Justicia y seguridad hídrica
en tiempos de desigualdad social

Aprender de las experiencias locales

JUSTICIA Y SEGURIDAD
HÍDRICA EN TIEMPOS DE
DESIGUALDAD SOCIAL

APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS LOCALES

FRANCISCO PEÑA
LUIS ENRIQUE GRANADOS

COORDINADORES

Primera edición en formato digital: 2020

© Por la coordinación: Francisco Peña y Luis Enrique Granados

© Todos los textos son propiedad de sus autores

D.R. © El Colegio de San Luis
Parque de Macul 155
Fracc. Colinas del Parque,
San Luis Potosí, S.L.P. 78294
https://libreria.colsan.edu.mx

E-ISBN: 978-607-8794-11-9

Imagen de la Portada: Fotografía de Jacob Kelvinj

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Diseño de ePub: Ernesto López Ruiz

Hecho en México

Índice

Presentación

Francisco Peña y Luis Enrique Granados

Miradas de la seguridad y la justicia hídrica

Bibliografía

Justicia hídrica y Reforma Energética

Una reflexión sobre los derechos de agua y el sector energético-minero en México

Daniel Jacobo-Marín

Introducción

Justicia hídrica y gestión del agua en México

Propiedad de la tierra y derechos de agua

Concesiones mineras y aprovechamientos hidráulicos

La reforma energética

Reflexiones finales

Bibliografía

La sobreexplotación de acuíferos urbanizados y la seguridad para el abasto de agua a la ciudad

Germán Santacruz de León

Introducción

El agua subterránea y los acuíferos: indeterminaciones científicas

Sobreexplotación de acuíferos: discursos y debates

Los discursos de sobreexplotación de acuíferos, acciones políticas y económicas para el abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí

Comentarios finales

Bibliografía

Seguridad y crisis hídrica en las periferias de dos regiones hidropolitanas de México y Brasil

Miguel Hernández Hernánde

Introducción

La perspectiva comparada en los estudios de acceso al agua potable y saneamiento

Agua potable y saneamiento básico en los márgenes de la ciudad: la conformación de regiones hidropolitanas en México y Brasil

Escasez hídrica en la ciudad de Oaxaca de Juárez y Campinas

Conclusiones

Bibliografía

“Queremos agua para vivir, no para morir”

Salud e (in)seguridad hídrica, hidroarsenicismo crónico regional endémico en la Región Lagunera

Migdy Yosdel García Vargas

Hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE): el caso de la Región Lagunera

Complicidades; acciones y omisiones

Conclusiones

Bibliografía

Agua y seguridad alimentaria en México

Apuntes para la reflexión

Estefanía Martínez Reyes

Panorama de la producción de alimentos en México

(In)seguridad alimentaria

Conclusiones

Bibliografía

Agua, maíz y bosque para la autonomía

La gestión territorial del agua y el sistema alimentario de dos comunidades indígenas Mazahuas

Ariana Mendoza Fragoso

Mazahuas, aguas y montes

El ciclo campesino de alimentación agrolacustre

Estrategias campesinas para la diversificación de alimentos y retos frente a la modernización

A manera de conclusión: la gestión territorial del agua y las posibilidades de la autonomía alimentaria

Bibliografía

Grietas en el muro de la privatización del agua

De Cochabamba a las organizaciones comunitarias de acueductos de Colombia

María Alejandra Villada Ríos

Introducción

Modernización de políticas del agua

Luchas por la recuperación de la gestión pública y comunitaria del agua

Hacia una política de lo común: quiebra política de las empresas del agua

A modo de corolario

Bibliografía

Prácticas locales frente a la inseguridad hídrica

Inundaciones y deslaves en la Huasteca potosina

Edgar Talledos Sánchez

Introducción

El debate sobre los riesgos hidrometeorológicos

Prácticas locales frente a inundaciones y deslaves en dos casos de la Huasteca potosina

Reflexiones finales

Bibliografía

El monitoreo y pronóstico de ciclones tropicales

¿Componentes esenciales para la seguridad hídrica en México?

Juan Alberto Velázquez Zapata

Introducción

Seguridad hídrica, riesgos y desastres

Los ciclones tropicales y su clasificación

Monitoreo de los ciclones tropicales

Pronóstico de la trayectoria e intensidad de ciclones tropicales

Alertamiento de ciclones tropicales

Reflexiones finales

Bibliografía

Reflexiones finales

Francisco Peña y Luis Enrique Granados

PRESENTACIÓN

FRANCISCO PEÑA
LUIS ENRIQUE GRANADOS

Este libro reúne estudios sobre experiencias locales de aprovechamiento del agua que exponen escenarios de enorme injusticia y que, por consiguiente, comprometen la seguridad hídrica (SH) en su argumentación hegemónica. Como se sabe, la manera en que se define un problema articula y decide las soluciones propuestas. Los diferentes actores sociales se confrontan desde que conceptualizan un problema, al diagnosticarlo y, sobre todo, al visibilizar sus causas. En el caso del agua, el primer discurso hegemónico en la agenda internacional destacó la noción de escasez y, generalmente, apuntó a la distribución natural de la humedad en el planeta como una de las causas principales. La amenaza era la falta de agua y sus efectos. El ahorro y su mejor asignación por parte del mercado a las actividades rentables era la solución. En lo que se podría llamar una “segunda generación” de políticas públicas sobre el agua a escala global, el discurso hegemónico ha cambiado escasez por inseguridad, convirtiendo la seguridad hídrica en el eje articulador de las políticas ofrecidas.

El discurso de la escasez incluye como determinantes la desigual distribución de las precipitaciones en el planeta, la heterogeneidad hidroclimática y los desiertos y selvas como causantes de problemas, lo mismo que enumera fuentes de abastecimiento abatidas, como acuíferos, manantiales y pozos. Con culpables pocas veces claros, sin responsabilidades diferenciadas o análisis de a quién atribuir la presión sobre los cuerpos de agua. Se construyen culpables como el cambio climático o la sobrepoblación, sin que se diga cuál es la dinámica del agua en el terreno de los acaparadores y la fragmentación espacial que se propaga a la luz del discurso de la escasez hídrica. Los cálculos científicos validan el discurso de la “seguritización” del agua en la agenda global. Los detalles técnicos que atraviesan las diferentes posturas científico-ecológicas sugieren que las mediciones, los procesamientos de datos y aproximaciones respecto al paradigma de la escasez, tienen un alto grado de inexactitud e incertidumbre.

En este compendio de estudios se intenta demostrar que el problema teórico-político que acompaña al discurso de la escasez ha movido el foco hacia la inseguridad. Cambia el discurso, pero no se atienden los complejos escenarios de injusticia hídrica y desigualdad social persistente. En contraparte, comunidades científicas en México invierten energía en debates en torno a la disponibilidad de agua y a conceptos como la sobreexplotación de las fuentes subterráneas y la capacidad de carga que presentan, casi sin mencionar las condiciones de monopolización de las fuentes y derechos de agua, la intervención de grandes propietarios contaminadores de fuentes como la minería y el despojo de lagunas y ríos a los pueblos que habitan en esos territorios.

Un escenario de injusticia hídrica general en México nos remite al análisis de cuando menos tres temas importantes: a) las obras hidráulicas de trasvase de las últimas tres décadas, b) la extracción sin límites del agua subterránea para la agroindustria, y c) la minería y sus proyectos asociados (basureros tóxicos, presas de jales mineros y pérdida de biodiversidad en general), como consumidores de grandes volúmenes de agua, sobre todo vía contaminación. Estos problemas son parte del modelo extractivista de producción del capitalismo gerencial. Se sostienen en una condición de desigualdad histórica y coaliciones técnico-políticas que se montan en desigualdades anteriores (Tilly, 2000). Los trasvases, por ejemplo, como obras sostenidas en una coalición técnico-política, se ofrecen con un argumento de apariencia científica e incluso científico-ecológica, para diseñar un proyecto financiero de rentabilidad elevada que genera ganancias a partir de un doble despojo: el agua de los pueblos en los territorios intervenidos y los fondos públicos del Estado saqueados en forma impune. Lo novedoso no es la escala de las obras, que algunos autores han agrupado bajo el título genérico de megaproyectos, lo importante, a juicio nuestro, es el tipo de articulación entre los actores que las promueven y que con ello construyen la complejidad del escenario de gran injusticia y desigualdad persistente, lo que contraviene y contradice la idílica aspiración de las definiciones clásicas de seguridad hídrica.

La desigualdad social no es un fenómeno unidimensional. Incluye la acumulación de inequidades e injusticias que interaccionan de manera histórica. Nos remite necesariamente a quienes siempre han tenido acceso al agua y a quienes siempre se les ha despojado para atender necesidades de la ciudad y del crecimiento industrial, incluidas las cadenas agroalimentarias. Por esta razón concebimos el contexto actual de enorme desigualdad social y de injusticia hídrica persistente.

La SH no es un paradigma de gestión con una larga data en cuanto a estudios sociales. Como concepto, tiene pocos años de haber sido formulado con cierta claridad en documentos de organismos que encabezan las definiciones en la agenda internacional del agua, como el Consejo Mundial del Agua. No cuenta con una tradición teórica que pueda ser debatida, ya que su origen remite a los códigos de gestión de los organismos multilaterales de la escena internacional. La seguridad a secas, como preocupación del Estado, ha sido trabajada por la ciencia política y ha llegado a conclusiones interesantes, pero sin incluir el calificativo hídrico en su definición.

La SH como código internacional de gestión se vincula a procedimientos técnicos normalizados, como el cálculo del balance hídrico por cuencas. Enfatiza la necesidad de saber con exactitud cuánta agua falta o sobra por unidad hidrológica, cuantificando variables que van desde la precipitación, la evapotraspiración, hasta el índice de “agua virtual” y otros semejantes. Su definición se asocia a términos de referencia que utilizan conceptos como “caudal mínimo ecológico” o “agua mínima para la salud del medio ambiente”.

Otro tema recurrente en la SH es lo que los manuales de gestión de cuencas denominan la participación social o el paradigma participativo. Se dice que en un ambiente de SH se deben tomar en cuenta todas las voces de las personas interesadas, en algunos casos les llaman actores claves o personajes relevantes de una cuenca. Definiciones como la del Foro Mundial del Agua, promueven que, para aumentar la seguridad hídrica, se debe dialogar de manera transversal con todos los actores e instituciones involucradas en la correcta gestión del agua. La divisa es “ganar-ganar”, para enfatizar que serán considerados los intereses de todos los involucrados.

En este esfuerzo colectivo, cuyo resultado es el libro que ahora entregamos, no compartimos esas premisas y procedimientos como solución ante la supuesta escasez hídrica de ríos, territorios, terruños y lugares. Asumimos que no hay en la actualidad ríos de primer o segundo orden a los que les falte o les sobre agua. En cambio, sostenemos que el agua se encuentra acaparada, controlada y concentrada en pocas manos y que, además, se encuentra en disputa constante, lo que dificulta el paradigma participativo en un contexto de desigualdad social como el descrito. Encontrar a los actores clave en la gestión de un río o una cuenca de México nos lleva a mirar más allá del parteaguas, con instituciones y organismos nacionales de gestión que concentran las decisiones más importantes en una o dos oficinas de la Ciudad de México, casi siempre asesoradas por equipos expertos con sede en algún organismo internacional.

En su revisión, Cristina Cook y Karen Bakker (2012) detectaron que el uso del término SH ha venido en aumento desde 2000 a la fecha, sobre todo en las ciencias naturales y las llamadas “ciencias exactas”, y le dan carácter de paradigma emergente a debate.

La SH pertenece a un paquete importante de códigos para la gestión internacional, como la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, la Gestión Integrada de Cuencas o las Unidades de Manejo Ambiental, entre otros. Tienen su origen discursivo e intelectual en las necesidades que dictan organizaciones como el Foro Mundial del Agua o el Banco Mundial y desplazan o revierten antiguos paradigmas, como el de escasez hídrica.

MIRADAS DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA HÍDRICA

Las agencias internacionales de gestión hídrica han propuesto distintas definiciones de SH que incluyen un sinnúmero de preocupaciones del contexto internacional; sin embargo, en su mayoría recaen en que se garantice la cantidad y calidad de agua para todos. Los objetivos de la SH se asocian a certificar el impacto mínimo en situaciones de desastre. En la construcción de una base común para este libro, inicialmente trabajamos con definiciones aceptadas por las agencias internacionales, y desde ahí se partió para el análisis de las realidades locales —propósito de cada capítulo— con la finalidad de contrastar aquellas definiciones con la experiencia en el terreno. A continuación ofrecemos algunos ejemplos:

La seguridad hídrica se define como la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita sustentar tanto la salud humana como la del ecosistema, basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua —inundaciones, derrumbes, subsidencia de suelos y sequías (UNESCO, 2012: 5).

Un mundo con seguridad hídrica es vital para construir un futuro mejor: un futuro en el cual exista suficiente agua para el desarrollo económico y social y para los ecosistemas. Un mundo con seguridad hídrica incorpora el valor intrínseco del agua a toda la gama de sus diferentes usos para la supervivencia y el bienestar humano. Un mundo con seguridad hídrica aprovecha la capacidad productiva del agua y minimiza su fuerza destructiva. Es un mundo donde todas las personas tienen suficiente agua segura y a un precio accesible para llevar una vida limpia, sana y productiva. Es un mundo donde las comunidades están protegidas de inundaciones, sequías, desprendimientos de tierra, la erosión y las enfermedades transmitidas por el agua (GWP, 2012: 2).

Estas definiciones nos llevaron a preguntarnos: ¿qué significa justicia y seguridad hídrica en tiempos de desigualdad social, profunda, histórica y persistente?, las definiciones actuales y hegemónicas de SH ¿dan cuenta del problema histórico y estructural de la inequidad en el acceso al agua, la acumulación de derechos y los mecanismos de control y despojo territorial actual? Las definiciones que se recuperan líneas arriba, parecen solucionar todas las aristas de un asunto que presenta una complejidad a una escala distinta. Las disputas en territorios y lugares que se relatan en los casos aquí reunidos están más allá de definiciones armónicas que dictan solución a todo de manera general y ofrecen algunos puntos que deben ser considerados: la escala de territorio comunitario para gestionar el agua, el papel central de la autonomía o soberanía alimentaria para proteger tanto la seguridad hídrica como la alimentaria y la urgencia de construir otras formas de urbanización que eviten la espacialización desastrosa para unos y el consumo de agua contaminada (con arsénico, por ejemplo) para la mayoría.

La reflexión y elaboración de cada capítulo se realizó a través de un seminario de investigación que duró un año. Un esfuerzo compartido por los que participamos en ese espacio de trabajo que se llevó a cabo en El Colegio de San Luis, A.C. (Colsan) con investigadores de El Colegio de Jalisco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro Bartolomé de Las Casas de Perú y la Universidad de Campinas. El seminario se nutrió significativamente del trabajo que han desarrollado profesores y egresados de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colsan, que son también un poco más de 60% de los autores del libro. Con el Programa Agua y Sociedad, el Colsan ha acumulado una importante experiencia en la investigación de temas relacionados con la gestión comunitaria del agua y sus formas locales de apropiación en distintas regiones de México.

El resultado del seminario fue una nueva pregunta: ¿tiene futuro una definición de seguridad hídrica que no dé cuenta del contexto de injusticia hídrica y la desigualdad social persistente que viven los pueblos, comunidades y algunos sectores sociales de las ciudades? El lector podrá encontrar, como eje de este libro, las respuestas que adelanta la experiencia local. A juicio de los autores aquí reunidos, una política del agua que no contemple la injusticia hídrica persistente y los escenarios de inequidad asociados a ella carece de sentido. En rigor, no resolver de fondo la injusticia es cavar hondo en la inseguridad. Los capítulos permiten hacer un recuento de puntos relevantes que se deben tomar en cuenta al hablar de la disparidad entre lo que define la SH y lo que se encuentra en pueblos, comunidades, barrios y colonias de los distintos casos que se abordan.

Las experiencias documentadas en este libro son fundamentalmente mexicanas, pero se complementan muy bien con el espejo que brindan los casos de Brasil y Colombia. Son ejemplos latinoamericanos de que las estructuras fundamentales de la desigualdad social se activan y refuerzan con políticas de rentabilidad y exclusión. Las reflexiones de Hernández y Villada permiten comparar las similitudes y analizar las diferencias en términos de gestión comunitaria del agua en la parte sur del continente americano. Alejandra Villada analiza los detalles de alternativas de gestión comunitaria del agua en América Latina, tomando como punto de referencia el caso colombiano, donde destaca la reapropiación de los sistemas de agua a través de las organizaciones locales y la resistencia social. Esto configura otros modos de ver y tratar el agua en el mundo, alejados de la privatización del líquido y las aspiraciones de ganancia con discursos de aparente conservacionismo. Miguel Hernández, por su parte, analiza de manera minuciosa los problemas asociados a periodos de escasez y crisis hídrica en dos regiones hidropolitanas de México y Brasil. En su aportación, Hernández da pistas para considerar la idea de que el paradigma de la escasez se construye socialmente.

El capítulo de Daniel Jacobo expone el marco legal para garantizar los principios de la SH en México. El análisis focaliza los procesos de centralización del régimen hidráulico, la acumulación de derechos y la apropiación excluyente para beneficiar los usos económicamente redituables en nuestro país. El autor subraya los límites de la Ley de Aguas Nacionales y su relación con las implicaciones legales de otros rubros, como la Ley Minera. El papel del Estado como garante de los elementos que describe y enuncia la SH aparece muy disminuido o enajenado a favor de las élites empresariales.

Durante los preparativos de esta publicación trabajamos con algunas premisas que es importante enunciar. La primera es que los problemas actuales sobre gestión del agua están directa o indirectamente relacionados con la ciudad, lo que implica que lleva mano en el orden de prelación en cuanto al uso y consumo del agua. En la mancha urbana se dan dinámicas que reproducen la estructura desigual basada en pares categoriales (Tilly, 2000) que prolongan la desigualdad. Una vez apuntado eso, conviene advertir que el presente libro presenta casos que apuntan la atención a la dinámica urbana y la fragmentación del espacio.

Por ejemplo, Germán Santacruz analiza las incertidumbres que hay en la evaluación del agua subterránea. Se detiene en los debates sobre el tipo de abasto a la ciudad de San Luis Potosí y nos invita a reflexionar más allá de las variables biofísicas y a considerar la relación de las inseguridades en el abasto, principalmente con el tipo de políticas públicas del agua. En el tema del agua subterránea, también nos aproximamos al caso de la región lagunera en el norte de México. Migdy Yosdel García, examina la contaminación del agua subterránea por arsénico y las consecuencias sociopolíticas, los daños a la salud de la población y al medio ambiente de aquella zona. La sobreextracción de los mantos acuíferos para sostener una cadena agroalimentaria de lácteos contradice la versión de que el agua es vida. En la región lagunera el agua doméstica es altamente tóxica.

No hay seguridad hídrica sin seguridad alimentaria. Estefanía Martínez analiza la relación entre agua y alimentos en los planes y trabajos de los organismos gubernamentales y agencias internacionales en México durante los últimos años. El estudio expone las principales estadísticas en cuanto a la producción de ciertos alimentos y el abandono de los que eran considerados como básicos, lo que alerta sobre la premisa de que el agua es igual a desarrollo, pues un país con una elevada producción agrícola no es necesariamente un país seguro en términos alimentarios, sobre todo porque produce para otros mercados y no para sus habitantes. A otra escala, pero también sobre la relación entre agua y alimentos, se encuentra el texto de Ariana Mendoza, quien describe con detalle y analiza el manejo que los campesinos mazahuas hacen del paisaje hídrico para autoabastecerse de alimentos. La vida cotidiana y las formas de saber asociadas al abasto alimentario son la materia prima que la autora utiliza para ofrecer una propuesta teórico-metodológica de gestión territorial del agua y autonomía alimentaria.

El libro reúne un par de experiencias referentes a las prácticas locales ante los riesgos por inundación y los sistemas de alerta temprana en el monitoreo de ciclones tropicales. Conviene apuntar una distancia larga entre las destrezas locales para enfrentar los riesgos hidrometeorológicos y los sistemas de alerta temprana. Los casos documentados por Talledos y Velázquez dan cuenta de reflexiones de distinta escala que evidencian que los riesgos asociados a desastres se gestionan de manera muy diferente en el terreno y desde los escritorios de los funcionarios.

Con este libro queremos ofrecer elementos para cuestionarnos sobre el paradigma actual de gestión del agua y las políticas públicas, planes y programas asociados. Proponemos visualizar las causas de la escasez hídrica, siempre en estrecha vinculación con los escenarios de desigualdad social que las experiencias locales relatan. Estamos convencidos de que conviene abandonar las recetas que muchos planes y procesos articulan en políticas públicas cuyo eje son los mecanismos del mercado que no dan seguridad hídrica, sino seguridad financiera a unos cuantos, muy pocos, dueños del capital. Además de la experiencia acumulada por el Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, el seminario que dio origen a este libro se nutrió de otros procesos y redes de investigación. Nombraremos dos por su influencia directa: la red Waterlat a la que pertenecen todos los investigadores que colaboran en el libro y el proyecto “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Seguridad Hídrica: Un análisis de los pilares de la política hídrica mexicana desde las experiencias locales”, bajo la coordinación de nuestra colega Edith Kauffer del CIESAS-Sureste que abordó —desde otras vertientes teóricas y casos— una aproximación a los paradigmas discutidos aquí. De esa manera, las discusiones del seminario tuvieron siempre un espacio de referencias teóricas y empíricas mucho más amplias que permitieron enriquecer cada uno de los textos.

BIBLIOGRAFÍA

COOK, Karen, y Bakker, Christina (2012). “Water security: Debating an emerging paradigm”. Global Environmental Change, Journal, 22, pp. 94-102. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378011001804

UNESCO (2012). Programa Hidrológico Internacional. Octava fase. Seguridad Hídrica, respuestas a los desafíos locales, regionales y mundiales. Plan estratégico. Traducción: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 56 pp. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218061s.pdf

GWP (Global Water Partnership) (2012). Aumentar la seguridad hídrica: un imperativo para el desarrollo. Documento de perspectiva del comité técnico. Disponible en: https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/perspective-papers/perspectives-paper_water-security_spanish.pdf

TILLY, Charles (2000). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial.

JUSTICIA HÍDRICA
Y REFORMA ENERGÉTICA

UNA REFLEXIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DE AGUA
Y EL SECTOR ENERGÉTICO-MINERO
EN MÉXICO

DANIEL JACOBO-MARÍN

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es analizar, en términos de justicia hídrica, los procesos de centralización del régimen hidráulico, la acumulación de derechos de agua y la apropiación selectiva del líquido para usos económicamente redituables en México. El estudio enfatiza las disposiciones derivadas de la reforma constitucional energética con el fin de explicar sus implicaciones para los derechos comunitarios de agua.

El discurso oficial argumentó que la reforma energética facilitaría el abasto confiable de combustibles y el acceso a energía eléctrica de bajo costo. Debido a la efervescencia que provocó el fin del monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector, se puso poca atención a que la reforma impulsaba el paradigma de acumulación capitalista y el modelo de dependencia de los energéticos fósiles.

En este orden de ideas, el trabajo asume una hipótesis: aprovechando la coyuntura creada por la ausencia de la Ley General de Aguas, el régimen hídrico fue usado como una plataforma en vías de abrogación para formular esquemas de aprovechamiento preferente de agua en la legislación energética y minera. Esta situación fortaleció la concentración de aprovechamientos de agua de la mejor calidad para los usos más rentables.

El capítulo se organiza en cinco partes. En la primera se debate la gestión del agua en México con la perspectiva de la justicia hídrica. Se indica que el diseño legal e institucional ha sido encauzado hacia la centralización hidráulica, de modo que la concentración de la capacidad para tomar decisiones favorece la acumulación de derechos de agua. En la segunda parte se discute la propiedad originaria y el paradigma de apropiación nacional sobre tierras y aguas, y la manera en que estos bienes naturales son sometidos a mecanismos de disociación y de despojo tolerados por el Estado. En la tercera se explica la forma en que el diseño legislativo ha propiciado la concentración de concesiones mineras y aprovechamientos hidráulicos, mientras se adelgazan los derechos de agua de las comunidades indígenas y campesinas. En la cuarta parte se examina cómo la reforma energética mexicana modificó el orden jurídico para facilitar la extracción de bienes naturales del subsuelo, particularmente del gas, el petróleo y el agua geotérmica, por lo que el acaparamiento histórico de aprovechamientos hidráulicos se acondicionó a las nuevas reglas del sector energético. La última parte corresponde a las reflexiones finales.

JUSTICIA HÍDRICA Y GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO

La justicia es un concepto construido históricamente y en continuo debate teórico. Para John Rawls el objeto primario de la justicia es el modo en que las instituciones sociales más importantes (constitución política, disposiciones económicas) distribuyen los derechos y los deberes para determinar la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. De acuerdo con esta premisa, los principios de la justicia son aceptados por las personas en una posición original de igualdad y, por lo tanto, definen los términos centrales del contrato social (Rawls, 1979: 28).1 Aunque los principios de la justicia se construyen y aceptan socialmente, están sometidos a una constante deconstrucción y ensayo, de modo que la distribución de ventajas y desventajas es particularmente debatida cuando se trata de bienes naturales.

La imagen de una “justicia ciega” que orienta un sistema jurídico imparcial, no logra ocultar la participación de actores que posicionan sus intereses y obtienen prerrogativas sobre los bienes naturales; esta situación alimenta las diferencias de clase y evidencia que la justicia y los sistemas que deberían garantizarla dan sustento a las inequidades sociales y, por lo general, las fortalecen (Isch, 2012: 25).

Los estudios desarrollados desde la perspectiva de la justicia hídrica muestran que el agua es un bien en disputa que genera múltiples conflictos. Esto hace que los sectores económicos poderosos se esfuercen en controlar el líquido a fin de impulsar el proceso material y discursivo de acumulación capitalista (Budds, 2011: 66). Por esta razón, el agua “fluye en dirección del poder”, acumulándose en manos de pocos usuarios dominantes en sectores favorecidos, quienes se interesan en transformarla en un beneficio inmediato (Boelens, Cremers y Zwarteveen, 2011: 14).

La acumulación de agua no tiene que ver solo con la manera en la cual alguien se apropia del bien natural transformado en recurso para la producción; dicha apropiación es también selectiva y se dirige a las aguas de mejor calidad, lo que conduce a que sean muchos más los que se quedan sin el líquido (en cantidad y calidad) para las actividades cotidianas (Isch, 2011: 98).

Para que la concentración de aprovechamientos y derechos de agua sea posible, es necesaria también la acumulación de la capacidad para tomar decisiones. En esta lógica, la centralización del régimen jurídico y del modelo institucional revelan dicha tendencia, como se expondrá en las siguientes líneas.

Régimen jurídico y centralización hidráulica

El régimen jurídico que regula los aprovechamientos hidráulicos en México se ha configurado, transformado y acumulado históricamente. La Ley de Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal, publicada en diciembre de 1910, fue el ordenamiento pionero en la reglamentación para el otorgamiento de concesiones. Dicha ley, promulgada durante el régimen de Porfirio Díaz, otorgó el carácter de dominio público y uso común a las aguas de jurisdicción federal y, en el mismo sentido, estableció el sistema de confirmaciones de derechos previamente constituidos por cualquier título legal respecto al uso y aprovechamiento de las aguas que, por virtud de dicha ley, pasaban a ser propiedad federal.

Bajo el supuesto reconocimiento de los derechos preexistentes, se concretaron también nuevas facultades para la federación en el ramo hidráulico, incluidas la jurisdicción y el ejercicio del dominio directo sobre las aguas.2 Estos dispositivos jurídicos se impulsaron en el régimen porfiriano, caracterizado por fomentar, al amparo de un sistema de concesiones y apoyos arancelarios, el establecimiento de empresas dedicadas a la fabricación de textiles, la minería y la extracción de petróleo “para las que el agua se convirtió en un recurso estratégico” (Aboites, Birrichaga y Garay, 2010: 26).

La Constitución promulgada en febrero de 1917 impuso un nuevo orden jurídico y, según el concepto de aguas nacionales regulado en el artículo 27, a lo largo del siglo XX se aprobaron leyes que reglamentaron el uso de las aguas sujetas al dominio de la federación, la construcción de infraestructura hidráulica para la irrigación, los derechos de los usuarios de aguas nacionales y la proyección y ejecución de obras de abastecimiento de agua entubada y alcantarillado. Dicha legislación fue modificándose durante toda la centuria, respondiendo a diferentes intereses (Lanz Cárdenas, 1982).

De este modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) constituye la base del régimen jurídico del agua en México. La CPEUM regula el derecho humano al agua (artículo 4º), el criterio patrimonial sobre las aguas (artículo 27), la facultad del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre el uso y aprovechamiento (artículo 73, fracción XVII) y las funciones municipales sobre agua potable y saneamiento (artículo 115, fracción III, inciso a). A partir de esta base se desarrolla la legislación reglamentaria sobre aguas nacionales y se complementa con las disposiciones de las leyes generales, las codificaciones civiles, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas (NOM), emitidos en el ámbito de la federación, las entidades federativas y los municipios, de modo que el régimen hídrico es un entramado amplio que aglutina reglas producidas en los tres ámbitos de gobierno (Jacobo-Marín, 2012).

Ahora bien, aunque autoridades federales, estatales y municipales participen de la gestión, vigilancia y distribución del agua, no implica que esto suceda a través de un esquema descentralizado. Con la atribución exclusiva del Congreso de la Unión para reglamentar las aguas, la Ley de Aguas Nacionales (LAN), aprobada en 1992, dispuso que el Ejecutivo federal ejerciera la autoridad y la administración de las aguas nacionales a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).3

De este modo, la gestión del agua en México se caracteriza por ser un modelo centralizado de coordinación administrativa ejercido por Conagua (Gutiérrez y Emanuelli, 2010: 656). Esta situación revela que, para que la acumulación de aprovechamientos y derechos de agua sea posible, es necesaria también la concentración de la capacidad para tomar decisiones en un esquema que facilite el atropello de actores débiles y la asignación discrecional de privilegios.

La nación propietaria y los usos del agua

La definición de aguas nacionales contenida en el artículo 27 de la Constitución federal incluye una enunciación amplia, en la que están incluidas prácticamente todas las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional.4 Dichas aguas se conocen como aguas interiores o continentales, distinguiéndose de las aguas de los mares territoriales mexicanos, cuya extensión y límites se han convenido en el derecho internacional.5 En todo caso, las aguas continentales y las del mar territorial son consideradas propiedad de la nación. La enunciación del artículo 27 constitucional configura el criterio patrimonial de las aguas nacionales; según dicho criterio, las aguas son propiedad originaria de la nación y de ellas tiene el dominio inalienable e imprescriptible. La nación puede transmitir el dominio de las aguas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, mediante una concesión para la explotación, el uso o el aprovechamiento, de acuerdo con los párrafos primero y sexto del referido artículo 27.

En el texto constitucional, el dominio implica el poder de disponer, en tanto que la propiedad se refiere a las facultades de uso y disfrute. Por ello, aunque en la Constitución se usen ambos términos indistintamente, no expresan exactamente lo mismo. El dominio sobre las aguas nacionales es inalienable, pero sí puede ser transmitido a los particulares para constituir la propiedad privada, es decir, el dominio puede transmitirse sin ser enajenado (Jacobo-Marín, 2016).

El aprovechamiento de las aguas nacionales es regulado en la CPEUM y la legislación reglamentaria mediante dos figuras jurídicas: la concesión y la asignación. La concesión es el título que otorga la Conagua o el Organismo de Cuenca a personas físicas o morales de carácter público y privado, para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales. Según lo dispuesto por la LAN, reglamentaria del artículo 27 constitucional, la extracción y el aprovechamiento de los materiales pétreos6 localizados dentro de vasos y cauces también son susceptibles de concesionarse.

La concesión de derechos de agua se tramita y se otorga mediante los mecanismos especificados en la LAN. El solicitante debe exhibir, además de la solicitud, documentos que acrediten la propiedad o posesión del inmueble de donde serán extraídas las aguas, la constitución de servidumbres, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la memoria técnica de los planos y obras de infraestructura y la documentación técnica que respalde la solicitud en términos del volumen requerido. Se considera que los derechos contenidos en los títulos de concesión “forman parte” de los derechos patrimoniales del titular, por lo que son susceptibles de transmitirse inter vivos o por sucesión hereditaria (Jacobo-Marín, 2016: 138).

El otorgamiento de concesiones en la legislación actual es un procedimiento ambiguo y entrampado, en el que núcleos agrarios, comunidades indígenas y usuarios con menor capacidad de influencia enfrentan mayores dificultades para obtenerlas. En tal sentido, los derechos locales de agua suelen verse debilitados por las decisiones de los órganos gubernamentales. Mediante la falacia de que su convalidación de jure determina su reconocimiento de facto, los dispositivos oficiales favorecen la transferencia de las aguas comunitarias para los usos “más eficientes y rentables”.

Por otro lado, la asignación es el título que otorga la Conagua o el Organismo de Cuenca a los municipios, a los estados y a la Ciudad de México, que ampara un volumen destinado a cubrir los servicios de agua con carácter público urbano y doméstico. De acuerdo con este dispositivo, la Ciudad de México, las entidades federativas y los municipios son titulares de los derechos asignados para aprovechar y distribuir las aguas.

De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución federal, los municipios tienen bajo su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Esta serie de funciones públicas fue posible mediante dos reformas constitucionales. La primera se aprobó el 2 de febrero de 1983,7 con la intención de dotar de atribuciones legales e institucionales a la figura municipal, y en este contexto los servicios de agua potable y alcantarillado fueron encomendados al municipio.

Mediante la segunda reforma, que se publicó el 23 de diciembre de 1999, se incorporaron el drenaje, el tratamiento y la disposición de aguas residuales, ampliando las funciones a cargo de los municipios. Dichas modificaciones, respondieron a la crisis financiera del Estado mexicano de la década de 1980, aunque se maquillaron con un discurso que sostuvo que las reformas fortalecían la esfera municipal en el esquema de competencias constitucionales.

Con el criterio de los usos consuntivos y no consuntivos, la legislación mexicana distingue entre uso, explotación y aprovechamiento. El uso se refiere a la aplicación del agua en una actividad que implica su consumo parcial o total. La explotación se define como la aplicación del agua en actividades encaminadas a extraer elementos químicos u orgánicos disueltos, después de las cuales es retornada a su fuente original sin consumo significativo. El aprovechamiento es la aplicación del agua en actividades que no implican el consumo del líquido. La lógica de usos consuntivos y no consuntivos radica en que los primeros requieren un volumen de agua de una calidad determinada que “se consume” al llevar a cabo la actividad en que se emplea.

Esta distinción se ha empleado como mecanismo que disminuye la visibilidad de la concentración de derechos de agua, con el argumento de que los usos no consuntivos devuelven el agua a la fuente original “sin consumo significativo”. Con esa idea, la hidroelectricidad ha sido exonerada de los efectos generados por la acumulación y la súbita liberación de agua sobre los cauces presados.

El derecho al agua y la ley ausente

Habrá que distinguir, en términos de este trabajo, entre derecho al agua y derechos de agua. El derecho al agua es una prerrogativa personal y colectiva cuyo contenido es el acceso al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La doctrina y los instrumentos internacionales han puesto énfasis en que sea tratado como un derecho humano. En cambio, los derechos de agua son las convenciones formales que certifican el aprovechamiento de agua para diversos usos (agrícola, pecuario, comercial e industrial) que el Estado o la autoridad del agua otorga mediante un acto jurídico, luego registrado en un título.8 No obstante, los derechos de agua no siempre encuentran sustento en este esquema positivista. Hay formas de acceso y de gestión locales construidos en sistemas comunitarios, indígenas y campesinos que forman sistemas normativos propios (reconocidos o no por el Estado) que coexisten con el régimen oficial; dichas expresiones de derecho conforman lo que llamamos pluralismo jurídico.

Sin embargo, en términos del sistema oficial, para la inscripción de títulos de derechos de agua el pluralismo jurídico sigue siendo marginal, debido a que comunidades indígenas y campesinas no consideran necesario registrar las fuentes y los usos locales, principalmente porque deberían adecuarse al esquema formalista y cubrir diversos requisitos para obtener e inscribir sus títulos en el Registro Público de Derechos de Agua.

Arropados por el sistema de registro, los competidores más voraces (ciudades, agronegocios, embotelladoras y empresas mineras) han desatado una ola de concentración de derechos de agua en México (Peña, 2011). Las formas de aprovechamiento se han reducido a un conjunto de títulos que pueden ser modificados sin mayor obstáculo por los concesionarios, debido a la flexibilidad y opacidad del Registro Público de Derechos de Agua. Ahora bien, la concentración de concesiones no se debe solo al turbio diseño instrumental para registrar y publicitar los derechos de agua, también involucra el clientelismo político vigente, que facilita la acumulación de aprovechamientos y las nuevas apropiaciones de agua mediante “prestanombres”.

Por otro lado, el derecho humano al agua se incorporó en la Constitución mexicana el 8 de febrero de 2012. Al artículo 4º se agregó un párrafo que indica: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” (DOF, 2012). De acuerdo con la reforma, el Congreso de la Unión disponía de 360 días para emitir la Ley General de Aguas; hasta el momento, no ha sido aprobada. La ausencia de este ordenamiento favoreció el contexto para las modificaciones legislativas que vigorizaron al sector energético. Por este motivo, la LAN fue usada como plataforma en vías de abrogación para reglamentar, en la legislación energética y minera, esquemas que permiten el aprovechamiento preferente de agua para las concesiones de explotación de los bienes naturales, como se explicará con mayor detalle en los siguientes apartados.

PROPIEDAD DE LA TIERRA Y DERECHOS DE AGUA

El primer párrafo del artículo 27 de la CPEUM declara que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. El término originariamente se usa en el texto constitucional en términos del paradigma de apropiación colonial, mediante el cual, la Corona española expropió a las naciones indígenas y centralizó la propiedad del territorio y su contenido.9 Posteriormente, la Corona derivó cualquier forma de propiedad concediendo títulos llamados mercedes reales y cédulas reales.10

Los títulos sobre la tierra encomendaron porciones de territorio, sin embargo “la Corona reservó siempre un derecho superior que no era transmitido” (Chacón Hernández, 2009: 10), con la facultad de revertir en cualquier momento la propiedad derivada, según conviniera a los intereses de la monarquía. De acuerdo con esta idea, el Estado mexicano contemporáneo suplió la titularidad que la Corona española y las repúblicas federales y centralistas ejercieron, con la potestad de ser propietarios originarios del territorio y de los bienes naturales. Es decir, el término propiedad originaria es una ficción jurídica empleada para concentrar el derecho de propiedad, mediante el cual el Estado consigue intervenir, aprovechar y modificar el territorio.

En términos de la propiedad nacional sobre tierras y aguas, el constitucionalismo mexicano ha puesto énfasis en la reglamentación del agua como un bien nacional de dominio público “susceptible de apropiación” (Jacobo-Marín, 2012). La doctrina clásica abona en el tratamiento de los derechos de agua como opuestos a los derechos de propiedad y posesión de la tierra y, en ese esquema de regulación, la legislación reglamentaria ha mantenido una definición normativa y procedimental para cada una. Siguiendo esta idea, se configuró la siguiente fórmula: las aguas son públicas y excepcionalmente privadas, en tanto las tierras son privadas y excepcionalmente públicas (Farías, 1993).

Este enfoque supone que las tierras y aguas se encuentran separadas y, por lo tanto, deben ser reglamentadas en ámbitos disciplinarios autónomos con escaso perímetro de contacto. Lo que muestra la realidad es que mantienen una relación estrecha y dinámica, alimentada por la reproducción social y la organización comunitaria. En las últimas décadas, la aplicación de este esquema evidencia el adelgazamiento de las normas protectoras de la propiedad ejidal y comunal. Una muestra de ello se concretó con la reforma agraria de 1992, dicha enmienda pretendía la capitalización del campo, la intervención en la organización de los núcleos agrarios y la flexibilización del régimen de propiedad.

La opción de asumir el dominio pleno en tierras parceladas del ejido, la intención de convertir los ejidos en unidades productivas y constituirlos como sociedades mercantiles, son tres disposiciones introducidas por la reforma que siguen vigentes en la Ley Agraria. A la reforma se sumaron dos decisiones gubernamentales de amplia trascendencia: el fin del reparto y la creación de los tribunales agrarios para resolver las controversias y los conflictos sobre tierras.

En el mismo sentido, la laxitud de la legislación hídrica propicia cambios en la naturaleza de los derechos de agua, inicialmente aprobados para la irrigación agrícola y luego transferidos a los operadores del mercado inmobiliario, los desarrollos turísticos y los centros comerciales de gran escala. El fraccionamiento especulativo del suelo ha favorecido que las empresas inmobiliarias desarrollen jugosos negocios empleando la legislación sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano. De modo similar, la progresiva transferencia de derechos de agua acentúa la expropiación formal e informal de las aguas comunitarias. Este proceso de despojo hídrico desplazó las zonas de cultivo de forma paulatina y disoció bruscamente la relación entre los derechos de agua y la propiedad agrícola campesina (Jacobo-Marín, 2016).

El estilo de planificación urbana, la voracidad de los negocios inmobiliarios y el desarrollo de polos industriales son mecanismos de despojo que atentan contra las aguas locales. Estos mecanismos, tolerados por el Estado, detonan injusticias hídricas y se vinculan a la acumulación selectiva de agua, lo que implica que, mediante la expropiación institucionalizada, la apropiación se dirija a las aguas de mejor calidad para satisfacer los usos urbanos e industriales y, en cambio, los efluentes urbanos contaminados se empleen para el riego agrícola en amplias superficies, con autorización gubernamental expresa o tácita (Isch, 2011; Peña, 2012).

De acuerdo con la LAN, la cuenca y el acuífero son las unidades oficiales de gestión de las aguas nacionales. Sin embargo, el régimen jurídico acepta explícitamente otras unidades de gestión; el ejido y el municipio son dos figuras reglamentadas en la legislación agraria y político-administrativa que participan en la gestión del agua. Las unidades oficiales no coinciden necesariamente con las comunitarias (el manantial, el arroyo, el río) y, por lo tanto, la perspectiva gubernamental se traslapa en no pocas ocasiones con las formas locales de gestión.

Con el pretexto de actualizar y vigorizar la legislación reglamentaria del artículo 27 constitucional, se han robustecido las reglas generales sobre el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en tanto se han adelgazado las normas protectoras de la propiedad ejidal y comunal. A partir de la década de 1990, también contribuyó a este proceso la legislación ambiental, forestal, industrial, minera y de residuos peligrosos.

CONCESIONES MINERAS Y APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

La Ley Minera reglamenta la exploración, explotación y el beneficio de los minerales, en términos del artículo 27 constitucional.11 La edición vigente de este ordenamiento se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 1992 y, por la reforma energética, se aprobaron modificaciones el 11 de agosto de 2014 (DOF, 2014). Según lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, la nación se reserva el dominio directo sobre los minerales ubicados en el subsuelo. El dominio directo implica la propiedad de esos bienes naturales, lo que significa que, en cualquier acto de cesión de tierras por parte de la nación en favor de los particulares, no quedan incluidos los minerales (Morineau, 1997: 200). Con base en esto, la nación puede encargarse de la explotación y también está facultada para concesionar dicha actividad a las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras (Zúñiga y Castillo, 2014: 406).

En los términos de la Ley Minera, la exploración, la explotación y el beneficio de los minerales son de utilidad pública y de aprovechamiento preferente sobre cualquier otro uso del terreno (artículo 6º, párrafo primero). En el mismo sentido, establece la expropiación y la ocupación temporal con el fin de beneficiar las minas, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros (artículo 19, fracción IV).

La exploración se refiere al uso de técnicas geofísicas (incluida la percepción remota) para identificar depósitos de minerales económicamente aprovechables. La explotación abarca la preparación de los tiros y socavones en las minas subterráneas y actividades de descapote para la minería superficial; la construcción de vías de acceso y de obras de dotación de agua y energía eléctrica (Santacruz, 2015: 125). La incontenible ola extractiva de minerales metálicos fue posible con la anuencia legislativa para el empleo de técnicas que permitieron mayor rentabilidad de la explotación (tajo a cielo abierto; tumbe y relleno) (Peláez Padilla, 2015: 108) y el debilitamiento de los derechos de propiedad ejidal y comunal en la legislación agraria, como se indicó en el apartado sobre la propiedad de la tierra.

Uno de los objetivos de la reforma energética fue armonizar el otorgamiento de concesiones mineras con la Ley de Hidrocarburos. Se otorgaron facultades a la Secretaría de Economía para verificar si la superficie en la que se solicita una concesión minera está sujeta a las actividades de extracción de energéticos o de transmisión de energía eléctrica. De esta manera, el aprovechamiento de energéticos fósiles tiene preferencia sobre las licencias para beneficiar minerales.12 Si bien se prevé la coexistencia de las dos actividades cuando sea técnicamente posible, la concordancia vigorizó el orden de prelación en favor de las asignaciones de hidrocarburos (Jacobo-Marín, 2016a).

Al otorgarse la concesión minera, el titular puede solicitar la ocupación temporal, la expropiación y la imposición de servidumbres para llevar a cabo la explotación. Los mecanismos coercitivos del Estado respaldan al concesionario para llevar a cabo esta actividad que se ha declarado de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso del terreno, excepto el que tiene que ver con la extracción de hidrocarburos (Zúñiga y Castillo, 2014: 410). Estos conceptos se han desarrollado de modo que las empresas mineras eventualmente puedan pedir la intervención del aparato estatal para que emita, en términos de utilidad pública y aprovechamiento preferente del suelo, decretos expropiatorios en favor de la explotación de los minerales.

A las prerrogativas otorgadas para las concesiones mineras se suman los incentivos fiscales y el manejo discrecional de la información sobre las ganancias. El Código Fiscal de la Federación impone una reserva sobre la información desagregada para el sector minero-metalúrgico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta trimestralmente para dicho rubro. Por consiguiente, los regímenes de consolidación fiscal del sector disminuyen lo que el fisco puede captar y dificultan conocer los montos que efectivamente se pagan (Peláez Padilla, 2015).

Por otro lado, la Ley Minera otorga el derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas y para el “uso doméstico” del personal empleado (artículo 19, fracción V). Además, confiere el derecho de obtener preferentemente la concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente al laboreo (artículo 19, fracción VI), estableciendo una hipótesis jurídica que no está regulada en el orden de prelación para asignaciones, concesiones y permisos de la legislación hídrica. La obtención preferente de concesiones de agua procedente de las minas se suma al ambiguo procedimiento para la obtención y registro de derechos de agua contenido en la Ley de Aguas Nacionales.

Esta observación no es menor, algunos estudios indican que, cuando menos, 25% del territorio mexicano se encuentra concesionado para actividades mineras, es decir, el equivalente a 50 millones de hectáreas o 500 000 kilómetros cuadrados (González Rodríguez, 2011: 9; Zúñiga y Castillo, 2014: 404). Asimismo, los datos oficiales revelan que, en dos de las regiones hidrológicas más extensas del país, la del Bravo-Conchos y la del Balsas, se registran volúmenes de extracción de agua para minería superiores a 50 millones de metros cúbicos anuales (figura 1).

FIGURA 1.

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA MINERÍA POR REGIÓN HIDROLÓGICA EN MÉXICO

La acumulación de derechos de agua y de concesiones mineras se debe, en parte, a las categorías jurídicas empleadas para preservar la inversión e incentivar el desarrollo de proyectos altamente transformadores del territorio, que adelgazan los derechos colectivos de comunidades indígenas y campesinas y, al mismo tiempo, robustecen la protección legal de los proyectos extractivos.

La constante demanda de agua para la minería influye directamente en el acceso al líquido para otros usuarios y en la estructura legal que les da forma a las concesiones de agua para beneficiar minerales. En tal sentido, los pequeños productores agrícolas han tenido históricamente derechos de agua insuficientemente definidos, mientras que los de las empresas mineras están claramente estipulados en la legislación (Perreault, 2013: 188).

El régimen jurídico ha propiciado la expansión de la minería metálica de gran escala en México, bajo regulaciones que facilitan el flujo libre de capital, la protección de las inversiones y los incentivos fiscales. Todo indica que el agua es un ingrediente esencial para la acumulación del capital y el “lubricante” crucial del proceso de desarrollo económico (Budds, 2011: 66).

LA REFORMA ENERGÉTICA

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la CPEUM en materia de energía (DOF, 2013), dicha modificación se conoce genéricamente como reforma energética. Fue impulsada por el Poder Ejecutivo, y respaldada por el Senado y la Cámara de Diputados, con el objetivo de permitir e incentivar la participación privada en el sector de hidrocarburos.13 La reforma se divulgó en el discurso oficial como un cambio estructural que permitiría garantizar la seguridad energética del país. Por esta razón, los informes gubernamentales enfatizaron la insuficiente producción de energéticos y el consecuente incremento de importaciones de gas natural, gasolinas, diésel y petroquímicos (Anglés Hernández, 2017: 134; Sener, 2015: 8).

La reforma energética es tan amplia que, para reglamentarla, fue necesario expedir nueve leyes y modificar y derogar otras doce, mediante seis decretos publicados en el DOF. Con estos decretos se inició la vigencia de la Ley de Hidrocarburos (DOF, 2014), la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (DOF, 2014a), la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica (DOF, 2014b), la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (DOF, 2014c), la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (DOF, 2014d).

También se introdujeron modificaciones en la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras disposiciones sobre coordinación fiscal, responsabilidad hacendaria, pago de derechos, asociaciones público-privadas, entidades paraestatales y obras públicas (véase Senado de la República, 2014, y el apartado de legislación consultada).

La subasta energética

El concurso para subastar las actividades del sector se programó en el Plan de licitaciones para la exploración y la extracción aprobado para el periodo 2015-2019 (Sener, 2015), cuyos estudios prospectivos colocan la vertiente del Golfo de México como la zona de mayor importancia. De acuerdo con la información oficial, se preveía la exploración no convencional en la superficie continental y la convencional en aguas profundas (figura 2). Lo anterior deriva en un forzoso reacomodo de los usos del agua, debido a la demanda del líquido para obtener hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica (un tipo de exploración no convencional).

La subasta energética formuló un listado de yacimientos prospectivos de alto potencial, de manera que la empresa paraestatal Pemex obtuvo asignaciones de extracción en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí; de exploración no convencional en Coahuila y Veracruz, y de exploración convencional en Tabasco y en aguas someras y profundas del Golfo de México. Inusualmente, los datos oficiales revelan zonas de exploración convencional referenciadas como polígonos regulares en el Golfo de México (figura 2).

FIGURA 2.

ÁREAS DE LICITACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN MÉXICO, 2015-2019

En la llamada “Ronda Cero” la Secretaría de Energía (Sener) adjudicó a Pemex 489 asignaciones. De estas, 108 le permiten realizar actividades de exploración, 286 de extracción y 95 corresponden a “campos en producción” durante un periodo de dos años. En términos de reservas probadas y probables se asignó a Pemex un volumen de 20 589 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (BPCE). De acuerdo con los informes públicos, Pemex deberá mantener una producción de 2.5 millones de barriles diarios durante 15.5 años (Sener, 2015: 10).

En cambio, la Ronda Uno incluyó licitaciones públicas internacionales llevadas a cabo por el Estado mexicano para la adjudicación de contratos. Con la Ronda Uno “se dio inicio a la participación competitiva, tanto de empresas privadas como de empresas productivas del Estado en la extracción de petróleo y gas natural” (Sener, 2015: 11). La industria petrolera global elogió el fin del monopolio de Pemex sobre la comercialización de gasolinas en México (Wood, 2016). Las adecuaciones solo evidencian el impulso al paradigma de extracción de bienes naturales no renovables, con la premisa de aumentar la producción de combustibles fósiles.14

Hidrocarburos: el plato fuerte

Los hidrocarburos son el plato fuerte de la reforma energética. La transformación del sector implicó la configuración de un nuevo orden jurídico mediante asignaciones a entidades estatales, contratos con empresas particulares y otorgamiento de permisos para las actividades de refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización (Sener, 2015a; DOF, 2014a y 2014c).

Las asignaciones son actos jurídico-administrativos que otorgan el derecho de realizar actividades de exploración o extracción en un “área asignada”. Los títulos de asignación son emitidos por la Sener con el aval de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Los contratos, en cambio, son actos jurídicos que suscribe el Estado mexicano a través de la CNH para realizar dichas actividades en un “área contractual”, los contratos pueden celebrarse con Pemex, con empresas productivas del Estado o con otras personas morales.

Los objetivos de la reforma exhiben, en términos análogos de la legislación minera, categorías normativas que tutelan la inversión y sus frutos. La Ley de Hidrocarburos, publicada el 11 de agosto de 2014, considera la industria de hidrocarburos de utilidad pública y, por lo tanto, declara procedente la constitución de servidumbres legales y la ocupación o afectación de superficies necesarias para la realización de las actividades de la industria (artículo 96, párrafo primero). El texto legal y la exposición de motivos apuntan a facilitar la realización de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, cobijados bajo la esfera de competencia de la nación, que en el texto constitucional es la figura jurídica que tiene la titularidad de los bienes naturales susceptibles de apropiación.

Las actividades de exploración están encaminadas a la identificación, el descubrimiento y la evaluación de hidrocarburos en el subsuelo valiéndose de métodos directos (la perforación de pozos, por ejemplo). En tanto que la extracción incluye actividades destinadas a la producción de hidrocarburos, incluyendo la perforación, la inyección, la estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, la recolección y la separación de hidrocarburos. Este dispositivo también incluyó los conceptos de “eliminación de agua y sedimentos” y, eventualmente, un conjunto de actividades más amplias que consisten en “la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción” (artículo 4º, fracciones XV y XVI).

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades del sector se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo. De esta manera, las actividades reglamentadas en esta ley se resguardan bajo tres categorías de protección general: la utilidad pública, el interés social y el orden público.

Estas disposiciones se han debatido poco con los procedimientos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos vinculados con el medio ambiente (juicio de amparo). El artículo 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión del acto reclamado puede otorgarse por el juez siempre que “no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”. Es decir, si alguna persona o comunidad pretende ampararse respecto de las actividades del sector de hidrocarburos, el otorgamiento de la protección constitucional pasa por un análisis previo, cuyo objetivo es dilucidar si la resolución pone en riesgo dichas categorías jurídicas. Esta tendencia ha sido avalada de forma paulatina por el legislador, en tanto el juzgador queda supeditado a interpretar la norma para someter a su arbitrio este tipo de procedimientos. De este modo, el Poder Judicial quedó maniatado frente a los dispositivos que adelgazan la protección jurisdiccional de los derechos comunitarios, en tanto se fortalece el modelo de dependencia de los combustibles fósiles.

Dichos proyectos se propagan y reproducen en los territorios indígenas, no obstante que el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 expresa que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente”, una de las finalidades de la reforma energética fue proteger la inversión privada en el ramo.

Resulta preocupante que no se prevea la aplicación del principio precautorio ambiental para salvaguardar los derechos territoriales de las comunidades potencialmente afectadas, sobre todo tratándose de pueblos originarios. La estrategia de licitación planificó la explotación de yacimientos en regiones indígenas cuya propiedad social (tierras, aguas, montañas y bosques) se verá comprometida con los proyectos aprobados en la subasta energética.

Agua geotérmica: nuevas concesiones

La Ley de Energía Geotérmica es otro producto de la reforma energética. Fue publicada el 11 de agosto de 2014, en el mismo decreto que expidió la Ley de la Industria Eléctrica y reformó diversas disposiciones de la LAN (DOF, 2014b). El artículo 5º transitorio del decreto ordena a la Conagua enviar a la Sener los expedientes y las bases de datos que contienen la información relacionada con las concesiones, registros, permisos y autorizaciones relacionados con la exploración o explotación de yacimientos geotérmicos que fueron emitidos de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales.

La Ley de Energía Geotérmica define el agua geotérmica como “el agua propiedad de la nación, en estado líquido o gaseoso que se encuentra a una temperatura aproximada o superior a 80°C de forma natural en un yacimiento geotérmico hidrotermal, con la capacidad de transportar energía en forma de calor, y que no es apta para el consumo humano” (artículo 2º, fracción I). El agua con dichas características es considerada un recurso geotérmico asociado al calor natural del subsuelo y, por ende, susceptible de concesionarse para ser explotada en un área determinada, con el propósito de generar energía eléctrica o para destinarla a “usos diversos” (artículo 2º, fracciones III y XII).

La concesión geotérmica confiere a un particular, a la Comisión Federal de Electricidad o a las empresas productivas del Estado, los derechos para la explotación de los recursos geotérmicos; aunque su contenido precisa el uso de aguas propiedad de la nación, la institución facultada para emitirla es la Sener y no la Conagua. Al tratarse técnicamente de una concesión de aguas nacionales, el titular de la concesión geotérmica también puede ceder y prorrogar sus derechos (artículo 32, fracciones IV, VI y IX). Con la intención de armonizar las facultades que le fueron conferidas a la Sener derivadas de la reforma energética se modificó la LAN, lo que significó, por ejemplo, que para otorgar la concesión de aguas del subsuelo contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales, deben observarse los requisitos establecidos en la Ley de Energía Geotérmica (DOF, 2014b).

Dicha modificación no es menor, debido a que los estudios y exploraciones realizados por los interesados deberán determinar la ubicación del yacimiento geotérmico respecto a los acuíferos, la probable posición y configuración del límite inferior de éstos, y las características de las formaciones geológicas incluidas entre el yacimiento y los acuíferos. Lo que implicará, teóricamente, la coordinación logística entre la Sener y la Conagua para la expedición de los títulos de concesión y la evaluación de los estudios de impacto ambiental para el aprovechamiento de las aguas geotérmicas.

REFLEXIONES FINALES

La acumulación de aprovechamientos y derechos de agua en manos de pocos usuarios revela que la centralización del régimen hidráulico se ha encauzado para favorecer los usos económicamente redituables, lo que permite concentrar el agua de mejor calidad en detrimento de los usuarios con menor capacidad de influencia y voz pública. Este proceso se ha impulsado por la dinámica y las condiciones impuestas por la élite económica y el clientelismo político vigente, cuestión que facilita el atropello de actores débiles y la asignación discrecional de privilegios.

La perspectiva de la justicia hídrica permite observar que el agua es un bien disputado por los sectores económicos poderosos, que logran posicionar sus intereses y obtener prerrogativas para impulsar cierto tipo de planificación urbana, el desarrollo de polos industriales o la confección de proyectos extractivos. Dichos mecanismos propician injusticias hídricas y atentan contra las aguas comunitarias, pero todo indica que son tolerados e incentivados por el Estado.

Una muestra de esto se concretó con la aprobación de la reforma energética. Los objetivos de la reforma exhiben categorías normativas que tutelan la acumulación de bienes naturales del subsuelo mediante dispositivos que facilitan el flujo libre de capital, la protección de las inversiones y los incentivos fiscales. Esta situación adelgaza los derechos colectivos de las comunidades y, al mismo tiempo, robustece la protección legal de los proyectos extractivos.

Aunque la reforma pretendía reforzar la rectoría del Estado en la regulación de los hidrocarburos, el régimen energético mexicano fue orientado en la tendencia de la industria petrolera global, que presiona la política de los países productores en aras de la competencia global y la participación de los “peces gordos”.

Subastadas en licitaciones internacionales, las actividades del sector de hidrocarburos se proyectaron sobre territorios de comunidades indígenas y campesinas. Desde la plataforma legal energética dichos territorios se vislumbran como espacios destinados a la extracción y acumulación de recursos naturales finitos. De acuerdo con lo expuesto, las modificaciones impulsadas por la reforma energética acentuarán la polarización social, los riesgos de proximidad derivados de la explotación de minerales e hidrocarburos y el deterioro de las condiciones biofísicas en los territorios. En lugar de promover la producción de energías alternativas, la enmienda constitucional posibilitó el despojo y la transacción de los bienes naturales empleados en la generación de energía fósil.

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NOTAS

1 El concepto de justicia propuesto por John Rawls se basa en la teoría del contrato social desarrollada y debatida por Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Immanuel Kant. La idea de Rawls es que los principios de la justicia son el objeto del contrato social originario. Rawls llamó a esta hipótesis “justicia como imparcialidad”.

2 El dominio directo es una noción que se ha discutido ampliamente en la teoría de la propiedad. El texto constitucional mexicano indica que la nación ejerce la propiedad originaria sobre tierras y aguas y, con base en ella, puede cederlas a los particulares para constituir la propiedad privada. Véase el apartado: “La nación propietaria y los usos del agua”.

3 La Comisión Nacional del Agua es el órgano gubernamental mexicano encargado de gestionar las aguas nacionales y de coordinar la programación hidráulica en el ámbito federal. Su campo de acción incluye un amplio espectro de competencias y facultades relacionadas con las aguas nacionales y sus bienes inherentes (materiales pétreos de los cauces). La Conagua es un organismo jurídico-administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

4 El artículo 27 de la Constitución mexicana lista las aguas que son consideradas de propiedad nacional, entre las que se incluyen: las aguas marinas interiores; las corrientes constantes, intermitentes y torrenciales; los ríos y sus afluentes; los lagos, lagunas y esteros; las aguas de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, lechos, vasos o riberas de los lagos; y las que se extraigan de las minas.

5 Sobre las disposiciones de las aguas en el mar territorial y la zona económica exclusiva véase la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada el 30 de abril de 1982 y abierta a firma durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Bahía Montego, Jamaica. Fue ratificada por el Estado mexicano el 21 de febrero de 1983.

6 Los materiales pétreos (arenas, gravas, limos, arcillas) ubicados en los cauces y vasos forman parte de los “bienes públicos inherentes a las aguas nacionales” y son susceptibles de aprovecharse mediante concesión otorgada por la Conagua, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º, fracción XXXVII, y 113 bis de la Ley de Aguas Nacionales.

7 En la exposición de motivos y el texto reformatorio se insiste en que el municipio es la base de la organización territorial de los estados y se reconoce la facultad de los ayuntamientos para expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. La reforma estableció, entre otras potestades, la libre administración de la hacienda municipal, otorgando capacidad al municipio para percibir las contribuciones que establezcan los estados sobre propiedad inmobiliaria, las participaciones federales y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

8 En los sistemas jurídicos de tradición anglosajona los “derechos de agua” (Water Rights) no se confunden con la prerrogativa “derecho al agua” (Right to Water) ni con la disciplina “Derecho de aguas” (Water Law).

9 La base de este paradigma se ubica en el documento pontificio denominado breve Inter Caetera, expedido por el papa Alejandro VI el 3 de mayo de 1493, mediante el cual otorgó a los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, el dominio sobre las tierras e islas descubiertas por sus enviados. Dicho documento se considera la primera de las bulas alejandrinas y fue usado por la Corona española para fundamentar sus derechos de propiedad sobre los territorios del Nuevo Mundo.

10 Las mercedes reales fueron expedidas para propietarios individuales de manera preferente, en tanto que las cédulas reales eran títulos a través de los cuales se reconocía la propiedad de los pueblos de indios (Chacón Hernández, 2009: 10).

11 El artículo 27 constitucional dispone que a la nación corresponde el dominio directo de “los minerales y sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional”.

12 Este orden de prelación se regulaba anteriormente en el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo.

13 La iniciativa de reforma energética la presentó el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013 y fue aprobada por el Senado el 11 de diciembre y por la Cámara de Diputados el día posterior. La reforma se configuró como un compromiso político en el llamado “Pacto por México”, impulsado por la Presidencia de la República y respaldado por las principales fuerzas políticas del país en ese momento: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

14 Los combustibles fósiles proceden de la biomasa producida hace millones de años, cuyo proceso de transformación derivó en sustancias de gran contenido energético, como el carbón, el gas natural o el petróleo. Estas sustancias liberan energía no renovable conocida como energía de la biomasa e incluida entre las llamadas energías fósiles. La energía de los combustibles fósiles se obtiene directamente al quemar las sustancias, de modo que se usa para producir calor y movimiento, o para la generación de electricidad en centrales térmicas (donde se emplean turbinas impulsadas con vapor de agua).

15 El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue ratificado por el Estado mexicano el 13 de agosto de 1990. Se trata del principal instrumento internacional sobre protección de los pueblos indígenas. Hasta el año 2016 solo ha sido ratificado por 22 países.

LA SOBREEXPLOTACIÓN
DE ACUÍFEROS URBANIZADOS
Y LA SEGURIDAD PARA EL ABASTO
DE AGUA A LA CIUDAD

GERMÁN SANTACRUZ DE LEÓN

INTRODUCCIÓN

El agua subterránea contenida en acuíferos (confinados, semiconfinados o libres) es la principal fuente de abastecimiento para uso público-urbano en las amplias zonas áridas y semiáridas de México. Sin embargo, cada vez más esta agua se usa para abastecer a la población que habita en zonas tropicales o subtropicales del país que, a pesar de contar con disponibilidad hídrica superficial, carecen de sistemas de abasto público (red pública de abasto de agua), por lo que tienen que invertir en la construcción y perforación de norias e incluso pozos profundos. Del agua subterránea extraída, 60.5% se destina a abastecimiento público y 35.5% (23.16 miles de Mm3/año) de esa agua satisface la demanda de riego agrícola; estos son números gruesos que cambian según la fuente de donde se extraiga el dato.

Las estadísticas oficiales disponibles sobre el agua subterránea en México muestran vacíos, incongruencias o desconocimiento que generan incertidumbre en la gestión del agua. En los reportes oficiales se señala que, a diciembre de 2014, los acuíferos sobreexplotados en el país eran 106 de 653 que se tenían establecidos legalmente. Esos cuerpos de agua subterránea han sido denominados “acuíferos administrativos”, y para determinar la disponibilidad de agua “existente” se aplica la metodología planteada en la NOM-011-CONAGUA-2000.

Los objetivos de este artículo son identificar y analizar las indeterminaciones/incertidumbres en la evaluación de la disponibilidad del agua subterránea; analizar el debate actual en relación con la definición de sobreexplotación de acuíferos, y analizar las acciones y hechos de política pública (acción gubernamental) a partir de la definición de sobreexplotación. Todo es pertinente si consideramos que la prioridad de la agenda global para conseguir seguridad hídrica enfatiza la importancia de conservar en buen estado las fuentes principales de agua, entre las cuales la subterránea tiene un papel preponderante.

El primer apartado se enfoca en el primer objetivo y se subraya que la revisión de documentos (artículos, libros, etc.) muestra que predomina la técnica del balance hídrico para la evaluación de la recarga de acuíferos y, por lo tanto, de la disponibilidad de agua. Los documentos señalan, aunque no con toda claridad, la dificultad técnica/científica para la determinación de la cantidad (incluso la calidad) del agua subterránea en el planeta, pero también en los acuíferos.

El segundo apartado se destina a analizar la discusión actual sobre el concepto de sobreexplotación de acuíferos. La bibliografía considera que un acuífero está sobreexplotado cuando la cantidad de agua extraída es superior al volumen de recarga, generalmente en el periodo de un año. Este concepto, pero sobre todo las evidencias físicas que muestran que un acuífero está “sobreexplotado”, ha justificado y dado origen a acciones gubernamentales para resolver la sobreexplotación.

A partir del caso de uso y manejo del agua del sistema acuífero del valle de San Luis Potosí, el tercer apartado revisará los argumentos de sobreexplotación del acuífero profundo y analizará las acciones gubernamentales para “resolver” la sobreexplotación y buscar el “equilibrio” del acuífero.

EL AGUA SUBTERRÁNEA Y LOS ACUÍFEROS: INDETERMINACIONES CIENTÍFICAS

El agua subterránea es aquella que ocupa y satura los espacios porosos del material geológico, a esa porción de superficie se le denomina zona saturada. El acuífero es un espacio geológico que cuenta con la porosidad para almacenar agua y con la permeabilidad suficiente para su explotación o extracción.

Los acuíferos son la principal fuente de abastecimiento de agua en las zonas áridas y semiáridas. Con fines de gestión se ha buscado, no solo desde las ciencias biofísicas, conocer o estimar la disponibilidad (cantidad y calidad) del agua subterránea. Para ello se aplica, entre otras, la técnica del balance hidrológico que considera, en un esquema muy mecánico, las entradas (precipitación pluvial), las salidas (evapotranspiración) y lo que, dependiendo de la magnitud de ambas, se pueda infiltrar y acumular en la zona saturada.

El reporte técnico del balance hídrico generalmente asume que todas las variables que inciden en él están previamente medidas o estimadas con un alto grado de certidumbre; regularmente la discusión se basa en las bondades del modelo o la técnica usada para realizar el balance.

La técnica del balance hidrológico se utiliza para hacer estimaciones desde la escala mundial hasta una microcuenca o un acuífero. A escala planetaria, se señala que el agua es retenida por la fuerza gravitacional, pero en la alta atmósfera —arriba de los 20 000 metros de altitud— la radiación ultravioleta descompone las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno; el primero abandona la atmósfera terrestre y el segundo se queda en ella. Sin embargo, el volumen del agua en los océanos, a lo largo de millones de años, parece casi constante (De Marsily, 2003; Guerrero, 2003).

Las estimaciones calculan que la cantidad total de agua sobre la Tierra es de 1 400 millones de kilómetros cúbicos (km3), y que 95% de este volumen es agua de mar, 2% se encuentra en estado sólido, 0.02% es el agua que circula por ríos y lagos o que ocupa la zona no saturada del suelo, y el porcentaje restante es agua subterránea. Es importante señalar que los componentes principales del ciclo hidrológico fueron evaluados desde hace unos cuarenta años y las estimaciones principales —a nivel planetario— no han variado desde entonces (Llamas, 2005).

Las estimaciones de volumen de agua subterránea en la Tierra van desde 7 millones de km3 hasta 60 millones de km3 (Price, 2003), aunque también se señala que alcanzan los 330 millones de km3; estas cifras corresponden solo al agua contenida en los primeros 10 kilómetros que hay bajo la superficie del suelo (De Marsily, 2003). De este tamaño son las indeterminaciones: los valores anteriores no se corresponden necesariamente con el volumen de agua subterránea, que representaría 3% del total de agua en el planeta. En estos valores se puede apreciar la gran incertidumbre que se tiene respecto a la información a partir de la cual se realiza el balance, que también se observa a nivel de un acuífero particular y señala la incongruencia de los valores obtenidos para la escala mundial.

Lo datos anteriores muestran que es más difícil hacer estimaciones del volumen de agua subterránea contenido en el planeta que estimar otro componente del ciclo hidrológico. En tal sentido, Price (2003:10) señala:

Si se conociera la porosidad de los diversos tipos de formaciones rocosas que conforman la corteza terrestre y la profundidad hasta la que son porosas, se podría hacer una estimación con cierta exactitud del volumen de agua subterránea en el planeta. Como no conocemos los valores de estos parámetros los cálculos son muy imprecisos.

Esas imprecisiones científicas, aceptadas por los hidrogeólogos, son comúnmente ocultadas en el quehacer hidrogeológico, pero generalmente se reflejan en los balances hidrológicos de acuíferos. El volumen de agua contenido en las capas acuíferas no se considera en el balance. Se homogeneiza la heterogeneidad de dichas capas, lo que simplifica el patrón de los flujos verticales y horizontales. Lo anterior se combina con el poco conocimiento del patrón de precipitaciones (por ejemplo) y con el desconocimiento o simplificación de la importancia de analizar el comportamiento espacial y temporal de la composición físico-química del agua subterránea.

Es importante asumir que se trata de describir y analizar comportamientos naturales complejos a partir de matematizarlos o modelizarlos, buscando obtener un número (una cantidad) cargado de incertidumbre, pero que regularmente se presenta como exacto, y que, aunque no siempre ocurre con la investigación científica (cuando menos en México), se usa para impulsar, favorecer o justificar una determinada decisión política y económica.

El balance de agua en un acuífero se focaliza en conocer los volúmenes de recarga y su evaluación, complejidades que requieren identificar los mecanismos a través de los cuales se da el proceso, así como la distribución de los tipos de agua que intervienen en uno u otro evento de recarga. Hay métodos para estimar la recarga, entre ellos los de medición directa, hidrodinámicos, hidroquímicos y los de balance hídrico (Scanlon, Keese, Flint et al., 2006), este último es el más utilizado (Touhami, 2014).

Cualquiera que sea el método aplicado, es importante conocer, en primera instancia, la delimitación espacial del acuífero, es decir, sus límites (Sanz-Lobón, Martínez-Alegría, Taboada et al., 2015), así como sus condiciones geológicas relacionadas con la porosidad y permeabilidad. En general se asume al acuífero como un cuerpo homogéneo, lo que genera un primer nivel de incertidumbre. No se reconoce que la heterogeneidad es una de sus principales características (Price, 2003). Ese primer nivel de incertidumbre lleva, en el cálculo del balance hídrico, a “promediar” parámetros hidrogeológicos obtenidos de revisiones bibliográficas. Se asume un valor “promedio” de porosidad, permeabilidad o del coeficiente de almacenamiento (Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007), datos fundamentales en el balance, por lo que no se considera su variabilidad espacial.

Solo se asume una recarga (mínima para zonas áridas o semiáridas) debida a la precipitación pluvial (local) o a los excedentes de las zonas de riego o a fugas en la red de abasto público (en caso de existir), cuyas estimaciones están sujetas a niveles de incertidumbre importantes, algunas veces también a la imposibilidad de medición de las variables. Se asume que el agua solo fluye en forma horizontal o que la profundidad/espesor del medio geológico que contiene agua termina a la profundidad máxima del pozo (Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007).

En relación con las estimaciones meteorológicas, se señala que la incertidumbre es también relevante por la escasa información histórica y la mala calidad de los datos (Duque y Vázquez, 2015), o se usa para describir un sistema estático (Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007), que para su análisis requiere de modelos o fórmulas empíricas (Castaño y Murillo, 2001). Los modelos no son autónomos de la percepción del modelador ni de la información disponible (Sanz-Lobón, 2015).

A partir del conocimiento de la recarga y las extracciones, la aplicación del balance hídrico es muy común en acuíferos de zonas áridas y semiáridas para definir su nivel de desarrollo o de explotación y, a pesar de las indeterminaciones señaladas, concluir que se encuentra en un balance positivo o sobreexplotado. Esta metodología ha sido desarrollada para regiones húmedas o templadas (Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007), pero el comportamiento hidrológico en zonas áridas es diferente al de las húmedas (Van Lanen y Carrillo-Rivera, 1998).

Como consecuencia del cambio climático, se incrementará la demanda de agua y los acuíferos se podrían ver sometidos a mayor presión (Pisani, Samper y Li, 2013). Con la aplicación del balance hídrico mediante distintos métodos y modelos matemáticos se determinó la recarga de los acuíferos de la cuenca baja del Segura y el Vinalopó (España), y luego de “análisis sencillos” [énfasis agregado] se concluyó que, aun eliminando los bombeos, los acuíferos tardarían entre 100 y 1 000 años en recuperarse (Sahuquillo, 2016). En 2004, en la región de Murcia y en la cuenca del Segura, se identificaron problemas de sobreexplotación con información de 1995 (Rodríguez-Estrella, 2012).

Al aplicar el método de balance hídrico en el acuífero del valle de Toluca (México) se señaló que el uso intensivo del agua para abasto urbano e industrial estaba generando abatimientos de los niveles piezométricos de 1 a 3.5 metros por año (Esteller y Díaz-Delgado, 2002). En La Paz (Baja California Sur, México), con la ecuación general de balance hidrológico se estimó una extracción de 30.78 Mm3/año en 2004, y se calculó un déficit de –9.70 Mm3/año, por lo que se concluyó que el acuífero se encuentra sobreexplotado (Cruz Falcón, Ramírez-Hernández, Vázquez-González, et al., 2013). Otro ejemplo es el del acuífero Cuautitlán-Pachuca (México). Con un coeficiente de infiltración promedio, se determinó un déficit de –194.97 Mm3/año. Los autores predicen que el déficit aumentará a –236.29 Mm3/año, con valores asignados según uso del suelo y crecimiento de la mancha urbana previstos para 2021 (Galindo-Castillo, Otazo, Reyes Gutiérrez, et al., 2010).

Pareciera que la sobreexplotación solo ocurre en los países “en vías de desarrollo”, pero también se presenta en los desarrollados, en cuyos centros de investigación se generan las metodologías para evaluar los recursos hídricos. Dos ejemplos: la intrusión salina en los acuíferos de la costa oeste en California y la gran extracción de agua en el acuífero Ogallala que se extiende desde Dakota del Sur hasta Texas (Custodio, 2002; Díaz, 2016).

La norma mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, que se usa para conocer de manera oficial la disponibilidad media anual de los acuíferos, se fundamenta en la metodología del balance hídrico. Algunos estudios en México señalan que la extracción indiscriminada de agua subterránea está asociada a la errónea idea del balance hídrico, cuyos resultados no permiten definir la relación que el agua subterránea guarda con otros componentes del ecosistema (Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007). Subrayan la necesidad de aceptar metodologías como la de los sistemas de flujo de agua subterránea que permite conocer su interacción con otros componentes del ambiente. La administración sustentable del agua subterránea requiere del conocimiento de esos sistemas de flujo (Carrillo-Rivera y Ouysse, 2013; Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007), que en diversos casos explican la recarga vertical ascendente o que el material rocoso subyacente en algunas partes del territorio mexicano contenga agua a más de 1 500 metros de profundidad y permita que fluya de una cuenca a otra a gran distancia (Domínguez y Carrillo-Rivera, 2007).

¿Qué significa que un acuífero se encuentre sobreexplotado? ¿Qué debates y discursos desata esa conclusión de acuífero sobreexplotado? ¿Esos resultados científicos se consideran en la gestión del agua en la zona sobreexplotada? ¿En qué sentido se consideran los resultados oficiales del balance hídrico?

SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS: DISCURSOS Y DEBATES

La explotación de agua subterránea a mayor escala se inició en el oeste de Estados Unidos de América cuando se perforaron pozos profundos y se usaron bombas y motores eléctricos. La preocupación por el incremento en la extracción de agua subterránea se inicia en la década de 1970 en Estados Unidos y en Europa (Custodio, 2000, 2002; Kumar y Singh, 2008; Margat, 1977). La tasa de extracción superó la tasa de renovación del agua subterránea, pues no se consideró que el flujo de esta agua es muy lento, movimientos que van desde un metro por día hasta incluso un metro por año, lo que implica tiempos de renovación de larga duración.

En México se han definido los límites “administrativos” de los diferentes acuíferos; la Comisión Nacional del Agua (2015) reconoce 653 acuíferos en el país. A partir de los resultados obtenidos por la aplicación de la NOM-011-CONAGUA-2000 (a diciembre de 2014), se definieron106 como sobreexplotados, asumiendo que se encuentran en esa condición o dejan de estarlo en función de la relación extracción/recarga.

El concepto de sobreexplotación, en términos de gestión oficial del agua, está en debate. No hay una definición precisa de sobreexplotación de acuífero, se acepta que ocurre cuando la extracción supera a la recarga, considerando valores “medios a largo plazo”, pero, como se ha señalado, tanto la extracción como la recarga son valores definidos y estimados con imprecisión (Custodio, 2000, Molina, García, Benavente et al., 2009; Molina, Bromley, García et al., 2010, 2011; Malik, Khan, Latif, et al., 2004; Pulido, Castillo y Padilla,1989; Rodríguez-Estrella, 2012). Es necesario tener presente que las extracciones se concentran en áreas pequeñas de las planicies y la dimensión horizontal del acuífero es mucho mayor que su espesor (Custodio, 2000). A pesar de lo expuesto, el concepto se ha convertido en un término de uso común en la gestión hídrica (Custodio, 2002).

Debe tenerse en cuenta que un acuífero no es una unidad aislada, puede estar parcial o totalmente abierto, intercambiar agua con otras unidades o estar interconectado vertical o lateralmente con otras formaciones acuíferas y acuitardos que conforman un sistema acuífero (Carrillo-Rivera 2000; Tóth 1995). Generalmente eso no se considera en el balance hídrico. Carrillo-Rivera y Ouysse no están de acuerdo en lo que implica el concepto de sobreexplotación de acuíferos, sobre todo si se considera la perspectiva propuesta por la metodología de sistema de flujo (Carrillo-Rivera y Ouysse 2013; Tóth 1995).

A la sobreexplotación de acuíferos se asocian evidencias como descensos en los niveles piezométricos, deterioro en la calidad del agua extraída, daños ecológicos (desecación de manantiales), subsidencias y hundimientos, termalismo, encarecimiento del bombeo de agua (Kumar y Singh, 2008; Pulido, 2001; Rodríguez-Estrella, 2012). Algunas de estas situaciones no están asociadas a una relación negativa extracción/recarga, sino que dependen de la cantidad de agua almacenada en el acuífero (que regularmente no se considera en el balance hídrico), del tamaño del acuífero y de su permeabilidad (Custodio, 2000, 2002; Sahuquillo 2016). Pulido (2001) señala que numerosos acuíferos de todo el mundo son objeto de explotación, como consecuencia del abasto de agua para uso urbano y agrícola, por lo que se requiere de soluciones técnicas y jurídicas. Debería tenerse presente la desigualdad en el acceso al agua provocada por la sobreexplotación (Kumar, 2007; Kumar y Singh 2008) e incluso por las soluciones técnicas o jurídicas propuestas.

Las soluciones que se planteen para evitar, reducir o remediar la sobreexplotación de acuíferos deberían considerar no solo las características hidrológicas e hidrogeológicas particulares, sino también económicas, ambientales, legales, sociales y culturales. Dos soluciones extremas se han propuesto: la primera, denominada “control estricto”, consiste en detener el desarrollo del acuífero (suspender las extracciones del agua), y la segunda es la “no intervención” (loss control, en inglés) (Custodio 1989, 1993). Esta última la sostienen quienes ven el agua subterránea como un recurso no renovable y justifican su minado desde la perspectiva económica. Razonan de la siguiente manera: si el agua no se utiliza, no beneficia a nadie, pero ello no es válido en las zonas áridas donde tiene un papel importante en el mantenimiento del medio ambiente (Custodio, 2002).

En la práctica, argumentando la sobreexplotación de acuíferos o incluso su indefinición, se han impulsado acciones gubernamentales de corto plazo, como por ejemplo la recarga artificial, mejora de la red de distribución, desalinización de agua de mar, reutilización de aguas residuales, técnicas de riego eficientes y uso conjunto de aguas subterráneas con aguas superficiales a partir de la importación de agua o trasvases (Pulido 2001; Rodríguez-Estrella, 2012;), medidas seleccionadas a partir de análisis económicos de costo/beneficio.

Como se ha mostrado, esas soluciones se desprenden de balances hídricos obtenidos con altos niveles de incertidumbre. Para justificar el trasvase Júcar-Vinalopó se dijo que permitiría mantener una agricultura muy avanzada que se caracteriza por su eficiencia y productividad, además de que las obras de trasvase fueron aprobadas por unanimidad “con el voto favorable de todos los afectados”, con “una clara orientación ambiental”, ya que se perseguía “la restauración del equilibrio hídrico perdido” por la sobreexplotación de acuíferos (López-Ortiz y Melgarejo Moreno, 2010).

Hay poca investigación que aborde el tema de la sobreexplotación de las aguas subterráneas. La que hay se limita a algunas zonas áridas o semiáridas (Custodio, 2000). Los conceptos y errores persisten, así como su propagación y difusión por los administradores oficiales del agua y por hidrólogos que no tienen una adecuada comprensión del comportamiento del agua subterránea en el largo plazo, por lo que se proponen soluciones simplistas (Llamas y Custodio, 1985; Llamas, 1998).

Por otro lado, no se considera que el agua dulce sea un recurso renovable “naturalmente” a un ritmo lento o muy lento, que no coincide con el tiempo de extracción y explotación, sobre todo cuando se le usa con fines comerciales. Se señala que el incremento poblacional y la mayor demanda de agua y alimentos son, entre otras, las principales causas de la sobreexplotación de los acuíferos, pero la producción de alimentos sería suficiente si estos se repartieran equitativamente entre todos los habitantes de la Tierra. La quinta parte más rica del planeta consume 86% de todos los bienes y servicios, mientras que la quinta parte más pobre consume apenas poco más de 1%. Los norteamericanos y europeos gastan bastante más cada año en alimentos para sus animales domésticos que lo que costaría proporcionar servicios básicos de salud y nutrición para todos los habitantes del mundo (Barlow, 2001). El volumen de agua en el planeta permanece o ha permanecido constante desde hace miles de millones de años, estamos lidiando con problemas provocados por una mala gestión (Cosgrove y Rijsberman 2000; Llamas, 1992, 1995, 2005; Rijsberman y Scott, 2005; Rogers y Hall, 2006).

El asunto no está solo en el término que se emplea para definir los problemas derivados de la explotación del agua subterránea, sino también en develar qué acciones legales, económicas o políticas se derivan y se ejecutan en la práctica a partir de esa definición. Todo parece indicar que la sobreexplotación es asumida como incuestionable mientras se proponen, se ejecutan o se gestiona la llegada de agua procedente de otra u otras cuencas. Este es el discurso dominante.

LOS DISCURSOS DE SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS, ACCIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS PARA EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

La ciudad de San Luis Potosí se asienta en la cuenca cerrada del valle del mismo nombre, con una superficie aproximada de 2 394 km2 (mapa 1). Está localizada en una zona considerada árida, con una precipitación pluvial media anual de 358 mm, la evaporación media anual es de 2 038 mm, con una temperatura media anual entre 12°C y 21°C. El acuífero profundo que subyace a la superficie de la cuenca tiene una extensión estimada de 1 800 km2 (Carrillo-Rivera y Cardona, 2003).

MAPA 1.

LOCALIZACIÓN DE LA CUENCA CERRADA DEL VALLE DE SAN LUIS POTOSÍ

La ciudad de San Luis Potosí ha experimentado en las últimas seis décadas un importante incremento demográfico, principalmente en la parte sur del municipio, que coincide con el crecimiento del polígono urbanizado. En 1950, la mayoría de la población del municipio era urbana (83.1%), y esa proporción creció hasta alcanzar 95% en 2010, equivalente a 772 604 habitantes (cuadro 1).

En 1960, 69.4% de la población del municipio de San Luis Potosí disponía de agua entubada, en 1995 se alcanzó 97.5 % de cobertura. Las estadísticas de 2015 muestran que 96.4% de las viviendas asentadas en el municipio cuentan con este servicio. La demanda media de agua potable para uso doméstico es de 35 779 m3/bimestre, que se traducen en 1 209.255 lps (litros por segundo). Para satisfacer las necesidades de la población se extraían 2 400 lps (76 Mm3/año) del acuífero y 210 lps (7 Mm3/año) del sistema de presas (Conagua, 2002).

CUADRO 1.

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

Año

Población total

Urbana (%)

Rural (%)

1950

155 238

83.1

16.9

1960

193 670

84.9

15.1

1970

267 951

85.9

14.1

1980

406 630

91.1

8.9

1990

525 733

94.3

5.7

1995

625 466

95.2

4.8

2000

670 532

96.1

3.9

2005

730 950

95.7

4.3

2010

772 604

94.78

5.22

2015

824 229

Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados Definitivos VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010.

En la década de 1920, Gálvez y Hernández (1925) encontraron pozos a cielo abierto (norias) en los que el agua tenía profundidades de 10 a 32 metros en algunas zonas y de 3 a 20 metros en otras. Señalaron pozos profundos, como El Carmen, con una perforación de 160 metros, en que el agua presentó una temperatura de 27.7°C y el nivel quedó a 100 metros de profundidad. En el pozo 4 alcanzó los 180 metros de profundidad y el agua quedó a 92 metros del nivel de la superficie. Reportaron manantiales, aunque de poca importancia en relación con sus caudales de descarga. Los datos anteriores hacen suponer que se estaba hablando de dos acuíferos diferentes. En la década de 1920, la población de la capital potosina era abastecida con agua superficial almacenada en la presa San José.

En 1961 se reportó que en la ciudad de San Luis Potosí había 60 pozos perforados, de los cuales 42 explotaban el acuífero profundo (Stretta y Del Arenal, 1961). De la década de 1960 a principios de la de 1980 se incrementó notablemente la extracción de agua a través de pozos profundos. De acuerdo con la carta geohidrológica de San Luis Potosí (Stretta y Del Arenal, 1961), en lo que ahora es la zona industrial, la altura del nivel piezométrico rondaba los 1 780 metros sobre el nivel del mar (msnm), actualmente está en 1 725msnm. En la década de 1960 la ciudad de San Luis Potosí dependía del suministro de agua superficial para sus actividades urbanas y para abastecer los hogares donde vivían sus 193 670 habitantes (cuadro 1).

La extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) observó que “en la zona denominada Valle de San Luis Potosí, existente en el estado del mismo nombre, vienen haciéndose alumbramientos de agua subterráneas en forma excesiva, tanto para usos domésticos y servicios públicos, cuanto para fines agrícolas”, además señaló: “hechos los estudios respectivos, ha concluido que, de continuar esa forma de explotación de los yacimientos acuíferos, se abatirán sus niveles en perjuicio de la población de San Luis Potosí y de todos los aprovechamientos existentes” (Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 1961).

Aunque no se habla de sobreexplotación, el 30 de junio de 1961 se decretó la veda para parte del valle de San Luis Potosí y, posteriormente, el 18 de octubre de 1962 se vedó la porción complementaria de los valles de San Luis Potosí y Villa de Reyes, decreto con el cual se cubrió prácticamente toda el área de explotación de ambos valles. El 3 de diciembre de 1985 se vedaron las porciones faltantes de los municipios de San Luis Potosí y Villa de Reyes, con lo que quedó cubierta, incluso, la zona de recarga de estos acuíferos (Conagua, 2002). El objetivo de las vedas fue restringir el alumbramiento de aguas del subsuelo para cualquier uso, excepto para fines doméstico y de abrevadero.

De acuerdo con la Conagua (2002), a partir de la declaratoria de veda solo se han permitido reposiciones y relocalizaciones de pozos, así como la transmisión de derechos de volúmenes de aguas subterráneas tendientes a desconcentrar la extracción y no se han permitido extracciones adicionales, excepto para el uso público-urbano en zonas rurales, donde no se contaba con el servicio.

El mecanismo de veda tiene como finalidad regular las extracciones. Lo que se buscaba no era negar cualquier nuevo alumbramiento de aguas, sino orientarlos en beneficio de la expansión industrial. Así, en contraste con la declaratoria de veda, el 26 de agosto de 1963 se estableció el Decreto de la Creación de la Zona Industrial de San Luis Potosí, para lo cual se expropiaron terrenos de los ejidos El Aguaje, La Libertad y Villa de Pozos. Se compró a 600 pesos la hectárea con el argumento de que eran terrenos de temporal y de segunda. Se entiende que el “estudio técnico justificativo” para la expropiación tuvo como premisa demostrar que los terrenos ejidales o estaban ociosos o que la actividad que se desarrollaba en ellos era la menos productiva y, por lo tanto, su “vocación” era industrial, valorada por el decreto como de utilidad pública. Como era de esperarse, ese nuevo destino del suelo para usos industriales significó la transferencia de agua y nuevas demandas del líquido para el consumo en esa zona industrial. Lo anterior muestra cómo desde hace más de medio siglo, la acción pública gubernamental impulsa y favorece, incluso por encima del discurso de condiciones de escasez, el crecimiento de un tipo de actividad económica y, en buena medida, se desentiende de la problemática socioambiental que esa actividad genera, asumiendo e insistiendo en que la “poca” agua que se tiene debe destinarse a actividades rentables con técnicas eficientes.

Siguiendo con la política de expansión territorial, el gobierno potosino decretó el 15 de septiembre de 1981 una nueva zona industrial con una extensión de 1 283.1 ha. El 11 de junio de 2009, mediante decreto de la XLVIII Legislatura del Estado de San Luis Potosí, se amplió la zona anterior con dos predios ubicados en terrenos sobrantes de la hacienda La Pila y su anexo, rancho El Jaralito, delegación Villa de Pozos, con una superficie total de 19 103.2 ha (Sedeco, 2011). El crecimiento industrial experimentado en la zona metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) ha ocasionado una mayor derrama económica en la ciudad y se ha constituido en fuente de empleo.

En los últimos cuarenta años, la ciudad ha experimentado un incremento sustancial de su planta industrial, que se asienta en espacios antes destinados a uso agrícola, y demanda 14% del total de agua que se extrae del acuífero (López, Ramos, Santacruz, et al., 2013). La satisfacción de ambas demandas depende casi en su totalidad del sistema acuífero del valle (López et al., 2013).

El sistema acuífero del valle de San Luis Potosí está siendo sometido a una intensa explotación. En 2002 un documento oficial registró 54 aprovechamientos industriales que extraían un total de 9.7 Mm3/año. El volumen total de agua utilizada del acuífero —para diversos usos— era de 125 Mm3/año, de los cuales 120 Mm3/año se extraían del acuífero profundo (Conagua, 2002). En 2010, los títulos de concesión industrial amparaban un volumen de 11.83 Mm3/año (Maza y Santacruz, 2010) de agua subterránea. El volumen de agua extraída del acuífero profundo (para todos los usos) creció. Pasó de 0.97 m³/s en 1970 a 3.5 m³/s en 1999, y para 2007 ascendía a 4.1 m³/s (Hergt, Castro-Larragoitia, Cardona, et al., 2009). La extracción de esos volúmenes provocó notables abatimientos en los niveles piezométricos del acuífero profundo, del orden de 1-2 m/año (Carrillo y Cardona, 2003), y generó un cono de abatimiento que se localiza al sureste de la zona industrial.

Debido a la dependencia del acuífero, cuya delimitación administrativa coincide con la delimitación hidrográfica de la cuenca, se han realizado numerosos y diversos estudios que buscan develar sus condiciones geohidrológicas e hidrogeoquímicas (Carrillo y Cardona, 2003; Hergt et al., 2009; Noyola, Ramos, Domínguez, et al., 2009.

Actualmente hay controversia en el número de acuíferos que constituyen el Sistema Acuífero del Valle de San Luis Potosí (SAVSLP), lo que a su vez introduce incongruencias en el balance hidrológico. En la década de 1960 se planteaba, con base en el nivel estático y la temperatura del agua en algunos pozos, que había dos acuíferos, uno somero y otro profundo (Streeta y Del Arenal, 1961. En la década de 1970, se hablaba de dos acuíferos: el somero, conformado por material aluvial, con espesores de 250 m, y el profundo, considerado como confinado (Labarthe y Tristán, 1978). En 1990 se seguía sosteniendo que el acuífero somero estaba formado por una capa de arena de tipo libre, con profundidades del nivel del agua entre 5 y 30 m. El acuífero profundo era confinado, en algunas de sus partes la profundidad del nivel del agua era de 200 m y presentaba aprovechamientos hidráulicos con profundidades de 350 a 450 m, aunque había pozos cuya perforación alcanzaba de 800 a 1000 m (Cardona, 2007). En la última década se rompió el consenso sobre los dos acuíferos. Para Cardona (2007), así como para Carrillo-Rivera y Ouysse (2013:275), solo hay dos, mientras que otros especialistas consideran que el sistema acuífero del valle de San Luis Potosí está constituido por tres acuíferos: uno somero, que es muy superficial, con espesores de 40 m y formado por depósitos aluviales con limo, arena y grava (material poco permeable); un acuífero medio, conformado por material granular, y el más explotado, con pozos de hasta 350 m de profundidad, en material sedimentario, con un espesor que varía entre 100 a 200 m; y un acuífero profundo, conformado por un medio fracturado (López, 2012; Noyola-Medrano et al., 2009).

Actualmente, a pesar del uso combinado de aguas superficiales/aguas subterráneas, la principal fuente de abastecimiento para diversos usos en la zona metropolitana de San Luis Potosí es el acuífero profundo (Carrillo y Cardona, 2003; Cirelli, 2004). Las cifras oficiales indican, a partir de la aplicación del balance hídrico de acuerdo con la NOM-011-CONAGUA-2000, un desequilibrio negativo entre la recarga y la extracción, muestran que el volumen de recarga anual es de 74.3 Mm3 y el de extracción, de 150 Mm3, de manera que el acuífero que sostiene a la zona urbana de la cuenca está en condiciones de sobreexplotación (Conagua, 2002). Conagua distingue dos acuíferos: el somero, con profundidades de 4-60 metros del nivel piezométrico, sujeto a recarga local. El segundo es profundo, y su recarga se da por infiltración de agua de lluvia en las rocas ígneas que conforman su frontera occidental (recarga de flujo horizontal). Asumiendo que hay dos acuíferos, el organismo calculó un balance negativo para 2002 de –71.24 Mm3/año, y para 2014, solo actualizando los valores de extracción, de –75.31 Mm3/año (Conagua, 2015). Concluye que el acuífero de San Luis Potosí se encuentra sobreexplotado. En esta escala de acuífero “administrativo” se refleja la imprecisión de los cálculos.

Una de las acciones de la Conagua para “revertir” la sobreexplotación fue la conformación del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas) del Acuífero del Valle de San Luis Potosí, el cual inició operaciones en 2000 y se constituyó como asociación civil en 2001. Tenía como objeto, entre otros, coadyuvar al manejo del agua subterránea y buscar el equilibrio del acuífero. En la realidad, ese mecanismo de participación resultó inoperante (las razones pueden verse en López-Valle, 2013 y 2016). A lo que contribuyó, fue a legalizar la obra de importación de agua para la ciudad.

En esos mismos años, algunos académicos se preguntaban si la cuenca de San Luis Potosí era un caso de sobreexplotación (Carrillo-Rivera et al., 2002). Argumentaban que no se valoraba el intercambio vertical en los sistemas de flujo de diferente jerarquía y que no se consideraban los flujos entre cuencas hidrográficas adyacentes. Sostenían que el acuífero del valle de San Luis Potosí ha sido erróneamente calificado de sobrexplotado, toda vez que hay un flujo vertical no considerado en el balance (por ello se sostienen los abatimientos del nivel piezómetro en 1.3 m/año) que, de acuerdo con la modelización hidrogeológica reciente, arroja un flujo vertical ascendente de 1.8 m3/s, aunque con un contenido de flúor de hasta 3.6 mg/l.

En contraste, en 2009 se señalaba, con todas las incertidumbres del caso, que el acuífero profundo del valle de San Luis Potosí se encontraba en condición de minado por la combinación de las limitantes del medio natural con factores antropogénicos, como el manejo del recurso hídrico y el cambio en el uso de suelo (Noyola-Medrano et al., 2009).

Para seguir con las controversias en el ámbito académico, Carrillo-Rivera y Ouysse (2013) señalan que, de acuerdo con las características físicas y químicas del agua subterránea de San Luis Potosí, la recarga tiene su origen en fuentes locales y regionales, y se basan en la teoría de sistemas de flujos, que sostiene que la recarga y las extracciones de un sistema acuífero dependen también de la recarga y extracciones fuera de la cuenca, aunque en una escala de tiempo diferente. Lo señalado por Carrillo-Rivera y Ouysse (2013) no se considera en el balance hídrico y se califica el acuífero del valle de San Luis Potosí como sobreexplotado.

Esas controversias no influyen en el ámbito gubernamental. Las que permean son las que favorecen o legitiman la acción gubernamental vestida de política pública hídrica. Así, con el argumento de la escasez del agua, de la sobreexplotación del acuífero y de la búsqueda de su “equilibrio”, los tres órdenes de gobierno invirtieron dinero público en una obra de trasvase de agua para la ciudad, denominada El Realito. De acuerdo con el discurso oficial, permitirá reducir los abatimientos de los acuíferos y evitará el incremento gradual de los hundimientos que afectan la infraestructura urbana y las viviendas. Dicha obra, conformada por una presa de almacenamiento de 50 Mm3 de capacidad y un acueducto que trasvasará 1 m3/s, permitirá incrementar a su vez el abasto de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí (Conagua, 2015). La mitad del costo de la obra, que asciende a 4 451 millones de pesos, fue cubierta con fondos fiscales.

Pero esta acción de trasvase parece no satisfacer a la hidra, más que en lo que implica el abasto de agua como negocio y las obras de trasvase como mecanismos de corrupción y enriquecimiento. No importó que, desde el gobierno federal, con anuncios de radio, se dijera que El Realito se construyó para que la ciudad de San Luis Potosí tuviera seguro el abasto de agua durante los siguientes 30 años. Hoy no está claro con qué argumentos se anuncia una nueva importación de agua a razón de 147 Mm3/año del principal afluente de la huasteca potosina, “para garantizar el abasto del vital líquido a las futuras generaciones de potosinos y potosinas” [sostiene el gobernador actual]. Eso de acuerdo con el Decreto de Reserva de las Aguas del Río Pánuco para Uso Público Urbano, sin considerar los impactos que pueda provocar en la zona de extracción (Santacruz y Santacruz, 2015), así como en la zona de conducción, pero también en la de recepción.

COMENTARIOS FINALES

Las evidencias de la explotación intensiva del agua subterránea en diversas ciudades de México, en particular en San Luis Potosí, son claras, como es cierto que esto conlleva a determinar una condición de sobreexplotación a partir de una metodología limitada, cuyos cálculos están rodeados de altos grados de incertidumbre alimentados con información imprecisa.

Así, al final del proceso se genera un dato (una cifra, un número) calificado de “definitivo”, en el cual se basa la calificación de acuífero sobreexplotado, número cuyo resultado tiene su causa en condiciones biofísicas (aridez, poca permeabilidad, etc.) y no en las limitadas políticas ambientales e hídricas.

A partir del dato del balance hídrico se “legitima” la sobreexplotación y, por lo tanto, acciones como los trasvases para revertirla que, lejos de disminuirla, favorecen la inequidad en el acceso. Hoy en día los que siempre han tenido agua y han contribuido a su uso intensivo, tendrán más agua, por encima de los que fueron usados como argumento para impulsar la importación de agua y que siguen padeciendo al no tenerla en cantidad y calidad como establece la Constitución Política mexicana.

Lo anterior es controversial. Tomando en cuenta, como sostienen Carrillo (1992), Cardona (2007) y Carrillo y Ouysse (2013), que el sistema acuífero del valle de San Luis Potosí está conformado por dos acuíferos: el somero y el profundo, se puede seguir un procedimiento simple o simplificado que arroje algunos datos sobre el contenido de agua en el acuífero (cantidad de agua almacenada, no la que fluye por ellos), al asumir condiciones extremas, es decir, que no hay entrada (recarga) de agua a esos acuíferos, sino solo salidas por medio de bombeo, y que además la tendencia a la explotación es hacia el minado del acuífero. En ningún balance hídrico, cuando menos para el valle de San Luis Potosí, se toma en cuenta el agua contenida en el acuífero y que, indebidamente, se supone homogéneo en su porosidad, permeabilidad y capacidad de almacenamiento. Se puede estimar el volumen de agua “almacenada” en el acuífero profundo considerando un determinado nivel de porosidad (incluso el escenario más bajo), así la capacidad de extraer esa agua se le puede dejar a la ilusión tecnológica.

El acuífero tiene una superficie de 1 980 km2 (Cardona, 2007) y un espesor promedio de 300 m [considerando las estimaciones de Carrillo (1997) y Cardona (2007)], por lo que se tendría un volumen total de roca más agua de 594 000 Mm3, asumiendo porosidades de 10 y 20%, el volumen de agua “almacenado” sería de 59 400 Mm3 o 118 800 Mm3, respectivamente. Como lo tiene establecido la Conagua, con una extracción anual de 150 Mm3 tendríamos que el menor volumen almacenado de agua y nos alcanzaría para 396 años, ¿por qué estás cuentas simples no se hacen?

Para saber cómo se llegó a que la ciudad de San Luis Potosí pueda tener un desabasto de agua en un periodo aproximado de 20 años (véase http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/agua-del-rio-panuco-varios-municipios-slp-cea/) o que el agua del acuífero profundo solo alcanzará para los próximos 10 años (véase http://globalmedia.mx/noticia/96856/en-10-anos-slp-se-quedara-sin-agua-ni-el-realito-lo-evitara). Este discurso se da cuando ya se está hablando de “apartar” y traer a la ciudad 147 Mm3/año de agua que circula por el río Pánuco (véase http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/agua-del-rio-panuco-varios-municipios-slp-cea/).

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SEGURIDAD Y CRISIS HÍDRICA
EN LAS PERIFERIAS
DE DOS REGIONES HIDROPOLITANAS
DE MÉXICO Y BRASIL

MIGUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analiza la manera en que se manifiestan algunos problemas relacionados con los periodos de escasez y crisis hídrica en dos regiones hidropolitanas de México y Brasil. A partir de una perspectiva comparada, se busca comprender estos conflictos en su dimensión global; y el uso del concepto hidropolitano permite entender la relación entre agua y ciudad, entre centro y periferia. El acceso al agua potable y al saneamiento se encuentran entre las principales preocupaciones para la mayoría de los habitantes del planeta, asunto retomado en la agenda internacional como seguridad hídrica en las principales propuestas del Foro Mundial del Agua. El crecimiento poblacional y la expansión de la mancha urbana han generado situaciones de estrés hídrico que se manifiestan en periodos de escasez, contaminación de afluentes, mantos acuíferos y deterioro del entorno ambiental, que afectan de manera diferenciada a la población. La situación se torna preocupante cuando, desde los ámbitos institucionales, las prácticas para garantizar estos servicios aún son limitadas y no cubren satisfactoriamente las necesidades de miles de ciudadanos.

Durante 2014 los habitantes del estado de São Paulo experimentaron una crisis hídrica que tuvo serias repercusiones en su vida cotidiana. Miles de personas tuvieron inconvenientes con el suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas en el ámbito doméstico. En algunas regiones, ciudadanos organizados cerraron carreteras, avenidas, hicieron manifestaciones públicas y conformaron frentes ciudadanos para discutir sus problemas y buscar soluciones. Por otro lado, durante este periodo se registraron efectos negativos en las diferentes actividades productivas. La crisis puso de relieve deficiencias institucionales en la formulación de políticas públicas y mecanismos de acción para enfrentar este fenómeno social. Resulta paradójico que el problema se acentuara en Campinas y Piracicaba, ciudades del estado de São Paulo donde históricamente se constituyeron, desde la década de 1980, modelos de gestión hídrica que influyeron en la formación del actual modelo nacional. Esas primeras iniciativas y propuestas surgieron de la ciudadanía organizada en diferentes figuras asociativas y movimientos sociales. Por esa razón resulta conveniente un análisis sobre la manera en que las demandas se institucionalizan y se convierten en políticas públicas que no necesariamente tienen éxito cuando se implementan, sobre todo en contextos de crisis generada por malas decisiones en el ámbito institucional.

En otra latitud, en la región de los Valles Centrales del estado de Oaxaca, entre 2013 y 2014, los habitantes sufrieron los embates de continuos periodos de escasez de agua potable. Frente a un sistema institucional1 de gestión de agua potable debilitado y con serias deficiencias en sus servicios, los pobladores han recurrido, desde hace algunos años, a la creación de espacios para discutir y generar alternativas. Mientras los ciudadanos y pueblos organizados pugnan por nuevos mecanismos de gestión, para las instancias gubernamentales responsables de la administración de recursos hídricos la solución está en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de gran escala (presas y acueductos), misma que ha producido en los últimos dos años conflictos con las comunidades que forman parte de la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca. Por otro lado, un aspecto de gran relevancia en el caso oaxaqueño tiene que ver con la capacidad organizativa de las comunidades que forman parte de la periferia de la ciudad. Estos pueblos diseñan y ejecutan sus modelos de abastecimiento de agua potable con todo lo que ello implica: administración y construcción de infraestructura hidráulica. Este es el más claro ejemplo de que la gestión de agua potable en Oaxaca se caracteriza por la superposición de dos modelos claramente identificados y en permanente conflicto: el institucional y el generado desde la participación de ciudadanos organizados.

Desde una perspectiva comparada, el análisis de estos casos (el brasileño y el mexicano) ayudará a comprender: 1) cómo se constituyen las políticas de gestión de agua potable y saneamiento en contextos de crisis hídrica; 2) cómo se establecen las relaciones entre propuestas ciudadanas y las promovidas por el Estado; 3) cómo en regiones caracterizadas por la relación centro-periferia o campo-ciudad, se generan los mecanismos de gestión de agua potable y saneamiento.

LA PERSPECTIVA COMPARADA EN LOS ESTUDIOS DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

La comparación es un recurso metodológico que permite identificar similitudes, diferencias y patrones en los fenómenos sociales. Los estudios comparativos fortalecen los puentes de conocimiento entre países con realidades similares e, independientemente de los enfoques teóricos y perspectivas analíticas, han estado presentes en prácticamente todas las disciplinas sociales: historia, sociología, ciencias políticas y antropología social. Así, el principal objetivo de este texto es comparar los problemas asociados a los mecanismos de gestión de agua potable y saneamiento en México y Brasil. Es de especial interés identificar las prácticas de ciudadanos organizados en ambos países en un contexto de crisis hídrica ocurrida entre 2013 y 2014.

En principio, siguiendo la definición de Sartori (2000: 32), comparar es “confrontar una cosa con otra”; es decir, centrar la atención en dos o más elementos con el fin de identificar sus relaciones, diferencias o similitudes. Sin embargo, es necesario contar con parámetros que nos permitan vigilar lo que estamos comparando, y por esa razón la comparación se convierte en “un método de control de nuestras generalizaciones” (Sartori, 2000: 29-30). “Comparar es controlar” (Sartori, 1970: 20), verificar sistemáticamente la relación entre casos. Ahora bien, la comparación implica retos que es importante resolver considerando la naturaleza y características de los elementos que se confrontan.

Cuando dos o más objetos son idénticos, la comparación no arroja grandes problemas; pero en la medida en que aquello que se compara tiene atributos, conformaciones o trayectorias diferentes, se hacen necesarias formas de control para evitar desajustes o un exceso de información sin relación con el objeto de estudio. Vale la pena establecer también la diferencia entre lo que implica comparar dos objetos idénticos y otros bastantes similares. Mientras los primeros no suponen problema alguno, puesto que prácticamente no hay diferencias, la comparación de los segundos se caracteriza por el análisis de elementos que ni son idénticos ni completamente diferentes (Sartori, 2000: 34).

El modelo que aquí se propone parte de la estrecha relación entre gestión de agua potable, saneamiento y política. Con el fin de acotar referentes analíticos para el estudio de la interrelación entre el Estado y la sociedad civil, en este texto se retoman algunos planteamientos del enfoque crítico de la gobernanza del agua (Murillo, 2012; Terán, 2005), y algunos conceptos que han sido desarrollados en el ámbito de la consolidación de las experiencias democrático participativas en América Latina (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Isunza, 2006).

Por la complejidad de nuestras realidades es necesario configurar modelos de interpretación alternos a las posturas oficialistas en torno a la participación ciudadana y la gestión de recursos hídricos; posturas que han privilegiado la proliferación de discursos técnicos o estadísticos que dejan importantes sesgos para entender los problemas que se generan durante la gestión de agua potable y el saneamiento en ámbitos locales y regionales. Un enfoque crítico permitiría complejizar el escenario en el que ciudadanos organizados, organismos gubernamentales, usuarios y entidades privadas toman un papel activo en la gestión de recursos hídricos, especialmente en la gestión de agua potable y el saneamiento. Por otro lado, es necesario señalar las desigualdades, los conflictos y movimientos sociales generados a partir de la degradación del entorno ambiental (Castro, Kloster y Torregrosa, 2005; Perló y González, 2009), cuyas repercusiones se manifiestan en la calidad y cantidad de agua disponible en ámbitos urbanos que han convertido a las ciudades en organizadoras y articuladoras de los sistemas hidráulicos (Peña, 2013).

Vale la pena no perder de vista que la preservación o degradación del entorno ambiental está definida por la implementación de modelos de desarrollo. En Brasil, por ejemplo, el auge de la industrialización del estado de São Paulo (especialmente en la región del sudeste) sentó las bases de una bonanza económica que benefició solo a un sector de la población y generó seria contaminación en los afluentes. Además, el efecto por el crecimiento de la población modificó la relación entre sociedad y naturaleza (Do Carmo, 2001). En México, aunque en otra proporción, ocurrió un proceso similar con la industrialización (Toledo, 2002) y los proyectos extractivistas que también han producido graves efectos en la degradación de ríos; además, en los casos de Oaxaca quedan expuestos aspectos que dan muestra de una evidente fragilidad institucional, en que la corrupción y falta de marcos normativos durante muchos años fueron la causa de un crecimiento urbano excluyente que propició la contaminación de los principales afluentes que abastecen de agua potable a la ciudad y los municipios vecinos.

Las dimensiones analíticas utilizadas en el enfoque de la gobernanza tienen que ver con el papel e interacción de los actores sociales, la conformación de espacios de deliberación pública, el conflicto y los efectos de las políticas públicas generadas en el marco de la gestión de agua potable y saneamiento.

La gobernanza tiene muchos enfoques y no hay una definición única (Murillo, 2012). A partir de discusiones relativamente recientes se han conformado diversas formas de entenderla en el ámbito de la gestión de recursos naturales. En principio, como indica Fuentes (2012: 145), el término “gobernanza del agua” puede ser entendido como concepto analítico o como una política pública. Aquí se usa como concepto para identificar y analizar: a) la activación, orientación, mediación, interacción y capacidad de gestión de los diversos actores sociales involucrados en el proceso de administración de agua potable y el servicio de saneamiento; b) los criterios sostenidos por los actores sociales en sus procesos de decisión; y c) la disparidad del poder y los recursos que cada actor social emplea para acceder, controlar o incidir en las políticas de gestión o administración de agua potable y saneamiento.

Siguiendo las ideas de Murillo (2012: 100-102), hay tres críticas o trampas de la gobernanza planteada desde esferas del poder. Primero, en términos discursivos, se incorpora la participación social con el fin de lograr una gestión conjunta y equitativa. En segundo lugar, como parte de un discurso técnico, las estadísticas y números tratan de destacar el “éxito” de las políticas impulsadas desde el ámbito institucional, aunque en la realidad las condiciones sean totalmente contrarias a lo que se declara. Finalmente, se obra con un doble discurso, ya que se “deja hablar” para después tomar decisiones unilaterales sin considerar la opinión de la sociedad. La crítica permite distinguir los relieves y contrastes entre las prácticas institucionales y las generadas desde ámbitos locales por los ciudadanos. El contexto mexicano y brasileño se caracterizan por la riqueza en las formas de organización local llevadas a cabo por los propios ciudadanos para satisfacer su necesidad de agua potable, para iniciar luchas por el saneamiento de los ríos, en la defensa de recursos hídricos y la movilización política en los procesos de gestión de agua potable y saneamiento.

En este documento se exponen las dinámicas en una dimensión local, con énfasis en la participación de los actores sociales involucrados (cuadro 1). Los organismos operadores, la Sociedade de Abastecimento de Agua e Saneamento (Sanasa) en el caso brasileño o la Asociación de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO) (y a partir de 2014 convertida en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, SAPAO), son los responsables de la operación en términos de la distribución de agua potable o implementación de mecanismos de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

En muchas ocasiones, como en el caso de Oaxaca, estas instancias están en conflicto con las formas de organización local en la gestión del agua potable, donde ciudadanos organizados de las localidades son los responsables de garantizar el servicio de agua en la comunidad. Buena parte de las comunidades en la región central del estado de Oaxaca se rigen por el sistema de usos y costumbres, que les permite tener control sobre su territorio y sus recursos naturales. Hay numerosos comités de agua locales responsables de garantizar el agua potable. En contraparte, los organismos operadores creados desde el gobierno se caracterizan porque conforman un discurso y prácticas que muestran mayor preocupación por los aspectos meramente técnico-administrativos que sociales. Como indica Jacobi (2009), el caso brasileño no escapa a estas concepciones y prácticas, a pesar de haber tenido una configuración institucional y normativa distinta. La última crisis hídrica en el estado de São Paulo develó un serio problema en la gestión de agua potable al dar prioridad a los intereses de grupos de poder sobre las necesidades de la población.

CUADRO 1.

ACTORES SOCIALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Oaxaca (casos)

Campinas (casos)

Actores de la sociedad civil organizada

Sociedad civil organizada

Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca

Asociación de vecinos de Rosália

Comisión por la calidad de vida de Campinas

Asociación de Protección Ambiental Jaguatibaia

Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Piracicaba

Pueblos y comunidades

San Agustín Etla

San Sebastián Etla (Comité de agua)

San Bartolo Coyotepec (Comité de agua)

Actores estatales

Agencias nacionales

Comisión Nacional del Agua

Agencia Nacional de Agua

Estatales

Comisión Estatal del Agua

Secretaría de Saneamiento y Recursos Hídricos de São Paulo

Organismos de gestión de agua y saneamiento local y regional

ADOSAPACO / SAPAO

Sanasa

Servicio Municipal de agua y alcantarillado y Aguas do Mirante: sistema mixto.

Espacios de deliberación formal

Ámbito local

Consejo de Cuenca Pacífico Sur

Comité de Cuenca del Río Atoyac

Consorcio Intermunicipal PCJ

Consejo Gestor de Área de Protección Ambiental Sousas

Espacios de deliberación informal

Ámbito regional

Foro Oaxaqueño del Agua

Fuente: trabajo de campo: junio-diciembre de 2012; febrero-junio de 2013; julio-diciembre de 2014.

Un rasgo distintivo de la interacción entre actores sociales en el contexto de la gestión de agua potable y saneamiento son los conflictos generados por la implementación de determinadas políticas públicas o proyectos de desarrollo. Para Castro, Kloster y Torregrosa (2005: 339) estos conflictos se explican por los modelos dominantes en las políticas públicas. En dichos enfoques los factores clave que explican el carácter antagónico que asume la relación entre la población y las instancias gubernamentales se ve reducida a sus aspectos técnicos-administrativos y físico-naturales. Las recurrentes crisis, crónicas y cíclicas, especialmente por la escasez de agua, se expresan en gran conflictividad social, sobre todo porque priva la concepción del agua como bien económico, situación que propicia la implementación de políticas que mercantilizan y, en algunos casos, privatizan los servicios de agua, como ha ocurrido en algunos casos brasileños. Un ejemplo es el caso de Itú, ciudad del interior de São Paulo, la más afectada por la escasez de agua durante 2014. La situación era tan grave que, a finales de ese año, fue uno de los lugares donde la protesta social se generalizó en toda la ciudad y se organizó la Primera Asamblea Estatal del Agua. En Itú se produce cerveza, agua embotellada y, paradójicamente, fue la que más sufrió por la crisis hídrica. Además aquí, desde hace casi una década, se privatizaron los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, aspecto que indica que ese camino tampoco garantiza la solución de los problemas de escasez hídrica.

Las profundas desigualdades económicas y sociales se expresan en procesos de marginación urbana, segregación y acceso diferenciado a servicios públicos, como el agua y el saneamiento, es decir, variantes de inseguridad e injusticia hídrica. Como argumentan Castro, Kloster y Torregrosa (2005: 340), la reproducción de desigualdades socioeconómicas y políticas excluye a grandes sectores de la población en el acceso a servicios y bienes esenciales. Los procesos de exclusión de los sectores más desfavorecidos de la población y la persistencia de modelos tecnocráticos de gestión que interpelan a los usuarios en tanto consumidores y clientes dejan de lado su carácter de ciudadanos con derechos, exacerban las condiciones de conflicto preexistentes y profundizan la incertidumbre en relación con los riesgos que enfrenta la población en los procesos de gestión de recursos hídricos y de servicios públicos esenciales. El modelo tecnocrático de gestión sostiene y amplía la condición persistente de la desigualdad social y la injusticia hídrica.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MÁRGENES DE LA CIUDAD: LA CONFORMACIÓN DE REGIONES HIDROPOLITANAS EN MÉXICO Y BRASIL

¿Cómo se constituyen las regiones hidropolitanas de estos casos de estudio? Para dar respuesta es necesario pensar en la relación entre ciudad y periferias; la primera como articuladora de la política hídrica y las segundas como abastecedoras de agua limpia para el consumo doméstico y, al mismo tiempo, receptoras de las aguas residuales.

Con el fin de ejemplificar empíricamente, en México se consideró la relación de dos comunidades periféricas con la ciudad de Oaxaca de Juárez, misma que se ha conformado como el principal centro de poder político, además de ser el lugar donde el desarrollo de la actividad turística y del área de servicios son los principales motores de la economía regional. En la periferia, hacia el norte, se ubica San Agustín Etla, en un territorio rico en recursos hídricos y que, desde inicios del siglo XX, se convirtió en la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad. Hacia el sur se encuentra San Bartolo Coyotepec, en la región baja, donde desembocan las aguas residuales de la ciudad y otros municipios de la región.2

Siguiendo los mismos criterios, en el sudeste brasileño se consideró la importancia de la ciudad de Campinas porque se ha vuelto referente en el desarrollo industrial, científico y tecnológico en el estado de São Paulo. En su periferia, hacia el este, se ubica el poblado de Sousas, en una región rica en suelos, bosque y agua que abastece a la ciudad; en contraparte, hacia el oeste se ubica Rosália, un poblado que pertenece al distrito de Nova Aparecida y que se caracteriza por su patrón de asentamientos habitacionales irregulares y donde en algunas zonas los servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía eléctrica) aún son deficientes.3 Por otro lado, también es de vital importancia destacar el papel de la capital paulista en la generación de impactos ambientales para garantizar agua potable para su población.

Los hallazgos etnográficos en las realidades de México y Brasil demuestran dos aspectos que teóricamente podrían explicar los procesos de desigualdad en el acceso al agua potable y saneamiento básico. El primer postulado es el desarrollado por Peña (2013) en torno a la constitución de la ciudad como gran entidad reguladora de recursos hídricos. Así, la ciudad se consolida en sí misma como “una obra hidráulica”, con una trayectoria sociopolítica y una historia que crean procesos de acceso diferenciado a los servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Por otro lado, fortaleciendo el argumento anterior, el concepto de región hidropolitana ofrece una perspectiva analítica que permite identificar de manera más acotada tanto espacios sociales como disputas, hábitos y percepciones de diferentes actores. Lo hidropolitano, además de ser un modelo de acopio y desalojo de aguas, también se conforma como un modelo de ciudad incluyente o excluyente. Este concepto permite un abordaje integral en los estudios de agua y sociedad, ya que se considera la relación entre los diferentes componentes de las regiones metropolitanas: capitales, poblados absorbidos por la ciudad, ciudades conquistando terrenos agrícolas y conformación de periferias donde se gestan complejos problemas por el acceso al agua potable y saneamiento. Por otro lado, considerar la historicidad de las respectivas regiones hidropolitanas ayuda a entender la manera en que se han conformado procesos deliberativos, disputas y conflictos entre diversos actores en espacios sociales caracterizados por diferencias geográficas y culturales. Abordar el análisis desde una perspectiva integral ayuda a entender el proceso de abastecimiento de agua potable en sus diferentes etapas: 1) identificación de fuentes de abastecimiento; 2) conducción del líquido; 3) almacenamiento; 4) distribución, y 5) generación de aguas residuales para su posterior tratamiento.4

Lo que aquí se denomina hidropolitano se conforma como una unidad de análisis que, en una dimensión más acotada territorialmente, demuestra que el abastecimiento de agua potable ha formado parte de un discurso ligado al proceso de modernización de las grandes ciudades, conformadas como polos que requieren de los recursos que están en su entorno para satisfacer sus necesidades, no solo por el crecimiento de la población y la mancha urbana, sino por el desarrollo de diferentes actividades productivas. De esa forma, históricamente se ha buscado la legitimación de obras hidráulicas “cuyo cometido es traer agua a las urbes o bien evacuar sus aguas residuales y pluviales” (González, 2012: 262). Esta relación en la que la ciudad requiere de los recursos hídricos de su entorno genera graves consecuencias en el medio ambiente, especialmente en los territorios de comunidades que, al paso de las décadas, se van constituyendo como puntos periféricos y donde los efectos negativos de la degradación de cuencas y microcuencas se ha hecho más evidente en los últimos veinte años.

Las políticas públicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento han sido diseñadas e impulsadas por las élites, motivadas por un ideal de progreso y modernidad, privilegiando el conocimiento técnico para solucionar las demandas generadas desde los contextos urbanocéntricos; todo ello a costa de los problemas que se pudieran generar en las comunidades aledañas. Si bien durante un primer momento de transición, entre finales de los siglos XIX y XX, las políticas de abastecimiento de agua en las ciudades no encontraron mayor oposición, hoy en día sus efectos han generado condiciones para que cada día más ciudadanos demanden una nueva relación entre la satisfacción de una necesidad y el detrimento de la calidad de vida de las personas que habitan en las periferias de las ciudades.

El estado de São Paulo ha sido marcado históricamente por la discusión en torno a la gestión de agua potable y la conformación de diferentes modelos de abastecimiento. Desde finales del siglo XIX e inicios del XX, Campinas, antes que São Paulo, se había constituido en el principal polo de desarrollo en el estado. El cultivo de café y caña de azúcar se convirtieron en las principales actividades económicas. Posteriormente, a partir del fortalecimiento de las actividades industriales, tanto Campinas como São Paulo comenzaron un fuerte proceso de expansión urbana. La demanda de agua potable aumentó considerablemente, pero al mismo tiempo la contaminación de los ríos evidenció un esquema de gestión de recursos hídricos deficiente. Así, para inicios de la década de 1970, el gobierno del estado diseñó un proyecto llamado Sistema Cantareira, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes en la historia de Brasil, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable para la Región metropolitana de São Paulo. Los antecedentes para la construcción del Sistema datan de 1962, con la formación de la Comisión Especial para la Planeación de Obras de Abastecimiento y Distribución de Agua de la Capital. En 1968 se crea la Compañía Metropolitana de Aguas de São Paulo, a la cual se le confirió la tarea de diseñar el Sistema Cantareira, pero fue hasta 1973 cuando el sistema se puso en marcha, y ese mismo año se creó la Compañía de Saneamiento Básico y Alcantarillado del estado de São Paulo (Sabesp), empresa estatal con gran poder económico (Whately y Cunha, 2007; Hernández, 2015).5

A partir de la construcción del Sistema Cantareira y el auge industrial de Campinas, se generaron graves efectos ambientales en la región. Los caudales de otros ríos disminuyeron, lo que generó escasez hídrica o contaminación en los ríos en su parte más baja. Piracicaba, una de las ciudades más afectadas, fue el escenario donde surgió, a finales de la década de 1980, uno de los movimientos ambientalistas más importantes de Brasil, llamado “Campaña año 2000: redención ecológica del río Piracicaba”. El movimiento agrupó a diversos sectores de la sociedad civil y demandó la implementación de medidas para mitigar los efectos de la contaminación producida por las industrias de Campinas, así como el diseño de mecanismos de gestión hídrica más eficientes e inclusivos que garantizaran agua de calidad para toda la población. Así se formó el Consorcio de los ríos Piracicaba, Capivarí y Jundiaí, integrado por usuarios, empresas y diferentes actores de la sociedad civil interesados en nuevas maneras de administrar los recursos hídricos. A partir de esa experiencia, se diseñó un marco institucional estatal que posteriormente se convirtió en el actual modelo de gestión de recursos hídricos en el ámbito federal (Do Carmo, 2001; Jacobi, 2009; Hernández, 2015). A partir de este movimiento se dio la pauta para el fortalecimiento de la descentralización en la gestión de recursos hídricos. En Campinas, la Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Agua e Saneamento), empresa municipal con más de 40 años de antigüedad, fortaleció sus mecanismos de gestión local.

Por su parte, en el estado de Oaxaca los mecanismos de gestión de agua también han privilegiado las soluciones técnicas, materializadas en la construcción de infraestructura hidráulica para garantizar el líquido a las familias de la ciudad y sus periferias. Desde finales del siglo XIX e inicios del XX se fortaleció la relación entre ciudad y periferia para el abasto de agua potable. Los gobiernos de esa época elaboraron planes para llevar el agua a la ciudad desde los poblados ubicados en la parte alta y privilegiados por sus recursos hídricos (Hernández, 2015).

Durante el periodo colonial, San Felipe del Agua (ubicado a seis kilómetros del centro de la ciudad) fue el principal proveedor de agua. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad motivó a la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Así, hacia finales del siglo XIX se planificó, y posteriormente se construyó, el principal acueducto de más de 15 kilómetros que corre desde San Agustín Etla hasta la ciudad de Oaxaca. Por su antigüedad, en 2012 se iniciaron obras para modernizarlo, generando inconformidad de los ciudadanos que viven en las comunidades ubicadas entre San Agustín y la ciudad de Oaxaca. El plan, ejecutado por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, con el apoyo del gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca y el gobierno del estado, se implementó sin realizar estudios de impacto ambiental previos ni estrategias de consulta, libre e informada entre la población. La situación se complicó más porque, desde mediados del 2012, se comenzaron a vivir serios periodos de escasez hídrica en la región.

Ante ese problema, el gobierno del estado fortaleció sus argumentos para privilegiar soluciones técnicas y comenzó la planeación de un nuevo proyecto hidráulico llamado oficialmente “Presa Bicentenario de la Independencia Paso Ancho”, mismo que forma parte de lo que la Comisión Nacional del Agua, a través de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como su Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado denominan “Proyectos Estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento”. Por otro lado, está incluido en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, elaborado durante la administración de Felipe Calderón como presidente de México. El gobierno del estado de Oaxaca es el responsable de la construcción a través de la Comisión Estatal del Agua. Esta obra de infraestructura hidráulica se pretende hacerla río abajo sobre la cuenca del río Atoyac, área donde se concentran todas las aguas residuales que son descargadas desde San Agustín Etla y a lo largo de la ciudad de Oaxaca, así como comunidades que están hacia el sur. La presa implica la construcción de un acueducto de 76 kilómetros a través del cual se bombearán aguas residuales que teóricamente serían tratadas en una estación ubicada río abajo, hacia el sur de la ciudad de Oaxaca. Se estima una altura de bombeo de 420 metros sobre el nivel del mar (Conagua, 2012).

Desde su planeación, el proyecto de la presa Paso Ancho ha generado mucha controversia. En principio, la obra se inició sin la realización previa de un proceso de consulta libre, previa e informada ni de estudios de impacto ambiental. Estos comenzaron durante la tercera etapa de la construcción de la presa. Las irregularidades eran evidentes y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura de algunas obras, básicamente por dos motivos: a) porque el proyecto aún no contaba con autorización de cambio de uso de suelo en los terrenos forestales donde se pretende construir la cortina, y b) porque la Comisión Estatal del Agua, responsable de la ejecución del proyecto, no presentó información técnica ni documentación legal. Así, tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Dirección General de Gestión Forestal resolvieron suspender temporalmente la obra (Hernández, 2015).

El descontento de varios actores de la sociedad oaxaqueña ha sido generalizado y hay diversas críticas de ambientalistas de diversas áreas y de académicos. En principio porque el proyecto tiene el gran reto técnico de tratar todas las aguas que se contendrían en el embalse, río abajo, y posteriormente bombearlas de vuelta a la ciudad de Oaxaca. Esto sin dejar de lado los impactos ambientales de una obra de esta magnitud y el hecho de que, en términos de rentabilidad, la obra, como han declarado los responsables, garantizaría el líquido por un lapso de 40 años.

Como se ha expuesto, en ambos casos la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica se constituye como el modelo para garantizar el servicio de agua potable en la ciudad y sus periferias, pero también como la solución ante los problemas de escasez de agua. El paradigma de la ciudad como articuladora del modelo hídrico se impone y va generando desigualdades en las periferias de la ciudad.

Durante el otoño brasileño de 2013, en el distrito de Nova Aparecida, Campinas, Rosie, promotora de la Unidad Básica de Salud, hizo el siguiente comentario:

aquella chica que encontramos, de la blusa roja, aquella que te platiqué que necesitaba llevar al bebito al hospital, en su casa desde un tiempo atrás no tenía baño; no tenía, hoy en día no lo sé. Ella hacía sus necesidades así, en latitas, latitas, en bolsitas. Hoy no lo sé porque hace tiempo que no entro a su casa. [La traducción es nuestra.]

El testimonio de Rosie pone de relieve las carencias de algunas familias que viven en un asentamiento del distrito periférico de Nova Aparecida, donde, en teoría, los sistemas de alcantarillado, saneamiento y acceso al agua potable están garantizados. Ahí, el agua de uso cotidiano proviene de grandes tinacos colectivos que almacenan el líquido para posteriormente distribuirlo entre las casas. Una parte de las aguas residuales domésticas es conducida hacia fosas construidas en cada unidad doméstica o fosas públicas ubicadas en la calle principal. Las aguas utilizadas en los lavaderos o cocinas son conducidas a lo largo de la calle, formando arroyos y charcos que desembocan en fosas públicas que en más de una ocasión han llegado al límite de su capacidad, quedando así expuestas aguas insalubres al paso de animales, niños y adultos.

En contraste, en el extremo de Nova Aparecida, el distrito de Sousas, también ubicado en la periferia de Campinas, se caracteriza por su riqueza en recursos naturales. Históricamente ha sido un espacio privilegiado por sus bosques y paisajes, que hoy en día son un referente para el turismo regional. Además, desde la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron proyectos inmobiliarios para las élites privilegiadas de Campinas y de São Paulo, la capital del estado.

El 26 de julio de 2013, se llevó a cabo un acto público con la presencia del alcalde del municipio de Campinas, Jonas Donizete, con motivo de la inauguración de la estación de tratamiento de aguas residuales, construida por la Sanasa para atender las necesidades de aproximadamente 16 500 habitantes de los distritos de Sousas y Joaquim Egídio. En una fría mañana, el presidente municipal destacó que la ciudad de Campinas se caracterizaba por su diversidad en términos de la composición de la población y de las condiciones geográficas de todo el territorio, razón por la que consideró que era necesario “ver a la ciudad como una totalidad”. La inauguración de la estación de tratamiento de aguas residuales era una iniciativa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos:

lo que estamos haciendo aquí hoy es llevar calidad de vida a la población como parte de un todo; y esa es la preocupación con la cuestión ecológica, con la cuestión del medio ambiente; porque en nuestro país algunas décadas atrás esto no existía. No estamos hablando de una política que sea reciente. Antes ya no se aguantaba el desarrollo de las ciudades, por las construcciones; la ciudad ya no aguantaba su propio desarrollo. Entonces ahí surgieron políticas públicas con el compromiso de los sectores públicos para hacer efectivas cosas importantes para la población, como las estaciones de tratamiento de aguas residuales de Sousas, que van a beneficiar a aproximadamente 16 000 habitantes, en más de 20 barrios de Sousas y Joaquim Egídio, dos distritos que son tan importantes para la ciudad de Campinas. (Acto de inauguración de ETE-Sousas. Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas, julio 26 de 2013.) [La traducción es nuestra.]

Las contradicciones entre estos escenarios son evidentes. Ambos se ubican en las periferias de la ciudad de Campinas. Mientras un distrito es privilegiado no solo por su riqueza medioambiental, sino por la preocupación de las autoridades municipales, expresada en la presencia del organismo operador responsable del abastecimiento de agua potable para garantizar agua de calidad y medios de saneamiento para las familias que ahí viven; el otro distrito queda en la marginalidad, donde las familias se valen de sus propios mecanismos para tratar de satisfacer sus necesidades de vivienda y dotación de servicios básicos como el agua y el saneamiento.

En el caso oaxaqueño se manifiesta una situación relativamente similar. “Teniendo agua lo tienes todo —y por eso— hay que hacer todo lo posible por cuidarla y luchar por el saneamiento del río Atoyac”. Con esta afirmación el presidente municipal de San Bartolo Coyotepec explicó los motivos que llevaron a que 20 presidentes municipales y autoridades agrarias de diferentes municipios convocaran el 30 de septiembre de 2012 al Foro Intermunicipal “La voz del Atoyac: el río que necesitamos para el futuro que queremos”, con el fin de discutir los problemas relacionados con la degradación del río Atoyac que, en las últimas dos décadas, ha sido más notable, afectando a miles de ciudadanos que acceden a agua de mala calidad para la satisfacción de sus necesidades domésticas y productivas. Este municipio, ubicado al norte del río Atoyac, es una de las regiones periféricas más afectadas por la contaminación de los ríos y prolongados periodos de escasez.

A partir de la discusión en el Foro, se redactó la Declaración de Coyotepec, documento en el que se identificaron cuatro problemas en la región hidropolitana de los Valles Centrales de Oaxaca de Juárez: 1) la contaminación del río Atoyac; 2) las inundaciones; 3) una atención institucional deficiente, y 4) prácticas que evidencian una inadecuada cultura ambiental.

En la declaración se expresa que el “río Atoyac se ha transformado de un benefactor a una amenaza para la vida”, cambio que ha sido producto de la intervención humana en el entorno ambiental y donde el modelo económico que impera en la sociedad “está llevando al agotamiento de los recursos que son indispensables para sobrevivir como humanidad”. La reunión se convirtió en el espacio donde los miembros de las comunidades presentes expresaron los problemas cotidianos. Además, se difundieron opiniones que destacaban la relación que algunas comunidades tenían con el río Atoyac, por ser un afluente que les proporcionaba todo lo necesario para subsistir y también como espacio de recreación. Las personas de mayor edad destacaron los efectos negativos que había traído el crecimiento de la población, la expansión de la ciudad de Oaxaca y, en general, la vida moderna en los Valles Centrales. Uno de los asistentes, por ejemplo, cuestionó: “Yo no sé quién fue la persona que inventó eso de echarle agua al baño para llevar los desechos para el río y arroyos”, refiriéndose a las aguas residuales producidas en las viviendas, empresas, negocios, oficinas de gobierno y hospitales, todas ellas sin recibir un adecuado tratamiento antes de ser vertidas al río, convirtiéndolo en “un canal de aguas negras”.

Otras intervenciones que fueron incluidas en la declaración destacaron la relación que tuvieron en un momento los ciudadanos con el afluente del Atoyac, visto no solo como el proveedor del agua para beber, sino como una de las principales fuentes de irrigación en las actividades agrícolas. Sin embargo, en las actuales condiciones, es evidente la pérdida de “variedades animales y vegetales que antes eran aprovechadas por las y los habitantes de distintas maneras […] Pescar en el río o beber de su agua es hoy solamente un recuerdo de los adultos” (Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca). El impacto de la contaminación se ha reflejado en la calidad del agua de los mantos freáticos y de los pozos profundos, que han dejado de ser utilizados para extraer agua para el consumo humano.

En el otro extremo, hacia el sur, en la zona más alta de esa región hidropolitana, se ubica San Agustín Etla, municipio que se constituye como la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Oaxaca. En San Agustín Etla la mayor parte de las familias confía en la calidad del agua que consumen porque saben que la naciente principal se encuentra en un área alejada de zonas urbanas y donde la presencia de personas es prácticamente nula. Las familias que tienen esta percepción argumentan que basta con hervir el agua para que pueda ser consumida. Consideran que en los reservatorios construidos para almacenar el agua hay mecanismos adecuados de cloración automatizada para eliminar bacterias y otros organismos nocivos para la salud; sin embargo, también hay familias que desconfían de esos procesos.

Afirmaron que, a partir de los problemas por el límite de tierras con el núcleo agrario vecino de Nuevo Zoquiapam en la década de 1990, la calidad del agua disminuyó. Esto se debió al incremento de la actividad ganadera en esa región, promovida por los vecinos y que contaminó el agua durante el trayecto que va de la naciente principal hasta San Agustín Etla. A pesar de que en la comunidad cuentan con un sistema de cloración, estas familias solo utilizan esa agua para lavado de ropa, baño o recreación. Para beber consumen agua de garrafones que comercializa una planta purificadora de la comunidad, construida con los recursos que el municipio y el comisariado de bienes comunales obtienen por la venta de agua a la ciudad de Oaxaca. Independientemente de las percepciones, es un hecho que la situación geográfica de San Agustín Etla le permite a sus pobladores acceder a agua de mejor calidad; agua que pueden usar para consumo, actividades domésticas, incluso para actividades recreativas, ya que en la comunidad hay algunos balnearios públicos.

A partir de los breves ejemplos aquí expuestos, se puede concluir que la ciudad se constituye como uno de los fenómenos urbanos que distingue a los tiempos modernos. Sin embargo, no es homogénea, se caracteriza por las múltiples formas que puede llegar a tener, donde sus periferias son espacios contrastantes. ¿Cómo explicar esas contradicciones a partir de nuevos modelos de interpretación que le den a la ciudad un papel activo en esos procesos de desigualdad? ¿Cómo entender los modelos de gestión de ámbitos urbanos desde una lectura distinta a la que se puede ofrecer desde el modelo de cuenca recurrentemente utilizado en estudios de abastecimiento de agua y saneamiento?

El paradigma hidráulico de la región hidropolitana se sustenta en una dinámica donde: 1) se toma agua de un lugar alejado de la ciudad para satisfacer las necesidades de agua potable para la población; 2) el agua utilizada es expulsada en forma de aguas residuales hacia los afluentes que continúan su curso a través del desnivel y afectando la calidad de las aguas y la salud de las comunidades asentadas río abajo, y 3) se apuesta por las grandes obras de infraestructura hidráulica para garantizar el servicio de agua potable y como solución ante los problemas de escasez hídrica. De esa forma una región hidropolitana se constituye como un complejo sistema hidráulico cuyos componentes están vinculados al desarrollo urbano de toda la región. Perló y González (2009: 55) definen región hidropolitana como “una región hidráulica en la que los procesos económicos, sociales y políticos han orientado el sentido de la articulación del recurso hídrico”. Los factores naturales no bastan para delimitar la naturaleza de una región hidropolitana, ya que los contextos sociales definen, entre otras cosas, el entubamiento de los ríos, la implementación de poderosos sistemas de bombeo, construcción de túneles que atraviesan montañas y, en general, complejas y costosas obras de ingeniería hidráulica cuyo fin es atender de manera inmediata el suministro de agua. Ante la escasez de agua, las autoridades, siguiendo el paradigma de la ciudad moderna y articuladora de recursos hídricos, siguen apostando a soluciones técnicas, materializadas en la construcción de grandes obras de ingeniería hidráulica sin considerar otras alternativas, mucho menos promover esquemas de gestión participativos.

ESCASEZ HÍDRICA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y CAMPINAS

En un documento con fecha de 1912, donde se narra el debate de autoridades municipales sobre la situación del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Oaxaca, uno de los principales problemas que se destaca es el de la escasez de recursos hídricos:

Y haciendo uso de la palabra los Señores Armando H. Santibáñez, Licenciado Juan Varela, Alberto Borbolla, Miguel Cid Merino y Ángel Figueroa, dijeron: que desde hace algunos años se ha hecho sentir en esta Ciudad, la falta o escasez de agua potable por la disminución que ha sufrido el manantial que se encuentra en el cerro del pueblo de San Felipe del Agua, Distrito del Centro, y que por mucho tiempo abasteció con abundancia a esta misma Ciudad; que esta falta o escasez de agua potable ha preocupado, y también desde hace algunos años, a los Gobiernos y Ayuntamientos pasados… (Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912: 12-13.)

Casi cien años después, este problema ha alcanzado mayores dimensiones por el crecimiento de la población en la región hidropolitana de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Manifestaciones de distinto tipo (marchas, bloqueos de calles, carreteras o plantones) son hechos cotidianos en los últimos años, especialmente durante los periodos de secas entre los meses de diciembre y junio. El 8 de marzo de 2010 se inició en la ciudad de Oaxaca el seminario “Repensar nuestra relación con el agua”, organizado por el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), donde participaron académicos, miembros de organizaciones ambientalistas, organizaciones civiles, representantes de instituciones gubernamentales y miembros de las comunidades de la región hidropolitana de Oaxaca. En ese foro se concluyó que el problema de la escasez del agua que en los últimos años se ha agudizado en la ciudad de Oaxaca es producto de la manera en que socialmente se ha establecido la relación con los recursos hídricos, y que para lograr un cambio sustantivo “es primordial transformar nuestra relación con el líquido vital”. Por esa razón, es necesario promover un cambio de conciencia entre los ciudadanos para establecer una nueva relación con el agua (Diario Noticias, 9 de marzo de 2010).

Un año más tarde, la reportera Citlali López (Diario Noticias, 23 de marzo de 2011) publicó una nota titulada “Alarma al Banco Mundial sed de Oaxaca”. Se trata de una declaración hecha por el Banco Mundial en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, cuyo lema fue: “Agua para las ciudades, respondiendo al desafío del abasto urbano”. El informe elaborado por representantes del Banco Mundial en el estado indica que se requieren 1 500 litros por segundo de agua para atender al medio millón de personas que viven en la capital y en el área metropolitana, pero que solo se extraen 350 litros por segundo, es decir, agua para apenas 175 000 habitantes, considerando que un litro por segundo es suficiente apenas para 500 personas. Esta situación generó preocupación en los representantes del Banco Mundial, quienes declararon que la ciudad de Oaxaca y su área conurbada tenían “niveles que no son propios para una ciudad”. Frente a estas declaraciones, el responsable del organismo operador de agua potable (Adosapaco) admitió la gravedad de la situación y atribuyó el problema a las recurrentes fugas de agua. Por otro lado, informó que de los 40 pozos que operan para abastecer de agua tanto a la ciudad como a los municipios vecinos, 36 operan solo a 20% de su capacidad de extracción, disminuyendo con ello la posibilidad de llevar suficiente agua a la mayor parte de los hogares oaxaqueños. Por otro lado, los organismos institucionales en Oaxaca asumen que la construcción de obras hidráulicas de gran magnitud resolverán los problemas de abasto de agua potable. Apostar a las soluciones técnicas no es garantía de éxito en los procesos de gestión. La construcción de la presa Paso Ancho en la parte baja del río Atoyac no solo representará un gasto de recursos financieros, sino que, en términos técnicos, hoy en día no hay infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales que se acumularían en el embalse de la presa.

Por su parte, en la periferia de la ciudad de Campinas, en Brasil, durante una manifestación el 11 de octubre de 2014 en el barrio Vila Formosa, ubicado en las periferias de Campinas, un señor de 50 años y trabajador del servicio de correo brasileño declaraba que “cuatro días sin agua ya, no era justo”. Ese día, con una temperatura que superaba los 39 grados centígrados, los vecinos decidieron cerrar la calle como forma de protesta por los más de cuatro días sin servicio de agua potable. Una mujer de no más de 20 años comentó: “Tuve que comprar toallas húmedas para limpiar a los niños y agua para que beban”. El mismo día, pero en un barrio llamado Joaquim Santo Antônio, los vecinos desesperados por la falta de agua potable en sus viviendas decidieron bloquear la avenida principal con troncos y neumáticos a los que prendieron fuego. Un habitante de este núcleo urbano declaró que gastó 50 reales6 para comprar 10 garrafones vacíos y viejos de 20 litros con el fin de ir a buscar agua a una naciente ubicada en las márgenes de la autopista hacia São Paulo, más conocida como Vinhedo-Viracopos. En ese lugar se reunieron centenares de personas con garrafones, botes, garrafas y todo tipo de recipientes con el fin de captar la mayor parte de agua posible, sin importar el origen y la calidad del líquido (Folha de São Paulo, 15 de octubre de 2014). Ocho días después, el 18 de octubre, vecinos del barrio de Nueva União también se vieron en la necesidad de cerrar calles y la terminal de camiones urbanos; todo ello porque llevaban más de ocho días sin agua en sus domicilios (Vilma Gasques, Correio Popular, Campinas, 19 de octubre de 2014).

Las expresiones y acciones de ciudadanos brevemente descritas son reacciones ante una de las crisis hídricas más severas que se han registrado en el estado de São Paulo. No se había vivido una situación similar ni temperaturas tan altas desde finales del siglo XIX. Así, el periodo de octubre a diciembre de 2014 ha sido el más crítico, aun cuando la crisis ya asomaba desde inicios de 2014 (Maria Teresa Costa, Correio Popular, 13 de febrero de 2014), cuando el río Atibaia, principal fuente de agua potable para la ciudad de Campinas y los municipios vecinos, comenzó a registrar bajos niveles de agua. El sábado 11 de octubre la mitad de la población de Campinas, la tercera ciudad de mayor densidad poblacional de São Paulo, se quedó sin agua potable en los domicilios (Folha de São Paulo, 15 de octubre de 2014), alterando la cotidianeidad de los ciudadanos y con consecuencias negativas en las actividades productivas y la salud de los habitantes de toda la región hidropolitana.

Durante 2014 la escasez fue parte de la cotidianeidad de centenares de familias en Campinas y municipios vecinos. Además, es necesario aclarar que hubo barrios y regiones que sufrieron con mayor fuerza las consecuencias negativas; algunas colonias, por su ubicación o consolidación del servicio, se encontraron en mejores condiciones para hacer frente a la crisis. A partir de las declaraciones de ciudadanos expresadas en los diarios de circulación estatal y regional, así como por los testimonios en diferentes lugares, se hizo evidente la gravedad del problema. El reportero Lucas Sampaio (Folha de São Paulo, 16 de octubre de 2014) recopiló diversos testimonios que hicieron evidente, por un lado, la modificación de las actividades cotidianas de las familias, así como sus efectos en la calidad de vida; pero, por el otro, mostraron la importancia del agua potable para la satisfacción de necesidades básicas: cocinar, bañarse, estar limpio, beber agua y mantener la sensación de frescura, sobre todo en un periodo en el que se registraron las mayores temperaturas en la historia de Campinas. Además, como sucede en muchos países con climas tropicales, gran parte de los brasileños suele tomar duchas en la mañana y en la noche. Así, el agua se convierte en un elemento que genera una sensación de bienestar en el ámbito doméstico por la practicidad de su uso, pero también en el aspecto sensitivo o placentero. Desde esta perspectiva, la privación de agua potable elimina cualquier posibilidad de bienestar en un sentido integral, pero también se convierte en motivo para la generación de un sentimiento de agravio que los lleva a tomar diferentes tipos de acciones, especialmente la protesta social.

Ante los testimonios que expresan una situación alarmante, surge una pregunta: ¿cómo se generó esta situación de escasez? Para el caso de Campinas, la crisis tiene su origen décadas atrás. Como lo documenta la periodista brasileña Margarida Maria de Oliveira (O Estado de São Paulo, 20 de julio de 1980), en “Área de Campinas prevê falta de água em 1984”, desde ese tiempo se proyectaba un panorama de posible escasez de agua, todo con base en declaraciones de técnicos y 31 presidentes municipales del área metropolitana de Campinas y Piracicaba, que se reunieron a partir de una convocatoria lanzada por la Sociedad de Abastecimiento de Agua y Saneamiento(Sanasa):

En 1984 ya no habrá agua suficiente para la región de Campinas, que podrá entrar en régimen de racionamiento. Los altos índices de contaminación, que vienen causando la muerte de los ríos de la cuenca del Piracicaba son factores determinantes en la limitación de los manantiales de agua que abastecen a la región de Campinas, actualmente, la mayor área industrializada del interior paulista y también la más habitada con cerca de tres millones de habitantes. Los servicios de tratamiento de agua y alcantarillado —que deberían preservar la vida de los ríos que sirven a los municipios— no tienen más apropiaciones para acompañar el crecimiento poblacional e industrial de esa región, uno de los mayores del país. Si ninguna medida fuera adoptada, el problema de abastecimiento tomará proporciones tan grandes como la Gran São Paulo (O Estado de São Paulo, 20 de julio de 1980).

El principal motivo de la reunión en aquel momento fue discutir el problema de escasez hídrica y plantear necesidades presupuestarias a las autoridades con el argumento de que era necesaria la inversión de infraestructura que permitiera afrontar la crisis hídrica. Al mismo tiempo, en la reunión se expresaron algunas críticas hacia las políticas impulsadas por las autoridades estatales; una de ellas, como lo indicó el diputado federal Carlos Nelson Bueno, tiene que ver con el funcionamiento del Sistema Cantareira, creado para resolver el problema de abastecimiento de agua potable en São Paulo y su región metropolitana. El diputado declaró que los efectos de este proyecto se han visto reflejados en la reducción de captación de agua de las ciudades que forman parte del área metropolitana de Campinas y Piracicaba. Las alertas que desde esa década se veían reflejadas en notas periodísticas se hicieron realidad en los últimos dos años, 2013 y, especialmente, 2014, durante el curso de la presente investigación. La crisis de escasez hídrica alcanzó su peor momento a finales de 2014, al generar una situación de desconcierto y guerra de declaraciones en diferentes ámbitos. Se diría que la crisis movilizó ciudadanos, generó discusión en el ámbito académico y, sobre todo, puso en duda la eficiencia del esquema de gestión institucional para dotar de agua a las ciudades del estado de São Pablo; esquema que si bien tiene una estructura y marcos institucionales estatales, en el ámbito local se manifiesta de diferentes maneras. Hay ciudades (como en el caso de Campinas) donde el ayuntamiento se hace cargo de la gestión del agua potable y saneamiento a través de sus empresas municipales; sin embargo, en otras, como el caso de Piracicaba, el esquema de gestión ocurre a través de la llamada tercerización, es decir, a partir de lo que en Brasil denominan “colaboración pública-privada”. Vale la pena mencionar que hay otros modelos en los que la gestión del agua potable está directamente a cargo de empresas privadas, como en la ciudad de Itú, paradójicamente una de las que más sufrió los embates de la crisis de escasez hídrica y en la que, como sucede en San Bartolo Coyotepec, una empresa embotelladora potabiliza agua para comercializar, además de producir cerveza, refrescos y jugos.

En el caso oaxaqueño, el cambio de uso de suelo propiciado por la expansión urbana ha modificado los procesos de filtración natural del agua. El asfalto, cemento, y en general la infraestructura de la ciudad, impiden que el agua se absorba en los suelos y sea canalizada hacia los afluentes, que generalmente están contaminados. Así, grandes cantidades de agua que podrían ser reutilizadas se desperdician. Al respecto, Salvador, presidente del Comité de Agua de San Sebastián Etla, reflexiona sobre esta situación: “¿Qué es lo que pasa?, pues que prácticamente el agua se está yendo a otro lado y ya no hay retención de agua. Entonces, donde había terrenos de cultivo hay casas ahora y prácticamente eso nos va secando la tierra, ya no hay filtraciones”. Por esa razón, en su comunidad, durante el periodo de secas, se agudiza la falta de agua:

El río de cierta manera recarga el manto, nada más, porque ese río se seca. No todo el año trae agua, porque si trajera agua todo el año sería diferente. Pero se sufre más en marzo. En marzo yo creo que ya es pura piedra el río. Entonces lo que hace es que las recargas simplemente faltan. Pues el entorno prácticamente nos lo estamos acabando, prácticamente se está acabando porque ese manantial tiende a desaparecer. Sé que tenemos que implementar algún otro tipo de situaciones, porque a lo mejor ahí, no sé, escarbaron un pozo profundo para poder subsistir con el agua (Responsable del Comité de Agua de San Sebastián Etla, Oaxaca, julio de 2012).

Desde una perspectiva histórica, los problemas de escasez han sido parte de la cotidianeidad en la región hidropolitana de la ciudad de Oaxaca. El problema se expresa de manera diferenciada, porque las condiciones geográficas son determinantes en la manera en que las comunidades tienen acceso a recursos hídricos. San Bartolo Coyotepec es uno de los poblados que afronta mayores problemas de escasez de agua potable y contaminación porque se encuentra en la región baja del río Atoyac. Las quejas sobre el servicio de agua potable son numerosas, sobre todo cuando hay eventos que agudizan el problema. Como ya se ha señalado, este municipio ha experimentado un acelerado crecimiento urbano durante la última década y se ha expresado en el crecimiento de asentamientos urbanos, la construcción de oficinas del gobierno del estado y la edificación de hospitales y diferentes centros de salud. En la medida en que la densidad de población crece, la demanda de servicios también se incrementa. Esta comunidad forma parte de la periferia de la ciudad de Oaxaca y se conforma como el punto que conecta los Valles Centrales con el istmo de Tehuantepec, razón por la que se ha convertido en paso obligado de camiones y vehículos que producen emisiones de contaminantes que afectan la salud de los habitantes. El continuo tránsito de vehículos pesados demanda servicios de abastecimiento de gasolina. Así, los puntos de venta de combustible en los últimos 10 años han tenido efecto sobre los suelos de la comunidad. Las fugas de gasolina han contaminado los pozos, situación que orilló a los habitantes de San Bartolo Coyotepec a tomar las gasolineras como mecanismo de presión. Ocurre la misma situación con los hospitales que se han construido en el municipio, ya que no se tiene certeza de que cuenten con adecuados sistemas de tratamiento de agua; corren rumores de que también “los hospitales tiran todos sus desechos al río”. Esta situación tan crítica ha generado en muchos ciudadanos una conciencia sobre el cuidado ambiental. Con los recursos que tienen a su alcance, denuncian irregularidades; sin embargo, en muchas ocasiones no encuentran adecuados canales de diálogo y negociación con algunas autoridades estatales o federales.

A diferencia de lo que ocurre en San Agustín, en esta comunidad nadie se atreve a beber el agua que provee el municipio a través de su Comité de Agua. Como indica el responsable del Comité:

acá están los dos pozos; uno en donde están los terrenos de sembradíos. Este es el pozo que todavía seguimos utilizando. Y este otro está cerca del río Atoyac. Ese empezó a salir con agua muy jabonosa. Entonces este pozo se sigue utilizando, aunque perdió su concesión, pero se utiliza para regar el parque y los jardines de la iglesia. Es el agua que sale como jabonosa o amarillenta. De acuerdo a los estudios que le hicieron, no es apta para beber. No tengo documentados los estudios, pero esa es una de las razones por la que no la utilizamos. (Responsable del Comité de Agua, San Bartolo Coyotepec, julio de 2012.)

Tanto en México como en Brasil los cambios del entorno ambiental, así como la deficiencia en los mecanismos de gestión del agua, más preocupados por la búsqueda de soluciones técnicas y administrativas, se han constituido en los principales elementos que generan acceso diferenciado a los servicios de agua potable en términos de la calidad y la cantidad. Pero el aspecto más importante en ambos casos tiene que ver con el modelo de ciudad que se ha conformado, donde la dicotomía entre escasez y abundancia forma parte de lo cotidiano tanto de mexicanos como de brasileños. Hay regiones ricas en recursos hídricos y otras marcadas por la escasez o deficiencia en la calidad de agua. De la misma manera, y a pesar del efecto negativo en diversas actividades económicas, en Campinas las actividades industriales continuaron su curso a costa de la falta de agua en miles de domicilios. Al final de cuentas, los intereses económicos y políticos tienen mayor relevancia para los responsables de la gestión de agua potable.

CONCLUSIONES

A partir de los datos empíricos expuestos, destacan cuatro elementos de significativa importancia para quien esté interesado en el análisis de los mecanismos de gestión de agua potable y saneamiento. El primero tiene que ver con la idea de que la escasez de agua potable es un fenómeno construido socialmente. Como se ha expresado en las experiencias de México y Brasil, la escasez tiene sus orígenes en la conformación de modelos de gestión que generan y reproducen desigualdades. Así, como lo señala Harvey (1977: 116), la escasez de algún recurso natural es producida y controlada por la sociedad. Las relaciones productivas ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales y, en consecuencia, se producen crisis como la escasez de recursos hídricos. En el caso mexicano, la ciudad de Oaxaca se ha convertido en el polo de desarrollo regional más importante y, desde mediados del siglo XX, experimentó un acelerado proceso de crecimiento demográfico y expansión urbana, demandando con ello la satisfacción de diversos servicios a partir de recursos como el agua. Lo mismo ocurrió en la región de Campinas, espacio que atrajo a miles de ciudadanos a partir del desarrollo industrial de mediados del siglo XX y de la acelerada conquista de áreas rurales para convertirlas en regiones densamente pobladas.

En segundo lugar, la ciudad se ha constituido en una gran articuladora de los recursos hídricos. En ambos casos el modelo de ciudad urbanocéntrico requiere de la extracción de agua desde regiones periféricas, ricas en este recurso, para ser usada en el centro y, posteriormente, verterla en calidad de aguas residuales hacia otras periferias caracterizadas por la ausencia o calidad deficiente del recurso. El enfoque hidropolitano ha demostrado la conformación de desigualdades urbanas a partir del diseño de políticas públicas y mecanismos de gestión que dan mayor prioridad a soluciones técnicas, dejando en segundo plano las necesidades de toda la población, así como los impactos en los entornos ambientales. Siguiendo esta línea ambiental, como lo señala Lezama (2010: 12), la escasez forma parte de un problema en estrecha relación con los procesos de gestión, ya que la manera en que una sociedad administre, disponga y gestione los recursos naturales, determina el nivel de disponibilidad y acceso a ciertos recursos. El agua es quizá uno de los mejores ejemplos para ilustrar dicha relación, porque los niveles de degradación, acaparamiento y alto consumo se traducen en escasez y, por consiguiente, en una incapacidad para asumir funciones ecosistémicas. Así, los problemas vinculados al agua tienen relación con la disponibilidad en cantidad y calidad para el consumo humano, pero también con “la afectación y disminución de sus funciones naturales”. Como señala Domínguez (2012: 312), la crisis del agua, expresada en su escasez, por lo menos en los casos analizados, es un problema de gestión que evidencia deficiencias en la administración y gestión de los recursos hídricos; además, es la expresión de decisiones políticas en que los actores sociales involucrados defienden diferentes modelos de gestión. En ese sentido, no habrá que olvidar, para ambos casos, los acuerdos políticos poco transparentes que benefician solo a algunos grupos o, en el peor de los casos, políticas de extractivismo que agudizan las desigualdades y el acceso diferenciado, como los paradójicos casos de embotelladoras de agua privadas ubicadas en regiones de escasez hídrica.

En tercer lugar, a partir del planteamiento de la escasez de agua como un problema socialmente construido, es necesario pensar desde una perspectiva crítica la relación entre medio ambiente y sociedad. Si un ecosistema no tiene un funcionamiento sustentable, se alteran todos sus ciclos. Los recurrentes procesos de escasez de agua y degradación de cuencas son la más evidente expresión de la alteración del ciclo hidrológico, donde el factor humano, expresado en el crecimiento de las poblaciones, la utilización de recursos naturales y el diseño de modelos de gestión, han desempeñado un papel importante en la transformación de los ciclos hidrológicos. Tanto la escasez como la calidad del agua potable son procesos socioambientales, en los que la presión de las actividades humanas sobre el entorno ambiental modifica el ciclo hidrológico, deteriora los ecosistemas y produce problemas y riesgos sociales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, la escasez y calidad del agua no solo son la expresión de una inadecuada administración y gestión de recursos hídricos, sino que pone en relieve desigualdades y contradicciones en nuestras sociedades.

Finalmente, en términos metodológicos, la perspectiva comparada destaca las diferencias dentro del universo de similitudes. La comparación en diversas escalas agudiza las características de casos empíricos; problematiza y abre la posibilidad de conformar conceptos que podrían ser aplicados a distintas realidades. La noción de hidropolitano, por ejemplo, se constituye como un marco referencial que ayuda a explicar las desigualdades y a entender la manera en que socialmente se construye la escasez de agua potable. Tanto en el caso mexicano como en el brasileño, la escasez es producto de: a) esquemas de gestión de agua potable deficientes y que privilegian soluciones técnicas; b) desigualdades socioambientales donde hay zonas ricas en recursos hídricos y otras que se convierten en las receptoras de aguas residuales sin adecuados procesos de tratamiento; c) toma de decisiones de gestión influidas por posturas políticas e intereses económicos, y d) carencia de espacios de diálogo incluyentes donde sean incorporados saberes académicos o comunitarios que promuevan un esquema de gestión integral.

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Entrevistas y eventos públicos

Benito. Regidor de Ecología, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Diciembre de 2014.

Horacio Sosa. Presidente municipal, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Noviembre de 2012.

Rossie, habitante de Rosália I y promotora del Centro de Salude en Rosália, Campinas. Junio de 2013.

Salvador. Responsable del Comité de Agua de San Sebastián Etla, Oaxaca. Agosto de 2012.

Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas. Acto de inauguración de ETE-Sousas. Julio 26 de 2013.

Fuentes primarias

Declaración de Coyotepec, documento inédito, 19 de septiembre de 2012, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, 1912.

Fuentes hemerográficas

Correio Popular, Maria Teresa Costa, Campinas, 13 de febrero de 2014.

Correio Popular, Vilma Gasques, Campinas, 19 de octubre de 2014.

Folha de São Paulo, “Falta de água já afeta todas as regiões da cidade de SP”, 15 de octubre de 2014.

Folha de São Paulo, Lucas Sampaio, “1/4 da população de Campinas está desabastecida”, 16 de octubre de 2014.

Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, “Debemos retener el agua: INSO”, 2010.

Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, Citlali López, “Alarma al Banco Mundial sed de Oaxaca”, 23 de marzo de 2011.

O Estado de São Paulo, Margarida Maria de Oliveira, “Área de Campinas prevê falta de água em 1984”, 20 de julio de 1980.

NOTAS

1 Por modelo institucional entenderé lo relacionado con una forma de gestionar el agua asociado a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) adoptada por los gobiernos latinoamericanos a partir de la década de 1990.

2 Esta área forma parte de la cuenca del río Atoyac, que ocupa 18 261 km2, correspondientes a casi las dos terceras partes del estado de Oaxaca (Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, 2014).

3 Esta región forma parte de las cuencas de los ríos Piracicaba, Capiravi y Jundiaí, conformadas por 15 303 km2 y que abarcan buena parte de la superficie territorial del estado de São Paulo y Minas Gerais (Liana y Marcondes, 2010).

4 El vínculo entre lo metropolitano y lo hidrológico ha permitido entender de manera integral los procesos de gestión de agua potable y saneamiento sin perder de vista que ese espacio social forma parte de una cuenca y que el área urbana elegida está conformada no solo por comunidades, sino por prácticas sociales y culturales tanto en México como en Brasil. Recurrir al uso de cuenca hidrológica como unidad analítica tendría complejas implicaciones metodológicas, ya que territorialmente se trata de superficies extensas que incorporan amplias regiones y diferentes estados, como sucede en México y en Brasil. Dentro de una cuenca hidrológica hay ciudades, municipios, áreas metropolitanas, megalópolis, regiones, valles, grupos étnicos, comunidades, barrios, zonas urbanas o rurales. El número de variables implicadas impone retos mayores. Siguiendo las definiciones de Perló y González (2009: 55), la cuenca es una región hidrológica, es decir, “un conjunto de parteaguas naturales desde los cuales los escurrimientos obedecen a una serie de pendientes que alimentan un gran río o un cuerpo de agua”. Por otro lado, una región hidráulica “es definida artificialmente por el territorio articulado mediante dispositivos de conducción, contención, almacenamiento, elevación y aprovechamiento de las aguas. La región hidrológica es natural; la región hidráulica es producto de obras de ingeniería”.

5 El sistema está integrado con cinco presas (Jaguarai/Jacarei, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro y Aguas claras), cuyas aguas son destinadas al abastecimiento del líquido para la Región metropolitana de São Paulo.

6 50 reales equivalían a 12 dólares, aproximadamente, al cambio de octubre de 2014.

“QUEREMOS AGUA PARA VIVIR,
NO PARA MORIR”

SALUD E (IN)SEGURIDAD HÍDRICA,
HIDROARSENICISMO CRÓNICO
REGIONAL ENDÉMICO
EN LA REGIÓN LAGUNERA

MIGDY YOSDEL GARCÍA VARGAS

Tal como se ha formalizado en los documentos normativos de las organizaciones internacionales, el concepto de seguridad hídrica, tiene un supuesto obligado: el agua disponible debe ser segura para la vida y no tóxica. De ahí las políticas que establecen normas e indicadores de calidad y regulan los aprovechamientos para cada uso. El agua de consumo humano en los hogares es la que debiera recibir la principal atención, considerando la inmediatez de sus efectos sobre la salud y la vida de las personas.

En este capítulo abordaré un caso grave de inseguridad hídrica por contaminación persistente con arsénico del agua que se utiliza para consumo humano en La Laguna, una región al norte de México. El aprovechamiento de las corrientes superficiales le permitió a la Región Lagunera impulsar su desarrollo económico desde finales del siglo XIX, primero con la producción algodonera y después con el establecimiento de un importante cinturón industrial siderúrgico y una sólida cadena agrocomercial productora de lácteos.

Las transformaciones económicas y territoriales de ese proceso de acumulación capitalista han intensificado los usos del agua, en especial el de la destinada a la agricultura, lo que se tradujo en una excesiva extracción de agua subterránea. Tres acuíferos de la región se encuentran sobreexplotados, particularmente el denominado Principal-Región Lagunera (Conagua, 2005, 2007; DOF, 2003). Al amparo estatal se siguen perforando pozos, aun en contra de los decretos de veda. Mientras que en 1920 se perforaba a 7 metros y en 1976 a 70, en la actualidad se perfora a más de 300 metros,1 por lo que la presencia de arsénico en el agua se ha incrementado. Esa extracción es la causa que se argumenta para la creciente presencia de arsénico en el agua de consumo humano en la región.

He dividido el texto en dos apartados; en el primero se explica el origen y desarrollo del hidroarsenicismo crónico regional endémico en relación con el contexto hídrico de la región. La segunda sección explica la presencia natural de arsénico en la zona y el proceso de intensificación agrícola que ha aumentado la concentración del metaloide en el agua para consumo humano; dirijo mi atención hacia las complicidades gubernamentales que han permitido que el problema de contaminación por arsénico del agua doméstica de la Región Lagunera se mantenga a lo largo de más de 50 años. Finalmente, ofrezco las conclusiones.

HIDROARSENICISMO CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO (HACRE): EL CASO DE LA REGIÓN LAGUNERA

El término hidroarsenicismo se usa para referirse a la patología ocasionada por ingerir agua contaminada con arsénico, por ello se agrega el sufijo “hidro” a la palabra “arsenicismo”, para diferenciarlo de las manifestaciones provocadas por otro tipo de exposiciones al metaloide, como pueden ser suelo o aire. El carácter crónico del padecimiento se debe a que es de larga duración y de progresión lenta; los síntomas se presentan dentro de los primeros cinco años de ingesta. Además, es regional, pues se focaliza en un lugar determinado, cuyas fuentes de agua tienen importante presencia de arsénico (Picheral, 1982). También es endémico. lo que indica que la enfermedad está relacionada con una distribución del arsénico limitada a un ámbito geográfico específico; la diferencia con el carácter de regional estriba en que las causas de la presencia de arsénico en el medio natural son diferentes en otras partes del mundo.

El arsénico es un metaloide de color gris acero que se encuentra de manera natural en el ambiente; tiene características tanto de metal como de no metal. La concentración de arsénico en agua superficial y subterránea puede originarse por mala disposición de desechos industriales, disolución de minerales, erosión, desintegración de rocas o composición geomorfológica del subsuelo.

Los niveles de toxicidad del arsénico dependen de la forma en que se encuentre el elemento, ya sea orgánica o inorgánica, además de su valencia, estado de oxidación, estructura química, solubilidad, estado físico, pureza, tasas de absorción y de eliminación (ATSDR, 2007). Si el consumo de arsénico es prolongado, se manifestarán distintas reacciones en el organismo; el tiempo que tarde en manifestarse la enfermedad dependerá de la tolerancia que el individuo tenga al arsénico y las cantidades a las que esté expuesto.

El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos (USPHS) estableció, desde 1942, la cantidad de 0.050 mg/l como límite máximo permisible en el agua para consumo humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó su posición respecto al arsénico en agua potable desde 1958, cuando se publicó la Normativa Internacional para el Agua Potable, que incluía al arsénico como elemento tóxico, al fijar como límite permisible 0.20 mg/l, considerando que la exposición a concentraciones superiores representaba un peligro para la salud (OMS, 1958).

La International Agency for Research on Cancer (IARC) ha investigado desde 1971 más de 900 agentes probablemente cancerígenos, entre ellos el arsénico, y en 1973 determinó que había una relación causal entre cáncer de piel y exposición al arsénico inorgánico en medicamentos, agua potable o en el entorno laboral. Cinco años después, la misma agencia concluyó que los compuestos de arsénico inorgánico son cancerígenos para la piel y los pulmones del ser humano; en 1987 corroboró esa conclusión, con evidencia suficiente de carcinogeneidad en humanos, al observarse cáncer de piel, pulmón, hígado, riñón, vejigay estómago.

En 1993 la OMS consideró las conclusiones del estudio de la IARC (1987) que clasificaba al arsénico en el grupo de los compuestos inorgánicos definidos como cancerígenos para humanos; por ese motivo, estableció 0.010 mg/l como valor límite provisional de presencia de arsénico en el agua potable.

La Academia Nacional de las Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés) (1999) determinó que beber agua con 0.050 microgramos de arsénico por litro incrementaba en 1% el riesgo de morir por cáncer, y llevaría a una persona entre 1 000 a padecer cáncer de vejiga. Con base en esos resultados, la United States Environmental Protection Agency (USEPA) revisó la norma para arsénico en el agua de consumo humano, y en 2001 consideró reducir de 50 microgramos por litro a 10 microgramos por litro la concentración de arsénico máxima permitida en agua para beber; esa normativa se adoptó el 22 de enero de 2001 y entró en vigor el 22 de febrero de 2002. Desde el 23 de enero de 2006 se hizo obligatorio para los sistemas de agua en todo el país cumplir con la norma de 0.010 mg/l.

El efecto más característico de la exposición prolongada al arsénico inorgánico es un cuadro de alteraciones de la piel, como oscurecimiento y aparición de pequeños callos o verrugas en la palma de las manos, la planta de los pies y el torso, a menudo asociados a alteraciones en los vasos sanguíneos de la piel, hiperqueratosis, hipopigmentación e hiperpigmentación, anemia, leucopenia, conjuntivitis y traqueítis. Una característica típica de la enfermedad es la aparición del “pie negro”; también puede asociarse a gangrena, cirrosis, hemoangioendotelioma, problemas de reabsorción renal, inhibición de la síntesis de porfirinas y afectación a los glóbulos blancos. Las investigaciones médicas asocian el HACRE con abortos espontáneos, neuropatía periférica, parálisis, pérdida de la audición, inhibición de la fosforilación oxidativa y de la reparación del ADN, daños al intestino y cáncer de piel (ATDSR, 2007).

El HACRE ha sido documentado ampliamente. En la década de 1950 el doctor Luis Maeda Villalobos registró 160 casos de padecimientos relacionados con el consumo de agua contaminada por arsénico:

otros avanzados, cuyas lesiones eran extensivas y con adenomegalia ipsi en axilas y regiones inguinales, fueron tratados con radioterapia; estos tuvieron complicaciones subsecuentes, algunos con resultados lamentables de las mutilaciones. Eran demasiados los pacientes con lesiones dermatológicas que venían de los municipios señalados, de la parte norte de la Región; presentaban hipercromías, lesiones verrucosas en las palmas de las manos y plantas de los pies o gangrena de los pies, que se volvían de color negro por la mala circulación periférica sin ser diabéticos, casos que obligaban a las amputaciones. (Entrevista, 2013.)

Al ubicar geográficamente la procedencia de los afectados, el doctor Maeda realizó una investigación de campo y visitó Finisterre, Batopilas, Lequeitio, San Salvador, Nuevo Mundo, San José de la Niña, Vega Larga, Sofía, Santa Teresa, El Venado y Otzanduri,2 situados en la parte norte de la región, en el municipio de Francisco I. Madero. Las personas presentaban lesiones ulceradas de evolución crónica; además se corroboró que los campesinos adultos, jóvenes mayores de 20 años, mujeres y ancianos, presentaban verrugas en manos y pies, y llegó a la conclusión de que un factor ambiental los estaba afectando. Ante los resultados de las investigaciones, se perforaron 17 pozos en las márgenes del río Nazas para disminuir la contaminación que afectaba aproximadamente a 130 poblados y los niveles de arsénico disminuyeron por un periodo corto; sin embargo, a finales de la década de 1970 recuperaron los niveles nocivos para el ser humano.

En el ejido de San Salvador de Arriba, del municipio de Francisco I. Madero, con una concentración media anual de arsénico en el agua de 0.50 mg/l, se seleccionaron 57 viviendas y se descubrió que la población expuesta a altas concentraciones de arsénico presentaba discromías (Albores, Cebrián, Téllez y Valdés, 1979).

En otra investigación se tomaron muestras de 5 903 habitantes de la Comarca Lagunera, de los cuales 204 presentaron lesiones relacionadas con el arsénico y 15 cancerosas, todos ellos del municipio de Francisco I. Madero (UAC, 1986).

En 2004, el toxicólogo Gonzalo García Vargas, de la Universidad Juárez de Durango, reportó que si bien la diabetes es una enfermedad multifactorial, la ingesta prolongada de agua contaminada con arsénico contribuye a su desarrollo, además señaló que Coahuila es el estado con mayor población diabética en el país y Durango el cuarto. (Entrevista, 2012.)

Javier Morán, titular del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirma que hay afectación en las células espermáticas.3 En 2005, el investigador recibió el Premio Estatal de Ciencias por un estudio aplicado a pobladores del ejido Lequeitio, que explica cómo el consumo crónico de agua con arsénico ocasiona daños a nivel del ADN de las células:

Encontramos espermatozoides con doble cabeza o una cola enrollada, esto puede provocar un retraso en la concepción, gente que ha durado un año o dos para tener hijos sin que haya ningún método anticonceptivo. A los resultados —comenta el doctor Morán— no se les ha dado atención; las autoridades permanecen omisas al problema de hidroarsenicismo. (Entrevista, 2012.)

El arsénico en el agua puede tener origen natural o antrópico, pero dependerá solo de las acciones de gobierno que sus efectos nocivos sean un problema de salud pública. En 1990 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) concluyó que la presencia de arsénico en el agua subterránea del acuífero Principal tiene como origen eventos geológicos, y señaló la zona de los municipios de Torreón y Francisco I. Madero como fuentes puntuales de arsénico; sin embargo, el aumento de la concentración en el agua para consumo humano obedece a la intensificación agrícola. Para sostener dicho argumento describimos, a manera de contexto hídrico, las características físicas de la zona de estudio.

La Región Lagunera está conformada por 16 municipios: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Torreón y Viesca, pertenecientes al estado de Coahuila de Zaragoza, y 11 que se asientan en el estado de Durango: Cuencamé de Ceniceros, Gómez Palacio, Lerdo, Indé, Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Simón Bolívar y Tlahualilo. Ubicada en el noreste mexicano, dentro del desierto chihuahuense, cuenta con una extensión aproximada de 58 260 km2; su clima es predominantemente seco semicálido y, en algunas partes, semiseco templado, con una temperatura promedio que fluctúa entre los 28 y 40 grados centígrados (CNA, 1991; SAGARPA, 2002). Su precipitación media anual oscila entre 200 y 230 mm anuales en la zona media-baja y de 400 a 500 mm anuales en la zona montañosa (CNA, 2002).

Hidrológicamente, está en la parte baja de la cuenca Nazas-Aguanaval, dentro de la Región Hidrológica 36,4 que abarca parte de Durango, Zacatecas y Coahuila de Zaragoza.

En su demarcación se ubican dos zonas con características geográficas diferentes: una montañosa, donde tienen origen los escurrimientos superficiales, y la parte plana o del valle, que corresponde a la cuenca media-baja, cuya superficie es más amplia que la montañosa (Salas, 2011).

MAPA 1.

CUENCA NAZAS-AGUANAVAL.

Fuente: Consejo Nazas-Aguanaval.

El Nazas y el Aguanaval son los dos ríos que cruzan la cuenca; el primero con una superficie de 59 632 km2 de extensión, mientras que al Aguanaval corresponden 34 740 km2. Al tratarse de una cuenca endorreica, al llegar a las partes bajas de la región los ríos formaban numerosas lagunas, como la de Mayrán, Viesca, Tlahualilo y Seca. De ahí el nombre de Comarca Lagunera. Actualmente todas las lagunas han desaparecido.

Desde la década de 1940, con la construcción de la presa El Palmito, ubicada en la parte media de la cuenca, el río Nazas ha sido conducido a amplias zonas agrícolas pertenecientes al Distrito de Riego 017. Con la rehabilitación del distrito entre 1965 y 1970, se construyó una segunda presa derivadora y reguladora llamada Las Tórtolas; también fueron revestidos los canales y compactados los terrenos de cultivo. A partir de entonces, el cauce del Nazas ha estado totalmente seco. Solo ocasionalmente, en años muy lluviosos, ha descargado en la antigua laguna de Mayrán.5 En años recientes fue construida la presa reguladora El Tigre sobre un afluente del río Aguanaval, lo que terminó por completo con esa corriente.

Al construirse El Palmito se dejaron de aportar 126 075 000 m3 de agua anuales al cauce, al sistema lagunar y al acuífero. Ese volumen retenido aumentó a 475 069 000 metros3 al entrar en funcionamiento Las Tórtolas, lo que redujo la recarga natural al acuífero Principal-Región Lagunera (Salas, 2011 Chairez, 2005), considerado el más importante por su capacidad de recarga anual y aprovechamientos de un total de ocho acuíferos ubicados en la Región Lagunera: Acatita, Ceballos, Oriente-Aguanaval, Nazas, Las Delicias, Vicente Suárez, Villa Juárez.

MAPA 2.

LOCALIZACIÓN DEL ACUÍFERO PRINCIPAL-REGIÓN LAGUNERA

Fuente: Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, 2002.

Tanto el agua superficial como la subterránea se usan principalmente para el desarrollo agrícola de la región, el siguiente cuadro ofrece datos al respecto.

CUADRO 1.

FUENTES Y USOS

Fuentes

Volumen

Mm3

Uso agrícola

Uso industrial

Uso público

Otros

Total

Río Nazas

1 200

1 200

0

0

0

1 200

Río Aguanaval

100

100

0

0

0

100

Acuífero Principal Región Lagunera

950

789.6

19.8

113

27.6

950

Total

2 250

2 089.6

19.8

113

27.6

2 250

Fuente: CNA, 1998.

En la Región Lagunera han tenido lugar dos reconversiones de cultivo. Primero dominó la producción algodonera, que sitúo a la Comarca como la principal productora a finales del siglo XIX; sin embargo, a mitad de la década de 1950 atravesó una importante crisis ocasionada por una fuerte sequía que afectó negativamente el precio internacional de la fibra. Eso impulsó a los productores privados a buscar otro tipo de cultivo, que orientaron el campo lagunero a la siembra de alfalfa. Esta decisión actuaría en dos vertientes, permitió el auge y consolidación de una cadena agrocomercial de lácteos, pero repercutió en el incremento de consumo de agua, afectando el sistema hídrico regional.

La alfalfa es un cultivo sediento, requiere de mucha agua, aproximadamente una lámina de dos metros o dos metros y medio de agua, que son 20 millones de litros de agua por hectárea. Así se acaban el acuífero, secan el río. Las vacas en este medio son muy productivas, se reduce el estrés y no hay tanto parásito como en medios húmedos; aquí les ponen regaderas, se usan unos 30 litros por vaca; un animal que no es del desierto, un cultivo que no es del desierto, son capas de superficialidad a un producto que no necesitamos. (Entrevista con Francisco Valdés Perezgasga, 2012)

En 2003, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer los límites y la disponibilidad media anual de agua del acuífero Principal, a través del “Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización”; se presentan los siguientes datos sobre el déficit generado:

CUADRO 2.

RELACIÓN ENTRE EXTRACCIÓN, CONCESIÓN Y RECARGA

Concepto

Volumen mm3 /año

Concesión

704.062

Extracción

1 221.8

Recarga natural

518.9

Déficit 185 162. 985

Fuente: elaboración propia; DOF, 2003.

Con estos datos se observa que el aprovechamiento del agua sufrió diversas transformaciones en la segunda mitad del siglo XX, las cuales han afectado el sistema hídrico. Si bien la presencia de arsénico obedece a factores naturales, se ha acelerado su concentración y, por ende, el daño a la salud pública, aunque solo en cierta parte de la población, pues es en la zona rural donde se han potenciado las consecuencias, todo ello ocurre al amparo de políticas públicas ineficientes, ausencia de investigación, carencia de diagnósticos propios y de acciones eficaces que permeen en la problemática desde su origen.

COMPLICIDADES; ACCIONES Y OMISIONES

Las concentraciones de arsénico en algunas zonas de México son superiores a lo recomendado por la Guía Internacional de la OMS y lo establecido por la norma mexicana NOM-127-SSA1-1994 y su correspondiente modificación. Numerosos estudios han analizado el arsénico presente en los acuíferos de la zona norte del país, donde la presencia del metaloide está relacionada a las condiciones naturales (IMTA, 1990).

La NOM-127-SSAI-1994, “Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua con el objetivo de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento, sean públicos o privados, define el agua para consumo humano como “aquella que no contiene contaminantes objetables, sean químicos o agentes infecciosos, y que no causa efectos nocivos en el ser humano”. En el caso del arsénico, la primera norma propone como límite permisible 0.050 mg/l. Precisa como parte de su bibliografía: Guías para la calidad del agua potable, vol. 1 y 2 de la OMS y Guías para la calidad del agua potable: criterios relativos a la salud y otra información de base, de la Organización Panamericana de la Salud en 1987.

Entre la legislación mexicana respecto del arsénico y la aparición de la enfermedad hay una brecha importante. En nuestro país es hasta 1999 cuando se publica una norma con límites permisibles para arsénico. Inferimos que se debe al contexto internacional propuesto por la OMS que hace extensibles, no obligatorias, sus recomendaciones a todos los países y no a las problemáticas locales.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) reglamentaria del artículo 27 constitucional, publicada en 1992, tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución, control y preservación en cantidad y calidad. En su artículo 3º, párrafo XII, esta ley otorga autoridad a la Comisión Nacional del Agua6 (Conagua) como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de la gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

La sobreexplotación y el deterioro de la calidad de las aguas del subsuelo tienen consecuencias tan preocupantes que la Conagua busca remediarlas con diversas medidas, entre ellas la participación de los usuarios en el manejo del recurso y el establecimiento de medidas de control a las extracciones.

Según el artículo 115 constitucional, corresponde al municipio la responsabilidad de entregar agua de calidad para el consumo humano. En la Región Lagunera el servicio de agua potable y alcantarillado esta concesionado a diferentes organismos operadores, que son los responsables jurídicos de la calidad e inocuidad del agua. Los pozos de la Región Lagunera para uso doméstico superan lo establecido por la NOM-127-SSA1-1994. Conagua y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas), organismo operador, han decretado el cierre de varios pozos; sin embargo, algunos con concentraciones por encima de la norma continúan abiertos.

La Secretaría de Salud, a su vez, debe impulsar investigaciones sobre el daño que provoca en la salud humana no solo del arsénico, sino diversos elementos presentes en el agua del subsuelo, así como efectuar un monitoreo constante para evaluar la cantidad de arsénico presente, enfermedades, detección de brotes, incluyendo análisis geográfico y demográfico.

Los Comités Técnicos de Agua Subterránea (COTAS) son organismos auxiliares del Consejo de Cuenca, no subordinados a Conagua, cuyo objeto es la formulación, promoción y seguimiento de la ejecución de programas y acciones que contribuyan a la estabilización y recuperación de los acuíferos sobreexplotados, así como a la preservación de aquellos que se encuentran en equilibrio o cuentan con recargas mayores a sus extracciones. Están integrados por usuarios de agua subterránea y ejecutan acciones como la verificación de pozos con medidor piezométrico y el monitoreo de los niveles; sin embargo, en La Laguna se argumenta que no se tiene la infraestructura necesaria para colocar medidores, además de haber una firme oposición de los grandes agricultores a esta medida.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un papel fundamental, pues es la que otorga el servicio eléctrico a los pozos. Los usuarios agrícolas están sujetos a las tarifas eléctricas preferenciales 9 y 9M, que abaratan la extracción de agua subterránea. Para verificar que los usuarios que disfrutan del subsidio de las tarifas eléctricas son de usuarios agrícolas, Conagua y CFE celebraron un convenio de colaboración para cruzar las bases de datos y detectar a los posibles usuarios que desvían el uso autorizado.

En 2003, los productores agropecuarios de la región denunciaron 550 pozos sin título de concesión en la región. La Comisión Federal de Electricidad contestó que solo eran “300 y pico” (La Jornada, 2003).

Es en la articulación de funciones de las instancias locales donde se encuentra la posibilidad de subsanar el problema, pero estas se limitan al ejercicio de sus funciones de manera parcial. El Estado ha propiciado un marco permisivo respecto al acceso al agua, pues a través de sus dependencias e instituciones ha privilegiado a las élites con diversos mecanismos:

Apropiación territorial

Ante una epidemia de brucelosis, en julio de 1940, se decretó la obligatoriedad de la pasteurización. Además, se ordenó el traslado de los establos fuera de los núcleos urbanos, así como el mejoramiento de su infraestructura para aumentar la calidad alimenticia de la leche y garantizar su inocuidad. En 1949 se hizo efectiva la obligatoriedad. La reubicación de los establos del área urbana a la rural reconfiguró el territorio lagunero. Coincide Perezgasga en que, además, la opinión pública se alejó: “Se crearon establos de miles de vacas sin que la gente lo viera, establos retirados, la población no los ve, ¿qué tan sano puede ser que todos los animales estén juntos llenos de caca?”.

En la transformación del paisaje subyace un proceso de desposesión que se explica por la concentración de los derechos de agua y el acaparamiento de tierras. Así, el capital ha reconformado el territorio de la región, su dinámica social, económica y política (Harvey, 2007).

Lefebvre (1974) aborda el poder en un marco industrial en el que hay libertad para acaparar de manera irracional, lo que genera un impacto diferido en el espacio, ya que se centralizan los beneficios y se afecta negativamente a la periferia. Menciona el autor que el espacio está conformado por elementos históricos y naturales a través de procesos políticos impulsados por ideologías.

Las diferencias entre propiedad privada y ejidal han persistido, pero de los usuarios registrados pocos son los que conservan sus derechos de tierra y agua ejidales, que han sido acaparados por unos cuantos que han reorientado la dinámica regional a su lógica y beneficio económico. Son pocas las parcelas trabajadas por ejidatarios que posean títulos de tierra y agua y que reciban recompensa directa por su trabajo. La realidad de la Región Lagunera dista mucho del ideal cardenista, los que no se han ido al “otro lado” se han convertido en esclavos de su propia tierra.

Hay una división de consecuencias entre el ejido y la ciudad. En el campo la mayoría de las tierras están rentadas o ya fueron vendidas; sin embargo, se riegan miles de hectáreas de alfalfa, un cultivo que requiere mucha agua en beneficio de la producción lechera.

El ganadero Pedro Vázquez afirmó que entre 70 y 80% de la tierra está comprada o rentada, porque la ley lo permite. Una hectárea con derecho a agua de río se renta entre 2 500 y 3 000 pesos para una cosecha y, además, el ejidatario puede quedarse con el apoyo de Procampo (entrevista, 2012).

La Ley Federal de Derechos de Agua (LFD) prevé la transferencia de derechos de agua en ciertas condiciones, pero sin intervención alguna de la Comisión, los usuarios también están en libertad de transferir sus derechos, aunque todas las transacciones deben registrarse.

Gerardo Jiménez, de la Universidad Autónoma Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas y miembro de la Fundación Jimulco, afirma que hay relaciones de poder en los módulos de riego basadas en esquemas de simulación que permiten a los ejidatarios conservar el título, pero no el derecho; ante notario ceden sus derechos a particulares, hasta por 20 años, incluida la dotación de agua:

de los 34 000 usuarios, realmente no llegan a 8 000, aproximadamente hay 2 500 pozos agrícolas sin considerar los del mercado negro. Los datos oficiales no son confiables, si tienes una cuenca donde se genera un volumen de agua y en la parte baja se consume la mitad del agua, ya hay un problema; aquí la lluvia no es fuente de agua, el escurrimiento superficial está en un 100% concesionado a 20 módulos de riego; sin embargo, esto no es equitativo entre el sector social. En 1992 se invierte la propiedad social y privada, como se les da más a lo sociales, los privados piden que se les deje perforar pozos. Estos, con poder económico, acaparan también el agua superficial. Esto no se encuentra en los registros de derechos de agua, se hacen ante notario: el agua se entrega por derecho sin contar el volumen. (Entrevista, 2012.)

Discursos

El conocimiento, de acuerdo con Foucault (1980), es un discurso que está controlado y que se distribuido según normas establecidas basadas en un sistema de exclusión; implica poder de quien lo origina, lo comunica y lo recibe. En nuestro caso de estudio se identifican:

Omisiones y contradicciones. Algunas instancias gubernamentales niegan la problemática sanitaria:

Nosotros hacemos nuestros recorridos continuamente a la zona rural, o de los centros de salud, y no hemos encontrado ni me han reportado algún caso de un padecimiento ocasionado por el arsénico […] Aquí no hay nada. La diabetes es por problemas crónicos degenerativos. No hay ningún caso de cáncer de piel, el cáncer más común es el de próstata. (María Concepción Cantú, jefa de Jurisdicción Sanitaria VII, en entrevista a Vanguardia, 2012.) 7

En otras declaraciones, el problema se confirma, como en el caso del jefe de Jurisdicción Sanitaria VI, Cesar Alejandro del Bosque, quien informó a Vanguardia el registro de más de 20 casos de pacientes afectados.8

Frecuentemente, los discursos benefician al sector empresarial, que influye en la opinión pública sobre el papel fundamental de la actividad agroindustrial; la sobreexplotación es asumida como una consecuencia “natural” de una actividad económica.

La percepción del agua como recurso escaso se ha fomentado desde las instituciones. El Informe sobre Desarrollo Humano. Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua, del Programa de las Naciones Unidas (PNUD, 2006), sostiene que la escasez de agua afecta ya a todos los continentes. Cerca de 1 200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez económica de agua, donde los países carecen de infraestructura necesaria para transportar el agua de los ríos y acuíferos; es decir, la percepción de escasez se fundamenta en criterios de acceso, administración y distribución. Aunque solo podemos disponer de una porción del agua total de la Tierra, eso no significa que sea escasa, puesto que el recurso no desaparece. El que una población no tenga acceso al agua no significa que sea escasa; el contexto político, económico, social, cultural y ambiental determina las condiciones en que una población accede al agua, incluso entre la población hay diferencias que posibilitan el acceso o no al recurso.

En la Región Lagunera, si atendemos a los criterios naturales de precipitación, escurrimientos, evaporación y condiciones climáticas, podríamos afirmar la escasez de agua, pero la cuenca en la que se sitúa presenta diferentes características. Mientras en la zona alta hay bosques y mayor precipitación, en la parte baja ya no llega el agua, pues es apresada en la parte media de la cuenca, y la carga completa es conducida mediante canales al Distrito de Riego 017.

La producción lechera ha fijado los límites de acceso al recurso. Observamos, entonces, una necesidad ilimitada ante un recurso limitado, que si bien cumple un ciclo natural, entra en desequilibrio, lo que perjudica al medio ambiente y la salud de la población al no permitir la recarga natural y propiciar la contaminación de sus fuentes.

CONCLUSIONES

En la década de 1980 el tema del hidroarsenicismo adquirió importancia en los medios de comunicación. Con base en los resultados de las investigaciones citadas, ambientalistas que conformaban el grupo En defensa del ambiente lograron colocar la contaminación de las fuentes de agua y el perjuicio a la salud de los habitantes en la opinión pública; sin embargo, la lucha, aunque no infructuosa, dejó de ser prioridad para los políticos.

En la década de 2000 resurgió el reclamo por agua para la región; diversos grupos de académicos y activistas, entre ellos el Encuentro Ciudadano Lagunero por el Agua, han propuesto acciones para eliminar el problema de hidroarsenicismo:

1.Permitir el paso de los ríos por su cauce natural, lo que beneficiaría la recarga de los acuíferos y disminuiría la concentración de arsénico en el agua.

2.Equilibrar los volúmenes concesionados a la capacidad natural de la recarga del acuífero.

3.Realizar estudios que determinen la cantidad real de la cual dispone el acuífero.

El artículo 4º constitucional, en su párrafo quinto, aborda el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar; sin embargo, los procedimientos judiciales han resultado ineficientes para proteger esta garantía. Pese a que se ha incorporado el principio ecológico de resarcir el daño causado,9 no existen los mecanismos normativos, políticos ni administrativos efectivos para ejercer el derecho a la reparación del daño de quienes consumen agua contaminada con arsénico.

Aunque la presencia de arsénico en la Región Lagunera no es atribuible a acciones directas de las autoridades del agua, sí lo es el ejercicio de una incorrecta gestión preventiva, pues no se han contemplado las problemáticas locales y específicas en una visión de cuenca. Las autoridades competentes están obligadas a gestionar acciones de detección e impulso a la investigación para la salud pública, pero es escasa la información respecto del hidroarsenicismo en nuestro país, y la que hay, pocas veces la apoya el gobierno; frecuentemente se queda en el laboratorio, en la prensa amarillista o en los espacios de poder y no en la ciudadanía. Al ocultar datos relevantes a la población, no solo se violan sus derechos, sino que se contribuye al problema y le impide crear dinámicas propias, la relegan a sujeto pasivo, a grupos que no cuestionan el ejercicio del poder.

Se deben crear instrumentos políticos y sociales que permitan materializar la normatividad y así no solo reconocer, sino proteger el derecho humano al agua. El arsénico en el agua puede tener origen natural o antrópico, pero dependerá solo de las acciones de gobierno que los efectos nocivos del arsénico sean un problema de salud pública.

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NOTAS

1 Los decretos de veda fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en abril de 1949, octubre de 1952, diciembre de 1958, abril de 1965 y marzo de 1981. El primero estableció la veda en el municipio de San Pedro y parte del municipio de Matamoros en Coahuila, así como en un sector del municipio de Lerdo en Durango; el segundo en Tlahualilo y parte de Lerdo, en Durango, y una porción del municipio de Francisco I. Madero en Coahuila; el tercer decreto de veda fue en el municipio de Torreón y parte de Lerdo; el cuarto, para los municipios de Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero y Simón Bolívar en La Laguna de Durango; el cuarto decreto abarcó el resto de la región.

2 Actualmente el ejido ya no existe, aunque es recurrente que aparezca en publicaciones como zona contaminada. Los habitantes de ejidos aledaños informan que desde hace aproximadamente veinte años ya nadie habita el ejido; además, el nombre por el cual lo ubican es Chanduri o Chanduris.

3 Véase http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/revista/numeros/9/A3.pdf

4 En 2010, en el marco de la integración de los comités de usuarios por subregión, se acordó que la parte sur de la RH 35 formaría parte del Consejo de la Cuenca Nazas-Aguanaval con carácter temporal; esta subregión denominada Bolsón de Mapimí quedó conformada por la parte norte del municipio de Mapimí y Tlahualilo, de Durango, y el municipio de Sierra Mojada del estado de Coahuila. 

5 Las cuatro grandes avenidas del Nazas, después de su apresamiento, han ocurrido en cuatro ocasiones: 1956, 1968, 1991 y 2008.

6 Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, creada en 1917; la Comisión Nacional de Irrigación, en 1926; la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en 1946, y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1976.

7 “No hay reportes de arsenicismo en La Laguna”, Vanguardia, 12 de noviembre de 2012.

8 “Admite funcionario casos de arsénico”, Vanguardia, 10 de enero de 2013.

9 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, capítulo III: Política ambiental, artículo 15, párrafos IV y V estipula: IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones.

AGUA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN MÉXICO

APUNTES PARA LA REFLEXIÓN

ESTEFANÍA MARTÍNEZ REYES

Este artículo analiza cómo está representada la conexión entre agua y alimentos en los planes de trabajo de los organismos gubernamentales, concretamente en los conceptos de seguridad alimentaria y seguridad hídrica, que derivan de diversas agencias internacionales. La relación agua-alimentos no se reduce a la práctica del riego como forma de cultivo, incluye cuando menos los derechos de uso del líquido, la tenencia de la tierra, el control de las aguas de mejor calidad por los distintos tipos de productores, la apropiación de los acuíferos para uso agrícola, el financiamiento de los programas de fomento y el control de los flujos mundiales de productos agrícolas por parte de un puñado de empresas monopólicas.

Más que abogar por una agricultura eficiente o por limitar en volumen al riego no tecnificado, el objetivo es cuestionar la naturaleza del modelo agrícola, preguntando ¿para producir qué cosa es que se aprovechan los recursos hídricos en México? ¿Para quién y para satisfacer qué necesidades?

Motivado por la recurrente imagen de la agricultura como el mayor consumidor de agua en respuesta a las necesidades alimentarias de una población creciente, el artículo separa los usos del agua que tradicionalmente se agrupan como uso agrícola, y cuestiona qué proporción de la producción agrícola debe considerarse de alimentos.

El texto se divide en tres partes: un balance general de la producción agropecuaria que puede servir como alimento humano; un análisis del concepto de seguridad alimentaria en relación con los objetivos de la producción agrícola, y algunas conclusiones.

PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN MÉXICO

Por el lado de la política agrícola, el sistema alimentario mexicano es insuficiente como garante de nutrientes para la población en general como consecuencia de la ganaderización del campo y la disminución de granos básicos y estructuras de apoyo al campo (Arroyo, 1989; González y Macías, 2017). Aunque haya incrementado su superficie agrícola en régimen de riego y cuente con una disponibilidad media de agua renovable per cápita (3 736 m3/hab/año), la falta de estructuras de apoyo, como un acceso equitativo al agua subterránea, tierra de buena calidad y tecnología mejorada, es un reflejo de la pérdida del reconocimiento del valor estratégico de la producción de alimentos.

Este apartado describe las condiciones del abasto interno de alimentos en México: la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (1994); la desgravación de alimentos de importación (maíz, frijol, azúcar y leche en polvo) en 2008; la crisis económica y sus secuelas entre 2008 y 2012, son fechas determinantes que marcaron etapas del sistema alimentario en México y que pusieron a prueba la solidez del modelo de seguridad alimentaria.

Muchos agricultores y ganaderos han sido desplazados de sus actividades por la importación de productos que entran al país de manera legal o ilegal y que se venden a bajos precios (González y Macías, 2017: 7), y la predicción de que los agricultores, después de un periodo de ajuste, desarrollarían habilidades suficientes para competir en el mercado internacional ha probado limitarse a muy pocos casos. El número de personas empleadas en los sectores agrícola y pecuario disminuyó 54% entre 1995 y 2015. El número de pequeñas propiedades no disminuyó, sino que el tamaño promedio de las parcelas cayó de 9.1 hectáreas a 7.5 hectáreas entre 1991 y 2007 (González y Macías, 2017: 21).

La meta de erradicar la inseguridad alimentaria abriendo los mercados tampoco ha llegado a cumplirse. Los años de 2008 y 2012, en particular, mostraron la inestabilidad del enfoque neoliberal de seguridad alimentaria y las debilidades del abasto interno de alimentos en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 41.6% de los hogares mexicanos manifiesta preocupación porque los alimentos sean suficientes para el consumo familiar (inseguridad alimentaria leve). Casi uno de cada tres hogares, alrededor de 8 322 486 en el país, experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en los tres meses previos a la encuesta, es decir, sus alimentos disminuyeron en cantidad o calidad, o experimentaron hambre incluso, debido a la falta de dinero o recursos (Mundo-Rosas, Shamah-Levy y Morales, 2013).

En 2006, México fue uno de los primeros afectados por la crisis alimentaria mundial, originada por el aumento rápido en el precio mundial de los alimentos. En 2008, el incremento en el precio de los alimentos elevó la inflación general y sus efectos continuaron hasta 2012.

El agudo incremento del precio de la canasta básica fue resultado de varios factores que se combinaron: el alza en los precios mundiales de alimentos en 2011, las sequías entre 2010 y 2012, que también afectaron a Estados Unidos, las heladas en México en 2011 y el brote de gripe aviar en Jalisco. Tan solo en los primeros ocho meses de 2012 los productos de la canasta básica subieron su precio 12.6%, el triple del incremento al salario mínimo de ese mismo año (Márquez y Mamani, 2013: 58).

Como contramedida, hubo un ligero repunte de la inversión en el campo; el presupuesto ejercido por los programas de la Sagarpa en 2008 de $50 363 millones, se incrementó en 5.3% en 2009 hasta $53 048.5 millones; en 2010 fue de $64 759.5 millones; en 2011 fue de $68 476.5 millones; y en 2012 el presupuesto autorizado fue de $59 846 millones (Sagarpa-FAO, 2014: 29).

Los apoyos federales más importantes entre 2008 y 2012 fueron el Programa de Apoyo Directo al Campo (Procampo), el Programa de Apoyo a la Ganadería (Progan), el Programa para la Adquisición de Activos Productivos, el Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios), el Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales, proyectos transversales y proyectos estratégicos, como el de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf). El apoyo fue menor en el ámbito del financiamiento rural (fuera de la compra de activos) y fortalecimiento de actores y organizaciones sociales para el desarrollo rural (desaparece en 2010 el Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural) (Sagarpa-FAO, 2014: 30).

Para asistir en la reconversión productiva y elevar la productividad del campo, se elevó el volumen de agua subterránea concesionado para el uso agrícola, que agrupa la actividad agrícola, acuacultura, pecuario, múltiples y otros: solo entre 2005 y 2016 la extracción creció casi 25%, de 18.7 Mm3/año a 23.16 Mm3/año (Conagua, 2015).

Las medidas fueron parcialmente exitosas. En 2014, las exportaciones agroalimentarias registraron un valor de 25 590 millones de dólares (Sagarpa, 2015); en cifras totales, el país ha incrementado su producción de alimentos, aunque su participación en el producto interno bruto nacional (PIB) ha disminuido (González y Macías, 2017).

Las siguientes gráficas ilustran la evolución comparativa del volumen y valor de la producción de cultivos seleccionados básicos (maíz grano, frijol, arroz, trigo grano), oleaginosas (soya, cártamo, canola y girasol), frutas y hortalizas (aguacate, cebolla, espárrago, fresa, guayaba, jitomate, limón, mango, manzana, melón, naranja, papaya, pepino, piña, plátano, sandía, uva, zanahoria) y forrajes (maíz forrajero, avena forrajera, cebada forrajera, sorgo) de acuerdo con la información de la Producción Agrícola Nacional por Entidad Federativa para la serie 1980 a 2014 recopilada por Sagarpa (2017):

GRÁFICA 1.

CULTIVOS POR VOLUMEN

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Sagarpa, 2017).

El análisis entre el volumen y el valor de cada uno de los grupos de cultivos de la gráfica 1 revela la tendencia a la baja en el volumen de los granos básicos y las oleaginosas. Incluso las frutas y hortalizas sufrieron en 2014 una ligera baja en su participación del volumen total de productos agrícolas en comparación con 1994.

GRÁFICA 2.

VALOR DE CULTIVOS

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Sagarpa, 2017).

Como se ve en las gráficas 1 y 2, solo los forrajes experimentaron un incremento tanto como porcentaje del valor como del volumen total. Vemos en la gráfica 2 que las frutas y hortalizas, en cambio, tuvieron un crecimiento significativo de 4.38% como porcentaje del valor total en el mismo periodo, en tanto los granos básicos y las oleaginosas disminuyeron 6.33 y 0.15%, respectivamente.

GRÁFICA 3.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN TOTAL

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Sagarpa, 2017).

En lo que respecta a su participación como porcentaje del volumen total de la producción anual agrícola, la gráfica 3 muestra la pérdida de protagonismo de los cultivos básicos en favor de los forrajes, aunque su volumen se ha mantenido relativamente. Su crecimiento, bastante menor en comparación con los forrajes, es resultado de la política agrícola que ha sido relegar el cultivo de granos básicos, ya que estos se consiguen a precios bajos en mercado internacional, ofertados por países con ventajas competitivas y fuertes subsidios agrícolas (Cruz, Leos y Altamirano, 2012: 903).

Como porcentaje del valor total de la producción agrícola, en cambio, son las frutas y hortalizas las que representan los valores más altos, como se ve en la gráfica 4.

GRÁFICA 4.

PARTICIPACIÓN DEL VALOR TOTAL

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Sagarpa, 2017).

Desde mediados de la década de 1990 hasta la fecha, la política agrícola ha sido aumentar la participación en la industria pecuaria y sustituir la producción de granos básicos por otros de mayor valor agregado. Arroyo y colaboradores han estudiado cómo los esfuerzos por abaratar los insumos forrajeros han resultado en una “ganaderización de la agricultura”, comenzando por extender su superficie de siembra (Arroyo, 1989). Entre 1980-2009 fueron el grupo con mayor crecimiento en este rubro (59.1%) y llegando a representar 28.8% de la superficie sembrada total (Cruz et al., 2012: 899).

Esto es importante porque es indicativo de que, para los básicos, el mayor competidor en superficie son los forrajes, mientras que en recursos hídricos la competencia viene de las hortalizas. El volumen de agua subterránea concesionada para el uso agrícola aumentó casi 25% entre 2005 y 2015 (Conagua, 2015). El incremento en superficie sembrada de hortalizas, que fue de 73.3% entre 1980 y 2009, y sus incentivos para hacer uso del agua subterránea para mejorar su rendimiento afecta más en la calidad del agua disponible que la competencia con los forrajes (Cruz et al., 2012: 899).

(IN)SEGURIDAD ALIMENTARIA

Arroyo y colaboradores han identificado como factores que impiden el desarrollo agroalimentario autosuficiente en México los siguientes: destrucción de la biomasa y ruptura del equilibrio ecológico; adopción del modelo de consumo importado que tiende a imponerse y estimula cambios en el patrón de cultivos, y una insuficiente producción nacional de granos básicos, de lácteos, aceites y grasas vegetales en función del paquete tecnológico adoptado, que utiliza alimentos balanceados para ganado con ingredientes de producción deficitaria en el país (Arroyo: 1989).

Las mejoras en el rendimiento de cosechas y cualquier aumento en el valor total de cultivos deben valorarse tomando como referencia el costo de oportunidad de conseguirlos. México tiene un superávit comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial en frutas y vegetales, una ganancia que creció 672% en 2011-2015 por encima del promedio del periodo anterior de 1989-1993 (González y Macías, 2017: 12), pero para conseguir este nivel de competitividad para unos cuantos alimentos seleccionados, como el aguacate o el plátano, otro tipo de cultivos sacrificaron su superficie, agua y crédito. Tomando como referencia tan solo la superficie, en 1994 se sembraron 12 697 489 ha con cultivos básicos, mientras que en 2014 esta cifra fue de 9 954 520.71 ha, lo que representa un decremento de 21.6% (Sagarpa, 2017).

La estrategia para cubrir las necesidades nutricionales de la población se ha volcado hacia afuera, a través de la compra de alimentos baratos en el mercado internacional. Esta estrategia forma parte de la definición de seguridad alimentaria que sustituyó a la autosuficiencia alimentaria como estándar para garantizar la salud y el bienestar de la población en materia de alimentos.

Nuestra definición de seguridad alimentaria evoluciona a la par que los modelos para el desarrollo económico, así como su implementación, que comienza con aranceles y pasa por protecciones al comercio en forma de estándares de calidad e inocuidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La tensión entre los alimentos como un derecho y los alimentos como un sector económico fueron evidentes en las discusiones previas a la declaración final de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria en Roma, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (CMSAR, 2009), donde una corriente señalaba que revitalizar la agricultura en los países que categoriza como semi y urbanizados significaba enfocar los esfuerzos políticos a la agricultura competitiva en el ámbito internacional; mientras otro cuerpo de discusión e investigación se contrapuso a esta visión señalando las limitaciones de la estrategia de incorporación al mercado mundial de agricultores pequeños y medianos (Appendini, McNair y Stanford, 2012).

Fue el primer enfoque de agricultura competitiva y especializada el que se adoptó en la práctica, si bien son pocas las regiones y casos empíricos en que los hogares rurales han logrado insertarse con éxito en los mercados mundiales dinámicos, diseñados estructuralmente para el éxito de los grandes monopolios que controlan los flujos globalizados de alimentos (Banco Mundial, citado en Appendini et al., 2012: 53).

Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, de acuerdo con la CMSAR (2009), son disponibilidad, acceso, utilidad y estabilidad, sin mencionar el origen de la producción o la gestión del territorio. Todo lo que se necesita es que el Estado abastezca los mercados y garantice que los habitantes tengan los medios para acceder a ellos. Esto, pese a que las desigualdades de acceso a la renta global se agudizan, lo que significa que más y más personas cuentan con menos recursos para comer alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados, o peor, que incluso padezcan hambre. La seguridad alimentaria en su condición actual se basa en la creencia de que es posible la uniformidad alimentaria; un estándar alimentario que valga para todo el mundo (Oomen, 1971, en Ávila, 2014: 19).

Esta es una grave omisión, primero porque las importaciones pesan cada vez más en la balanza comercial: entre 1994 y 2016, desde que el TLCAN entró en vigor, México ha gastado en alimentos 37 400 millones más que el valor de sus exportaciones (González y Macías, 2017: 9).

Segundo, porque en la lógica del crecimiento económico, las políticas de producción de alimentos se integran a los distintos ejes económicos a gran escala, enlazando a empresas hidroeléctricas, extractivas y de agronegocios. En el discurso de desarrollo neoliberal de modernidad, dicha integración se justifica por una mayor eficiencia y eficacia, que favorece la inversión del capital de las distintas empresas. Lo que no se divulga con tanto empeño es que esta integración significa un mayor control por parte de las empresas tanto de los recursos de operación (agua, energía, biomasa/alimentos, hidrocarburos, minerales) como de la gestión del territorio (Boelens, 2015: 11).

Gracias a sus economías de escala y a la calidad insustancial de los productos que lo conforman, el modelo alimentario creado e impulsado desde Occidente es relativamente barato en el ámbito económico de esos países, además de que su constitución básica es simple, ya que se compone de carbohidratos, harinas y lípidos de calidad mediana (Ávila, 2014). No es casual que la autosuficiencia se abandonara por el concepto de seguridad alimentaria, favoreciendo la importación de bienes alimenticios baratos y desplazando los cultivos tradicionales por cultivos rentables con fuerte dependencia de insumos industriales (fertilizantes, maquinaria, semillas mejoradas, etcétera).

La relación entre los procesos naturales y antropogénicos ha cambiado la composición y estructura de los ecosistemas, perturbando los tiempos y los ciclos cada vez más, conforme se industrializa la producción de alimentos. El agua, que solo es un recurso de operación para los agentes económicos, es en realidad un elemento crucial en el análisis de la seguridad ambiental y está ligada a la seguridad en muchos otros sectores. El agua mantiene servicios ecológicos, protege los ciclos biológicos e hidrológicos, y la ecoesfera (seguridad ambiental). Garantiza el bienestar, el ocio, el disfrute y la conservación ambiental para una multitud de actividades humanas (seguridad de la sociedad). También mejora la seguridad económica al generar oportunidades productivas y de desarrollo (seguridad económica).

Además, el acceso al agua es una precondición de la seguridad alimentaria al permitir el cultivo y transformación de bienes alimentarios, y al hacer posible que las poblaciones accedan a alimentos suficientes, seguros, nutritivos y culturalmente aceptables. El agua y los alimentos son aislados cada vez más de los consumidores y reducidos a insumos agrícolas. Son ejemplo de bienes agrícolas que no son alimentos los cultivos para biocombustibles, que se han convertido en una amenaza para la soberanía alimentaria y la biodiversidad, porque amplias superficies y volúmenes de agua se están transfiriendo a monocultivos para producir energéticos, como la soya, palma de aceite, caña de azúcar, etc. (Peña, Duarte, Yacoub et al. 2015: 36).

Por eso, grupos de productores organizados, sociedad civil y organismos no gubernamentales (ONG) han buscado definiciones de seguridad alimentaria que reflejen mejor la problemática alimentaria en sus comunidades y les dé alguna base sociolegal en la defensa de su derecho a la alimentación. Uno de los conceptos más impulsados es el de soberanía alimentaria, definida por La Vía Campesina como

el derecho de los pueblos, los países y las uniones de estados, a definir sus políticas agropecuarias y de producción de alimentos sin imponer el dumping a terceros países. Soberanía alimentaria es organizar la producción y el consumo de alimentos de acuerdo con las necesidades locales, otorgando prioridad a la producción y el consumo locales domésticos (Vía Campesina, 2000, citada en Appendini, 2012: 55).

Una definición integral de seguridad alimentaria tiene que hacer explícitas sus conexiones con otros aspectos de lo que se ha dado en llamar “seguridad humana”, como el derecho al agua. El goce de este derecho, aparejado con una distribución equilibrada de la tierra y de protección contra las prácticas monopólicas, puede ser clave para el autoabasto y la satisfacción de la dieta en periodos de estrés económico.

CONCLUSIONES

Más que abogar por una agricultura que cuide el agua, este artículo indaga en la naturaleza del modelo agrícola actual. Los recursos hídricos se usan para producir ¿qué cosa? ¿Para quién y para satisfacer qué necesidades? Las estadísticas muestran que el mayor incremento del volumen utilizado corresponde a la producción de frutas y legumbres, con un visible abandono de los cultivos básicos, que no se han desplomado gracias a algunas mejoras en rendimientos. Con todo, las ganancias de la exportación de unos cuantos cultivos seleccionados no bastan para compensar la importación de los productos en que somos deficitarios, como lácteos, aceites y grasas vegetales.

Más aún, la insuficiente producción nacional de granos básicos, de lácteos, aceites y grasas vegetales en función del paquete tecnológico adoptado, encarecen la canasta básica al punto de que 41.6% de los hogares mexicanos manifiesta preocupación porque los alimentos sean suficientes para el consumo familiar (inseguridad alimentaria leve) de acuerdo con la última encuesta nacional de nutrición (Ensanut, 2012).

Las probabilidades de que las ganancias de los cultivos de exportación se extiendan al grueso de la población y consigan un nivel aceptable de seguridad alimentaria son muy limitadas. Como menciona Appendini, son pocos los casos en que los hogares rurales han logrado insertarse con éxito en los mercados mundiales dinámicos, diseñados estructuralmente para el éxito de los grandes monopolios.

La seguridad alimentaria se ha discutido en una escala muy grande, como resultado probablemente del origen del propio término. Un país seguro con una elevada producción agrícola y mercados bien abastecidos no se traduce en hogares seguros alimentariamente. Una disminución de la seguridad puede significar, por ejemplo, que un agricultor dispone de menos agua para regar porque hay cultivos no básicos que demandan riego continuo, o que haya menos crédito para insumos. Igual de amenazante para nuestra seguridad alimentaria puede ser la competencia desleal, o una deficiente capacidad para absorber nutrientes. Por tanto, en México el crecimiento de los rendimientos agrícolas no debe verse como un éxito alimentario, sino como un posible escenario de conflicto, en tanto la materia prima y los productos obtenidos de bienes de origen agrícola ya no están confinados al ámbito agroindustrial y mucho menos agroalimentario.

Vista de esta forma, la seguridad alimentaria es intrínseca al debate de justicia alimentaria y ambiental. Al final, conviene plantearse la necesidad de un nuevo modelo de producción y consumo.

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AGUA, MAÍZ Y BOSQUE
PARA LA AUTONOMÍA

LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL AGUA
Y EL SISTEMA ALIMENTARIO
DE DOS COMUNIDADES
INDÍGENAS MAZAHUAS

ARIANA MENDOZA FRAGOSO

En San Antonio y San Simón de la Laguna, Estado de México, los campesinos mazahuas llevan a cabo un manejo del paisaje hídrico con el fin de abastecerse de alimentos. En este contexto, la producción campesina no puede entenderse sin la gestión territorial del agua, la cual implica un amplio conocimiento y apropiación del paisaje hídrico, pues no solo se manejan los afluentes y cuerpos de agua más notables para el riego de cultivos, sino otras formas de aprovechamiento del agua —siempre vinculadas al territorio— e inmersas en prácticas productivas campesinas como la recolección, la caza y la pesca.

Para el desarrollo del argumento central de este capítulo es necesario tener en cuenta tres consideraciones. En primer lugar, es preciso entender el vínculo inseparable y recíproco entre agua y territorio, pues aunque pueda parecer obvio, es política y ambientalmente relevante, ya que no hay una sola manera de gestionar el agua, sino muchas, porque se encuentran ancladas a una perspectiva territorial y están socialmente contextualizadas, tanto es así que hay quienes ven agua donde para la mayoría resulta imperceptible.

En segundo lugar —y consecuencia de lo anterior—, el aprovechamiento del agua en la producción de alimentos no se limita a la agricultura y mucho menos a la agricultura industrial. Por el contrario, en este trabajo argumento que hay otras maneras de aprovechar el agua en diversos espacios y tiempos para producir alimentos diversificados. Finalmente, es preciso reconsiderar el agua como derecho humano, en el entendido de que no tiene que ver únicamente con garantizar el acceso a determinada cantidad del líquido por persona, sino con respetar y garantizar esos otros espacios de agua que, por muy pequeños en dimensiones, son fundamentales para garantizar el abasto alimentario de muchas sociedades campesinas. Es decir, destacar la idea del derecho humano al agua relacionado con el usufructo del líquido y, en ese caso, que es imposible pensar de manera desvinculada agua y territorio.

Lo anterior es importante en el contexto que aquí abordo por lo amenazado que se ve el futuro de la sierra mexiquense —adonde pertenecen las comunidades de estudio— ante el embate de la modernidad y los potenciales proyectos de privatización de sus aguas y tierras. Ante este escenario, los campesinos necesitan que se respete y garantice su territorio para administrarlo, incluyendo el agua, ya que de ese manejo depende su subsistencia; sin el respeto a su territorio no hay garantías para el mantenimiento de la vida indígena-campesina. De esta forma, el análisis de la producción de alimentos, del manejo del agua y de la producción de conocimientos locales, es importante por la permanencia del trabajo que, día con día, campesinos e indígenas mazahuas realizan en su ámbito familiar y comunitario, y que se queda en un espacio restringido y con pocos aliados frente a los grandes retos socioambientales que la realidad actual les impone.

Siguiendo estas ideas, y a través del caso de estudio, abordo el tema “agua y alimentos” en el contexto indígena-campesino mexicano con el objetivo de caracterizar la gestión del agua desde un enfoque territorial y reflexionar sobre su importancia para garantizar la seguridad alimentaria local. Para ello, dedico la primera sección a contextualizar al pueblo mazahua en relación con su territorio, considerando algunas características fisiográficas, ecológicas y sociales de la zona de estudio. En un segundo momento, analizo la manera en que las comunidades mazahuas de la serranía mexiquense manejan su paisaje hídrico en el tiempo y el espacio, configurando un complejo y diverso ciclo anual de alimentos en relación con el (re)conocimiento de los elementos y ciclos de su paisaje. Posteriormente, reflexiono sobre la articulación del sistema alimentario de estas comunidades con otros productos campesinos y no campesinos de la región, en busca de la diversificación de alimentos y el fortalecimiento de sus economías. Por último, incorporo algunas reflexiones finales en las que hago hincapié en la importancia socioeconómica y política del manejo territorial del agua y los sistemas alimentarios locales de cara a la autonomía, así como en sus retos frente al actual modelo hegemónico de desarrollo en México.

MAZAHUAS, AGUAS Y MONTES

Tetjo ñaa jñatjo (gente que habla su propia lengua) es como en su lengua originaria se autodenominan las comunidades pertenecientes al pueblo mejor conocido como “mazahua” (Cárdenas y Nechar, 2000), un grupo étnico con presencia en el Estado de México y Michoacán. La reconstrucción lingüística de la lengua mazahua y materiales arqueológicos permiten situar sus primeras poblaciones entre el 900 y el 1224 d.C. en la planicie rodeada por las montañas occidentales de la cuenca de México (Ruíz, 1981, y Arizpe, 1978). Dicho territorio quedó registrado en los documentos históricos como la provincia de Mazahuacan, que corresponde actualmente a los municipios de Jocotitlán, Atlacomulco e Ixtlahuaca, al noreste del Estado de México (León, 2010).

Distribuidas a lo largo de sierras y lomeríos, en los valles altos de Toluca y en las montañas del norte de la entidad, se asientan actualmente las localidades rurales mazahuas. Es posible ubicar dos paisajes diferenciados en esta región: una zona serrana y boscosa al sur, y otra con un alto grado de erosión en las planicies del norte.1 El paisaje típico del sur está conformado por pequeños valles intermontanos cubiertos de densos bosques y volcanes aislados, mientras que la parte norte2 se caracteriza por valles más extensos en los que se instauraron las principales haciendas desde la Colonia. La zona serrana presenta una topografía accidentada y, por ende, su acceso ha sido complicado. Al parecer, los asentamientos mazahuas se arrinconaron hasta las sierras colindantes con Michoacán a medida que se ejerció la dominación española y, posteriormente, la de las haciendas y caciques que se apoderaron de la parte central del territorio con mejores condiciones topográficas para practicar la agricultura extensiva.

Más allá de la diferencia paisajística, varias características socioculturales diferencian a las poblaciones de la serranía que, dada su ubicación estratégica en las montañas más altas de la región, su “zona de refugio” (Aguirre Beltrán, 1967), se perciben como las más “conservadoras” frente a las demás. Por otro lado, el paisaje serrano de la zona sur propició, desde la época prehispánica, un modo de vida lacustre gracias a sus características montañosas que dan origen a una gran cantidad de escurrimientos y cuerpos de agua .

En esta zona serrana la mayor altitud alcanza los 2 000 msnm. Hay un buen régimen de lluvias de temporal (de 1 000 a 1 200 mm al año) que comienza en abril-mayo y termina en septiembre-octubre. La captación de esta humedad ocurre en las montañas, la cual se infiltra y brota en centenares de manantiales, así se forma un régimen hidrológico superficial que se complementa con los escurrimientos pluviales; se produce un ciclo hidrosocial en el que se desarrollan especies comestibles, ya sean cultivadas o silvestres, de importancia para la caza y la recolección, base de la alimentación lacustre (Romero, 2005).

La serranía mazahua del Estado de México es un territorio importante para el centro del país por su contribución hídrica al funcionamiento de los ecosistemas y la captación de agua de lluvia (Ávila, 2007); sus bosques de pino encino húmedo y subhúmedo permiten que las precipitaciones en este territorio superen la media anual del país (1948-2009), que es de 771.8 mm, al captar 605.4 millones de metros cúbicos de agua anualmente (Ávila, 2007).3

Vale la pena ubicar este caso de estudio en el entramado de historias de despojo de tierras y aguas en el país, donde el capital privado y los gobiernos neoliberales buscan la transformación, si no es que el exterminio, de estas comunidades. Al afirmar que la producción campesina y su cultura son ineficientes y poco productivas se privilegian formas de producción industriales, con sus respectivas demandas de recursos, para satisfacer intereses capitalistas.4 La región mazahua es emblemática al respecto, múltiples programas y proyectos modernizadores han atentado contra el manejo local de agua y tierra, vulnerando así la autonomía alimentaria del pueblo mazahua. Con esa lógica, de la región mazahua se extrae desde el año 1982, a través del trasvase de agua conocido como Sistema Cutzamala, gran parte del agua que consume la Ciudad de México y su área metropolitana.5 Su infraestructura le ha valido ser considerada como uno de los trasvases de agua más importantes en la historia de Latinoamérica y del mundo, no solo por la cantidad de agua que suministra (aproximadamente 480 millones de metros cúbicos anualmente), sino por el desnivel que vence (1 100 metros de altura) (Legorreta, Flores y Jiménez, 1997).

Sin embargo, la propuesta de una cuarta etapa de construcción del trasvase, en 2004, detonó fuertes protestas sociales que mostraron los efectos medioambientales que ha dejado la obra, orgullo de la ingeniería mexicana, y las consecuencias que ocasionó en la vida de los campesinos de las comunidades ribereñas y aledañas a la infraestructura6 (Gómez, 2009). Entre otras consecuencias, el deterioro de los cuerpos de agua y de la masa forestal en la zona ocasionó la pérdida de un modo de vida y alimentación campesina ribereña. Situación que, como señala Tirel (2013:120), es “más alarmante aún que la de no tener agua entubada en los hogares, porque imposibilita la esperanza de tenerla algún día”. Esas fuentes de agua, aunque pequeñas, significaban en la mayoría de los casos la seguridad hídrica de las distintas comunidades dispersas por la región, en suma, garantizaban con ellas el abasto de agua para consumo doméstico y, además, aseguraban una diversidad de satisfactores, entre los que destacan los alimenticios, medicinales, estéticos y recreativos.

Ahora bien, ya que las comunidades abordadas en esta investigación se encuentran anidadas entre los bosques de la sierra del suroeste del Estado de México, no han formado parte del corazón de los diferentes programas modernizadores del campo ni sus territorios han sido intervenidos directamente por la infraestructura del Cutzamala. Aunque se han visto afectadas las comunidades a manera de eco, con este caso de estudio busco mostrar que, de hecho, en la región mazahua hay actualmente sistemas alimentarios locales y formas de vida indígenas y campesinas que hacen frente al modelo de despojo capitalista, de producción industrial y de consumo homogeneizador, que son posibles gracias a la emergencia de otras epistemologías sobre cómo manejar el paisaje y producir alimentos.

Dicho lo anterior, el caso de estudio abordado aquí lo conforman las comunidades de San Antonio de la Laguna y San Simón de la Laguna (en adelante, me referiré a ellas con las abreviaturas SAL y SSL); localizadas al noroeste del Estado de México, en el municipio de Donato Guerra. Consideradas como una unidad de estudio, ambas comunidades suman un territorio de más de 8 500 hectáreas que conforman la mayor de las microcuencas cerradas7 de la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, la cual, por sus características hidrogeológicas y su topografía —debido a los valles intermontanos que se forman en este territorio—, es una zona importante de infiltración de agua favorable a la recarga del acuífero (CCVBA, 2012).

Rodeado de altos bosques, el paisaje mazahua al que nos referimos se ve beneficiado por una riqueza biológica que, lamentablemente, disminuye con el tiempo. Dicha riqueza ecosistémica se acompaña de una riqueza cultural que guarda íntima relación con la lectura y el manejo del paisaje lacustre de la zona, a saber: la vitalidad de la lengua mazahua, que es notoria en ambas comunidades.

Este caso de estudio nos permitirá mirar cómo el conocimiento, la identidad y la organización indígena-campesina se refrendan y toman vigor cotidianamente a través de su sistema alimentario local, en interacción con los ecos de los programas modernizadores que no alcanzan a llegar por completo y, al mismo tiempo, como vecinas a la infraestructura del trasvase del Cutzamala. Quiero mostrar la manera en que persiste el manejo comunitario localizado en medio de un territorio amenazado. Estas comunidades se ubican en la parte alta de la cuenca, donde nacen los escurrimientos que después son represados, y no han visto una pérdida repentina de sus cuerpos de agua. Aunque ninguna infraestructura atraviesa su territorio, lo relacionado con sus fuentes de agua es una fibra muy sensible de abordar en la región. El ambiente de desconfianza no es nuevo, ambas comunidades se caracterizaron, hasta principios de los años noventa, por ser las más hostiles de la zona. La percepción de peligro ante el posible despojo, especialmente de sus aguas, se intensificó con la problemática social emanada del Cutzamala hace al menos 10 años. La vida de los campesinos, incluso en la parte alta, no ha sido la misma desde la puesta en marcha del trasvase, pues tienen claro que los ojos de empresarios y gobiernos están puestos en su territorio.

EL CICLO CAMPESINO DE ALIMENTACIÓN AGROLACUSTRE

El paisaje lacustre de la serranía mazahua es manejado por las familias de SAL y SSL para proveerse de sus propios alimentos, conformando así un sistema alimentario complejo, derivado de una larga y profunda apropiación de su territorio, una apropiación que es posible gracias al entendimiento entre los ciclos humanos y los naturales, y entre el trabajo del hombre en arreglo a los tiempos de la naturaleza. Lo anterior implica una manera de gestionar tanto agua como territorio, por lo que el caso expuesto a continuación muestra cómo el agua en asociación con el territorio pone en juego una diversidad de conocimientos acerca de los ciclos y elementos de su paisaje. En el manejo del paisaje que se realiza en SAL y SSL hay una compleja identificación de los tiempos de la naturaleza aunados a sus respectivas cosechas, por lo que llevan a cabo un aprovechamiento múltiple de este, en lo que respecta a la diversificación de espacios y también de los tiempos de producción.

En primer lugar, la identificación de los tiempos y la lectura del paisaje son ineludibles ante la incertidumbre que provoca la dependencia de la presencia de la lluvia. Lo anterior genera una búsqueda incesante de alternativas por parte de los campesinos para contrarrestarla. Alternativas que se mueven en el plano de la agricultura, la pesca y la recolección de alimentos locales, siendo la lluvia el elemento ordenador del tiempo y los ciclos de vida. De tal forma, tenemos que el conjunto de alimentos que componen la dieta de los campesinos mazahuas resulta un complejo alimenticio que puede entenderse a manera de un ciclo anual de alimentación agrolacustre.

Un buen comienzo para su descripción y análisis es señalar la centralidad que el maíz, y por lo tanto la agricultura de temporal, tiene, al estar presente cotidianamente en la dieta de las familias mazahuas en forma de tortillas como alimento básico o “de mantenimiento” (Warman, 1988), es decir, al funcionar como los cimientos de cada comida y proporcionar gran parte de las calorías y la energía necesaria para sostener las actividades campesinas diarias. Aunado a esto, las características ecosistémicas del territorio permiten que la alimentación de las familias se complemente con el consumo de diversos alimentos de estación disponibles en el paisaje en determinadas temporadas del año. Por consiguiente, el manejo del paisaje incluye, aparte de la agricultura, la recolección de productos silvestres, la cacería, la pesca y la cría de algunos animales domésticos que, al articularse, configuran un ciclo anual que puede dividirse en dos grandes periodos: el de lluvias (verde), que va de finales de mayo a septiembre, y el de secas, que abarca de octubre a abril, y que representan simbólicamente para los campesinos la vida y la muerte.

Para los mazahuas el periodo de lluvias está relacionado con la vida porque renacen pastos, hierbas y los arroyos vuelven a tener cauce. Con la venida de la primera lluvia (mayo) comienza a crecer el maíz y las especies asociadas en las milpas. Las mazorcas comienzan a crecer conforme las lluvias se intensifican en los meses de junio y julio, para que a mediados de agosto comience la temporada de elotes.8 En estos mismos meses, en el bosque crece gran variedad de hongos, mientras que, en las parcelas, jardines de traspatio, orillas de la laguna y arroyos, florecen plantas con diferentes usos medicinales y comestibles.

Durante los meses de junio y julio, a la par del trabajo de barbecho en la parcela —en el que se desyerba la milpa— se hace la colecta de quelites que nacen junto a la planta de maíz, principalmente dos que nombran “mostaza” y “gato” en la traducción al castellano. El “quintonil”, otro quelite consumido por las familias mazahuas, es una planta que suele tenerse en los jardines de los hogares, de los cuales las mujeres son las principales cuidadoras. Igualmente, en temporada de lluvias crecen hierbas comestibles alrededor de los cuerpos de agua que son conocidos como “quelites de agua”).

En suma, los tacos son de gran variedad de guisados durante mayo-octubre, según los quelites recolectados, además de otros vegetales sembrados en asociación con el maíz y cosechados a lo largo de su crecimiento. Ejemplo de ello son las calabazas sembradas en la milpa y en el traspatio. De la calabaza, la flor es el primer alimento que se consume en los meses de agosto y septiembre; en ocasiones se comen también las guías, pero sus frutos son los más consumidos durante el mes de octubre, que es cuando se les conoce como “calabacitas tiernas”. Mientras tanto, del frijol, otro producto asociado a la milpa, se aprovecha su fruto aun cuando está verde o “a medias” —como señalan algunos campesinos— y se consume así entre los meses de junio y julio.

Asimismo, la dieta se ve enriquecida por otro alimento de la temporada muy significativo para las familias mazahuas: los hongos. La humedad de la tierra, características de la vegetación y la intensidad de las lluvias, hacen del territorio de SAL y SSL un sitio propicio al crecimiento de diversos tipos de hongos comestibles que se obtienen por recolección. En la lengua mazahua es posible reconocer hasta 87 variedades de hongos que responden a diferentes etapas de la época de lluvia, es decir, que no encontraremos las mismas variedades durante toda la temporada. Principalmente son las mujeres quienes conocen las especificidades de cada variedad, esto es, en qué etapa del periodo de lluvias crecen, las partes del bosque donde se encuentran, cuál es su olor, su color y textura. La recolección de hongos pone en juego conocimientos muy finos acerca de su paisaje y de estas especies. Así, los hongos, en sus diferentes variedades, son consumidos a partir de finales del mes de mayo y hasta los últimos días de octubre.

Frutos como la zarza son alimentos recolectados en el monte durante el inicio de la época de lluvias. Este fruto se corta de los árboles durante abril y mayo, cuando los hombres van a cortar leña al monte o se va a “honguear” —recolectar hongos al monte—. Las zarzas se comen crudas a cualquier hora del día, a manera de golosinas, por su sabor dulce. En cambio, hay otros frutos, como el durazno y los capulines, que sí son sembrados por las familias en sus jardines de traspatio y que dan frutos durante la época de lluvia: los capulines en junio y julio, y los duraznos durante agosto y septiembre.

Además de los productos vegetales, la dieta campesina hace uso, durante la época verde, de gran variedad de animales e insectos que aportan nutrientes a la alimentación familiar. Dado el ecosistema boscoso que configura el paisaje de SAL y SSL, la temporada de lluvias origina estanques efímeros en las zonas más húmedas y acrecienta los cuerpos de agua perennes, configurando un paisaje lacustre que trae consigo la presencia de especies de interés alimentario, como ranas, charales y acociles, consumidos por algunas familias en tamales, mixiotes, quesadillas o en tacos acompañados de salsas.

Respecto a la “época de secas”, aunque sea llamada así por los campesinos mazahuas, en realidad este nombre se refiere solo al contraste percibido en cuanto a la presencia de lluvias de una temporada a otra. Debido a las características ecosistémicas de la zona, además de que es frecuente que aún en esta temporada se presenten breves lluvias, los campesinos saben bien que el suelo y la vegetación mantienen ciertos niveles de humedad, aun cuando las lluvias disminuyen. Derivado de esto, reconocen que si bien la lluvia es importante, no es la única forma en que puede aprovecharse en la producción de alimentos. De ahí que sería más adecuado denominar a esta temporada del año como “de ausencia de lluvias” y no “de secas”, pues esta última allana la profunda y compleja lectura que los y las campesinas tienen de su paisaje hídrico y las diferentes formas en que es posible aprovecharlo. Sin embargo, hecha esta aclaración y respetando las categorías usadas por los propios campesinos, usaré aquí la denominación “época de secas”.

El inicio de la temporada en que disminuyen drásticamente las lluvias —manifiesto en las primeras heladas— coincide con la época de cosecha del maíz, por lo que la alimentación en este periodo se basa aún más en tortillas y se diversifica con otros platillos hechos también a base de este cereal. Dicho de otro modo, aunque la disponibilidad de especies vegetales en el paisaje no es tan variada, abunda el maíz. Sin embargo, alimentos más perdurables, como el haba, el frijol, las lentejas; cereales como la avena y el arroz; sopas de pasta y huevo, los que sostienen, junto con el maíz, la alimentación de las familias durante la época de noviembre a abril. Algunos de estos productos solo se obtienen en el mercado y no directamente del trabajo familiar del campo, esto no implica necesariamente que en la época seca las familias coman menos o dejen de consumir vegetales, sino, más bien, que en esta temporada el acceso a alimentos ya no depende en tanta medida del trabajo directo de las familias en el campo, sino de la conservación de los alimentos y de otras estrategias económicas que les permitan ya sea tener el dinero necesario para comprar alimentos a terceros o intercambiarlos. Sobre esto hablaré más adelante.

Además, hay plantas y animales que se siembran u obtienen solo durante época de secas, como la siembra de humedad en el caso de las habas; la recolección de papas en el monte, y la pesca. Las habas se consumen de diversas formas, siempre de la mano del maíz, en forma de tortilla, tamales o tlacoyos.9 Incluso cuando están aún verdes, por el mes de febrero, son consumidas solo asadas y sazonadas con sal.

La pesca en la laguna de San Simón es una fuente de alimentos muy importante durante marzo y abril, que es cuando la laguna “se pone quieta”, o sea, que sus aguas se calman gracias a la ausencia de lluvias y es más fácil observar a los peces. Cabe aclarar que la presencia de pescado en la dieta de las familias no es exclusiva de esta época, su consumo también se da en el periodo de lluvias, pero está condicionado por la capacidad económica de las familias para comprar en los mercados locales a un mayor costo. Esto significa que en los meses de marzo y abril es más fácil y económico conseguir pescado fresco porque algún miembro de la familia sabe pescar o se puede obtener mediante el intercambio con algún vecino, ya sea monetario o en especie, y así la dieta de las familias se diversifica con platillos hechos a base de pescados, como las tortitas de charal, los charales en salsa verde o roja, los tamales de charal, y pescados como carpa y trucha, que se preparan bañados en salsa de tomate y siempre acompañados de tortillas de maíz.

Existen maneras en las que los campesinos aseguran alimentos producidos durante la época de lluvias para las épocas más críticas, como la de heladas. Hay un tipo de calabaza que se siembra en los jardines del hogar para aprovechar las últimas lluvias y que no se corta sino hasta después de uno o dos meses de que ha nacido el fruto. En los meses de noviembre y diciembre, la calabaza ya seca se consume como golosina luego de ponerse a hervir con azúcar para preparar “dulce de calabaza”, sus semillas se secan al sol y se consumen luego de ponerse a asar sobre un comal caliente y sazonarlas con un poco de sal.

Recapitulando, a primera vista pareciera que, sin importar la presencia e intensidad de las lluvias, hay alimentos que pasan inadvertidos, como los de origen animal y otros más que, aunque producto del trabajo directo de las familias, no son disfrutados para su consumo cotidiano. Esto se debe a que el ciclo alimenticio de las familias mazahuas incluye también las comidas de fiesta; unas establecidas en fechas obligatorias y que son de importancia comunitaria; y otras en función de ciertos acontecimientos de importancia familiar que se dan irregularmente, como los bautizos, matrimonios, primeras comuniones, construcción de casas. Durante todo el año, las comunidades de San Antonio y San Simón cumplen con un calendario de festividades católicas que guardan correspondencia con el ciclo de trabajo agrícola, el crecimiento del maíz y los fenómenos meteorológicos de los que estos dependen, principalmente de la lluvia . Es en este contexto cuando la comida ritual o de fiesta guarda una fuerte relación con la biodiversidad y los paisajes locales.

Durante las fiestas de los distintos santos, las mayordomías10 encargadas de realizarlas usan, en el cumplimiento de sus obligaciones, la variedad de productos disponibles en su paisaje para la preparación de la comida ritual, o bien, para los adornos de la iglesia e imágenes religiosas, que implican la recolecta o compra de flores y diversas plantas. Esto conlleva la conservación de maíces criollos, plantas silvestres y animales domésticos; aunado a la compra de otros productos que se han incorporado como parte importante de las celebraciones, aunque no son resultado directo del trabajo campesino, a saber: refrescos, cervezas, galletas y golosinas industrializadas.

Durante las fiestas, el maíz se consume de diversas formas, como tortilla acompañando distintos platillos, como tamales que se rellenan de distintos guisados hechos a base de los alimentos disponibles en la temporada de fiesta, como hongos, quelites, habas, frijoles o charales. Asimismo, hay una forma de consumo que se da exclusivamente en días de fiesta: el sende, una bebida alcohólica tradicional que se obtiene a través de un proceso de fermentación a base de chile y maíz.

Durante agosto y septiembre, cuando los elotes ya están listos, se preparan con ellos las llamadas “tortitas de elote”, que se consumen en la fiesta de La Asunción y de San Sebastián a mediados de agosto. A finales de septiembre y principios de octubre, cuando el elote ya se encuentra maduro, se preparan las “gorditas de elote” que, a diferencia de las anteriores, son dulces, puesto que así es el sabor del maíz en esta etapa de crecimiento. Estas últimas son consumidas durante las fiestas de San Miguel, San Francisco e, incluso, aún en la fiesta de San Simón, a finales de octubre. Los granos de maíz también se comen asados en los meses de noviembre y diciembre, y durante la celebración de Día de Muertos están presentes en las ofrendas que se colocan en cada uno de los hogares.

Me detendré un poco en esta última celebración, pues considero que, además de su fuerte entramado espiritual e identitario, el altar de muertos es la máxima representación simbólica de la riqueza biológica de la zona y del aprovechamiento culinario que los campesinos hacen de su paisaje. En los altares que se colocan año con año en cada uno de los hogares se acostumbra ofrecer diversos alimentos del gusto de sus difuntos. Algún trozo de carne o una pieza de guajolote11 (äjnä, en lengua mazahua) acompañado de salsa preparada en el molcajete, frijoles, arroz, elotes, tamales, gorditas de elote maduro y fruta de temporada, como tejocotes, cañas y dulce de calabaza; estos son algunos de los componentes principales de las ofrendas. En cuanto a las bebidas, no pueden faltar pulque,12 atole13 de masa de maíz, sende y cerveza. Exclusivamente para esta celebración, se prepara un pan de muerto en horno de adobe hecho a base de pulque; con olor que genera el pan horneado, las casas están impregnadas con una fragancia hecha de copal y olotes quemados, con la que se bendice la ofrenda durante los días que permanece en la casa.

Exceptuando el periodo de Cuaresma, en el que se consume el pescado que en su mayoría es capturado en la laguna de la comunidad de San Simón, las celebraciones religiosas son las ocasiones especiales para matar al “cerdito”, gallinas o guajolotes que las familias han criado a lo largo del año.14 En días de fiesta, el consumo de proteína, pescado y otros productos como el pan, se incorpora en la dieta campesina de manera inusual compensando su poca presencia durante la alimentación cotidiana, basada principalmente en las variedades vegetales disponibles por temporadas que se han esbozado arriba. De ahí que en la comida ritual o de fiesta se pueda ver la reunión del total de alimentos producto del trabajo familiar campesino que no solo corresponde a la siembra, sino al manejo total de su paisaje. Para tener una visión lo más integra posible del sistema de alimentación campesina de las familias mazahuas es necesario tomar en cuenta el ciclo anual, porque hay una compensación periódica que corrige la ausencia de ciertos alimentos en determinada época, con su consumo abundante en otras (Bonfil Batalla, 1987).

ESTRATEGIAS CAMPESINAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE ALIMENTOS Y RETOS FRENTE A LA MODERNIZACIÓN

El análisis de la configuración anual del sistema alimentario local muestra que, pese al esfuerzo de los campesinos por implementar estrategias para sortear las etapas de crisis que les imponen las condicionantes climáticas, recurren a otras fuentes para garantizar su abasto alimentario durante todo el año. Por esta razón es necesario incorporar al análisis el intercambio regional de alimentos. Esto es, no todo lo que consumen los campesinos es autoproducido, ni todo lo que se produce es consumido dentro de la comunidad.

Por ende, tenemos que considerar el ingreso monetario obtenido a partir de otras estrategias económicas, como la migración, un fenómeno social relevante en el contexto mazahua, con sus propias implicaciones culturales y socioeconómicas, pero que, para el tema que aquí nos convoca, es preciso rescatar, ya que gracias a él los campesinos pueden acceder a otros alimentos no disponibles en su paisaje local o que no necesariamente son obtenidos a partir de su manejo. Al respecto, si bien la dinámica migratoria permite el acceso a otros servicios y productos necesarios para sostener la vida del campesino actual, por otra parte, la salida cada vez más continua y creciente de hombres y mujeres mazahuas de sus comunidades resta tiempo y miembros de la familia para trabajar en el campo. Esto necesariamente ha traído consigo la incorporación de alimentos industrializados que si bien antes se percibían como desentendidos del medio indígena y campesino, ahora forman parte de su dieta y vida cotidiana. Me refiero a las bebidas embotelladas, pan y galletas empacadas, sopas instantáneas, dulces y hasta harinas de maíz, principalmente.

Todo ello, igualmente, resultado de la incidencia de iniciativas externas a la comunidad, como los programas gubernamentales de asistencia alimentaria que han llegado a estas comunidades y han sido un factor importante en las transformaciones de la dieta mazahua. La mayor parte de los programas alimentarios concretados en canastas de alimentos básicos o en becas, otorgados a través de un proceso de selección de hogares definidos en situación de pobreza extrema, fomentan el abandono de ciertos productos locales y el consumo de otros externos e industrializados, lo que ocasiona, a largo plazo, que las familias recurran cada vez más a la compra de sus alimentos fuera del mercado local y, al mismo tiempo, una tendencia a la uniformidad de la dieta de las familias. Lo anterior, aunado a que en la subjetividad de algunos hombres y mujeres mazahuas, sobre todo los más jóvenes, los alimentos industrializados se han vuelto símbolos de modernidad y progreso, en contraste con la comida local o “de rancho” —como ellos la llaman—, que es considerada como alegoría del atraso o la pobreza.

Sin embargo, aunque es preciso un análisis exhaustivo de las consecuencias de la incorporación creciente de alimentos industrializados con poco o nulo aporte nutricional y la consiguiente uniformidad de la dieta mazahua, es posible afirmar que la alimentación de las familias de SAL y SSL se sostiene, además de lo que se aprovecha de su propio paisaje, también de lo que producen familias campesinas de comunidades vecinas. De tal forma que el intercambio regional de productos resulta otra importante estrategia para la diversificación de su dieta y el mantenimiento de una economía campesina a escala regional.

El principal lugar para el intercambio de los productos campesinos que se siembran, recolectan o pescan, es Valle de Bravo (, el centro urbano y turístico más importante de la región, donde campesinos de los municipios vecinos, como Amanalco, Temascaltepec, Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Zacazonapan, Otzoloapan, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, y de otros más alejados, como Zitácuaro, Michoacán, llegan a ofrecer vegetales, pescados, hongos, maíz, quelites, hortalizas y artesanías.

Cabe señalar que, además de los productos campesinos, ahí mismo en Valle de Bravo se adquieren alimentos procesados básicos para la cocina mazahua, como azúcar, sal y aceite, que a veces se adquieren también en Toluca, el mayor centro urbano-industrial y capital de la entidad mexiquense, donde las familias que han establecido pequeñas tiendas en el interior de SAL o SSL se abastecen.

Otra estrategia para el intercambio de productos campesinos a una escala más local es la de “ranchear”. Una práctica común entre las comunidades mazahuas y otomíes del municipio de Donato Guerra que consiste en ir caminando —o recientemente en algún vehículo—, de pueblo en pueblo, ofreciendo sus productos. En esta forma de intercambio existe la posibilidad del trueque de productos campesinos, del mismo modo que se da entre las familias de una misma comunidad, pero que no es una modalidad valida de intercambio en el ámbito del mercado de Valle de Bravo.

En conjunto, lo anterior resulta en una red comercial diversificada que se materializa en los coloridos “mercados”, “tianguis” o “placitas” a donde acuden a intercambiar productos un día a la semana en las principales poblaciones de la región, como Valle de Bravo o la cabecera municipal de Donato Guerra. Son los mismos campesinos, pescadores o recolectores los que venden directamente sus productos en los distintos espacios destinados al intercambio de la región Valle de Bravo-Zitácuaro.

De esta manera, el sistema alimentario mazahua de SAL y SSL se encuentra inmerso en una trama de relaciones de mercado a escala regional donde, aunque también se comercializan productos que no son del campo, los principales actores son los mismos campesinos que se valen de diversas estrategias comerciales y no comerciales para fortalecer el gasto familiar y diversificar su dieta. Así pues, los intercambios locales y regionales, además de posibilitar el acceso a una amplia variedad de alimentos frescos, perfilan una economía solidaria campesina y permiten la continuidad de distintas prácticas productivas locales a la vez que fortalecen la identidad indígena-campesina regional.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL AGUA Y LAS POSIBILIDADES DE LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA

Con lo expuesto hasta aquí, es posible ver de manera muy general cómo para las comunidades mazahuas, así como para muchas otras sociedades indígenas o campesinas en México, el agua no es solo aquella que corre ante nuestros ojos por los ríos, ni solo la que sale al abrir un grifo. Manifestaciones del ciclo del agua, que en otros contextos son muy poco valoradas, como la lluvia, tienen gran impacto en la vida de los campesinos temporaleros como los que habitan en las comunidades de este estudio. Igualmente, otros espacios donde el agua no fluye visiblemente, como la humedad de los suelos en los montes y zonas ribereñas, cobran importancia en su vida diaria para garantizar sus alimentos.

Así es como el agua se diluyó a lo largo de este texto entre sus múltiples párrafos dedicados a describir los distintos espacios manejados por los campesinos, como el monte y la milpa; el agua brotó a través de las variadas referencias gastronómicas, como las tortillas de maíz, los tamales de charales, las quesadillas de hongos y tantas otras maneras en que, por medio de la comida campesina, los mazahuas se apropian de su territorio. Así, inspirado en la versatilidad del agua y su ineludible presencia en gran parte de lo que somos y hacemos, pero también de lo que comemos, el texto argumenta que el agua no solo tiene valor cuando corre por medio de trasvases, cuando está embotellada o cuando se represa para generar energía eléctrica, tiene valor en muchos otros procesos y estados que tendríamos que aprender a observar y revalorar.

En ese sentido, respecto a la relación agua-producción de alimentos, este caso evidencia —en oposición a la tendencia de considerar la agricultura como la forma más eficiente de producir alimentos y, por lo tanto, de garantizar la seguridad alimentaria— que hay otros modos de aprovechar la naturaleza que no se limitan a la producción agrícola y, más bien, incorporan como estrategia ecológica central el aprovechamiento de una gran diversidad de espacios y bienes naturales. Tal es el caso de la pesca y la recolección en las áreas lacustres. Ante la idea de que la agricultura es la mayor consumidora de agua en el mundo, el caso mazahua es testimonio de que, en principio, no hay una única forma de hacer agricultura, y que, de hecho, hay otras agriculturas que se valen del aprovechamiento de agua mediante la adaptación a sus ciclos (como la lluvia) y sus espacios (como las áreas húmedas).

Asimismo, el estudio de este caso muestra que, pese a los intentos uniformadores y desarticuladores de la vida campesina por parte del Estado y sus iniciativas neoliberales, las imposiciones de un único proyecto de vida no se materializan de la misma manera en todas las zonas rurales, en el sentido de que el mantenimiento de ciertos conocimientos y prácticas locales, e incluso la hibridación con nuevas tecnologías y el conocimiento de “expertos”, son resultado de estrategias de resistencia que han sido más fáciles de lograr por las zonas de anidamiento en las que se encuentran, no solo por razones fisiográficas, sino porque estas, aunadas a características socioculturales, mantienen cierta autonomía de los pueblos. Autonomía dentro de la cual la capacidad de depender mínimamente del mercado global de alimentos es fundamental.

Por otro lado, en la base de lo expuesto hasta aquí, se encuentran relaciones agua-sociedad que son resultado de la interacción de los y las campesinas con el territorio. Estamos hablando de una gestión del agua producto de la interacción de una comunidad con su territorio. Es decir, lo que vemos en este caso es una gestión del agua desde el enfoque territorial. Y al dejar fluir la investigación con esta perspectiva, se incluyeron en el análisis asuntos que la mayoría de las veces pasan inadvertidos en los estudios sobre gestión del agua, porque parten de buscar y problematizar solo el agua que se almacena y conduce a través de infraestructura y no el agua presente en diversas formas y aprovechada de diferentes maneras a lo largo y ancho de un territorio y a través del tiempo.

En este análisis es posible reconocer, entonces, espacios de agua invisibilizados en otros estudios, porque no se limita a aquellos cuerpos, corrientes o reservas de agua que son fácilmente perceptibles por los sentidos, sino que muestra formas sofisticadas en las que el agua se hace presente y se aprovecha gracias a observaciones continuas, históricas y minuciosas de un territorio. Por lo tanto, son formas ocultas del agua que solo es posible reconocer a partir de la apropiación territorial. Por ello, en el análisis de la gestión territorial del agua resulta importante destacar la indisoluble relación entre agua y territorio. Para el caso específico de la gestión territorial mazahua, el reconocimiento y la valoración del agua que cae en forma de lluvia y después se infiltra en los suelos humedeciéndolos por largas o cortas temporadas, es una muestra de la lectura cuidadosa y el manejo que los campesinos tienen sobre su paisaje hídrico.

Ahora bien, la relevancia teórica de abordar el agua en vinculación con el territorio es, en suma, su capacidad de movilizar los diversos componentes culturales y políticos pertinentes para analizar varios escenarios de crisis actual, por lo menos en lo referente a las defensas de territorios y la búsqueda de la autonomía (o soberanía) alimentaria. Asimismo, las formas de apropiación de espacios y recursos locales por medio de las prácticas campesinas —pesca, recolección, agricultura, etc.—, resultan diversas formas de gestionar agua y tierra; en pocas palabras: formas de construir y defender territorios. De ahí el potencial contencioso del tema de la gestión territorial del agua.

Las formas comunitarias y territoriales de gestión del agua posibilitan también, en tanto formas alternas de producir alimentos y territorios, formas de vida en resistencia cotidiana. Para el caso de estudio abordado, quizá no es una manera totalmente armónica e ideal, pero sí contrasta con la lógica de dominación hegemónica en que los humanos no solo pueden someterla y explotarla, sino que incluso se supone que tienen el deber de hacerlo. Por tanto, el papel del territorio en los temas de agua y alimentos cobra una dimensión política importante. Situar distintas prácticas y conocimientos locales en torno a un espacio apropiado subraya un ejercicio de gobierno y de derecho por localización que trasciende las decisiones diarias de las familias campesinas acerca de su territorio.

Si miramos al agua a través de las diferentes lecturas locales del paisaje, se manifiesta la diversidad de aguas en un territorio y las distintas formas en que pueden ser aprovechadas.

Para la autonomía alimentaria, las lecturas locales del paisaje son formas de intervenir en él, son el motor que posibilita que muchos grupos sociales, campesinos o indígenas, puedan abastecerse de alimentos sin depender del mercado mundial, a través de redes y procesos locales de producción y consumo mediante la autogestión de sus territorios, por eso siembro aquí la reflexión en torno a la autonomía.

La sistematización y análisis de otras maneras de usar el agua, producir y consumir alimentos, más allá de una noble labor etnográfica, fortalece la dimensión política de la gestión local del agua y de la seguridad alimentaria, al dejar claro que esas otras formas están articuladas y tienen sentido en un sistema social y político que radica en la organización comunitaria, donde son indispensables conocimientos y prácticas colectivas en torno al manejo del agua y el bosque que están marcados en una lucha constante por no abandonar el campo. En otras palabras, lo asentado aquí no son solo evidencias etnográficas, sino argumentos políticos para defender el agua y el territorio de las comunidades indígeno-campesinas y sus formas territoriales y locales de manejarlas, pues estas posibilitan la diversidad alimentaria y, con ello, cierto grado de autonomía.

En conclusión, este análisis muestra la importancia de la escala local de las organizaciones comunitarias y familiares, y del potencial que tienen para la reproducción de vidas culturalmente distintas a la hegemónica. Sobre todo, frente a la situación vivida actualmente en muchos territorios a lo largo del país, amenazados por los intereses capitalistas materializados en proyectos mineros, agroindustriales, petroleros, industriales; escenarios donde mostrar que la organización comunitaria y la apropiación local de paisajes es la manera más genuina y potente de apropiarse de su territorio resulta un argumento que, sin duda, ayuda a legitimar y fortalecer las luchas campesinas e indígenas.

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NOTAS

1 Para fines de la delimitación de esta investigación, en adelante me referiré, principalmente, a esa zona serrana cubierta por bosques a la que corresponden los municipios mazahuas de Villa Victoria, Villa de Allende, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro y Donato Guerra; a este último pertenecen las dos comunidades de estudio.

2 Esta zona “semidesértica” del norte de la región mazahua ha sufrido severos cambios ambientales originados por varios factores: la explotación de la raíz de zacatón y las actividades agropecuarias desarrolladas en las haciendas durante el siglo XIX y hasta la década de 1930; la acelerada transformación del paisaje como resultado de la intervención del Estado en materia de desarrollo agropecuario en los últimos 20 años (Vizcarra, 2002) y la caza furtiva que ha originado que algunas especies de flora y fauna se encuentren en peligro de extinción.

3 Su masa forestal favorece la captación al mantener la estabilidad del suelo, proteger el flujo, la calidad del agua y regular el clima; se mantiene así un índice de evaporación de 47% y una infiltración de agua de lluvia de 34%, equivalente a 1.3 millones de metros cúbicos de agua filtrados anualmente que se suman al total de la captación, por lo que también tiene una función hidrológica relevante para la recarga de acuíferos (Ávila, 2007).

4 En la zona norte de la región mazahua se han llevado a cabo programas estratégicos en materia de modernización del campo que han desarticulado las formas de manejo territorial del agua y, con ello, las formas locales de producción. Tal es el caso de la desecación, agotamiento y contaminación de los vasos lacustres del alto Lerma en favor del crecimiento urbano-industrial de la región que, además, condujo a la salida de mazahuas de toda la región hacia las ciudades (Arizpe, 1979) y, con ello, al sucesivo abandono del campo, por lo que a partir de los años setenta el gobierno mexicano comenzó a impulsar en la región programas para atacar la pobreza y recuperar la autosuficiencia alimentaria, creando así campos de intervención y control social al responder con políticas subsidiarias a la producción y al consumo alimentario, que finalmente tuvieron un resultado a corto plazo, pues luego de promover las bondades del uso de insumos y el monocultivo de maíz, poco a poco, conforme se fue retirando el apoyo, sus tierras dejaron de producir (Vizcarra, 2001).

5 La zona metropolitana del valle de México incorpora 11 delegaciones del Distrito Federal y 11 municipios del Estado de México, una metrópoli que supera los 20 millones de habitantes y para la cual el Sistema Cutzamala aporta 40% (15.6 m3/s) del agua que demanda (CNA, 2005).

6 Contaminación de ríos, desecación de manantiales, desaparición de flora y fauna, inundaciones al subir el nivel del agua, enfermedades por aguas contaminadas, expropiación de terrenos con compensaciones injustas y el pobre o nulo abasto de agua entubada a los hogares aledaños a la infraestructura del Cutzamala fueron solo algunas de las denuncias.

7 Se le considera cuenca cerrada puesto que no hay escurrimientos superficiales importantes que salgan de la cuenca, luego de que el flujo natural superficial que tenía con el río Amanalco fuera interrumpido por un evento volcánico que formó el cerro El Coyote. No obstante, tiene comunicación subterránea con la cuenca del río Amanalco a través de los manantiales de Xoltepec, San Bartolo y Mihualtepec (CCVBA, 2012).

8 Mazorca tierna de maíz que se consume cocida o asada en México y otros países de América Central.

9 Un tlacoyo es una tortilla gruesa, ovalada y larga, preparada con masa de maíz, la cual puede ir rellena de diversos ingredientes, como frijoles, alberjón o habas cocidas y sobre la cual se coloca, a manera de aderezo, una mezcla de ingredientes, como nopales, queso, salsa con chile y cebolla. La palabra “tlacoyo” viene del náhuatl tlaoyo (empanada de maíz desgranado), y a lo largo de México varía su nombre de región en región: tclacoyos, tlatloyos o tlayoyos).

10 Familia encargada de la administración de los gastos y organización de una celebración religiosa.

11 Es la forma en que en México se le conoce al “pavo” y que proviene del náhuatl hueyxolotl, que significa monstruo grande.

12 Bebida alcohólica, blanca y espesa del altiplano de México, que se obtiene haciendo fermentar el aguamiel o jugo extraído del maguey

13 Del náhuatl atolli, ‘aguado’; el atole es una bebida que se elabora con maíz cocido, molido, diluido en agua o leche y hervido hasta darle cierta consistencia, a la que se pueden agregar sabores edulcorantes o jugo de frutas de estación. Es típica de México y de otras zonas de América Central.

14 Muchas veces estos animales criados también se intercambian entre los vecinos por dinero u otros productos a los que no se tiene acceso, como en el caso de las familias que no poseen tierra para sembrar y necesitan conseguir maíz de terceros; o para matarlos en fiestas familiares, como matrimonios, bautizos, cumpleaños y primeras comuniones, que por lo regular se celebran durante la fiesta patronal de cada pueblo, en tanto que es el único día del año en el que un sacerdote oficia misa en las parroquias de ambas comunidades.

GRIETAS EN EL MURO
DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

DE COCHABAMBA A LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS DE ACUEDUCTOS DE COLOMBIA

MARÍA ALEJANDRA VILLADA RÍOS

INTRODUCCIÓN

La guerra del agua emprendida por el pueblo boliviano en 2000 y la experiencia de remunicipalización del municipio de París en 2008 son referentes de alternativas a la privatización del agua en América Latina y el mundo, y son parte de una tendencia que ha revertido en algunos lugares la propiedad corporativa de los sistemas de abasto municipal. En este sentido, en Colombia hay procesos de fortalecimiento de organizaciones comunitarias de acueductos que, a través del impulso de asocios público-comunitarias y la conformación de redes de cooperación, vienen resistiendo al modelo privado.

El presente texto esboza, en un primer momento, el contexto que configura la privatización del agua en América Latina, caracterizado por el impulso a la modernización de las leyes de agua y el fortalecimiento de la propiedad y la empresa privada; en un segundo momento, da cuenta de diferentes propuestas que se han realizado en América Latina y Europa como alternativas a la privatización del líquido. Finalmente, desarrolla el caso colombiano en relación con procesos de fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y de la reapropiación que estas organizaciones están ejerciendo en sus territorios; son un tema relevante en el contexto de la justicia hídrica con equidad social.

MODERNIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL AGUA

El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros actores económicos globales, impulsan modelos globales de gestión del agua que se consolidan con posiciones políticas y narrativas de la crisis global, en la que se construye la escasez del líquido para justificar el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos que, en “concordancia con el concepto hegemónico de gobernanza global, aspira a transformar las relaciones entre el Estado, sociedad civil y sector privado en los países en desarrollo” (Terán, 2005, 88) por medio de la incursión de operadores privados para el abastecimiento, desplazando la gestión pública y comunitaria del agua.

Para legitimar la representación y los discursos que caracterizan la privatización de los comunes,1 se han realizado diversas cumbres, eventos y foros que fundamentan la episteme de la gobernanza global del agua.

Fecha

Evento

Declaración

1972

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, Estocolmo. Preservación y conservación del ambiente humano

Se recomienda que los gobiernos estudien la posibilidad de establecer comisiones internacionales de cuencas hidrográficas; que la ONU apoye la acción gubernamental en materia de ordenación de los recursos hidráulicos a partir de asistencia técnica y financiera, para evaluar los efectos reales y potenciales de la ordenación de los recursos hidráulicos sobre el medio oceánico.

1972

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agua, Mar del Plata. Evaluación de los recursos de agua. Uso y eficiencia del agua

Partió de reconocer que el agua no es solo un bien para ser usado, sino también para ser protegido y cuidadosamente administrado.

Examinó la situación general del agua en el mundo y adoptó el Plan de Acción de Mar del Plata con el propósito de resolver los problemas hídricos que enfrenta la comunidad internacional.

1981 – 1990

Proclamación del Decenio Internacional del Agua Potable

y del Saneamiento Ambiental

Década durante la cual los Estados Miembros de la ONU asumirán el compromiso de lograr una mejora sustancial en las normas y los niveles de los servicios de suministro de agua potable y saneamiento ambiental para el año 1990.

1990

Consulta Global sobre Agua Potable y Saneamiento para los 90, Nueva Delhi: Agua potable segura, saneamiento ambiental

Fue aprobada en la Reunión Consultiva Mundial sobre Agua Potable y Saneamiento Ambiental en el decenio de 1990, se proclamó formalmente la necesidad de facilitar, sobre una base sostenible, el acceso al agua potable en cantidades suficientes y el establecimiento de servicios de saneamiento adecuados para todos, haciendo hincapié en el principio de “algo para todos y no mucho para unos pocos”.

1992

Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, Dublín. Valor económico del agua, mujeres, pobreza, resolución de conflictos, desastres naturales, sensibilización.

El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia con los que se destina, y debería reconocérsele como un bien económico.

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra UNCED), Río de Janeiro

Se abordó el tema de la cooperación, economía del agua, participación, agua potable y saneamiento, asentamientos humanos, desarrollo sostenible, producción de alimentos y cambio climático

1994

Conferencia Ministerial sobre la provisión de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, Noordwijk, Holanda

El tópico fue asignar alta prioridad a los programas diseñados para proveer saneamiento básico y sistemas de disposición de excretas en las áreas urbanas y rurales.

1995

Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, Copenhague, Dinamarca

Erradicar la pobreza en el mundo y, en relación con el tema del agua, suministrar en forma sostenible acceso a agua potable en cantidades suficientes y servicios sanitarios adecuados para todos.

1996

Cumbre Mundial de Alimentos, Roma

Elaborar políticas y planes nacionales y regionales apropiados para los recursos hídricos y las cuencas hidrográficas, así como técnicas de aprovechamiento de aguas; promover el mejoramiento del riego de manera económica, social y ambientalmente apropiada, en particular el riego en pequeña escala.

1996

Se constituyen: el Consejo Mundial del Agua (World Water Council, WWC) y la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP)

El Consejo Mundial del Agua es una plataforma internacional donde participan actores sociales, académicos, gubernamentales y económicos. La Asociación Mundial del Agua es una instancia de concertación internacional que agrupa a una red de organizaciones implicadas en la gestión de los recursos hídricos.

1997

Primer Foro Mundial del Agua, Marrakech, Marruecos

Se analizó una visión global, sobre el agua del mundo a largo plazo y los desafíos que plantea el siglo XXI para su abastecimiento y saneamiento, gestión de aguas compartidas, preservación de los ecosistemas, equidad de género y uso eficiente.

1998

Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible, París, Francia

Declara que el agua dulce es tan esencial para el desarrollo sostenible como para la vida, y que el agua tiene dimensiones sociales, económicas y ambientales interdependientes y complementarias; por ello se compromete a movilizar recursos financieros adecuados de origen público y privado y mediante esfuerzos encaminados a mejorar el uso efectivo de los recursos disponibles.

2000

Segundo Foro Mundial del Agua, La Haya

Los recursos de agua dulce del mundo se gestionarán de forma integrada en todos los niveles, desde los locales hasta los internacionales, con el fin de servir a los intereses del género humano y del planeta tierra, con eficacia, eficiencia y equidad.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

7: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

2001

Conferencia Internacional sobre Agua Dulce, Bonn, Alemania

Se declaró la importancia de combatir la pobreza y lograr un desarrollo equitativo y sostenible donde el agua desempeña una función vital en relación con la salud humana, los medios de sustento, el crecimiento económico y el mantenimiento de los ecosistemas. Todo esto a partir del buen gobierno, la movilización de recursos financieros y el fomento de capacidades e intercambio de conocimientos.

2002

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Rio+10, Johannesburgo, Sudáfrica

Plantea la necesidad de prevenir la contaminación, de elaborar planes y programas de eficiencia en el uso del agua y que desarrollen el enfoque de manejo integrado de los recursos hídricos.

2003

Tercer Foro Mundial del Agua, Kioto, Japón

Se declara que cada país se hará responsable de sus necesidades de agua a través de autoridades locales y comunidades, que tendrán el poder necesario para llevar a cabo sus proyectos, esto con la búsqueda de financiamiento, incluyendo la participación del sector privado y el desarrollo de mecanismos de asociación de entidades públicas y privadas para tales fines.

2006

Cuarto Foro Mundial del Agua, México

Agua para el crecimiento y el desarrollo; implementación de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH); suministro de agua y servicios sanitarios para todos; gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente; y gestión del riesgo.

2009

Quinto Foro Mundial del Agua, Estambul,Turquía

Se reconoce que el agua es un tema transversal y por ello se aunarán esfuerzos para continuar este tema con el fin de innovar la gobernanza, las políticas integradas de gestión del agua, marcos legales, políticas transversales, mecanismos de financiamiento y tecnologías, en combinación con el desarrollo de capacidades.

2012

Sexto Foro Mundial del Agua, Marsella, Francia

Garantizar el derecho al agua, equilibrar los usos múltiples del agua por medio de la gestión integrada de recursos hídricos, así como mejorar la calidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20. Río de Janeiro, Brasil

Se definen lineamientos para la transición del planeta hacia una economía verde basada en un modelo de desarrollo económico con erradicación de la pobreza y protección ambiental.

2015

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Se pretende mitigar la escasez de agua y, para ello, es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, montañas, humedales y ríos. También se requiere más cooperación internacional para estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en desarrollo.

Fuente: elaboración propia con base en Menjivar y Figueroa, 2003; Del Castillo, 2009; Pero-Sanz, 2012; Hidalgo, 2012; Bárcena y Prado, 2016.

Las organizaciones, instituciones financieras y agencias de cooperación que han participado en la mayoría de conferencias, foros y cumbres, han establecido tendencias en los discursos del agua y generado una globalización asimétrica y excluyente en las políticas de agua. En la década de 1980, las narrativas del líquido se relacionaban con prácticas sobre el cuidado del medio ambiente, la satisfacción de las necesidades básicas humanas y el fortalecimiento de las relaciones entre las naciones. Para los noventa, la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, realizada en Dublín, fue un hito en los temas de gestión del agua, en la medida en que, en sus postulados, se concebía al líquido vital como un bien escaso y, por ende, un bien económico. Esto implicaba acciones ligadas al establecimiento de precios y mercados para los usos del agua, donde la escasez, la rentabilidad, los costos de oportunidad y la eficiencia económica eran los principios y herramientas para un manejo integrado de los recursos hídricos, basados en la demanda.

Al tiempo, las políticas internacionales inspiradas en las declaraciones del primer Foro Mundial del Agua establecieron que esta debía ser considerada como un bien público global, siendo necesario que los países en vías de desarrollo que cuentan con mayor oferta hídrica, recibieran financiamiento a través de la cooperación entre distintos actores que, articulados, constituyeron lo que hoy se denomina Consejo Mundial del Agua (World Water Council, WWC) y la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP). Estas instituciones, redes o asociaciones, con miras al fortalecimiento de la gestión integrada del agua, incentivan los asocios públicos-privados, entendidos como

Una coalición voluntaria de actores públicos y privados, nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que mediante una división del trabajo y de las responsabilidades entre los miembros participantes, tiene como su propósito constitutivo el diseño, implementación y monitoreo de intervenciones especificas acordadas consensualmente y encaminadas a la provisión de un bien público global y/o a la contención de un mal público global (Terán, 2005: 124).

A través de esta premisa y con base en la cooperación, las políticas son diseñadas, implementadas y monitoreadas a través de este tipo alianzas como mecanismo para fomentar la participación de empresas nacionales y transnacionales. En los últimos años, la cantidad de asocios público-privados transnacionales ha aumentado debido al impulso generado a la modalidad de gobernanza por instituciones financieras multinacionales y por las Naciones Unidas.

Los actores del sistema internacional suelen presentar políticas e iniciativas como productos recientes que permitirán combatir la crisis del agua, a través de su apoyo y financiamiento. En el año 2007, el BID elaboró una propuesta denominada Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento, la cual tenía como propósito central

apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe en el logro de acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento en forma sostenible, con calidad y confiabilidad y teniendo en cuenta la capacidad de pago de la población (BID, 2007: 16).

En Colombia, para el año 2012, el BID aprobó un préstamo por 60 millones de dólares,2 con el fin de contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de abastecimiento de aguas y correcto manejo de las aguas residuales en las comunidades rurales. Para concretar los propósitos del préstamo, el BID elaboró los lineamientos orientados al diseño e implementación de políticas de agua. Tales lineamientos estaban dirigidos al fortalecimiento de las categorías de inversión: i) infraestructura; ii) desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional del prestador, iii) asistencia técnica y modelos de apoyo postconstrucción en zonas rurales, y iv) administración, seguimiento y evaluación. Para el sector urbano son los mismos.

Los marcos conceptuales y normativos delineados por la banca multilateral han servido de fundamento para el diseño e implementación de políticas de agua y reformas normativas que dan entrada a la inversión extrajera; es decir, a multinacionales que generan tanto en la zona urbana como en la rural, diferentes formas o caras de la privatización,3 lo que agudiza problemas sociales de acceso y suministro de los servicios públicos domiciliaros por falta de pago. Por ejemplo, en Colombia, con la implementación de la ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios se ha impulsado la privatización de las comunidades organizadas de acueducto, generando desigualdades e injusticias hídricas.

Pese a la oleada de la privatización del agua, a través de la constitución de una episteme global y hegemónica del líquido, instaurada por organismos internacionales, surgen y se construyen epistemes alternativas que procuran otro tipo de relaciones y de alianzas para la gestión del agua, dejando de lado los asocios público-privados, aportando relaciones de carácter público-público, público-comunitario y comunitario-comunitario. A continuación, se resaltan dos casos importantes: la “guerra del agua” en Bolivia y el proceso de remunicipalización en París.

LUCHAS POR LA RECUPERACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COMUNITARIA DEL AGUA

En Cochabamba, Bolivia, en el año 2000 salieron a las calles, mujeres y hombres a protestar en contra de la política que privatizaba el agua y consiguieron expulsar a la empresa Aguas del Tunari,4 que pretendía venderles el agua a precios muy elevados. Este hecho se considera un hito mundial que representa los fracasos de la privatización del agua. Fue en 1998 cuando la banca internacional (BM, FMI, BID) realizó un préstamo al gobierno boliviano para diseñar e implementar políticas de agua y saneamiento básico, dirigidas a la transferencia de los recursos del sector privado, concediendo

préstamos para el fortalecimiento de las empresas de agua más importantes del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), apoyó la creación de la Superintendencia de Aguas, y culminó con la formulación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (No 2029), más aún, financió el proceso de licitación en La Paz (LR 14-I- 97); en suma, el Banco Mundial orientó y participó en la elaboración de las reglas del juego para la privatización del agua y sus servicios, en Bolivia (Crespo, 2001). Pero, al mismo tiempo, a través del IFC, el Banco participa como actor del sector privado (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 2005, 8).

El gobierno implementó una de las condiciones del préstamo, relacionadas con la privatización de las empresas públicas del país. La empresa Servicio Municipal de Agua Potable (Semapa), localizada en Cochabamba, era una de ellas. Para 1999, comenzaron las negociaciones del gobierno boliviano con un único ponente en la subasta, la compañía Aguas de Tunari, “un consorcio formado por dos socios bolivianos menores, y la International Water Co., una empresa británica cuya propietaria era la Bechtel Corporation, como socio mayoritario (Barrera, 2009, 93).

Con este panorama, las cooperativas de regantes, comenzaron a reunirse con ambientalistas y académicos para estudiar las condiciones del contrato y sus posibles consecuencias. A finales de 1999 y principios de 2000, llegaron las primeras facturas con un incremento de 25% del ingreso promedio de los cochabambinos, lo que generó un descontento mayor entre los usuarios, quienes empezaron a asistir a las reuniones antes nombradas. Conformaron así la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida. En esta articulación se definía y organizaban las huelgas y protestas que empezaron a expandirse por todo el país. “En marzo, la Coordinadora realizó un plebiscito extraoficial cuyo resultado arrojó una mayoría abrumadora de rechazo al proyecto de privatización (97% de cerca de 50 000 votos)” (Barrera, 2009: 94). Resultado de las movilizaciones, de la alianza entre distintos actores locales y de la coalición política comunitaria, fue el término de la concesión del gobierno boliviano a Aguas de Tunari, sin consecuencias legales. Hecho histórico que se denominó “la guerra del agua”.

Después de 16 años, la propuesta que ha surgido desde las comunidades que prestan el servicio de agua en barrios periféricos de Cochabamba es la cogestión como modelo de gestión comunitaria y pública, resaltando los usos y costumbres con el manejo de los comunes, como el agua. Para 2009, en el sur del municipio funcionaban 120 comités de agua, en la zona periurbana 150 y en la zona rural una cantidad no definida. Los sistemas atienden un promedio de 200 familias asociadas y algunos hasta 30 o 40 familias (Zibechi, 2009).

En Bolivia es claro que la agencia y el cuestionamiento a la privatización de los servicios públicos de agua nace de la organización de base, pues fueron:

Los campesinos regantes [quienes] dieron la voz de alerta, dijeron a las ciudades: nos quieren quitar nuestra agua, nuestra vida. Fueron escuchados por la mayoría, los obreros de las fábricas, los maestros, los transportistas, los comerciantes ambulantes, los desocupados, la gente sencilla y trabajadora, y también algunos ricos, como los dueños de hoteles y condominios asistieron a esta convocatoria (Oliveira, 2006, 89).

Para el caso de Francia, la alternativa fue la remunicipalización, que se inicia en 2001, cuando el recién electo alcalde socialista de París, Delanoë, comunica a la ciudadanía la necesidad de trasladar el control de los servicios de agua al Ayuntamiento de la ciudad, pues la empresa que garantizaba el agua a los parisinos era administrada por la Suez y Veolia, dos multinacionales que cuentan con grandes monopolios globales en los mercados de agua. En marzo de 2008, Delanoë fue reelegido como alcalde y, en noviembre del mismo año, el Ayuntamiento de París decidió cancelar el contrato de servicio de abastecimiento de agua del municipio con Veolia y Suez y creó una empresa pública, Eau de Paris, que operaría el sistema a partir de 2010.

La remunicipalización de París tiene como antecedentes un número de acontecimientos y actores involucrados que configuraron la devolución a manos públicas de un servicio de agua y saneamiento que beneficia a más de 2.2 millones de habitantes. Cabe anotar que en esta ciudad se asientan las corporaciones de agua más rentables del mundo: Veolia Environnement y Suez Environnement; asimismo, se observa gran contaminación a causa de los desechos industriales y de agua residual de uso doméstico que amenaza la sostenibilidad del líquido vital. En 1984, Veolia y Suez firmaron con el gobierno de turno un contrato por 25 años para administrar los servicios de agua, saneamiento y facturación de la ciudad. Veolia proveía a la orilla derecha del río Sena, y Suez la izquierda. Desde la firma del contrato,

las tarifas de agua aumentaron enormemente, en más de 265% entre 1985 y 2009, solo para el agua potable, con actualizaciones automáticas de las tarifas cada tres meses; en cambio, los precios solo aumentaron en 70.5% durante el mismo periodo. Este incremento provocó fuertes sospechas sobre las excesivamente altas tasas de beneficios para las dos compañías. Por ejemplo, las tarifas de agua en París aumentaron en más de 90% entre 1991 y 1997, mientras que en el mismo periodo solo aumentaron en 51.5% en otras ciudades francesas de más de 100 000 habitantes (Pigeon, 2013, 32).

Fue importante reconocer que la privatización del servicio de agua y saneamiento significó para los parisinos un aumento en la porción salarial destinada a pagos del servicio, así como irregularidades en los contratos de mejoras a las obras de infraestructura, pues ambas compañías contrataban a sus propias filiales para hacerlo. Esto generó que, en el primer periodo de mandato de Delanoë, se estableciera un equipo que controlara y vigilara la ejecución de las obras de infraestructura, además de una sección separada para el agua en el presupuesto de la cuidad.

Paulatinamente se fortalecieron los argumentos que apoyaban la remunicipalización, uno de los más fuertes se refería al aspecto técnico y financiero, debido a las auditorías y estudios realizados por la ciudad y por la SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris), cuyos resultados indicaban que si la empresa estaba en manos públicas, podría lograrse un ahorro sustancial a la ciudad. Por ello, en 2007 el Ayuntamiento tuvo un voto mayoritario para sacar a Suez y Veolia de la SAGEP. Otro de los argumentos fuertes estaba relacionado con que la gestión del agua en manos públicas se podría realizar de manera más eficiente, pues la ciudad podría administrarla como un bien común y no como una mercancía. En noviembre de 2008, el Ayuntamiento de París decidió que el conjunto del sistema de agua fuera operado por una entidad pública a partir del 1 de enero de 2010.

Eau de París es propiedad pública y está bajo el control de la ciudad. El Ayuntamiento decide todos los nombramientos de los altos ejecutivos. El Consejo es el órgano supremo de la organización e incluye a un presidente; 10 miembros del Ayuntamiento, dos representantes del personal y cinco personas “cualificadas”, incluyendo dos expertos en agua y saneamiento y representantes de una organización no gubernamental para el medioambiente, una organización de consumidores y un miembro del Observatoire Municipal de l’Eau (Observatorio Municipal del Agua) (Pigeon, 2013, 41).

Poner en marcha la nueva gestión pública del agua en la capital francesa trajo consigo grandes retos, entre los cuales estaba asumir la administración de una empresa que contaba con 15 sindicatos diferentes y con quienes fue necesario negociar salarios y condiciones laborales. Otro desafío estaba relacionado con el sistema financiero, “en particular con la transición de la contabilidad y los procedimientos de compra de un sistema privado a uno público” (Pigeon, 2013, 39). Asumiendo los retos, Eau de París comenzó sus operaciones y, en sus primeros años, demostró que el sector público puede ser operado de forma eficiente, responsable, participativa y transparente. Muestra de ello es que hoy los parisinos acceden a agua de calidad con precios justos y tienen una mayor participación en la toma de decisiones referente al sistema público de agua. Asimismo, hubo un ahorro financiero significativo por encima de las expectativas, pues

La transición le costó a Eau de Paris cerca de 15% de sus ingresos en el primer año, pero como los excedentes financieros alcanzaron los 68 millones EUR (cifra que debe compensarse porque algunas inversiones de capital se postergaron), Eau de Paris ahorró unos 35 millones EUR respecto de los costos de sus contratos previos con Suez y Veolia gracias a la remunicipalización (Pigeon, 2013, 42).

Este caso de remunicipalización demuestra cómo la administración del agua en manos públicas es una alternativa viable a la privatización; genera mayores niveles de confianza entre los ciudadanos, propicia prácticas de protección de los recursos hídricos y elabora propuestas, planes y proyectos a largo plazo que contribuyen al bienestar de los usuarios.

En el marco de la tendencia de la remunicipalización como alternativa a la privatización y a los asocios púbico-privados, se suma el impulso de los asocios público-comunitarios y comunitarios-comunitarios, como en los casos de los municipios de Girardota, La Unión y Támesis del departamento de Antioquia, y acueducto La Sirena, localizado en la ciudad de Santiago de Cali del departamento del Valle-Colombia. En el siguiente apartado se hacen algunos apuntes sobre los fundamentos de los asocios comunitarios que han dotado de capacidad la intervención en lo público de dichas comunidades, a través de formas comunitarias de lo político y la política, que impulsan, como lo menciona Gutiérrez (2012), la configuración de la política de lo común, a partir de la apertura de horizontes de reapropiación colectiva de la riqueza social.

HACIA UNA POLÍTICA DE LO COMÚN: QUIEBRA POLÍTICA DE LAS EMPRESAS DEL AGUA

Entender los acuerdos público-comunitarios y comunitario-comunitario ha implicado varios aspectos: uno, la construcción de un camino como alternativa a la privatización del agua; dos, el fortalecimiento de un proceso asociativo sin ánimo de lucro que se fundamenta en principios de solidaridad, autonomía, transparencia, equidad e imparcialidad, en diferentes escalas territoriales (local, regional, nacional e internacional), y tres, el tema de la autonomía municipal y de las comunidades organizadas de acueducto (Villada, 2012).

Las experiencias de gestión del agua en manos comunitarias en el departamento de Antioquia dinamizaron la elaboración de políticas públicas municipales en La Unión, Támesis y Girardota, fundamentadas en acuerdos público-comunitarios y comunitarios-comunitarios. Aunque con desarrollos desiguales, estos acuerdos de los Concejos municipales5 buscan defender la gestión pública y comunitaria del agua a través de políticas públicas de fortalecimiento organizativo, técnico, administrativo y económico de las comunidades que prestan los servicios públicos esenciales de acueducto y alcantarillado en los municipios, mediante acciones de apoyo, articulación y participación entre los prestadores, la administración municipal y demás entidades que tengan asignadas sus funciones y competencias específicas en la materia objeto de la política.

En procura de obtener la satisfacción de las necesidades vitales de la población y la garantía efectiva de sus derechos al acceso y suministro de agua potable y saneamiento básico, la materialización de la política pública de iniciativa comunitaria se realiza a través de su reglamentación, que es expedida por el Concejo municipal por medio de un decreto (Villada, 2012).

El acuerdo del acueducto comunitario La Sirena, en el departamento del Valle del Cauca, consistió en una estrategia de cooperación institucional entre dos organizaciones sindicales Sintracuavalle y Sintrambiente y el acueducto comunitario. El acueducto La Sirena abre el camino al fortalecimiento de la gestión pública y comunitaria de los acueductos veredales6 y a la defensa del agua como bien común.

Ahora bien, en Colombia no se cuenta con un estimado exacto y actualizado del número de organizaciones comunitarias que prestan el servicio de agua. De acuerdo con el Inventario Sanitario Rural, realizado entre 2000-2002, se estiman alrededor de 11 200 organizaciones comunitarias en todo el país y, para el caso del departamento de Antioquia, la Secretaría de Salud reportó, en 2012, 2 840 organizaciones en la zona rural. Si bien estas cifras oficiales no dan cuentan de la magnitud de los procesos comunitarios que gestionan el agua, lo que realmente se pretende destacar es la construcción sociocultural, histórica y política que las comunidades organizadas de acueductos han realizado sobre su territorio, llámese barrio, corregimiento o vereda.

En este sentido, es importante resaltar que, más allá de la incidencia en políticas públicas, los procesos comunitarios de la gestión del agua en Colombia se han caracterizado históricamente por una lucha en la construcción de sus autonomías a través de procesos sociales, políticos, culturales y ambientales propios de sus prácticas comunitarias. Esto se ha visto reflejado en la creación de espacios comunitarios horizontales, como las asambleas en sus diferentes escalas asociativas (municipal, departamental y nacional), las resistencias frente a la imposición de la episteme de la gobernanza global del agua y en una marcada tendencia a la acción directa comunitaria, como los convites, las romerías y diferentes actividades de la vida cotidiana que les han permitido fortalecer lo comunal. Asimismo, es necesario anotar que las comunidades organizadas de acueducto no solo están unidas por las redes hidráulicas o tubos, sino por los lazos y entramados comunitarios de solidaridad y cooperación para la reproducción de la vida cotidiana a través de territorialidades diversas, que de manera dialógica han impulsado y configurado una epistemología comunitaria del agua y una política de lo común.

Esta producción de lo comunitario alrededor del agua impulsa un camino alternativo a las políticas dominantes, fundamentado en la autogestión, la libertad de asociación, la igualdad de derechos y deberes entre sus integrantes, la participación comunitaria, la solidaridad, vecindad, respeto por el medio ambiente, construcción desde los territorios y para ellos, cuotas familiares y asocios públicos-comunitarios (Villada y Giraldo, 2010), que históricamente construyen y deconstruyen formas de organizarse y ejercer propuestas asociativas que dan vida a nuevas formas de integración y relación con los comunes, así como la solución conjunta de problemáticas reales que se asientan en territorios caracterizados por prácticas sociales que lo determinan cultural y políticamente, dotando de sentido modos de vida que contradicen la realidad dominante impuesta por el capital.

En este orden de ideas, la producción y reproducción de lo comunitario a través de la gestión y defensa del agua genera inclusión colectiva y construcción de códigos relacionales entre los miembros de la comunidad, lo que produce la vida social en torno a diferentes escalas territoriales, solidaridad y cooperación, pero también permite la resolución de tensiones y conflictos propias de las dinámicas políticas y económicas de lo comunitario.

Las experiencias de las organizaciones comunitarias de acueductos de los municipios de Girardota, La Unión y Támesis, del departamento de Antioquia, tienen las características mencionadas, enfatizando la consolidación de un proceso político de larga duración que se expande a diferentes escalas territoriales a través de redes solidarias y de trabajo colectivo en torno a un ethos comunitario que se fundamenta en el reconocimiento del agua como sustancia común para la vida. Sin agua no hay vida. De ahí la defensa de la gestión pública y comunitaria del agua sin ánimo de lucro, desde valores y principios de economía social y solidaria; y la declaración de las organizaciones comunitarias de acueductos como bien común, patrimonio cultural y ambiental de la nación. Las organizaciones autónomas exigen el derecho a ser arte y parte del gobierno de sus territorios para tomar los acuerdos y decisiones obligatorios en torno a la preservación de lo común. Todo esto ha sido construido y acordado desde las asambleas veredales y barriales, extendiéndose a los consejos de las asociaciones municipales y departamentales de acueductos que confluyen en la red nacional de acueductos comunitarios de Colombia.

Asimismo, tanto la experiencia colombiana como la boliviana forman parte de una plataforma internacional de acuerdos público-comunitarios que, sobre la base de los principios, valores y reivindicaciones antes nombradas, pretenden seguir construyendo y fortaleciendo el camino y contenido de una forma distinta de política: la política de lo común.

A MODO DE COROLARIO

Las experiencias presentadas, desde “la guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, pasando por la remunicipalización del servicio público de agua en el municipio de París, Francia, hasta los procesos de las organizaciones comunitarias de acueductos en Colombia, permiten evidenciar las grietas que se generan en el muro de la privatización del agua, fundada en los discursos y narrativas de la gobernanza global, definidos, justificados y legitimados por los actores hegemónicos de la comunidad internacional. Tales rupturas se manifiestan en cada uno de los casos analizados.

En Cochabamba, Bolivia, la grieta se dio a partir de la lucha por el control popular y comunitario de la gestión del agua, pues fueron los campesinos regantes, indígenas, obreros, maestros y sociedad civil, organizados en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, quienes presionaron al gobierno de turno y a la multinacional Aguas de Tunari para terminar un contrato millonario que enriquecía a la empresa privada a costa del pago de altas tarifas de los ciudadanos de Cochabamba. La grieta en el muro privatizador se fundamentó en el fortalecimiento de una coalición política comunitaria que se movilizó y generó alianza entre distintos actores locales, produciendo formas nuevas de democracia, participación, opinión y toma de decisiones, para presionar el término del contrato. A través de cabildos, asambleas, protestas autónomas en la calle y sin intermediación de partidos políticos, se dio la grieta en el modelo político y económico que se quería implantar.

En París, Francia, la remunicipalización como alternativa viable a la privatización quebró la política hegemónica liderada por Suez y Veolia, al cuestionarse las irregularidades financieras y técnicas de la empresa privada, reflejadas en millonarios contratos para el mejoramiento de obras, los cuales fueron encargados a sus propias filiales para obtener beneficios adicionales por medio de precios altos y el aumento importante de las tarifas (más de 265% entre 1985 y 2009). A partir de auditorías que revelaron las irregularidades, el Ayuntamiento reconoció la remunicipalización como una opción creíble, realista y atractiva para ciudadanos y políticos insatisfechos con la privatización, pues “la ciudad ahorró aproximadamente 35 millones EUR en su primer año y pudo reducir las tarifas de agua en 8%” (Pigeon, 2013, 139). Es decir, la gestión en manos públicas demostró eficiencia, eficacia, transparencia, participación y la configuración de políticas progresistas en relación con el agua a través de asociaciones público-públicas.

Finalmente, en Colombia se impulsa y fortalece la construcción de un camino alternativo que genere grietas en los cimientos de las políticas hegemónicas, diseñadas e implementadas desde la década de 1990 hasta la fecha. Se cuestionan los proyectos de privatización del líquido vital y se genera un diálogo permanente que parte de los espacios asamblearios entre vecinos y vecinas, comuneros y comuneras, de veredas y barrios de los municipios, y se expande como un tejido de política de lo común a las administraciones municipales y al Congreso de la república a través de redes solidarias y colectivas, donde confluye la apuesta por una gestión comunitaria del agua. En este sentido, es importante que la gestión sea comunitaria y nadie se apropie del agua como mercancía, sino que se aprecie como un común necesario para la vida, quebrando el muro privatizador a través de la organización comunal.

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

1 Por comunes entenderé el agua, los bosques, la tierra y las relaciones comunitarias que se tejen en torno a su gestión, cuidado, apropiación y defensa.

2 Tomado de http://www.elmundo.com/portal/noticias/obras/el_bid_fortalece_el_manejo_de_aguas_en_colombia.php

3 Según Silvia Ribeiro (La Jornada, 2005), las caras pueden resumirse así: privatización de territorios y biorregiones; desviación de cauces para la construcción de represas e hidrovías; contaminación, monopolio de tecnologías, privatización de los servicios de aguas municipales y embotellamiento del líquido.

4 Un consorcio empresarial formado por Bechtel, la empresa norteamericana Edison, las empresas bolivianas A. Petricevich y Sobece, S.A., y el consorcio español Abengoa.

5 “Constituyen la forma a través de la cual los Concejos municipales adoptan las decisiones a su cargo. Su naturaleza jurídica es la de ser actos administrativos.” (Academia Colombiana de Jurisprudencia).

6 Los acueductos veredales se refieren a sistemas y organizaciones comunitarias que gestionan el agua y están asentadas en las zonas rurales de Colombia, comúnmente son población dispersa.

PRÁCTICAS LOCALES
FRENTE A LA
INSEGURIDAD HÍDRICA

INUNDACIONES Y DESLAVES
EN LA HUASTECA POTOSINA

EDGAR TALLEDOS SÁNCHEZ

INTRODUCCIÓN

El presente escrito examina cómo se despliegan y construyen las prácticas locales de hombres y mujeres campesinas, indígenas y mestizas, en dos casos en la Huasteca potosina. El primer caso trata sobre inundaciones en las comunidades de La Laguna y Bazuche, en el municipio de Tanquián. El segundo, el deslave de un cerro en Tenexo, perteneciente a Tampamolón Corona. En el texto se establecieron los puntos de debate sobre la concepción de los fenómenos hidrometeorológicos, las bases sobre las cuales se piensan y comunican su “peligrosidad” con ideas naturalistas y deterministas de la lluvia, inundaciones y deslaves, para luego contrastarlas con las formas que adquieren los riesgos asociados a estos fenómenos en las comunidades mencionadas, específicamente para argumentar cómo y cuáles son las prácticas locales ante inundaciones y deslaves, cómo se conceptualizan, explican y resuelven.

EL DEBATE SOBRE LOS RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS

En dos notas de periódico se puede leer:

Un número indeterminado de comunidades rurales en cinco municipios de la Huasteca potosina, principalmente de población indígena, quedaron aisladas por inundaciones causadas por lluvias en los últimos días, informó hoy el secretario general de gobierno, Refugio Araujo del Ángel, quien aseguró que “ya se destina ayuda a los damnificados” y que con maquinaria pesada se abre camino hacia las comunidades. Dijo no tener conocimiento preciso de los daños causados por el agua, aunque advirtió sobre el riesgo de que la cosecha de naranja se pierda en su totalidad en esa región del estado. Explicó que el municipio más afectado es Tamazunchale, donde se teme por el desbordamiento de algunas presas (unomásuno, 1982).

Se prevén lluvias muy fuertes en Tamaulipas, y fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz […] De acuerdo con los pronósticos, el frente frío número 10 se extenderá sobre los estados del noreste y oriente de la República mexicana, lo que originará nublados densos con potencial de lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en zonas de Tamaulipas; fuertes (de 25 a 50 mm) en regiones de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, y de menor intensidad (de 0.1 a 25 mm) en localidades de Hidalgo y Puebla […] La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante la cuenta de twitter @Conagua_clima y en las páginas de internet http://smn.Conagua.gob.mx y www.Conagua.gob.mx (La República, 2014)

Esta información contiene afirmaciones, cifras y sentencias sobre el estado del tiempo en la Huasteca potosina y estados colindantes con el golfo de México. Aglutina representaciones, pronósticos valorados, “aceptados” por un círculo de expertos, autoridades e instituciones que las emiten. No solo es información, sino datos “reales” e interpretados de la atmósfera, con condiciones y formas que pueden llegar a ser, según lo relatado, catastróficas para los lugares y familias donde impactan los fenómenos hidrometeorológicos (ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo, heladas; sequías, ondas cálidas y gélidas y tornados).

Para poseer una batería de números, gráficas, mapas, opiniones, se despliegan dispositivos discursivos y tecnológicos: radares meteorológicos, estaciones meteorológicas convencionales y automáticas que ordenan y colocan las cosas convenientemente, mediante acciones para producir pronósticos ante los fenómenos. Instrumentos que se anclan a una red de conocimiento especializado que precisan de un manejo, medición, observación, escritura y traducción de los datos (Nieto Olarde, 2008: 5, 10). De esta manera, se intenta que los hechos hablen por sí mismos, por medio de datos, imágenes, comunicación y científicos (Latour, 2007: 54).

Se advierte una idea de naturaleza externa a la población, un espacio y territorio como contenedor de fenómenos naturales, estático, neutro, como destino manifiesto. Este tipo de concepción, lectura y producción de conocimiento se encuentra arraigado en la explicación que se da de los riesgos de desastres por fenómenos hidrometeorológicos en gran parte de los encargados de las políticas públicas que los atienden en México, en autoridades y científicos que participan en su elaboración, y en instituciones como el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Un claro ejemplo es la Conagua en su definición sobre este tipo de fenómenos, retomada de la IFRC:1

Los fenómenos hidrometeorológicos extremos, tales como sequías, inundaciones y huracanes, son eventos naturales que con frecuencia resultan en desastres con pérdidas humanas y materiales. En el análisis de los desastres, se encuentra que los daños estimados como porcentajes del PIB son significativamente mayores en países subdesarrollados, lo que puede acentuarse de continuar la tendencia global a la concentración de la población en localidades urbanas. Se consideran desastres de origen climático e hidrometeorológico las sequías, inseguridad alimenticia, temperaturas extremas, inundaciones, incendios forestales, infestaciones de insectos, movimientos de tierra asociados a situaciones de origen hidrológico y las tormentas de viento (Comisión Nacional del Agua, 2016: 199).2

La causalidad establecida en la explicación de los fenómenos y los datos es clara. Empero, lo que se quiere resaltar es cómo la promoción y producción de estas notas manifiestan una “verdad” científica que pretende ser única, incuestionable, hegemónica. Trata de alejarse de la política, puesto que su interpretación se basa en las condiciones de los fenómenos atmosféricos como la lluvia, ciclones o granizadas, y los asume como naturales, neutrales y estáticos.

No obstante, los hechos de la “naturaleza”, como lluvia, nieve o granizo, nunca hablan por sí mismos. Dependen de la perspectiva del analista y lo que le interesa al grupo o institución para la que labora, la cual se encuentra en un contexto político y de poder (Castree, 2011: 9). El ejercicio del poder trae consigo prácticas clasificatorias tanto de los fenómenos hidrometeorológicos como de la relación sociedad-naturaleza, la cual se escinde en dos mundos opuestos (Nieto Olarde, 2008: 4).

En consecuencia, el riesgo y el desastre que se vinculan a los fenómenos hidrometeorológicos se producen en un dilatado proceso social, político y económico, diferencial y territorializado. Es una amalgama de apropiaciones del tiempo y el espacio atmosférico y de las formas territoriales y políticas, en un corto y largo plazo en las poblaciones urbanas y rurales. Por ende, las prácticas materiales que se concretan en discursos, en distintas edificaciones, modificaciones de ríos, formas de agricultura, ganadería, urbanización, medición y comunicación de las variables meteorológicas (temperatura, precipitación, humedad, insolación), forman una producción del espacio que se expresa en diversas escalas. Esto permite comprender cómo aparecen los riesgos por lluvia, viento y granizo en distintas regiones.

La naturaleza es una segunda naturaleza, apropiada, significada, razonada y argumentada con signos y representaciones espaciales, con discursos en su tiempo-espacio específico, es decir, en las condiciones históricas, políticas, económicas y culturales en las que se ha construido el espacio. Así, este es un producto social que expresa una interacción entre teoría y práctica (Moraes, 2002: 22). Por consiguiente, no posee

nada de “condición” a priori de las instituciones y del Estado, sino que es una relación social, pero inherente a las relaciones de propiedad (la propiedad del suelo, de la tierra en particular), y que por otro lado está ligado a las fuerzas productivas (que conforman esa tierra, ese suelo); veamos que el espacio social manifiesta su polivalencia, su “realidad” a la vez formal y material. (Lefebvre, 2013: 141.)

De ahí que en los riesgos que se asocian a fenómenos hidrometeorológico hay que observar, en este caso, el tipo de relaciones sociales, económicas y políticas que conforman el espacio y que, al mismo tiempo, construyen el riesgo y las diversas dimensiones del propio desastre (Vera, 2014: 13). En esa forma, la organización local y comunitaria de los pueblos indígenas, campesinos, en espacios urbanos o rurales, de las prácticas locales (acciones antes, durante y después de una emergencia, la decisión de construir pequeñas obras hidráulicas o reglamentos en una colonia, barrio o ejido), deben ser parte de la explicación de los riesgos, de su manejo y resolución.

En esta perspectiva es manifiesto que en la Huasteca potosina,3 donde se localizan los dos casos de estudio, La Laguna y Bazuche, del municipio de Tanquian Escobedo, y Tenexo, en el municipio de Tampomolón Corona, son parte de una amalgama de complejidades territoriales y articulaciones políticas y económicas regionales (mapa 1). De ahí que el paso de las masas nubosas de los huracanes —Hilda (1955), Janet (1955),4 Gilberto (1988), Gert (1993) y Dolly (2014)— tenga que ser pensado en este contexto con población indígena, católica o protestante, por las autoridades de Protección Civil de los municipios que integran la región, del estado y del gobierno federal. Del mismo modo deberán ser las explicaciones de los historiadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos que analizan la época de desarrollo de estos meteoros y las propias inundaciones en Tampico y en la Huasteca potosina. Así la lluvia, la granizada, motivadas por el frente frío o ciclón aparecen totalmente integrada a la forma social de los territorios de la Huasteca potosina (mapa 2 y gráfica 1).

MAPA 1.

REPRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE LA HUASTECA POTOSINA

En síntesis, la Huasteca es un producto histórico, diverso y heterogéneo, por la forma como se ha poblado y por ocuparse en amplias áreas de terrenos de agostadero para el ganado, como se observa actualmente; con ríos llenos de desechos urbano-domésticos, colonias con problemas de inundación en Ciudad Valles, Tamuin y Tanquián, y puntos para el recreo de turistasm como en Aquismón, Tanlajás y Xilitla, al igual que un territorio con hidroeléctricas y termoeléctricas a las orillas de sus ríos; producción de ganado; plantaciones de naranja, limón, liche, caña de azúcar y café en sus montañas. Esto forma parte de las nuevas configuraciones: la disputa por la tierra, la violencia del narcotráfico, la actuación de las organizaciones gremiales, como la Confederación Campesina (CNC), son parte misma de la organización actual de territorio. Por eso, el fenómeno hidrometeorológico es parte de la realidad social apropiada e integrada en esta región de San Luis Potosí.

MAPA 2.

REPRESENTACIÓN DE CICLONES EN LA REGIÓN HUASTECA, SAN LUIS POTOSÍ

GRÁFICA 1.

CICLONES TROPICALES QUE SE GENERARON EN EL OCÉANO ATLÁNTICO DE 1997 A 2015

Fuente: elaboración propia con base en Servicio Meteorológico Nacional y Comisión Nacional del Agua (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004); Rosengaus y Hernández (2006), Hernández (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Bravo (2012, 2013, 2014, 2015).

PRÁCTICAS LOCALES FRENTE A INUNDACIONES Y DESLAVES EN DOS CASOS DE LA HUASTECA POTOSINA

En el primer caso, las localidades de La Laguna y Bazuche,5 pertenecientes al municipio de Tanquian Escobedo, están localizadas en los márgenes del río Moctezuma, por el cual transita agua de la presa Zimapán que contiene una considerable cantidad de agua que se desecha en la ciudad de México. Según los relatos de los pobladores, recuerdan afectaciones importantes por inundación de sus casas y cultivos en los años de 1947, 1971 y 1993. En el caso de 1993 un ejidatario explicó:

Yo me inundé en 1993 porque abrieron las compuertas de una represa por allá lejos, yo me tuve que subir a mi tapanco con mis hijos, ahí, en un árbol, nos horquetamos, después dos amigos me fueron a traer en su lanchita y me sacaron de ahí (Antonio, 2016).6

Aquí se ve la explicación no como producto de un fenómeno hidrometeorológico (aunque en términos oficiales se menciona al ciclón Hert, 1993, como el causante de estas inundaciones que acontecieron en Ciudad Valles en esas mismas fechas), sino por el manejo del agua en la presa Zimapan,7 que se alimenta con agua que proviene de la Ciudad de México y que corre por el río Moctezuma y el Pánuco.

Otro punto es cómo se atiende la emergencia ocasionada por la inundación. Las reacciones de resguardo en sitios que se detectan como seguros aparecen de inmediato. Al mismo tiempo, las relaciones de vecindad y familiares permiten la rápida ayuda de amigos, vecinos, compadres, que se despliegan en acciones de búsqueda y rescate de las personas más afectadas, como se confirma en estos dos relatos:

yo vigilo el río, veo cómo va subiendo el agua; cuando veo que sube, saco mis muebles, a mi familia y yo me quedo a vigilar en la noche para que no vayan a robar (José, 2016).

Ya cuando vemos que se va inundar, pues ayudamos a los compadres o vecinos para sacar sus cosas (Ernesto, 2016).

el agua, cuando se mete por este cañón, como no tiene salida allá, pues tiene que regresar al río. En 1993 pasó el camino y mojó todo en la casa. En otros años solo movemos para acá arriba los animales (Josefina, 2016).

Estas explicaciones expresan un conocimiento local cristalizado en prácticas de vigilancia y prevención que ayuden a tomar medidas de resguardo de la vida de los integrantes de la familia y del patrimonio familiar como un primer momento ante la inundación. Un punto axial por considerar es cómo el propio conocimiento de los procesos de inundación en su localidad se adquiere por experiencia directa y recurrente de estos acontecimientos, además de las conversaciones entre familiares y vecinos sobre las razones y características en que se desarrolló la emergencia.

Por otro lado, aparece como preocupación importante las acciones y prácticas del gobierno municipal y su propia autoridad local, respecto a la ayuda y los apoyos se otorgan, pues reclaman que las autoridades gubernamentales no ofrecen soluciones al problema recurrente de las inundaciones en sus tierras, terrenos y casas:

Los salones de la escuela de acá atrás los construyeron porque los estudiantes de Bazuche se inundan, se supone que se iban a cambiar para acá, pero mire, ahí está cerrado y abandonado (José, 2016).

Hay personas que solo vienen a preguntar y escribir y se van, ya no regresan y no ayudan en nada (Rosa, 2016).

La opacidad en el manejo de la ayuda en la inundación es constante: “Nada más vea qué familia está en el municipio, quién lo maneja y a quién apoya” (Rosa, 2016), lo que indica el comportamiento de las autoridades en este tipo de eventualidades y confirma la desconfianza hacia el gobierno municipal. No obstante, no se pude decir que esta posición sea generalizada en toda población, ya que depende, en muchos casos, de los lazos de parentesco entre los sujetos y los grupos domésticos del lugar. Así aparecen argumentos en defensa del compadre, que a su vez es autoridad y se encarga de la administración municipal. Como dijo un habitante del Bazuche: “¿Verdad, compadre, que el presidente ya compró una lancha con motor para cuando se inunde?, es algo, ¿no?” (José, 2016).

En el conjunto de estas explicaciones llama la atención cómo se justifica y arguye, en este caso, la resolución de la contingencia por la crecida del río con base en un pequeño implemento técnico; como lo hacen las propias autoridades gubernamentales estatales o federales. Este discurso muestra cómo la práctica local se construye abigarradamente entre la costumbre, la tradición, la política local, el disenso, el contexto regional económico, el compadrazgo y el clientelismo político. No como una práctica prístina, lejana a las relaciones de poder.

En esta situación, la organización territorial y económica de la población de estas localidades, con sus parcelas de naranjas, limones y mandarinas, y la zona de ganado, han ocupado las márgenes del río Moctezuma y parte de las orillas de sus afluentes en distintos momentos. Y es sumamente importante, ya que son las tierras que se inundan y por las cuales, en algunos casos, se solicita apoyo por la pérdida de cosechas o animales.

Particularmente en este caso, la construcción territorial, aunada al manejo del agua de las presas de los afluentes del Moctezuma (edificaciones fuera de la zona administrativa y del territorio municipal) han cristalizado zonas de riesgo en un aparente paisaje8 de parcela, con algunas pequeñas edificaciones, amplias áreas de cultivo y ganado, que a su vez se encuentran en los antiguos suelos aluviales del río que, en las crecientes de los ríos (como denominan los pobladores a la inundación de casas y parcelas) son afectadas. “Las casas más afectadas son las que están en la parcela, pues ahí entra directito el agua” (Ernesto, 2016). Es más, llevó a que en el momento de la inundación de 1993, “las personas que se inundaron se fueron para Tanquián, pero ahora están regresando ahí donde se inunda” (Pablo, 2016).

Resulta claro que la configuración y apropiación territorial actual de estas localidades en Tanquián muestra el interés permanente por preservar las tierras y la propiedad, como patrimonio familiar y área de trabajo.

IMAGEN 1.

CANCHA DE BASQUETBOL

Se ha anegado por el agua que se desborda del río Moctezuma. Del lado derecho e izquierdo se pueden observar plantaciones de naranja, limón y plátano, que han sido afectadas por las crecidas del río. Localidad La Laguna, Tanquián de Escobedo, abril de 2016.

IMAGEN 2.

CAÑÓN FORMADO POR EL RÍO MOCTEZUMA

Localidad de Bazuche, Tanquián de Escobedo. Los pobladores de esta localidad ven como una amenaza constante que se desborde el agua, derrumbe las orillas del río y dañe la escuela de la comunidad y algunas tierras y casas. Para evitarlo plantean la edificación de un muro a las orillas para que no se siga desbordando y no llegue a las casas y la escuela. Un poblador convencido de la medida mencionó: “Yo ahí tengo grava suficiente en mi terreno, ahí donde viven mis hijos en mi terreno para construir el muro y que no se derrumbe” (Pedro, 2016).

El segundo caso es el desgajamiento de un cerro, en 2014, en la comunidad nahua de Tenexo,9 en el municipio de Tampomolón Corona. Se localiza a las orillas del río San Antonio. En ese año, parte de una ladera del cerro sepultó una casa, afectó otro par más, y modificó cultivos de maíz. Esto llevó a que una vivienda se desocupara y quedara deshabitada. El juez de la comunidad explica el acontecimiento: “Las personas que vivían aquí se dieron cuenta que se estaba desgajando el cerro, pues estuvo lloviendo toda la noche ese día. Salieron en la noche, no alcanzaron a tomar muchas de sus pertenencias” (Abraham, 2016).

En esa situación se expone —al igual que en el anterior caso— cómo el resguardo de la vida es el principal objetivo al percatarse de la emergencia. La observación de las condiciones y el tipo de lluvia es importante para comprender la magnitud del acontecimiento, en este caso motivado por un desagajamiento, como los pobladores llaman al deslave. Ahora bien, en la descripción del fenómeno, el juez y los pobladores de Tenexo muestran un concocimiento directo de su territorio, del agua y de las distintas zonas:

En esa parte del cerro que se derrumbó había un manantial, donde sale mucha agua; de más arriba existe otro manantial que da agua a la comunidad. En ese cerro siempre escurre mucha agua, y si usted ve, ahí mismo se ve la grieta donde se derrumbó el cerro (Juan, 2016).

IMAGEN 3.

CASA AFECTADA POR EL DERRUMBE EN TENEXO

Después del desgajamiento del cerro los dueños de la casa trataron de reconstruirla; no obstante, según su propia narración, ya habían desistido, pues tenían otro terreno más seguro donde no pasaría de nuevo esto.

En este proceso, una casa del pueblo fue deshabitada debido a que el lodo y la tierra sepultaron gran parte de la edificación. Un par de casas más fueron dañadas por este evento. Las autoridades locales, como el juez y el comisariado ejidal, fueron los que actuaron y ayudaron a las personas afectadas. No hubo participación del municipio ni de ningua otra autoridad municipal o estatal. Con esto se observa cómo hay una reacción inmediata de los locales, pero del exterior no hay predispoción a prestar ayuda. La actuación de vecinos y familiares de los afectados es igualmente el primer y más importante resorte de auxilio.

Cuando pasó el derrumbe, nosotros fuimos los que les ayudamos a salir, aunque ellos ya se habían dado cuenta. Quitamos la tierra y limpiamos la casa al otro día. Esa familia decidió irse a vivir al otro lado del pueblo, esa casa la dejó aquí (Abraham, 2016).

Estos argumentos constribuyen a evidenciar la importancia de la actuación local en estas comunidades para el resguardo de la seguridad de las personas afectadas y la preservación de los bienes. La explicación del derrumbe pasa por el conocimiento local de las tierras que se cultivan y que se caminan, adquirido en un largo plazo. En este contexto, las preocupaciones se dirigen a las condiciones en que se pueda resolver de forma inmediata y práctica el riesgo que no acontece de la misma manera que una inundación, puesto que si bien se afectan zonas de cultivo de maíz, lo que apremia es que no queden sepultadas las personas.

También la organización politica y social local es sumamente importante, en este y en otro tipo de riesgos que los habitantes de Tenexo ilustran. Por ejemplo, las condiciones que presenta el río San Antonio:

Había un puente colgante que el agua destruyó, ahora solo tenemos este de cemento colocado sobre el cauce, y cuando baja mucha agua, ya no se puede pasar, hay que darle la vuelta al río para salir o entrar al pueblo. Es complicado, principalmente para los estudiantes que salen a la escuela o a otros lados (Juan, 2016).

Aquí se identifican elementos de prácticas locales frente a los riesgos relacionados con el agua, aunque no con los fenomenos hidrometeorológicos. Pero están asociados a diversas escalas de actuación de las autoridades y en la producción de los propios espacios riesgosos en la Huasteca potosina.

Es notable cómo, en lo que los reportes oficiales consideran zonas marginadas, como es el caso de Tenexo, se ve una amplia y rápida organización de los grupos domésticos para enfrentar y resolver los riesgos asociados a lluvias, crecidas de río y desgajamiento de cerros, en un contexto de amplia desigualdad evidente, en el que la población no puede construir un pequeño puente que mantenga comunicada su localidad. Así se confirma que los hechos metoerológicos, altitudinales o gubernamentales, no solo hablan por sí solos, sino que son parte de la disputa de una forma de gestión del agua, pero también de una manera de producir el territorio.

REFLEXIONES FINALES

Hay una forma centralista y esencialista de explicar los riesgos hidrometeorológicos que solo piensa en la cantidad de lluvia que se precipita (e incluso habría que observar la diversidad de sus manifestaciones en la misma Huasteca potosina). La concepción y vinculaciones deterministas que tienen de los fenómenos hidrometeorológicos, depresiones tropicales y subtropicales como responsables directos de los deslaves o de inundaciones, no explican realmente la forma compleja diferencial y desigual en que se construyen los riesgos. Mucho menos las acciones que emprenden los habitantes de las comunidades estudiadas para resguardarse de las emergencias suscitadas por una inundación o deslave. Más aún, el conocimiento acumulado por las experiencias surgidas de las inundaciones y deslaves, en los casos de estas pequeñas localidades, los ha llevado a implementar obras o resoluciones particulares entre familias y con ayuda de vecinos.

Por otro lado, con esto se puede confirmar que la comunicación sobre las tormentas tropicales, frentes fríos y ciclones que se difunde en los medios y se esparce por las redes sociales, más que estimar si distorsiona o interpreta de forma distinta los datos que el científico produjo, lo que interesa es subrayar cómo esta comunicación refuerza una idea de naturaleza, territorio y población que profundiza las relaciones de poder y minimizan en todos los casos el conocimiento y prácticas locales para enfrentar los riesgos. Sin embargo, en las comunidades, en los momentos de emergencia, ese conocimiento resulta en acciones inmediatas y prácticas para la protección y seguridad de la familia, del grupo, del vecino, del amigo.

Es importante apuntar que, en estas mismas situaciones, las condiciones de las relaciones de poder político y económico, y los arreglos institucionales, aparecen claramente en la resolución o tratamiento de los desastres, como ya lo mencionara Oliver-Smith (1996). De este modo, no se piensa en las localidades y pueblos de la Huasteca como pueblos que viven en armonía y en una intocada naturaleza. Al contrario, lo que se advierte es cómo, en sus distintas organizaciones políticas, ejidales, comunales, privadas, urbanas, de pueblos indígenas y mestizos, enfrentan inundaciones y derrumbes. El conflicto, la disputa, forman parte de los acuerdos políticos en la resolución de estos riesgos hidrometeorológicos.

Un aspecto destacable es que los pobladores de los casos estudiados son sujetos activos en la explicación y búsqueda de soluciones de los desastres o riesgos. No siempre con medidas o acciones benéficas para toda la población ni que resuelvan los riesgos permanentes de las crecidas de los ríos, por ejemplo. Lo que se advierte es que, además de ser parte de las relaciones desiguales y de poder dentro y fuera de sus localidades, son portadores de un conocimiento práctico. No quiere decir que se pueda tener la solución para situaciones de riesgos y desastres relacionados con el agua, ya que a veces las causas trascienden su territorio de actuación, como en la localidad de Bazuche y La Laguna en Tanquián de Escobedo, cuando han sido afectadas por los desfogues de agua de la presa Zimapán en Hidalgo.

El conocimiento y la práctica local son sumamente importante para la forma como se resuelven los desastres y se enfrentan los riesgos. Aunque hay que decir —como se vio en los relatos— que son prácticas abigarradas, mezcla de soluciones y concepciones del territorio y de la misma lluvia y agua.

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Entrevistas

Rosa, 11 de abril de 2016. Inundación en La Laguna.

Pablo, 11 de abril de 2016. Inundaciones en La Laguna.

Pedro, 11 de abril de 2016. El caño del río Moctezuma.

José, 11 de abril de 2016. Inundación en La Laguna.

Josefina, 1 de abril de 2016. Inundación en La Laguna.

Juan, 23 de junio de 2016. El derrumbe de Tenexo.

Antonio, 11 de abril de 2016. Inundación en El Bazuche.

Ernesto, 11 de abril de 2016. Inundación en La Laguna.

Abraham, 23 de junio de 2016. El derrumbe de Tenexo.

NOTAS

1 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se dedica a actuar antes, durante y después de desastres o de emergencias en salud para responder a las necesidades y mejorar las vidas de las personas vulnerables (IFRC, 2017).

2 Asociar las inundaciones como fenómeno hidrometeorológico, resultado automático de las lluvias, ha sido puesto en duda por una amplia batería de investigaciones, en las cuales se observa cómo la forma de producción del espacio urbano es parte medular en la construcción de los desastres por inundación. La inundación tiene su origen en la forma de producción del espacio social, dentro o fuera de la ciudad. La configuración y construcción del territorio es fundamental, puesto que tanto la urbanización como la propiedad de la tierra, los conflictos por poseerla, la forma de jure y de facto, tanto del Estado como de las poblaciones indígenas o mestizas, son básicas para estudiar las inundaciones, no solamente la lluvia, como insisten en reportar tanto los científicos que elaboran los reportes como las autoridades que los incorporan a su discurso. Esto ya lo han demostrado Perevochtchikova y Lezama de la Torre (2010); Ríos (2005); Siena y Valencio (2006), sólo por citar algunos autores.

3 La Huasteca potosina no solo se puede definir en términos fisiográficos o por la delimitación administrativa que realiza el estado de San Luis Potosí, debido a que, como apunta Betancourt (2002): “La Huasteca siempre se ha estudiado y documentado desde y en comparación con el altiplano central y, de manera errónea, como una zona alejada, marginal, de los grandes centros de poder. Podemos afirmar que la Huasteca nunca estuvo aislada, como se puede comprobar con nuevas fuentes de archivo internacional, nacionales, regionales y locales o con el trabajo de campo prolongado” (pp.10-11).

4 En 1955 la historia de Tampico quedó marcada por un trágico suceso, conocido como “La tragedia de 1955”, que comenzó con las constantes lluvias propias de la temporada, aunadas al caudal que trajo el huracán Gladis, el azote directo del huracán Hilda y, finalmente, las torrenciales lluvias y el caudal arrojado por el huracán Janet, haciendo en conjunto que se registrara la inundación más asombrosa del siglo que hasta el momento se conociera en el mundo entero, trayendo como consecuencia que la región, y principalmente a Tampico, fuera declarada zona de desastre (Alice, 2009).

5 En 2010 la comunidad de La Laguna tenía 169 habitantes y El Bazuche 206.

6 Los nombres de los entrevistados se modificaron para mantener el anonimato.

7 En 2003, y en distintas fechas de 2014: 22 de julio, 9 de septiembre y 6 de octubre, se han abierto las compuertas de la presa Zimapán, manejo de agua que ha inundado diversas poblaciones y tierras ocupadas por diversas poblaciones en las márgenes del río Moctezuma en San Luis Potosí.

8 El paisaje aquí sería la continuidad visible del espacio. Solo un momento del territorio.

9 En 2010 Tenexo tenía 282 habitantes.

EL MONITOREO Y PRONÓSTICO
DE CICLONES TROPICALES

¿COMPONENTES ESENCIALES
PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA EN MÉXICO?

JUAN ALBERTO VELÁZQUEZ ZAPATA

INTRODUCCIÓN

En este artículo se discute, en primer término, la relación entre riesgos y desastres en la agenda internacional de la seguridad hídrica; en particular se plantea cómo aún se prioriza la reducción y el manejo del riesgo en lugar de enfocarse en los factores sociales que lo generan. Un ejemplo de ello son los sistemas de monitoreo de alerta temprana de ciclones tropicales. Así, en este trabajo se presentan los métodos de monitoreo y pronóstico de la trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales y su aplicación en México. El caso del monitoreo del huracán Patricia (octubre de 2015) permitió contrastar la información científica generada por los métodos de monitoreo y pronóstico con la proporcionada por las instancias oficiales a la ciudadanía. En este artículo se muestra que el mensaje de las autoridades consideró el fenómeno hidrometeorológico (huracán Patricia) como sinónimo en sí mismo de desastre, volviendo inefectivo el propósito del sistema de alerta temprana.

SEGURIDAD HÍDRICA, RIESGOS Y DESASTRES

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluye los riesgos y amenazas relacionadas con el agua (como inundaciones, sequías y contaminación) como uno de los factores clave que comprometen la seguridad hídrica mundial. De acuerdo con la ONU, los desastres dañan la infraestructura necesaria para acceder al agua potable y el saneamiento y, por lo tanto, alteran las actividades sociales, culturales y económicas locales; además, los desastres pueden influir en las condiciones ambientales y políticas de un país, afectando su desarrollo (UN-Water, 2013).

En la declaración anterior se incluyen los términos riesgo, amenaza y desastre, que a menudo son usados indistintamente. De acuerdo con García Acosta (2006):

la amenaza es el fenómeno natural que aparece en un tiempo y espacio determinado, mientras que el riesgo son las condiciones de un espacio físico y socioeconómico, es decir, tanto el hecho de estar expuesto a la amenaza natural como al contexto delimitado.

Por su parte, el desastre “se refiere al proceso de confluencia entre una amenaza natural y determinadas condiciones de riesgo en un contexto físico y socioeconómico específico”.

En 2005, la ONU organizó la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (Conferencia de Hyogo), en la que se estableció que corresponde a los estados la protección de la población y sus bienes frente a los peligros, y que, por lo tanto, es necesario que concedan prioridad a la reducción del riesgo de desastre. Para ello, la conferencia propuso un marco de acción para aumentar la resiliencia de los estados y comunidades. En este documento, la amenaza (llamada también peligro) es definida como “el evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación ambiental”; esta definición distingue entre amenazas de origen natural (como los fenómenos hidrometeorológicos) y antrópicas (como la degradación ambiental) (Naciones Unidas, 2005).

El paradigma oficial de la reducción de desastres no está exento de críticas. Por ejemplo, Lavell y Maskrey (2014) exponen que en aquel los esfuerzos se concentran en la reducción y manejo del riesgo, en lugar de transformar los factores subyacentes que generan el riesgo en primer lugar. Además, los autores argumentan que en este paradigma se considera que los desastres son choques imprevistos que afectan a sociedades y sistemas económicos que, supuestamente, funcionan con normalidad, en lugar de ser indicadores de las fallas en los procesos sociales. Asimismo, los autores evidencian que, a menudo, en el discurso de la reducción de desastres se pone énfasis en declarar los fenómenos extremos como sinónimos de desastre en sí mismos, e identifican una tendencia a designar a la naturaleza como “el enemigo” al referirse a fenómenos hidrometeorológicos con expresiones de tipo animista, como “tormentas asesinas”.

En el contexto de la conferencia de Hyogo, la ONU insta a los estados a implementar sistemas de alerta temprana ante las amenazas, con las características de que sea clara y tome en cuenta las peculiaridades demográficas, género, cultura y modo de vida de los destinatarios. En México se cuenta con un sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales, el cual se toma en este trabajo para ejemplificar las diferencias entre el sistema de alerta ideal y el implementado.

LOS CICLONES TROPICALES Y SU CLASIFICACIÓN

Debido a su ubicación en la región subtropical, entre los océanos Atlántico y Pacífico, en México son frecuentes los ciclones tropicales, los cuales se generan durante los meses cálidos entre las latitudes 5° y 15° cuando se dan las condiciones necesarias de temperatura del océano y de humedad atmosférica para su formación. Al originarse un ciclón tropical, el aire cálido y ligero sobre la superficie del océano se eleva, causando una disminución de la presión en esta zona dado que hay una menor cantidad de aire. Entonces, el aire más frío y pesado, proveniente de una zona aledaña con mayor presión, ocupa la zona de menor presión. Este aire se calienta a su vez y se repite el ciclo de movimiento de las masas de aire de abajo hacia arriba, desplazándose de manera giratoria y formando el ojo del ciclón, que es el área de menor presión en la zona y alrededor del cual giran los vientos. A medida que sube el aire, se enfría y se forman nubes que producen precipitaciones. Mientras haya condiciones en el océano, el ciclón tropical puede aumentar la velocidad del viento y disminuir la presión en el ojo. Los parámetros medidos que describen estas dos características de los ciclones tropicales son la base de su clasificación. Cuando un ciclón tropical alcanza una velocidad de viento cerca del ojo de 118 km/h y una presión central de 980 mb, se considera un huracán de categoría tipo I. La máxima categoría es el tipo V, que tiene una velocidad de viento mayor a 250 km/h y una presión central menor a 920 mb (Rosengaus, Jiménez y Vázquez, 2014). La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes del I al V, y para cada categoría describe los daños potenciales y el impacto que pueden causar los vientos máximos. La escala está basada en la experiencia en daños en Estados Unidos, y su descripción menciona posibles afectaciones para casas rodantes y casas construidas con paredes y techos de madera usuales en dicho país. El cuadro 1 muestra la escala de daño potencial de Saffir-Simpson adaptada a México.

CUADRO 1.

ESCALA DE DAÑO POTENCIAL DE SAFFIR-SIMPSON

Categoría

Presión central (mb)

Velocidad de viento (km/h)

Características de los posibles daños

materiales e inundaciones

Perturbación tropical

1008.1 a 1010

Ligera circulación de vientos.

Depresión tropical

1004.1 a 1008

< 62

Localmente destructivo.

Tormenta tropical

985.1 a 1004

62.1 a 118

Tiene efectos destructivos.

Huracán categoría I

980.1 a 985

118.1 a 154

Potencial mínimo. Ningún daño efectivo a edificios. Daños principalmente a casas rodantes no ancladas, arbustos, follaje y árboles. Ciertos daños a señales pobremente construidas. Algunas inundaciones de carreteras costeras en sus zonas más bajas y daños leves en muelles. Ciertas embarcaciones pequeñas son arrancadas de sus amarres en fondeaderos expuestos.

Huracán categoría II

965.1 a 980

154.1 a 178

Potencial moderado. Daños considerables a arbustos y follaje de árboles, incluso algunos son derribados. Daño extenso a señales pobremente construidas. Ciertos daños en techos de casas, puertas y ventanas. Daño grave a casas rodantes. Carreteras costeras inundadas de 2 a 4 h antes de la entrada del centro del huracán. Daño considerable a muelles, inundación de marinas. Las pequeñas embarcaciones en fondeadores sin protección rompen amarras. Evacuación de residentes que viven en la línea de costa

Huracán categoría III

945.1 a 965

178.1 a 210

Potencial extensivo. Follaje arrancado de los árboles; árboles altos derribados. Destrucción de casi todas las señales pobremente construidas. Ciertos daños en techos de casas, puertas y ventanas. Algunos daños estructurales en pequeñas residencias. Destrucción de casas rodantes. Las inundaciones cerca de la costa destruyen las estructuras más pequeñas; los escombros flotantes y el embate de las olas dañan estructuras mayores cercanas a la costa. Los terrenos planos sobre 1.5 m del nivel del mar pueden resultar inundados hasta 13 km tierra adentro (o más) desde la costa.

Huracán categoría IV

920.1 a 945

210.1 a 250

Potencial extremo. Arbustos y árboles derribados; todas las señales destruidas. Daños graves. Daño extenso a techos de casas, puertas y ventanas. Falla total de techos en residencias pequeñas. Destrucción completa de casas móviles. Terrenos de planicie a 3 m sobre el nivel del mar pueden inundarse hasta 10 km tierra adentro de la costa. Grave daño a la planta baja de estructuras cercanas a la costa por inundación, embate de las olas y escombros flotantes. Erosión importante de playas.

Huracán categoría V

< 920

> 250

Potencial catastrófico. Derribamiento de arbustos y árboles, caída total de señales. Daño muy grave y extenso en ventanas y puertas. Falla total de techos en muchas residencias y edificios industriales. Vidrios hechos añicos de manera extensiva en ventanas y puertas. Algunas edificaciones con falla total. Pequeñas edificaciones derribadas o volcadas Destrucción completa de casas móviles. Daños graves en plantas bajas de todas las estructuras situadas a menos de 4.6 m por encima del nivel del mar y a una distancia de hasta 460 m de la costa.

Fuente: Rosengaus et al., 2014. Disponible en http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/37.pdf

Un dato interesante es que la escala Saffir-Simpson se basa en la velocidad de los vientos máximos sostenidos medida en picos de un minuto. El trabajo de Taylor,Ward, Willis y Zaleski (2012) afirma que estos picos de viento máximo sostenido disminuyen en categoría I en una distancia aproximada de un kilómetro. Al respecto, los autores se refieren como ejemplo al huracán Wilma, que se presentó en Florida en 2005 con categoría III. En su recorrido por la península, los vientos medidos en diversas localidades de Florida tuvieron condiciones de huracán categoría I y II. Este es un aspecto interesante, ya que, como se verá, los avisos de ciclones tropicales elaborados por instancias gubernamentales y difundidos por los medios de comunicación se concentran en advertir sobre la intensidad de los vientos máximos que se producen cerca del ojo del huracán y que, aunque son potencialmente dañinos, tienen un radio de impacto relativamente pequeño.

MONITOREO DE LOS CICLONES TROPICALES

Las redes de monitoreo de ciclones tropicales tienen como propósito proporcionar información para emitir alertas ante las posibles afectaciones de estos fenómenos hidrometeorológicos. Al inicio del siglo XX, la información meteorológica disponible para el monitoreo y pronóstico de ciclones tropicales se basaba en estaciones meteorológicas terrestres, por lo que era difícil predecir la llegada de un ciclón. Un caso ilustrativo es el que afectó a la ciudad de Galveston, Texas, el 8 de septiembre de 1900. Este ciclón fue observado cuatro días antes en Cuba. Walker, Haag, Balasubramanian et al. (2006) establecen que los meteorólogos cubanos pronosticaron correctamente la trayectoria basados en la experiencia obtenida de la observación de ciclones anteriores. Además, dos barcos ubicados en el golfo de México registraron la presión y la velocidad del viento a medida que se intensificaba el ciclón; sin embargo, ni los meteorólogos cubanos ni la tripulación de los barcos tuvieron manera de comunicarse con tierra para enviar las observaciones. Los meteorólogos en Estados Unidos, con la poca información disponible de las mediciones de variables meteorológicas en tierra, pronosticaron que el ciclón tropical tocaría tierra en Florida, por lo que no se alertó a la ciudad de Galveston, construida en una isla apenas a pocos metros sobre el nivel del mar, que resultó inundada y destruida por el huracán. Se estima que murieron entre 8 000 y 12 000 personas, y se considera que es el ciclón tropical más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Una década después del huracán de Galveston, el gobierno de Estados Unidos equipó barcos con instrumentos de radiocomunicación, y en 1912 ya había una flota de 30 barcos entre Nueva York y Nueva Orleans que enviaban información meteorológica dos veces al día. En 1930 se comenzó a usar sondas meteorológicas para recolectar datos de presión atmosférica. Los avances más importantes en la observación y predicción meteorológica se realizaron a partir de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a las operaciones bélicas de Estados Unidos. Los desarrollos más importantes de esa época fueron la utilización de radares y los vuelos de reconocimiento. Los satélites de monitoreo atmosférico empezaron a utilizarse en 1960.

Actualmente, la Organización Mundial de Meteorología (OMM), dependiente de las Naciones Unidas, ha designado diversos centros regionales que se encargan de dar seguimiento, hacer pronósticos y emitir alertas de los ciclones tropicales. Para la región 4, que es aquella que cubre Norte América, Centro América y el Caribe, la oficina encargada es el Centro Nacional de Huracanes de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Este centro coordina diversas oficinas nacionales. En el caso de México, el organismo oficial es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El SMN es el único organismo nacional facultado para dar avisos oficiales sobre ciclones tropicales.

Entre los sistemas más importantes para el monitoreo de los ciclones tropicales, se pueden mencionar los satélites geoestacionarios de la serie GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite), usados por primera vez en 1975. Estos satélites se encuentran en una órbita de aproximadamente 36 000 km y completan un giro alrededor de la tierra en 24 horas, por lo que siempre están sobre el mismo punto del ecuador terrestre (Davis, 2007). Los satélites miden la temperatura del tope de las nubes. Cuando se presentan condiciones de un ciclón tropical, se generan nubes de gran altura, entre 10 y 12 km, que presentan baja temperatura. Estas condiciones permiten identificar un ciclón sobre la superficie del océano y es un auxiliar para su seguimiento (Rosengaus, 1998). Además, los satélites GOES proporcionan perfiles de temperatura y vapor de agua, lo que hace posible observar movimientos de masa de aire aun en ausencia de nubes. Un ejemplo de imagen satelital usada en monitoreo se muestra en la figura 1 para el huracán Patricia en octubre de 2015.

Los satélites GOES proveen el monitoreo más continuo de las condiciones atmosféricas globales y generan diariamente 3.5 billones de bits de información meteorológica (Davis, 2007). La tecnología de los satélites geoestacionarios seguramente seguirá avanzando; sin embargo, no está exenta de fallas. Por ejemplo, Witze (2016) reporta que, durante el monitoreo del Patricia en el océano Pacifico, la NOAA no recibió información durante una parte del 22 de octubre de 2015, debido a la interferencia de datos de compañías de telefonía celular. Paradójicamente, la información instantánea de alertas y pronósticos meteorológicos enviados por telefonía celular puede interrumpir el flujo de comunicación de datos meteorológicos.

FIGURA 1.

IMAGEN DE SATÉLITE DEL HURACÁN PATRICIA

Fuente: Bravo (2015).

Otra tecnología de gran ayuda en el monitoreo de ciclones tropicales es el uso de imágenes provenientes de los radares meteorológicos que no miden las nubes, sino la precipitación, y su principio de operación se basa en la emisión de pulsos electromagnéticos hacia la atmósfera y la detección del eco que la lluvia, el granizo o la nieve producen. Un radar meteorológico proporciona información de gran utilidad en tiempo real, lo cual es una ventaja sobre la medición de lluvia por medio de pluviómetros. En México hay una red de 13 radares meteorológicos que cubren aproximadamente 70% del territorio (SMN, 2017).

PRONÓSTICO DE LA TRAYECTORIA E INTENSIDAD DE CICLONES TROPICALES

La trayectoria del ciclón tropical es la línea imaginaria que representa la ubicación de su centro de giro en diversos instantes de tiempo. El movimiento de translación de un ciclón tropical puede pronosticarse, pero, en la realidad, no seguirá exactamente la trayectoria estimada. Además, los pronósticos estiman la intensidad que tendrá el ciclón en el futuro próximo (hasta en 72 horas), y se mide a través de dos variables: la velocidad de los vientos máximos sostenidos en la periferia del ojo y la presión central; así, a menor presión central, más intensidad tendrá el ciclón (cuadro 1).

La estimación de la intensidad y la trayectoria va cambiando conforme se obtiene nueva información a través del monitoreo. En los últimos años el pronóstico de la trayectoria ha mejorado en la medida en que se ha estudiado el comportamiento de los ciclones tropicales. El trabajo de Walker et al. (2006) muestra que los errores se redujeron a la mitad entre 1990 y 2004. Sin embargo, para el mismo periodo ha habido poco avance en el pronóstico de la intensidad del huracán. La intensidad es más difícil de estimar, ya que se necesitan datos medidos con más precisión, como la temperatura del agua en el océano.

Se utilizan diversos métodos para estimar la trayectoria de los ciclones tropicales, y los más usados son los climatológicos y los dinámicos. Los métodos climatológicos se basan en información histórica de trayectorias de ciclones tropicales, por lo que, para realizar los pronósticos, se usan estadísticas sobre ciclones tropicales con características semejantes en cuanto al sitio de formación, mes del año y trayectoria. Los métodos dinámicos se basan en modelos matemáticos que simulan el comportamiento de la atmósfera. Hay diferentes propuestas de diversos grupos de investigación, cada una de las cuales considera varias hipótesis sobre el comportamiento de la atmósfera, por lo que los resultados de la predicción difieren unos de otros.

Los centros en que se realizan los pronósticos usan distintas herramientas estadísticas y modelos matemáticos para hacerlos. El pronosticador conoce las herramientas y decide el peso que le dará a cada una de ellas en la estimación del comportamiento del ciclón tropical. La experiencia y el juicio del pronosticador es importante; por ejemplo, Rosengaus (1998) establece que, estadísticamente, el pronóstico oficial subjetivo resulta mejor que cualquiera de los pronósticos objetivos por sí solos.

Los avisos de ciclón tropical son los documentos usados para difundir los pronósticos oficiales del Sistema Meteorológico Nacional y están disponibles en la página web para su consulta por el público en general. Estos avisos contienen información acerca de las condiciones observadas del ciclón tropical, su ubicación, distancia del ojo del ciclón a la costa más cercana, zonas costeras que se declaran en estado de alerta y datos como la velocidad de los vientos máximos, presión mínima, diámetro del ojo y condiciones del oleaje. Además, en los avisos se proporcionan recomendaciones a la población en la zona de alerta, que en general se resumen a atender las medidas emitidas por Protección Civil. El aviso puede incluir un pronóstico de la trayectoria del ciclón tropical para los próximos tres días.

Una de las herramientas visuales más utilizadas en los avisos oficiales sobre ciclones tropicales es el llamado “cono de incertidumbre”, frecuentemente difundido por los medios de comunicación para visualizar el pronóstico de la trayectoria del ciclón tropical.

La figura 2 muestra el pronóstico del aviso número 21 del Patricia, el cual incluye el gráfico del cono de incertidumbre. La información proporcionada es el pronóstico de la línea de trayectoria, tres días en avance, en el centro del cono. El cono se inicia con la ubicación de la última observación del ciclón tropical, y el área sombreada representa el error promedio en la predicción, esto es, estadísticamente es probable que dos de tres veces el centro de giro del ciclón se ubicará dentro del cono. Además, se observa que el cono se va ensanchando según aumenta el horizonte de predicción, esto significa que la incertidumbre de la predicción aumenta. El cono indica diversas fechas en la que se menciona la posible intensidad del ciclón tropical en el futuro próximo. Es necesario destacar que el cono de incertidumbre no proporciona información del tamaño del ciclón tropical ni del riesgo de afectación. Asimismo, cabe destacar que las áreas fuera del cono también pueden ser afectadas por los vientos intensos o las precipitaciones. A pesar de que es una herramienta utilizada en los avisos oficiales de pronóstico, no existe ni en el aviso oficial ni en el sitio web del SMN ninguna información que guíe en la interpretación del gráfico.

FIGURA 2.

PRONÓSTICO DE LA TRAYECTORIA E INTENSIDAD DEL CICLÓN TROPICAL PATRICIA

Fuente: emitido por el SMN en el aviso 21 el día 22 de octubre de 2015 a las 22:15 horas (SMN, 2015).

El cono de incertidumbre del aviso oficial del SMN, generalmente modificado, es muy utilizado en los medios de comunicación en el seguimiento del ciclón tropical como se muestra en la figura 3. En este ejemplo, en la figura del cono de incertidumbre se ha borrado la línea central del pronóstico de la trayectoria, lo cual podría generar una mala interpretación de la herramienta gráfica. Por ejemplo, de la figura 3 podría deducirse que el tamaño del ciclón aumentará con el tiempo. El trabajo de Broad, Leiserowitz, Weinkle et al. (2007) argumenta que, a pesar del uso extendido del gráfico del cono de incertidumbre para la difusión del pronóstico de la trayectoria de ciclones tropicales, hay una mala interpretación de la herramienta. Los autores reportan que algunos medios de comunicación en Estados Unidos lo denominaron “cono de la muerte” en la cobertura de ciclones en 2004, dada la interpretación de que hay un riesgo de destrucción en la zona sombreada. Además, el estudio menciona que la población en localidades fuera de la zona sombreada asume que no habrá riesgo de afectación para ella. El gráfico es una herramienta útil que permite sintetizar gran cantidad de datos generados en los pronósticos; sin embargo, como herramienta de comunicación presenta problemas, debido a la falta de guías para su interpretación o la modificación de sus características. Este es un ejemplo claro de la dificultad de convertir información de origen científico en información útil para la población.

FIGURA 3.

EJEMPLO DE LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE LA TRAYECTORIA E INTENSIDAD DEL CICLÓN TROPICAL PATRICIA EN OCTUBRE DE 2015

Fuente: Univisión (2015).

ALERTAMIENTO DE CICLONES TROPICALES

El Sistema Nacional de Protección Civil tiene una metodología para determinar las etapas de alertamiento ante un ciclón tropical. Se basa en la información de las condiciones observadas y del pronóstico emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema de alertamiento utiliza un código de colores para cada etapa, y en cada una hay un plan de acciones a seguir por los sistemas de protección civiles municipales y estatales (Rivera, 2016). La Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación es la única instancia facultada para determinar la etapa de alertamiento y para difundir el aviso a través de boletines. Estos boletines se establecen por entidad federativa y la frecuencia es variable. Los medios de comunicación son parte importante del sistema de alertamiento, ya que dan a conocer la posibilidad de impacto y las instrucciones de protección civil.

Podríamos pensar, entonces, que cada instancia tiene bien delimitadas sus funciones en un sistema de alerta ante ciclones tropicales. La información técnica del monitoreo y pronóstico generada por el Servicio Meteorológico Nacional sirve de base para los boletines de alerta emitidos por el Sistema de Protección Civil, y estos a su vez son difundidos a través de los medios de comunicación. En la realidad, las funciones a veces se confunden.

Un ejemplo es lo sucedido durante el ciclón tropical Patricia en octubre de 2015. El SMN, con base en información proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes, emitió varios avisos que incluyeron un pronóstico de la trayectoria e intensidad del ciclón tropical. Según las mediciones realizadas, el Patricia tuvo una rápida evolución y llegó a la intensidad de huracán V mucho más rápido que otros ciclones observados anteriormente. El Patricia fue ampliamente monitoreado mediante vuelos de la NOAA. El trabajo de Rogers, Aberson, Bell et al. (2017) afirma que el monitoreo del Patricia fue una excelente oportunidad para los científicos de investigar los procesos físicos del huracán, ya que se obtuvo gran cantidad de datos de satélites, de radares meteorológicos y de mediaciones obtenidas en vuelos de reconocimiento que incrementarán el conocimiento científico sobre los rápidos cambios de intensidad en los ciclones tropicales y ayudarán a mejorar los pronósticos. El entusiasmo del equipo de científicos al tener la oportunidad de recabar datos para estudiar un huracán que rompió récords de intensidad fue transmitido a la población de manera muy diferente.

En México, las autoridades difundieron información a la población alertando sobre el impacto del huracán Patricia. El cuadro 2 muestra la información oficial en el aviso 21 (22 de octubre, 22 h) y se compara con la información difundida en conferencia de prensa del Comité Nacional de Emergencias, transmitida el día 23 de octubre de 2015.

CUADRO 2.

COMPARACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EMITIDA EN EL AVISO 21 DEL CICLÓN TROPICAL Y LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN LA CONFERENCIA DEL COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIAS (2015)

Aviso 21 del SMN (2015), “fuente oficial del gobierno de México”

Comité Nacional de Emergencias. Conferencia de prensa

Situación actual:

El huracán Patricia se ha intensificado a la máxima categoría V en la escala Saffir-Simpson, presenta desplazamiento hacia el nornoroeste, siendo un huracán extremadamente peligroso que favorecerá lluvias intensas a puntuales torrenciales en los estados del sur y occidente del país.

Situación actual:

“Se trata de un huracán de categoría tipo V que puede levantar automóviles, destruir todas aquellas casas que no estén cimentadas con acero y varilla y puede arrastrar a personas que se encuentren en las calles.” “Es un fenómeno que nunca se ha registrado en la historia de todo el mundo.”

“Es el huracán más intenso que haya existido desde que se tiene registro en todo el planeta y en toda la historia.”

“Es un huracán extremadamente peligroso y se espera que sea catastrófico.”

Riesgos por tornados:

No se mencionan.

Riesgos por tornados:

“Hay la probabilidad de que pueda generar tornados derivados de la velocidad de los vientos en un huracán categoría V”; “hay probabilidad de que estos ingresen a la parte de la costa de territorio nacional”.

Pronóstico:

Pronóstico válido al día 23 a las 19 horas tiempo del centro. Huracán categoría IV. Ubicación: muy cerca de la línea de costa a 25 km al noroeste de Playa

Perula, Jal. (impacto en costa).

Pronóstico válido al día 24 a las 7 horas tiempo del centro. Categoría: tormenta tropical. Ubicación: en tierra, a 100 km al suroeste de Zacatecas, Zac., cerca de las inmediaciones de Valparaíso y Colotlán, Zac. (figura 2).

Pronóstico:

“En este momento los pronósticos empiezan a considerar que el huracán atraviese todo el territorio nacional e inclusive hay altas probabilidades de que vuelva a ingresar al Golfo de México y se interne a Estados Unidos y pueda haber una intensificación una vez que ingrese en el Golfo de México”.

“El huracán es tan grande y tan intenso que tiene la capacidad de poder atravesar las dos sierras madres que tenemos en nuestro país”.

Fuente: SMN (2015), Comité Nacional de Emergencias (2015), El Universal (2015).

El contraste en la información presentada en el cuadro 2 es evidente. Por un lado, el aviso oficial del SMN, con las observaciones conocidas al momento, categoriza el huracán como tipo V y enuncia las zonas afectadas con lluvias. Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) da una visión catastrófica de los efectos que provocará el huracán Patricia en su paso por el territorio nacional. Por su parte, el presidente de la república declaró sobre Patricia: “Si hubiese una categoría 6, Patricia lo sería” (Presidencia de la República, 2015), añadiendo una nueva categoría a la escala Saffir-Simpson.

La figura 2 muestra el pronóstico del aviso 21 (22 de octubre, 22 h), el cual estimó que el impacto del Patricia sería en la costa con categoría IV el día 23 de octubre y que se localizaría en el estado de Zacatecas con categoría de tormenta tropical el día 24 de octubre. Posteriormente, el aviso 30 (23 de octubre, 22 h) estimó que el Patricia se degradaría a tormenta tropical entre los estados de Nayarit y Jalisco, dando su último pronóstico como depresión tropical sobre Nuevo León. Estos pronósticos oficiales son muy diferentes a los reportados por el director de Conagua, quien en conferencia de prensa anunció que el Patricia atravesaría las dos Sierras Madres y tomaría fuerza en el golfo de México. La figura 4 muestra que la trayectoria del Patricia fue muy cercana a la estimada por el pronóstico oficial. Por otro lado, el huracán no impactó en la costa con categoría V (ni con categoría VI), sino con categoría IV (Bravo, 2015), tal como se muestra en el pronóstico del cuadro 2 y en la figura 2.

FIGURA 4.

TRAYECTORIA REGISTRADA DEL HURACÁN PATRICIA. SE INDICA FECHA Y HORA EN QUE EL CICLÓN TROPICAL REGISTRÓ UN CAMBIO EN LA CATEGORÍA DE ACUERDO AL MONITOREO

Fuente: elaboración propia con información de Bravo (2015).

REFLEXIONES FINALES

El monitoreo y el pronóstico proporcionan datos valiosos para conocer el estado y el comportamiento del ciclón tropical. El ejemplo del manejo de la información en el caso del huracán Patricia muestra como los datos científicos son procesados, interpretados y transmitidos por las autoridades, pues el mensaje se enfoca en exponer el grado de amenaza del ciclón (el más grande de la historia), estimando a su vez el riesgo al que estaría expuesta la población (destrucción de casas, arrastre de personas en las calles).

El manejo de la información del huracán Patricia muestra que el grado de amenaza fue considerado directamente proporcional a su intensidad, que fue particularmente intensa, dado que la amenaza sería mucho más grande que la de otros huracanes históricos (Patricia se clasificó como catastrófico en los medios de comunicación). En este caso, la característica de claridad de la alerta que establece el marco de acción de la conferencia de Hyogo no se cumplió, pues el mensaje de las autoridades difiere del conocimiento real de la situación proporcionado por el sistema de monitoreo y el pronóstico oficial. Además, el riesgo fue homogeneizado para todo el país (el huracán atravesaría las dos Sierras Madres) sin distinguir las heterogéneas condiciones físicas y socioeconómicas de México, por lo que tampoco se tomó en cuenta el aspecto demográfico y el modo de vida de los destinatarios de la alerta, tal como lo establece dicho marco de acción.

Cuando se transmite la información relativa a los ciclones tropicales, se obvia la incertidumbre inherente de los pronósticos y la información se concentra en los datos conocidos, certeros y medidos, por ejemplo, la presión mínima en el ojo del ciclón tropical. Se piensa que la población, al conocer estos datos técnicos, entenderá la amenaza y estará mejor preparada para enfrentar el riesgo. Además, una característica del sistema actual de alerta es la necesidad constante e inmediata de información, pues los medios necesitan difundir el último dato medido de la velocidad de vientos para mantener a la audiencia o la tendencia en redes sociales, misma que logran al repetir los datos técnicos en un ciclo continuo.

El trabajo de Demuth, Morss, Morrow et al. (2012) afirma que si bien es importante contar con información científica certera, comunicar “la ciencia de los huracanes” no es lo mismo que decir lo que la gente necesita para enfrentar el riesgo asociado a un huracán. Por lo tanto, es necesario que el mensaje deje de centrarse en la amenaza de los fenómenos naturales (sinónimo en sí mismo de desastre) para mejorar la comunicación y la comprensión del riesgo.

BIBLIOGRAFÍA

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WITZE, Alexandra (2016). “Interference puts satellite data at risk”. Nature, 535, p. 14.

REFLEXIONES FINALES

FRANCISCO PEÑA Y LUIS ENRIQUE GRANADOS

Las experiencias locales despliegan diversas características contextuales que escapan a la definición oficial de seguridad hídrica. Todos los ejemplos expuestos en este libro demuestran que los escenarios de justicia hídrica están determinados por intensos ambientes de desigualdad social profunda, persistente e histórica. A distintas escalas, las evidencias que se muestran en esta compilación son prueba de ello, desde las reflexiones del régimen jurídico hasta la centralización de decisiones en la legislación mexicana, que nos invitan a pensar que, en materia de recursos hídricos, la discusión legal no se encuentra únicamente en la Ley de Aguas Nacionales, lo que nos advierte que la contienda por la justicia hídrica se da en arenas de diferentes leyes y normas.

Otro gran tema rescatado por los autores de esta compilación es la relación entre el agua y la ciudad. Hoy en día es difícil demostrar que haya un problema hídrico que no guarde íntima relación con las ciudades. La llamada “crisis ambiental” advierte formas del paradigma de la escasez del agua; los textos que abordan la cuestión urbana y la coyuntura hídrica analizan fondos de la gestión del agua urbana en diferentes presentaciones y escenarios, como la distribución desigual entre zonas periurbanas de las ciudades de México y Brasil, así como la importancia de los vacíos teóricos y conceptuales en la gestión del agua subterránea en México.

En este libro también se registran experiencias que retratan el conflicto de paradigmas que significa la persistencia del ciclo campesino en un mundo neoliberal lleno de elementos sociotécnicos que insisten en dejarlo de lado, subsumirlo o superarlo. En medio de esta disputa epistémica, se encuentran intereses de diversa índole, desde los de empresas trasnacionales hasta luchas para la recuperación de la gestión pública del agua.

Hoy en día los escenarios de seguridad hídrica que contempla el Foro Mundial del Agua son solo aspiraciones en el papel. En rigor, los elementos periféricos que se describen como importantes para asegurar el agua son centrales en la definición de justicia ambiental o justicia social, como la equidad o la igualdad de condiciones en el abasto y la gestión del agua. Elementos que representan el principal reto para la continuidad del proyecto sustentable en los casos que se exponen en esta compilación.

Resulta difícil pensar en un esquema de seguridad hídrica en un contexto de profunda desigualdad social a diferentes escalas. Sus estructuras tan multiformes y sedimentadas en el tiempo son los principales obstáculos para pensar en el postulado de “agua en cantidad y calidad para todas y todos”, con salud, educación, democracia y libertad.

El proyecto civilizatorio moderno afecta de diversas maneras la vida cotidiana de las personas. Dicho plan despoja de bienes, finanzas, tierras, conocimientos y formas de ser y de pensar. Aprovecha la impunidad, la corrupción y las componendas. Se sirve de vacíos en la legislación y el aparato jurídico en general. Las experiencias locales son prueba fehaciente de una constante lucha de lógicas distintas en arenas de tensión y mesas de negociación con los dados cargados.

Nuestro aprendizaje se ha planteado desde la perspectiva de una observación multisituada para detectar los despojos múltiples y reflexionar desde ahí sobre las aspiraciones del código internacional de gestión que significa la seguridad hídrica como programa oficial de intervención en la realidad de diferentes lugares.

Nuestra intención no es cerrar la discusión de lo que podría significar un posible escenario de seguridad hídrica en un contexto de gran desigualdad, con justicia selectiva y gobiernos capturados por la corrupción y las componendas. Nuestra esperanza es abonar a la reflexión mostrando de manera sistemática los diferentes matices que se pueden analizar en 10 casos que discuten diferentes aristas del asunto. No hay evidencias que nos hagan pensar que los aires del espíritu de nuestra época soplen en dirección de aminorar la injusticia hídrica mediante códigos internacionales de gestión, como la denominada seguridad hídrica.