no se puede hablar de una crisis de los partidos, como circuló durante las décadas pasadas, tampoco se puede hablar de que estos articulan los intereses ciudadanos y son el vínculo entre el gobierno y la sociedad. Sobre esto ya se ha escrito en demasía y el resultado es lo que Katz denominó partidos cártel: partidos políticos que están más cerca de la autoridad que de la sociedad y que buscan establecer acuerdos para su supervivencia. Aquí se encuentra el leitmotiv de los partidos políticos en San Luis Potosí respecto de su funcionamiento, que no dista del que tienen otros partidos en otros ámbitos y que se reduce a presentar candidatos en elecciones para ganar lo máximo que se pueda a costa de lo que sea. Claro está que se tiene la ley de por medio, pero no es óbice para que los partidos intenten estar por encima de ella.

Por otra parte, esta precariedad de las instituciones partidistas también alcanza a los dirigentes cuyo conocimiento de la importancia de los partidos políticos en la política es primario. Por lo tanto, pensar en una transformación que presente mejores partidos políticos en el estado resulta difícil. De este hecho se desprende que los partidos políticos en San Luis Potosí cumplan poco con sus funciones; su funcionamiento es en extremo pragmático, y no hay visos de que esta situación cambie.

El sistema de partidos en San Luis Potosí

Se han expuesto reflexiones sobre los partidos políticos en su condición individual. Queda por hacer observaciones respecto del sistema de partidos, por el cual se entiende como el “sistema de interacción que es resultado de la competencia entre partidos” (Sartori, 1980: 67). Y es aquí quizá donde más se justifique la decisión de considerar los partidos políticos que han hecho presencia a partir de las elecciones de 1990, pues, como en su momento se señaló, ir más atrás es entrar en debate acerca de la existencia de un sistema de partidos. De hecho, sobre el caso mexicano, Woldenberg mencionaba en 1995 que “en sentido estricto en nuestro país nunca hemos tenido un sistema de partidos digno de ese nombre” (Woldenberg, 1995: 422). No obstante, justo en ese tiempo se comenzaban a concretar los primeros pasos para hablar de elecciones competitivas que permitirían pensar más tarde en un verdadero sistema de partidos en México.

Pero hay que decir que Woldenberg hace estas declaraciones teniendo el ámbito federal como referencia, que en buena medida se correspondía con el ámbito estatal, pero en el ámbito municipal la competencia y la interacción partidista ya ocurría. Esto es, la persistencia de un partido hegemónico en elecciones federales no se dio hasta el año 2000, a partir de entonces se concretó la competencia, la alternancia y, con ello, el pensar en un verdadero sistema de partidos, mas en el ámbito estatal terminó antes21 y en el ámbito municipal mucho más atrás.22

Lo que se quiere decir es que si bien el ámbito federal se ha impuesto en las regiones y los partidos han obedecido a la dinámica nacional en las localidades, cierto es también que no siempre se corresponde. En México ha habido fuertes historias políticas regionales alejadas del centro y en las últimas décadas la separación se ha vuelto más aguda. Los estados responden a dinámicas locales y un partido fuerte en el ámbito nacional no siempre lo es en los ámbitos estatales o municipales.

De tal manera que en la primera década del periodo de estudio considerado se puede hablar de un sistema de partidos pobre y dominado por el pri, pero justo en esta década fue cuando se dio inicio a una mayor competencia en la cual el pri comenzó a perder espacios. Este hecho modificaría las relaciones entre partidos y, por lo tanto, el sistema de partidos para los años siguientes.23

Para hacer patente la afirmación anterior respecto del cambio en el sistema de partidos se ha utilizado la propuesta de Laakso y Taagepera (1979) sobre el número efectivo de partidos (nep) para verificar cómo se han movido los partidos en los últimos 22 años.24

Para dar paso a lo anteriormente dicho, es preciso señalar que en el Cuadro 3 se mostró la presencia de los partidos políticos en San Luis Potosí durante los últimos 22 años, con independencia de su fuerza. En las dos Cuadros siguientes (4 y 5) se presenta el número efectivo de partidos, que comprende a aquellos partidos que de manera efectiva, real y relevante pueden incidir en la toma de decisiones en los espacios políticos en que se encuentran. Por ejemplo, en el Cuadro 4, referido a elecciones para el Congreso local, se puede percibir que, en cuanto a votos obtenidos, el nep ha ido incrementándose paulatinamente. Si bien el nep presenta un ligero retroceso en alguna elección, esto no tiene mayor importancia para el nep en la elección de 2012. Para ser más claros, en la elección de 1990 sólo un partido, el pri, tenía un peso efectivo, pero en sucesivas elecciones el nep fue a la alza, incorporándose en la realidad política el pan como un partido con fuerza y poder de decisión. En la elección de 2006, un partido más, el prd, apareció en el escenario como otro partido político con peso. Este crecimiento se ha sostenido y en el nep, de acuerdo con la elección de 2012, se encuentran seis partidos relevantes en el escenario de San Luis Potosí.

Un ligero cambio se produjo en el Congreso local, si lo que se toma en cuenta son las curules, pues ahí también hubo un incremento paulatino, con la salvedad de que el nep muestra una variación de importancia a partir de la elección de 2006, cuando, de acuerdo con las curules, no adquirió relevancia un tercer partido, sino hasta la elección de 2009. El nep tiene una variación considerable, si se basa en votos, y no en curules, pues son dos los partidos de diferencia entre uno y otro. Hay que recordar que se está hablando de partidos con fuerza para incidir en el escenario en que se encuentran, de tal suerte que la variación adquiere valor cuando se considera este punto. Entonces tener un número de seis partidos frente a cuatro, según se tomen votos o curules en el Congreso local, marca una notable diferencia. Sin embargo, en esta exposición se considera que el nep extraído por curules representa más la realidad.

Cuadro 4. Número efectivo de partidos en elección para el Congreso local en San Luis Potosí, 1990-2012*

´90

´94

´97

´00

´03

´06

´09

´12

Votos

1.57

2.04

2.88

2.86

2.82

3.59

4.46

6.62

Curules

1.69

2.01

2.42

2.27

2.7

2.75

3.62

4.76

Fuente: Elaboración propia

* Según la propuesta de Laakso y Taagepera (1979).

Por otro lado, también se expone el nep en las últimas cinco elecciones para gobernador, a fin de contrastarlo y acercarnos más a las variaciones y la realidad del sistema de partidos. En el Cuadro 5 se puede observar cómo un segundo partido venía cobrando e incrementando fuerza en elecciones desde 1991, pero no sería hasta la elección de gobernador de 1997 cuando finalmente se concretó la fuerza de éste, un poco más tarde que en el Congreso local, lo cual deja ver que estos 22 años es el tiempo en que de manera definitiva ha ganado fuerza un segundo partido en el escenario de San Luis Potosí y, por lo tanto, bajo el criterio numérico de Duverger permite hablar de un sistema bipartidista en el estado.

Cuadro 5. Número efectivo de partidos en elección para gobernador de San Luis Potosí, 1991-2009*

´91

´93

´97

´03

´09

Votos

1.94

1.99

2.72

2.99

2.89

Fuente: Elaboración propia

*Según la propuesta de Laakso y Taagepera (1979).

Se quiere insistir en que la afirmación de que San Luis Potosí tiene un sistema bipartidista responde a la propuesta de Laakso y Taagepera para determinar el número de partidos relevantes con capacidad de incidir en la toma de decisiones. En consecuencia, siguiendo la propuesta, son dos, casi tres, los partidos que resultan de la aplicación de la fórmula.

Por otra parte, es interesante observar los números y darles seguimiento para mostrar que el incremento en cada elección y de manera definitiva, si se observan los registrados en las elecciones de 1990 y 1991 frente a los de 2012, favorece la idea del surgimiento de una verdadera competencia. Competencia que, si bien se da entre dos partidos, nos señala que no se ve lejos la aparición de un tercero. Porque, traducido los números, cada cambio representa un movimiento en el electorado y puesto que no existe un número infinito de electores, sino que existe un número determinado que se disputan entre todos los partidos participantes, esta variación se traduce en competencia.

Si se sigue esta línea argumentativa respecto de la competencia nacida en las dos últimas décadas entre partidos, se tiene que cuando un partido pierde electores, otro partido los gana o se distribuyen entre el resto de los partidos competidores. Es aquí donde se vuelven relevantes las funciones de los partidos señaladas más arriba, pues si un partido trabaja con sus militantes y electores, utilizando sus principios e ideología, es más difícil que lo abandonen; pero, si por el contrario, no se trabaja con ellos, el abandono y la apatía hacia el partido es evidente. Y cuando el militante, simpatizante o elector busca abrigo o simple identificación en otro partido, lo natural es que lo haga en un partido con principios o ideología similares al partido que abandona. Pero si los partidos no se han preocupado por la formación y orientación de los ciudadanos, los principios e ideologías resultan irrelevantes y la decisión del ciudadano termina dirigida por factores extraños. Éste es el caso de San Luis Potosí.

Por lo antes dicho es que la relación entre los partidos cambió para este nuevo siglo, e instalada la competencia surgieron cambios en sus comportamientos. Un cambio evidente y que comienzaría a caracterizar al sistema de partidos en San Luis Potosí lo constituyen las coaliciones preelectorales, entendidas éstas como las “estrategias de acción colectiva entre partidos que implican un proceso de negociación, en ocasiones bastante complejo, que determina los costos y beneficios que obtiene cada una de las partes y que están hipotéticamente dispuestas a pagar por no competir de manera independiente” (Méndez, 2012: 151).

El estado de San Luis Potosí se ubica entre los primeros de México en que ha crecido el número de coaliciones preelectorales (Méndez, 2012). Este hecho hace suponer varias cosas: para los partidos grandes, las coaliciones preelectorales pueden indicar que su margen de triunfo se ha reducido y no vislumbran con claridad obtener victorias contundentes, por lo que echan mano de fuerzas políticas menores que ayuden a asegurar los cargos pretendidos. Para los partidos pequeños las coaliciones preelectorales representan la posibilidad de mantener el registro sin esforzarse en la contienda, pues suelen hacerlas con los partidos grandes. Todo esto es posible y queda solventado en la negociación que hacen los partidos y que se plasma en el convenio de coalición que presentan ante la autoridad electoral. En el caso de San Luis Potosí, la Ley Electoral vigente en 2013, en su artículo 56, fracción iii, permite que los partidos políticos determinen en el convenio de coalición: “La forma en que se computarán los sufragios para los partidos coaligados” (leeslp, 2013).

En esta misma línea de reflexión, cabe pensar que la cartelización de los partidos se fortalece cuando la ley abre espacios para este tipo de convenios, pues en ellos se hace valer la fuerza política de cada partido, en donde la materia prima del citado convenio no es otra cosa que la negociación de los votos establecidos en un porcentaje supuesto para cada partido previo a la contienda. Después de la elección, esto viene a representar cargos para los partidos grandes (expresado en escaños y gobiernos) y el mantenimiento del registro para los partidos pequeños (que se traduce, a su vez, en financiamiento público). Así, al final del camino, se puede percibir que los principios y la ideología de los partidos se encuentran ya muy a la distancia de su verdadero propósito. Esto ha permitido coaliciones entre partidos del más diverso signo ideológico, como en su momento se hizo patente. Pero esto también deja entrever que cuando un partido se declara ideológicamente de centro, puede leerse entre líneas que su intención es aliarse con cualquiera sin obstáculos ideológicos. Aunque este detalle pierde significado cuando se sostiene en la ley electoral la figura de candidatura común, la cual habilita el choque ideológico entre partidos bajo el argumento del candidato sobre los partidos.

Al recapitular resulta claro que el bipartidismo del sistema de partidos en San Luis Potosí quedó sellado en la elección de 2003 a la gubernatura y, aunque los números de los Cuadros 4 y 5 señalan que el bipartidismo ya estaba presente en elecciones anteriores, la alternancia del pan en el Poder Ejecutivo expresó de manera categórica la consolidación de esta segunda fuerza partidista. Cierto es que la alternancia se tornó breve, porque para las elecciones siguientes de 2009 el pri recuperó este espacio de gobierno. Y contra lo que muchos pudieran pensar, en términos democráticos, la alternancia breve mostró grados de salud en el sistema político de San Luis Potosí. Entre otras cosas, lo positivo que dejó esta elección de 2009 fue la aceptación de los resultados por los partidos y el reconocimiento de que nada garantiza la continuidad política a ninguno (Rubio y Avilés, 2011). En resumen, la elección de 2003 consolidó el bipartidismo y la de 2009 dejó claro que éste se encontraba todavía vigente.

Referencias

Bobbio, Norberto (1995). Derecha e izquierda. Madrid: Taurus.

Borjas, Hugo Alejandro (2005). La clase política en San Luis Potosí. Estudio sobre las relaciones Gobierno-Partido en el sistema político mexicano (1979-1997). San Luis Potosí: Consejo Estatal Electoral.

Camp, Roderic Ai (1995). La política en México. México: Siglo xxi.

Calvillo Unna, Tomás (1997). “San Luis Potosí”. En Silvia Gómez Tagle (coord.). 1994: las elecciones en los estados. Vol. ii. México: ciih-unam / La Jornada. pp. 159-180.

Duverger, Maurice (1981[1951]). Los partidos políticos. México: fce.

Epstein, L. D. (1980[1967]). Political Parties in Western Democracies. New Brunswick, N. Y.: Transaction Books.

Goodin, Robert E. (2003). Teoría del diseño institucional. Barcelona: Gedisa.

Hernández Chávez, Alicia (1994). Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos. México: fce.

Hernández Rodríguez, Rogelio (2008). El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores. México: colmex.

Hurtado, Javier (2001). El sistema presidencial mexicano: Evolución y perspectiva. México: fce-u. de g.

Katz, Richard (1994). “Party Organization and Finance”. En Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris (eds.). Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective. Thousand Oaks, California: Sage.

Laakso, M. y R. Taagepera (1979). “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”. Comparative Political Studies, 12: 3-27.

Méndez de Hoyos, Irma (2012). “Coaliciones preelectorales y competencia partidista en México a nivel federal y local (1994-2011)”. Política y Gobierno, xix(2): 147-198.

Nohlen, Dieter (1996). “La trilogía sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partido”. Revista del Tribunal Federal Electoral, v(8): 83-90.

O´Donnell, G. (1994) “Delegative Democracy”. Journal of Democracy, 5(1): 55-69.

Panebianco, A. (1988). Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press.

Peters, Guy B. (2003). El nuevo institucionalismo. Barcelona: Gedisa.

Reyes-Heroles, Federico (2002, marzo 12). “Prevaricadores”. Reforma.

Rodríguez, Victoria E. (1999). La descentralización en México. México: fce.

Rubio Ortiz, Patricio (2009). “Los partidos y su juego, sus piezas y sus reglas”. En Marco Antonio Cortés Guardado y Víctor Alejandro Espinoza Valle (coords.). México después. Las reformas postelectorales. México: Eón / u. de g.

Rubio Ortiz, Patricio y Héctor Avilés Fernández (2011). “La alternancia breve: el regreso del pri al gobierno del estado. Reflexiones sobre el proceso electoral en San Luis Potosí”. En Manuel Larrosa Haro y Javier Santiago Castillo (coords.). Elecciones y partidos políticos en México, 2009. México: uam.

Sartori, Giovanni (1980). Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Universidad.

__________ (1994). Ingeniería constitucional comparada. México: fce.

Uriarte, Edurne (2002). Introducción a la ciencia política. La política en las sociedades democráticas. Madrid: Tecnos.

Ware, Alan (2004 [1996]). Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid: Istmo.

Woldenberg, José (1995). “México. Los partidos en un momento de transición política”. En Sonia Picado y Daniel Zovatto. Partidos y clase política en América Latina en los 90. San José, Costa Rica: iidh. pp. 415-436.

Leyes electorales de San Luis Potosí

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (1980).

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (1994).

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (2005).

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (2010).

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (2011).

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (2013).

Para conocer más sobre el diseño institucional y el institucionalismo véase Robert E. Goodin (2003). Teoría del diseño institucional. Barcelona: Gedisa, y Guy B. Peters (2003). El nuevo institucionalismo. Barcelona: Gedisa.

Roderic Ai Camp, en su obra La política en México,define el presidencialismo como“la idea de que la mayor parte del poder político está en manos del presidente, y de que todo lo bueno o lo malo de la política gubernamental deriva del presidente personalmente” (1995: 26).

Para mayor información y detalle del Tribunal se puede consultar la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: <http://portal.te.gob.mx>.

Al respecto véase Javier Hurtado (2001). El sistema presidencial mexicano: evolución y perspectiva. México: fce-u de g.

Juan Linz, Arendt Lijhpart, Giovanni Sartori, Dieter Nohlen y Angelo Panebianco.

“un sistema político es presidencial si, y sólo si, el jefe de Estado (el presidente): a) es electo popularmente; b) no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento o Congreso durante su periodo preestablecido, y c) encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa” (Sartori, 1994: 99).

Una exposición mucho más amplia, con mayores referencias y datos sobre los gobernadores, puede verse en Rogelio Hernández Rodríguez (2008). El centro dividido: La nueva autonomía de los gobernadores. México: colmex.

De acuerdo con O’Donnell (1994: 59), las democracias delegativas se basan en la idea de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como considere apropiado, restringido sólo por las relaciones de poder existentes y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente.

La relación bilateral entre el presidente Vicente Fox y su partido Acción Nacional, el partido sostenedor, nunca fue buena y algunos articulistas escribían respecto de los comentarios que los mismos panistas hacían: “… Fox es él y el pueblo lo eligió. El panes otra cosa, dicen... Ésta es de Vicente, dicen, la próxima es la nuestra” (Reyes-Heroles, 2002).

Una exposición más extensa del presente apartado puede encontrarse en h. a.Borjas García (2014). Los partidos políticos y el sistema de partidos en San Luis Potosí: una aproximación. San Luis Potosí: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática i. Sociedad y Democracia).

11Richard Katz (1994) establece una tipología de los partidos políticos que los liga a la evolución de éstos, y señala cuatro tipos: a) de élite, surgidos en el siglo xix,que se caracterizan por tener una base de personas distinguidas por su riqueza y posición social; b) de masas, nacidos entre 1880 y 1990, que se apoyan en la movilización de grandes grupos de gente; c) los atrápalo-todo (catch-all-parties), surgidos de la Segunda Guerra Mundial en adelante, cuyo fin es captar todo tipo de votos, y c) los cártel, surgidos en 1970, cuya característica es que se transforman en máquinas de negociación para no perder beneficios y estar más cerca del poder. Para una mayor explicación véase Richard Katz (1994). “Party Organization and Finance”. En Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris (eds.). Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective. Thousand Oaks, California: Sage.

Caso presentado en la elección de 2009 con la candidatura común de los partidos pri-pvem-psd.

Caso presentado en la elección de 2012 con la candidatura común de los partidos pan-prd-pt-pvem-pcp-Movimiento Ciudadano-Nueva Alianza.

Para una mayor exposición de las características de la izquierda consúltese Norberto Bobbio (1998[1995]). Derecha e Izquierda. Madrid: Taurus.

Véase Roderic Ai Camp (1995).La política en México. México: Siglo xxi.

La obra en cuestión es Los partidos políticos, publicada en México por el Fondo de Cultura Económica en 1981. Hay otras ideas más elaboradas y que incluso replican la de Duverger como puede ser la Epstein (1980 [1967]), pero ésta también tiene sus críticos. Existe una más, la de Panebianco (1988), que cuenta con mayor elaboración teórica, pero también tiene sus debilidades. Por ello aquí se adopta la de Duverger por considerar que facilita la idea y la exposición del discurso.

El caso más representativo se pudo ver con el Partido Sociedad Nacionalista, que nació en 1998 y perdió su registro en 2003, cuyo líder fue acusado de malversar los fondos del partido, imponiéndosele una multa de 140 millones de pesos.

Para más detalle sobre el movimiento navista que dio origen al Nava Partido Político véase Tomás Calvillo Unna (1997). “San Luis Potosí”. En Silvia Gómez Tagle (coord.). 1994: las elecciones en los estados. Vol. ii.México: ciih-unam/La Jornada. pp. 159-180.

La asamblea constitutiva se realizó el 8 de noviembre de 1998 en el Auditorio Miguel Barragán, con la asistencia de 250 delegados, representantes de 15 asambleas distritales con un padrón de afiliación de 25 015 militantes. En la lxLegislatura, el Partido Conciencia Popular contaba con un diputado por el principio de representación proporcional y tres alcaldías como partido único, más una en alianza con el prd-pt-psd. Para mayor información véase la página de Conciencia Popular: <http://www.concienciapopular.com.mx/>.

La leeslpde 1994, en el artículo 22, expresa que “Los partidos políticos tienen como finalidad promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática y permitir el acceso de éstos a la integración de los órganos de representación popular, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen”. Por su parte, la leeslpvigente de 2011, en su artículo 28, manifiesta que “Los partidos políticos tendrán como finalidad promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible mediante el sufragio, el acceso de éstos a la integración de los órganos de representación popular, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen”.

La primera victoria en una elección para gobernador por parte de la oposición fue la del Partido Acción Nacional, en 1989 en Baja California.

La primera victoria en una elección municipal por parte de la oposición fue la del Partido Acción Nacional, en 1947, en Quiroga, Michoacán.

Al respecto, véase Patricio Rubio Ortiz (2009). “Los partidos y su juego, sus piezas y sus reglas”. En Marco Antonio Cortés Guardado y Víctor Alejandro Espinoza Valle (coords.). México después. Las reformas postelectorales. México: Eón/u. de g.

Está claro que se pueden utilizar otras propuestas para identificar el número efectivo de partidos; sin embargo, ésta no es la parte toral de la exposición como para adentrarnos en mayores debates al respecto. Por tanto, para ejemplificar el movimiento de los partidos en este sentido basta la propuesta de Laakso y Taagepera (1979).

3. El escenario político-electoral en San Luis Potosí: 1997-2009

Introducción

El presente capítulo tiene el objetivo de establecer el contexto político-electoral del estado de San Luis Potosí. Para ello se toman en consideración los resultados electorales del tiempo de estudio; esto es, todas las elecciones locales y federales ocurridas entre 1997 y 2009. Por supuesto que se hace hincapié en materia política con los acontecimientos más relevantes surgidos desde el Poder Ejecutivo del estado, toda vez que el estudio de las relaciones Gobierno-partido pone atención en esta autoridad y su gabinete para su explicación. De tal suerte que con los dos hombres que ocuparon la gubernatura en el periodo de estudio nos detendremos un poco más. De sus gabinetes nos ocupamos en capítulos posteriores.

Como se apuntó antes, “Gobiernos y gobernadores” es el apartado con el que propiamente se da la pauta para plantear el escenario que, en este caso, resulta más político que electoral. Así, se exponen dos subapartados en razón de personas que ocuparon los periodos de gobierno en el espacio de tiempo que abarca este estudio. De ahí que el primero se denomine “La continuidad: Fernando Silva Nieto, 1997-2003”, en razón de la atmósfera en ese entonces, y el segundo, “La alternancia: Marcelo de los Santos Fraga, 2003-2009”, por lo que ese gobierno representó. Para cerrarlo, se incorpora un subapartado relativo a la “Evolución electoral” en este ámbito. Es oportuno señalar que en la mayoría de las gráficas que aquí aparecen se toman en consideración los tres partidos más representativos en México y el estado: el pan, el pri y el prd. Y aunque el Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí no demuestra la fuerza que tiene en México y su posición es muy inferior respecto de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, su participación ha sido constante y su presencia sí que lo acerca a convertirse en una tercera fuerza política.

Los apartados siguientes se detienen en los resultados que se dieron en el “Congreso local”, en “Los ayuntamientos” y en “La federación”, con la intención de presentar el escenario de la competencia electoral que se sostenía entre los partidos y reconocer el comportamiento del electorado en San Luis Potosí. Asimismo, se describe la evolución electoral en cada uno de los ámbitos de gobierno a fin de hacer una comparación durante el tiempo de estudio.

Para cerrar el capítulo, se introduce un último apartado que lleva por título “Consideraciones finales del clima político-electoral en el periodo de estudio”. En él se dan unas pinceladas muy breves sobre lo que los resultados electorales representaron, en términos generales, para los gobernadores en turno. Merece aclarar que no se detallan los incidentes de cada gobierno y de manera simple se toma la nota de aquellos que marcaron cada gobierno.

El clima político-electoral en 1997-2009

Para 1997 parecía haberse restablecido la calma y la estabilidad en San Luis Potosí después de 18 años de tiempos convulsos. Era también el año señalado para la renovación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Ayuntamientos. Para la renovación de gobernador y diputados, el calendario electoral marcaba como fecha el 6 de julio, mientras que para los ayuntamientos, el 16 de agosto del mismo año.

Después de un largo tiempo de escenarios políticos agitados y de descalificaciones hacia los procesos electorales, el estado presentaba signos de una credibilidad naciente, y la ciudadanía, que había perdido la confianza en los mismos procesos, de nueva cuenta se enfrentaba a un ejercicio de reflexión electoral en el que el pasado no era inadvertido. Sin embargo, los ánimos de efervescencia política ya no eran los mismos en la ciudadanía y comenzaban a detectar que los conflictos políticos estaban dejando a San Luis Potosí a la zaga de los estados vecinos.

Así, con esta breve referencia, se muestra el escenario inicial de nuestro periodo de estudio, el cual cierra en 2009. Nadie imaginaba lo importante que sería ese periodo en concreto para la vida política nacional, y para el estado en particular. Cierto es que algunos cambios esperados no sobrevinieron, pero sí se concretaron nuevas pautas de comportamiento, tanto en los que ostentaron el poder como en el propio electorado. De ahí que a continuación se expongan circunstancias que se vivieron durante este tiempo y que dan fe de las alteraciones ocurridas. Para ello se presentan los resultados electorales durante el periodo considerado de las distintas instancias de poder en San Luis Potosí.

Gobiernos y gobernadores

Sobre los gobiernos y los gobernadores ya se han hecho algunas menciones en tono general en el capítulo previo y que alcanzan a San Luis Potosí. En este apartado se tiene la intención de concentrarse solo en el periodo de estudio haciendo referencia a los personajes en concreto y al clima político-electoral en que se encontraron, a fin de conocer más del contexto en que se desarrollaron nuestras variables de estudio. Para exponerlo se toman en consideración los dos personajes de mayor relevancia en virtud del alto cargo que ocuparon: los gobernadores Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos Fraga.

La continuidad: Fernando Silva Nieto, 1997-2003

La contienda electoral para gobernador, como dicta la teoría e impone la realidad, era la que más causaba interés por ser el cargo de mayor relevancia que se renovaba. El resto de las elecciones, como lo eran los candidatos al Congreso local, a los Ayuntamientos e incluso a una diputación federal, fueron absorbidas por la atención que causaba la lucha por la gubernatura. Los reflectores, por supuesto, estaban sobre el candidato del Partido Revolucionario Institucional y, en menor medida, sobre el candidato del Partido Acción Nacional, las dos fuerzas políticas más relevantes en el estado.

Por un lado, Fernando Silva Nieto dejaba la administración bajo el mando del gobernador Horacio Sánchez Unzueta para postularse como candidato al gobierno del estado por el Revolucionario Institucional. Se puede decir que la carrera política que lo llevó a la candidatura se construyó durante su gestión en el gobierno de Horacio Sánchez, ya que en este periodo llegó a ocupar tres secretarías distintas y de relevancia como son Finanzas, Educación y General de Gobierno, siendo el único hombre que durante los últimos 34 años lo ha conseguido. Claro que si consideramos que este hecho de mover funcionarios de tan alto nivel de una a otra secretaría es potestad del gobernador, entonces es válido creer que este hecho es atribuible al gobernador en turno.

Las lecturas a estas circunstancias pueden ser de diversa índole, tanto positivas como negativas; sin embargo, varios fueron los acontecimientos que hacen pensar en una postura favorable del gobernador hacia su colaborador. Entre ellas está el pasar por secretarías de relevancia para el Gobierno; es decir, el gobernador lo ubicó en altos cargos importantes y lo impuso en la Secretaría General de Gobierno –puesto de extrema importancia–, como último cargo previo a su postulación como candidato de su partido.

Al hilo de lo anterior, un hecho más que devela las relaciones favorables entre el gobernador Horacio Sánchez y Fernando Silva tiene que ver con la movilidad de los altos cargos, puesto que un número importante de funcionarios del gobernador saliente se sostuvieron en la vida política del estado con la anuencia del gobernador entrante. Hecho que nos puede insinuar que una élite se estaba conformando y fortaleciendo, en donde Fernando Silva Nieto era la continuidad de un propósito en la vida política de San Luis Potosí. Este asunto se detalla en el capítulo dedicado al reclutamiento político de la élite.

Por otra parte, el candidato del Partido Acción Nacional fue Marcelo de los Santos Fraga, de quien, en aquel entonces, nadie pensaba en la relevancia que habría de adquirir y los buenos vientos que le habrían de soplar. Se destaca que su primera inclusión en política de alto nivel fue esta candidatura, pues para ella no llegó como un viejo militante de Acción Nacional, sino como un militante reciente, ya que su afiliación la había realizado en ese mismo año de 1997.

El tercer candidato registrado para la contienda fue Salvador Nava Calvillo, hijo del reconocido líder social Salvador Nava Martínez. Su postulación estaba respaldada por el Partido de la Revolución Democrática y por el Nava Partido Político. Sin embargo, no parecía ser una candidatura que atemorizara a los dos partidos más fuertes. Los resultados electorales darían cuenta poco después de la poca fuerza que representaron.

Fue así como el 6 de julio de 1997 se llevó a cabo la elección a gobernador y diputados al Congreso local. Para esta elección, la población de San Luis Potosí todavía evocaba la serie de acontecimientos ocurridos en los pasados 18 años, en los cuales había reinado el clima dubitativo de legalidad para la selección del Ejecutivo y en los que no se había dado la legitimidad esperada a quienes ocuparon el cargo. Por tanto, éste era un examen para todos –autoridades y ciudadanía– de enderezar el rumbo.

La elección arrojó un resultado favorable para el Partido Revolucionario Institucional. Fernando Silva Nieto resultó electo gobernador del estado para el periodo del 26 de septiembre de 1997 al 25 de septiembre de 2003. Los resultados en números le daban una ventaja a Fernando Silva sobre Marcelo de los Santos; sin embargo, la diferencia no parecía ser la acostumbrada por el Partido Revolucionario Institucional. Quizá éste fue el principio de lo que se avecinaba, primero, en el ámbito nacional y, posteriormente, en el ámbito estatal.

Los resultados electorales fueron aceptados sin mayores incidentes y la participación se ubicó en 59.71 por ciento, en tanto que la abstención fue de 40.29 por ciento. Números nada despreciables para los antecedentes políticos en la entidad, los cuales indicaban que San Luis Potosí dejaba atrás los periodos de inestabilidad e incertidumbre política.

Gráfica 1. Resultados electorales 1997

El gobierno de Fernando Silva Nieto estuvo muy ligado a la administración de Horacio Sánchez Unzueta, y así lo refleja un cartón político de la época que define lo que entonces se percibía.

Fuerza de gravedad

Cartonista: Alfredo Narváez, Pingo.

Durante el sexenio de 1997 a 2003, el estado recuperó de nueva cuenta el ritmo político. No así se dice del ritmo económico y de desarrollo del estado, que transcurrió sin pena ni gloria. Fernando Silva cumplió con algunas tareas obligadas propias de la inercia de gobierno, las cuales suelen atribuírseles como logros. No obstante, al término de su mandato, las críticas arreciaron por asuntos de índole económica, como el caso de los invernaderos de Santa Rita.1

Asimismo, en lo político, le tocó vivir la derrota del pri en el año 2000 en el ámbito nacional y, con ello, el desfiguro de lo que era su partido. Desfiguro que alcanzó al ámbito estatal, en donde el gobernador Fernando Silva Nieto no pudo o no quiso reagrupar a la militancia, toda vez que, como ya se mencionó en apartados previos, después de la derrota del pri por la presidencia, fueron los gobernadores quienes adquirieron e incrementaron su poder. En el caso de los priistas, fueron los gobernadores quienes quedaron a cargo del partido en sus localidades. Algo que no resultó ser del todo así en San Luis Potosí, en donde hubo una ruptura protagonizada por dos militantes reconocidos en el pri estatal como consecuencia de malos oficios en la selección del candidato a gobernador para el año 2003.2

La alternancia: Marcelo de los Santos Fraga, 2003-2009

El pri llegó a la elección de 2003 desarticulado y con la derrota del año 2000 por la presidencia a cuestas. Su candidato fue el licenciado Luis García Julián, quien ya había sido alcalde del municipio de la capital en el periodo de 1994 a 1997. Era conocido en el estado, pero los rompimientos que generaron su candidatura, aunados a un delicado estado de salud, no generaban ánimo en su postulación.

El Partido de la Revolución Democrática postuló como su candidato a Elías Dip, quien era uno de los disgustados con el pri y que días antes había dejado las filas de ese partido. A su salida se sumó Juan Ramiro Robledo y otros militantes, hecho que debilitó aún más la candidatura del pri.

Por su parte, Acción Nacional vivió una elección interna para seleccionar a su candidato en la que los contendientes fueron Alejandro Zapata y Marcelo de los Santos, ambos ex alcaldes de la capital; el primero en el periodo de 1997 a 2000 y el segundo desde 2000 hasta el comienzo de la lucha por la gubernatura. La contienda interna sería el preámbulo de enfrentamientos entre ambos personajes panistas. De la lucha salió victorioso Marcelo de los Santos. Del otro lado, Alejandro Zapata, después de manifestar inconformidades, aceptó los resultados y se sumó por disciplina a la campaña.

El licenciado Gonzalo Andrade fue el cuarto candidato que presentó su postulación al Gobierno del estado por el partido regional Conciencia Popular, pero sus posibilidades de triunfo eran prácticamente nulas.

La lucha electoral estuvo marcada por distintos incidentes por parte de los candidatos de los tres partidos más grandes, pri, pan y prd.3 Pese a ello, lograron sobreponerse y realizaron sus respectivas campañas, lo que permitió que el 6 de julio de 2003 se llevara a cabo la elección constitucional en todo orden.

Por primera vez en la historia de San Luis Potosí, los resultados arrojaron un triunfo para el candidato del Partido Acción Nacional, Marcelo de los Santos Fraga. Con el triunfo, hilaba el ejercicio de dos de los cargos más relevantes en el entidad: presidente municipal de la ciudad capital y gobernador del estado.

Los resultados electorales indicaban una ventaja mayor a los cinco puntos porcentuales, lo que hacía poco cuestionable el triunfo. Por otra parte, uno de los resultados que llamaron la atención fue el incremento de la votación para el prd nunca antes alcanzada por este partido en el estado (véase Gráfica 2). La participación en esta elección se situóen 44.37 por ciento, mientras que la abstención alcanzó 55.63 por ciento. Proporciones que iban a resultar las más bajas de las últimas seis elecciones.

Sin contratiempos, Marcelo de los Santos Fraga asumió el cargo el 26 de septiembre de 2003, y con ello se vislumbraban muy lejanos los tiempos de gran convulsión en el estado. Finalmente, el gobierno saliente de Fernando Silva Nieto había iniciado y terminado el periodo constitucional de sies años sin incidentes que pusieran en duda su gestión. Y así, siguiendo las máximas constitucionales, se había dado el relevo.

La zozobra en San Luis Potosí era evidente, pues cómo no la iba a haber si nunca antes el Partido Acción Nacional había alcanzado en el estado tan alta posición política. Los comentarios del resultado encontraban su explicación en varios puntos: el desconcierto en que se encontraba el pri después de la pérdida de la presidencia en el año 2000 y que no podía superarse en el estado; la mala gestión del gobernador aun en funciones Fernando Silva para escoger al candidato del pri, lo cual provocó deserciones políticas importantes, y el peso que tuvieron estas deserciones al afiliarse enseguida al Partido de la Revolución Democrática, lo que en consecuencia incrementó el porcentaje de votación para este partido y le quitó puntos al Revolucionario Institucional.

El desconcierto en el pri aumentó todavía más con la derrota en el estado, y un cartón publicado en uno de los periódicos de San Luis Potosí no dejaba duda de la impresión que se tenía del otrora partido oficial.

El debilitamiento del pri se hizo patente en su calidad de oposición, ya que, acostumbrado al poder, no supo plantar cara al gobierno del pan; es decir, durante el sexenio de Marcelo de los Santos, el pri no se articuló como partido de oposición y fue complaciente con el gobierno.

La situación, por supuesto, convino a Marcelo de los Santos, quien ejerció el cargo con amplias libertades. No hace falta decir que también el contexto nacional al inicio de su ejercicio le fue propicio, ya que el presidente de la República era también del pan y la figura de gobernador estaba adquiriendo poder, peso y relevancia. En este sentido, el gobernador supo aprovechar la situación y su mandato se entendió como un ejercicio de poder.

Resulta obvio que cuando se ejerce el poder éste no viene solo. De tal suerte que el proceder de Marcelo en el gobierno fue tildado de dispendioso de recursos públicos, represivo con la prensa, fastuoso en sus eventos y derrochador en el gasto de su imagen. También ha sido señalado por un préstamo millonario que solicitó antes de terminar su mandato, y se desconoce el destino que tuvo este recurso.

Al vislumbrarse el año 2009 y, con este, el tiempo de renovar el Poder Ejecutivo, se agudizaron las diferencias entre Marcelo de los Santos y Alejandro Zapata, ambos miembros del pan. Pues este último entonces luchaba en el interior del partido para obtener la candidatura y sucederle en el cargo. Después de una dura y dudosa selección interna de candidato de Acción Nacional, Alejandro Zapata fue postulado para la gubernatura.

El Revolucionario Institucional, todavía arrastrando problemas internos, eligió como su candidato a Fernando Toranzo, hombre que había sido secretario de Salud en el Gobierno que culminaba. Con el nombramiento de un secretario del Gobierno saliente como candidato del partido opositor, quedó nuevamente manifiesto el hecho de que en San Luis Potosí el gobernador no elige a su sucesor en el puesto.

En la lucha por la gubernatura, el candidato del pan, Alejandro Zapata, se ubicaba a la cabeza en las preferencias, pero nunca antes se había visto en el estado una campaña tan errática en la cual se perdieran los puntos de ventaja y se terminara perdiendo la elección.4

De modo que el pri volvía a ostentar el Poder Ejecutivo del estado con Fernando Toranzo como ganador y de nuevo se daba la alternancia en este cargo. Los resultados electorales señalaban una victoria apretada (véase la Gráfica 3), pero ello no dio lugar a incidentes que echaran abajo el resultado.

La participación de la población fue de 55.51 por ciento y la abstención fue de 44.49 por ciento, proporcines aceptables en términos generales.

Con la elección de 2009 se concretaba un segundo sexenio sin sucesos que pusieran en riesgo su legalidad y legitimidad como había ocurrido en las décadas de los ochenta y noventa. Con la elección de 2009 todo parecía indicar que, como señalan Rubio y Avilés (2011: 519), “los actores políticos más relevantes de la entidad, coincidieron en aceptar la ruta electoral como la vía pacífica privilegiada para la constitución de la representación política”. Asimismo, con las alternancias devenidas en la últimas dos elecciones para la gubernatura quedaba claro que “Ningún partido tiene escriturada la representación política en la entidad” (2011: 520).

Evolución electoral

Resulta significativo observar la evolución electoral de los tres partidos de mayor relevancia en el estado y en México considerando los procesos electorales para la gubernatura de 1997, 2003 y 2009. En ellos se puede dar cuenta de los altibajos en el transcurso de poco más de una década. Además, muestran el comportamiento electoral que tuvieron en ese tiempo, en el cual se presentó la alternancia en el estado por primera vez.

En 1997 el triunfo del pri no estuvo a gran distancia de la votación obtenida por el pan. Además, en la misma elección, el prd obtuvo una votación muy distante a la de ambos partidos.

Para la elección del año 2003, los tres partidos tuvieron cambios significativos en la votación. Sobra decir que fue en esta elección en la que ocurrió la alternancia, de modo tal que la votación por el pri descendió de manera considerable: por Acción Nacional tuvo un ligero ascenso, en tanto que por el prd también se incrementó. Dicho en términos de la votación obtenida, en la elección de 2003, de los tres partidos considerados, el único perdedor fue el pri, ya que tanto el pan como el prd elevaron sus porcentajes de votos.

Ahora bien, esto también puede indicar que la transición en el estado se produjo no por el trabajo de la oposición, sino por el mal trabajo del pri, ya que fue éste el que con toda claridad mostró una pérdida en las preferencias del voto. Si se observa la votación obtenida por Acción Nacional en la elección de 2003, dicha votación no supera la obtenida por el Revolucionario Institucional en la elección de 1997.

Para la elección de 2009 se presentó lo que se conoce como elección de restitución frente a la elección desviada de 2003. Es decir, se entiende que hubo elección desviada cuando se observa un cambio en los resultados, pero no en las bases de apoyo del partido. Este hecho se explica por factores coyunturales, y puede considerarse elección desviada sólo en la medida en que las siguientes pueden considerarse de restitución (Anduiza y Bosch, 2004). Y así ocurrió en San Luis Potosí. El cambio de partido en el Ejecutivo solo se sostuvo un periodo y para 2009 el pri volvió a ubicarse como primera fuerza política. Si bien en la elección de 2009 el pan logró incrementar su votación en consideración respecto de la del año 2003, no fue lo suficientemente alta para obtener la victoria, pues el pri también subió su porcentaje, pero mucho más que el pan, y así logró recuperar la gubernatura que había perdido seis años atrás.

El prd, por su parte, para la elección de 2009 caminó en sentido contrario, toda vez que sufrió una caída y obtuvo la votación más baja en la historia de ese partido en el estado.

Una observación más que se puede hacer, mirando la Gráfica 4 y pensando en los actores políticos, es que queda claro que ni a Fernando Silva Nieto ni a Marcelo de los Santos Fraga, por las razones que fuesen, les importó el trabajo que estaban haciendo sus partidos, pues ambos gobernadores en su momento tuvieron que entregar el gobierno a la oposición.

Finalmente, se hace evidente que la lucha por la gubernatura se sostuvo solo entre dos fuerzas políticas: el pri y el pan.

El Congreso local

La conformación del Congreso local permite confirmar algunas cuestiones respecto de las preferencias del electorado en San Luis Potosí. Además, a diferencia de la lucha por la guberntura, aquí sí tomaron parte otras fuerzas políticas, que si bien no dominaron el Poder Legislativo ni se acercaron a ello, sí manifestaron presencia y atenuaron el bipartidismo existente en el Poder Ejecutivo.

De tal forma que en las elecciones de 1997 y de 2000 el bipartidismo todavía se sostenía con un alto dominio de escaños por el pri y el pan. En estas elecciones, el prd y el Partido del Trabajo (pt) aparecieron en el escenario legislativo de manera muy débil.

Para la elección de 2003 hubo un decremento sensible en el número de escaños obtenido por el pri y nuevas fuerzas políticas hicieron presencia en el Congreso local como son el Partido Conciencia Popular (pcp) y el Partido Verde Ecologista de México (pvem). Asimismo, el prd logró mantener su presencia. Con todo esto, el bipartidismo en el Congreso seguía vigente, pero nuevas fuerzas políticas surgieron y comenzaron a amenazarlo.

Cuadro 6. Conformación del Congreso del Estado 1997-2009

Proceso electoral

Partidos políticos

pan

pri

prd

pt

pcp

pvem

pna

1997

6m

4rp

9m

5rp

2rp

1rp

10

14

2

1

2000

6m

5rp

9m

5rp

2rp

11

14

2

2003

6m

5rp

9m

3rp

2rp

1rp

1rp

11

12

2

1

1

2006

13m

2rp

1m

4rp

1m

3rp

1rp

1rp

1rp

15

5

4

1

1

1

2009

8m

2rp

6m

3rp

1rp

1rp

1rp

1rp

1m

3rp*

10

9

1

1

1

1

4

Fuente: Elaboración propia con datos del Ceepac.

m= Diputados de Mayoría, rp= Diputados de Representación Proporcional.

Se obvian candidaturas comunes; en su caso, la diputación se atribuye al partido mayoritario.

*Uno de los diputados de mayoría adjudicados al Partido Nueva Alianza (pna) obtuvo el triunfo a través de la coalición Alianza en Acción, mientras que otro lo obtuvo con la candidatura común pan-pna.

La elección de 2006 arroja una mayor evidencia de los acontecimientos políticos que se estaban viviendo, pues fue la elección en la cual se puede afirmar que el Partido Acción Nacional alcanzó el zenit. Es el mejor momento del pan en el Estado, ya que tenía el Poder Ejecutivo, dominaba el Legislativo, había ganado un número importante de Ayuntamientos en el estado y controlaba el ámbito federal. En otras palabras, el gobernador Marcelo de los Santos Fraga transitó tranquilo su gestión, pues no tuvo oposición a la vista. En esta elección también se puede observar que el pri tuvo una tremenda caída; sin embargo, lo importante es que los partidos de oposición que estaban haciendo presencia en este espacio no la perdieron. Por el contrario, adquirieron una ligera fuerza al acumular entre todos el mayor número de escaños nunca antes visto en una Legislatura hasta esa fecha. Con lo cual el clima bipartidista que se vivía en antiguas Legislaturas y que en la elección de 2003 se vio amenazado, para 2006 comenzó a ceder lentamente.

En 2009 se acabó la fiesta para el pan y, en cambio, el pri empezó a remontar. En tanto, el resto de los partidos preservaron su presencia e incluso la incrementaron con la aparición de una nueva fuerza política denominada Nueva Alianza, que irrumpió en el espacio legislativo con un número importante de escaños. Así, la de 2009 volvió a ser una buena elección para los llamados partidos pequeños, puesto que todos juntos consiguieron ocho escaños que nunca con anterioridad se habían conseguido.

En la Gráfica 5, dispuesta a continuación, se representa la evolución del voto en el Congreso local. En ella se percibe con mayor claridad la conducta que tuvieron los tres grandes partidos: pan, pri y prd. Es importante señalar aquí que elegir estas tres fuerzas políticas, dejando de lado su importancia en el estado y en México, permite realizar esta gráfica evolutiva porque aparecen de manera constante en todas las elecciones aquí consideradas.

Se confirma, al observar la Gráfica 5, que 2006 fue el año más halagüeño del pan. No solo ganó casi todo, sino también parecía que se distanciaba de su más cercano contendiente: el pri. Pero también hay que decir que fue el año en que el pri tuvo su máxima caída y el prd alcanzó su mejor porcentaje de votación.

Cosa distinta ocurrió en 2009, cuando parece que las aguas volvieron a su cauce y el pri se instaló otra vez como la primera fuerza política en el estado. Aquí el pan experimentó una caída estrepitosa en la que su votación quedó por debajo de la obtenida en la elección de 1997. Esto es, su participación fue incluso peor que la de cuatro elecciones atrás. El prd también obtuvo una votación pobre respecto de la anterior elección, pero, aunque los números indican una baja considerable, observando la evolución se puede percibir que sostuvo las preferencias y que la elección de 2006, en la que registró la mayor votación de su historia, fue excepcional.

Los Ayuntamientos

Las votaciones obtenidas en los 58 ayuntamientos en las elecciones ocurridas entre 1997 y 2009 ayudan a confirmar, de manera general, los resultados para las diputaciones locales en el mismo periodo.

Ahora bien, la cantidad de elecciones efectuadas en este ámbito, que en su conjunto durante el periodo fueron 290, permite descubrir algunas cosas más. Por ejemplo, algo que resulta evidente y que comienza a caracterizar al sistema de partidos en San Luis Potosí lo constituyen las coaliciones preelectorales, entendidas como las “estrategias de acción colectiva entre partidos que implican un proceso de negociación, en ocasiones bastante complejo, que determina los costos y beneficios que obtiene cada una de las partes y que están hipotéticamente dispuestas a pagar por no competir de manera independiente” (Méndez, 2012: 151).

En este sentido, el estado de San Luis Potosí se encuentra entre los primeros lugares de México en utilizar sobremanera las coaliciones preelectorales (Méndez, 2012). La explicación puede hallarse en diversos hechos: para los partidos grandes, las coaliciones preelectorales señalan que su margen de triunfo ha disminuido y no ven aseguradas sus victorias electorales, por lo que echan mano de fuerzas políticas menores que ayuden a asegurar los cargos pretendidos; para los partidos pequeños, las coaliciones preelectorales ofrecen la posibilidad de mantener el registro sin esforzarse en la contienda, pues suelen hacer la coalición con los partidos grandes y recibir su abrigo. Es posible que así ocurra gracias al convenio de coalición que presentan ante la autoridad electoral, en el que se plasma el acuerdo que los partidos mismos preestablecieron. En el caso particular de San Luis Potosí, la ley permite que en el convenio de coalición los mismos partidos políticos determinen la manera en que se han de computar los sufragios para los partidos que participan en la coalición.

En consecuencia, como muestra el Cuadro 7, la cantidad de coaliciones y candidaturas comunes en las elecciones consideradas fue elevada.

Cuadro 7. Ganadores de Ayuntamientos, 1997-2009

Proceso

electoral

Partidos políticos, coaliciones (c) y candidaturas comunes (cc)

Total

PAN

PRI

PRD

PT

NPP*

PDM**

PCP

PNA

C1

C2

C3

cc1

cc2

cc3

cc4

cc5

cc6

cc7

cc8

cc9

cc10

cc11

1997

15

34

4

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57***

2000

18

34

2

1

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

2003

24

23

3

3

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

2006

18

14

-

-

-

-

3

-

-

-

4

9

1

8

1

-

-

-

-

-

-

-

58

2009

9

18

3

1

-

-

2

1

-

-

-

14

-

-

-

2

1

3

1

1

1

1

58

Fuente: Elaboración propia con datos del ceepac.

* Nava Partido Político.

** Partido Demócrata Mexicano.

*** El ayuntamiento que completa los 58 es Santa Catarina, pero no se le puede adjudicar a ningún partido puesto que, por resolución del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (septiembre de 1997), la elección fue anulada, por lo que se formó un Consejo Municipal para todo el periodo de gobierno.

C1= Coalición Alianza por México, formada por prd, pt, pc y Partido Sociedad Nacionalista.

C2= Coalición Alianza para Todos, formada por pri y pvem.

C3= Coalición Alianza por el Bien de Todos, formada por prd, pt y pc.

cc1= Formada por pan y pna.

cc2= Formada por pan, pcp y pna.

cc3= Formada por pri y pasc.

cc4= Formada por pri, pcp y pasc.

cc5= Formada por pan, pna, pc.

cc6= Formada por pri y psd.

cc7= Formada por pri y pvem.

cc8= Formada por prd y pt.

cc9= Formada por prd, pt, pcp y psd.

cc10= Formada por pvem y pcp.

cc11= Formada por pri y pna.

Este proceder tiene, por supuesto, repercusiones en la vida política. Una de ellas es la denominada cartelización que, bajo la clasificación de Katz (1994), es una forma que los partidos políticos han venido adquiriendo en los últimos tiempos. En la cartelización o en los llamados partidos cártel prima la negociación, están más cerca del poder que del ciudadano, supeditan valores e ideología por sobrevivir y buscan que la lucha política y electoral no resulte un juego de suma cero.

Entonces, partidos de muy distinto signo ideológico no tienen empacho en coaligarse y, según soplen los vientos políticos, se acercan a uno o a otro. Pero aun más, la candidatura común, habilitada en 2002 en la ley electoral de San Luis Potosí, borra del escenario cualquier valor, principio, ideología –o aquello que se le parezca– del partido, bajo el argumento del candidato sobre los partidos.

Por otra parte, también es importante hacer notar que lo descrito respecto de las coaliciones preelectorales y candidaturas comunes da señales de una mayor competencia. En esta idea, al igual que se muestra en la evolución del voto para el Congreso local, el bipartidismo se sostiene, pero, poco a poco y de manera muy pausada, comienza a ceder. Los triunfos en Ayuntamientos de partidos que nunca antes habían figurado, así como la necesidad de los partidos grandes de buscar alianza con los partidos pequeños, dan muestra de ello.

En la Gráfica 6 sobre la evolución del voto para los Ayuntamientos se muestra con fuerza el bipartidismo, pero asimismo se percibe un declive. Se confirma, además, la excepcionalidad para Acción Nacional de la elección de 2006. Lo mismo se puede decir para el Partido de la Revolución Democrática en esta misma elección.

Toda vez que son dos las fuerzas políticas que se imponen –pan y pri– en función del número de Ayuntamientos que ganan, hay que destacar que este ámbito de Gobierno proporciona mayores elementos para determinar el tipo de competencia que se sostiene en el estado, la cual sigue siendo mayoritariamente bipartidista. No obstante, se observa que para la elección de 2009 otros partidos políticos comenzaron a obtener triunfos importantes en este ámbito.

La federación

Las elecciones para la renovación de los cargos federales competen también al contexto político-electoral de la entidad en la medida que se realizan con los mismos electores, y es común ver a candidatos que transitan de una representación local a una federal y viceversa. De tal manera que los resultados electorales para este ámbito suelen coincidir con los que se obtienen para los cargos de representación para el estado. Es decir, para los cargos de representación, los resultados de la elección local, con algunas variaciones, se reproducen en el ámbito federal.

En este sentido, el Cuadro 8 muestra cómo los cargos en el Senado por mayoría y primera minoría han estado dominados por el pan, obteniendo en todas las elecciones dos senadores de los tres que corresponden al estado por este principio, en donde la variación se presenta en los senadores elegidos por el principio de representación proporcional, asunto que sale de nuestro contexto y motivo, por lo que no se incorpora en el análisis.

Cuadro 8. Partidos ganadores al Senado por mayoría y primera minoría en San Luis Potosí, 1994-2012

Proceso electoral

Senadores por el estado de San Luis Potosí

1994

pri

pan

pan

2000

pri

pan

pan/mc*

2006

pri

pan

pan

Fuente: Elaboración propia.

*Se le atribuyen dos partidos porque el senador abandonó las filas del pan, se mantuvo sin partido algún tiempo para más tarde integrarse al partido político Movimiento Ciudadano.

Mejor panorama sobre los resultados electorales se observa en las elecciones para los Distritos federales, en donde se percibe con mayor claridad la fuerza política de los partidos. En el Cuadro 9 se hace patente la pérdida de terreno por el pri en la elección de 2003. Asimismo, se confirma que en el proceso electoral de 2006, como se ha dicho con anterioridad, el pan alcanzó su mayor grado de paroxismo. Finalmente, la elección de 2009 fue en la que el pri se mostró de regreso.

Cuadro 9. Partidos ganadores en los Distritos federales de San Luis Potosí, 1997-2009

Proceso

electoral

Distritos para la elección federal de San Luis Potosí

Total

1

2

3

4

5

6

7

1997

pri

pan

pri

pri

pan

pan

pri

4 pri - 3 pan

2000*

pri

pan

pri

pri

pan

pan

pri

4 pri - 3 pan

2003*

pri

pan

pri

pan

pan

pan

pri

3 pri - 4 pan

2006

pan

pan

pan

pan

pan

pan

pan

7 pan

2009

pan

pan

pan

pri

pan

pan

pri

2 pri - 5 pan

Fuente: Elaboración propia con datos del ife.

* En los procesos electorales de 2000 y 2003 se conformaron coaliciones y así llevaron sus candidatos a la contienda federal. De tal manera que en 2000 se conformó la Alianza por el Cambio, integrada por el pan y el pvem, y en 2003 la Alianza para Todos, integrada por el pri y el pvem. Para una mejor comprensión, en el cuadro los distritos ganados son atribuidos en 2000 al pan y en 2003 al pri, lo anterior por ser estos los partidos dominantes de cada coalición.

Lo que nos muestra también el Cuadro 9 es el apoyo constante de los Distritos federales segundo, quinto y sexto al Partido Acción Nacional; en tanto que el Distrito siete, salvo en la excepcional elección de 2006, que favoreció rotundamente el pan, dio su apoyo al Revolucionario Institucional.

Se puede dar cuenta también de que en los Distritos federales el pri no ha sido un ganador absoluto y ha existido, al menos desde el proceso electoral de 1997, una competencia constante. Sin embargo, lo que sí va en detrimento de la competencia es el bipartidismo que se muestra firme. Asimismo, con la excepción del Partido Verde Ecologista de México, que unas veces se coaliga con el pan y otras con el pri, el resto de los partidos no figuran con alguna victoria en absoluto en todo el periodo de estudio en este ámbito.

La Gráfica 7 ilustra claramente un giro en las preferencias en los años 2003 y 2006, para vislumbrar el regreso al estado de cosas en el proceso de 2009, todavía sin concretarse por completo. Como dato añadido, que sale de nuestro periodo de estudio, se destaca que en la elección de 2012 el pri se instaló otra vez como la primera fuerza en el estado y se concretó el antiguo orden que se guardaba al obtener cinco Distritos: el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el séptimo. Por su parte, el pan obtuvo solo dos: el quinto y el sexto, siendo éstos los distritos que siempre ha ganado a partir de los datos de 1997.

En síntesis, la representación federal no hace otra cosa que confirmar que las elecciones de 2003 y 2006, cualquiera que sea el ámbito que se observe en San Luis Potosí, salieron de la normalidad en que se vivía. Falta observar los resultados en siguientes elecciones para saber si lo que ahora se detecta como extraordinario en realidad se transforma en ordinario y se está ante un comportamiento del electorado más constante que esporádico.

Consideraciones finales del clima político-electoral en el periodo de estudio

El clima político-electoral en San Luis Potosí en el periodo de 1997 a 2009 fue un tanto excepcional. Cierto es que esta fecha marca el inicio de una nueva época, pues se salía de otra también excepcional. Sin embargo, las excepcionalidades entre ellas son muy distintas. Los 12 años previos a 1997 habían estado marcados por conflictos políticos y electorales que trastornaron el curso normal de las cosas. El nombramiento de múltiples gobernadores en esos años impactó en todos los sentidos en el estado e impidió la continuidad de procesos económicos, políticos y sociales, entre otros. Mientras, el periodo que se abrió en 1997 dio la pauta a una calma política, en la cual se sostuvieron las luchas políticas naturales pero éstas no pusieron en riesgo el orden en el estado. Por el contrario, las luchas políticas se fueron concentrando con normalidad en la arena electoral y ahí se dirimieron.

En este sentido, la participación electoral en el estado en este periodo de estudio no fue nada despreciable, considerando la participación nacional en la cual San Luis Potosí se ubica entre los estados de México con mayor participación electoral.5 De las cinco elecciones que se toman en cuenta para el estudio, solo la del año 2003 presentó un porcentaje bajo, pero el resto estuvo por encima de 50 por ciento, e incluso la del año 2000, cuando hubo elecciones concurrentes, presenta una proporción por encima de 70 por ciento (véase el Cuadro 10).

Cuadro 10. Participación electoral 1997-2009

Elección

Participación

Abstención

1997

59.71%

40.29%

2000

61.77%

38.23%

2003

44.37%

55.63%

2006

59.33%

40.67%

2009

55.51%

44.49%

Fuente: Elaboración propia con datos del ceepac.

La Gráfica 8, dispuesta a continuación, es más explícita en lo que se viene anotando, pues muestra el cambio en la participación frente a la abstención en la elección de 2003. Aquí también se pueden percibir con mayor facilidad los niveles en que se mueve la participación electoral en San Luis Potosí.

Todos los resultados electorales presentados hasta aquí evidencian que, durante los 12 años que comprende el estudio, el asunto electoral no fue un problema para el gobernador Fernando Silva Nieto y mucho menos para el gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Quizá las alteraciones vividas por primera vez en el estado, como lo fue la alternancia en 2003, tensaron el ambiente, pero de ello no resultó nada que perturbara la calma que se vivía.

Fernando Silva Nieto vio la pérdida de espacios políticos de su partido, el pri, pero también se percibe que no le importó demasiado. Se centró en su gestión de gobierno y dejó de lado lo partidista, sin que esto diera como resultado un gran gobierno. Después de su mandato, los rumores de malos manejos y poca claridad en el uso de recursos públicos le persiguieron. Asimismo, como consecuencia de estas investigaciones, se llevó a la cárcel a su secretario de Finanzas por irregularidades administrativas durante su ejercicio.

Marcelo de los Santos Fraga las tuvo todas consigo. En su sexenio como gobernador no tuvo oposición, y a la mitad del gobierno, cuando se efectuaron elecciones intermedias, ganó su partido más victorias que nunca. Gobernó con comodidad, pues incluso en el ámbito federal el pan gobernaba o se imponía. Un único detalle complicó, en la recta final, su ejercicio de gobierno: la inseguridad. Las políticas de seguridad del Gobierno federal al mando del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, detonaron problemas que complicaron la vida en México y, en concreto, en San Luis Potosí. La sucesión de eventos delincuenciales nunca antes vistos hizo al Gobierno cometer errores que nunca supo enmendar. Finalmente, posterior a su mandato se presentó la misma situación que en el gobierno anterior, tres colaboradores, el secretario de Finanzas, el Oficial Mayor y la vocera del gobierno, fueron llevados a la cárcel.

En síntesis, el clima político-electoral cambió con respecto de otros tiempos. En lo político, los malos manejos de recursos fueron llevados a los tribunales y se ejerció acción penal contra los que resultaron responsables, algo que parecía lejano en otros tiempos. En materia electoral se produjo un avance importante al utilizar las elecciones para establecer la representación política y reconocer a los electos como legítimos ganadores. Además, la alternancia dio muestra de que ningún partido es dueño de los cargos públicos, que todos pueden ganar y que la competencia política existe, aunque hasta el momento sólo sea cuestión de dos.

Referencias

Anduiza, Eva y Agustí Bosch (2004). Comportamiento político y electoral. Barcelona: Ariel.

Borjas, Hugo Alejandro y María Begoña Gerling (2009). “Las elecciones de 2009 en San Luis Potosí: el retorno del pri”. En: Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lince y Francisco Reveles Vázquez (coords.). Los estados en el 2009: Lucha política y competencia electoral. México: ieem/unam/amcee.

Katz, Richard (1994). “Party Organization and Finance”. En: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris (eds.). Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective. Thousand Oaks, California: Sage.

Méndez de Hoyos, Irma (2012). “Coaliciones preelectorales y competencia partidista en México a nivel federal y local (1994-2011)”. Política y Gobierno, xix(2): 147-198.

Rubio Ortiz, Patricio y Héctor Avilés Fernández (2011). “La alternancia breve: El regreso del pri al Gobierno del estado. Reflexiones sobre el Proceso electoral en San Luis Potosí”. En: Manuel Larrosa Haro y Javier Santiago Castillo (coords.). Elecciones y partidos políticos en México, 2009. México: uam.

Fue quizá el caso más sonado de este gobierno que alcanzó a ser noticia nacional. Véase Adriana Ochoa (2008, enero 21). “Procuraduría de S.L.P. pide a juez citar a Silva Nieto”. El Universal.mx. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/estados/67318.html>.

Los dos militantes reconocidos fueron Juan Ramiro Robledo y Elías Dip, quienes abandonaron las filas del pripor diferencias con el entonces gobernador, Fernando Silva Nieto, y se incorporaron al Partido de la Revolución Democrática. Nadie pensaría que nueve años después de aquel incidente Fernando Silva sería expulsado del priy se incorporaría también al prdcomo candidato al Senado en las elecciones de 2012.

Para conocer más estos hechos consúltese Jaime Hernández López (2003, mayo 31). “El activismo de Silva Nieto, arma de dos filos para el prien S. L. P.”. La Jornada. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2003/05/31/031n1est.php?origen=estados.php&fly=2>

Para más información sobre las elecciones de 2009 en San Luis Potosí consúltese Hugo Alejandro Borjas y María Begoña Gerling (2009). “Las elecciones de 2009 en San Luis Potosí: El retorno del pri”. En: Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lince y Francisco Reveles Vázquez (coords.). Los estados en el 2009: Lucha política y competencia electoral. México: ieem/unam/amcee.

Los resultados nacionales por entidad federativa se pueden consultar en Instituto Federal Electoral. “La participación ciudadana en las elecciones federales”. Disponible en: <http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Participacion_Ciudadana/>.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Resultados electorales 2003

Fuente: Elaboración propia.

Clamor

Cartonista: Alfredo Narváez, Pingo.

Gráfica 3. Resultados de la elección a gobernador

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 4. Evolución del voto para la gubernatura*

Fuente: Elaboración propia con datos del ceepac.

* Los datos de la gráfica toman en cuenta la votaón obtenida por el pri, pan y prd como partidos únicos, sin considerar las candidaturas comunes o coaliciones que hayan tenido en la elección.

Gráfica 5. Evolución del voto para el Congreso local

Fuente: Elaboración propia con datos del ceepac.

Gráfica 6. Evolución del voto para los Ayuntamientos

Fuente: Elaboración propia con datos del ceepac.

Gráfica 7. Evolución del voto en los Distritos federales de San Luis Potosí, 1997-2009

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 8. Participación electoral 1997-2009

Fuente: Elaboración propia.

4. El reclutamiento político

Introducción

Este capítulo tiene por objeto presentar los cargos políticos y los hombres que los ejercieron. De ahí se desprenden los primeros hallazgos encaminados al establecimiento de la relación entre cargos y hombres, para avanzar hacia las características del reclutamiento político de la élite. Todo ello con la intención de conocer a los sujetos que integraron el Gobierno en el periodo de estudio y conocer sus características.

Se puede decir que es el primer paso en el estudio sobre las relaciones entre el Gobierno y el partido sostenedor. De tal suerte que en el inicio se presenta la selección de la élite gobernante de dos gobiernos durante el periodo de estudio considerado. Después, se expone el comportamiento de la élite en los cargos, es decir, los datos de circulación, continuidad, movilidad y renovación de la élite política gobernante en los dos gobiernos de estudio. Un apartado más se refiere a las características de la élite política gobernante con datos tales como profesión, estudios de posgrado y sexo.

En la parte final se establecen apreciaciones partidistas de la élite política gobernante. En ella se apuntan comentarios sobre la filiación partidista, la apreciación partidista de los miembros de la élite gobernante y las relaciones entre esferas de poder.

Dos aclaraciones merecen hacerse aquí. La primera tiene que ver con los nombres de los hombres: hacer las referencias de los miembros de la élite política gobernante con nombre y apellido no significa que se tenga un interés especial en los citados. Ninguno de ellos, fuera de las características que sirven para la exposición y los fines del presente trabajo, representa interés alguno en especial. Por tanto, los nombres y los apellidos se anotan para facilitar la exposición y el entendimiento. Sobra decir que se está haciendo referencia a hombres públicos por su pertenencia al Gobierno y esto es lo que importa.

La segunda aclaración versa sobre las referencias que se hacen de dos gobiernos que quedan fuera del periodo de estudio: el de Horacio Sánchez Unzueta y el de Fernando Toranzo Fernández. Pero el motivo de hacerlas tiene que ver con la exposición de su vínculo con la circulación, continuidad, movilidad y renovación de la élite política gobernante, por ser el marco de los gobiernos que comprenden la presente investigación. De lo contrario, se perdería precisión en las apreciaciones. Asimismo, se realizan alusiones constantes al gobierno de Horacio Sánchez Unzueta y a su condición de gobernador en ciertos apartados, ya que se encontró que los hombres de su Gobierno estuvieron ligados en buena medida al Gobierno siguiente, el de Fernando Silva Nieto, y que forma parte de nuestro estudio.

La selección de la élite gobernante de San Luis Potosí

Como se advertía en los apartados metodológicos, interesa reconocer quiénes ocuparon los cargos en las posiciones de relevancia. En este caso, las posiciones las constituyen el titular del Poder Ejecutivo del estado, como primera posición, y su gabinete, como segunda, conformado por quienes estuvieron al frente de las secretarías o dependencias con ese rango.

Iniciar con la identificación de los hombres del Gobierno es más que conveniente, toda vez que es una necesidad conocer a los hombres que pertenecieron a este grupo para el desarrollo de las relaciones que se establecen entre el Gobierno y el partido que lo sostiene. Esto tiene como fin el desahogo de nuestra variable de reclutamiento, sin la cual sería imposible dar respuesta al resto de variables.

Es así que aquellos que ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo y los que fueron secretarios de despacho o titulares de dependencia1 son los que este trabajo considera como miembros de la élite gobernante de San Luis Potosí. Cabe señalar que se anotan los nombres y apellidos de quienes se han considerado parte de la élite gobernante por reunir los requisitos de la propuesta metodológica. No obstante, su identificación se hace con propósitos explicativos, sin detenerse en ninguno de ellos en particular, salvo los que ocuparon el cargo de gobernador y aquellos secretarios cuyo paso por el Gobierno y ejercicio constituyó un hallazgo relevante bajo el encuadramiento de la presente investigación.

Composición de los gabinetes de Gobierno (1997-2009)

La composición de los gabinetes de Gobierno responde a un sinnúmero de circunstancias dependientes de un sinnúmero de elementos. Un gobernador, que cuenta con la potestad de escoger a sus hombres de gobierno, tiene libertad legal y legítima, después de venir de elecciones democráticas, como fue el caso, de allegarse de los hombres que él quiera. Las limitaciones en las decisiones vienen impuestas por la propia política. Para ser más claros: acuerdos políticos previos, ya por apoyo, ya por abstención, pueden dirigir la decisión del gobernador para tal o cual hombre en tal o cual cargo, en no pocas ocasiones. Asimismo, por conveniencia o coyuntura política, un gobernador puede inclinarse por determinado hombre aun sin conocerle. En resumen, un gobernador manipula su decisión, a pesar de tener potestad para ignorar las circunstancias o establecer su propia y personalísima estrategia.

Aunque puede presentarse el caso en que todos los cargos obedezcan a una estrategia política, no es lo que suele ocurrir. En la normalidad de la selección, unos pocos obedecen a cierta estrategia –cuando la hay– y otros tantos son nombrados por decisión del gobernador. Algo más que necesario, ya que no contar con hombres de confianza puede debilitar al gobernador y, en consecuencia, al gobierno.

Pues bien, el interés de los siguientes apartados es reconocer quiénes fueron los hombres que estuvieron al frente de los altos cargos durante el periodo de investigación y formaron la élite gobernante de San Luis Potosí.

Fernando Silva Nieto (fsn)

El gobernador Fernando Silva Nieto utilizó para el ejercicio gubernamental 12 secretarías o dependencias, y durante los seis años que duró su gobierno tuvo el apoyo de 27 hombres, cada uno de los cuales ocupó en algún momento un alto cargo. Algunos de ellos venían del gobierno anterior, mas no siempre de un alto cargo, apunte que se hará con mayor extensión en posteriores apartados.

Cuadro 11. Hombres del gabinete del gobernador Fernando Silva Nieto

Dependencia

Titulares

Inicio

Término

Secretaría General

de Gobierno

1

Martín Celso Zavalaa

26/09/97

24/08/98

2

Juan Carlos Barrón Cerda

24/08/98

03/01/01

3

Juan José Rodríguez Medinab

04/01/01

17/04/01

4

Jorge Daniel Hernández Delgadilloc

18/04/01

06/03/03

5

Marco Antonio Aranda Martínez

13/03/03

26/09/03

Secretaría de Finanzas

1

José Luis Ugalde Montesd

06/03/97

31/03/00

2

Antonio Guzmán Nacoud

01/04/00

07/05/01

3

Olegario Galarza Grande

07/05/01

26/09/03

Secretaría de Planeación del Desarrollo

1

Carlos Félix Garrocho Rangel

01/01/98

26/09/03

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

1

Juan Manuel Carreras López

01/01/98

31/03/00

2

Jorge Daniel Hernández Delgadillo

01/04/00

18/04/01

3

Amado Felipe Vega Robledo

19/04/01

26/09/03

Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas

1

Antonio Navarro Robles Gile

08/04/97

24/08/98

2

David González Santos

26/08/98

04/01/01

3

José Castillo Duque

04/01/01

26/09/03

Secretaría de Desarrollo Económico

1

Fernando López Palau

26/09/97

26/09/03

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

1

Clemente Mora Padilla

25/09/97

04/01/01

2

José Manuel Rosillo Izquierdo

04/01/01

26/09/03

Secretaría de Ecología

y Gestión Ambiental

1

David Atisha Castillof

26/09/97

26/09/03

Secretaría de Educación

1

Ana María Aceves Estradag

26/09/97

26/09/03

Dependencia

Titulares

Inicio

Término

Oficialía Mayor

1

Fernando Díaz de León Pedroza

26/09/97

28/02/00

2

Agustín Soberón Álvarez

16/03/00

19/04/01

3

Raúl Julio Duffo Olvera

19/04/01

11/12/02

4

Fernando Díaz de León Pedroza

11/12/02

26/09/03

Procuraduría General

de Justicia

1

Álvaro Eguía Romero

26/09/97

24/08/98

2

María Manuela García Cázares

04/09/98

09/01/01

3

José Luis Bravo Méndez

10/01/01

25/10/02

4

Juan Manuel González Carrillo

22/11/02

26/09/03

Contraloría General

del Estado

1

Olegario Galarza Grande

03/11/97

07/05/01

2

Óscar Alarcón Guerrero

06/06/01

26/09/03

Fuente: Elaboración propia.

a Inició con Horacio Sánchez Unzueta en la Procuraduría General de Justicia.

b Colaboró con Horacio Sánchez Unzueta.

c Colaboró con Horacio Sánchez Unzueta en la Procuraduría General de Justicia y Oficialía Mayor.

d Inició con Horacio Sánchez Unzueta el 6 de marzo de 1997.

e Inició con Horacio Sánchez Unzueta el 8 de abril de1997.

f Colaboró con Horacio Sánchez Unzueta a partir del 29 de julio de 1996.

g Inició con Horacio Sánchez Unzueta.

Asimismo, este gobierno mantuvo la inercia de utilizar un gran número de colaboradores durante su gestión. El número superó por dos al gabinete de su antecesor, Horacio Sánchez Unzueta, quien se valió de 25 hombres, y estuvo por encima de su sucesor, Marcelo de los Santos, con tres más. Es pertinente aclarar que el número de colaboradores de Horacio Sánchez Unzueta lo fue durante poco más de cuatro años y cuatro meses, en tanto que Fernando Silva y Marcelo de los Santos se valieron de ese número de hombres por un espacio de seis años. En consecuencia, el gobierno de Horacio Sánchez se sostiene como el que mayor número de colaboradores utilizó.

Marcelo de los Santos Fraga (msf)

Durante la gestión de Marcelo de los Santos Fraga tuvieron vida 17 dependencias. Si bien no todas ellas se sostuvieron durante los seis años de gobierno, sí contaron con titular en algún momento. De tal suerte que Marcelo de los Santos se valió de 24 colaboradores, lo que ubica su gobierno entre los que más hombres ocuparon un alto cargo. En efecto, con éste ya son tres los gobiernos consecutivos que superan la veintena de hombres en cada periodo gubernamental.

Cuadro 12. Hombres del gabinete del gobernador

Marcelo de los Santos Fraga

Dependencia

Titular

Inicio

Término

Secretaría General de Gobierno

1

Alfonso José Castillo Machuca

26/09/03

05/03/09

2

Héctor Vega Robles

06/03/09

26/09/09

Secretaría de Finanzas

1

Joel Azuara Robles

26/09/03

26/09/09

Secretaría de Planeación del Desarrollo

1

Antonio Madrigal Ortiz

26/09/03

16/01/06

Secretaría de Desarrollo Social

y Regional

1

María Luisa Galván Limón

26/09/03

26/09/09

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

1

Jacobo Cossío Calvillo

26/09/03

26/09/09

Secretaría de Comunicaciones

y Trasportes

1

José Ernesto Piña Cárdenas

26/09/03

07/04/08

2

Guillermo Perogordo Oliva

08/04/08

26/09/09

Secretaría de Desarrollo Económico

1

Fernando López Palau

26/09/03

31/03/07

2

Carlos Fernando Bárcena Pous

01/04/07

26/09/09

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

1

Manuel David Sánchez Hermosillo

26/09/03

26/09/09

Secretaría de Ecología

y Gestión Ambiental

1

Rodolfo Treviño Hernández

26/09/03

15/10/08

2

Alejandro Nieto Caraveo

16/10/08

26/09/09

Secretaría de Educación

1

Francisco Antonio Rubín de Celis

26/09/03

26/09/09

Secretaría del Trabajo

y Previsión Social

1

Jorge Ricardo Domínguez Casanova

26/09/03

26/09/09

Secretaría de Turismo

1

Patricia Elizabeth Velíz Alemán

26/09/03

26/09/09

Secretaría de Cultura

1

Roberto Vázquez Díaz

26/09/03

26/09/09

Oficialía Mayor

1

Humberto Picharra Carrete

26/09/03

26/09/09

Procuraduría General de Justicia

1

Guillermo Salazar Trejo

26/09/03

29/09/07

2

Francisco Martín Camberos Hernández

04/10/07

26/09/09

Secretaría de Salud*

1

Fernando Toranzo Fernández

26/09/03

14/12/08

2

Alejandro Alfonso Perea Sánchez

15/12/08

12/02/09

3

Juan Sánchez Ramos

18/02/09

26/09/09

Contraloría General del Estado

1

Carlos Esparza del Pozo

26/09/03

26/09/09

Fuente: Elaboración propia.

*P.O. 23 de diciembre de 2004. Creación de la Secretaría.

Es importante destacar que así como se han incrementado los hombres que ocupan altos cargos en cada gobierno, ha tenido un importante crecimiento el número de altos cargos, traducido en dependencias o secretarías. Más allá de reconocer los cambios de nombres de las dependencias o la supresión y el nacimiento de unas y otras, lo cierto es que algunos temas han aparecido en los últimos años, redundado en el crecimiento de los gabinetes.

La selección de los colaboradores como parte de la estrategia de gobierno

Al hilo de lo anterior, puede ocurrir que el aumento en el número de dependencias provenga de estrategias de gobierno. No hay que olvidar que los altos cargos son espacios de poder que utilizan un presupuesto, y si bien no todos los cargos tienen el mismo peso, sí acercan al ejercicio del poder. Además, considerando que el crear o suprimir secretarías es facultad del gobernador, bien puede éste abrir espacios para pagar cuotas.

Por otra parte, en la alteración de las dependencias, en su existencia o en su nombre, es posible observar “el estilo personal de gobernar”. Pues como se muestra en el Cuadro 13, algunos cambios de nombres no tenían demasiado sentido y fueron mero maquillaje. De igual manera, otras dependencias han surgido a partir de temas que se han puesto en boga, que los gobiernos se han visto obligados a atender. Es el caso, por citar algún ejemplo, de la Oficialía Mayor o de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, que en los gobiernos previos nunca antes habían existido.

De la misma manera, observando el estado de las dependencias se puede dar cuenta de aquellas que más estabilidad han tenido en este sentido, ya que no hay interés en modificar nada de ellas. Coinciden las primeras dos –Procuraduría General de Justicia y Secretaría General de Gobierno2– con las que más vigencia han tenido ya que se han mantenido sin cambios en los últimos veinte años. Y la Oficialía Mayor es una dependencia que nació a inicios de este periodo de estudio, pero adquirió una relevancia que la mantiene firme en los siguientes gobiernos.

Al observar el estado que guardaban las secretarías de 1997 a 2009 y las coincidencias planteadas, también se puede jerarquizar la importancia de los altos cargos. Si además confrontamos esta información con las secretarías que los entrevistados mencionaron como las más importantes, tenemos un buen indicio de cuáles son las dependencias de gobierno de mayor relevancia.

Siguiendo lo arriba señalado, las dependencias de Gobierno que obedecen a todo ello son: General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia y Finanzas. Además, estas dependencias tienen otras características que las confirman como las más importantes.

La Secretaría General de Gobierno ha sido y es el enclave en donde se dirime en esencia la política. Por la misma razón, obedece sobremanera a los vientos políticos, y sus titulares son dependientes de esta circunstancia. Es decir, la permanencia en el cargo está en constante riesgo de lo que políticamente ocurra. No es de extrañar, por tanto, que en el gobierno de Fernando Silva Nieto hayan ocupado dicho cargo cinco funcionarios, y en el gobierno de Marcelo de los Santos fueron dos los hombres que la ocuparon.

La Procuraduría General del Estado, cuya función radica en la persecución de los delitos, ha sido casi siempre una dependencia con gran preeminencia. Pero el incremento de la delincuencia y el que ésta se haya tornado harto compleja la ha lanzado como uno de los cargos más sensibles para un gobierno. Es por ello que el ejecutivo pone un interés especial en la persona que la ocupe. Porque, incluso, no puede ser cualquier persona, sino que queda acotada a quienes son licenciados en derecho. Es así que durante el gobierno de Fernando Silva Nieto hubo igualmente un gran paso de funcionarios; fueron cuatro los que se desempeñaron como procuradores. En el gobierno de Marcelo de los Santos, el número de hombres que pasaron por esta dependencia se redujo a dos.

Finalmente, es inevitable que la Secretaría de Finanzas, encargada de la administración y cuidado de los dineros del Estado, se mantenga como un cargo de gran jerarquía. En los dos sexenios de estudio resultó evidente su trascendencia, pues, como se anotó en su momento, uno de los secretarios de Finanzas del gobierno de Fernando Silva y un secretario de Finanzas del gobierno de Marcelo de los Santos fueron encarcelados. Lo que hace suponer que su manejo es delicado y de gran responsabilidad.

Existen otras dependencias que, aunque no pasan inadvertidas para un gobernador, en orden de importancia están un escalón por debajo de las anteriores; éstas son la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación.

La Secretaría de Desarrollo Económico históricamente ha sido un espacio concedido a la clase empresarial. Puesto que su función está apegada al desarrollo económico de la entidad, el Estado, y en concreto el gobernador, cede este espacio a los líderes empresariales de quienes acepta recomendaciones o el nombre de quien ha de ocupar este alto cargo. Por estos motivos que se sugieren, no resulta demasiado sorprendente que también sea un espacio estable en el gobierno. Un detalle que confirma la naturaleza particular y la estabilidad de esta secretaría se refleja en el hombre que ocupó este cargo durante los dos sexenios de estudio. Se trata del único personaje que sobrevivió a la alternancia partidista y se mantuvo en el cargo, a pesar de las diferencias marcadas y conocidas entre el pri que abandonaba el poder y el pan que lo alcanzaba por primera vez. Este hecho refuerza la suposición de que este espacio de poder gubernamental no responde a factores políticos sino empresariales.

La dependencia que a partir de su nacimiento ha cobrado cada vez mayor relevancia es la Oficialía Mayor. Si bien no es una dependencia con mayor antigüedad como otras, es verdad que sus funciones encaminadas a la administración y al orden interno del gobierno la han convertido en una dependencia de gran interés y responsabilidad.

En última instancia, una dependencia que es constante en su importancia, su vigencia, su estabilidad y su reconocimiento es la Secretaría de Educación. Es un espacio noble que, si bien no está alejado de los avatares y luchas propias de la política, su función es clara: asegurar la educación integral y de calidad de la población. Es quizá esta claridad en su compromiso y esta responsabilidad patente lo que hace que se transforme en una dependencia de gran valor.

Hasta aquí se puede decir que éstas son las seis dependencias o secretarías de mayor importancia. En este sentido, son los espacios de poder que más inciden en el ejercicio gubernamental. Detrás aparecen otras cuyo desempeño está ligado a las decisiones derivadas de estas secretarías, ya sea en materia de presupuesto o viabilidad. De modo tal que las estrategias del gobernador para su ejercicio inician con el nombramiento de los colaboradores para estos altos cargos.

Es conveniente hacer patente que las reflexiones vertidas arriba tienen un grado de racionalidad que, en no pocas ocasiones, o no existe o no se tiene por los que asumen el poder. Mucho menos se detienen en estudiar qué hombres en verdad necesita su gobierno anclado en un lugar, un tiempo y un contexto determinados. Con la vorágine que genera el triunfo y el poder, con compromisos pactados y las presiones vivas, es común que se ceda a ello, y las primeras aproximaciones de las que se habla al escoger un gabinete no sean otra cosa que medias figuraciones.

Circulación, continuidad, movilidad

y renovación de la élite política gobernante

A fin de no caer en interpretaciones erróneas, es preciso, antes de dar paso a los resultados de la circulación, la continuidad y la movilidad, exponer lo que se entiende por cada una de ellas.

La circulación y la continuidad están vinculadas a las personas, a los puestos y a los periodos, pero se muestran más claras si se observa la circulación en relación con las personas y la continuidad en relación con los puestos y periodos. Esto es, en la circulación, son las personas las que determinan el valor por su tránsito de un puesto a otro. En tanto que en la continuidad son los puestos o los periodos los que interesan, porque la continuidad se concreta en el momento en que se transita de un puesto a otro o de un periodo a otro. Es decir, para que la continuidad se concrete tiene que haber cuando menos dos puestos o dos periodos para que se dé un registro con valor de uno.

Por movilidad se entiende, apegándonos a Lipset (1963: 38), “el paso de los grupos por diferentes ubicaciones jerárquicas”. De tal manera que al hablar de movilidad se debe desentrañar, primero, las diferentes ubicaciones jerárquicas y, segundo, el grupo o los grupos que adquieren esta condición.

Para dar término a la exploración de la élite política gobernante, resta hacer las observaciones de la renovación de ésta. Es imprescindible, tras un rastreo de cómo se mueven los hombres en los altos cargos considerados, saber qué ocurre después. Si su trasiego se puede atribuir a un grupo o grupos, si es circunstancial o premeditado, si perdura o termina. En síntesis, conocer cómo se presenta la renovación de la élite entendiéndola como “la incorporación de nuevas personas y la desaparición de las que sólo estuvieron en el régimen anterior” (Baena, 1999: 534).

Finalmente, es preciso aclarar que la continuidad y la circulación corresponden a los hombres reconocidos como miembros de la élite y producto del alto cargo que ocuparon. Es este alto cargo el que se toma en consideración para el estudio y el análisis, y no otros. En tanto que para la movilidad es preciso ir fuera del periodo de estudio para encontrar mayores y mejores evidencias. Por lo que para la movilidad nos remontamos a una gestión de gobierno anterior y una posterior, sin dejar de mirar a la élite política gobernante que se está estudiando aquí.

La circulación política de la élite en los gobiernos considerados

La circulación de la élite política gobernante puede ocurrir de dos formas: cuando el hombre que ocupa el alto cargo circula hacia otro alto cargo dentro del mismo periodo de gobierno, denominada circulación continua; o cuando el hombre circula hacia otro alto cargo o se sostiene en el mismo, pero con cambio de periodo de gobierno de por medio, llamada circulación discontinua.

A continuación se expone la circulación por periodos de gobierno, que en este caso fueron dos. En ellos se puede dar cuenta de la estabilidad de los gobiernos en razón de lo que el gobernador decidía hacer con su gabinete.

El periodo de 1997 a 2003

Durante el periodo de 1997 a 2003, con Fernando Silva Nieto de gobernador, fueron tres los hombres que tuvieron una circulación continua; pero uno de ellos con una circulación continua que no es común observarse. Nos estamos refiriendo a Fernando Díaz de León Pedroza, cuya circulación fue continua porque ocurrió en el mismo periodo de gobierno y tuvo lugar en la misma secretaría. O sea, inició como titular de la dependencia y, al cabo de poco más de dos años, dejó el cargo por un periodo de dos años y nueve meses para volver a integrarse a la misma dependencia en el mismo cargo. Lo cual, en estricto sentido, se puede interpretar como circulación continua con respecto al gobierno, pero discontinua con respecto al cargo.

Esta circulación descrita es la más relevante del periodo; las otras dos ocurrieron como suelen hacerlo: el tránsito de una secretaría a otra durante el mismo periodo de gobierno.

El periodo de 2003 a 2009

En el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga no se presentó ni una sola circulación. Ningún hombre pasó de una secretaría a otra. Estamos hablando de un gobierno estable en el que el gobernador sostuvo casi a todos sus colaboradores durante su ejercicio. Algunos hallazgos de más importancia sobre este gobierno se pueden recabar al detenernos en la circulación en su totalidad y en la continuidad.

La circulación política en su totalidad

Se ha presentado la circulación desde el punto de vista individual de los dos periodos de gobierno en el marco de este estudio. Esta visión resuelve la primera forma de abordar la circulación, que se entiende como circulación continua. Queda por presentar la circulación discontinua, que se refiere a la circulación del mismo hombre en el mismo alto cargo, pero de un gobierno a otro, sean o no sucesivos. El resumen de la circulación con sus características se presenta en el Cuadro 14, en el que se incluyen los días que permanecieron en el alto cargo los hombres en cuestión.

La evidencia que se obtiene si nos centramos solo en la circulación discontinua es escasa y podría parecer pobre. Esto se debe a que únicamente hubo un caso de discontinuidad en la circulación, con Fernando López Palau, quien se sostuvo de un gobierno a otro en la misma secretaría. Sin embargo, los comentarios no se agotan haciendo esta observación, pues el caso merece un examen en profundidad por su particularidad.

La circulación discontinua es más escasa en la práctica, ya que el hombre que perteneció a un gobierno se ve obligado a sortear los vientos políticos para sostenerse en el nuevo gobierno que arriba. Si éste es del mismo partido que el anterior, las posibilidades de sostenerse en el cargo aumentan, pues la lógica nos dice que cuando el gobierno saliente y el entrante son del mismo partido se colabora mejor y es factible que, al menos por un corto periodo, algunos altos cargos se sostengan y la circulación discontinua se favorezca.3 No ocurre así en una alternancia en la que el gobierno saliente sea de un partido y el entrante de otro. En estos casos, la circulación discontinua se dificulta y es poco factible. Si, además, la alternancia en ese ámbito de gobierno se da por primera vez en la historia política, bien se puede pensar que la circulación discontinua es prácticamente imposible.

Pues bien, en el caso de San Luis Potosí se presentó este imposible. Fernando López Palau inició su gestión en el gobierno del pri de Fernando Silva Nieto y permaneció todo el sexenio al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tras la llegada del pan al gobierno del estado por primera vez en su historia, López Palau se mantuvo al frente de la misma secretaría por poco menos de cuatro años. Por esa circunstancia es el hombre que consiguió sumar el mayor tiempo en un alto cargo durante el periodo de estudio: más de nueve años. De hecho, es el hombre que hasta 2009, año en que termina el estudio, lograba acumular más tiempo en un alto cargo.4

En el caso de la única circulación discontinua que ocurrió salta a la vista otro detalle que quizá sea la explicación de este hecho. La estabilidad del hombre en el alto cargo puede deberse a la estabilidad que encierra esa secretaría por motivos particulares. En un trabajo previo, que se detiene en analizar estas mismas circunstancias, se hacía referencia a la estabilidad que la dependencia –denominada entonces Fomento Económico– había tenido durante el periodo de estudio que corría de 1979 a 1997 (Borjas, 2005). Asimismo, se mencionaban las características de esa dependencia al analizar a los hombres y confrontar lo dicho por los entrevistados en aquel entonces. Los resultados obtenidos permitían afirmar que “La Secretaría de Fomento Económico es un coto de poder para el empresariado potosino” (Borjas, 2005: 236). Pero, además, y aquí se encuentra la explicación a la estabilidad de la dependencia: “Es una Secretaría en que poco tienen que hacer los políticos, y quienes deciden en ella no son ni el Ejecutivo ni el secretario, sino más bien los grupos empresariales. De tal forma que quien llega a dirigir dicha Secretaría es el enlace entre las voluntades de la élite empresarial –o por antonomasia los económicamente poderosos– y el Ejecutivo” (Borjas, 2005: 236).

Así pues, las aseveraciones hechas sobre esa dependencia para aquel periodo de estudio son atribuibles casi en su totalidad para este otro. Con lo cual se confirma, al menos en el periodo de 1979 a 2009, que la dependencia ha sido y es un espacio de poder para los empresarios. De tal forma que la situación política que se mencionó y que parecía imposible, no lo es tal. Y no es así porque la política lo permita, sino porque intereses de grupos superiores que no se encuentran en la política y solo la utilizan se imponen a ella, una situación que se puede entender como una debilidad del Estado o, en el mejor de los casos, como una debilidad de los gobernadores, en virtud de lo cual se les instruyen las políticas económicas. Pues bien, es cierto que la realidad puede ser más cruda en donde no existen políticas económicas y sólo se protegen los intereses de los grupos empresariales, o mejor aún, los intereses de los económicamente poderosos.

Dicho lo anterior, aunque la circulación discontinua ocurrió una sola vez durante los 12 años que comprende el estudio, no puede pasar inadvertida y adquiere relevancia por las dificultades políticas ya mencionadas con que contaba para concretarse. Además, ese solo caso ayuda a confirmar la importancia, la estabilidad y la trascendencia de dicha secretaría.

La tasa de continuidad en el tiempo considerado

Sin pretender ser reiterativos, resulta conveniente recordar que la continuidad se refiere al paso de un puesto o periodo de gobierno a otro. De lo cual se deduce que para que se produzca es obligado que se tengan en consideración dos puestos o dos periodos: el puesto o periodo que se abandona y el puesto o periodo al que se inserta. Al ser así, la continuidad también tiene dos variantes: la continuidad en la Secretaría de Despacho y la continuidad en el gobierno; esta última con independencia del gobierno o gobernador en turno. Ya se verá que tanto una como la otra producen interpretaciones distintas.

Hechas las consideraciones anteriores, se aclara que por tratarse de dos gobiernos y por las características que presentan, la continuidad se prevé escasa y, puesto que se busca caracterizar lo mejor posible a los gobiernos que se enmarcan en nuestro periodo de estudio, se juzga oportuno incorporar un gobierno anterior y uno posterior, con el objetivo de mejorar la evidencia.

Tasa de continuidad por dependencias

En el primer caso, en la continuidad por dependencia, se puede reconocer que 8.3 por ciento de los secretarios de despachos transitaron de un gobierno a otro. Esto es, solo un alto cargo se sostuvo en el puesto, como ya lo describimos en el apartado anterior. Este porcentaje nace del número de hombres que estando al frente de una dependencia de un gobierno logran mantenerse para el gobierno siguiente. Las secretarías que se toman en consideración son aquellas que han tenido ambos gobiernos, ya que de lo contrario sería imposible contabilizar la continuidad.

Otras observaciones vinculando circulación y continuidad se pueden hacer con base en el Cuadro 15. Por ejemplo, al considerar el número total de secretarios por despacho (ntsd) se tiene que la secretaría con menor continuidad en sus titulares es la Secretaría General de Gobierno, a la que le siguen la Procuraduría General de Justicia y la Oficialía Mayor. Lo cual sugiere que se trata de cargos en los que los titulares tienen un alto riesgo de ser removidos.

Por otra parte, las secretarías que suelen cambiar poco a sus titulares son la de Planeación del Desarrollo, la de Desarrollo Económico y la de Educación. Lo que significa que tanto Desarrollo Económico como Educación son de los altos cargos más convenientes para ejercer.

Llama la atención que estas seis dependencias coinciden en ser las que menos cambios han sufrido a través de los diferentes gobiernos.

Para cerrar el apartado, cabe señalar que algunas secretarías no aparecen ni contabilizan continuidad porque no existían como tales en el gobierno de Fernando Silva Nieto. Las inferencias sobre este punto se realizan a continuación.

Tasa de continuidad por gobiernos

Es oportuno ahora realizar algunas aclaraciones sobre la tasa de continuidad por gobierno antes de exponer los resultados, a fin de poder plantear con claridad las evidencias. En el análisis se toma en cuenta el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, aunque queda fuera del periodo de estudio. Se procede así porque para caracterizar mejor el gobierno de Fernando Silva Nieto es preciso mirar hacia atrás a fin de dar cuenta de su comportamiento frente a su antecesor. En el mismo sentido, pero con otras salvedades, también se considera el de Fernando Toranzo como gobierno que sucede al de Marcelo de los Santos para la caracterización de este último, pero se advierte que por encontrarse en ejercicio al momento en que se escribe el presente trabajo, cualquier dato puede resultar poco fiable. No obstante, sí se realizan algunas apreciaciones entre estos gobiernos.

La tasa de continuidad por gobierno para el ejercicio de Fernando Silva Nieto, como lo muestra el Cuadro 16, se inscribe dentro de las más altas, pues alcanza el 50 por ciento, una proporción solo equiparable con la que se presentó entre los gobiernos de Gonzalo Martínez Corbalá (1991-1992) y Teófilo Torres Corzo (1992-1993). Esto significa que la mitad de los altos cargos del gobierno de Horacio Sánchez Unzueta transitaron hacia el de Fernando Silva Nieto. El porcentaje resulta de conocer primero cuántas secretarías de despacho tenía el gobierno anterior al momento de terminar su periodo, y de los titulares que se encontraban en ejercicio en ellas, cuántos se sostienen para el gobierno que arriba. Y puesto que el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta culmina con ocho dependencias y son cuatro los titulares que se mantienen en alto cargo para el gobierno de Fernando Silva Nieto, se obtiene este alto porcentaje.

Por otro lado, la tasa de continuidad por gobierno para el periodo de Marcelo de los Santos es de 8.3 por ciento. Una vez más, nos encontramos ante el caso del único hombre que se mantiene en el mismo nivel de alto cargo al ocupar la misma secretaría en distinto gobierno. De ahí que el porcentaje se repita en las tasas de continuidad por secretaría y por gobierno.

Cuadro 16. Tasa de continuidad por gobierno

Núm.

Nombre de la dependencia

Gobiernos

hsu

fsn

msf

ftf*

1

Secretaría General de Gobierno

4

5

2

3

2

Oficialía Mayor

4

4

1

1

3

Secretaría de Finanzas

4

3

1

1

4

Procuraduría General de Justicia

3

4

2

2

5

Secretaría de Desarrollo Económico

3

1

2

1

6

Secretaría de Educación

3

1

1

1

7

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas a

2

3

1

1

8

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

2

2

1

1

9

Contraloría General del Estado

1

2

1

1

10

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

—

3

1

1

11

Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental

—

1

2

1

12

Secretaría de Planeación del Desarrollo

—

1

1

—

13

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

1

—

2

1

14

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

—

—

1

1

15

Secretaría de Turismo

—

—

1

1

16

Secretaría de Cultura

—

—

1

1

17

Secretaría de Salud

—

—

3

3

18

Secretaría de Seguridad Pública b

—

—

0

2

19

Protección Social c

1

—

—

—

20

Secretaría de Programación y Presupuesto c

1

—

—

—

Tasa de continuidad por gobierno

 0.7%

50%

8.3%

5.5%

Número total de secretarios de despacho por gobierno

25/29

27/30

24

Fuente: Elaboración propia.

* Se incorpora el gobierno de Fernando Toranzo Fernández para poder exponer con mayor amplitud el de Marcelo de los Santos, pero los números de los titulares de sus secretarías no deben de tomarse como válidos, toda vez que este gobierno se encuentra en funciones al momento en que se escribe el presente trabajo y éstos pueden variar.

a Antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas.

b Se crea la secretaría en el periodo de Marcelo de los Santos Fraga, pero nunca llega a tener titular.

c Se consideran las dependencias para el periodo de Horacio Sánchez, pero para el periodo de Fernando Silva desaparecen y no vuelven a crearse.

El gobernador Fernando Toranzo solo le dio continuidad en su gobierno al titular de la Secretaría de Salud. Este hecho tiene su lógica en que el propio Fernando Toranzo había sido el antecesor inmediato de esa secretaría y la dejó para postularse como candidato a gobernador, lo que hace suponer que el propio Fernando Toranzo sugirió a su sustituto, y al concretarse más tarde su triunfo en la gubernatura, lo normal era que lo sostuviera.

Desde otra óptica, resulta natural la baja continuidad de estos gobiernos si se toma en cuenta que su antecesor era de un partido distinto. No obstante, no fue así con los gobiernos anteriores a este periodo, cuando todos eran del pri y la mayoría presentó también una baja tasa de continuidad por gobierno.5 Ésta es una de las circunstancias, entre otras, de las que se deriva el título de la obra de Cosío Villegas, El estilo personal de gobernar, en donde la autoridad entrante, llámese presidente, gobernador o alcalde, busca romper con su antecesor en la manera de hacer gobierno, sin importar que fueran del mismo partido. Así pues, una señal inmediata es el alejamiento de todas aquellas personas que se identifican con la autoridad saliente. Más adelante se realizarán otras observaciones al respecto.

Movilidad política de la élite

Se ha dicho ya que la movilidad es el paso de los grupos por diferentes situaciones jerárquicas. En el sentido que aquí se retoma, la movilidad ha de ser política y de una élite gobernante. Por tanto, son varios los puntos que se deben sortear para hablar de movilidad política de la élite. Primero, se debe reconocer un grupo político que tenga la condición de élite y que como tal transite en diferentes situaciones jerárquicas. Puesto que venimos hablando de la élite política de San Luis Potosí, queda por identificar de entre ésta un grupo que actúe en las diferentes posiciones jerárquicas que hemos reconocido como altos cargos. Pero cabe señalar que en este trabajo se les otorga tal reconocimiento jerárquico por cuestiones metodológicas; sin embargo, hay cargos que no se incluyen y pueden ser tan importantes o más que los que este trabajo toma en cuenta. Verbigracia, asesor del gobernador, presidente del partido en el gobierno, líder de la bancada en el Congreso local del partido en el gobierno, diputado federal, senador, alcalde de municipio importante, entre otros. Por esta razón, en las reflexiones siguientes se hacen en su momento las acotaciones oportunas cuando la consideración rescate estos cargos de importancia, siempre y cuando sirvan para confirmar el argumento.

Para el tratamiento de la movilidad política de la élite es imprescindible remontarse a un trabajo anterior del cual se han hecho referencias constantes, ya que la presente investigación es una continuación de aquel (Borjas, 2005). En este sentido, se retoman las evidencias y resultados previos, y con los nuevos datos que aquí se recaban se espera enriquecer los hallazgos y confirmarlos.

La investigación que corrió de 1979 a 1997 sobre La clase política en San Luis Potosí sugería que, por los motivos excepcionales en el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, éste se acoplaba a la idea de un grupo que había pasado por diferentes situaciones jerárquicas, concretándose la movilidad política de una élite. A este grupo se le denominó “horacistas”. Sin alcanzar a corroborar otros hechos que confirmaran el apelativo, éste se utilizó para agilizar el discurso y mejorar la exposición. Tampoco hubo autoadscripción o reconocimiento por parte de los miembros incluidos en este grupo. Sin embargo, acontecimientos posteriores en los gobiernos que se han sucedido ayudan a distanciarnos de una especulación y nos acercan más a un hecho real.

La movilidad de la élite política para este nuevo periodo de estudio que va de 1997 a 2009 de nueva cuenta recurre al grupo llamado “horacistas”. Se reconoce que, al igual que en el estudio pasado, es arbitraria la selección del grupo, pero no aparece otro con las características de este como para señalar una tendencia.

La alta tasa de continuidad por gobierno del de Horacio Sánchez Unzueta al de Fernando Silva Nieto, en que son cuatro los altos cargos que se sostienen de ocho posibles –Jorge Daniel Hernández Delgadillo, Ana María Aceves Estrada, Martín Celso Zavala y Antonio Navarro Robles Gil–, no es toda la evidencia. Hay otros casos que, si bien su paso no fue inmediato, en el transcurso del gobierno de Fernando Silva Nieto se fueron incorporaron a él. Entre estos casos se encuentran Juan José Rodríguez Medina, David Atisha Castillo y Miguel Naya Guerrero.

Al seguir en esta línea, se tiene que otros hombres más del gobierno de Horacio Sánchez Unzueta obtuvieron beneficios en el gobierno de Fernando Silva Nieto. Tal es el caso de Amado Felipe Vega Robledo, quien fue presidente de la extinta Gran Comisión del Congreso del estado con Horacio Sánchez Unzueta y alto cargo con Fernando Silva Nieto. De la misma manera, Juan Ramón Nieto Navarro y Antonio Esper Bujaidar ocuparon altos cargos con Horacio Sánchez Unzueta y fueron candidatos a diputado y senador, respectivamente, con Fernando Silva Nieto.

Todo lo anterior sin apuntar que Horacio Sánchez Unzueta se inscribe como el único gobernador desde 1979 que consigue tener a un colaborador que, tras transitar durante su gestión en tres de las más importantes secretarías, lo hace candidato a la gubernatura y más tarde se convierte en su sucesor. Nos estamos refiriendo al mismo Fernando Silva Nieto.

Se podrían anotar más nombres que son reiterados en ambos gobiernos, pero para no parecer excesivos, éstos bastan para fortalecer el argumento de la movilidad de un grupo constituido como élite gobernante, que pasa por diferentes situaciones jerárquicas. Queda por corroborar si este grupo, que no está definido en su totalidad, mantiene comportamientos conspiratorios con la intención de preservar el poder.

Renovación política de la élite

Para la renovación política de la élite gobernante de este periodo se retoma la hipótesis surgida en el estudio del periodo de 1979 a 1997 que dice: “la renovación de la élite ocurrió en el último gobierno y se transmitió al gobierno que inició en 1997, el cual concluyó en 2003” (Borjas, 2005: 296); esto es, estaba como gobernador Horacio Sánchez Unzueta y se transmitió al gobierno de Fernando Silva Nieto. Todo ello en sintonía con lo que se ha venido argumentando en los apartados anteriores.

La idea general que se sostiene es que después de los años convulsos en que se encontró el estado de 1985 a 1994, los grupos políticos dominantes existentes en ese entonces sufrieron un trastorno en sus fuerzas e influencias como consecuencia de los cambios. Y no sería hasta el inicio del gobierno de Horacio Sánchez Unzueta cuando paulatinamente un grupo se organizaba y comenzaba a instalarse en el poder. De este grupo solo unos cuantos habían aparecido en gobiernos anteriores, pero sin lograr mayor trascendencia. Así, fue en el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta cuando ocurrió la renovación política de la élite, entendida ésta como “la incorporación de nuevas personas y la desaparición de las que solo estuvieron en el régimen anterior” (Baena, 1999: 534). Este grupo al que se hace referencia permaneció en el poder durante el periodo de gobierno de Horacio Sánchez Unzueta y continuaría en el gobierno de Fernando Silva Nieto, como se ha hecho mención en el apartado anterior.

Al arribar al poder el Partido Acción Nacional, con Marcelo de los Santos Fraga, pareciera que ocurrió nuevamente una renovación de la élite gobernante. Pues se da la incorporación de nuevas personas casi en su totalidad y la desaparición de las que solo estuvieron en el periodo anterior, que, sabemos, incluye a los dos gobiernos priistas. No obstante, no se entiende con claridad que así haya sido en el caso de Marcelo de los Santos. Si bien se podría pensar que al término de su mandato se renovó la élite por el instrumento más formidable que son las elecciones, no parece que así haya sido. Esta afirmación se sustenta en que al inicio del gobierno de Fernando Toranzo Fernández cuatro altos cargos del gobierno de Horacio Sánchez vuelven a figurar en algún cargo. Es decir, el grupo al que con insistencia nos hemos referido, no se ha ido. Es de considerar también que en otros ámbitos de gobierno se encuentran otros altos cargos del gobierno de Horacio Sánchez Unzueta en puestos de importancia y que algún alto cargo de Fernando Silva Nieto ha vuelto a ser un alto cargo con Fernando Toranzo. En síntesis, la idea de grupo de élite gobernante con comportamientos conspiratorios para mantenerse en el poder comienza a configurarse.

Hay que reflexionar también que del gabinete de Marcelo de los Santos no hay ningún alto cargo que se sostenga en la alta política de San Luis Potosí, salvo el propio gobernador Fernando Toranzo. La hipótesis de la existencia de un grupo de élite derivado del gobierno de Marcelo de los Santos se invalida por ser Toranzo Fernández de partido distinto y por reincorporar a hombres del denominado grupo “horacista”. En otras palabras, el gabinete de Marcelo de los Santos ejerció seis años y se desintegró sin constituirse en un grupo como tal.

Resultado del análisis en su conjunto

Después de observar los resultados de circulación, continuidad, movilidad y renovación de la élite política gobernante y más allá de los descubrimientos particulares que se han presentado, hay hallazgos a partir de una mirada holística. A ellos se quiere hacer referencia a continuación.

En los apartados previos se insinuó la existencia de un grupo al cual se le denominó “horacista” por encontrar su nacimiento bajo el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta. Los argumentos que se esgrimieron para señalarlo como grupo y designarle tal nombre fue la asidua aparición que hicieron ciertos colaboradores cercanos de Horacio Sánchez Unzueta en distintos altos cargos de su gobierno y el siguiente. Aunque la tendencia se rompió con el gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga, se presenta una vez más tras el retorno del pri al poder con Fernando Toranzo Fernández.

Este último hecho fortalece la idea de efectivos comportamientos conspiratorios con el objeto de preservar el poder el mayor tiempo posible. Algo de lo que nos alejamos en la obra sobre La clase política en San Luis Potosí al pensar que lo ocurrido era producto de un colectivo que no tenía atributos propios y que solo mantenía relaciones entre sí por los puestos desempeñados. En ese entonces, la asiduidad se atribuía únicamente a la mayor probabilidad que tenían de acceder a altos cargos, sin que ello implicara rasgos propios como conjunto para demostrar los comportamientos conspiratorios, según señala Baena (1999: 78) para tal caso.

Claro está que en el presente trabajo no se afirma categóricamente que así haya sido y esté ocurriendo. Se continúa sin definir el grupo con precisión, pero sí se abre la posibilidad de reconocer a tres o cuatro hombres cuya presencia ha sido constante en los últimos tres gobiernos priistas, coincidencia que resulta sospechosa. Por lo que cada vez es más viable hablar de la existencia de un grupo que desea preservar el poder, más allá del éxito o fracaso que haya obtenido, y que se reúne con intensiones conspiratorias.

Del gobierno de Marcelo de los Santos no se puede decir lo mismo porque sus colaboradores no se han sostenido en altos cargos o puestos de importancia política.

Las características de la élite

política gobernante

Como todos los grupos, la élite política gobernante tiene características que terminan definiéndola. En este caso, nos detenemos en la profesión, los estudios de posgrado y el sexo. Para ello, primero se aborda cada ítem por periodo de gobierno, para después hacer un balance general de cada uno.

Aquí cabe recordar que el gobernador Fernando Silva Nieto realizó 30 designaciones para altos cargos y en tres ocasiones se decantó por hombres que ya había designado con anterioridad. Lo que significa que tuvo un total de 27 colaboradores. Por su parte, el gobernador Marcelo de los Santos Fraga realizó 24 designaciones y no repitió colaboradores para ningún alto cargo.

Profesión

La profesión de los miembros de la élite gobernante puede ser un indicativo de lo que será el gobierno y un indicativo de lo que el gobernador espera de él. Así sucedió en el pasado, cuando en el ámbito federal se comenzó a incrementar el número de economistas, lo que dio lugar a una tendencia que derivó en los llamados tecnócratas. No obstante, esta inercia no alcanzó a extenderse a las regiones, como lo evidencia el caso de San Luis Potosí.

En el gobierno de Fernando Silva Nieto dominó la profesión de licenciado en derecho, con 14 miembros de la élite política gobernante, que representan 51 por ciento del total. Le siguió la profesión de ingeniero, con cinco miembros.

Con Marcelo de los Santos, la proporción de licenciados en derecho se redujo a 41 por ciento, pero se mantuvo como la profesión que mayor número de miembros aportó a la élite política gobernante. Le siguieron las profesiones de ingeniero y contador público, con cuatro miembros cada una.

En este sentido, parece que la profesión de licenciado en derecho es la reina de la política en San Luis Potosí. Del total de la élite política en el periodo de estudio, 47 por ciento ha contado con esta profesión. Un porcentaje similar al de la anterior élite política gobernante entre 1979 y 1997, en la que representó 46 por ciento. Lo cual se traduce en que aproximadamente más de 45 por ciento de la élite política gobernante de San Luis Potosí desde 1979 a 2009 estuvo compuesto por licenciados en derecho.

Estudios de posgrado

Se reconoce que la política y la administración pública no son reclutadoras ni de talentos ni de sujetos con altos grados académicos. También se reconoce que contar con ellos no garantiza nada. Sin embargo, al menos en los altos cargos de designación se espera un mínimo de preparación por el conocimiento que éstos requieren y la responsabilidad que representan. Y sin que se considere que los estudios de posgrado en un alto cargo resuelvan los problemas, sí otorgan más elementos a quien los tiene. Por esta razón se esperaría encontrar un número importante de secretarios con estudios de posgrado, mas no es así. Fernando Silva Nieto tuvo a cuatro doctores entre sus colaboradores en las áreas de economía, derecho, administración y geografía. Con lo que se produce 13.3 por ciento de representación en su gobierno de altos cargos con estudios de posgrado. Marcelo de los Santos Fraga solo contó con un sujeto entre todos sus colaboradores con estudios de posgrado, lo que representa 4.1 por ciento.

De la élite política gobernante de San Luis Potosí durante 1997 a 2009, un total de cinco altos cargos, más el gobernador Fernando Silva Nieto, con maestría en ciencia política, constituyen los hombres con estudios de posgrado, que representan solo alrededor de 11.1 por ciento.

Sexo

La baja representación de la mujer en la política y en los altos cargos de la administración pública es ampliamente conocida. Los dos gobiernos que comprenden nuestro periodo de estudio no son la excepción.

En el gobierno de Fernando Silva Nieto solo dos mujeres ocuparon un alto cargo de un total de 27 personas que conformaron el gabinete en este periodo. Por tanto, la representación de la mujer en su gobierno fue de 7.4 por ciento.

Con Marcelo de los Santos Fraga se repitió el número; solo dos mujeres ocuparon altos cargos, de 24, lo que eleva la proporción, nada significativa, de representación de la mujer a 8.3 por ciento.

En conclusión, de la élite política gobernante de San Luis Potosí en el periodo de 1997 a 2009, únicamente cuatro mujeres ejercieron altos cargos, de un total de 51 sujetos. Este número representa el 7.8 por ciento del total. Así se confirma una vez más, como lo señalara Putnam (1976:32-33), que la mujer es el grupo más infrarrepresentado en las élites políticas.

Las características partidistas de la élite política gobernante

Realizar observaciones de las características partidistas de la élite política gobernante es requisito indispensable para el estudio de las relaciones gobierno-partido en San Luis Potosí. De ello lo que interesa es conocer la filiación partidista de la élite, descubrir las posiciones y la influencia que tuvieron antes de asumir el alto cargo y saber quién estuvo en el origen de la invitación que se le hizo para colaborar en el gobierno.

Estas tres tareas no son un asunto fácil, aunque en la práctica quedaron resueltas con las entrevistas realizadas. Lo más importante que resultó es que en los tiempos en que se realiza la investigación, los partidos, en especial el pri y el pan, han tenido acontecimientos marcados por triunfos y derrotas que han modificado el comportamiento de la militancia e incluso de las dirigencias. Asunciones del pasado con respecto del proceder del partido o sus dirigentes hoy no se pueden hacer con entera seguridad. Quizá por esta circunstancia el modelo de gobierno de partidos presenta una gran debilidad para su concreción, en el sentido de que se dé una correcta colaboración del partido sostenedor con el gobierno. Pero también por estas razones es que resulta indispensable no solo hacer las referencias, sino también dar cuenta de los acontecimientos. Ésta es la intención de los siguientes apartados.

La filiación partidista de la élite política gobernante

Cada gobierno presenta características distintas en cuanto a su filiación partidista. Por ejemplo, el gobierno de Fernando Silva Nieto muestra una mayor filiación partidista, pues alrededor de 50 por ciento fueron del partido del gobernador, esto es, del Revolucionario Institucional. Por su parte, del gabinete de Marcelo de los Santos, rondando la tercera parte fueron del partido del gobernador, Acción Nacional.

Esto nos dice que del total de la élite política gobernante de 1997 a 2009, menos de la mitad pertenecía al partido sostenedor. Con esta evidencia se abre una brecha importante para pensar en que el partido sostenedor, al menos en la primera variable de nuestro estudio que se centra en el reclutamiento, poco participa en proporcionar elementos a la élite política gobernante.

Si bien se está de acuerdo en esta anterior afirmación, para ambos gobiernos hay explicaciones más amplias que derivan del cambio de escenario que comenzó un par de años antes y después de la elección del año 2000 en México, y que se acentuó después de 2003 en el caso particular de San Luis Potosí. De estos hechos se hacen las referencias en los apartados siguientes.

Apreciaciones partidistas de los miembros de la élite gobernante

La intención del presente apartado es mostrar si los miembros de la élite política ocuparon posiciones en el partido y, de ser así, conocer cuánta influencia tuvieron. En este sentido, hay que discriminar dentro de la élite política, pues por una parte están los dos gobernadores y por la otra están los miembros de sus gabinetes.

Es quizá esta discriminación la que nos puede dar los primeros visos de lo que representa el partido sostenedor para el gobierno. Puesto que la elección del candidato a gobernador que más tarde asumirá el poder determina en buena medida la forma de proceder para la elección de sus colaboradores, que constituirán la élite política gobernante.

También hay que decirlo, la selección del gobernador se maquilla como un acto partidista, tanto en el pri como en el pan. Al observar con detenimiento los procedimientos, por muy disímiles que sean, salta a la luz que la selección es una lucha de camarillas, entendiendo éstas como el “grupo de individuos que tienen intereses políticos comunes y confían el uno en el otro para mejorar sus posibilidades dentro de la dirigencia política” (Camp, 1995: 138). Este hecho hace que el partido pase a un segundo plano y sólo se constituya como el instrumento para llegar al poder. Aunque también puede que se transforme en el lugar común de encuentro o el elemento de identificación, sin que por esto deje de ser el instrumento del objetivo principal.

¿Qué se quiere decir con todo esto? Pues que un puñado de hombres son los que determinan a los candidatos en los partidos políticos, al menos en lo que se refiere al pri y al pan en San Luis Potosí. Esta circunstancia se acentuó con la alternancia en el ámbito federal en el año 2000, ya que el pri, tanto en San Luis Potosí como en el resto del país, se quedó en la orfandad. Con esto, algunos hombres del partido ganaron autonomía al no contar con el presidente como el gran líder. Por su parte, el pan, con un presidente de la República con poco reconocimiento panista que no consiguió dirigir a su partido, dejó vía libre a sus dirigentes, lo cual dio por resultado que en las regiones el partido se autodeterminara con poca influencia del centro.

Con estos antecedentes, se puede decir que la selección como candidato a gobernador de Fernando Silva Nieto recayó en buena parte en el gobernador en turno, el priista Horacio Sánchez Unzueta. No es anormal en el sistema político mexicano que el gobernador participe en la decisión del candidato a sucederlo y sean sus habilidades políticas las que determinen la selección. Aunque ésta no ha sido la regla en el pasado en San Luis Potosí (véase Borjas, 2005), sí se cumplió en el caso de Fernando Silva Nieto. No parece descabellado pensar que Silva Nieto obtuvo la candidatura más por un hecho de amistad, de camarilla, que por su trabajo partidista. Como senador de la República, había realizado su trabajo lejos de San Luis Potosí y volvió al estado a ejercer altos cargos por invitación de Horacio Sánchez Unzueta, quien lo hizo su hombre más activo. En síntesis, Fernando Silva Nieto utilizó al partido para llegar al poder, pero no fue en el pri, como instituto político y como organización, donde se deliberó para que él accediera. Tomando todo esto en consideración, se puede predecir que su compromiso partidista fue bajo y que la influencia que pudo tener el partido en su gobierno fue nula. Su compromiso estuvo más ligado a las personas que lo llevaron ahí, y aunque resultaron ser priistas, su filiación partidista no es el hecho fundamental.

Dicho en otros términos, la selección del gabinete y sus colaboradores no está marcada por el partido, sino por hechos o compromisos personalísimos que determinan sus decisiones. Y aunque incorpore pocos o muchos priistas, la incorporación no obedece a esa circunstancia, sino a que esos priistas reúnen lo que el gobernador busca más allá de su filiación.

Con Marcelo de los Santos Fraga los acontecimientos fueron distintos, pero con conclusiones similares. Su carrera partidista no era, ni por asomo, comparable con la de otros hombres del partido. Se afilió a Acción Nacional en 1997 para contender por la gubernatura de ese año, de la cual salió derrotado. Tres años más tarde ganaría la alcaldía de la capital y ejerció el cargo hasta que se desvinculó de él para contender de nuevo al interior del partido por la candidatura a gobernador. En esa ocasión obtuvo la candidatura para después proclamarse ganador de la contienda electoral que le daría acceso a la gubernatura. Bien se puede decir que la solera en Acción Nacional se la dieron los dos cargos que tuvo. Porque, incluso, antes de militar en el pan se le reconocía más en las filas del pri que de otro partido debido a su oficio profesional. De modo que ni tenía una carrera política hecha antes de estos cargos para reconocerlo como político ni tenía grandes antecedentes en el partido. Su incorporación y triunfos fueron más producto de las circunstancias.

Con estos hechos ocurridos, Marcelo de los Santos eligigió un gabinete alejado de compromisos partidistas, salvo los que él hubiera reconocido si así fuera el caso. Pero ninguna influencia del partido se denota como para señalarla.

En resumen, ninguno de los dos partidos que comprende nuestro periodo de estudio incide en la selección real de los altos cargos del gobierno. En esta primera exploración, el reclutamiento de la élite se realiza por un acto personal del gobernador. Y así lo manifestaron todos los entrevistados cuando se les preguntó quién estuvo en el origen de la invitación que se les hizo para colaborar en el gobierno. En este sentido, la filiación partidista de los miembros de la élite gobernante no es condición sine qua non para pertenecer a ella y cualquier posición partidista, por influyente que sea, no es garantía de acceso en ambos partidos.

La relación entre esferas de poder

Al hablar del gobierno y el partido sostenedor, y tratándose de un ámbito subnacional, son varias las esferas de poder que se presentan. Por un lado, está el gobierno estatal y el partido en el estado; por el otro lado, está el gobierno federal y el partido en este ámbito.

En este escenario, caracterizado por dos gobiernos de distinto partido, fueron variadas las relaciones; no obstante, no se muestran grandes alteraciones del gobernador de un partido ni del otro. Se podría pensar que, por tratarse de partidos distintos, su proceder cambiaría y la forma de relacionarse sería distinta, mas no fue así.

Durante la gestión de Fernando Silva Nieto las relaciones con el gobierno federal fueron de respeto y sin alteraciones de importancia. Incluso, al tocarle la alternancia y tener a un presidente de la República con filiación distinta al pri por primera vez, no hubo fricciones que cambiaran el curso de las cosas. Más fricciones se presentaron con el entonces presidente de su partido, Roberto Madrazo, cuando este se postuló para la presidencia en la contienda electoral del año 2000, de la cual saldría derrotado. Aunque Fernando Silva Nieto manifestó ser un priista de toda la vida, lo cual había sido cierto, eso no significó un gran apego al partido ni un gran interés partidista. Durante su gestión, no se puede decir que el partido tuviera una gran articulación y estabilidad en San Luis Potosí, pues durante ese tiempo ejercieron el cargo de presidente del partido más de tres sujetos. El tiempo hace pensar que el partido solo fue el vehículo utilizado para transitar hacia el poder. Los hechos posteriores así lo confirman, ya que, para cuando se escribe el presente trabajo, Fernando Silva Nieto ya no es miembro del Partido Revolucionario Institucional y se ha presentado como candidato al senado de República por el Partido de la Revolución Democrática.

Marcelo de los Santos gozó de gran fortuna al llegar a la gubernatura y tener como Ejecutivo federal a un miembro de su mismo partido, Acción Nacional, por lo que no tuvo enfrentamientos ni contratiempos con el gobierno federal. Mas se pensó que los podría haber a la mitad de su gestión cuando decidió apoyar a un precandidato distinto del que resultaría candidato oficial y posteriormente presidente de la República. Sin embargo, ambos ámbitos de gobierno tuvieron un comportamiento institucional y no hubo incidentes que cambiaran las relaciones de gobierno. Su relación con el partido en el ámbito nacional fue de apoyo mutuo y tampoco tuvo relaciones de crispación. Cuando sí se presentaron roces fue al final de su mandato, pero no con el partido en el Estado, sino con un militante en particular con quien en tiempos pasados había contendido por la candidatura del partido a gobernador y ahora finalmente la obtenía. Pese a que circuló públicamente un sinnúmero de diferencias entre ellos, por motivos de campaña electoral guardaron las formas, y al no alcanzar la gubernatura el pan, todo quedó ahí. En conclusión, Marcelo de los Santos ejerció el poder sin relaciones conflictivas ni con el partido, tanto en el nivel estatal como en el nacional, ni con el gobierno federal.

Referencias

Baena del Alcázar, Mariano (1999). Élites y conjuntos de Poder en España (1939-1992): Un estudio cuantitativo sobre Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa. Madrid: Tecnos.

Borjas, Hugo Alejandro (2005). La clase política en San Luis Potosí. Estudio sobre las relaciones Gobierno-Partido en el Sistema Político Mexicano (1979-1997). San Luis Potosí: Consejo Estatal Electoral.

Camp, Roderic Ai (1995). La política en México. México: Siglo xxi Editores.

Lipset, Seymour Martín (1963). El hombre político. Buenos Aires: Eudeba.

Putnam, Robert (1976). The comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice-Hall.

En este sentido es importante señalar que durante el trabajo se utilizará de manera indistinta secretario de despacho, secretario, titular de dependencia, alto cargo, miembro del gabinete, miembro del equipo de gobierno o gubernamental, hombre del equipo de gobierno o gubernamental, miembro de la élite gobernante.

Véase el capítulo 1 y la información en Borjas, 2005: 94.

3En el caso mexicano, esta circunstancia no fue del todo clara por mucho tiempo, en tanto que la lucha no era de partidos sino de camarillas, produciéndose la misma ruptura entre un gobierno y otro aun siendo del mismo partido.

4El otro hombre que se encuentra muy cerca de él, pero cuya contabilidad sale de este periodo de estudio, es Fernando Silva Nieto, quien con Horacio Sánchez Unzueta acumuló dos años, cinco meses y 23 días, más los seis de gobernador, consiguiendo superar los ocho años en un alto cargo. Como dato añadido, se menciona el caso del gobernador Fernando Toranzo Fernández, en funciones al momento de escribir el presente trabajo, quien cuenta con tres años, once meses y 21 días ejerciendo como alto cargo al frente de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Marcelo de los Santos, más lo que acumule como gobernador, que en situaciones normales se puede prever sean seis años. Con un total de nueve años, 11 meses y 21 días, será entonces el hombre que más tiempo haya ejercido un alto cargo desde 1979.

Con la salvedad del caso ya mencionado de Martínez Corbalá a Torres Corzo cuya alta tasa respondió a otras circunstancias del momento.

Continúa...

Cuadro 13. Estado que guardaban las dependencias para el periodo 1997-2009

Núm.

Dependencia

Fecha de vigencia

Descripción

1

Secretaría General

de Gobierno

26-sep.-97/25-sep.-09

No cambia.

2

Secretaría de Finanzas

26-sep.-97/25-sep.-09

Con Horacio Sánchez Unzueta: Secretaría de Planeación y Finanzas. Cambia nombre: Periódico Oficial, 24 de octubre de 1997.

3

Secretaría de Planeación del Desarrollo

24-oct.-97/31-ene.-06

Derogada con Marcelo de los Santos Fraga.

4

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

24-oct.-97/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 24 de octubre de 1997.

5

Secretaría de Obras y Servicios Públicos / Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas

26-sep.-97/12-sep.-03

Con Horacio Sánchez Unzueta: Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Cambia nombre: Periódico Oficial, 24 de octubre de 1997.

6

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda

y Obras Públicas

13-sep.-03/25-sep.-09

Se divide la anterior en: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Periódico Oficial, 13 de septiembre de 2003.

7

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13-sep.-03/25-sep.-09

8

Secretaría de Desarrollo Económico

26-sep.-97/25-sep.-09

Con Horacio Sánchez Unzueta: Secretaría de Fomento Industrial y de Servicios/Fomento Económico. Cambia nombre. Periódico Oficial, 24 de octubre de 1997.

9

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

26-sep.-97/25-sep.-09

No cambia.

10

Secretaría de Ecología

y Gestión Ambiental

24-oct.-97/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 24 de octubre de 1997.

11

Secretaría de Educación

26-sep.-97/25-sep.-09

No cambia.

12

Secretaría de Trabajo

y Previsión Social

13-sep.-03/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 13 de septiembre 2003.

13

Secretaría de Turismo

13-sep.-03/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 13 de septiembre 2003.

14

Secretaría de Cultura

13-sep.-03/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 13 de septiembre 2003.

15

Oficialía Mayor

26-sep.-97/25-sep.-09

No cambia.

16

Procuraduría General

de Justicia

26-sep.-97/25-sep.-09

No cambia.

17

Contraloría General

del Estado

24-oct.-97/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 24 de octubre de 1997.

18

Secretaría de Salud

23-dic.-04/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 23 de diciembre de 2004.

19

Secretaría de Seguridad Pública

24-jun.-09/25-sep.-09

Creación: Periódico Oficial, 24 de junio de 2009.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 14. Características de los secretarios de despacho con circulación política en el periodo de estudio

Funcionario

Dependencia

Gob.

Circulación

Inicio

Término

Días

Total días*

Fernando López Palau

Desarrollo

Económico

fsn

Discontinua

26/09/1997

25/09/2003

2192

3475

msf

26/09/2003

31/03/2007

1283

Olegario Galarza Grande

Contraloría General del Estado

fsn

Continua

03/11/1997

06/05/2001

1281

2154

Finanzas

07/05/2001

26/09/2003

873

Fernando Díaz de León Pedroza

Oficialía Mayor

fsn

Continua

26/09/1997

28/02/2000

886

1175

11/12/2002

26/09/2003

289

Jorge Daniel Hernández Delgadillo

Desarrollo Social y Regional

fsn

Continua

01/04/2000

17/04/2001

688

1070

General

de Gobierno

18/04/2001

06/03/2003

382

Fuente: Elaboración propia.

* Tiempo total como alto cargo en el periodo comprendido de 1997 a 2009.

Cuadro 15. Tasa de continuidad por dependencias

Núm.

Nombre de la dependencia

Gobierno

Tasa de continuidad por dependencia

ntsd* por dependencia

fsn

msf

1

Secretaría General de Gobierno

5

2

0

7

2

Procuraduría General de Justicia

4

2

0

6

3

Oficialía Mayor a

4

1

0

5

4

Secretaría de Finanzas

3

1

0

4

5

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

3

1

0

4

6

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicasb

3

1

0

4

7

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

2

1

0

3

8

Contraloría General del Estado

2

1

0

3

9

Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental

1

2

0

3

10

Secretaría de Planeación del Desarrollo

1

1

0

2

11

Secretaría de Desarrollo Económico

1

2

1

2

12

Secretaría de Educación

1

1

0

2

13

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

—

2

—

2

14

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

—

1

—

1

15

Secretaría de Turismo

—

1

—

1

16

Secretaría de Cultura

—

1

—

1

17

Secretaría de Salud

—

3

—

3

18

Secretaría de Seguridad Públicac

—

0

—

0

Fuente: Elaboración propia.

*ntsd: Número Total de Secretarios de Despacho.

a Fernando Díaz de León Pedroza (contabiliza dos veces con Fernando Silva Nieto por abandonar y tiempo después volver al mismo cargo).

b Antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas.

c Se crea la secretaría en el periodo de Marcelo de los Santos Fraga, pero nunca llega a tener titular.

5. Las políticas públicas y el papel

de la élite política gobernante

Introducción

Después de tratar los asuntos del reclutamiento de la élite política gobernante y siguiendo las pautas del modelo de gobierno de partidos, es tiempo de tratar el papel de la élite política gobernante de San Luis Potosí en las políticas públicas. El objeto del presente capítulo es conocer la influencia del partido sostenedor en las políticas del gobierno.

Para dar inicio se presentan algunos apuntes sobre las políticas públicas; esto es, apuntes sobre las manifestaciones en la doctrina y, en concreto, en las relaciones en el modelo de gobierno de partido. Después, se hacen las anotaciones pertinentes sobre las políticas públicas en México y sus características en consonancia con el contexto en que se desarrollan. También se presentan comentarios en concreto acerca de la toma de decisiones, pues se reconoce que ésta es una acción importante en la que la élite política gobernante gusta de participar; si bien puede estar ausente en el resto de las etapas de elaboración de las políticas públicas, se hace presente en la toma de decisiones. Con estos comentarios se cierran las observaciones generales de las políticas públicas y se pasa a dar cuenta sobre el caso concreto.

Se da paso pues a los apartados que se refieren a las políticas públicas en San Luis Potosí; en ellos se revisa primero la participación de los colaboradores en la elaboración de las políticas públicas y después se hace alusión a la participación del partido sostenedor. También se anota la actuación de otros actores en las políticas públicas. Por último, se expone una valoración de las fases de las políticas públicas.

Este último apartado, que hace referencia a la valoración de las fases de las políticas públicas, tuvo transformaciones importantes en las respuestas de los entrevistados que modificaron la perspectiva de análisis con respecto del trabajo realizado en La clase política en San Luis Potosí (2005).

En la parte final se añade un inciso en el cual se adelantan breves resultados sobre la relación de las políticas públicas en el modelo de gobierno de partido.

Apuntes previos para las políticas públicas

Si bien las políticas públicas son una área de estudio lógica y sencilla, son estas mismas características las que se suelen encargar de hacerlas complejas. La literatura presenta de manera parcial algunos acuerdos respecto de ellas, pero estos acuerdos tampoco tienen una gran firmeza. En estas primeras líneas se busca precisar el concepto, las etapas, la función y la importancia de las políticas públicas dentro del modelo de las relaciones gobierno-partido.

Existen múltiples conceptos que buscan esclarecer qué se debe de entender por política pública. Cada concepto guarda un enfoque propio, no sólo de la visión que se tiene de la política pública, sino también de la que tiene el propio sujeto que la conceptualiza. Por esta razón y por el hecho de que no se busca entrar en esta discusión, este trabajo se queda con los elementos base del concepto. Por ello se habrá de entender como política pública toda acción de gobierno encaminada a resolver un problema público y que cumple un proceso.

Esta última parte, relativa al proceso que debe seguir la política pública, también ha tenido en el pasado sus controversias para establecer un único proceso que sea reconocido de forma unánime por los estudiosos. El acuerdo no ha llegado y se reconocen múltiples etapas, las cuales se aclaran en el apartado siguiente.

Antes de dar paso a estas aclaraciones conceptuales, resta anotar que estos apuntes previos buscan señalar el aspecto de las políticas públicas que importa para esta investigación. De ahí que sea importante aclarar que las políticas públicas suelen ser observadas de dos maneras: la primera tiene que ver con el diseño de la política pública, y la segunda se relaciona con la acción. Esta última visión es la que interesa a este trabajo y se considera que es la que más aportes hace para el modelo de gobierno de partido.

Centrados en la acción de las políticas públicas, esto es, quién o quiénes influyen en ellas y quién o quiénes toman las decisiones para que se lleven o no a cabo, se está en la posibilidad de hacer las referencias sobre su proceso de elaboración.

El proceso de elaboración de las políticas públicas

Las fases o etapas que se reconocen en la elaboración de las políticas públicas son diversas y ninguna propuesta merece ser descalificada. Al no existir acuerdo y reconocer que cada acción de gobierno que busca resolver un problema público tiene características específicas, validar o invalidar una determinada etapa puede constituir el elemento fundamental de su éxito o fracaso.

No obstante, tampoco se presentan un sinnúmero de fases en un proceso de elaboración de políticas públicas que impidan establecer unos mínimos. Estos mínimos rondan la idea de que el proceso de elaboración debe considerar un momento en el cual se identifica el problema y se le define, otro en el que se le considera y entra en la agenda de gobierno, uno más cuando se formulan soluciones al mismo, para dar paso a otro en el que corresponde adoptar decisiones; posterior a ello llega la implementación, la ejecución y, como último momento, la evaluación.

Ésta es la descripción grosso modo de los momentos de la política pública. Algunos se decantan por abreviar cada etapa y otros por entender algún par de ellas como una sola; todas son válidas y mucho tiene que ver, para su mejor análisis, cada política pública en cuestión.

Para nuestro caso concreto, en el apartado siguiente se señala con exactitud qué etapas se han de considerar. Previo a esta tarea, hay que señalar que no es todo lo que se puede decir de las políticas públicas. De igual forma, para los intereses de la investigación es necesario tener claridad acerca de los factores que intervienen en el estudio de las políticas públicas. Pues, como se decía en un inicio, si bien éstas son lógicas y sencillas, son en extremo variadas y esta variedad que encierran en todos los sentido hace que se presenten muchas aristas. Veámoslo por partes.

En la elaboración de una política pública se formulan muchas preguntas cuyas respuestas merecen conocerse. De ello depende que la solución que plantea la política pública llegue a buen puerto. Las preguntas son elementales: ¿quién o quiénes intervienen en el problema público? o ¿quién o quiénes son los actores afectados por el problema o la solución de la política pública?, ¿qué tipo de problema público es al que se enfrenta el gobierno?, y ¿qué intereses existen o se vislumbran alrededor de ese problema público? En síntesis, las preguntas buscan conocer el contexto que rodea el problema público, los actores que intervienen en él y, al final del camino, quién toma la o las decisiones sobre esa política pública. Recordemos que estamos centrados en la parte activa de la política pública, no en su diseño.

Si se tiene en cuenta lo anterior, surgen factores que tomar en consideración en el examen que se le hace a la acción de una política pública. Por ejemplo, no todas las políticas públicas presentan la misma relevancia, la misma discusión, el mismo problema, los mismos intereses, las mismas personas, entre otros. De ahí que haya unas políticas que tengan una determinada reacción frente a otras. Cuando se trata de políticas públicas sociales, suele haber grupos sociales, sociedad civil y ciudadanos intentando intervenir en ellas. Cuando se trata de políticas económicas, suelen participar otros actores, como grupos empresariales, organizaciones de industriales o expertos, todos ellos levantando la voz para incidir en ellas. Claro está que estas inercias son de orden general y no categórico. También depende de cada política en particular y del clima político imperante en ese momento.

En este mismo sentido, y relevante observarlo en esta investigación, se encuentra la ideología del partido que sostiene al gobierno en ejercicio; si el gobierno es de izquierda o más liberal o, si por el contrario, es más conservador o más tendiente a la derecha. Estudios como el de Hofferbert y Cingranelli (2001) demuestran que el programa del partido sostenedor, es decir, el partido que llevó al poder a ese gobierno, influye en las políticas públicas que más tarde lleva a cabo ese gobierno.

Otro factor contextual dentro de las políticas públicas tiene que ver con la cultura política o subcultura política que prima en esa sociedad. En ella se reconoce cómo reacciona la sociedad frente a los problemas públicos; si suele ser activa o pasiva, si manifiesta interés o es apática. Estos comportamientos tienen su impacto en el tratamiento que con posterioridad hace la autoridad de las políticas públicas. En este sentido, también es importante conocer la cultura política de la élite del lugar. Porque en sociedades con élites conservadoras los gobiernos con frecuencia aparcan la respuesta en temas liberales (aborto, eutanasia, prostitución, etc.) y en sociedades con élites empresariales cerradas las políticas públicas económicas de apertura encuentran fuerte oposición.

A todo esto, no hay que olvidar que se pueden agrupar de alguna manera las políticas públicas que un gobierno emprende; sin embargo, cada política pública o, para clarificar mejor, cada problema público es único y requiere observaciones particulares y tratamiento diferenciado.

Las consideraciones hechas hasta aquí sobre las políticas públicas buscan plantear un brevísimo panorama de lo que representan, a fin de comprender mejor la variable de políticas públicas en el modelo de gobierno de partido y su adaptación al caso concreto que nos ocupa, asunto que se comienza a delinear en los apartados posteriores.

Las políticas públicas en el modelo de gobierno de partido

Puesto que resultaría una empresa propia de un estudio aparte observar todas las políticas públicas de un gobierno y analizarlas en profundidad, lo que interesa en esencia al modelo de gobierno de partido es quién o quiénes toman las decisiones para que éstas se adopten. Sin embargo, como ya se ha visto, las políticas públicas no se presentan en un momento determinado y se agotan ahí. No, las políticas públicas cumplen un proceso. Y, si bien se suele incorporar en el proceso un momento en el cual se ha de dar la decisión, ésta puede ser afectada antes o después y determinar la nula aplicación de la política pública. Así pues, dado que son varios los actores que intervienen en ella, no siempre los encargados de la toma de decisión son los que terminan tomándola.

Por esta razón, los estudiosos del modelo de gobierno de partido se decantan por determinadas fases del proceso de las políticas públicas. Esto se hace con la idea de concentrar en ellas el esfuerzo de conocer quién o quiénes toman la decisión para que una política pública se realice o no, sin perderse en todos los posibles momentos que se consideran.

Es el motivo por el cual los trabajos más destacados del modelo de gobierno de partido (Castles y Wildenman, 1986; Katz, 1987; Blondel y Cotta, 1996; Cansino, 1997), al analizar las políticas públicas, se ocupan de las fases de manera muy simple. Estos trabajos tratan el inicio y la elaboración de las políticas de forma superficial. Tienen todos ellos un carácter indicativo. No lo hacen en profundidad y sólo observan algunas pautas de las políticas públicas que ellos mismos han seleccionado y así determinan sus conclusiones. Se puede decir que reducen el proceso solo a la decisión.

Así las cosas, desde la década de 1970 se ha considerado válido este proceder y se han establecido como fases de las políticas públicas: 1) la identificación del problema, 2) la formulación de soluciones, 3) la adopción de la decisión y 4) la ejecución del programa (Jones, 1970), quedando excluida la fase de evaluación. Si bien la fase de evaluación ha adquirido peso y ocupa la atención de los estudiosos, para el modelo de gobierno de partido no resulta trascendente. Y no es de menospreciar lo dicho por Baena (1985: 351) sobre la etapa de evaluación, en cuanto a que los políticos y los politólogos se distancian del valor que tiene la obtención de resultados en razón de los medios que se asignaron y lo que termina importando es si los fines políticos se obtuvieron o si en la sociedad se dio el efecto esperado. Ante esto, parece que el modelo que aquí se sigue no escapa a este efecto.

Ahora bien, hay que reconocer que las políticas públicas para el modelo de gobierno de partido es una variable más para reconocer el grado de partidismo, pero no es una variable que se imponga a las otras. Y, en definitiva, las políticas públicas están al servicio del modelo, y no el modelo al servicio de los estudios sobre políticas públicas.

Sin embargo, hay autores que han buscado acercarse más a la toma de decisiones y resuelven que preguntar a la élite política sobre este hecho proporciona mejores resultados que el análisis simple de la selección subjetiva de las políticas públicas relevantes de un gobierno. Tal es la propuesta planteada por Cansino (1997) y la que se empleó en el trabajo de 2005 sobre La clase política en San Luis Potosí. En éste se hacían preguntas, de conformidad con la propuesta de Cansino, respecto de cuatro fases de las políticas públicas —identificación, formulación, adopción y ejecución— y se planteaban cuatro alternativas de respuesta a cada una para reconocer el grado de influencia del partido en cada fase. La experiencia se comenta más adelante en los apartados específicos, pero aquí se hace saber que el planteamiento varió como consecuencia de las entrevistas de aquel entonces. Parte de la enseñanza que se obtuvo se relaciona con la fuerza que tiene el contexto en los gobiernos locales para una propuesta de esta naturaleza.

Al hilo de lo señalado, el contexto hace que no sólo se tome en cuenta al Gobierno y al partido sostenedor en el modelo. Tampoco ignora que hay otros actores que intervienen o pueden influir en la elaboración de políticas públicas. Por ejemplo, un actor silencioso que demuestra poder durante todas las fases o etapas de la política pública y que en no pocas ocasiones decide sin aspavientos es la burocracia. Esta circunstancia de la burocracia ya se ha reconocido con anterioridad por los estudiosos del tema (Waldo, 1960; Peters, 1981; Subirats, 1989; Aguilar Villanueva, 1993, entre otros), pero adquiere fuerza en condiciones determinadas de los gobiernos. Es el caso de San Luis Potosí, en donde estas condiciones se han presentado, como se verá más adelante.

Las políticas públicas en México en el nuevo siglo

Para poder hacer referencias de la elaboración de las políticas públicas en México es preciso saber que hay una diferencia marcada entre ámbitos de gobierno en este tema. La elaboración de las políticas públicas en el ámbito municipal es muy dispar con respecto del ámbito estatal, y éste guarda sus diferencias considerables ante el ámbito federal. De ahí que, para hablar con mayor precisión, resulta necesario centrarse en un ámbito de referencia: es el ámbito federal el que se toma como muestra para este apartado. Más adelante se hará lo propio con el ámbito estatal cuando se hagan las referencias a la elaboración de las políticas públicas en San Luis Potosí.

Dicho lo anterior, se puede dar por sentado que las políticas públicas son fundamentales en el ejercicio de gobierno. Sin ellas no se puede hablar de un gobierno en funciones. Por esta razón a los gobiernos, o a los que ocupan los cargos, les resulta imprescindible ponerlas en marcha, aunque no tengan muy claro de qué van, de qué tratan, para qué se hacen o qué se busca con ellas. Muchas de las políticas públicas responden a problemas coyunturales del momento, pero no cumplen funciones de largo plazo. Las políticas públicas de largo plazo suelen ser las mínimas, cuando las hay. En buena medida, todo esto ocurre porque las políticas públicas en México han quedado a cargo de los políticos y, en consecuencia, buscan dar respuesta a intereses políticos.

Además, en ámbitos tan grandes que se tornan complejos, como puede ser el federal, los actores se incrementan y los intereses crecen. Esto da por resultado que las políticas públicas, por más nobles que se tornen, sean sometidas a escrutinio, ya por la oposición, ya por grupos de presión, y no siempre con razón.

Es lo que ha ocurrido en México, aunque algunos estudiosos de las políticas públicas se hayan devanado los sesos durante algún tiempo preguntándose si la política importaba. Hoy la incógnita queda despejada y resta saber, o al menos caracterizar, cómo, cuándo, dónde y por qué influye la política. Pero en un contexto como el mexicano, en donde no hay un servicio civil de carrera y la burocracia se ha construido no por el mérito, sino por el reparto del botín, la política adquiere peso. No digamos la política en sí, sino los políticos que ostentan los cargos, que todo cuanto miran está matizado por la óptica de los acuerdos o desacuerdos políticos. De modo que la burocracia se convierte en otra arena en donde los políticos extienden su dominio para ampliar sus márgenes de maniobra y poder, con ella o a través de ella, influir en la hechura de las políticas públicas cuando se amerite.

Ante todo, la burocracia no es omisa y ha aprendido a moverse bajo estas reglas. De tal manera que la propia burocracia busca sus acuerdos políticos gracias al poder burocrático1 que adquiere. Antes de la alternancia en el año 2000 se daba por supuesto que el alineamiento era con el pri. Gobiernos iban y Gobiernos venían pero todos eran del pri, y lo que se perdía en los acuerdos burocráticos quizá se ganaba en el partido o viceversa. Como decía Casar (1997: 49), “el partido proyectado fue concebido inicialmente como un aparato para legitimar, continuar y apoyar las políticas gubernamentales. En consecuencia, su objetivo prioritario era prevenir las emergencias o incluso aplastar proyectos alternativos que tuvieran como aspiración alcanzar el poder”. En definitiva, dos arenas juntas pero no revueltas que utilizaba el pri-Gobierno. Al llegar un partido distinto al pri y perder éste la hegemonía, las formas se plantearon de modo diferente. La burocracia se fue dando cuenta de que ganaba autonomía y de que partidos podían transitar por el poder, mas ella se quedaba. Ya no fue necesaria la alineación, porque ahora ésta podía implicar la pérdida del empleo. Con la alternancia se dio un vuelco en las relacionas entabladas entre la burocracia y el pri, y el partido perdió no sólo la presidencia, sino también estos espacios. Espacios que al llegar Acción Nacional al poder no hizo suyos.

El nuevo escenario en las políticas públicas

Al hilo del apartado previo, es oportuno decir que el nuevo escenario no significa que se haya despolitizado la administración pública o que la burocracia persiga sus propios fines. Los fines siguen siendo políticos, con la diferencia de que ahora la burocracia tiene menos o nulos compromisos con el poder en turno y mayores posibilidades de incidir en las políticas. Los tiempos políticos ya no son por entero los tiempos de la burocracia. Les siguen afectando, pero ya no se encuentran tan constreñidos a ellos.

Por otra parte, el arribo al poder de Acción Nacional trajo nuevos elementos que han afectado, en su más pura concepción, a los actores que intervienen en la elaboración de las políticas públicas. Figuras como la transparencia y la rendición de cuentas, que si bien, es verdad, no funcionan con plenitud, han cambiado al menos ciertos procedimientos y algunos comportamientos. Hoy las políticas públicas pueden ser más y mejor vigiladas y hay menos espacio para las actuaciones oscuras. Hoy hay más elementos de discusión y más piezas sobre la mesa. Ahora los actores tienen más obligación de legitimar su participación en la elaboración de las políticas públicas. En síntesis, hay mayor obligación del gobierno de decir y mostrar sus actuaciones.

Otro asunto importante que cada vez se asume de mejor manera y como práctica cotidiana es la evaluación de las políticas públicas. Para este trabajo importa muy poco esta fase, pero merece la pena mencionar que al gobierno federal, cada vez con mayor frecuencia, le preocupa la evaluación de sus políticas. En este sentido, no toda la intención ha venido de la propia autoridad, pues existen organismos internacionales que empujan esta práctica y que el gobierno también ha adoptado para el control en otros ámbitos. Hoy existen programas que requieren del compromiso de una evaluación para ser puestos en marcha. Aunque no todo es ventura en la evaluación y hay tareas por hacer, las instituciones, a fin de cumplir con este compromiso, solicitan evaluaciones externas en donde buscan incidir en los resultados, hecho que suelen conseguir al ser ellos los contratantes.

Éstas son algunas de las novedades que el contexto proporciona en este nuevo siglo y tienen su impacto en la elaboración de las políticas públicas. No son todas y hay algunas más que han cambiado la manera de considerar las políticas públicas.

La toma de decisiones

La toma de decisiones es un momento fundamental en el proceso de las políticas públicas que interesa en especial al modelo de gobierno de partido. Esta etapa adquiere relevancia porque es en ésta donde los políticos más desean incidir. Podrán dejar que el problema público se reconozca, que entre en la agenda, que se planteen soluciones, pero en el momento de tomar la decisión aparecen y no les pasa inadvertido. Es ahí donde los políticos buscan influir, sin importar si tienen poco o mucho conocimiento sobre las políticas públicas.

Por esta razón, esta fase tiene un particular interés para este trabajo, puesto que es justo cuando se puede determinar a los actores que intervienen. En el pasado reciente, las políticas públicas quedaban a cargo del gobierno y no había otros actores que participaran. En el caso del partido sostenedor, que en México durante un largo periodo lo constituyó el pri, éste no intervenía en las políticas del gobierno. El pri ha sido un brazo del gobierno y está más para secundarlo que para opinar o proponer. Como recuerda Casar (1997:54), “En México, el gobierno no es un ‘tomador de decisiones’ sino un elaborador de decisiones; no sigue la línea del partido, sino que dicta las líneas que deben seguirse. En este sentido, no existen decisiones de partido que tengan la autoridad suficiente como para que el gobierno las adopte”.

Cuando Acción Nacional se instaló en el poder las cosas no fueron muy distintas. No hubo cambio en las relaciones del gobierno con su partido sostenedor, ya que la inercia o la fuerza de la costumbre hizo que el nuevo partido sostenedor tuviera un comportamiento similar al que hasta entonces había presentado el pri. Es decir, el pan tampoco participó en ningún sentido en las políticas públicas del gobierno, sino que fue comparsa del gobierno, como en antaño lo fuera el pri.

Tiene su lógica que esto haya ocurrido, porque el desconcierto que provocó la alternancia en actores como el pri también se extendió al pan y al propio gobierno. Un escenario que no se había vivido en México planteaba la necesidad de nuevas formas de hacer las cosas; sin embargo, esta necesidad no se satisfizo y muchas prácticas se reprodujeron; una de ellas es la relación del partido sostenedor con el gobierno.

Mas no todo fue así; la incapacidad del gobierno federal de establecer nuevas maneras de participar en política trajo libertades y abrió opciones a que actores, que antes no se atrevían, no podían o les resultaba un vano esfuerzo hacerse escuchar, comenzaran a levantar la voz. Claro está que todo esto se daba de manera casual y no porque el propio Gobierno tuviera conciencia de ello.

Fue entonces cuando la toma de decisiones en políticas públicas, al menos en las de mayor realce, dejó de ser un acto personal del gobierno para dar paso a la participación de los partidos de oposición, grupos de presión, organizaciones sociales y sociedad civil.

Éste es el escenario que hoy se tiene y dicho así pareciera que es óptimo. No obstante, siguen imponiéndose los intereses políticos por encima de los intereses de la nación. Aunado a que otros actores no siempre visibles también pretenden influir en la toma de decisiones de las políticas públicas que les interesan, como son los poderes fácticos denominados sindicatos, medios de comunicación, grupos empresariales, entre otros.

De modo que la toma de decisiones sí ha cambiado; ya no es tan centralizada ni está bajo los designios del gobierno. Lo que ahora parece presentarse es demasiada irrelevancia en la discusión de las políticas entre actores formales e informales, lo que da por resultado que se corra el riesgo de que pocas políticas, de las importantes y trascendentes, se concreten.

Finalmente, no hay que olvidar que las referencias hechas hasta aquí están fundadas en lo que ocurre en el ámbito federal, en donde existen pautas diferentes a las de otros ámbitos. En el ámbito estatal, al que aludiremos en el caso de San Luis Potosí, algunas novedades en las políticas públicas de este nuevo siglo le alcanzaron, algunas siguen ausentes y otras continúan sin respuesta.

Las políticas públicas en San Luis Potosí

Queda claro que hay diferencias de consideración en la hechura de las políticas públicas marcadas por el ámbito de gobierno. Existen otras condiciones que también afectan la hechura de las políticas y en general todo el proceso, como lo puede ser el tipo de gobierno en turno, las circunstancias en que llega ese gobierno o, incluso, las relaciones que ese gobierno tenga con el ámbito federal. Y esto no es todo lo que puede cambiar el curso de las políticas públicas, hay también otros elementos de los cuales ya se ha hecho mención, como la ideología del partido que llevó a ese gobierno o la propia ideología del gobernador, que no siempre es la misma que la de su partido. Estas y otras características cambian de peso e importancia con el ámbito de Gobierno. De ahí la pertinencia de hacer referencias especiales a San Luis Potosí.

Algo que se debe advertir en un inicio es que quizá sea demasiado pretencioso hablar de políticas públicas en San Luis Potosí, o quizá lo pretencioso sea denominar políticas públicas a las acciones que los gobiernos de San Luis Potosí han realizado. No se está descalificando a los gobiernos, lo que se quiere decir es que hay gobiernos que manifiestan una gran ignorancia respecto del ejercicio gubernamental que no llegan a saber lo que representa una política pública. Hay dependencias cuyos titulares desconocen por completo qué es una política pública, ya sea porque vienen de la iniciativa privada, ya sea porque nunca han trabajado en gobierno. Estos casos no son tan aislados como pudiera pensarse, por el contrario, son más frecuentes de lo que se desearía.

Un argumento más que pone en duda que los gobiernos realicen políticas públicas tiene que ver con las coyunturas de la política y del ejercicio político. La agenda de gobierno se construye no con el trabajo de investigación o discusión que se hace en el seno del gobierno; hoy en día, los medios de comunicación y los actores que conocen el juego de la política terminan imponiendo su agenda. En este tenor, los gobiernos responden en consecuencia sin previos análisis o estudios; lo hacen más por las percepciones que de la política tienen y por el beneficio o perjuicio que hacer o no hacer les acarrea. De tal manera que se ejecutan acciones de gobierno ahí donde debería haber políticas públicas. Pero son acciones de gobierno que no cumplen el proceso de agendación, de búsqueda de alternativas o soluciones, de una real toma de decisiones respecto de las alternativas posibles, ni se hace un planteamiento de la implementación. En la simpleza de las cosas, se busca su ejecución para dar una respuesta política. Así, se coincide con Baena (1985:330) en que “no se está diciendo ni insinuando que las decisiones políticas sean irracionales. Lo que se afirma es que obedecen a otros criterios. El político, trátese de una persona o de un grupo, al decidir está realizando un juicio en el que intervienen datos como su posición personal en las relaciones políticas globales, la reacción del electorado y la opinión”. Y en los gobiernos de San Luis Potosí, que con seguridad se incluyen en este modo de hacer, los altos cargos configuran un perfil más de políticos que de administradores o al menos así lo asumen ellos, aunque no sea aceptado.

Por lo que se ha expuesto, se abren apartados a continuación que buscan conocer la participación de los diversos actores. Para ello se presentan las respuestas de los participantes en cada uno de los dos gobiernos de estudio encuadrados en la investigación.

La participación de los colaboradores

Sin duda alguna, los colaboradores del gobernador, los miembros de su gabinete o los altos cargos del gobierno –que vienen siendo los mismos– tienen un papel fundamental en la elaboración de las políticas públicas; con la gran atenuante de que su selección o forma de reclutamiento no cumple criterios profesionales para el cargo que van a desempeñar. En la entrevista con los altos cargos, una proporción que supera 50 por ciento coincidió en que los criterios de amistad y capacidad son dos por los que se guía un gobernador para formar su gabinete. Entre estos dos criterios, el de amistad tiene sentido por el cargo político que ejercerán y la alta confianza que se necesita para el mismo cargo, sin que tenga que ser el único que se siga. Pero el criterio de capacidad tiene un gran espacio de opacidad, por lo que al analizar los gobiernos merecería la pena preguntar a cada uno de los gobernadores qué entienden por capacidad. Ahora que, si se piensa en lo que representa el ejercicio de gobierno, más valdría tener conocimientos previos sobre la administración pública, pues la presencia de gobiernos y altos cargos con poca o nula experiencia en la administración pública ha tenido consecuencias en las políticas públicas, porque los sujetos que ocupan altos cargos sienten que, por el nivel jerárquico que ocupan, están obligados a decidir y lo hacen sin conocimientos. De tal suerte que, cuando los gobernadores eligen su gabinete, colocan, en el mejor de los casos, a los hombres más experimentados en las áreas relevantes para el ejercicio de la política, mas no en las áreas en que queda la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas que terminan siendo las trascendentales.

Con todo lo anterior, lo que se pretende decir es que hay un gran desequilibrio entre la responsabilidad que tienen respecto de las políticas públicas y lo alejado que se encuentra esta consideración en el momento de designar a los colaboradores. Hay que sumar un punto más que tiene que ver con la percepción propia de los sujetos que ocupan los altos cargos y del ejercicio de su cargo. En las entrevistas efectuadas se les preguntó si durante el tiempo que ejercieron el cargo se sentían más miembros de su profesión o predominantemente políticos; menos de 20 por ciento expresó que se sentía más político; y el resto, más miembro de su profesión. Qué se quiere decir con esto, pues que los colaboradores deben caer en la cuenta de que el trabajo que van a desempeñar como alto cargo es una posición política en donde ellos han de ser políticos. No se espera que realicen un trabajo de abogado o de ingeniero, por citar algunas profesiones. El ejercicio de gobierno también es un cargo que, si bien es político, también es profesional, y se necesitan profesionales. Estar al frente de una dependencia de Gobierno requiere conocimientos específicos que solicita esa dependencia, pero, además, ser político. No político en el sentido peyorativo que suele atribuírsele, sino entender que en la política es regular el conflicto entre grupos que toman decisiones vinculantes que obliguen a los miembros de una sociedad a fin de mantener la cohesión social (Vallés, 2000). En resumen, tener conocimiento de la política como estructura, como proceso y como resultado.

Se pide pues que los colaboradores tengan conocimientos, mínimos aunque sean, de la política como resultado, que no es otra cosa que las políticas públicas. Si se pide esto es porque no se ha tenido, porque a los secretarios, sin generalizar, les importa más el ejercicio político que el ejercicio de las políticas públicas. Su participación en ellas se limita a la toma de decisiones y no siempre tienen claro cómo proceder y, cuando lo tienen, las interpretaciones políticas de costo-beneficio son las que prevalecen.

Hay que decir también que los gobiernos son perezosos. Suelen pensar que la inercia de gobierno es parte del trabajo que hacen, cuando estas acciones ocurrirían estando o no estando ellos, ejerciendo o no ejerciendo gobierno. En buena medida, los secretarios no entran al estudio de casi nada, siguen los dictados de las políticas dirigidas por el gobierno federal, de las decisiones que toma el gobernador apoyado en un reducido número de hombres cercanos –no siempre altos cargos– y, en ocasiones, de lo que la alta burocracia impone.

Aun más, no solo tienen poca intervención en las políticas públicas, sino que hay casos en los que ralentizan o entorpecen su curso. En el afán de ejercer el cargo, desean participar sin conocimiento de causa. De ahí que se prefiera a los políticos, pues éstos, que conocen los ritmos de gobierno, dejan hacer al que sabe, que ya es mucho.

De los dos gobiernos de estudio se pensaría que tendrían un proceder distinto entre ellos al tratarse de gobiernos de partidos diferentes. Sin embargo, no fue relevante la diferencia en el proceder en las políticas públicas. De manera apabullante, todos los entrevistados, de un gobierno y de otro, expresaron que el gobierno federal tiene gran injerencia en las políticas públicas de gran calado y en temas económicos, lo cual evidencia que el gobierno federal influye en la toma de decisiones. Esto es interesante, porque el gobierno de Fernando Silva Nieto coincidió tres años con un gobierno federal de partido distinto y Marcelo de los Santos coincidió los seis años con un gobierno federal del mismo partido; situaciones que podrían dar pie a pensar en experiencias disímiles. No fue así y quizá, como en el pasado con los gobiernos priistas, la facilidad con que un gobernador acerca recursos al estado tiene que ver con sus relaciones personales con el presidente de la República. Se hace mención a esto último por la interpretación vulgar de que si no hay dinero no se puede poner en marcha políticas públicas, y si, por el contrario, hay dinero, hay elaboración de políticas públicas. Todo esto en la falsa y torpe idea que se ha creado de que gobernar es gastar.

Por último, un asunto en extremo importante para las políticas públicas lo constituye la coordinación del gobierno. No se dice ya la coordinación entre ámbitos de gobierno, sino la que debe haber dentro del propio gobierno. Salvo las dependencias que por historia, obligación o aspectos coyunturales mantienen comunicación, el resto de dependencias poco se relacionan. Fuera de estos encuentros, los colaboradores mantienen a lo sumo relaciones políticas, pero pocas o nulas relaciones profesionales derivadas del cargo. Se presenta una gran descoordinación que, cuando se trata de alguna política pública en específico, la buena marcha se pone en duda. En un contexto de esta naturaleza, terminan imponiéndose las relaciones informales porque, cuando las circunstancias hacen que titulares de dependencias mantengan amistad, cualquier tropiezo se resuelve con facilidad y las políticas públicas conjuntas salen adelante. En la misma idea, también la descoordinación se resuelve cuando el gobernador mantiene una férrea autoridad sobre sus colaboradores y busca que sus órdenes sean ejecutadas pese a todo.

En resumen, los colaboradores poco intervienen en la elaboración de las políticas públicas; en ocasiones por ignorancia, en otras porque no les interesa y, cuando les interesa, sólo buscan incidir en la fase de toma de decisiones imponiendo su racionalidad política. Ante esto no es sorprendente que las relaciones informales produzcan más y mejores resultados que las mismas políticas públicas.

La participación del partido

Este apartado es importante para el modelo de las relaciones gobierno-partido, ya que se esperaría, de acuerdo con el modelo, que el partido sostenedor participara activamente con el gobierno en la elaboración de las políticas públicas. Entonces se estaría hablando de relaciones satisfactorias. Pero la realidad es que no ocurre así.

Ni el Partido Revolucionario Institucional con Fernando Silva Nieto ni el Partido Acción Nacional con Marcelo de los Santos Fraga fueron activos en la elaboración de políticas públicas. Lo que es más, ambos partidos no participaron en absoluto en las políticas públicas de sus Gobiernos.

Puede que la explicación a este comportamiento ausente de los partidos sostenedores en los asuntos de sus gobiernos se encuentre en la tradición del pri-gobierno, en la cual el partido ha sido el vehículo para llegar al poder, pero una vez que se ha llegado es obediente. En la práctica es imposible que surja una discrepancia del partido sostenedor con su gobierno en alguna política pública, pues la tradición manda defender al gobierno en todos sus flancos. Además, se asume que los asuntos de gobierno le competen al gobierno, y el partido se encarga de defender las decisiones gubernamentales en todos los espacios en donde se encuentre el partido. Así se han comportado los legisladores del partido sostenedor cuando les ha tocado defender las políticas en tribuna. Es así, entonces, que el comportamiento que manifestó durante décadas el pri con sus gobiernos es exactamente igual al comportamiento que ha tenido el pan con sus respectivos gobiernos.

Otro punto que salta a la vista, y que debe incorporarse a la explicación de la ausencia de participación del partido sostenedor en las políticas públicas, es que los espacios de actuación del gobierno están tan marcados y reconocidos como separados frente al partido que éste tiene incluso poca información de lo que hace su gobierno, y no le importa. En las estructuras partidistas no hay expertos que orienten en el análisis o propuestas de políticas públicas, lo cual refuerza la creencia de que los partidos tienen como único objetivo los procesos electorales.

Se puede entender que el partido sostenedor no tenga el atrevimiento de participar en las políticas públicas del gobierno si se reconoce que gran parte de los beneficios que puede tener el partido provienen de éste; desde el financiamiento para eventos partidistas hasta el financiamiento de campañas electorales, o desde la colocación en cargos burocráticos de militantes fieles hasta favores de la administración pública como licencias, condonación de multas, entre muchos más. De modo que hay incentivos suficientes para que el partido del gobierno no interfiera en las políticas públicas gubernamentales. Sea el Partido Revolucionario Institucional o el Partido Acción Nacional, ninguno de los dos tienen un comportamiento diferenciado cuando se constituyen en partidos sostenedores; ninguno de los dos tiene participación en las políticas públicas de sus gobiernos. El pri tuvo ese proceder durante las largas décadas en que fue gobierno y ha sido parte de las herencias con las que se ha quedado. Por su parte, con su larga carrera de oposición, el pan incitaba a un proceder más activo, más participativo. No lo fue así el pan, no ha sido así el pri.

La actuación de otros actores en las políticas públicas

La incorporación de este apartado sugiere y lleva intrínseca una idea opuesta al modelo de gobierno de partidos, ya que, de inicio, plantea otras presencias en la elaboración de políticas públicas alejadas de los colaboradores (si éstos fueran reclutados desde o a través del partido) y del partido sostenedor, los dos grandes grupos que mejor cubren la propuesta del modelo. Aunque en parte así ha de entenderse, también pretende exponer a qué han reducido los gobiernos la elaboración de las políticas públicas.

Uno de los participantes atentos de la elaboración de las políticas públicas es la iniciativa privada traducida en los grupos empresariales. Suelen observar al gobierno en lo referente a las políticas públicas de naturaleza económica y, si éstas les afectan, suelen intervenir. Su participación es sobria gracias a la interlocución con el gobierno. No sólo tienen un espacio en la Secretaría de Economía, cómo se pudo observar en el capítulo anterior, sino también está instaurado para ellos el derecho de picaporte. Ahora bien, su participación en las políticas públicas no es de manera técnica ni presentan propuestas elaboradas u oposición a las políticas gubernamentales con gran construcción. Para ellos las políticas públicas se remiten a la toma de decisión aprobando o desaprobando su ejecución, y su proceder se reduce a un diálogo directo con el gobernador en turno en el cual se resuelven sus intenciones, generalmente a favor.

Otras actuaciones en contracorriente de lo que se esperaría en la arena política tienen que ver con la reacción de la oposición a las políticas públicas del gobierno. Su visión de éstas es muy corta y sólo les encuentran significado cuando ven en ellas un beneficio o un perjuicio electoral. Aun así, es común que los partidos de oposición no hagan un análisis cuidadoso de las políticas. En la generalidad de los casos, cuando ocurren, la oposición manifiesta su rechazo en el discurso, pero no presenta sustento. Dicho más claro, los partidos de oposición no cuentan, porque no pueden o porque no quieren, con personal capacitado para hacer un examen de las políticas públicas que el gobierno emprende. Así las cosas, mucho menos proponen o plantean alternativas. En pocas palabras, la oposición no participa en lo absoluto en ninguna de las fases de las políticas públicas del gobierno.

Por otra parte, un elemento de importancia que sugiere la literatura, no solo para legitimar las políticas, sino también para percibir el clima en que se desarrollan y llevarlas a mejor puerto, es la participación de la sociedad civil. Pues bien, este asunto ha sido una quimera en los gobiernos que nos ocupan. Los gobiernos responden más al modo que O´Donnell (1994) denominó democracia delegativa que a una democracia real. Esto es que los gobiernos, centrados en el Ejecutivo, por el hecho de considerar que fueron electos democráticamente, tienen derecho a hacer y deshacer sin el consentimiento de sus gobernados. Ante esto, la sociedad civil organizada tampoco ha mostrado gran interés por participar, al menos con la voz, en las políticas públicas que se realizan. El ciudadano, aunque tiene más herramientas para incidir en las acciones del gobierno, aun desconoce el funcionamiento de una figura como la transparencia o de un planteamiento para exigir rendición de cuentas. Cierto es que estas figuras no operan a la perfección y falta mucho por andar en este sentido, pero el ejercicio de ellas contribuirá a su mejora y, en consecuencia, a la elaboración de mejores políticas públicas.

Finalmente, como ya se ha dicho, son varios los problemas públicos que se le pueden presentar a un gobierno, varias son las formas de dar respuesta a través de una política pública y varios son los actores que pueden verse implicados en ellas. Siendo así, se debe entender que, en términos generales, esto se presenta en San Luis Potosí y que la alternancia en el gobierno, es decir, el cambio del pri al pan, no transformó ni impactó en las políticas públicas. Se puede hablar de ciudadanos más activos, de partidos de oposición que se expresaron con alguna política pública especial, de organizaciones civiles que se manifestaron en algún momento, pero que esto ocurra de manera habitual en San Luis Potosí todavía está lejos. Hay que sumar a todo esto que los gobiernos tampoco tienen interés en dialogar de los problemas públicos y son celosos con lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, se plantea un escenario adverso para los actores con intenciones de hacerse escuchar.

Valoración en las fases de elaboración de las políticas públicas

Buena parte de las descripciones aquí vertidas adquieren firmeza con las entrevistas realizadas. Los altos cargos a los que se les aplicó el cuestionario dieron certeza respecto del comportamiento de los actores, y del propio gobierno, en la elaboración de las políticas públicas. Pero de todo ello llamó la atención la seguridad y la contundencia con que respondió la mayoría de los altos cargos, tanto del gobierno priista de Fernando Silva Nieto como del panista de Marcelo de los Santos, respecto de las fases de elaboración de las políticas públicas.

En la entrevista se incorpora la propuesta de Cansino (1997) respecto de la elaboración de las políticas públicas, ya tomada en la obra La clase política de San Luis Potosí, en la que proporcionó información valiosa y funcionó porque los periodos de gobierno en esa época convulsa de 1979-1997 fueron cortos. Esto fue así porque durante ese periodo muchas acciones de gobierno quedaron inconclusas, razón por la cual la opinión de los altos cargos resultaba valiosa y acercaba más a la realidad presentada. En este sentido, los resultados obtenidos dieron una muestra clara de la situación del partidismo en el gobierno en ese periodo de estudio.

Para el periodo de estudio en que se detiene el presente trabajo, de 1997 a 2009, la propuesta de Cansino en esencia permanece, pero con una modificación en la forma de plantear las preguntas. En la propuesta inicial se daba una pregunta para cada una de las fases consideradas, que fueron: identificación del problema, formulación de soluciones, adopción de la decisión y ejecución de la decisión. Por tratarse de preguntas cerradas, para cada una de ellas había cuatro posibles opciones de respuesta. Cabe mencionar, sobre las respuestas, que estas eran extensas y acerca de la actuación específica de los partidos en cada fase, por lo cual se tornaron, en ciertos casos, un tanto cargadas de información que quitaba agilidad a la entrevista y denotaron pesadez en el entrevistado. Debido a esto, en esta nueva edición del cuestionario se decidió desagregar las preguntas a fin de no perder agilidad y que los entrevistados tuvieran claridad con las alternativas de respuesta (véase en el Anexo A las preguntas de la 22 a la 25).

En esta nueva exploración sobre la elaboración de las políticas públicas se encontró que los dos gobiernos en estudio fueron estables, pues su duración fue de seis años cada uno. Esta circunstancia, ausente en los periodos de gobierno abordados en el trabajo pasado, permitió una mejor apreciación del proceso de las políticas públicas que podía ser de más largo plazo. En consecuencia, aquí estuvo la contundencia en las respuestas de los altos cargos, ya que en las entrevistas, sin asomo de dudas, manifestaron que en ninguna de las fases hay intervención del partido sostenedor, que las políticas públicas quedan a cargo del gobierno y que es ahí donde se decide. Algunos de los altos cargos entrevistados, al reconocer en las preguntas las fases de las políticas públicas, abreviaron sus respuestas reuniendo en una sola lo que ocurrió en sus gobiernos. Claro está que su respuesta iba en el sentido ya mencionado: no participa el partido sostenedor.

En el actuar y las respuestas obtenidas no se puede hacer una discriminación por gobierno; es decir, tanto los altos cargos del gobierno de Fernando Silva Nieto como los altos cargos del gobierno de Marcelo de los Santos se expresaron de manera similar. Lo que da fuerza a la evidencia de que los partidos sostenedores no participan en la elaboración de las políticas públicas.

Hacia un resultado sobre partidismo en el gobierno

Los hallazgos sobre partidismo en el gobierno no distan mucho de los obtenidos en el periodo de 1979 a 1997. De nueva cuenta se corrobora que el partido sostenedor se encuentra lejos de influir en las políticas públicas que elabora el gobierno. Lo cual amplía el tiempo en que se puede afirmar que hay un déficit en este sentido de 1979 a 2009. Pero esta falta no parece reconocerla el gobierno; por el contrario, se asume como algo natural.

Algo más que llama la atención es que con la alternancia en el Ejecutivo en 2003 no se revirtió la tendencia. El Partido Acción Nacional tampoco participó en las políticas públicas generadas por el gobernador Marcelo de los Santos. También estuvo distante de esa tarea.

En definitiva, la participación del partido sostenedor en las políticas del gobierno es un hecho poco frecuente en San Luis Potosí. Pero también es un hecho que los propios partidos sostenedores no reclaman una participación en ellas. Lo cual va en detrimento del ejercicio de los partidos políticos, porque incluso en su papel de oposición, como quedó advertido, tampoco ven en las políticas públicas materia de análisis o discusión frente a la autoridad gubernamental.

El papel de los partidos políticos, en lo que corresponde al ámbito estatal, pone en entredicho la idea general de que la partidocracia se ha instalado en México, ya que en las regiones no parece tener la fuerza que muestra en el ámbito federal. Entonces, como ya se ha dado cuenta, si los partidos políticos en las regiones no tienen la fuerza que se les atribuye, sea cuando están en el gobierno o cuando son oposición, y no tienen injerencia en el gobierno, si los colaboradores tampoco participan, salvo un reducido número de ellos que se encuentran cerca del gobernador, si la sociedad civil, también un tanto apática, no encuentra los incentivos para buscar hacerse escuchar sobre las acciones del gobierno, la pregunta clásica vuelve a formularse: ¿quién gobierna? La respuesta se encamina a confirmar nuestra hipótesis de trabajo que dicta: a menores relaciones entre el Gobierno y el partido sostenedor, mayor es el grado de autoritarismo por parte del Ejecutivo estatal.

Por último, merece hacer la reflexión, después de revisar las evidencias, si observar la influencia del partido sostenedor en la elaboración de las políticas públicas en un contexto como el de San Luis Potosí, proporciona el mejor panorama para determinar el partidismo en el gobierno y, en consecuencia, el grado de democraticidad. O es preciso plantear otra exploración que nos lleve a determinar una variable explicativa distinta.

Referencias

Aguilar Villanueva, Luis F. (eds.) (1993). La implementación de las políticas. México: Porrúa.

Baena del Alcázar, Mariano (1985). Curso de ciencia de la administración. Madrid: Tecnos.

Blondel, Jean y Mauricio Cotta (eds.) (1996). Party and Government: An Inquiry into the Relationship between Government and Supporting Parties in Liberal Democracies. Londres: Macmillan Pub. Ltd.

Borjas, Hugo Alejandro (2005). La clase política en San Luis Potosí. Estudio sobre las relaciones Gobierno-Partido en el sistema político mexicano (1979-1997). San Luis Potosí: Consejo Estatal Electoral.

Cansino, César (coord.) (1997). Gobiernos y partidos en América Latina. Un estudio comparado. México: Centro de Estudios de Política Comparada, A. C.

Casar, María Amparo (1997). “Las relaciones gobierno partido en México”. En: César Cansino (coord.), Gobiernos y partidos en América Latina. México: Centro de Estudios de Política Comparada, pp. 47-116.

Castles, F. G., y Wildenman, R. (eds.) (1986). Visions and Realities of Party Government (The Future of Party Government). Berlín: DeGruyter, European University Institute.

Hofferbert, Richard I. (2001). “Políticas públicas y administración: Análisis comparado de políticas”. En: Robert Goodin y Hans-Dieter Klingemann (eds.). Nuevo manual de ciencia política. Madrid: Istmo, pp.875-877.

Jones, Ch. O. (1970). An Introduction to the Study of Public Policy. Belmont: Duxbury Press.

Katz, Richard (ed.) (1987). Party Governments: European and American Experiences (The Future of Party Government). Berlín: DeGruyter, European University Institute.

Medellín Torres, Pedro (1997). “Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: Elementos para una teoría de la estructuración de Políticas Públicas en Países de Baja Autonomía Gubernativa”. Reforma y Democracia, 8: 37-102.

O’Donnell, Guillermo (1994). “Delegative Democracy”. Journal of Democracy, 5(1): 55-69.

Peters, Guy B. (1981). “The Problem of Bureaucratic Government”. Journal of Politics, 43(1): 56-82.

Subirats, Joan (1989). Análisis de políticas públicas y eficacia de la Administración. Madrid: inap.

Vallés, Joseph M. (2000). Ciencia política: Una introducción. Barcelona: Ariel.

Waldo, D. (1960). Teoría política de la administración pública. El Estado administrativo. Madrid: Tecnos.

Se entiende por poder burocrático “el poder que se produce al controlar la información, el manejo de los recursos y los vínculos económicos y sociales de las organizaciones” (Medellín, 1997: 74).

6. El clientelismo en San Luis Potosí

Introducción

Este capítulo tiene por objeto ocuparse de las relaciones clientelares que se presentan en San Luis Potosí. Para ello, sin alejarse de las pautas del modelo de gobierno de partido, se detiene en la élite gobernante. Merece recordar que dicha élite gobernante se constriñe a los gabinetes de gobierno que estuvieron en funciones entre 1997 y 2009, incluyendo al gobernador respectivo. Por lo tanto, se considera a todos ellos como gobierno en su conjunto.

Para dar pauta a la exposición es menester reconocer que el clientelismo es una figura difícil de atrapar. Por tal razón, se da inicio a la exposición con algunos antecedentes y dificultades que entraña el clientelismo. Aquí es pertinente señalar que en el trabajo previo a esta investigación sobre La clase política de San Luis Potosí (2005) se hicieron anotaciones que no han perdido vigencia, motivo por el cual se retoman durante el capítulo los fragmentos más relevantes de aquel trabajo y se tratan en conjunto con los datos y la literatura reciente.

Una vez planteado el clientelismo en general, queda por esbozar las particularidades de este fenómeno en el caso de México con la incorporación de las especificidades de éste y las figuras que conviven con él.

Posteriormente, se presentan los apartados que se ocupan del clientelismo en San Luis Potosí. En primer lugar, el estudio del clientelismo en este caso concreto considera a la élite gobernante del estado como patrones y se señalan los principales actores que participan en esta relación. En un segundo momento, se toma en cuenta a la élite gobernante de San Luis Potosí como clientes y se mencionan también los actores que intervienen. Seguido a esto, resta hacer las observaciones al gobierno del estado de San Luis Potosí como intermediario. Nótese que se utiliza indistintamente élite gobernante y gobierno, pues de acuerdo con el modelo de gobierno de partido ambos comprenden a los mismos sujetos en la misma condición.

Un subapartado más se incorpora para realizar apuntes sobre otras clientelas de interés en las relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor.

Se termina el capítulo con algunos comentarios finales acerca del clientelismo en San Luis Potosí en el siglo xxi.

Antecedentes y dificultades que plantea el clientelismo

En los últimos años, el clientelismo se ha convertido en un fenómeno de estudio recurrente, lo cual ha producido un número ingente de trabajos en las diversas disciplinas que se ocupan de él.1 Por la gran cantidad de variantes que puede presentar el clientelismo, un buen número de artículos que circulan se gastan en su caracterización y se regodean en su adjetivación. De tal suerte que la alta producción ha llevado a que se discuta un sinnúmero de eventos dentro del clientelismo vislumbrando, en no pocas ocasiones, un alejamiento de su esencia.

En vista de ello, es preciso establecer algunos antecedentes del clientelismo dirigidos a enmarcar el fenómeno dentro del estudio de las relaciones gobierno-partido. Los siguientes apartados se ocupan de esta tarea, aunque vale decir que no se tiene la intención de agotar los conceptos ni las referencias, sino exponer solo aquellos que al presente estudio interesan.

Asimismo, se enuncian algunos de los problemas que plantea el clientelismo cuando se aborda como variable explicativa.

Breves antecedentes al fenómeno del clientelismo

El presente estudio no pretende establecer nuevas líneas de investigación o teorizar para introducir un debate respecto del clientelismo. Este análisis ve el clientelismo en esencia como variable independiente del nivel de partidismo del gobierno en el ámbito de estudio y con las características dadas. Por lo tanto, más que aportaciones al clientelismo, lo cual sería materia de otro estudio, el apartado intenta hacer una exposición del trasiego que en el tiempo ha tenido el fenómeno, cómo se ha construido y cómo ha adquirido forma, todo esto a través del estudio de las diversas ópticas desde las que ha sido abordado.

Por otra parte, las pautas que a continuación se exponen sobre el clientelismo tienen el interés de establecer un marco mínimo de referencia y aclarar los conceptos a los que se hará alusión, con el fin de no enturbiar la exposición. De la misma manera, se intenta esclarecer otros conceptos que están próximos al fenómeno y cuyas características pueden llevar a confusiones.

De modo que es importante hacer saber que el clientelismo o patronazgo2 ha sido visto y examinado por varios enfoques disciplinares. En los inicios fue la antropología la disciplina que le dio carta de naturalización, pero no pasó mucho tiempo para que la sociología lo incorporara como un tópico de su área. Asimismo, el propio clientelismo entraña cuestiones que atañen a la ciencia política, por lo cual a esta disciplina no le es indiferente. Al igual que las anteriores disciplinas, la historia también se ha ocupado de él. Se puede decir, entonces, que la antropología se introduce en el estudio del clientelismo desde la interpretación de los códigos culturales; la sociología se interesa desde la visión de las relaciones sociales; la ciencia política analiza la repercusión en los sistemas políticos y, finalmente, la historia lo ha abordado desde su más añeja manifestación denominado caciquismo (Moreno, 1999).

Esta multiplicidad de disciplinas que se ocupan del clientelismo hace notar que su papel y valor pueden variar según la perspectiva desde donde se le observe. Puede constituirse como la explicación a otro u otros fenómenos o, como es habitual, ser el fenómeno de estudio. En ese sentido, merece advertir que, en el caso concreto que a nosotros nos ocupa, el clientelismo es una variable explicativa del modelo de las relaciones gobierno-partido.

Ahora bien, por la variedad de disciplinas que se han ocupado de él y las diferentes formas que puede adoptar, suelen hacerse interpretaciones diversas, lo cual obliga a que se tenga que delimitar el término de acuerdo con el asunto que trata, ya que son diversos los términos que se le atribuyen, tales como “vínculos patrón-cliente”, “patronazgo” o “alianzas diádicas” (Zuckerman, 1986:93). No obstante, la generalidad de los científicos que tratan el clientelismo y los términos con los que se suele entender coinciden en que el fenómeno se presenta si se trata de relaciones informales en las cuales existe un intercambio recíproco de bienes y/o servicios, mediando la posibilidad de un vínculo afectivo o emocional y, con una fuerte desigualdad, en donde, además, dicha relación no es producto de un contacto circunstancial. Schröter (2010) le reconoce ocho atributos: asimetría social de los socios, reciprocidad del intercambio, dependencia mutua, carácter personal, informalidad, voluntad limitada, confianza mutua y lealtad.

Pese a lo aquí señalado, el clientelismo se niega a ser conceptualizado. Se puede dar un fenómeno en que haya una ausencia o divergencia de las características o los atributos arriba mencionados y seguir siendo clientelismo. Los casos son muchos y muy diversos entre sí, por eso no es raro encontrar estudiosos entretenidos en crear tipologías. Mismas tipologías que empantanan más el concepto y la idea del clientelismo.

Aquí no se rastrean todas las posibilidades y, como ya se dijo, se presentan solo los términos que son de utilidad para el presente trabajo. Por lo tanto, apegados a una cronología, el caciquismo se encuadra como la más antigua expresión del clientelismo, estableciéndose líneas diferenciales respecto del feudalismo,3 con cuyo sistema se le vincula en determinados momentos. Aunque también existe una línea histórica muy tenue que relaciona el feudalismo y el padrinazgo.4

Al igual que el feudalismo, hay otras figuras que saltan a la arena cuando se trata del clientelismo, como puede ser el denominado paternalismo,5 con el cual no debe confundirse. En iguales circunstancias existen otros fenómenos vinculados al clientelismo que dan lugar a un debate sobre éste. En este sentido es muy común que el poder6 y la explotación7 se asocien estrechamente a este fenómeno.

Las alusiones hasta ahora planteadas corresponden en estricto sentido al clientelismo identificado como “tradicional”. Pero, como se ha expuesto antes, las relaciones patrón-cliente han tenido transformaciones. En su análisis, el clientelismo ha manifestado estar sujeto a factores históricos tales como la cultura del lugar y, en este sentido, ha respondido a ellos. De la misma manera, se entrelaza también con factores de orden político, lo que es fácilmente comprensible porque, como lo afirma Gellner (1986: 16), “la política es propicia al patronazgo”. Todo esto manifiesta la vitalidad del fenómeno y, por esa misma razón, aunque se hable de clientelismo tradicional, no hay que comprometerse demasiado con la caracterización y utilizarla solo de manera expositiva.

En contraposición al clientelismo tradicional, al que se hace referencia en el apartado previo, se tiene el “clientelismo moderno”, el cual “se circunscribe ahora a la distribución de recursos estatales, especialmente de trabajos del sector público, y también a una gran gama de favores distribuidos a través de las agencias públicas estatales como respuesta al apoyo político prestado a los agentes” (Cazorla, 1995: 39). Además, en el clientelismo moderno, las relaciones podrán ser de dependencia, pero no tienen por qué significar una inferioridad social, como era el caso del clientelismo tradicional. Las relaciones no son siempre estrictamente verticales, sino que también pueden ser horizontales (1995: 36). Este razonamiento actual rompe con la idea de Auyero (1996: 42), apoyada en otros estudios, de que “las relaciones clientelares coinciden con el patrón básico que define a las relaciones de dominación: un sujeto de acción, el otro objeto de ella; uno siempre arriba, otro siempre abajo; uno que es quien hace, otro que es a quien le hacen”.

De acuerdo con la definición dada por Cazorla de clientelismo moderno, éste ya plantea un clientelismo político al hablar de recursos estatales, de trabajos del sector público y, en definitiva, de apoyo político. En este sentido, cuando se habla de “apropiación privada de recursos oficiales con fines políticos” (Leal y Dávila, 1990: 47), si “los recursos que se distribuyen son públicos” (Moreno, 1999: 88) o si “es la utilización de fondos públicos y empleos públicos para la prestación de favores como base para la formación de clientelas” (Cazorla, 1995: 45), se está en presencia del clientelismo político. Con lo cual, de manera paulatina, el clientelismo en términos genéricos se va acotando y se va delineando un clientelismo político, término que interesa al presente trabajo.

En estos pasos dados surge la denominación de clientelismo de partido, que se verifica cuando un partido político es el instrumento de la relación que se establece entre posiciones cuya función distingue y que mantienen una confianza y un compromiso para favorecerse entre sí. Aquí es común la afectación de terceros sin mediar aportaciones económicas resultando duraderas las relaciones que no siempre suponen una inferioridad-superioridad social (Cazorla, 1995: 42).

Hasta ahora se ha expuesto de forma sucinta el clientelismo y algunas de sus variantes que pueden servirnos como orientación. Sin abandonar las orientaciones dadas sobre este fenómeno, es necesario abordar las dificultades que conlleva su planteamiento.

Dificultades que plantea el clientelismo

El clientelismo, ya se ha dicho, es una figura que se niega a aceptar concepto; en cuanto se le quiere acometer para establecerle atributos, se escapa. De ahí que su conceptualización sea una de las primeras dificultades que plantea.

En el afán de darle concepto al clientelismo se ha producido un sinnúmero de adjetivaciones que, más que aclarar las aguas, han enturbiado su entendimiento e incrementado la discusión. Por supuesto que se reconoce que no es una figura fácil de manejar. Por todo ello, la sugerencia técnica, como ocurre con este y muchos otros términos, radica en señalar con precisión cuál es el concepto que se usa en el trabajo en concreto. Recomendación que se toma para el presente estudio y que en su oportunidad será desahogada.

Otro problema vinculado al concepto es que no siempre se cumplen los atributos que se le otorgan. Hay un desgaste en señalar que el clientelismo es una relación patrón-cliente, una alianza diádica, que supone un vínculo entre dos. Pero se da al traste cuando una tercera figura hace su aparición y adquiere relevancia, como sucede en muchos contextos en la actualidad. A esa tercera figura la literatura anglosajona la ha denominado broker, cuya castellanización corresponde al concepto de mediador o intermediario.8 Esta figura altera en estricto sentido la idea de “alianza diádica” y la pone en tela de juicio. El mediador o intermediario ha sido considerado como el que “los comunica y puede representar ambos papeles a la vez, aprovechando su función de bisagra en beneficio propio” (Moreno, 1999: 76).9 A todo esto, ha adquirido tal relevancia la palabra anglosajona que se ha impuesto bróker en el habla del español y hoy es aceptada sin problemas de interpretación.

En algunos contextos, el bróker es tan importante en el clientelismo que no se explica sin él, y hay algunos otros atributos de menor relevancia con los que ocurre lo mismo. Por ejemplo, Schröter (2010) señala como atributo la asimetría entre ambas partes, la cual no siempre tiene que presentarse; también señala el carácter personal, la confianza y la lealtad; pero hay casos en los que hay clientelismo y estos atributos están ausentes. Lo que se quiere decir es que el clientelismo como fenómeno está en constante movimiento y tratar de asirlo resulta una verdadera empresa que hasta ahora nadie ha conseguido hacer, con el resultado obvio de discusiones y confusiones que dificultan su comprensión.

Una dificultad más que tiene el clientelismo es la valoración que se hace de él. Hay quienes lo asocian con el subdesarrollo de las regiones, es decir, con la hipótesis de que a mayor desarrollo menor clientelismo, y viceversa, hipótesis que ha dado lugar a controversias. Por citar algunas posiciones, hay quienes ven el clientelismo como un paso adelante en el desarrollo político y quienes lo ven como un fenómeno en extremo desfavorable.10 Los casos se perciben tan opuestos que, por ejemplo, Neubert (1999) afirma que el clientelismo fortalece la participación y es un efecto positivo para la democracia, tomando como base los ejemplos de Kenia y Zambia.11 Mientras que, en sentido contrario, Acuña (2009) sostiene que el clientelismo es una deformación de la representación. Sin embargo, la literatura que lo asocia a un fenómeno negativo es mayoritaria. De cualquier manera, no deja de constituir una dificultad para su entendimiento.

La gran variedad de formas que adquiere el clientelismo representa otra más de las dificultades. El intento por adjetivar todo aquello que parece clientelismo y querer manipularlo ha traído como consecuencia que otras figuras terminen por parecérsele. Por ejemplo, entre los términos que se escuchan en el ámbito de la política son de uso común “nepotismo” o “corrupción”. De ahí que, dentro del clientelismo político, el nepotismo pueda ser considerado como un subtipo de aquel, con la particularidad de que en el nepotismo hay un lazo familiar que, por obvias razones, produce un grado de confianza distinto al del clientelismo político (Cazorla, 1995: 46). En este mismo sentido, la diferencia entre clientelismo político y corrupción en principio está dada por el interés económico que exige esta última. Como consecuencia de ello, la corrupción es vista a todas luces como ilegal. Cosa muy distinta sucede con el clientelismo político, que puede llegar a ser legítimo y, si no legal, al menos no tachado de ilegal, lo cual depende en buen grado de la cultura política. Finalmente, la corrupción no se ajusta en exclusiva a grados de subordinación, jerárquicos o en busca de la dominación, como pueden suponerse en ciertos momentos del clientelismo político (Cazorla, 1995: 46). En resumen, es posible aseverar que la corrupción es un fenómeno más alterado y trastocado que el clientelismo político propiamente dicho.

Todas las dificultades expuestas redundan en una complicación más que acoge a todas ellas. Ésta es de orden metodológico y, quizá, en la que más merecería poner el esfuerzo, se trata de la operacionalización del concepto de clientelismo. No se tiene conocimiento de trabajos que den muestra de cómo medir el clientelismo. Si existen diferencias conceptuales y una gran variedad de tipologías, así como la incapacidad para determinar un concepto llano de clientelismos, por supuesto que operacionalizarlo es una ardua empresa de pobres resultados. Hasta ahora los esfuerzos se han encaminado hacia su identificación en los distintos contextos, hacia el intento de ponerle nombre cuando presenta una variación y, los menos, hacia el intento de ordenar la serie de términos aparecidos en la literatura.12 De tal suerte que encontrar indicadores que permitan medir el fenómeno es impensable; ésta es tal vez la mayor dificultad de todas, y para el caso concreto que se presenta es una tarea que resolver.

El clientelismo en México

El presente apartado acerca al contexto materia de estudio y comienza a particularizar el clientelismo al considerarlo en México. Es importante dar este paso porque el clientelismo en México no es un tema baladí. Por el contrario, el clientelismo puede ser visto ya con una larga tradición y, como ocurre en muchos otros contextos, tiene sus peculiaridades que es preciso conocer.

En México, el clientelismo no puede ser visto con las características que la literatura inicial le atribuía. Esto es, no es exclusivo de zonas rurales ni se le puede adjudicar a poblaciones de bajos recursos con escasa formación. No, el clientelismo en México ha hecho su aparición en regiones urbanas con poblaciones con alto nivel educativo. Es este clientelismo al que se quiere hacer referencia y el que por su presencia en las últimas décadas ha adquirido una personalidad propia.

Por economía, no se puede hacer un rastreo ni histórico ni por ámbitos de aparición, pues sería una tarea ardua que no se busca presentar aquí; sabiendo, además, que perseguir el clientelismo en la historia de México es una empresa difícil de abarcar. Por esta razón, el clientelismo que aquí interesa se remite al ámbito de la política, que no es poca cosa. De hecho, el clientelismo que más levanta la voz en México en épocas recientes es el clientelismo electoral, derivación del clientelismo político.

Para dar explicación al clientelismo político en México es preciso recordar el sistema político mexicano con partido hegemónico, ya que el clientelismo viene desde aquel entonces y un buen número de prácticas todavía encuentran sus orígenes en el antiguo régimen. Ya lo decía Victoria Rodríguez (1999: 62), “el mentor más importante en la estructura clientelista mexicana es el presidente, cuyo control sobre el gobierno estatal se basa en una gran diversidad de facultades formales e informales”. Pero el clientelismo no iniciaba y acababa con el presidente a la cabeza, sino que se reproducía en el resto de ámbitos políticos en donde los gobernadores y presidentes municipales eran otros eslabones más de la cadena clientelar (Rodríguez, 1999: 62).

Este sistema político mexicano fortaleció otras figuras que han convivido de cerca con el clientelismo político de México. Es el caso del “dedazo”,13 el “padrinazgo”14 y el “acarreo”15 o la “palanca”.16

Por otra parte, las relaciones clientelares en México no fueron siempre prohijadas por el pri-Gobierno. Los partidos opositores también han sido partícipes en el accionar del patronazgo y de igual manera han actuado como patrones de otros grupos. Esto queda claro, por ejemplo, cuando Crespo (1991) dice que “la oposición ciudadana al régimen, capitalizado por el pan, fue tradicionalmente un instrumento para promover intereses y privilegios de los sectores que constituyen su principal clientela: los grupos acomodados de la sociedad”. Esto significa que los partidos de la oposición han actuado como patrones de ciertos grupos, pero a su vez han sido clientes de otros. En consecuencia, los partidos muestran poca ideología y están supeditados a prácticas clientelares para obtener beneficios. En resumen, los partidos han estado inmersos en ese “mundo clientelar” del sistema político mexicano, el cual más que beneficiarlos los ha perjudicado, sin haber intentado nada al respecto.

La aseveración de que la oposición ha sido partícipe del clientelismo en México tomó fuerza después de la elección del año 2000, cuando el Partido Acción Nacional quedó al frente de la presidencia de la República y ejerció el poder los doce años siguientes, tiempo en el que las prácticas clientelares no se vieron amenazadas de manera especial por este partido. Si bien es cierto que no ha sido lo mismo que en tiempos del pri y que el clientelismo se ha transformado, los cambios no se pueden atribuir a intentos por parte del gobierno del pan de atenuarlos o erradicarlos. Las mutaciones, como sucede, por ejemplo, en el clientelismo electoral, vienen en parte dadas por un incremento en la competitividad en el sistema de partidos. Pues tal parece que los electores han aprendido a jugar en el sistema clientelar que antes los utilizaba, y ahora ellos utilizan a los que se reconocen como “patrones”.17

Ahora bien, en este nuevo contexto en que se encuentra México después de la alternancia, el clientelismo electoral exhibe un nuevo cariz. Tosoni (2006: 67) señala que, ante la inseguridad de obtener apoyo político, tanto en el pri como en los otros partidos, “los candidatos han aceptado esta modalidad de clientelismo como un mecanismo para asegurar votos”, que Tosoni denomina “clientelismo denso”, el cual funciona cuando el cliente recibe y queda comprometido hasta el momento de la devolución en donde el requerimiento queda explicitado (2006: 65). En el apunte de Tosoni sobre el clientelismo electoral en México se encuentra un punto de estudio interesante para el clientelismo en general, ya que se suele reflexionar mucho sobre las diferentes variaciones del clientelismo, pero pocos se detienen en la perentoriedad de este. Dicho en otras palabras, las preguntas a hacerse son: ¿Cuánto dura el compromiso u obligación de la respuesta al intercambio? ¿Cuánto tiene que esperar el patrón para que el cliente cumpla con el compromiso de votar, de asistir a un mitin, de apoyar en reuniones comunales, etcétera? ¿Cuánto tiene que esperar el cliente para que el patrón le cumpla con las despensas, sacos de cemento, fertilizantes, lavadoras, cervezas, borregos, machetes, etcétera? –“la lista es impresionante”, dice Schedler (2004: 71)– ¿Cuál es la vigencia del intercambio informal?

Y, aunque merece la pena realizar un acercamiento en este sentido al clientelismo electoral en México, aquí no se está por esa labor porque no es la parte toral del presente trabajo; sin embargo, se reconoce que es un factor que no se puede pasar por alto toda vez que tiene implicaciones en la actitud de los actores, centradas en esencia en los clientes. De acuerdo con esta reflexión, los clientes han aprendido la mecánica del clientelismo y están dispuestos a poner las condiciones. Artículos como los de Schedler (2004) y Tosoni (2007), que si bien son aproximaciones y no trabajos para producir generalizaciones, dan cuenta de estas novedades en las relaciones clientelares en las elecciones en México. Pero también hay que observar el otro lado de la moneda en los hallazgos de ambos, ya que coinciden en que el ciudadano ha tomado conciencia de estas prácticas y reacciona ante ellas. Incluso, Schedler (2004: 93) menciona que los resultados obtenidos en su estudio sugieren un “sentimiento anticlientelista”. No obstante, también cabría considerar que esta reacción del ciudadano es un comportamiento cínico, producto de un clientelismo de larga data en el que ellos, los clientes, tienen claridad respecto de lo que representa el clientelismo, de las necesidades del patrón y de que ellos tienen algo que interesa al otro, vendiéndolo al mejor postor.

En el “nuevo clientelismo” que se avizora en México adquieren peso los mediadores. Ya que, como lo dice Schedler (2004: 93), “en el México contemporáneo, las estrategias clientelistas de movilización electoral se estrellan contra barreras gruesas de normas democráticas hostiles a la comercialización de los derechos políticos”. Pues bien, estas “barreras gruesas de normas democráticas” pueden inhibir a algunos, pero otros se ven en la necesidad de mejorar los mecanismos clientelares que les permitan seguir ejerciéndolos. En este orden, queda a cargo de los mediadores el perfeccionamiento del sistema clientelar que haga posible encubrir a unos y a otros. Estos mediadores vienen a ser, en este clientelismo electoral mexicano, los líderes de las organizaciones partidistas, los líderes sindicales, los líderes de asociaciones civiles, líderes empresariales y en general los representantes de grupos que sean significativos para el patrón.

Es éste, expuesto en forma sumaria, el camino que ha tomado el clientelismo en México y que ha hecho más ruido en el ámbito electoral, sin que signifique que en otros ámbitos se encuentre erradicado.

El clientelismo en el modelo de gobierno de partido en San Luis Potosí

Con lo expuesto hasta ahora se ha buscado, de forma somera y aproximada, diseccionar el clientelismo para dar cuenta de la serie de implicaciones teóricas y prácticas de éste. La intención es desagregar lo que a este estudio corresponde y no caer en debates ni andar por caminos que nos alejen de los fines que se persiguen. En esta idea, se retoman algunos de los puntos ya mencionados para posicionarlos en el estudio de la variable clientelismo en las relaciones gobierno-partido y así dar paso al caso concreto de San Luis Potosí.

Se han planteado las dificultades que por sí mismo tiene el clientelismo y se ha hecho mención de la dificultad de operacionalizarlo. Pero el clientelismo se vuelve más sensible cuando como variable explicativa influye en el resto de las variables. Ya se decía con anterioridad que el clientelismo podía ser estudiado como variable dependiente o como variable independiente. En el caso del modelo del gobierno de partido, su función es explicativa de las relaciones que se establecen. Pero sus implicaciones no quedan ahí. El clientelismo trastoca las otras dos variables del modelo, que son el reclutamiento y las políticas públicas. Esto es, el ejercicio de prácticas clientelares puede explicar tanto el reclutamiento de la élite gobernante como la elaboración de políticas públicas.

Lo anterior tiene sentido cuando se da por hecho que el clientelismo es una derivación de la cultura política o viceversa (Schröter, 2010: 151), pero que se encuentran ligadas de cualquier manera. Razón que implica el resto de variables del modelo de manera natural y que precisa de poner mayor atención a la variable cultura política.

Por otra parte, y a fin de no caer en la manipulación de conceptos y abonar aun más al juicio que se le hace a cada clientelismo, aquí se anotan algunos conceptos que se han acuñado de ciertos tipos de clientelismos que rondan las relaciones gobierno-partido y que sirven para la mejor exposición. Se utilizarán de manera indicativa por considerar que los conceptos que se describen a continuación engloban de buena manera la idea que se busca. Es el caso del concepto de “clientelismo laboral”, el cual se entiende como la distribución de puestos en el sector público o parapúblico (Cazorla, 1995: 48). Un concepto más es el de “clientelismo concesional”, que no es otra cosa que el otorgamiento de concesiones para licencias de obra, de exportación, juegos u obtención de subvenciones o exenciones de relevancia individual o colectiva; incluyendo el financiamiento de partidos, el tráfico de influencias, etcétera (Cazorla, 1995: 48-49). Un último concepto que, sin duda, saldrá al paso en el estudio de las relaciones entre el gobierno y el partido que lo sostiene es el de “clientelismo electoral”, el cual es el intercambio de bienes por votos (Schedler, 2004: 57).

Los conceptos anteriores y otros más ya aclarados rondan el fenómeno del clientelismo en las relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor. Se acotan éstos para centrar el discurso en el clientelismo como variable del modelo gobierno-partido y no entrar en la discusión de algún matiz nuevo del clientelismo. Aquí cabe recordar que los conceptos tratados han sido: el clientelismo entendido de manera genérica, el clientelismo político, el clientelismo de partido, el clientelismo electoral, el clientelismo laboral y el clientelismo concesional.

Todos estos conceptos explicados líneas arriba permiten inferir que no estamos hablando de un clientelismo en términos generales. El clientelismo al que se hará referencia es aquel que ocurre en las altas esferas de la élite gobernante de San Luis Potosí. Este solo hecho introduce otros elementos en el clientelismo. Por mencionar algunos, el clientelismo en las relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor no son por entero relaciones asimétricas, tampoco son siempre relaciones personales y, en todo ello, es habitual que los acuerdos estén sujetos a cuestiones políticas en las que la confianza, la lealtad y la condición de cliente desvalido, que se le otorgan al clientelismo en general, no se cumplan por entero.

A todo ello, Casar hace consideraciones para el clientelismo en las relaciones gobierno-partido en México que han de ser de observancia obligatoria para el presente estudio y que son las siguientes:

• Las relaciones patrón-cliente pueden ser identificadas en dos niveles, dentro y entre las instituciones políticas.

• Los patrones poseen las características de alta movilidad.

• El estatus de patrón tiende a relacionarse más con el puesto que se desempeña que con la persona que lo ocupa.

• Los clientes tienden a ser mucho más estables que los patrones, aunque el grado de estabilidad dependa del tipo de agrupación de la que estemos hablando.

• Exceptuando a la persona que ocupa la institución presidencial, la mayoría del personal político es patrón y cliente a la vez.

• Para serlo, los patrones deben tener acceso a la distribución de recursos. Este acceso se diferencia en términos cualitativos y cuantitativos y depende de la ubicación institucional de los patrones (Casar, 1997: 103).

Si a los elementos particulares de este clientelismo al que se viene haciendo referencia se les incorporan todos los rasgos que plantea Casar, y que distan del genérico del clientelismo, surge un clientelismo de otro nivel. Se está ante un clientelismo rico en recursos al que no tiene acceso cualquiera: un clientelismo de élite. Es este clientelismo al que se alude en los apartados siguientes.

Para dar pie a los siguientes apartados es preciso recordar, como ya se ha establecido, que la participación dentro de las redes clientelares tiene en esencia tres posiciones: como patrón, como cliente o como mediador. En primer lugar, para las relaciones que nos interesan se harán las observaciones teniendo a la élite gobernante como patrones, en seguida se presentan las consideraciones de la élite gobernante como cliente, para así dar los últimos pasos hacia los planteamientos de la élite gobernante como mediador o en su contacto con otras clientelas de interés dentro de las relaciones gobierno-partido.

La élite gobernante de San Luis Potosí como patrones

En el enfoque de la élite gobernante como patrones se ubica al gobierno como el gran dador; que no se distancia de la imagen que se tiene del Gobierno del que ha de salir prácticamente todo para el ciudadano. Pero no sólo eso, sino también es el responsable de todo cuanto le ocurre al ciudadano. Esta imagen, real o ficticia, produce que los demás ámbitos de poder de manera espontánea asuman el rol de clientes.

La condición de cliente frente al gobierno basa su explicación en la cantidad de recursos de que dispone, que pueden ir desde permisos, concesiones, licencias, convenios, acuerdos, patrocinios, decretos y muchos otros más, hasta la repartición de cargos o la crudeza de la entrega de cheques o dinero en bruto. Todo ello puesto y dispuesto para echar a andar la maquinaria clientelar. Pero en el escenario que se describe, entender al gobierno como la fuente de donde emana todo el recurso de cuanto dispone la sociedad es disminuir el grado de impresión y de perjuicio del clientelismo. Es graduar las prácticas clientelares en donde algunas pueden ser aceptadas sin conciencia y asumidas como aceptadas.

En este contexto, representa una complicación detectar prácticas clientelares en los niveles altos del gobierno. La élite gobernante, como se dice en la calle, puede ser ignorante pero no tonta. Ninguno llega a reconocer que se ha encontrado inmerso en prácticas clientelares. A lo sumo –y al respecto la literatura ya se ha pronunciado–, son los clientes los que dan cuenta de las prácticas y no el patrón, quien en principio lo promueve. Esto hace todavía más difícil dar con el clientelismo cuando lo que se busca es evidenciar al patrón, que en este caso es el gobierno.

Pese a lo planteado, hay pruebas palmarias que lo acreditan, aunque se reconozca que sea de difícil comprobación, pues corroborar el clientelismo es una dificultad en general. Con esto se quiere decir que el sustento de la veracidad del clientelismo que nace en el gobierno procura no dejar evidencia y es casi imposible encontrar pruebas documentales. Por lo tanto, lo que deja este clientelismo son situaciones inimaginables o actos de difícil explicación.

En todo lo que se viene señalando, son tres los ámbitos en los cuales el gobierno ejerce una autoridad que se sobreentiende: en el partido sostenedor, en los gobiernos municipales, siendo la alcaldía de la capital la de mayor importancia, y en el Congreso local.

En teoría, con el único con quien se podría establecer una relación de subordinación sería con el partido sostenedor; sin embargo, en la práctica también lo hace con los otros dos ámbitos, echando mano de los diputados y los alcaldes de su partido en el Congreso local y en las alcaldías, respectivamente. En los siguientes apartados se detallan estas relaciones.

El partido sostenedor

Cuando nos referimos al reclutamiento, quedó claro que no es el partido quien proporciona los miembros a la élite gobernante. Pero lo que no se dijo, y aquí encuentra su enlace con la variable clientelismo, fue que el movimiento entre el gobierno y el partido sostenedor es inverso. Dicho de otra manera, es el gobierno quien proporciona los sujetos para el partido. El gobierno, y en concreto el gobernador, es quien después de nombrarlos como altos cargos, si él tiene a bien por alguna circunstancia, les allana el camino para cargos de elección popular de su partido al término de su mandato. De modo que hay algunos que realizaron su afiliación al partido durante su tiempo como alto cargo. Lo que sugiere que el gobierno es uno de los caminos para constituirse como alto miembro del partido, y no viceversa.

En esta idea, tomando los gobiernos de Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos, no hay distinción en este proceder por pertenecer a distinto partido. Ambos encontraron en su gabinete a hombres que más tarde ingresarían a las filas del partido para postularse como candidatos a cargos de elección popular. Lo que quiere decir que no es sólo el pri, sino también el pan, los partidos que proceden de esta manera. Se atenta, por supuesto, a la vida interna de los partidos, pero, como en su momento se comentó en el capítulo relativo al diseño institucional, los partidos aun cuentan en los estados con organizaciones precarias que permiten estas acciones a pesar de que en ocasiones haya rupturas internas en el partido.

Los gobernadores hacen estos movimientos amparados en el cargo que ejercen, gracias a los recursos que tiene el Estado y de los cuales ellos echan mano. Porque son contados los gobernadores que después de abandonar el cargo mantienen la fuerza por sí mismos como para imponer candidaturas. Es ahora cuando cobra vida lo inimaginable que se tornan algunos eventos del gobierno y que bien se pueden catalogar como clientelismo. Pues, de otra manera, cómo se puede explicar que funcionarios que antes de ser altos cargos no habían estado nunca en política y después de estarlo se postulan para cargos de elección –siendo que no es proceso fácil obtener una candidatura, pero sí cuando se tiene la venia del gobernador–. Y, claro está, el gobernador no favorece a los que pasan por ahí, sino a aquellos que él considera merecedores por algún motivo.

Se decía que se está ante un clientelismo de alto nivel en el que el intercambio propio del clientelismo también ocurre con otros elementos y con mecánicas propias de las posiciones que se ocupan. Por ejemplo, se ha sospechado que el gobernador tiene interés en que el Congreso local se integre con hombres de su confianza y para ello es preciso nombrar candidatos que le sean leales. Y eso no es todo, pues se les debe apoyar en las contiendas electorales con recursos del gobierno para que obtengan el triunfo deseado. Está claro que es complicado corroborar toda la mecánica de dichas prácticas; sin embargo, una vez que se da seguimiento a todo el proceso de construcción desde la precandidatura hasta la diputación, quedan muy pocas explicaciones veraces. Y entre las explicaciones veraces se tiene el clientelismo como la más fuerte: “te apoyo para que tú, en el Congreso, me apoyes”. Es un clientelismo que pone al gobierno como el patrón y, en primera instancia, al partido como el cliente para transformar más tarde en cliente al Congreso. Todo un sistema clientelar.

Es interesante observar estas pautas de comportamiento, ya que algunos identifican en este proceder los cimientos de lo que más tarde será denominado padrinazgo que, como ya se ha hecho mención, convive con gran interrelación con el clientelismo. En este sentido, un párrafo de Lind (1997) que en el pasado se consideró de una alta descripción, pasados los años se sostiene y no pierde vigencia. De tal manera que, pese a su extensión, merece ser rescatado para el reconocimiento del padrinazgo y del clientelismo:

Ser padrino o cliente es un modo de comportamiento. A veces da nueva forma a un lazo más antiguo (como el parentesco o la comunidad regional), a veces se forma después de un contacto accidental, a veces se hace adrede. En el primer caso el padrinazgo no es nunca el único lazo; y lo que empieza como padrinazgo puede cambiar. Muchas relaciones humanas comparten ciertos rasgos con el clientelismo sin ser idénticas a él. Del mismo modo que la relación padrino-cliente se funda en las amistades y la familia, así se funda en otras clases de relaciones diádicas (relaciones personales de dos términos). Algunas no son verdaderamente personales, tales como los lazos feudales heredados regulados por la ley. Algunas no son duraderas, como el intercambio ocasional de un regalo por un favor. Otras no son desiguales, tal como la alianza política entre notables, o no son voluntarias, como el nexo entre un señor terrateniente y un arrendatario dependiente. Finalmente, hay relaciones que no son recíprocas, sino que implican o bien una extorsión o bien el otorgamiento unilateral de un favor. Todas éstas tienen rasgos en común con el clientelismo. Todas pueden permitir desarrollarse relaciones padrino-cliente bajo las condiciones adecuadas. Las relaciones entre padrino y cliente pueden llevar también a una de estas relaciones, por ejemplo al parentesco por medio del matrimonio o a la alianza política cuando el cliente prospera –incluso a una amistad que reconoceremos (Lind, 1997: 160).

En este orden, aparecen otras acciones que también dan pie a pensar en padrinazgo y/o clientelismo. Se trata de acciones que, como lo menciona Lind, comienzan como padrinazgo pero se transforman en clientelismo. Entre ellas se puede mencionar la expedición de notarías, ya que es el propio gobernador el encargado de expedir las notarías en el estado. Él, mediante decreto, decide a qué persona se le ha de adjudicar una notaría. Cabe hacer la aclaración de que en la mayoría de los estados mexicanos las notarías son vistas y apreciadas como un negocio para el enriquecimiento. Pues bien, la designación para titular y “propietario” de una notaría se vincula a la lealtad y fidelidad que el futuro notario haya profesado al gobernador; es una retribución por los favores y servicios incondicionales prestados. Por su parte, el cliente, que viene siendo el notario, queda agradecido de por vida con ese gobernador.

Estos dos hechos que se han descrito hasta ahora –la colocación de altos cargos como candidatos a puestos de elección popular y la asignación de notarías– son maneras de uso corriente en que los gobernadores retribuyen a sus consentidos su comportamiento. Y, aunque la asignación de notarías pareciera que tiene como requisitos la amistad, el afecto y la lealtad, sería impensable que un gobernador otorgara una notaría a un ciudadano de un partido distinto al que él milita.

Ahora que se habla del clientelismo es interesante hacer la reflexión sobre el papel que ha representado la adjudicación de notarías por parte del gobernador. En pleno siglo xxi este acto se sigue entendiendo como un pago o beneficio que otorga el gobernador, pero sin mediar justificación alguna. La razón solo la sabe el Ejecutivo y nadie puede hacer nada al respecto. No se conocen recursos para impugnar este acto. De los gobernadores, por más loas que hagan de su ejercicio, ninguno ha tomado la decisión de cambiar el sistema de adjudicación por uno de concurso, propio de los sistemas democráticos. Claro que los notarios, por más destacados que se precien de serlo, ya con la notaría a su nombre tampoco plantean queja ni discuten este proceder. Con esto se entiende que se establece una relación diádica del tipo padrino-cliente, como lo anota Lind en el párrafo arriba transcrito. Basta ver la lista de notarios para dar fe de los vínculos que en su momento tuvieron con el poder. Ante todo ello, la única preocupación ha sido la creación de una ley que intenta maquillar y legitimar al notario con procedimientos ridículos, en donde, por supuesto, nada ocurre sin la aprobación del titular del Ejecutivo.

En ambos gobiernos de estudio, ya del pri o del pan, el gobernador en turno tuvo a bien otorgarle notaría a sujetos que ocuparon altos cargos en su periodo. El caso más significativo se dio con Marcelo de los Santos, cuando éste le otorgó una notaría a su secretario general de gobierno, quien además se vio favorecido con una licencia al cargo para postularse como candidato a un puesto de elección popular por la vía plurinominal. Los méritos para ello, si los hubo, solo los conoce el entonces gobernador.18

Otra situación que presenta al gobierno como el patrón es el clientelismo laboral. La ausencia de un servicio civil de carrera, que propicia más la distribución de cargos por reparto del botín que por un sistema de méritos, vuelve a la administración pública un espacio para que los fieles del partido se incorporen a la burocracia. Desde tiempo atrás, los cargos en la administración pública han sido utilizados para recompensar a los allegados. La repartición de cargos es otra forma de construir redes clientelares y en ellas la pertenencia al partido del gobierno es un requisito indispensable.

Un hecho que ha trastocado el clientelismo laboral ha sido la alternancia en el gobierno. Mientras los gobiernos eran del pri, las diferencias estaban marcadas por la camarilla a la que se pertenecía o por la simpatía hacia un alto cargo, como lo explica Lomnitz para el caso del gobierno federal, y que se reproduce en las regiones con toda fidelidad:

En el sistema político mexicano, por ejemplo, los subsecretarios (viceministros) al ser nombrados colocan a miembros de su “equipo” en puestos de control, como en las direcciones generales de las diferentes dependencias bajo su mando. Sin embargo, el secretario (o el ministro) se reserva uno o más de esos puestos para su propia gente. El grado de control ejercido por un patrón sobre sus subordinados se relaciona inversamente con el nivel de confianza y lealtad que existe entre ellos; así, el poder de un subordinado es una recompensa por su lealtad al patrón (Lomnitz, 1990: 216).

La práctica no varió con el pan en el poder; continuó la misma tendencia en los distintos ámbitos de gobierno. El choque se produjo con el cambio de gobierno, pues lo que antes se veía como una diferencia en la corriente a la que se pertenecía ahora es un enfrentamiento entre partidos. Los trabajadores de la administración pública que entraron a ella gracias al pri son vistos con malos ojos cuando el gobierno es del pan, y viceversa. De modo que ciertos conflictos partidistas se reproducen en la administración pública debido al clientelismo laboral.

Existe otro clientelismo de tipo concesional que también ha sido ejercido sin reparos por el gobierno en turno. Por tratarse de un clientelismo en el cual lo que está en juego son subsidios, licencias, exenciones, financiamiento del partido, entre otros, el intercambio es de mayores proporciones. Tal situación limita el juego clientelar a unos cuantos: los empresarios, los industriales, los líderes de comercio, los líderes sindicales, etcétera, son los mejores exponentes. Pero todos con la misma afinidad partidista a la del gobierno como requisito.

Aunque se está hablando de prácticas clientelares en las que la confianza y la lealtad constituyen un elemento importante en el juego, también hay que decir que con la alternancia esa confianza y esa lealtad están condicionadas. El apego al pri en el pasado, por representar el partido ganador durante largo tiempo, hacía fácil la decisión de con quién entablar apuesta. Mas hoy en día, la incertidumbre democrática, que se traduce en que nadie tiene el triunfo asegurado, transforma las negociaciones y debilita la confianza y la lealtad. De modo que hoy es fácil encontrar líderes de los distintos ámbitos con rasgos propios de un mercenario. Sujetos que han dejado a un lado el apego al partido para poder entablar negociación y prestar favores a la fuerza política que gobierne, sin reconocimiento ideológico, con el puro interés económico de por medio.

Los casos en que el gobierno es el patrón y el partido sostenedor es el cliente son innumerables. Pero la forma de verificarlos y afirmarlos categóricamente es complicada. A lo sumo, pasado el tiempo, algunos ex altos cargos se atreven a hablar de ello, pero esto tampoco constituye prueba plena. Como se mencionó en un inicio, lo que le da una relativa explicación al clientelismo es lo absurdas que se convierten las respuestas de algunos altos cargos cuando se evidencian estas prácticas. Por mencionar algo: de forma inexplicable, tanto el pri como el pan crecieron en infraestructura durante el tiempo en que fueron gobierno, y, por el contrario, se debilitaron cuando fueron oposición. Alguien podrá entender esto, pues así es como se presenta el clientelismo político entre el gobierno y el partido sostenedor.

El gobierno municipal como cliente

Un cliente más del gobierno son los ayuntamientos. Si bien es censurable referirse a un ámbito menor de gobierno cuando se habla de los municipios frente al ámbito estatal, la realidad se impone, y el gobierno estatal se ubica por encima de ellos. Además, de manera velada, las prácticas también lo convierten en un ámbito menor: el presidente es menos proclive a recibir a un alcalde que a un gobernador, y a un presidente le importa más un estado que un municipio. Estas formas lo que hacen es dar fuerza al Ejecutivo estatal e imponer condiciones.

En este juego entre el gobierno del estado y los ayuntamientos se vuelve más cruda la lucha partidista, ya que la competencia electoral, por fortuna, ha producido que los gobiernos municipales sean de muy variado color. No obstante, esta variedad no concuerda con lo que un gobierno o, más concretamente, un gobernador desearía. Los ayuntamientos de partido distinto al del gobierno del estado han podido padecer las trabas y dilaciones administrativas por su dependencia en ciertos rubros.

Así las cosas, el gobierno del estado favorece, apoya y promueve a los municipios que le interesan. Una vez más, contar con los recursos del estado crea dependencia y establece las reglas de las relaciones de subordinación. Sin contar que, como se verá en el siguiente apartado, el Gobierno del estado también utiliza al Congreso –con quien también tiene prácticas clientelares– para dominar a los ayuntamientos o alcaldes que no gozan de su afecto.

Ahora, que, si se tuvo la suerte como alcalde de contar con un gobierno del estado del mismo partido, todo fluye con más facilidad y la maquinaria clientelar, tanto laboral como concesional, toma fuerza.

Una paradoja resultante de la alternancia en el gobierno federal ocurrida en el año 2000 tiene que ver con las relaciones entre los ámbitos de gobierno. La alternancia es una muestra, después de largos años de un mismo partido en el poder, de salud democrática o, al menos, de signos favorables hacia una democracia plena. Pero con el cambio de partido en el gobierno federal, dice Rogelio Hernández (2008: 297), el Ejecutivo federal se debilitó y, en consecuencia, se fragmentó el poder. Con la fragmentación del poder se incrementó la fuerza de los gobiernos estatales y su dominio sobre los gobiernos municipales.

De modo que la condición de patrón del gobierno estatal que se daba antes del año 2000 se fortaleció con la alternancia, lo cual parecería un contrasentido con la llegada de procesos más democráticos en los que, como decía Peter Ward en 1998:

[…] el alejamiento de la política clientelar que ha acompañado a la lenta transición de México hacia un gobierno y una política más democrática es un hecho sano. Trascender del partidismo y la política de patronazgo flagrante que cultivó el pri durante más de medio siglo es, por lo menos, un primer paso necesario hacia un sistema de gobierno más abierto y participativo en el ámbito municipal (Ward, 1998: 126).

La realidad no parece dibujarse como lo pensaba Ward, y después de más de una década de ocurrida la alternancia, los gobiernos municipales no son lo mismo, pero tampoco se puede hablar de un abandono de su condición de cliente ante el gobierno del estado. El clientelismo electoral sigue apareciendo en cada elección y los gobernadores continúan bajando recursos a los ayuntamientos de su interés. En resumen, los cambios se han producido en los modos del clientelismo, pero no en las maneras de ejercer el gobierno.

El Congreso

El tercer cliente natural de la élite gobernante es el Congreso. Aquí se da la muestra más evidente del clientelismo laboral o del “alto clientelismo laboral”, pues la repartición de candidaturas desde el partido hacia el Congreso con el visto bueno del gobernador es un hecho a todas luces.

El antiguo “palomeo” en las listas de los aspirantes en el gobierno federal no pierde vigencia en el gobierno estatal. Se decía más arriba que los gobernadores han incrementado su fuerza en su espacio de actuación, y ésta es una práctica que pervive con solidez en los tiempos que corren. Y, ya se trate del pri o del pan en el gobierno, no hay diferencia en el proceder.

La elaboración de las listas de aspirantes da la pauta al clientelismo. Los sujetos que llegan a integrarla responden a favores hechos o por hacer. Saben que alcanzando la curul están en deuda con quien les posibilitó la candidatura y los apoyos para el triunfo, que la mayoría de los casos suele ser el gobernador. Los diputados pagan esta deuda al gobernador cuando este necesita la aprobación del Congreso para diversos actos: aprobación de cuentas públicas, préstamos solicitados, aprobación de presupuestos, entre otros. A lo que hay que añadir que las prácticas clientelares no están constreñidas a la bancada de su partido, sino que otros partidos distintos al del gobierno también se prestan a favorecerlo mediante el intercambio de beneficios. Otra vez, claro está, existe dificultad para corroborar estos hechos, ya que al tratarse de prácticas corruptas no están dispuestos a aceptarlas, pero sí a encubrirlo todo.

En síntesis, los miembros del Congreso local, sean del partido en el gobierno o no, se encuentran incorporados en un órgano proclive a prácticas clientelares por los asuntos de que se ocupa. Y el contrapeso como poder, que se supone que es y que la teoría señala, no es tal cuando los intereses del gobierno estatal se manifiestan y el Congreso ocupa la posición de cliente.

La élite gobernante de San Luis Potosí como clientes

En la participación en las redes clientelares unas veces se es patrón y otras veces se es cliente. Este doble papel no siempre tiene los mismos actores, aunque pudiera presentarse el caso. En esta ocasión, toca el turno de hacer apuntes sobre la condición de cliente de la élite gobernante. En este papel del gobierno, bajo las pautas del modelo de gobierno de partido, son dos los patrones que se presentan: el gobierno federal y el partido sostenedor en el ámbito nacional.

El gobierno federal

Históricamente, el gobierno federal, encarnado en el presidente de la República, ha sido el patrón de todos. No obstante, en este nuevo siglo en el que la alternancia ha hecho su aparición, las mayorías en el Congreso de la Unión no son fuertes, la competencia electoral es manifiesta y en resumen, ningún partido tiene todo, el Ejecutivo federal no es ni puede ser el mismo.

En este nuevo escenario, los gobiernos estatales continúan siendo clientes del gobierno federal, pero no son clientes convencidos de su condición como en el pasado. Reconocen que el gobierno federal tiene los recursos, pero hoy los gobernadores o Ejecutivos estatales no son sumisos ante la cantidad que se les otorga, sino que presionan y luchan con más ahínco por el incremento de dichos recursos.

En esta nueva dinámica, en las relaciones entre ámbitos de gobierno, destacan las relaciones del presidente de la República con los gobernadores de los estados de su partido. En ellas es un secreto a voces que el presidente hará llegar recursos a esos estados de manera discrecional. Por el contrario, aquellos estados gobernados por la oposición tendrán que ejercer la política para obtener beneficios.

En el mismo sentido, los programas del gobierno federal se aplican y favorecen ahí donde existen mejores relaciones entre gobernador y presidente, con la consabida identificación partidista. Y, aunque se puede pensar que la llegada del Partido Acción Nacional cambiaría las tendencias, la realidad fue que siguieron ejerciendo el poder a la antigua usanza priista.

El tiempo ha dado muestras de que el pri y el pan gobiernan de manera similar utilizando las mismas prácticas clientelares, manteniendo la informalidad como una de las formas de establecer acuerdos para la formalidad. Las relaciones personales o cercanas con el presidente hacen posible el buen trato de la federación en ciertos estados, y la muestra de éste son las visitas frecuentes del Ejecutivo federal a esas entidades. Por el contrario, durante el sexenio no visita aquellas con las que no mantiene comunicación, o lo hace en escasas ocasiones. Debido a estos atavismos mucho se habló de los posibles problemas por la divergencia de partidos en el sexenio priista de Fernando Silva Nieto con el panista, cuando Vicente Fox estaba en la presidencia; sin embargo, hay que decir que no hubo incidentes derivados de esta circunstancia.

Es así como el clientelismo que se ejerce cuando el cliente es el gobierno estatal y el patrón el gobierno federal es de una informalidad extrema. Si bien es verdad que los estados han ganado independencia y poder, la federación sigue dando la pauta en muchas de las políticas públicas e imponiendo sus decisiones. El poder que han ganado los estados es el de plantar cara al presidente y forzar la repartición de beneficios. Aun cuando estos beneficios sean utilizados en no pocas ocasiones para fortalecer las propias clientelas de los gobernadores.

El partido sostenedor en el ámbito nacional

Otro órgano que con la alternancia vio alterada su condición fue el partido sostenedor en el ámbito nacional. Ya se dijo que el pri, con la derrota en el año 2000, vivió años de desconcierto. Durante ese tiempo, el pri vagó sin rumbo, y el momento propició que éste ganara independencia en las localidades y el gobernador, cuando éste era priista, fuera quien se quedara a cargo. Hecho que, con el tiempo, derivó en el distanciamiento del partido de las decisiones del centro y la mayor dependencia del gobierno estatal. En consecuencia, también se incrementó el distanciamiento entre el gobernador y el aparato del partido en el espectro nacional. Da fe de ello la manifestación abierta de Fernando Silva Nieto, durante su gobierno, de que el candidato a la presidencia de la República fuera Roberto Madrazo, quien ocupaba la presidencia nacional del pri. Algo difícil de imaginar en el antiguo régimen.

Pero hay que entender que la posición, de cliente por parte del gobierno del estado y de patrón por parte del partido en el ámbito nacional, estaba dada por la cercanía del presidente del partido con el presidente de la República, por lo que el presidente del partido ejercía de intermediario con el Ejecutivo federal en los intereses del gobernador del estado. Así se construía la dependencia del gobierno del estado con el presidente nacional del partido. Con lo cual, al encontrarse el pri sin la presidencia y por lo mismo sin recursos, el líder nacional del partido perdió toda influencia en los estados.19

Por su parte, al llegar Acción Nacional a la presidencia, no quiso, no pudo o no supo integrar a sus gobiernos estatales, a sus gobiernos municipales, al partido en las localidades, al partido en el ámbito nacional, a sus diputados locales y federales y a sus senadores, a todos ellos, en un único frente junto al gobierno federal con el presidente a la cabeza. Hubo comunicación, pero también hubo grandes rompimientos. El pan en el poder fue un partido fuerte por los recursos que manejaba, pero no por su estructura u oficio político.

En San Luis Potosí, la élite gobernante con Marcelo de los Santos a la cabeza, poco o nada ejercieron como clientes del pan en la arena nacional. No tuvieron esa necesidad, toda vez que obtenían los recursos directamente con el presidente y el presidente dejó hacer a sus gobernadores. La fuerza del líder nacional del pan no representaba gran cosa ante la fuerza del gobernador, que tampoco mostró gran interés en su partido.

Un incidente dio lugar a comentarios cuando Marcelo de los Santos dejó ver sus preferencias por el precandidato Santiago Creel, que contendía contra Felipe Calderón por la candidatura a la presidencia; este último resultó el candidato ganador y a la postre el presidente de la República. Todo lo acontecido sobrevino en murmuraciones que hablaban de un distanciamiento en las relaciones entre el gobierno federal y el gobierno del estado como producto de sus posturas como panistas. Nada ocurrió de todo ello y las relaciones marcharon en orden.

Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos no fueron hombres de partido, sino que solo lo utilizaron para sus fines. Ninguno de los dos, por las condiciones de esos momentos históricos, tuvo que ocupar la posición de cliente frente al partido en el ámbito nacional. Pero los incidentes que se mencionan y que no tuvieron consecuencias hicieron pensar que las pudo haber tenido. Y estos pensamientos son producto de acontecimientos del pasado que sí tuvieron consecuencias. De tal manera que hay un cambio en la relación entre el partido en el espectro nacional como patrón y el gobierno del estado como cliente. Hoy en día los líderes nacionales ya no cuentan con toda la fuerza que los líderes priistas tuvieron en el pasado.

El gobierno del estado como intermediario

En el clientelismo, ya se ha mencionado, se puede actuar de cliente y de patrón, pero hay una tercera posición que se ha tornado relevante: la de intermediario. Esta tercera figura también aparece en el ejercicio del clientelismo de la élite gobernante.

El gobierno del estado actúa de intermediario en las relaciones que se entablan entre el gobierno municipal y el gobierno federal. Su posición de intermediario es tan significativa que mucho depende del buen actuar y bien decir del gobernador para que los municipios gocen de mayores recursos; pero no todos los municipios, sino aquellos que mantienen buen trato con el gobierno del estado.

Es intermediario también el gobierno del estado entre las decisiones de la cúpula nacional y de la cúpula estatal de su partido. Es así porque los partidos en el ámbito estatal son organizaciones dependientes incapaces de generar recursos propios. De modo que cuando llegan al poder se ponen a disposición de su gobierno a fin de contar con recursos y poder realizar las tareas señaladas desde el centro. Son negociaciones entre la cúpula nacional del partido y el gobierno del estado para beneficiar al partido en la región mediante el traspaso de recursos. Por su parte, el gobernador cobra la intermediación en su oportunidad con la imposición de candidaturas.

Una intermediación más es con los empresarios e industriales cuando sus intereses llegan al Congreso. El gobierno del estado alinea a los diputados de su partido para la concesión de permisos, licencias, proyectos, etcétera, que han de ser votados en el Congreso. Utiliza estas formas para después beneficiarse en sus relaciones con los empresarios, que pueden ser incluso personalísimas del gobernador.

Éstas son las intermediaciones más frecuentes del gobierno del estado, pero no son las únicas y puede haber otras con otros actores.

Otras clientelas de interés en las relaciones del gobierno y el partido

Hasta ahora se han presentado las actuaciones en las relaciones clientelares que sostiene el gobierno del estado con actores políticos como son el partido sostenedor, los gobiernos municipales, el Congreso local y el gobierno federal. Sin embargo, no son todos los actores que se encuentran en la red clientelar del gobierno del estado, pues hay otros actores interesados en la vida política que participan en la red y que reciben beneficios. Estos actores son los empresarios, los partidos minoritarios, sectores de la sociedad civil, la Iglesia católica y la prensa.

Los empresarios

Una clientela permanente a través del tiempo la constituyen los empresarios. Los grupos empresariales han ejercido unas veces como brazo del gobierno y otras como grupo de presión, pero siempre en primera línea con las políticas económicas del gobierno como principal interés. Como grupo conservador que es, también se manifiesta en determinadas políticas sociales que le importan. De cualquier manera, siempre está ahí haciéndose escuchar; cuando no lo hace públicamente es porque se encuentran cerca de la autoridad y entonces susurra.

Su fuerza como actor participante en el gobierno es notoria. En su momento se comentó cómo la Secretaría de Economía es un espacio que el gobierno cede a la élite empresarial a manera de clientelismo laboral. Pero esto no es óbice para que por otra parte también se exprese el clientelismo concesional. En este sentido, los sucesos en que la élite empresarial es beneficiada son de carácter público, y en el gobierno de Marcelo de los Santos circularon más notas al respecto que en el gobierno de Fernando Silva Nieto.20

El clientelismo laboral no se acaba con la inclusión de un secretario, puesto que en toda la administración pública se concesionan los cargos, algunos con mayor importancia que otros, pero siempre dispuestos para la élite empresarial. En este sentido, el gobierno otorga estos apoyos porque ve en el empresariado un sinnúmero de beneficios que puede recibir a cambio. Como clase empresarial, cuenta con una gran cantidad de bienes que el gobierno puede utilizar en su momento. Y así lo hace, por ejemplo, en campañas electorales, cuando los empresarios patrocinan a candidatos por los favores que llegando al poder les pueden hacer. Claro que los empresarios se dejan aconsejar por el gobierno para dar sus apoyos.

También, los empresarios son utilizados por el gobierno en un clientelismo electoral dentro de sus empresas. Y aunque prohibido, de manera velada dirigen a sus trabajadores por el partido de su preferencia.

Finalmente, entabladas las relaciones del gobierno del estado con la clase empresarial, no son pocos los ejemplos que se pueden citar de la utilización de éstas por el gobernador para incorporarse al mundo empresarial al término de su mandato. Esto es, se hacen favores en el ejercicio del gobierno para que se paguen cuando ya no se tiene el poder.

Los partidos minoritarios, los sindicatos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación

Fuera del ámbito gubernamental, los empresarios quizá son los actores más importantes en las relaciones que establece el gobierno y, en este sentido, también en las relaciones clientelares. No obstante, otros actores en su momento pueden ser de relevancia en este tipo de relaciones. Es el caso de los partidos minoritarios, los cuales en la historia de México han servido en ocasiones para legitimar las actuaciones del gobierno.

Los partidos minoritarios padecen de forma más acentuada los males de los partidos en México, y en las regiones se agrava todavía más este padecimiento. De modo que, cuando se dice que los partidos son incapaces de generar recursos propios, en los partidos minoritarios esta incapacidad es contundente. Por tanto, su supervivencia depende de los recursos del estado. Pero, más allá de los recursos que por ley les corresponden, es frecuente que sus dirigentes utilicen la representación para establecer una negociación e incrementar sus beneficios. Esta circunstancia se hace patente cuando el partido en el gobierno necesita votos para la aprobación de cuentas, permisos, entre otros, y los partidos minoritarios, al contar con algún escaño en el Congreso, conceden su voto.

Los sindicatos, en especial los que más afiliados tienen, realizan prácticas clientelares desde que han existido. En ellos bien se puede decir que es una práctica de uso corriente. Los líderes sindicales son sujetos acaudalados de manera inexplicable, y de manera inexplicable los gobiernos han dejado hacer y han dejado pasar sus actuaciones. Ellos mismos, los sindicatos, tejen sus redes clientelares en donde incluso los gobiernos han llegado a ser sus clientes.

Por otro lado, las organizaciones civiles, a través de sus dirigentes, se prestan al juego clientelar a fin de ser favorecidos. Si bien esto no ocurre con todas, hay algunas que utilizan su influencia para obtener permisos o licencias de todo tipo y luego retribuirlo con participaciones a favor del partido en el gobierno. Este hecho encuentra su antecedente en el apoyo que antiguamente daba el pri a los sectores campesino, obrero y popular que, con la alternancia en el gobierno federal, han actuado por su cuenta y ahora responden al que más les otorga.

Por último, en el siglo xxi, los medios de comunicación se han tornado en actores de gran importancia. Es común encontrar a los dueños de medios de comunicación participando en política y usando su medio para beneficiar o perjudicar a otros participantes. Su función de comunicación ha quedado sobrepasada y ahora sirven según sus conveniencias. Son parte del gran sistema clientelar y cuentan con los medios y los recursos para no ser siempre clientes, sino también llegar a ser patrones; patrones del propio gobierno del estado. Pero además, el clientelismo no se da sólo entre la alta jerarquía de los medios de comunicación, sino también entre el personal en el cual hay periodistas que utilizan su condición para obtener ganancias y, asimismo, ofrecen su espacio por alguna retribución.

Comentarios finales al clientelismo en el siglo xxi en San Luis Potosí

En el siglo que corre, el clientelismo ha sufrido transformaciones. El nacimiento de otras figuras en el mundo de la política ha obligado a otras actuaciones. La transparencia y la rendición de cuentas, aunque figuras en desarrollo, obligan a cuidar los procedimientos que antes eran tratados con una discrecionalidad absoluta que permitía y daba fuerza al clientelismo en el gobierno. Después de la aparición de estas figuras ronda, al menos en el imaginario de los políticos y funcionarios, la posibilidad de que se les pida cuentas y se descubran prácticas clientelares. De modo que hasta ahora ha sido un acicate para el clientelismo, pero también el clientelismo ha mostrado ser más fuerte de lo que se pensaba y sus mutaciones para sobrevivir son evidentes.

Los gobiernos y los políticos han perfeccionado las prácticas clientelares, y aun es complicado tener constancia de ellas. Pese a todo ello, persisten evidencias inexplicables de clientelismo tales como el crecimiento, en todos los sentidos, del partido sostenedor; hijos de gobernadores que se hacen empresarios exitosísimos;21 empresas y empresarios con amistades en el gobierno que resurgen de la nada; sujetos que son “políticos” por un sexenio y después no se sabe de ellos; oficinas de gobierno en las que todo el personal es de un determinado partido; líderes sociales con concesiones de taxis, permisos, licencias, etcétera.

Todas estas muestras siguen apareciendo en México y San Luis Potosí no es la excepción. Si se pensó que con el cambio de partido en el gobierno, primero en el ámbito federal y después en el estatal, las cosas podría ser diferentes, la realidad fue que no. En el estado, el pri y el pan han dado muestras de utilizar las mismas prácticas clientelares. Se favorece a aquellos que pueden intercambiar algo con el gobierno o con el partido sostenedor. Las únicas diferencias vienen dadas por la personalidad del gobernador en turno, pero no por los cambios estructurales que realizan.

Con todo esto se quiere decir que el clientelismo sigue vigente y los programas sociales continúan siendo los más expuestos a estas prácticas. Los actores mencionados en el presente capítulo siguen atentos a dichas prácticas. Es decir, si el clientelismo parece que mengua no es producto del ánimo de los participantes, sino de la aparición de cambios institucionales y estructurales. El deseo de ser favorecido por el clientelismo continua presente y solo estos tipos de cambios acompañados de una legislación fuerte pueden aminorar su presencia.

Finalmente, es importante reiterar que el clientelismo es una práctica complicada de corroborar. Es difícil que los actores acepten encontrarse dentro de estas prácticas. Este hecho hace que el clientelismo parezca más un discurso que un problema. No obstante, como se mencionó, las situaciones que no tienen explicación encuentran buena acogida si se miran considerando el clientelismo como la causa. En este capítulo algunos acercamientos se realizaron desde esta óptica.

Referencias

Acuña Chaverri, Iván Anselmo (2009). “Elementos conceptuales del clientelismo político y sus repercusiones en la democracia”. Reflexiones, 88(2): 27-36.

Auyero, Javier (1996). “La doble vida del clientelismo político”. Sociedad, 8: 31-56.

Auyero, Javier (2008). “Repensando el tropo del clientelismo político”. Villalibre. Cuadernos de Estudios Sociales Urbanos, 3: 5-35.

Casar, María Amparo (1997). “Las relaciones gobierno partido en México”. En: César Cansino (coord.). Gobiernos y Partidos en América Latina. México: Centro de Estudio de Política Comparada,pp. 47-116.

Cazorla Pérez, José (1995). “El clientelismo de partido en la España de hoy: Una disfunción de la democracia”. Revista de Estudios Políticos, 87: 35-52.

Crespo, José Antonio (1991). “La evolución del Sistema de Partidos en México”. Foro Internacional, 31(24): 599-622.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2001). Estudio sobre la participación ciudadana y las condiciones del voto libre y secreto en las elecciones federales del año 2000. México: Flacso/ife.

Gellner, Ernest et al. (1986). Patronos y clientes. Madrid: Júcar Universidad, pp. 35-61.

Hernández Rodríguez, Rogelio (2009). “Una competencia sin reglas: La candidatura presidencial de Roberto Madrazo”. Política y Gobierno, vol. temático, 2: 15-49.

__________ (2008). El centro dividido: La nueva autonomía de los gobernadores. México: Colmex.

Leal Buitrago, Francisco y Andrés Dávila (1990). Clientelismo: El sistema político y su expresión regional. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Lind, Gunner (1997). “Grandes y pequeños amigos: El clientelismo y la élite del poder”. En: Wolfgang Reinhard (coord.). Las élites del poder y la construcción del Estado. México: fce, pp. 159-189.

Lomnitz, Larissa (1990). “Redes informales de intercambio en sistemas formales: Un modelo teórico”. Comercio Exterior, 40(3): 212-220.

Moreno Luzón, Javier (1999). “El clientelismo político: Historia de un concepto multidisciplinar”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 105: 73-95.

Neubert, Dieter (1999). “Democratisierung ohne Zivilgesellschaft? Zur Rolle von Patron-Klient- Beziehungen in den neuen afrikanischen Mehrparteiensystemen”. En: Hans-Joachim Lauth y Ulrike Liebert (comp.). Im Schatten demokratischer Legitimität:informelle Institutionen und politische Partizipation im interkulturellen Demokratievergleich. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 258-276.

Rodríguez, Victoria E. (1999). La descentralización en México. México: fce.

Schröter, Bárbara (2010). “Clientelismo político. ¿Existe el fantasma y cómo se viste?”. Revista Mexicana de Sociología, 72(1): 141-175.

Schedler, Andreas (2004). “El voto es nuestro. Cómo los ciudadanos mexicanos perciben el clientelismo electoral”. Revista Mexicana de Sociología, 1: 57-97.

Tosoni, María Magdalena (2007). “Notas sobre el clientelismo político en la ciudad de México”. Perfiles Latinoamericanos, 29: 47-69.

Ward, Peter M. (1998). “De clientelismo a tecnocracia: Cambios recientes en la gestión municipal en México”. Política y Gobierno, 1: 95-133.

Weingrod, Alan (1986). “Patronazgo y poder”. En: Ernest Gellner et al. Patronos y clientes. Madrid: Júcar Universidad, pp. 63-77.

Zuckerman, Alan (1986). “Las políticas de clientelas en Italia”. En: Ernest Gellner et al. Patronos y clientes. Madrid: Júcar Universidad, pp. 92-114.

Sobre la literatura existente en sociología, antropología y ciencia política, consúltese Javier Auyero (1996). “La doble vida del clientelismo político”. Sociedad, 8: 31-56. Su trabajo hace un rastreo interesante sobre las diferentes visiones en el estudio del clientelismo y sus limitaciones. Otro trabajo interesante que aporta conocimiento sobre la vasta literatura sobre clientelismo es el de José Cazorla Pérez (1995). “El clientelismo de partido en la España de hoy: Una disfunción de la democracia”. Revista de Estudios Políticos, 87: 35-52. En la primera nota al pie de página cita los trabajos más destacados.

Aquí se utilizan indistintamente clientelismoy patronazgo, y así se seguirá haciendo en lo sucesivo. Hay quien establece una diferencia entre ambos básicamente de grado; para este trabajo, la diferencia estriba en el enfoque: se habla de patronazgo cuando la visión es desde el patrón, se habla de clientelismo cuando la visión es desde el cliente.

“El feudalismo tampoco constituye una forma de patronazgo, a pesar de que las semejanzas son obvias. El feudalismo puede definirse como un sistema que distingue tajantemente entre guerreros y campesinos, asignándoles estatutos jurídicos; dentro del suyo, además, cada individuo del estrato de los guerreros controla autónomamente un territorio delimitado, en el que combina el ejercicio de las funciones administrativas, judiciales y militares; por último, el sistema está organizado de tal manera que los señores locales deben obediencia a los que están situados por encima de ellos en una pirámide que, en términos ideales, tiene a un solo individuo en su vértice” (Gellner, 1986: 11).

La evolución de las relaciones entre padrino y cliente se sitúa en Inglaterra, donde se reconocen tres etapas: “La primera fue el feudalismo, cuyos rasgos centrales son el vasallaje y la entrega de feudos, la herencia y la asignación de tierras. La segunda etapa fue la del llamado feudalismo bastardo[…] Sus rasgos característicos eran vestido y manutención, […] La tercera etapa ha sido bautizada como padrinazgo patrimonialy se desarrolla durante el siglo xvialrededor de la burocracia patrimonial y el manejo del cargo y el privilegio reales” (Lind, 1997: 176).

El paternalismo “es primordialmente una institución económica, relacionada con la forma de organizar una unidad productiva y de regular las relaciones entre los subordinados y los dueños de los medios de producción o sus agentes”. Tomado de Cazorla (1995:38) respecto de lo manifestado por N. Abercrombie y S. Hill (1976). “Paternalism and Patronage”. British Journal of Sociology, 27.

Sobre el empleo del concepto de poder en los análisis del patronazgo consúltese Alan Weingrod (1986). “Patronazgo y poder”. En: Ernest Gellner et al. Patronos y clientes. Madrid: Júcar Universidad, pp. 63-77.

James Scott hace interesantes apuntes sobre la explotación de la clase agraria en su artículo “¿Patronazgo, o explotación?” incluido en Ernest Gellner et al.(1986). Patronos y clientes. Madrid: Júcar Universidad, pp. 35-61.

Nos dice Auyero (2008) que a esta figura se le denomina “capitulero” en Perú; “cabo electoral” en Brasil; “gestor”, “padrino” o “cacique” en México; “precinct captains” en Chicago; “caudillo barrial” en la Argentina de los veinte y treinta, y “referente” o “puntero peronista” en la Argentina de los noventa.

La cursiva es nuestra, ya que en el original de Moreno Luzón dice “los comunicaba y podía”; se ha hecho el cambio por considerarlo aplicable hoy en día.

Auyero (1996) menciona a Boissevain, Powell, Weingrod y Silverman como autores que posicionan el clientelismo como un avance dentro del desarrollo, y a Lemerchand y Legg, Zuckerman, Barnes y Sani, y Schenider como autores que lo ven en forma negativa para la democracia y la modernización.

Tomado de Schröter (2010), que se apoya en el trabajo de Dieter Neubert (1999). “Democratisierung ohne Zivilgesellschaft? Zur Rolle von Patron-Klient- Beziehungen in den neuen afrikanischen Mehrparteiensystemen”. En: Hans-Joachim Lauth y Ulrike Liebert (coomps.). Im Schatten demokratischer Legitimität: Informelle Institutionen und politische Partizipation im interkulturellen Demokratievergleich. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 258-276.

Sobre el esfuerzo de ordenar la serie de términos véaseSchröter, 2010.

El “dedazo” en México ha designado la facultad de los gobernantes de imponer en los cargos a sus hombres. Esta acción gráficamente se representa con el señalamiento del dedo índice por parte del gobernante sobre la persona elegida, de ahí el nombre.

“Protección, favor que alguien dispensa a otra persona” (drae). Un breve pero interesante seguimiento histórico sobre el padrinazgo se encuentra en Gunner Lind (1997). “Grandes y pequeños amigos: El clientelismo y la élite del poder”. En: Wolfgang Reinhard (coord.). Las élites del poder y la construcción del Estado. México: fce, pp. 159-189.

Esta es la forma para denominar el transporte de personas a casillas electorales o a actos políticos residentes en zonas alejadas, con el fin de dirigir el voto hacia el candidato preferente, mediando a veces retribución económica o de alimentos. En no pocas ocasiones los vehículos utilizados han sido oficiales o facilitados mediante prácticas clientelares.

En México, “palancas” o “tener palancas” equivale a la expresión “tener enchufes” usada en España; “pull”, en Estados Unidos; “cuña”, en Chile, y así distintas denominaciones en diversas partes del mundo.

Para mayor información sobre el clientelismo electoral en México después de las elecciones del año 2000 véase Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2001; Schedler, 2004, y Tosoni, 2007.

Nos estamos refiriendo a Alfonso José Castillo Machuca.

Para mayor información sobre el ejercicio del prien el periodo véase Rogelio Hernández Rodríguez (2009). “Una competencia sin reglas: La candidatura presidencial de Roberto Madrazo”. Política y Gobierno, vol. temático, 2: 15-49.

Para el Gobierno de Marcelo de los Santos se puede consultar proceso.com.mx (2006, feb. 7). “SLP, historia de un despojo”. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/?p=214635>.

Discúlpese el superlativo en esta ocasión, pero cuando la fortuna crece anualmente por encima de 200 por ciento durante el sexenio del padre-gobernador tal adjetivación es adecuada.

Conclusiones

Introducción

Como se ha dicho en varias ocasiones, este trabajo sigue las pautas del modelo de gobierno de partidos y bien puede ser considerado la continuación de la investigación previa que realicé, denominada La clase política de San Luis Potosí, que comprendió el periodo de 1979 a 1997. Sin embargo, la que aquí concluye sufre algunas modificaciones derivadas de la experiencia de aquella y, por supuesto, el periodo de estudio es otro, ya que este transcurre de 1997 a 2009.

Con las observaciones anteriores quiero decir que la estructura general es similar, así también lo son las conclusiones, pues, como en el pasado, expongo las conclusiones para el modelo de gobierno de partidos, por un lado, y las conclusiones para las relaciones gobierno-partido en San Luis Potosí, por el otro lado.

Conclusiones para el modelo de gobierno de partido

En este trabajo se refuerza la idea de que es preciso centrarse, en un primer momento, en el diseño institucional, ya que es indispensable conocer el estado que guarda el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. Todo ello a fin de ser exactos en las observaciones de las relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor.

Asimismo, las aproximaciones históricas y el contexto en que se desarrolla la investigación son de suma relevancia. En este punto hay que mencionar que la ciencia política parece haber caído en la cuenta de que el contexto es más importante de lo que se pensaba y de que explica mucho más de lo que se creía. Al reconocer esto, los hallazgos han de ser vistos bajo la lupa del contexto y de las aproximaciones históricas con el fin de contrastarlos y ser precisos en los resultados.

Por otra parte, un factor importante en el modelo de gobierno de partido es la cultura política. Si bien es menos frecuente encontrar trabajos que se ocupen de manera específica y sistemática de la cultura política local, es un error interpretar la cultura política nacional como una fiel representación de la cultura política regional o subcultura política, ya que no siempre se corresponden. De hecho, cada vez con mayor frecuencia se encuentran diferencias acusadas entre una y otra cultura política. Claro está, como se ha dicho, que trabajos específicos de las regiones son poco frecuentes, lo que ocasiona que se utilice la información nacional para casos subnacionales. No obstante, cuando esto ocurre, es importante hacer las salvedades en este sentido en cada oportunidad. En el presente trabajo así se procedió, máxime que las variables del modelo de gobierno de partidos tienen una marcada influencia de la cultura política. Por ejemplo, el reclutamiento es proclive a que se realice bajo la influencia de la cultura política del lugar y sea ésta la que lo defina. En las políticas públicas se pueden presentar elementos de la cultura política que determinen el hacer o no hacer de una determinada política pública. Finalmente, el clientelismo está estrechamente ligado a la cultura política del lugar, pues puede ser éste incluso el factor determinante de prácticas clientelares. Al respecto, más adelante, en el apartado Apunte final, se detalla este hecho.

Ahora bien, al centrarme en los resultados obtenidos para las variables explicativas, en lo referente al reclutamiento, fue preciso realizar entrevistas en profundidad. Puesto que son inexistentes los rastros de los sujetos que permitan conocer el porqué llegaron a ser altos cargos, la mejor alternativa es la pregunta directa. En este caso, fue importante hacer la pregunta tanto al que obtuvo el cargo como al que se lo dio, que fue el gobernador en turno. Aquí también es importante conocer el contexto para saber si se presentan motivos que escapen a las razones que presentan los implicados en el reclutamiento.

En cuanto a la elaboración de las políticas públicas, se hicieron preguntas expresas para cada una de las etapas. Se siguió la propuesta de Cansino (1997) modificando las preguntas a fin de hacerlas más accesibles. No obstante, se encontró que, en términos generales, la élite gobernante tiene poco conocimiento respecto de las etapas de las políticas públicas y poco se implican en ellas. Su participación –cuando la realizan– se concentra en la toma de decisiones. Solo cuando se trata de políticas públicas que saltan a la escena pública, cuentan con un poco más de información y son las que mantienen en la memoria. Pero el gobierno da un tratamiento especial a estas políticas por su misma condición pública, lo cual desvirtúa las respuestas de las preguntas del cuestionario. A pesar de todo, la realización de las preguntas para cada etapa dio lugar a identificar que no es preciso detenerse en cada etapa; resulta mejor indagar más sobre el tipo de políticas en general que ellos reconocen y a partir de ahí conocer el tratamiento que la élite gobernante le da según el tipo, sin que esto signifique detenerse en políticas específicas.

Una variable explicativa más la constituye el clientelismo. He reiterado lo complicado que resulta construir evidencia firme que lo corrobore. Su naturaleza impide que los actores reconozcan su participación. Pero dos complicaciones refuerzan la dificultad: la presencia de la figura de la transparencia, que conmina a un cuidado más excesivo en su ejercicio, y el tipo de actores inmersos en el clientelismo que nos ocupa, ya que, al tratarse de actores de relevancia política, cuidan con más esmero su comportamiento. De modo que la evidencia proviene del rastreo y análisis de eventos del gobierno y del partido sostenedor que parecen inexplicables. Hasta ahora no parece haber en la literatura especializada un modo preciso de operacionalizar esta variable.

Éstas son, en forma breve, las conclusiones que más merece destacarse. Dentro del texto aparecen algunos otros comentarios que pueden ayudar a mejorar el entendimiento de ellas. Estos comentarios se basan en el caso específico de San Luis Potosí. Por esa razón, solo expongo aquí aquello que en mi consideración sirve de manera general a cualquier otra investigación que se ocupe del modelo de las relaciones gobierno-partido(s), con independencia del contexto en que se desarrolle.

Conclusiones sobre las relaciones

gobierno-partido en San Luis Potosí

En este otro apartado sí me detengo en los resultados específicos para San Luis Potosí. En estas conclusiones se puede apreciar con claridad que mantienen una gran coincidencia con las conclusiones obtenidas en la investigación sobre La clase política en San Luis Potosí (2005). Incluso pareciera que éstas son un calco de aquéllas. Pero los resultados similares tienen su explicación lógica, toda vez que vistas a la distancia pertenecen a un continuo en el tiempo que va de 1979 a 2009, expuesto en dos momentos. Aunque en este segundo momento, de 1997 a 2009, por los cambios ocurridos, como la alternancia, se hubiera pensado que ciertos resultados podrían ser diferentes, pero no fue así.

Para dar pie a las conclusiones es menester recordar que todos los resultados toman como base el modelo de gobierno de partido, el cual tiene como premisas las siguientes: a) las principales decisiones del gobierno han de estar tomadas por miembros de la élite gobernante que fueron electos bajo principios partidistas, b) en la elaboración de las políticas públicas participa tanto el gobierno como el partido sostenedor y c) los funcionarios del gobierno son reclutados a través del partido (Katz, 1986).

Así, al tomar en consideración las premisas anteriores, puedo afirmar, como primera conclusión, que en San Luis Potosí no existe un gobierno de partido. Al respecto, Cansino (1997) asocia el mayor grado de democraticidad con el mayor grado de partidismo en el gobierno. Si se toma como válida esta asociación, se puede decir que en el caso de San Luis Potosí, al no presentar indicios de partidismo en el gobierno, el grado de democraticidad es bajo.

La afirmación sobre la inexistencia de relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor se funda en el examen de las tres variables explicativas: reclutamiento, elaboración de políticas públicas y clientelismo. Y en este sentido, las conclusiones para cada una de ellas fueron las siguientes.

Para el reclutamiento

El reclutamiento de los altos cargos no se realiza bajo líneas partidistas; éste sigue los dictados del hombre que ocupa el cargo de gobernador. En ellos la afiliación al partido sostenedor no es relevante y, cuando así parece, es como consecuencia de estrategias políticas. De modo que el partido sostenedor no proporciona a los miembros de la élite política gobernante.

En este sentido, más que pensar que el partido sostenedor influye en el reclutamiento, la realidad se muestra a la inversa. Es el gobierno, bajo la figura del gobernador, quien proporciona los hombres al partido que más tarde compiten por los cargos públicos.

Por otra parte, al retomar el hecho de que es el gobernador quien realiza el reclutamiento, vale decir que el procedimiento es personal y las deliberaciones, aunque puede haber consultas u opiniones, e incluso presiones, son del gobernador, en sentido estricto, y él tiene la última palabra. Dicho más claro, solo el gobernador conoce los criterios por los cuales, bajo su mando, un sujeto puede llegar a ser alto cargo. Cierto es que la mayoría de los entrevistados manifestaron que, en esencia, se siguen dos criterios: amistad y capacidad; sin embargo, éstos también están ligados a lo que el gobernador reconoce como amistad y entiende por capacidad.

Pese a que los criterios del gobernador para la selección de su gabinete son personalísimos, el análisis de su conformación revela que la política continúa dominada por los hombres, y los gobernadores suelen integrar sus gabinetes con elementos del sexo masculino. En otras palabras, las mujeres tienen poca posibilidad de pertenecer a la élite política gobernante.

Otra tendencia en la selección de gobernadores es la preferencia por aquellos sujetos que cuentan con licenciatura en derecho: más de 40 por ciento, en ambas administraciones estudiadas. Asimismo, destaca el hecho de que pocos tienen estudios de posgrado, ya que alrededor de una décima parte contaba con estudios posteriores a la licenciatura.

En síntesis, el reclutamiento lo realiza el gobernador bajo sus criterios, en el cual se puede reconocer que no sigue línea partidista, que se prefiere a los hombres por encima de las mujeres, abogados sobre otras profesiones, que no es relevante contar con estudios de posgrado y que la amistad y la capacidad importan, cualquier cosa que entiendan los gobernadores por estos dos términos.

Para la elaboración de políticas públicas

En la elaboración de las políticas públicas no interviene el partido sostenedor. Gran parte de las políticas públicas importantes del gobierno vienen dirigidas por la federación y otras más se realizan por el gobierno del estado sin que nadie intervenga. La dependencia presupuestal que guarda el gobierno del estado con el gobierno federal es una de las causas de la gran dirección de las políticas por parte de este último.

Tampoco se manifiesta presencia de otros actores en la elaboración de políticas; a lo sumo, el grupo que más llega a influir es el de los empresarios. En este caso, su influencia se concentra en las políticas públicas de orden económico. Se pueden presentar acontecimientos específicos en ciertas políticas en los que aparecen actores que buscan influir; no obstante, son contadas las políticas en las que ha habido tal influencia, y todavía son mucho menos o ninguna en las en que el gobierno tolera la intervención.

En resumen, el partido sostenedor no participa en ninguna de las etapas de las políticas públicas del gobierno estatal y el gran influyente en las políticas públicas de peso es el gobierno federal. Pero, incluso en políticas de menor relevancia, tampoco incide el partido sostenedor ni ningún otro actor.

Para el clientelismo

El clientelismo ha presentado ligeras transformaciones durante el periodo de estudio. Los eventos políticos y la aparición de nuevas figuras en la política han cambiado ciertas lógicas clientelares. La alternancia en el gobierno federal dio un impulso a la fuerza que estaban ganando los estados. Su posición dejó de ser sumisa frente al gobierno federal, pese a que continúa siendo presupuestalmente dependiente. Lo que quiero decir es que los acontecimientos en México ocurridos entre 1997 y 2009 han fortalecido la posición de patrón del gobierno del estado.

Pero me permito precisar más en razón de lo anterior. Sí, efectivamente se han fortalecido los gobiernos estatales, pero son los gobernadores quienes asumen y ejercen esa fortaleza. De modo que el gobernador, en su ejercicio o fuera de él, queda a cargo de las prácticas clientelares.

Asimismo, el gobernador decide las relaciones que establece con su partido. En ellas se incluyen las relaciones clientelares. Por tanto, el mayor o menor grado de clientelismo entre el gobierno y el partido sostenedor depende del gobernador.

Lo que parece firme y se considera habitual es el clientelismo que surge de la imposición por parte del gobernador de incorporar a sus hombres como candidatos de su partido, de lo que deriva el clientelismo electoral.

El clientelismo laboral se observa en la incorporación en la administración pública de personal del partido sostenedor. En cuanto al clientelismo concesional, lo establece el gobierno con la clase empresarial, básicamente.

La mayor parte del clientelismo en el gobierno ubica a éste como el patrón, pero no tiene como único cliente al partido sostenedor, sino que se apoya en otras clientelas. Si hablamos de la esfera política, estas clientelas suelen ser los municipios, el Congreso local y los partidos pequeños. Si nos referimos al ámbito privado, las clientelas mejor definidas son la clase empresarial y los medios de comunicación. Tratándose del gobierno como cliente, su patrón lo constituye el gobierno federal.

Parecieran un tanto lógicas las conclusiones hasta aquí planteadas: el hecho de que sea el gobernador quien encarna el poder, el papel de patrón del gobierno y sus clientelas, el ejercer de cliente del gobierno federal, entre otros. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos hablando de clientelismo; esto es, la función que desempeñan y las relaciones institucionales entre estos actores de alguna manera son así, pero cuando sobrepasa las relaciones y se impone la informalidad y la ilegalidad, mediando favores por votos o apoyo, estamos frente a actos de corrupción.

Otras conclusiones derivadas del estudio

Después de plantear las conclusiones para las variables del modelo de gobierno de partido, surgen otras que se desprenden de éstas en su conjunto y del contexto para el caso concreto. De esta observación es que se da respuesta a la hipótesis con que partió la investigación. Dichas conclusiones se presentan a continuación.

Quiero recordar que en el periodo de estudio se consideraron dos gobiernos, el de Fernando Silva Nieto, del pri, y el de Marcelo de los Santos, del pan. Con esta advertencia y los resultados obtenidos, puedo decir que no hay diferencias de consideración en la forma de gobernar entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Las diferencias identificadas son irrelevantes y se le pueden adjudicar a la personalidad del gobernador en turno.

Lo anterior me lleva a reconocer que el partido sostenedor, pri o pan, no tiene la fuerza para incidir en el gobierno. Y el gobierno lo es el gobernador. Es el gobernador quien tiene la facultad de crear y suprimir dependencias, es el gobernador quien recluta, es el gobernador quien decide sobre las políticas públicas y es el gobernador quien realiza el clientelismo. De tal suerte que es el gobernador, con nombre y apellido, en quien se deposita la política, los asuntos públicos y el futuro de un estado.

Se puede argumentar que es imposible que un gobernador pueda atender todo esto, y quizá haya razón. Pero se apoya en un número reducido de colaboradores, que no siempre ocupan altos cargos, en el partido o dentro del gobierno.

Así puedo desentrañar la hipótesis de trabajo que planteé en un inicio y afirmar entonces que a menores relaciones entre el gobierno y el partido sostenedor, mayor grado de autoritarismo por parte del Ejecutivo estatal. Dicho en otras palabras, fuera del gobierno, el organismo que más contacto puede tener con el gobernador son los dirigentes del partido sostenedor. Si ellos se someten a los designios del gobierno, el gobernador tiene condiciones para hacer y deshacer a voluntad.

Apunte final

Las conclusiones arriba señaladas buscan dar cuenta tanto del modelo de gobierno de partido en lo general, así como de los resultados obtenidos en el caso particular de San Luis Potosí. Sin embargo, en la experiencia de haber adaptado en dos ocasiones el modelo a San Luis Potosí en dos periodos seguidos se presentaron incidentes que es preciso conocer para futuras investigaciones. En este orden, no estamos ante otras conclusiones, sino ante apuntes respecto de la investigación del modelo en ámbitos locales con las características de San Luis Potosí y México en consecuencia.

Como se apuntó en su momento, el inicio del modelo se detuvo en países con forma de gobierno parlamentaria. Fuera de estas características, la experiencia ha sido pobre y el modelo solo se ha aplicado de manera indicativa, pero nunca en forma exhaustiva. El mejor ejemplo en este sentido lo constituye el esfuerzo de Cansino (1997). Ahora bien, no se tienen datos acerca de los ámbitos subnacionales con forma de gobierno presidencial. Razón que motivó aplicar en profundidad el modelo en dos ocasiones seleccionando un caso con estas características, lo cual me obligó a realizar adaptaciones del modelo. De ellas se da cuenta en ambos trabajos: Borjas (2005) y el que aquí se presenta. Pero durante el tiempo en que se realizaron las investigaciones, siempre estuvo presente una variable que daba sombra a las variables explicativas del modelo: la variable cultura política.

En el primer trabajo, La clase política en San Luis Potosí, se dejó entrever, por las características del estado, la posibilidad de contar con una subcultura política. Fue así porque, al observar las particularidades de San Luis Potosí, éstas encajaban dentro de las que Botella (1987) reconoce como necesarias para hablar de una subcultura política, que van desde “los comportamientos electorales hasta ciertos rasgos de la clase política, pasando por las características de los medios de comunicación de masas o ciertas formas de relación interpersonal” (Botella, 1987: 30).

En el caso de los comportamientos electorales, San Luis Potosí destacaba por sus comportamientos de vanguardia, asunto que le había valido para ser bautizado como el “laboratorio político” de México. En estos comportamientos se encuentran, de forma dispersa en el tiempo, el ser el primer estado en México en reconocer los derechos políticos de la mujer, el primero en ciudadanizar su máximo órgano de autoridad electoral y el primero en establecer la figura de la segunda vuelta. Vinculado a estos acontecimientos está el desarrollo de partidos regionales con presencia creciente, que también dan fuerza a la idea.

Aunado a lo anterior, los rasgos de la clase política a partir de la segunda mitad del siglo pasado también apoyaban la existencia de una subcultura política. Pues movimientos como el navismo, en el que se enfrentaron el cacique, conocido en México, Gonzalo N. Santos, por un lado, y otro hombre que terminaría siendo reconocido como caudillo, Salvador Nava Martínez, por el otro, daban cuenta de la excepcionalidad de la clase política. Pero no queda ahí todo, ya que el movimiento navista, originado en los cincuenta, resurgió en la década de los ochenta. Ya para ese tiempo, de nuevo se produjeron movimientos de la clase política que metieron al estado en un periodo de turbulencia política por un periodo aproximado de 18 años, cuando se detiene la primera investigación que aplica el modelo, en la que se añaden datos de la excepcionalidad de la clase política de la que se viene hablando.

Asimismo, se podrían dar opiniones sobre cierto comportamiento diferenciado de los medios de comunicación y de formas particulares de relaciones interpersonales, que ponían a San Luis Potosí como un estado con los elementos suficientes para decir que tenía una subcultura política. Claro está que habría que realizar una investigación específica en profundidad para confirmar esta aseveración. Y éste fue el planteamiento al finalizar la primera investigación, ya que los datos me permitían tener esa sospecha.

En la segunda investigación se consideraron todas aquellas recomendaciones y experiencias obtenidas en el pasado para la adaptación del modelo por segunda ocasión. De modo que se tomó en cuenta la posibilidad de que existiera una subcultura política y, puesto que había sido una variable reconocida como influyente en las variables explicativas, se buscó indagar más a fondo en esta nueva experiencia sobre esta variable. Por tanto, se procedió a incorporar preguntas sobre cultura política en el cuestionario que se aplicó a los miembros de la élite política gobernante. Todo ello a fin de obtener evidencia que permitiera confirmar la existencia de una subcultura política. Sin embargo, las respuestas no arrojaron nada excepcional, circunstancia que hizo replantear la posibilidad de una subcultura política en San Luis Potosí.

No encontrándose evidencia de comportamientos electorales sui géneris, de rasgos de la clase política destacados, de actitudes especiales de los medios de comunicación o de formas interpersonales de relación diferentes que llevaran a pensar en una subcultura política continuada para el periodo de estudio de 1997 a 2009, se tomo como válida la cultura política de México.

Al reconocer que San Luis Potosí ha perdido los rasgos diferenciados que tuvo en el pasado con respecto de otros estados y al caer en la cuenta de que nada destacado ha ocurrido al observar las conclusiones que el presente trabajo arroja, puedo decir que estos años han sido de una gran inercia gubernamental y política. De una gran medianía de la élite política gobernante.

Aun más, si relacionamos lo antes dicho con la confirmación de la hipótesis de este trabajo que le da una preeminencia al gobernador en las decisiones de todos los asuntos públicos, nos enfrentamos con que ellos tienen grandes implicaciones en que el Estado y la élite en San Luis Potosí sean regulares, tirando a malos; tal como se define mediocre.

Si se asume la irrelevancia de los gobiernos, de los gobernadores y de la élite política gobernante en general, se encuentra una explicación a la ausencia de políticos, maduros y jóvenes, en el sentido más digno. Si la referencia son las acciones, se puede entender por qué no hay proyectos, programas o políticas que presenten al estado con otros horizontes.

En resumen, San Luis Potosí ha sido dirigido por hombres que no han podido, no han sabido o no han querido hacer las cosas distintas. Han gobernado de acuerdo con su entender y siguiendo una inercia. Tam-poco les ha importado contar con instituciones fuertes ni verdaderos partidos políticos. Ésta es una evidencia palmaria en las dos investigaciones llevadas a cabo, pues el partido sostenedor, sea el pri o el pan, poco o nada interviene en los gobiernos que llevan al poder. De tal suerte que la posibilidad de una subcultura política, como se vislumbró, es nula. Los procesos políticos en San Luis Potosí tienen la misma lógica que los nacionales; los comportamientos de los hombres que han ocupado los cargos políticos son predecibles siguiendo los acontecimientos de México. Lo mismo se puede decir de los medios de comunicación y de las relaciones interpersonales. Estos acontecimientos han producido una sociedad anquilosada en la cual a los que han ocupado el poder político no les ha interesado formar a nuevas generaciones que, si bien es un papel al margen de su actividad, es un hecho que distingue a los políticos con mayúsculas. Pero si no son políticos, nada de esto se puede esperar.

Anexo

Cuestionario Aplicado

La élite gobernante en San Luis Potosí,1997-2009, de Hugo Alejandro Borjas García

– Libro electrónico –

Edición al cuidado de Ediciones y Gráficos Eón,

la Unidad de Publicaciones de El Colegio

de San Luis y el autor en noviembre de 2014.

Para comentarios enviarlos a

libros@colsan.edu.mx