COLECCIÓN INVESTIGACIONES

INTERESES PÚBLICOS

Y PRIVADOS EN LA

CONFIGURACIÓN DEL

TERRITORIO Y LA PROPIEDAD.

LAS SALINAS DEL PEÑÓN

BLANCO, 1778-1846

DAVID EDUARDO VÁZQUEZ SALGUERO

Ficha catalográfica de la versión impresa

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Vázquez Salguero, David Eduardo

Intereses públicos y privados en la configuración del territorio y la propiedad. Las Salinas del Peñón Blanco, 1778-1846 / David Eduardo Vázquez Salguero. – 1ª edición. – San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, A.C., 2013.

235 páginas : ilustraciones, mapas, gráficas ; 16 × 23 cm. — (Colección Investigaciones)

Incluye bibliografía (páginas 225-235).

ISBN: 978-607-9401-01-6

1. Salinas del Peñón Blanco – San Luis Potosí – Historia 2. Sal – Industria y comercio – Salinas del Peñón Blanco – Historia I. t. II. s.

Primera edición en español en formato digital: 2014

© David Eduardo Vázquez Salguero

D.R. © El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Colinas del Parque

San Luis Potosí, S.L.P., 78299

www.colsan.edu.mx

E-ISBN edición digital: 978-607-9401-11-5

Diseño de portada: Natalia Rojas Nieto

Conversión a ePub: Página Seis

Hecho en México / Made in Mexico

ÍNDICE

Agradecimientos

Introducción

I. Aspectos geográficos y tecnológicos en la obtención de sal

II. Administración y conocimiento del territorio. Jurisdicción y geografía de las Reales Salinas del Peñón Blanco, 1778-1794

III. Las Salinas del Peñón Blanco y la minería durante la insurgencia, 1810-1823

IV. Privatización de las Salinas del Peñón Blanco, 1836-1842

V. Disputas por el control del territorio salinero. ¿Monopolio o libre explotación?, 1845-1846

Conclusiones

Glosario

Medidas

Anexos

Producción de saltierra del 4 de febrero al 1 de mayo de 1794. Laguna principal de las Salinas del Peñón Blanco

Escritura de venta de las Salinas del Peñón Blanco, 29 de octubre de 1842

Contestación de los mineros de Zacatecas a Cayetano Rubio, 28 de diciembre de 1845

Archivos consultados

Bibliografía

Índice de mapas, planos, cuadros, esquemas, figuras y gráficas

Mapa 1. Principales centros productores de sal en el mundo y en México

Mapa 2. Desierto chihuahuense y cuenca hidrológica de El Salado

Mapa 3. Municipios productores de sal en San Luis Potosí y Zacatecas

Esquema 1. Sistema de fábricas para producir sal

Plano 1. Reales Salinas de Santa María de Peñón Blanco.

Figura 1. Terrenos anexos a las Salinas de Santa María del Peñón Blanco, propias del Sr. D. Joaquín María Errazu, levantado por Ciriaco Iturribarría en 1848

Mapa 4. Intendencias de San Luis Potosí y Zacatecas a finales del siglo XVIII

Mapa 5. La provincia de San Luis Potosí y sus partidos a finales del siglo XVIII

Cuadro 1. Poblaciones bajo la jurisdicción del Partido de las Reales Salinas de Santa María del Peñón Blanco, 1791-1792

Mapa 6. Poblaciones bajo la jurisdicción de Peñón Blanco, 1791-1792]

Plano 2. Las lagunas salinosas sujetas a la administración general de Salinas de Santa María del Peñón Blanco

Mapa 7. Lagunas subalternas de Salinas del Peñón Blanco en 1794

Mapa 8. Límites de las Salinas del Peñón Blanco, 1794-1800

Mapa 9. Límites de las Salinas del Peñón Blanco y poblaciones bajo su jurisdicción, 1791-1800

Mapa 10. Sistema de abasto de sal para la minería a finales del siglo XVIII

Gráfica 1. Saltierra, sal grano y sal espumilla expedida por las Reales Salinas del peñón Blanco, 1791-1793

Mapa 11. Minería y sal en el territorio de influencia de las Salinas del Peñón Blanco a finales del siglo XVIII

Mapa 12. Tropas realistas de las Salinas del Peñón Blanco y su área de operaciones, 1817-1818

Cuadro 2. Deudores de las Salinas del Peñón Blanco, 1810-1812

Mapa 13. Diputaciones mineras establecidas en San Luis Potosí y Zacatecas en 1843

Cuadro 3. Lagunas denunciadas entre 1845 y 1846

Mapa 14. Territorio en disputa, lagunas denunciadas entre 1845 y 1846

Mapa 15. Topografía de las Salinas de Santa María del Peñón Blanco y sus lagunas anexas, propias del Sr. D. Joaquín María Errazu. Mapa levantado por Ciriaco Iturribarría en 1848

Mapa 16. Lagunas subalternas a Salinas del Peñón Blanco, reinterpretación del mapa levantado por Ciriaco Iturribarría en 1848

Gráfica 2. Sal expedida por las Salinas del Peñón Blanco, 1842-1846

Gráfica 3. Producción de sal en las Salinas del Peñón Blanco, 1837-1855

Gráfica 4. Ingresos totales, Salinas del Peñón Blanco 1837-1855

AGRADECIMIENTOS

Durante la elaboración de esta investigación conocí a una gran cantidad de personas que me orientaron y apoyaron en los desérticos depósitos salineros, en los atestados archivos históricos, en los cubículos académicos, en bibliotecas, en oficinas municipales y en otros múltiples lugares de distinta índole. Tuve innumerables conversaciones y discusiones profudas con colegas e interesados en los temas de la sal y el territorio, ya en encuentros académicos, ya en cafés, ya en las aulas. Será imposible nombrar a todos; sin embargo, mi corazón guarda especial gratitud a mi esposa Adriana Corral Bustos, con quien comparto el gusto por la historia.

Agradezco los inteligentes y precisos comentarios del Dr. Hira de Gortari Rabiela, así como de las Dras. Leonor Ludlow, Inés Herrera Canales y María Isabel Monroy Castillo. Este producto intelectual tomó su forma final gracias a las discusiones y reflexiones en torno a los temas abordados con todos ellos.

Debo agradecer también a Jesús Hermosillo y Medina, cronista vitalicio de Salinas, San Luis Potosí; y a Elías Isais, último administrador de la empresa salinera objeto de este estudio. Ellos jugaron un papel muy importante para organizar y consultar el Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco.

Agradezco a mis hijas Luisa y Ximena —cuya llegada se corresponde con el tiempo de la realización de este libro—, pues con su alegría e inocencia me dieron el aire, el ánimo y el pensamiento creativo necesario para continuar y concluirlo.

para Luisa y Ximena

INTRODUCCIÓN

LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO Y LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA PROPIEDAD

El descubrimiento de las Salinas del Peñón Blanco, localizadas en el actual municipio de Salinas de Hidalgo, en el estado de San Luis Potosí, estuvo vinculado de manera estrecha con el de los yacimientos de plata de Zacatecas durante la expansión española hacia el norte de la Nueva España. En 1562 el gobierno de la Nueva Galicia informó a Felipe ii sobre la existencia de las Salinas, con lo que se inició su administración y explotación. El interés de la monarquía por la sal se explica porque este ingrediente, al igual que el azogue, era necesario para la obtención de plata por medio del método de amalgamación conocido más tarde como “beneficio de patio”, entonces recién inventado en Pachuca. Desde un principio, las Salinas se incorporaron a los bienes de la Corona como parte de las regalías del rey, de manera que éste dispuso cobrar un impuesto por su explotación para garantizar ingresos y al mismo tiempo proveer de sal a los mineros. Las Salinas del Peñón Blanco estaban integradas por un conjunto de lagunas interiores de carácter estacional en donde se obtenía la sal.

Desde 1562 Peñón Blanco estuvo bajo la jurisdicción directa del virrey hasta 1629, cuando comenzaron a ser arrendadas, práctica esta última que funcionó durante cerca de 150 años, lo que aseguraba a la Real Hacienda un ingreso constante, al tiempo que se abastecía de sal la minería regional a un precio accesible y estable. En 1779, cuando los funcionarios de la Real Hacienda valoraron el éxito lucrativo de la empresa propusieron retomar su control, con lo que la Corona volvió a administrarla. Las décadas de 1780, 1790 e incluso 1800 se caracterizaron por una intensa actividad en torno al arreglo de las Salinas, en prevenir y resolver las mermas de la sal causadas por las lluvias. Fue un periodo de definición de los sistemas de control administrativo y laboral de las Salinas durante la división territorial y administrativa basada en intendencias.

Tras la independencia de México, Peñón Blanco pasó de ser propiedad real a propiedad nacional, y por ende pública. El nuevo gobierno federalista decidió volver a la antigua costumbre de arrendar las Salinas, en tanto que el posterior régimen centralista tendría una política distinta con respecto de la propiedad al proponer y realizar su venta a un particular. En 1838, mediante un decreto, se autorizó al gobierno para enajenar las Salinas del Peñón Blanco junto con otras propiedades. Esa propuesta de venta ocurrió en el contexto de una fuerte necesidad económica del país que llevó al presidente Antonio López de Santa Anna a negociar con el empresario español Cayetano Rubio, uno de los más importantes acreedores del gobierno. A inicios del siguiente año, la Junta Departamental de San Luis Potosí pidió al gobierno que declarara nulo el decreto que facultaba la venta, pues veía que esa operación vendría en detrimento de la economía y la minería. La propuesta de venta no prosperó en virtud de que las Salinas fueron hipotecadas, al mismo tiempo que la legislación de la época del primer federalismo impedía a los extranjeros adquirir propiedades rústicas, situación que se modificaría en 1842, ya con el centralismo instalado en el poder, mediante un decreto emitido también por Santa Anna.

A finales de ese año, el gobierno vendió las Salinas del Peñón Blanco a Cayetano Rubio, quien a su vez las vendió a su yerno Joaquín Errazu en 1846. El proceso de venta definió un nuevo episodio en la historia de Salinas. Entre 1842 y 1845, la prensa publicó varios comunicados en los que se cuestionaba la legalidad del contrato, se expresaba lo perjudicial que representaba a la hacienda pública la venta de un bien nacional a un propietario particular; de manera fundamental se mencionaba que el gobierno carecía de facultades para celebrar ese contrato. A pesar de las múltiples oposiciones de políticos y salineros, así como de los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas, no se anuló la venta, por lo que la familia Errazu continuó con la propiedad de Peñón Blanco y el comercio de la sal, y así abasteció a la minería regional durante el resto del siglo XIX.

Por otra parte, el hecho de haber sido vendidas las Salinas a un particular se interpretó de dos maneras: unos vieron en ese acto la legitimación de un monopolio salinero, en tanto que otros supusieron que la obtención de sal dejaba de ser una actividad estancada por el gobierno, con lo que salineros y mineros se apresuraron a denunciar el descubrimiento y posesión de lagunas y pozos de agua salada, con el objeto de iniciar su explotación, tomando como referencia jurídica las Ordenanzas de Minería. Por el hecho de tratarse de un marco legal que provenía del régimen colonial que no había sido actualizado, en particular en lo concerniente a las salinas, los alegatos judiciales que se desataron tuvieron como ejes centrales los asuntos de la propiedad, de los derechos del uso de suelo, de la explotación de la sal y su relación con el fisco.

La mayoría de las discusiones se referían a que en la escritura de venta realizada por el gobierno del general Antonio López de Santa Anna se utilizó la palabra anexas en un sentido abstracto al que se le podría dar una amplitud tal que sus dueños estarían en posibilidades de reclamar cuantas salinas existieran en San Luis Potosí y Zacatecas, y no sólo las existentes en la superficie sino también las descubiertas y por descubrirse. En los litigios destacaba el hecho de que en la escritura de venta no se fijaban los límites de la cosa vendida, ni se expresaba con claridad en qué lugar físico se localizaban, tan sólo se mencionaba que estaban en San Luis Potosí, sin especificarse que algunas de sus lagunas filiales podrían ubicarse en el estado de Zacatecas.

En los alegatos se puede distinguir la confusión originada por la vaguedad de la legislación aplicable. Por una parte, las Salinas habían pertenecido a la hacienda pública, habían sido vendidas a un particular, y por este hecho el comprador asumió, tal como lo especificaba la escritura, que había adquirido los derechos fiscales sobre la explotación y venta de la sal. Por otra, los opositores trataron de demostrar que, a pesar de que las salinas habían pertenecido en general a la hacienda pública, el propio rey había reconocido el derecho de los indígenas para explotar de manera libre la sal en los lugares donde ellos lo habían hecho por lo regular, y que por lo tanto podrían coexistir la explotación por parte del Estado y la libre explotación por parte de los salineros particulares. Se estaba tratando de buscar una salida que permitiera el acomodo entre el monopolio y la libre explotación.

El análisis realizado en esta investigación da cuenta de un tejido de redes de relaciones sociales, políticas y económicas en el contexto de la disputa por el control del territorio mediante la explotación y el comercio de la sal. Destaca como un tema articulador el concepto de propiedad, pues a causa de ella se dieron los enfrentamientos sobre la validez o nulidad de la compraventa de una propiedad que, en un primer momento, fue del rey, después de la nación y, por último, de un particular. Este caso pone de relieve la falta de claridad en las disposiciones legales y la crisis económica por la que atravesaba el gobierno. Se trata de un territorio amplio en donde se yuxtapusieron jurisdicciones, propiedades, intereses, procesos sociales, políticos y económicos.

Cobran particular relevancia las estrechas relaciones políticas y económicas que establecieron los empresarios que adquirieron las Salinas con los miembros más prominentes del gobierno. Se trata de Cayetano Rubio y Joaquín Errazu, acreedores del régimen centralista que aprovecharon con habilidad su posición de influencia, generada a partir de los favores económicos que otorgaron al gobierno.

BALANCE GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE LA SAL

La mayoría de los trabajos sobre la sal abordan el tema desde la perspectiva de la economía, la tecnología, la biología y, en menor grado, el aspecto social. Sin embargo, es preciso decir que gran cantidad de investigaciones de alguna manera tocan la historia de la sal, poniendo de relieve que se trata de una industria que involucra, de acuerdo con las diversas regiones, diferentes métodos para extraer y obtener sal, los cuales son sumamente antiguos. Si bien el tema de la sal no ha sido privilegiado por los historiadores, de ninguna manera es posible decir que existe escasez de bibliografía o que se trata de un aspecto de la historia poco analizado.

En general, existen cuatro grandes grupos o niveles de investigación en relación con la historia de la sal. En primer lugar estarían los historiadores locales, cronistas o estudiosos informales que de alguna manera han recogido datos sobre la explotación de la sal en sus regiones; además de recopilar información y plasmarla, están vinculados de forma estrecha con las tradiciones transmitidas oralmente, por lo que resultan de gran importancia para la historia oral. En segundo lugar, se puede identificar a los especialistas de diferentes disciplinas, tales como historiadores, juristas, sociólogos, antropólogos y geógrafos. Se trata de académicos ligados a universidades, museos, archivos y centros de investigación que han producido artículos y libros sobre los diferentes aspectos relacionados con la sal. En tercer lugar están los generalizadores, científicos que recogen la investigación de los dos grupos anteriores, y que en sus trabajos cubren panorámicas amplias sobre el tema de la sal. Por lo general, hacen historias de amplias regiones, países, continentes, e incluso abarcan la historia de la sal en el ámbito mundial, abordando los temas de manera comparativa y destacando ciertos puntos que son de su interés.1 Por último, habría que añadir aquellos científicos, ingenieros, agrónomos geólogos, biólogos y administradores, quienes han trabajado de manera directa en la producción y venta de la sal, y que han dejado alguna aportación al conocimiento relacionado con la sal.2

ESTUDIOS SOBRE LA SAL EN EL MUNDO

Con respecto de los generalizadores, cabe destacar el trabajo de Robert P. Multhauf,3 quien ha ido más allá de los usos culinarios y químicos de la sal, y ha analizado su obtención, refinación y comercio desde los inicios de la humanidad. Apuntó que la sal se ha utilizado para preservar carne, para el curtido de pieles y para la limpieza. El autor ha destacado la evolución de la tecnología de la producción de la sal y su impacto en el conocimiento científico sobre las propiedades físicas y químicas de la sal; la orientación principal de su trabajo ha sido la de la historia de la ciencia y la tecnología. Es interesante observar que su planteamiento parte de identificar el origen de los principales yacimientos de sal en el mundo, lo que incluye los grandes océanos y lagos. Sus descripciones abarcan los esfuerzos y técnicas utilizadas para obtener sal en Europa, sobre todo durante los siglos XIX y XX.

Otro importante trabajo es el de S. A. M. Adshead,4 quien realizó una historia que abarca varios milenios y discute sobre aspectos relativos a la producción y el consumo de la sal, y su relación con la sociedad; ofrece una investigación comparativa de seis sistemas administrativos de la producción y comercio de la sal en la historia del mundo. Desde una perspectiva económica, analiza el tema de la explotación de la sal y sus implicaciones en la industria y el consumo, así como la estrecha relación que en lo general ha mantenido con los aspectos políticos.

Por su parte, Derek Denton5 analiza el tema de la sal desde un punto de vista social y biológico, como las implicaciones médicas de la carencia y exceso de sal en el ser humano y su influencia en el ámbito social. El químico francés Pierre Laszlo6 escribió una amena historia de la sal donde recurre a la literatura, a los dichos y a los refranes, pasando por la religión, la mitología, la química, la biología y la física, para con ello amalgamar una historia de la cultura, de la técnica, de la ciencia, la economía y la política.

Cabe mencionar también a Mark Kurlansky,7 quien escribió una historia mundial de la sal. El autor navega por los meandros de la historia siguiendo las rutas de la sal, su geografía, su composición química, sus usos y aplicaciones en las distintas culturas que han habitado nuestro planeta desde los inicios de la civilización. Describe la explotación y uso de la sal en China, África, Egipto, Europa y América; el texto, cargado de anécdotas, recurre a los mitos, al arte, a las creencias, a las prácticas sociales de las diferentes culturas y en los diferentes tiempos y geografías, para explicar los procesos sociales vinculados con la sal: los monopolios, los controles estatales, los impuestos, los movimientos laborales, las revueltas sindicales, las técnicas, la administración y la venta. Todo ello configura una historia entrelazada entre la sal y el ser humano.

Un trabajo reciente es el de Frédéric Denhez,8 en el que se exploran las más importantes salinas del mundo desde el punto de vista de la técnica, la industria, la historia, el comercio y los usos de la sal. Del continente americano se mencionan en particular las Salinas Grandes de Argentina, las Salinas de Maras en Perú, el salar de Uyuni y Laguna Verde en Bolivia; de Europa destacan las marismas saladas de Guérande, Francia, las Salinas de Aveiro, Portugal, y las de Trapani en Italia. De Asia se mencionan las de Damnoen Saduak en Tailandia, las minas de sal gema de Ban Keun en Laos, las Salinas de Gujarat en la India y las de Hambantota en Sri Lanka. En África destacan la Isla de Sal en Cabo Verde, el Lago Rosa de Senegal, los manglares de Dubréka en Guinea, las minas de sal de Taoudenni en Malí, el Lago Assal en Djibouti y las Salinas de Tamarin en la isla Mauricio.

Sin duda, uno de los casos más paradigmáticos en la historia de la sal es el chino. Este vasto país cuenta con yacimientos de sal prácticamente en todo su territorio, aunque las más importantes y productivas salinas se localizan en la costa y en algunas playas interiores. Por siglos, la explotación de sal ha sido uno de los más lucrativos negocios controlados por el imperio-Estado chino. Existe una gran cantidad de estudios tanto generales como particulares, que abordan los múltiples problemas y facetas de su producción salina a lo largo del tiempo.9 Se han analizado la propiedad, el mercado, la tecnología, el monopolio, la burocracia, las revueltas revolucionarias; así como los ámbitos de negociación y confrontación entre la sociedad y el gobierno por mantener un balance equilibrado de la producción y el comercio.10 Existen también importantes investigaciones sobre la geografía y las configuraciones espaciales que han estructurado la obtención y distribución de la sal en China.11 Además de los diversos estudios sobre la tecnología y el monopolio del gobierno sobre la sal, se han revisado a profundidad los contratos sobre la organización y el financiamiento de la producción de sal; se ha arrojado luz sobre el proceso que dio paso a las grandes fortunas amasadas por los comerciantes que controlaron el mercado de la sal, y por los empresarios que proveyeron de un sustancioso y sostenido capital de inversión, necesario para mantener una producción a gran escala.12

En África, la sal cobra relevancia desde el punto de vista tanto de la explotación como del comercio, gracias al cual se desarrolló un sistema de caravanas que, incluso en nuestros días, cruzan de este a oeste el desierto del Sahara, llevando múltiples mercancías de población en población. Los más importantes centros de producción de sal en África se encuentran en los países del norte: en Etiopía, Sudán, Egipto, Libia, Nigeria, Chad, Argelia, Malí, Mauritania, Senegal y Guinea, principalmente. Los trabajos sobre la sal en África se han centrado en la variedad de lugares donde se le produce, han analizado las redes de intercambio desarrolladas de acuerdo con el ambiente, el poder político local y la tecnología de los medios de transporte. Por lo general, se trata de análisis económicos amplios que abarcan largos periodos, sin dejar de lado el aspecto culinario, médico, industrial, químico, ecológico y geológico. La movilización de la mano de obra y la migración laboral han sido objeto de interés de varios investigadores; aspectos como el trabajo doméstico, la esclavitud, la división de castas y el trabajo libre, así como la división sexual del trabajo, se han tomado en cuenta desde los contextos culturales e históricos y las políticas económicas regionales. Sobre la producción de sal en África, se sabe que el escaso desarrollo tecnológico ha limitado la expansión de la producción de sal y los arcaicos modos de transporte han representado un obstáculo para el intercambio; por lo general, el comercio de la sal no ha rebasado los límites de lo regional salvo en aquellos lugares de producción abundante.13

Otro caso es el de Inglaterra. Las distintas historias sobre la sal escritas en este país brindan una panorámica amplia sobre las incontables dificultades que tuvieron los distintos productores de sal desde la época de la presencia romana hasta bien entrado el siglo XIX. Los temas fundamentales tienen que ver con la economía, el trabajo, las finanzas, la fiscalidad, las relaciones sociales y la influencia del ámbito político. Si bien existen manantiales salados y yacimientos de sal en toda Inglaterra, la producción más importante se da en el sureste, en particular en el condado de Cheshire, donde existen yacimientos minerales de sal, y cuyo auge tuvo lugar a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Los conflictos entre comerciantes, obreros y el gobierno hicieron necesario regular los precios, salarios y mejorar los caminos para transportar la sal y reducir los costos de producción. En cuanto a la técnica, es necesario comentar que si bien la evaporación natural por acción solar es posible, no todo el año se tiene un sol resplandeciente en las nubladas costas inglesas, por lo que se hizo necesario obtener sal mediante la evaporación artificial, lo que acarreó el problema del abastecimiento de combustible, sobre todo de carbón y leña. Las múltiples dificultades compartidas entre los productores que ostentaban el monopolio de la sal los condujo a la organización de una asociación que les permitiera lograr acuerdos comerciales y enfrentarse al poco popular impuesto de la sal.14

En España se han realizado trabajos de gran relevancia sobre la historia de la sal, en particular se han abordado los problemas de la alimentación y del trabajo, así como de las políticas fiscales, del ordenamiento jurídico del comercio, su extracción, distribución y comercio en los diferentes reinos que formaban parte de la península ibérica, desde la Edad Media hasta nuestros días. La explotación de la sal española fue una prerrogativa de la Corona que a su vez arrendaba las salinas, con lo que aseguraba un ingreso económico, además de los impuestos por su venta. En diversas ocasiones, la sal de España se vendió en la costa mediterránea, lo que beneficiaba a comerciantes que ascendían no sólo en lo económico sino en lo social.15 Las políticas administrativas de la Corona española también se aplicaron fuera de la Península, aunque con ciertas particularidades para cada lugar; por ejemplo, en la Nueva España se dispuso que las salinas explotadas por los indígenas continuaran en su poder. Existen trabajos sobre la explotación de sal en Portugal y su comercio en el Mediterráneo, de manera particular en Francia y Venecia durante la época medieval. La tradición salinera portuguesa se trasladaría a Brasil durante el periodo colonial, donde, al igual que en muchos otros lugares, estaría monopolizada por la Corona y los arrendatarios.16

En Estados Unidos se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas sobre la sal como un elemento de difusión cultural. Destacan también los estudios sobre la esclavitud y la participación de la población afroamericana en la extracción de sal, en el contexto de la industrialización y adaptación de políticas laborales a principios del siglo XIX. También se ha analizado la importancia de los depósitos salinos que pudieron haber condicionado las rutas de pastoreo de bisontes, y éstos a su vez el poblamiento hacia el oeste del país, dando como resultado la configuración de patrones de asentamiento y el establecimiento de fronteras. Algunas áreas estudiadas son Mississippi, Illinois, Kentucky, Tennessee, Virginia y Ohio.17

MAPA 1. PRINCIPALES CENTROS PRODUCTORES DE SAL EN EL MUNDO Y EN MÉXICO.

Elaboración propia. Fuente: U. Ewald, La industria… op. cit., 1997; R. P. Multhauf, El legado… op. cit., México, FCE, 1985; S. A. M. Adshead, op. cit.; P. Laszlo, op. cit.; M. Kurlansky, op. cit.; F. Denhez, op. cit.; T.-C. Chiang, “The salt trade…”, op. cit.; T.-C. Chiang, “The Salt Industry…”, op. cit.; T.-C. Chiang, “The Production…”, op. cit.; C. A. Whatley, op. cit.; R. Bradley, op. cit.

Los estudios sobre la sal en América Latina incluyen análisis arqueológicos, antropológicos, sociológicos e históricos. Desde el punto de vista de la arqueología, se han privilegiado áreas como la andina, caribeña y mesoamericana. En Sudamérica, destacan los trabajos sobre Ecuador y Chile. En Ecuador se han realizado estudios etnohistóricos sustentados en información arqueológica, etnográfica e histórica. Además de analizar las enfermedades causadas por la falta de sal, se han revisado las normas de comportamiento relativas al género en la sociedad y la importancia de la sal en la cosmología ecuatoriana.18 En Chile, resultan de gran importancia los yacimientos de salitre, donde la sal ha sido explotada desde tiempos precolombinos hasta el presente. Durante la Colonia y el siglo XIX, el salitre chileno se empleó para la producción de pólvora y yodo; era tal la demanda de salitre que atrajo a miles de trabajadores que decidieron fijar su residencia en la pampa salitrera. Sobre este fenómeno destacan los trabajos de Julio Pinto Vallejos,19 quien ha analizado no sólo el comercio, sino los movimientos rebeldes de obreros que se enfrentaron tanto al gobierno como a empresarios nacionales y británicos que controlaban el monopolio del salitre en Chile. El capital británico, comprometido con la deuda externa chilena, tuvo una amplia participación en la empresa salitrera de ese país. Para proteger sus intereses, los ingleses desplegaron una amplia actividad empresarial, diplomática, financiera y política, e incluso intervinieron en asuntos internos, lo que ocasionó conflictos sociales en el país.20

ESTUDIOS SOBRE LA SAL EN MÉXICO

Los estudios sobre la sal en México en su conjunto abarcan periodos amplios y varias regiones culturales.21 Hay investigaciones arqueológicas sobre la distribución y explotación de la sal durante la época prehispánica, aproximaciones etnohistóricas, antropológicas y análisis históricos del virreinato, siglo XIX y siglo XX. Se ha estudiado la producción de sal en Oaxaca, donde se ha comprobado que lo que se creía eran sistemas de riego en realidad se trataba de canales y terrazas diseñadas para la producción de sal por evaporación solar.22 En la región maya se ha realizado arqueología subacuática para analizar los métodos de obtención de sal y el nivel de comercio alcanzado.23 En los lagos de Texcoco (Valle de México), de Cuitzeo (Michoacán) y de Sayula (Jalisco) se han realizado amplios trabajos desde el punto de vista de la arqueología, la historia y la etnohistoria, que analizan temas como la tecnología, la economía, las estructuras sociales, el comercio y la distribución de los grupos indígenas.24 En el Estado de México, en particular en el municipio de Tejupilco, se han realizado estudios tanto arqueológicos como antropológicos en donde se ha observado una sorprendente continuidad de la explotación de la sal desde el siglo XVI hasta nuestros días, en donde, además de la propia obtención de sal con métodos antiguos, se yuxtaponen prácticas y creencias vinculadas con el cultivo del maíz.25

En cuanto a los estudios históricos sobre la sal en México, hay que señalar que no fue sino en fechas recientes cuando la sal ocupó un interés creciente entre los investigadores. Si bien no se puede afirmar que exista una bibliografía escasa, tampoco puede decirse que haya sido un tema privilegiado entre los historiadores. Varias veces se ha reconocido la importancia de la sal para la historia económica y política de México, sobre todo en relación con la historia de la minería y los procesos de obtención de plata durante las épocas colonial e independiente.26

En 1995 y 1998 se publicaron las memorias de dos coloquios sobre la sal en México, organizados por la Universidad de Colima.27 Los trabajos reunidos ponen de relieve la multiplicidad de temas, áreas geográficas y épocas que han llamado la atención de historiadores de la sal. Se presentaron textos sobre la sal en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, el Valle de México, ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Yucatán; los temas más representativos fueron la tecnología, el medio físico, los sistemas de producción, el trabajo, la propiedad, el comercio, la geología, el transporte, la venta-distribución, la minería, la administración, las disputas territoriales, la tenencia de la tierra, los usos de la sal, la mitología y el simbolismo. Una revisión general de la bibliografía sobre la sal en México pone de relieve que, en comparación con otros temas, a la fecha han sido publicados muy pocos libros y quizá una centena de artículos en revistas especializadas de economía, historia, arqueología, antropología, geografía, geología y química.

Hay otras investigaciones de importancia y reciente publicación. Una de ellas aborda la historia de las Salinas de Cuyutlán, en Colima, sin perder de vista aspectos como el paisaje, la organización del trabajo, la técnica, la administración y venta de la sal desde el siglo XVI al XVIII.28 Otra investigación es la de Laura Machuca Gallegos, quien analiza la dinámica económica y social de Tehuantepec (Oaxaca), centrada en la producción y venta de sal a finales del siglo XVIII. Su trabajo incluye aspectos geográficos, económicos, normativos y administrativos, y destaca las redes de poder y las rutas que configuraron el comercio de la sal en Oaxaca, Chiapas y Guatemala.29

Tal vez el trabajo más importante en cuanto a su amplitud en información y profundidad en el análisis de los aspectos relacionados con la producción salinera en México sea el libro de la geógrafa e historiadora alemana Ursula Ewald.30 La autora delinea con suma precisión la industria salinera, desde el periodo colonial hasta finales del siglo XX. Fue el resultado de cinco años de trabajo de campo y de archivo en Estados Unidos, Inglaterra, México y España. Se trata de un gran esfuerzo de síntesis donde se reúnen las salinas de todo México, destacándose su importancia desde el punto de vista geográfico, geológico, histórico, económico y político, con gran variedad de fuentes de información, la mayoría de ellas provenientes del Archivo General de la Nación y del Archivo de las Salinas del Peñón Blanco en San Luis Potosí. Destaca el seguimiento que hace de la tecnología y de los patrones de cambio a lo largo del tiempo y las áreas geográficas. Cabe señalar también el entramado de los aspectos administrativos y legales en la historia de la industria salinera, y su efecto en la producción. Las grandes áreas abordadas fueron el centro de México, los altos de Jalisco y el interior de los estados del sur, el norte de México, la costa del Pacífico y el Golfo de California, Tamaulipas y Yucatán. Ofrece también unas interesantes perspectivas sobre la industria salinera y las investigaciones en México.

Uno de los capítulos centrales de este libro, y tal vez el más documentado, es el que se refiere a las salinas en las lagunas interiores del norte de México, en particular aquellas conocidas como las Salinas del Peñón Blanco, localizadas en el estado de San Luis Potosí. Esta empresa salinera dominó la industria desde mediados del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. Cubrió la demanda de sal que sería utilizada en el proceso de obtención de plata conocido como el sistema de patio; a finales del siglo XIX e inicios del XX, nuevos procesos de refinación de plata dejaron de necesitar sal, lo que acarreó un cambio en los patrones económicos relacionados con la industria de la sal.

ESTUDIOS SOBRE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO

Las Salinas del Peñón Blanco han sido objeto de interés de investigadores locales, nacionales y extranjeros. El primer trabajo específico sobre las Salinas lo realizó el historiador potosino Nereo Rodríguez Barragán (1884-1979) en 1947.31 Se trata de una monografía donde se esboza el establecimiento de las Salinas, el proceso de explotación y de administración desde sus inicios hasta el siglo XX; cuenta con varios datos interesantes y un anexo con la transcripción de varios documentos históricos. Fue en 1965 cuando Peñón Blanco volvió a aparecer en la historiografía; esta vez se trató de un artículo de Clara E. Lida sobre la producción de sal en el siglo XVIII.32 En dicho trabajo se refiere a los métodos de obtención de sal y el uso de la sal en el proceso de patio utilizado en la minería para obtener plata; menciona también aspectos administrativos relativos al sistema de arrendamiento al que se sujetaban todas las salinas de la Nueva España. Después de este trabajo, pasaron 20 años para que fuera publicado por primera vez el libro de Ursula Ewald, cuya relevancia ya ha sido comentada.33 En 1992 apareció otro artículo sobre Peñón Blanco: Eduardo Flores Clair se refirió al proceso de privatización de las Salinas ocurrido durante la primera mitad del siglo XIX.34 En este trabajo, realizado desde la perspectiva de las finanzas, se revisa la situación de las Salinas durante los últimos años de la Colonia, así como las políticas que adoptaron los gobiernos independientes en materia de recaudación de las rentas. También se analiza la relación de la minería con la producción de la sal y los problemas sociales generados en la región a partir de la privatización de las Salinas del Peñón Blanco.

Como se ha dicho, los coloquios sobre la sal celebrados en Colima atrajeron a múltiples investigadores, lo que dio como resultado un artículo sobre la política administrativa de Peñón Blanco a mediados del siglo XIX. En dicho trabajo, Moisés Gámez analiza la apropiación territorial de algunos yacimientos salinos, en el contexto de la disputa por el control del monopolio de la explotación de la sal, entre los propietarios de las Salinas del Peñón Blanco y algunos productores menores. El autor se cuestiona cuáles fueron las razones que llevaron a la venta de las Salinas del Peñón Blanco y la postura del Estado en cuanto a la administración de la producción salinera.

En el año 2000, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Salinas de Hidalgo se publicó una monografía escrita por el cronista del municipio, José de Jesús Hermosillo Medina,35 donde se recogen aspectos sobre la fundación, las jurisdicciones y las diversas figuras políticas que estuvieron a cargo de las Salinas desde sus inicios hasta el presente. Finalmente, en el año 2005 el Museo Nacional del Prado, en Madrid, publicó un catálogo de cuadros con el que celebró 100 años de la donación de una colección pictórica que hizo Ramón Errazu, heredero de las Salinas del Peñón Blanco. Aunque el objetivo del texto es presentar y comentar dicha obra artística, al inicio se incluye una interesante y bien documentada reseña histórica sobre la familia Errazu y su negocio de las Salinas, así como el ambiente social en el que se desenvolvieron tanto en México como en Europa, sobre todo en Francia.36

APORTACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIOS DEL TERRITORIO

Con este balance general sobre los estudios de la sal y las escasas pero significativas investigaciones sobre las Salinas del Peñón Blanco, es preciso reflexionar en torno a la presente propuesta. En primer lugar habrá que decir que, si bien no hay un vacío historiográfico relativo a la historia de la sal y las Salinas del Peñón Blanco, sí es necesario realizar investigaciones sobre temas que antes no habían sido abordados a profundidad y que resultan pertinentes en el contexto de problemas históricos y contemporáneos. Tal es el caso de los procesos en torno a la definición del territorio y su relación con la propiedad, los negocios, la política y la geografía en el centro norte de México.

De acuerdo con Robert D. Sack, la territorialidad es la capacidad que tiene un grupo o individuo para afectar o influir en acciones, incluyéndose a los organismos y elementos no humanos: es “el intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica”, también conocida como “territorio específico”.37 Estos territorios específicos son el producto de aquellas estrategias establecidas para afectar, influir y controlar “a la gente, a los elementos y a sus interrelaciones”.38 Cada vez que se delimita un área, se circunscriben cosas en un espacio o un mapa, se está controlando el acceso a los recursos y al poder sobre ellos, de manera que los límites determinan el comportamiento del lugar circunscrito. Quien ejerce la autoridad dentro de esa circunscripción moldea, influye, controla y dirige las actividades que se realizan dentro de los límites del territorio específico. El territorio acotado puede contener o restringir, e incluso excluir tal o cual actividad. El o los individuos que ejerzan dicho control no necesitan ubicarse dentro del territorio o cerca de él para controlar. El área territorial puede o no estar acotada de manera física, basta que se tenga control del acceso a los recursos localizados dentro de ella y a su interrelación.39

La territorialidad se establece mediante derechos legales sobre la tierra, el uso y control de la fuerza, normas culturales, prohibiciones sobre la utilización de áreas,40 lo que supone que las transgresiones a la territorialidad pueden ser castigadas.41 En palabras de Sack:

Los negocios, haciendas y ciudades estudiados por los geógrafos no son solamente elementos de un espacio con múltiples significados, sino que se dan y permanecen en lugar donde existan leyes y reglamentos que les permitan realizar cosas y no en otros donde no existan estos. […] Los analistas de territorios saben muy bien que las actividades se disputan el espacio.42

Aunado a lo anterior, he retomado la propuesta de Hira de Gortari para analizar e interpretar la organización del territorio a finales del siglo XVIII y las tres primeras décadas del XIX, conforme a los conceptos de capitalidad y centralidad. De acuerdo con este autor, el sistema urbano de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX se caracterizó por una articulación política y administrativa que puso énfasis en la capitalidad mediante la centralidad como parte de una concepción del territorio geográfico y administrativo.43 Los centros urbanos fueron lugares clave en la administración, puesto que en ellos se establecieron aparatos de gobierno y formas de representación política, lo que contribuyó a la racionalización del territorio durante el establecimiento de las intendencias, las provincias y los estados.44

Las intendencias se organizaron a partir de sus capitales, en donde desaparecieron alcaldes mayores y corregimientos, que fueron sustituidos por subdelegados y alcaldes ordinarios. En el sistema de intendencias se observa una coherencia administrativa que fue posible gracias al principio de la capitalidad, lo que implicó jerarquizar las ciudades, entre las que destacaba la capital de la Nueva España y el resto de las capitales de intendencias.45 Así, se contó con tres niveles de gobierno: el central, el provincial y el local, modelo administrativo que perduró incluso durante el periodo constitucionalista, aunque con otros nombres y características.46

Cada intendencia tuvo otras tantas jurisdicciones subordinadas, tales como gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos, de manera que cada unidad o área administrativa tuvo la designación de provincia que sería encabezada por una ciudad capital y su ámbito jurisdiccional.47

Entre las diferentes instancias de autoridad se estableció una suerte de comunicación, que en conjunto representaba una red de relaciones cuya importancia fue aumentando y delimitando el funcionamiento y la organización del territorio, y por ende del espacio político.48

Durante la primera década del siglo XIX las unidades territoriales estaban constituidas por las provincias, los pueblos y los ayuntamientos. Durante la década de 1820 se establecieron las diputaciones provinciales, en donde los cuerpos legislativos darían paso a la conformación de la Federación. Después, las provincias se convertirían en estados y territorios.49

Durante el primer federalismo, el territorio se concibió como un objeto que podía ser ordenado y jerarquizado de manera que los congresos estatales clasificaron y ordenaron su jurisdicción territorial, teniendo en la mira organizar su gobierno y administración. La nueva organización territorial en muchos casos mantuvo la anterior estructura político territorial de las intendencias por medio de los partidos.50

A pesar de que la nueva organización territorial empleó las estructuras anteriores, las fuerzas políticas y sociales tuvieron su propio peso específico mediante los ayuntamientos, en donde se expresaban diversos intereses locales que luchaban por su propia autonomía, frente a la persistencia de los gobiernos estatales que mantenían el criterio de la centralidad como la principal vía de control administrativo. Cada unidad territorial tuvo su cabecera, es decir, una población principal con autoridades; y por encima de ellas, a la capital del estado, sede de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en donde además residió el propio ayuntamiento de las capitales.51

En suma, los conceptos de capitalidad y centralidad fueron fundamentales para la organización territorial a finales del siglo XVIII y el primer tercio del XIX. A partir de la capital del país y las capitales provinciales, se estableció una red administrativa, política, económica y social, de manera que la centralidad fue el núcleo fundamental del dominio territorial y sede del poder. Hubo tal continuidad que las estructuras del primer federalismo se montaron sobre las que había establecido la monarquía española, conservándose así las capitales de intendencias y provincias como capitales de los estados.52

Uno de los intereses tanto de la monarquía como del gobierno independiente fue el de realizar representaciones cartográficas en donde se distinguiera el territorio y que fuera posible razonarlo como una unidad física y objetiva más allá de descripciones o de respuestas a cuestionarios.53 El ánimo por conocer el territorio en su concepción más amplia y con una visión de conjunto llevó a sistematizar y organizar su administración bajo el criterio constante de la centralidad y la capitalidad.

En el caso que se analiza, se distingue el modelo planteado por Hira de Gortari en cuanto a la organización del territorio y su concepción bajo las premisas de capitalidad y centralidad. La cartografía revisada así lo muestra, lo mismo que las descripciones del territorio, el funcionamiento de la economía en torno a la sal y la minería, y el ejercicio de la administración pública.

Para esta investigación, entiendo el territorio como un espacio geográfico definido, con características fisiográficas particulares. Un territorio implica la existencia de recursos renovables o no renovables que son explotados por el ser humano. Puede conllevar el establecimiento de infraestructura como medio de adaptación de sus habitantes. Un territorio lo es en tanto esté habitado y sus recursos sean controlados por un individuo o grupo social, permitiendo la conformación del desarrollo económico en dicho espacio territorial. El proceso por medio del cual se construye un territorio implica su poblamiento y el aprovechamiento de sus recursos; toma lugar cuando sus habitantes se dedican a alguna actividad económica vinculada de forma estrecha con la explotación y uso de los recursos naturales en un tiempo determinado. La apropiación del territorio se va definiendo en tanto estos recursos tengan potencial para su explotación y comercio, y la posibilidad que la propia geografía brinde al ser humano para habitar ese entorno, lo que define un patrón de asentamiento propio. El proceso incluye patrones de explotación y producción, así como el establecimiento de redes de relaciones comerciales y sociopolíticas. El necesario aprovisionamiento de víveres y obtención de mano de obra derivan en el establecimiento de medios de comunicación y distribución. A lo anterior hay que añadir el componente jurídico y político del territorio que se expresa mediante divisiones y jurisdicciones definidas en los ordenamientos legales.

Por el contrario, cuando un territorio se desdibuja o redefine ocurre un despoblamiento y abandono de formas de producción, así como el desmantelamiento de las redes de relaciones comerciales y sociales que imperaban. Los cambios en las formas de controlar un territorio pueden considerarse procesos de transformación que definen una nueva configuración territorial, cuyas características podrán ser una mezcla de elementos nuevos y antiguos. Ambas circunstancias implican un origen, desarrollo, sostenimiento y desaparición de poblaciones en un periodo y espacio delimitados.

El proceso de la conformación del territorio salinero en estudio estuvo vinculado de manera estrecha con el control de la demanda, obtención y venta de la sal en San Luis Potosí y Zacatecas a finales del siglo XVIII y durante el XIX. Salinas del Peñón Blanco fue la principal negociación salinera del noreste de México desde mediados del siglo XVI, la cual enfrentó una fuerte y continua competencia con los diversos pueblos salineros a partir de 1845. Los intereses por controlar el monopolio de la explotación de la sal condujeron a conflictos por la tenencia de la tierra. Las relaciones políticas y económicas definieron la disputa y apropiación del territorio para la explotación y comercio de la sal entre quienes detentaban el monopolio y los pequeños productores. El control de las comunidades salineras dependió no sólo de la demanda de la sal, sino también de la incidencia del poder político y económico de las Salinas del Peñón Blanco.

El cambio de régimen a partir de la independencia de México llevó consigo la transformación de una unidad territorial articulada a partir de la explotación y el comercio de la sal. La independencia trajo nuevas libertades, pero también nuevas definiciones territoriales, políticas y económicas. Fue necesario reordenar los esquemas administrativos del virreinato que se habían roto tras la independencia. Por otra parte, se transitó de un gobierno federalista a uno centralista, y en ese proceso se hicieron patentes los vacíos legales dejados por unos y otros.

Las Salinas del Peñón Blanco, tradicionalmente sujetas a la Real Hacienda, una vez que fueron privatizadas tuvieron que defender el monopolio que habían ostentado durante la Colonia, pues ahora el derecho de trabajar las salinas podría reclamarlo cualquiera que descubriera un yacimiento sin explotar. Los dueños de Peñón Blanco tuvieron que echar mano de todas sus redes de relaciones sociales, políticas y económicas para hacer frente a la competencia que representaban los pequeños productores diseminados en su territorio de influencia. A mediados del siglo XIX tuvo lugar una enconada disputa por el control del territorio salinero, la administración de sus recursos y el comercio de sus productos, tanto en el ámbito local como nacional.

El objeto de estudio abordado en esta investigación es el proceso de configuración de un territorio y la propiedad tomando en consideración los intereses públicos y privados durante poco más de 60 años. Durante el periodo abarcado se repasa la interacción entre diferentes espacios geográficos relacionados con las fronteras político-administrativas de lo que ahora conocemos como el estado de San Luis Potosí. Primero se considera la división en intendencias posterior a la división en reinos; luego vendrían los estados, los departamentos; y, finalmente, otra vez los estados. A pesar de los diversos cambios en las divisiones político-administrativas, el territorio en estudio siempre formó parte de una frontera cuyas características geográficas iban más allá de los meros límites político-administrativos. El proceso aquí descrito hace referencia también a la manera en que el empresario Joaquín Errazu fue construyendo su propio territorio de influencia, asentándose en elementos que prevalecían desde antes de haber tomado posesión de la negociación salinera, cuyo rango de influencia abarcaba más allá de la propiedad misma.

Este trabajo ahonda en los procesos de la conformación de un territorio salinero, precisando aquellos factores que incidieron en su configuración, en una época en que se establecieron los cimientos de la conformación del estado nacional en una república federal. Esta investigación aporta a la historiografía general de la sal, a los estudios sobre el territorio y al análisis de fuentes inéditas.

Destaca como un importante elemento de la presente investigación la elaboración de cartografía con métodos y técnicas modernas, como lo fue la utilización de un sistema de información geográfica. La cartografía realizada constituye un análisis del territorio con base en la representación de jurisdicciones, pueblos, lagunas y centros mineros vinculados con la economía minera, la obtención y el comercio de la sal a finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Los mapas presentados se elaboraron con base en documentos de archivo y mapas antiguos consultados en el Archivo General de la Nación, la Mapoteca Orozco y Berra, el Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco, la mapoteca del Museo Francisco Cossío (antes Casa de la Cultura) en San Luis Potosí y el Archivo Histórico de Localidades del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI); también se realizó trabajo de campo para localizar algunos puntos. La serie cartográfica se elaboró en el programa ArcView 9.2 y se utilizaron tanto imágenes de satélite como mapas base e información digital del INEGI.

COMENTARIOS A LAS FUENTES

Tal como lo ha reportado Eduardo Flores Clair,54 en el Archivo General de la Nación existe el fondo Salinas, integrado por más de 300 expedientes que contienen documentos en un rango cronológico que va desde 1771 hasta 1819, los cuales brindan información sobre economía, administración y relaciones sociales. El fondo denominado Salinas: Hacienda Pública se compone de más de 150 expedientes, sobre todo libros de contabilidad; en este caso, la documentación abarca desde 1819 hasta 1844. Otro fondo de importancia es el Rul y Azcárate, compuesto por documentos que pertenecieron a las familias Rul, Azcárate y Pérez Gálvez, que destacaron por su participación en la minería de Guanajuato. Además de sus minas, fueron poseedores de haciendas y otras propiedades en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, en donde se localizaban yacimientos salinos, cuya propiedad defendieron frente a los denuncios que realizaron varios salineros de la zona en la década de 1840.

En la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México es posible encontrar periódicos del siglo XIX publicados en San Luis Potosí y Zacatecas. Muchos de ellos dan cuenta de la vida social, política y económica de ambos estados. El rango cronológico revisado va desde 1840 hasta 1906, pues entre esos años la familia Errazu fue la propietaria de la salinera, además de que se expuso de continuo en la prensa la discusión en torno a la venta de las Salinas del Peñón Blanco y otros asuntos como los impuestos a la sal. Este fondo es importante porque da cuenta de los edictos, comentarios, informaciones estadísticas, opiniones, resoluciones, leyes y decretos relacionados con el tema de las Salinas del Peñón Blanco y demás pueblos salineros del territorio aledaño, además de que provee datos acerca de Cayetano Rubio y Joaquín María Errazu.

En la colección Lafragua, de la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se localiza una gran cantidad y variedad de documentos impresos que dan información sobre la minería, la explotación de la sal en México, y algunos litigios de fábricas de sal. Además, hay tratados, diccionarios, colecciones de leyes y reportes sobre el tema. Existen también textos y compendios sobre las unidades de peso antiguas utilizadas en México para los minerales, así como reglamentos y decretos sobre la explotación de sal, ordenanzas de minería y legislación minera del siglo XIX.

El Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente digitalizado, resguarda una abundante e invaluable documentación sobre aquellos procesos que no eran resueltos en los estados y cuya importancia los llevó hasta el ámbito federal. En el tema que nos ocupa destacan los juicios de amparo sobre conflictos de tierras entre los dueños de las Salinas del Peñón Blanco y los pequeños productores de sal establecidos en los pueblos de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, quienes representaron una fuerte competencia para el monopolio económico de Peñón Blanco. En este acervo documental resultan de interés los fondos sobre Asuntos Económicos y Asuntos Civiles; el rango cronológico que se revisó va desde 1834 hasta 1897, pues muchos de los litigios que enfrentaron los Errazu demoraron varios años y en ocasiones aún no cerraban un caso cuando ya estaba abierto otro.

En el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis Potosí, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan de interés los fondos Amparo y Juicio Civil, ya que en ellos quedaron registrados los litigios por la tenencia de la tierra en el estado de San Luis Potosí. El rango cronológico de interés ocurre desde 1867 hasta 1910, aunque sólo ciertos años son los que precisaron de una revisión más detallada. Existen expedientes sobre deslindes de terrenos, oposiciones a denuncios de terrenos baldíos, conflictos entre terratenientes y hacendados. Un análisis de estos documentos permitió establecer con claridad el sistema de administración y jurisdicción de las diferentes instancias regulatorias.

En el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí se localizan diferentes fondos de importancia para el presente trabajo. Existe documentación de interés en los protocolos de los notarios públicos, donde se registran las ventas de terrenos y de fábricas de sal en el Altiplano de San Luis Potosí. En el Periódico Oficial del Estado se publicaron reglamentos, leyes y decretos relativos a la explotación de la sal, así como opiniones y estadísticas de interés que ayudan a reconstruir el entorno económico y político. También es importante el fondo Agencia de Minería, en donde se registraron los denuncios de terrenos salinos en varios municipios del estado, destacando las diputaciones mineras de Ramos, Zamorelia y San Juan de Salinillas o Concordia.

La Hemeroteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí alberga una colección de periódicos del siglo XIX que dan cuenta de la vida social política y económica de San Luis Potosí. También existen algunos folletos, misceláneas y otros impresos que contienen estadísticas, informes económicos y reportes de la geografía del estado.

Podría decirse que el Archivo Histórico de las Salinas del Peñón Blanco, en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, es uno de los más importantes que existen en el país no sólo por ser único en el ámbito de la explotación de la sal, sino por registrar la memoria de una de las mayores empresas que han durado cerca de 400 años. En sus documentos ha quedado plasmada la historia de la empresa, los vaivenes en su producción, sus vínculos comerciales, la vida laboral y social de sus dueños, administradores y trabajadores. El hecho de haber pertenecido a una empresa privada ha dificultado su consulta a varios investigadores por décadas. Se tiene noticia de que el historiador potosino Nereo Rodríguez Barragán lo consultó y ordenó la documentación de manera cronológica en la década de 1940-1950, y que incluso estuvo a su cargo. En la década de 1980-1990 fue consultado en varias ocasiones por la geógrafa Ursula Ewald, de donde derivó su estudio sobre la sal en México. También se sabe que el historiador Rafael Montejano y Aguiñaga lo consultó algunas ocasiones. El cronista de Salinas, José de Jesús Hermosillo Medina, lo ha revisado innumerables veces para escribir sus monografías sobre la localidad. Recientemente el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por medio de su Secretaría de Cultura, adquirió este importante acervo documental, lo que facilitó su consulta.55

El rango cronológico de este archivo va desde 1713 hasta 1980 aproximadamente,56 la mayor abundancia de documentación se concentra en las décadas de 1870 y 1880. El tipo de documentación que se puede localizar en este nutrido acervo está compuesto por correspondencia, libros de copias de cartas, en su mayoría redactadas por los diferentes administradores a cargo de las Salinas, libros de cuentas, recibos, comprobantes de pagos, publicaciones oficiales, estadísticas, mapas y planos de la región y del país, así como registros de la vida laboral y social de Salinas del Peñón Blanco y los pueblos vecinos productores de sal. Este archivo fue fundamental para la elaboración de la presente investigación, en particular los libros de cuentas y la correspondencia de los años 1842 a 1850.

He organizado la presente investigación en una introducción, cinco capítulos, conclusiones, glosario de términos, medidas, anexos, archivos consultados y bibliografía.

El primer capítulo se refiere al tema de la geografía, el ambiente y la tecnología empleada en la obtención de sal durante el periodo de estudio, que va de 1778 a 1846. Se describe la manera en que los rasgos geográficos posibilitaron la obtención de sal en las playas interiores localizadas entre Zacatecas y San Luis Potosí, en particular. También se explica a grandes rasgos el proceso para beneficiar plata por medio de la amalgamación o sistema de patio. Asimismo, se hace referencia a la manera en que se obtenía la sal durante el periodo virreinal, en contraste con la administración particular de Joaquín Errazu, quien innovó el aspecto técnico de la producción salinera mediante el llamado sistema de fábricas.

En el segundo capítulo se describe la forma en que eran administradas las Salinas del Peñón Blanco a partir de que fueron retomadas por la Real Hacienda tras haber sido arrendadas por varios años, teniendo como contexto las reformas borbónicas y el cambio en la división político-administrativa de la Nueva España de reinos a intendencias. Esta transformación tuvo importantes repercusiones en Peñón Blanco, pues cambiaron tanto la jurisdicción a la que pertenecía como los ámbitos de autoridad que ejercía el encargado de ellas. He reconstruido el territorio salinero a partir de la identificación y localización de las poblaciones sujetas a Peñón Blanco, así como las lagunas en las que se explotaba la sal. Destaca el hecho de que fue por esta época cuando se mandó hacer el primer plano que diera cuenta de la localización geográfica de las Salinas y su jurisdicción. También destaco el papel que desempeñaron los administradores de las Salinas y la Real Hacienda con su conocimiento de la geografía y el clima en tiempos de escasez, en que tuvieron que surtir a los mineros de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato con sal de las costas del Pacífico y el Golfo de México.

En el capítulo tres abordo el proceso de insurrección independentista que pasó por Salinas, de lo que derivó la creación de un cuerpo militar realista para defenderlas, al mismo tiempo que analizo los efectos de la revuelta en la minería y la distribución de la sal. De particular interés resulta la manera en que se administró el territorio, pues coincidieron en el mismo espacio los ámbitos administrativo y militar. En este sentido, resalta el hecho de que la sede de la negociación salinera fue además el centro de operaciones militares realistas que tuvieron lugar entre Zacatecas y San Luis Potosí, siendo el administrador principal el jefe de las fuerzas al mismo tiempo. Las Salinas del Peñón Blanco, además de ser cabecera de partido, se habían convertido en comandancia militar.

En el capítulo cuarto se analiza el proceso que derivó en la privatización de las Salinas del Peñón Blanco hacia 1842. Por un lado, se mencionan los cambios en la división político-administrativa; y, por otro, los marcos legales que normaron la obtención de sal durante el periodo virreinal y que se utilizaron durante buena parte del periodo independiente. También se revisan las condiciones en que quedó el ramo de la sal dentro de la hacienda pública y cómo fue que durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna se sentaron las bases para que un bien nacional pudiera ser adquirido por particulares, con el propósito de brindar liquidez a las finanzas nacionales. Se subraya el hecho de que el contrato de compraventa de las Salinas del Peñón Blanco benefició más al comprador que al vendedor al otorgarle a aquel, beneficios fiscales y prácticamente el monopolio de la sal en San Luis Potosí y Zacatecas.

El quinto capítulo trata sobre las querellas por controlar el territorio salinero tras la privatización de Peñón Blanco. En este proceso destacan dos aspectos; el primero de ellos se refiere a los intentos por anular la venta de las Salinas y las oposiciones a la misma, y el segundo tiene que ver con toda la serie de denuncios de lagunas saladas que realizaron los salineros de Zacatecas y San Luis Potosí, y a los que tuvieron que oponerse una y otra vez los dueños de la negociación salinera. En todo este entretejido de asuntos legales se observa la administración de justicia en materia minera mediante las diputaciones mineras, así como el juego político y las estrategias que emprendieron los dueños mediante el uso de sus redes de relaciones sociales, políticas y económicas en los ámbitos local y nacional. Fue durante este proceso cuando Joaquín Errazu le dio un matiz territorial a la serie de litigios, pues trató de comprobar la propiedad de las Salinas del Peñón Blanco y sus lagunas anexas por medio de la localización geográfica y de la revisión de libros de cuentas antiguos, para demarcar su territorialidad en un mapa que mandó elaborar en 1848, dando así testimonio del territorio que poseía y las actividades económicas que controlaba.

Asimismo, se da cuenta de la manera en que Joaquín Errazu se convirtió en el dueño definitivo de las Salinas del Peñón Blanco tras una larga y tirante negociación que sostuvo con su suegro Cayetano Rubio. En este apartado se advierte cómo Joaquín Errazu, tras 10 años de haber sido arrendatario de las Salinas, desarrolló una vasta experiencia en el ramo, de manera que convertirse en dueño lo beneficiaría de manera amplia, pues no estaba adquiriendo una empresa nueva sino un negocio consolidado en el que había puesto ya muchos esfuerzos e invertido buena cantidad de dinero.

En las conclusiones, retomo los elementos más importantes que constituyen el argumento de la hipótesis central del presente trabajo: que los intereses públicos y privados fueron elementos fundamentales en la configuración del territorio salinero ocupado por las Salinas del Peñón Blanco y la propiedad de las mismas entre 1778 y 1846.

Notas:

1 Ursula Ewald, La industria salinera de México. 1560-1994, México, FCE, 1997, p. 263.

2 Véase, por ejemplo, L. G. M. Bass-Becking, “Historical Notes on Salt and Salt-Manufacture”, en The Scientific Monthly, vol. 32, núm. 5, mayo de 1931, pp. 434-446.

3 Robert P. Multhauf, Neptune’s Gift: A History of Common Salt, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978 (traducido al español con el título El legado de Neptuno. Historia de la sal común, México, FCE, 1985). Multhauf (1919-2004) fue un químico estadounidense de la Smithsonian Institution que desarrolló diversos trabajos sobre la historia de la ciencia y la tecnología, en particular lo relacionado con medicina y química.

4 S. A. M. Adshead, Salt and Civilization, Basingstoke, Macmillan, 1992.

5 Derek Denton, The Hunger for Salt. An Anthropological, Physiological and Medical Analysis, Nueva York, Springer-Verlag, 1982.

6 Pierre Laszlo, Los caminos de la sal, Madrid, Editorial Complutense, 2001.

7 Mark Kurlansky, Salt. A World History, Londres, Vintage, 2003.

8 Frédéric Denhez, Les voyages du Sel, París, Kubik Éditions, 2006.

9 Tao-Chang Chiang, “The Salt Trade in Ch’ing China”, en Modern Asian Studies, vol. 17, núm. 2, 1983, pp. 197-219.

10 Kwan Man Bun, The Salt Merchants of Tianjin: State Making and Civil Society in Late Imperial China, Honolulú, University of Hawaii Press, 2001.

11 Tao-Chang Chiang, “The Salt Industry of Ming China”, en Geographical Review, vol. 65, núm. 1, enero de 1975, pp. 93-106; Tao-Chang Chiang, “The Production of Salt in China, 1644-1911”, en Annals of the Association of American Geographers, vol. 66, núm. 4, diciembre de 1976, pp. 516-530.

12 Hans Ulrich Vogel, Researches on the History of Salt in Sichuan (311 B.C.-1911). Structures of Monopoly and Production, núm. 51, Stuttgart, Münchener Ostasiatische Studien, Franz Steiner, 1990.

13 Paul E. Lovejoy, Salt of The Desert Sun: A History of Salt Production and Trade in Central Sudan, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Charles M. Good, “Salt, Trade and Disease: Aspects of Development in Africa’s Northern Great Lakes Region”, en The International Journal of African Historical Studies, vol. 5, núm. 4, 1972, pp. 543-586; E. Ann McDougall, “Salts of the Western Sahara: Myths, Mysteries, and Historical Significance”, en The International Journal of African Historical Studies, vol. 23, núm. 2, 1990, pp. 231-257.

14 Christopher A. Whatley, The Scottish Salt Industry. 1570-1850: An Economic and Social History, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1987. Véase también, D. A. Iredale, “John and Thomas Marshall and the Society of Improving the British Salt Trade: An Example of Trade Regulation”, en The Economic History Review, nueva serie, vol. 20, núm. 1, abril de 1967, pp. 79-93; Richard Bradley, “Roman Salt Production in Chichester Harbour: Rescue Excavations at Chidham, West Sussex”, en Britannia, vol. 23, 1992, pp. 27-44.

15 José Hinojosa Montalvo, “Las Salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, en Investigaciones Geográficas, núm. 11, 1993, España, Universidad de Alicante / Instituto Universitario de Geografía, s/a, pp. 279-292. Véase además, R. Pastor de Togneri, “La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación y del trabajo y una política fiscal, siglos X-XII”, en Cuadernos de Historia de España, núm. 37-38, 1963, pp. 42-87; S. López Castillo, “El ordenamiento jurídico del comercio de la sal y las Salinas de Añana (Álava)”, en Anuario de Estudios Medievales, núm. 14, 1984, pp. 441-466.

16 Véase, por ejemplo, Virginia Rau, A exploraçao e o comércio do sal de Setúbal. Estado de história económica, vol. i, Lisboa, Instituto para la Alta Cultura, 1951; Myriam Ellis, O monopólio do sal no estado do Brasil (1631-1801). Contribuiçao ao estudo do monopólio comercial português no Brasil, durante o periodo colonial, Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, 1955. En general, los trabajos sobre la sal en Portugal y Brasil se han realizado desde la historia económica y política, privilegiando los casos de la influencia del gobierno y su intervención en la industria y el comercio.

17 Richard O. Keslin, “Archaeological Implications on the Role of Salt as an Element of Cultural Diffusion”, en The Missouri Archaeologist, vol. 26, 1964; C. H. Fairbanks, “Salt Pans from the Southeast”, en American Antiquity, vol. 6, núm. 1, julio de 1940, pp. 65-67; John Edmund Stealey, “Slavery and the Western Virginia Salt Industry”, en The Journal of Negro History, vol. 59, núm. 2, abril de 1974, pp. 105-131; John A. Jakle, “Salt on the Ohio Valley Frontier, 1770-1820”, en Annals of the Association of American Geographers, vol. 59, núm. 4, diciembre de 1969, pp. 687-709.

18 Cheryl Pomeroy, “The Salt of Highland Ecuador: Precious Product of a Female Domain”, en Ethnohistory, vol. 35, núm. 2, primavera de 1998, pp. 131-160.

19 Julio Pinto Vallejos, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera, Santiago, Editorial Universidad de Santiago, 1998.

20 Alejandro Soto Cárdenas, Influencia británica en el salitre. Origen, naturaleza y decadencia, Santiago, Editorial Universidad de Santiago, 1998.

21 Miguel Othón de Mendizábal, Obras completas, tomo II, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1946.

22 William Hewitt, Marcus C. Winter y David A. Peterson, “Salt Production at Hierve el Agua, Oaxaca”, en American Antiquity, vol. 52, núm. 4, octubre de 1987, pp. 799-816.

23 Anthony P. Andrews, Maya Salt Production and Trade, Tucson, University of Arizona Press, 1983; Heather McKillop, “Underwater Archaeology, Salt Production and Coastal Maya Trade at Stingray Lagoon, Belize”, en Latin American Antiquity, vol. 6, núm. 3, septiembre de 1995, pp. 214-228.

24 Thomas H. Charlton, “Texcoco Fabric-Marked Pottery, Tleteles and Salt-Making”, en American Antiquity, vol. 34, núm. 1, enero de 1969, pp. 73-76; Eduardo Williams, “The Ethnoarchaeology of Salt Production at Lake Cuitzeo, Michoacan, Mexico”, en Latin American Antiquity, vol. 10, núm. 4, diciembre de 1999, pp. 400-414; Eduardo Williams, La sal de la tierra. Etnoarqueología de la producción salinera en el occidente de México, Zamora, El Colegio de Michoacán / Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, 2003; Catherine Liot, “La sal de Sayula: cronología y papel en la organización del poblamiento prehispánico”, en El occidente de México: arqueología, historia y medio ambiente. Perspectivas regionales. Actas del iv Coloquio de Occidentalistas, Guadalajara, Universidad de Guadalajara / Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación, 1998, pp. 135-155.

25 Alberto Mata Alpuche, Los salineros de San Miguel Ixtapan. Una historia tradicional de hoy, Gobierno del Estado de México / Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.

26 El estanco de la sal y su relación con la minería ha sido analizada por María Justina Sarabia Viejo, “El estanco de la sal en Yucatán (1591-1610)”, en Anuario de Estudios Americanos, tomo XXXV, 1978, pp. 379-405; y “La sal en la minería mexicana: su evolución en el siglo XVI”, en Manuel Castillo Martos, Minería y metalurgia. Intercambio tecnológico y cultural entre América y Europa durante el periodo colonial español, Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta editores, 1994, pp. 245-265.

27 Juan Carlos Reyes G. (coord.), La sal en México, Colima, Universidad de Colima / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995; Juan Carlos Reyes G. (comp.), La sal en México II, Colima, Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Cultura de Colima, 1998.

28 Juan Carlos Reyes G., Sal. El oro blanco de Colima. La industria salinera colimense durante el virreinato, Colima, Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Cultura de Colima, 2004.

29 Laura Machuca Gallegos, Comercio de sal y redes de poder en Tehuantepec durante la época colonial, México, ciesas, 2007.

30 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997. Ursula Ewald (1938-2004) fue una importante investigadora alemana interesada en América Latina, sobre todo en temas de historia social y económica de la gran propiedad territorial durante el virreinato en México. En sus trabajos se percibe su visión de geógrafa e historiadora y un intenso trabajo de campo y de archivo.

31 Nereo Rodríguez Barragán, Apuntes para la historia y la geografía de la ciudad de Salinas en el estado de San Luis Potosí, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1947.

32 Clara E. Lida, “Sobre la producción de sal en el siglo XVIII: Salinas de Peñón Blanco”, en Historia Mexicana, vol. xiv, núm. 4, abril-junio de 1965, pp. 680-690.

33 Ursula Ewald, The Mexican Salt Industry 1560-1980, Nueva York, Gustav Fisher Verlag, 1985. Si bien este texto se conoció de inmediato entre algunos especialistas, no tuvo plena difusión por haberse publicado en lengua inglesa y por la dificultad de conseguirlo en librerías especializadas, a pesar de lo cual se continuó en referencia obligada entre los historiadores de la sal.

34 Eduardo Flores Clair, “La sal de las finanzas. Peñón Blanco en la primera mitad del siglo XIX”, en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales. Economía y finanzas, núm. 23, mayo-agosto de 1992, pp. 47-75.

35 José de Jesús Hermosillo y Medina, Los gobiernos de las Salinas del Peñón Blanco 1562-2000, Salinas de Hidalgo, H. Ayuntamiento de Salinas de Hidalgo 1997-2000.

36 Javier Barón, El legado Ramón de Errazu: Fortuny, Madrazo y Rico, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005.

37 Robert D. Sack, “El significado de la territorialidad”, en Pedro Pérez Herrero (comp.), Región e historia en México (1700-1850), México, Instituto Mora / Universidad Autónoma Metropolitana, 1991, p. 194.

38 Ibid., p. 195.

39 Ibid., p. 196.

40 Ibid., p. 197.

41 Ibid., p. 199.

42 Ibid., p. 202.

43 Hira de Gortari Rabiela, “Capitalidad y centralidad: ciudades novohispanas y ciudades mexicanas (1786-1835)”, en José María Beascoechea Gangoiti, Manuel González Portilla y Pedro A. Novo López (eds.), La ciudad contemporánea, espacio y sociedad, Bilbao, Universidad del País Vasco / Universidad Autónoma de Puebla, 2006, pp. 373-392, p. 373.

44 Ibid., p. 374.

45 Ibid., p. 379.

46 Ibid., p. 381.

47 Idem.

48 Idem.

49 Ibid., pp. 384-385.

50 Ibid., p. 389.

51 Ibid., p. 390.

52 Ibid., p. 391.

53 Ibid., p. 377.

54 Eduardo Flores Clair, op. cit., pp. 105-121.

55 Justo cuando se solicitó acceso a los documentos de esta empresa, a finales de 2005, la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Salinas realizaban labores de restauración con motivo de la creación del Centro Cultural de Salinas, que entre otras cosas albergaría el acervo documental. La gran mayoría de los documentos se encontraban en desorden y descuido; si bien algunos estaban a buen resguardo y ordenados de manera cronológica, buena parte de ellos se localizaban en bodegas abandonadas y casi en ruinas. Fue por ello que, de manera paralela al desarrollo de la presente investigación, se planteó y efectuó el rescate del Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco. Dicha labor fue realizada por El Colegio de San Luis, bajo la coordinación de quien esto escribe y en colaboración con el Ayuntamiento de Salinas, la Secretaría de Cultura, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí y la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (adabi de México, A. C.). Como resultado de ese esfuerzo, ahora se cuenta con una guía publicada y el inventario de más de 4 000 expedientes. Véase David Eduardo Vázquez Salguero, Guía del Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco, 1713-1945, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2008.

56 Llama la atención que la documentación comience a finales del siglo XVIII —lo que coincide en lo cronológico con los expedientes existentes en el Archivo General de la Nación—, tomando en cuenta que las Salinas del Peñón Blanco comenzaron a funcionar durante la segunda mitad del siglo XVI. Véase Flores Clair, op. cit.

I. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA OBTENCIÓN DE SAL

El territorio salinero del que se ocupa esta investigación se localiza al noroeste del actual estado de San Luis Potosí y noreste de Zacatecas, en la cuenca hidrológica conocida como El Salado, que a su vez forma parte del desierto chihuahuense. De los tres desiertos importantes que alberga la república mexicana (el sonorense, el chihuahuense y el de Tehuacán), el chihuahuense es el más significativo por su extensión.57 Uno de sus principales rasgos fisiográficos es la existencia de abanicos aluviales o bajadas. Se trata de porciones de terreno localizadas en las laderas de los cerros cuya forma semeja un abanico, que terminan en las porciones planas de los valles. La lluvia que baja de los cerros acarrea grava, arena y limo que termina por depositarse en los valles; las diferentes deposiciones en el suelo se ven reflejadas en su capacidad para absorber y retener el agua.58

El desierto chihuahuense es considerado de clima cálido, pues el agua que recibe cae en forma de lluvia en el verano, es decir, entre los meses de mayo a octubre. Las temporadas invernales son consideradas benignas, aunque es posible que algunas veces descienda la temperatura de manera considerable.59 Posee un paisaje que sugiere amplitud debido a sus enormes extensiones relativamente planas, a la carencia de nubes y a su vegetación baja. Está cubierto por matorrales que por lo general no pasan de un metro de altura, aunque es importante señalar que cada porción en el ámbito varía en la dominancia y composición de las especies de acuerdo con sus condiciones de clima y suelo. Abundan la yuca, las biznagas, los mezquitales y las nopaleras. Una planta casi omnipresente es la gobernadora.60

La formación de este desierto es un fenómeno que, dentro de las extensas eras geológicas es relativamente reciente, pues comenzó hace alrededor de 11 000 años antes del presente, con lo que se puede afirmar que el paisaje que hoy apreciamos es muy similar al que percibieron los primeros habitantes españoles.61 Tiene una extensión de 507 000 km², siendo el desierto más grande de Norteamérica. Abarca desde el sur de San Luis Potosí hasta las cuencas del río Bravo y Pecos en Nuevo México y Texas, y una pequeña porción del sureste de Arizona, alcanzándose su límite septentrional en la meseta de Edwards, Texas. Las sierras Madre Oriental y Madre Occidental representan sus límites naturales al este y al oeste respectivamente.62

MAPA 2. DESIERTO CHIHUAHUENSE Y CUENCA HIDROLÓGICA DE EL SALADO.

Elaboración propia. Fuente: Héctor M. Hernández, La vida en los desiertos mexicanos, México, FCE / SEP / Conacyt / CAB, 2006; cartografía en línea del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Por su parte, la cuenca hidrológica de El Salado es una cuenca arreica, es decir, carece de drenaje hacia el mar y en la que no se han labrado cauces de importancia, pues los arroyos que bajan de los flancos montañosos desaparecen en las llanuras sin formar colectores. El Salado, con sus 92 187 km², comprende la mayor parte del estado de San Luis Potosí y porciones de Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas. Debido a que la corteza superficial de esta región está constituida por una masa caliza, los escurrimientos de agua, cuando los hay, penetran de inmediato al interior.63

MAPA 3. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE SAL EN SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS.

Elaboración propia. Fuente: Cartografía digital del INEGI.

Esta cuenca posee un clima seco y semiseco templado con altitudes que van desde los 1 600 a los 2 700 m sobre el nivel del mar y una temperatura media anual entre los 16º y los 18° C. Las lluvias, que ocurren durante el verano, registran una precipitación entre 335 y 398 mm anuales, es decir, cerca de 600 mm menos que en la península de Yucatán.64 En esta zona plana tanto la precipitación como los escurrimientos son escasos, por lo que sus habitantes por lo general se enfrentan a una prolongada, y en ocasiones extrema carencia de agua.

Una característica que muestra la interacción entre el clima y la composición rocosa de la cuenca es la producción de altas evaporaciones y concentraciones de salinidad en las distintas lagunas interiores.65 El clima y la geografía han sido propicios para la obtención de sal en las playas del interior, en cuyas corrientes internas fluye salmuera, es decir, agua salada.66 Tal es el caso de las Salinas del Peñón Blanco, localizadas en esta amplia y árida región geográfica. Las principales lagunas salineras que se mencionan a lo largo del presente trabajo se localizan en los actuales municipios de General Pánfilo Natera, Villa de Cos y Fresnillo, en el estado de Zacatecas; y de Salinas, Moctezuma, Villa de Ramos y Santo Domingo, en San Luis Potosí.

Esta cuenca de desagüe interior se compone de innumerables lagunas saladas de carácter estacional, en donde la sal se presenta de manera natural en la superficie en forma de eflorescencias o como costras de sal con una alta concentración de cloruro de sodio. En algunas playas el tequezquite cubre amplias áreas.67 Es posible encontrar salmuera de distinta salinidad al perforar pozos en el subsuelo a varios niveles, tras los cuales hay por lo general agua dulce. El agua salada se encuentra por lo regular bajo la capa de arcilla impermeable que cubre la superficie de las lagunas. Las condiciones meteorológicas de El Salado, así como el clima seco, permiten la formación de cristales de sal gracias a la acción de la evaporación solar. En tiempos de las cosechas de sal, tanto en el pasado como en la actualidad, suelen temerse las precipitaciones inesperadas que pueden afectar o interrumpir su explotación. Las playas interiores corren el riesgo no sólo de inundarse tras una lluvia torrencial, sino de recibir por arrastre grandes cantidades de arena y grava que dificultan una producción aceptable.68

En el devenir de las Salinas del Peñón Blanco siempre ha estado presente un delicado equilibrio entre la infiltración necesaria para disolver la sal del subsuelo, la evaporación del agua y la cristalización de la sal. La lluvia era necesaria, pero en exceso podía mermar las cosechas de sal. Por otra parte, una temporada prolongada de sequía agotaba los caudales subterráneos, disminuyendo la cantidad y concentración de la salmuera. Además de la acción solar, el viento del suroeste era también importante en el proceso de evaporación y cristalización, pero las fuertes tormentas de polvo podían ensuciar la sal y disminuir su calidad.69

Los datos revelan que el continuo suministro de sal se debió más a una administración previsora que a una producción ininterrumpida. Los años de escasez se afrontaron almacenando sal durante los tiempos de buena cosecha. Los encargados de Peñón Blanco en sus distintas administraciones supieron que el éxito en la producción no era el resultado de una temporada, ni siquiera de lo realizado en un año, sino de años de cuidado y aplicación del conocimiento adquirido durante generaciones. El proceso de obtención de plata conocido como sistema de patio hizo de este ingrediente un insumo tan necesario como el azogue para el abasto de la minería de plata en el territorio durante toda la Colonia y parte del México independiente.

Al respecto, cabe señalar que hasta antes de mediados del siglo XVI tanto el oro como la plata se obtenían por medio de fundición, y solamente el oro por amalgamación, que era un sistema de beneficio en frío que requería del mercurio como ingrediente. No fue sino en 1555 cuando el beneficio de la plata se hizo posible por amalgamación gracias al sevillano Bartolomé de Medina, quien lo inventó en Pachuca.70 El proceso se realizaba en las haciendas de beneficio, y consistía en separar y triturar el mineral hasta convertirlo en un polvo fino que se apilaba en montones sobre un extenso piso empedrado, de ahí el nombre de “patio”. Se agregaba agua a los montones hasta producir un lodo espeso al que se le añadía sal, proceso al que se llamaba “ensalmorado”. Después se agregaba el “magistral”, que era una mezcla de sulfatos de cobre y óxidos de fierro, y en ocasiones cal, para después rociar de azogue (mercurio) los montones, los que luego se extendían formando tortas delgadas circulares o rectangulares. Esas tortas eran agitadas varias veces al día por hombres o animales hasta que el azogue se hubiera amalgamado con la plata, lo que podía demorar desde unas semanas hasta dos o tres meses según la calidad del mineral y el clima. La reacción química desencadenada separaba la plata del resto de los minerales. El lodo resultante era lavado en tinas, de manera que las partículas más pesadas se precipitaban al piso. La masa se exprimía hasta obtener una “piña” que era sometida a destilación para separar la plata del azogue. Al final se fundía el metal obtenido para separarlo del oro, lo que se hacía en las casas de apartado; y se elaboraban las barras. De esta forma se obtenía la plata.71 Este método tuvo tal éxito que en 1562, es decir, siete años después de su invención, había en Zacatecas 35 haciendas de beneficio que lo aplicaban, lo que permitió explotar menas que no eran aptas para la fundición debido a su escasa ley.72 Los testimonios de los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII se referían al método como beneficio “de azogue”; recibió el nombre de “beneficio de patio” hasta mediados del siglo XVIII, cuando Francisco Xavier de Gamboa lo describió de manera sistemática en 1761 en sus Comentarios a las Ordenanzas de Minas.73

LA OBTENCIÓN DE SAL ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ERRAZU

Ya desde los días en que las Salinas del Peñón Blanco eran explotadas bajo la administración del virreinato de la Nueva España, se tenía pleno conocimiento de los ciclos estacionales, de los efectos de los fenómenos atmosféricos, del medio y de la duración de los días tanto en invierno como en verano en lo que llamaban aquel “abierto país”.74

Entre los residentes de Peñón Blanco se sabía que uno de los principales agentes para producir la sal era el agua estancada en la laguna desde la época de lluvia hasta los meses de noviembre y diciembre, en que la fuerza del viento contribuía a la evaporación, de manera que la cosecha se obtendría en febrero o marzo. Cualquier aguacero en exceso o fuera de tiempo era sumamente perjudicial para la laguna, y en cambio las lluvias moderadas y en tiempo eran las que más beneficiaban la producción.75

Después de la temporada de lluvias se esperaba a que los vasos lacustres se secaran durante los meses de abril y mayo, ya que en esa época el intenso calor ocasionaba la cristalización y la obtención de la sal de grano; en el caso de que se secaran antes, era probable que se perdiera la cosecha y nada más se obtenía la llamada sal espumilla durante los meses de enero y febrero, a las orillas y en algunos puntos de humedad según menguaban las aguas. El mes de febrero se caracterizaba por vientos fuertes, en cambio abril y mayo eran los meses tranquilos y serenos con algunas lluvias, aunque en general éstas comenzaban en junio.76

El viento, que era tan necesario para la evaporación del agua, con lo que se lograba la obtención de la sal, podía variar en su fuerza, misma que se graduaba en “suaves vientos”, “fuertes vientos”, “recios vientos” o “violentos vientos”, dependiendo de su intensidad. Cuando el viento amainaba se decía que el tiempo se manifestaba “tierno”. El aire podía ser “blando” y “benigno”, o bien podían padecerse “turbonadas”77 de viento; a las lluvias intensas se les llamaba “furiosas tormentas de agua”; cuando el calor era intenso se decía que sucedían “recios calores” o “soles fuertes”.78

Una vez concluido el proceso de evaporación, ocurrían las primeras eflorescencias. La sal se obtenía rastrillando el suelo de fuera hacia dentro, por ser el centro la última parte en donde se evaporaba el agua. A falta de instrumentos de medición, el sentido del gusto servía para valorar la salinidad del agua. Por ejemplo, en una ocasión el administrador de Peñón Blanco le informó al intendente de San Luis Potosí que había mandado reconocer el agua del vaso de la laguna principal, y la había probado con la boca. Después sacó muestras del agua, coció una cantidad de 40 cuartillos79 de lo que resultó “un queso” de una libra “de razonable calidad, sintiéndose en el paladar tanto lo salobre de dicha agua como cuando en poca cantidad de ella se hace disolución para salmuera”.80

INNOVACIONES EN LA OBTENCIÓN DE SAL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ERRAZU

Si bien durante el periodo colonial tanto los administradores como los peones se valían de su conocimiento empírico sobre el medio y los mecanismos naturales que operaban en la obtención de sal, durante el siglo XIX, bajo la administración particular de los Errazu, éstos recurrieron al apoyo de técnicos con conocimiento más complejo para mejorar la producción y aun ampliarla. Ejemplo de ello fue la contratación de ingenieros para la construcción de calderas, para el sondeo de la laguna y para la experimentación con las eras, así como para graduar la salinidad con el baumé.81 Durante casi 300 años la sal se obtuvo por métodos poco eficientes, pues tan sólo se recogía conforme el agua de la laguna se evaporaba. Fue a inicios de la década de 1840 cuando Joaquín María Errazu contrató a Guillermo Pollard con el objetivo de introducir mejores técnicas para producir sal en grano, que consistían en extraer la salmuera subterránea y depositarla en estanques de cristalización para evaporarla.82 Cuando se introdujo esta innovación, se tuvo que experimentar mucho, y no se obtuvieron los mejores resultados sino en 1862.83 Al sistema se le denominó “nuevo beneficio de sal”, “sistema de fábricas” o “plantas de sal solar”. Cada fábrica formaba una unidad de producción individual y se vinculaban a otras áreas de actividad: norias, piletas, canales, almacenes, corrales o establos.

El sistema de fábricas consistía en extraer la salmuera del subsuelo por medio de norias o acarrearla de la laguna cuando tenía agua. Se depositaba en una serie de estanques de evaporación (concentradoras), de donde se distribuía la salmuera a las pilas (cristalizadoras). Las concentradoras tenían la función de saturar el agua de sal por medio de la evaporación. Luego, la salmuera pasaba a las cristalizadoras por acción de la gravedad, en donde se formaba la sal. Para cosecharla, se tiraba de manera suave un rastrillo de madera para llevar adelante de sí toda la saltierra que, separada por completo de la tierra del fondo, se levantaba como espuma, acción que en la fase química es llamada eflorescencia de sales. La actividad había que desempeñarla con cuidado para no raspar ni apurar las sales y el fondo en exceso.84 Una vez recogida la sal, se dejaba en los asoleaderos a un lado de las pilas para que se secara; al final, era llevada a los almacenes, donde se empacaba en costales de ixtle para su venta y distribución. La conservación y el transporte de la sal siempre representaron un problema por los riesgos que conllevaba exponerla a la lluvia, que podía disolverla; o a las tolvaneras, que podían ensuciarla.

ESQUEMA 1. SISTEMA DE FÁBRICAS PARA PRODUCIR SAL

Las fábricas variaban por su tamaño, diseño y construcción, que dependía del hecho de que las cosechas se recogían a mano y de que tanto el flujo de salmuera como los sistemas para llenar las pilas tenían una capacidad limitada. Por lo regular, los salineros se enfrentaban al problema de extraer con eficiencia y economía la salmuera desde niveles inferiores, ya que los sistemas de bombeo eran costosos, lo que demandaba un arduo trabajo manual.85 El agua salada se elevaba a la superficie por medio de norias, algunas muy simples y otras más elaboradas que eran movidas por mulas, caballos o humanos. También se utilizaron pozos artesianos, sistemas de bombeo o trabajo manual, que consistía en vaciar tinas de salmuera de algún pozo cercano en los estanques de evaporación.86

Las fábricas se construían tomando en cuenta la forma del terreno, todas ellas al borde exterior de las playas, así como la disponibilidad de salmuera para elegir el mejor lugar de extracción. Las pilas concentradoras, las cristalizadoras y sus almacenes quedaban en la parte más elevada alrededor de las lagunas. El declive natural permitía que la salmuera fluyera de estanque en estanque por medio de canales de mampostería, concreto o madera, que por cierto requerían de mantenimiento constante por el continuo desgaste y las consecuentes fugas debido a la acción corrosiva de la sal.87

El piso desempeñaba un papel de suma importancia en el proceso de cristalización. Durante la era colonial se dependió de los pisos de tierra y arena; en cambio, para las fábricas de sal se utilizaron lajas de las montañas cercanas o tejas de barro, quizá elaboradas en la localidad, aunque es probable que se hayan comprado en Zacatecas.88 Los pisos naturales de barro resultaban bastante impermeables si se mantenían húmedos, pero tenían el inconveniente de que una vez secos se agrietaban, ensuciaban la sal y la coloreaban. Mejores resultados dio la utilización de guijarros de los cerros cercanos, pues la roca volcánica rojiza se trituraba fina y se compactaba para formar el suelo. Una buena construcción de los pisos era necesaria para evitar fugas e infiltraciones.89

Notas:

57 Héctor M. Hernández, La vida en los desiertos mexicanos, México, FCE / SEP / Conacyt / CAB, 2006, p. 37.

58 Ibid., p. 38.

59 Ibid., p. 39.

60 Ibid., pp. 40-41.

61 Ibid., p. 47.

62 Ibid., p. 49.

63 Jorge L. Tamayo, Datos para la Hidrología de la República Mexicana, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1946, p. 336.

64 Jorge L. Tamayo, Jorge L., Geografía general de México. Geografía física, t. II, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1949, p. 414; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Síntesis geográfica del estado de San Luis Potosí, México, INEGI, 1985, pp. 10, 13, 14.

65 INEGI, op. cit., pp. 10, 13, 14.

66 U. Ewald, La industria…, op. cit., 1997, p. 51.

67 El tequezquite es una eflorescencia salina con un alto contenido de sosa. Además de este, los diversos tipos de sal que por lo común se obtenían eran la sal grano, la saltierra (tierra impregnada de sal) y la sal espumilla (pequeñas laminillas de sal que cristaliza en la superficie de los estanques o lagunas).

68 U. Ewald, La industria… op. cit.,1997, p. 81.

69 Ibid., p. 82

70 Modesto Bargalló, La amalgamación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonial, México, Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969, p. 51.

71 Mervyn F. Lang, El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-1710), México, FCE, 1977, pp. 46-51; Manuel Castillo y Mervyn F. Lang, Grandes figuras de la minería y metalurgia virreinal, Córdova, Universidad de Cádiz, 2006, pp. 69-77; Modesto Bargalló, La minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial, México, FCE, 1955, pp. 127-128.

72 M. Bargalló, La minería…, op. cit., p. 112.

73 M. Bargalló, La amalgamación…, op. cit., pp. 385-386, 438; Francisco Xavier de Gamboa, Comentarios a las Ordenanzas de Minas, Madrid, s.p.i., 1761, pp. 192-209.

74 Archivo General de la Nación, Salinas, vol. 1, exp. 10, ff. 242-264, 1791; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 298f, 1793.

75 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 274f y v, 1792

76 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 284 f y v, 1792; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 433 f y v, 18 de febrero de 1793.

77 “Fuerte chubasco de viento y agua, acompañado de truenos, relámpagos y rayos” (Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia Española / Espasa, 2001).

78 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, f. 471f, 1794; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, f. 478f, 1794; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, f. 484f, 1794.

79 Un cuartillo equivale a 0.456264 litros, es decir que 40 cuartillos eran 18.25056 litros (Cecilio A. Robelo, Diccionario de pesas y medidas mexicanas antiguas y modernas, y de su conversión. Para uso de los comerciantes y de las familias, edición facsimilar, México, CIESAS, 1995).

80 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, f. 30 f, 1793.

81 El baumé es un instrumento inventado en 1768 por el químico y farmacéutico francés Antoine Baumé. También se le conoce como aerómetro, hidrómetro o densímetro, y está graduado en grados baumé o Bé°, se utiliza para medir la densidad de varios líquidos, aunque al principio se pensó para medir la salinidad del agua. La graduación de un areómetro en grados Baumé se establece con referencia a una disolución acuosa de cloruro de sodio (NaCl) al 10% en masa y agua destilada. Se marca el valor 0 para el agua destilada y el valor 10 para la disolución al 10%, y se divide el espacio entre ambos en 10 grados Baumé.

82 Guillermo Pollard, de nacionalidad británica arribó al puerto de Veracruz en 1824; en 1830 fue empleado de la Compañía de Minas Anglomexicana en Guanajuato; hacia 1834, era uno de los empleados de la Compañía del Mineral del Monte. En 1837 se desempeñó como contador principal de la negociación del Fresnillo; y en 1838, junto con otros dos connacionales, se declaró minero residente en Bolaños. En 1841 se estableció en Salinas del Peñón Blanco, donde, además de implantar el sistema de fábricas para los Errazu, fungió como uno de sus agentes de negocios en la región para vender sal en Zacatecas y Guanajuato. Más adelante, radicó en Zacatecas, alternando con Salinas y Guanajuato, pues en septiembre de 1842 solicitó a Joaquín Errazu licencia para apoyar a Eduardo Penny, apoderado de una compañía inglesa-zacatecana que había contratado la Casa de Moneda de Zacatecas. Entre 1843 y 1848 declaró su residencia en Real del Monte (ANG, Pasaportes, vol. 1, exp. 49 y 61; ANG, Relaciones Exteriores, vol. 33, exp. 390; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 6, exp. 173; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 18, exp. 87; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 25, exp. 101; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 31, exp. 47; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 40, exp. 180; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 51, exp. 145; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 62, exp. 160; ANG, Cartas de Seguridad, vol. 69, exp. 201; Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 6 abril de 1842, caja 114, exp. 661; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 27 de julio de 1842, caja 114, exp. 662; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 13 de agosto de 1842, caja 115, exp. 664; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Guillermo Pollard a Joaquín María Errazu”, 29 de septiembre de 1842, caja 114, exp. 661; Severo Cosío, Apuntes y documentos para esclarecer la cuestión de Salinas del Peñón Blanco y que sirven de contestación a las impugnaciones que se han hecho de las esposiciones dirigidas al Supremo Gobierno nacional por la Diputación y Gobierno de Zacatecas, con motivo de las cuales se dictó la suprema orden de 2 de octubre de 1862, Zacatecas, Imprenta de Tostado y Villagrana, 1863, p. 19.

83 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, El Garibaldi. Periódico Oficial, San Luis Potosí, t. i, núm. 69, 25 de enero de 1862, p. 4.

84 Frédérique Langue y Carmen Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros para la América Española (siglos XVI-XIX), París, Éditions Recherche sur les Civilisations, 1993, p. 543.

85 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 56.

86 Idem.

87 Ibid., p. 127.

88 Ibid., p. 128-129.

89 Ibid., pp. 54, 129.

II. ADMINISTRACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO. JURISDICCIÓN Y GEOGRAFÍA DE LAS REALES SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1778-1794

LAS REALES SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA REAL HACIENDA A FINALES DEL SIGLO XVIII

Las Salinas del Peñón Blanco, descubiertas alrededor de 1562, fueron en un principio administradas y explotadas por la Corona. De 1629 a 1778 estuvieron arrendadas al mejor postor, tiempo en el cual le redituaron a la Real Hacienda entre 3 000 y 4 000 pesos anuales.90 El último arrendatario antes de que las Salinas volvieran a ponerse bajo la administración de la Corona fue Francisco Xavier Aristoarena y Lanz Sánchez, conde de Casafiel. Fue hijo de Pedro Antonio Aristoarena y Lanz Elvetia, y sobrino del capitán Tomás Aristoarena y Lanz. Su padre procedía de la Villa de Lanz, en Navarra, avecindado luego en la ciudad de México, donde se casó; en 1719 estuvo a cargo del asiento de las alcabalas de la ciudad de Zacatecas. Su tío Tomás, quien llegó a la Nueva España en el mismo año, recibió la administración de las Salinas del Peñón Blanco en 1732. Francisco Xavier nació en la ciudad de México en 1716, fue asentista de las Salinas casi después que su tío, de 1762 a 1778, cuando entregó el cargo a Juan de Aranda. Además de cumplir con la cantidad que correspondía al asiento, vendía parte de la sal a los mineros particulares, que la compraban por su bajo precio a pesar de la menor calidad, lo que contribuyó a la acumulación de una importante fortuna. Fue corregidor de Zacatecas entre 1735 y 1740, alcalde ordinario de la ciudad de Zacatecas, alcalde mayor de las Reales Salinas de Santa María del Peñón Blanco y teniente de capitán general de los pueblos del Venado, la Hedionda, las fronteras de Charcas y Pinos, durante los 16 años que duró su asiento en las Salinas. A él le correspondió sofocar y castigar la sublevación de los indios de Venado en junio de 1767, por ser justicia mayor de las Salinas, protector de paz y guerra. De manera paulatina, adquirió diversas propiedades, en particular haciendas y minas. Fue aviador y diputado en el fomento y laborío de las minas; alrededor de 1754, fue administrador del estanco de la pólvora y los naipes.

El asiento de las Salinas a cargo de Francisco Xavier Aristoarena aumentó de forma considerable al paso del tiempo. En los primeros 10 años, hasta octubre de 1771, se comprometió a pagar la cantidad anual de 19 394 pesos; y, en un segundo periodo, comprometió 35 505 pesos anuales, lo que representó un incremento anual de 16 111 pesos. Durante su administración de las Salinas se realizaron mejoras en la Casa Real, la capilla, y en las casas de los empleados de confianza. En 1777 recibió el título de conde de Casafiel. El conde de Casafiel fue el último asentista y alcalde mayor de las Salinas del Peñón Blanco, pues, aun cuando había solicitado una prórroga para su contrato por un periodo de dos años, la Real Hacienda decidió no otorgársela, por lo que entregó el cargo a Juan de Aranda entre el 10 y el 13 de octubre de 1778. Falleció en Zacatecas el 7 de agosto de 1786.91

La administración de Juan de Aranda fue importante por dos razones, la primera de ellas es que las Salinas fueron retomadas por la Real Hacienda después de haber sido administradas por asentistas durante un largo periodo. La segunda razón estriba en que fue durante su periodo cuando la administración del territorio se modificó de manera sustancial, al pasar de la división en reinos a la división en intendencias. Estos cambios administrativos deben entenderse en el contexto de las reformas borbónicas, que, si bien habían comenzado a instaurarse en España a principios del siglo XVIII, se aplicaron con mayor determinación en las posesiones americanas del imperio español hasta la segunda mitad del mismo siglo. La Corona española buscó consolidar su autoridad con la organización de un sistema administrativo que con eficiencia pudiera promover la economía, sanear las finanzas, reforzar el ámbito militar y mejorar la organización burocrática.92

Cuando el conde de Casafiel entregó las Salinas a la Real Hacienda, Juan de Aranda se desempeñaba como ministro contador oficial real de la Real Hacienda y Caja de la Ciudad de Zacatecas, y recibió además la plaza de administrador general y justicia mayor de las Reales Salinas de Santa María del Peñón Blanco el 11 de octubre de 1778.93 Juan de Aranda había sido quien propuso al gobierno virreinal que las Salinas del Peñón Blanco fueran administradas por la Corona, pues el 29 de mayo de 1778, mientras se desempeñaba como contador de las cajas de Zacatecas, formó el plan para el manejo de este ramo, mismo que fue enviado al virrey de la Nueva España, Antonio María Bucareli. El Real Tribunal emitió su informe, que se aprobó en la Junta Superior de la Real Hacienda el 23 de julio. Se declaró que debía empezar la administración el 11 de octubre de 1778, el mismo día en que cesó el arrendamiento del Conde de Casafiel. En la misma junta se nombró a Juan de Aranda como administrador general del ramo y justicia mayor del territorio, comenzando así una nueva administración y dándose por concluida la primera época de los asientos a particulares. Se le asignó un beneficio económico del cinco por ciento de las ganancias que resultaran al año, después de descontar gastos y la renta de 35 550 pesos de arrendamiento que antes pagaba el asentista cada año; por su parte, tuvo que otorgar una fianza de 10 000 pesos. Tomó posesión y recibió las Salinas el 11 de octubre de 1778, y luego colocó al administrador y demás subalternos que debían residir allí.94

El 17 de junio de 1779, José de Gálvez, secretario de estado y del despacho de Indias, le manifestó que el rey se encontraba satisfecho por su labor, por lo que se le permitió continuar al frente de la administración de las Salinas, e incluso le instruyó para que se entendiera directamente con el virrey en todo lo relativo a Peñón Blanco. Su labor fue felicitada en varias ocasiones.95 Sus servicios prestados por 10 años, desde el 11 de octubre de 1778 hasta el 30 de noviembre de 1788, fueron bien calificados por haber logrado hasta ese momento una ganancia de 430 412 pesos, cinco tomines, 11 gramos.

El 15 de noviembre de 1788 el virrey distribuyó una real orden del 29 de julio de ese año, en la que se prohibía que los empleados pudieran gozar de dos sueldos, aunque sus cargos fueran diferentes, por lo que se mandaba cesar el pago menos cuantioso. Como se ha comentado, Aranda ejercía al mismo tiempo la plaza de contador oficial real y la de administrador de las Salinas. En este sentido, Juan de Aranda pidió que en su caso no se le retirara uno de los dos sueldos, sino que se le mantuvieran por sus 23 años de servicios “en estos dominios” a la Corona, tanto en la secretaría del Virreinato como en las Cajas Reales, desde 1769 “y con conocidas ventajas del erario”.96

Argumentaba que sus ganancias apenas alcanzaban a compensar el “crecido trabajo y riesgo de tan delicado y recomendable manejo”. Además de la fianza que tenía que pagar, las sales se fiaban a la minería, con cargo al propio administrador. Cada semana mantenía correspondencia con los subalternos y con todos los minerales del territorio que abastecía, para lo que necesitaba un amanuense al que tenía que pagar por su trabajo. Durante las temporadas de cosecha, y cuando era necesario, acudía en persona a cada una de las lagunas que formaban parte de la renta,97 teniendo que recorrer en ocasiones hasta 25 leguas desde la ciudad de Zacatecas; “costosos viajes” que pagaba con sus propios ingresos. Debido a sus actividades en la ciudad de Zacatecas, se le concedió la facultad de nombrar un teniente que se quedara en las cajas reales durante sus ausencias.98

Alegaba que los riesgos y los gastos eran permanentes, mientras que la producción y las ganancias no eran “nada fijos”. Reconoció que, al transcurrir los años, había visto compensados sus esfuerzos, quedándole “alguna utilidad”, pero que no siempre podía tener beneficios, como los años de 1785 y 1786. Decía que sin la “corta gratificación asignada” tendría que desempeñar sus funciones con el gravamen de su bolsa.99

Por otra parte, decía, los administradores del tabaco, la pólvora, naipes y papel sellado recibían su estipendio sin tener que salir de sus casas y sin correr riesgos, pues su labor se reducía tan sólo a la venta del contado sobre el mostrador. En cambio, la renta de las salinas era diferente y de un manejo mucho más laborioso. Añadió que si en su lugar se hubiera puesto desde el principio otro administrador general con sueldo fijo, éste recibiría más dinero que lo que él había disfrutado hasta el momento.100

Juan de Aranda dejó el cargo de administrador entre 1789 y 1790. En los últimos documentos que firmó lo hacía todavía como alcalde mayor, aunque había dejado de serlo con la instauración de la intendencia en 1787. Con la nueva división disminuyó su autoridad sobre el territorio, aunque continuó ejerciéndola, pues ahora le correspondió obedecer al intendente de San Luis Potosí y no a la autoridad de Zacatecas.101 Al respecto, cabe mencionar que, si bien desde el 28 de noviembre de 1785 se dieron a conocer las regulaciones para la operación de la empresa, éstas fueron sustituidas el 16 de abril de 1790 por una versión elaborada por el intendente de San Luis Potosí, Bruno Díaz de Salcedo, y sancionadas por Carlos iv el 22 de noviembre de 1791. En ese mismo año de 1790, las Salinas del Peñón Blanco fueron puestas bajo la jurisdicción directa del intendente.102

Hacia 1792 desempeñaba el cargo de contador de la Caja General en la capital del virreinato, y en 1793 el de tesorero general del Ejército y Real Hacienda. Su vasta experiencia fue tomada en cuenta en numerosas ocasiones por los miembros de la Real Hacienda y el propio virrey, para resolver asuntos relacionados con el ramo.

Cabe hacer un paréntesis para mencionar que las actividades administrativas de las Salinas del Peñón Blanco tuvieron lugar en las llamadas Casas Reales, referidas bajo ese nombre por considerarse propiedad real. Se trataba de un complejo habitacional que funcionaba además como sede administrativa de la empresa, que incluía un espacio dedicado al culto religioso. Alrededor se fue aglomerando un caserío que más tarde daría forma a la población de Salinas. Una descripción y plano de las Casas Reales que data de 1717 refiere que existía una capilla, una sacristía, un bautisterio, un cementerio y un osario.

En lo que era propiamente la casa había una recámara principal, un estrado, un dormitorio, una sala principal, el almacén, el zaguán, el cuarto de escritorio, un cuarto de huéspedes, la sala de recibimiento, una recámara perteneciente a dicha sala, el comedor, la despensa, la cocina, un pasadizo hacia el patio, un cuarto de cocheros, un cuarto de criados, un pajar, una bodega, una troje, el patio, la caballeriza, el gallinero y la carpintería.103 De manera que las Casas Reales consistían en los espacios privados para habitar, un área religiosa y oficinas destinadas a la administración de la empresa salinera. En este lugar habitaron los asentistas, administradores, capellanes y, en su momento, los dueños de la negociación. La construcción sufrió algunas modificaciones a lo largo del tiempo, sobre todo remodelaciones y ampliaciones.

Un mapa mandado hacer por Joaquín Errazu en 1848 tiene una ilustración en la parte inferior en la que se distingue con claridad la fachada de la casa principal. El Plano 1, de 1717, muestra la distribución de la casa y la fachada mencionada correspondiente al plano de 1848, con el propósito de ofrecer una referencia del espacio ocupado.

PLANO 1. REALES SALINAS DE SANTA MARÍA DEL PEÑÓN BLANCO.

Fuente: ANG, Tierras, Vol. 615, Exp. 1, f. 60, plano 977/0966, 1722.

FIGURA 1. TERRENOS ANEXOS A LAS SALINAS DE SANTA MARÍA DEL PEÑÓN BLANCO, PROPIAS DEL SR. D. JOAQUÍN MARÍA ERRAZU, LEVANTADO POR CIRIACO ITURRIBARRÍA EN 1848.

Fuente: AHSPB, Errazu, Gobierno, Mapas y planos.

LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO A FINALES DEL SIGLO XVIII

El Virreinato de la Nueva España se componía de varias unidades administrativas de gran extensión. En ocasiones, cada una tenía su propia jurisdicción independiente del resto mientras que algunas de ellas podían depender de forma total o parcial de otras, así que ocurría una gran cantidad de traslapes de competencia. Ocurría también que a veces un funcionario ocupaba distintos cargos administrativos, con competencias y límites jurisdiccionales diferentes. Por eso encontramos unidades administrativas eclesiásticas, militares, civiles, fiscales y judiciales que solamente en casos excepcionales coincidían en extensión y límites territoriales.104 La designación de Nueva España se refería a todo el norte del imperio español en América, incluyendo a las Filipinas, al mismo tiempo que existía el Reino de la Nueva España —también conocido como el Reino de México— que comprendía los territorios conquistados por Hernán Cortés en el centro de México (los actuales estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero, México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Colima y San Luis Potosí).105 De esta manera, el Virreinato de la Nueva España abarcaba una jurisdicción que incluía los reinos de la Nueva España (o de México) y de la Nueva Galicia; las gobernaciones de la Nueva Vizcaya y de Yucatán; y las provincias del Nuevo Reino de León, del Nuevo Santander, de Tejas, de Coahuila, de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit, de la Vieja California, de la Nueva California y de Nuevo México de Santa Fe.106 Para el caso que nos ocupa, importa decir que las Salinas del Peñón Blanco pertenecían a la Provincia de Zacatecas —en donde se asentaban numerosas lagunas saladas—, la que a su vez estaba bajo la jurisdicción del Reino de la Nueva Galicia. Hacia 1770, el territorio de Salinas, Venado y Charcas pasó del Reino de la Nueva Galicia al Reino de la Nueva España.107 Las provincias se dividían en alcaldías mayores, siendo unas de ellas las Salinas del Peñón Blanco y las Salinas de Santa María.

A finales del siglo XVIII, en el contexto de las reformas borbónicas, tuvo lugar una transformación administrativa de importantes repercusiones en distintos ámbitos, ya que se procuró sustituir la antigua división del virreinato, hasta cierto punto “confusa, desconcertante y desunida”,108 por una más coherente y definida jerárquicamente en distritos administrativos. Cada intendencia sería dividida en provincias, y tendría subordinadas las gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos ya establecidos. La división del virreinato de la Nueva España en doce intendencias ocurrida el 4 de diciembre de 1786 por medio de la Ordenanza de Intendentes, promulgada por el ministro José de Gálvez durante el reinado de Carlos III, tenía por objetivo mejorar el gobierno, el manejo de la hacienda y la administración interior.109 Las intendencias creadas fueron las de México, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Arizpe; y los gobiernos de Tlaxcala, de la Vieja California y de la Nueva California.110 Debe considerarse que la importancia del establecimiento de las intendencias, en tanto división territorial e institución administrativa, tuvo alcances que fueron más allá del propio periodo virreinal, ya que sobre sus bases se desarrollaron los gobiernos y las divisiones políticas de los estados federados del México independiente, llegándose a corresponder en muchas ocasiones las provincias virreinales con los estados creados mediante la Constitución de 1824.

El establecimiento de la Intendencia de San Luis Potosí implicó una mayor claridad en la definición de las jurisdicciones territoriales, pues se resolvieron los antiguos pleitos que por lo común tenían los arrendatarios de las Salinas con los alcaldes de San Luis Potosí. Los conflictos estribaban en que los arrendatarios, además del privilegio para explotar la sal, recibían del virrey el cargo de alcalde mayor, administrador general de las salinas y capitán de guerra, protector general de las fronteras de Venado, Colotlán, Sierra de Tepeque y demás rancherías de chichimecas, justicia mayor, amparador y gobernador de los chichimecas. Por estar dentro de la Nueva Galicia, las Salinas dependían de la provincia de Zacatecas para algunas cuestiones, pero en la mayoría de los asuntos legales prevalecía la jurisdicción virreinal sobre la regional.111 Aunque no fue la regla general, se conocen dos casos de alcaldes y asentistas de las Salinas que se consideraban a sí mismos con la facultad de nombrar tenientes de alcalde y confirmar las elecciones que los indios llevaban a cabo. Al mismo tiempo, los alcaldes mayores de San Luis Potosí aseguraban tener primacía sobre esos puntos, de manera que los indios debían acudir a San Luis para que sus elecciones fueran aprobadas y confirmadas.

Así, por ejemplo, en 1674 el alcalde mayor Martín de Mendalde efectuó una visita por su jurisdicción para informarse de la manera en que vivían los naturales y de sus necesidades. El recorrido comenzó por la frontera del Venado, cuyo gobernador reconoció la autoridad de Mendalde, no así el entonces capitán protector Toribio González de Escalante, quien además figuraba como asentista de las Reales Salinas del Peñón Blanco. González de Escalante y Mendalde tuvieron un enfrentamiento en Venado en el que ambos reclamaban para sí la mayor autoridad, el primero como justicia mayor de aquellas fronteras, y el segundo como teniente de capitán general y juez de aquellas fronteras. Toribio González reconocía en él al alcalde mayor de la ciudad de San Luis Potosí, pero no su autoridad en este lugar, por considerar que pertenecía a la Nueva Galicia y no a la Nueva España. Mendalde lo apresó y envió a San Luis; la Real Audiencia tomó el caso y resolvió que Mendalde había tenido razón, es decir, que la jurisdicción pertenecía a la Nueva España.112

A partir de este caso se trató de definir con mayor precisión el territorio y jurisdicción de las fronteras, y se determinó que éstas iban desde San Juan del Río hacia la ciudad de San Luis Potosí, y de allí hasta la frontera de San Sebastián del Venado, quedando Guadalcázar y Rioverde como linderos por el norte y el oriente hasta llegar al río Blanco, cordillera de Tampico. La jurisdicción también incluía los pueblos de Mexquitic, Santa María del Río y Santa Catalina del Río Verde “con sus confines y cordilleras”. Quedó claro además que las justicias mayores y capitanes protectores de todas las fronteras chichimecas de la Nueva España estaban sujetos al teniente de capitán general. A partir de 1676, el virrey ordenó que Martín de Mendalde ostentara el título de “teniente de capitán general de la ciudad de San Luis Potosí y fronteras chichimecas en las jurisdicciones y distritos comprendidos en su título”. Sin embargo, la competencia y jurisdicción en la frontera del Venado quedó como un pleito pendiente.113

Casi 30 años después, a principios del siglo XVIII, Juan Orejón de la Lama y Medrano comenzó, junto con el nuevo siglo, a desempeñarse como alcalde mayor de San Luis Potosí. La misma disputa por la competencia jurisdiccional en el pueblo del Venado volvió a surgir. De nuevo era el asentista de las Reales Salinas de Santa María del Peñón Blanco el que reclamaba la autoridad. Esta vez se trató de Pedro de la Puebla Rubín de Celis, caballero de la orden de Calatrava, quien desde 1691 había recibido del virrey el título de capitán general de las fronteras de Salinas del Peñón Blanco, de Santa María de Saldívar, Colotlán, Sierra de Mexquitic y Tepec (o Tepeque), Venado, San Miguel Mexquitic, San Luis Tlaxcalilla y Santa María del Río. En virtud de ello nombró sus tenientes para estos pueblos, pero como los cuatro últimos habían pertenecido siempre a la jurisdicción de San Luis, el alcalde mayor se opuso y llevó el asunto al gobierno virreinal.114 El origen de las confusiones y los conflictos residía en que las jurisdicciones las definía el asentista junto con el virrey, lo que quedaba asentado en el contrato de arrendamiento, sin tomarse en cuenta que luego el gobierno virreinal tendría que reparar los daños a las jurisdicciones invadidas, lo que ocurría quizá por desconocimiento.

Pedro de la Puebla recibió en 1694 la orden de que “no innovara” en el asunto; sin embargo, en 1702, cuando el nuevo alcalde había tomado el cargo, los gobernadores y demás justicias del Venado no acudieron a San Luis Potosí a que les confirmaran sus elecciones por instrucciones de Pedro de la Puebla. Juan Orejón de la Lama reclamaba que ningún capitán protector de las Salinas había puesto tenientes ni había tenido jurisdicción en los pueblos de Santa María del Río, San Miguel de Mexquitic, Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y demás pueblos y barrios de San Luis Potosí. Tampoco se habían encargado de confirmar las elecciones de los indios ni se habían opuesto a las visitas que hacían los alcaldes mayores a la frontera del Venado, excepto en el caso de Toribio González de Escalante y Martín de Mendalde, a quien el gobierno virreinal le había dado la razón. En esta ocasión, el virrey resolvió que el alcalde mayor de San Luis Potosí debía continuar confirmando las elecciones y nombrando tenientes como lo habían hecho sus antecesores.115 Poco a poco, las jurisdicciones territoriales se fueron definiendo con mayor claridad hasta llegar al punto de que en 1794, tras el establecimiento de las intendencias, se precisaran las fronteras con base en descripciones geográficas, tal como se verá más adelante.

La Intendencia de San Luis Potosí, la más extensa de todas, se integró con los pueblos que pertenecían a la antigua alcaldía mayor y el agregado de Guadalcázar; se anexó también el distrito de Charcas en el que se incluían Catorce, Matehuala y Venado; los distritos de Ramos, Villa de Reyes y Villa de los Valles; se añadieron también el Nuevo Reino de León, la Colonia del Nuevo Santander y las provincias de Coahuila y Texas. Charcas y Ramos habían pertenecido a la Nueva Galicia, y el resto a la Nueva España. En suma, la intendencia se integraba de cinco provincias: las de Coahuila, Texas y San Luis Potosí, el Nuevo Reino de León y la Colonia del Nuevo Santander. A su vez, la provincia de San Luis Potosí se subdividió en ocho partidos o subdelegaciones: la ciudad capital y su jurisdicción, Santa María del Río, Charcas, Venado, Salinas de Santa María del Peñón Blanco, San Pedro de Guadalcázar, Rioverde y Villa de Valles.

Los intendentes llegaron a tener injerencia en asuntos de justicia, policía, hacienda y guerra, pero su función principal era la de mejorar la recaudación y fomentar la productividad mediante un nuevo sistema administrativo. Por lo general, los intendentes y los gobernadores de las provincias llevaron con dificultad sus relaciones, pues aquéllos se quejaban de la falta de cooperación de éstos, a lo que quizá contribuyó la gran extensión de la jurisdicción. El primer intendente de San Luis Potosí, en cuya capital residían el resto de las autoridades con competencia jurisdiccional, fue el doctor Bruno Díaz de Salcedo, quien recibió el nombramiento real el 7 de marzo de 1787, y tomó posesión el 25 de octubre del mismo año. Duró 12 años en el cargo hasta su fallecimiento, ocurrido el 2 de noviembre de 1799. El intendente Díaz de Salcedo se había desempeñado como oficial de la Real Caja de Durango, por lo que contaba con experiencia en el ámbito administrativo.116

MAPA 4. INTENDENCIAS DE SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS A FINALES DEL SIGLO XVIII.

Elaboración propia. Fuente: Anónimo, “Divisiones territoriales 1776-1821”, en Atlas Nacional de México. Historia de las divisiones político-administrativas, México, unam-Instituto de Geografía, s/f.

Salinas del Peñón Blanco, que había pertenecido a la provincia de Zacatecas antes de 1787, se integró a la Intendencia de San Luis Potosí con la categoría de partido o subdelegación. De acuerdo con la Ordenanza de Intendentes, en cada cabecera de partido habría un subdelegado que estaría bajo las órdenes directas del intendente y sería el encargado de aplicar las instrucciones de éste, siendo así una figura clave para el buen funcionamiento del sistema de intendencias.117 En el caso de Peñón Blanco, el administrador principal, que a la vez era el subdelegado, enviaba informes cada semana al intendente. En sus comunicaciones lo ponía al día de los avances en la producción, del clima y de las perspectivas de la cosecha de sal. A su vez, el intendente, cuando tenía buenas noticias o cuando eran demasiado malas, se las participaba al virrey.118

MAPA 5. LA PROVINCIA DE SAN LUIS POTOSÍ Y SUS PARTIDOS A FINALES DEL SIGLO XVIII.

Elaboración propia.

Con la nueva división creada por las intendencias, Salinas del Peñón Blanco perdió jurisdicción sobre Venado y la Hedionda (actual Moctezuma), y la mantuvo sobre las propias Reales Salinas como cabecera de partido y más de 20 poblaciones que tenían la condición de ranchos.119 Los documentos revisados muestran algunas inconsistencias en la información sobre el número y nombre de las poblaciones bajo la jurisdicción de Peñón Blanco, lo que obedece quizá al tipo y calidad de los informes, ya fueran éstos administrativos, eclesiásticos o militares. Por otra parte, no se debe descartar la posibilidad de que la importancia de un asentamiento haya aumentado o disminuido al transcurrir el tiempo, lo que ameritaba o no su mención por los administradores. En general podemos hablar de entre 24 y 34 lugares de distintas categorías durante los primeros años de la intendencia.

Hacia 1792 el partido comprendía tres tenientazgos que no incluían haciendas ni ranchos porque sólo constaban del suelo en el que se encontraban las lagunas; sin embargo, la cabecera sí tenía varios ranchos y parajes bajo su jurisdicción. Los tenientazgos eran los de las Reales Salinas de Santa Clara, el Salitral de Carrera y el Salitral del Morro, ubicados cerca del límite entre la Intendencia de San Luis Potosí con la de Zacatecas. El territorio en el que se asentaba Santa Clara pertenecía a la jurisdicción de Charcas, mientras que los salitrales del Morro y de Carrera correspondían al distrito minero de Ojocaliente.120 Informes elaborados entre 1791 y 1792 dan cuenta de 34 asentamientos, en los que habitaban casi dos mil habitantes cuya edad era mayor a los siete años, distribuidos en por lo menos 23 lugares. Las poblaciones sujetas a Peñón Blanco se localizaban en promedio a 2.7 leguas de distancia de la cabecera, lo que significa que la jurisdicción de Peñón Blanco tenía un radio de influencia de alrededor de 15 km.121

CUADRO 1. POBLACIONES BAJO LA JURISDICCIÓN DEL PARTIDO DE LAS REALES SALINAS DE SANTA MARÍA DEL PEÑÓN BLANCO, 1791-1792.122

Cabecera de subdelegación

Tenientazgos

Ranchos

Parajes

Total de asentamientos y habitantes

Asentamientos

1

3

23

7

34

Habitantes

818

-

933

153

1904

MAPA 6. POBLACIONES BAJO LA JURISDICCIÓN DE PEÑÓN BLANCO, 1791-1792]

Elaboración propia. Fuente: AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 34, exp. 188; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Justicia, caja 32, exp. 172; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 32, exp. 174.

Como se observa en el Cuadro 1, la cabecera albergaba poco menos de la mitad de la población que había en todo el partido de las Salinas, mientras que el resto se distribuía en los ranchos y parajes. Si bien los informes no dan cuenta de la cantidad de habitantes en los tenientazgos, se sabe que, además del encargado y sus ayudantes, radicaban trabajadores por temporadas. El análisis cartográfico revela la importancia de la centralidad administrativa y territorial, pues se observa que Peñón Blanco se constituía por un núcleo central que era la misma cabecera, con una serie de asentamientos periféricos dedicados a la agricultura y la ganadería en baja escala cuando no estaban trabajando en la recolección de sal. Por lo general, sus pobladores pagaban a las Salinas por el arrendamiento de las tierras. Fuera del núcleo estaban los tenientazgos asentados en las tres lagunas salinas más importantes, además de la localizada en la cabecera.

PLANO 2. LAS LAGUNAS SALINOSAS SUJETAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALINAS DE SANTA MARÍA DEL PEÑÓN BLANCO.

Fuente: ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, mapa 4288, 21 de junio de 1794.

Siete años después de la anexión de Peñón Blanco a la intendencia de San Luis, y tras una grave escasez de sal, los administradores de la Real Hacienda vieron la necesidad de contar con un plano que de manera gráfica diera cuenta de la localización geográfica de las Salinas y su jurisdicción, ya que no eran suficientes los relatos, informes, cuadros, listas de lugares y cifras de producción. La falta de sal durante casi tres años consecutivos obligó a los encargados del ramo de sal a buscar alternativas para surtir a las principales haciendas de beneficio. Para tal efecto era necesario primero saber dónde y a qué distancias se localizaban las lagunas filiales de Peñón Blanco, y así tener un conocimiento de su alcance para surtir la sal.

El 17 de enero de 1794, el fiscal de la Real Hacienda recomendó que por la “diversidad de parajes y lagunas” que había en el lugar sería conveniente realizar un plano de todas las lagunas acompañado de una explicación de los empleados a los que estaban encargadas, los almacenes que existían en cada lugar, los productos regulares, distancias entre sí y desde la residencia de la oficina principal; la “facilidad” de los caminos y demás asuntos que conviniera expresarse para contar con una idea clara de la localización y las condiciones en que se encontraba la administración, y así “proceder con conocimiento en las providencias relativas a su adelantamiento”.123

Con esos motivos se pidió al intendente de San Luis Potosí que levantara dicho plano, señalándole que podría realizarlo alguien que tuviera el conocimiento básico sin que necesariamente se tratara de “buscar la perfección” con el fin de evitarse gastos, de manera que, una vez realizado, ese plano podría perfeccionarse en la ciudad de México. El plano fue enviado por el intendente Bruno Díaz de Salcedo al virrey de la Nueva España en mayo de 1794, con las características tal como se las habían solicitado.124 El fiscal de lo civil y de Real Hacienda pasó el plano al coronel de ingenieros Pedro Ponce a los pocos días, a fin de que lo rectificara ya que él poseía nociones de geografía. Se realizaron dos copias, una a menor escala que la otra.125 El 27 de junio de 1794, cinco meses después de haber sido solicitado, Pedro Ponce devolvió al virrey conde de Revillagigedo126 el plano original y las dos copias que se le habían solicitado.127 El plano elaborado sería utilizado después en numerosas ocasiones, sobre todo en los litigios durante la administración de la familia Errazu (1846-1906) para acreditar su propiedad.

De acuerdo con las anotaciones del Plano 2, en la laguna principal, ubicada en la cabecera del Peñón Blanco, residían un administrador, un contador y otros siete empleados, entre ellos un guarda. Había cuatro almacenes para saltierra con capacidad para 70 000 fanegas y uno para sal grano en el que cabían 5 000 fanegas. Por lo regular se producían 200 000 fanegas anuales. En Salitral de Carrera y Salitral del Morro había un teniente que cuidaba de la laguna y la producción cuando la había. La sal producida se trasladaba a la cabecera para almacenarla y distribuirla.

Nuestra Señora del Carmen y Bajío del Toro producían muy poca saltierra y de mala calidad, por lo que se tenía previsto su abandono. Santa Clara estaba bajo el cuidado de un administrador subalterno; tenía tres bodegas con capacidad para 5 500 fanegas de sal grano y espumilla. Lo más que se obtenía en tiempo de buena cosecha eran de tres a cuatro mil fanegas anuales. El administrador de Santa Clara también estaba a cargo de las lagunas de Saldívar, Doncella, Santa María, San Cosme, Santa Ana y Pozo Blanco, cuya sal se trasladaba a los almacenes de Santa Clara. En general, estas lagunas producían poca sal, entre dos y tres mil fanegas cada cuatro o cinco años.

Los caminos desde estas salinas, y las subalternas de Santa Clara hasta los minerales donde se consumía su sal, eran llanos, fácilmente transitables por la carretería, con excepción de las entradas de Bolaños, Catorce y Guanajuato, cuyos reales se situaban entre “ásperas” montañas; nada más y con “trabajos” podían pasar las recuas desde cinco o seis leguas afuera.128 El Mapa 7 es una reinterpretación del mapa antiguo.

MAPA 7. LAGUNAS SUBALTERNAS DE SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO EN 1794.

Elaboración propia.

En agosto de 1794 se reavivó un conflicto de límites que databa de la primera mitad del siglo XVIII entre las Reales Salinas del Peñón Blanco y las haciendas colindantes, en particular las de Bocas, Espíritu Santo, Durán y Ramos.129 A decir de Pedro López, administrador y subdelegado del partido de Salinas, los dueños de estas haciendas habían invadido tierras pertenecientes a la Corona. En vista de que no se localizaron títulos que dieran cuenta de la extensión y delimitación de su jurisdicción, solicitó la declaración de 12 testigos (seis españoles, cuatro indios, un lobo y un mulato cuyas edades oscilaban entre los 46 y 84 años) que pudieran dar cuenta de los linderos del partido de Salinas. En las declaraciones se observa que las fronteras tenían como referentes diversos puntos geográficos tales como cerros, lomas, cañadas, abras, lagunas, arroyos, charcos, ojos de agua, localidades (puestos, ranchos, estancias), caminos, mojoneras, norias e incluso yucas de grandes dimensiones.130

MAPA 8. LÍMITES DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1794-1800.

Elaboración propia. Fuente: ANG, Salinas, vol. 6, exp. 2, ff. 1-8 f. y v, 1800.

De acuerdo con los testimonios, el primer intento por definir las fronteras de la jurisdicción lo hizo José Raimundo de la Puebla, quien figuró como asentista entre 1712 y 1740.131 Además de trazar los linderos y colocar mojoneras, pintó las armas del rey en las norias de Punteros y el Tecomate como puntos extremos entre norte y sur, respectivamente. Uno de los testigos mencionó que los linderos de las tierras pertenecientes a las Salinas se extendían antes dos leguas “por cada viento”, pero que en ese momento eran tres leguas en vista de que un asentista había solicitado la ampliación, ya que el área comprendida previamente no contenía los “pastos [suficientes] para la boyada de carretería y para la mulada de las recuas que entraban a sacar sales para la minería”.132

En el expediente —que fue enviado al intendente para que el asunto se resolviera en San Luis Potosí—, Pedro López hizo notar que las 12 declaraciones mostraban tal uniformidad en las descripciones que definían las fronteras del partido que no cabía duda de su extensión y delimitación. En virtud de que algunos testigos informaron que en efecto habían existido títulos que habían sido entregado a la Fiscalía Real, pero que no había sido posible encontrarlos, recomendó que se convocara a los colindantes para que en su presencia y con sus títulos en mano se verificaran los linderos, tras lo cual se les entregarían sus escrituras actualizadas.133 Con base en la descripción de estos 12 testigos fue posible elaborar los Mapas 8 y 9, en los que se observa que las poblaciones que estaban bajo la jurisdicción de Peñón Blanco en 1791 quedaban dentro de los límites descritos por los testigos en 1794.

MAPA 9. LÍMITES DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO Y POBLACIONES BAJO SU JURISDICCIÓN, 1791-1800.

Elaboración propia. Fuente: AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 34, exp. 188; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Justicia, caja 32, exp. 172; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 32, exp. 174; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, mapa 4288, 1794; ANG, Salinas, vol. 6, exp. 2, ff. 1-8 f. y v, 1800.

EL ABASTO DE LA SAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO, 1790-1794

Juan de Aranda entregó el cargo a Pedro López en 1790, quien había residido y laborado en Peñón Blanco durante varios años antes. Entre otras funciones, se había desempeñado como contador adjunto de las Reales Salinas del Peñón Blanco en 1786, justo durante el periodo administrativo a cargo de Juan de Aranda. Después obtuvo el cargo de contador interino. Fue arrendatario, subdelegado del partido de las Salinas, administrador principal y subdelegado de justicia territorial de la Reales Salinas de Santa María del Peñón Blanco y sus anexas a partir del 22 de diciembre de 1790.134 A Pedro López le tocó vivir años difíciles en las Salinas; durante su administración se padecieron severas lluvias y pérdidas de sal. Su gestión concluyó el 20 de enero de 1814, cuando se le promovió como ministro de contador de la Caja de San Luis Potosí, en donde falleció en 1817.135

Pedro López expuso al virrey, el 26 de mayo de 1792, la necesidad de contar con apoyo económico para el desagüe de las lagunas debido a las extraordinarias nevadas que tuvieron lugar durante el mes de enero de 1791, frustrándose con ello la cosecha de saltierra en la laguna principal. Además, había llovido de manera copiosa durante todo el año, por lo que se habían inundado las lagunas hasta rebosar. Para ese momento existían 200 000 fanegas de saltierra que no serían suficientes para abastecer a la minería para el resto de 1792 y 1793. Para el administrador era urgente realizar el desagüe de la laguna principal y de las otras lagunas dependientes de Peñón Blanco.136

Para justificar su solicitud reunió a varias personas, “hombres instruidos y versados en las materias”, y les pidió responder a un cuestionario, cuyas preguntas se orientaban a dar testimonio de que la laguna en efecto se encontraba inundada como no lo habían visto antes. Opinaron sobre la temporada de lluvias de ese año y los vientos, y sobre cómo creían que quedaría la laguna y cuánto tiempo necesitaría para evaporarse. Otras preguntas se referían a la existencia de saltierra, si alcanzaría para surtir a los centros mineros según la venta y consumo que se solía realizar. Se remitió a la experiencia adquirida en los años anteriores a la administración por cuenta del rey, inquiriendo qué sabían o habían oído decir sobre las secas y lluvias experimentadas en el lugar. Por último, pidió su opinión sobre si creían necesario realizar alguna acción para desaguar la laguna principal y las subalternas, para procurar que hubiera menos contingencias en las cosechas.137

Los entrevistados fueron Pedro de Otheo, oficial de la contaduría e interventor de la administración subalterna de Santa Clara; Francisco Borda, primer entregador de sales; Manuel Guijarro, segundo entregador de sales; todos ellos, españoles. Chrisanto Salinas, guarda de la laguna, mulato y criollo nacido en Salinas; Marcos Calistro, portero de la administración y guarda de la laguna principal; Santiago Naba, capitán de los montones de saltierra, indio que llegó a Salinas en su niñez; y Pedro López, vecino de Salinas, también español. A juzgar por el orden de las personas entrevistadas, se hace evidente una jerarquía laboral y étnica, en la que se distinguen los españoles en los puestos de mayor responsabilidad sobre los mulatos, criollos e indígenas.

En general, respondieron que las lagunas estaban llenas de agua y que se había evaporado muy poca durante la temporada de secas. Pronosticaron un año cargado de lluvia y una temporada de secas corta, cuyos vientos no alcanzarían a evaporar la suficiente agua para producir sal durante 1793. Se preveía además que la sal existente se terminaría pronto sin poder surtir lo necesario a los minerales “de la comarca”. Mencionaron que durante el tiempo de los asentistas se realizaban frecuentes plegarias, misas y oraciones públicas para que la lluvia no fuera copiosa, y que desde 1778 la sequía había permitido frecuentes cosechas. En el parecer de algunos, era “oportuno, prudente y conforme al buen servicio del rey” procurar que se desaguaran las lagunas para asegurar las cosechas de sal.138

Se percibe un profundo conocimiento sobre el medio, ya que se conservaba un registro sobre los distintos años y sus características climáticas. Se recordaba con certeza los años en los que hubo más o menos lluvias, en los que duraron más o menos las temporadas de secas, y en los que se había producido una mayor o menor cantidad de sal. El conocimiento sobre el medio que les rodeaba les permitía pronosticar lo que ocurriría durante el año, si se podría contar con temporada de secas, si habría lluvias abundantes o escasas, o si se podría tener una cosecha de sal tan abundante para surtir la demanda de los reales mineros no sólo durante un año, sino durante los venideros. Hubo una reiterada insistencia en que en el pasado los problemas se resolvían mediante oraciones, misas y tedeums frente a la nueva intención, más racional, útil, práctica, e incluso “saludable”, de pensar y planificar el futuro para evitar obstáculos propios del medio y lograr las cosechas anuales de sal.139

Tal como solía ocurrir en las ocasiones en que la autoridad levantaba cuestionarios, las respuestas al interrogatorio se estructuraron de la misma manera, y nada más los empleados de las Salinas respondieron las preguntas, lo que no es de sorprender si se tiene en cuenta que el administrador Pedro López tenía la intención de hacer evidente la necesidad de desaguar las lagunas para evitar pérdidas económicas y asegurar la producción de sal. En el fondo se solicitaba que el gasto con motivo de las obras de desagüe fuera cubierto por la Real Hacienda y no por Peñón Blanco. Cabe preguntarse si la intención también sería mostrar que la lluvia abundante era algo circunstancial del último año, y que por lo tanto era viable resolver el problema mediante trabajo de desagüe, de manera que el virrey se diera cuenta del interés y la labor del administrador al servicio del rey, y le permitiera continuar trabajando en el ramo de sal como parte de la administración real.

Una vez que se tuvo el testimonio de los ocho testigos, se cerró el expediente para que lo certificara el bachiller Patricio Diego Quirban, capellán real, cura, vicario y juez eclesiástico sustituto de las Salinas del Peñón Blanco, quien lo enviaría al intendente para que fuera revisado en la Junta Provincial. Después se mandaría el caso al virrey, y éste determinaría lo necesario.140

Días después, el 30 de mayo de 1792, el administrador Pedro López le escribió al intendente que era necesario reparar las zanjas que cortaban las vertientes y conducían el agua hacia el otro vaso lacustre conocido como Azogueros, localizado al sur de la laguna principal. Urgía a la operación debido a los “aparatos nebulosos que diariamente se muestran sobre esta atmósfera”, al mismo tiempo que planteaba la participación de un ingeniero que inspeccionara la laguna principal, su ubicación y los terrenos circundantes, así como las lagunas subalternas de Salitral del Morro, el Salitral de Carrera y Santa Clara que se encontraban también inundadas y por lo tanto inoperables.141

El expediente fue a su vez enviado por el intendente de San Luis Potosí Bruno Díaz de Salcedo al virrey Revillagigedo, quien lo delegó al fiscal de la Real Hacienda. El fiscal lo envió a su vez a Juan de Aranda, contador de la Caja General, pues, como se ha dicho, había estado a cargo de la Caja Real de Zacatecas y fue él quien estableció la administración de las Salinas del Peñón Blanco a cuenta de la Real Hacienda en 1778. La intención de que revisara el expediente era para que emitiera su parecer al respecto ya que, según su experiencia, a lo largo de los once años que estuvo a cargo de Peñón Blanco había tenido que realizar desagües y prevenir inundaciones.

Tres meses después, en agosto de 1792, Juan de Aranda contestó que desde principios del siglo XVIII sólo en dos ocasiones se inundó la laguna hasta impedir la cosecha y cubrir los montones de saltierra, pero que durante su administración no ocurrió ninguna desgracia. Hizo referencia al conde de Casafiel, el último asentista que había mandado abrir dos zanjas al sur y poniente para desaguar en la laguna de Azogueros. En los treinta años de experiencia del conde de Casafiel, no encontró otra manera para reducir la cantidad de agua de la laguna que la de utilizar las zanjas, ya que las lomas y los cerros de alrededor impedían la construcción de canales, lo que además resultaría muy costosa y de dudosos resultados. El hecho de que hubiera pocos años de abundantes lluvias hacía incosteable y poco viable la obra. Opinaba que, a pesar de la experiencia de quienes ya habían trabajado las Salinas —en alusión a los interrogados y al propio Pedro López—, el clima podía ser un agente impredecible, voluble y sorpresivo:142

Nadie puede saber el número de quintales de agua que necesita la laguna para su conservación, y que las cosechas se logren abundantes y de buena calidad como solicita la minería. Hay años que llueve mucho, y por lo recio y continuo de los aires, se acaban las aguas antes de lo que se pensaba; otros llueve poco, y aun seca la laguna con sólo las neblinas y las heladas, se levanta lo que no se creía. Lo cierto es que las corrientes traen muchas sales, que ellas aumentan la producción, y que se necesita mucho tino para manejarla; el modo de criarse es un problema indefinible, pues vemos que no hay medio para calcular las resultas; unas veces por mucha, y otras por poca agua, se pierden o se logran las cosechas, o son de mejor o de peor calidad.143

Juan de Aranda dictaminó que se conservara la laguna en el mismo estado en el que se encontraba, que se cuidaran las zanjas que abrió el conde de Casafiel para que no se azolvaran y que se manejaran cerrando o abriendo las entradas hacia la laguna dependiendo de la escasez o abundancia de agua, ya que por más de 250 años no había habido necesidad de modificar la manera de trabajar en Peñón Blanco. Argumentó que no veía la manera en que pudiera desaguarse con máquinas hidráulicas, y que si se construía algún canal estaría terminado cuando el vaso lacustre ya estuviera seco, por lo que resultaría inútil para el caso. Recomendaba que en la eventualidad de que la cosecha no alcanzara para surtir a las haciendas de beneficio, el intendente de San Luis Potosí consultara cuál sería la necesidad de sal en las diputaciones mineras, para solicitarla de otras partes de la Nueva España.144

Tanto el intendente de San Luis Potosí como el administrador de Peñón Blanco insistieron al virrey para que un ingeniero pudiera visitar las lagunas y emitir su propio dictamen. Juan de Aranda, a quien de nuevo se le encomendó opinar al respecto, sugirió en diciembre de 1792 que el propio intendente era quien debería asistir a Peñón Blanco junto con una o dos personas instruidas para reconocer el estado de la laguna, no necesariamente con la profesión de ingenieros. Argumentaba que el intendente no debería fiarse de los informes de sus subalternos, teniendo que ver por sus propios ojos lo que ocurría en el lugar. No tardaría más que un día o un poco más en recorrer las 25 leguas que distaban de San Luis Potosí a Salinas, a lo largo de un camino transitable. Se le pedía además que informara si se podría esperar cosecha de sal durante los primeros cinco meses del año siguiente, si se podrían abrir otras zanjas, en qué lugar, cuánto tiempo tardaría su construcción, a qué costo y, sobre todo, qué utilidad tendrían en el futuro.145 La postura de la Real Hacienda era la de no realizar obras hidráulicas para desaguar la laguna, ya que éstas tendrían un costo muy alto para la Corona, que no se vería compensado con la producción anual de sal, sino que se recuperaría el gasto al cabo de varios años, por lo cual no veían viable la construcción de canales o la utilización de máquinas.146

En enero de 1793 el intendente de San Luis reiteraba al virrey la necesidad de desaguar la laguna principal de Peñón Blanco, pues las composturas hechas a las zanjas que se habían abierto en tiempos del conde de Casafiel no habían sido suficientes, por lo que ahora volvía a insistir en que acudiera un perito para proyectar alguna obra que permitiera que la laguna conservara el agua necesaria y que no se impidiera que “cuajara” la saltierra. La respuesta del virrey enviada por medio del fiscal de la Real Hacienda, recalcaba el hecho de que el intendente estaba “apoyando los recelos y clamores” del administrador Pedro López, sin tomar en cuenta los avances realizados basados en el conocimiento práctico de los trabajadores que nacieron en aquel lugar. Le informaba además que se había determinado en Junta Superior que el intendente acudiera en persona a la Salinas del Peñón Blanco, y las reconociera en la brevedad de lo posible, haciéndose acompañar de una o dos personas consideradas las más importantes en la materia, sin que fuera necesario que tuvieran la ingeniería como profesión.147 Expresamente le pedía al intendente que informara:

1. Qué cantidad de saltierra existía y hasta qué tiempo podía haber surtimiento para la minería de acuerdo con el consumo del momento.

2. Si de acuerdo con la proporción que existía de agua en la laguna había esperanza de cosecha en los primeros cinco meses de ese año.

3. Si en el caso de que se creyera indispensable desaguar la laguna había el modo de que se realizara con máquinas; cuáles serían y con qué costo.

4. Si no era posible eso, y se insistía en abrir un canal desde la superficie del vaso, se dijera hacia qué rumbo se podría dirigir con suficiente declive el derrame del agua, a qué distancia estaría la salida y qué tipo de caudal sería necesario invertir en la obra.

5. Si con esa obra quedaría asegurada la renta de las futuras cosechas sin perjuicio de la producción y sin gastar el dinero de manera inútil.

6. Si en caso de no haber esperanza de próxima cosecha lo realizado podría facilitarla, de manera que fuese asequible la obra.

7. Si además de las zanjas en funcionamiento, abiertas por el conde de Casafiel, se necesitaban otras más arriba para contener la entrada de agua en los años de abundantes lluvias, omitiéndose con ellas el canal o desagüe que se proponía, a qué distancia y por qué rumbo se podían abrir, en cuánto tiempo y con qué costo y qué utilidades producirían en el futuro.148

La discusión continuó y el intendente contestó que no había en las inmediaciones ningún sujeto “práctico y de inteligencia en la materia”, por lo que consideraba infructuosa su visita a las Salinas, e insistía en que el reconocimiento fuera practicado por un ingeniero que propusiera un remedio sólido, calculara los gastos y las utilidades que se podrían producir. Se negó a regresar a la laguna si no era acompañado por un experto, y dejaba claro que él había podido prevenir a la autoridad para remediar el mal.149 Por último, el intendente de San Luis Potosí se dirigió a la Salinas el 11 de febrero de 1793 sin compañía de ningún perito, para cumplir con las instrucciones del virrey y del fiscal de la Real Hacienda.150

La situación se había tornado desesperante para el administrador de Peñón Blanco y el intendente de San Luis, pues las mermas de sal eran cada vez mayores y se vislumbraba un futuro aciago para la cosecha de la sal y por ende para la producción de plata en esa parte del virreinato. Entonces se comenzó a pensar en alternativas para garantizar el surtimiento de la sal en las minas de San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Las alternativas fueron traer la sal del golfo de México o de la costa del Pacífico. Desde la sede del virreinato se pidió al comisario de San Blas que doblara la vigilancia e hiciera lo necesario para que las Salinas del Zapotillo y sus anexas, localizadas cerca de Tepic, en la costa del Pacífico, tuvieran una mayor producción con qué cubrir la necesidad y la escasez que se vislumbraba.151

MAPA 10. SISTEMA DE ABASTO DE SAL PARA LA MINERÍA A FINALES DEL SIGLO XVIII.

Elaboración propia. Fuente: Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, op. cit.; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, 1793.

Las medidas tomadas para resolver la escasez de sal hacen evidente el amplio conocimiento administrativo y geográfico de la Nueva España. Juan de Aranda, tesorero general del Ejército y Real Hacienda, prevenía al fiscal de la Real Hacienda que, además de vigilar las Salinas del Zapotillo, debía convocarse a operarios para que abrieran más pozos, de manera que se pudieran tener de 12 a 15 000 cargas de sal.152 Asimismo, le sugirió que de la costa del sur se podrían surtir los minerales de Guanajuato, Bolaños, Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete y otros menores. En cambio, los situados al oriente, tales como San Luis Potosí, Charcas, Matehuala y Catorce, requerirían la sal del Nuevo Santander,153 por lo que era necesario que la misma instrucción que se daba al comisario del Departamento de San Blas se emitiera al administrador de aquellas salinas, de manera que la producción aumentara 8 000 cargas. Con esta estrategia se podría surtir por ambas costas la urgencia de los minerales.154

En clara oposición a Pedro López y a Bruno Díaz de Salcedo, Juan de Aranda opinaba que de nada serviría abrir las zanjas y mucho menos la presencia del ingeniero, sino que debería insistirse en reparar los canales del norte y del sur en el vaso de la laguna. Señalaba que la escasez de la sal haría que aumentara el precio debido a que los arrieros tendrían que caminar muchas leguas “por ambos vientos”. Para prevenir y planificar tal cosa, sugirió que se solicitara a los intendentes de Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, que era donde se encontraban los minerales afectados, que pidieran a las diputaciones mineras un informe sobre el consumo regular de sal proveniente tanto de la costa como del Peñón Blanco; cuánta saltierra necesitarían del Zapotillo o del Nuevo Santander, los precios de cada carga y las arrobas que comprendía cada carga por lo regular. Asimismo, se sugería que se informara a las diputaciones mineras la pérdida de cosecha en Peñón Blanco y, sobre todo, que no existía esperanza de que hubiera sal en ese lugar durante el resto del año.155

El 24 de enero de 1793 el administrador Pedro López informó a los diputados de minería de Zacatecas sobre lo que había acontecido en Salinas. Los puso al tanto de que las existencias de sal para la minería durante ese año ascendían a 60 842 fanegas, seis almudes, con la advertencia de que a dicha cantidad debían restarse las mermas ocasionadas por las lluvias ocurridas en 1791 y 1792, de manera que podían quedar 50 000 fanegas, de las cuales 20 550 correspondían a Zacatecas. Les advirtió que la laguna estaba llena de agua en su totalidad y que no había esperanzas para obtener saltierra, y sólo algo de sal en grano si es que el clima era favorable. Sugería que se surtieran de las costas del Nuevo Santander o de algún otro lugar.156

Los miembros de la diputación territorial de minería de la ciudad de Zacatecas, representados por Fermín Antonio de Apezechea y Rafael de las Piedras y Camargo, escribieron alarmados al virrey Revillagigedo en febrero de 1793. Le mencionaron que estaban al tanto de las mermas de la sal y del difícil futuro que se avecinaba en el presente y próximo año para la minería. Formaron una junta general de todos los miembros que componían la diputación minera para resolver que dos de ellos —Rafael de las Piedras y Joaquín de Belaumarán—, acudieran a Salinas para ver la manera de resolver el problema causado por el exceso de agua en la laguna de Santa María. En el lugar se encontraron con el intendente de San Luis y los administradores de Peñón Blanco. De la inspección concluyeron que la saltierra existente apenas bastaría para cubrir la necesidad de las minas de Zacatecas durante el resto del año; por la abundancia de agua era casi imposible cosechar saltierra en los próximos seis meses, mucho menos en lo sucesivo si durante el invierno las lluvias eran copiosas; que no era conveniente desaguar la laguna mediante un socavón, pues de lo contrario se iría reduciendo el potencial de la laguna al conducir a otros lugares las partículas de sal; que en vista de la situación no quedaba otro recurso que habilitar a la perfección las antiguas zanjas que tenía la laguna, y abrir otras que impidieran la introducción de agua desde zonas más elevadas. Y, por último, que era indispensable un reconocimiento exacto de aquellos lugares por medio de ingenieros que bajo principios sólidos proyectaran y consultaran lo más apropiado.157 Explicaron al virrey el motivo de su preocupación:

Los metales que en terrenos como los de Zacatecas y otros que rinden a la industria los senos de la tierra se conocen comúnmente con los nombres de metal, metal colorado de fundición, azogues, azoguillos y ordinarios. De estas cinco clases, solamente las dos primeras (que comúnmente son escasísimas por más preciosas) admiten el beneficio del fuego, quedando por consiguiente las restantes para el de patio, sin que la necesidad de los ingredientes ni otra cualesquiera causa pueda hacer variar estos dos sistemas descubiertos hasta ahora para la extracción de la plata. El expresado beneficio de patio exige la proporción al mezclar en los montones del magistral, la saltierra o sal grano y el azogue en caldo, cuyos simples agitados por la industria prestan paulatinamente sus respectivas funciones de calentar aquella materia, corroer sus partículas, y atraer por último de las tierras el líquido más precioso que es la plata, formándose así una ocurrencia de partes esenciales que por cualquiera falta de alguna serían infructuosas otras operaciones, o por lo menos muy perjudiciales a la total extracción del metal.158

De esta manera se demostraba que la falta de uno de los ingredientes tendría graves consecuencias para la minería, que para esos momentos había aumentado el consumo de sal de manera paralela a la producción de la plata. Los mineros expresaban que en su experiencia la sal llamada del Álamo159 era útil para el beneficio de los metales, pero no tanto como la saltierra, pues con tres pesos de saltierra podían hacer rendir un montón, al contrario de la sal del Álamo, que les costaba cuatro, además de las pérdidas ocasionadas por la baja calidad en el azogue y por el tiempo que transcurría para obtener la plata. Aunque en el Álamo ya no se producía sal, era posible conseguirla desde otras partes de Colima, Guaristemba y Atoyac en la jurisdicción de Sayula —actual Jalisco—, pero con el consiguiente aumento de precio ocasionado por las grandes distancias y la escasez; en general, se temía que hubiera una especulación con el precio. Por esa época una carga de sal de 12 arrobas valía entre siete y nueve pesos según su calidad, pero la demanda había aumentado el precio a 11 y 12 pesos por carga, incluyendo la de mala calidad. En suma, no recomendaban surtirse con la sal de occidente, ni mucho menos desaguar la laguna por medio de un socavón, porque significaría la ruina para la producción de sal en esta provincia. Su recomendación apuntaba a habilitar las antiguas zanjas y abrir otras, aunque con la observación de que esa operación demoraría año y medio de trabajo en el que tendrían que participar hasta 200 hombres.160

No era viable realizar un canal dado que el vaso de la laguna era demasiado profundo y se encontraba rodeado de lomas y terrenos altos, de manera que para lograr un declive se tendría que excavar mucho y hacer un canal sumamente largo (de tres a cuatro leguas), y no habría un lugar en donde desaguar; el proyecto demoraría mucho tiempo y requeriría grandes sumas de dinero. De tener que realizarse el desagüe, éste tendría que verificarse por medio de maquinaria, “la más propia, en este caso, más sencilla, más manejable, y de menos gasto, es la conocida con el nombre de bomba, por cuyo medio se pueden elevar las aguas, desde la laguna hasta haber superado la altura del portezuelo”.161 Las inspecciones realizadas en la laguna principal de Peñón Blanco sugerían que no era recomendable la extracción de agua, ya que ésta se encontraba saturada de sal, de manera que deshacerse del agua significaría perder valiosas “partículas” de sal. Los continuos desagües proyectados “extenuarían las venas productoras”. En suma, no debería insistirse en el desagüe, sino en reparar las antiguas zanjas.162

El 27 de marzo de 1793, el tesorero general del ejército y de la Real Hacienda, Juan de Aranda, se dirigía al virrey para darle su opinión respecto a lo que debería hacerse para remediar la abundancia de agua en la laguna de Santa María del Peñón Blanco. Decía que la propuesta para construir un socavón o para utilizar máquinas hidráulicas para desaguar la laguna era impracticable, tanto por el tiempo, como por el costo. Lo mismo se podría decir para la construcción de un nuevo canal de desagüe. Otra de las propuestas consistía en que se ampliaran y alargaran las zanjas antiguas y que se abrieran otras nuevas, pero este trabajo demoraría tres años y medio, requeriría la mano de obra de 200 hombres y tendría un costo aproximado de 60 000 pesos. En su opinión, no debía insistirse más en el asunto ya que para esas fechas el nivel del agua se había reducido, con lo que era factible esperar una buena cosecha en 1794. Consideraba que al abrir las zanjas se reduciría la cantidad de agua que entraría a la laguna, y por lo tanto la calidad de las cosechas se mermaría de manera significativa al haber recogido ésta muy poco salitre del terreno circundante.163

Todo el terreno inmediato al Peñón Blanco, es salitroso. Cuando la laguna ha producido la cosecha, en los meses de febrero y marzo, los aires levantan aquel polvo sutil que cae a ciertas distancias, y después las corrientes vuelven a introducirlo, con el más que recogen. Y de este modo, sucesivamente, se mejora y se conserva aquella finca. Si la laguna se inunda algún año, no hay más peligro que carecer de aquella cosecha, pero la futura será mejor en cantidad y calidad, y si se impide la entrada de las aguas, entonces sí se aventuraría el todo: la prudencia pide que entre dos males se escoja el menor.164

Juan de Aranda sugería que las antiguas zanjas construidas por el conde de Casafiel se cuidaran y se manejaran de manera apropiada. Argumentó que en más de 200 años no habían existido tales zanjas y que nunca, o rara vez, faltó la saltierra. Las zanjas habían sido construidas con tal ingenio en su largo, ancho y profundidad que, en el caso de lluvia abundante, se derramaba hacia la laguna el agua que rebosaba y al mismo tiempo continuaba la corriente de desagüe. En el caso de lluvia escasa, se abrían puertas pequeñas para que entrara toda el agua posible; de lo contrario, se cerraban. Recomendaba que al inicio de la temporada de lluvias se dejaran libres las entradas para aprovechar la sal transportada por la corriente, y conseguir que se llenara la laguna, después se cerrarían las entradas y se controlarían según la necesidad. Elogió al conde de Casafiel, quien después de 35 años al frente de las Salinas del Peñón Blanco entregó 60 000 fanegas de saltierra como excedente, después de surtir a la minería regional. En conclusión, decía que para el beneficio de la minería y de la Real Hacienda parecía que lo más oportuno era que “ni se vuelva a tratar del primer desagüe proyectado ni se permita abrir las zanjas que se proponen, pues ni uno ni otro contribuyen a la felicidad de la renta”.165

GRÁFICA 1. SALTIERRA, SAL GRANO Y SAL ESPUMILLA EXPEDIDA POR LAS REALES SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1791-1793.

Fuente: ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 426-429 f y v, 1793; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 433 f y v, 18 de febrero de 1793; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Informes, caja 38, exp. 206, 21 de marzo de 1793.

Informes posteriores de la Mesa Segunda de Marina de la Contaduría Mayor del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas dieron la razón al ya difunto Juan de Aranda, al afirmar que, en el año de 1794 y siguientes, la cosecha de sal obtenida fue abundante, sin otro remedio más que el de limpiar y habilitar las antiguas zanjas. Después de siete años, la reflexión que quedó fue que la escasez de sal había sido una situación extraordinaria debida al mal clima, por lo que ya no era necesario realizar ninguna obra para el desagüe.166

Sin embargo, en aquellos momentos el panorama no podía ser más desalentador; habían pasado ya dos años consecutivos sin cosecha de saltierra, y al parecer transcurriría otro. El intendente de San Luis solicitó a la administración de Peñón Blanco un informe en el que se especificara la cantidad de sal vendida y distribuida a los principales reales mineros en 1791 y 1792. Durante 1791 se surtieron 135 162 fanegas de saltierra; 2 804 fanegas, seis almudes de sal grano; y 4 085 fanegas, dos almudes de sal blanca espumilla. En 1792 se distribuyeron 171 660 fanegas, nueve almudes de saltierra. Los administradores decidieron no incluir aquellas haciendas de beneficio que prefirieron comprar sal de Soto la Marina —en el actual estado de Tamaulipas— o de Colima.167

Era evidente que los consumidores de Zacatecas serían los más afectados por la escasez ya que adquirían casi el 50 por ciento de la producción de sal. Les seguían los minerales de Pinos, Catorce, Cedral y Charcas, entre otros. El intendente de San Luis Potosí pidió a la administración de Peñón Blanco que realizara con equidad el reparto y venta de las cortas existencias de sal. Sin embargo, le solicitó al virrey que él mismo instruyera a Peñón Blanco que realizara sus ventas en proporción a las cantidades que habían consumido o comprado los minerales referidos en las listas en los años de 1791 y 1792. Destacaba el hecho de que el real y ciudad de Zacatecas era el que había consumido más saltierra, por lo que solicitaba al virrey que se le atendiera con proporción a las existencias, a lo que consumía y necesitaba, pues como intendente de San Luis Potosí vislumbraba que los mineros ubicados en su jurisdicción le pedirían que tuviera preferencia por ellos, además de que las Salinas se ubicaban en su propio distrito, pero que se sentía incapaz de incurrir en el “vicio de excepción de personas, ni de preferir a las que están domiciliadas en mi territorio, ofendiendo la justicia y equidad que deben dirigir las providencias e intenciones de un juez recto”.168

Al 31 de diciembre de 1792 había en los almacenes de Peñón Blanco 60 630 fanegas, pero al 14 de febrero de 1793 la cantidad se había reducido a 41 630. Como consecuencia, el fiscal de la Real Hacienda y el virrey consideraron que era necesario solicitar el auxilio de otras salineras para proveer de sal a los reales mineros del norte de la Nueva España. Para el efecto se pediría la ayuda al comisario de San Blas a fin de que aumentara la producción en el Zapotillo, así como al comandante general encargado de la laguna del Álamo; lo mismo se solicitaría a las salinas ubicadas en el Nuevo Santander. Se recurriría al apoyo de los intendentes de Guadalajara y Valladolid para aumentar la producción de las cosechas en Autlán, Puerto de Navidad y Colima.169

En efecto, para el 16 de mayo de 1793 ya se habían girado instrucciones al gobernador de la colonia del Nuevo Santander, en las que se le requería que aumentara al doble la vigilancia y la actividad en las salinas de su jurisdicción para que su cosecha remplazara la falta de sal en Peñón Blanco; se le solicitaban de ocho a 10 000 cargas de saltierra. Lo mismo se ordenó al comandante de las provincias internas, Pedro de Nava, respecto a las salinas del pueblo de Álamo; y al intendente de Valladolid, respecto a las salinas de Colima.170

También se instó a los intendentes de San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Guanajuato que, tras una consulta con las diputaciones de minería de las provincias afectadas, informaran de los consumos regulares de sal de las costas y del Peñón Blanco, y de la cantidad que pudieran necesitar del Zapotillo o del Nuevo Santander. Se les pidió también que informaran los precios que pagaban por cada carga y la cantidad de arrobas que consumían por lo regular. Se les dijo que el precio de la sal no aumentaría, pero que quizá los mineros se verían afectados por los costos de transporte debido a las distancias.171

Por instrucciones del virrey conde de Revillagigedo, en 1793 las diputaciones de minería aledañas informaron sobre el consumo de saltierra anual, ya fuera de la costa o del Peñón Blanco; también indicaron cuánta saltierra necesitarían del Zapotillo o del Nuevo Santander, los precios de cada carga y las arrobas que tenía cada carga por lo general; si consideraban fácil el surtimiento sin que se alteraran los fletes, o de lo contrario qué se podía hacer para contrarrestar el daño.172 El virrey a su vez solicitó a todas las salinas del reino que aumentaran la producción para contrarrestar la merma que ocurría en Peñón Blanco.

Una respuesta desde la ciudad de San Luis Potosí decía que el consumo regular anual iba de 12 a 14 000 fanegas de saltierra, y que el precio oscilaba entre 14 y 16 000 pesos. La sal de Zapotillo se consumía en la ciudad de San Luis Potosí nada más en las pulquerías, y no se utilizaba para el beneficio de metales. La sal de mar del Nuevo Santander tampoco la utilizaban los propietarios de las haciendas de beneficio, a pesar de que era útil para obtener plata. Ya fuera por su alto costo o porque no se conocía la proporción de sal que debería incorporarse a la torta con el metal, nada más se utilizaba la saltierra. Se sabía que en Real de Catorce y las haciendas aledañas se utilizaba sal del Nuevo Santander, ya que era más barata por la menor distancia para su traslado. Los mineros de San Luis Potosí sugerían que Peñón Blanco enviara su sal a dicha ciudad, mientras que Catorce se surtiera de la del Nuevo Santander.173

En el Real y Minas de Santa María de las Charcas se consumían 9 000 cargas de saltierra al año. Los mineros de Charcas sugerían comprar la sal del Nuevo Santander a siete pesos la carga, ya que era más cercano este lugar que el Zapotillo.174 Los mineros de la diputación de Real de Catorce, que incluía a las haciendas inmediatas, las de Matehuala y Cedral, informaban que consumían 12 000 cargas anuales; en cambio, las haciendas de beneficio de Pinos consumían poco más de 24 000, mientras que el mayor consumidor era Zacatecas, con un consumo de más de 60 000. De ellas, una pequeña cantidad provenía de Salinas del Peñón Blanco, cuyo precio era de 10 reales por fanega de 12 almudes. La mayoría de la sal que se consumía en este lugar provenía del Nuevo Santander, pues se conseguía con mayor facilidad y era mucho más manejable, pues se trataba de sal pura sin mezcla de tierra. Cada carga era de 14 arrobas o 18 almudes, cuyo precio iba de seis a siete pesos, pero cuando había escasez aumentaba a nueve o 10 pesos. Tres almudes de esta sal servían para beneficiar un montón de cuatro cargas, mientras que cuando se utilizaba la sal de Peñón Blanco se necesitaban dos fanegas.

Sobre las salinas de las colonias del Nuevo Santander, se decía que eran muy abundantes y que ocupaban casi toda la línea oriental de la colonia, desde la Villa de Altamira al sur, hasta San Fernando y Reynosa al norte, que la cosecha era “vastísima” y capaz de proveer a medio reino si se propusiera. Sin embargo, había que resolver algunos problemas, por ejemplo, que no se tenía una producción sistemática sino que la sal se recogía conforme se necesitaba, y no se almacenaba. Por otro lado, había pleitos entre los vecinos de Altamira con los de Tampico, y la salina ubicada al norte estaba arrendada. En las Salinas de San Fernando, localizadas también al norte, vivían indios que se ostentaron como propietarios o bien que incursionaban en la región causando daños. Proponían que Guadalcázar, Charcas y San Luis Potosí se surtieran también de estas salinas del Nuevo Santander y que se pusiera un administrador en Altamira y otro en San Fernando para ponerlas a trabajar con mayor intensidad.

La escasez provocó el contrabando y la especulación con el precio de la sal del Nuevo Santander, lo que ocasionaba un perjuicio significativo a la minería. Dadas las circunstancias, los mineros sugirieron que si Zacatecas también estaba expuesto a la escasez de la sal, podría comprarla a las salinas de Colima y Zapotlán, en lugar de las del Nuevo Santander. Planteaban que si los mineros de Zacatecas decidían surtirse de dichas salinas, entonces ellos tendrían que solicitar la sal, en lugar de dedicarse a interceptar la que ya venía en camino atendiendo a pedidos específicos.175

De la diputación territorial de Ojocaliente y Real de Santa María de los Ramos informaron que se necesitarían 10 000 fanegas de saltierra, o una sexta parte de sal blanca. Decían que para ellos sería muy oneroso traer sal de otro lugar diferente al de Peñón Blanco, pues cada carga tendría un costo mayor a 18 pesos. Sugerían que ellos fueran quienes se surtieran de la saltierra o sal blanca producida en Peñón Blanco, ya que se localizaba geográficamente más cerca, a diferencia de otros centros mineros. Por ejemplo, Real de Catorce podría surtirse del Nuevo Santander; Sombrerete podría proveerse de las lagunas del Álamo; Pánuco y Bolaños, de Tepic y San Blas; Guanajuato y otros centros mineros inmediatos podrían surtirse de Colima.176

El 3 de mayo de 1793, Pedro López informaba al intendente de San Luis Potosí que había seguido las instrucciones del virrey en cuanto a vender sal nada más a los mineros muy necesitados. Sólo había hecho una excepción con Real de Catorce, Matehuala y sus anexas, que habían tenido unos problemas para recibir la sal “gorda” del Nuevo Santander, pero que en adelante ya no se les enviaría nada más. También se había atendido la urgencia de la diputación de Zacatecas. Se mencionaba que la sal del Salitral de Carrera era de mucho menor calidad que la de Santa Clara. Informó también que había recibido “incesantes solicitudes” de los mineros, unos argumentando que los envíos no les llegaban, otros diciendo que estaban detenidas por completo las labores de obtención de la plata; había quienes reclamaban que no sólo se quedarían sin producir, sino que además tendrían pérdidas en su patrimonio. Algunos se quejaban de haberse quedado sin trabajo por no conocer otra actividad y de que en algunos sitios la inactividad había conducido al ocio y a los vicios. Había lugares como el Real de Catorce en donde ya no se compraba el mineral que de ordinario se llevaba a Sierra de Pinos o a Santa Rita para su beneficio. Además, los conductores, arrieros o carreteros que debían su subsistencia a las Salinas del Peñón Blanco estaban padeciendo los estragos de la escasez. La gente del lugar no podía tener otro empleo, ni sabía hacer otra cosa más que acarrear sal, cosecharla y despacharla. Por último, solicitaba al virrey, por conducto del intendente, que permitiera que continuara el despacho de sal a todos los sujetos abonados en los repartimientos sin ninguna restricción, pues además las otras salinas del reino surtirían la demanda faltante.177

Entre marzo y abril de 1793 el administrador Pedro López reportó las existencias de saltierra y sal de grano en Peñón Blanco y Santa Clara, y propuso su distribución a los distintos reales mineros de acuerdo con las solicitudes y en proporción con ventas anteriores, con lo que se beneficiaron los minerales de la intendencia de Zacatecas y, en segundo lugar, los de San Luis Potosí. Como se ha dicho las cosechas subsecuentes fueron abundantes, pues hacia mayo de 1794 se habían recolectado 430 659.6 fanegas de sal, una “exorbitante cantidad de que no ha habido ejemplar”.178

MAPA 11. MINERÍA Y SAL EN EL TERRITORIO DE INFLUENCIA DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO A FINALES DEL SIGLO XVIII.

Elaboración propia.

Notas:

90 Ibid., pp. 82-83.

91 Se casó en primeras nupcias con María Josefa de Tagle Bracho y Menéndez, en 1751; en segundas con Mercedes Francisca Cabrera y Chacón, en 1759; y en terceras con María Guadalupe de la Campa y Cos y Veytia, en 1770; Archivo General de Indias, Escribanía, 194 A, 1716; agi, Contratación, 5470. N.1, R. 29, 1719; agi, Audiencia de Guadalajara, 242, 1777; Fréderique Langue, Mines, terres et société a Zacatecas (Mexique), de la fin du XVIII siècle a l’Independance, París, Sorbonne, 1992, pp. 185-186, 269; Richard Garner, Genealogía de dos fronteras, ediciones oficio, septiembre de 1996, en colaboración con Javier Sánchez y José Ignacio Conde, pp. 93-101; Hermosillo y Medina, op. cit., pp. 44-46; Rocío de la Torre A., “Las elites como parte estructural de la empresa integral y el comercio de Zacatecas en el siglo XVIII”, en 49 Congreso Internacional del Americanistas (ica), Quito, 7-11 de julio de 1997; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 3, ff. 17-44, 1781.

92 José Miranda, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte, 1521-1820, México, Imprenta Universitaria-Instituto de Derecho Comparado, 1952, pp. 190-195.

93 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 3, ff. 17-44, 1781.

94 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 3, ff. 38-42, 7 de diciembre 1787, copia fechada el 22 de abril de 1788; U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 92.

95 El 1 de octubre de 1781 el virrey Martín de Mayorga le entregó la real orden del 13 de mayo del mismo año, en la que le agradecía a nombre del rey los avances y ganancias conseguidas. El 4 de junio de 1784, el virrey Matías de Gálvez le envió la real orden fechada el 21 de octubre de 1783, en que la Corona celebró los “ventajosos progresos” en la administración de las Salinas. El ministro José de Gálvez, con fecha de 1 de septiembre de 1784, le dijo que el rey había visto con satisfacción el manejo que llevaba a cabo. Por último, con fecha de 16 de diciembre de 1785, el virrey conde de Gálvez le hizo llegar la real orden del 8 de agosto del mismo año en la que el rey reiteraba su satisfacción y gratitud (ANG, Salinas, vol. 1, exp. 3, ff. 38-42, 7 de diciembre 1787, copia fechada el 22 de abril de 1788).

96 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 3, ff. 38-42, 7 de diciembre 1787, copia fechada el 22 de abril de 1788.

97 Además de la laguna llamada de Santa María del Peñón Blanco, el complejo incluía las lagunas de Santa Clara, Santa María y la Doncella, localizadas al norte, en la jurisdicción de Charcas, en la provincia de San Luis Potosí. Otras eran las de Santa Ana, perteneciente a la jurisdicción de Fresnillo, Zacatecas; y Salitral del Morro y Salitral de Carrera, en el distrito minero de Ojocaliente.

98 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 3, ff. 38-42, 7 de diciembre 1787, copia fechada el 22 de abril de 1788.

99 Ibid.

100 Ibid.

101 Hermosillo y Medina, op. cit., p. 53.

102 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 92.

103 ANG, Tierras, vol. 615, exp. 1, 1717-1753.

104 Horst Pietschmann, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo, México, FCE, 1996, pp. 62-63.

105 Ibid., p. 64.

106 Edmundo O’Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, México, Porrúa, 2007, p. 13.

107 Hermosillo y Medina, op. cit., p. 99.

108 Pietschmann, op. cit., p. 118.

109 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el Reino de la Nueva España. De orden de su Majestad. 1786, primera edición facsimilar, México, unam-Instituto de Investigaciones Históricas, 1984, pp. 2-4.

110 O’Gorman, op. cit., pp. 24-25.

111 Ewald, La industria… op. cit., 1997, pp. 86-87.

112 Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí, vol. 2, México, El Colegio de San Luis / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2004, pp. 21, 23-28.

113 Ibid., pp. 28-29.

114 Ibid., pp. 83-84.

115 Ibid., pp. 85, 87.

116 Ibid., pp. 353-355.

117 Pietschmann, op. cit., pp. 251-253.

118 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, f 471f, 1794.

119 Hermosillo y Medina, op. cit., p. 52.

120 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 34, exp. 188.

121 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, edición de 1780, una legua es una medida itineraria cuya mANGitud podía variar de lugar a lugar, y se calculaba según lo que de manera regular se recorría en una hora. La edición de 1817 del mismo diccionario refiere que la legua española, según la real orden de 1801, equivalía a 20 000 pies, es decir, a 5 572.7 m según el antiguo sistema español. Por lo general la medición de las distancias se realizaba a pie o a caballo, sin que necesariamente efectuara la labor un conocedor del oficio, sino algún comisionado medianamente instruido. Mucho del conocimiento sobre las distancias se propagaba de oídas o se conformaba por información acumulada por tradición, más que por prácticas de medición exactas (AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 32, exp. 174).

122 Cuadro construido a partir de diferentes padrones en los que se observan ligeras inconsistencias en el número y nombre de poblaciones, por lo que debe tomarse como una información general (AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 34, exp. 188; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Justicia, caja 32, exp. 172; AHSPB, Virreinato, Gobierno, Intendencia, caja 32, exp. 174).

123 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, f. 468f, 1794.

124 Idem.

125 Idem.

126 Juan Vicente de Güemes-Pacheco y Padilla, conde de Revillagigedo (1740-1799), fue el 52o virrey, entre 1789 y 1794; contribuyó al perfeccionamiento de las intendencias (Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México, México, Porrúa, 1995, p. 1587).

127 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, f. 494f, 1794.

128 Cuando se estableció la división política en estados, quedaron en el de San Luis Potosí las lagunas de Santa María del Peñón Blanco, Salitral de Carrera, Nuestra Señora del Carmen, Bajío del Toro y la de la administración subalterna de Santa Clara. En Zacatecas se ubicaron las de Salitral del Morro, primera Escondiditas, segunda Escondiditas, San Antonio, Saladillo, San Cosme, Saldívar, Doncella, Santa María, Pozo Blanco, Santa Ana y San José (ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, mapa 4288, “Plano de todas las Lagunas salinosas sujetas a la Administración Principal de Salinas de Santa María del Peñón Blanco”, 21 de junio de 1794).

129 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 2, ff. 1-8 f y v, 1800.

130 Ibid.

131 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 88; Hermosillo y Medina, op. cit., p. 40.

132 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 2, f. 4, 1800.

133 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 2, ff. 1-8 f y v, 1800.

134 Hermosillo y Medina, op. cit., p. 55; ANG, Salinas, vol. 1, exp. 10, ff. 242-264, 1791.

135 Ibid., p. 56.

136 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 265-494, 1792.

137 Ibid.

138 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 267v, 1792.

139 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 268v, 1792.

140 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 273f, 1792.

141 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 276v 277f, 1792.

142 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 282-285, 1792.

143 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 283f, 1792.

144 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 282-285, 1792.

145 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 291v-294v, 1792.

146 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 295-296, 1792.

147 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 302-304 f y v, 1793.

148 Idem.

149 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 305-307 f y v, 1793.

150 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 309 f, 1793.

151 Idem.

152 Por lo general se consideraba que una arroba equivalía a 11.5 kg; 12 arrobas completaban una carga, es decir, lo equivalente a 138 kg. A su vez, el peso de una carga consistía de dos fanegas, con lo que se deduce que una fanega pesaba 69 kg. Debe considerarse que tanto la carga como la fanega eran medidas de volumen y no de peso, de ahí que el peso de una carga o de una fanega de sal pudiera variar de manera considerable, pues había una gran diferencia entre llenar un costal con sal recién recogida y húmeda, y llenar el mismo costal con sal seca (C. Robelo, op. cit.).

153 A diferencia de las Salinas del Peñón Blanco, Zapotillo y Tehuantepec, las de la colonia del Nuevo Santander no estaban bajo la administración de la Corona, sino de particulares o indios, por lo que había cierto desorden en la producción, administración y control de los precios (Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, tomo IV, México, Imprenta de Vicente García Torres, 1851, p. 126).

154 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 401-403 f y v, 1793.

155 Idem.

156 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 404 f y v, 1793.

157 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 405-414 f y v, 1793.

158 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 407v-408f, 1793.

159 No está muy claro si se trataba de la sal producida en la laguna del Álamo, localizada en la jurisdicción de Parras, en la provincia de Durango, o en las salinas de Colima, donde una salinera llevaba el mismo nombre.

160 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 405-414 f y v, 1793.

161 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 421v, 1793.

162 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 420-425 f y v, 1793.

163 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 443-448 f y v.

164 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 445v-446f.

165 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 442v-448f.

166 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 450-451 f y v, 29 de diciembre de 1801. Véase el anexo sobre producción de sal del 4 de febrero al 1 de mayo de 1794, donde además se recogen los comentarios del intendente sobre la cosecha.

167 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 426-429 f y v, 1793.

168 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 433 f y v, 18 de febrero de 1793.

169 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, f. 435 f y v, 12 de marzo de 1793.

170 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 436-438 f y v.

171 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 11, ff. 439-442 f y v.

172 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, 1793.

173 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, f. 3 f y v, 1793.

174 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, ff. 4-5 f y v, 1793.

175 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, ff. 6-9 f y v, 1793.

176 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, f. 10-11 f y v, 1793.

177 ANG, Salinas, vol. 2, exp. 1, ff. 34-35 f y v, 1793.

178 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, ff. 471-486 f y v, 1794.

III. LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO Y LA MINERÍA DURANTE LA INSURGENCIA, 1810-1823179

EL INICIO DE LA INDEPENDENCIA

El inicio del movimiento de Independencia tuvo lugar en el Bajío, una de las regiones de mayor prosperidad de la nueva España. Hacia finales del siglo XVIII esta región albergaba un amplio e importante complejo minero, agrícola e industrial cuyo corazón era el distrito minero de Guanajuato, considerado en ese entonces como el mayor productor de plata de la Nueva España. El Bajío contaba con una población mestiza en su mayoría y varias poblaciones dedicadas a la manufactura como lo eran Querétaro y San Miguel el Grande, en donde se producía tela y lana; Celaya y Salamanca, en donde se tejía el algodón; y León, en donde se producían artículos de piel.180

En la región mencionada se encontraba el pueblo de Dolores, donde la noche del 15 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo proclamó la rebelión que daría inicio al movimiento independentista. Alrededor de 25 000 hombres avanzaron hacia la ciudad de Guanajuato, en donde el ejército insurgente tomó por asalto la Alhóndiga el 28 de septiembre, y se llevó consigo la riqueza que el intendente Juan Antonio Riaño había resguardado en el lugar. Las minas y haciendas de beneficio aledañas corrieron con semejante destino, lo que desestabilizó el ramo de la minería.181 Así comenzó una debacle que tardaría tiempo en recuperarse, ya que tras la toma de Guanajuato por parte de las fuerzas de Hidalgo las minas se fueron inundando, el abastecimiento se desorganizó debido a la violencia y los caminos fueron tomados.182 Al poco tiempo los insurgentes tomaron el control de Zacatecas, considerado el segundo centro minero más importante, luego vino Real de Catorce, en San Luis Potosí, y así de manera paulatina el resto de los minerales medianos y pequeños.183

El movimiento insurgente sonó en San Luis Potosí el 18 de septiembre, apenas dos días después de iniciado, cuando fue detenido Anacleto Moreno, quien había sido comisionado por Miguel Hidalgo para levantar los pueblos de Tierra Nueva y otros en San Luis Potosí.184 En ese entonces el comandante realista Félix María Calleja se encontraba en San Luis Potosí al mando de los regimientos provinciales de Dragones de San Luis y San Carlos, ubicados en las guarniciones de San Luis, Charcas y Matehuala; y el Cuerpo de Caballería del Nuevo Santander, localizado en Rioverde.185 Calleja aprovisionó su ejército con apoyo de los terratenientes, hacendados y mineros de la región, de quienes recibió pertrechos y efectivos, y partió en defensa de la capital.

Hacia noviembre de 1810 comenzaron las primeras insurrecciones en los alrededores de la ciudad de San Luis Potosí, Rioverde y Valles. La capital de la intendencia fue tomada la madrugada del 11 de noviembre. El día 14 entró en la ciudad José Rafael de Iriarte, quien acababa de tomar Zacatecas y se dirigía a Guanajuato en auxilio de Ignacio Allende. Mariano Jiménez, en su camino hacia Saltillo, procedente de Guadalajara, pasó por Charcas, Matehuala, Cedral y Real de Catorce, cuyas familias españolas habían abandonado el lugar tras el estallido. La ciudad de San Luis Potosí estuvo bajo el control de los insurrectos entre noviembre de 1810 y febrero de 1811. Calleja recuperó la capital potosina el 5 de marzo de 1811.186

Tras el inicio del movimiento, Félix María Calleja reforzó su ejército con la aportación de los personajes más relevantes en las estructuras del poder regional, y promovió que cada hacendado o minero formara un cuerpo militar. En este contexto surgieron los Tamarindos —llamados así por el color de la gamuza de su uniforme—; un batallón de infantería conformado por hombres de la Hacienda de Bocas y del pueblo del Venado. También se conformó el Regimiento de Fieles del Potosí, integrado por escuadrones de caballería armados con lanzas.187

LA REVUELTA LLEGÓ A SALINAS

Los primeros efectos de la insurrección llegaron a las Salinas del Peñón Blanco por el poniente, desde Zacatecas. El 31 de octubre de 1810, Pedro López, entonces administrador en turno de las Salinas, salió hacia San Luis Potosí enterado de que las fuerzas de Rafael de Iriarte se acercaban. Iriarte y su milicia pasaron por Salinas el 11 de noviembre rumbo a San Luis Potosí, tras haber tomado Zacatecas. A su paso por Salinas, sustituyó a Pedro López con uno de sus seguidores, José María Cardona, a quien dejó a cargo de la empresa salinera.188 En la empresa se encontraba Andrés Aróstegui, un criollo originario de Guadalajara que se desempeñaba como contador interventor de las Reales Salinas del Peñón Blanco, cargo que le había sido conferido desde 1799.189

Iriarte le ofreció a Aróstegui dinero y mantenerle en el empleo a cambio de su adhesión a la causa rebelde, pero éste se negó; entonces fue aprehendido y trasladado a Zacatecas, pero al poco tiempo lo dejaron libre.190 Cuando Miguel Hidalgo e Ignacio Allende pasaron por Salinas entre febrero y marzo de 1811, tras la derrota de Puente Calderón, ocurrida el 17 de enero del mismo año, las autoridades y el cura de la localidad se fueron a esconder a la Hacienda de Punteros, quedándose Aróstegui a la suerte de los rebeldes, quien, según relatos de la época, no murió gracias a la prisa que llevaban los cabecillas en su huida hacia el norte. A partir de entonces se resolvió armar una tropa militar para reforzar la seguridad de las Salinas.191

CREACIÓN DE UN CUERPO MILITAR REALISTA

La formación de este cuerpo militar fue iniciativa del propio Aróstegui, quien expuso la idea a Calleja. En su carta, dejó entrever su deseo de ser nombrado como capitán a la vez que propuso a Francisco Álvarez, quien era el contador de la renta de las Salinas, como teniente de caballería de la compañía urbana, y a Fernando Díaz como alférez.192 Ofreció al general Calleja que él sostendría los gastos para armar la milicia en vista de las carencias del erario.

El 29 de mayo de 1811, Andrés Aróstegui, Francisco Álvarez y Fernando Díaz fueron nombrados por el general Félix María Calleja como capitán comandante, teniente y alférez, respectivamente, de la Compañía de Milicias Urbanas de Salinas del Peñón Blanco. La compañía ascendía a 30 soldados voluntarios, pero Calleja le pidió que aumentara el número a 50 en vista de la extensión del territorio que debían proteger, para lo cual se crearon las plazas de sargento y cabos.193

Fue así como se constituyó la milicia de las Reales Salinas del Peñón Blanco, con 50 hombres para su defensa. Dicha compañía fue organizada, vestida, armada y sostenida durante 11 meses con el peculio personal de Andrés Aróstegui, quien adquirió en Zacatecas 50 fusiles con bayoneta, 25 carabinas y uniformes al costo de 4 284 pesos.194 La tropa recibió un sueldo de cuatro reales diarios hasta el 9 de abril de 1813. Después, los soldados subsistieron de las contribuciones gratuitas del vecindario.195 En general, los reclutas procedían de los alrededores: Azogueros, la Noria, Mancilla, Conejo y Bocas, aunque la gran mayoría provenía del propio Salinas.196

Esta compañía, además de defender las Salinas, participó en algunas expediciones militares, apoyó la guarnición de la ciudad de San Luis Potosí y participó en la batalla de San Francisco de los Adames en los primeros años del movimiento armado.197

Su iniciativa le valió a Andrés Aróstegui que fuera propuesto por el intendente de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, como administrador principal de las Salinas, cargo que recibió del virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra, convirtiéndose así en el administrador principal al mismo tiempo que fue el capitán comandante de la tropa de las Reales Salinas del Peñón Blanco. Su antecesor, siendo español y temiendo por su vida, tardó algún tiempo en regresar a las Salinas, de manera que Aróstegui fungió como administrador interino desde febrero de 1811 hasta mediados de 1814.198

ACTIVIDADES MILITARES

Andrés Aróstegui, ya como capitán, se presentó el 30 de agosto de 1811 ante las órdenes del teniente coronel de caballería José López y González, quien fungía como comandante de división de provincias internas y de las armas de la ciudad de Zacatecas y su provincia, en la hacienda de San Pedro Piedra Gorda, acompañado de 140 hombres para participar en la batalla de San Francisco de los Adames —hoy cabecera del municipio de Luis Moya, Zacatecas— en contra de los insurgentes, donde realizó el servicio de infantería.199 La hacienda de San Pedro Piedra Gorda, conocida en la actualidad como Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Zacatecas, se localiza al suroeste de Ojocaliente, en un territorio caracterizado por actividades mineras, agrícolas y ganaderas.

En esa ocasión los insurgentes venían de Aguascalientes hacia la ciudad de Zacatecas, por lo que el teniente José López y González y el cura José Francisco de Álvarez decidieron reunir varias divisiones para la defensa del territorio, entre las que figuraban las de Salinas, Venado, la Hacienda de Espíritu Santo, la Hacienda de Cruces, y otras de Aguascalientes y Zacatecas.200 Se reunieron 487 soldados realistas201 que pelearon contra las fuerzas insurgentes comandadas por José María Calvillo y otros líderes de apellidos Ramos, Oropeza y Hermosillo, que comandaban a más de 600 rebeldes. Cabe mencionar que en ese momento tanto Ojocaliente como San Francisco de los Adames pertenecían a la intendencia de San Luis Potosí. El primero de septiembre de 1811 salieron las tropas realistas en persecución de los rebeldes, cuyo enfrentamiento se sostuvo entre el 2 y el 4 de septiembre.

A mediados de abril de 1812, una gavilla de insurgentes atacó el Real de Ramos. Ante la amenaza, las autoridades de dicho real habían informado al capitán Aróstegui del avance de los rebeldes. Al parecer se trataba de un grupo de 50 hombres que invadían los caminos de Santa Clara, Sierra Hermosa, el Barril, Naranjal y Ramos. Los rebeldes cometieron robos y destrozos en la casa de los prominentes de la ciudad. Antes, Aróstegui había recibido de sus superiores en San Luis Potosí la orden de enviar 15 soldados a la hacienda la Parada, bajo las órdenes del teniente encargado de la defensa de ese lugar, para que a su vez se trasladaran a la ciudad de San Luis Potosí. Decidió solicitar de regreso la tropa que había enviado, para mandarla a Ramos con el objeto de perseguir a los rebeldes —que entonces eran considerados saqueadores—, aun cuando esa jurisdicción territorial no le correspondía.202 La tropa no le fue devuelta, sino que, por el contrario, recibió una fuerte amonestación del intendente de San Luis Potosí, quien además de decirle que su deber era defender su propio territorio le hizo hincapié en que sus decisiones ponían en peligro los intereses reales, es decir, las Salinas del Peñón Blanco.203

Aunque las compañías urbanas de los pueblos y haciendas se crearon con el importante fin de resguardar sus territorios de las cuadrillas de ladrones que puedan infestarlos, con la principal obligación de los oficiales y tropas de dichas compañías de acudir a la defensa de la provincia cuando se vea amenazada por alguna parte de su frontera, con urgente motivo se han pedido tropas de mis órdenes a otro partido y las ha negado usted pretextando que había insurgentes por otro lado; y como ciega obediencia a las órdenes superiores es tan importante en la carrera militar, prevengo a usted que si en otra ocasión no franquea prontamente la tropa que yo le mandé, lo haré traer arrestado a esta ciudad y daré causa al excelentísimo señor virrey para que sea usted separado de su empleo. […] Ni la razón ni las leyes pueden obrar su efecto porque las bayonetas mandan y disponen lo que quieren.204

En ese momento la tropa estaba conformada por 50 individuos, de los cuales 20 se encontraban en San Luis desde el 11 de diciembre de 1811 y 15 en la hacienda La Parada; por lo tanto, restaban 15 en Salinas, de los cuales cinco se habían mandado a San Luis con el dinero que el administrador enviaba de manera periódica a la Caja Real; así, sólo quedaban 10 soldados para cuidar la negociación salinera. Al poco tiempo otra tropa de insurgentes incursionó en el Real de Ángeles, con lo que Aróstegui insistió en que le fueran devueltas las tropas o parte de ellas a fin de resguardar las Salinas que se encontraban a escasas ocho leguas de la presencia de los rebeldes.205

En mayo de 1815 la tropa de Salinas consistía en un capitán, un teniente, un alférez, un sargento primero, un sargento segundo, un cabo primero de caballería, un cabo segundo de caballería y 23 soldados de caballería, montados y armados con fusiles y escopetas; un cabo primero de infantería, un cabo segundo de infantería y 23 soldados de infantería; en total, 55 efectivos reclutados.206

EL FOSO Y LA MURALLA

El 22 de noviembre de 1815 Diego Martínez de Ibernón, entonces administrador de las Reales Salinas del Peñón Blanco, comenzó a construir un foso y una muralla alrededor de las Casas Reales, que funcionaron como sede de la administración de la negociación salinera. Dentro residirían parte de la población y la tropa que guarnecía la empresa.207 Para la construcción del foso que circundaría a la negociación salinera, se trajeron indios del Venado y la Hedionda, los que en algunos casos abandonaron los trabajos por agotamiento o por heridas en las manos.208 Los trabajadores eran rotados cada cierto tiempo, para lo cual el administrador de Salinas solicitaba al subdelegado de Venado o la Hedionda el número de personas necesarias. En su turno, éste hacía la petición a los gobernadores de los pueblos indios, que eran los que seleccionaban a la gente y la enviaban a las reales Salinas; en general, se padecía escasez de mano de obra.209

Con el objeto de cubrir los gastos, se comenzó a cobrar medio real por cada fanega transportada por los trajineros de sal. Las obras contaban con la autorización de la Junta Provincial de la Real Hacienda de San Luis Potosí y del intendente. Además del pago, a los arrieros también se les pidió que colaboraran con trabajo acarreando la tierra de la zanja. Por otra parte, se suspendió el despacho de la sal en la laguna principal y se comenzó a distribuir la que se producía en las lagunas de Santa Clara, Santa María y Doncella, localizadas al norte, y cuya calidad era un tanto inferior. El administrador argumentó que esta disposición pretendía vender de manera más equitativa la sal que se producía tanto en la laguna principal como en las subalternas; sin embargo, podemos suponer que todo se reducía al uso de la mano de obra, pues se requerían brazos para ejecutar la excavación del foso y la construcción de la muralla.210

Durante los primeros días de febrero de 1816, los diputados de minería de Zacatecas, Francisco Antonio de Echigoyen y Genaro Ramón del Hoyo, se quejaron ante el virrey Félix María Calleja de los procedimientos del administrador de las Salinas del Peñón Blanco. Eran tres los puntos que buscaban resolver: primero, que al fletero no se le cobrara el medio real que se le exigía por cada fanega de sal que transportaba, con el objeto de costear los gastos de la fortificación que la administración estaba construyendo a fin de proteger la negociación, y en vista de que los mineros serían quienes al final resentirían este gravamen. Segundo, que no se obligara a los fleteros a trabajar en las obras para construir el foso que circundaría las instalaciones de la empresa salinera, ya que para evitar este trabajo forzado no se detenían en las Salinas para cargar sal. Y, tercero, que se facilitara la sal de la laguna principal y no de la subalterna de Santa Clara, ya que por ser de menor calidad ocasionaba perjuicios a la producción de la plata en vista de que se requería una mayor cantidad de ella.211

Diego Martínez se defendió argumentando que precisamente sus deseos eran los de contribuir al fomento de la renta y beneficio de la minería, pero para ello era fundamental mantener a salvo la negociación salinera y la gente a fin de garantizar la producción de sal en el futuro.212

Por otra parte, los mineros mencionaban que en último caso podrían aceptar por el momento el aumento del precio en los fletes, si acaso tuvieran el ingrediente a tiempo; sin embargo, había varias haciendas de beneficio que padecían escasez de sal. Añadían que el medio real que se cobraba a los fleteros y que al final ellos pagarían era una contribución al mantenimiento de la tropa. Al respecto, mencionaban que los miembros de la milicia debían sostenerse con las aportaciones del vecindario tal como ocurría en otras poblaciones. Los propios mineros tenían ya que pagar una cuartilla por cada fanega que adquirían de sal para cubrir el sostenimiento del batallón provincial, de manera que temían que la minería, siendo el principal sostén del virreinato, terminara por derrumbarse.213

El 29 de marzo de 1816 el Real Tribunal General de Minería214 recomendó al virrey que se derogara el cobro de medio real por fanega de sal que transportaran los arrieros, que se dejara de exigirles el trabajo forzoso en las obras de defensa de la negociación salinera y que el administrador de Peñón Blanco surtiera la sal de la calidad que le pedían los mineros. En mayo de 1816 Calleja no sólo instruyó a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí, para que suspendiera las medidas que se habían tomado, sino ordenó que se le exigiera al administrador de las Salinas las cuentas de lo que habría producido el medio real que se cobró por cada fanega de sal y el uso a que se destinó la suma recaudada.215 El administrador se escudó con el argumento de que la defensa de las Salinas era fundamental y, que a falta de gente, era necesario construir el foso y la muralla; sobre el asunto de la calidad de la sal, mencionó que otras veces ya se había distribuido la sal de la laguna de Santa Clara, localizada al norte, sin que se recibiera queja alguna.216

FORTALECIMIENTO DE LA TROPA

Hacia agosto de 1817, las Salinas del Peñón Blanco, además de ser cabecera de partido, se habían convertido en comandancia militar, tras lo cual se desarrolló una actividad mucho más compleja, con oficiales, tropa, artillería, caballería e infanterías rurales y urbanas. Diego Martínez de Ibernón, al mismo tiempo que era el administrador principal de las Salinas, tenía el grado de capitán y comandante. En cambio, Andrés Aróstegui, que había dejado de ser el administrador de las Salinas para retornar a su anterior cargo de contador interventor, se mantenía con el grado de capitán de la compañía primera de fieles realistas urbanos.217

La estructura de las fuerzas militares se organizaba en cuatro miembros de la Plana Mayor, 26 efectivos en Artillería; 50 de la Primera Compañía de Fieles Realistas Urbanos; 60 de la Segunda Compañía de Voluntarios; 36 de la Primera Compañía Rural del Partido de Santa clara; 57 de la Segunda Compañía Rural del Partido de Ramos; y 75 en la Tercera Compañía Rural en la Hacienda de Punteros. En total, 308 efectivos.218

MAPA 12. TROPAS REALISTAS DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO Y SU ÁREA DE OPERACIONES, 1817-1818.

Elaboración propia. Fuente: AHSPB, Virreinato, Gobierno, Tropa, vol. 829, exp. 3349, 1817.

Dentro del Partido de las Salinas del Peñón Blanco había otras fuerzas armadas que, aunque independientes entre sí, se sujetaban a las autoridades militares en San Luis Potosí, por lo que el subdelegado de Salinas estaba obligado a informar al intendente el modo en que se componían las fuerzas. En junio de 1818, éstas se distribuían de la siguiente manera: 50 efectivos en Real de Ángeles, 29 en la hacienda de El Carro, 36 en Ramos, 45 en Santa Clara y 23 en la hacienda de Punteros; en total, 183.219

Como se ha dicho, la tropa de Salinas no tuvo mayor movimiento que vigilar y perseguir bandas relativamente pequeñas entre 1812 y 1820, con excepción de su participación en la batalla de San Francisco de los Adames y en la defensa de la incursión de Xavier Mina cuando llegó a las inmediaciones de las Salinas en 1817, durante su campaña insurgente; entonces participaron con otras brigadas en la defensa del territorio, en particular en el Real de Pinos. Las tropas realistas permanecieron en Salinas aun después de consumada la Independencia, hasta por lo menos 1823, último año en que los registros del Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco dan cuenta de lo recolectado entre los vecinos para su subsistencia.

EFECTOS DE LA INSURGENCIA EN LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA DE LA SAL

A mediados de octubre de 1810, a un mes de iniciado el movimiento insurgente, la minería de Zacatecas ya sentía sus efectos. Los dueños de las haciendas de beneficio de Fresnillo padecían de manera directa la falta de mineral y de sal, pues reportaban que además de los daños causados por la revolución, habían decidido emigrar los mineros europeos de ese real, así como de Zacatecas y lugares aledaños.220 Los habitantes, en su mayoría trabajadores en las minas y en las haciendas de beneficio, habían recibido la promesa de mantener su trabajo tanto en las minas como en las haciendas que eran propiedad de los emigrados, como en efecto lo dispuso el subdelegado de Fresnillo, Juan de Ledesma. Sin embargo, a pesar de que se continuaba extrayendo mineral, no había sido posible beneficiarlo en vista de la falta de sal.

Rafael Orozco, administrador de la laguna de Santa Clara, filial de Peñón Blanco, no había querido realizar remesas ya que el administrador principal había ordenado suspender todos los envíos.221 La suspensión se debía a que estaba por cerrarse el año, y con él las cuentas correspondientes. La práctica común de las ventas consistía en que a lo largo del año se les fiaba la sal a los mineros, cuya cantidad era pactada con anterioridad mediante una libranza que sería cobrada al año siguiente. En este sentido, la suspensión se debía a que la huida de los mineros españoles y de los dueños de las haciendas de beneficio, aunadas al saqueo de caudales, había detenido los pagos a la negociación salinera. Así, Peñón Blanco y la propia minería argentífera padecían los efectos de la rebelión, pues aunque se mantuviera el trabajo en las minas y existiera mineral para beneficiar, hacía falta la sal.

Pedro López y Andrés Aróstegui, que a la sazón eran el administrador principal y el contador interventor de las Salinas del Peñón Blanco, de manera respectiva, pidieron al intendente interino de Zacatecas, el conde de Santiago de la Laguna, que asumiera los créditos que se habían otorgado a los mineros zacatecanos por concepto de la venta de sal, mismos que estaban por vencerse y que al parecer no iban a ser cubiertos por ellos en vista de su emigración, o bien que se cobrara a los fiadores el monto de lo adeudado. Ponían énfasis en que se trataba de dinero que correspondía a la Real Hacienda, dinero que era necesitado de manera urgente por las circunstancias que se vivían.222

Al mismo tiempo, el subdelegado de Fresnillo solicitaba la saltierra con urgencia, pues vislumbraba que la única manera de “mantener apaciguada a la plebe” era brindarle la oportunidad de trabajar y mantener su ingreso.223 En vista de la urgencia, Juan de Ledesma ofreció a Pedro López hacer el pago en reales y no por un libramiento, pues contaba con el dinero no porque se viviera un momento de bonanza, sino porque en Fresnillo se había tomado la decisión de formar un fondo común entre los pobladores en el que cada semana se reunía el producto de todas las ventas de cada establecimiento, de las rentas reales y pósito con el objeto de pagar a los operarios. También se reunía la plata beneficiada mientras se daban las condiciones adecuadas para remitirla a Zacatecas “para su feria y quinto”, así como los caudales que no se habían podido llevar los mineros huidos.224

Un año después, en septiembre de 1811, el administrador de Salinas le informaba al contador de las Cajas Reales de Zacatecas que, salvo un par de excepciones, no lograba que los 10 mineros deudores pagaran la sal fiada en 1810 por más oficios que les había enviado tratando de reconvenirlos a que saldaran su deuda con la real renta.225 Por otra parte, aun ni a los mineros zacatecanos cumplidos les podía surtir la sal a falta de arrieros.226

La urgencia de sal era tal que los mineros recurrieron a préstamos o recomendaciones de los funcionarios de la Real Hacienda en Zacatecas para que éstos intercedieran ante el administrador de las Salinas y pudieran tener la sal que necesitaban para el beneficio de la plata; sin embargo, éste insistía en la carencia de arrieros. En el caso de algunos mineros de Real de Catorce, fueron sus esposas o madres las que cubrieron las deudas. En tanto, en Guanajuato y minas alejadas de Zacatecas los cobros eran mucho más difíciles de realizar y se mantenían deudas en gran número de ellas.

Puede suponerse que los montos eran cuantiosos por la correspondencia sostenida entre el administrador y los intendentes de Zacatecas y San Luis Potosí, y los funcionarios de la Real Hacienda. Aunque en las cartas no siempre figuran cantidades, en ocasiones aparecen los nombres de los deudores. De Real de Catorce, Marcos Gómez, Hermenegildo Gaitán y Marcos Palos; de Zacatecas, Bernardo Iriarte, Joaquín Belaumarán y José Carmona; de Guanajuato, el conde de la Valenciana, que debía 3 871 pesos por 3 291 fanegas de sal blanca que se le habían enviado en enero, febrero, noviembre y diciembre de 1811.227 En enero de 1813 se reportó una deuda general de 49 682 pesos, como se ilustra en el Cuadro 2.228

CUADRO 2. DEUDORES DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1810-1812229

Real minero

1810 y 1811

1812

Total

Zacatecas

5 776.00 (3 mineros)

38577.00 (11 mineros)

44 353.00

Real de Catorce

-

460.50 (1 minero)

460.50

Real de Pinos

368.00 (2 mineros)

31.50 (1 minero)

399.50

Real de Ramos

-

42.00 (1 minero)

42.00

Real de Ángeles

554.00 (1 minero)

-

554.00

Guanajuato

3 873.00 (1 minero)

-

3 873.00

Total

49 682.00

Como puede observarse en el cuadro, la mayor deuda la tenían los mineros zacatecanos, aunque también sabemos que en esa provincia residía la mayoría de los clientes de Peñón Blanco. Los deudores estaban obligados a enterar los montos en las tesorerías de cada intendencia para evitar riesgos en el traslado de valores, de manera que el administrador de Peñón Blanco debían mantener un estrecho contacto con los intendentes de San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato para pedirles su apoyo en el cobro de las deudas.

Los años más difíciles fueron 1810 y 1811, hacia 1812 se mostró una ligera recuperación en las ventas de las Salinas, quizá estimulada por la real orden del 20 de enero de 1812 emitida por las autoridades virreinales, en la que se mandaba vender la sal y el salitre a los mineros al costo de producción con el fin de auxiliar a la minería y buscar su restablecimiento tras el movimiento de insurrección.230 El administrador reportó que las utilidades de ese último año ascendieron a 47 500 pesos, que al compararse con 1811 observa un aumento en la venta en 26 726 pesos, casi el doble.231 Sin embargo, los reales mineros seguían afectados, sobre todo Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete, Real de Catorce, Matehuala, Charcas, Real de Pinos, Real de Ángeles, Real de Asientos y otros; en total, 17 alrededor de las Salinas.232

En la estación presente parece que, entre el conjunto de males que padece el estado, uno de ellos es la terminación casi absoluta de las minas, y por consecuencia la inacción de las haciendas de beneficio; Zacatecas es el único punto en donde se mueven estos ingenios, pero con tanta lentitud que sólo para [una hacienda de beneficio] se hacen remisiones en el día, y todas las demás están varadas, cuyos dueños o administradores han contenido los envíos.233

[…]

Pero aún hay otra prueba más patética, el encargado de la administración de Santa Clara en el estado mensual de ventas […] de 29 de abril pone el dispendio total de 2 906 fanegas, entre éstas 25 al contado y 40 al fiado por corto plazo, asentando que su producto no alcanza para pagar medios sueldos como sucedió en los dos meses anteriores.234

La gente que trabajaba en las Salinas lo hacía por temporadas en cada cosecha, que cuando era buena reunía hasta 300 trabajadores que de ordinario vivían dispersos y se dedicaban a la agricultura, aunque con carencias.235 Por otra parte, es notorio un aumento en las solicitudes de sal entre 1813 y 1819, lo que indica de manera indirecta cierta recuperación en la producción de plata. En 1818 se registró un ingreso de 27 310 pesos por concepto de venta de sal grano, espumilla y saltierra, así como por arrendamiento de tierras y pensión de matanzas, a los que se descontaron 8 099 pesos por gastos de administración (salarios y fletes), que daba una utilidad neta de 19 211 pesos.236

A todo esto hay que precisar que existe un gran vacío de documentación en el Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco correspondiente a los años de la insurgencia, en particular lo que se refiere a producción, despacho y venta de sal entre 1810 y 1817. Los registros entre 1821 y 1824 incluyen correcciones a las cuentas entre 1813 y 1817 principalmente, lo que indica que era más la preocupación por el conflicto armado que por llevar las cuentas de producción, venta y distribución.

Puede afirmarse que, en muchos casos en que los compradores eran de fiar, éstos podían carecer de la sal por falta de arrieros, pero nunca porque no existiera el insumo en las lagunas, en donde el trabajo continuaba de manera cotidiana, aunque con los problemas que lógicamente pueden suponerse: reducción de los salarios, escasez de mano de obra, escasez de alimentos, deserción, falta de liquidez. Tal parece que algunos arrieros prefirieron trasportar otro tipo de insumos o bien extendieron sus miras a otras negociaciones y destinos tales como Saltillo, Real de Catorce y Álamos, en donde eran mejor pagados, y evitaban ir a Zacatecas.237

A pesar de todo, las Salinas del Peñón Blanco resultaron una empresa estratégica no sólo por su localización sino por la producción estable de uno de los ingredientes necesarios para el beneficio de la plata. Varios mineros zacatecanos y potosinos sopesaron la posibilidad de traer sal del Nuevo Santander cuando no recibían la sal fiada de Peñón Blanco; pero esto, más que una solución, representó dificultades, pues los arrieros elevaban los costos de transporte, además de que podían sufrir asaltos de contrabandistas, de manera que Peñón Blanco siguió siendo la mejor opción desde el punto de vista geográfico, además de que la calidad de su sal permitía reducir los costos de producción de la plata.

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO, GUERRA, MINERÍA Y SAL: UNA REFLEXIÓN

La defensa de las Salinas por parte del ejército realista tuvo tres periodos en términos de la confrontación con los insurgentes. El primero va de finales de 1810 a 1812, cuando las Salinas fueron tomadas por los insurgentes, durante el paso de Hidalgo y la batalla de San Francisco en agosto de 1811; el segundo tuvo lugar entre 1815 y 1816, cuando se llevó a cabo la excavación del foso que circundó la negociación y la construcción de la muralla con puente levadizo alrededor de la empresa; y el tercero ocurrió entre finales de 1817, durante la campaña de Xavier Mina, y 1823, una vez consumada la independencia, con un aumento en el número de efectivos destinados a la protección del territorio. Por otra parte, vale decir que entre los años de 1812 y 1817 tuvieron lugar incursiones menores de gavillas o bandas que no excedían el número de 100. Por lo general se trataba de grupos en los que iban de 15 a 20, quizá 40 o 60 personas. Estos rebeldes eran más bien tildados de bandidos que cometían saqueos en las haciendas y los reales mineros cercanos a las Salinas, sobre todo Ramos, Pinos, Real de Ángeles y Ojocaliente. También era común que se asaltaran las haciendas de El Carro o Espíritu Santo. A pesar de las diversas aproximaciones que tuvieron los rebeldes hacia las Salinas, no hay testimonios de que hubieran llegado a las puertas de la negociación o a tomar el pueblo, salvo en 1810, cuando Iriarte tomó la empresa y dejó a su administrador, pero sin mayores repercusiones.

Al cabo del tiempo también se observan las diferencias en las estrategias militares que tuvieron los dos administradores a cargo de las Salinas entre 1810 y 1820. El primero de ellos, Andrés Aróstegui, tuvo la iniciativa de formar una tropa de 50 hombres que en un principio fueron vestidos, alimentados y armados durante un año con su propio dinero. Después serían sostenidos con las aportaciones que realizarían los vecinos tanto en dinero como en especie. Esta tropa cuyo número base era de 50, podía crecer según las circunstancias. Sus funciones eran las de proteger la sede administrativa al tiempo que patrullar y auxiliar a los pueblos aledaños. Se le solicitaba, por ejemplo, como apoyo para transportar gente o caudales de los reales a las capitales; para fortalecer las guardias en Pinos, la hacienda la Parada o la propia ciudad de San Luis Potosí.

En esos años las fuerzas insurgentes incursionaron varias veces en Ojocaliente, Pinos, Real de Ángeles y Ramos, donde cometían robos a los habitantes y mineros, más que daños a la infraestructura minera.238 También, aunque con mucho menos frecuencia, llegaron a las lagunas saladas, en donde más que dinero podrían conseguir alimentos, enseres o herramientas, y quizá pastura para la caballada. En cambio, Peñón Blanco, siendo la laguna principal y sede de la negociación, representaba un botín más atractivo porque ahí se concentraban los pagos que realizaban los mineros. Por tratarse de un insumo necesario para la minería, resultaba de interés controlar su producción y distribución, de ahí que los insurgentes colocaran como administrador a uno de los suyos a inicios del movimiento, pero que al final no perduró. Con excepción de unos pocos meses, los insurgentes no mantuvieron el control las Salinas, pues tras la formación del ejército a cargo de Andrés Aróstegui la empresa salinera fue además una guarnición militar que controló las operaciones entre Zacatecas y San Luis Potosí. La sal, siendo un producto complicado para transportar y delicado para conservar, no resultó atractivo para los robos en las propias lagunas, pero sí en los caminos en donde los arrieros eran asaltados con la finalidad de contrabandearla.

A partir de 1815-1816, se distingue un cambio importante en el manejo de las tropas, pues fue justo entre esos años que se destituyó a Andrés Aróstegui del cargo de administrador principal para retornar al anterior que tuvo de contador interventor de las Salinas. En su lugar se nombró a Diego Martínez de Ibernón, que tuvo la iniciativa de cavar el foso que circundaría al poblado y a la sede administrativa con sus Casas Reales, y de construir una muralla para protección. Armó las Salinas con cañones, adquirió carabinas, fusiles, lanzas, machetes y caballos. Incrementó el número de efectivos, que en ocasiones iba de 300 a 500 soldados distribuidos en compañías urbanas y rurales.

La compañía urbana sostuvo operaciones en la propia ciudad de Salinas, que tenía la categoría de subdelegación y cabecera de partido, en tanto que las compañías rurales eran las que estaban asentadas en la laguna filial de Santa Clara, al norte; en Punteros, al noroeste; en Ramos, al poniente; en la hacienda del Carro, al sur; y en el Real de Ángeles, al sureste, principalmente. Estas compañías rurales eran movibles, se trasladaban y asentaban en otros puntos según las circunstancias o los reportes que los subdelegados o intendentes de San Luis Potosí y Zacatecas hacían sobre el movimiento insurgente. Andrés Aróstegui mantuvo el grado de capitán y estuvo al frente de la compañía urbana de Salinas.

En cuanto a la empresa y su relación con la minería, se observa que, a pesar de la carencia de mano de obra, de la escasez de arrieros y de las propias circunstancias de la insurrección, la producción de sal se mantuvo aunque en una escala distinta a los años de mayor demanda. No es posible cuantificar con precisión los alcances de la producción de sal por la carencia de documentos; sin embargo, con lo que se cuenta es posible inferir que los mineros no carecían de sal porque no se produjera, sino porque no eran capaces de pagarla o por la falta de transportistas. Los continuos reportes de los administradores sobre las deudas que tenían los mineros dejan entrever la parálisis que sufría la minería tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí y Guanajuato, en particular en este último, que dejó de ser un comprador de Peñón Blanco durante el periodo insurgente.

En cambio, en Zacatecas, a pesar de que muchas de sus minas y haciendas de beneficio dejaron de operar, se realizaron importantes esfuerzos por mantenerlas activas. Lo que ocurrió fue que los administradores de las Salinas dejaron de proveerles sal a quienes se quedaron a cargo de las haciendas de beneficio porque eran incapaces de comprobar su solvencia económica o tenían deudas por saldar, de manera que la decisión que tomó la negociación salinera fue la de dejarles de surtir aun cuando el discurso general de las autoridades virreinales expresara que había que proteger a la minería.

En general, hubo una escasez de arrieros, pues las circunstancias los obligaron a transportar insumos distintos en lugares más seguros, además de que la demanda de las diferentes poblaciones se reducía principalmente a alimentos, de ahí que se privilegiara el transporte de maíz en lugar de la sal para la minería.239

En suma, podemos observar una interacción entre la manera de administrar las Salinas y las formas en que se organizaron las tropas militares para la defensa de la empresa. De alguna manera, las jerarquías en los puestos administrativos se expresaron también en los cargos y grados militares. Los mismos soldados eran pobladores reclutados en las poblaciones aledañas que pertenecían a la jurisdicción de las Salinas, y es seguro que alternaban entre el trabajo en las lagunas y la vigilancia.

Hacia agosto de 1817, las Salinas del Peñón Blanco, además de ser cabecera de partido, se habían convertido en comandancia militar, luego de lo cual se desarrolló una actividad mucho más compleja con oficiales, tropa, artillería, caballería e infanterías rurales y urbanas. Vemos también que la jurisdicción militar superó en gran parte a la jurisdicción administrativa, pues si bien en un principio la tropa se reducía a custodiar las 20 leguas a la redonda que más o menos correspondían a la jurisdicción de la cabecera del partido, a mediados del periodo las compañías rurales bajo el mando del comandante de Salinas —que al mismo tiempo era el administrador principal— se extendían poco más allá de su propia jurisdicción, y aun se asentaban en lugares como Ramos, que pertenecía al partido de Charcas, de la intendencia de San Luis Potosí; o en el Real de Ángeles, que pertenecía al partido de Pinos, en la intendencia de Zacatecas.

El comandante y los capitanes informaban de continuo al jefe de las brigadas y al intendente, ambos en la capital de San Luis Potosí, así como también a los funcionarios de la Real Hacienda, llevando cuentas distintas sobre el manejo del dinero: una cuenta sobre la producción, venta de sal y gastos de la empresa, y otra sobre la recaudación y gastos para el sostenimiento de la tropa. Vemos aquí un claro manejo y control tanto administrativo como militar del territorio.

Notas:

179 Una primera versión de este capítulo se publicó bajo el título “En defensa de la sal para la minería. Fuerzas realistas en las Salinas del Peñón Blanco, 1810-1823”, en Moisés Gámez (coord.), Entre rumores, ejércitos rebeldes, ansiedad impresa y representaciones épicas. Estudios sobre la Independencia y la Revolución en San Luis Potosí, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis / H. Congreso del Estado de San Luis Potosí / Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2010, pp. 59-79.

180 David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, México, FCE, 1975, pp. 302-303.

181 Lucas Alamán, Historia de Méjico, vol. i, México, Instituto Cultural Helénico / FCE, 1985, p. 413-438.

182 María Eugenia Romero Sotelo, Minería y guerra. La economía de Nueva España 1810-1821, México, El Colegio de México / FCE, 1997, p. 63.

183 Fausto Elhúyar, Memoria sobre el influjo de la minería, México, Tipografía Literaria de F. Mata, 1883, p. 86.

184 Juan Carlos Sánchez Montiel, “San Luis Potosí en los albores del siglo XIX, 1800-1820”, en Flor de María Salazar Mendoza y Carlos Rubén Ruiz Medrano (coords.), Capítulos de la historia de San Luis Potosí siglos XVI al XX, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2009, p. 123.

185 María Isabel Monroy Castillo y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, México, El Colegio de México / FCE, 1997, p. 144.

186 J. C. Sánchez Montiel, op. cit., p. 125.

187 M. T. Monroy Castillo y T. Calvillo, op. cit., pp. 145-146.

188 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, capitán y administrador principal de las Salinas del Peñón Blanco, al subdelegado de Pinos”, 4 de octubre de 1811; ANG, Salinas, vol. 6, exp. 17, 1818.

189 ANG, Salinas, vol. 6, exps. 16 y 17, 1818.

190 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 17, 1818.

191 Idem.

192 Idem.

193 ANG, Indiferente Virreinal, vol. 4369, exp. 13, 1811.

194 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 17, 1818.

195 Idem.

196 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Tropa, vol. 829, exp. 3348, 1814-1816.

197 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 17, 1818.

198 Idem.

199 Idem.

200 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, capitán y administrador principal de las Salinas del Peñón Blanco, al general Félix María Calleja”, entre el 12 y el 26 de septiembre de 1811.

201 Juan Álvarez López, Monografía de Ojocaliente, Ojocaliente [edición de autor], 1999, p. 30.

202 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, capitán y administrador de las Salinas del Peñón Blanco, a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí”, 30 de mayo de 1812.

203 Idem.

204 Idem.

205 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, capitán y administrador de las Salinas del Peñón Blanco, a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí”, 13 de junio de 1812.

206 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Tropa, vol. 829, exp. 3348, 1814-1816.

207 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 15, 1816.

208 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 828, exp. 3344, “Rafael Salazar, subdelegado de los Pueblos del Venado, a Diego Martínez de Ibernón, administrador de las Salinas del Peñón Blanco”, 26 de julio de 1816.

209 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 828, exp. 3343, “Rafael Salazar, subdelegado de los pueblos del Venado, a Diego Martínez de Ibernón, administrador de las Salinas del Peñón Blanco”, 27 de junio de 1816.

210 , Salinas, vol. 6, exp. 15, 1816.

211 Idem.

212 Idem.

213 Idem.

214 La recomendación iba firmada por José Mariano Fagoaga, Fausto de Elhúyar, José Joaquín de Equia y José Miguel Septién.

215 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 15, 1816.

216 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 828, exp. 3343, “Diego Martínez de Ibernón, administrador de las Salinas del Peñón Blanco, a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí”, 28 de junio de 1816.

217 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Tropa, vol. 829, exp. 3349, 1817.

218 Idem.

219 Idem.

220 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3333, “Carta de Juan de Ledesma, subdelegado de Fresnillo (nombrado por el intendente interino de Zacatecas, el conde de Santiago de la Laguna), a Pedro López, administrador de la Reales Salinas del Peñón Blanco”, 19 de octubre de 1810.

221 Idem.

222 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Pedro López, administrador principal, y Andrés Aróstegui, contador de las Salinas del Peñón Blanco, al conde la Laguna, intendente interino de Zacatecas”, 18 de octubre de 1810. En la carta se refiere a una lista de deudores, la cual desafortunadamente no se incluye.

223 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3333, “Carta de Juan de Ledesma, subdelegado de Fresnillo, a Pedro López, administrador de la Reales Salinas del Peñón Blanco”, 19 de octubre de 1810.

224 Idem.

225 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, contador de las Salinas del Peñón Blanco, al contador de las Cajas Reales de Zacatecas, Juan María de Aranda”, finales de septiembre de 1810.

226 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, contador de las Salinas del Peñón Blanco, a Juan Huisi, empresario de minas de Zacatecas”, 29 de septiembre de 1810.

227 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3341, libro copiador de cartas, “Carta de Andrés Aróstegui, capitán y administrador de las Salinas del Peñón Blanco, al intendente de Zacatecas”, 3 de junio de 1812.

228 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3335, libro copiador de cartas, 15 de enero de 1813.

229 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3341, libro copiador de cartas, “Carta de Andrés Aróstegui al intendente de Zacatecas”, 3 de junio de 1812; exp. 3335, libro copiador de cartas, 15 de enero de 1813.

230 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 15, 1816.

231 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3335, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, administrador de las Salinas del Peñón Blanco, a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí”, 17 de junio de 1813.

232 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3335, libro copiador de cartas, “Andrés Aróstegui, administrador de las Salinas del Peñón Blanco, a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí”, 6 de mayo de 1813.

233 Idem.

234 Idem.

235 Idem.

236 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Informes, vol. 831, exp. 3366.

237 ANG, Salinas, vol. 6, exp. 15, 1816.

238 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 827, exp. 3334, libro copiador de cartas, varias comunicaciones de “Andrés Aróstegui, contador de las Salinas del Peñón Blanco, a Manuel Jacinto de Acevedo, intendente de San Luis Potosí, y al comandante de las armas de la misma ciudad”, 1811-1812.

239 AHSPB, Virreinato, Gobierno, Correspondencia, vol. 828, exp. 3343, “Correspondencia con el señor intendente de San Luis perteneciente a Real Hacienda”, 18 de junio de 1816.

IV. PRIVATIZACIÓN DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1836-1842240

ANTECEDENTES: DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO AL FEDERALISMO Y CENTRALISMO REPUBLICANO

Desde el punto de vista territorial, el paso de un régimen monárquico a uno federalista implicó importantes cambios y redefiniciones en el aspecto administrativo. Tal como lo apunta Hira de Gortari, el proceso de organización territorial durante la primera república federal fue complejo pero con un alto grado de racionalización y discusión entre los principales actores locales y nacionales, cuyo resultado se plasmó en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 y a la postre en la Constitución del cuatro de octubre del mismo año.241 Destaca el hecho de que las antiguas provincias virreinales tenían dimensiones considerables, por lo que modificar sus límites podían desatar conflictos locales al haber múltiples intereses políticos y económicos involucrados; por eso, muchas de estas provincias se convirtieron en estados con pocas o nulas modificaciones, pero con la inclusión de categorías territoriales jerarquizadas que garantizaban el control político-administrativo.

La nueva organización territorial se conformó por los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Texas, Guanajuato, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Yucatán y Zacatecas; y los territorios de Santa Fe de Nuevo México, la Alta California, la Baja California, Colima y Tlaxcala; y un Distrito Federal.

La Constitución potosina de 1826242 definía que su territorio, es decir, la antigua provincia de San Luis Potosí, que se dividía en los partidos de Charcas, Guadalcázar, San Luis, Santa María del Río, Rioverde, Salinas del Peñón Blanco, Venado y Villa de Valles, compondría el estado de San Luis Potosí, ahora dividido en los nuevos partidos de Catorce, Guadalcázar, San Luis, Santa María del Río, Ojocaliente, Rioverde, Tancanhuitz, Valle del Maíz, Venado y Villa de Valles. Salinas del Peñón Blanco quedó dentro de la jurisdicción de Ojocaliente y se le otorgó la categoría de municipalidad.243

Como se vio antes, durante gran parte del virreinato la Real Hacienda, que estaba a cargo del estanco de la sal, dejó en manos de asentistas la administración y control de las Salinas del Peñón Blanco, control que recobró a finales del siglo XVIII. El marco normativo de referencia para la obtención de la sal durante ese periodo se definía en la Recopilación de Indias (1681), en donde se señalaba que nada más se podría establecer estanco de sal en donde no se afectara a los indios en el caso de que éstos la utilizaran.244 Pero ese no era el caso para Peñón Blanco, ya que no se tenía noticia de que la sal se explotara antes que los españoles lo hicieran, por eso se permitió el estanco en dicho lugar. En la Política indiana (1776), de Juan de Solórzano y Pereyra, se menciona que, debido a su importancia, la Corona decidió incluir las Salinas de las Indias entre los derechos de sus regalías, dejando para sí o para sus oficiales el privilegio de vender la sal, fundamentando su decisión en el derecho común y en el de los reyes de España.245

En 1562, tras descubrirse las Salinas del Peñón Blanco, y dada la importancia de la sal para la minería de la plata, Felipe II determinó que fueran incorporadas a la Corona tal como había ocurrido con otros yacimientos de sal en algunos reinos de la Península desde la Edad Media. Años más tarde, en 1587, se amplió el estanco de la sal al resto de la Nueva España, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya.246 Esta práctica característica de las monarquías absolutas implicaba que todo el derecho de los particulares descansara en la gracia o merced real, siendo así el monarca quien ostentaba la propiedad patrimonial de una gran cantidad de bienes e insumos, aunque se concediera su libre aprovechamiento a los particulares bajo la condición de pagar a la Corona un impuesto por los beneficios que obtuvieran.247

Cuando se publicó la Ordenanza de Intendentes en 1786, de nuevo se señaló la disposición de favorecer a los indios con la libre explotación de la sal para su propio uso a cambio de pagar una cuota, en tanto que el resto de las salinas se administrarían como propiedad de la suprema regalía, de manera que la sal se vendería a los mineros y ganaderos a precios moderados.248 El que las Salinas del Peñón Blanco, consideradas como una de las mejores en la Nueva España, volvieran a estar bajo la administración de la Real Hacienda por medio de un decreto de 1773 y real orden de 1778249 no modificó el marco normativo ni su operación, pues siguieron en propiedad de la Corona.

En cambio, la independencia de México representó un cambio significativo en la manera de administrarlas, sobre todo porque una propiedad del rey pasó a ser de propiedad nacional y, por ende, pública; en este sentido, hubo necesidad de definir quiénes y cómo administrarían las Salinas. Pudieron haber sido las necesidades económicas, así como la inexperiencia en el manejo de una empresa tan grande, lo que propició que se mantuviera la práctica de arrendarlas en lugar de que el gobierno independiente tomara el control directo de ellas.250

Las Salinas del Peñón Blanco se constituyeron en una propiedad nacional cuando la legislación federal de la república, siguiendo a la española, declaró las salinas propiedad de la federación y no de los estados mediante la ley de clasificación de rentas promulgada el 4 de agosto de 1824, según la cual pertenecían a las rentas generales de la federación los derechos de importación y exportación, el tabaco, la pólvora, el correo, la lotería y las salinas.251

Poco tiempo después, el 21 de septiembre de 1824, se emitió el decreto sobre las Reglas para la administración de la hacienda pública de la federación en los estados, el cual estipulaba que cesaban los intendentes, ministros de cajas generales y foráneas, y todos los empleados en rentas de la federación; asimismo, se establecía que las rentas de pólvora, salinas y tabaco que pertenecieran a la federación serían administradas por un comisario, lo que ponía fin al sistema administrativo del régimen monárquico.

Hacia noviembre del mismo año, la administración de la hacienda pública federal tuvo otra modificación de importancia al quedar extinguidas las direcciones y contadurías generales de las aduanas, pólvora, lotería, montepíos de ministros y oficinas, tesorería general de lotería y el tribunal de cuentas. El secretario de Estado y del despacho de hacienda quedó a cargo de todas las rentas de la federación. En cuanto al ramo de sales, se estableció que las salinas de la federación se darían en arrendamiento por medio de subasta pública al mejor postor, por el número de años más conveniente. Como condición, la sal tendría que venderse bajo las reglas adoptadas por la hacienda pública en beneficio de la minería, y en una cuarta parte menos del valor a que aquella las vendía. Se libraban de esta condición las salinas de las villas del Refugio, Reinosa, Camargo, Mier, Revilla y Laredo, las cuales quedaban bajo las reglas que estableciera la legislatura del estado de Tamaulipas. Se reconoció la propiedad particular de aquellas salinas que hasta entonces hubieran pagado derechos a la hacienda pública, estipulando que pagarían en adelante una cuarta parte menos de lo que antes pagaban. Estos derechos se darían también en arrendamiento, prefiriéndose en igualdad de circunstancias a los gobiernos de los estados que hicieran postura; esta preferencia se entendería también respecto de las salinas de la federación.252 Un año después, el 30 de noviembre de 1825, se dieron a conocer las bases para el arrendamiento de varias salinas nacionales, entre ellas las de Peñón Blanco. Esta disposición también respetó y confirmó la propiedad particular de aquellas salinas que no pertenecían a la federación ni a los pueblos.253

Las Salinas del Peñón Blanco fueron arrendadas por Antonio María de Esnaurrízar hasta finales de 1835, cuando fueron rematadas de nuevo en subasta pública para un nuevo periodo de arrendamiento. Los años de 1835 y 1836 representaron un periodo de relevancia, pues durante ese tiempo ocurrieron acontecimientos que definirían el futuro de las Salinas del Peñón Blanco. El sistema federalista estaba sufriendo una crisis que significaría el inicio de una tendencia política hacia el régimen centralista. En enero de 1835 se instaló un nuevo Congreso que poco a poco se iría inclinando hacia el centralismo, mientras que algunos estados partidarios del federalismo se oponían a los cambios que se vislumbraban. Texas, una entidad de corte federalista, se rebeló el 22 de junio de 1835 temiendo la pérdida de su autonomía.254

En octubre de 1835 se inició el periodo de discusión y aprobación de nuevas disposiciones constitucionales de corte centralista, las cuales devinieron en Las Siete Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836.255 El 23 de octubre de 1835 el Congreso expidió la ley sobre la reorganización de la república, que entre otras disposiciones dividía el territorio en departamentos y extinguía los estados y las legislaturas locales; en cada departamento habría ahora un gobernador nombrado por el ejecutivo y una junta departamental electa de manera popular.256 Con esta nueva legislación, los texanos retomaron sus intenciones de independencia, con lo que en noviembre del mismo año decidieron rebelarse para formar un gobierno independiente. Antonio López de Santa Anna se encargó de disolver la rebelión, de manera que llegó a San Luis Potosí a principios de diciembre de 1835, en donde estableció su cuartel general. Sin embargo, hacia el 16 de diciembre las carencias económicas del país obligaron al general a contratar con la casa comercial Rubio Hermanos, propiedad de Cayetano Rubio y de Joaquín María Errazu, un préstamo por 400 000 pesos para costear la guerra de Texas, pagar al ejército y abastecer a las tropas que combatirían a los rebeldes.

El préstamo se estableció bajo condiciones desventajosas para el gobierno, ya que éste se comprometió a entregar a los acreedores el total de los préstamos forzosos realizados en San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Guadalajara, así como el subsidio de guerra de los mismos cuatro departamentos; en caso de no cubrirse dicho pago, se permitiría a los prestamistas la libre importación de productos en las aduanas de Tampico, Veracruz y Matamoros. Éste fue el antecedente al posterior arrendamiento de las Salinas concedido a Joaquín María Errazu, quien las contrató en diciembre del mismo año y las recibió el 15 de enero de 1836; éstos fueron también los antecedentes a la venta realizada a Cayetano Rubio en octubre de 1842.257

Al parecer, el préstamo que recibió Santa Anna no fue suficiente, por lo que continuó las negociaciones con Joaquín Errazu para allegarse más dinero. El resultado fue el contrato de arrendamiento de las Salinas del Peñón Blanco celebrado el 24 de diciembre, cuyas condiciones estipulaban que la renta duraría siete años y ascendería a 18 250 pesos anuales, el arrendatario pagaría por adelantado 45 000 pesos, que corresponderían a dos años y medio de renta, así como otros 100 000 pesos por concepto de existencias de sal, sumas que se emplearon en la campaña de Texas en enero de 1836, cuando partió Santa Anna.258

GESTACIÓN DE LA VENTA DE UN BIEN NACIONAL, 1838-1839

Las carencias económicas del país eran cada vez más acentuadas, por lo que el ejecutivo propuso la negociación de un préstamo de seis millones de pesos, de manera que se autorizó al Banco Nacional de Amortización de la moneda de cobre para que contratara dicho préstamo mediante la ley emitida el 27 de enero de 1838.259 En dicha ley se establecía que tres cuartas partes del préstamo se destinarían a cubrir los gastos que se originaran por la guerra de Texas, “el sostenimiento de la integridad territorial, y la defensa de las costas y fronteras de la república”. El resto se utilizaría para la administración del gobierno en los ramos “que sean más importantes para la seguridad de la nación”. Se autorizó también al banco para enajenar los bienes raíces de temporalidades y de religiosos exclaustrados en almoneda pública. Hacia abril del mismo año, la negociación del préstamo tuvo un giro importante ya que el Congreso facultó al gobierno general para que negociara por sí mismo la venta de bienes de temporalidades con el objeto de obtener el préstamo.260

Fue entonces cuando surgió la propuesta para vender las Salinas del Peñón Blanco, localizadas en el entonces departamento de San Luis Potosí. Dicha propuesta se discutió en la Cámara de Diputados en noviembre de 1838, cuyo punto de acuerdo fue enviado al Senado para su discusión y aprobación.261 El debate se realizó en el 1er. Congreso Constitucional Centralista durante el segundo periodo ordinario de sesiones, en sesión secreta bajo la categoría de asuntos importantes, los días 19 y 21 de noviembre de 1838. Además de las Salinas del Peñón Blanco, se propuso la venta del edificio de la ex Inquisición y la Hacienda de la Compañía en la ciudad de México. Al día siguiente, 22 de noviembre, se facultó al gobierno mediante decreto para enajenar las propiedades “a dinero efectivo, y en los términos más ventajosos para la hacienda pública”, ya que era preciso “auxiliar al gobierno” con dinero para cubrir las “urgentes atenciones del servicio nacional”.262 Se imponía como condición del remate de las Salinas que el comprador mantuviera los precios de la sal de grano y la saltierra, así como los plazos en los que comúnmente se les vendía a los mineros, con el objeto de que la industria de la plata no se viera afectada.263

La venta de las tres propiedades se realizaría en pública subasta al mayor y mejor postor. Las almonedas de las Salinas comenzarían el 24 de diciembre de 1838, para lo cual se solicitó a los jefes superiores de hacienda de los departamentos de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango que anunciaran la venta. Las otras dos fincas comenzarían a subastarse el 6 de diciembre. Cabe mencionar que, al mismo tiempo de proponer su venta, las propiedades fueron hipotecadas.264 Por otra parte, también se autorizó la venta de las Salinas de Zacoalco y Sayula, localizadas en el departamento de Jalisco, así como el cobre existente en la Casa de Moneda.265

Desde finales de 1838, Cayetano Rubio y Joaquín Errazu tenían intenciones de adquirir las Salinas del Peñón Blanco. En efecto, ambos habían realizado algunos préstamos al gobierno, tomándolas como garantía con miras a adquirirlas, además de que —como se ha comentado— Errazu las tenía arrendadas desde inicios de 1836. Al respecto, Cayetano Rubio procuró mantenerse informado y cerca de los funcionarios de gobierno, que no había abierto la subasta al público, pues antes deseaba revisar el testimonio de las escrituras de arrendamiento que tenía Errazu para redactar los avisos de acuerdo con las necesidades de la minería.266 Para garantizar que resultaran beneficiados, Rubio ofreció al ministro de Hacienda, Pedro Echeverría, adelantarle dinero a cuenta de las Salinas, aunque éste, quizá consciente de las dificultades que acarrearía anticiparse a un proceso aún no aprobado del todo, no admitió su ofrecimiento. Por otra parte, existía el rumor de que miembros del gremio de la minería trataban de comprar las Salinas, lo que no es de sorprender dada la importancia que tenía la sal para la extracción de plata. Al parecer había un tercero que también deseaba adquirir la negociación salinera, cosa que no le preocupaba a Cayetano Rubio.267

Como se ha dicho, la primera almoneda del remate de Salinas se anunció para el 24 de diciembre de 1838, pero Cayetano Rubio prefirió no hacer ofrecimiento alguno para dejarlo hasta el remate final. Confiaba en que el asunto se demorara para ajustar algunos detalles, además de que recién se había enterado de que el ministro de Hacienda, Pedro Echeverría, tenía la intención de renunciar, por lo que cuanto negociara con él no serviría de nada. En ese caso, prefería tener certeza sobre quién dirigiría el ministerio para ajustar sus estrategias.268 De acuerdo con las cartas de Cayetano Rubio, el remate de las Salinas no se verificó el 24 de diciembre según se había anunciado, pues así lo solicitó al ministro de Hacienda, a quien pidió que lo demorara.269

La segunda almoneda de la venta de Peñón Blanco, anunciada para el primero de enero de 1839, motivó la intervención de la Junta Departamental de San Luis Potosí el 14 de enero. En principio, la Junta había propuesto discutir el precio apropiado en que deberían venderse las Salinas, en particular se buscaba que el precio correspondiera a lo que producían al año. Sin embargo, la comisión formada para el caso fue más allá al dictaminar que las Salinas no debían venderse.270 En el dictamen se decía que la propuesta de fijar un precio no alcanzaba a llenar las miras patrióticas y el celo por el bien del departamento y de la república, pues tendría que tomarse en cuenta el perjuicio que se ocasionaría a la nación, por lo que era necesario evitar que se llevara a efecto el decreto de la venta debido a su importancia para los intereses públicos. La comisión planteaba tres cuestiones:

Primero, si el Congreso General tenía facultades suficientes para enajenar las Salinas del Peñón Blanco, convirtiendo así esos “considerables intereses nacionales” en patrimonio particular. Segundo, si dicha enajenación podía hacerse por medio de un decreto, sin la necesidad de una ley. Tercero, cuál era el medio constitucional más apropiado para impedir que se llevara a efecto la venta, bajo el supuesto de su inconstitucionalidad.

En cuanto al primer punto, se resolvió que el Congreso no tenía las facultades para enajenar las Salinas del Peñón Blanco, sobre todo porque se trataba de aquel tipo de bienes inalienables que habían pertenecido a la regalías de la Corona española, y que por lo tanto el gobierno no tenía otro derecho más que el de “arreglar y modificar su uso”. Nunca se habían podido transmitir en pleno dominio a un particular, porque de haberlo hecho el Congreso habría atentado contra “la más sagrada de las propiedades, la de la nación misma”. Por tal motivo, el gobierno nada más había arrendado los productos de las salinas sin haber dejado de lado su papel como “supremo administrador de los bienes nacionales”. Se decía que no convendría a la nación ni estaba en sus facultades, disponer de su propio suelo para ceder el derecho de gozar de las permanentes rentas públicas que proporcionaban las Salinas del Peñón Blanco, pues de ser así se corría el riesgo de que el suelo mineral de la república pudiera concederse en pleno y absoluto dominio a los particulares bajo títulos de venta; y, aun más, “se podría vender la facultad de asignar alcabala a algunos efectos, de colectar por privilegio las contribuciones; y, en último resultado, a merced de algunas anticipaciones, y ventas de ese género, se hallaría la república en la triste situación de no tener rentas, [y] como consecuencia de ello, no tener administración, ni libertad ni independencia […]”.271

Durante la discusión, los miembros de la Comisión fundamentaron el estado de las salinas como parte de la regalías del rey citando la Recopilación de Indias,272 la Política indiana273 y la Ordenanza de Intendentes,274 destacando el hecho de que el gobierno español nunca se había sentido con “derecho o facultad de venderlas”.275 Como un argumento adicional para evitar su venta, la Comisión señalaba que la negociación de las Salinas era rentable para el erario y que además beneficiaba de manera significativa a los consumidores de este artículo, beneficio que se vería afectado de forma grave si se monopolizaba la explotación y venta de la sal.

En cuanto al segundo punto, la Comisión expuso que era inconstitucional el decreto o ley por el que se permitía la enajenación de las Salinas. El artículo 43 de la Tercera Ley Constitucional determinaba que toda resolución tendría el carácter de ley cuando versara sobre materia de interés común.276 En este sentido, “privar a la nación de un medio constante y seguro” tenía que ver con el interés común, particularmente porque se trataba de un impuesto indirecto cuya prerrogativa se pasaría en venta a un particular. Por otra parte, había que tomar en cuenta que para crear o suprimir un impuesto, para aumentar o disminuir las rentas públicas, debería escucharse la opinión de las juntas departamentales de acuerdo con el artículo 28 de la Tercera Ley Constitucional. En este sentido, el dictamen de la Junta Departamental debía considerarse en el Congreso antes de tomarse una decisión sobre las iniciativas del ramo de la hacienda pública, cosa que no se hizo para resolver la venta de las Salinas del Peñón Blanco. En cualquier caso, tratándose de una ley o de un decreto, la Comisión opinaba que tal resolución carecía de los requisitos constitucionales.

Sobre el tercer punto, que se refería a indagar cuál sería el medio constitucional para impedir que se llevara a efecto el decreto de venta, se mencionó que nada más el poder conservador tenía facultades para declarar la nulidad de una ley o decreto cuando fueran contrarios a la Constitución, de manera que el poder ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia o 18 miembros del poder legislativo podrían nulificar la venta.277

Como consecuencia de ese dictamen y sus argumentos, la Junta Departamental de San Luis Potosí solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia dirigir una exposición de acuerdo con el gobernador del departamento para que la Corte pidiera a su vez al ejecutivo que declarara nulo el decreto en que se autorizaba al gobierno para enajenar las Salinas del Peñón Blanco, por ser de interés para el departamento y la nación, y por infringirse los artículos 43 y 28 de la Tercera Ley Constitucional, así como para cumplir con la primera parte del artículo 45 de la misma ley, que no permitía al Congreso dictar leyes o decretos sin las iniciativas, intervalos, revisiones y demás requisitos. La solicitud anterior se firmó el 21 de enero de 1839, pero no fue sino el 30 de enero cuando la envió Ignacio Sepúlveda, gobernador del departamento de San Luis Potosí.278

El 14 de febrero se recibió el oficio en la Suprema Corte de Justicia y se turnó al fiscal para que lo contestara. Dos días después, el fiscal dio su resolución. La solicitud ya no tenía lugar, pues el decreto había sido sancionado y publicado el 29 de noviembre del año anterior, es decir, dos meses antes de que el oficio se enviara a la Corte, tiempo suficiente para superar el plazo establecido para que el gobierno pudiera declarar la nulidad de cualquier ley o decreto que ya hubiera sido sancionado; de manera que hacerlo sería “inútil, infructuoso e ilegal”. Esa razón fue suficiente para que el fiscal prescindiera de los argumentos expuestos por la Junta Departamental de San Luis Potosí, por lo que ni siquiera se analizó la exposición.

Días después la Suprema Corte de Justicia recibió una comunicación en la que la Junta Departamental de Aguascalientes se adhería a la solicitud del Departamento de San Luis Potosí. El 23 de febrero del mismo año la Suprema Corte contestó a la Junta Departamental de Aguascalientes, que a pesar de no haber lugar a la declaración de nulidad de la venta de las Salinas de Peñón Blanco, “tiene esta Corte Suprema la satisfacción de anunciar a vuestra excelencia que el mismo poder legislativo ha determinado no se lleve a efecto la enajenación de dichas Salinas”,279 pues serían hipotecadas junto con los fondos del Banco Nacional de Amortización para contratar un préstamo con el clero.280

En efecto, el 15 de febrero de 1839 la Cámara de Diputados revisó un dictamen de la Comisión de Hacienda en el que se exponía la iniciativa de facultar al Banco Nacional para negociar un préstamo con el clero del arzobispado por la cantidad de 500 000 pesos. Los primeros artículos no tuvieron problema, hasta que se llegó al quinto, en el que se decía que se agregaban al fondo del banco los de los productos de las Salinas del Peñón Blanco, “respetándose las hipotecas constituidas en ellas […] por los capitales que ha impuesto allí el gobierno”.281 La discusión giró en torno a lo que podría suceder con las Salinas debido a que, por una parte, ya se habían puesto en subasta pública para su venta; y, por otra, se pretendía añadirlas al Banco Nacional para luego ofrecerlas como garantía del préstamo que el gobierno recibiría de la Iglesia.

La propuesta que generó controversia fue la que planteaba que se derogara de manera expresa la ley que autorizó el gobierno para enajenarlas, ya que ahora se estaban adjudicando al banco. El ministro de Hacienda, José Gómez de la Cortina, sugirió que, una vez en manos del banco, se facultara a éste para venderlas; otros diputados proponían que se anexaran sus fondos al banco, pero que se evitara su venta para continuar recibiendo sus productos anuales. Pero lo que el ministro temía era que aquellos prestamistas que habían entregado dinero al gobierno y recibido las Salinas como garantía habían realizado el préstamo bajo la condición de que éstas les fueran vendidas, y que una vez derogado el decreto que permitía tal venta reclamarían una indemnización. Los términos en que está redactada la discusión de los diputados sugiere que tal acuerdo de venta de las Salinas a los prestamistas había sido un pacto verbal, pues el contrato de la hipoteca no daba el derecho de venta a los prestamistas, aunque tampoco quedaba frustrada la esperanza de que ellos se quedaran con la propiedad. Los prestamistas a los que se referían eran Joaquín Errazu y Cayetano Rubio. En las actas notariales, el primero figura como acreedor y el segundo como intermediario de dos préstamos otorgados a la Tesorería General en enero de 1839, uno por 102 000 pesos y otro por 50 000 pesos, en los que las Salinas del Peñón Blanco fueron puestas como garantía. Cabe mencionar que Joaquín Errazu aún las tenía arrendadas.282

Los diputados sugerían que la hipoteca podía continuar aun cuando las Salinas del Peñón Blanco pasaran a manos del banco; además, si se efectuaba la venta de las Salinas el monto de la hipoteca que ahora se pretendía dar al clero se reduciría de manera significativa y en consecuencia el gobierno no vería resueltas sus necesidades económicas. La conclusión a la que se llegó fue que, si bien el gobierno había hipotecado las Salinas, no existía documento alguno que hiciere explícito el compromiso de venderlas a los prestamistas, y por lo tanto podría derogarse la ley que mandaba vender las Salinas y al mismo tiempo adjudicarlas al Banco Nacional de Amortización, para que éste a su vez las ofreciera en garantía al clero y así poder negociar el préstamo por los 500 000 pesos.283 De esta manera, la propuesta de venta se dejó a un lado para en lugar de ello hipotecar las Salinas.

Podrían suponerse tres razones por las que la venta no haya sido efectuada en ese momento: 1) porque en realidad se consideraba que las Salinas formaban parte de un importante patrimonio nacional; 2) porque los ofrecimientos de los posibles compradores no satisfacían las expectativas del gobierno que las quería vender; y 3) porque simplemente eran necesarias para garantizar préstamos cuantiosos.

Aunque sin el sustento necesario para afirmarlo, podría pensarse en una cuarta razón al realizar una revisión de las leyes con mayor detalle: el 12 de marzo de 1828, aún bajo el régimen federalista, se expidió una ley que regulaba la inmigración. Entre otras cosas, se estipulaba que los extranjeros no naturalizados que se hubieran establecido en el país conforme a las reglas prescritas se encontraban bajo la protección de las leyes y gozaban de los derechos civiles concedidos a los mexicanos, con excepción de adquirir propiedades rústicas. Aunque podrían intentar la compra de propiedad particular, ésta sólo sería posible con un permiso otorgado por el Congreso general si se trataba de terrenos dentro de los territorios, o por los Congresos particulares si la adquisición era en los estados.284 Al parecer, esta ley continuaba vigente cuando Cayetano Rubio y Joaquín Errazu pretendieron adquirir las Salinas del Peñón Blanco a finales de 1838; siendo ambos españoles e importantes acreedores del régimen centralista, es factible pensar que las condiciones para su adquisición no estaban del todo dadas, por lo que la venta no se suspendió, sino se pospuso.

Años más tarde se abriría la posibilidad de que el banco pudiera realizar la venta de las Salinas y de que Cayetano Rubio las adquiriera. El 11 de marzo de 1842, Antonio López de Santa Anna promulgó el decreto que permitió a los extranjeros adquirir propiedades urbanas y rústicas por compra, adjudicación, denuncia o cualquier otro medio legal, bajo el argumento de que tal concesión tendería al engrandecimiento de la república debido al aumento de población, a su extensión y a la división de la propiedad que constituiría la riqueza nacional. Por otra parte, justificaba, se afianzaría la seguridad de la nación ya que los extranjeros propietarios serían otros tantos defensores de los derechos nacionales interesados en la prosperidad común. Además, se les permitía ya recibir en propiedad minas de oro, plata, cobre, azogue, hierro y carbón.285

CAYETANO RUBIO ADQUIERE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1842

La venta había quedado suspendida y no se discutió más de ella en las Cámaras. El asunto volvió a resurgir tres años después, cuando el general Antonio López de Santa Anna, haciendo uso de las amplias facultades que le conferían las Bases de Tacubaya,286 autorizó y realizó la venta de las Salinas del Peñón Blanco el 29 de octubre de 1842. Las Salinas se le vendieron a Cayetano Rubio en 304 166 pesos, cinco reales y ocho granos, de los cuales 152 000 pesos se tomaron a cuenta de la deuda contraída con Joaquín María Errazu en 1839, quien en ese momento las tenía arrendadas desde 1836; 12 837.1 pesos, diez granos, también tomados a cuenta de réditos que se le adeudaban a Errazu; 5 000 pesos, como pago en efectivo en la Tesorería; y 134 329.3 pesos, diez granos, en papeles de crédito contra la Hacienda Pública, concediéndole al comprador ocho meses para hacer efectivo el crédito.287

Los representantes del gobierno que efectuaron la operación en la ciudad de México fueron Tranquilino de la Vega y Nicolás María Fagoaga, ministros de la Tesorería General de la Nación, por órdenes del Ministerio de Hacienda. Cayetano Rubio había hecho la propuesta de venta bajo el argumento de que Joaquín María Errazu tenía arrendadas las Salinas con todas sus anexas por la cantidad de 18 250 pesos anuales. Mencionó también que Errazu había facilitado al gobierno 152 000 pesos en efectivo, con hipoteca de las mismas Salinas y del importe de su arrendamiento. Los intereses generados por dicho préstamo ascendían a 21 240 pesos, con lo que la hacienda pública tenía que pagar a Errazu cada año 2 990 pesos como diferencia entre el arrendamiento y el préstamo; el 10 de octubre de 1842, Cayetano Rubio propuso al gobierno, “para evitar al erario este gravamen”, comprar las Salinas del Peñón Blanco con todas sus trojes, casas, tanques, lagunas y cuanto le fuera anexo, por la cantidad de 304 166, cinco reales y ocho granos, a lo que correspondía el rédito de 6 por ciento. Como se ha dicho, una parte de esa cantidad se entregaría a Joaquín Errazu y otra a la Tesorería General, el resto lo pagaría en créditos reconocidos contra la hacienda pública en el término de ocho meses. Se comprometió a que la sal se seguiría vendiendo a los mineros con las mismas ventajas en cuanto al crédito que se les daba de un año y al mismo precio a que se les expendía. Pidió también que, en cualquier tiempo en que fuera molestado “en la quieta y pacífica posesión de dichas Salinas”, el Supremo Gobierno estaría obligado a sanear la propiedad, de indemnizar lo que gastara en todas las mejoras que hubiera hecho a juicio de peritos, así como de todos los gastos y perjuicios que se ocasionaran. El mismo día 10 de octubre se le comunicó a Cayetano Rubio que el presidente provisional había aprobado su propuesta, para lo cual giraban instrucciones a los tesoreros departamentales para hacer valer la cláusula que se refería a respetar los precios y plazos de venta de la sal para los mineros.288

Cabe transcribir las palabras que más adelante serían causa de numerosos conflictos sobre la propiedad territorial y los privilegios fiscales entre salineros, los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas y los nuevos dueños de Peñón Blanco. Las salinas fueron vendidas “con todas sus anexas y los linderos que hoy tienen, sus entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres, terrenos, casas, trojes, lagunas y cuanto les sea anexo, y de hecho y de derecho les toca y pertenece, al señor don Cayetano Rubio y los suyos […]. [Los vendedores] desisten y apartan a la nación del derecho y señorío que hasta aquí ha tenido a dichas Salinas y lo transmiten en el señor comprador [en esta parte de la escritura de venta existe una inserción realizada después y que sería el motivo de futuros conflictos legales, la frase que se agregó fue: “con todos los privilegios que goza el fisco”] dándole como le dan el poder y facultades necesarias para que sin necesidad de títulos, por no haber algunos, tome posesión judicial o extrajudicial de dicha Salinas, y de lo que les pertenece”.289

La justificación que se dio con respecto de la venta fue que habría un “notorio beneficio” para el erario nacional, pues se consideraba que el precio correspondía al capital estimado por el arrendamiento en que habían estado, además de que el rédito del capital que proporcionaban al año se juzgaba insuficiente, y por otra parte se evitaba que el arrendatario (Joaquín Errazu) gozara de evitar pagar el arrendamiento el último año, según se había estipulado al principio en el contrato. De seguro, Cayetano Rubio vislumbraba de alguna manera los futuros conflictos que podía enfrentar, las oposiciones e intentos de anulación de la venta que se suscitarían, como en efecto ocurrió. Para prevenirse, se estipuló en la escritura de venta que recibiría protección legal, de manera que nadie podría tratar de anularla ni habría ningún tercero que representara un mejor derecho; que si surgía algún pleito, lo tomaría por su cuenta la hacienda pública y le daría seguimiento por todas sus instancias hasta dejar al comprador en “quieta y pacífica” posesión de las Salinas; en caso de que no pudiera, “lo indemnizará [en esta parte también se agregó: “en el acto y en dinero efectivo del precio total de esta venta y además”] de todas las mejoras que haya hecho a juicio de peritos”, así como de todos los gastos y perjuicios que se originaran, sin que hubiera necesidad de realizar juicio alguno.290

Con la venta de Peñón Blanco, Cayetano Rubio quedó como único dueño de las Salinas, incluyendo sus lagunas anexas y linderos, entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres, terrenos, casas, trojes, lagunas y cuanto le era anexo. El gobierno hizo al comprador una concesión por demás importante al permitirle gozar de los derechos del fisco, así como tomar posesión judicial o extrajudicial de la propiedad sin necesidad de títulos “por no existir”.291 Como se ha mencionado, la única condición que se le impuso fue la de vender a los mineros la sal que producía a los mismos precios y con los mismos plazos que antes se acostumbraba hacer.

Una característica particular de esta venta fue que no existía ningún mapa en el que se explicara con claridad cuáles eran las lagunas que pertenecían a la empresa salinera, o donde se especificara la extensión y los límites de las propiedades que se estaban vendiendo; tampoco se consignaban los nombres de las fábricas de sal y el lugar donde se localizaban, haciendo del contrato de compraventa un documento sumamente vago.292

Las reacciones a la venta no se hicieron esperar: los gobiernos y salineros de Zacatecas y San Luis Potosí se opusieron y criticaron la venta casi de manera inmediata. El 2 de diciembre de 1842, la Asamblea Departamental de San Luis Potosí protestó por los perjuicios que representaba el contrato a la nación en general y al departamento en particular,293 pues en ese momento el departamento de San Luis Potosí gozaba de una parte del producto de la Salinas por el derecho de tanto.294

Quienes se opusieron a la venta de las Salinas del Peñón Blanco se refirieron a ella como un acto “sin precedentes, sin informes, sin convocar postores”, en el que se había “despojado” a la nación de uno de los bienes más importantes de la república.295 Los opositores hacían notar que el objetivo principal había sido saldar una deuda con Joaquín Errazu, sin que hubiera ninguna otra necesidad apremiante. Se argumentaba que hubiera sido mejor prorrogar el arrendamiento del que gozaba Errazu en lugar de venderle las Salinas a su suegro Cayetano Rubio en un precio tan bajo; y, por si fuera poco, una parte del pago se había realizado en papeles de crédito que debían cobrarse después de ocho meses, con lo que no se remediaba ninguna apuración en las operaciones del gobierno.296

Para realizar la venta, decían los opositores, tan sólo se había tomado en cuenta la aprobación de Santa Anna en su carácter de presidente provisional, sin que existiera razón alguna que fundamentara su conveniencia, salvo la explicación que habían dado los tesoreros en cuanto que ya no eran rentables las Salinas y que además se evitaba que, tal como se había estipulado en el contrato de arrendamiento, el arrendatario gozara sin pagar renta durante el último año. Se acusaba al gobierno de no haber agotado los medios legales para obtener mejores ventajas; de que no se habían mandado recoger informes de su estado y de sus productos para realizar mejoras, o que no se había tenido conocimiento de las propias mejoras que había realizado Joaquín Errazu.297 Además, no se habían convocado postores para realizar la venta de un bien nacional.298

Durante ese año de 1842 también se vendieron las Salinas de Soto la Marina y San Fernando, en el departamento de Tamaulipas, en 37 150 pesos; y las de Custodio, Chila, Olita, Zapotillo, Sentispac, Valle de Banderas y Chametla, en el departamento de Jalisco, en 38 733 pesos. Es decir, de 22 salineras que pertenecían a la hacienda pública, 10 fueron enajenadas, con lo que ese año el erario ingresó en sus arcas 639 393 pesos por concepto de arrendamientos, ventas de salinas y derechos de extracción de sal, de los cuales casi la mitad correspondían a la venta de las Salinas del Peñón Blanco (304 166 pesos), lo que deja claro su valor entre las demás.299

Al analizar la venta de las salinas nacionales desde una perspectiva más amplia, resulta evidente que la política del régimen centralista consistió en allegarse efectivo, y contar con la liquidez suficiente para el control de la administración. Tanto las leyes federalistas como centralistas, y las discusiones en el Senado y el Congreso destacaron en diferentes momentos la importancia que el fisco confería al ramo de la sal; sin embargo, el ingreso proveniente de las salinas fue bajo y fluctuante a lo largo del siglo XIX en general. Aunque por lo común prevaleció la intención de que las salinas se mantuvieran en manos del gobierno, la realidad fue que casi todas terminaron en propiedad de particulares debido a que el gobierno se vio urgido de efectivo.300

Las cifras de la recaudación fiscal entre 1825 —a partir de los arrendamientos— y 1850 —una vez privatizada la mayoría de las salinas— indican una merma importante en el ingreso por la sal. Entre esos años se distinguen tres periodos: de 1825 a 1838, en que la recaudación ascendió a 471 594 pesos por concepto de arrendamientos y el cobro de impuestos sobre la sal; de 1839 a 1842, cuando la suma casi se duplicó al llegar a 786 060 pesos —en este caso, debido a la venta de las salinas más importantes—; y de 1843 a 1850, cuando el monto recaudado ascendió a 102 363, una cantidad significativamente menor que lo que se recibía en los años de los arrendamientos.301 La estrategia de vender las salinas benefició al gobierno centralista en los momentos críticos en que requería flujo de efectivo, pero le impidió contar con ingresos permanentes. En el fondo, su interés no era recaudar dinero mediante los impuestos de la sal, sino contar con él de manera inmediata y al mismo tiempo mantener abastecida a la minería de la plata.

JOAQUÍN ERRAZU ARRIENDA LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1843

Como ya se ha explicado, Cayetano Rubio había adquirido las Salinas del Peñón Blanco mientras su yerno Joaquín María Errazu las tenía arrendadas al gobierno general en octubre de 1842. Esta nueva condición supuso que Joaquín Errazu continuara trabajándolas en arriendo, pero ahora rindiendo cuentas a su nuevo dueño. Como en muchas de sus cartas, a finales de 1842 Cayetano Rubio le decía a Joaquín Errazu que se encontraba necesitado de dinero, y que en caso necesario estaría dispuesto a “vender casas, fábrica, bonos, salinas y cuanto tengo”.302 Sin embargo, se quejaba de que no encontraba comprador a pesar de estar dispuesto a realizar algunos sacrificios. Le comentó que, aunque hasta ese momento no había recibido un ofrecimiento, estaba enterado de que la casa comercial Echeverría se había mostrado interesada por las recién adquiridas Salinas del Peñón Blanco. Al parecer, además de aquel había otro interesado que también quería adquirir la propiedad. En su carta, ese fue tan sólo el preámbulo de la negociación para arrendarle las Salinas del Peñón Blanco a Joaquín Errazu. Su propuesta consistía en arrendárselas sólo por un año en 30 000 pesos anuales; se realizarían tres pagos de diez mil pesos cada cuatro meses a partir del 19 de enero de 1843. Además, recibiría un porcentaje en caso de ganancias. Las existencias de sal se valorarían de acuerdo con la escritura de renta que había contratado Errazu con el gobierno, de manera que al vencimiento del año el arrendatario pagaría o cobraría la diferencia al arrendador. Bajo ese esquema, Cayetano Rubio consideraba que la posible venta de las Salinas a un tercero no representaría inconveniente alguno, pues a cualquiera que las tomara le pondría como condición que las recibiera el 19 de enero de 1844, así como el importe de las rentas pendientes.303 En el caso de que se tuviera un mal año a causa del clima o de la demanda, entonces Rubio recibiría el mismo monto por concepto de las existencias inventariadas al inicio del arriendo. Si el año resultaba productivo y la venta era significativa, Rubio recibiría dos reales por cada fanega. Por último, como un gesto de confianza, le decía a su yerno que él mismo podía elaborar el contrato y remitirle un ejemplar para firmarlo.304

Joaquín Errazu planteó sus propias condiciones, que no eran muy distintas a las originales, por lo que Cayetano Rubio las aceptó y sólo mantuvo el plazo de un año para el arrendamiento, circunstancia que no convenía a Joaquín, quien afirmaba que para él sería rentable un plazo mínimo de tres años. Ya se había iniciado el año de 1843 y era cada vez más necesario definir quién arrendaría las Salinas. En vista del suspenso, Joaquín Errazu pidió a su hermano Juan que no realizara movimientos financieros por un periodo de 15 días, de manera que conservara el dinero para el caso de necesitarlo, ya fuera para pagar a Rubio o para iniciar un nuevo negocio; lo urgía a cobrar adeudos de sal y a conservar el importe.305 A la postre, Cayetano Rubio y Joaquín Errazu acordaron iniciar el arrendamiento de la negociación salinera a partir del 11 de enero de 1843, por un término de tres años, a 30 000 pesos anuales, que serían cubiertos en pagos de 10 000 pesos cuatrimestrales por adelantado.306 En cada pago que Errazu le remitía a Rubio, le incluía un informe detallado del negocio y los inventarios de existencias, pues parte del arreglo establecía que, además de la renta, Rubio recibiría un porcentaje de las utilidades anuales.307

LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA SALINERA

Mientras Joaquín Errazu tuvo arrendadas las Salinas durante la propiedad de Cayetano Rubio, es decir, entre 1843 y 1846, le informaba de continuo sobre el estado de aquellas y de los avances logrados en la producción o en el acondicionamiento de las instalaciones, ya que practicaba con el llamado nuevo beneficio de sal. También le daba cuenta de las finanzas enviándole los estados mensuales e incluso semanales de las ventas y gastos erogados.308 Cuando los resultados de la producción y los negocios eran positivos, Rubio se mostraba complacido, aunque una y otra vez mostraba su preocupación por que las cosas continuaran bien e incluso mejoraran: “Me conformaré con que la saca de saltierra siga bajo los términos que usted me dice, y de este modo en fines del presente habremos completado los 18 000 pesos del Fresnillo, lo que deseo en el alma”.309

Durante varios años Joaquín Errazu contó con el apoyo y colaboración de su primo Joaquín José Zamora, así como de su hermano Juan María, quienes se encargaban de la administración y operación de las salinas, y le enviaban reportes continuos sobre las actividades y progresos en la producción de sal.310 Otro pariente, Juan de la Cruz Errazu, sobrino de Joaquín, estuvo trabajando en Salinas por algún tiempo, fungiendo como contador. En ocasiones estuvo a cargo de la negociación, en particular cuando era necesario suplir a algún administrador por ausencia o enfermedad. Estuvo en los primeros años de la década de 1840.

En la correspondencia se observa que la cabeza del negocio era Joaquín María Errazu, quien residía en las ciudades de México o San Luis Potosí según ameritara el caso, al pendiente de las negociaciones con el gobierno. Además de tratar asuntos relacionados con las Salinas, se encargaba de la empresa del tabaco y de otros negocios que tenía. El tiempo lo utilizaba también para iniciar y mantener relaciones con políticos311 y empresarios. Su hermano Juan María era el encargado de los asuntos en la ciudad de San Luis Potosí o Salinas. De manera ocasional, y cuando sólo era necesario, residía en Salinas del Peñón Blanco.

En las Salinas estaba al frente Francisco de Oteo,312 quien se encargaba de la administración, de las labores de producción y mantenimiento, de la venta y distribución de la sal. El papel del administrador era sumamente importante, pues sus informes tenían que ser muy detallados tanto en lo económico como en la descripción precisa de las circunstancias que se vivían. Él escribía a Juan María Errazu casi a diario, y a su vez recibía informes de los encargados de las lagunas del interior. Cuando se trataba de asuntos que tenían que ver con los denuncios que enfrentaban, se encargaba de recibir las noticias e informar de inmediato a los abogados y a Juan Errazu, quien a su vez tomaba decisiones o consultaba con Joaquín, según ameritara el caso. En cuanto a los asuntos relacionados con la venta de la sal, Joaquín también se encargaba de buscar compradores en la ciudad de México, en Puebla y en Pachuca. Juan, por su parte, recibía instrucciones para hacer los envíos, y también tomaba pedidos en la ciudad de San Luis. Francisco de Oteo recibía directamente en Salinas los pedidos de los mineros de Guanajuato, Zacatecas y el norte de San Luis Potosí. Joaquín enviaba instrucciones a Juan, y Juan a su vez las transmitía a Francisco de Oteo para que este último distribuyera la sal y efectuara pagos o cobros a los deudores.

Notas:

240 Una parte de este capítulo se publicó bajo el título “Propiedad y territorio. Las Salinas del Peñón Blanco, 1835-1885”, en María Isabel Monroy Castillo e Hira de Gortari Rabiela (coords.), San Luis Potosí. La invención de un territorio, siglos XVI-XIX, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis / H. Congreso del Estado de San Luis Potosí / Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2010, pp. 251-279.

241 Hira de Gortari Rabiela, “La organización política territorial. De la Nueva España a la primera república federal, 1786-1827”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), México, El Colegio de México, 2003, pp. 39-76.

242 Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, México, Imprenta del Águila dirigida por José Ximeno, 1826.

243 INEGI, División territorial de estado de San Luis Potosí, 1810 a 1995, México, INEGI, 1997, p. 132; Decreto 46, Artículo 4o, 19 de julio de 1826.

244 Libro XVIII, título XXIII, “De los estancos”, Ley XIII sobre que haya estanco de la sal, a donde pudiere ser de provecho, y sin grave daño de los indios, en Recopilación de leyes de los reynos de Las Indias [1681], edición facsimilar, vol. III, México, Miguel Ángel Porrúa / Escuela Libre de Derecho, 1987.

245 Libro VI de la Hacienda Real, capítulo III, “De las salinas”, en Juan de Solórzano y Pereyra, Política indiana [1776], edición facsimilar, t. II, México, Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 1979.

246 Idem.

247 José María Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, México, El Colegio de México, 1941, pp. 37-38

248 “Artículo 159, Salinas: de cuáles y en qué forma se ha de dejar a los indios su libre uso; y cómo se han de administrar las demás por cuenta de la real hacienda”, en Real Ordenanza…, op. cit., p. 159.

249 Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serie Asuntos Económicos, s. XIX, exp. 4084, caja 50, clave única 834014, “Expediente sobre la exposición de la Junta Departamental de San Luis Potosí para que se excite al Supremo Poder Conservador declare nulo el decreto del Congreso General que faculta al Supremo Gobierno para la enajenación de las Salinas del Peñón Blanco (1839)”, 21 de enero de 1839.

250 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 116.

251 “Decreto del 4 de agosto de 1824 sobre la Clasificación de rentas generales y particulares”, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la república (1821-1867), México, Imprenta del Comercio, 1876.

252 “Reglas para la administración de la hacienda pública de la federación en los estados”, 21 de septiembre de 1824; “Arreglo de la administración de la hacienda pública”, 16 de noviembre de 1824, en Dublán y Lozano, op. cit.

253 “Los mineros de la capital de Zacatecas”, en Comunicados y documentos a que se refieren, relativos al ruinoso contrato que la administración provisional del general Santa Anna celebró con don Cayetano Rubio sobre las Salinas del Peñón Blanco y demás limítrofes del Departamento de San Luis Potosí, Zacatecas, Impreso por Aniceto Villagrana, 1845.

254 David Pantoja Morán, El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas, México, El Colegio de México / El Colegio de Michoacán, 2005, pp. 111-120.

255 Ibid., p. 156.

256 “Ley. Bases para la Constitución”, 23 de octubre de 1835, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 89.

257 Antonio López de Santa Anna, Manifiesto que de sus operaciones en la campaña de Tejas y en su cautiverio dirige sus conciudadanos el General Antonio López de Santa Anna, Veracruz, Imprenta Liberal a cargo de A. M. Valdés, 1837, pp. 6-7, 43-45; Ramón Martínez Caro, Verdadera idea de la primera campaña de Tejas y sucesos ocurridos después de la acción de San Jacinto, México, Imprenta de Santiago Pérez, 1837, pp. 2-3. El arrendamiento comenzó de manera formal el 26 de enero de 1836, de acuerdo con lo establecido ante el juez interino del distrito de San Luis Potosí, Crescencio Chico Sein (Archivo General de Notarías, Escribano Público Francisco de Madariaga, notaría 426, 10 de febrero de 1846, vol. 2869, f. 66-71).

258 Rodríguez Barragán, op. cit., p. 489.

259 “Ley. Se autoriza al Banco de amortización para que contrate un préstamo de seis millones de pesos, y se aumenten sus fondos”, 27 de enero de 1838, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 459.

260 “Ley que autoriza al gobierno para negociar por sí el empréstito de seis millones de pesos, encargado antes al banco de amortización”, 19 de abril de 1838, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 482.

261 Horacio Labastida, Guía bibliográfica, cronológica y temática de los debates del Senado en las sesiones públicas y secretas, 1824-1853, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, p. 453.

262 Hemeroteca Nacional Digital (en adelante, HND), Diario del Gobierno de la República Mexicana, México, Ministerio de Hacienda, 27 de noviembre de 1838, p. 350.

263 “Ley. Autorización al gobierno para que enajene las Salinas del Peñón Blanco y el edificio de la ex Inquisición”, 22 de noviembre de 1838, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 563.

264 HND, Diario del Gobierno de la República Mexicana, México, Ministerio de Hacienda, 27 de noviembre de 1838, p. 350, “Comunicación de Pedro José de Echeverría al vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Amortización”, 26 de noviembre de 1838.

265 “Ley. Autorización al gobierno para enajenar las Salinas de Zacoalco y Zayula, y los cobres que existen en la Casa de Moneda”, 11 de diciembre de 1838, en Dublán y Lozano, op. cit., sin número de página.

266 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 5 de diciembre de 1838, caja 127, exp. 709.

267 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 8 de diciembre de 1838, caja 127, exp. 709.

268 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 12 de diciembre de 1838, caja 127, exp. 709.

269 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 26 de diciembre de 1838, caja 127, exp. 709.

270 ASCJN, serie Asuntos Económicos, s. XIX, exp. 4084, caja 50, clave única 834014, “Expediente sobre la exposición de la Junta Departamental de San Luis Potosí para que se excite al Supremo Poder Conservador declare nulo el decreto del Congreso General que faculta al Supremo Gobierno para la enajenación de las Salinas del Peñón Blanco (1839)”, 21 de enero de 1839.

271 Idem.

272 Libro XVIII, título XXIII, “De los estancos”, “Ley XIII sobre que haya estanco de la sal, a donde pudiere ser de provecho, y sin grave daño de los indios”, en Recopilación de leyes…, op. cit., sin número de página.

273 Libro vi de la Hacienda Real, capítulo III, “De las salinas”, en Solórzano y Pereyra, op. cit., sin número de página.

274 “Artículo 159, Salinas: de cuáles y en qué forma se ha de dejar a los indios su libre uso; y cómo se han de administrar las demás por cuenta de la real hacienda”, en Real Ordenanza…, op. cit., p. 159.

275 ASCJN, serie Asuntos Económicos, s. XIX, exp. 4084, caja 50, clave única 834014, “Expediente sobre la exposición de la Junta Departamental de San Luis Potosí para que se excite al Supremo Poder Conservador declare nulo el decreto del Congreso General que faculta al Supremo Gobierno para la enajenación de las Salinas del Peñón Blanco (1839)”, 21 de enero de 1839.

276 “Bases y leyes constitucionales de la república mexicana” decretadas el 30 de diciembre de 1836, en Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-2002, México, Porrúa, 2002.

277 De acuerdo con la Segunda Ley, artículo 12, parte primera.

278 ASCJN, serie Asuntos Económicos, s. XIX, exp. 4084, caja 50, clave única 834014, “Expediente sobre la exposición de la Junta Departamental de San Luis Potosí para que se excite al Supremo Poder Conservador declare nulo el decreto del Congreso General que faculta al Supremo Gobierno para la enajenación de las Salinas del Peñón Blanco (1839)”, 21 de enero de 1839.

279 Idem.

280 Por medio de una ley promulgada el 18 de febrero de 1839 se facultó al Banco Nacional para hipotecar sus propios fondos, y los que se le agregaron, y así contratar un préstamo de 500 000 pesos con el clero secular y regular del arzobispado. Los fondos agregados fueron los productos de la Casa de Moneda de México; los que se recaudaran en el Departamento de México por el derecho de tres por ciento, sobre el oro y plata, y las Salinas del Peñón Blanco, de modo que se derogó el decreto de 22 de noviembre de 1838 en el que se autorizó la enajenación de las salinas (Dublán y Lozano, op. cit., p. 600).

281 HND, Diario del Gobierno de la República Mexicana, México, Congreso General, Cámara de Diputados, 28 de febrero de 1839, sesión del 15 de febrero de 1839, pp. 234-235.

282 Angot, Escribano Público Ramón Villalobos, actas 11514 y 11515, del 4 y 7 de enero de 1839; Angot, Escribano Público Francisco de Madariaga, notaría 426, vol. 2869, ff. 66-71, 10 de febrero de 1846.

283 hnd, Diario del Gobierno de la República Mexicana, México, Congreso general, Cámara de Diputados, 28 de febrero de 1839, sesión del 15 de febrero de 1839, pp. 234-235.

284 “Ley sobre pasaportes y modo de adquirir propiedades los extranjeros”, 12 de marzo de 1828, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 64.

285 Decreto del gobierno, “Permite a los extranjeros adquirir bienes raíces en la república”, 11 de marzo de 1842, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 130.

286 El 28 de septiembre de 1841 se firmó el acta conocida como Bases de Tacubaya. La junta de representantes designó como presidente provisional a Antonio López de Santa Anna, quien buscó controlar de manera absoluta los destinos nacionales acogiéndose al séptimo punto de las Bases de Tacubaya, el cual establecía que “las facultades del ejecutivo provisional son todas las necesarias para la organización de todos los ramos de la administración pública” (Colección de los decretos y órdenes de interés común que dictó el Gobierno Provisional en virtud de las Bases de Tacubaya, t. i, de septiembre de 1841 a junio de 1842, México, Imprenta de J. M. Lara, 1850, p. 4).

287 Cosío, op. cit., p. 20; ANGot, Escribano Público Francisco de Madariaga, notaría 426, vol. 2869, ff. 66-71, 10 de febrero de 1846.

288 Angot, Escribano Público Ramón Villalobos, “Protocolo de fianzas y otros instrumentos de la Tesorería General de la Nación Mexicana”, notaría 715, vol. 4828, 29 de octubre de 1842.

289 Idem.

290 Angot, Escribano Público Ramón Villalobos, “Protocolo de fianzas y otros instrumentos de la Tesorería General de la Nación Mexicana”, notaría 715, vol. 4828, 29 de octubre de 1842.

291 Cosío, op. cit., p. 22.

292 Ibid., p. 22.

293 Ibid., p. 22.

294 Ibid., p. 18.

295 Ibid., pp. 19-20.

296 Ibid., p. 20.

297 La implantación de nueva tecnología para la obtención de sal.

298 Cosío, op. cit., p. 21.

299 “Renta de Salinas, 1842. Estado que manifiesta los productos totales, gastos y productos líquidos de la expresada renta en el referido tiempo”, en Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, en cumplimiento del decreto de 3 de octubre de 1843, presentó a las Cámaras del Congreso General, y leyó en la de Diputados en los días 3 y 6 de febrero y en la de Senadores en 12 y 13 del mismo, México, Imprenta de J. M. Lara, 1844.

300 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 43.

301 E. Flores Clair, op. cit., pp. 58-59, 73.

302 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 28 de diciembre de 1842, caja 114, exp. 662.

303 Idem.

304 Idem.

305 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Juan María Errazu (en Salinas)”, 2 de enero de 1843, caja 118, exp. 676.

306 AHESLP, Protocolos, notario Mariano Vega, MV-VIII, 1843, ff. 151 f-154 f.

307 Los pagos por adelantado se realizaban mediante la casa comercial de Davies Carter y Cía. (Manning) en San Luis Potosí (AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín José Zamora (en San Luis Potosí)”, 23 de septiembre de 1843, caja 116, exp. 670).

308 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 8 de junio de 1842, caja 114, exp. 661.

309 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 10 de septiembre de 1842, caja 114, exp. 661.

310 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan María Errazu a Joaquín María Errazu”, 8 de marzo de 1842, caja 114, exp. 663.

311 Uno de ellos fue el militar santanista José María Tornel y Mendívil (1789-1853) (AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 7 de octubre de 1844, caja 121, exp. 690).

312 Quizá este personaje era descendiente de Pedro de Otheo, oficial de la Contaduría e interventor de la Administración Subalterna de Santa Clara en 1792.

V. DISPUTAS POR EL CONTROL DEL TERRITORIO SALINERO. ¿MONOPOLIO O LIBRE EXPLOTACIÓN?, 1845-1846

INTENTOS DE ANULACIÓN DE LA VENTA DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO

Dos años después de que Cayetano Rubio adquiriera las Salinas, seguía vigente el asunto de las oposiciones a la venta. En enero de 1845 Joaquín Errazu alertó a Cayetano Rubio de que algunos miembros del departamento de San Luis Potosí estaban haciendo lo posible por promover la anulación de la venta de las Salinas del Peñón Blanco. Rubio le contestó que interpusiera “su influjo” para evitar que se tratara ese asunto en las esferas del gobierno, aunque para ello fuera necesario hacer algún desembolso, mismo que podría cargar a su cuenta.313 Sin embargo, las oposiciones a la venta tuvieron cada vez más impacto, e incluso llegaron a la Cámara de Diputados, en donde se recibió de manera formal una petición para anular la venta de las Salinas el 6 de febrero de 1845. Dicha solicitud iba firmada por los diputados por el departamento de San Luis Potosí Vicente Chico Sein, Manuel Aróstegui y Francisco Estrada, y se turnó a la primera Comisión de Hacienda el 2 de abril.314

Cayetano Rubio había mandado imprimir una opinión redactada por su abogado, el licenciado Vicente de Busto dirigida a la opinión pública, para distribuirla entre los miembros del gobierno en la capital del país, parte de la difusión también se realizó en el suplemento del periódico El Siglo XIX, a manera de respuesta de lo que había publicado el periódico El Monitor.315 En este último periódico se daba seguimiento a los argumentos a favor y en contra de la compra de las Salinas por parte de Cayetano Rubio, se criticaban las condiciones del contrato y se daba la noticia de que algunos diputados del departamento de San Luis Potosí habían promovido la nulidad del contrato de compraventa ante el Congreso general. Lo publicado en El Siglo XIX por Cayetano Rubio fue entregado también a los miembros del Tribunal de Minería de Villa de Ramos en San Luis Potosí,316 por lo que podría decirse que la estrategia consistía en publicitar los argumentos que los favorecían tanto en la capital del país como en la del departamento de San Luis Potosí y en los tribunales de minería ubicados en el territorio de influencia de las Salinas.

La publicación que había realizado Cayetano Rubio en El Siglo XIX sobre los contratos de arrendamiento y venta de las Salinas del Peñón Blanco causó ciertas tensiones en la relación entre él y Joaquín Errazu, pues este último consideró que podría perjudicarlo. La respuesta de Rubio fue que nada más había tratado defender los intereses de ambos, y añadía como réplica:

Si usted arrendó a Salinas fue con mi dinero, y si el arrendamiento no se puso a mi nombre fue porque consideré que así convenía mejor a nuestros intereses. Debe usted conocer que para manejar las citadas Salinas no necesitaba yo de nadie. Cedí a usted la mitad de representación en este negocio tan sólo para favorecerlo, en razón al enlace que va usted a contraer con mi hija Guadalupe […]. Estoy muy lejos de perjudicar en lo más mínimo los intereses de usted ahora ni en ningún tiempo […].317

Esta fricción se mantuvo por varios meses en el contexto de la negociación por la compra de las Salinas por parte de Errazu y de los múltiples litigios que enfrentaron tanto él como Rubio para defender la propiedad.

Circunstancias similares a la oposición a la venta de Salinas del Peñón Blanco se vivían en otras partes del país. El 11 de febrero de 1845, la asamblea del departamento de Oaxaca envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para la anulación de la venta de las Salinas de Tehuantepec, realizada en marzo de 1843 durante el gobierno provisional de Santa Anna. Esta iniciativa se formó debido a que iban a ser revisados los contratos establecidos por el gobierno antes de la promulgación de las Bases Orgánicas. El gobierno de Oaxaca argumentaba que ese contrato había sido “fatal” por las consecuencias económicas que se tuvieron tras la venta de las Salinas de Tehuantepec en 249 588 pesos. Para fijar esa cantidad, se tomaron los rendimientos de las ventas de sales ocurridos en dos años anteriores a la propuesta de venta, que fueron menores a 16 000 pesos; sin embargo, durante el año inmediato anterior a su liquidación las ganancias ascendieron a 33 553 pesos, cuando la Tesorería del Gobierno del departamento de Oaxaca había tomado el control de su administración. Por otra parte, cuando se realizó dicha venta no se tomaron en cuenta las existencias de sal, sino que se incluyeron dentro de lo vendido. Finalmente, la administración provisional se estableció de acuerdo con las Bases de Tacubaya y los convenios en Estanzuela, con base en los que cualquier acción del gobierno debía dar cuenta al cuerpo legislativo, lo que en ese caso no ocurrió, de manera que el contrato era ilegal y podía ser anulado; en ese sentido, decían, las Salinas de Tehuantepec podían volver a administrarse por cuenta del erario.318

DENUNCIOS DE LAGUNAS SALADAS

En 1783 se estableció el Tribunal General de la Minería de Nueva España, que regularía todos los asuntos relacionados con el ramo. Se dispuso que en cada real o asiento minero se estableciera una diputación, la cual se encargaría de los asuntos de su jurisdicción.319 Esa estructura administrativa permaneció casi intacta hasta finales del siglo XIX, como un eco del funcionamiento de las instituciones virreinales.320 El 2 de diciembre de 1842, bajo el régimen centralista del presidente Nicolás Bravo, se creó y reglamentó la Junta de Fomento y Administrativa del Cuerpo de Minería,321 con el objetivo de fomentar el ramo de la minería, compuesta por un apoderado de los mineros, otro de los acreedores y un comisionado por el gobierno.

Los gobernadores de los departamentos serían los encargados de establecer el número de juzgados de primera instancia previo acuerdo con la junta departamental y la aprobación del supremo gobierno. Cada juzgado se integraría con tres diputados territoriales que serían elegidos “en la misma forma que se prevenía en la antigua ordenanza de minería” (ídem), uno de los cuales fungiría como presidente del juzgado. Las funciones que tendría dentro de su territorio se definían también con base en la antigua ordenanza de minería. Los asuntos que llegaran a una segunda y tercera instancias se resolverían en los tribunales superiores de justicia de cada departamento, y en los tribunales que les correspondiera por ley o que se designaran en el futuro.

En enero de 1843 se dispuso que mientras se establecieran los juzgados de minería continuaran funcionando las antiguas diputaciones territoriales.322 Sin embargo, hacia septiembre del mismo año aún no se habían establecido los juzgados de primera instancia de minería, por lo que mediante una circular del Ministerio de Relaciones se ordenó que se procediera al efecto y que una vez establecidos se definiera su jurisdicción y se especificaran los nombres de los asientos de minas comprendidos.323 Los juzgados de primera instancia que existían en Zacatecas y San Luis Potosí eran Zacatecas (capital), Fresnillo, Sombrerete, Mazapil, Pinos y Nieves; San Luis Potosí (capital), Catorce, Charcas, Guadalcázar y Ojocaliente.324

MAPA 13. DIPUTACIONES MINERAS ESTABLECIDAS EN SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS EN 1843.

Elaboración propia. Fuente: Juan Rodríguez de San Miguel, “Directorio general de los supremos poderes, y de las principales autoridades, corporaciones y oficinas de la nación”, Revista de Administración Pública, núm. 53, enero-marzo de 1983, pp. 71-160.

Las diputaciones de minería —en ocasiones llamadas de manera indistinta como diputaciones territoriales, juzgados de minería o tribunales de minería— fueron las que recibieron y procesaron los denuncios de los pozos salinos, al tiempo que dieron lugar a las oposiciones de los dueños de Peñón Blanco, quienes defendieron lo que consideraban eran sus posesiones, por así corresponderles en primera instancia, aunque en varias ocasiones los Errazu buscaron anular las decisiones de los jueces de las diputaciones y recurrir a una segunda instancia ante el tribunal superior en la capital del departamento.

Como ya se ha mencionado, entre 1840 y 1841 Joaquín María Errazu, quien en ese momento aún era arrendatario de las Salinas, contrató al inglés Guillermo Pollard para introducir una nueva tecnología en la elaboración de la sal en grano, conocida como “método de concentración del agua salobre”, que se utilizaba de forma tradicional en Inglaterra.325 Esta nueva práctica consistía en extraer el agua de pozos y concentrar la salmuera en piletas, para luego obtener la sal a partir de la evaporación solar. El proceso de adaptación a esta tecnología tardó algún tiempo, y no se lograron las primeras cosechas significativas de sal hasta después de que Cayetano Rubio adquiriera las Salinas de Peñón Blanco. Pronto comenzó a difundirse el conocimiento de este nuevo proceso; y con él, una gran cantidad de denuncios en los territorios de San Luis Potosí y Zacatecas, a los que una y otra vez tenía que oponerse Joaquín Errazu con el objeto de frenar la competencia.

CUADRO 3. LAGUNAS DENUNCIADAS ENTRE 1845 Y 1846.326

Denunciantes

Diputación minera en la que se asentó el denuncio

Ubicación

Reclamadas por Peñón Blanco

Juan de Dios Pérez Gálvez

Matías Espinosa de los Monteros

Otros

Charcas

Ramos

Ojocaliente

Mazapil

Departamento

Localidad

Sin localizar

Sin localizar

-

-

4

1

1

1

3

1

San Luis Potosí

Hacienda de Cruces

3

49

-

2

50

2

-

-

Hacienda de Guanamé

-

1

-

-

1

-

-

-

Zacatecas

Salitral del Morro

1

-

-

1

-

1

-

-

Hacienda de Sierra Hermosa

3

-

2

1

-

-

2

3

Hacienda del Mezquite

-

1

-

-

1

-

-

-

Totales

7

51

6

5

53

4

5

4

62

66

De acuerdo con el Cuadro 3, entre 1845 y 1846 se denunciaron 62 lagunas salinas, de las cuales siete fueron defendidas por Peñón Blanco; y 51 denunciadas por Juan de Dios Pérez Gálvez, dueño de la Hacienda de Cruces, quien intentaba con ello mantener su propiedad y alejar a los posibles salineros que pudieran asentarse en sus terrenos. No hay indicios de que tuviera intenciones de iniciar un negocio en torno a la obtención de sal o de que lo haya hecho. Por su parte, Matías Espinosa de los Monteros reclamó la posesión de seis lagunas, mientras que otras cinco fueron denunciadas por otras personas. En cuanto a las diputaciones de minería en donde se recibieron los denuncios, Charcas fue la que presentó mayor actividad frente a las de Ramos, Ojocaliente y Mazapil, lo que se explica por su ubicación geográfica y la jurisdicción territorial que les correspondía. En el cuadro se observa que hay 62 lagunas denunciadas frente a 66 registradas en las diputaciones mineras. Esto responde a que varios denunciantes realizaron el trámite en dos diputaciones a la vez, quizá para asegurar un resultado positivo o tal vez para evitar que el juez argumentara que la laguna no se ubicaba en su jurisdicción.

Después de revisar la localización de las lagunas que pertenecían a Peñón Blanco, y tras realizar una evaluación general en las mismas lagunas y otras esparcidas por el Altiplano potosino, queda claro que las que producían sal con regularidad y de una mejor calidad eran las que desde un principio, es decir, antes de los denuncios, pertenecían a la negociación salinera de los Errazu. Con ello, quienes se aventuraban a denunciar pozos de agua salada se arriesgaban a un posible fracaso por producir sal de mala calidad o en baja cantidad. Sin embargo, parece que fue más redituable enfrentar a los dueños de Peñón Blanco denunciando pozos en sus lagunas, pues esto al menos permitiría la explotación temporal y extensiva de la sal.

MAPA 14. TERRITORIO EN DISPUTA, LAGUNAS DENUNCIADAS ENTRE 1845 Y 1846.

Elaboración propia. Fuente: AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de jnme (en San Luis Potosí) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 26 de febrero de 1846, caja 127, exp. 710; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a jnme (en Salinas)”, 20 de marzo de 1845, caja 124, exp. 696; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan de Dios Álvarez (en Santa Clara) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 23 de abril de 1845, caja 123, exp. 695; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Pantaleón Muñoz (diputado de minería en Villa de Ramos)”, 16 de junio de 1845, caja 123, exp. 694; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en San Luis Potosí) a CR (en la ciudad de México)”, 9 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a jnme”, 22 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692; ANG, Rul y Azcárate, vol. 238, exp. único, ff. 1-29 f y v.

Los propios empleados de la negociación salinera se percataban con claridad del auge y rentabilidad que ya cobraba la explotación de la sal en todo el territorio minero del norte del país, con lo que no es de extrañarse que buscaran su independencia y establecer su propio negocio. Entre marzo y abril de 1845 Ambrosio Morán, trabajador de las Salinas del Peñón Blanco, que había colaborado en la negociación por más de nueve años y que en ese momento era el administrador de la Laguna del Salitral, también propiedad de Peñón Blanco, denunció las tres lagunas conocidas como las Escondiditas ante el tribunal de minería de Villa de Ramos, a lo que se opusieron los Errazu reclamando su pertenencia a Peñón Blanco, aunque reconocían que el lugar había sido abandonado desde 1841 con motivo de una inundación.327 El padre de Ambrosio, Rafael Morán también trabajaba para los Errazu desde hacía 19 años, y al parecer fue quien aconsejó a su hijo para reclamar la posesión de las tres lagunas ubicadas cerca del Salitral del Morro. El asunto llegó a una demanda judicial por abuso de confianza, de la que el acusado salió bien librado, sin que los Errazu intentaran insistir en su castigo, pues consideraban que lo realizado bastaba como escarmiento y ejemplo para otros.328 Lo anterior obligó a que se apostaran guardas en las distintas lagunas de la negociación. Por otra parte, los Errazu tuvieron que buscar entre los papeles del archivo un mapa que indicara la localización de las lagunas, así como las comunicaciones de los intendentes, para saber si se hacía alguna referencia a las pertenencias de Salinas en el pasado.

Como se ha dicho, Cayetano Rubio y Joaquín Errazu contrataron al abogado Vicente de Busto para enfrentar el embate de denuncios que se había desatado; él se encargó de ordenar y redactar los argumentos para defender la propiedad de Peñón Blanco, reclamar la posesión de lagunas salinas dispersas en el territorio minero entre Zacatecas y San Luis Potosí, aunque no estuvieran en explotación, y para defender el privilegio de producir sal sin dar lugar a la competencia.329

Cayetano Rubio había obtenido que el Ministerio de Hacienda girara órdenes para impedir la elaboración de sal en terrenos que no pertenecieran a Peñón Blanco, lo que en general se interpretó como el otorgamiento del monopolio de la sal. Los argumentos establecidos por los dueños de Peñón Blanco para enfrentar los denuncios de lagunas y pozos de agua salada se fundaban en las ordenanzas de minería y otras leyes que establecían que ni las lagunas, pozos o vertientes de agua salada podían ser denunciadas para adquirirse por particulares; y en el caso de que fueran denunciables, esto no podría ocurrir cuando otra persona las poseyera con un título legal. En principio, decían, las lagunas, pozos o vertientes de agua salada no eran denunciables ni podían adquirirse por particulares, pues todas las salinas habían pertenecido siempre al Estado, e incluso desde antes de la Independencia se reconocían como regalías de la Corona, a la que estaban incorporadas tal como se estipulaba en la Novísima Recopilación de las leyes de España330 y en la Recopilación de leyes de los reynos de Las Indias.331

Para ellos, el artículo 22, título 6, de las ordenanzas de minería, no derogaba esas disposiciones a pesar de que de manera clara permitía registrar y solicitar entre otros minerales la sal gema, y de que en el artículo 15, título 13 del mismo código, se expresaba que los pozos de agua salada y venas de sal gema se podían denunciar.332 A lo anterior se agregaba lo dispuesto en el artículo 159 de la Ordenanza de intendentes, en el que se reiteraba la pertenencia de las salinas como parte de las regalías de la Corona.333 Para ellos, el hecho de que estuviera bien determinado el estanco de la sal y su pertenencia al Estado significaba que los particulares no podrían adquirir ninguna salina, ya fuera un pozo o una laguna, salvo con su consentimiento expreso. Por otra parte, decían que “aun cuando los pozos o vertientes de agua salada pudieran adquirirse por particulares, no lo podrían ser los que ya perteneciesen a otro. […] ninguno puede denunciar una mina que sea propiedad de un tercero cualquiera”.334

En vista de que las lagunas denunciadas, entre ellas las conocidas como Las Escondiditas, denunciadas por el hijo de Morán, pertenecían a la negociación de Peñón Blanco, que había sido comprada por Cayetano Rubio al gobierno, entonces no podrían otorgarse a nadie más. Además, el mismo denunciante había sido pagado por la administración de Peñón Blanco como guarda de esas mismas lagunas que denunció, entonces,

¿cómo, pues, ha creído que podría denunciarlas?, ¿por qué razón las había de perder su legítimo dueño?, ¿será acaso porque no las beneficiaba? Pero este argumento, que serviría muy bien para apoyar el denuncio de una mina abandonada, no sirve seguramente para favorecer el de que se trata. […] una laguna de agua salada no es una mina.335

En efecto, el rezago normativo en torno a la explotación de la sal contribuyó a aumentar la confusión, pues no se tenía claro si la sal siendo una sustancia podía sujetarse a las reglas que regían la explotación de los metales.

LA HACIENDA DE CRUCES

En abril de 1845 el administrador de la Hacienda de Cruces, contigua a Salinas por el oriente, comenzó la construcción de norias para extraer salmuera y producir sal. Las obras fueron interrumpidas por el funcionario de minería encargado, Luis Esparza, quien actuaba como autoridad política de acuerdo con la orden del gobierno general que mandaba suspender las obras para beneficio de la sal. El administrador de la Hacienda de Cruces tenía la intención de reclamar por daños y perjuicios.336 Dada su amistad con Luis Esparza, Joaquín Errazu confiaba en tener éxito para disuadir al administrador de la Hacienda de Cruces de elaborar sal:

Mucho agradeceré a don Luis Esparza su buena disposición, y contando con ella y otros medios más eficaces no dudo poner más suave que una gamuza al señor administrador de Cruces, o de lo contrario estate seguro que perderá el destino. Ya que nos hacen guerra, es necesario responderles a cañonazos.337

Los Errazu consideraban como una amenaza latente para el monopolio de la sal que ostentaban el hecho de que en los terrenos de su vecina Hacienda de Cruces, entonces en propiedad de Francisca de Paula Pérez Gálvez, abundara el agua salada. Si bien los dueños les habían asegurado que no pretendían explotar la sal ni comerciar con ella, la realidad era que éstos comenzaban a enfrentar denuncios en lugares como la laguna de El Tapado, o al norte en San Juan de Salinillas, lo que era una continua amenaza para sus posesiones. En el razonamiento del abogado Vicente de Busto, sería lógico que los dueños de la Hacienda de Cruces decidieran comenzar la explotación de la sal para evitar que otros llegaran a denunciar los pozos salados; esa, decía, sería una competencia “temible”. Su recomendación era que se trabajara en lograr que las autoridades impusieran que no fuera posible denunciar pozos salados en dos leguas a la redonda de un pozo en explotación, ya que cada pozo se nutría de los mantos acuíferos y del agua que se trasminaba a éstos desde las lagunas.338

Por otra parte, el apoderado de Juan de Dios Pérez Gálvez había mandado analizar a la “minería y apartado” en México varias botellas de agua salada de pozos localizados en la Laguna de Cornejo y otras cuyo resultado fue de 4° Bé.339 Pérez Gálvez le negó a Cayetano Rubio que pensara explotar la sal, sino que tenía la intención de cobrar una fuerte cantidad como indemnización por los denuncios de pozos salados que se habían hecho en sus terrenos.340

En 1850 se emitió un decreto que establecía de manera formal la población de San Juan de Salinillas, como sede del ayuntamiento de la Villa de la Concordia en los terrenos la Hacienda de Cruces.341 Al respecto, Joaquín Errazu opinaba que el gobierno de San Luis Potosí tendría que enfrentarse a las reclamaciones de los dueños de la hacienda. Por otra parte, el administrador de Peñón Blanco, Andrés Iturralde, opinaba que la explotación de la sal en dicho lugar no prosperaría.342 Al parecer, Salinillas, en lugar de prosperar con la declaración de Villa, decaía ya que había emigrado más de la mitad de la gente, quizá por la fuerte oposición de los Pérez Gálvez y los gastos que tendrían que erogar para sostener un pleito legal.343

MATÍAS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Un personaje que participó de manera activa en los múltiples denuncios de lagunas salinas fue Matías Espinosa de los Monteros, conocido como profesor de farmacia, casado, vecino de Zacatecas y residente en la congregación de San Juan del Salado.344 Recorrió gran parte del territorio zacatecano y potosino, y se ganó la animosidad tanto de Joaquín Errazu y Cayetano Rubio como de Francisca de Paula Pérez Gálvez, dueña de las haciendas del Mezquite, Cruces y Guanamé. Una y otra vez denunciaba lagunas en las diputaciones mineras dispersas en el territorio minero-salinero potosino-zacatecano: Charcas,345 Ramos, Ojocaliente, Pinos, Mazapil. Entre otras, denunció las lagunas de Pozo Blanco (cerca de la Hacienda de Sierra Hermosa en Zacatecas), Los Pobres, La Colorada y La Prieta, ubicada esta última en las inmediaciones de la Laguna de Saldívar y el Rancho del Carnicero.346 Por lo general, las lagunas se encontraban secas por completo, por lo que era necesario abrir pozos para saber si en el subsuelo había salmuera con suficiente concentración para obtener sal. En razón de lo anterior, los administradores de Peñón Blanco se encontraban siempre en alerta cuando se avistaba a alguien cavando. En realidad lo que se denunciaba no era la posesión total de la laguna, sino del pozo de agua salada, de ahí que hubiera varios denunciantes en una sola laguna.

Hacia abril de 1845 Juan de Dios Álvarez era el administrador de la laguna de Santa Clara, subsidiaria de Peñón Blanco, localizada al norte del estado. Tenía además el cargo de “juez de la demarcación”, en cuyo carácter había recibido del subprefecto del partido de Ojocaliente la instrucción de no dar permiso de que se hicieran pozos ni se emprendieran obras para beneficiar sal en las lagunas que tuviera denunciadas Espinosa de los Monteros y que pertenecieran a la negociación de Peñón Blanco. Enterado de que este último iniciaba la construcción de un pozo en la laguna La Prieta y de que tenía la intención de reclamar su posesión en la diputación de minería de Villa de Ramos, hizo valer su autoridad de juez y de administrador, y mandó suspender los trabajos que había comenzado Espinosa de los Monteros en La Prieta.347

Al mismo tiempo, Francisco de Oteo, administrador general de las Salinas del Peñón Blanco intentó prevenir cualquier denuncio en la diputación de Ramos solicitándole al diputado de minería Pantaleón Muñoz que no fuera admitido denuncio alguno.348 Éste a su vez solicitó a Francisco de Oteo que le presentara los títulos de propiedad en donde se especificara cuáles lagunas eran las que pertenecían a la negociación, para así evitar denuncios improcedentes.349 Días más tarde, Pantaleón Muñoz escribió una carta a Joaquín Errazu en la que le expresaba su disposición para actuar con “justicia y buena fe”, pero le indicaba que por el momento no actuara a su favor si no tenía a la vista los títulos de propiedad que ampararan la propiedad de Peñón Blanco y que incluyeran las lagunas denunciadas.350

Para Cayetano Rubio resultaba positivo contar con la buena disposición del diputado de minería de Ramos, pero, tal como reconocía, las escrituras de venta no especificaban los linderos con claridad y tampoco indicaban los nombres de las lagunas incluidas, ni había un mapa en donde se representaran, por lo que urgía a Joaquín Errazu a hurgar entre los papeles de la empresa para ver si habría algún documento que los definiera; de otra manera, tendrían que preguntar a los antiguos vecinos, cosa que no le parecía lo más adecuado para sus intereses.351 Este tipo de acreditaciones de propiedad siempre representó un problema para Rubio y los Errazu, pues además de buscar en el archivo de la negociación tuvieron que recurrir a los registros gubernamentales para verificar la existencia de algún mapa o documentar la pertenencia de alguna laguna con base en los libros de cuentas de la empresa. No fue sino en 1848 cuando, por iniciativa de Joaquín Errazu, el topógrafo Ciriaco Iturribarría elaboró un mapa con las lagunas que se consideraban parte de las Salinas del Peñón Blanco.

En agosto de 1845 Matías Espinosa de los Monteros escribió al diputado de minería en Mazapil que en junio de 1844 había denunciado las lagunas de Salinitas y la Colorada de acuerdo con las leyes vigentes. Cuatro meses después de denunciadas, Joaquín Errazu se había opuesto con el argumento de que era su propietario, pero en todo el tiempo transcurrido no había mostrado los títulos de propiedad, por lo que ahora volvía a reclamar la posesión de la propiedad, ya que el superior gobierno así lo mandaba. Por otra parte, estaba enterado de que se había mandado levantar la cosecha, por lo que protestaba la medida y reclamaba su pertenencia.352 Más adelante, José María Esparza, miembro del juzgado de minería de Ojocaliente, previno a Juan María Errazu de que Matías Espinosa de los Monteros había denunciado la posesión de la laguna de la Honda, y reclamaba la resolución de los denuncios de las lagunas de Salinitas y la Colorada. Los procesos se habían detenido hasta no recibir la decisión del gobierno.353

En octubre de 1845, cuando las diputaciones mineras de San Luis Potosí acataron las órdenes del gobierno general para suspender los trámites para dar posesión a las lagunas y pozos denunciados, algunos salineros optaron como estrategia recurrir a las diputaciones mineras de Zacatecas. Matías Espinosa de los Monteros tenía denunciada la laguna de Pozo Blanco (también conocida como Salinitas) desde hacía tiempo, sin obtener respuesta. Dicha laguna se ubicaba en las inmediaciones de la hacienda de Sierra Hermosa, en Villa de Cos, Zacatecas, y aunque estaba bajo la jurisdicción de la diputación minera de Ramos, el asunto se trasladó a la diputación minera de Ojocaliente, localizada al este de Salinas, cuando aquel tribunal de minería se disolvió por órdenes del gobierno. Cuando Espinosa de los Monteros tuvo problemas para reclamar su posesión, denunció la laguna en la diputación minera de Mazapil, al norte de Zacatecas. Al respecto, Francisco de Oteo, administrador general de Salinas, le ordenó a Juan de Dios Álvarez, administrador de Santa Clara, que se opusiera al denuncio y evitara que se diera posesión de la citada laguna o que se abrieran pozos, e incluso utilizara la fuerza para defender la propiedad. En caso de que su autoridad no fuera suficiente, le decía, podría enviarle unos rurales.354

A pesar de los intentos de los administradores de las Salinas por impedirlo, Rafael Espino, presidente del tribunal de minería y juez de primera estancia de la diputación de minería de Mazapil, dio posesión a Espinosa de los Monteros de la laguna de Pozo Blanco. Como respuesta, se montó una partida de ocho rurales para auxiliar a Juan Álvarez y evitar el acto de posesión.355 A pesar de estar convencido de que podría acreditar que el gobierno poseía la laguna antes de que se le vendiera a Rubio y de que poseía el derecho para “fabricar la sal exclusivamente en terrenos propios y ajenos”, Joaquín Errazu recurrió de inmediato a sus conocidos en Mazapil, en particular a Eustaquio Romo de Vivar, “sujeto de mucho influjo en aquel mineral”.356

En octubre de 1845, Joaquín Errazu recurrió a Vicente Romero, ex gobernador de San Luis, para que intercediera por sus intereses ante el gobernador de Zacatecas, Marcos de Esparza, en torno a la posesión dada a Matías Espinosa de los Monteros de las salinas de la laguna de Pozo Blanco en los terrenos de la hacienda de Sierra Hermosa.357 Marcos de Esparza le explicaba a Vicente Romero que la posesión dada era legítima y que nada habían tenido que ver en este proceso las autoridades de San Luis, pues no les correspondía la jurisdicción a pesar de haberse llevado el caso por el tribunal de minería de Ojocaliente.358 En su opinión, la situación era sencilla: la diputación de Mazapil avisó que Espinosa había hecho el denuncio y él mandó que se contestara que no había inconveniente para que se substanciara el expediente de posesión con los requisitos establecidos en las ordenanzas de minería. Concluido el término de los pregones, se informó de la contradicción interpuesta por Juan de Dios Álvarez (administrador de Santa Clara) y se le devolvió el expediente solicitándole que acreditara la propiedad, lo que no ocurrió. Por tal motivo, su queja de despojo era infundada porque no pudo demostrarse que la propiedad pertenecía a Joaquín Errazu, aunque todavía tenía la oportunidad de reivindicar la laguna si mostraba algún mapa donde se dijera que pertenecía a Peñón Blanco.359

El gobernador estaba convencido de que las disposiciones que había tomado la Corona para establecer el estanco de la sal se referían a determinadas salinas en los departamentos de Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas y San Luis Potosí, sin prohibir los denuncios y adquisiciones de nuevos descubrimientos, de acuerdo con las ordenanzas de minería. Puntualizó que las salinas en general habían sido una renta nacional durante los días del gobierno federal, pero sin que el fisco prohibiera la explotación de la sal a los particulares, sino que, al contrario, promovió que los dueños o explotadores de las diversas lagunas que no pertenecieran al gobierno comerciaran la sal de forma libre.360

Empresarios aliados a los Errazu, como los ingleses mineros y comerciantes Kerrison y Compañía, también trataron de convencer al gobernador Esparza de que apoyara a los Errazu; sin embargo, era evidente su convicción para “sostener al juez de Mazapil”. La intención del gobernador era promover el desarrollo de la industria salinera vinculada con la minería en el departamento de Zacatecas, pues los nuevos empresarios habían ofrecido vender la sal de la misma calidad que la que ofrecía Errazu a un precio más bajo a los mineros de ese departamento. Por eso, los mineros en su conjunto apoyaban el desarrollo de la industria salinera por particulares zacatecanos ajenos a Peñón Blanco.361

En Ojocaliente Matías Espinosa de los Monteros denunció en 1845 la posesión de las lagunas de la Colorada y la Honda, quien preguntaba sobre el avance de las diligencias a Antonio María Carrera.362

Después de que el diputado de minería de Mazapil dio posesión de la laguna de Pozo Blanco a Espinosa de los Monteros, y tras los infructuosos esfuerzos para recibir el apoyo del gobernador de Zacatecas, Joaquín Errazu ordenó a Juan de Dios Álvarez que apelara la resolución a fin de que los autos fueran remitidos al tribunal superior de Zacatecas. Entonces, Juan Errazu se presentaría como administrador general de las Salinas, quejándose de haber sufrido despojo, pidiendo que se restituyera la propiedad y acusando de prevaricato363 y arbitrariedad al diputado de Mazapil. Joaquín Errazu envió a su hermano Juan tres cartas de recomendación, una para el gobernador y dos para los magistrados del tribunal de Zacatecas, que en su opinión contribuirían a abreviar el despacho. Le pidió que no reparara en gastos, pues “cualquier cantidad por grande que sea invertida en esto la daré por bien empleada”, con tal de dar un escarmiento al diputado y exigir a Espinosa de los Monteros los daños y perjuicios causados, “a quien perseguirás sin descanso para que se persuada que el oficio de denunciante de propiedades ajenas tiene también algunos riesgos, y que no se puede ejercitar tan barato como él se cree […]. Ya sabes los milagros que hace el dinero, pues gastado con profusión para que esos pícaros ladrones queden bien escarmentados, y sirva de ejemplo a otros diputados de minería”. La recomendación de presentarse en el tribunal de Zacatecas la había hecho Mariano Otero, “un hombre inteligente en la materia”.364

Convencido Joaquín Errazu de que el gobernador de Zacatecas no los apoyaría en absoluto, decidió recurrir a la oposición del gobierno zacatecano. De inmediato puso en contacto a su hermano Juan Errazu con el abogado zacatecano Ramón Talancón para elaborar el ocurso que presentaría al tribunal superior de Zacatecas. Le explicaba que, además de “despejado y activo”, este abogado hacía la oposición al gobernador. También lo recomendó con el magistrado Casiano González Veyna, cuya influencia pensaba que les sería de suma utilidad. Le reiteraba que si era necesario le pagara bien sus servicios.365 Por otra parte, le comentó que el ministro de Hacienda le había ofrecido que en el caso de que no le restituyeran la laguna le daría otra orden “más terminante”, por lo que quedaría en espera de los resultados de las gestiones que haría Juan Errazu en Zacatecas.366

Los motivos esbozados por Marcos de Esparza para sostener la posesión dada a Espinosa de los Monteros eran, según Joaquín Errazu, una manera de “canonizar el robo”, pues en su opinión se violarían las leyes con el afán de obtener algunos beneficios para la minería. Alegaba que una cosa era que Espinosa de los Monteros pudiera demostrar su derecho a poseer la laguna y otra muy distinta que se le privara a él de poseer dicha laguna sólo porque aquel ofrecía dar más barata la sal.367

Marcos de Esparza había escrito a Vicente Romero una carta que trataba sobre la representación que habían dirigido los mineros al gobierno. En realidad, la oposición a la venta de las Salinas que había hecho el gobierno a un particular había disminuido en su fuerza, pues la mayoría de los mineros estaban dispuestos a reconocer la validez del contrato. Lo que demandaban era la facultad de hacer nuevos descubrimientos de yacimientos salinos.368

Dado que no existía un mapa con las propiedades de la negociación salinera, ni el contrato de compraventa las especificaba con claridad, el tribunal de Mazapil mandó levantar un cuestionario a varios testigos, a la vez que solicitó los libros del archivo de Salinas para compulsarlos y verificar que constaran los actos de posesión y dominio del gobierno mediante las cuentas de las cosechas. Joaquín Errazu sabía que no era prudente ir más allá y evitar ventilar en público el asunto del estanco o privilegio exclusivo para explotar la sal.369

Joaquín Errazu supo de la existencia del mapa de las Salinas fechado en 1794 por Antonio María Esnaurrízar, anterior asentista de las Salinas, quien lo entregó al ministro de hacienda en 1835 una vez concluido su contrato de arrendamiento.370 Errazu localizó el plano de Salinas del Peñón Blanco en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, a la vez que confiaba en que el ministro de Hacienda emitiera una orden más terminante al gobernador de Zacatecas al haber constatado en dicho plano que Pozo Blanco formaba parte de la negociación de Salinas del Peñón Blanco.371

Juan Errazu solicitó a Francisco de Oteo, administrador de Peñón Blanco, que entregara a su abogado todas las cuentas de cosechas que hubiesen en el archivo correspondientes a las lagunas de Pozo Blanco y San José, de manera que pudieran servir de antecedentes para demostrar su propiedad por parte de la negociación salinera; lo mismo se solicitó a Juan de Dios Álvarez, administrador de Santa Clara, para evitar que los dueños de Sierra Hermosa reclamaran que las lagunas eran suyas.372 Las cuentas localizadas databan de 1840 y 1842.373

Al buscar los antecedentes de las Salinas del Peñón Blanco y consultar con los funcionarios de hacienda, Joaquín Errazu supo por el ministro de Hacienda, Luis de la Rosa,374 que en el archivo del ministerio había 30 tomos sobre la historia de la Real Hacienda.375 El que trataba sobre las salinas del país, escrito en 1792, mencionaba que las más importantes eran las de Peñón Blanco, que entonces incluían ocho lagunas (la principal, la del Morro, Salitral de Carrera, Santa Ana, Santa Clara, la Doncella, Saldívar y Santa María), sin mencionar las de San Cosme, Pozo Blanco, San José, el Carmen y Bajío del Toro. Los funcionarios de hacienda le decían a Joaquín Errazu que si no pertenecían a Salinas entonces se podían denunciar; pero en su defensa respondía que en 50 años que transcurrieron entre 1792 y 1842, en que fueron vendidas, pudieron irse agregando varias lagunas subsidiarias de la negociación, tal como constaba en los libros de cuentas.376

A finales de noviembre de 1845 el supremo gobierno emitió nuevas órdenes a los gobernadores de los departamentos de San Luis Potosí y Zacatecas, en las que se le informó que Pozo Blanco pertenecía a Salinas y estaba incluido en la venta de las mismas. Errazu envió copia de las órdenes a su abogado para solicitar al juez de Mazapil que declarara nula la posesión que había dado a Espinosa de los Monteros y solicitarle la restitución de la laguna.377

Para certificar la propiedad de las lagunas denunciadas, Francisco de Oteo le entregó a Vicente de Busto 14 cuentas de cosechas levantadas en las lagunas de San José y Pozo Blanco en los años de 1833, 1834, 1835, 1840 y 1842, pues en los años anteriores, desde principios del siglo XIX, no se produjo sal en esos lugares.378

Hacia inicios de diciembre de 1845, aún no se resolvía el litigio para obtener la laguna de Pozo Blanco. Los Errazu se enfrentaban con todos sus recursos al gobernador del entonces departamento de Zacatecas, quien había dirigido a las cámaras una iniciativa para declarar nula la venta de Salinas; sin embargo, Joaquín Errazu sentía la seguridad de que la venta estaba asentada en bases firmes, las cuales “trataremos de robustecer”.379

Vicente de Busto, quien además de abogado de los Errazu fungió como su apoderado, residió en la ciudad de Zacatecas mientras enfrentaba los denuncios de lagunas saladas, en los que figura el apellido de un señor Villegas, identificado como el que encabezaba los denuncios de las salinas en el territorio. El abogado decidió hablar directamente con él. Lo citó en la posada donde se hospedaba para mostrarle los documentos del archivo de Peñón Blanco y demostrarle que las lagunas del “Pozo Blanco” y de “San José” pertenecían a la negociación desde tiempos “muy antiguos”. El argumento de Villegas era que los denuncios hechos por Espinosa de los Monteros se referían a unas lagunas llamadas las “Salinitas de Pozo Blanco”, ubicadas a media legua de la hacienda de ese nombre, por lo que no quedaba satisfecho con la acreditación de la propiedad que se le mostraba. Entonces se le propuso que fueran a observar ellos mismos la localización de las lagunas denunciadas, y respondió que no podía acudir pues no tenía más que una escasa representación al ser tan sólo uno de varios denunciantes (Espinosa, Villegas, González, Robledo y Carrera).380

En opinión del abogado, era pertinente revisar los archivos en Peñón Blanco, así como el mapa original de las lagunas que le pertenecían, pues si se comprobaba que la laguna denunciada era la misma que pertenecía a Salinas de Peñón Blanco, ya fuera con el mismo nombre o con algún otro, entonces el asunto se resolvería pronto y fácil. En cambio, si la laguna denunciada tenía un nombre distinto y era difícil de localizar, el asunto se alargaría. Al parecer, la estrategia de confundir con los nombres y la localización de las lagunas denunciadas fue un recurso que utilizaría más de un salinero, pues hay varios casos en los que los denunciantes alegaban que las lagunas denunciadas eran distintas a las que defendían y reclamaban los Errazu. Con ello se buscaba alargar los litigios y combatir el monopolio de la sal de Peñón Blanco. Por otra parte, el abogado se había entrevistado con el gobernador de Zacatecas para que interviniera en la disputa por las lagunas saladas. El gobernador había recibido ya las nuevas comunicaciones del gobierno general en las que se ordenaba que ya no se aceptaran más denuncios hasta que se hubiera resuelto el asunto; su postura era que lo que ocurría era una “contienda entre partes” y que nada tenía que hacer al respecto. La opinión de Vicente de Busto era que en el ínterin la cuestión principal quedaba en el aire, sin que se definiera con claridad si las Salinas pertenecían al estado o a los particulares, dejando por lo tanto también la indefinición de a quién pertenecían los derechos fiscales en relación con la sal. Se suponía que eso iba a resolverse una vez que el Congreso revisara el contrato de venta de las Salinas a Cayetano Rubio.381

Al parecer, Villegas accedió a reducir el denuncio de la laguna de Pozo Blanco a una mera identificación geográfica, y aseguró que de comprobarse la posesión de los Errazu no tendría objeción alguna en retirar su denuncio. El abogado aceptó el trato, pero con algunas reservas pues no confiaba de manera plena en su adversario. Espinosa de los Monteros se había estado moviendo para obtener el “pronto y buen despacho” de la solicitud que habían realizado los mineros para la libre explotación de la sal. Corría el rumor de que el resultado sería favorable para el grupo de solicitantes; se decía iba a ratificarse el contrato de la venta de Salinas, y quedarían “libres para denunciarse y adquirirse por cualquiera todas las demás que se encontraran”. El abogado replicó a Villegas que esa medida sería injusta, pues mientras Cayetano Rubio y Joaquín Errazu habían pagado más de 300 000 pesos por las lagunas, los mineros no tendrían otra cosa que hacer más que buscar y aprovechar lo que encontraran, teniendo de su lado la ventaja de no verse obligados a desembolsar dinero para adquirir pozos salados. Por otra parte, dado que el erario carecía de fondos, no era lógico ni rentable deshacerse de una de sus fuentes de recursos a través de impuestos, por lo que de seguro tendría que imponerse un pago regular por cada fanega de sal, además de los derechos aduanales que ya se pagaban.382

La opinión de Joaquín Errazu era que Vicente de Busto había errado el camino; si bien le había parecido buena su estrategia de entrevistarse con Villegas, reprobó que no hubiera presentado al tribunal superior de Zacatecas una solicitud para declarar nula la posesión dada a Espinosa de los Monteros y entablar de inmediato la demanda respectiva. En su opinión, lo que necesitaban era un “triunfo ruidoso” con costas y reparación de daños y perjuicios para “poner un dique a tantos denuncios”, pues los denunciantes no arriesgaban nada en absoluto.383

Para acreditar la posesión de la laguna de Pozo Blanco, Joaquín y Juan Errazu se dieron a la tarea de localizar a los antiguos administradores de Peñón Blanco o a sus hijos, para que pudieran testificar que en efecto dicha laguna formaba parte de la negociación. Esta medida, más que resolver el problema, lo complicó, pues el señor Aranda, hijo de un antiguo administrador y que había trabajado con su padre como teniente, reclamaba que Pozo Blanco no había pertenecido a la administración general de las Salinas del Peñón Blanco y que ni siquiera se tenía noticia de su existencia. De lo único que podría testificar era de la pertenencia de Santa Clara y del Salitral de Carrera.384 Lo que argumentaban los Errazu era que la laguna no pertenecía a la administración general de Peñón Blanco, sino a la administración de la laguna subalterna de Santa Clara, que a pesar de pertenecer a la negociación tenía un administrador diferente.

El litigio en contra del juez de Mazapil resultó en la absolución de éste por parte de la segunda sala del tribunal superior de Zacatecas. A solicitud de Cayetano Rubio, Mariano Otero le envió cartas de recomendación al licenciado Luis Gutiérrez Solana385 por conducto del general Alejo Barreiro386 para anular la declaración en la que se absolvía al juez de Mazapil.387

A mediados de 1846 dejaron de ventilarse por un tiempo las disputas territoriales en los periódicos regionales y nacionales. Algunos denunciantes se desistieron y otros serían confrontados mediante demandas. El ministerio fiscal pidió que se formara causa al juez de Mazapil que dio varias de las posesiones. Sin embargo, la segunda sala del tribunal declaró que no había lugar a la formación de causa contra el juez.388

El magistrado que había hecho la declaración de absolución del juez de Mazapil era pariente de Luis Gutiérrez Solana, quien apeló la resolución. Este último decidió “poner en juego cuantos resortes estén a mi alcance hasta que consiga que se haga ejecutoria la responsabilidad del juez despojador del señor Errazu”; para esto, solicitó la intermediación del general Barreiro. Le explicó que el magistrado Teodosio Lares, que tenía conocimiento de su apelación, era amigo cercano del obispo de Guadalajara. Le solicitaba que por mediación del canónigo Pedro Barajas389 le consiguiera una carta de recomendación de aquel prelado. Y que Cayetano Rubio obtuviera otra de Mariano Otero, dirigida a Teodosio Lares y al magistrado José María de la Campa, de quienes había sido apoderado Mariano Otero en la ciudad de México. Puntualizaba que aunque él tenía relaciones con los referidos magistrados, sentía muy fuerte el peso del gobernador en los asuntos de Salinas, por lo que necesitaba “desequilibrar su influjo con otras influencias mayores”.390

A finales de 1846 concluyó el litigio por la posesión de la laguna de San José, con fallo a favor de los Errazu, disputada por gente de Mazapil, Zacatecas. Incluso se dispuso que se incorporara la ratificación de la posesión en los títulos de propiedad de toda la negociación.391 Aunque este pleito en particular concluyó, en general, las querellas relativas a denuncios y posesión de pozos salados continuaron hasta 1885.

OTROS DENUNCIOS

En junio de 1845 José María Carrera, vecino de la población minera Noria de Ángeles, ubicada cerca de Pinos, Zacatecas, denunció la laguna del Bajío del Toro en la diputación de minería de Villa de Ramos. Francisco de Oteo, en su calidad de administrador de Peñón Blanco, se opuso al denuncio, que había sido atendido por el diputado Pantaleón Muñoz. Al tiempo, ya habían ocurrido otros denuncios en el lugar, por lo que Oteo había dejado una lista de las lagunas pertenecientes a Peñón Blanco para que la diputación rechazara cualquier denuncio en relación con ellas.392 Sin embargo, dado que la acreditación de la propiedad no había satisfecho del todo a Pantaleón Muñoz, éste comenzó a dar posesión de las lagunas denunciadas. Entonces Rubio y Errazu acusaron a la diputación de actuar con dolo. A los pocos, días el Tribunal de Minería de Villa de Ramos se disolvió por órdenes del gobierno, y se esperaba que pronto viniera una orden para contener a los denunciantes de los pozos de agua salada.393

Hacia noviembre de 1845 ya había sido denunciada la laguna de San José, cercana a Sierra Hermosa.394 En diciembre de 1845 se estaban pregonando en la hacienda de Sierra Hermosa, ubicada en Zacatecas, los denuncios de las lagunas de los Pobres, Prieta y los dos Bajíos.395

HACIENDA DE ESPÍRITU SANTO

La búsqueda de salmuera continuó en diferentes puntos de Zacatecas y San Luis Potosí; hacia julio de 1845, Faustino Carranza, administrador de la hacienda de Espíritu Santo, localizada en el municipio de Pinos, del departamento de Zacatecas, había comenzado la excavación de pozos en la laguna del Carmen, que se ubicaba dentro de los terrenos de la hacienda. El administrador de Peñón Blanco, Francisco de Oteo, le exigió que detuviera dicha excavación porque, afirmaba, la sal de ese lugar sólo podían explotarla ellos, pues si bien la laguna pertenecía antes a la nación, ahora pertenecía a Cayetano Rubio. Ninguno de los dueños de esa hacienda había explotado la sal de esa laguna, y sólo se había cosechado sal en 1793 por cuenta de la Real Hacienda para surtir a los mineros de Zacatecas, Real de Catorce y otros puntos.396 Los pozos fueron tapados por Juan de la Cruz Errazu, sobrino de Joaquín Errazu, que a la sazón trabajaba para su tío en el negocio de la sal.397 Días más tarde Faustino Carranza acudió a la laguna del Carmen acompañado del apoderado y juez de la hacienda de Espíritu Santo, Concepción Carranza, así como de algunos rancheros para correr al guarda que había dejado encargado Francisco de Oteo, con la intención de volver a abrir los pozos y reanudar la explotación de la sal.398 Oteo pidió informes al juzgado de primera instancia del mineral de Pinos para saber si esa laguna había sido denunciada, pero el juez le contestó que Faustino Carranza no había denunciado ninguna laguna, pozo o tierra salada que perteneciera a la negociación de Peñón Blanco ni a la jurisdicción de ese distrito.399 Entonces Francisco de Oteo volvió a enviar a Juan de la Cruz Errazu, acompañado de cuatro personas, para volver a tapar los pozos que encontraran abiertos, pero a su regreso informaron que no habían encontrado ninguno, ni gente trabajando en la laguna, por lo que sólo dejaron a un guarda en el lugar.400 Francisco de Oteo decidió escribir directamente a Faustino Carranza e indicarle que su hacienda sería demandada en caso de continuar cavando pozos.

A inicios de agosto de 1845, Vicente de Busto le informó a Cayetano Rubio que se había suscitado una contienda con Esteban Poncerot, nuevo administrador de la hacienda de Espíritu Santo, quien había denunciado la laguna del Carmen —situada en terrenos de dicha hacienda—, así como un pozo de agua salada ante el tribunal de minería de Charcas. Se había citado al abogado de los Errazu para que restituyera los pozos que habían tapado en dicha laguna, a lo que se negó de manera rotunda.401

ESTRATEGIAS EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD

La estrategia definida por Vicente de Busto y Cayetano Rubio para hacer frente a los denuncios de lagunas saladas consistió en que Rubio convencería al ministro de Hacienda para que se sostuviera el saneamiento402 de la venta de Salinas y se hiciera cargo de contestar los denuncios de lagunas y tierras en su propiedad. A principios de mayo de 1845 Cayetano Rubio le entregó copia de los denuncios de las lagunas hechos por Matías Espinosa de los Monteros.403 De Busto se encargaría de detener los trámites para la posesión de lagunas en Zacatecas y San Luis Potosí, en tanto que Joaquín Errazu con apoyo de su hermano Juan reduciría los precios de la sal de buena calidad, de manera que a la competencia no le resultara rentable producirla. Joaquín Errazu no estuvo de acuerdo por completo con esto último pues se encontraba aún en un periodo de crecimiento al estar experimentando con nuevos métodos de obtención de sal, por lo que su producción no era tan abundante para abaratar los costos. Por el contrario, sentía que su situación era “precaria”.404

Tras los denuncios se publicaron una serie de impresos en los que los denunciantes acusaban a Joaquín Errazu y a su suegro Cayetano Rubio de ostentar el monopolio de la sal y la posesión ilegal de Peñón Blanco. El abogado De Busto sugirió elevar una representación al gobierno en la que se incluyeran los impresos como prueba, pero para Cayetano Rubio lo mejor sería que además de dicha representación se añadiera una contestación redactada y publicada por ellos. El texto sería preparado por el abogado y entregado por Cayetano Rubio al ministro de Hacienda.405 Y así ocurrió, pues hay un sinnúmero de textos que circularon en las capitales de San Luis Potosí y Zacatecas, así como en la del país, además de distribuirse entre mineros y personalidades importantes de la región con el solo fin de mermar la reputación de unos y otros, pues en realidad esos impresos carecían de validez legal.

El abogado de los Errazu llevaba ya varios asuntos en su cartera, algunos de ellos que se habían postergado o que se tornaban difíciles de resolver. Las cosas se complicaban más pues el expediente de las Salinas del Peñón Blanco se había trasladado a la Junta de Fomento y Administrativa de Minería en la ciudad de México para que fuera revisado y se resolviera. En su opinión, el asunto no era de la incumbencia de la junta ni de los tribunales de minería porque, en general, las salinas del país pertenecían a la hacienda pública. Su recomendación era que Cayetano Rubio se entrevistara con José María Barroso, entonces presidente de la mencionada junta, para que éste pudiera resolver diciendo que no tenía competencia en el asunto. En el caso de que hubiera alguna reticencia, se podría convencer a la junta diciéndole que la respuesta que diera no era una decisión jurídica, sino tan sólo una opinión fundada en las leyes y emitida por una corporación respetable.406

NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO GENERAL

A mediados de junio de 1845 Cayetano Rubio se entrevistó con el ministro de Hacienda, Luis de la Rosa, para tratar el asunto de las Salinas; éste le dijo que realizara una solicitud en la que expusiera todo lo ocurrido, por lo que Rubio se dio la tarea de redactar y entregar la solicitud teniendo como intermediario a su cercano amigo Mariano Otero.407 Al parecer, las negociaciones con el gobierno general iban a dar buenos resultados, pues Joaquín Errazu le informó a su administrador Francisco de Oteo que próximamente saldrían a la luz pública un par de órdenes del Supremo Gobierno; una sobre el saneamiento de las lagunas y terreno adquiridos por Cayetano Rubio y otra dirigida a los denunciantes para suspender los denuncios.408

Cayetano Rubio insistía al ministro de hacienda que tomara cartas en el asunto de los denuncios de lagunas y la defensa de las Salinas, incluso le solicitó una audiencia en su casa con el objeto de ir acompañado de Mariano Otero.409 Cayetano Rubio comentaba a Joaquín Errazu que había tenido una larga sesión con el ministro de Hacienda en la que acordaron arreglar “todo a satisfacción, revalidar la venta de Salinas, encargar en esa al fiscal de hacienda sanease y defendiese la propiedad enajenada por el gobierno, y aplicarme toda la justicia que tenía”.410 Sin embargo, decía Rubio, el ministro le había indicado que debería otorgar alguna cantidad de dinero para mayor agilidad.411 El apoyo del Ministerio de Hacienda se retrasaba en virtud de la crisis ocasionada en el seno del gobierno con motivo de la anexión de Texas a Estados Unidos.412

El 30 de agosto de 1845 Joaquín Errazu demostraba su optimismo a su hermano Juan, diciéndole que estaba por salir una orden del gobierno para que el representante de la hacienda pública en San Luis Potosí realizara el saneamiento de la venta de las Salinas del Peñón Blanco y saliera a la defensa de sus dueños. Le mencionaba que sus esperanzas se basaban en la cláusula del contrato de compraventa, según la cual el gobierno se desistía y apartaba a la nación del derecho y señorío que había tenido sobre las Salinas, y lo transmitía al comprador con todos los privilegios que gozaba el fisco. Joaquín Errazu opinaba que con esa cláusula y la orden referida por Vicente de Busto tendrían los elementos suficientes para atacar por la vía judicial a los denunciantes. Supuestamente, esa mañana De la Rosa le había informado que la orden ya había sido expedida. Por otra parte, Mariano Otero opinaba que cuando el gobierno vendió las Salinas transmitió al comprador el derecho del monopolio, cosa que tendrían que sostener con vehemencia. En ese momento se recibió también la promesa para ratificar el contrato de la venta de las Salinas.413

En septiembre se leyó en el Congreso el dictamen de la comisión encargada de resolver en torno a la suspensión de los denuncios de lagunas saladas. De acuerdo con la correspondencia de Joaquín Errazu, en la parte expositiva se abrazaron todos los principios propuestos por De Busto con respecto al estanco de la sal. Aunque aún no se aprobaba el dictamen, Errazu tenía la intención de mandarlo imprimir “para desengaño de tanto aspirante a fabricante de este artículo que quiere tener el privilegio, sin que le cueste un octavo”.414 El dictamen fue aprobado el 26 de septiembre y pasado al gobierno. Ahora sólo faltaba que se expusiera en la junta de ministros para que lo adoptara el gobierno y expidiera las órdenes correspondientes.415

Hacia octubre de 1845 continuaba la labor política de Errazu en la capital del país, sin los resultados esperados: “El señor ministro de Hacienda ha ofrecido despachar nuestro asunto el lunes próximo sin falta, y van con ésta tres veces que ha prometido lo mismo”.416

Las dificultades continuaban y los denuncios, más que disminuir, iban en aumento. En octubre de 1845 el Tribunal Minero de Charcas dio posesión a Pablo R. Gordoa del Bajío de Santa Rosa para elaborar sal en dicho lugar, mientras el mismo asunto se encontraba pendiente de resolución en Ojocaliente. En opinión de Joaquín Errazu, los procedimientos del tribunal estaban cargados de “vicios”, y con ironía decía que dadas las facultades que se abrogaban en exceso, el tribunal minero debía llamarse “salinero”. Joaquín le pedía a su hermano Juan que intentara impedir la posesión por vía judicial, para lo que recurrieron a De Busto sin reparar en gastos. Joaquín había expresado la sospecha de que el ministro de Hacienda no atendería pronto su solicitud para remediar la situación de Peñón Blanco, y en efecto, el ministro posponía las entrevistas. La interpretación de Joaquín María era que había cierto temor del ministro a pesar de tener la ley de su lado, además de que en su opinión el gobierno se manejaba por el “sistema” de dejar las cosas al azar y no “hacer nada”, sino esperar el desenvolvimiento de las cosas según los vaivenes de la política local. Joaquín decidió dar un nuevo paso acudiendo a Mariano Otero, calificado por su influencia en las altas esferas del gobierno. El diputado Otero representaba una pieza clave en las negociaciones ya que había pasado una iniciativa a las cámaras para solicitar que se le facultara para arreglar con los interesados todos los contratos del gobierno provisional. Con esto las Salinas tendrían una rápida y eficiente protección frente a las amenazas que pudieran surgir. Errazu tenía la confianza de conseguir el mapa original de las lagunas salinas que tanto les hacía falta en el Supremo Tribunal para demostrar su propiedad.417

Para el 25 de octubre de 1845 Joaquín Errazu ya tenía certeza de que habría un contrato de ratificación de la venta de las Salinas, pues así se lo exponía a su hermano.418 Por otra parte, le hizo saber que Pablo R. Gordoa había escrito a Luis de la Rosa pidiéndole que el gobierno le permitiera la elaboración de la sal, pero como repuesta había obtenido una negativa en el sentido de que el de la sal era un ramo estancado que no se podía denunciar ni adquirir.419

Para De Busto, la orden expedida por el Ministerio de Hacienda el 31 de octubre de 1845, más que favorecerlos, les era perjudicial, pues no se ordenaba que los salineros cesaran de trabajar y que se dejaran de admitir los denuncios, sino nada más decía que la venta de Peñón Blanco había sido legal, al tiempo de otorgar derechos de explotación de sal a los salineros.420

El 12 de noviembre de 1845, el gobernador suplente de San Luis Potosí, José María Otahegui, compartía su parecer con Joaquín Errazu en torno a la orden del ministro de Hacienda. Al igual que Vicente de Busto, al gobernador le parecía que podría perjudicarlos, pues la redacción daba a entender que se favorecía la libertad para beneficiar la sal, o por lo menos eso era lo que había entendido el gobierno de Zacatecas. La orden se había centrado en sostener la validez del contrato de compraventa de las Salinas del Peñón Blanco, cuando en realidad los denuncios no atacaban la validez de dicho contrato, sino que demandaban la posibilidad de denunciar las lagunas o pozos salados que no estuvieran en explotación. La recomendación del gobernador, quien se mostraba a todas luces del lado de Joaquín Errazu, era que se suspendiera cualquier gestión con el ministro de Hacienda y se tratara de influir en el cuerpo legislativo, pues nada más el Congreso era el que podía definir con claridad las facultades fiscales de los empresarios; mientras tanto, según el gobernador, los nuevos explotadores no podrían perjudicar a Peñón Blanco, pues sus terrenos no igualaban a los que poseía la negociación salinera, además de que no contaban con el dinero suficiente para invertir en el beneficio de la sal, por lo que al final no representaban una competencia en el precio que pudieran ofrecer.421

El mismo día De Busto le escribía a Joaquín Errazu que la orden del ministro de Hacienda, antes que defender sus intereses, los perjudicaría, pues la orden se refería más bien a los derechos de Cayetano Rubio y de Joaquín Errazu sobre las Salinas del Peñón Blanco, cosa que se decidiría en el Congreso, mientras que lo que en realidad les interesaba era saber si, siendo el resto de las salinas en exclusiva de la nación, podían los particulares denunciarlas y adquirirlas sin otro requisito que el de presentarse a un tribunal para denunciarlas, y si dichos tribunales, una vez admitidos los denuncios e informado el gobierno, tenían la facultad de dar la posesión de los pozos de agua salada y permitir que se fabricara la sal antes de haber recibido la resolución del mismo gobierno.

Lo que se buscaba era que el gobierno sostuviera lo estipulado en el artículo 15, título 13, de las Ordenanzas de minería, con base en el cual las salinas no eran denunciables y no se podía dar posesión sin la autorización del gobierno. Era necesario entonces dejar en claro si el artículo citado seguía vigente, y en ese caso cómo debía entenderse. Al parecer, la llegada de la orden a Zacatecas se había interpretado como el principio de la libertad para denunciar y explotar las salinas.422

La incertidumbre de Joaquín Errazu crecía conforme el tiempo transcurría sin resultados positivos tangibles. En ocasiones estaba convencido de que se le concedería el privilegio de la explotación de la sal por un tiempo determinado; otras, que dejarían de tenerlo a cambio de una indemnización por los quebrantos que sufrirían debido a la apertura de nuevas salinas. En el mejor de los casos esperaba que se definiera con claridad el área que les correspondía para que nadie pudiera denunciar dentro de ella. En sus momentos de pesimismo pensaba que nada se concretaría tras múltiples conversaciones y que la venta quedaría en los mismos términos definidos en la escritura. Habían transcurrido alrededor de diez meses desde que los problemas por los denuncios se habían agudizado y sus relaciones políticas en el gobierno general, más que favorecerlo, habían complicado su situación ante los departamentos de San Luis Potosí y Zacatecas. Por ello, decidió dirigir sus esfuerzos a la recuperación de las lagunas por la vía jurídica, en lugar de la vía política.423

Vicente de Busto, consciente de que un problema era la ratificación o no del contrato de venta de las Salinas a Cayetano Rubio y otro era el de las cesión de los derechos fiscales que hacía la nación al comprador, recomendaba a Joaquín Errazu que sus esfuerzos se concentraran en convencer a los miembros del Congreso para resolver primero la validez del contrato y dejar para otra ocasión el tema de la libertad de explotación en las salinas. Proponía como estrategia acelerar la resolución del primer punto y retardar lo más posible la del segundo. Con ello se quitarían de encima a los mineros y lograrían tiempo para preparar una respuesta negativa para su solicitud. En el caso de que el gobierno resolviera a la postre permitir el denuncio y explotación de las lagunas de sal o pozos salados, entonces Joaquín Errazu tendría que insistir en la imposición de “un fuerte impuesto” que compensara el precio que pagó a la nación por las Salinas del Peñón Blanco, pues de otra manera, decía, “no hay igualdad”. El argumento que se utilizaría en este último caso sería que en la escritura de venta se expresaba de manera clara que tendría ciertos derechos fiscales, lo que daba a entender que tendría la exclusividad para producir y vender la sal, y en el caso de que esa promesa fuera defraudada entonces tendría que reclamar una indemnización de parte del gobierno.

Por otra parte, De Busto le pidió a Joaquín Errazu que no se hiciera ilusiones de que las salinas descubiertas y denunciadas tuvieran poco valor, pues a pesar de la creencia de que producían poca sal y de mala calidad, la verdad era que en algunos puntos se había obtenido muy buena sal que estaba siendo comprada por las haciendas de beneficio. En realidad, estos primeros salineros no representaban una competencia fuerte para Peñón Blanco, pues en general se trataba de pequeños productores que carecían de capital para invertir en un negocio a gran escala; el temor era que, una vez conseguida la libertad de la explotación a cualquiera que la solicitara, hubiera inversionistas que contaran con grandes capitales y vieran el potencial lucrativo de esta industria, lo que representaría una dura competencia para los Errazu en un momento en el que por fin recibían ganancias sustanciales.424

El año de 1846 fue mejor para Joaquín Errazu, pues se ganaron los denuncios enfrentados en 1845, mantuvo la producción de sal y los ingresos por su venta, y adquirió la negociación de Cayetano Rubio. Hacia 1861 aún continuaban los denuncios en San José y Pozo Blanco.425 En general, los denuncios de terrenos salinos se prolongaron por casi tres décadas más. A finales del decenio de 1870 el administrador de Peñón Blanco continuó haciéndoles frente y defendiendo la propiedad de las Salinas. A inicios de 1880 y hasta 1885 tuvo lugar una enconada disputa entre dueños de fábricas de sal localizadas en lagunas salinas del interior de Zacatecas y San Luis Potosí y los propietarios de Peñón Blanco. Los abogados de una y otra parte utilizaron todos sus recursos legales para lograr sus objetivos, cuestionando o declarando incompetentes a los juzgados y tribunales. Sin embargo, los Errazu echaron mano de sus relaciones políticas y económicas para obtener fallos a su favor. Durante 1886-1887, la gran mayoría de los afectados, representados sin éxito por el importante jurista Ignacio L. Vallarta,426 se desistieron y llegaron a arreglos con el abogado de los Errazu, tras lo cual recibieron una indemnización a cambio de ceder sus propiedades.427

Lo expresado en este capítulo relata las estrategias que desarrollaron tanto Cayetano Rubio como Joaquín Errazu para defender y legitimar la propiedad de las lagunas salinas, ya fuera haciendo frente a los intentos de anulación de la venta de las Salinas del Peñón Blanco u oponiéndose a la serie de denuncios de lagunas y pozos salados, ejerciendo en todo momento su influencia en el ámbito político y económico.

Sin embargo, es preciso hacer un comentario sobre el objeto de estudio que nos ocupa y que se refiere de manera precisa a la configuración del territorio. En este caso queda clara la victoria jurídica alcanzada por Cayetano y Joaquín Errazu, pues al final lograron quedarse con las lagunas reclamadas. Habrá que recordar y subrayar que cuando Errazu comenzó a administrar las Salinas en 1836, e incluso ya como dueño Cayetano Rubio en 1842, no conocían mapa alguno que hiciera referencia a las lagunas. La propia escritura de compraventa ponía énfasis en que no existían títulos de propiedad; y, por lo tanto, los linderos no se conocían.

MAPA 15. TOPOGRAFÍA DE LAS SALINAS DE SANTA MARÍA DEL PEÑÓN BLANCO Y SUS LAGUNAS ANEXAS, PROPIAS DEL SR. D. JOAQUÍN MARÍA ERRAZU. MAPA LEVANTADO POR CIRIACO ITURRIBARRÍA EN 1848.

Fuente: AHSPB, Errazu, Gobierno, Mapas y planos.

Así las cosas, Rubio y Errazu tuvieron que recurrir a documentos oficiales que describieran y mencionaran la localización de las lagunas, hurgaron en el archivo de la negociación, revisaron libros de cuentas y buscaron planos que les indicaran los nombres y localización de las lagunas filiales de Peñón Blanco a fin de acreditar su propiedad y definir su extensión. Los libros de cuentas del propio archivo de la empresa consignaban el nombre de las lagunas de donde se extraía la sal, además de que revisaron el manuscrito de la Historia de la Real Hacienda, de Fonseca y Urrutia, fechado en 1792, en el que se mencionaban ocho lagunas.428 Echaron mano del plano de 1794, en donde se dibujaban 12 lagunas, siendo éste el único testimonio cartográfico que pudieron tener a la mano. En 1848 Joaquín Errazu, siendo ya el único dueño de las Salinas (cuyo proceso de adquisición y negociación se aborda en el siguiente apartado), encargó al topógrafo Ciriaco Iturribarría429 la elaboración de un mapa con las lagunas que consideraba parte de las Salinas del Peñón Blanco.

MAPA 16. LAGUNAS SUBALTERNAS A SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, REINTERPRETACIÓN DEL MAPA LEVANTADO POR CIRIACO ITURRIBARRÍA EN 1848.

Elaboración propia.

De la búsqueda documental y del trabajo topográfico de Iturribarría resultó un mapa en el que se señalan 18 lagunas, es decir, diez más de las que mencionaban Fonseca y Urrutia en 1792, y seis más de las dibujadas en el mapa de 1794. Resulta evidente que para Joaquín Errazu era importante plasmar en un mapa definitivo la extensión total de su propiedad, así como la cantidad, el nombre y localización de las lagunas que consideraba anexas a Peñón Blanco, y cuya propiedad fue al final avalada por la autoridad. El proceso de plasmar este proceso tardó apenas tres años desde la reunión de la información hasta contar con el mapa. Al territorializar su propiedad definiendo y marcando sus límites geográficos, Joaquín Errazu especificó para sí, para sus vecinos, para sus rivales y para las autoridades el espacio que conformaría su ámbito de influencia, su potestad.

JOAQUÍN ERRAZU ADQUIERE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1845-1846

Desde marzo de 1843, estando las Salinas arrendadas por Joaquín Errazu, Cayetano Rubio le expresó, quizá como estrategia de negociación, su intención de venderlas a otra persona que estaba sumamente interesada en adquirirlas. Errazu interpretó esa comunicación como una forma de presión para que fuera él quien las adquiriera. Por primera vez en la negociación para la venta de Salinas entre Rubio y Errazu, relució el hecho de que este último estuviera casado con Guadalupe Rubio, la hija de aquel.430 El tono de las comunicaciones fue cada vez más elevado y directo; mientras Errazu consideraba que Rubio quería hacer negocio con su propio yerno, Rubio pensaba que estaba siendo generoso y que la venta la proponía con condiciones desventajosas desde su posición de empresario:

Me encarga usted igualmente que calcule lo que más convenga a mis intereses sobre la enajenación de las referidas salinas, sin acordarme que está casado con una hija mía. Le agradezco a usted el consejo pero ya que llega el caso le manifesté que hasta ahora no he obrado así y sepa usted que le he dado en arrendamiento las Salinas por 30 000 pesos anuales cuando tenía oferta de 40 000 de un individuo de mi misma familia […], esta propuesta se me hizo hallándose el interesado con todos los datos necesarios pero en el mismo correo me escribía usted que iba a quedar sin giro ni representación alguna en la sociedad, y esta manifestación fue para mí suficiente para preferir a usted y lo habría hecho por la mitad. Olvide usted esto pues lo que menos exijo es el que lo tenga presente y jamás lo habría dicho a usted si no se hubiera expresado en los términos en que lo hace.431

Las discusiones entre ambos empresarios continuaron durante el resto del año; asimismo, comenzaron a preguntarse uno al otro los motivos reales que tuvieron para arrendar las Salinas,432 incluso en ocasiones relucía el hecho de que Joaquín Errazu estuviera casado con Guadalupe Rubio,433 dándose a entender que Cayetano Rubio había tenido ciertas consideraciones con él por el vínculo de parentesco político que había entre ambos. Esta fricción entre socios —suegro y yerno—, fue el inicio de una larga negociación para la venta de las Salinas: “Estoy tan cansado de Salinas, que no tendré inconveniente en venderlas, y si usted quiere hacerme sus proposiciones, podremos entendernos”.434

Joaquín Errazu recibía cartas constantes de su suegro en las que le manifestaba su interés por vender las Salinas al mejor postor, sin dejar pasar la oportunidad de ofrecérselas a él. Sin embargo, Errazu se mantenía firme para buscar un precio que le conviniera. Previendo que Cayetano Rubio las vendiera a otra persona, le escribió a su hermano Juan para decirle que, en virtud de que “la música ha variado tanto”, detuviera la cosecha de saltierra, “aunque la laguna se ponga buena, pues en caso de compra no hay necesidad de hacer este gasto”.435

Cayetano Rubio hizo una propuesta inicial de venta de las Salinas a Joaquín Errazu por 304 000 pesos en efectivo —casi la misma cantidad en que las había adquirido—, más 50 000 pesos que había recibido Errazu en existencias al momento de arrendarlas. Añadía como condición para la venta que Errazu le comprara la casa que habitaba en San Luis Potosí, y que era propiedad de Rubio (la renta anual le redituaba el 2.5por ciento de lo que había pagado por ella). Del total del importe se reducirían poco más de 150 000 pesos, que era la cantidad por la que Errazu las había hipotecado. También se reducirían los 60 000 que se le reconocían a Fernando Collado como inversión en el negocio. Le propuso que él mismo definiera el momento o los plazos en que podría pagarle la suma que quedara, pero considerando el uno por ciento mensual de intereses.436

La negociación de la compraventa de las Salinas del Peñón Blanco entre Joaquín Errazu y Cayetano Rubio debe entenderse en el contexto de una fuerte oposición de la clase política potosino-zacatecana y los mineros por la venta que hizo el gobierno a Cayetano Rubio, y la ola de denuncios de pozos y lagunas saladas que enfrentaba la empresa. En estas circunstancias ocurrió la serie de negociaciones entre Rubio y Errazu en torno a la venta de Salinas del Peñón Blanco. Cayetano Rubio, a pesar de haber dejado en claro que no deseaba deshacerse de ellas, ya se las había ofrecido en venta a Joaquín Errazu en abril de 1845, y en esta ocasión aprovechaba para volverlo a hacer. Su argumento de venta era que ya había padecido varios sinsabores, que además tenía invertidos en la sal más de 50 000 pesos que le redituaban poco más de mil pesos anuales, mientras que él mismo pagaba por la misma cantidad un rendimiento superior a los siete mil pesos. Rubio le pidió una contraoferta a Errazu en la que definiera un precio que le pareciera justo, además de que, en su condición de suegro, afirmaba: “Siempre preferiré el que se quede usted con ellas, que cualquier otra persona en mayor precio”.437

Frente a las nuevas dificultades que se presentaban con los denuncios, tal parecía que Cayetano Rubio tenía mayor urgencia en recuperar la inversión que en esperar un beneficio a largo plazo. Por su parte, Joaquín Errazu ya había invertido una considerable cantidad de dinero y esfuerzo en la producción de sal, por lo que no le llamaba mucho la atención realizar un fuerte desembolso para comprar las Salinas, pues ya pagaba una renta anual por trabajarlas, además de que veía que el por el momento era arriesgado comprar una propiedad que enfrentaba varios litigios. A pesar de lo anterior, no podemos dejar de lado la posibilidad de que quizá Joaquín Errazu en el fondo no desdeñaba la posibilidad de su adquisición, ya que al cabo de casi 10 años de trabajarlas como arrendatario había desarrollado una profunda experiencia en la obtención de sal y se había situado como un fuerte empresario en el ramo. Pareciera que su visión a largo plazo era la de una bonanza salinera, pues regateó a Rubio hasta el extremo el precio de Peñón Blanco, sin duda vislumbrando un negocio en crecimiento. Tras varios años de experimentar con la llamada “sal de nuevo beneficio” y obtener buenos resultados, no es de extrañar que la perspectiva de poseer la negociación resultara tentadora.

Tras conocer el largo regateo entre Rubio y Errazu, no queda menos que preguntarse acerca de la trascendencia que tuvo la negociación salinera en la época. Si bien las Salinas del Peñón Blanco tuvieron una importancia significativa durante el periodo virreinal, ésta se incrementó de manera importante hacia 1842 y 1846, pues aumentó su número de clientes, así como su influencia comercial tanto por los precios como por la calidad de la sal. Además de los habituales compradores de las haciendas de beneficio potosinas y zacatecanas, habría que añadir otros de los actuales estados de Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y la ciudad de México. Por otra parte, al sumar la venta de saltierra, sal grano y sal del nuevo beneficio, se observa que en 1842 la cantidad expedida fue de 122 348 fanegas, misma que descendió a 64 018 en 1845 para repuntar a 93 024 fanegas en 1846.438 De acuerdo con la Gráfica 2, la venta de saltierra disminuyó de manera significativa entre 1842 —cuando Cayetano Rubio adquirió la salinera—, y 1845 —cuando ocurrieron la mayor cantidad de denuncios contra Peñón Blanco y cuando surgió entre Rubio y Errazu la posibilidad de que este último adquiriera las Salinas—; sin embargo, la sal denominada del “nuevo beneficio”, que era la que se obtenía mediante la tecnología introducida por Joaquín Errazu, mostró un incremento significativo de sus ventas en los mismos años, lo que de seguro influyó en que este último decidiera adquirir la negociación al final. Los registros de producción e ingresos en los años siguientes dan la razón a su visión de empresario con incrementos sumamente importantes.

GRÁFICA 2. SAL EXPEDIDA POR LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1842-1846439

Hacia junio de 1845 Rubio insistía a Errazu para que él mismo propusiera su oferta en torno a la compra de Salinas. A pesar de la carencia de dinero que en ese momento Joaquín Errazu afirmaba padecer, veía ésta como una buena oportunidad. Su propuesta consistió en adquirir la empresa en 205 000 pesos más las existencias, para dar un total de 261 000 pesos. A la suma pensaba descontarle 60 000 que correspondían a Fernando Collado, 145 000 que Rubio le adeudaba, y pagaría tan sólo 56 000 en metálico. En su opinión, dadas las circunstancias por las que pasaba la negociación, la propuesta resultaría del todo ventajosa para Rubio.440 La cantidad ofrecida por las Salinas del Peñón Blanco no satisfizo a Cayetano Rubio.441 Por el contrario, le hizo saber que había recibido con “sentimiento” esa propuesta “tan baja”, pero atendiendo a su interés le hacía un nuevo ofrecimiento, y que si no era aceptado entonces sentiría tener que tratar con otra persona. Le propuso venderle la casa donde habitaba Joaquín Errazu en San Luis Potosí y las Salinas del Peñón Blanco por 360 000, pesos al plazo que el comprador fijara pero con sus respectivos intereses.442 Errazu no aceptó.

Cayetano Rubio hizo otra propuesta, le vendería las Salinas por 254 000 pesos, pues ya había hecho demasiados gastos en torno a ellas. Joaquín Errazu pagaba a Cayetano Rubio 1 200 pesos anuales por la renta de una casa, que de concretarse el trato aumentaría a 2 000 pesos con la posibilidad de comprarla en el momento en que Errazu lo deseara. Se percibe cierta tensión entre suegro y yerno, pues Joaquín Errazu acusaba a Cayetano Rubio de querer sacar ventaja en la transacción, mientras que Rubio reclamaba que ni siquiera había obtenido el 1.125 por ciento como beneficio de la inversión al mes, en tanto que Joaquín Errazu se había “hecho rico”. Cayetano Rubio insistía en que él mismo pagaba a Errazu un 13.5 por ciento anual por el dinero que tenía invertido con él. Rubio presionaba a Errazu diciéndole que si esta propuesta no lo convencía entonces “no debemos hablar más sobre este asunto”.443 Errazu tampoco aceptó.444

GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN DE SAL EN LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 1837-1855445

GRÁFICA 4. INGRESOS TOTALES, SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO 1837-1855446

La correspondencia entre Cayetano Rubio y Joaquín Errazu continuó siendo nutrida; aunque ambos moderaron el tono de sus cartas, se mantuvieron firmes cada uno en su postura. Cayetano Rubio siguió insistiendo en torno a la venta de la negociación siempre afirmando que se deshacía de ella por necesidades económicas o por no disponer del tiempo necesario para atenderla. Podría pensarse que él, estando en la ciudad de México cercano a las decisiones del Congreso y del Ministerio de Hacienda, viera con pesimismo el futuro de las Salinas. De continuo acicateaba a Joaquín Errazu diciéndole que había más de una persona interesada en adquirir el negocio, a la vez que se mostraba un tanto ofendido cuando su yerno le decía que le habían parecido altas las propuestas de venta: “Si llego a vender a otra persona la citada finca, me queda la satisfacción que le rogué a usted para que me la comprara y que usted no quiso”.447 Más adelante, reiteraba: “Me es doloroso enajenar la citada finca de Salinas y que otro se quede con ella, lo que vale ésta nadie lo sabe mejor que usted”.448 Mantuvo su oferta de venta en 254 000 pesos más 57 000 pesos de las existencias de sal.

En este punto existía una discrepancia importante, pues mientras Cayetano Rubio suponía que las existencias le pertenecían por ser el dueño de la salinera, Joaquín Errazu las consideraba propias en virtud de que él había sido quien había producido la sal. A la suma había que descontarle el dinero que correspondía a Joaquín Errazu como inversionista y el de Fernando Collado, a quien pagarían entre Rubio y Errazu por partes iguales. Cayetano Rubio recibiría en efectivo la cantidad que Errazu definiera de acuerdo con sus posibilidades, el resto lo pagaría con aportaciones mensuales con un interés del 1.125 por ciento. La oferta ahora consistía en que además le cedería por el mismo precio la casa que ocupaba Errazu, lo que significaba un descuento de 55 000 pesos. Por la adquisición de esa casa se tendrían que pagar mil pesos como impuesto de alcabala, que pagarían por mitad. En cuanto a la finca de Salinas, Errazu tendría el privilegio de fijar su valor a fin de que el pago de impuestos se fijara según su conveniencia. Cayetano Rubio finalizó su oferta afirmando: “Creo que es cuanto usted puede desear”.449

Joaquín Errazu no cedió, argumentando que la negociación atravesaba por delicadas dificultades en virtud de la situación política, y le dijo a Cayetano Rubio que no encontraría otro comprador más que él. A pesar de reconocer que en comparación con Errazu no contaba con el conocimiento necesario para desenvolverse en el negocio de la sal, sentía que podría buscar los medios para sacarle ventaja al negocio en caso de que decidiera quedarse con él, pero en ese momento, además de necesitar dinero, le era imposible atender dicho negocio desde México.

Después de algunos meses de negociaciones y en medio de disputas por la posesión del territorio entre la casa de Salinas del Peñón Blanco y los salineros de San Luis Potosí y Zacatecas, Cayetano Rubio aceptó la oferta de Joaquín Errazu: “En fin, daré a usted las Salinas como quiere” con la condición de que pagara la totalidad de la alcabala señalando en la escritura el valor que le conviniera para tal efecto; y sentenciaba: “Pero si aún a esta pequeñez se opone usted (lo que no espero), me conformaré con sus repetidas propuestas, y me quedará la satisfacción, a lo menos, [de] que una hija mía disfrutará la finca que yo más quiero”.450 Desafortunadamente, en este caso la correspondencia no permite conocer los detalles de los arreglos a los que llegaron ambos empresarios; sin embargo, la escritura de venta realizada el 10 de febrero de 1846 dice que Joaquín Errazu pagó 150 000 pesos en plata fuerte de cuño corriente mexicano a Cayetano Rubio y 7 500 como impuesto de alcabala. Se estipulaba que si acaso las Salinas valieran más, el vendedor no reclamaría el justo valor en lo sucesivo; y que, por el contrario, donaba el excedente al comprador.451 Quedaría como incógnita la manera en que fueron pagados los 60 000 pesos que correspondían a Fernando Collado, el avalúo de las existencias de sal, la cantidad que correspondía a Joaquín Errazu por haber recibido la finca en hipoteca y si se incluyó en la transacción la casa que habitaba en San Luis Potosí.452

Notas:

313 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 29 de enero de 1845, caja 122, exp. 691.

314 HND, El Siglo XIX, México, 22 de febrero de 1845 y 26 de abril de 1845.

315 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 12 de marzo de 1845, caja 123, exp. 695.

316 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Juan María Errazu (en Salinas)”, 20 de marzo de 1845, caja 124, exp. 696.

317 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en Puebla) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 25 de marzo de 1845, caja 123, exp. 695.

318 HDN, El Siglo XIX, México, 7 de marzo de 1845.

319 Reales ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante cuerpo de la minería de Nueva España y de su Real Tribunal General de orden de su Majestad, Madrid, s.p.i. 1783.

320 El Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos de 1884 refiere en sus artículos 21 y 22 que se establecerán diputaciones de minería en los distritos mineros, para ejercer funciones gubernativas y económicas, y que dependerán del Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana, “Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos. Noviembre de 1884”, en Legislación minera mexicana. Desde 1881 hasta nuestros días, vol. II, México, Consejo de Recursos Naturales No Renovables, 1964, pp. 57-78).

321 Decreto del 2 de diciembre de 1842, “Reglamento para la Junta de Fomento y administrativa del cuerpo de Minería”, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 334.

322 Circular del 14 de enero de 1843 que “Dispone que entretanto se establezcan los juzgados de Minería, continúen ejerciendo sus funciones las antiguas diputaciones territoriales”, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 360.

323 Circular del Ministerio de Relaciones del 6 de septiembre de 1843 “Sobre pronto establecimiento de juzgados de primera instancia de minería”, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 562.

324 Juan Rodríguez de San Miguel, “La república mexicana en 1846. Directorio general de los supremos poderes, y de las principales autoridades, corporaciones y oficinas de la nación”, en Revista de Administración Pública, núm. 53, enero-marzo de 1983, pp. 71-160.

325 Cosío, op. cit., p. 19.

326 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan María Errazu (en San Luis Potosí) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 26 de febrero de 1846, AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, caja 127, exp. 710; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Juan María Errazu (en Salinas)”, 20 de marzo de 1845, caja 124, exp. 696; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan de Dios Álvarez (en Santa Clara) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 23 de abril de 1845, caja 123, exp. 695; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Pantaleón Muñoz (diputado de minería en Villa de Ramos)”, 16 de junio de 1845, caja 123, exp. 694; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en San Luis Potosí) a Cayetano Rubio (en la ciudad de México)”, 9 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 22 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692; ANG, Rul y Azcárate, vol. 238, exp. único, ff. 1-29 f y v.

327 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Juan María Errazu (en Salinas)”, 20 de marzo de 1845, caja 124, exp. 696.

328 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Juan María Errazu (en Salinas)”, 26 de mayo de 1845, caja 124, exp. 696.

329 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 10 de abril de 1845, caja 124, exp. 696. Cayetano Rubio veía con buenos ojos que Vicente de Busto defendiera su propiedad; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 3 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

330 Libro IX, título XIX, “De las minas y pozos de sal”, Ley I, “Incorporación a la Corona y Patrimonio Real de todas las salinas del Reino y prohibición de hacer sal fuera de ellas”, en Novísima recopilación de las leyes de España, t. IV, Madrid, 1805.

331 Libro VIII, título XXIII, “De los estancos”, Ley XIII, “Sobre que haya estanco de la sal, a donde pudiere ser de provecho, y sin grave daño de los indios”, en Recopilación de leyes…, op. cit., sin número de página.

332 Reales Ordenanzas para la dirección…, op. cit., sin número de página.

333 “Artículo 159, Salinas: de cuáles y en qué forma se ha de dejar a los indios su libre uso; y cómo se han de administrar las demás por cuenta de la real hacienda”, en Real Ordenanza…, op. cit., p. 159.

334 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (en Salinas) al juez de minería del distrito”, 27 de marzo de 1845, caja 124, exp. 698.

335 Idem.

336 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 7 de abril de 1845, caja 124, exp. 696.

337 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 10 de abril de 1845, caja 124, exp. 696.

338 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en Zacatecas) a Joaquín María Errazu”, 9 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

339 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en Puebla) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 25 de marzo de 1845, caja 123, exp. 695.

340 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en Orizaba) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 1 de abril de 1845, caja 123, exp. 695.

341 AHSPB, Secretaría General de Gobierno, Soberano Congreso, 19 de diciembre de 1850.

342 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Andrés Iturralde (en Salinas)”, 25 de enero de 1851, caja 144, exp. 771.

343 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Andrés Iturralde (en Salinas)”, 12 de febrero de 1851, caja 144, exp. 771.

344 HND, El Monitor Constitucional, México, 27 de diciembre de 1845.

345 Su jurisdicción abarcaba los municipios de Charcas, Hediondilla y Venado (ANG, Rul y Azcárate, vol. 238, exp. único, ff. 1-29 f y v).

346 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan de Dios Álvarez (en Santa Clara) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 23 de abril de 1845, caja 123, exp. 695.

347 Idem.

348 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (en Salinas) al diputado de minería de Ramos”, 24 de abril de 1845, caja 123, exp. 695.

349 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Pantaleón Muñoz (en Ramos) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 27 de abril de 1845, caja 124, exp. 698.

350 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Pantaleón Muñoz a Joaquín María Errazu”, 4 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

351 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 17 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

352 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Matías Espinosa de los Monteros (en El Salado) a Juan Álvarez”, 16 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695.

353 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de José María Esparza (en Ojocaliente) a Juan María Errazu (en San Luis Potosí)”, 22 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695.

354 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (en Salinas) a Juan de Dios Álvarez (en Santa Clara)”, 10 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692.

355 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (en Salinas) a Juan María Errazu (en San Luis Potosí)”, 18 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692.

356 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 18 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692.

357 La carta que escribió Vicente Romero a Marcos de Esparza se publicó junto con la respuesta de este último en el Monitor Constitucional. El nombre de Vicente Romero no se ventiló en la prensa; sin embargo, en la correspondencia personal de Joaquín María Errazu se encuentra una carta idéntica escrita por Marcos de Esparza y dirigida a Vicente Romero (HND, El Monitor Constitucional, México, 27 de diciembre de 1845; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Marcos de Esparza, Gobierno Superior del Departamento de Zacatecas, a Vicente Romero”, 7 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692).

358 Al principio el denuncio se había hecho en la diputación de minería de Ojocaliente, pero después Matías Espinosa se desistió en ese lugar y lo volvió a hacer en Mazapil, con el argumento de que esa era la jurisdicción que le correspondía. La documentación sugiere que cambió de tribunal porque advirtió que el asesor jurídico de la diputación de Ojocaliente era a la vez abogado de Rubio y Errazu (HND, El Monitor Constitucional, México, 28 de diciembre de 1845).

359 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Marcos de Esparza, gobierno superior del departamento de Zacatecas, a Vicente Romero”, 7 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

360 Idem.

361 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Kerrison y Cía. (en Zacatecas) a Joaquín María Errazu”, 7 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

362 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Matías Espinosa de los Monteros, a Antonio María Carrera”, 11 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

363 Delito de los empleados públicos, en particular de los jueces, que faltan a las obligaciones de su oficio (Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense [1837], edición facsimilar, México, Miguel Ángel Porrúa / unam / Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, 1998).

364 Tanto Joaquín Errazu como Cayetano Rubio mantuvieron estrechos vínculos de amistad y negocios con Mariano Otero, quien los apoyó con recomendaciones o utilizando su influencia en el ámbito político para favorecer a sus empresas (AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 12 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692; cartas de Cayetano Rubio a Mariano Otero, 1 y 8 de abril de 1845, en Guillermo Tovar y de Teresa, Cartas a Mariano Otero, 1829-1845, t. i, México, INAH / ser, 1996, pp. 285, 289; José de Jesús Covarrubias Dueñas, Mariano Otero Mestas, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, dos vols.).

365 Ramón Talancón fue diputado en 1846 en Zacatecas por el partido de la capital, cargo al que renunció en 1847 con el argumento de que debido a negocios particulares no podía brindar el tiempo necesario. En tanto, Casiano González Veyna fue fiscal de la 2a Sala del Tribunal de Zacatecas a partir de 1843 (J. Rodríguez de San Miguel, op. cit., pp. 71-160; Decreto del 2 de marzo de 1843 sobre “Nombramiento de magistrados de los tribunales superiores”, en Dublán y Lozano, op. cit., p. 391).

366 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 15 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

367 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Kerrison y Cía.”, 15 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

368 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 19 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

369 Idem.

370 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 22 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

371 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 19 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

372 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan María Errazu a Francisco de Oteo”, 21 de noviembre de 1845, caja 124, exp. 697.

373 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan María Errazu a Francisco de Oteo”, 24 de noviembre de 1845, caja 124, exp. 697.

374 Luis de la Rosa, abogado nacido en 1805 en Pinos, Zacatecas, fue hijo de dueños de minas. Fue nombrado ministro de Hacienda el 29 de marzo de 1845 (Laura Suárez de la Torre, “Luis de la Rosa, ministro de Hacienda”, en Leonor Ludlow (coord.), Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), t. I, México, UNAM, 2002, p. 275.

375 De seguro se trata de la obra escrita por Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia.

376 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 26 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

377 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 26 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Juan María Errazu a Francisco de Oteo”, 1 de diciembre de 1845, caja 124, exp. 697.

378 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo [en Salinas] a Juan María Errazu [en San Luis]”, 27 de noviembre de 1835 [sic, debe decir 1845], caja 122, exp. 692.

379 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 3 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

380 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en Zacatecas) a Joaquín María Errazu”, 5 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

381 Idem.

382 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en Zacatecas) a Joaquín María Errazu”, 9 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

383 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan ME”, 17 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

384 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Kerrison y Cía. (en Zacatecas) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 2 de febrero de 1846, caja 127, exp. 710.

385 Luis Gutiérrez Solana fue diputado en el congreso general en 1842, senador en 1851 y juez de distrito en Aguascalientes en 1868 (Juan A. Mateos, Historia parlamentaria de los Congresos mexicanos, México, Imprenta de El Partido Liberal, 1893; ascjn, Libro de Actas de la Suprema Corte de Justicia, 1851; ANG, Secretaría de Justicia, vol. 8, exp. 27, 1868).

386 Alejo Barreiro fue, junto con Ramón Alcáraz, José María Castillo, Félix María Escalante, José María Iglesias, Manuel Muñoz, Ramón Ortiz, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Napoleón Saborio, Francisco Schafino, Francisco Segura, Pablo M. Torrescano y Francisco Urquidi, uno de los autores del libro Apuntes para la historia entre México y los Estados Unidos, publicado en México por Manuel Payno hijo en 1848. Esta publicación se ganó la animadversión de Antonio López de Santa Anna, quien en 1854 mandó recoger y quemar la obra, cuyos autores fueron despedidos de sus cargos públicos (ANG, Gobernación, vol. 433, exp. 11, 1854).

387 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 8 de julio de 1846, caja 127, exp. 709.

388 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 10 de julio de 1846, caja 127, exp. 709.

389 Pedro Barajas, además de religioso, fue un político importante, pues hacia 1844 presidió la Asamblea Departamental de Jalisco y llegó a figurar como diputado al Congreso General. Es probable que su relación personal con Santa Anna influyera en su designación como primer obispo de San Luis Potosí. Desde mediados de 1853, se planificaba la erección de la diócesis, lo que ocurrió el 31 de agosto de 1854. El 30 de noviembre de ese mismo año, Barajas fue preconizado y llegó a San Luis Potosí en abril de 1855 para asumir el cargo (P. F. Velázquez, op. cit., pp. 561 y 598-600).

390 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 10 de julio de 1846, caja 127, exp. 709. Cayetano Rubio envió a Joaquín Errazu copia del párrafo de la carta enviada por Solana (en Zacatecas) al general Barreiro (en México).

391 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Juan ME (en San Luis Potosí)”, 28 de noviembre de 1846, caja 127, exp. 708.

392 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Pantaleón Muñoz (diputado de minería en Villa de Ramos)”, 16 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

393 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Joaquín María Errazu”, 20 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

394 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 12 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

395 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo a Juan María Errazu”, 2 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

396 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Faustino Carranza (administrador de la Hacienda de Espíritu Santo)”, 24 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

397 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Joaquín María Errazu”, 22 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

398 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Joaquín María Errazu”, 27 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

399 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de José Gregorio Sánchez, juez de primera instancia del mineral de Pinos a Francisco de Oteo (administrador de Salinas)”, 28 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

400 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Francisco de Oteo (administrador de Salinas) a Joaquín María Errazu”, 1 de julio de 1845, caja 123, exp. 694.

401 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en San Luis Potosí) a Cayetano Rubio (en la ciudad de México)”, 9 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695.

402 El acto de afianzar o asegurar el reparo o satisfacción del daño que puede sobrevenir (J. Escriche, op. cit.).

403 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 3 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

404 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 28 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

405 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 14 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

406 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en San Luis Potosí) a Cayetano Rubio (en la ciudad de México)”, 9 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695.

407 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 21 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

408 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Francisco de Oteo (en Salinas)”, 26 de junio de 1845, caja 124, exp. 698.

409 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 2 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

410 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 5 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

411 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 5 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

412 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 19 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

413 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Juan María Errazu (en San Luis Potosí)”, 30 de agosto de 1845, caja 123, exp. 695.

414 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Juan María Errazu (en San Luis Potosí)”, 13 de septiembre de 1845, caja 122, exp. 691.

415 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Juan María Errazu (en San Luis Potosí)”, 27 de septiembre de 1845, caja 122, exp. 691.

416 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en México) a Juan María Errazu”, 18 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692.

417 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 22 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692.

418 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 25 de octubre de 1845, caja 122, exp. 692.

419 Idem.

420 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en San Luis Potosí) a Joaquín María Errazu”, 8 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 691.

421 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta del gobernador de San Luis Potosí José María Otahegui a Joaquín María Errazu”, 12 de noviembre de 1845, caja 123, exp. 694.

422 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto a Joaquín María Errazu”, 12 de noviembre de 1845, caja 123, exp. 695.

423 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 22 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

424 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Vicente de Busto (en Zacatecas) a Joaquín María Errazu”, 9 de diciembre de 1845, caja 122, exp. 693.

425 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en París) a Siro Alcain (en Salinas)”, 28 de noviembre de 1861, caja 183, exp. 938.

426 Ignacio Luis Vallarta, abogado y político, nació en Jalisco el 9 de octubre de 1830 y falleció el 30 de diciembre de 1893. Fue una autoridad reconocida en derecho constitucional, de ideas liberales. Diputado al Congreso Constituyente; durante la Guerra de Reforma fungió como secretario del general Ogazón, gobernador de Jalisco. Al inicio de la Guerra de Reforma, cuando Benito Juárez estableció la capital en San Luis Potosí, lo nombró gobernador de Jalisco, cargo que no ocupó. Emigró a Estados Unidos durante la Guerra de Intervención, y regresó a México en 1866. El 27 de junio de 1871 resultó gobernador de Jalisco. También fue ministro de Gobernación durante la primera administración de Porfirio Díaz, secretario de Relaciones y luego presidente de la Suprema Corte de Justicia, tras lo cual se dedicó a la vida privada (Alberto Leduc, Luis Lara y Pardo y Carlos Roum Angac, Diccionario de geografía, historia y biografía mexicanas, México / París, Librería de la Viuda de C. Bouret, 1910).

427 Ejecutoria de auto de 24 de septiembre de 1884, en el que se declaró competente este juzgado para conocer del pleito sobre propiedad y posesión de las lagunas del Carmen y Bajío del Toro o Tapado; Testimonio de un poder especial otorgado por C. Luis García en favor del señor don Macedonio Gómez, para los efectos que en él se expresan, Salinas, diciembre 31 de 1885; Antonio Delgado Rentería, sobre el amparo del secuestro de bienes en El Tapado, 1885. En 1886 algunos propietarios de fábricas de sal que radicaban en León, Soledad, Aguascalientes, Pinos y Salinas otorgaron poderes para negociar con Peñón Blanco la cesión de sus propiedades en El Tapado, y en 1887 varios desistieron de los demandantes que cedieron las fábricas en El Tapado (Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica Suprema Corte de Justicia de la Nación-San Luis Potosí, Expediente relativo al juicio plenario de propiedad y posesión promovido por los señores Errazu contra los detentadores de las lagunas salinas de Nuestra Señora del Carmen y del Tapado o Bajío del Toro (1880); ascjn, serie Asuntos Civiles, s. XIX, exp. 1537, caja 43, clave única 828025, 25 de junio de 1884; Ignacio Luis Vallarta, “Ocurso sobre una cuestión de competencia de tribunales” [1885], en Manuel González Oropeza, Ignacio Luis Vallarta. Archivo inédito. Volumen Vallarta jurista, México, Poder Judicial de la Federación-Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993, pp. 394-398; Ignacio Luis Vallarta, “Apuntes para la defensa de las Salinas del Tapado y Villa de Cos, Zacatecas” [1885], en Manuel González Oropeza, op. cit., pp. 403-411; Ignacio Luis Vallarta, Alegato presentado a la Suprema Corte de Justicia por licenciado Ignacio L. Vallarta pidiendo la revocación del auto de sobreseimiento pronunciado por el Juez de Distrito de Guanajuato, en el amparo interpuesto por los dueños de las Salinas del Tapado, contra los actos del Juez de Distrito de San Luis Potosí, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1885).

428 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 26 de noviembre de 1845, caja 122, exp. 692.

429 Ciriaco Iturribarría fue el autor de la “Memoria geográfica y estadística del Departamento de San Luis Potosí” en 1853, además de otros trabajos de importancia en el país y el estado de San Luis Potosí (Rafael Montejano y Aguiñaga, “Sobre la historiografía potosina”, Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, t. XXX, 1971-1976, pp. 138-174).

430 Joaquín María Errazu y María Guadalupe Rubio contrajeron matrimonio el 25 de febrero de 1838 en la ciudad de San Luis Potosí (Archivo de la Parroquia del Sagrario Metropolitano de San Luis Potosí, Libro de Matrimonios de 1838-1842, f. 4v, citado en Alfonso Martínez Rosales, “Cinco mexicanos y el Museo del Prado”, en Memoria. Museo Nacional de Arte, núm. 5, 1994, pp. 73-83).

431 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 22 de marzo de 1843, caja 117, exp. 672.

432 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 20 de septiembre de 1843, caja 116, exp. 670; AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Cayetano Rubio (en México)”, 27 de septiembre de 1843, caja 116, exp. 670.

433 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en Puebla) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 25 de marzo de 1845, caja 123, exp. 695.

434 Idem.

435 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu a Juan María Errazu”, 10 de abril de 1845, caja 124, exp. 696.

436 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 23 de abril de 1845, caja 123, exp. 695.

437 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 28 de mayo de 1845, caja 122, exp. 693.

438 AHSPB, Errazu, Administración, Cargo y Data, caja 112, exp. 654; AHSPB, Errazu, Administración, Cargo y Data, caja 126, exp. 703; AHSPB, Errazu, Administración, Cargo y Data, caja 128, exp. 713.

439 Idem.

440 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí) a Juan María Errazu (en Salinas)”, 2 de junio de 1845, caja 124, exp. 696.

441 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 25 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

442 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 11 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

443 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio a Joaquín María Errazu”, 25 de junio de 1845, caja 123, exp. 694.

444 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 12 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

445 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, pp. 304-306.

446 Idem.

447 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 19 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

448 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 23 de julio de 1845, caja 122, exp. 691.

449 Idem.

450 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 6 de agosto de 1845, caja 122, exp. 691.

451 Angot, Escribano Público Francisco de Madariaga, notaría 426, 10 de febrero de 1846, vol. 2869, ff. 66-71.

452 AHSPB, Errazu, Gobierno, Correspondencia, “Carta de Cayetano Rubio (en México) a Joaquín María Errazu (en San Luis Potosí)”, 6 de agosto de 1845, caja 122, exp. 691.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha mostrado que en la configuración de un territorio toman lugar diferentes elementos, unos con mayor peso específico que otros, pero que al final han sido fundamentales en la constitución de un espacio definido y controlado. La geografía, hasta cierta medida estática, posibilita en gran medida las actividades sociales y económicas que se desarrollarán dentro de ella. En el caso analizado, tanto los yacimientos de plata como la existencia de lagunas interiores de agua salada fueron un aspecto de suma importancia para el asentamiento de las primeras poblaciones españolas. La búsqueda de metales argentíferos y su posterior procesamiento por medio del método de amalgamación que requería de sal como uno de sus ingredientes principales fue un elemento latente desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Aquí se ha analizado tan sólo una parte de ese largo rango cronológico, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX.

En efecto, la localización de los yacimientos salinos y de las haciendas de beneficio fueron aspectos estáticos, el dinamismo vino desde el punto de vista social, durante el proceso de configuración del territorio, en este caso un territorio salinero que ejerció su influencia en los principales reales mineros de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, y en un periodo un tanto tardío en el actual estado de Hidalgo.

La división política tuvo varias transformaciones; en principio trazada en reinos, tuvo una importante transformación cuando transitó al sistema de intendencias a finales del siglo XVIII. Más tarde, tras la Independencia de México fueron creados los estados durante un primer régimen federal, para luego convertirse en departamentos durante el centralismo. Las Salinas del Peñón Blanco dejaron de pertenecer al Reino de la Nueva Galicia, cuya capital era la ciudad de Guadalajara, para depender de la intendencia de San Luis Potosí, a cuya capital estuvieron sujetas desde entonces y hasta el presente, pues la creación del estado de San Luis Potosí y del departamento del mismo nombre no modificaron su adscripción. Las Salinas del Peñón Blanco, en tanto empresa salinera, tuvo su sede en el pueblo del mismo nombre. Este asentamiento tuvo varias categorías y jurisdicciones territoriales: alcaldía mayor, cabecera de partido, comandancia militar y cabecera municipal; en suma, formó parte de un sistema político, administrativo y económico de larga duración.

Como se ha visto, los principales clientes de Peñón Blanco fueron los centros mineros de Zacatecas, de manera que los administradores de la salinera privilegiaron a sus mejores clientes en los episodios de escasez, tanto durante la Colonia como durante la época independiente por encima de los potosinos. Al respecto, cabe una pregunta aún sin responder: ¿por qué, siendo la minería de Zacatecas más importante en términos de consumo de sal que la de San Luis Potosí, las Salinas del Peñón Blanco —equidistante de ambas capitales—, no terminaron perteneciendo a aquel estado? Sin embargo, queda claro que el territorio era conocido y controlado tanto por la monarquía como por el gobierno independiente, tal como lo mostraron las autoridades cuando buscaron abastecer de sal a las minas del norte de la Nueva España desde las salinas de las costas del golfo de México y del Pacífico durante los años de escasez.

Las circunstancias que se vivieron en las Salinas del Peñón Blanco durante el virreinato no carecían de problemas, pero había claridad en quién y cómo debía administrarlas. La jurisdicción de las instituciones no creaba confusiones, pues se sabían con certeza los ámbitos que pertenecían al virrey, a los funcionarios de la Real Hacienda, al intendente de San Luis Potosí y al subdelegado de las Salinas. Circunstancias diferentes ocurrieron durante la primera mitad del siglo XIX, ya que persistían instituciones fundadas durante la Colonia en el contexto de las reformas borbónicas, en particular las diputaciones de minería que fueron el antecedente de los juzgados de minería establecidos en 1843, pero que en la práctica funcionaban sobre las bases establecidas en las ordenanzas de minería de 1783. La existencia de una legislación rezagada, modificada hasta bien entrado el siglo XIX, puede mostrar dos cosas: la eficiencia del régimen virreinal o las dificultades de integración por parte de los gobiernos independientes, federalistas y centralistas, ambos republicanos. En los años inmediatos a la Independencia estas leyes funcionaron, pero a inicios de la década de 1840 mostraron los vacíos legales que no habían sido subsanados.

Tras una observación de conjunto al periodo y los hechos analizados, resaltan los conceptos de capitalidad y centralidad, que, aunque no siempre explícitos como tales en el discurso de la época, se tornan evidentes en el análisis cartográfico, político, económico y administrativo. Las ideas de capitalidad y centralidad estuvieron siempre presentes en la organización territorial a finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. En primer lugar, estuvo la capital de la Nueva España, después las capitales de las intendencias y luego las cabeceras de las provincias. En el periodo independiente se mantuvo el patrón con una capital de la república, las capitales de los estados y las cabeceras de los ayuntamientos. Sobre esa jerarquía territorial se definió una red administrativa, política, económica y social. Ciertamente, las estructuras del federalismo y el centralismo se articularon sobre las establecidas por la monarquía española, aunque con ciertas variantes.

El tema de la propiedad muestra ser un aspecto fundamental para el análisis territorial, puesto que una propiedad pública se tornó propiedad privada en medio de un debate vigoroso que ocupó a políticos y empresarios. En el caso aquí analizado se observa la transición de una empresa que pasó de ser propiedad real a propiedad nacional, mediante una ley que clasificó las rentas de la república. Después, esa propiedad nacional se convirtió en propiedad particular al haber sido vendida por el gobierno centralista en búsqueda de efectivo, el cual obtuvo por medio de prestamistas y de la venta de bienes nacionales, entre otros. La venta de bienes nacionales permitió al gobierno contar con flujo de efectivo, pero le impidió mantener ingresos permanentes por arrendamiento. En el caso de Peñón Blanco, incluso los impuestos dejaron de ser una fuente de ingresos, pues el “privilegio fiscal” también había sido trasladado al comprador.

La política adoptada fue la de ceder el dominio de las propiedades nacionales a los particulares, aunque sin perder el derecho de intervenir y regular tanto la producción como la distribución de los insumos, tal como se observa en el interés del gobierno general por garantizar el abastecimiento de la sal para la minería de la plata a un precio bajo y estable, y fomentar así este giro. Para las Salinas del Peñón Blanco, todo indica que hubo un momento de transición en el cual aún se pretendía preservar la prerrogativa de regular las actividades económicas desde el gobierno general frente a la libertad que buscaban tanto los gobiernos locales como los particulares. Mientras que el gobierno general reclamaba el derecho de usufructo, los gobiernos locales y los grupos regionales reclamaban su beneficio por estar dentro de sus jurisdicciones territoriales.

Destacan en este punto las posturas adoptadas por los gobiernos de Zacatecas y de San Luis Potosí. Durante los primeros años después de la venta de las Salinas del Peñón Blanco, ambos se mostraron de manera abierta en contra de la misma; sin embargo, hacia 1845 el gobierno de Zacatecas matizó sus opiniones. Su política dejó de ser opuesta a la venta de la salinera, y comenzó a reclamar y a apoyar la libre explotación de la sal con miras al fomento de la minería en general, al contrario del gobierno de San Luis Potosí, que buscaba recaudar ingresos por medio de impuestos, por lo que mantuvo su postura de que Peñón Blanco pertenecía a la renta nacional, y que por lo tanto debía pagar su contribución.

En el nuevo entramado institucional coexistían un gobierno general, los gobiernos de los estados y departamentos, y las diputaciones mineras. En este sentido, se distingue una construcción de instituciones jerarquizadas que funcionaron de manera efectiva, tales como las diputaciones de minería, que eran las que regulaban la actividad, a lo que hay que añadir las múltiples voces de políticos y empresarios de la minería. Los particulares habían comenzado a cobrar cierta relevancia, distinta y mayor a la del anterior régimen monárquico. Cobraron particular importancia las relaciones personales y de negocios que tuvieron Cayetano Rubio y Joaquín Errazu, ambos empresarios y prestamistas que de continuo apoyaron a los gobiernos en turno, tanto federales y centralistas como de los estados y departamentos. Sus aportaciones en efectivo estuvieron siempre respaldadas con lucrativos negocios, lo que les redundó en beneficios económicos. Su constante apoyo al gobierno también les redundó en la creación de una amplia red de relaciones políticas, pues ambos se mantuvieron estrechamente vinculados con los más altos funcionarios: jueces, ministros, diputados, gobernadores, militares y presidentes.

El éxito de sus estrategias para defender la propiedad de las Salinas del Peñón Blanco muestra a detalle los elementos que tomaron lugar en la conformación del territorio salinero: intereses públicos e intereses privados. Se valieron de sus relaciones a todos los niveles, contrataron abogados para iniciar litigios y para realizar la redacción de los panfletos que publicaron en la prensa. Intervinieron en las políticas de los gobiernos locales al buscar el apoyo de los opositores de dichos gobiernos y hacerles frente a sus estrategias de fomento. Lograron obtener órdenes de los ministros de hacienda o de los juzgados federales para frenar la injerencia de los tribunales locales y de las diputaciones de minería.

El flujo de información da cuenta de la estructura de la empresa analizada y de la organización que tuvieron los empresarios para armar sus estrategias. La correspondencia muestra la habilidad para moverse política y económicamente en los ámbitos local y nacional. Mientras que el administrador de la Salinas del Peñón Blanco vigilaba las acciones de los mineros y salineros, Joaquín Errazu y Cayetano Rubio negociaban con el gobierno general, ya fuera con el presidente, con el ministro de Hacienda, con los diputados o con los senadores. Su hermano Juan María Errazu se encargaba de los asuntos legales en San Luis Potosí y Zacatecas. Aunque las tensiones entre Errazu y Rubio —socios y parientes políticos— estuvieron siempre presentes, lograron mantener su unidad para proteger sus negocios.

Cabe hacer una reflexión en torno a la importancia de la documentación perteneciente al Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco, base principal de esta investigación. Este archivo es muy vasto en cuanto a la cantidad de documentos e información, lo que expresa de alguna manera la importancia de la empresa y el esfuerzo administrativo que realizaron quienes estuvieron al frente de ella a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. La experiencia de haber revisado y organizado este archivo deja la fuerte impresión de que se trató de una empresa compleja, de grandes alcances económicos, políticos, sociales y desde luego territoriales, que no se agotan en el presente trabajo, sino que brinda innumerables posibilidades de análisis desde diferentes aristas dentro de un amplio rango cronológico.

La consulta de la correspondencia entre Cayetano Rubio, Joaquín Errazu y los administradores representó una oportunidad que pocas veces se tiene, puesto que fue posible introducirse en la intimidad de la correspondencia privada, donde el lenguaje es más llano y directo, y la información más confiable y abundante en tanto que partió de una interlocución hecha con confianza y cercanía. Hubo casos en que Cayetano Rubio pidió a Joaquín Errazu que destruyera la carta después de haberla leído para evitar fuga de información valiosa, indiscreciones de los empleados o que no trascendiera el nombre de quienes los beneficiaban, cosa que evidentemente no hizo. Así, se distingue de manera directa un intenso y efectivo cabildeo que colocó a los dueños de Peñón Blanco entre la política y los negocios, inmersos entre intereses políticos y económicos, en donde se pedía, se brindaba o recibía apoyo en múltiples negociaciones.

A lo largo de esta investigación fue posible identificar un territorio bien acotado, y si bien al principio del periodo en estudio no se contaba con un plano que definiera sus linderos, las propias descripciones, los usos y costumbres, así como las actividades que se desempeñaban dentro de él, contribuyeron para definir las fronteras y las jurisdicciones. Este territorio sufrió ligeras modificaciones al paso de los años, al grado de que durante el periodo independiente, ya cuando las Salinas habían sido privatizadas, los nuevos dueños lo tomaron como punto de partida para definir su propia territorialidad, plasmarla en un mapa y reclamarla como propia.

Parte de la importancia de este trabajo reside en el hecho de que se contrastan dos regímenes con sus políticas y leyes particulares: la monarquía española, que mantuvo bajo su control el ramo de la sal, frente a los regímenes federalista y centralista del periodo independiente, cuando se privatizaron las Salinas. Por otra parte, además de los estudios sobre el territorio, la investigación abona a los estudios sobre redes sociales, la minería, la economía y la administración de la nación.

GLOSARIO453

Alcabala: impuesto sobre ventas.

Arriero: el que conduce mulas cargadas de un lugar a otro.

Asoleadero: lugar para sacar sal.

Bajío o playa: depresión inundada estacionalmente en cuencas interiores sin desagüe al mar.

Cristalillo: sulfato de sodio o de mangesio.

Denuncio: declaración de reclamos de tierra o recursos minerales.

Era: cristalizador o piso de un cristalizador de sal.

Fábrica: unidad de producción para obtener sal solar.

Hacienda de beneficio: planta de refinación de la plata.

Ojo de agua salada: manantial de agua salada.

Pila (pileta): cristalizado de sal.

Pozo: agujero profundo hecho en la tierra para sacar salmuera.

Sal de beneficio: sal obtenida por métodos más elaborados que la simple eflorescencia natural.

Sal de espejuelo: sal de grano pequeño.

Sal espumilla: pequeñas laminillas de sal que cristaliza en la superficie de los estanques o lagunas, al evaporarse el rocío.

Sal grano: sal cristalizada en granos.

Salina: lugar en donde se puede producir sal.

Salitre: El salitre es un compuesto y eflorescencia salina de diversa composición. Se ha utilizado como alimento barato de ganado dado su valor nutritivo, que resulta de su contenido de vestigios minerales.

Salmuera: agua saturada de sal.

Saltierra: Tierra impregnada de sal. Término utilizado entre los siglos XVIII y XIX. Se trata de una sal impura utilizada en el beneficio de los minerales de plata.

Tequezquite: El tequezquite (término de origen náhuatl utilizado entre los siglos XVI y XIX) es una mezcla de varias sales de sodio, con impurezas de material orgánico. Incluye una gran variedad de eflorescencias salinas con un alto contenido de carbonato de sodio. Se utilizó en la refinación de minerales de plata. Se distinguen la espumilla, confitillo, cascarilla y polvillo.

Notas:

453 U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, p. 348, notas 2 y 3; F. Langue y C. Salazar-Soler, Diccionario de términos…, op. cit., p. 576.

MEDIDAS454

UNIDADES MONETARIAS

Plata:

1 peso = 8 reales/tomines = 96 granos = 272 maravedíes.

1 real de vellón = 12 granos = 272 maravedíes.

1 ducado = 1 peso, 3 reales, 4 granos.

1 patacón = 1 peso de plata (N.R.G.).

1 escudo = 2 pesos = 16 reales = 192 granos = 544 maravedíes.

Oro:

1 marco = 136 pesos.

1 doblón = 4 escudos = 8 pesos.

1 = onza = 8 escudos = 16 pesos.

1 peso de oro común: 8 reales/tomines, cada uno con un valor de 34 maravedíes.

1 peso de a ocho = 272 maravedíes.

UNIDADES DE PESO Y VOLUMEN

1 adarme = 1/16 onza.

1 almud = 7 litros, 56 centilitros = 7.567907 litros = 1/24 parte de una carga de semillas o áridos.

1 arroba = 25 libras = 11.5 kg. Variaba según las regiones (Chile 11.503 kg, Argentina 11.484 kg, Cuba 11.506 kg, Venezuela 11.522 kg, Colombia —arroba granadina— 12.500 kg).

1 carga de sal = 2 fanegas= 69 o 70 kg aprox.

1 carga = 3 quintales = 138.074 kg más o menos = 220 litros = 14 arrobas (Guanajuato). Otras fuentes indican 1 carga = 12 arrobas.

1 carga de mineral = 81 libras.

1 carga mayor = 25 quintales.

1 cuerpo (Guanajuato) = 4 montones, o sea, 120 quintales.

1 cuartillo = 0.456264 litros.

1 fanega de sal = 35 kg aprox.

1 marco = 8 onzas (aproximadamente 230 gramos de plata).

1 montón de mineral = 32 quintales = 0.94 cargas. Puede ser de 20 o 40 quintales, e incluso 80 (900 a 1 800 kg en Zacatecas y Sombrerete, o sea, 20 quintales; en Fresnillo, Zacatecas, era de 18, en Guanajuato es de 30/35 quintales; en Bolaños, de 18; en Taxco y Sultepec, de 30).

1 libra = 16 onzas = 460 gramos.

1 quintal = 4 arrobas = 100 libras = 46.025 kg.

1 tercio = Nueva España / Catorce: fue igual a seis arrobas, o sea la carga de un tenatero. N.R.G. La carga era de 200 libras, fue el tercio de 4 arrobas.

1 topo = medio cajón o sea 25 quintales.

UNIDADES DE LONGITUD

1 codo = 40 cm.

1 cordel = 50 varas.

1 estado = tres varas (Nueva España).

1 legua = 20 000 pies = 5572.7 m. Algunas fuentes señalan que se trata de una medida itineraria cuya mangitud podía variar de lugar a lugar, y se calculaba según lo que de manera regular se recorría en una hora.

1 línea = 12 mm = 1/2 pulgada = 12 puntos.

1 palmo = El ancho de una mano con los dedos extendidos, la cuarta parte de una vara o yarda española, de 0.84389 m y que en Argentina es hoy de 0.8667 m.

1 pie = 278 mm = 1/3 vara.

1 pulgada = 25 mm.

1 vara = 836 mm.

Notas:

454 F. Langue, op. cit., pp. 655-656; U. Ewald, La industria… op. cit., 1997, pp. 289-293; C. Robelo, op. cit.; Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso, Madrid, Real Academia Española / Joachín Ibarra, 1780; y Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española, Madrid, Real Academia Española / Imprenta Real, 1817.

ANEXOS

PRODUCCIÓN DE SALTIERRA DEL 4 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DE 1794. LAGUNA PRINCIPAL DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO455

Periodo de cosecha

Producción en fanegas y almudes

Acumulado en fanegas y almudes

Comentarios del intendente

Del 4 al 28 de febrero

131 0884.6

131 0884.6

“Prodigiosa cosecha”

Del 28 de febrero al 14 de marzo

70 502

202 386.6

“Asombrosa cosecha” de buena calidad

Del 15 al 21 de marzo

43 723

246 109.6

Del 21 al 28 de marzo

37 813

283 922.6

Del 29 de marzo al 3 de abril

43 142.6

327 065

“Saltierra de buena calidad”.

Del 5 al 11 de abril

34 691.6

361 756.6

“Y aunque no hay ejemplar de cosecha tan abundante, aún siguen las esperanzas de mayor aumento, porque las lluvias han desaparecido, y los vientos no son tan recios ni frecuentes”

Del 12 al 25 de abril

37 441

399 197.6

“Asombrosa cantidad”.

Del 26 de abril al 2 de mayo

31 130

430 527.6

“Exorbitante cantidad de que no ha habido ejemplar”

Total recolectado en 54 montones y 3 galeras

430 659.6

Notas:

455 ANG, Salinas, vol. 1, exp. 12, ff. 471-486 f y v, 1794.

ESCRITURA DE VENTA DE LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO, 29 DE OCTUBRE DE 1842456

Un sello con las armas nacionales que dice.-Sello 1º ocho pesos.-Años de 1850 y 1851.-Al margen corregido.- Señor alcalde 1º.- Joaquín María Errazu, propietario de las Salinas del Peñón Blanco, ante V. de la manera más oportuna; parezco y digo: que conviniendo a mi derecho se me compulse por ese Juzgado, copia legalizada del documento de adquisición, que exhibo con el juramento correspondiente, a la justificación de V. he de merecer, que previa citación del síndico procurador del I. Ayuntamiento, se sirva hacer se me dé, la citada copia, con los insertos conducentes.-Por tanto.- A. V. suplico provea como pido por ser de justicia.-Juro etc. Salinas del Peñón Blanco, noviembre 25 de 1850.-Joaquín María Errazu.-Salinas, noviembre 25 de 1850.-Como se pide en el anterior ocurso, y al efecto cítese al Síndico procurador del M. I. Ayuntamiento.-Policarpo López, Alcalde 1º Constitucional así lo proveyó y firmó. Doy fe.- Policarpo López.- A. Carlos Angulo.- A. Juan López.-En el mismo día siendo presente don Trinidad Pérez, Síndico Procurador del M. I. Ayuntamiento de esta Municipalidad, en su persona le hice la citación prevenida en el decreto anterior, y en su inteligencia firmó conmigo, y los testigos de mi asistencia.- Doy fe.- López.-Trinidad Pérez.- A. Carlos Angulo.- A. Juan López.- En la Ciudad de México a 29 de octubre de 1842: ante mí el escribano público del número y testigos los señores don Tranquilino de la Vega y don Nicolás María Fagoaga, actuales ministros de la Tesorería General de la Nación, a los que conozco, dijeron: que por el ministerio de hacienda se les libró la suprema orden que tengo a la vista y cuyo tenor es el siguiente. Ministerio de Hacienda sección primera, no. 1106. Don Cayetano Rubio, vecino de esta capital ante V. E. con el debido respeto hago presente, que don Joaquín María Errazu, de San Luis Potosí, tiene arrendadas en aquel Departamento las salinas nombradas del Peñón Blanco, con todas sus anexas, en la cantidad de 18 250 pesos anuales, en que las remató en hasta pública. Posteriormente el mismo señor Errazu facilitó al supremo gobierno la suma de 152 000 pesos en dinero efectivo y con hipoteca especial de dichas Salinas y del importe de su arrendamiento. Los premios anuales del expresado capital, ascienden a 21 240 pesos; resultando que la Hacienda Pública tiene que pagar al señor Errazu cada año, 2 990 pesos para el completo de sus premios. Para evitar al erario este gravamen, propongo a V. E. lo siguiente. Compraré las citadas salinas con todos sus terrenos, casas, trojes, lagunas, y cuanto les sea anexo, por la cantidad de 304 166 pesos 5 reales 8 granos, que es el capital que corresponde, al rédito de 6 por ciento anual, con arreglo al arrendamiento que ahora pagan, y que es el máximum, que se ha pagado. De esta suma entregaré en dinero efectivo al señor Errazu, el capital que corresponde, de 152 000 pesos con arreglo a las escrituras que le tiene otorgadas la Hacienda Pública; 5 000 pesos en la Tesorería General, y además lo que alcanza por los premios vencidos, hasta el día 15 del presente mes, luego que la Tesorería General liquide su cuenta con el apoderado del repetido señor Errazu y el resto hasta el completo de los 304 166 pesos 5 reales 8 granos, lo entregaré en dicha Tesorería General en créditos reconocidos contra la Hacienda Pública, en el término de ocho meses, sin que se me exija otra cantidad alguna por ningún gasto. Me obligo además a satisfacer al señor Errazu, cuanto tenga que reclamar por los derechos, que le conceden las escrituras de su arrendamiento y reconocimiento de capital y existencias que tenga. Igualmente me comprometo a seguir dando a los mineros las sales que produzcan aquellas lagunas, a los mismos precios y con iguales plazos que hasta ahora, para no perjudicar en lo más mínimo la minería. En cualquiera tiempo que sea molestado en la quieta y pacífica posesión de dichas lagunas; el Supremo Gobierno se obligará a sanearme la propiedad de dichas salinas y a indemnizarme de todas las mejoras que haya hecho a juicio de peritos, y también de todos los gastos y perjuicios que se me hubieren originado. Se procederá inmediatamente por la Tesorería General a liquidar las cuentas con el apoderado del señor Errazu, y pagado que sea éste de todo su alcance, se extenderá la correspondiente escritura de venta por dicha Tesorería a mi favor. V. E. me permitirá llame su respetable atención, sobre las grandes ventajas que va a obtener la Hacienda Pública, a saber: el ahorro de un desembolso anual de 3 000 pesos, el pago al señor Errazu, de un capital de 152 000 pesos cuyo término está para cumplirse. Lo que se le adeuda al mismo por sus alcances anuales y últimamente el amortizar una suma como de 135 000 pesos de la deuda pública, dejando a los mineros asegurada la compra de las sales con iguales ventajas, que las que hasta aquí han disfrutado. A V. E. suplico tenga a bien admitir mis propuestas, por ser justas y muy ventajosas al erario nacional; en lo que recibiré merced. México, octubre 10 de 1842. -E. S.- C. Rubio-. Y habiéndose servido aprobar el E. S. Presidente provisional la inserta proposición: lo comunico a Usías de suprema orden, para los efectos correspondientes, bajo el concepto de que, dispone así mismo S. E. que hagan Usías las prevenciones oportunas a los Tesoreros Departamentales respectivos, para que el comprador cumpla exactamente con la cláusula tercera de su propuesta, por la cual se compromete a vender a los mineros las sales que produzcan las lagunas a los mismos precios y con iguales plazos, que hasta ahora, para no perjudicar en lo más mínimo a la minería. Dios y libertad. México, octubre 10 de 1842. — Trigueros- Sres. ministros de la Tesorería General.- Que el tenor del billete de entero y decreto consiguiente es el que copio.- Tesorería General.- Billete 1742.- Folio 493.- Salinas del Peñón Blanco.- Cárguense 169 837 pesos 1 real 10 granos que entera don Cayetano Rubio, por cuenta de 304 166 pesos 5 reales 8 granos en que ha contratado con el Supremo Gobierno, la compra de las Salinas del Peñón Blanco, con condición de satisfacer a don Joaquín María Errazu, arrendatario de ellas, en pesos fuertes los préstamos hechos por dicho Errazu al supremo gobierno, en enero del año pasado de 1839 con hipoteca de dichas Salinas, y expresa condición de ser reintegrado de esta manera, siempre que se verificara su venta, por cuya razón se ha hecho este entero en efectivo numerario; y amortizado a Errazu sus créditos según la póliza no. 1650; todo con arreglo al contrato celebrado en 10 del presente mes, que original obra en dicha póliza; siendo de advertir que los 134 329 pesos 3 reales 10 granos que faltan para el completo del precio estipulado por las salinas, deben enterarse en créditos, en el término de ocho meses, los que quedan caucionados a nuestra entera satisfacción.- Ciento sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos, un real diez granos. México, octubre 29 de 1842.- Fagoaga.- Tesorería General.- México octubre 29 de 1842.- En virtud de haber enterado don Cayetano Rubio, la parte que corresponde de numerario por el contrato hecho con el supremo gobierno en diez del presente, sobre compra de las Salinas del Peñón Blanco; pase al escribano para que extienda la correspondiente escritura, con inserción de la suprema orden relativa y del billete de entero.- Vega.- Fagoaga.- Que en consecuencia de todo lo referido los expresados señores ministros, cumpliendo con lo que se les previene en la inserta suprema orden, venden en venta real de hoy para siempre, al señor don Cayetano Rubio y los suyos, las mencionadas Salinas del Peñón Blanco, con toda sus anexas y los linderos que hoy tienen, sus entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres, terrenos, casas, trojes, lagunas, y cuanto le sea anexo, y de derecho les toca, y pertenece, al señor don Cayetano Rubio y los suyos, en precio y cuantía de 304 166 pesos 5 reales 8 granos, que es la cantidad convenida con el Supremo Gobierno, y lo que únicamente vale según los fundamentos de la postura inserta y aprobada, teniendo además presente el notorio beneficio al erario nacional, de fijar esta venta en el máximum del capital considerado por el arrendamiento en que han estado dichas salinas, porque se extingue el rédito del capital que reportaban y se evita el goce que el arrendatario debía tener de ellas al fin de su contrato y por el término de un año, sin pagar renta, según lo expresamente estipulado en la respectiva escritura, a que se remiten y fue otorgada en la ciudad de San Luis Potosí a 26 de agosto de 1836, ante el licenciado Chico Sein, juez de distrito de aquella ciudad: que desisten y apartan a la Nación del derecho y señorío, que hasta ahora ha tenido a dichas Salinas, y lo transmiten en el señor comprador con todos los privilegios que goza el fisco, dándole como le dan el poder y facultad necesaria, para que sin necesidad de títulos por no haber algunos, tome posesión judicial o extrajudicial de dichas Salinas, y de lo que les pertenece con sólo la copia de esta escritura, o a virtud de la orden que por la misma Tesorería General se libre al efecto. Así mismo declaran que las expresadas Salinas hoy se hallan libres de gravamen, pues el que tenían a favor de don Joaquín María Errazu, y del que se hace mención en la inserta suprema orden, queda cancelado sin efecto alguno contra la Hacienda Pública, siendo únicamente responsable de su pago el señor Rubio. Y como reales vendedores a nombre del Supremo Gobierno lo obligan a la evicción, seguro y saneamiento de esta venta, en tal manera que ninguno la tratará de anular, ni saldrá tercero que mejor derecho represente, y si saliere y pleito se la pusiere, lo tomará por su cuenta la Hacienda Pública y lo seguirá por todas sus instancias, hasta dejar al señor interesado en quieta y pacífica posesión de dichas Salinas, y si no lo pudiere hacer, lo indemnizará en el acto y en dinero efectivo del precio total de esta venta, y además, de todas las mejoras que haya hecho a juicio de peritos, y también de todos los gastos y perjuicios que por ellas se le hubieren ocasionado, bien y llanamente sin contienda ni figura de juicio y de haberla; con las costas y perjuicios de la cobranza. Y estando presente el referido señor don Cayetano Rubio, a quien conozco, habiendo oído y entendido el tenor de esta escritura, dijo: que la acepta como ella es y se contiene, y se obliga a entregar al referido señor Errazu las cantidades de que trató en la propuesta aprobada por el Supremo Gobierno, con que da principio esta escritura, libertando a la Hacienda Pública de toda responsabilidad sobre el particular, y además, como apoderado que es del propio señor Errazu por el que le otorgó en la ciudad de San Luis Potosí a 26 de agosto de 1841, ante el escribano público nacional don Mariano Vega, para cobranzas, cuentas, transacciones, compromisos en arbitrios, tomar cantidades a réditos, ventas, esperas pleitos con libre, franca y general administración, y facultad de sustituir, el que asegura no estarle revocado, ni en manera alguna limitado, cuyo poder doy fe haber visto, y que bastanteado, corre agregado al expediente respectivo en esta Tesorería General; otorga dicho señor Rubio que da por fenecidas y canceladas cuantas responsabilidades pudieran resultar contra la Hacienda Pública en razón de arrendamiento y contrato celebrado con el propio Errazu, de que va hecha mención, sobre lo que presta por su representado voz y caución de rato et grato judicatun solvi a manera de flauza. Y a la guarda firmeza y cumplimiento de esta escritura obligan los señores ministros los haberes de la Hacienda Pública y el señor Rubio sus bienes presentes y futuros, y con todos se someten a los tribunales y jueces competentes para que, a lo dicho lo compelan y apremian, como si fuera por sentencia consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, con las renuncias de leyes favorables en derecho necesarias: y firmaron, siendo testigos, don Manuel Bracho, don Felipe Díaz, y don Francisco González, de esta vecindad; de que doy fe.- Tranquilino de la Vega.- Nicolás María de Fagoaga.- Cayetano Rubio.- Ramón Villalobos, Escribano Público.- En esta fecha y en el protocolo de la Tesorería General que es a mi cargo, otorgaron los señores ministros de la misma oficina, de suprema orden, escritura de venta de las Salinas del Peñón Blanco con toda sus anexas, terrenos, casas, trojes, lagunas, y cuánto les pertenece; a favor del señor don Cayetano Rubio, en precio de 304 166 pesos, 5 reales 8 granos, sin ser de cuenta del señor comprador otra cantidad por ningún gasto. Y aunque de ninguna venta hecha por el Supremo Gobierno, en el ramo de temporalidades y otros, se ha cobrado alcabala ni contribución alguna, y no obstante de ser condición, que no ha de ser de cuenta del señor comprador gasto alguno, lo aviso a V. por lo que respecta al ramo de contribuciones directas, esperando se sirva darme la oportuna contestación.- Dios y libertad. México, octubre 29 de 1842.- Señor Administrador de contribuciones directas del Partido donde se hallan las Salinas del Peñón Blanco.- Administración principal de rentas del Departamento de San Luis Potosí.- Ha recibido esta recaudación principal la nota oficial de V. que con fecha 29 del próximo pasado dirige, a fin de instruirla de las circunstancias y condiciones, con que fue ejecutada por los señores ministros de la Tesorería General, la venta de las Salinas del Peñón Blanco, a don Cayetano Rubio, en precio de 304 166, 5 reales 8 granos, quedando entendida de que la presente comunicación de V. no lleva otro objeto sino dar conocimiento de esta venta a la recaudación, para los efectos consiguientes.- Lo que digo a V. en respuesta de su citada nota. Dios y libertad. San Luis Potosí, noviembre 11 de 1842.- P. de la Barrera.- Señor don Ramón Villalobos, escribano público de la capital de México.- Administración principal de rentas del Departamento de San Luis Potosí.- Con la nota de V. de 29 del próximo pasado he recibido la certificación que acompaña, por la que constan los términos y condiciones con que se verificó, por los señores ministros de la Tesorería General, la venta de las Salinas del Peñón Blanco situadas en este Departamento a don Cayetano Rubio; quedando entendido que dicha venta no ha causado derecho alguno de alcabala. Lo que digo a V. en respuesta, acusando el recibo correspondiente, según me encarga.- Dios y libertad. San Luis Potosí, noviembre 11 de 1842.- P. de la Barrera.- Señor don Ramón Villalobos, escribano público de la capital de México.- Señores ministros de la Tesorería General.- Conviniendo a mis intereses un testimonio de la escritura de compra de las Salinas del Peñón Blanco, que hice al supremo gobierno; suplico a Usías tengan la bondad de mandar que el secretario de esa Tesorería General lo extienda, cuyos costos pagaré.- A. Usías suplico, accedan a mi solicitud en lo que recibiré mereced.- México, junio 20 de 1845.-Cayetano Rubio.- Junio 20.- Dese al señor interesado.- Una rúbrica del señor Esnaurrízar.- Sacóse esta segunda copia para el señor don Cayetano Rubio, en virtud de lo mandado en el decreto inserto; y va en ocho fojas, la primera y ésta del sello 1º y las intermedias del cuarto: bienio corriente, siendo testigos don Platón Balderas, don Francisco Pozo y don Ramón Estanislao Villalobos, de esta vecindad, de que doy fe.- Manuel Orihuela, escribano público.- Aquí el signo.- Los escribanos que suscribimos.-Certificamos y damos fe que el signo y firma, con que se haya autorizado el anterior testimonio, es de puño y letra de nuestro compañero don Manuel Orihuela, escribano público de los del número de esta ciudad, y que así a éste como a todos sus escritos y semejantes, se les ha dado y da entera fe en juicio y fuera de él, por ser legal. Y a pedimento del interesado, por los efectos que haya lugar, damos la presente, sellada con el de nuestro nacional colegio, en la Ciudad de México, a 1º de septiembre de 1845.-Mariano Cabeza de Vaca.-Un signo.-Fermín Villalobos.-Otro signo.-Lugar del sello.-J. Peña.- Concuerda con el documento exhibido por el señor interesado, que obra en el archivo de la contaduría de esta negociación y se sacó para el uso del mismo señor tiene ocho fojas útiles, la primera y última del sello 1º y las intermedias del 3º que corresponden a su despacho; y el original a que me remito, se devolvió a la parte. Fueron testigos para su saca y corrección, don Dionisio Alonso, don Isidro Muñoz, y don Bernardo Gutiérrez, de esta vecindad. Salinas del Peñón Blanco, noviembre 30 de 1850.- Doy fe.- Policarpo López.- A. Carlos Angulo.- A. Juan López.

Notas:

456 Apuntes y documentos para esclarecer la cuestión de Salinas del Peñón Blanco y que sirven de contestación a las impugnaciones que se han hecho de las exposiciones dirigidas al Supremo Gobierno nacional por la Diputación y Gobierno de Zacatecas, con motivo de las cuales se dictó la suprema orden de 2 octubre de 1862. Zacatecas, Imprenta de Tostado y Villagrana, 1863, pp. 52-58. (Se conservan la ortografía y redacción de los originales en este documento y el siguiente. Las cursivas son de los originales. N. del E.).

CONTESTACIÓN DE LOS MINEROS DE ZACATECAS A CAYETANO RUBIO, 28 DE DICIEMBRE DE 1845457

Señores redactores del Observador Zacatecano. Muy señores nuestros. Suplicamos a ustedes se sirvan mandar publicar por vía de suplemento a su apreciable periódico, el siguiente comunicado.

En el alcance al Siglo XIX, número 1468 del viernes 5 del corriente, hemos visto un comunicado de don Cayetano Rubio, en el cual se muestra muy arrogante y desdeñoso con nosotros los mineros, al mismo tiempo que afecta mostrarse muy respetuoso y complaciente con el público y con las autoridades supremas, al uno porque le teme, y a las otras para seducirlas y halagarlas como lo tiene de costumbre, lo que no debe parecer extraño, porque semejante modo de proceder es propio de la astucia y la gazmoñería, a cuyas relevantes prendas debe el señor rubio sus negocios más brillantes en la carrera del agio, durante la bancarrota de nuestros gobiernos. Nosotros ni tememos, ni adulamos a nadie; y aunque el señor Rubio contara con un triunfo seguro y positivo en el interesante negocio de las sales, no por eso dejaríamos de sostenerle esta polémica, ni de combatirle sus avanzadas pretensiones, porque tenemos una profunda convicción de que ellas son en extremo perniciosas no sólo a la minería, al comercio y a la industria del Departamento, sino también a la nación de cuyos derechos pretende nuestro antagonista ser un apasionado defensor; pero veamos lo que la cuestión ha podido adelantar con la publicación del papel a que nos referimos.

El señor Rubio nos presenta muy ufano y cantando victoria, el dictamen del Consejo de Gobierno, en el que de acuerdo con sus pretensiones aquel cuerpo consultó: “que pudo dictarse legalmente la orden de 20 de julio del año pasado, para la suspensión de las obras en terrenos de la Hacienda de Cruces que emprendía don Matías Espinosa, para elaborar sal en los pozos y vertientes que denunció ante la diputación de Ramos, en cuya posesión no se observaron las esenciales prevenciones de la ordenanza, y cuya orden debe llevarse a cumplido efecto.”

En primer lugar no consta que el gobierno se haya conformado con este dictamen del Consejo. En segundo lugar, este dictamen invadió las facultades del poder judicial, porque a él están sometidos todos los negocios de que trata la ordenanza de minería, y si como el Consejo dice, la Diputación de Ramos no observó las esenciales prevenciones de la ordenanza, no toca a aquel cuerpo ni al gobierno supremo el declararlo, ni mucho menos considerando parte al mismo gobierno, como vendedor de las Salinas del Peñón Blanco, porque con este carácter carece ya de toda imparcialidad para resolver cualquiera cuestión relativa al mismo asunto. Aun suponiendo por un momento estancado el ramo de las sales, que es el argumento más fuerte y poderoso que ha podido hacerse hasta ahora, aunque no del todo concluyente, no hay la menor duda que este estanco no ha sido nunca tan general que pueda llamarse propiamente tal, porque él se ha contraído a las Salinas que el gobierno ha poseído especialmente y que ha dado en arriendo a los particulares: pues bien, cuando alguno, como por ejemplo don Matías Espinosa, denuncia una laguna salada contigua a las que el gobierno ha poseído y enajenado, es muy difícil que se trabe una cuestión entre el denunciante y el antiguo poseedor, esté queriendo confundir o ensanchar sus posesiones y aquel defendiendo su denuncio, fundado en que la cosa denunciada no pertenece al primer poseedor. En este caso hay una disputa; pero no gubernativa, sino puramente judicial, como cualquiera otra que pueda suscitarse sobre la adquisición de una mina de plata u oro, en cuyo caso si los derechos del antiguo poseedor son claros y evidentes, no hay cosa más sencilla que presentar sus títulos de adquisición para triunfar de su adversario; pero éste podrá también dentro de su territorio, contradecirlos y probar la equivocación o falsedad en que se apoye su contrario; mas querer que luego que se promueva una controversia de esta clase, no lo decida una persona imparcial y revestida de un carácter público, sino el gobierno supremo, el mismo que vendió la casa, sobre que hace recaer la disputa, y entretanto atropellar a las autoridades judiciales y defender la posición a viva fuerza, no sabemos en qué jurisprudencia pueda fundarse semejante modo de proceder, ni en qué sociedad regularmente organizada, pueda tolerarse que se obre así por un particular.

En un solo caso con concurrencia de porción de requisitos, creemos que sería enteramente ajeno de la autoridad judicial, el mezclarse en negocios de esta clase. Esto sería cuando el estanco del ramo de las sales fuera tan absoluto y general que nadie pudiera hacer ningún denuncio; pero la prueba perentoria de que el estanco de que se trata no es tan absoluto y general como se pretende, es que el artículo 15 título 13 de las Ordenanzas de minería dice a la letra: “Los pozos de agua salada y venas de sal gema que suelen hallarse en algunas provincias minerales y territorios de las minas se podrán denunciar, debiendo ponerse el mayor cuidado y atención en verificar estos descubrimientos, sin que por ningún juez ni particular se pueda impedir. Si hay disputa sobre estos denuncios, toca oírla y dirimirla al tribunal de minería donde ella se promueva, con total arreglo a los artículos 2º y 4º título 3º de las ordenanzas del ramo”; y nosotros desafiamos al señor Rubio para que nos pruebe con otra ley contraria a estas disposiciones, que toca exclusivamente al supremo gobierno el conocimiento de dichos denuncios. Ya parece que vemos al señor Rubio que se nos viene reprochándonos una falta grave, y es que nos hemos desentendido de la parte que omitimos trasladar del citado artículo 15 título 13, la cual parte vista por lo más interesante al señor Rubio, pone la condición de dar cuenta de los descubrimientos y denuncios al superior gobierno; ¿pero qué superior gobierno es éste? He aquí una cuestión que nosotros no queremos pasar por alto. En tiempo del gobierno español, es decir en tiempo de una monarquía, no hay duda de que era el gobierno del virrey; pero hoy que en lugar de monarquía tenemos una República, aunque sea en el nombre, y que el sistema constitucional que la rige es representativo popular, nosotros preguntamos ¿cuál es el superior gobierno a que debemos ocurrir en el caso del artículo 15 título 13 de las ordenanzas de minas? El señor Rubio, que por ciencia, presencia, y potencia debe ser monarquista, absolutista, o centralista por lo menos, no dudamos como lo ha dicho ya, en consonancia con sus furibundos partidos, que ese superior gobierno debe ser hoy el supremo de la República, porque es el que ha sustituido a los virreyes. Ésta es toda la razón; pero nosotros la rechazamos con indignación, porque ella es monarquista, absolutista o centralista por lo menos. Si según el sistema constitucional de la República todo depende de México, lo mismo que en tiempo del gobierno español, entonces tendremos el sentimiento de convenir en el principio de nuestro adversario; mas, si el punto de que se trata es gubernativo, como asienta el señor Rubio, desde luego toca a los gobiernos particulares el conocimiento gubernativo, de que habla el artículo 15 título 13 de las ordenanzas de minería, porque sin retroceder hasta el tiempo de la Federación, la ley de 20 de marzo de 1837, puso el gobierno interior de los Departamentos a cargo de los gobernadores, juntas departamentales, prefectos, subprefectos, ayuntamientos, alcaldes, y jueces de paz. Si el punto que se ventila toca al gobierno exterior de los Departamentos, lo ignoramos y desearíamos que se nos demostrara. La opinión de que al gobierno supremo de la República debe darse cuenta de los denuncios que nos ocupan, y no a los gobernadores de los Departamentos, es contraria al sistema representativo popular y subversiva del actual orden constitucional, cuya ciencia y ventajas consisten, en no depender del centro común, sino en cuanto al orden general de la nación.

La razón de la ley, por otra parte, viene en apoyo de nuestro sentir, porque su fin es, que se acuerde y determine sobre el trabajo, beneficio, repartimiento y precio de la sal, de modo que no se perjudique la hacienda pública, y se atienda y beneficie a los mineros, y más principalmente al descubridor y denunciante, en todo lo que fuere posible, con tal que de ninguna manera (decía nuestro señor) se pueda privar a los indios de la salinas que les concede la ley, ni su uso para lo que les están permitidas; y todos estos beneficios, ¿podrá proporcionarlos mejor el gobierno general, o el particular del Departamento? Y caso que también pudiera hacerlo el uno como el otro, ¿por qué se han de retardar y embrollar estos beneficios, dando lugar a que triunfe el poderoso que reside en México, contra el pobre desvalido que vive en un Departamento lejano? Basta ya para confundir la elación del que nos arguye con sofismas miserables y abusos escandalosos del poder.

Muy cargado de razones se nos viene el señor Rubio, porque dice que nosotros dijimos que la ordenanza de minería era posterior a la de intendentes. ¡Valiente caballero! ¿Y qué tenemos con eso? ¿Qué dice la ordenanza de intendentes? ¡Peor es meneallo, señor Rubio! El artículo 159 de esta ordenanza dice: “Y con el justo fin de que la regla equitativa que dio la citada ley sobre este ramo se observe en todo aquel imperio, quiero la guarden y hagan guardar los intendentes en sus provincias, conservando a los pueblos de indios que beneficiaren sales, el primero de sacarlas con la correspondiente o regular contribución del derecho de licencias que pertenece a mi real hacienda: y que las demás salinas de que no se aprovecharen los naturales las hagan administrar como propias de mi suprema rebeldía, teniendo siempre presente (atención, señor Rubio) lo mucho que importa la abundancia de sales, y que se vendan a precios cómodos en aquel país, por ser género muy necesario sus habitantes, y especialmente a los ganaderos para sus ganados, y a los mineros para la lava y beneficio de metales.” Con que ahora está el señor Rubio peor de lo que estaba, porque si conforme al artículo 15 título 13 de las ordenanzas de minería, se pueden denunciar los pozos de agua salada y venas de sal gema con la condición de dar cuenta con los denuncios al superior gobierno, según el artículo 159 de la de intendentes que se acaba de transcribir, no pertenecen al fisco o al erario público más que las demás salinas de que no se aprovecharen los naturales, por mucho que importa la abundancia de sales y que se vendan a precios cómodos a los mineros para la lava y beneficio de metales.

Pero la cosa urge y con razón, porque se trata nada menos que de la venta más pingüe que el señor del Peñón Blanco ha disfrutado, y nos aturulla, y nos envuelve con un argumento todavía más poderoso, más sólido e incontestable que cuantos con mucho trabajo y jadeando de fatiga lo hemos contestado, a saber: que don Manuel Fernández Ruiz Vallejo, alcalde mayor de Tehuantepec era poseedor de las salinas de aquel lugar, y que se las denunció don Miguel Alarcón, administrador de tabacos del mismo lugar, y el rey las mandó incorporar a la Corona, ¡Ejemplo sublime de moralidad! ¡acción brillante del monarca de la época! No sabemos por qué no nos cita el señor Rubio, las iniquidades de Atila, de Nerón y demás tiranos que han horrorizado al mundo, y por qué no invoca sus manes venerandos, para que el supremo gobierno nos mande ahorcar, porque tratamos de desterrar de nuestra patria el detestable monopolio.

Se escandaliza el señor Rubio, porque aspiramos a gozar franquicias en todos los artículos se consumen en las minas y haciendas de beneficiar metales ¡qué escándalo farisaico! El privilegiado señor del Peñón Blanco tiene su tejado de vidrio y le tira piedras al vecino ¿por qué no se escandaliza él del agio que ha hecho en la nación? Pues sépase si lo ignora y tranquilizase, que el gravamen únicamente sobre la plata que tantos sacrificios nos cuesta sacar de lo más profundo de nuestras montañas, dejando enteramente libres todos los artículos indispensables para auxiliar y llevar a cabo su extracción, produciría al tesoro público rentas más cuantiosas, que las que puede producirle en la actualidad el gravamen peculiar de cada artículo, porque el registro y explotación de nuestras vetas minerales, sería más fácil y más productivo; pero ésta no es cuestión que interesa a nuestro intruso contendiente, y por eso cesamos de molestarlo con una contestación a que no ha de replicar.

El señor Rubio, por una acción noble y generosa, y por un desprendimiento digno de encomio, nos brinda con las Salinas del Peñón Blanco, ofreciéndonos aún grandes bajas en los valores de las fincas. ¡Gracias caballero! Nosotros no envidiamos la suerte de ningún monopolista, ni queremos lucrar a costa de la industria nacional, y por eso cabalmente hemos saltado a la arena, para combatir esos abusos que son causa de tantos y tan graves males, a cuyo remedio aspiramos en obsequio del bien procomunal.

Es falso, absolutamente falso, que el señor Rubio, haya dado nunca, no decimos a dos pesos; pero ni siquiera a diez y ocho reales, como se obligó, la fanega de sal blanca: lo más barato a que la ha dado a los mineros es a cinco pesos carga, y no por consideración, ni por favor que nos ha hecho, pues nada tenemos que agradecerle, sino porque ha tenido competidores que la han dado más barata, tales como los que la traen del Álamo, cuya elaboración ignoramos cómo ha podido escaparse a la vista lince del señor Rubio, con notable perjuicio de su privilegio. A dicha causa, y no a su filantropía, debe la negociación del Fresnillo y demás mineros del Departamento, el haber pagado la sal en estos últimos años a menos precio que en los anteriores, y esta baja de precio en sus sales, es precisamente el motivo poderoso porque se opone con todo su poder al descubrimiento y explotación de pozos de agua salada y vertientes de sal gema, que puedan formar negociaciones separadas, porque entonces la sal abundaría y abarataría, conforme al espíritu y letra del artículo 15 título 13 de las ordenanzas de minas, y al 159 de la de intendentes, y esto no está en el interés del señor Rubio.

Por otro aspecto debemos los mineros de Zacatecas estar muy agradecidos al señor don Cayetano Rubio, y es por un párrafo expreso que nos consagra en su comunicado, lleno de comedimiento, de atención y de finura hacia nosotros, pues nos hace la justicia de decir que algunos de los que firmamos la representación en su contra, lo hicimos porque deseamos hacernos de lagunas saladas a un precio tan subido, cual es el valor de un denuncio.

Nosotros ciertamente no esperábamos tan alto cumplimiento de un caballero tan ilustre; pero todavía nos favorece y nos honra un poco más, pues dice que el mayor número de nosotros los firmantes somos tan buenos y tan excelentes, que con la misma deferencia y buena disposición, hubiéramos firmado la apología del contrato, por el cual adquirió él, las Salinas del Peñón Blanco, siendo lo más notable de nosotros, que todo el ruido que hemos hecho con nuestras representaciones e impresos, proviene de que el mismo señor no se ha dejado despojar impunemente de la laguna de Pozo Blanco. En suma, nosotros queremos lagunas saladas al precio de un denuncio, somos tan flexibles que firmaríamos hasta la apología del crimen, y tan decididos por el latrocinio que hemos hecho tanto alarde, y tantas alharacas, porque se nos ha consentido un despojo. ¿Y quién es el que así se atreve a mancillar nuestra reputación? Es un don Cayetano Rubio, de funesta memoria para la República, por los contratos que celebró, siempre desventajosos para el gobierno del país: ese mismo es el hombre que hace gala de insultar a ciudadanos que no se han mezclado en contratos que la opinión pública ha reprobado. El señor Ruiz de Villegas, no se ha apoderado de don Matías Espinosa, a quien el señor Rubio llama eterno denunciante. El señor Ruiz de Villegas es propietario, minero y comerciante, y no necesita ni de un poder ni de las Salinas del Peñón para vivir con comodidad y honradez.

El señor Rubio se burla de los mineros que firmamos la representación, llamándonos el pretendido, el respetable cuerpo de minería, creyendo tal vez que nos hemos robado la voz de la minería de Zacatecas, o que nuestras negociaciones son tan despreciables, que no somos dignos de competir con tan poderoso señor ni de que nos atiende el gobierno supremo; pero entienda el señor Rubio que los que llevamos la voz en este negocio, y no por seducción ni por engaño, somos los mineros de la capital de Zacatecas, interesados en el progreso y prosperidad de nuestras minas, tanto como el señor Rubio lo es en las Salinas del Peñón Blanco.

También el excelentísimo señor gobernador del departamento ha sido objeto de la hazaña y el furor del enemigo común de la industria y de la minería, pues de la manera más audaz y calumniosa le atribuye una connivencia con el denunciante de la laguna que llama del Pozo Blanco, nomás porque su excelencia recibió el aviso del denuncio, y previno al juez que no pulsando inconveniente en admitirlo arreglara sus procedimientos a las leyes; pero entienda el ligero dictador, que la conducta del excelentísimo señor gobernador en este asunto ha sido inmaculada y llena de justificación, por lo cual sus dardos venenosos no alcanzarán a vulnerar la estimación que su excelencia se ha ganado en el corazón de los zacatecanos.

Concluiremos manifestando, que estamos bien instruidos de que el administrador de Santa Clara en la oposición que hizo don Matías Espinosa, no presentó prueba alguna que favoreciera su intención, ni usó de ningún recurso legal: que la conducta judicial del funcionario que conoció del asunto, se ajustó a las leyes: que la laguna denunciada se halla situada en jurisdicción de Mazapil, y no en la de Ojocaliente, en donde por equivocación se había presentado el denuncio; no siendo nada extraño, que ni en éste ni otros se admitieran o transitarán allí, porque sabemos que el asesor con quien suele consultar aquella diputación de minería, es abogado de don Cayetano Rubio, a quien seguiremos paso a paso en este grave asunto hasta terminarlo si fuere posible de una manera satisfactoria a los intereses nacionales.

Zacatecas, diciembre 17 de 1845.- Los mineros de la capital de Zacatecas.

Notas:

457 HND, El Monitor Constitucional, 28 de diciembre de 1845.

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