COLECCIÓN INVESTIGACIONES

La disputa por la Laguna Chignahuapan en el Estado de México.

Proyectos de desecación, trasvase de agua y defensa de la Tierra

Edgar Talledos Sánchez

Ficha catalográfica de la versión impresa

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Talledos Sánchez, Edgar

La disputa por la Laguna Chignahuapan en el Estado de México. Proyectos de desecación, trasvase de agua y defensa de la tierra / Edgar Talledos Sánchez. – 1ª edición. – San Luis Potosí, San Luis Potosí :  El Colegio de San Luis, A.C., 2016

 148 páginas : mapas, ilustraciones ;  23 cm. – (Colección Investigaciones)  

Incluye bibliografía (páginas 137-144)     

ISBN: 978-607-8500-16-1

1.- Agua – Abastecimiento – México (Estado) 2. Lagunas – Estado de México – Historia  3.- Tierras – Tenencia – México (Estado) – Historia II. t. III. s.

Primera edición en formato impreso, 2016

Primera edición en formato digital, 2017

DR © 2016 El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Colinas del Parque

San Luis Potosí, S.L.P., 78299

www.colsan.edu.mx

ISBN edición impresa:  978-607-8500-16-1

E-ISBN edición digital: 978-607-8500-28-4

Diseño de portada: Natalia Rojas Nieto

Realización del ebook: Sigma Servicios Editoriales

Hecho en México / Made in Mexico

Agradecimientos

La investigación además de búsqueda de libros, revistas, archivos, lectura y escritura precisa de hombres y mujeres que con su paciencia y amabilidad cuenten la historia de su pueblo, colonia o barrio. Igualmente de personas que con ánimo de debate lean los borradores y sugieran recortes, ampliaciones y correcciones. Este libro es posible gracias a todas estas contribuciones. Claro está que cualquier error en él es responsabilidad del autor. Quiero agradecer a los dictaminadores sus sugerencias, así como al Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, que en sus seminarios y diálogo permitió ampliar algunas de las ideas del texto. También a Mariana Guzmán Díaz, Aldo Chávez Nava por sus comentarios. Asimismo a los profesores Antonio Carlos Robert de Moraes †, Manoel Fernandez de Souza Neto y Wagner Costa de Ribeiro, del Departamento de Geografía en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo, por sus observaciones a la obra.

A Alma

Introducción1

El libro que se presenta a continuación es el resultado de una investigación sobre los conflictos y disputas por la laguna Chignahuapan, la cual da origen al río Lerma (antiguo Matlazinco), entre productores lacustres, hacendados, gobierno estatal y federal. El texto se concentra en las formas y estrategias que los pueblos ribereños ––San Mateo Texcalyácac, Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán, en el Estado de México–– emprendieron en la defensa de la laguna, en el siglo xix y hasta mediados del xx, frente a los intentos de desecación de hacendados, el gobierno estatal y gobierno federal y cuando se trasvasó el agua de sus manantiales para abastecer a la Ciudad de México en el proyecto denominado Primera Fase del Sistema Lerma, en la cuarta década del siglo pasado.

Es particularmente importante observar que estos pueblos produjeron, organizaron, usaron y gestionaron la laguna como un espacio lacustre. Así, se reconoce que la laguna Chignahuapan fue y formó parte de un modo de vida lacustre (Albores, 1995, 2001), en el que hombres y mujeres, instituciones, infraestructura, empresas y medio ecológico tuvieron como base local y regional una estructura económica, política, social y cultural a partir del sistema lagunar (conocido como lagunas del Lerma) que se origina en las estribaciones del volcán Xinantécatl (Nevado de Toluca) y forma el río Lerma.

Los productores lacustres de estos pueblos organizan, administran y delimitan la laguna en zonas de pesca, caza, cultivo de tule, siembra de maíz y verduras. Regionalizan áreas en la laguna como formas espaciales fundamentales para producir sus alimentos y las pasturas para el ganado, y para los lugares que se arriendan a pobladores vecinos por parte del ayuntamiento para explotar los productos de la laguna. De la misma forma, para defenderla de municipios contiguos e intereses extralocales.

Un punto sustancial en la pesquisa es que se otorgó predominancia epistemológica a los pueblos, a la laguna y su espacio lacustre para ilustrar la complejidad de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas de los pueblos y de la región de las lagunas del Lerma, en la lógica de analizar la vida social alrededor, sobre y por la laguna Chignahuapan. Para no homogenizar una zona del Estado de México y de México mismo, como la del Alto Lerma, tendencia que ha predominado en las investigaciones incluso históricas, antropológicas y sociológicas. En ese sentido, son axiales la laguna del pueblo, el agua y el territorio local, con sus instituciones, conflictos, controversias y luchas.

Esto no significa que se desconozca la existencia de un conjunto de investigaciones que explican de manera profunda la región de los pueblos ––Morales (1988); Albores (1995, 2002); Romero Lankao (2002); Camacho (2005, 2007b); McClung y Sugiura (2004)––, sino que se plantea en términos analíticos observar la manera cómo lo local se articula en una compleja red política y económica desde diversas escalas de poder, donde, por supuesto, existen proceso globales y locales, pero también regionales, nacionales e internacionales, a partir de los cuales se produce el espacio social (Santos, 2001: 36; Swyngedouw, 2013: 506). Se coloca de esa forma al espacio y tiempo local en el núcleo del proceso en los conflictos por la laguna Chignahuapan en San Mateo Texcalyácac, Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán, ribereños a ésta (Figura 1).

De ahí también se entiende la existencia, en los ámbitos nacional y regional, de un proceso urbano-industrial en la capital del país que precisa de agua, a partir de un discurso de insuficiencia y falta de fuentes hídricas para sus necesidades. Al mismo tiempo, se propugna la centralización del manejo del agua por parte del gobierno federal, lo que afecta la lógica regional y local en los pueblos y la región lacustre que han estudiado de forma amplia Sugiura (2015), Albores (1995) y Camacho (2005, 2007a, 2007b).

En este entendido, la investigación partió de recorridos de campo en los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac, para realizar más de 20 entrevistas2 a ex autoridades municipales, ejidales y comunales, diputados, campesinos y amas de casa, y se hicieron al menos cuatro recorridos por el vaso de la laguna. Para ello, fue importante comprender cómo se produjo el espacio lacustre, cómo derivó en un espacio agrícola, qué zonas se disputaron históricamente por parte de pueblos vecinos, hacendados y empresarios, además de detectar dónde se encontraban los manantiales y pozos que se llevaban el agua a la Ciudad de México en la Primera Fase del Sistema Lerma. Esto, para tener un cuadro que permitiera entender qué y cómo se disputa. De la misma manera, se consultó el acervo del Archivo Histórico del Agua, el Archivo Histórico del Distrito Federal Palacio de los Condes de Heras Soto, el Archivo General Agrario y el Archivo del Ejido de Santa Cruz Atizapán. Como se aprecia, la investigación se realizó con base en diversos métodos: trabajo de gabinete, consultas de investigaciones sobre la región, entrevistas semiestructuradas, recorridos de campo y trabajo de archivo.

De esta forma, se generó una explicación y se comprendió que los tres pueblos que se estudian formaban parte de una región lacustre que hasta antes del trasvase del agua a la Ciudad de México se dividió y articuló en tres lagunas donde se podían reconocer dos regiones:

La primera, la de la laguna Chignahuapan,3 donde los pueblos ribereños (antes del trasvase del agua a la Ciudad de México) eran San Mateo Texcalyácac; Almoloya del Río; Santa Cruz Atizapán; San Pedro Techuchulco, del municipio de Joquicingo; el pueblo de Jajalpa, perteneciente a Tenango; Santa María de la Asunción, del municipio de Rayón; el pueblo San Lucas Tepemajalco, del municipio de San Antonio la Isla; y la cabecera municipal de San Antonio la Isla y la Hacienda de Atenco, que se encontraba en territorio de Santiago Tianguistenco (Archivo Histórico del Agua, Fondo Aguas Nacionales, caja 10, exp. 163).

La segunda, la de la laguna Chimaliapan o Atenco, donde los pueblos ribereños eran San Pedro Tlatizapan, Capulhuac, Santiago Tianguistenco, San Pedro Tultepec, Ocoyoacac, San Pedro Cholula, San Mateo Atenco y las haciendas de Atizapán y Texcaltenco.

La tercera, nombrada laguna de Lerma, ahí los ribereños fueron dueños de las haciendas de San Antonio de Papua (o Doña Rosa) y el Cerrillo; San Nicolás Peralta y sus anexos; Santa Catarina, Cocoapan y Mayorazgo; así como los ranchos de Alta Empresa (propiedad de la hacienda Doña Rosa), Amomolulco y Santa Teresa, y los pueblos de Atarasquillo y Lerma (Camacho, 2005: 6).

En la primera región se localizó el mayor número de pueblos que vivían de las lagunas. En la segunda, en cambio, predominaron las haciendas donde las actividades primordiales fueron la producción ganadera y agrícola, y el comercio, aunque también los pueblos de Lerma y Atarasquillo presentaban una importante actividad lacustre (Camacho, 2005: 6-7). Esto se menciona para clarificar la complejidad tanto del lugar como para localizar a la laguna Chignahuapan.

A partir de estas consideraciones, es necesario explicar cómo se estableció la propiedad de las lagunas, sus usos y usufructos por parte de los pueblos ribereños San Mateo Texcalyácac,4 Almoloya del Río5 y Santa Cruz Atizapán6 durante parte del siglo xix y los primeros años del xx, y de esta forma entender cómo ocurrieron las disputas, los distintos acuerdos políticos o las imposiciones gubernamentales, además de los conflictos que se derivaron tras el trasvase de agua a la Ciudad de México.

La obra, entonces, visualiza primero cómo los pueblos ribereños en realidad son un espacio lacustre que articula su vida política y económica en y por la laguna. Segundo, observa qué actores emprendieron esfuerzos políticos y económicos para tratar de desecar la laguna, y qué intereses se fueron asentando para que los pueblos, después de permanentes luchas legales y armadas, cedieran el agua para que el gobierno federal la trasladara a la Ciudad de México. En todo ello se muestra cómo convergen distintas escalas de actuación e intereses políticos y económicos: gobierno federal, estatal, municipal, empresarios, hacendados; que son parte de la argamasa de los conflictos en y por la laguna Chignahuapan.

De esa manera, se buscó a los actores políticos y sociales involucrados para analizar la existencia de distintos tiempos con diversos actores que a veces confluían para defender la laguna o para intentar desecarla, como los empresarios privados y los hacendados, además de advertir que la puesta en operación del trasvase de agua obedeció a intenciones económicas y políticas, con sujetos localizables en las esferas gubernamentales, financieras, empresariales, eclesiásticas y locales.

El proyecto de trasvase, además, requirió de un personal especializado encargado de escudriñar el terreno, hacer mediciones, elaborar planos, diseñar soluciones técnicas, sugerir materiales, calcular costos y demás tareas. Al tiempo que requirió de puestos de mando, inspección, supervisión y administración de operarios y mano de obra para las actividades constructivas y las de planeación y de comunicación, así como en todo lo que implicaba la participación de los lugareños y los distintos actores sociales para el allanamiento de obstáculos y la resolución de conflictos.

Estructura de la obra

La presente obra contiene siete capítulos. En el primero se aborda una discusión teórico-metodológica sobre la naturaleza, el espacio, el territorio y el agua; en la que el territorio y el agua tienen una relación estrecha pero que, en el caso de México, se ha tratado de disociar desde el ámbito jurídico, aunque en todo momento mantiene vínculos que no se entienden si se separan.

Se parte de la consideración de la naturaleza, primero, porque se trata de “un concepto y todas esas cosas físicas a que se refiere el concepto”, como afirma Castree (2001: 5); y por lo mismo, también tiene múltiples significados como ocurre con las categorías espacio, tierra, terreno y territorio. Con base en esto, se analiza en esta sección qué son naturaleza, espacio y territorio; lo cual es fundamental, pues de ello se deriva asimismo una definición y concepción del agua y de la laguna. De esto se continúa con el examen de las diputas por la laguna Chignahuapan.

En el segundo capítulo se explica cómo se produce el espacio lacustre y se articula el territorio municipal de los tres pueblos ribereños a la laguna Chignahuapan. Mediante un examen histórico, se revisa la región conocida como lagunas de Lerma, sus antecedentes de usufructo, en particular de la laguna Chignahuapan, así como las disputas y conflictos entre los distintos actores: pueblos, hacendados, empresarios y gobierno estatal y federal.

En el tercero se analizan los intentos de desecación de la laguna por parte de hacendados, empresarios y gobierno estatal, donde los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac defienden, por medio de su ayuntamiento la laguna, con sus zonas de pesca, de caza, de recolección de tule, de arriendos; es decir, con sus límites y fronteras históricas.

En el cuarto se estudia el tiempo y el espacio del trasvase de agua para la Ciudad de México y cómo se trasformaron espacialmente los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac, en el Estado de México, por este motivo. Igualmente, se indaga cuáles fueron los acuerdos políticos o las imposiciones gubernamentales hacia estos pueblos, cuál fue la reacción de las autoridades locales y de los pobladores de los tres pueblos ante la embestida de una nueva estructuración política y espacial impulsada por el gobierno federal para beneficio de la Ciudad de México.

El quinto se centra en las formas cómo se reestructuró la espacialidad de estos pueblos ribereños tras la incorporación de tierras por desecación de las lagunas de Lerma, así como los problemas que acarreó y cómo los enfrentaron las comunidades lacustres con la puesta en operación, en 1951, del trasvase de agua a la Ciudad de México.

En el sexto se observa cómo los pueblos ribereños a la laguna Chignahuapan devendrán en comunidades agrícolas y ganaderas que quedarán supeditadas a las necesidades del espacio urbano-industrial de la capital del país. En este punto es importante mencionar que una nueva perspectiva del manejo del agua comenzó a desarrollarse a principios del siglo xx en México con gran intervención federal (Aboites, 2005), la cual implicó el uso de grandes volúmenes de agua, la construcción de grandes presas, la desecación de lagos y la construcción de trasvases, como parte de este nuevo manejo del agua.

En el séptimo capítulo, se abordan las reflexiones finales. Se establece una discusión sobre las consecuencias y formas sociales y políticas que adoptaron las diversas disputas por la laguna y por el mismo trasvase. Se revisa el concepto de cuenca y las divisiones de cuenca alta, media y baja del río Lerma, puesto que desde la perspectiva de esta obra, se sostiene que el término cuenca tiende a homogeneizar e invisibilizar procesos locales y regionales fundamentales para comprender la forma de gestionar y administrar el agua en México. Finalmente se propone considerar en esto el término de espacio hidrosocial que permita establecer una mayor complejidad en las formas y funciones que el espacio, el territorio y el agua adquieren en su producción social contemporánea.

En síntesis, se puede afirmar que la posesión de la tierra y el agua fue el indicador clave de las luchas, las disputas por el poder y los conflictos en San Mateo Texcalyácac, Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán frente al gobierno federal. En los capítulos siguientes podrá verse cómo aconteció este proceso y su producción espacial en la triada: tierra, terrenos y territorio.

Figura 1. Representación de la laguna Chignahuapan

1. Naturaleza, Espacio y Territorio

La naturaleza es un concepto promiscuo en el sentido que se utiliza a diario en multitud de situaciones, por una gran variedad de individuos, grupos y organizaciones (Castree, 2001: 5, 13). No obstante la idea base, del concepto del cual se parte es que existe una relación entre ser humano y naturaleza, de transformación permanente. Ésta se produce mediante un dominio cultural en el que los seres humanos generan artificios culturales, semióticos, políticos; que se apropian del mundo material en un proceso de metabolismo práctico entre el hombre y lo natural7 (Echeverría, 2011: 12). Existe un juego dialéctico donde lo natural pone su propia parte en un sustrato que no es inerme, vacío, que no puede ser tomado arbitrariamente, sino en acciones que complementan en tiempos y ritmos espaciales dilatados o cortos una “acción natural […] siempre en proceso por sí misma” (Echeverría, 2008: 27).

En este sentido, lo natural “provee recursos para la actividad creativa y productiva del hombre social”, además de valores de uso que, en tanto no intercambiables, “retornan hacia la naturaleza o sirven como bien natural” (Lefebvre, 2014: 127). En donde vale la pena decir, viran a una forma de producción de carácter político debido a que el ser humano engendra todo el tiempo en su seno a un ser semiótico que “hace de él un ser de lenguaje, de logos” (Echeverría, 2001: 97). Así, la “tierra y la naturaleza no se pueden separar” (Lefebvre, 2014: 127).

Por tanto, lo que habitualmente se denomina como bienes “naturales”: árboles, ríos, animales, montañas, agua o cualquier otra cosa que no deriva del trabajo social, se encuentra inmerso en el mundo político de los seres humanos, dentro de un arreglo espacial y temporal social, cultural y económico en el que se apropian como objetos con valores de uso que sirven a la producción de una sociedad, puesto que el ser humano dentro de la naturaleza “se produce como todos los seres vivos mediante la producción y el consumo de determinados bienes que saca de ella. Lleva a cabo transformaciones en la naturaleza y vive de ellas” (Echeverría, 2001: 52).

Ello acontece sobre todo porque el ser social apremia a conservar y mantener la vida en términos físicos. Por lo mismo, no puede sólo “producir o consumir ciertas cosas, sino que simultáneamente debe también producir y consumir la forma concreta de su sociabilidad; debe modificar y usar las relaciones sociales de convivencia que le caracterizan que interconectan e identifican a sus diferentes elementos o miembros individuales” (Echeverría 2001: 62).

Tal como se observa, la naturaleza es eminentemente social y política, cargada de valores, intenciones: políticas, económicas, culturales, tecnológicas y de relaciones globales, locales, regionales, nacionales específicas, puesto que “lo mundial no anula lo local” (Lefebvre, 2014: 142). Por esto, el mismo ‘pedazo’ de naturaleza ––la selva, un río, el bosque, el mar–– tendrá diferentes atributos físicos y consecuencias para las sociedades, dependiendo de cómo éstas lo usan y producen. En estas consideraciones, sus características físicas se supeditan a las prácticas sociales. Por lo mismo, se puede ilustrar cómo tanto en el nordeste brasileño como en diversas regiones del planeta la variabilidad climática siempre ha sido uno de los factores más notables de la vida local, vinculada a las migraciones cíclicas de población y a las manifestaciones religiosas de ésta (Taddei, 2008: 338-339).

De este modo, se afirma que la naturaleza se incorpora al espacio del hombre cuando es absorbida por el proceso de la historia humana (Moreira, 2007: 65). En este proceso, la “naturaleza” se produce. Todo lo natural se modifica; pasa así de primera a segunda naturaleza en un proceso de transformación continua y progresiva que tiene como base el trabajo humano, la ciencia y la técnica; esto la dirige a transformarse en tecnología históricamente acumulada (Santos, 1986: 12). En este sentido, la naturaleza será y es el núcleo de la producción de espacio “rudamente tratada hoy, amenazada, probablemente arruinada y, con toda seguridad y paradójicamente, localizada” (Lefebvre, 2014: 177).

Se puede sostener que en la producción de la naturaleza que implica una producción espacial el ser humano se instaló justo en el centro de ésta por medio del trabajo (Smith, 2006: 57). Por consiguiente, bosques, selva, ríos, agua, “las ovejas y los perros, bajo su forma actual, ciertamente, aunque malgré eux, son productos de un proceso histórico” (Marx y Engels, 1958: 83). En estas condiciones no se puede sostener una concepción dual de la sociedad-naturaleza, ambiente-sociedad, ni entender a la historia fuera de ésta: “La antítesis de naturaleza e historia, como si se tratase de dos cosas distintas y el hombre no tuviera siempre ante sí una naturaleza histórica y una historia natural” (1958: 47).

De esta forma, lo “natural” se produce porque el ambiente no preexiste. Aquél en el que vive actualmente la humanidad es el resultado de una tensión dialéctica. En otras palabras: “Esta naturaleza anterior a la historia humana no es la naturaleza en que vive Feuerbach, sino una naturaleza que, fuera tal vez de unas cuantas islas coralinas australianas de reciente formación, no existe ya hoy en parte alguna, ni existe tampoco, por tanto, para Feuerbach” (1958: 48). De esto se desprende que las visiones conservadoras sobre lo natural representan sólo una imagen ideológica encriptada de residuos de bosques o selvas prístinos, con agua incolora inodora e insípida. Y “así se explica por qué Feuerbach en Manchester, por ejemplo, sólo encuentra fábricas y máquinas donde hace unos cien años no había más que ruedas de hilar y telares movidos a mano, o que en la Campana di Roma, donde en la época de Augusto no habría encontrado más que viñedos y villas de capitalistas romanos, sólo hay hoy pastizales y pantanos” (1958: 47-48).

En virtud de esto, la naturaleza no se “preserva” sólo en la consideración de los resultados escenográficos de la realidad ambiental: lo paisajístico. En particular, porque en la sociedad contemporánea capitalista la producción de la naturaleza entró en una dinámica donde el valor de cambio trata todo el tiempo de imponerse al de uso como imperativo social, como necesidad y sobrevivencia de la reproducción del capital; donde el valor de cambio subordina al valor de uso para la obtención de la mayor tasa de ganancia. De esta forma, agua, bosques, ríos, manantiales quedan supeditados a esta relación de acumulación que, sobra decir, no se da bajo una producción social en armonía, “sin contradicción, sin conflicto”, sin ires y venires, con una simultaneidad de tiempos y de espacios, en abigarrados sedimentos políticos y económicos colmados de símbolos que tratan de imponerse o mantenerse (Lefebvre, 1970: 23).

Con base en el imperativo del proceso de acumulación, el capitalismo como modo de producción debe expandirse de forma continua para sobrevivir. La reproducción de la vida material es por completo dependiente de la producción y la reproducción del plusvalor. Con este objetivo, el capital deambula por la tierra en busca de recursos materiales. La naturaleza se convierte en un medio universal de producción en el sentido de que no sólo provee los sujetos, los objetos y los instrumentos de producción, sino que es también en su totalidad un apéndice del proceso de producción (Smith, 2006: 35).

La naturaleza, lo natural, se encuentra incorporada al mundo de la propiedad (Nieto, 2004) bajo reglas internacionales, nacionales y locales, donde por un lado se tornó privada, nacional, federal o de una empresa trasnacional, de reserva indígena; y por otro, comunal, ejidal. En este punto, vale la pena destacar cómo en el mundo presente han germinado agrias disputas sobre la forma de administrar la segunda naturaleza: manejar los bosques, el agua, la tierra de localidades campesinas, urbanas, indígenas y mestizas frente a los empresarios o el mismo Estado-nación que promueven la entrada de estos bienes comunes al mundo de las mercancías (como el caso que me ocupa de los pueblos ribereños a la laguna Chignahuapan), donde la plusvalía es el fin último y el motivo impulsor del producto capitalista.

En complejas y contradictorias relaciones están implicados: agua, bosque, mar, selva, río, etcétera, en un intento de “integración al capitalismo de la agricultura y también de la ciudad histórica, extensión al espacio entero, comprendida la montaña y el mar” (Lefebvre, 1974: 221). Desde el subrayado de que la naturaleza es histórica, tecnología acumulada a lo largo del tiempo que en la fase actual en América Latina y México se produce en una nueva revolución tecnológica y de ingeniería; resultado de las relaciones sociales y de poder, y por tanto llevan consigo las contradicciones mismas de la sociedad (Gonçalves, 2002: 15).

En estas circunstancias es que la segunda naturaleza se produce, por lo que es necesario observarla junto con las condiciones económicas y políticas imperantes. De manera semejante, es necesario escudriñar las vertientes por donde se anclan y anidan las diferentes escalas de poder, los intereses y discursos, puesto que éstos otorgan la forma y función de cómo se produce, se intenta preservar o se defiende en lo local, primordialmente en el caso mexicano: la Selva Lacandona, el mangle en Quintana Roo, la Selva Baja Caducifolia en Oaxaca, el agua subterránea en la ciudad de San Luis Potosí, el río Atoyac en Puebla, las lagunas y el río Lerma, el bosque de los Pueblos Mancomunados de Oaxaca, el agua del río Yaqui, por citar algunos ejemplos.

De ahí el discurso e idea de “ordenar”, “planear” el espacio, el territorio, por medio de una idea de espacio abstracto, lleno de puntos, líneas, planos, obras de infraestructura, inversiones y estudios científicos y técnicos; en donde la idea de un “especialista” o tecnólogo premia, plantea la interrogante sobre la concepción misma del tipo de naturaleza, de espacio y por supuesto, de relación social que se plantea. Sobre todo porque esto gira en torno a la legitimación y continuación del esquema de relación tecnológica y social que oculta las desigualdades en el interior del país y entre los estados que a la postre reproducen el orden económico y político internacional (Lezama, 2001: 11).

Por lo mismo, se puede aseverar que contrariamente a lo que tan a menudo vemos reflejado en los mensajes de los mass media, no sólo hay problemas del mal manejo y desperdicio de agua local, o autoecológicos, sino que al contrario, persisten graves problemas ambientales consecuencia del sistema social imperante, pues “no existe ningún tipo de crisis de funcionamiento en los sistemas naturales, no se ha producido ningún fallo de los mecanismos de base. Los organismos continúan funcionando con perfecta regularidad; en efecto, los códigos genéticos no han perdido su capacidad de regular las actuaciones de seres vivos y los sistemas absorben adaptándose a las circunstancias, las situaciones a las que se enfrentan” (Folch, 2000: 29).

Para sumergirse en la problemática de la naturaleza (del agua en específico), en la actualidad se tiene que tomar en cuenta que va más allá de sólo una descripción ecológica. Un punto clave es cómo desde lo local se administran, manejan y defienden diferentes formas de uso y propiedad del agua e infraestructura hidráulica, lo cual, claro está, se encuentra sumergido en la lógica de los planes gubernamentales, de funcionarios públicos de organismos internacionales, como el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi), la Organización Mundial del Comercio (omc); de Estados-nación; de movimientos ecologistas, de asociaciones civiles de pueblos y comunidades, en un mundo cada vez más urbano donde la reestructuración y ocupación de los lugares, la transformación del paisaje físico y social suceden mediante procesos socioespaciales, multiescalares y conflictivos (Swyngedouw, 2013: 522).

En este análisis, un punto sustancial es primero observar que el espacio social no es soporte, sustrato o receptáculo de las acciones humanas; segundo, tampoco es base física o escenario, sino un espacio producido en el cual la naturaleza es una condición concreta de la existencia social de los hombres (Moreira, 2007: 64-65). Asimismo, porque éste es parte, producto, forma constitutiva de la naturaleza y las relaciones sociales y significadas (Sack, 1993: 328); es la naturaleza producida, la segunda naturaleza.

El espacio y el tiempo como producto de la acción humana, son fundamentales, puesto que expresan en todo momento las relaciones sociales que le dieron origen. En ese sentido, dicha acción manifiesta su historicidad, temporalidad y contradicciones, donde los objetos técnicos, la infraestructura resultado de un conocimiento especializado que levanta grandes obras de ingeniería civil, por ejemplo, por medio de un complejo proceso político, económico y social, articulan la forma socioespacial pasada y presente.

El espacio producto del trabajo humano es, a su vez, la segunda naturaleza, es tiempo y espacio acumulados históricamente que se articulan en su funcionalidad, simultaneidad y contradicciones presentes (Moraes, 2002: 15 y 22). Desde esta perspectiva, toda acción social se realiza en un espacio determinado en un periodo preciso bajo la condición de relaciones espaciales (Carlos, 2012: 13). En este caso, el espacio, el cual incluye “redes y ramificaciones que facilitan el intercambio de artículos e informaciones. No se reduce ni a los objetos que contiene ni a su mera agregación. Esos ‘objetos’ no son únicamente cosas, sino también relaciones. En calidad de objetos, poseen particularidades discernibles, formas y contornos. El trabajo social los transforma y los sitúa en otra configuración espacio temporal, incluso cuando no afectan su materialidad ni su estado material (como en el caso de una isla, un golfo, un río o una montaña)” (Lefebvre, 2014: 134).

Por ende, en el análisis aquí adoptado, los objetos naturales son parte de los objetos técnicos si se considera el criterio del posible uso; asimismo, son parte de la segunda naturaleza (Santos, 2000: 34). Entonces, el espacio es parte y produce una relación social “inherente a las relaciones de propiedad (del suelo, de la tierra y del agua en particular); y por otro lado, está ligado a las fuerzas productivas (que conforman esa tierra, ese suelo). Obsérvese que el espacio social manifiesta su polivalencia, su ‘realidad’ a la vez forma y material” (Lefebvre, 2014: 141). En tal caso, éste se produce como un espacio hibrido, con herencias socioterritoriales, demográficas, políticas y culturales (Santos, 2000: 37-38).

El espacio está constituido por las fuerzas de las distintas escalas que intervienen y por objetos de otras épocas que se integran en cada instante a la transformación del lugar en un proceso de simultaneidad, puesto que expresa la temporalidad y espacialidad que le dio origen, pero también su nueva funcionalidad, así lo expresa Octavio Paz: “Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía” (2014: 45). Como ejemplo puede mencionarse a las hidroeléctricas y los ríos que controlan, construidas en el siglo xx, totalmente integradas a las nuevas funciones y formas del siglo xxi; o los ríos pretéritos, ahora cauces del drenaje de la ciudad que se dirige al mar.

Sobre la base de las ideas expuestas, se puede decir que la producción del espacio contiene diversos y múltiples territorios, los cuales necesitan ser entendidos en sus especificidades y sus vinculaciones económicas, políticas, culturales y técnicas. Por lo mismo, es conveniente diferenciar de manera conceptual tierra, terreno y territorio, bajo el argumento de que se hallan fuertemente entrelazados en la producción social del espacio.

La tierra es una relación de propiedad, un recurso finito que se distribuye, asigna; y la propiedad, una cuestión política-económica. La tierra es un recurso sobre el que existe competencia.

El terreno es una relación de poder con una herencia en la geología y los militares, el control de lo que permite la creación y el mantenimiento del orden. Como “campo”, un sitio de trabajo o de batalla, se trata de una cuestión política-estratégica.

El territorio puede entenderse como una tecnología política: comprende técnicas para medir la tierra y el control del terreno ––la técnica y lo legal––. Hay que pensarlo junto con el económico y estratégico (Elden, 2010: 799 y 804).

Con el capitalismo y el surgimiento del Estado moderno se consolidó la idea de la tierra como un activo sujeto a impuestos e incluso como una mercancía que puede ser enajenada, traspasada como terreno estratégico para transacciones económicas o como punto de almacenamiento, circulación o consumo. No obstante, esto ha sido diverso a lo largo y ancho del planeta y en el interior de los países debido a que se sedimentaron múltiples articulaciones políticas, económicas e históricas de poblaciones indígenas, afromestizas, mestizas, quilombolas, etc., y la forma capitalista del espacio encarnó en múltiples metamorfosis en su camino, lo que llevó a manejar y administrar las tierras y el territorio de forma comunal o, en el caso de México, ejidal (incluso con base en la pequeña propiedad privada en los mismos pueblos indígenas, donde los vínculos de organización política en la localidad se entretejieron en lo comunitario), en una fuerte y concentrada disputa frente al Estado-nación, empresas trasnacionales o propietarios privados.

En este sentido, se sostiene que existen múltiples espacios con territorios específicos, en un entramado complejo, entreverado de símbolos y códigos culturales, de leyes, normas, reglas, costumbres locales, regionales, nacionales e internacionales que norman las tierras y los terrenos. En virtud de esto, los aspectos legales, la propiedad, la soberanía, jurisdicción y autoridad de la tierra y el territorio son importantes en la forma como se estructura un territorio y como las tierras se recuperan o pierden en la lucha constante por mantenerlas (Elden, 2010: 809). Así, tierra, terreno y territorio son parte de la producción espacial actual, las cuales se articulan en cada caso específico en el conflicto político, los intereses económicos y defensas con discurso ambiental o agrario. En consecuencia, el territorio requiere abordarse políticamente en su especificidad histórica, geográfica y conceptual (2010: 812). De la misma manera, se debe pensar el agua en conjunto con la tríada tierra, terreno y territorio. Esencialmente, porque el agua, si bien aparece en primera instancia en un discurso que lo sustenta con toda una base científica y técnica como un bien que se toma de la naturaleza, descrito como uno de los mejores disolventes que desempeña un papel fundamental en la distribución de las temperaturas y constituye la base esencial de las células y de la vida en el planeta, no puede reducirse sólo a esas condiciones. Básicamente, porque ella, al igual que árboles, perros, plantas, es parte constitutiva de la producción del espacio social. De esa forma, el agua en realidad se ancla a la forma de la propia segunda naturaleza, en un mundo político, simbólico que no obstante, no deja de ser elemento químico, físico y atmosférico, y no prescinde de su valor de uso, pero está al mismo tiempo dominada, almacenada, tratada, es cotidiana y anodina en una amplia complejidad de infraestructuras de acumulación, de retención, de circulación para llevarla de un punto a otro (Marsily, 2001).

Por esto, el agua presenta una transformación permanente que se desarrolla en una espiral sociohídrica que se metaboliza con las condiciones temporales, espaciales, económicas, políticas y, por supuesto, culturales y semióticas; asimismo, es parte integrante de las relaciones de producción, de circulación y distribución de dinero y capital, y también de los aspectos jurídicos. En esas circunstancias, el agua del manantial, subterránea, del mar, de la laguna y lago es regulada, capturada, bombeada, purificada, ajustada químicamente, vendida, utilizada en los hogares, la agricultura y la industria; transformada en electricidad; bioquímicamente metabolizada por plantas, animales y humanos; integrada en las manifestaciones públicas, en las fuentes y parques públicos de la ciudad; en su drenaje como aguas residuales, que con el tiempo regresan a la “naturaleza” (Swyngedouw 2004: 1).

Se puede afirmar que el agua de la laguna, los terrenos y la tierra de la laguna Chignahuapan se entretejieron en un proceso socioeconómico y político que produjo y transformó espacialmente a los pueblos ribereños: San Mateo Texcalyácac, Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán; a la misma Ciudad de México, a la ciudad de Toluca y por supuesto, al río Lerma; y se combinó con el poder político y económico en una amalgama de discursos y acuerdos internacionales, nacionales y regionales, con la lucha social y económica, para su control y apropiación en acueductos, tubos, bombas, cisternas y grifos (2004: 2).

En particular en el caso de los pueblos ribereños de la laguna Chignahuapan, el agua y la tierra en donde se concentraba y escurría fueron sustento y formaron parte del espacio lacustre donde se producía la vida económica, social, política y cultural de éstos, es decir, en el modo de vida lacustre (Albores, 1995). En ese sentido, la propiedad, sus límites territoriales y regionalización interna de zonas de tule, de pesca, de pastizales, de caza de pato, de plantación de papas de agua, etc., se estructuraron en la lógica del modo de vida lacustre. Por lo mismo, se defendieron de los intentos permanentes de desecar la laguna para producir un espacio agrícola o utilizar el agua para generar energía eléctrica como reclamaban los tiempos a finales del siglo xix.

Posteriormente, con la transformación jurídica y política que trajo consigo el manejo centralizado de los recursos naturales en México ––que se inició en el porfiriato y se consolidó en la posrevolución––, la propiedad de la tierra se escindió de forma legal del agua, y esta última pasó a ser parte de la nación, al igual que la tierra, con la diferencia sustancial de que la última fue dotada o restituida; y la primera concesionada tanto a gobiernos municipales o empresas privadas como a campesinos indígenas y mestizos bajo el estatus de comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios.

Empero, esta disociación jurídica para los productores lacustres, en este caso del agua y la tierra, formó parte de un mismo espacio; no tenían disolución. Es el espacio lacustre con límites, reglas, leyes que se defendió frente a los hacendados y pueblos vecinos simple y sencillamente porque era el espacio con lugares de trabajo, de ocio, de reproducción de la vida social; en realidad, el territorio de los pueblos, con tierras y terrenos delimitados y trabajados con técnicas históricamente acumuladas de pesca, caza, canales, puertos de comunicación entre las comunidades en todo el trayecto colonial.

Este mismo proceso posibilitó que el agua de los manantiales que alimentaban las lagunas Chignahuapan, Chimalipan y Lerma se pensara como una opción para ser trasvasada a la Ciudad de México bajo la premisa de recurso natural indispensable en el desarrollo urbano-industrial que se gestaba en la capital. De esta forma, el agua que según el gobierno federal y en ese entonces el Departamento del Distrito Federal, no se encontraba ya en el valle de México, era necesario trasladarla por medio de una magna obra de ingeniería para abastecer a la población. El agua, como un recurso para dotar un servicio, dejó de cumplir la función de reproducir un espacio lacustre y viró en un servicio; en realidad, un medio con el cual el espacio urbano funciona y se amplía.

El agua tuvo que dirigirse y relocalizarse hacia otro fin y por otros medios técnicos y científicos, en una disputa política y legal impetuosa. Se inició así toda una nueva forma de producción espacial que implicó desde el primer momento una idea de naturaleza, espacio, territorio y tierra. Esto es, el agua como la “cosa” que se traslada por la obra magna como cualquier otra cosa que circula para satisfacer las necesidades de la urbe; el agua como el bien natural que está ahí a la disposición del que pretende ser el “propietario”.

Sin embargo, se encuentra una compleja resistencia no sólo porque existe un espacio lacustre que es la base de la reproducción de la vida, sino porque en él se han cristalizado las disputas legales frente a otros pueblos, propietarios de haciendas o pequeños propietarios que reclamaron en algún momento un pedazo de laguna como propio, el cual las autoridades de los ayuntamientos de los pueblos y la propia población defendieron no por mantener o preservar el ambiente, sino por conservar su propiedad territorial, el legado de sus abuelos, de un tiempo y espacio heredados, sedimentados como el territorio municipal donde la laguna era el núcleo de la relación social.

2. El espacio lacustre. Propiedad y usufructo de la laguna Chignahuapan

En todo el siglo xix y la primera parte del xx el valle de Toluca se consideró como región lacustre por la presencia de las lagunas de Lerma.8 Los pueblos que habitaban en las riberas realizaban actividades propias de un espacio lacustre, como la caza de pato, la pesca, la recolección de tule y de verduras acuáticas, el transporte de madera en los embarcaderos y canales y la comercialización de productos provenientes de ella en otros pueblos o en la plaza de Toluca.

Tal como confirman en sus investigaciones Albores (1995), McClung y Sugiura (2004) y Sugiura (2015), en realidad se puede hablar de un espacio lacustre pretérito producido a lo largo de siglos, al menos desde el periodo Epiclásico (McClung y Sugiura, 2004: 22), posible gracias a que se apropió, significó y produjo, delimitó, organizó y acomodó toda la naturaleza colmada de “costas de lagos, ciénagas y aguas profundas, un área extensa de ‘tierra flotante’ (en Santa Cruz Atizapán la denominan plancha) formada por vegetación acuática y semiacuática en descomposición en sectores relativamente poco profundos” y un área de surgimiento de agua de manantiales (2004: 2).

El espacio producido entre los altos tulares, caminos de agua y veredas de agua, áreas para lavar, canales y muelles significó un extraordinario medio de comunicación y de acceso tanto entre las localidades ribereñas, como San Mateo Texcalyácac, Santa Cruz Atizapán y Almoloya del Río, como a las zonas más profundas de la laguna por medio de canoas que transportaban los cultivos y productos de la lagunas (McClung y Sugiura, 2004; Sugiura, 2015: 186). Espacio que no fue el escenario, sino el producto, la segunda naturaleza en constante transformación que a su vez hacía de los habitantes productores lacustres con un modo de vida lacustre (mvl):

el conjunto de actividades económicas y de aspectos sociales cuya base la constituye la laguna. Mediante tales actividades, no sólo se producen los medios de vida, sino también la continuación de la producción y la continuidad del mismo modo de vida junto con la trama social en la que los hombres, de manera organizada, interactúan con la naturaleza, y que comprenden a las representaciones colectivas. El mvl es muy antiguo y sumamente conservador; su categoría fundamental es la comunidad; y su unidad económica, la familia. En términos estructurales, el mvl se caracteriza por su origen preagrícola y porque su despliegue se circunscribe a un contexto precapitalista (Albores, 1995: 417).

No obstante, vale la pena aclarar que si bien este espacio fue el seno de la vida de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac, durante la época prehispánica y colonial, también otras actividades se practicaban de forma paralela a las lacustres en menor extensión, como la agricultura, la ganadería, la producción artesanal, las manufacturas y el pequeño comercio (estas últimas por lo general se realizaban también gracias a los productos que se obtenían de la laguna).

En Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac el espacio lacustre dominó hasta que aconteció la transformación radical del espacio en la década de 1940, cuando se trasladó el agua a la Ciudad de México. En las épocas prehispánica, colonial, de la independencia y hasta la posrevolución, el espacio lacustre en estos tres pueblos fue hegemónico. La agricultura y ganadería fueron actividades que se encontraban por debajo de otras como la pesca, la extracción de tule, la caza de patos, de ranas, etc. La configuración territorial de la laguna Chignahuapan estaba representada por una zona lagunar con regiones específicas de pesca, de recaudación de verduras y legumbres acuáticas, de diferentes variedades de tule y zonas de cosecha de pasturas para el ganado y de caza de patos; con límites conocidos ampliamente por los pobladores de las comunidades colindantes, con reglas y normas específicas para su utilización. Así, el territorio de cada uno de los pueblos, que norma y vigila el ayuntamiento de éstos, es donde se produce el espacio lacustre.

Un punto a destacar en la época colonial es que el poder estatal, junto con el local municipal, podían tener cierto margen de acción respecto del manejo de su agua y tierra, apoyado en las posesiones de tierras y aguas que otorgó a los pueblos la corona española. Sin embargo, siempre en medio de fuertes disputas y conflictos entre pueblos vecinos, e incluso en el seno de cada pueblo y frente al poder estatal y federal.

A lo largo del siglo xix y principios del xx los pueblos ribereños se mantantuvieron por medio del manejo de producción lacustre del territorio municipal, además de algunas áreas de bosques, terrenos con pastizal y para siembra, como forma de organización de su comunidad. Los mismos ayuntamientos obtuvieron beneficios económicos por los arrendamientos realizados en la explotación de la laguna, sobre todo, y por la utilización de todos los productos extraídos del bosque, como en el caso de San Mateo Texcalyácac.

Un aspecto que se debe mencionar en términos regionales y estatales en el ámbito de la economía del Estado de México, es que la economía lacustre no representó un aspecto significativo debido a que las actividades económicas más importantes en el siglo xix fueron la agricultura, la ganadería y la minería; mientras que la pesca, realizada en el valle de Toluca, la curtiduría y los telares de algodón en Tenango y Tenancingo resultaban ocupaciones muy focalizadas (Camacho, 2005: 8). Es importante decir que la agricultura y la ganadería, frente al espacio lacustre, terminaron colocándose como acciones y elementos de presión constante por medio de hacendados o pequeños propietarios en toda la época colonial hasta la posrevolución, para organizar la tierra en su lógica en las riberas de la laguna y en la tierra que yacía debajo del agua.

Es evidente entonces que las actividades económicas basadas en los productos lacustres en los pueblos de San Mateo Texcalyácac, Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán eran un factor indispensable en la base de su reproducción social, pues de ellas dependía el desarrollo mismo de la comunidad (donde se incluían las fiestas patronales de los pueblos, los lugares de recreo y las leyendas de la zona). Ilustrativo de esto es cómo en Almoloya del Río en 1865, el presidente municipal señaló que los principales productos que comerciaban con otros pueblos de los alrededores eran pescados, maíz, cebada y haba:

El principal artículo de consumo es el maíz y poco la carne de res, pues por lo regular se hace uso de los animales que se pescan en la laguna propiedad común […] No hay ramos industriales […] [se] hace comercio y éste consta de los productos que sacan del agua, como son pescado, ajolotes, ranas; y en ciertas temporadas del año, pato y tule con que hacen los petates (Mezt, en Camacho, 2005: 8).

El ayuntamiento de cada uno de los pueblos mencionados, se encargaba de los arriendos, otorgaba permisos sobre el uso de áreas de la laguna y dirimía los conflictos por los usufructos de la misma. Asimismo, administraba y controlaba las infraestructuras, los embarcaderos, los canales de comunicación de la laguna, para ingresar a las zonas de extracción de vegetales, pasturas y pesca. De esta manera, se producía el espacio lacustre y su continuidad visible: el paisaje; así como la articulación territorial de los pueblos de la región con base en la propiedad el agua, la tierra y la laguna, de la cual partían para organizar sus instituciones, infraestructura, y delimitar su territorio. Se puede decir que la segunda naturaleza estaba dada por el modo de vida lacustre de los pueblos.

En este tenor, muchos de los acuerdos políticos entre los distintos pueblos se fincaban sobre el usufructo y los límites de la laguna Chignahuapan, lo que se refleja de manera clara en el aprovechamiento que realizaban los ayuntamientos tanto de Santa Cruz Atizapán como de Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac, que arrendaban partes de la laguna a particulares (a veces vecinos del mismo pueblo o de pueblos colindantes). En dichos contratos, el ayuntamiento proponía las zonas y las restricciones de la explotación; por ejemplo, indicaba lo que tanto el arrendatario como los lugareños debían respetar en la explotación de la laguna.

El arrendatario tenía prohibida la pesca, el corte de tule o la caza del pato en ciertas épocas del año. A su vez, los vecinos del pueblo contaban con el derecho de cortar tule, pescar o recolectar todas las especies vegetales que requiriesen para su subsistencia todo el año (Camacho, 2005: 9).

En Almoloya del Río la laguna Chignahuapan estuvo arrendada en 1855, 1856, 1857, 1858-1860 con permiso del municipio. En estos arrendamientos se establecieron los acuerdos en los que el arrendatario se comprometía a que los vecinos de Almoloya del Río usaran con libertad la laguna para practicar la pesca, el corte del tule y el zacate, considerando que ellos se mantenían única y exclusivamente de esos productos. Además, se estableció que el arrendatario fuera originario del poblado, para evitar conflictos posteriores (como el que se presentó entre San Mateo Texcalyácac y San Pedro Techuchulco, que más adelante se explica).

En el caso de Santa Cruz Atizapán, uno de los arrendamientos que realizó dentro de su territorio, fue entre este pueblo y Sixto Norberto habitante de San Pedro Tlatizapán —pueblo ribereño pero de la laguna de Chimaliapan— en 1872, donde Sixto Norberto solicitó extender el contrato para continuar haciendo uso del tiradero de patos localizado en la laguna perteneciente a Santa Cruz Atizapán. En dicho acuerdo, la extracción de tule y zacate era exclusiva del pueblo (Camacho, 2005: 9).

Por su parte, también el ayuntamiento de San Mateo Texcalyácac realizó diversos arrendamientos de la laguna. Uno de ellos originó un conflicto prolongado entre San Mateo Texcalyácac y San Pedro Techuchulco (pueblo perteneciente al municipio de Joquicingo) por la propiedad y el usufructo de la laguna, problema que exhibe la importancia social y económica del espacio lacustre y de su territorio para las comunidades y los propios ayuntamientos. En los registros que se tienen de los arrendamientos que realizó el ayuntamiento de San Mateo Texcalyácac está el de 1885:

se señalaron […] los censos que reconocían la tesorería municipal, apareciendo los terrenos ubicados en Cuauyacac y Citlalpa contribuyendo con la suma de $27 052, correspondientes a propiedades exiguamente valuadas en $450.34, en que al ser adjudicadas se valuaron; además de $700.00, que por concepto de rentas por el usufructo de la laguna, otorgadas en pública subasta también reconocían al mismo fondo (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800).9

La importancia de los arrendamientos de la laguna se evidenció aún más el 14 de diciembre de 1891, cuando, después del remate del tule y zacate que realizó el ayuntamiento, y al no haberse presentado postores para la compra de dichos productos, se convocó a los pueblos circunvecinos para que presentaran proposiciones para dicho remate, pues, de no vender estos frutos de la laguna, el ayuntamiento se vería imposibilitado de poseer recursos económicos en sus arcas y su administración se vería perjudicada. Incluso, según el propio ayuntamiento, su “categoría de municipio” se vería amenazada.

Al mismo tiempo tendría que reparar en la imprescriptible necesidad de llevar a cabo una colecta de forma anual entre los vecinos de su poblado para poder así cubrir el déficit que anualmente presentaba la tesorería, debido a que estas cantidades de dinero que entraban al erario del ayuntamiento, “desde mucho tiempo, y amén de otras, le han sido mermadas”. Sin embargo, ya para el 31 de mayo de 1895 los vecinos Mauro Zayas y Celso Espíndola (originarios de San Mateo Texcalyácac) se comprometieron a cubrir el déficit monetario que entonces existía en la caja municipal por falta de arrendamiento de la laguna, mediante condiciones estipuladas por el ayuntamiento para la explotación de la misma.

Para 1896 los señores Agapito Mauricio y Basilio Huertas, pobladores de San Pedro Techuchulco, arrendaron la laguna por el término de un año y bajo las obligaciones de pagar renta en dinero directamente y con el permiso de subarrendar la laguna a otros vecinos de su mismo pueblo. Dichos vecinos podían pagar ya fuera en dinero, pescados, tule o zacate a los arrendatarios. En estos contratos figuraban, además, otras obligaciones que entrañaban el pleno conocimiento de que lo arrendado no les pertenecía; por ejemplo, la limpia que los arrendatarios se comprometían a realizar, lo que implicaba desazolvar la zona de la laguna conocida como Hondo Grande, lo que se hacía con vecinos del mismo San Pedro10 (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800). De este arrendamiento surgió el dilatado conflicto de propiedad de la laguna y de un paraje conocido como Cuauyaca,11 entre San Mateo Texcalyácac y San Pedro Techuchulco.

En 1897 se remató en pública subasta el usufructo de la laguna, que obtuvieron por dos años los mismos vecinos de San Pedro Techuchulco, Agapito Mauricio y Basilio Huertas, que un año antes lo habían conseguido. Las condiciones estipuladas del arrendamiento fueron las mismas que el contrato del año anterior.

Hacia 1899, por el término de tres años, se remató en subasta pública por parte de San Mateo Texcalyácac la explotación de la laguna, entre los linderos García y Contadero, por la suma de $318.00 anuales, a favor de Antonio Díaz y Casimiro Madero, vecinos de San Pedro Techuculco, habiéndose repetido este arrendamiento los años de 1906 a 1910, por la cantidad de $400.00 como renta anual. Estos señores subarrendaron a su vez a los propios vecinos de San Pedro Techuchulco, quienes en especie o moneda pagaron su importe a los arrendatarios (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800).

En estos acuerdos se reconocieron los derechos de propiedad de la parte de territorio que le correspondía de la laguna Chignahuapan a San Mateo Texcalyácac. En virtud de los mismos los de San Pedro Techuchulco nada más tenían derechos a la pesca y explotación de algunos productos de la laguna allí especificados con anterioridad y mediante el pago de las cantidades en efectivo convenidas de antemano, en cuyos contratos aparecen determinados con claridad los linderos de la laguna de referencia, productos que debían explotar nada más los arrendatarios, así como se fijaba el tiempo de duración del arrendamiento y el importe de la renta, etc. Aunque, en todos los convenios realizados por San Mateo Texcalyácac, éste impuso sus condiciones de explotación de la porción de laguna que poseía y la cantidad de dinero que se debía pagar, se presentó un conflicto largo con San Pedro Techuchulco, quien se reclamaba como dueño de la laguna para usufructuarla.

En estas fechas los arrendatarios de Techuchulco y los vecinos que subarrendaban la laguna reclamaban la propiedad del pedazo de laguna rentado por San Mateo Texcalyácac. El mismo Casimiro Madero y Antonio Díaz demandaban para su pueblo el derecho de propiedad, reclamos que se hicieron con el apoyo del gobierno estatal y con la fuerza política que presentaba Antonio Díaz, cacique de San Pedro, quien había poseído cargos políticos importantes en los ayuntamientos de Joquicingo y en el distrito de Tenango del Valle, fuerza que hizo valer para apoderarse de una porción de la laguna de Texcalyácac. Como se ve, el conflicto en todo momento estuvo relacionado en términos regionales con las autoridades del distrito, lo que representa no sólo el poder político regional y caciquil, sino una forma de asiento del poder estatal en la región.

Como se mencionó, estos acuerdos de arrendamiento se daban con previo consentimiento y aprobación del gobernador del Estado de México, en los que figuraba como intermediario el jefe político del distrito de Tenango del Valle; es decir, los acuerdos económicos y políticos que realizaban los pueblos ribereños de la laguna pasaban siempre por el aval del poder estatal y distrital. Esto se presentaba así principalmente en la época en la que estaban en ciernes los intentos de centralizar el agua por el porfiriato, pues el gobierno federal todavía no había construido todo el andamiaje jurídico/político ni poseía todo el conocimiento técnico que le permitiera ser quien sancione los usos del agua y la tierra mediante dotaciones, permisos y concesiones a pueblos y particulares.

En 1910 el conflicto entre estos dos pueblos entró en un impasse a raíz de la revolución mexicana, que produjo otra configuración espacial del país por medio de la reforma agraria, la dotación y la restitución de tierras para los campesinos, y concesiones de agua para los ejidos y bienes comunales. En este contexto revolucionario, los pueblos de San Mateo Texcalyácac, Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán, además de San Pedro Techuchulco, participaron en la lucha armada e integraron parte de las tropas zapatistas. Así, se enfrentaron a las tropas federales en el Estado de México, en específico en la región de los pueblos ribereños, debido a que éstos fueron bastión zapatista en el movimiento revolucionario:

bajan del monte a pedir comida, dinero y abastecimientos […] El gobierno federal, al no derrotar a los zapatistas, mandó desalojar a todos los pueblos cercanos a los montes, Xalatlaco, San Lorenzo de las Guitarras,12 San Pedro Techuchulco y San Mateo Texcalyácac. El 16 de mayo de 1916 desalojaron la población [de San Mateo Texcalyácac]13 (Orihuela, s.d.: 10).

En este contexto, en 1919 se terminan las pláticas en San Mateo Texcalyácac para que San Pedro Techuchulco se abstuviera de pescar y cazar en la parte de la laguna perteneciente al primero. La tensión se recrudece en 1922, con algunas detenciones que realizan pobladores de Texcalyácac de vecinos de Techuculco. Los pueblos en estos años están a punto de un enfrentamiento armado, lo que obligó al gobierno del Estado de México a atender el asunto y manifestar a ambos pueblos que mantuvieran la calma, pues nombraría y ordenaría al Ing. Ignacio Pérez Bolde hacer el deslinde de sus terrenos para estimar de manera precisa a lo que cada pueblo tenía derecho. La tríada tierra, terrenos y territorio aparece como punto medular en las discusiones de lo que se tiene que medir y deslindar entre los pueblos por medio de un especialista con conocimientos técnicos-científicos de topografía e ingeniería, sancionado y avalado en este caso por el poder político regional.

Sin embargo, las tensiones escalan el conflicto el 20 de septiembre de 1923 y se llega incluso a pequeños enfrentamientos entre los pobladores de San Mateo y San Pedro. Por lo que, Texcalyácac giró un oficio al gobernador Gral. Abundio Gómez para pedir que

en beneficio de la tranquilidad pública [atendiera el problema], pues los vecinos se encontraban excitados en sumo grado por el poco caso que se les había hecho, pidiéndole que en este obsequio se sirviera nombrar a la mayor brevedad posible persona o personas que estudiaran el caso detalladamente e hicieran lo que fuese necesario para pronto arreglo de tan enojoso asunto (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800).

De esta forma, el ayuntamiento de San Mateo pidió la intervención directa del gobierno estatal para solucionar el conflicto; no obstante, el gobernador menciona al representante del pueblo que

la única manera que él [gobernador] podría intervenir en el arreglo de todo era a base de una transacción o avenimiento entre San Mateo y San Pedro. Es decir, cediendo San Mateo, que es dueño y tiene derechos adquiridos a San Pedro (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800).

Este planteamiento dificultó y promovió todavía más el conflicto debido a que los pobladores de San Mateo Texcalyácac mencionaron que ello lesionaría sus intereses. Esto mismo puso en evidencia la fuerza política que presentaba en el ámbito estatal Antonio Díaz para que la resolución fuese a favor de sus intereses y de su pueblo. Al mismo tiempo, propone que la única instancia capacitada para resolver el conflicto es la H. Legislatura del Estado, puesto que entraña la demarcación de límites entre dos jurisdicciones, la del municipio de San Mateo Texcalyácac y la de Joquicingo de León Guzmán, al que pertenece Techuchulco.

Esto dio origen a que el pueblo de Texcalyácac girara otro oficio al gobierno del estado para hacer hincapié en que el asunto en cuestión no era de límites entre dos jurisdicciones, “sino lisa y llanamente de invasiones que un extraño comet[ía] en las tierras y agua comunales pertenecientes a él” (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800). Con estos argumentos y con el apoyo del gobierno estatal y distrital a San Pedro, por las influencias de Antonio Díaz, el pueblo de San Mateo decidió que era tiempo de involucrar a otro actor de diferente escala en la resolución del conflicto: el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Así, emitieron oficios a esta secretaría, que mencionaban:

En la H. legislatura no son las decisiones apegadas a la ley y a la justicia, sino meramente de orden político, pues es el criterio uniforme. Y es por esto precisamente por lo que ahora San Mateo se dirige a usted Ministro de Agricultura y Fomento, porque se sabe que de seguir el criterio indicado por el gobernador, y en pleno conocimiento de las simpatías que el gobierno del Estado tiene políticamente para San Pedro si su señoría no resuelve el caso de acuerdo con sus sanos principios de equidad que lo han distinguido en su actuación, en la cartera que con tanto acierto y beneficio para los pobres pueblos, ha venido usted, desempeñando, no habrá tribunal alguno que lo ampare; sintiendo esto, tanto más, cuando que es bien conocido en la región, que San Mateo, antes que cualquiera otro pueblo, se lanzó a la revolución, con el sano deseo de recobrar sus derechos inculcados, y parece que ahora encuentra menos justicia dentro del régimen que él mismo contribuyó traer y sostener (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800. Grafía original).

Este nuevo actor en el conflicto y las argumentaciones con base en su participación en la revolución, son dos elementos más incorporados en la disputa de la laguna. Además, se suman las que el ejecutivo realizó de la laguna, en específico las de la propiedad del agua, puesto que en este contexto el río Lerma se declaró como propiedad de la nación el 31 de julio de 1920, desde donde nace hasta su desembocadura, lo que significó que la laguna cambiara de forma de propiedad y de propietario de jure. El tiempo y espacio de la centralización del recurso agua hizo su aparición en el México posrevolucionario. Las lagunas pasaron a ser propiedad de la nación, nuevos límites territoriales se impusieron en la laguna Chignahuapan, los cuales encontrarán fuertes resistencias a que la laguna del pueblo dejara de pertenecer al ayuntamiento y al pueblo.

En este proceso se facultó al Departamento de Reglamentación e Irrigación, a su vez autorizado por la Dirección de Caza y Pesca, para que procediera al estudio de la demarcación de la zona federal de la laguna. Así, un nuevo conflicto se avizoraba, los pueblos y el gobierno federal lo protagonizaría. Se enfrentarían el poder local y el poder nacional.

A pesar de esto, los pobladores ribereños en los primeros años de la declaratoria hacen caso omiso de ella y siguen realizando los trámites de sus arrendamientos como lo dictan los reglamentos, leyes, usos y costumbres de la comunidad. Por medio de sus títulos primordiales defienden la propiedad del pueblo sobre la laguna y su derecho a explotarla, con sus límites y fronteras interiores y exteriores, con sus lugares demarcados para pesca, caza, recolección de tule; en su territorio municipal.

Por eso en los documentos que exponen ante la Secretaría de Agricultura y Fomento continuan haciendo mención que Techuchulco era un invasor en sus terrenos porque se había introducido fraudulentamente a la laguna. Asimismo, había dado permiso indebido a extraños para pescar, cortar tule y zacate, como sucedió desde épocas anteriores y muy en especial en las últimas, siendo prueba de esto los decomisos de productos de la laguna que ha realizado. En esta lógica se argumentó que el pueblo

ha cuidado de la caza y pesca, oponiéndose a que esto se hiciera por medios destructivos y prohibidos que perjudiquen la especie, como se comprueba en sus actas de arrendamientos […]. [Esto porque] la conservación de las especies de la laguna se hacía no usando redes de tejido tupido, que destruyen y acaban con muchas crías y especies, que es la principal riqueza de este lugar. Y San Pedro Techuchulco hacía uso indebido de estas redes y también, al pato como no le podía cazar, por no poseer ni del tiempo ni de la tranquilidad para arrimarlo a los tiraderos, lo ahuyentaba, pues desde que se ha agravado esta situación, en todo lo que es usufructo se conforma o a usarlo y aprovechar muy raquíticamente o cuando al menos impedir que otro lo aproveche y a destruirlo con marcado egoísmo (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800).

En este contexto local y regional en el valle de Toluca el gobierno federal llevó a cabo las modificaciones en materia de propiedad de las aguas de la laguna Chignahuapan y del río Lerma, para volverlas aguas propiedad de la nación, lo que todo el tiempo implicó también un cambio en el régimen jurídico de las tierras de las riberas del lago y de las que en tiempos cortos o largos emergían cuando el agua retrocedía de su nivel. La nueva institución que aparece en la región de los pueblos ribereños en Chignahuapan será la Secretaría de Agricultura y Fomento, la cual inició parte de sus actuaciones remitiendo el asunto del conflicto por los usos de la laguna y sus linderos, entre Techuculco y Texcalyácac, a la Dirección de Caza y Pesca que fue la que determinó la resolución del conflicto. Con esto, se desplazaron los límites, las regionalizaciones, las normas y sanciones que los pueblos tenían en sus ayuntamientos como forma de organizar el espacio lacustre.

Asentadas ya las reformas en materia legislativa para la centralización del agua, los gobiernos posrevolucionarios emprenden la tarea de reglamentar todas las corrientes, ríos, lagos, lagunas, esteros, etc., que reunieran las condiciones establecidas en la ley para ser propiedad de la nación. Es por eso que tanto los arrendamientos de la laguna como de sus productos pasan a las diferentes secretarías del ejecutivo para su manejo y reglamentación, como es el caso de los productos que de la pesca obtienen los pueblos ribereños de la laguna Chignahuapan. El ayuntamiento deja de tener jurisdicción y pierde la propiedad jurídica de la laguna, y de esa forma deja de poseer la facultad legal para dar los permisos y arriendos de pesca, los cuales a partir de aquí se obtendrán por medio de la Ley de Pesca promulgada para tal fin. Así, con estas reglamentaciones se estableció que

[está] garantizada a los habitantes ribereños el derecho que tienen para pescar lo necesario para su propio uso y consumo, sin que esto pueda interpretarse en el sentido de que dichos pueblos ribereños tengan el derecho exclusivo de explotar los productos que se encuentren dentro del área donde estén ubicados […].

[Además] la ley especifica, clara y terminantemente, que todos los habitantes de la república, ya sean nacionales o extranjeros, tienen derecho a ejercer la pesca en las aguas de jurisdicción federal siempre que se sujeten a las prevenciones establecidas en la misma y cumplan con todas las leyes, reglamentos y disposiciones que rijan sobre la materia; en consecuencia, todos los pescadores de la laguna en cuestión pueden ejercer la pesca siempre que tengan de esta secretaría el correspondiente permiso (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 22, exp. 261).

En las nuevas reglamentaciones promulgadas por el gobierno federal quedaron deslindadas las obligaciones y derechos de cada uno de los pueblos ribereños de la laguna Chignahuapan. Así, todos los pescadores de la laguna podían ejercer su actividad siempre que obtuvieran de la secretaría el permiso correspondiente, el cual no les concedía derecho de exclusividad y por lo mismo podían pescar todas las personas que llenaran los requisitos que fijaba la ley respectiva.

Empero, los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac mantuvieron la posesión de facto de la laguna y de sus productos. Texcalyácac sostuvo su argumento sobre la invasión de sus aguas que el pueblo de San Pedro Techuchulco hacía, con lo cual explotaba los recursos de su laguna sin permiso alguno del ayuntamiento. De la misma forma, esgrimió al gobierno federal que la laguna era de su propiedad y mostró documentos del siglo xvii, como un

legajo de San Mateo que data desde el año de 1649, con constancias de 1451, treinta años después de la Conquista, que comprueban su derecho no sólo de la parte invadida, sino de todo su fundo y pertenencia.

[…] lauda arbitral definitivo de veintiséis de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, [donde] quedaba en perfecta posesión de dicha extensión de la laguna y con todos los derechos civiles que la ley acuerda para defender y sostener dicha posesión, bajo las salvedades que dicho laudo acuerda a favor del pueblo de San Lucas Tepemajalco, y las que el síndico de Texcalyácac tiene consignadas a favor del pueblo de Almoloya del Río (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800).

Resultan claros los argumentos que recibió el gobierno federal de parte del pueblo de San Mateo Texcalyácac para la defensa de la laguna. Sin embargo, éste reaccionó en distintos oficios donde replicó que la laguna ya había sido declarada propiedad de la nación y, por tanto, no podía ser propiedad del municipio de Texcalyácac. De esta forma, el pueblo solicita al gobierno federal que se le haga saber

si la referida laguna ha sido ya declarada de propiedad federal según la legislación última […] mucho he de merecer a usted se sirva informarme si en efecto esa extensión de agua ha sido ya considerada o no dentro del grupo de las pertenecientes a la federación, pues, como arriba indico, ese dato es la base para defender sus derechos sobre la citada laguna en las invasiones que en ella sufrimos del pueblo auxiliar de San Pedro Techuchulco, del municipio de Joquizingo, del mismo distrito (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1629, exp. 23444).

La respuesta del gobierno federal fue que el río Lerma había sido declarado propiedad de la nación desde su nacimiento hasta su desembocadura, incluyendo las lagunas donde se origina dicho río, el día 31 de julio de 1920, y por tanto las aguas de la laguna de Lerma son propiedad federal. De este modo, el gobierno federal trató de resolver y dirimir el problema, remitiéndolo a la Secretaría de Agricultura y Fomento, que a su vez pasó el asunto a la Comisión Nacional Agraria, que lo turnó al Departamento de Concesiones, el cual opinó que, siendo de propiedad nacional la laguna Chignahuapan, que correspondía al Departamento de Reglamentación de Irrigación procediera a la demarcación de la zona federal de la laguna, después de lo cual podría dictar la secretaría la resolución definitiva en el asunto, para lo cual sería necesario turnar los antecedentes del caso a la Dirección Forestal de Caza y Pesca para que reglamentara los aprovechamientos.

Nuevos límites germinan desde el poder federal, con fronteras, puntos y líneas que dirigen su lógica a una organización del territorio y del agua, escindidos en su reglamentación y en su concepción jurídica. Es preciso decir que poco tienen que ver con la compleja producción social del espacio local, con ritmos y lógicas regionales que contienen mediaciones específicas, no vinculadas con la consideración de que el agua es un bien como cualquier otro que circula por los tubos y la tierra es una cosa neutra que puede ser ocupada porque es “inútil” o porque es propiedad de la nación, y no de los pueblos ribereños.

Éstos eran ya los nuevos tiempos posrevolucionarios, con una centralización y una burocratización del manejo del agua. Así, el conflicto de límites y propiedad de agua y tierra entre San Pedro Techuchulco y San Mateo Texcalyácac se acomodó y resolvió en lo local entre los pueblos, en un acuerdo tácito sobre a quién históricamente le correspondía el espacio lagunar disputado. Por tanto, Techuchulco retiró su interés por seguir peleando una parte de la laguna; además, porque los permisos de usufructo ya no los otorgaba el ayuntamiento de Texcalyácac, sino el gobierno federal.

En este conflicto por las zonas de la laguna Chignahuapan también actúa la legislatura del Estado de México, quien ratificó la decisión federal. Para ello, estableció una comisión que pretendió deslindar los límites territoriales respectivos de cada pueblo de tierras y laguna. Esto será un nuevo conflicto frente al gobierno federal y estatal que no sólo lo enfrentó Texcalyácac, sino que reunió a todos los pueblos ribereños de las tres lagunas.

En este conflicto estuvo presente todo el tiempo otro actor, la Empresa Agrícola del Lago de Lerma, S. A., que desde 1906 mediante una concesión otorgada por el gobierno federal trató de desecar la laguna, sin éxito alguno. Esta empresa fue un actor más en el conflicto entre San Pedro Techuchulco y San Mateo Texcalyácac. Al respecto, el Departamento de Reglamentación e Irrigación comunicó a estos pueblos que existía una concesión, otorgada al señor Saldívar, por cuyo motivo el Departamento de Concesiones debería intervenir en el asunto.

En el conflicto participó toda una nueva burocracia a través de instituciones del gobierno federal, como la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Comisión Nacional Agraria, el Departamento de Concesiones, la Dirección de Pesca, así como los tribunales judiciales del Estado de México, los pueblos de San Mateo Texcalyácac y San Pedro Techuchulco, y la empresa Lerma para la desecación, a partir de un problema de límites entre agua y tierras entre dos pueblos, donde los gobiernos estatal y distrital también actuaron.

Esta defensa que realizan los pueblos por sus límites de agua prevalece desde finales del siglo xix hasta inicios del xx, toda vez que el espacio lacustre de estos pueblos fue fundamental en el desarrollo de la vida misma de las comunidades. Por eso, los pueblos defienden de todas las formas posibles su laguna, pues de ella viven y en ella producen su espacio, de ella se han alimentado generaciones de habitantes de sus pueblos, en ella se basa su vida, por ella son productores lacustres; puesto que según sus documentos históricos —a los que todo el tiempo apelan— avalan la propiedad de la laguna de Chignahuapan.

3. El espacio lacustre frente al agrícola en la laguna Chignahuapan

El espacio lacustre de los pueblos de Almoloya del Río, Santa Cruz Atizapán y San Mateo Texcalyácac14 enfrentó de forma permanente el interés de los hacendados y de empresas privadas, e incluso del gobierno estatal, por las tierras que yacían en su seno con proyectos de desecación. Los embates más fuertes se desarrollaron principalmente en la laguna de Lerma donde se encontraban la mayoría de los hacendados, ribereños también a la laguna. Éste fue un conflicto que evidenció de manera clara la importancia del espacio lacustre y del territorio municipal en términos económicos, políticos y culturales para los pueblos.

Aquí es preciso decir que existieron hacendados asentados en las riberas de las tres lagunas. No obstante, sobre todo los de la laguna de Lerma, fueron los más interesados en desecar Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma. Las actividades de los hacendados en la zona fueron de manera primordial la ganadería y la agricultura, usaban las riberas de las lagunas como tierras de pastoreo de los numerosos ganados que mantenían. Los vecinos de los pueblos cercanos a la zona de Lerma, como el caso de San Pedro Totoltepec, Lerma y San Mateo Atarasquillo, practicaban la pesca, la caza y el corte de tule con arrendamientos y permisos otorgados por los hacendados. Los dueños de las haciendas les concedían licencias para practicar tales actividades, en algunos casos, con la condición de que trabajaran de peones en las haciendas de su propiedad, sobre todo en la temporada de cosechas (Camacho, 2005).15

Los hacendados de la zona tuvieron como base económica a la agricultura y la ganadería. De manera persistente presentaron consideraciones racistas y menosprecio hacia las actividades lacustres de los pueblos. Ellos juzgaban que las lagunas, en términos económicos, no representaban un negocio fructífero, sino que al contrario, perjudicaban sus intereses al no poder explotar las tierras que se encontraban debajo de las aguas de las lagunas.

Razonamientos que se conjuntaron con la argumentación desde el Estado en el porfirismo, mantenida hasta principios del siglo xx: que el agua de las lagunas impide el “progreso” y “desarrollo” del país y de los pueblos que las habitan; de la misma forma, representa un foco de infección. En esta lógica discursiva se emprendieron e impulsaron proyectos de desecación, en primera instancia, por parte del gobierno estatal con las haciendas, apoyados por el gobierno federal; y más tarde promovidos por el gobierno federal, empresarios y hacendados en todo el espacio lacustre que da origen al río Lerma.

En contraposición a los hacendados que deseaban desecar las lagunas, los pueblos en su mayoría conservaron una oposición tenaz frente a estos proyectos, posición todavía más fuerte y clara en los que habitaban las lagunas Chignahuapan y Chimaliapan.

Resulta oportuno destacar que las primeras iniciativas para desecar las lagunas datan del periodo colonial, en específico de 1757, cuando Jacobo García intentó la desecación o como se mencionaba en ese entonces el desagüe de las lagunas, a iniciativa del gobierno español (Albores, 1995: 351). Los proyectos de desecación estuvieron determinados por dos objetivos fundamentales. Primero, por la incorporación de tierras para la agricultura con riego y temporal. Segundo, para el pastoreo del ganado en la zona, acorde con un discurso donde el agua de las lagunas, al estar “estancada”, es causa de enfermedades por los miasmas y microbios que emanaban de ellas. Más aún se consideró que la conservación de la laguna no aportaba ningún beneficio económico en cambio, la desecación16 posibilitaba la obtención de nuevas tierras y terrenos para el cultivo, lo que daba como resultado una fuente de vida y de “riqueza” en un lugar que no era más que fuente de insalubridades y de miserias. El agua, entonces, habría que moverla, colocarla fuera de las tierras, para que agua y tierra no sólo se encontraran en otra configuración, sino en otra producción espacial.

Otro proyecto de desecación de las lagunas del río Lerma se promovió por parte del gobernador del Estado de México, en ese entonces Mariano Riva Palacio,17 y un grupo de empresarios (hacendados y comerciantes) que haciendo eco de los discursos liberales de progreso y salubridad se dieron a la tarea de impulsar la desecación, por considerar que era un espacio que debía entrar de forma más activa en los planes económicos del Estado y de la nación.18

El proyecto de desecación del gobernador Mariano Riva Palacio pretendió impulsar las “mejoras” a que daría lugar la desecación, en particular la incorporación de nuevos terrenos al cultivo y, por consiguiente, repartirlos entre los involucrados para fomentar la pequeña propiedad. Asimismo, el proyecto de Riva Palacio incluyó la creación de pequeños propietarios en el reparto de los terrenos libres de las aguas estancadas; la obtención de beneficios económicos para los hacendados, al ampliar los terrenos del cultivo que se mantenían improductivos en sus propiedades (Camacho, 2005: 12). Esto se pensó siempre como una nueva lógica de articulación territorial.

En este proyecto de desecación, el gobernador, las autoridades políticas de Toluca, Lerma y Tenango y los hacendados con propiedades en las riberas de las lagunas se integraron en una Junta Menor Directiva, cuyo presidente fue el gobernador Riva Palacio, y gran parte de los recursos económicos para el proyecto los proporcionaban los hacendados.

La intención de estos actores fue producir terrenos “libres” de aguas y de sus propietarios para el cultivo de una agricultura y ganadería comercial. El territorio de los pueblos vivió un intento de privatización para su parcelación en tierras y terrenos, con el usufructo de privado y comercial en el que la agricultura y ganadería intensiva y extensiva pretendía colocarse como el espacio hegemónico.

No obstante, la resistencia de los pueblos hacia este proyecto fue evidente, sobre todo porque su espacio lacustre representaba la base fundamental en su reproducción social: la laguna era parte de los bienes de los pueblos, donde una decisión política como la de desecar, en el siglo xix, tenía que pasar por el ayuntamiento de cada uno de ellos.

De ahí que se opusieran los municipios al proyecto de desecación, puesto que fueron ellos los que recibieron, mediante arriendos de la laguna, dinero en sus arcas municipales. De este modo, la oposición a la desecación fue determinante. En esta situación se vieron enfrentados el poder privado de los hacendados, con apoyo político de los distritos y del gobierno estatal y el poder de los pueblos con el apoyo de su institución local, el ayuntamiento. Un ejemplo de esta oposición ocurrió en 1857, cuando los pueblos ribereños a las tres lagunas protestaron por el proyecto de desecación que se pretendía llevar a cabo, como el caso de San Pedro Tultepec y Almoloya del Río, que exponían:

Los representantes vecinos de San Pedro Tultepec y Almoloya del Río expusieron que se mantienen los vecinos de dichos pueblos de la pesca, tule y otros productos de la misma laguna, y que hacían esta manifestación para que se tuviera presente el prejuicio que resultaba de la desecación (ahem, Ramo Gobierno, vol. 52, exp. 2, ff. 5-5v, en Camacho, 2005: 12).

Al mismo tiempo que los pueblos protestaban ante el gobierno estatal por la intención de desecar las lagunas, seguían estrategias locales para frenar los trabajos de desecación. Entre ellas destacan, por acuerdo del ayuntamiento, no permitir el trabajo de los vecinos de los pueblos en las obras. Expusieron a los hacendados y gobierno estatal interesados en la realización de este proyecto que los trabajadores no se presentaban a realizar su trabajo en la construcción de los canales debido a que se encontraban en cosecha. Por otro lado, los ayuntamientos ignoraban los diferentes acuerdos y organización del gobierno estatal y los hacendados para el proyecto de desecación, lo que causó que estos últimos se vieran imposibilitados de iniciar los trabajos por la falta de mano de obra y de permisos por parte de los ayuntamientos para trabajar en los pueblos.

Sin duda, el control y la propiedad de la laguna por parte de los ayuntamientos fue lo que determinó que este conflicto siguiera este curso. La fuerza de la nacionalización de agua, ríos, lagos, lagunas, esteros, etc., por parte del gobierno federal todavía no aparecía en los juegos de intereses del espacio lacustre de los pueblos. Ellos enfrentaban con éxito los embates de la primera de muchas batallas.

En el contexto de los conflictos políticos internos que sufrió el país, como la guerra de Reforma de 1858-1861, la guerra con Francia de 1861-1864 y el establecimiento del segundo imperio mexicano de Maximiliano I de 1864-1867, fracasó el proyecto de desecación del gobierno estatal y de los hacendados. La organización local permitió en ese momento enfrentar de manera exitosa la intención de imponer un espacio agrícola y ganadero fragmentado con tierras y terrenos de propiedad privada.

Sin embargo, aunque este proyecto de desecación se interrumpió y fracasó, el interés nacional en desecar los cuerpos de agua, como lagos, lagunas y esteros, se avivó en el porfiriato, cuando se esgrimieron los argumentos de salubridad ya referidos frente al agua, en cuanto a que las lagunas, según el gobierno federal de esa época, podían causar enfermedades, además del incremento del interés en el aprovechamiento de las tierras que se podrían obtener al desecar estos cuerpos de agua, para ser más “productivos” en la agricultura o ganadería. Así, el porfiriato promovió la desecación de las lagunas, aparejado de un gran impulso a la agricultura comercial en apoyo a los grandes hacendados nacionales y extranjeros y empresarios, que fueron los nuevos actores que salieron en la disputa por las inversiones y las ganancias.

Los intentos de desecación de las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma durante el porfiriato fueron sólo uno de los resultados de su política económica que fomentó de manera contundente la pequeña y gran propiedad mediante la agricultura comercial extensiva, con obras de infraestructura para el riego. A la par, se tenía proyectado centralizar el manejo de las aguas por parte del gobierno federal, esfuerzo que se emprendió a partir de la ley del 5 de junio de 1888, que le otorgó al gobierno facultades para regular las vías generales de comunicación, entre las que contaban “los esteros y lagunas, los canales construidos por la federación, los lagos y los ríos interiores, los ríos y los lagos que sirvieran de límite a la república o a dos o más estados de la Unión”. La ley del 6 de junio de 1894, por su parte, facultó al ejecutivo federal para otorgar concesiones a particulares y a compañías, con el fin de aprovechar las aguas federales en el riego y como fuerza motriz (Denton, 2006).

En el contexto centralizador de los recursos naturales por parte del gobierno federal, se planteó de nuevo en 1906 la desecación de las tres lagunas de Lerma, con características muy similares a los proyectos promovidos y ejecutados en Jalisco, en el lago de Chapala, y en el Estado de México en el lago de Chalco.19 Para desecar las tres lagunas de la zona del Lerma, se gestionó una solicitud por parte del Lic. Gumezindo Enríquez al gobierno federal, solicitud aprobada por el presidente Porfirio Díaz, mediante decreto presidencial en diciembre de 1906 y publicada en el Diario Oficial.

En el contrato entre el Lic. Enríquez y el gobierno federal, este último autorizó al primero a realizar todas las obras hidráulicas necesarias para desecar las lagunas de Lerma, y efectuar el deslinde necesario de la laguna, para que los terrenos descubiertos por la desecación fuesen utilizados para riego. Terrenos que la federación le cedería como parte del pago por los gastos que erogase para llevar a cabo las obras que, en palabras del gobierno federal, eran “en beneficio de la nación”.

Existen de la misma forma, en el contrato, algunas condiciones para el concesionario Gumezindo, como son cumplir en plazos estipulados la realización de las obras y reunir la conformidad de la mayoría de los colindantes de las lagunas para llevar a cabo las obras de desecación, requisito sin el cual no podría comenzar a realizar los trabajos respectivos, compromiso que representó ser el más difícil de cumplir y que nunca consiguió concretar.

En el contrato se observa que el objetivo de desecar las lagunas representaba desarrollar una agricultura intensiva y extensiva por medio del riego. Esto, como parte del liberalismo que desarrolló el porfiriato como base para el “progreso” de la zona. Sin embargo, para los pueblos ribereños no fue así debido a que su reproducción social, su economía, sus símbolos y su vida giraban en torno a las actividades lacustres. De esta forma, un nuevo conflicto se presentó, ahora entre un particular y los pueblos ribereños, en el que el gobierno federal tuvo el papel de intermediario y promotor.20

Para la realización del proyecto de desecación en el contrato, el Lic. Gumezindo Enríquez estaba obligado a presentar la conformidad de los colindantes de las lagunas, haciendas y pueblos; de esos acuerdos políticos dependía que se llevara a buen término la desecación por parte del concesionario y, en consecuencia, la realización del proyecto. Sin embargo, esto acarreó una serie de inconformidades de los pueblos e incluso de las haciendas.

Establecido el contrato entre el gobierno federal y el Lic. Gumezindo Enríquez, ocurrieron los primeros acercamientos con los hacendados y pueblos ribereños. De esta forma, se debía comenzar con el reconocimiento del terreno antes del 8 de junio de 1907 y presentar los planos antes del 8 de diciembre del mismo año, previa aprobación de la mayoría de los colindantes de las lagunas de Lerma, para que se ejecutaran las obras (sin cuyo requisito no podría empezar y quedaría sin efecto el contrato).

Para el 17 de mayo de 1907 el concesionario comunicó que había iniciado la realización del reconocimiento del terreno el ingeniero, Rosenz Weig. Pero, en el mes de noviembre del mismo año, solicitó prórroga por un año a fin de entregar los planos y memoria que se establecían en el contrato (pues los conflictos ya se habían presentado), al no tener arreglo definitivo con los colindantes, solicitó que se le autorizara la expropiación de los terrenos como estrategia para realizar el proyecto. Empero, ésta se le negó. La argumentación del concesionario se basó en que

por causas ajenas a su voluntad no ha podido cumplir con las obligaciones que le impone el contrato, tanto por motivo de la crisis por la que ha atravesado el país como por el obstáculo que han venido oponiendo los colindantes de los terrenos que ocupa la laguna de Lerma, que no permiten el levantamiento de planos de demás obras de ingeniería; no obstante, están en vías de arreglo con los apoderados de los propietarios. Estas resistencias las comprueban con actas de convenio hasta que no se arregle definitivamente la cuestión de arbitraje (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 10, exp. 163).

Además, menciona que

cuando […] yo hice el deslinde entre los pueblos de San Mateo Tultepec, Calpuhuac, Atizapán, etc., las haciendas vecinas, ninguna de ellas me permitió terminantemente salirme de los límites de su cometido a trabajo de desecación hasta no haberse arreglado en ese sentido con el gobierno o con la compañía respectiva. El pueblo de Santa Cruz Atizapán y, sobre todo, Lerma iban más lejos, pues rehusaban todo contacto conmigo (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 10, exp. 163).

La resistencia de los pueblos y de las haciendas se hizo evidente al impedir el acceso del ingeniero a los trabajos. No obstante, cabe preguntarse aquí ¿por qué los dueños de las haciendas se oponían? Cuando años anteriores habían convenido con el gobierno estatal desecar las lagunas, ahora lo rechazaban ¿Cuáles eran los motivos que los orillaban a dicha acción?

Los motivos que presentaron las haciendas fueron básicamente dos. Primero, el no habérseles tomado en cuenta para realizar el contrato de desecación con el Lic. Gumezindo Enríquez. Segundo, enterarse de que todos los terrenos que fueran descubiertos por la desecación pasaran a manos del concesionario, en este caso del Lic. Enríquez, con lo cual se encontraban en total desacuerdo, en especial debido a que ellos mantenían a la agricultura y la ganadería como actividades principales. Por lo mismo, eran los principales interesados en desecar la laguna para incorporar las tierras que aparecieran a sus propiedades e intereses. De esta forma, no podían aceptar que se les excluyera del proyecto. Así, entraron en arreglos políticos con el concesionario y establecieron sus condiciones para aceptar la desecación.

Por su parte, los pueblos ribereños se oponían de manera determinante puesto que su espacio lacustre sería transformado drásticamente, así como las actividades económicas de la comunidad y los recursos monetarios que obtenían por el arriendo de la laguna a los ayuntamientos. De este modo, no se aceptó la desecación. Las autoridades del ayuntamiento de San Mateo Texcalyácac, por ejemplo, mencionaban:

San Mateo [...] que ha defendido a la laguna cuando se ha tratado de desecarla o de enajenar su vaso, considerándose como terrenos baldíos, probando que son tierras que legítimamente le corresponden, lo que afianzado con lo determinante a toda propiedad; Gozar, Usar. Oponiéndose a cualquier arreglo que lesione sus intereses (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800. Grafía original).

Una de las estrategias seguidas por los pueblos ribereños para defender la parte de la laguna que poseían fue recurrir a los títulos de propiedad primordiales que poseían los ayuntamientos. Texcalyácac ofrecía dichos documentos, que decían:

que la propiedad reconocida de dicho pueblo sobre una parte de la ciénega o marisma de que se trata […] vinieron a afirmar cada vez más la legitimidad de esa propiedad, cuyo derecho corroboró con los hechos respectivos de las Diligencias de Posesión, dadas estas en varias épocas, siendo las más recientes, las de 1827 dada a nombre de los Supremos Poderes del Estado, rectificada por la de 1884, que verificó un juez de la instancia de Tenango del Valle, en virtud de un laudo arbitral de 26 de septiembre de 1868. Por estas razones y otras muchas que pudieran sugerirnos los títulos auténticos que obran en el Archivo de esta presidencia, los cuales presentaremos a su debido tiempo, […] (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800. Grafía original).

De la misma forma lo realizan las autoridades municipales de Santa Cruz Atizapán, quienes muestran los documentos que dan fe de la propiedad de la laguna:

Su gobernador capitán general de la real audiencia y chancillería real que ella recibe ésta por la presente en nombre de su majestad hago merced al pueblo de Santa Cruz Atizapán sujeto de San Mateo Texcalyácac que es doctrina de Metepec de su sitio y tres caballerizas, tres caballerizas de tierra de estancia para ganado menor que nace desde el paso que los naturales llaman Xocoapan que yace al poniente de dicho pueblo a la orilla de un ciénega y por su derechura yendo para el oriente al paso de Amanalco que son remanentes de agua que dando al norte un cerrillo que hace de punta de una loma tendida que mira la parte del poniente que los naturales llaman Tepeololco y por otro nombre Atotonilco desde dicho paraje yendo al oriente al paso de Tlaxcolpan que son términos de Jalatlaco y que volviendo a la parte del norte el paso de Tlatexingo con términos de los naturales de Santiago Tianguistenco y desde dicho paraje que hace a él frontera de la loma que mira al poniente hasta el paso de Ajajalpa que hace el bajío de la loma hasta el río que corre hacia el norte como por comisión mía Don Pedro Valdez mi corrector de Lerma en cuyas vistas se consta no estar en perjuicio de su derecho ni de otro tercero alguno con la condición de que dichos naturales no pueden vender ni enajenar de manera alguna por ser bienes de su comunidad y en lo contrario quedarán por partes comunes y así lo di y lo concedí en México el primero de Marzo de mil quinientos y noventa y tres años Don Luis de Velasco (Archivo Presidencia Municipal de Santa Cruz Atizapán. Grafía original).

Con base en este tipo de documentos, mediante los distintos juicios que interpongan los pueblos como Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac, realizaron la defensa de sus tierras y aguas de propiedad común. Esta estrategia fue usada por los pueblo hasta principios del siglo xx, frente a los nuevos conflictos con el gobierno federal en el trasvase del agua, tema del cual se ocupa el siguiente capítulo.

Por la fuerte oposición que representan los pueblos hacia el proyecto de desecación, el concesionario emprende varias estrategias y acuerdos para llevar a buen término la realización de su proyecto. Entre las primeras estrategias que sigue destacan algunos acercamientos con los hacendados para llegar a un arreglo, los cuales prosperan en diferentes acuerdos.

De los acuerdos que se establecieron entre los hacendados y el concesionario surgió que este último, para la desecación de las lagunas, reconocería y respetaría las propiedades de los pueblos y haciendas que tuvieren sobre la lagunas; y que si, dado el caso, se expropiaran terrenos, sería sólo de acuerdo con las haciendas o pueblos afectados; además, que cuando los terrenos estuvieran desecados en su totalidad la repartición sería en partes iguales, es decir, 50 por ciento para los propietarios de los terreno y 50 por ciento para el concesionario; y si, en dado caso, los propietario decidieran quedarse con los terrenos desecados, se indemnizaría al concesionario por los trabajos efectuados. De la misma forma se estableció que los terrenos desecados a los cuales tenían derecho los propietarios serían los más próximos o los colindantes a sus predios.

Este acuerdo, firmado con los principales hacendados de la zona y el concesionario de la desecación, resolvía la oposición que en un principio dichos propietarios habían opuesto al proyecto. Como se ve, éste otorgaba ventajas a los propietarios de la zona; y aunque se incluye en la argumentación de dicho acuerdo a los pueblos ribereños, ellos nunca estuvieron representados en las pláticas ni muchos menos tomaron parte del mismo.

Los pueblos siguieron representado un obstáculo político, económico y legal a las intenciones de los empresarios y hacendados. Empero, el concesionario ya había resuelto a su favor una oposición y había ganado unos aliados, los hacendados, que en los respectivos momentos serían quienes gestionarían los acercamientos con los pueblos, pues su conocimiento de la zona y sus propiedades sobre la laguna representaban un papel estratégico en los arreglos que se llevaran a cabo. Con todo y que el concesionario había obtenido ya el aval de algunos propietarios para la realización de su proyecto, no pudo solucionar la oposición de los pueblos ribereños.

Esto es lo que llevará a Gumezindo Enríquez a concesionar su contrato de desecación al Sr. Luis Zaldívar. Para el caso, formó en 1912 una empresa para llevar a buen término el proyecto, denominada Compañía Agrícola de Lerma, S. A. Ésta será la encargada de proseguir con los acuerdos establecidos con los distintos hacendados asentados en las riberas de la laguna y emprender con los pueblos los acercamientos respectivos. Y aunque sí se realizaron pláticas entre los hacendados, la Compañía Agrícola de Lerma, S. A., y los pueblos ribereños, promovidas por los hacendados Salceda y Barbabosa, ninguna de ellas llegó a acuerdo alguno entre los actores involucrados para la desecación. No obstante, sí se acordó entre los distintos propietarios de la laguna, tanto pueblos como hacendados, respetar los límites de las propiedades y se señaló la necesidad de desazolvar o limpiar las riberas del río Lerma en las partes correspondientes a las lagunas deslindadas. La propiedad de la tierra, los límites de los territorios quedaban especificados entre todos los actores involucrados.

Los acuerdos que se obtuvieron entre los hacendados y los pueblos sobre límites, limpia y desazolve fueron utilizados por los hacendados y la compañía para tratar de comprobar que los pueblos ribereños estaban de acuerdo con la desecación. Incluso establecieron que también el gobierno del Estado de México otorgaba el permiso para la realización de dicho proyecto. Ante esto, el propio gobierno federal, al recibir los documentos de parte de los hacendados y la compañía, mencionó que era necesario que se comprobasen los acuerdos entre las partes, y señaló:

No consta la personalidad de las personas que tomaron parte en él, ni consta tampoco que todos los interesados lo hayan aprobado, ni la aprobación del gobierno del estado, por lo que la sección cree, salvo el mejor criterio de la superioridad, que debe pedirse al Lic. Enríquez presente la aprobación a que dicho convenio se refiere (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 10, exp. 163).

Con esto, la compañía concesionaria se ve imposibilitada de continuar con los trabajos del proyecto. Solicita de nuevo una prórroga para realizar dicho convenio con los pueblos, pues ya le había sido prorrogado en dos ocasiones y se le señalan nuevas fechas para la presentación de los proyectos de las obras, antes de las cuales deberá comprobar la conformidad de los pueblos.

Por su parte, los pueblos, en su estrategia de defensa hacia el proyecto, realizan varias reuniones entre pueblos vecinos y establecen una unión entre ellos, la cual se ejemplifica en varios acuerdos firmados, que son remitidos a las secretarías del gobierno federal, donde asientan su oposición y sus motivos.21

De manera clara es su posición de rechazo al proyecto de desecación. Recuperan por primera vez argumentos jurídicos del nuevo régimen político, como se puede observar en sus acuerdos remitidos al gobierno federal, donde aducen las nuevas leyes dictadas después de la revolución. Los pueblos se mueven ahora en el contexto de los argumentos revolucionarios, donde si bien se mantenía el manejo del agua en manos federales, el gobierno distribuye tierras y otorga concesiones de usos de agua a los campesinos. En ese tenor, los pueblos ribereños invocaban los artículos de la Constitución para que se derogara el decreto de desecación de las lagunas, y mencionaban que

Para mayor abundamiento y no obstante la claridad con que se justifica la caducidad que a nuestro juicio debe declararse por esas Secretarias de Estado, cabe invocar las disposiciones contenidas en el párrafo XII del artículo 27 constitucional que declara revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o Sociedad y se faculta al Ejecutivo de la Unión, para declararlos nulos, cuando implique perjuicios graves para el interés público, circunstancias todas que se han evidenciado en el caso concreto que nos ocupamos. El artículo 28 de la misma ley suprema, veda en forma terminante la existencia de monopolios en los Estado Unidos Mexicanos y no otra cosa es el contrato que torpe y malévolamente se otorgó a favor del señor Enríquez y que hoy se haya en manos de la precitada Compañía Agrícola del Lago de Lerma. S.A. (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 14, exp. 184. Grafía original).

Como se ve, las condiciones políticas y sociales habían cambiado en el país. Las nuevas leyes dictadas a favor de la dotación y restitución de tierras a los campesinos por el nuevo régimen político motivaron a los pueblos a resistir con éxito los intereses extralocales a sus comunidades. Los argumentos de los pueblos permanecen desde los intentos por desecar las lagunas con Mariano Riva Palacio; así, pasados casi 75 años:

De llevarse en adelante la pretendida desecación de la laguna de Lerma, se nos ocasionarían gravísimos perjuicios por la desaparición de una importantísima fuente de riqueza pública, consistente en la explotación de los recursos de pesca, caza y productos de tule existentes en el lago, así como los forrajes que son indispensables para el sostenimiento de los semovientes empleados en las labores de los pequeños terrenos que poseemos (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 14, exp. 184. Grafía original).

La resistencia de los pueblos frente a estos proyectos se realiza por la indispensable necesidad de seguir manteniendo sus lagunas, su espacio lacustre con su territorio y tierras, que son la fuente de su reproducción social, por lo que dejan claramente establecida su oposición al proyecto de desecación, como se observa en la siguiente larga cita:

Por las circunstancias dejamos expuestas: I: Se tenga por ratificada la inconformidad de la mayoría de los ribereños de la laguna de Lerma, a quienes representamos, con la pretendida desecación de la expresada laguna. II Por negar amplísimamente toda manifestación que se tratara de hacer valer en el sentido de conformidad con el contrato-Concesión a que nos referimos. III Acordar se niegue a la Compañía Agrícola de Lago Lerma S.A. cualesquiera prorrogas que solicite en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le impone el propio contrato de Concesión y declare éste mismo caduco como debe tenérsele por los propios y legales fundamentos que dejamos señalados. IV Finalmente acordar se haga los estudios y trabajos relativos a la debida reglamentación para el aprovechamiento del vaso, aguas y productos de la laguna de Lerma, de propiedad nacional, considerando al efecto los derechos e intereses de los respectivos pueblos que representamos. Esperando de la alta justificación de usted y de su criterio eminentemente revolucionario, favorable despacho a las solicitudes contenidas en el presente escrito, nos es honroso reiterarles las seguridades de nuestras adhesiones y respeto, autorizando al ciudadano procurador de aguas que suscribe para recibir la contestación que se digne usted a darnos y facultándolo una vez más para que como nuestro representante común ejercite cualquiera acción relacionada con los fines expresados con anterioridad (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 14, exp. 184. Grafía original).

En razón de que no se había llevado a cabo la obra en 1930, se decretó insubsistente el contrato de Zaldívar de 1907. Ante esta decisión, Zaldívar recurrió al amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que dio su resolución hasta febrero de 1939 en el sentido de negar el recurso al quejoso. También se hizo de su conocimiento que, con base en la legislación sobre aguas, las concesiones caducaban por la “falta de uso y aprovechamiento de las aguas por un periodo de tres años consecutivos dentro de cinco”. No fue sino en 1942 cuando se logró resolver la caducidad del contrato de 1907. Para entonces, el gobierno federal tenía otros propósitos en relación con las aguas de las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma.

Es evidente que el tránsito en la defensa de las aguas por parte de los pueblos se realizó en un trayecto de diferentes estrategias, que fueron desde ignorar las disposiciones de los empresarios, hacendados, gobiernos estatal y federal, hasta argumentar con base en la nueva legislación en materia de agua, que en otros conflictos no habían ocupado e incluso rechazado, o aglutinar una fuerza local y regional de los pueblos para oponerse a las desecaciones que colocaban en riesgo de disolución su espacio lacustre.

Desde estas posiciones, los pueblos logran oponerse a los intereses externos a sus comunidades y se imponen en la lucha frente al proyecto de desecación. En este largo tránsito de defensa, disputas y tensiones permanentes entre los pueblos y los hacendados, empresas, gobierno estatal, las condiciones legislativas respecto al usufructo de las aguas nacionales cambiaron y las colocaron en una situación distinta respecto de su manejo y su uso jurídico y político.

Estas nuevas condiciones colocaron a los pueblos ribereños en otra orientación política y económica respecto de su espacio lacustre y territorio, lo que produjo otra estructuración del espacio que los posicionó en el tránsito de pueblos ribereños y pobladores lacustres a campesinos y emigrantes. El capitalismo urbano-industrial de la ciudad tenderá la mano sobre su espacio y los subsumirá a sus condiciones urbanas.

4. El trasvase de agua para la ciudad de México. La primera fase del sistema Lerma

Las tensiones y disputas entre los pueblos ribereños, hacendados y empresas agrícolas por la posesión de la laguna y por su usufructo fueron permanentes durante todo el siglo xix y los primeros años del xx. Éstas ejemplifican cómo la defensa férrea de los pueblos fue determinante para mantener, ocupar, organizar y configurar espacialmente tanto el pueblo como la laguna Chignahuapan, con base en la producción lacustre, donde tierra y agua no tienen disolución alguna puesto que de ella dependía la vida, el desarrollo de la comunidad y la base económica de los ayuntamientos y la reproducción social.

Por las mismas condiciones, se logró que confluyeran los intereses de las comunidades enfrentadas por la posesión y usufructo de zonas de la laguna frente a hacendados, gobierno estatal y federal en sus pretensiones de ampliar el espacio agrícola. No obstante en esto también se evidenciaron las contradicciones internas de las comunidades ribereñas para llegar a acuerdos y establecer alianzas entre pueblos y puntos de encuentro en la lucha por el territorio municipal de cada uno de ellos frente a los intereses extralocales regionales y nacionales.

En las primeras décadas del siglo xx el espacio lacustre predominó en los pueblos. En los mismos decenios, en la escala nacional, una nueva forma jurídica y de usos del agua ––agrícola, ganadero, hidroeléctrico y urbano–– se empieza a sedimentar. Las grandes cantidades de agua que se manejan y el avance tecnológico y de ingeniería hidráulica se ampliaron. A la par, se consolidó el proceso de centralización del agua con las leyes de 1910 y con las de 1929. Este último punto afectó de manera directa a los pueblos ribereños, puesto que el gobierno federal desplazó a los ayuntamientos de las rentas de sus aguas y tierra a favor de la Secretaría de Agricultura y Fomento (sayf), la cual a partir de entonces será la que otorgue las concesiones de uso y explotación de los distintos cuerpos de agua a lo largo y ancho del país.

Es importante decir que la centralización del agua fue una política que los gobiernos emanados de la revolución ratificaron y continuaron. Al mismo tiempo que se centralizó el manejo y la administración del agua, se otorgaron concesiones de uso a los campesinos ––ejidatarios y pequeños propietarios––, lo que significó una diferencia plena frente al gobierno de Porfirio Díaz, puesto que la reforma agraria otorgó tierras a los campesinos desposeídos mediante restituciones de tierras comunales y dotaciones de tierras ejidales.

Este proceso implicó para los ayuntamientos de los pueblos y para los propios pobladores un desplazamiento en la reglamentación de los usos y usufructos. Los ayuntamientos ya no pueden otorgar más los permisos de usufructo ni arrendar sus fuentes de agua. Los permisos para estos casos los otorga el gobierno federal por medio de sus distintas secretarías y departamentos. De esta forma, los ayuntamientos perderán el derecho de arrendar, además de los recursos monetarios por los manejos de sus fuentes hídricas.

Los pueblos y ayuntamientos de las riberas de la laguna Chignahuapan pierden con esto la propiedad de las aguas de la laguna y de la tierra que se encuentra en sus márgenes y debajo del agua que forma la laguna. Primero, con la expedición de las leyes de 1917. Segundo, con las declaraciones de propiedad federal tanto del río Lerma, en 1920, como de la laguna Chignahuapan, en 1924. Tercero, con las respectivas declaraciones de propiedades federales de los diferentes ríos y manantiales afluentes del río Lerma y de la laguna, como es el caso del arroyo y manantial Tepozoco, en 1936, ubicado en Santa Cruz Atizapán.

En este nuevo contexto apareció un renovado interés por el agua de la laguna, adicional al que existía por las tierras que forman su vaso. El interés del gobierno federal y del Departamento del Distrito Federal por el agua para trasvasarla con fines de abastecimiento urbano-industrial a la Ciudad de México, lo que ocasionó una nueva oleada de tensiones y conflictos entre los pueblos ribereños y el gobierno federal, en los que el gobierno del Estado de México fungió como intermediario de los intereses del federal.

Resulta oportuno mencionar que para finales del decenio de 1930 e inicios de 1940 en México se instauró un modelo de desarrollo económico denominado sustitución de importaciones, el cual tuvo por objeto iniciar un proceso de modernización económica y política del Estado mexicano por medio de la propiedad privada, la industrialización y la urbanización; basó sus objetivos nacionales en la pequeña propiedad y la agricultura intensiva, mediante el riego y la industrialización del centro del país, en especial en el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946).

La sustitución de importaciones impulsó un proceso profundamente excluyente caracterizado por la fuerte concentración y heterogeneidad de la estructura productiva e industrial, y por un manejo político autoritario, donde el gobierno federal controló mediante el Partido Revolucionario Institucional, sus secretarías, departamentos, las centrales obrero-patronales y campesinas (Confederación Nacional Campesina y Central Obrera de Trabajadores de México), así como las diferentes estructuras de poder regionales y locales, y mantuvo un mando centralizado que ejerció de forma autoritaria el poder. De esta forma, el Estado mexicano controló las instancias locales que definieron las agrias disputas del espacio de las comunidades indígenas y mestizas (González, 1970).

Por otro lado, la industrialización del país se caracterizó desde los años 40 por una alta participación del capital extranjero en las ramas de exportación y por un manejo de la innovación tecnológica que obstaculizó su difusión por parte del Estado. La política económica seguida en la agricultura comercial, en particular en las pequeñas propiedades, se apoyó en estos elementos. Por su parte, para los campesinos ejidatarios y comuneros con tierras en su mayoría de temporal, resultó un fracaso que motivó que muchos de ellos migraran hacia las ciudades en pleno crecimiento o a Estados Unidos.

En las décadas de 1940 y 1950 se otorgó un franco apoyo a la pequeña propiedad privada, a la industrialización y urbanización del centro y occidente del país. En el caso de la industrialización, centró su producción en los bienes de consumo final para las poblaciones urbanas que germinaban en la Ciudad de México y en el centro del país, y dejó de lado a su población campesina ejidataria comunera; y, por supuesto, a los productores lacustres.

Como consecuencia de estas políticas de apoyo al desarrollo urbano-industrial, se inició en los años 40 del siglo xx, en la Ciudad de México, un concentrado y explosivo desarrollo metropolitano, “al crecer y extender su influencia sobre zonas periféricas e integrarlas funcionalmente a la vida urbana” (Negrete et al., 1993: 13), originado por el gran crecimiento poblacional y la migración que se presentó para esos años. El ritmo de crecimiento de la población en los años 50 fue sorprendente,

con tasas [de crecimiento] cercanas a 5% anual entre 1950 y 1970. En estos años la expansión se dio en todas direcciones alrededor de la ciudad central. Se integraron a la ciudad unidades político-administrativas colindantes que incluyeron el área más próxima del Estado de México. Estas unidades fueron los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, que nacieron como zonas industriales; y posteriormente Ecatepec y Huixquilucan, como zonas residenciales para aglutinar población de diversos estratos socioeconómicos. Desde los años 50 y 70 se da un crecimiento demográfico muy fuerte sobre los municipios metropolitanos del Estado de México. Para 1970 eran ya 17 los municipios metropolitanos, 21 en 1980 y 27 en 1990 (1993: 14).

De la misma forma e impulsado por el modelo de sustitución de importaciones, se construyó el llamado corredor industrial Toluca-Lerma, en el que se desarrolló una intensa actividad industrial que se reflejó en la producción del Estado de México, que llegó a ocupar el segundo lugar de la república entre 1949 y 1979. Esta actividad industrial conllevó un aumento de la densidad de población en el valle de Toluca, lo cual a su vez ocasionó un incremento de las necesidades de agua para uso industrial y urbano, que se cubrieron con la perforación de pozos localizados en ese valle.

En este contexto nacional se desarrollaron las necesidades progresivas de agua para la ciudad, por el crecimiento urbano e industrial. Un punto axial en la forma de sostener la necesidad apremiante de agua para la ciudad, para trasvasarla de otras zonas, fue el discurso de la “sobreexplotación” de los mantos freáticos, que, según el gobierno federal en turno y el propio Departamento del Distrito Federal, era causa de los hundimientos que se presentaban de forma considerable en la capital del país, la cual podía colapsar por esto. Así, se propaló desde el gobierno federal el discurso sobre zonas alternas donde se localiza el agua, para llevarla a la ciudad.

El punto significativo de esto es que la ciudad se consideró todo el tiempo como un cuerpo homogéneo y en peligro de desabasto de agua y de colapso. No aparece en ningún momento cómo ésta se va produciendo de forma heterogénea, conflictiva, desigual, y mucho menos a qué intereses responde su crecimiento urbano exponencial, donde por un lado aparecen zonas con exiguos problemas de abasto de agua, como el sur de la ciudad, y las que de forma permanente reclaman la falta de ella, al oriente y norte. En la misma tesitura, la opción de abasto de agua se pretende resolver mediante la técnica e ingeniería hidráulica y planeación que en ese momento propulsa su fuerza política como solucionadora de todo, en el terreno de problemas “prácticos” para almacenar, canalizar, dotar de agua o incluso desecar distintas regiones del país.

Esto no quiere decir que la Ciudad de México desde décadas anteriores no presentara problemas de abasto de agua potable en ciertas regiones y que no lograba resolverlos; tampoco significa que no existiera agua subterránea o superficial en el valle donde la ciudad se asienta.22 La clave, en el argumento de este libro, es observar para dónde, cómo y para quién se construye la gran infraestructura que posibilita almacenar, dotar y usar el agua, además de los lugares donde obtenerla. Así, desde la colonia y hasta los inicios del siglo xx se buscaron fuentes alternativas de agua para la ciudad. En un proceso dilatado, se fue incorporando el agua de manantiales y subterránea por medio de pozos profundos de distintas regiones contiguas a la Ciudad de México, que cada vez fueron más lejanas. Se puede decir que el proyecto que se denominó como Primera Fase del Lerma fue en realidad la continuación de este proceso.

Los antecedentes de este proyecto se pueden situar aproximadamente a finales del siglo xix, cuando el gobierno de la ciudad decidió en 1899 tratar de dar solución al problema y nombró una comisión de estudio. Ésta recibió dos proyectos, por un lado el del Ing. Manuel Marroquín y Rivera, y por otro el de William Mackensi. “El 2 de marzo de 1902 la comisión rindió un informe en el que apoyaba la propuesta de Marroquín, la que pretendía el aprovechamiento de las aguas de Xochimilco. El proyecto de Mackensi, desechado, se refería al abastecimiento de la Ciudad de México mediante el agua de los manantiales del río Lerma” (Villa, 1940, en Silva, 1999, disponible en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/tesis.pdf). Sin embargo, en ese momento ninguna de las iniciativas prosperó.

Aguas, canal nacional, manantiales de Xochimilco y Chalco. El gobierno del Distrito Federal remite un oficio del secretario de Comunicaciones para informarle que el presidente de la república ha rechazado la solicitud del ayuntamiento de que se titulen a favor de la ciudad de México los manantiales de Xochimilco y Chalco, y se ratifica la resolución dada por la Secretaría de Comunicaciones del 11 de octubre de 1895. Expresa que el gobierno general no puede conceder más que el uso y aprovechamiento de dichas aguas para atenciones del bien público de la ciudad, pero no puede transferir su dominio (ahdf Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Actas de Cabildo, año 1899, vols. 258A-260A).

Fue a partir de 1909 que el agua de Xochimilco se condujo hasta los tanques ubicados en la Loma de Molino del Rey, a 26 kilómetros de distancia. Ahí se construyó un pozo de nueve metros de profundidad y se instalaron varias bombas con el fin de introducir el agua hasta un acueducto de concreto para trasladarla a la estación de bombeo ubicada en la colonia Condesa. De ahí se elevó a los tanques para después distribuirla a la ciudad. De la misma forma, en 1912 se comenzaron a bombear y conducir aguas del sur de la ciudad; de Nativitas, Santa Cruz y la Noria (Anexos 1 y 2; Legorreta et al., 2007, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2004/05/31/eco-c.html).

Con el inicio de la revolución, durante el transcurso de ésta y hasta 1924 el abastecimiento de agua de las regiones del sur de la Ciudad de México tuvo serios problemas en largas temporadas, en las cuales era común el desabasto durante el día, no obstante la dotación de agua de los acueductos mostrados en el Cuadro 1. En 1927 se construyó una batería de pozos artesianos en los manantiales de San Luis Tlaxialtemalco, con la intención de solventar las demandas de agua (Legorreta et al., 2007). Poco a poco, la ciudad extendió sus necesidades hídricas horizontal y verticalmente sobre su propio espacio urbano y áreas agrícolas contiguas: Iztapalapa, Tlahuac, Chalco, Ecatepec y Naucalpan en un proceso contradictorio, puesto que por un lado buscaba agua superficial y subterránea, y por otro urbanizaba y contaminaba los propios cauces de ríos y zonas de manantiales.

En este mismo periodo, específicamente el 8 de octubre de 1927 el presidente Plutarco Elías Calles mediante un decreto presidencial acordó suspender el otorgamiento de concesiones de los manantiales que daban origen al Lerma, lo cual se ratificó en 1931, por el interés de utilizar el agua de las lagunas de Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma para el abasto de la Ciudad de México.23 En esta consideración, “la Secretaría de Agricultura y Fomento ya no otorgó a particulares ninguna concesión de las aguas de los manantiales que daban origen al río Lerma y alimentan las tres lagunas, sino que las reserv[ó] para precisar en su oportunidad si conviene conducirlas a esta capital”.24

Figura 2. Proyecto para trasladar el agua de Almoloya
a la Ciudad de México.

Fuente: Archivo Histórico del Distrito Federal, Palacio de los Condes de Heras Soto.

De esta manera, las necesidades urbano-industriales se posesionaron de la región de las lagunas de Lerma. Sin embargo, el interés por el agua para riego y por las tierras que se encontraban debajo de dichas aguas para la agricultura, todavía no había desaparecido. La Compañía Agrícola del Lerma, S. A. aún tenía la concesión para desecar dichas lagunas. Más tarde se derogará el decreto de desecación otorgado por el gobierno federal a la compañía mencionada. En esto se impuso la fuerza del gobierno federal con el fin de exportar el agua a la Ciudad de México.

Posterior a que el presidente Plutarco Elías Calles decretara en 1927 la veda de los acuíferos ubicados donde nace el río Lerma, en 1930, por conducto de la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, la Secretaría de Agricultura y Fomento concedió permiso a los Ings. Juan de Villarello y Rafael Orozco para que estudiaran la posibilidad de utilizar los manantiales de Almoloya del Río para el abasto de la Ciudad de México. En 1931 se publicó en el Diario Oficial la solicitud de Villarello y Orozco para aprovechar las aguas de los manantiales de Almoloya del Río para la generación de energía eléctrica. Solicitaban un volumen de 1 500 litros por segundo de las aguas de todos los manantiales que daban origen al río Lerma. Estas aguas se emplearían en servicios públicos y usos domésticos por medio de una caída artificial de aproximadamente 200 metros. Empero, el proyecto no se consiguió debido a que existía la veda de 1927.

En 1937 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas comisionó al Ing. Terrés para elaborar un nuevo estudio para aprovechar las aguas del Lerma. El proyecto de Terrés fue muy similar al propuesto por Villarello y Orozco, aunque presentó diferencias en términos técnicos de construcción-disminución en las captaciones de las lagunas, localización del túnel en la Sierra de las Cruces a más altura, pero en general tenía el mismo fin: trasvasar el agua de las lagunas para la ciudad (srhchcvm, 1964: II-3, en Silva Aguilar, 1999, disponible en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/tesis.pdf).

A partir de 1930 estos estudios y proyectos se ampliaron y detallaron. Así, el trasvase cada vez se hizo más evidente y posible debido a que se contó con elementos jurídicos que ayudaban para esto (desde 1920, a partir de 1924 cuando fueron declaradas propiedad de la nación el río y las lagunas de Lerma), con estudios técnicos y de ingeniería civil y principalmente con la fuerza política del gobierno federal para el impulso del trasvase de agua a la Ciudad de México. En todo esto es importante mencionar que existieron una serie de reticencias para aceptar que las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma pasaran a ser propiedad federal junto con la declaración de propiedad federal del río Lerma en 1920, puesto que los ayuntamientos de los pueblos ribereños reclamaban saber si las lagunas eran también propiedad de la nación o sólo el río. Para solucionar esto, el gobierno federal decidió declarar en 1924 propiedad federal las tres lagunas de Lerma.

Para 1936 el manejo y profundización del uso del agua subterránea para abastecer a la ciudad es cada vez más evidente con la perforación de los primeros 18 pozos profundos de entre 100 y 200 metros, lo que marcó una extensión de la explotación intensiva del agua subterránea en y para la ciudad. De 1936 a 1944 se perforaron aproximadamente 93 pozos en el centro y en la periferia (Legorreta et al., 2007, disponible en http://old.planeta.com/ecotravel/mexico/ecologia/97/0897agua1.html). Al mismo tiempo que se realizaba la edificación de esta infraestructura para el abastecimiento de agua se consolidó el discurso de sobreexplotación de los mantos freáticos en la urbe, lo que ocasionaba un progresivo hundimiento del suelo lacustre de la ciudad.

Figura 3. Manatiales y río Lerma.

Fuente: Archivo Histórico del Distrito Federal, Palacio de los Condes de Heras Soto.

En estas circunstancias se generó todo un encadenamiento de discursos de hundimiento, falta de agua y necesidad de agua de regiones donde “sobraba”. En ello, las investigaciones de finales de la década de 1940 por parte del Dr. Nabor Carrillo calcularon y otorgaron una serie de datos de la extracción de agua del acuífero, en un promedio de 7.2 m3/s. Con datos empíricos demostrados por este científico, se extendió la idea de que el agua se acababa en la ciudad y que era apremiante declarar una veda para el acuífero del valle de México, pues por los hundimientos se podía colapsar el abastecimiento de agua potable. De esta forma, se impone una veda a los acuíferos del centro de la ciudad y se construyen a su vez más pozos profundos de extracción de agua ––aproximadamente de 400 m–– en Xochimilco, en el sur de la capital del país, y en Chalco, municipio del Estado de México (Legorreta et al., 2007, disponible en http://old.planeta.com/ecotravel/mexico/ecologia/97/0897agua1.html).

A partir de entonces se argumentó de manera permanente, catastrofista y alarmista que debido a los problemas de hundimiento de la ciudad y ante el crecimiento exponencial de la población era indispensable traer agua desde fuera del valle de México. No obstante que estos argumentos se sustentaron en investigaciones serias sobre los hundimientos de la ciudad, el desabasto de agua en la ciudad no se debía a los hundimientos del subsuelo25 (aunque también representaron un problema), sino al desmesurado crecimiento de nuevos centros industriales ubicados en la capital del país y los municipios colindantes con ésta, como el caso de Naucalpan y Tlalnepantla, y a la concentración poblacional a partir de los años 30 como consecuencia de las políticas impulsadas por la sustitución de importaciones. Todos estos procesos necesitaban agua para su establecimiento, mantenimiento y crecimiento.

Esto se comprueba con los incrementos en el abasto de agua para la ciudad,26 como fue la construcción de más pozos para agua potable en 1956 en la localidad de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México, ubicados al norte de la ciudad; 40 de ellos se perforaron a una profundidad media de 150 m. Y con el incremento de la población, puesto que en 1964 la población del Distrito Federal era de 5.8 millones, con un abastecimiento de 22.2 m3/s (Legorreta, 2004, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2004/05/31/eco-c.html).

En este contexto se iniciaron las obras de abastecimiento de agua para la ciudad desde las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma.27 El trasvase aprovecharía las alturas de los valles de Toluca28 para transportar el agua por gravedad. En 1937 se tuvo el proyecto listo, mediante los estudios que realizó la Secretaría de Agricultura y Fomento. El gasto inicial de agua sería de 6 m3/seg., hasta llegar a 14, con una capacidad proyectada de 15 m3/seg., con 50 km de instalaciones. La primera etapa consistiría en la perforación de 40 pozos (dgcoh, 1994: 40).

Hay que decir que en términos técnicos y de ingeniería civil, no fue una tarea sencilla. La edificación de lo que se nombró como Sistema Lerma y luego como Primera Fase del Sistema Lerma implicó la utilización de una gran cantidad de recursos monetarios, mano de obra y personal técnico y de ingeniería para las obras que se realizaron durante diez años,29 consistentes en captar las aguas superficiales de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río, San Mateo Texcalyácac Texcaltenango y Alta Empresa, en el Estado de México. No obstante, la clave radicó en el elemento jurídico y político del Estado mexicano para sustentar las obras. Igualmente en el alto interés de las empresas contratistas que se beneficiaron en la construcción del sistema, por la alta inversión económica que el gobierno federal utilizó para el caso (Romero, 1999: 82).

El presidente Ávila Camacho refería en su primer informe de gobierno que estaba por iniciarse la obra de captación en los manantiales del Lerma; y finalmente, en marzo de 1942, se iniciaron las obras con un acueducto de 60 km de longitud, que incluía el túnel Atarasquillo-Dos Ríos, unión entre los valles de México y Toluca a través de la Sierra de las Cruces.

La obra se inició en marzo de 1942. De acuerdo con el Informe de Actividades del ddf de 1947, se tiene que durante el periodo que va de 1942 a 1947 se gastaron $89 386 464 por concepto de obras del Sistema Lerma, de los cuales $49 373 444 (55.2 %) corresponden a las obras del acueducto; $29 898 060 (33.5 %) a las obras del túnel, y el resto, $10 114 960 (11.3 %), a las obras exteriores y gastos generales diversos […] El gasto total de las obras que comenzaron en 1942 y concluyeron en 1951 fue de $225 607 737.57 millones de pesos mexicanos (de ese tiempo). La mayor inversión fue para la construcción del túnel y acueducto, pero destacan de forma importante los gastos destinados a pagos de servicios generales y supervisión, que casi requirieron de 30 % del presupuesto total gastado (Torres, 2014: 94-96).

De esta manera en 1951 el presidente Miguel Alemán inauguró las obras. Por primera vez entraron a la Ciudad de México las aguas de los pueblos de las lagunas Chignahuapan, Chimalipan y Lerma, las cuales se encontraban 300 m arriba respecto al nivel de la ciudad, “con un gasto inicial de entre 2.45 m3/seg según la cna, 1993; y 4 m3/seg., según Contreras, 1989” (Velasco, 2008: 110). En esta obra de ingeniería civil por medio de galerías se captó el agua de los manantiales y el agua subterránea se extrajo a lo largo del acueducto superior por medio de 75 pozos, con profundidades de entre 50 y 308 m. Las obras de conducción constaron de tres partes: acueducto superior en el valle de Toluca; túnel de las Cruces, entre Atarasquillo y Dos Ríos, y acueducto inferior en el valle de México (Torres, 2014: 91).

El acueducto atravesó la Sierra de Las Cruces por un túnel de 14 km, llamado Atarasquillo-Dos Ríos. Para esto, se construyó un sistema de distribución y almacenamiento en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Ahí, se canalizó el agua hacia cuatro grandes depósitos de 100 m de diámetro y 10 de profundidad, para ser distribuida por gravedad al espacio urbano en expansión, devorador de agua (Legorreta et al., 2007, disponible en http://old.planeta.com/ecotravel/mexico/ecologia/97/0897agua1.html). Este trasvase, que en su momento apareció como una “magnífica” obra de la ingeniería hidráulica mexicana, en realidad emergió como una obra llena de acuerdos políticos, imposiciones del gobierno federal y estatal a los pueblos ribereños.

Empero éste es el contexto en el cual se integra el agua de la laguna Chignahuapan a la Ciudad de México, ¿Qué pasaba en los pueblos ribereños?, ¿cuál fue su postura hacia el proyecto?, ¿Cuál fue la del gobierno estatal frente al propósito del gobierno federal de llevarse el agua para la ciudad?, y ¿Cómo se realizan los arreglos políticos entre los diferentes niveles de gobierno y los pueblos para establecer el proyecto?

Hay que tener en cuenta, como se indicó antes, que para 1930 el gobierno federal detenta ya la jurisdicción de las aguas del país y por tanto las que se encuentran en la laguna Chignahuapan. Además de esta jurisdicción, el gobierno federal trató de poseer un control político de las distintas regiones del país por medio de sus secretarías de estado y del Partido Revolucionario Institucional, amén de las recién instituidas organizaciones gremiales campesinas y obreras (cnc y ctm). De esta manera, se desarrolló un centralismo político que propició el establecimiento de una burocracia política, a la que no fueron ajenos los pueblos ribereños a la laguna Chignahuapan.

En este contexto político, y como ejemplo de ejercicio de poder centralizado por parte del gobierno federal, se iniciaron las obras del proyecto de trasvase de agua de la laguna Chignahuapan. Cuando el ejecutivo impulsó el proyecto de extracción de agua para la ciudad de México, el gobernador del estado, Wenceslao Labra, en un documento que le envió al presidente Lázaro Cárdenas en 1940, expuso:

Por las actividades desplegadas a últimas fechas por elementos técnicos del gobierno federal, se desprende que está por realizarse el proyecto que consiste en utilizar los diversos manantiales que dan nacimiento al río Lerma, en la capital de la república, mediante las obras de conducción necesarias (Silva Aguilar, 1999, disponible en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/tesis.pdf).

Como se puede observar, la decisión de trasvasar el agua de la laguna a la ciudad es del poder federal que no necesitaba la intermediación del gobierno estatal para llevar a cabo las obras, puesto que el agua que se extraería y trasladaría era propiedad de la nación. Lo que significaba que el gobierno federal poseía y tenía la jurisdicción de las aguas y tierras habidas en ellas. En estos dictados no necesitaba negociar la realización del proyecto.

Tal consideración tuvo clara el gobierno estatal y no trató de impedir el proyecto. Empero, sí intentó negociar una “justa” compensación por los aprovechamientos que se realizarían de las aguas de las lagunas que se encontraban en su territorio, pues se privaría a los pueblos, de donde se extraería el agua, de aprovechamientos útiles. Por tanto, pide:

Concesión sobre el aprovechamiento de aguas negras del canal de desagüe, en terrenos del Estado de México. También, la utilización de aguas provenientes de la laguna de Zumpango [para que] sean aprovechadas en el riego de esa misma región por campesinos mexiquenses; así también, aguas de la planta Juandó, del estado de Hidalgo, para uso agrícola (Silva Aguilar, 1999, disponible en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/tesis.pdf).

Sin embargo, dichas solicitudes fueron denegadas por la Secretaría de Agricultura y Fomento, bajo la presidencia de Ávila Camacho. Esto implicó que las peticiones o quejas por el proyecto se realizaran bajo la hegemonía de las decisiones del gobierno federal en el marco jurídico-político posrevolucionario. Por lo mismo, el gobierno del Estado de México no se opone, pero trata de negociar, con poco margen de maniobra. Así, reflejará en las exposiciones y justificaciones que realiza acerca del proyecto que “se transportaría agua que, de quedarse en el Lerma, finalmente se perdería por evaporación y transpiración” (Noriega, 1954, en Silva Aguilar, 1999, disponible en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/tesis.pdf).

En estas declaraciones no sólo se puede observar el apoyo, sino la perspectiva e idea del agua de las lagunas de donde se trasvasa para mandarla a la ciudad. Estas afirmaciones sustentan argumentos que se esgrimían desde el siglo xix, con proyectos de desecación de las lagunas: aguas hediondas, improductivas, con pueblos de economía lacustre exigua que no redituaba en términos económicos los mismos beneficios que una agricultura de riego y ganadería. Lo que ahora podría ser realizable, debido a que el agua se aprovecharía en los cimientos urbanos de la capital y no se desperdiciaría en las lagunas. Asimismo, las tierras que yacían improductivas a las márgenes y debajo del agua serían usufructuadas en las nuevas condiciones agrícolas y ganaderas, con lo cual los pueblos ribereños saldrían del estado de “atraso” en el que se encontraba su economía.

Empero éstas son las argumentaciones y las herramientas jurídico-políticas que tiene el gobierno federal para impulsar el proyecto de exportación de agua a la capital del país, ¿cuáles son las argumentaciones de los pueblos?, ¿cuál es la defensa que establecen para preservar sus aguas? Puesto que desde decenios atrás habían luchado por mantener la propiedad y usufructo de sus lagunas frente a pueblos vecinos, hacendados e intereses externos, ahora el interés y el enemigo para sus aguas y su producción lacustre había cambiado. Éste es el tema que ocupa el siguiente apartado.

5. Los pueblos ribereños frente al proyecto de trasvase de agua

A inicios del siglo xx los pueblos ribereños habían perdido la propiedad del agua con la centralización. En específico, con las declaraciones de propiedad nacional de sus aguas, lo que ocasionó grandes cambios para los pueblos debido a que significó una reestructuración espacial y territorial; y un cambio en su economía y en la toma de decisiones políticas del ayuntamiento sobre la laguna Chignahuapan; y la pérdida de recaudación fiscal por los arrendamientos que realizaban de la laguna. A partir de este momento los permisos, después de la declaratoria de propiedad nacional del río Lerma, en 1920, y con la respectiva declaración de la laguna Chignahuapan, en 1924, se debían hacer con diferentes secretarías o departamentos dependientes del ejecutivo, cambio que fue paulatino y estuvo lleno de conflictos.

Si bien esto perjudicó los ingresos de los ayuntamientos de manera notable, no implicó dejar de usufructuar los recursos de la laguna. Aunque se tenían que gestionar los permisos de explotación, muchas veces se realizó la extracción de productos de la laguna con base en los usos y costumbres del poblado, lo que implicó no pedir permiso a las respectivas secretarías del gobierno federal. Sin embargo, una pregunta que surge en toda esta maraña de acontecimientos es ¿por qué los pueblos ribereños que habían ofrecido una fuerte resistencia, jurídica y política a los intereses externos ahora no se oponían a la declaratoria de propiedad federal de la laguna?

Hay que tomar en cuenta que la falta de oposición hacia esta declaración de propiedad federal, primero del río Lerma, en 1920, y después de la laguna Chignahuapan, en 1924, se dio en pleno conflicto revolucionario, cuando:

Primero: Comunidades como San Mateo Texcalyácac son desalojadas de sus pueblos en 1916 por el gobierno federal, porque formaban parte de los que se encontraban en el pie de monte que refugiaron y apoyaron a las tropas zapatistas: San Mateo no regresa a sus tierras hasta 1920. En lo que respecta a Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán, en éstos se presentaron cruentos combates entre tropas zapatistas, carrancistas y federales, con gran apoyo y participación de estas comunidades a los zapatistas; incluso estuvo instalado un cuartel zapatista en Almoloya del Río.

Segundo: Hay que agregar la emanación del nuevo régimen político resultado del proceso revolucionario, con cambios fundamentales en materia jurídica de tierras y aguas, que favoreció a los campesinos con las dotaciones y restituciones de tierras comunales. La forma de administrar el agua y la tierra tendió su base de justificaciones avaladas por la lucha revolucionaria, que para esos años no podía ser cuestionada de manera plena. Verbigracia de esto fue la dotación de tierras ejidales que el gobierno federal realizó en 1939 a Santa Cruz Atizapán; el reconocimiento, titulación y confirmación de Bienes Comunales a Almoloya del Río en 1925 y a San Mateo Texcalyácac en 1947 (agh. Almoloya del Río. Restitución de Tierras Ejidales, exp. 10977. agh. Santa Cruz Atizapán. Dotación de Tierras Ejidales, exp. 13995. agh. Texcalyácac. Reconocimiento, Titulación y Confirmación de Bienes Comunales, exp. 129).

Tercero. Asimismo, las nuevas disposiciones en materia de agua ocasionaron una serie de confusiones entre los pobladores acerca del nuevo estado de cosas que legalmente se permitía sobre el agua y la tierra.

Estas circunstancias motivaron principalmente que Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac no ofrecieran resistencia a las declaraciones de propiedad federal del río y la laguna. Lo más que se presentó fue pedir aclaraciones sobre la propiedad de la laguna Chignahuapan, ya restablecidas las condiciones políticas en las comunidades. Esto se puede observar en los documentos remitidos a la Secretaría de Agricultura y Fomento por el municipio de San Mateo Texcalyácac, que precisaba saber si la laguna Chignahuapan era propiedad de la nación, para aclarar estas confusiones:

la Secretaría de Agricultura y Fomento, a través de la Dirección de tierras colonización, aguas e irrigación menciona que de una manera precisa no se ha hecho ninguna declaración a este respecto sólo se ha hecho la correspondiente al río Lerma, como de propiedad nacional y en cuya declaración ha quedado comprendida tácitamente las lagunas de Lerma. Sin embargo a fin de evitar nuevas confusiones y consultas como la que motiva el presente informe, el subscrito se permite proponer que con los datos que existen en esta Secretaría se haga una declaratoria de las lagunas de Lerma como de propiedad federal, por estar demostrado que es un vaso de formación natural directamente con corrientes constantes como lo expresa el artículo 27 constitucional y que […] aunque la laguna ha sido comprendida en la declaración de propiedad federal del río Lerma, por formar parte de dicho río, sin embargo, y a fin de evitar nuevas confusiones, ya se procede a formular una declaración expresa de dicha laguna (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1629, exp. 23444. Grafía original).

Por tanto, para 1924 se reúnen los datos necesarios que estipulaba el artículo 27 de la Constitución para hacer propiedad nacional la laguna Chignahuapan. Pero en esta demanda de aclaraciones, al ver los pueblos que la laguna Chignahuapan no había sido declara propiedad de la nación, emiten datos incorrectos e insuficientes para que la laguna no sea declarada propiedad federal, como se puede observar en lo que declara la sayf:30

El 28 de mayo del presente año [1924], esta secretaría (sayf) se dirigió al señor gobernador del Estado de México, pidiéndole los datos relativos acerca de la laguna de Chiconahuapan, municipio de Texcalyácac, distrito de Tenango, con el objeto de hacer la declaración de propiedad respectiva. El gobierno del Estado contestó a esta Secretaría, el cuestionario que al efecto se remitió sobre dicho asunto el 29 de julio último, en su contestación aparece que la laguna de que se trata no sirve de límite entre dos entidades federativas; que no es cruzada por la línea limítrofe de dos Estados por estar ubicada en terrenos del municipio de Texcalyácac; que los pueblos que la rodean son: San Lucas Tepemajalco, Almoloya del Río, terrenos fangosos de Texcalyácac, Santa María Nativitas Jajalpa y San Pedro Techuchulco; que le proporcionan agua los manantiales del lugar denominado Ixcahuiapa que tiene aguas permanentes y que por las razones anteriores la laguna de referencia no debe considerarse como jurisdicción federal (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1628, exp. 23430. Grafía original).

Con esto se ve que las condiciones han cambiado y las oposiciones que ahora ofrecen los pueblos ribereños no pueden ser de otra forma, pues no pueden cuestionar de manera plena al nuevo gobierno (por el cual ellos lucharon), lo que no significa que estén de acuerdo. Justamente, una forma para defenderse de la declaración federal de la laguna fue no dar la información u otorgarla de forma incorrecta o con faltantes; para ver si así se impedía la declaratoria, fin que no se logró, sólo retrasó lo que vendría a ser el nuevo estado de cosas respecto al manejo del agua y su escisión jurídica de la tierra y agua.

En los intentos de aclarar y solucionar este problema, para conducir a buen término la declaración de propiedad de nación de la laguna Chignahuapan, la Dirección de Aguas, Departamento de Concesiones, Sección de Tramitación, en su V División, remite de nuevo un documento al gobernador del Estado de México para que conteste “como es debido” a las preguntas el ayuntamiento de San Mateo Texcalyácac que le hicieron falta.

Las tres primeras preguntas de esta Secretaría fueron contestadas debidamente; respecto a la cuarta únicamente contestó lo relativo a los manantiales pasando por alto los nombres de los ríos y arroyos que tributan sus aguas a dicha laguna, así como si estas corrientes tienen aguas permanentes o si solamente sus cauces conducen aguas en tiempo de lluvia. Tampoco se da a conocer el nombre de la corriente que lleva las aguas de los manantiales ya citados a la laguna de Chiconahuapan. Respecto a las preguntas quinta y sexta, no dice nada el gobierno del Estado de México, y para poder hacer la declaración que corresponda sería conveniente que el gobierno del estado contestara categóricamente si a la referida Laguna afluyen ríos o arroyos de aguas permanentes o únicamente de aguas torrenciales, expresando los lugares que estas corrientes nacen así como que contesten de la misma manera las preguntas quinta y sexta del cuestionario que le envió esta Secretaría (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1628, exp. 23430. Grafía original).

En esta trama, la laguna Chignahuapan es declarada de propiedad federal el 24 de septiembre de 1924, mediante publicación en el Diario Oficial. La resistencia que ofreció San Mateo Texcalyácac no surtió efecto y tampoco fue cuestionada por Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán de alguna otra forma; sólo pidieron aclaraciones sobre si la laguna era propiedad federal.

Estas nuevas disposiciones del gobierno federal respecto a la propiedad de las aguas en los pueblos ribereños cambiaron de manera sustancial las condiciones locales. Ahora, los permisos había que pedirlos a las diferentes dependencias del gobierno federal. Esto se puede observar en la petición que lleva a cabo el presidente municipal de Santa Cruz en 1928 para caza de pato en la laguna, a la Dirección Forestal de Caza y Pesca:

La Dirección Forestal y de Caza y Pesca, Departamento de Caza y Pesca sección de contratos, mesa de permisos, dice a esta presidencia municipal de mi cargo, que se hace indispensable el contrato de arrendamiento para la explotación del Charco “Llano Grande” para la caza de pato por el sistema de armadas, por lo que esta presidencia municipal de mi cargo, en acuerdo de las fecha tuvo a bien acordar, dirija a usted atento oficio con el objeto de que esa Dirección se sirva indicarnos con las condiciones de arrendamiento del charco ya mencionado (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1629, exp. 23444. Grafía original).

Es de esta forma que un nuevo proceso social, político y económico está en ciernes, donde se presenta una nueva producción espacial de los pueblos ribereños. El capitalismo urbano-industrial asoma la mano para apropiarse de un bien común que le ayudará a darle sustento durante los siguientes años. Así es como se inserta en los pueblos un nuevo interés externo, ahora no para desecar las lagunas, sino para llevarse el agua a la Ciudad de México.31 Pero, ¿cómo reaccionan los pueblos frente a este nuevo interés?

El movimiento posrevolucionario a mediados de los años 30, con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se encuentra en auge. La repartición y restitución de tierras mediante ejidos está en su pináculo; los apoyos al ejido por el gobierno federal son una constante en todo el territorio. Las promesas de la revolución mexicana de tierra para trabajar estaban tratando de ser cumplidas; las expectativas de las comunidades campesinas mexicanas se fincaban en el gobierno posrevolucionario cardenista para que cambiaran las condiciones económicas y políticas del país.

No obstante, con el arribo al poder de Manuel Ávila Camacho, empieza una nueva forma de administrar el país. En este periodo se inició de forma plena la sustitución de importaciones, bajo un apoyo a la industria y a la agricultura comercial asentada sobre la pequeña propiedad privada. Las expectativas de los ejidatarios y comuneros puestas sobre el gobierno de Cárdenas permitieron al gobierno federal de Ávila Camacho poseer una gran fuerza política para realizar las obras que significaban, según el propio ejecutivo, un interés nacional y un beneficio para el país (Durant, 2002).

Este discurso fue el que los pueblos aceptaron, debido a que el gobierno federal estaba realizando dotaciones de tierras y desarrollaba infraestructura en las distintas regiones. En este contexto, no se podían oponer a un gobierno que los pueblos ribereños ayudaron a construir con su participación en la revolución. Además, hay que tomar en cuenta que durante el gobierno de Cárdenas se constituye el pnr, que después sería el pri, el cual controlará a los distintos presidentes municipales de los pueblos ribereños, a quienes desde la cúpula del poder federal se dará cierto margen de maniobra en la organización política local. Ello, observado en la forma de las decisiones de elección de representantes de los pueblos que se siguió de acuerdo con sus usos y costumbres, donde el presidente municipal se constituía como un presidente municipal priísta de facto. Así, el pri mantenía su hegemonía regional y estatal; este tipo de elección se seguirá en los municipios de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac hasta mediados del siglo xx. Como lo registra un poblador de San Mateo Texcalyácac.

Lo que tradicionalmente sucedía es que quien salía electo a través de una asamblea del pueblo, pues por tradición, por costumbre se registraba por el pri de manera automática; y en una elección constitucional, pues prácticamente ya no había participación, porque aquí se daba por asamblea (entrevista, San Mateo Texcalyácac, agosto de 2005).

En estas condiciones, en 1937 llegan los primeros ingenieros asignados por el gobierno cardenista a la laguna Chignahuapan para efectuar los estudios pertinentes para trasvasar el agua. De la misma manera, se realizan a su vez los primeros acercamientos directos con los ayuntamientos de los pueblos y se entablan también los arreglos iniciales tanto con éstos como con pequeños propietarios de tierras en la zona. Estos últimos, al ver que existía un interés en comprar las tierras por donde se pensaba construir el canal para llevarse el agua a la ciudad, tratan de llegar a acuerdos económicos, como ejemplifica un poblador de Santa Cruz Atizapán que vivió el proceso de trasvase de agua para la Ciudad de México:

Mire, siempre el poderoso hace las cosas a su manera, y [a] la gente, o sea [al] pueblo, no lo toman en cuenta. Tomaron en cuenta al pueblo y a sus autoridades a partir de que un grupo de gentes que tenían dinero y tenían tierras, y sabían que les iban a comprar tierras, entonces ellos dijeron que, en vista que el pueblo no protesta ni nada, se llevara a cabo el proyecto (entrevista, Santa Cruz Atizapán, julio de 2005).

Empero, otro grupo numeroso de personas de la misma población de Santa Cruz se opone al proyecto de construir un canal que lleve el agua a la Ciudad de México, y trata de defenderse de manera legal interponiendo un amparo:

Aunque nosotros vamos a iniciar un juicio y ellos iniciaron un juicio de amparo […]. Y a partir de entonces vinieron pidiendo garantías ante el ayuntamiento de aquí, el pueblo, pues que dejara la gente que se iba a construir un canal, que iba a ser muy beneficioso para el pueblo, las gentes del pueblo iban a tener una ganancia pagándoles bien por su trabajo etcétera, etcétera, que iba a ver una derrama de 90 millones de pesos (entrevista, Santa Cruz Atizapán, julio de 2005).

La oposición de los pueblos ribereños es evidente, pero es claramente distinta a la de años y siglos anteriores. Aquí no emergió una unión política entre ellos para impedir que se llevara a cabo el proyecto. Prácticamente será sólo Santa Cruz Atizapán la que protesta de manera más decidida. Por su parte, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac no se oponen. Esto advierte la heterogeneidad política local en la región de las lagunas del Lerma.

La diferencia de estas reacciones en los pueblos acerca del proyecto se debe a dos motivos: primero, que la mayoría de los manantiales que existen en la laguna y que le dan origen se encuentran en terrenos de Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac, y por tanto el gobierno federal tiene un acercamiento más estrecho con estos pueblos. Segundo, la organización comunitaria dentro de estos pueblos ribereños y el dominio de caciques en éstos presentaba diferencias sustanciales, como se ilustra con el dominio de la familia Vázquez en Almoloya del Río, puesto que para 1936 se encuentra en la presidencia municipal Santiago Vázquez, quien fue parte fundamental en los arreglos para llevarse el agua a la Ciudad de México. Los arreglos entre el presidente de Almoloya, Santiago Vázquez, los menciona un poblador de Santa Cruz:

Se dice que el convenio fue con Santiago Vázquez Revilla, y el presidente de la república le hizo una casa en el Distrito Federal y le dio dinero (entrevista, Santa Cruz Atizapán, julio de 2005).

Estos dichos de los pobladores de Santa Cruz Atizapán muestran una tradición de participación política en esa época, en la cual formaron parte de los caciques del pueblo de Almoloya del Río desde mediados del siglo xix en el Estado de México. Una diversidad de pobladores de esta comunidad tuvo una participación importante en la política estatal, ya que en 1877 fue gobernador del Estado de México Juan N. Mirafuentes, originario de Almoloya del Río. Este gobernador, además, fue amigo de Antonio Barbabosa, dueño de la hacienda de Atenco. Esta cercanía política les permitió al poder estatal y al de los hacendados asentados en las riberas de las lagunas tener cierta influencia política en la zona.

Esta tradición en participación política a nivel estatal y federal de Almoloya del Río fue permanente desde mediados del siglo xix. Lo demuestran otros casos, como el de Wilfrido Peñaflor Hernández, nacido en 1912 en Almoloya del Río, que fue presidente del Comité Municipal del pri, comisario de policía, tercer regidor del ayuntamiento y presidente municipal de Almoloya del Río (1958-1960). Y el caso de Santiago Vázquez Revilla32 (1882-1972), que fundó la Sociedad Mutualista Literaria Agrícola y fue presidente municipal en cuatro ocasiones (1925, 1928-1929, 1936-1937 y 1946-1947), en el periodo en que se iniciaron los trabajos para llevarse el agua para la ciudad (Enciclopedia de los municipios de México. Estado de México, 2007).

Este acercamiento e incluso esta representación que tiene en el poder estatal y federal el pueblo de Almoloya, ocasionaron que las negociaciones para el trasvase de agua a la capital en este pueblo fuesen tersas, lo que no sucedió en Santa Cruz Atizapán. Por lo que respecta a San Mateo Texcalyácac, las negociaciones no fueron mediante los caciques, lo que aconteció fue que por medio de los ayuntamientos se negoció otorgar una serie de “beneficios” para el pueblo, como lavaderos públicos, abrevaderos para animales, baños públicos, remodelación de la escuela primaria y de la iglesia del pueblo, además de instalar el sistema de agua potable y no cobrar por el servicio al pueblo. Los pobladores, al recibir estos beneficios siempre tuvieron claro que

la gente no dijo nada porque se vio como una orden del gobierno, y además se decía que el d.f. era parte del Estado de México (entrevista, San Mateo Texcalyácac, agosto de 2005).

Estos mismos “beneficios” que el gobierno otorgó a Texcalyácac fueron ofrecidos y dados a los pueblos por donde pasó el acueducto y que se vieron afectados por la extracción de agua. De esta forma, se establecieron los acuerdos iniciales entre el gobierno federal y los ayuntamientos de los pueblos para la construcción del canal que transportara el agua a la Ciudad de México. Con los primeros acuerdos entre el gobierno federal y los pueblos se iniciaron,33 en marzo de 1942, los trabajos del acueducto que relocalizaría el agua.

Al principio comenzaron a meterse en Texcalyácac, pusieron una carretera casi hasta San Pedro Techuchulco. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho la gente ya se alquilaba para abrir el canal, les pagaban $1.20, y para sacar la tierra lo hacían con el shundi (tipo canastón); estaba hondo, un palo para remar se perdía en el canal (entrevista, San Mateo Texcalyácac, agosto de 2005).

Con el inicio de la construcción del canal, igualmente se otorgaron indemnizaciones de parte del gobierno federal a los afectados por las expropiaciones que se habían hecho de las tierras por donde pasaría el canal:

Pagaron a la gente cuando se hizo la carretera, y se indemnizó a los dueños con 47 000 pesos. La gente no sabía, y ese dinero se fue directamente al gobierno del estado (entrevista, San Mateo Texcalyácac, agosto de 2005).

Los trabajos de la construcción del canal avanzaron. En esta edificación se contrató a muchos habitantes de los pueblos ribereños y a muchas personas de regiones vecinas para el trabajo.

Llegaba el peón [con su canasto] [a llenarlo de tierra] otro levantaba el mecapal hasta lo que aguantara; tenía un número de viajes específico; cuando terminaba, se podía ir. Antes no había maquinaria, donde había piedra usaban dinamita, le ponían un cañuela a un agujero en la piedra, que hacían con dinamita una cosa para dinamitar. Hubo 8 o 9 muertos; vino gente de muchos lados a trabajar; algunos peones pedían posada a los ingenieros; procuraban tenerles algún lugar para vivir o dormir (entrevista, Santa Cruz Atizapán, julio de 2005).

En estas condiciones se construyó el canal que transportaría agua para abastecer a la creciente Ciudad de México. La “magna” obra tenía como base las muertes de campesinos, los arreglos, engaños e imposiciones políticas del gobierno federal. Existen dos puntos importantes que explican de manera determinante por qué los pueblos “aceptan” este proyecto (para no perder la argumentación en una dualidad entre pueblos y gobierno):

1. En Texcalyácac, en Almoloya del Río y en Santa Cruz Atizapán, a partir de 1942 se formaron grupos de campesinos, por medio del Programa Bracero, para ir a trabajar a Estados Unidos; así se inició el primer éxodo de trabajadores agrícolas para California y Texas.

2. El decreto presidencial del 21 de julio de 1943, publicado en el Diario Oficial del 11 de septiembre del mismo año, dicta el acuerdo de que se solucionaran las necesidades agrarias a los pueblos de las riberas de las lagunas de Lerma con la desecación que se obtengan de los terrenos, por motivo de trabajos de captación de aguas para abasto doméstico de la Ciudad de México; y en su caso también se otorgaran permisos precarios para explotar las tierras desecadas (Anexo 3).

Con esto se puede sostener que estas alternativas tanto de empleo como de posibles dotaciones de tierras o rentas de las mismas, mediante permisos precarios para los campesinos, apaciguaron de manera determinante algunas de las resistencias que pudieran tener todos los pueblos ribereños de las lagunas.

Funcionaron las medidas e imposiciones que el gobierno federal impulsó para ejecutar su proyecto. De esta manera, en agosto de 1951 el presidente Miguel Alemán inauguró los 18 pozos en las márgenes de la laguna de Chignahuapan, para trasvasar agua al d.f., además de 57 pozos a lo largo del acueducto que trasladó el agua para la Ciudad de México. El espacio del capitalismo urbano había tendido la mano sobre el agua y el espacio lacustre de los pueblos ribereños de la laguna.

El interés urbano e industrial asentado en el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y apuntalado en el de Miguel Alemán (1946-1952) consolidó el proyecto de extracción de agua subsumiendo al espacio lacustre de los pueblos ante el pujante espacio del capitalismo urbano-industrial de la capital de la república, que no dejará de ampliar sus horizontes de subsunción real y despojo de agua hasta la fecha.

Con este trasvase de agua a la Ciudad de México, la configuración espacial de los pueblos exhibirá cambios drásticos, donde la economía lacustre de los pueblos desapareció y se establecieron nuevas formas de producción espacial agrícola y ganadera en él y para el territorio municipal de éstos. La economía lacustre recibió su último golpe mortal, debido a que la declaración de propiedad de la laguna Chignahuapan le había asestado el primero. De esta forma se presentará una nueva etapa en los pueblos dejan de ser ribereños con un espacio lacustre comunal, para derivar en pueblos agrícolas proletarizados con un territorio municipal en plena fragmentación de su territorio municipal, con la división de la tierra ganada a la laguna en tierras agrícolas y ganaderas. Los pueblos perdieron la batalla definitiva por el agua y su espacio lacustre.

6. El agua se fue a la ciudad. La aparición del nuevo espacio agrícola

Inmediato al inicio del trasvase de agua de los manantiales que alimentan las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma, el nivel del agua de éstas descendió de forma drástica. Apareció una extensión considerable de hectáreas de tierras porque el agua ahora ya no alimentaba las lagunas, puesto que se fue para la ciudad. Es importante decir que, de las tres lagunas, en Chimaliapan y Lerma la desecación fue considerablemente fuerte, en tanto que para la de Chignahuapan fue menor porque en los planes de la obra hidráulica ésta se trató de conservar como vaso regulador.

Las tierras que aparecieron resultado del trasvase empezaron a ser ocupadas por los pueblos ribereños. Así, resurgieron los conflictos por límites entre las comunidades y por la propiedad de las tierras. De la misma forma, emergieron problemas relacionados con el manejo de la infraestructura hidráulica y el control del agua. Esto se puede observar; por ejemplo, en los oficios que enviaron al gobierno federal y al secretario de Recursos Hidráulicos los pobladores de Santa Cruz Atizapán, con motivo de las inundaciones de sus terrenos por la temporada de lluvias:

El ayuntamiento (Santa Cruz Atizapán) que tengo el honor de presidir en su sesión celebrada con fecha 23 del presente mes, entre otros tuvo a bien acordar se gire a usted atento y respetuoso oficio como lo estoy haciendo visto el resultado por la práctica de la experiencia del aumento de la presa que retiene el agua en el puente de la ex-hacienda de Atenco se vio claramente que los terrenos ubicados en el lugar denominado “zacamol” y “llano grande” se inundaron causando pérdidas de consideración en la Agricultura de cultivo de maíz, por lo que de una manera atenta y respetuosa se suplica a su señoría se dignara ordenar que ese aumento de la presa fuese mandado quitar y dejar solamente al primitivo, para que durante el presente año no se inunden los sembrados de los lugares mencionados y se recoja los productos que materialmente deben producir (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3287, exp. 45094. Grafía original).

En este punto, los conflictos entre el gobierno federal y los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río, San Mateo Texcalyácac ahora se desarrollarán por la propiedad de las tierras que aparecieron con el trasvase a la Ciudad de México. Por ello, en la respuesta a la solicitud que llevan a cabo los pobladores de Santa Cruz Atizapán, el ingeniero encargado del asunto, en sus observaciones, tuvo a cargo determinar y trazar cuáles eran las aguas de propiedad federal y cuáles quedaban fuera:

ningún terreno que se cultivara antes de que se operara la captación de Almoloya, puede resultar afectado. Lo que ha pasado es lo siguiente: en el año de 1951 que se empezó a operar el Sistema Lerma el agua pasaba libremente por el puente de la ex-hacienda de Atenco, lo que motivó que el nivel del agua en el primer vaso de las lagunas del Lerma descendiera notablemente, lo que originó que los habitantes de los pueblos ribereños se metieran dentro de la zona federal a cultivar las tierras sin ningún permiso de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y quieren seguir haciéndolo […]

Respecto de los terrenos denominados Llano Grande, la mayor parte de estos están dentro de la zona federal del primer vaso. También me permito hacer notar que el efecto benéfico a las galerías de captación de Almoloya originado por haber conservado el agua en el primer vaso ya se ha notado por lo que sería perjudicial bajar la cota del vertedor (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3287, exp. 45094. Grafía original).

Las nuevas condiciones respecto a la propiedad del agua y de las tierras desecadas obligaron a los ayuntamientos a pedir permiso para ocuparlas. Esto legalmente tendría que acontecer de esa forma, puesto que los terrenos que formaban el vaso de las lagunas, con su nacionalización, adquieren el carácter jurídico de inalienables e imprescriptibles y de propiedad federal. Por lo mismo, las tierras que aparecen luego de que el agua se trasvasara no podían ser ocupadas. No obstante, los pueblos y el gobierno federal establecieron un acuerdo de ocupación de tierras en 1934, una vez concluidas las obras de drenaje de las lagunas. Pero esto no aconteció así; las tierras se ocuparon para poco a poco convertirse en terrenos de labores agrícolas.

En estas nuevas condiciones aparecieron otras instancias gubernamentales, como la Comisión Lerma-Chapala-Santiago,34 fundada en 1950, y la Comisión Lagunas del Lerma, establecida en 1952, integrada por un miembro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, un representante del gobierno federal y otro del estatal, además de un representante del Departamento Agrario. Dicha comisión había sido integrada justo un año después de la inauguración de las obras de extracción de agua para la ciudad porque (Figura 4):

Siendo tan codiciadas estas tierras y habiendo tantas dificultades y pleitos por poseerlas entre presuntos ejidatarios de la zona. La Secretaría promovió la formación de dicha Comisión con el fin de que el Departamento Agrario pudiera posteriormente llevar a cabo fácilmente su labor de distribución de tierras entre los ejidatarios ribereños, siendo la función principal del Gobierno del Estado la de evitar dificultades y choques entre los diferentes pueblos ribereños, pues en virtud de que son muy pocas las tierras disponibles y muchos los solicitantes las dificultades son bastante frecuentes y adquieren caracteres muy serios (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112. Grafía original).

En esto es evidente que se establecía una burocracia política en el manejo y dictaminen de los problemas que se presentaran por conflictos por agua y tierras. En esta burocracia, en específico en las comisiones a las que se turnan las resoluciones de los problemas en la laguna Chignahuapan, jugaron un papel muy importante los ingenieros, debido a que éstos presidían las comisiones y a través de su visión buscarían resolver los problemas mediante ejecuciones técnicas tanto en infraestructura hidráulica como en infraestructura de comunicaciones. Claro está, con el apoyo del aparato legal y político con que el Estado mexicano contaba en ese entonces.

En la década de 1960 el espacio lacustre de los pueblos ribereños había fenecido. Su vida económica y política ya no se sustentaba en lo lacustre, puesto que con la construcción de 60 km de acueducto para el trasvase de agua se abrió paso a una producción del espacio de los pueblos a partir de la agricultura de temporal y de la ganadería, y de la confluencia de una serie de instituciones gubernamentales federales que norman la propiedad del agua y de la tierra. Se puede decir que, de pueblos con un modo de vida lacustre, pasaron a pueblos agrícolas. Un apunte en este proceso fue que la aceptación del trasvase del agua a la Ciudad de México, si bien no fue aceptado del todo, se consintió porque permitió que muchas de las tierras desecadas fueran aprovechadas como terrenos agrícolas; “así, la desecación estuvo bien porque tuvimos tierras para sembrar” (Almoloya del Río, entrevista, julio de 2005). Con lo cual se puede notar que los pueblos no son entes homogéneos y estáticos, sino al contrario, son espacios locales altamente heterogéneos y conflictivos.

El modo de vida lacustre, como lo llama Albores (1995), había quedado atrás. El espacio que se producía con las actividades de pesca de acociles, ranas, pescaditos negros, caza de pato, extracción de tule y zacatón, arrendamientos de la laguna, había desaparecido. Ahora se había pasado a un espacio producido para tierras con terrenos donde sembraban maíz, frijol y haba y donde el ganado vacuno y caballar pastaba en las antiguas riberas de la laguna Chignahuapan.

Las instituciones políticas de los pueblos quedaron en este proceso supeditadas al poder federal. La espacialidad, su representación y espacios de representación se producen por yuntas, arados, caminos y veredas sobre tierras ahora rotuladas para la agricultura. Atrás quedaron los canales, los embarcaderos, las canoas, las redes de pescar, etc. El paisaje es dominado ahora por milpas y ganado.

El director general de Aprovechamientos Hidráulicos, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pide que se efectúen y recolecten datos sobre los cultivos que se efectuaban en las lagunas de Lerma y valle de Toluca (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3349, exp. 45888).

Sumado a esto, la migración de campesinos a la Ciudad de México y Estados Unidos fue otro aspecto que se incorporó y que los situó como pueblos agrícolas y migrantes. Situación que empezó a representar un sostén económico importante de las comunidades de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac.

muchos pobladores se fueron para la ciudad universitaria, que en ese tiempo la estaban construyendo. Vino el trabajo de brasero, se iban a Estados Unidos y regresaban diciendo que ya se habían vuelto ricos. “Ese hombre ya conoció el dólar”. Y traían unos cuantos dólares y se compraban sus animalitos; caballos, hembras, machos, una mulita o dos, y ya trabajaban. También iban a traer leña al monte y la vendían por acá. Al monte nunca dejaron de ir por leña. Pero esos hombres iban con el hacha a hacer leña, tumbar árboles, cargar a sus animales. Amontonaban su leña y la vendían. Los que se dedicaban al negocio de la fruta, iban por ella a Malinalco (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

El proceso social derivado del trasvase y de las nuevas condiciones de manejo del agua y de la tierra en estos pueblos acarreó, en particular para Santa Cruz Atizapán, un conflicto legal y político dilatado, el cual se tradujo en una disputa por la propiedad de la tierra. Esto se observa en los juicios que interpone Santa Cruz Atizapán a principios de 1950 y en 1968. Como lo menciona un poblador de Santa Cruz:

En los cincuenta tenemos enemigos políticos que han tratado de apoderarse de nuestras tierras. Entonces, pues aprovechando que en 1920 el gobierno federal creó un decreto, un decreto exclusivamente para estos lugares, [en cuanto a] que ríos y lagunas pertenecían a la nación e independientemente de la Constitución de 1917. Sin embargo, un decreto de 1943 habla exclusivamente de las tierras que llegaran a descubrirse por la desecación, que ya se preveía desde el siglo xviii. Decían que las tierras que quedaran descubiertas con la desecación iban a ser repartidas entre pueblos ribereños (Santa Cruz Atizapán, entrevista, agosto de 2005).

En esta urdimbre, el pueblo de Santa Cruz Atizapán, para defender y mantener la posesión de las tierras, argumentó que aquellas desecadas le pertenecían por el decreto presidencial de 1943 según el cual se satisfacerían las necesidades agrarias de los pueblos ribereños. Asimismo, porque la laguna era considerada desde el siglo xvii propiedad comunal del pueblo, como lo avalaban “las mercedes de tierras y aguas […] en su poder” (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005). Este argumento es el más recurrente que el pueblo utilizará frente a la federación. Ellos dirán que “las tierras de la laguna son de uso común; siempre lo han sido y son propiedad de nosotros” (Santa Cruz Atizapán, entrevista, agosto de 2005).

El nuevo espacio agrícola que se produce después de desecada la laguna se defiende porque es parte del territorio municipal del pueblo. A partir de aquí, éste es el eje de articulación de la vida comunitaria y política de los pueblos. En estas nuevas condiciones, los antiguos pueblos ribereños se adecuan, se acomodan con diversas estrategias comunitarias, con sus autoridades respectivas, que son la base de su reproducción social y dinámica política. La defensa del espacio del pueblo, expresado en tierras desecadas, con terrenos que evocan un paisaje de plantaciones agrícolas y ganadero, con veredas y caminos, con bueyes para el arado, borregos y caballos, se defiende como parte del territorio municipal.

En la disputa legal entre el gobierno federal y el pueblo de Santa Cruz Atizapán por la declaración de las lagunas de Lerma como parque nacional, en 1950 agregó otro elemento más en el conflicto por los límites y usos sobre el ex vaso de la laguna Chignahuapan. Esto se ancló en la forma jurídica que sostiene que la laguna y la tierra desecada son propiedad federal. Proceso en el cual el gobierno del Estado de México y la participación de diputados priístas fueron trascendentales. La idea fue plantar árboles y cercar la zona para un parque nacional. Sin embargo, la oposición del pueblo fue inmediata.

[El diputado] trajo… pues varios quintales de alambre de púas, postes de concreto y gran cantidad de plantas de diversos árboles; y, sin más ni menos, vino un día y empezó a hacer una plantación de árboles y almacenado de alambre, postes, etcétera. Y siempre no falta uno que se inconforma o que prevé el daño que le van a hacer. Un pastor, como yo, preguntó al jefe de la brigada de trabajadores, estaban cavando cepas y plantando árboles: “Bueno, señores, por orden quién están plantando esos arbolitos”. “Pues por [orden] del señor diputado” (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

En asamblea del pueblo, se informó de tal acontecimiento y se trató de conocer los motivos de estos trabajos en las tierras que ellos, todo el tiempo, han considerado propiedad del pueblo. La respuesta fue que existía un decreto presidencial que señalaba a la laguna como parque nacional e incluso que esta laguna era propiedad del gobierno federal por otro decreto, también presidencial; por esto, la plantación de los árboles. Con estos acontecimientos, en Santa Cruz Atizapán:

las autoridades municipales hicieron una junta para hacer saber al pueblo lo que estaba pasando o lo que estaba haciendo este diputado. El presidente municipal y el síndico fueron los que dieron la información al pueblo ese día, en lo fundamental, y se tomaron acuerdos. Entonces, primero se dijo: “Señores, lo defendemos”. “Se defiende o no se defiende”, respondieron algunos vecinos del pueblo. “Pues ustedes tienen la obligación de defenderlo, ustedes son nuestras autoridades, nosotros haremos lo posible por defenderlo. No lo posible, sino lo tienen que hacer es cumplir con su obligación”. Y preguntaron las autoridades: “Señores, ustedes están dispuestos a cooperar para el sostenimiento de la defensa”. Dijeron sí; de a cómo, preguntaron luego algunos, de a cómo […]. Se nombró una comisión que se encargó de recaudar fondos para los gastos (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Se estableció así la defensa de las tierras desecadas e inició el litigio jurídico frente a la federación. La comunidad de Santa Cruz Atizapán, como lo había hecho siglos atrás, defendió su tierra y agua. En el juicio interpuesto por el pueblo, los documentos de mercedes de tierras y aguas del pueblo fueron sumamente importantes en la defensa e incluso en la misma resignificación en el pueblo, en cuanto a la propiedad de la laguna y de las tierras, puesto que en toda la comunidad “se repartieron copias a todos los vecinos del pueblo para que estuvieran enterados de que las tierras de la laguna les pertenecían desde hace siglos” (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Esta estrategia larga y conflictiva que siguió el pueblo posibilitó resultados positivos. El juez de distrito, Lic. Ignacio Burgoa Orihuela, dictó la resolución del juicio a favor del pueblo de Santa Cruz Atizapán, lo que dejó sin efecto el decreto de 1920 y 1924 que declaraba propiedad federal al río Lerma y a la laguna Chignahuapan. A su vez, también el decreto de 1943, que dictó que después de la desecación total de las lagunas Santa Cruz Atizapán podrían tener tierras ejidales en el vaso de la laguna. No obstante el recurso de amparo que interpuso el gobierno federal, el pleno del tribunal de la Suprema Corte confirmó la sentencia del juez de distrito, “y quedó firme la sentencia” (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Así, el pueblo de Santa Cruz Atizapán ganó la batalla por la posesión de tierras frente al gobierno federal. En palabras de un poblador de la comunidad: “Le hemos pegado duro al gobierno federal”. Si bien esto aconteció en este pueblo, Almoloya del Río,35 por su parte, interpuso también una demanda en contra de las disposiciones del gobierno federal de querer cercar y reforestar las riberas y vaso de lo que había sido la laguna Chignahuapan, el cual no tuvo el mismo resultado positivo que el de Atizapán, pues fracasó. Por su parte, San Mateo Texcalyácac no realizó ninguna acción legal frente a estas disposiciones, lo que no significó que no ocuparía, utilizaría y aprovecharía las tierras desecadas, como lo hacían los tres pueblos ribereños a la laguna Chignahuapan.

Otro acontecimiento que en 1961 llevó a ampliar los terrenos desecados de la laguna y que enconó las tensiones por la propiedad de las tierras entre los pueblos y el gobierno federal fue el surgimiento de grietas y resumideros en la laguna. En los reportes de los ingenieros hidráulicos encargados de la zona, se menciona que

los habitantes de Almoloya del Río, que con asombro vieron desaparecer los últimos restos de su laguna en grandes oquedades circulares, que nunca se habían observado con anterioridad. Los sumideros están situados no muy lejos de los bordes de la planicie lacustre, frente a Almoloya del Río y Santa Cruz, los cuales son cuatro hundimientos grandes, de forma irregular, con diámetro medio de ocho a quince metros, en los que descendió el suelo de la planicie abruptamente hasta unos dos o tres metros de profundidad. Alrededor de estos hundimientos y en un área apreciable se notan agrietamientos que se pierden en el subsuelo […] Además, lo que en otro tiempo fuera manantial en la laguna, ahora funciona también como resumidero, localizado entre los dos anteriormente mencionados, […], con una gran resequedad y agrietamientos profundos en el suelo de la laguna. Ya en los sitios indicados comprobamos la existencia de unos hundimientos con diámetro de unos 10 metros, con tendencia a adoptar la forma de un embudo y por donde, según los informes, se resumió el agua de la laguna (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112. Grafía original).

La desecación total de la laguna parecía en este momento un hecho. Pese a los periodos de lluvias que hacían resurgir algunas zonas con agua, la laguna fenecía. Los terrenos susceptibles de ser explotados para producción agrícola se extendieron y los intereses por ocuparlos del gobierno estatal y el federal se mantuvieron.

En 1962 la extracción de agua para la Ciudad de México, según los reportes de los ingenieros de la Comisión Lerma-Chapala-Santiago, fue de 3.1m3/s. Los mismos reportes de dicha comisión daban cuenta de sobreexplotación de las aguas subterráneas por el hecho de que había aumentado de forma considerable el consumo de energía en la operación, lo que indicaba que se seguía incrementando la extracción de agua a mayor profundidad y costo de explotación.

El suceso que exhibió de manera contundente la nueva etapa de la laguna fue que entre 1963 y 1965 el drenaje de los pueblos se canalizó al ex vaso de ésta. Así, la laguna, que casi había desaparecido para 1962 y que reaparecía con la época de lluvia, de manera intermitente, ahora sería alimentada por el agua del drenaje.

En este panorama, las tensiones y conflictos jurídicos entre los pueblos por la posesión de los terrenos en las tres lagunas fueron recurrentes. Existen infinidad de litigios e inconformidades en los tres vasos lagunares. En esto, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (srh) tuvo un papel sustancial, puesto que, en el conocimiento de que la Secretaría de la Reforma Agraria dotaba de tierras con base en el decreto de 1943, nunca opuso alguna inconformidad. Todo el tiempo conoció la ocupación de facto de los terrenos por los pobladores ribereños a las lagunas y de los permisos que se otorgaron para tal fin, como se notó en los pueblos ribereños de las lagunas Chimaliapan y Lerma que ocuparon los terrenos con permisos precarios otorgados por el gobierno federal. En esto incluso, se inconformaron por la tardanza en las dotaciones de tierra que el mismo gobierno había prometido. Para mediados de 1960 los terrenos de las antiguas lagunas están completamente ocupados con permisos precarios y por posesiones que la misma comunidad decidió realizar de los terrenos. Los conflictos en el área son innumerables, por lo que

como existen ejidos ya dotados en terrenos federales en los vasos de las lagunas, a pesar de lo que dispone el Código Agrario al respecto, la Secretaría de Recursos Hidráulicos ha optado por dejarlos en paz, así como a los pequeños propietarios con títulos anteriores de 1943 (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112).

La srh, por medio de lo que en ese momento se denominó Comisión de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago y de la Comisión Lagunas de Lerma, recibió innumerables peticiones de pueblos ribereños para legalizar las antiguas tierras desecadas que ya ocupaban. En este caso, la mencionada secretaría fue rebasada al no poder impedir la ocupación de los terrenos y mucho menos la utilización de éstos en actividades agrícolas y ganaderas. Por tanto, decidió dar carpetazo al asunto de los pueblos que tenían ocupados los terrenos. De esta forma, la srh trató de acelerar los trabajos de desecación de los remanentes de laguna que se presenta en la zona, exponiendo que,

Para acelerar la resolución de este problema, se requiere la intensificación de las obras con una inversión aproximada de 8 millones de pesos, para llevar estas obras por lo menos a un estado tal que no vuelvan a inundarse los terrenos de las lagunas, en cuyo caso ya podrá hacerse la declaración de que han dejado de ser inalienables e imprescriptibles para entregarlas el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Presidencial de 21 de julio de 1943, quedando en todo caso por ejecutarse alguna que otra pequeña obra que no hubiera podido terminarse (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112).

No obstante, la resolución de la srh se frena por los planes que la misma Comisión de la Cuenca de Lerma tiene para implantar en la zona un plan económico y de ordenamiento llamado Plan Lerma, y por la resolución del gobierno del Estado de México:

Pide usted que se proporcione a esa dependencia las extensiones de que se pueda disponer de las lagunas de Lerma, con el objeto de que ese departamento proyecte las dotaciones de ejidos sobre las tierras ganadas por la desecación de las lagunas de Lerma a que se refiere el Decreto presidencial de fecha 21 de julio de 1943. Al respecto hago a usted la aclaración de que no existen tierras ganadas, en virtud de que aún no se terminaron las obras de drenaje de manera que los terrenos de las lagunas del Lerma, siguen siendo de carácter federal, cuyo dominio por la Nación es inalienable e imprescriptible. Entre tanto no se concluya las obras de drenaje no será posible desincorporar al dominio de la Nación los terrenos de referencia (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112. Grafía original).

De esa forma y con estos argumentos no se dotó de tierras mediante ejidos a los pueblos. El gobierno del estado y de la Comisión de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago argumentaron toda la década de 1960, y hasta el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, que las lagunas no habían sido desecadas en su totalidad, y por tanto, que el acuerdo de dotar de tierras a estos pueblos no podía llevarse a cabo. Como lo registra el informe de la dgoh:

prosiguieron los trabajos para drenar tierras cultivables y aprovechar la potencialidad acuífera en una zona donde el agua se dilapida por evaporación en las lagunas y pantanos que se forman susceptibles de transformarse en zonas agrícolas. Para ello, se realizaron las exploraciones y los estudios geohidrológicos con objeto de hacer la explotación racional del agua (dgoh, 1967: 10).

Sin embargo, estos argumentos están cruzados y se sobreponen, como ya se refirió, por los proyectos que tiene la Comisión Cuenca de Lerma-Chapala-Santiago en la zona, adicionales a lo que también presenta el gobierno del Estado de México. El interés particular de la Comisión de la Cuenca de Lerma-Chapala-Santiago es llevar a cabo el Plan Lerma:36

[Que] tiene como objetivo fundamental el aprovechamiento integral y armónico de los recursos hidráulicos del sistema hidrográfico Lerma- Chapala-Santiago- que cubre una extensión de 126 000 km2 y en usos múltiples como aprovechamientos de agua a los centros de población – para uso doméstico, municipales, comerciales e industriales – riego, desarrollo de energía hidroeléctrica, usos industriales fuera de los centros urbanos, fines recreativos, desarrollo de la fauna acuática, etc. Así como las indispensables obras para control de avenidas, destinadas a proteger contra inundaciones. El proceso de desecación de las lagunas se inició en el año de 1951, cuando el Departamento del Distrito Federal terminó las obras de captación de los manantiales y perforó una batería de pozos, interceptando la red de flujo subterráneo del lado occidental. El volumen del agua que se conduce al valle de México que asciende en promedio en unos 44 millones de m3 anuales, está integrado por parte del escurrimiento superficial del río Lerma; parte de los volúmenes ganados al proceso de evaporación y transpiración que ocurría en la superficie libre del agua de las lagunas y por aguas del subsuelo extraídas mediante bombeo. El volumen anual extraído de la Cuenca del río Lerma, representa el 37% del escurrimiento virgen a la salida de las lagunas. Posteriormente y ya las lagunas en proceso de desecación la srh por conducto de la Comisión Lerma-Chapala-Santiago, hizo la rectificación y encauzamiento del río Lerma a través de las lagunas de Tultepec y San Bartolo y construyó algunos drenes principales, pero estas obras resultaron insuficientes. Las obras construidas se han venido destruyendo por el paso de las avenidas y las consiguientes inundaciones así como por los grandes volúmenes de azolve que al depositarse obstruye el drenaje e impide la salida libre del agua (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112. Grafía original).

En el desarrollo de estos acontecimientos se advierte cómo en la forma de organizar el agua y el territorio apareció la Comisión Lerma-Chapala-Santiago, que se sumó a las instituciones gubernamentales que actuaban en la zona. Ello manifiesta de la misma manera una forma de pensar el agua en cantidades y extensiones inconmensurables; la idea del manejo de cuenca da cuenta de eso. Igualmente, de un tipo de “desarrollo” regional que se pretendió extender desde el origen del río Lerma hasta la desembocadura del río Santiago en el océano Pacífico, con base en la construcción de escuelas y caminos vecinales, así como la incorporación de tierras desecadas para uso agrícola.

Por su parte, el gobierno del Estado de México encaminó su lógica en la región de las lagunas en los mismos objetivos del Plan Lerma, al tratar de desarrollar

una zona turística dentro de los municipios de San Mateo Texcalyácac y Almoloya del Río […] aprovechando para ello parte de los terrenos ribereños de propiedad nacional de la ciénaga del río Lerma, los cuales quedan comprendidos dentro del vaso no. 1, denominado de Almoloya del Río [Chignahuapan]. Estos terrenos se utilizarán para la construcción de chinampas en las que se procurará la horticultura y floricultura, con lo que se piensa ayudar económicamente a las poblaciones antes mencionadas; se protegerán con tela de alambre para poner una estación piscícola, un ranario y cría de aves (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112).37

En estas pretensiones, entre argumentos técnicos de las obras, se mantienen las instituciones del gobierno federal y el gobierno estatal. Lo que no sólo expresa la forma de pensar el agua y el territorio en la región de las lagunas (que no será exclusivo de ésta), sino también quién es la autoridad sobre la forma de organizar el agua y territorio de las lagunas desecadas: la Comisión de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. De forma clara se advierte que el manejo de cuenca por esta comisión se asentó en lo que fue un espacio lacustre, como se ilustra en el rechazo a los pretendidos planes del gobierno mexiquense:

es muy difícil construir un canal de esas dimensiones que involucre las lagunas 2 y 3, pues los planes para el aprovechamiento de los terrenos de estas dos lagunas son diferentes a lo que la comisión ha pensado hacer en la laguna número 1. En esta última laguna se ha sostenido el criterio de que debe mantenerse inundada a fin de asegurar la vida de los pilotes de cimentación del acueducto de Almoloya a la Ciudad de México; y, en cambio, por lo que se refiere a las lagunas 2 y 3, se ha proyectado su desecación controlando los niveles freáticos, a fin de que exista la humedad suficiente para los cultivos (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112).

Por su parte, los pueblos ante estos acontecimientos presentan posiciones disímiles. Por ejemplo, Almoloya de Río, que apoyó de manera tácita el proyecto, promovió un plan con una forma de organizar el territorio en áreas que serían para recreo y para los turistas en su poblado.

En el caso de San Mateo Texcalyácac, el proyecto igualmente se apoyó, aunque no con la misma fuerza que en Almoloya del Río. En esta comunidad se tejieron diversos acercamientos y acuerdos entre el gobierno municipal, el párroco de la iglesia de Texcalyácac y el gobierno estatal. En esto fue sumamente importante la participación del padre Manuel Molina, debido a que por medio de él el gobierno del estado apoyó la construcción de una capilla y un teatro. Con base en la organización local y comunitaria que el sacerdote Molina aglutinó en lo que denominó Ejército del Trabajo, entre 1950-1960, bajo un discurso de progreso económico mediante el trabajo y la ayuda “desinteresada” del gobierno, se podría salir del atraso económico. Esto se menciona porque fue en ese momento y por medio de este actor de la Iglesia que se estableció una mediación para que se aceptaran los diversos proyectos que tanto el gobierno federal como el estatal pretendían desarrollar en las tierras desecadas de la laguna. Si bien existía una oposición en algunas familias de Texcalyácac, la mayoría de la población aceptó en las asambleas del pueblo los proyectos gubernamentales que se pretendían establecer en las tierras del vaso de la laguna.

Contrario a Texcalyácac y Almoloya del Río, Santa Cruz Atizapán se opuso al proyecto. Trató en todo momento de impedirlo promoviendo juicios ante los tribunales respectivos, lo que inició otra disputa entre el gobierno del estado y el pueblo de Santa Cruz Atizapán. Este pueblo contrató a los abogados Gustavo del Castillo Negrete, Alfredo y Manuel del Castillo Negrete para que lo representaran en el juicio promovido por la comunidad. El conflicto legal se desarrolló en la gubernatura del priísta Carlos Hank González, quien, según los pobladores de Santa Cruz,

quería hacer una inversión millonaria en este laguito, quería volver a rehabilitar el lago para hacer canales, y en las riberas de los canales plantar árboles y flores, y hacer una infraestructura hotelera. Y con ese atractivo nos decía: “Miren, acepten. A ustedes no les cuesta nada de dinero; al contrario, van a tener trabajo y beneficios”. Nos platicaron que aquí sería otro atractivo. Nos decían: “No, señores, no sean tontos. Va a haber jueguitos para niños que ustedes nunca han visto, que sus hijos”. Nos describieron una cosa preciosa, hermosa: jueguitos para los niños (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Empero, la organización política comunitaria y local arraigada en la comunidad de Atizapán frenó el proyecto. Todos los arreglos se elaboraron sobre bienes del pueblo y tendrían que contar con el aval de la asamblea del mismo. De acuerdo con esto, lo que ahí se desarrolló fue una defensa histórica de su espacio, de la segunda naturaleza producida en este marasmo de transformaciones. Por lo mismo, era muy importante para la propia comunidad asentada en la asamblea ejidal defender los límites, las fronteras de su territorio, que desde siglos atrás se había defendido.

Serán muy amables, muy bondadosos con nuestros niños… que les van a poner jueguitos. Pero, ¿a cambio de qué? Uno sí hace sus conjeturas; tontas, pero se las hace uno. Un gran centro turístico, una especie de pistas de carreras (equitación), juegos para los niños (Reino Aventura). Nos decían que iba a haber fuentes de empleo, y nosotros comenzamos a hacer nuestras conjeturas; tontas, pero las hacíamos, y pensábamos: ¿pero a cambio de qué? (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Las autoridades y los pobladores de Santa Cruz Atizapán tuvieron presentes en estas condiciones las políticas regionales y nacionales frente al gobierno de Hank (1969-1975), quien representó además a uno de los grupos políticos más fuertes del país: el grupo Atlacomulco.

Hank […] iba a hacer un emporio industrial a su manera, a sus anchas. Tiene el suficiente dinero para poder hacerlo. Iba a acabar con nuestras tierras, y nosotros lo único que íbamos a poder pisar era nuestro pueblito, y lo demás iba a ser de industriales. Y nos decían: “No sean tontos, habiendo obras van a tener ustedes ingresos en sus municipios, de mucho dinero”. Y pensamos, sí vendrán ingresos, pero las ganancias van a ser directamente para los inversionistas; y nosotros, ¿qué? Si quieren nos dan, pero nos van a dar como a los perros, una migaja (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Con estas argumentaciones y con el juicio promovido por Santa Cruz Atizapán, el proyecto del centro turístico obtiene su negativa en 1962. El ministro de la Suprema Corte de Justicia declaró: “La justicia de la Unión ampara a la Comunidad de Santa Cruz Atizapán en la posesión de sus terrenos, reclamados como propiedad federal e incluidos para construir un centro turístico” (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005). La comunidad de Santa Cruz Atizapán le vuelve “a pegar duro al gobierno”, ahora al estatal.

Debe señalarse que la defensa de las tierras y la oposición del pueblo de Atizapán a estos proyectos gubernamentales trajeron como resultado la exclusión de los programas de apoyo al campo que promovían el gobierno federal y estatal. La represión, menciona un poblador de Santa Cruz, llegó de esa forma puesto que no se otorgaron beneficios ni apoyos económicos ni políticos para la población. Expresión en ese momento del sistema político mexicano en las comunidades que se enfrentaban a sus proyectos.

En virtud de estos acontecimientos, se decidió en la asamblea de Santa Cruz Atizapán repartir las tierras que afloraron con la desecación de la laguna. Para ello, se tomó en cuenta a todos los pobladores del pueblo e incluso a los que radicaban fuera del poblado. Esto fue trascendental en la vida política y comunitaria de esta localidad en la región de la laguna Chignahuapan. Básicamente, porque ratificó y consolidó la propiedad de la laguna, que derivó en tierras; y que para protegerlas, los pobladores de Santa Cruz Atizapán decidieron fragmentarlas en terrenos para éstos. Además, fortaleció a las autoridades locales en la toma de decisión sobre su territorio municipal. La segunda naturaleza que en un momento fue un espacio lacustre, que ahora se transformaba en agrícola y ganadero como la reproducción social de la localidad, es la parte fundamental y fondo de la lucha y defensa.

Para evitar inconformidades, había que llamar a todos, los que radicaban ahí y los ausentes; la gente que estaba ahí, en la Ciudad de México, en Toluca, de esos que van y vienen por Morelos (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

La repartición de tierras se inició en 1964 y en 1965 ya estaba realizada la de las tierras que fueron asiento de la laguna Chignahuapan, dentro del territorio de Santa Cruz Atizapán. De esta forma, las tierras que el gobierno federal reclamara como de propiedad federal permanecieron en poder de esta comunidad. La repartición se realizó, en palabras del síndico que la encabezó, de la siguiente manera:

Empezamos a repartir; se le tomaron las medidas a un alambre, y ése sirvió para fraccionar los terrenos. Repartimos conforme al sorteo y por lista, y rápido se repartió. Quisieron dar una cooperación de cien pesos, los cuales yo no tomé. Pedí que se pagaran en caja o en tesorería; yo no me quise ensuciar las manos con dinero ajeno (Santa Cruz Atizapán, entrevista, julio de 2005).

Los pobladores de esta zona del Estado de México enfrentaron así la nueva configuración espacial que se desencadenó con el trasvase de agua para la Ciudad de México. Como se observa, los pueblos enfrentaron los intereses de los particulares y de los gobiernos estatales y federales de manera divergente.

De esta forma se produjo otro espacio en los pueblos, se configuró otro territorio y emergieron otras tierras y terrenos agrícolas. De un espacio lacustre se viró a un espacio agrícola. Transformación que originó el capital urbano-industrial que necesitaba agua para su desarrollo. Para finales de los años 60 y principios de los 7038 las cosas cambiaron en los pueblos, en la región del río Lerma, en la ciudad de Toluca y en la Ciudad de México. En este periodo se decidió extraer más agua del Lerma, lo que agravó la situación regional. En aquel entonces la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el Departamento del Distrito Federal iniciaron los estudios para aumentar el caudal. Inició lo que se designó como la Segunda Etapa del Sistema Lerma, que se llevó a cabo entre 1965 y 1975 por medio de la construcción de 344 pozos. El área de extracción de agua para la Ciudad de México se extendió hacia la región de Ixtlahuaca y Jocotitlán. Con ello, el suministro a la ciudad se elevó a 14 m3/seg. Con estas acciones, el gobierno federal supeditaba aún más una extensa región del Estado de México al capital urbano industrial, que para esa época era ya una megaurbe que extendía sus tentáculos a espacios rurales muchos más alejados (Legorreta et al., 2007 disponible en http://old.planeta.com/ecotravel/mexico/ecologia/97/0897agua1.html).

Figura 4. Representación de la Cuenca Lerma-Chapala

Lo que resultó de este proceso fue que el espacio de las comunidades quedara fragmentado y reconfigurado. El sistema lagunar donde nace el río Lerma desapareció en las condiciones que presentaba en la década de 1930. Las tierras que se incorporaron a la zona fueron fundamentales en el nuevo desarrollo económico de los pueblos, puesto que se integraron como terrenos agrícolas para ser parte de la naciente producción espacial agrícola, ganadera y de una forma de manejar el agua y la tierra en el lugar y en el país, por medio de la idea de cuenca (Figura 4). La economía lacustre será parte del pasado; desde entonces, la agricultura, ganadería y migración del campo a la ciudad son las nuevas alternativas para los habitantes de los pueblos ex ribereños de las lagunas.

En la construcción de este gran proyecto de ingeniería hidráulica los pueblos ribereños de la laguna Chignahuapan quedaron subsumidos por un desarrollo urbano-industrial que, si bien ya se presentaba en la entidad mexiquense, se intensificó a partir del proyecto Lerma. En ello, el Estado generó las condiciones para suministrar agua para el desarrollo capitalista de ciudades como Toluca y la de México.

Se dio entonces una proletarización fuerte y tendencial que llevó a la desarticulación relativa o absoluta de la tradicional familia lacustre de estos pueblos.

El vínculo entre la producción lacustre, la agricultura y la industria que aquí se pone en evidencia fue el intento permanente por incorporar el agua y la tierra a un desarrollo capitalista no como simple insumo, sino como una mercancía. Además de la permanente defensa de la laguna Chignahuapan por parte de las instituciones de los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac. Lo que se puede ver claramente es la disolución del modo de vida lacustre, del espacio lacustre por las condiciones de producción capitalista de la Ciudad de México y del valle de Toluca que originaron otro tipo de producción de la segunda naturaleza, que se expresó en tierras con terrenos agrícolas y ganaderos, con instituciones gubernamentales federales y estatales que reclamaban un manejo y gestión del agua con base en la cuenca, frente a una diversidad y heterogeneidad de pueblos que de forma invariable defendieron la propiedad de su territorio, agua, y la autoridad en el manejo y gestión del agua. En esto, no se enfrentarán de forma dual pueblos y gobierno federal, como se advirtió, fueron disputas heterogéneas, complejas, con acuerdos y desacuerdos, en los que las comunidades siempre lucharon por mantener en sus manos las decisiones que les afectaban, de forma clara y sin pretensiones de engaños o avances por otros territorios. Fue un reclamo y lucha local, por su territorio pretérito.

7. El espacio hidrosocial de la laguna Chignahuapan. Reflexiones finales

En el desarrollo de la presente investigación se intentó ofrecer una explicación de las diversas disputas por la laguna Chignahuapan, en particular en los pueblos ribereños de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac. Se concentró el análisis en ¿cómo la laguna Chignahuapan es parte y hacía parte de un modo de vida lacustre? ¿Qué actores se disputan el agua o tierra de esas laguna y cómo intervienen? ¿Entre cuáles instituciones y en qué marco legal se desarrollan las disputas? Son éstas algunas de las preguntas que guiaron la exposición de la obra, como se advirtió en la introducción.

Se estableció la importancia de pensar y problematizar a la “naturaleza” como segunda naturaleza, el territorio y las tierras en la producción social del espacio. De esta manera, la pesquisa partió de cómo el agua, la tierra y el territorio son parte en realidad de una producción espacial; de cómo se genera la segunda naturaleza. En ese sentido, como menciona Lefebvre, “la “naturaleza”, tal como es aprehendida en la vida social por los órganos sensoriales, ha sido modificada, esto es producida. Los seres humanos han construido formas políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas e ideológicas “[…] incluso si esas formas no portan las marcas de los productores y del proceso de producción” (2014: 125). Por esto, la laguna Chignahuapan es la naturaleza transformada y transformadora de las formas espaciales y temporales, así como las configuraciones territoriales de los tres pueblos ribereños.

En esta misma consideración, el agua que formó parte de un espacio lacustre, si bien es un elemento químico, físico y biológico, no se puede acotar a esto, puesto que no son las únicas características que la definen debido a que el agua forma parte y está inmersa en un proceso social, político y económico de alcance tanto local, regional, nacional como internacional, donde adquiere un estatus de elemento social, con nuevos y viejos símbolos y códigos culturales que se enfrentan, se trasmutan, se metamorfoséan.

De esa manera, el agua en y por el espacio de producción lacustre, que poco a poco, mediante un proceso a veces lento o vertiginoso viró al uso agrícola y ganadero, a lugar de desechos de agua doméstica, a tierras húmedas en disputa, no es sólo el lugar del agua incolora e inodora, sino del agua del pueblo, de la laguna, como menciona Castro, que cada vez más “se ha convertido en un objeto de recurrentes luchas sociales” (2006: 12).

En estos argumentos, el agua, si bien es un elemento químico, fundamental para la vida humana, es de la misma forma un recurso que se transporta, almacena, regula, controla y se posee. Ello es evidente en el tema del libro, como se ve en los intentos por regular zonas de producción lacustre por parte de los pueblos, por controlar el agua de la laguna para desecar tierras para la agricultura, para generar energía eléctrica o para trasvasarla a la Ciudad de México.

Por esto, se puede afirmar que el tipo de transporte y control del agua de los manantiales que alimentan la laguna facilitó la transformación espacial y una forma de articulación agrícola, ganadera, en los pueblos ribereños. También localizó en puntos específicos el agua bajo un control y una vigilancia por medio de una infraestructura que conduce el agua, la almacena y distribuye a lugares muy distantes de donde se encuentra. Esto permitió que germinara la zona de las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Lerma, como región abastecedora de agua, que se especializó en esto por medio de obras de ingeniería hidráulica: pozos, canales y bombas, además de vigilantes, ingenieros, oficinas gubernamentales, que serán los nodos estratégicos de donde proviene el agua. Ello, como se pudo ver, representó un hito en el manejo del agua tanto en la ciudad como en la región del Lerma.

Un tema importante es que a partir de que se creó la Comisión Cuenca de Lerma Chapala-Santiago, en 1950, con fines de estudio y planificación,39 la idea de manejar, gestionar y administrar el agua por cuenca, específicamente en este caso, por la cuenca del Lerma —que se subdividió en alta, media y baja— situó al estudio del agua en una escala de análisis que homologó y borró en su consideración teórica, metodológica y empírica toda la gama de complejidades existentes en las lagunas. Se puede decir que esta concepción llevó a pensar sólo en un agua, la del gobierno federal, la que la ciudad apremiaba y la que empleaban las empresas. La otra agua, se puede decir la local, la que se ocupa y usa como territorio de la comunidad, con sus tierras y terrenos, campesinos, productores agrícolas y ganaderos, se disolvió en la inmensidad de la regionalización de la cuenca alta del Lerma. En palabras de Roberto Melville:

Cuando trabajando para una entidad gubernamental con fines de planificación y ordenamiento de las aguas en una región, los expertos en hidráulica ponen en práctica estas ideas, descubren que los conceptos de la cuenca fluvial no son fácilmente aplicables a todas las regiones densamente pobladas. Éstas se caracterizaban por los intereses creados en dichas demarcaciones. Las grandes ciudades, las zonas agrícolas productoras de grandes volúmenes de alimentos y de bienes para la industria o la exportación, y los sitios estratégicos para la generación de energía, todos ellos ejercen una influencia social, económica y política en la toma de decisiones sobre la distribución de volúmenes de agua, sobre los montos de inversión de los capitales, en la jerarquización de preferencias en la asignación de recursos. Son tales decisiones políticas, no sólo las recomendaciones técnicas de los especialistas, las que dan vida al nuevo ordenamiento (2000: 4).

Por eso mismo la laguna Chignahuapan, que se trasmutó y regeneró con nuevas bases técnicas y la incorporación de nuevos símbolos en su transformación del espacio lacustre a agrícola y ganadero, es un espacio hidrosocial donde política, cultura, técnica, tecnología y economía atraviesan de manera determinante la forma de usar y simbolizar el agua. En ese mismo proceso, ahora el agua de la laguna Chignahuapan, origen del río Lerma, se usa en la Ciudad de México. Se desecha y se dirige por canales y avenidas de la ciudad hacia la presa Zimapán, los ríos Moctezuma y Pánuco y el Valle del Mezquital. Así, se trasciende la escala cuenca del río Lerma que divide las aguas en la compleja producción de los espacio hidrosociales históricamente construidos. En esas circunstancias es que el agua de la laguna, de la producción lacustre, se transfiguró en agua urbana,

donde las relaciones de mercado son la forma dominante de cambio […] es también una parte integral de la circulación del dinero y del capital. El agua es capturada, bombeada, purificada, ajustada químicamente, comprada, vendida y regulada […] se utiliza en los hogares, la agricultura y la industria, transformada en electricidad, bioquímicamente metabolizada por plantas, animales y humanos, integrada en las manifestaciones públicas, a menudo se vuelve en aguas residuales, que con el tiempo regresan a la “naturaleza” (Swyngedouw, 2004: 1).

Esto lleva a pensar que es importante el agua como elemento social y al mismo tiempo biológico, esencial para la vida humana, y que se encuentra dentro del mundo social del modo de producción capitalista, que siempre ha necesitado de la explotación intensiva y extensiva del agua y de la tierra para generar ganancias. Es la esencia del capitalismo. Desde su génesis, en diferentes magnitudes e intensidades, los ha tratado de colocar como mercancías para su crecimiento y fortalecimiento. Éste es el caso del agua y tierra de la laguna Chignahuapan en el Estado de México, donde es evidente que la propensión a pensar el agua, “reducida a un menú de opportunities” (Echeverría, 2008: 28) para el hacendado, el empresario o el gobierno federal encontró una férrea oposición en los pueblos ribereños. Incluso, aunque el agua se haya ido a la ciudad, se reclamó el territorio y el agua del pueblo, de su laguna. Esto, no como una actitud conservadora preservacionista, sino como forma de reproducción social donde la palabra de la asamblea del pueblo es la que decide qué se hace con el agua y la tierra.

De la misma forma, es claro que en el caso del trasvase de agua de la laguna Chignahuapan a la Ciudad de México, el capitalismo urbano-industrial de la ciudad, impulsado por el gobierno federal, tuvo que supeditar los espacios lacustres a sus necesidades y transformarlos en espacios agrícolas y ganaderos, pues requirió del agua para sustentar su crecimiento exponencial. Por esto, las argumentaciones catastrofistas, alarmistas, acerca de que el agua de la Ciudad de México se agotaría y de que, si se seguía sobreexplotando el manto freático, la ciudad colapsaría, habría que analizarlas con mayor detenimiento, puesto que pese a las investigaciones del Ing. Roberto Gayol y Nabor Carrillo acerca del hundimiento de la ciudad, se siguieron perforando pozos y extrayendo agua de los ya construidos. Es más, aumentó la perforación y construcción de pozos profundos para abasto doméstico e industrial en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Resulta evidente que la necesidad de agua para la Ciudad de México no se debía a un problema ambiental (que lo presenta ya desde los años 50 y que en la actualidad es muy grave), sino a las necesidades del crecimiento industrial y urbano impulsado por el propio gobierno federal en las décadas de 1940 y 1950 en el país.

Por estas mismas razones, los argumentos de corte malthusiano esgrimidos (de que la población y su crecimiento exponencial son los grandes causantes de los problemas de abastecimiento de agua en la Ciudad de México) no parten de razonamientos sólidos que expliquen la necesidad de agua que tanto propaló el gobierno federal en los años 30, 40 y 50, debido a que, ante la población urbana que se incorporó a la capital del país como migrante, la provisión de agua nunca se dio de manera anticipada, ni como parte de los servicios que debían proporcionar el Estado o los municipios a las nuevas colonias que se formaron en la periferia de la ciudad. Al contrario, muchas de las obras que se realizaron para dotar de agua a todos los migrantes fueron pagadas por ellos con trabajo comunitario, y no siempre gozaron de un agua de calidad, en cantidad y condiciones de consumo humano. Al contrario, se enfrentaron a una alta segregación y fragmentación territorial donde el acceso al agua también adquirió esas condiciones.40

En el contexto de la sustitución de importaciones, la falta de apoyo a la población ejidataria y comunera del país, el abandono en el cual se le colocó desde principios de los años 40 ocasionó que la población se concentrara en lo que sería el gran complejo industrial del país, construido en la Ciudad de México. Ello llevó a que se requiriera de agua para la industria y parte del núcleo urbano, y así se subsumiera a los espacios comunales lacustres de los pueblos ribereños de la laguna Chignahuapan.

En este sentido, es preciso mencionar que el agua y las tierras que hacían el espacio lacustre no fueron frontera fácil de conquistar por el proceso urbano industrial, como se vio a lo largo de lo expuesto. Si bien, desapareció toda una organización espacial de los pueblos determinada por el usufructo de la laguna desde épocas prehispánicas y por la explotación que los mismos pobladores llevaron a cabo, se siguió luchando y defendiendo la tierra y las formas específicas de administración y manejo del territorio, aun abierta ya la nueva configuración del espacio agrícola.

Lejos quedó el uso comunal de la laguna, la infraestructura de embarcaderos, canoas, cayucos, redes y fisgas para pescar. La laguna usada, organizada, delimitada, significada, nombrada, caracterizada con zonas para cazar, pescar y recolectar verduras, legumbres y pastura para los animales, y las instituciones locales, como el ayuntamiento que regulaba y reglamentaba los usos de la laguna, perecieron. Se pasó a la propiedad federal del agua y de las tierras que se encontraban bajo la laguna; a la infraestructura de los tractores, de los arados, veredas y caminos, representada por la rotulación de las tierras y las pequeñas zonas que tenían todavía agua, es decir, el paisaje ahora lo dominaban vacas, burros, borregos, la milpa. Se pasó de esa forma a un espacio agrícola con tierras y terrenos de milpas, el cual se tuvo que defender.

Vale la pena decir que la subsunción real y formal del espacio lacustre de estos pueblos se dio en un contexto de asentamiento de las políticas de centralización del agua y del poder político en México, sin el cual no se podrían haber llevado a cabo en las condiciones en que se realizó el trasvase del agua. Estos procesos fueron fundamentales en la realización del trasvase de agua a la Ciudad de México, pues de ello dependió en parte la forma que adquirió la defensa jurídica de las autoridades gubernamentales y de los pueblos para poseer el agua.

El proceso de centralización de agua iniciado en el porfiriato y ratificado en los gobiernos posrevolucionarios, con sus grandes y respectivas diferencias, permitió de cierta forma al Estado el control jurídico de los recursos hídricos del país, que, aunque fue paulatino y lleno de contradicciones y resistencias por parte de muchos pueblos del país, permitió desarrollar grandes proyectos como el trasvase de agua.

Se puede concluir que el proceso de trasvase que transformó a los pueblos de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y San Mateo Texcalyácac fue la continuación e inicio de uno de mayor alcance que implicó que el espacio urbano subordinara cada vez más al espacio rural por sus necesidades apremiantes de agua, lo que en la actualidad sigue sucediendo.

En la misma forma se sostiene que la investigación del agua con una mirada histórica y política profunda es necesaria para comprender cómo se desarrollan los procesos y las consecuencias que presenta. A su vez, permite observar cómo es que la producción espacial nunca está determinada ni se mantiene por una necesidad preservacionista, sino por otras necesidades que tienen que ver con la vida misma en comunidad, que implica los términos políticos, económicos, religiosos y culturales de reproducción social.

Los pueblos ribereños de la laguna Chignahuapan, considerados como productores de un espacio lacustre, no sólo se organizaron alrededor de este tipo de economía y de la explotación de la laguna, sino que colocaron sus actividades recreativas, de identidad y políticas de la comunidad en la producción de su espacio local. De esta manera, estos pueblos, al mantener un usufructo de la laguna para vivir, no sólo se producían como pescadores y recolectores de tule o cazadores de patos, sino que eran los productores lacustres que convertían a la laguna a su vez en la laguna Chignahuapan, donde ésta tuvo todo el tiempo impresa ya una apropiación material y simbólica, y por tanto política.

Finalmente otra consideración que se puede sostener es la importancia que han tendido y tienen las autoridades locales de los pueblos, sean éstos presidentes municipales, representantes de bienes ejidales o comunales, en las decisiones sobre el uso, usufructo y ocupación de su territorio y agua. Desde esa misma perspectiva, las estrategias políticas y legales que decidieron seguir por medio de amparos y ocupación de facto de tierras de forma lenta o vertiginosa son axiales en este proceso. De esto se puede desprender que esas instituciones locales, campesinas, ejidatarias o comuneras indígenas o mestizas que aparecen en el discurso gubernamental y en los esencialismos de parte de un tipo de academia influyen y determinan “la administración del agua” (Peña, 2015: 135), en la configuración de su territorio y, por supuesto, siempre en lucha por decidir la forma de producción espacial en su pueblo. Muy lejos está la idea de pueblos indefensos con naturaleza intocada. Lo que existe en realidad son comunidades densamente articuladas en diferentes escalas, y actuantes política y económicamente en sus terrenos, tierras y espacio social.

ANEXOS

Anexo 1

Cantidades de agua en litros por segundo, que producían los acueductos listados

Año

Mes

Promedios deducidos de las mediciones diarias

Desierto

Sánchez

Palomas

Leones

Ajolotes

Diletas

Ojo de Agua

Santa Fe

1905

Septiembre

83.3

17.5

1.4

135.8

47.7

0.9

0.6

17.6

Octubre

83.3

17.5

1.4

135.8

47.7

1.2

0.6

22.7

Noviembre

83.3

13.6

1.4

80.5

46.8

0.5

0.5

23.9

Diciembre

80.9

7.8

1.1

36.3

34.1

7.6

0.3

23.9

1906

Enero

72.1

7.4

0.8

28.4

30.0

5.7

0.3

21.5

Febrero

66.9

6.5

0.9

24.0

26.0

5.1

0.3

17.6

Marzo

62.4

6.0

0.9

21.4

22.1

4.5

0.3

17.6

Abril

62.4

5.6

0.9

19.7

19.8

4.2

0.4

17.6

Mayo

63.6

5.7

0.9

18.2

20.3

4.3

0.4

21.5

Junio

64.0

5.6

0.9

18.2

19.1

3.9

0.4

12.4

Julio

57.4

6.4

0.5

34.3

18.6

3.9

0.4

12.4

Agosto

64.7

11.7

1.9

87.1

32.0

0.9

3.2

12.4

Septiembre

80.0

15.4

20.1

116.1

52.5

7.4

0.6

12.4

Octubre

81.8

16.1

0.6

124.6

60.2

10.0

0.7

12.4

Noviembre

64.0

9.0

0.4

58.7

55.0

6.7

0.5

12.4

Diciembre

52.6

7.2

0.3

38.2

41.5

5.0

0.4

12.4

1907

Enero

45.6

6.4

0.3

24.7

32.0

4.0

0.3

12.4

Febrero

45.6

6.3

0.3

22.1

26.7

4.0

0.3

122.7

Marzo

45.6

.6

0.3

16.8

9.5

3.2

0.3

112.4

Abril

41.7

5.2

0.3

16.3

26.1

3.0

0.2

112.4

Mayo

42.2

5.6

0.3

15.8

19.8

3.2

0.2

112.4

Junio

45.1

6.2

0.3

21.5

19.8

3.1

0.3

112.4

Julio

55.6

17.9

0.3

76.1

26.1

3.5

0.3

112.4

Agosto

65.0

14.5

0.3

108.1

32.0

5.0

0.3

112.4

Septiembre

8.0

17.5

0.3

141.0

40.0

9.6

0.4

112.4

Octubre

68.8

15.2

0.3

98.3

50.0

8.1

0.3

117.6

Noviembre

62.0

9.9

0.3

41.4

45.5

6.1

0.2

117.6

Diciembre

52.6

7.5

0.3

28.4

30.1

4.6

0.2

117.6

1908

Enero

45.6

6.1

0.3

22.1

25.0

4.0

0.2

113.5

Febrero

38.9

5.2

0.3

17.5

19.8

4.0

0.2

112.4

Marzo

34.5

5.0

0.3

14.4

17.5

3.4

0.2

112.4

Abril

34.5

5.1

0.3

13.6

21.5

3.5

0.3

112.4

Mayo

41.6

5.6

0.3

15.6

19.8

3.5

0.2

112.4

Junio

38.4

6.3

0.3

17.0

20.8

3.5

0.4

112.4

Julio

59.8

13.1

0.3

59.5

46.1

4.7

0.5

112.4

Agosto

56.0

11.9

0.3

59.5

46.8

5.1

0.5

112.4

Septiembre

64.7

16.8

0.3

72.6

50.2

7.5

0.5

112.4

Octubre

59.9

15.2

0.3

61.0

43.5

8.8

0.4

112.4

Noviembre

48.4

10.9

0.3

31.4

42.2

8.1

0.2

112.4

Diciembre

41.6

7.1

0.3

20.3

35.5

6.1

0.2

112.4

1909

Enero

38.4

5.2

0.3

15.3

26.0

5.2

0.2

112.4

Febrero

35.6

4.3

0.3

12.0

26.0

4.2

0.2

112.4

Marzo

32.6

3.7

0.3

9.0

22.1

3.5

0.2

112.4

Abril

34.1

4.1

0.3

9.3

19.8

3.5

0.2

112.4

Mayo

32.2

4.3

0.3

8.8

19.8

3.4

0.2

112.4

Junio

35.6

4.3

0.3

9.0

20.0

3.0

0.2

112.4

Julio

36.1

4.7

0.3

9.2

20.3

3.5

0.3

106.8

Agosto

53.3

7.4

0.3

41.2

22.1

4.5

0.3

106.8

Septiembre

79.5

13.0

0.3

89.5

32.9

12.4

0.3

106.8

Octubre

63.6

11.2

0.3

65.5

53.2

10.0

0.3

106.8

Noviembre

49.0

8.3

0.3

36.3

38.9

6.7

0.2

106.8

Diciembre

47.1

5.9

0.3

18.4

28.6

5.1

0.2

106.8

1910

Enero

43.5

5.5

0.3

11.7

26.0

4.2

0.2

106.8

Febrero

40.4

5.5

0.3

10.9

24.8

3.3

0.2

106.8

Marzo

36.9

4.1

0.3

7.7

24.0

3.0

0.2

106.8

Abril

33.1

4.1

0.4

6.6

23.3

2.4

0.2

106.8

Mayo

31.5

4.4

0.4

5.7

20.9

2.6

0.2

106.8

Junio

41.6

6.0

0.4

118

22.1

2.6

0.2

106.8

Julio

52.0

10.2

0.4

49.4

36.4

5.4

0.4

106.8

Agosto

62.0

11.7

0.4

72.4

50.2

10.2

0.5

106.8

Septiembre

68.7

13.8

0.4

73.5

51.1

14.8

0.5

106.8

Octubre

60.3

12.0

0.4

72.4

57.6

13.8

0.5

106.8

Noviembre

59.2

12.0

0.4

56.0

49.2

9.0

0.4

113.5

Diciembre

50.8

8.0

0.4

29.4

36.4

7.0

0.2

111.4

1911

Enero

40.0

5.3

0.4

13.1

19.8

4.8

0.2

112.4

Febrero

40.0

5.3

0.4

13.1

19.8

4.8

0.2

112.4

Marzo

39.4

5.2

0.4

11.3

26.0

4.5

0.2

112.4

Abril

37.3

5.0

0.2

9.3

20.4

3.7

0.2

111.4

Mayo

38.1

5.5

0.2

10.2

21.2

4.2

0.2

106.8

Junio

40.1

4.8

0.3

9.2

22.8

3.2

0.2

106.8

Julio

47.3

5.7

0.3

22.6

22.8

3.8

0.3

106.8

Agosto

54.9

5.6

0.3

35.3

35.2

4.6

0.3

106.8

Anexo 2

Figura 5.

Fuente: AHDF, “Obras de provisión”, caja-módulo 101, planero 8.

Figura 6. Agua potable a la Ciudad de México 1921-1922

Fuente: AHDF, “Cuadro comparativo de la provisión de agua potable a la Ciudad de México durante los años de 1921 y 1922”, caja-módulo 97, exp. planero 13, 1921-1922.

Anexo 3

El acuerdo a la letra dice: “Reserva para satisfacer necesidades agrarias a los pueblos que se mencionan a continuación, a través de los terrenos que se descubran con motivo de trabajos de captación de aguas de las lagunas de Lerma: San Antonio de los Llanitos, San José de los Llanitos, Jajalpa y Amomoluco y para cubrir los faltantes los poblados de San Nicolás Peralta, Santiago Analco, Santa María Atarasquillo, San Mateo Torasquillo, San Mateo Atenco, San Pedro Totoltpec, Santa Cruz Atizapán, San Antonio la Isla, Concepción Coatipac, San Lucas Tepemajalco, Santa María Rayón, San Juan de la Isla, Santiago Cuaxtenco, Santa María Jajalpa, San Pedro Tultepec, San Pedro Tlatizapan, San Miguel Chapultepec, San Sebastián y San Lucas, en la medida que se fuera ganado y que la Secretaría de Recursos Hidráulicos lo fuera poniendo a disposición de la Secretaria de la Reforma Agraria. Estableciendo además en el punto segundo de dicho acuerdo, que corresponde al Departamento Agrario, hoy Secretaría de la Reforma Agraria, resolver sobre la preferencia de los citados pueblos para donaciones o ampliaciones ejidales, conforme las leyes de la materia, pero determinado a la vez en el punto tercero, que en tanto las referidas obras que no hayan sido terminadas y no se haga la declaración que los terrenos ganados pierden el carácter de inalienables e imprescriptibles y adquieren el carácter de nacionales para efecto del artículo 6 de la ley de Aguas de propiedad Nacional, la Secretaría de Agricultura y Fomento, podrá conceder permisos precarios de aprovechamientos anuales a las comunidades agrarias que los soliciten […], en el segundo y tercer vaso de la lagunas, ya que el primer vaso permanecerá como vaso regulador, no debiendo perder su carácter de inalienable e imprescriptible. Una vez que se termine los trabajos de drenaje y desecación y lo declare así la Secretaría, ésta hará la entrega de los terrenos ganados a las lagunas del Departamento de Asuntos Agrarios y colonización, para que éste a su vez resuelva sobre la preferencia de los pueblos ribereños enumerados en el acuerdo de 1943, para dotaciones o ampliaciones de dotación (aha, Fondo Infraestructura, caja 601, exp. 17317. Grafía original).

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AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1769, exp. 26297.

AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 2750, exp. 38534.

AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3287, exp. 45094.

AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112.

AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3943, exp. 54517.

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Entrevistas

Siete entrevistas realizadas en los meses de julio y agosto en el municipio de Santa Cruz Atizapán, Estado de México.

Siete entrevistas realizadas en los meses de julio y agosto en el municipio de Almoloya del Río, Estado de México.

Siete entrevistas realizadas en los meses de julio y agosto en el municipio de San Mateo Texcalyácac, Estado de México.

Notas

1 La presente investigación se basa en parte en la tesis de maestría en Geografía que se presentó en 2008 en el Posgrado de Geografía de la unam, además de las discusiones dentro del Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis. Esto, en el contexto del proyecto de investigación “Agenda social del agua: fortalecimiento de capacidades sociales frente a riesgos hidrometeorológicos”, que forma parte del programa Cátedras Conacyt.

2 En las entrevistas llevadas a cabo en los pueblos se omitieron los nombres porque las personas así lo solicitaron.

3 En el Diccionario del Náhuatl. En el español de México, la palabra Chignahuapan se define como: “En las nueve aguas o manantiales. Chiconauh-a-pan. De chiconahui, nueve, alt, agua, pan, locativa” (Montemayor, 2007: 189).

4 Texcalyácac es una palabra de origen náhuatl, compuesta por texcalli, que significa ‘pedregal’; yácatl, ‘nariz’; y c, preposición locativa, ‘en’. El significado es ‘en la nariz del pedregal’ o ‘en la punta del pedregal’, como aparece señalado por Fortino Hipólito Vera en su libro Itinerario parroquial del Arzobispado del Estado de México, de 1880; y debe pronunciarse en su original idioma: Tex-cal-yá-cac, con acento en la segunda a, y no Tex-ca-lia-các, como suele ser pronunciada por la gente, pues es una deformación de la palabra, ya que en náhuatl no existe tal. Lo correcto al escribir y pronunciar Texcalyácac, es con la acentuación ortográfica, por ser palabra grave, pues en la lengua náhuatl no existen agudas (Enciclopedia de los municipios de México, “Estado de México, Texcalyácac”, disponible en http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15098a.htm).

5 Almoloya. Nombre del sonoro idioma náhuatl cuya etimología deriva de las radicales al, contracción de atl, ‘agua’; molo, de molloni o mollini, ‘manar’, ‘brotar’; y la partícula verbal ya, yan, ‘en’ o ‘donde’, ‘lugar’. ‘Donde brota el agua’, ‘el lugar donde mana el agua a borbotones’ (Enciclopedia de los municipios de México, “Estado de México. Almoloya del Río”, disponible en http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15006a.htm). “Por decreto número 34, expedido por el Congreso del Estado el 26 de marzo de 1847, se erigió municipalidad la que antes era comarca de Almoloya del Río, en el partido de Tenango, disponiendo el Decreto que comprendería al dicho pueblo San Mateo Texcalyácac, San Pedro Techuchulco y Santa Cruz Atizapán, siendo la cabecera el primero” (Romero, 1993: 133).

6 El primer nombre que se conoce que ostentaba el pueblo en sus orígenes fue Tepozoco, ‘en la arena porosa’. Tiempo después, Atizapán. Atizapán es una palabra de origen náhuatl que se compone de atl, ‘agua’; tizatl, ‘tierra o cosa blanca’; y pan, ‘en o sobre’; y significa ‘en el agua blanca’, ‘en la tierra blanca’ (Enciclopedia de los municipios de México, “Estado de México. Santa Cruz Atizapán”, disponible en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15012a.htm). El 18 de octubre de 1870 este pueblo se erigió en municipio (Romero, 1993: 235).

7 “Se puede distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se halla condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material” (Marx y Engels, 1958: 19).

8 Un aspecto que se debe destacar son los diferentes cuerpos lacustres a los que se hace referencia y los variados nombres de las lagunas que aparecen en diversos documentos. En el caso de los nombres de las lagunas en textos que se encuentran en el Archivo Histórico del Agua (aha) y en diferentes artículos publicados en revistas, libros y entrevistas de campo, los nombres de éstas se confunden. Por ejemplo, se pueden encontrar alusiones para la primera laguna: Chicnahuapan, Chignahuapan, Chiconahuapan, Almoloyita, Almoloya o Agua Blanca. Para la segunda laguna se suelen encontrar los nombres de Chimaliapan o Atenco; y para la tercera, denominaciones como Lerma, Cacalomeleapan o Chicnahuapan (como uno de los nombres de la primera laguna). Respecto a los cuerpos lacustres, por lo general en el archivo o en documentos académicos se refiere a las lagunas de Lerma como un solo cuerpo lacustre, aunque en realidad son tres lagunas muy productivas por su poca profundidad, que les permitía tener un proceso de fotosíntesis importante, lo que origina suelos muy ricos en materia orgánica proveniente de la descomposición de las plantas y raíces acuáticas, profundos, con espesor de más de cuatro metros, lo que a su vez generaba dentro de las lagunas una gran variedad vegetal así como de peces, ranas, acociles, etc. Es importante señalar que muchas veces no se consideran como lagunas, sino ciénagas o hasta terrenos pantanosos o fangosos. Es importante mencionar esto porque fueron (y son todavía) argumentos fundamentales para tratar de desecar las lagunas a finales del siglo xix y principios del xx, ya que considerar ciénaga o terreno pantanoso a unas lagunas demerita la calidad de las aguas y de los productos que se encuentran en ella, además de que ofrece una base argumentativa respecto a la higiene de los mismos; que son hediondos y lugares propicios para contraer enfermedades infecciosas.

9 Hay que aclarar que los ingresos que recibían las arcas municipales de estos pueblos no provenían sólo de los arrendamientos que se realizaban por la explotación de la laguna. En el caso específico de San Mateo Texcalyácac, también se percibían por rentas que tenían con vecinos de San Pedro Techuchulco de parte del bosque, tanto para cortar leña como para sacar carbón. Así, se muestra en el arrendamiento que realizan del paraje llamado Tlecuiles que en “el año de 1899 realizan a pobladores de San Pedro Techuchulco para hacer uso de los árboles de ese” pueblo. A esto es a lo que se refiere la cita de arriba cuando menciona a los terrenos ubicados en Cuauyacac y Citlalpa.

10 Es importante mencionar que todos los acuerdos de renta para usufructuar tanto el bosque como la laguna pasaban por la jefatura política del entonces distrito de Tenango del Valle, al cual se le pedía permiso para realizar los arrendamientos. Estos permisos tenían la función de cumplir con un requisito jurídico del Estado y dar un aval de la propiedad de la laguna y de lo que se arrendara para evitar conflictos.

11 El conflicto por la propiedad de esta porción de terreno data de siglos atrás, específicamente del 24 de agosto de 1649, cuando Fernando de Altamirano y Velazco, conde de Santiago, otorgó en la hacienda de Atenco escrituras de venta de tres caballerías de tierra a los pueblos de Santiago Tianguistenco, Xalatlaco, San Mateo Texcalyácac y San Pedro Techuchulco, su sujeto. En la propia escritura de venta se menciona: “Es una loma del camino real que iba de los pueblos de San Mateo Tescaliacaq al de San Pedro Techochulco, que en dicho camino hay una cruz a mano izquierda de dichas Tierras mirando al dho., pueblo de San Pedro, y esta orilla del monte que se llama Cuauyaca que y en las tierras de dha., cavallería ay unos corrillos y se nombrar dhas., tierras Tlamimilolpa y Lindan por la parte de avajo de dha., loma con la ciénega y sorca que por orilla va de esttas Hasiendas de Atengo”. Para ser dividida por partes iguales entre los pueblos de San Mateo Texcalyácac y San Pedro Techuchulco, su sujeto; de esta compra de terreno data el conflicto por la posesión de este predio, conflicto que se va a resolver hasta principios del siglo xx (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 608, exp. 8800. Grafía original).

12 En la actualidad este pueblo, perteneciente a Santiago Tianguistenco, tiene por nombre San Lorenzo Huhuetitlan.

13 La gente que salió del pueblo de Texcalyácac migró para Tenango, San Lucas, San Antonio la Isla, la Ciudad de México, el estado de Morelos y Guerrero. Un mayor número de pobladores se fue para San Antonio la Isla. Allí tuvieron al santo patrono durante casi cuatro años. Para 1920, la mayoría de la gente regresó (Orihuela, s.d.: 10).

14 Un punto importante que se debe considerar entre estos tres pueblos ribereños, cuyo espacio está construido con base en las actividades lacustres, es que el pueblo de Texcalyácac es el único que presenta una explotación significativa de bosque; los otros dos pueblos desarrollan de forma más exigua esta actividad, pues no tienen en su territorio reservas importantes.

15 Un ejemplo de ellos fue el convenio celebrado entre Manuel González de Salceda, dueño de la hacienda de Doña Rosa, y el pueblo de San Pedro Totoltepec, para que éstos entraran a sus tierras a sacar leña y a la ciénega a cortar tule para hacer petates (Camacho, 2005: 7).

16 Casos importantes de desecación de lagos y lagunas los encontramos en todo el país, pero principalmente fue en Veracruz, Michoacán, Estado de México y Jalisco donde ocurrieron los más importantes. De éstos, los que representan un paradigma por la amplitud de las obras y la afectación de las mismas a los pueblos que habitaban cerca de los cuerpos de agua fue el del lago de Chapala, en Jalisco, y el lago de Chalco, en el Estado de México. En el caso de lago de Chapala, cuando se propuso desecar este cuerpo de agua se pensó que dejaría al descubierto terrenos muy fértiles para obtener excelentes cosechas; sin embargo, estos terrenos pronto llegaron a ser una fuente de conflicto entre los pueblos ribereños, sobre todo por parte de los hacendados que tenían propiedades en la ciénega o cerca de ella. En el caso del lago de Chalco, con una superficie de 10 000 hectáreas, en la desecación que se realizó a finales del siglo xix, su agua era considerada innecesaria ya que, según el discurso, contribuía al mal olor y a la insalubridad en general. Así, las autoridades oficiales ofrecieron una argumentación que pretendía demostrar que la actividad lacustre del lago de Chalco no era importante para los pueblos; y, al contrario, se mencionó que resultaba perjudicial para estos pueblos por la contaminación y enfermedades que se almacenaban en dichas aguas (Tortolero, 2006).

17 Mariano Riva Palacio fue regidor del ayuntamiento de la capital de la república, miembro del Congreso de la Unión en 1833, 1834 y 1856; ministro de Hacienda en el gabinete del presidente José Joaquín Herrera en 1848, además de gobernador del Estado de México en 1849, 1857 y 1869. Participó como presidente de la Junta Menor del desagüe del valle de México en 1856 (Camacho, 2005: 11).

18 No hay que olvidar que el proyecto agrario liberal, en cuanto a la propiedad de la tierra, se centró en el rechazo a la propiedad de las corporaciones tanto civiles como eclesiásticas, para fomentar la propiedad privada. En este marco es en el que se sitúan los diferentes gobiernos de los estados del país, enfocados en darle un pretendido impulso al desarrollo de la agricultura, pues se consideraba como la principal fuente de progreso.

19 La desecación del lago de Chalco la llevan a cabo empresarios españoles allegados al poder político porfirista. Fueron los hermanos Noriega los encargados de realizar las obras de desecación del lago de Chalco que ocupaba una superficie cercana a las diez mil hectáreas (Tortolero, 2006: 70).

20 Se menciona que de intermediario porque en la política porfirista económica liberal los preceptos son los de sólo desempeñar un papel de intermediario que lleve al progreso y el bien económico a las distintas regiones del país, es decir, su responsabilidad como gobierno federal es sólo ser el garante de la promoción del “progreso”.

21 Los sucritos Síndicos Municipales y vecinos de los pueblos ribereños de la laguna de Lerma en el Estado de México asistimos del ciudadano Procurador de Aguas adscrito a la Dirección del ramo en esa Secretaría del merecido cargo de usted, respetuosamente y como proceda exponemos que: […] Cumpliendo con la representación que tenemos es de nuestro deber ratificar todas las declaraciones que hemos formulado respecto a la absoluta inconformidad de los pueblos ribereños de la laguna de Lerma, nuestros representados, para que se lleve a cabo la desecación de la expresada laguna, en los términos de las concesión a que hacemos referencia. Igualmente en el ejercicio de nuestras respectivas representaciones desconocemos y negamos tan ampliamente cuanto en derecho sea necesario cualquier expresión que se diga hecha por nuestros pueblos, acerca de la conformidad de estos con la ejecución de las obras a que se refiere el contrato de concesión aludido. Además tenemos conocimiento que declarada incursa en caducidad la concesión mencionada, por el acuerdo del ciudadano presidente de la república en Noviembre de 1924, se resolvió conceder a la Compañía Agrícola del lago Lerma S.A., una prorroga más de las ya otorgadas anteriormente para que dentro de ella diera cumplimiento a las obligaciones que le impone el contrato respectivo prorroga que termina el próximo día 19. […] La falta de cumplimiento a esa condición (Conformidad de todos los involucrados) claramente determinada es notoria ya que reiteradamente hemos manifestado ante usted nuestra inconformidad y ya que el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes como lo establece el Derecho, es a nuestro juicio declararse sin mayor dilación la caducidad del contrato concesión que hoy regentea como hemos dicho la llamada Compañía Agrícola del Lago Lerma (aha, Fondo Aguas Nacionales, caja 14, exp. 184. Grafía original).

22 La discusión sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea en la Ciudad de México se ha ampliado de forma importante en los últimos años. Sólo por citar como ejemplo, en 2013, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (sacm) indicó que comprobó la existencia de un “acuífero con vida útil de 30 años se encuentra a dos kilómetros por debajo de la delegación Iztapalapa” (Ramos, 2012). De esta manera “se pudo comprobar la existencia de una capa, a los 900 metros de profundidad, de arcilla y arena compactada de cerca de 200 metros de espesor, que permiten aislar las aguas profundas de las aguas del acuífero superficial actualmente en sobreexplotación, con lo cual, la extracción de las aguas profundas no tendría ningún efecto negativo para la ciudad” (Expansión, 2013). Es interesante advertir que el discurso actual de la falta de agua subterránea en la ciudad se pone en duda. De la misma forma, los instrumentos de planeación y la propia ingeniería hidráulica como ejes para poder acceder y poseer agua para la ciudad, lo cual en el caso del Sistema Lerma, como se observa a a luz de los años transcurridos de 1950-2016, se pone en duda.

23 La tradición oral ha rescatado la visita de Álvaro Obregón a los manantiales, hacia 1924, en compañía del gobernador, el Gral. Abundio Gómez; la visita tenía el propósito de echar a andar un proyecto para llevarse el agua a la Ciudad de México, decía la gente.

24 Aunque ya en los años de 1920 existía el interés por traer agua de la región de la laguna Chignahuapan a la Ciudad de México, como lo ejemplifican las iniciativas que presentaron algunos particulares, como las de Benjamín Hill para utilizar 2 100 litros por segundo para generar energía eléctrica y para mandar agua a la Ciudad de México y cubrir sus necesidades domésticas. De la misma forma, se encuentra la propuesta de Miguel Gómez para utilizar 3 000 litros por segundo de las aguas de los manantiales de Almoloya del Río, con el mismo fin.

25 Registros confiables muestran entre 1983 y 1992 hundimientos anuales alrededor del Aeropuerto Internacional, de entre 15 y 25 cm; de 10 cm en el Centro Histórico; de entre 10 y 15 cm en Xochimilco y Tláhuac. En la actualidad la situación no ha variado, pues el hundimiento medio anual en el Centro Histórico es de 10 cm, de 15 cm en Xochimilco y de 20 a 25 cm en el Aeropuerto Internacional. El mayor se tiene en Ciudad Nezahualcóyotl, con 30 cm. Los ritmos de hundimiento se reducen en las zonas no lacustres, como Azcapotzalco, de tan sólo 2 a 5 cm anuales (Legorreta et al., 2007, disponible en http://old.planeta.com/ecotravel/mexico/ecologia/97/0897agua1.html).

26 Desde 1964 y hasta 1975 se incrementaron los caudales con la perforación de 50 pozos profundos más en Xochimilco, Tláhuac y Ciudad Nezahualcóyotl, así como en la zona norte, en los Reyes y Teoloyucan. Con todos ellos se logró aumentar el caudal a 9.5 m3/seg.; para entonces, el agua disponible para consumo humano, la industria y los servicios ascendía a 32 m3/seg. y era consumida también por la población de los municipios conurbados del Estado de México, que sumada a la del Distrito Federal alcanzaba once millones de habitantes. En las décadas de 1980 y 1990 nuevos crecimientos de la ciudad y su zona metropolitana implicaron aumentar los abastecimientos. A partir de 1980 se logró por fin disminuir relativamente la extracción de agua del subsuelo gracias al abastecimiento externo del Sistema Cutzamala. Pero como la población siguió aumentando, fue necesario incrementar los volúmenes de líquido. El periodo más crítico de hundimiento de la ciudad se sufrió a mediados del presente siglo. Entre 1950 y 1980 la zona central se hundió 5 m. En la zona lacustre del sur y en el ejido de San Gregorio, ubicado entre el canal de Chalco y Xochimilco, hubo en el mismo periodo hundimientos de 4 m (Legorreta et al., 2007, disponible en http://old.planeta.com/ecotravel/mexico/ecologia/97/0897agua1.html).

27 Un antecedente que hay que tener en cuenta para que después se lleve a cabo el trasvase de agua de las lagunas de Lerma es “el vinculado con los manantiales de Ajolotes, del municipio de Ocoyoacac. En 1929 el jefe del Departamento del Distrito Federal comisionó al Ing. Antonio Cornejo, jefe del Servicio Exterior de Aguas Potables de la Dirección de Obras Públicas, para trasladarse al pueblo de Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, y tratar el asunto de la propiedad de los manantiales de Ajolotes, que se pretendía abastecieran el área comprendida entre Tacubaya y Mixcoac. La idea básica consistía en que Cornejo se entrevistara con los representantes del pueblo de Atlapulco y llegara a un acuerdo para que no se opusieran al aprovechamiento de los manantiales por parte del Distrito Federal. Y, en efecto, se llegó a un acuerdo. El pueblo cedió sus derechos sobre los manantiales a favor del Departamento del Distrito Federal y a cambio recibiría del mismo departamento la introducción de agua potable en el pueblo y la construcción de una escuela. En agosto de 1933 llegaron los trabajadores del departamento para iniciar las obras. A pesar de la resistencia de algunos vecinos del municipio que se sentían afectados por la posible desviación del agua de los manantiales, la obra concluyó en 1935” (Silva Aguilar, 1999, disponible en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/tesis.pdf).

28 En cuanto a la orografía del valle de Toluca, “está limitado al oriente por la Sierra del Ajusco, que presenta una latitud de 3 952 msnm; al noroeste por el cerro de San Miguel, la Sierra de las Cruces y Monte Alto; al sur por los montes de Jalatlaco y los lomeríos de Tenango; al suroeste por el volcán Nevado de Toluca (4 578 msnm); al occidente por los lomeríos y montes de Calimaya. Este sistema montañoso ha permitido un alto índice de lluvias en la región, que favorece la creación de manantiales, arroyos y ríos, todos ellos afluentes del mismo río Lerma. La formación geohidrológica del valle de Toluca es propicia para que exista un alto índice de permeabilidad en sus suelos, como consecuencia de la acumulación de cenizas y aluviones propios del terciario. Por tales condiciones, estos terrenos se constituyen en zonas pantanosas o anegadas, y forman las lagunas localizadas en la región” (Camacho, 2005: 6).

29 Esta gran obra hidráulica se conoce como la primera fase del Sistema Lerma ya que hubo una segunda, que se llevó a cabo entre 1965 y 1975, donde el área de extracción se extendió hacia la región de Ixtlahuaca y Jocotitlán, en el Estado de México. “Ésta tuvo como objetivo aumentar el volúmen extraído y eliminar el sobrebombeo de aguas subterráneas en la Ciudad de México. Igualmente lograr la disminución de los daños que causan los hundimientos. En 1970 se habían perforado 156 pozos piezométricos y 188 de explotación, con una extracción total de 10 m3 /s, que comprendía los ramales de la Presa Alzate a Ixtlahuaca, el de Jiquipilco y los pozos de La Gavia” (Velasco, 2008: 112).

30 Para realizar la declaratoria de alguna fuente de agua era necesario presentar ciertos datos que pedía la Secretaría de Agricultura y Fomento le remitiera el gobierno estatal; así, se puede ver en el siguiente documento: “A fin de hacer la declaración de propiedad de la Laguna de Chignahuapan, que está ubicada en el municipio de Texcalyácac, Distrito de Tenango del Valle, de ese Estado cuyo gobierno es a su digno cargo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 27 de la constitución vigente, he de merecer a usted se sirva proporcionar a esta Secretaría, los datos siguientes: 1 Si en parte de su perímetro sirve de límite entre dos entidades federativas. 2 Si la cruza la línea limítrofe de dos estados, dejando en este caso parte de su superficie en jurisdicción de una de ellos y parte en la del otro. 3 Nombre de los pueblos y fincas rústicas que la rodean con expresión de si los linderos de las últimas pertenecen en mayor o menor extensión dentro del vaso de la laguna que se trata. 4 Nombre de los ríos arroyos y manantiales que la tributan sus aguas, indicando cuales de dichos ríos, arroyos o manantiales tiene aguas permanentes y cuales las tiene solamente en la estación de lluvias. 5 Expresar con la mayor aproximación posible la ubicación de los puntos en que nacen las aguas permanentes, de las corrientes de este carácter que afluyen en la referida laguna. 6 Todos aquellos otros datos que a su juicio, puedan servir para la mejor ilustración de esta secretaría, a cerca de la laguna de que se trata” (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1628, exp. 23430. Grafía original).

31 Otro de los casos que muestran que las cosas han cambiado respecto a la forma de propiedad y de administrar los recursos hídricos es la declaración del manantial Tepozoco. La declaración de propiedad nacional del manantial, firmada por Lázaro Cárdenas, dice: “Que en el rancho denominado San José Tepozoco, municipalidad de Santa Cruz Atizapán, Estado de México, existe un manantial de régimen constante, cuyas aguas escurren por el arroyo del mismo nombre, el cual tiene cauce bien definido y atraviesa los terrenos comunales del pueblo de Santa Cruz Atizapán, además de los del rancho citado, y desemboca en el río Lerma por su margen derecha. Resultado de la descripción que antecede, que el manantial y arroyo de Tepozoco, por ser de régimen permanente y formar parte de la cuenca del río Lerma, que atraviesa varios Estados de la Federación y sirve a algunos de límite, reúnen las características señaladas en lo general, en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, y circunstanciadamente en las fracciones IV y VII del artículo 1/o de las Ley de Aguas vigente, para ser considerados de propiedad nacional, el suscrito en uso de las facultades que le conceden, las fracciones I de la artículo 89 Constitucional y 10 de la citada Ley, ha tenido a bien declarar que las aguas del manantial y arroyo citados en este artículo, son de propiedad nacional, así como su cauce y riberas en la extensión que fija la Ley" (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1769, exp. 26297. Grafía original).

32 Otro de los casos más recientes de personas que participan en las altas esferas de la política del Estado de México es el de Jaime Vázquez Castillo, hijo de Jaime Vázquez Revilla. “Nació en Almoloya del Río el 16 de octubre de 1954, licenciado en derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha ocupado los siguientes cargos de elección popular: diputado local suplente por el VI distrito electoral en Tianguistenco, síndico del ayuntamiento de Toluca, diputado local por Tenango del Valle, presidente de la Gran Comisión, presidente del Comité de Asuntos Constitucionales y representante del Consejo General del issemym. Es militante del partido oficial el pri, donde ha desempeñado múltiples e importantes cargos. Entre otros cargos: representante de la Fracción Legislativa de la LII Legislatura Local. Su experiencia docente: catedrático de derecho constitucional y de garantías individuales y sociales de la uaem y otras escuelas preparatorias. Como servidor público: secretario particular del Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, asesor jurídico del Fondo de Fomento Económico Regional de Toluca, director general de Averiguaciones Públicas, Subprocurador de Justicia del Estado de México, director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, Director General de Gobernación del Estado de México, director general de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, director de Coordinación Regional, Secretario General del Gobierno del Estado de México y Presidente del Comité Directivo Estatal del pri desde 1998” (Enciclopedia de los municipios de México. Estado de México, 2007, disponible en http://www.elocal. gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15006a.htm).

33 Es importante observar cómo en Almoloya del Río cuando Raymundo Guzmán Alvirde era presidente municipal (1940-1941), que fue también presidente del Comité Ejecutivo Agrario, se construyó el reloj y se inició la edificación de la Escuela Primaria Prof. Santos Cárdenas, como parte de los acuerdos establecidos con el gobierno federal.

34 El 28 de noviembre de 1950 se constituyó la Comisión Lerma-Chapala-Santiago, que tenía como objetivo estudiar los problemas originados por la aguda sequía que se experimentaba desde 1948 y que afectaba seriamente el caudal de los ríos aprovechables para la irrigación y la generación de energía eléctrica en una extensa zona del país (Santos, 2006: 32).

35 Aunque también pide que los terrenos que se desecaron con la extracción de agua para la ciudad les sean cedidos en permisos precarios, como se sigan en los siguientes documentos “En relación a su oficio no. 64 girado con fechas del actual, manifiesto a usted, que los campesinos colindantes del Vaso no. 1 de las lagunas del Lerma, han venido solicitando la expedición de permisos precarios de tierras del vaso de la citada laguna a fin de dedicarlas a fines agrícolas. Como estos grupos de campesinos no figuran en el decreto de 1943 relacionado con las lagunas del Lerma, se está tratando con el Departamento Agrario la forma de solucionar el problema y dictaminar lo que legalmente proceda […] En virtud de que los campesinos de este municipio (Almoloya del Río) pretender tomar las tierras del vaso de la laguna que antiguamente existía en este lugar, con permisos precarios, con el objeto de repartírselas y a su vez fraccionarlas para convertirlas en tierras de labor, con la presente y muy respetuosamente suplico a usted tenga a bien informarme si las mencionadas tierras se pueden tomar para el fin antes citado, o no, solicito esto a fin de que los reiterados campesinos no cometan una equivocación que pudiera acarrear los consecuencias posteriores” (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112. Grafía original).

36 El proyecto de financiamiento para este Plan Lerma fue creado por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). “Se dan los datos relativos y detallados de los requisitos que deben presentarse al bid para solicitar crédito para financiar la construcción de las obras que comprenden el proyecto de los orígenes del río Lerma” (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112).

37 En términos técnicos, el documento cita: “Para su estudio y construcción, estos trabajos se han dividido en dos zonas; la primera denominada San Mateo Texcalyácac y la segunda Almoloya del Río. En la primera se hará un levantamiento general, en la que quedarán comprendidos los siguientes trabajos: localización de las zonas para Chinampas; localización trazo y excavación de canales. zona para chinampas, se utilizará una superficie de terreno aproximadamente de 22- 50 00 hectáreas, localizadas en el este del embarcadero de San Mateo Texcalyácac y comprenderá una faja de 150 mts., de ancho por 1.5 km., de longitud y se protegerán por un canal que tendrá las siguientes características: b-1.00 m., h-1.50 m., y taludes de 1.5 x 1 y una longitud de 1.650.0 km., como máximo. El canal de comunicación con la laguna tendrá una longitud aproximada de 800 mts., y su sección será 6-5.00 mts., h-1.50 mts. Tomando en consideración la poca estabilidad del terreno; por lo que atañe a los taludes estos serán de 1.5 x 1 como mínimo. En la segunda zona los trabajos por ejecutar, quedan comprendidos únicamente la localización de canales dado que existe un levantamiento hecho por la srh en el año de 1953. Zona para Chinampas se utilizará un parte de terrenos de 22-50 00 has, aproximadamente, localizándose estos al poniente del poblado de Almoloya del Río e igual que la anterior tendrá las mismas dimensiones. El canal de comunicación y que servirá para cerrar el circuito turístico Almoloya del Río – San Mateo Texcalyácac tendrá una longitud aproximada de 2 km, y las características de su sección serán: b-5.00 mts. H-1.50 mts. Con taludes de 1.5 x 1 como mínimo. El costo aproximado de excavación de los canales pagándose el metro cúbico a $ 1.49 hace un total de $69.295.42” (aha, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3372, exp. 46112. Grafía original).

38 Desde la década de 1970, debido a la crisis ambiental que se desencadenó, los proyectos hídricos comenzaron a incorporar estudios de impacto ambiental, con un cambio gradual de énfasis en los enfoques.

39 En el caso de la creación de comisiones que generaron toda una serie de planes y obras para manejar ríos y el agua, se originó en un contexto internacional, por ejemplo, en América Latina nacieron la Corporación del Santa (Perú, 1943), la Comisión de Papaloapan (México, 1947), la Comisión del Valle de San Francisco (Brasil, 1948), la Comisión Nacional del Río Negro (Uruguay, s.f), la Corporación del Valle del Cauca (Colombia, 1954), la Corporación Nacional del Chocó (Colombia, 1968), la Comisión del Tepalcatepec (México, 1947), la Comisión del Grijalva (México, 1951), la Comisión del Río Balsas (México, 1960), etc. (Mattos, 1987: 7).

40 Ejemplo de esto fue la región oriente de la Ciudad de México: Iztapalapa, Iztacalco, Tlahuac, colindante al Estado de México, especialmente en los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacan, Los Reyes La Paz, Valle de Chalco, Chalco y Cocotitlán, puesto que la incorporación de una considerable población que ocupó como zona de vivienda los terrenos ejidales, antiguas áreas de cultivo de maíz, frijol, etc., presentó graves problemas de escasez de agua potable para sus viviendas y una alta segregación territorial. En esta zona en 1972 se pretendió edificar una batería de 70 pozos para abastecer de agua a la Ciudad de México y municipios conurbados, por medio de un decreto presidencial firmado por Luis Echeverría Álvarez se anunció la perforación de pozos que se extendería por las tierras de: Los Reyes La Paz, Ayotla, San Marcos, Huixtoco, Chalco, San Lucas Amalinalco, Cuautzingo, San Martín Cuautlalpan, Santa María Huexzoculco, Miraflores, La Candelaria Tlapala, Cocotitlán, San Andrés Metla, Temamatla, Santiago Zula, Los Reyes Acatlixhuayan, San Pablo Ayotzingo, Tezompa y Huitzilzingo. La disposición fue promovida por Leandro Rovirosa Wade, secretario de Recursos Hidráulicos, con el fin de proporcionar agua para la ciudad. No obstante, la población de estos mismos pueblos se organizó por medio de lo que denominaron Comité Cetral del Agua, para oponerse a los pretendidos planes del gobierno federal. Los pobladores tenían claro los problemas que acarrearía esto, como se advirtió en las protestas y oposición que realizarón: “El agua es nuestra vida, no queremos otro Lerma” y “Somos el futuro de la patria” (Reynoso, 2013: 29 y 31).

CONTENIDO

Agradecimientos

Introducción

1. Naturaleza, Espacio y Territorio

2. El espacio lacustre. propiedad y usufructo de la laguna Chignahuapan

3. El espacio lacustre frente al agrícola en la laguna Chignahuapan

4. El trasvase de agua para la ciudad de México. La primera fase del sistema Lerma

5. Los pueblos ribereños frente al proyecto de trasvase de agua

6. El agua se fue a la ciudad. La aparición del nuevo espacio agrícola

7. El espacio hidrosocial de la laguna Chignahuapan. Reflexiones finales

ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Bibliografía

Notas