Índice

ADVERTENCIA

Presentación

Javier Contreras Alcántara

Introducción.

Las democracias en América Latina tras cuatro décadas de existencia

Javier Contreras Alcántara

Guatemala: El país de la eterna transición

Silvio René Gramajo Valdés

Chile entre lo nuevo y lo viejo: cambio de ciclo y crisis de la política transicional

Carlos Durán Migliardi

El presidente récord: Evo Morales y el cambio político en Bolivia

Mario Torrico

El gobierno de Macri: ¿signo de una reconfiguración de la política en Argentina?

Juan Cruz Olmeda

Pasado y presente del golpismo en Venezuela. El caso del 4 de febrero de 1992

Antonio J. Hernández

Desigualdad social en Brasil. Derechos y política pública tras el periodo de redemocratización (1985)

Jaqueline Garza Placencia

Miguel Hernández Hernández

Conflictos sociales, democracia y proyecto de país en Colombia: El dilema entre legalización del despojo y construcción de paz

Sandra Hincapié

Paraguay: La paradoja del crecimiento económico con altos costos sociales y ambientales

Sarah Patricia Cerna Villagra

Liz Lorena Soto Coronel

Adriana Edith Rodas Benegas

América Latina: entre las herencias, las fracturas y los bordes

Javier Contreras Alcántara

Colaboradores

ADVERTENCIA

Los textos que integran este libro se escribieron antes de los acontecimientos políticos de 2019 en varios países de América Latina (Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina). En algunos capítulos se han incluido algunas líneas referentes a éstos; sin embargo, en general, no modifican las perspectivas ni los argumentos delineados. En todo caso, para una perspectiva sobre tales acontecimientos, se recomienda visitar el podcast “Democracias fracturadas”, disponible en <https://soundcloud.com/democraciasfracturadas.>

Presentación

Este libro es producto del seminario “Problemas contemporáneos de América Latina: agendas posibles”, actividad del proyecto de investigación “Experiencia política: variaciones en la teoría y la práctica”, que se desarrolló entre 2013 y 2018 con trabajos que observaron la construcción de procesos, instituciones y significados de la democracia en los niveles subnacional y nacional, a los que éste incorpora la perspectiva internacional.

Dos preguntas articularon la convocatoria al seminario: ¿cuáles son las herencias problemáticas de los procesos de transición a la democracia que condicionan actualmente el desarrollo de las sociedades contemporáneas en América Latina?, y ¿cómo se entrelazan las configuraciones específicas de la democracia con los problemas sociales centrales para el presente y futuro de cada país?

El seminario se realizó en El Colegio de San Luis, en once sesiones, realizadas entre febrero y mayo de 2018, en las cuales investigadores de distintas instituciones nacionales (Colmex, inah, Coljal, uv y ug-León) e internacionales (Flacso, México; Flacso, Costa Rica; Universidad Silva Henríquez, Chile; Universidade Estadual de Campinas, Brasil; Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; y Universidad Rafael Landívar, Guatemala) presentaron ponencias que aproximaban respuestas a las interrogantes planteadas y compartían reflexiones con los asistentes. De estas reflexiones compartidas se estructuraron los capítulos que aquí se presentan.

Forma parte también de las actividades de las líneas de generación y aplicación del conocimiento “Procesos, actores e instituciones políticas” en la licenciatura en Relaciones Internacionales y la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas; y “Problemas políticos de las sociedades contemporáneas”, en el doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de San Luis.

Finalmente, como coordinador, agradezco el apoyo, el compromiso y la generosidad de los ponentes y autores; de mis colegas del Programa de Estudios Políticos e Internacionales; de Carlos Núñez en las conexiones para videoconferencias, Israel Trejo en la divulgación y por abrir el espacio radiofónico de Entrevoces a la propuesta, Dani Márquez, Ivette Rodríguez, así como Sergio Romero y su equipo, en la solución de cuestiones administrativas y materiales. a p.o. por su apoyo en todo el proceso. Y, especialmente, a la séptima promoción de la licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis, por su apoyo y motivación: este trabajo es para ustedes.

Javier Contreras Alcántara

Introducción. Las democracias
en América Latina tras cuatro décadas de existencia

Javier Contreras Alcántara

América Latina ha sido, desde su descubrimiento o invención (O’Gorman, 1958), la tierra nueva, la promesa del futuro. Pero ese futuro no fue el mismo para todos, como tampoco lo es ahora. La desigualdad, política, social y económica, pese a sus disminuciones, se mantiene como una constante (pnud, 2016; Amarante y Colacce, 2018) en nuestra tierra compartida, y aún marca los futuros pasados y los futuros presentes.

Nuestra actualidad se encuentra ligada indefectiblemente a su pasado no sólo como herencia, sino como restricción y como freno ante un mundo que acelera la velocidad de los intercambios –económicos, tecnológicos, científicos y sociales– y la producción, al tiempo de aumentar la brecha entre nuestros países y otros, así como en el seno de nuestras sociedades.

A su vez, la relación desigual en un mundo globalizado hace que mientras para unos países el uso de los avances tecnológicos para incrementar la producción sea clave, otros paguen las consecuencias del uso de esos avances, bajo el principio del mejoramiento de las condiciones de la inversión que, paradójicamente, prometen sacarlos de la pobreza, pero termina por aprovecharse de esa condición de precariedad para mantenerse “competitivos”.

Así, mientras que para algunos contextos la discusión actual es el desarrollo de la exploración espacial o la edición genética, para otros la discusión se centra en la resolución de problemas de aseguramiento de la provisión de servicios básicos o, más grave aún, de la sobrevivencia a la pobreza o a la inseguridad y el mantenimiento de las libertades y derechos.

De igual forma, mientras que para algunos contextos el tema de alarma es la deconsolidación de la democracia (Foa y Mounck, 2017), la desdemocratización (Tilly, 2010) o su deslizamiento (Bermeo, 2016), para nuestros países, además de lo anterior, es la permanencia en el recorrido por el laberinto construido en el paso del autoritarismo a la democracia lo que nos mantiene agobiados en la alarma.

Tras las transiciones a la democracia que se vivieron en las dos décadas finales del siglo xx, y su optimismo, el siglo xxi ha sido vertiginoso y con niveles altos de descontento político. Pasamos rápidamente del apoyo a la democracia a la desconfianza y el cuestionamiento de los logros bajo este régimen político.1 Pasamos de la reestructuración del modelo estatal y económico, bajo los principios del estatismo, al neoliberalismo, para luego ir hacia gobiernos de izquierda y al retorno de la derecha al poder;2 sin embargo, poco variaron los resultados.

En los años recientes hemos visto presidentes –de derecha y de izquierda– ser depuestos (Paraguay, Perú, Guatemala, Brasil) o expuestos por corrupción (Perú, Ecuador, Argentina, Brasil), mientras que otros permanecen en el poder forzando o traspasando los límites de la democracia (Nicaragua, Venezuela, Bolivia), y algunos otros tratando de revertir lo que hasta hace poco se habían considerado avances importantes (Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador). América Latina pareciera vivir un acelerado proceso de desencanto y erosión de la democracia.

Comprender los procesos de conformación política estatal, de las transiciones a la democracia, su desempeño actual, así como las dinámicas económicas y sociales de los países latinoamericanos es un propósito clave para quien desea comprender a su país y a sí mismo. En este caso, desde México, destacamos la importancia de mirar al sur, reconociendo que no somos un territorio homogéneo pero que, pese a las diferencias, encontramos múltiples puntos en común que nos provocan la reflexión sobre nuestros propios procesos y realidades.3

Dos preguntas articulan las reflexiones contenidas en este libro: ¿cuáles son las herencias problemáticas de los procesos de transición a la democracia que condicionan actualmente su desarrollo en los países latinoamericanos?, y ¿cómo se entrelazan las configuraciones específicas de la democracia con los problemas sociales centrales para el presente y futuro de cada país?

Para dar respuesta a estas preguntas, asumimos que los procesos de construcción y desarrollo del régimen político democrático son moldeados por a) las condiciones de partida –estructuras políticas y sociales–, b) los procesos históricos o las herencias –institucionales, culturales, económicas– sobre las que se construyó la democracia, c) por los actores y su concepción de la democracia y el quehacer político, además de d) la contingencia.

Es decir, en lugar de preguntarnos cómo mueren las democracias (Levitsky y Ziblatt, 2018), preferimos centrarnos en las preguntas previas de ¿cómo se han desarrollado nuestras democracias?, ¿cómo les hemos dado vida?, ¿cómo las hemos ensamblado?, ¿cuáles son las disputas entre los actores, los principios económicos, los valores sociales que le han dado forma a la organización social teniendo a la democracia como forma de resolver las disputas sobre los proyectos de nación?

Recuperamos las dinámicas de los procesos de transición y democratización para tratar de explicar las circunstancias del desarrollo actual de los regímenes políticos latinoamericanos, sus problemas y sus pendientes ineludibles. De esta manera, se incorpora el factor tiempo en el análisis político para ganar perspectiva histórica (Pierson, 2004; Capoccia y Zibblat, 2010) y profundidad analítica que nos permita explicar la persistencia o emergencia de las problemáticas políticas y sociales que hoy aquejan a los países de la región latinoamericana.

Asumimos que los regímenes políticos latinoamericanos no necesariamente son defectuosos en sí o que están destinados al autoritarismo, sino que han sido construidos en determinadas formas debido a los discursos, prácticas y valores –democráticos, no democráticos o antidemocráticos–, dominantes en diversos momentos y que perduran, cambian o se modulan a partir de la emergencia de nuevas dinámicas y actores.

Retomamos, también, una perspectiva básica de la que partía Linz (1996:14-15) en La quiebra de las democracias:

No puede ignorarse la actuación tanto de los que están más o menos interesados en el mantenimiento de un cierto sistema político democrático como la de aquellos que, colocando otros valores por encima, no están dispuestos a defenderlo o incluso están dispuestos a derrocarlo. Todo este conjunto de conductas constituye la verdadera dinámica del proceso político.

Con ello, debe reconocerse que la disputa en América Latina no sólo es por la democracia, sino también por la orientación o el énfasis entre libertad e igualdad y el entrelazamiento con el modelo económico que seguir (Munck, 2015). Estas disputas llevan a un conflicto –a veces más abierto, a veces más oculto– entre los distintos grupos existentes en cada país y que, cuando se intersecta con el ejercicio de la autoridad, inclusive se llegan a sacrificar los valores, instituciones y prácticas de la democracia liberal, para dar lugar a democracias iliberales (Zakaria, 1997; Plattner, 2019), o bien, cruzando las ambiguas fronteras entre oposición leal-semileal-desleal (Linz, 1996: 52-72); e inclusive, desde el gobierno elegido democráticamente (Pérez-Liñán y Mainwaring, 2014), se bordea peligrosamente con prácticas autoritarias, hacia el golpe de estado o el debilitamiento institucional que restituya la verdadera democracia.

Así, hoy, más que calificar las circunstancias actuales como un fracaso de la democracia en América Latina o una esencia autoritaria, destacamos que su emergencia –por precaria que sea– ha permitido visibilizar, en la brecha entre el ideal democrático y nuestras realidades, las prácticas y valores iliberales, la corrupción, la desigualdad, el racismo y la exclusión presentes en nuestras sociedades, nuestras propias fracturas como sociedad. Estas problemáticas no deben entenderse como fallas o incumplimientos de la democracia, sino como problemas que perduran a pesar de la democracia y que evidencian también la disputa entre las fuerzas democratizadoras y las fuerzas antidemocráticas que trazan el camino de las paradójicas y frágiles democracias latinoamericanas.

Disputa que hoy se está llevando a cabo, en la mayoría de los casos por vía electoral, de la que debemos ser conscientes y en la que no podemos evitar tomar partido, porque la partida no está ganada, pero tampoco perdida. Ser conscientes de ello y de nuestro rol es un primer paso hacia la transformación de las circunstancias actuales a condiciones más justas de vida.

Con base en estas líneas de reflexión, se convocó en 2018 al seminario “Problemas contemporáneos de América Latina: agendas posibles”, que se llevó a cabo en El Colegio de San Luis, A.C., en once sesiones, realizadas entre febrero y mayo de 2018, en las cuales investigadores de distintas instituciones nacionales (Colmex, Colsan, Coljal, inah, uv y ug- León) e internacionales (Flacso, México; Flacso, Costa Rica; Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Universidade Estadual de Campinas, Brasil; Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; y Universidad Rafael Landívar, Guatemala) presentaron ponencias que aproximaban respuestas a las interrogantes planteadas y compartían reflexiones con los asistentes. De estas ponencias, y reflexiones compartidas, se estructuraron los capítulos que aquí se presentan.

La estructura del libro

El libro se organiza en dos ejes temáticos: 1) las herencias problemáticas de los procesos de transición a la democracia que condicionan su desarrollo, y 2) el entrelazamiento de las configuraciones específicas que ha tomado la democracia con problemas sociales estructurales centrales para el presente y futuro de cada país.

Si bien todos los capítulos vinculan ambos ejes, en la primera parte del libro, los capítulos sobre Guatemala, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela acentúan el primer eje, mientras que los capítulos sobre Brasil, Colombia y Paraguay, el segundo.

En el capítulo “Guatemala: el país de la eterna transición”, Silvio René Gramajo Valdés nos propone una lectura del proceso de transición a la democracia en la que argumenta que en ese país latinoamericano no se ha logrado la consolidación de una cultura democrática en el sistema político, sino que, por el contrario, las herencias autoritarias y los actores del anterior régimen han sobrevivido y se han adoptado al nuevo contexto para mantener y promover sus privilegios, lo que ha dado lugar a un Estado que mantiene una fachada democrática pero que, en su interior, se encuentra corroído por la corrupción y la impunidad, lo que impide alcanzar la consolidación democrática.

En “Chile entre lo nuevo y lo viejo: cambio de ciclo y crisis de la política transicional”, Carlos Durán nos plantea una lectura del proceso político tras el retorno a la democracia en Chile, con énfasis en el agotamiento del modelo político y económico, así como de sus actores, que se siguió tras la transición y el surgimiento de nuevos actores que cuestionan los límites del modelo y abre el horizonte de posibilidades políticas para la sociedad chilena; así, el momento político es clave, pues su futuro oscila entre la restauración del modelo y su transformación en una combinación que parece ser explosiva.

En “El presidente récord: Evo Morales y el cambio político en Bolivia”, Mario Torrico nos propone un balance de los efectos sobre la democracia que han tenido las decisiones y acciones del gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo en Bolivia en los doce años que se ha mantenido en el poder, lo que lo convirtió, hasta su abrupta salida en 2019, durante el conteo de los comicios que apuntaban a su reelección, en el presidente que más tiempo ha gobernado ese país; y aborda los posibles escenarios de la extensión de su permanencia. Así, señala el autor, si bien ha habido avances inéditos en términos de inclusión social (mediante la reducción de la pobreza y de la desigualdad), de reconocimiento de derechos y de ampliación de mecanismos democráticos, no hay garantía alguna de que no se reviertan, ya sea en virtud de los ciclos económicos internacionales o de la falta de interés gubernamental en cumplir el texto constitucional de 2009 o de modificarlo a conveniencia. La apuesta por un liderazgo personal fuerte tiene como correlato una debilidad institucional que pone en riesgo el futuro en Bolivia.

En “El gobierno de Macri: ¿signo de una reconfiguración de la política en Argentina?”, Juan Cruz Olmeda nos permite entender las condiciones políticas, sociales y personales que facilitaron el ascenso de Mauricio Macri a la presidencia de la república argentina en 2015. Por una parte, nos da a conocer sintéticamente las condiciones y evolución del sistema de partidos tras la dictadura, centrado en la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, y la capacidad de respuesta a las demandas sociales por los gobiernos kirchneristas que agotaron esa propuesta política, lo que condujo a lo que pareciera ser una nueva disposición en la oferta electoral, de hacer y comunicar la política, encabezada por Macri. Si bien las elecciones intermedias de 2017 apuntalaron en forma importante al partido del presidente, Cambiemos, la imposibilidad para mejorar las condiciones económicas se convirtieron en la prueba de fuego en las elecciones de 2019, lo que llevó al regreso, quizá con más fuerza, del peronismo kirchnerista, teniendo al modelo económico que se implantó como el punto nodal de la disputa electoral, pero que al final es retorno a la división peronista-antiperonista de la sociedad argentina.

En “Pasado y presente del golpismo en Venezuela. El caso del 4 de febrero de 1992”, Antonio Hernández nos invita a prestar atención a una herencia que ha acechado continuamente a los gobiernos democráticos de esa nación desde 1958: los golpes de estado, con diez en siete décadas. Para ello, nos propone una conceptuación de esta forma de acción política para alcanzar el poder, figura que, para el caso venezolano, no es exclusiva de los militares, sino que su utilidad ha permitido convergencias de actores militares y civiles. Dentro de esta tradición se puede ubicar también a Hugo Chávez y el movimiento que lo apoyó para dar el golpe del 4 de febrero de 1992, proceso en el que se profundiza en el artículo y que posteriormente se convirtió en sostén –militar, ideológico y político– de su gobierno y del gobierno en curso.

En el capítulo “Desigualdad social en Brasil. Derechos y política pública tras el periodo de redemocratización”, Jaqueline Garza y Miguel Hernández nos proponen una lectura analítica de la realidad brasileña y sus problemas de desigualdad en su imbricación con las propuestas políticas de izquierda y derecha que han gobernado este país, y la definición del objetivo central de las acciones de gobierno. Este enfoque nos permite comprender los sesgos sociales –de clase, raza y territorio– que están involucrados actualmente como subtexto en la disputa partidista por el poder desde mucho tiempo antes de que en 1985 se diera el paso a la democracia y al gobierno civil.

En “Conflictos sociales, democracia y proyecto de país en Colombia: el dilema entre la legalización del despojo y la construcción de la paz”, Sandra Hincapié nos propone una lectura del proceso electoral de 2018 a partir de analizar el proceso de construcción nacional atravesado por los conflictos sociales derivados de la posesión de la tierra, su acaparamiento y el uso de la violencia como medio de control, lo que lleva a que Colombia sea uno de los países con mayor desplazamiento forzado del mundo y a una situación crítica de derechos humanos con el asesinato de numerosos líderes sociales. Así, para la autora, las élites sociales, políticas, económicas y militares beneficiadas históricamente por la dinámica social extractivista y latifundista, excluyente de amplios sectores sociales rurales, que reivindica su versión del conflicto, es la que estructura y ordena la disputa política contemporánea, y así perpetúa en su beneficio un orden injusto y, por tanto, tendiente a la polarización y al mantenimiento del conflicto.

Finalmente, en el capítulo “Paraguay: la paradoja del crecimiento económico con altos costos sociales y medioambientales”, Sarah Cerna, Liz Soto y Adriana Rodas nos proveen de una mirada que enlaza los problemas sociales derivados de las elecciones de desarrollo económico implantadas por un sistema político dominado por actores tradicionales estrechamente vinculados a las élites terratenientes beneficiadas por el modelo basado en materias primas, a partir del cual se explica el crecimiento económico de este país a costa de la salud de sus habitantes, del ambiente y de la participación y representación política.

Conclusión

El objetivo del libro es aproximar a los lectores a los problemas políticos y sociales contemporáneos de los países de América Latina, que, si bien tienen relevancia actual, seguirán vigentes en los próximos años, pues son aspectos centrales no resueltos de los procesos de democratización y, por tanto, de alta relevancia para comprender el futuro inmediato que amenaza con la erosión democrática.

Algunos capítulos, como se verá, están centrados en el tema electoral; otros, en el de la construcción del régimen político y su entramado institucional; algunos más, en las imbricaciones entre la democracia, los partidos, el modelo económico y la desigualdad social relacionada con aspectos de raza y posesión de tierras, pero en todos los capítulos ha sido importante recuperar el contexto histórico político en el que se inserta y explica esta problemática para ganar en profundidad.

Así, es posible detectar algunos actores y temáticas comunes: la presencia de los militares, la debilidad de la estructura institucional democrática, la imbricación de sesgos sociales en la política partidista, el agotamiento de los modelos políticos emergidos de la transición, la disputa por el modelo económico que seguir, las consecuencias paradójicas de las decisiones económicas, el carácter extractivista de las élites políticas, el uso propagandístico de la venezuelización, los liderazgos carismáticos y los discursos antidemocráticos que permean y subyacen en las sociedades latinoamericanas, así como la actividad y la movilización social.

La lectura de estos capítulos nos vuelve a recordar que la democracia, pese a los intentos por diseñar las instituciones, es un producto contingente en el que las decisiones y estrategias de los actores, en la disputa por el poder de delinear el trayecto de cada país, alcanzan equilibrios que no son necesariamente justos ni responden a los valores democráticos, pero que permiten cierta estabilidad a los cuerpos sociales y políticos; tales equilibrios escapan a una clasificación simple de democracia o autoritarismo; y, además de nuestras decisiones y acciones, nada garantiza el ir hacia un horizonte que signifique mayor libertad e igualdad en el presente y en el futuro de América Latina.

Referencias

Amarante, V. y M. Colacce (2018). “¿Más o menos desiguales? Una revisión sobre la desigualdad de los ingresos a nivel global, regional y nacional”, Revista de la cepal, núm. 24, pp. 7-33.

Bermeo, N. (2016). “On Democratic Backsliding”, Journal of Democracy, vol. 27, núm. 1, pp. 5-19.

Brachet, V. y M. Uribe (2016). Estado y sociedad en América Latina: acercamientos relacionales. México: El Colegio de México.

Capoccia G. y D. Ziblatt (2010). “The Historical Turn in Democratization Studies: A New Research Agenda for Europe and Beyond”, Comparative Political Studies, vol. 43, núms. 8-9, pp. 931-968.

Caldera, A. y A. Chaguaceda (eds.) (2016). Democracia en América Latina. Entre el ideal utópico y las realidades políticas. México: Fontamara.

Cavarozzi, M. (2016). Consolidación democrática y orden político en América Latina después del ajuste económico. México: Instituto Nacional Electoral.

Foa, R. S. e Y. Mounk (2017). “The Signs of Deconsolidation”, Journal of Democracy, núm. 1, pp. 5-16.

Gómez, S. (ed.) (2015). Alternativas para la democracia en América Latina. México: Colmex / ine.

Latinobarómetro (2018). Informe 2018. Corporación Latinobarómetro.

Levitsky, S. y D. Ziblatt (2018). How Democracies Die. Nueva York, Crown.

Linz, J. (1996). La quiebra de las democracias. Madrid: Alianza.

Munck, G. (2015). “Building Democracy… Which Democracy? Ideology and Models of Democracy in Post-Transition Latin America”, Government and Opposition, vol. 50, núm. 3, pp. 364-393.

O’Gorman, E. (1958). La invención de América: el universalismo de la cultura de Occidente. México: fce.

O’Donnell, G. (1992). “Transitions, Continuities and Paradoxes”, en S. Mainwaring, G. O’Donnell y S. Valenzuela (eds.), Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 17-56.

Ortega, B. y K. Pirker (eds.) (2018). Dilemas de la acción colectiva en América Latina. Entre la incidencia institucional y la protesta social. México: Instituto Mora.

Pérez-Liñan, A. y S. Mainwaring (2014). “La supervivencia de la democracia en América Latina (1945-2005)”, América Latina Hoy, vol. 68, septimebre-diciembre, pp. 139-168.

Pierson, Paul (2004). Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis. Princeton: Princeton University Press.

Plattner, M. F. (2019). “Illiberal Democracy and the Struggle on the Right”, Journal of Democracy, núm. 1, pp. 5-19.

pnud (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) (2016). “Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe. Copenague: pnud.

Puchet, M. y A. Puyana (eds.) (2018). América Latina en la larga historia de la desigualdad. México: Flacso-México.

Tilly, C. (2010). Democracia. Madrid: Akal.

Torrico, M. (ed.) (2017). ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? México: Flacso.

Zakaria, F. (1997). “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, vol. 76, núm. 6, pp. 22-43.

1 De acuerdo con Latinobarómetro (2018), el apoyo a la democracia en América Latina tuvo su punto más alto en 1997, con 63 %, y su punto más bajo, con 48 %, en 2001; y tras una recuperación, hasta 61 % en 2010, nuevamente ha disminuido su apoyo hasta 48 %, en 2018. Si bien el apoyo a regímenes autoritarios no se ha incrementado, con 15 % en 2018, la indiferencia por el tipo de régimen ha crecido hasta llegar a 28 % en esta medición. Y la insatisfacción con la democracia alcanza, en 2018, 71 %, la cifra más alta desde 1995, que se comenzó la medición.

2 Para un breve recuento de este recorrido, véase Torrico (2017).

3 Entre la literatura reciente producida desde México sobre América Latina y que se enfoca en los procesos políticos y sociales, podemos encontrar Ortega y Pirker (2018), Puchet y Puyana (2018), Torrico (2017), Cavarozzi (2016); Brachet (2016); Caldera y Chaguaceda (2016), Gómez (2015).

Guatemala: El país de la eterna transición

Silvio René Gramajo Valdés

Nota introductoria

Una de las principales características con las cuales se ha constituido el Estado, y que no se ha modificado tras la transición a la democracia, ha sido el manejo poco transparente y discrecional de la cosa pública. El secreto, el hermetismo, la corrupción y la impunidad se han combinado de manera eficaz y han impregnado el ejercicio del poder público. La continuación de dichas prácticas quizá ha sido el principal incentivo que han tenido los actores políticos para no plantearse la necesidad de modificar el statu quo. De esa cuenta, surgen las siguientes interrogantes: ¿cuáles han sido los factores que han impedido el avance de la consolidación de la democracia? ¿Por qué no se ha superado la etapa transicional? ¿Quiénes son los principales defensores de ese statu quo?

Una respuesta, a manera de hipótesis, que puede permitir guiar este ensayo se encuentra en el hecho de que, debido a la configuración y la historia del desarrollo del Estado de Guatemala, la persistencia de los legados autoritarios es uno de los principales factores que ha obstaculizado el proceso de consolidación democrática.

Los antecedentes históricos del país y la existencia de varios gobiernos militares en el poder, como señala Kruijt (1998: 9), hacen imposible determinar cuál es su verdadero rostro, en especial, tras la experiencia de un conflicto armado interno que duró treinta y seis años, que lo desconfiguró social, económica y políticamente como nación. Las fuerzas armadas se instituyeron como una organización dentro del Estado y consiguieron reconfigurarlo, implantando las bases de una política contrainsurgente en la creación de leyes, así como en los procesos administrativos y jurídicos.

A pesar de que desde la transición a la democracia el país ha sido dirigido por civiles, es evidente el peso de los legados autoritarios en el diseño institucional, el comportamiento de los actores y la cultura burocrática. Este contexto concuerda con el planteamiento de Crespo (1995), quien señala que, tras la transición, no hubo control explícito de las instituciones democráticas sobre las fuerzas armadas, con el ingrediente adicional de que el proceso de transición democrática en el país se origina en el contexto de un conflicto armado interno.

Los actores que participaron en la configuración del nuevo sistema y de su diseño pretendían cambiar las reglas del juego. Lo que en ese momento no se previó fue que estas reglas se modificaron para eliminar la fachada militar por una civil, pero en el fondo no se eliminó el origen de un Estado clientelar y patrimonialista. Como señala North (2006: 15), el objetivo del equipo dentro del conjunto de reglas es ganar el juego por una combinación de aptitudes, estrategia y coordinación; mediante intervenciones limpias y, a veces, sucias. Este proyecto de transición, que lideraron los militares y actores políticos, no hubiera podido concretarse sin la participación del sector económico. Juntos moldearon un Estado durante la transición, pero sus herencias aún están presentes en instituciones, prácticas y comportamientos.

De esa cuenta, se apuesta a discutir el peso que han tenido las herencias autoritarias en el desarrollo de la democracia en Guatemala y cómo se han constituido en un factor que ha detenido el paso a la consolidación. El enfoque de los legados autoritarios normalmente se asocia a todo el discurso de la transición a la democracia en la vertiente que se conoce como acceso al poder, es decir, cómo se modifican las reglas del juego para que ahora el acceso al poder pase por el tamiz de la legitimidad electoral, siguiendo la definición de Munck (1994; 2002) y Mazzuca (2002). Sin embargo, la transición llega tarde a Guatemala, y no embona analíticamente en los modelos transicionales conocidos hasta el momento, en especial con lo planteado por Colomer (1998) y O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1994). El proceso de transición se ve condicionado de manera sustancial por su convivencia con un conflicto armado interno.

El análisis de la transición en el país no sólo se enfoca en aquellos tópicos que la literatura menciona, tales como los referidos al acceso al poder y la forma de la negociación de éstos, sino también en cómo la presencia y permanencia de los legados autoritarios configuran y condicionan el tránsito a la democracia y cómo permean su desarrollo y la etapa democrática postransicional.

El tema de los legados autoritarios se puede analizar desde muchas perspectivas, pero, en el caso de Guatemala, estas herencias difícilmente se pueden separar de los actores que gestionan su presencia y que garantizan continuidad y preservación de sus intereses; son actores que no optaron por la alternativa democrática, sino que fueron arrastrados y forzados por ella; no obstante, conservan cierto margen de poder e influencia, y requieren reciclaje o aprendizaje democrático.

Entender el tránsito de la lógica de la guerra a la lógica de la política, del enemigo al adversario, del asesinato selectivo e indiscriminado a la concertación y deliberación pública, de la imposición a la negociación o consenso (o simulación), ha implicado, para el caso de la transición a la democracia en Guatemala, el reconocimiento de la existencia de legados autoritarios.

La transición a la democracia modificó ciertos comportamientos, pero también ha permitido la existencia de otros. La imposición de parte de determinados actores fue encontrando límites dentro de la nueva organización democrática. La imposición habría cedido lugar a la negociación, como aquel recurso del sistema para autorregularse en vista a los nuevos reacomodos relativos del poder. No obstante, la negociación implicó también un nuevo comportamiento: la simulación, entendida ésta como el comportamiento de actores que siguen las reglas establecidas por el marco institucional hasta donde éstas les permitan seguir preservando sus intereses y prerrogativas. Si el statu quo se modifica en su contra, siguen utilizando el entramado institucional para afectar tal modificación, tratando de dejarla sin efecto o generando problemas en su aplicación y vigencia.

El sistema estuvo dotado de una certeza en materia electoral. De hecho, la conformación de las nuevas reglas del juego iniciadas hace treinta y cinco años fue el asidero perfecto para arribar a una nueva etapa de la vida política del país: la firma de la paz y, con ella, la inclusión de nuevos actores a la escena política. No obstante, actores que conforman parte de estas herencias que transitaron del estadio autoritario comenzaron a encontrar la manera de promover instituciones, comportamientos y reglas que les permitieran seguir utilizando al Estado como botín político para mantener la autoridad, pero también como mecanismo legal para gestionar, promover y permitir actos de corrupción e impunidad. El robo descarado, la corrupción, el tráfico de influencias y el uso del poder público se convirtieron en el principal incentivo de todos los actores políticos, militares, económicos, sociales, mediáticos que hicieron del Estado su principal botín.

La captura del Estado se ha efectuado con una “metodología estratégica” y con tal grado de fineza, que la lucha por la recuperación de las instituciones y el encause de la democracia a un estado de consolidación se ha vuelto una tarea casi laberíntica: la lucha contra la corrupción y la impunidad ha implicado una gran cantidad de procesos judiciales; funcionarios públicos, empresarios, militares y otros actores guardan prisión; existe una propuesta y lucha por cambios institucionales al sistema político y de justicia; pero, sobre todo, se ha iniciado la disputa mediática y social entre una sociedad polarizada que pugna por modificar el statu quo, y otros que conforman parte de esas herencias autoritarias que se resisten por la estabilidad y la permanencia de sus intereses y privilegios. Como bien señala Colomer (1998), son esas virtudes de la transición que luego se convirtieron en los vicios de la consolidación.

Una transición sui generis

El proceso de democratización ha sido un tema crítico para el desarrollo y consolidación del régimen político, que saca a flote un obstáculo de mayor envergadura: la existencia de legados autoritarios que aún perduran en el Estado guatemalteco. A pesar de que el país transitó desde un régimen autoritario a uno democrático hace más de treinta años,4 la lucha contra la impunidad y el combate contra la corrupción ha sido el asidero perfecto para que emergieran y se evidenciaran dichas inercias.

Pero ¿dónde están expresadas?, ¿cómo operan dentro del entramado institucional del Estado guatemalteco?, ¿realmente fueron (o seguirán siendo) un obstáculo para la institucionalización de la democracia?, ¿qué implicación tiene la supervivencia de dichos legados para el sistema político?, y ¿por qué el Estado ha permitido su permanencia dentro del sistema político?

Dar respuesta a tales interrogantes implica analizar la transición a la democracia en Guatemala, la instauración del nuevo régimen político, así como las tensiones que éste enfrenta con el Estado y, en especial, el impacto que representa para la consolidación a la democracia la cohabitación con una serie de resabios del régimen anterior que aún condicionan el ejercicio del poder.

Tras varias décadas de dictadura militar, Guatemala transitó a un régimen democrático a mediados de los años ochenta del siglo pasado, como parte de lo que se denominó la tercera ola de democratización (Huntington, 1998). Las primeras investigaciones que se plantearon en torno a la democratización han tenido como objeto de estudio la transición a la democracia. Diversos autores buscaron encontrar explicaciones a los factores que impulsaron el cambio de un régimen a otro, especialmente debido al desgaste y deslegitimación del régimen anterior.

Munck (2002) señala que los planteamientos dejaron de lado otras preocupaciones de la teoría democrática. Es decir, dichos estudios se encaminaron únicamente a analizar el fenómeno del acceso al poder y desviaron la mirada de otra realidad que también es decisiva dentro de los estudios de la democracia: el ejercicio del poder.5 No obstante, la realidad da cuenta de que es necesario realizar planteamientos que puedan ir más allá de lo que implica la institucionalidad electoral como factor determinante de la democracia. Un país (Guatemala no es la excepción) que ha logrado pasar el umbral de unas elecciones competitivas y democráticas y que es capaz de preservar dichas prácticas, puede presentar ciertos elementos críticos que ponen en riesgo la consolidación de la democracia.

En este contexto, se concibe a Guatemala6 dentro de los regímenes en transición de regímenes autoritarios-militares y consolidación de regímenes que resultan de tales transiciones. Ciertamente, las transiciones han dado lugar a gobiernos de corte democrático en el aspecto formal de su estructura de poder, pero todavía son parte de una herencia autoritaria debido a la supervivencia de sus códigos, leyes, reglas, símbolos y, por supuesto, de intereses de actores conservadores, como señalan Poitevin y Sequen (2002).

Pero ¿cómo entender el proceso de transición de Guatemala cuando éste surge en el marco de un conflicto armado? Como muchos otros países de la región, Guatemala fue ejemplo de continuos regímenes autoritarios. Salvo algunos pocos años, durante gran parte del siglo xx el poder estuvo en manos de regímenes militares. Esa característica se hace mucho más evidente a partir de la caída del presidente Jacobo Arbenz, en 1953, pues es allí cuando se inicia el reforzamiento de la militarización del país. A partir de esa fecha, se puede decir que los militares realmente dominaron el país, señala Thesing (1999).

Prácticamente toda la literatura referida a la temática de la transición da por sentado el hecho de que, antes de que se realice el pacto que permita la creación de nuevas reglas para la instauración del nuevo régimen político, se plantea la finalización de cualquier conflicto armado que haya forzado dicho tránsito. Sin embargo, Guatemala ha sido una de las pocas excepciones a este supuesto. Primero se plantea el cambio de régimen y posteriormente (doce años después) se concreta el fin del conflicto armado; es decir, se construye una “democracia” que sale de la boca del cañón. La experiencia guatemalteca da cuenta de que la organización de elecciones y otras instituciones propias de la democracia puede mostrar una fachada de legalidad que no modifica la índole autoritaria del poder. Las negociaciones propias de la transición no lograron acotar el poder autoritario.

Las complejidades de un conflicto armado no resuelto generan que la transición guatemalteca ponga en tela de juicio algunos de los modelos de transición a la democracia. En primer lugar, no encaja con el modelo de transición pactada de Colomer. Por otro lado, la historia demuestra que durante el conflicto armado se diezmó, fragmentó y casi desapareció todo intento de formación de fuerzas sociales y políticas contrarias a los intereses del régimen militar. Así, el caso guatemalteco tampoco embona en el modelo que siguieron algunos Estados sudamericanos, como los caracteriza O’Donnell, en donde el tránsito a la democracia también fue impulsado y favorecido por una serie de actores democráticos.

En Guatemala, como señalan varios autores (Schirmer, 1996; Poitevin y Sequen, 2002; Torres-Rivas y Fuentes, 1999, entre otros), la democracia fue planificada, diseñada y, en sus inicios, conducida por un grupo de militares, quienes deseaban salvar a la institución castrense, como tal, frente a sus adversarios en el conflicto armado y mejorar la imagen del país ante la comunidad internacional. Por tanto, se genera la coexistencia del proceso democrático con un esfuerzo contrainsurgente basado en el principio de estabilidad nacional que procesaba elementos de la doctrina de seguridad nacional, como señala Schirmer (1996).

Pero ¿por qué hubo democracia si había un conflicto armado?, ¿cómo fue posible la existencia de tales escenarios de manera paralela? Existe prácticamente un acuerdo generalizado de que, entre los factores que habrían provocado la transición, estaba la crisis interna de las fuerzas armadas, el desgaste de la imagen del país en el plano internacional por el tema de violaciones a los derechos humanos y las tensiones in crescendo del conflicto social generadas por el enfrentamiento interno. El retiro militar de la conducción política estatal no se debió, en muchos casos, a su derrota política, sino que respondió a una opción de defensa corporativa, señalan Crespo y Filgueira (1993: 15). Evidentemente, el costo de ejercer el poder era más alto que el de controlar el poder.

Entonces, al observar el caso de Guatemala a la luz de la literatura de la transición a la democracia, persisten las interrogantes: ¿por qué las fuerzas armadas permiten la realización de elecciones libres?, ¿cómo encajan éstas en la lógica de un conflicto armado?, ¿cómo se explica que hubiera guerra y democracia al mismo tiempo? La posible respuesta a estas interrogantes está en la lógica misma de la transición, entendida como el momento en que hay un acuerdo en (o entre) la(s) élite(s) para modificar las normas del juego que permitan la instauración del nuevo régimen, señala Garretón (1991).

Y, precisamente en Guatemala, la transición permite un cambio de reglas del juego, pero de la guerra: la insurgencia ya no pelea contra un régimen militar y autoritario, sino enfrenta una lucha contra un régimen civil democráticamente electo. La transición, y con ella la creación de la institucionalidad democrática, fue parte de una estrategia contrainsurgente.

La complejidad del proceso guatemalteco no está sólo en la identificación de una posible fecha de inicio de la transición a la vida democrática. Esta indefinición cronológica también representa la dificultad de acordar su finalización.

Guatemala ha sido uno de los países que en el continente no ha sufrido regresión dramática alguna que ponga en riesgo el proceso democrático que se inicia con la transición. No obstante, no está exento de ello, pues es posible que se logre la caída de cualquier régimen sin haber alcanzado cierto grado de democratización. El desafío es dotar de capacidad y mecanismos de equilibrio al sistema político para resolver los problemas u obstáculos que el régimen anterior dejó planteados.

Los problemas que enfrenta el sistema político guatemalteco en la actualidad tienen otra fuente. Como dice Mazzuca (2002), el acceso al poder al parecer ya está resuelto e incluso fortalecido. No obstante, se ha convertido en el peor enemigo del sistema, pues se ha desvirtuado y ha sido el objetivo principal de la lucha por la cooptación del Estado. Y ello ha representado grandes problemas al ejercicio del poder donde se evidencian complicaciones, muchas de ellas producto de lo que la transición heredó del viejo régimen. La transición ha dejado una serie de herencias, legados, inercias que no fueron resueltos y cuya solución aún está pendiente.

Los legados como condicionantes de la democracia en Guatemala

Existen estudios en los que prima una preocupación por el desarrollo de la democracia: los efectos que en ésta han representado las inercias, legados o rasgos que han quedado de los regímenes que les dieron vida, en especial aquellos de corte autoritario y militar (Garretón, 1991; Alcántara, 1995; Huntington, 1972 y 1998; Mainwaring y Hagopian, 2005).

Y es precisamente la historia política del país, en especial los recientes sucesos en donde se inscribe la lucha contra la corrupción y la impunidad, en donde queda evidenciado que la persistencia de legados autoritarios en Guatemala ha obstaculizado el proceso de consolidación democrática.

Como se ha señalado, Guatemala ha iniciado el proceso hacia la democracia, pero, evidentemente, aún algunas instituciones propias de ésta no logran institucionalizarse del todo; entre éstas, la transparencia de los poderes públicos, así como una efectiva rendición de cuentas por parte de ellos. Y es que, como señala Garretón (1991: 48), no pueden obviarse de los procesos de transición y consolidación, la presencia de instituciones no democráticas que obligan a complicadas reformas, así como la existencia de actores autoritarios que no se definieron por la opción democrática, sino que fueron forzados y arrastrados por ella, pero que mantienen cierta cuota de poder e influencia y requieren reciclaje o aprendizaje democrático.

La existencia de restricciones en el momento de la negociación del cambio deja pervivir elementos significativos de continuidad con el pasado y se refleja de un modo u otro en el diseño del ulterior régimen democrático, el cual tiende a ser relativamente restrictivo.7

Muchos estudios concluyen que, durante la transición, las pautas de negociación entre (o lo interno de) las élites políticas favorecieron los iniciales impulsos democratizadores, pero a su vez se constituyeron en frenos que terminaron por dificultar la consolidación. Según Alcántara (1995), una vez superada la etapa de lo político en la agenda transicional, y desde la perspectiva de un legado histórico inmediato mal resuelto, las transiciones pueden engendrar quistes cuya permanencia en los procesos políticos normalizados afecta a su propio desarrollo, con independencia del éxito o no en la puesta en marcha de otro tipo de políticas. Y la realidad en Guatemala evidencia ese fenómeno, pues las herencias del pasado se resisten a desaparecer, y para ello le han apostado a cooptar al Estado.

Ante esta situación, se cuestiona Crespo (1995: 18), ¿es posible que los acomodamientos realizados durante las transiciones y ahora convertidos en legados de ellas debiliten la eficacia y la representatividad de las instituciones democráticas durante el proceso de consolidación? Un problema de la transición sigue siendo, entonces, la preservación, dentro del régimen democrático, de prerrogativas e intereses de algunos actores que imposibilitan el establecimiento de instituciones que coadyuven a fortalecer la democracia.

A mediados del siglo pasado comienza una fuerte preocupación por la existencia y el impacto de los legados heredados, en especial, por el modo de constituirse en un obstáculo para el desarrollo político de las nacientes democracias. En la región latinoamericana, las grandes debilidades que ha presentado la democracia se le han atribuido a otra serie de factores que tienen sus raíces, incluso, en la Colonia misma; la estructura del poder autoritario, vertical, patrimonialista, excluyente que se constituyó desde la llegada de los españoles y hasta ahora ha transitado en modos, pero la esencia sigue siendo la misma.

En este sentido, como señala Thelen (1992), los legados son el producto de específicas luchas históricas y su reproducción es un proceso dinámico que se puede entender sólo si se conoce quién exactamente está involucrado en los arreglos institucionales, cómo esa implicación es sostenida en el tiempo, y quizá cómo quedan fuera quienes no se involucran en las instituciones.

Los legados autoritarios se conceptúan, siguiendo la propuesta de Hite y Cesarini (2004: 4), como “aquellas reglas, procedimientos, normas, patrones, prácticas, disposiciones, relaciones y memorias originadas en una definida experiencia autoritaria del pasado, que, como resultado de configuraciones históricas específicas o de luchas políticas, sobrevivieron la transición democrática e intervienen en la calidad y práctica de las democracias posautoritarias”.

Siguiendo ese planteamiento, los legados autoritarios se pueden ubicar en casi todas las democracias posautoritarias que normalmente presentan patrones contradictorios tanto en instituciones formales como en prácticas informales. Los legados autoritarios pueden reconocerse tanto en estructuras formales fácilmente identificables e instituciones heredadas del pasado como en prácticas y manifestaciones vividas (memorias, miedo, desconfianza) e instituciones informales (clientelismo) que pueden ser ubicadas de manera directa en dicha experiencia autoritaria, advierten Hite y Cesarini.

La persistencia de tales enclaves, sin embargo, presenta problemas a largo plazo para la calidad y consistencia de la democracia, tanto en el plano de las instituciones políticas y económicas como en el de la percepción ciudadana de la democracia. A pesar de que los legados no son exclusivamente parte del pasado reciente, es preciso marcar el punto de precisión histórica en el cual los legados se originaron, así como los mecanismos que tales legados han acarreado en el establecimiento del nuevo régimen democrático.

La presencia de dichos legados en las democracias es un resultado de dinámicas dentro de la configuración histórica específica de un país encaminado a la democratización; de elecciones conscientes o manipulación de actores políticos clave en busca de sus propios objetivos, así como de las continuas luchas políticas entre actores colectivos durante momentos críticos de democratización.

En este sentido, hay que tomar en cuenta que los legados no son un simple resultado de la inercia, sino que son producto de una voluntad de agencia de actores políticos que requieren promover su propio programa y sus propios intereses. La forma en que los legados afectan el juego o la interrelación entre instituciones, así como las identidades sociales y políticas, se ha convertido en un elemento crucial para entender las fuerzas complejas que afectan la democracia en regímenes posautoritarios.

Así, hay que analizar el modo en que se originó la transición, pues la continuidad o discontinuidad de los modos de transición condicionan el sí y el cómo duran los legados autoritarios, señalan Hite y Morlino (2004). Los legados autoritarios pueden ubicarse como instituciones formales, enclaves actorales, así como prácticas y comportamientos que han transitado de un periodo autoritario. Dichos legados están conformados por actores que no se definieron por la opción democrática, sino que fueron forzados o arrastrados por ella, pero mantienen una alta cuota de poder y dominio. No obstante, como señala Garretón, requieren reciclaje o aprendizaje democrático.8

En América Latina, soldados, sacerdotes y burócratas pusieron los fundamentos del sistema político moderno en el momento en que compitieron por el poder desde siglos atrás. Todos los países comenzaron con dos legados dominantes: la milicia y la oligarquía, señala Hansis (1997). En América Latina, la aristocracia y los terratenientes, en colusión con la jerarquía de la Iglesia católica, han sido indicados como ejemplos de estructuras de poder tradicionales cuya predominancia constante no hace sino constituir un obstáculo formidable para la modernización y democratización (Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992).

En un principio se dijo que la participación directa de estas élites en la reconstrucción de las instituciones democráticas y los procesos, después de los autoritarismos, sería vital para asegurar la estabilidad de las nuevas democracias (O’Donnell y Schmitter, 1986), pero su participación les permitiría preservar garantías directas para su futuro bajo el nuevo régimen democrático. No obstante, las experiencias de la transición han permitido revaluar el papel de la participación de las élites en la democratización, pues, como señala Hagopian (2004), en donde éstas continúan dominando la arena política aún se evidencia el uso de mecanismos sutiles, como el clientelismo y el patrimonialismo, que a la larga ha venido a socavar a los nuevos gobiernos democráticos.

Otro de los actores que ha puesto en peligro la democracia es el ejército, especialmente en América Latina. Según Loveman (1993), para unos la identificación militar con la propiedad del Estado está enraizada desde el pasado periodo colonial español; para otros, la falta de simpatía de los militares a la democracia ha sido por su peculiar tipo de profesionalización, enraizada en la doctrina anticomunista, así como su desdén hacia el comportamiento corrupto de los políticos civiles (Stepan, 1971).

En las transiciones desde el gobierno autoritario, los militares continuamente han retenido importantes prerrogativas, desde la representación en el gobierno, dentro de los cuerpos legislativos, hasta los fundamentales mecanismos para lograr la impunidad desde la justicia civil. Los militares también continúan participando, e incluso controlando, agencias y organizaciones cuya tarea es la vigilancia de la sociedad civil.

La institución castrense también retiene una influencia fuerte sobre los políticos democráticos, especialmente por su participación en partidos políticos de derecha (Payne, 2000). El ejército ha sido un actor relevante –en su capacidad de propuesta, regulación y ejecución– que se mantuvo como resorte básico del poder dentro del aparato estatal y, por tanto, dentro de la maquinaria que el gobierno democrático ahora debe administrar, como señala Crespo.

No obstante, una de las deficiencias que se le pueden imputar a las transiciones a la democracia es que no hubo un control explícito de las instituciones democráticas sobre las fuerzas armadas. Éstas negociaron su salida o retirada a cambio de prerrogativas y condiciones que han limitado el proceso de consolidación. A pesar de la apertura, la continuidad institucional de las fuerzas armadas ha sido preservada, y por tanto, como se ha señalado, el futuro de las fuerzas militares siempre ha registrado bajos niveles de incertidumbre.

Los legados autoritarios de las transiciones políticas y los desafíos que éstos presentan para la consolidación democrática no pueden subsumirse únicamente a la institución militar, sino que deben tomar en cuenta la interacción de ésta con las realidades políticas nacionales. De esta forma, la organización de la misión de las fuerzas armadas en una realidad democrática se relaciona con el tipo de funciones desempeñadas por éstas en los procesos de transición (Crespo y Filgueira, 1993).

Los militares, como legados, se constituyen en un elemento importante de analizar por su naturaleza específica, sus peculiaridades organizacionales y su papel histórico de coerción, construcción del Estado y el orden público (Agüero, 2004). Por otro lado, una de las influencias y prerrogativas que tienen relación con el tema de las regulaciones es la construcción de su presupuesto y fuentes de financiamiento, los cuales caen normalmente en el rango de secreto y quedan fuera del monitoreo o auditoría social. Ello les confiere un alto grado de preservación y crecimiento de áreas de autonomía.

Otro legado importante, al menos en la transición en América Latina, ha sido el sector económico. No puede prescindirse de este actor, ya que normalmente una transición implica una liberalización del sistema político y, de suyo, cambios en la política económica de un país. Por tanto, en el momento en que las cúpulas se ponen de acuerdo para cambiar las reglas del juego político, por lo común las élites económicas juegan un papel determinante, ya sea porque han colaborado a impulsar la transición, o debido a su importante papel en el desarrollo económico del país se convierten en un actor indispensable para las reformas políticas y económicas.

Las políticas económicas del régimen autoritario conforman el poder de los actores para resistir, renunciar a o negociar las reformas (Hagopian, 2004). En muchas circunstancias, las fuerzas sociales, como sindicatos u organizaciones, se han visto menos capaces de negociar reformas económicas que emergen del gobierno autoritario relativamente ilesas.

El sector económico ha sido un actor tan fuerte, que fue capaz de vivir y convivir con los principales actores del régimen autoritario. Muchas veces, ellos mismos coadyuvaron a su existencia y persistencia en el tiempo. El sector económico siempre ha sido un fiel aliado de las fuerzas armadas y son dos actores suficientemente desarrollados como para influir en la distribución nacional de los recursos de forma significativa y regular. Como dice McCleary (1999), ellos contaban con sistemas institucionales de toma de decisiones, elección, promoción y división del trabajo, y tenían mandatos institucionales, lo mismo que normas de conducta.

La lucha contra la corrupción y la impunidad: la nueva arena para la batalla por la cooptación del Estado

En ese contexto de tradición autoritaria, Guatemala se encarrila a la vida democrática a mediados de los años ochenta del siglo pasado y no queda libre de problemas políticos que marcaron el inicio de la democratización. Un autogolpe de Estado,9 a los siete años del inicio del primer gobierno electo democráticamente, que permitió la promulgación de una reforma a la constitución con la cual se inicia la democracia, fue un episodio que representó un punto de fuga a presiones políticas producto del conflicto armado interno, pero también evidenció la forma en que el Estado había cambiado su fachada militar por una civil, pero en el fondo seguía siendo un instrumento que servía a ciertos grupos de poder.

La toma del Estado como un botín para realizar negocios y generar procesos de enriquecimiento a costa de los recursos públicos comienza a reconfigurarse y a tomar otras dinámicas ya en la vida democrática, pues, como señala la literatura, en los regímenes autoritarios hay menos incertidumbre que en una democracia. Los actores políticos, el sector económico y el poder militar tuvieron que aprender de estas nuevas formas de ejercer el poder. Estos primeros episodios comenzaron a evidenciar la existencia de esas herencias que no se habían quedado en el pasado, sino que habían logrado pervivir al impacto de la democratización.

No obstante, no tardaron mucho en aprender, reciclarse y conocer a fondo todos los mecanismos para que el Estado estuviera al servicio de sus intereses. Los procesos electorales se fueron sucediendo con relativa normalidad, legalidad y legitimidad. Es decir, lo relativo al acceso al poder estaba medianamente resuelto, iba dando resultados, aun cuando la apertura hacia todos los actores políticos realmente se produjo hasta la firma de la paz. La guerrilla se convierte en una organización política y otras expresiones de izquierda ya pudieron competir electoralmente de manera libre y bajo el amparo de la legalidad.

De esa cuenta, el avance de la democratización debió haber dado paso a la consolidación democrática y al fortalecimiento de las instituciones. No obstante, dicho fortalecimiento se realizó, pero de manera errada. Se configuró un Estado que comenzó a servir de asidero para negocios de sectores y para promover redes clientelares y patrimonialistas. En este aspecto es necesario mencionar que el Estado funcionaba con relativa normalidad y de hecho su configuración legal se diseñó de tal forma que los grupos de poder siempre pudieran operar de manera libre y protegidos legalmente.

No se puede determinar con exactitud cuándo comenzó la cooptación del Estado, es decir, ese momento en que la organización se configura de tal manera que ya no es una entidad que sirve para el desarrollo del bien común, sino que se convierte en el botín de negocios, en donde las instituciones informales, siguiendo el planteamiento de North (2006), se desarrollaron y se fortalecieron de tal manera que lograron impregnar y atravesar todo el ejercicio del poder. Los organismos del Estado, así como otros entes autónomos, fueron cooptados de tal manera que comenzaron a funcionar al servicio de ciertos actores, en donde, en los últimos años, incluso tuvo participación el crimen organizado.

La acción gubernativa, las preferencias legislativas, así como la aplicación de justicia cayeron al servicio de estos actores que transitaron del proceso autoritario y que ya en democracia se habían convertido en agentes eficaces del manejo del Estado guatemalteco. Se había cooptado al círculo completo. Incluso se llegó al momento en que los partidos políticos se convirtieron en vehículos electorales al servicio de estos actores que buscaban representación en los puestos legislativos, municipales e incluso ejecutivos. Pero el problema no se quedó en ese campo, pues del congreso de la república, según el diseño guatemalteco, depende la elección de los más altos cargos de las cortes, así como de otros organismos autónomos. En esta situación de cooptación, durante mucho tiempo no han quedado libres las instituciones de contraloría.

Así las cosas, capturar a los partidos políticos se convirtió, en algún momento, en el principal objetivo de estos actores o herencias, que descubrieron, de manera estratégica, cómo desde el momento del acceso al poder se podía configurar o moldear el ejercicio del poder. Cualquier comportamiento que implicara un acto de corrupción, a buen seguro, quedaría en la completa impunidad no sólo porque se manejaba con total opacidad y secrecía, sino porque también los agentes encargados de la aplicación y administración de la justicia se hallaban al servicio de estos actores.

La transparencia y la rendición de cuentas, instituciones propias de la consolidación democrática, comenzaron a encontrar una serie de valladares para su desarrollo e institucionalización, e incluso se generaron procedimientos y políticas que se enfocaron más en la simulación y el discurso vacío. El Estado guatemalteco se convirtió entonces en un escenario donde confluyeron una serie de cuerpos ilegales y clandestinos que actuaban bajo su amparo, y que muchas veces fueron promovidos y protegidos por el Estado mismo.

Esa realidad, construida laberínticamente, dificultaba la generación y el desarrollo de instituciones que coadyuvaran a la consolidación de la democracia. De tal forma, en determinado momento, es el mismo Estado el que solicita y aprueba la creación de una comisión internacional que lograra la desarticulación de estas estructuras ilegales y clandestinas enquistadas en su seno. De esa cuenta, Naciones Unidas aprueba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, denominada cicig.

Este ente internacional se instala en Guatemala con un acuerdo de creación y objetivos específicos cuyo fin primordial es coadyuvar a la labor del ministerio público para la desarticulación de redes criminales dentro del Estado, así como la procuración y promoción de reformas legales que originen mejoras en el sistema de justicia.

El debilitamiento institucional fue in crescendo, aun cuando todo tenía una fachada de normalidad. El sistema funcionaba, claro está, pero para todos aquellos actores que lo habían modelado y diseñado para conseguir prebendas y privilegios. La apuesta por el poder tuvo, de suyo, un objetivo: apoderarse del Estado y convertirlo en un gran botín para estos actores. Saqueo de recursos públicos, distribución política de cargos en el estamento burocrático, así como el establecimiento de normas e instituciones concebidas para promover y cimentar una cultura de corrupción e impunidad en el país se convirtieron en un proceso normal de la vida política del país.

Lo anterior, evidentemente, llegó a ser el principal obstáculo para el desarrollo de la consolidación a la democracia. Los efectos de esta realidad nunca permitieron que se abandonara el estadio de la transición, pues durante tres décadas las reglas del juego se fueron diseñando y modificando para favorecer un Estado clientelar y patrimonialista, pero con fachada de democracia.

Es en este contexto en donde la cicig comienza a abrir brecha. Y para ello tuvo que contar con un ministerio público dirigido por una persona que fuera aliada para el desarrollo de los objetivos de la comisión. En un principio, hubo algunos casos que comenzaron a evidenciar las implicaciones de las redes criminales que estaban incrustadas dentro del Estado. No obstante, el caso que verdaderamente descolocó a uno de estos legados autoritarios fue cuando el ministerio público comenzó a plantear investigaciones en torno al pasado conflicto armado. Presentar casos por desaparición forzada y por genocidio generó un gran rechazo dentro de miembros del sector militar (especialmente entre los retirados), sobre quienes se presentaron varias denuncias y que en la actualidad incluso enfrentan procesos judiciales. Uno de estos casos fue el de genocidio que llevó al tribunal al ex jefe de Estado, el militar Efraín Ríos Montt. Se obtuvo una sentencia condenatoria, pero la Corte de Constitucionalidad invalidó el fallo y promovió que se repitiera el juicio.10

Esto provocó la movilización de actores militares y sus familiares, quienes promovieron también una gran cantidad de recursos financieros, publicitarios, mediáticos y simbólicos que generaron un sentimiento de confrontación ideológica dentro del país. La justicia transicional se convirtió en la arena para la pugna entre “comunistas” y “militares”. El discurso de confrontación entre derecha e izquierda ha permeado la opinión pública desde esos años. Un discurso que ha hecho eco en parte de la sociedad y que ha sido azuzado por el temor que ha generado el desarrollo de los gobiernos llamados socialistas en América Latina.

Pero eso no fue suficiente. Ante el cambio de gobierno y de las autoridades judiciales, así como en el ministerio público, los actores de poder movilizaron más recursos para incidir en la designación de funcionarios que cooptaran el sistema de justicia, y evitar de esa forma la continuidad de los procesos judiciales por motivos del conflicto armado. La designación de estos funcionarios se realizó con toda opacidad, secrecía y a partir de negociaciones políticas descaradas, donde incluso las universidades y la organización gremial de abogados fueron actores clave.11 La declaración de la expresidenta Roxanna Baldetti en ese sentido fue clave: “La Corte Suprema de Justicia se decidió alrededor de una cama”.

Se comienzan a evidenciar la existencia, los comportamientos y la capacidad de incidencia de estos actores autoritarios y conservadores, pero sobre todo se muestra claramente hasta dónde habían llegado a capturar el Estado, el cual parecía no tener una salida para enfrentar este fenómeno de debilitamiento institucional.

En este contexto, con las nuevas autoridades del ministerio público, así como el nuevo enfoque de trabajo de la cicig, se anuncian las investigaciones para combatir la corrupción en las estructuras estatales. La comisión y el mp presentan los casos de falsificación de pasaportes, así como el descubrimiento de la estructura de corrupción que existía en el sistema penitenciario del país (cicig, 2015). Éstos fueron los inicios de un proceso interminable cuyos resultados fueron evidenciar el grado de fragilidad institucional de todo el Estado, así como la diversidad de actores involucrados en actos de corrupción. Pero, sobre todo, demostró cómo estos actores no sólo se beneficiaban del Estado habiéndolo convertido en su botín, sino que durante muchos años fueron los protagonistas en la estrategia para concebir, promover y gestionar el desarrollo de las instituciones estatales a su medida y beneficio. Las entidades gubernamentales, así como los órganos de control, de investigación y jurisdiccionales, fueron completamente cooptados. Y eso incluyó, de suyo, al poder político, cristalizado en el congreso de la república mediante la participación de los partidos políticos.

No obstante, el escándalo que fue un parteaguas en la lucha contra la corrupción se dio en abril de 2015. La cicig y el mp presentan una investigación acerca de defraudación aduanera que obliga a la renuncia de la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, por formar parte de la estructura criminal. Conforme pasaron los meses, como señala el informe de cicig (2016), se presentaron otros casos, como el antejuicio contra una magistrada del organismo judicial, la creación de plazas fantasma12 en el congreso de la república, que llevó a varios expresidentes de dicho organismo a la cárcel, y también una estructura de compra de medicamentos de mala calidad en el seguro social, en donde está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina, quien tuvo que renunciar por las acusaciones de corrupción en su contra, a pocos días de las elecciones presidenciales y a pocos meses del fin de su mandato.

La renuncia de la pareja presidencial antes de que terminara el periodo provocó una serie de discusiones sobre la institucionalidad del Estado, pero también se promovieron corrientes de opinión que incluso apoyaban la permanencia de estos funcionarios en sus cargos con el fin de evitar un “problema de riesgo institucional”. No obstante, el recambio de autoridades está bien definido en la constitución de Guatemala. Los actores del poder, acorralados por los diversos casos, comenzaron una lucha que aún no termina. Esconder o minimizar el impacto de los casos de corrupción y vender la idea de que todo se ha convertido en una lucha de la izquierda por llegar al poder y por violentar la soberanía del país.

No obstante, la lucha contra la corrupción, al parecer, comenzó a tener el apoyo de gran parte de la población; e incluso en el último estudio presentado por Azpuru et al. (2018), la cicig goza de más del 70 % de aprobación entre la población, y es la institución con más credibilidad en Guatemala. Y es que, desde 2015, una gran parte de la población aprobaba el trabajo de la comisión, así como del ministerio público, pues todo apuntaba a que la principal culpable de esta situación era únicamente la clase política a distintos niveles, apoyada por un grupo de actores privados (denominados emergentes) y funcionarios medios del organismo judicial. No obstante, cuando comienzan a presentarse más casos de corrupción que involucran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a los más grandes empresarios del país, la historia cambió. Fue un momento de quiebre en la lógica del apoyo del sector privado al trabajo de la comisión. Los casos continuaron en el periodo del presidente Jimmy Morales, quien llega al poder impulsando un slogan que decía: “Ni corrupto, ni ladrón”. No obstante, ni el nuevo mandatario se salvó. El mp y la cicig presentan más procesos de investigación que alcanzan al hijo y al hermano del presidente de la república, así como de algunos exmilitares que forman parte de su círculo más cercano.

Si antes el sector privado y algunos políticos que permanecen detenidos habían comenzado una batalla contra el trabajo de la cicig y del comisionado, Iván Velásquez, ya en ese momento a la batalla se unían el gobierno de la república y una serie de actores que promovieron acciones desde diversos ámbitos para lograr la expulsión del comisionado de la cicig, pero también para debilitar el trabajo del mp. En redes sociales, esta consolidación de esfuerzos de estos actores (militares, económicos, mediáticos, religiosos, entre otros) se les denominó con la etiqueta “#pactodecorruptos”.

Acusar a dos familiares del presidente, grandes empresarios (agro, bancos, industria, etc.), a la esposa del dueño del monopolio de la televisión abierta y a militares que ahora están involucrados en la vida política ha evidenciado la existencia de esas herencias del pasado autoritario, pues están haciendo uso de todos los recursos con que cuentan dentro de las instituciones del Estado para terminar con la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Y la guinda del pastel: la comisión internacional y el mp han ido presentando varios procesos judiciales sobre el caso de financiamiento electoral ilícito (cicig, 2017). Las pruebas demuestran las formas en que diversos actores han entregado recursos financieros (denominadas penalmente como de procedencia ilícita o anónima) a los partidos políticos, tocando así el corazón de la participación democrática. Dos partidos políticos ya fueron cancelados y otros dos de los más grandes se encuentran en controversias judiciales y están a punto de ser cancelados, lo cual cierra su posibilidad de participar en política en el futuro. La institucionalidad del acceso al poder también fue alcanzada por esta cultura de corrupción.

No obstante, las acusaciones de corrupción planteadas contra el presidente de la república, Jimmy Morales, por parte de la cicig y el mp tuvieron consecuencias. Primero declaró non grato al jefe de la comisión, Iván Velásquez, y prohibió su ingreso al país (aprovechando que estaba de viaje). Luego obligó a todos los funcionarios del ejecutivo a que torpedearan el trabajo de la comisión, comenzando con Relaciones Exteriores, que le canceló la visa de ingreso al país a Velásquez de manera definitiva, y a varios funcionarios internacionales; además, realizó un profundo cabildeo internacional contra de la comisión, especialmente en Estados Unidos y en las Naciones Unidas.

El Ministerio de Gobernación retiró el apoyo de investigadores de la Policía Nacional Civil que colaboraban con la comisión y posteriormente entorpeció los procedimientos de órdenes de captura de algunos sindicados. La controversia llegó a su punto más alto cuando, de manera pública, el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión. De esa cuenta, el 3 de septiembre de 2019 la cicig finalizó su labor de apoyo en Guatemala.

En este juego de acciones contra la comisión, el presidente no estuvo solo. Éste fue uno de los principales momentos en que fue evidente la presencia de los legados autoritarios. Las decisiones presidenciales fueron apoyadas abiertamente por los militares al mando del Ministerio de la Defensa, el sector económico tradicional (que había sido señalado de participar en la captura del Estado mediante el financiamiento electoral ilícito), así como los partidos políticos señalados y la mayoría de quienes enfrentan procesos legales por actos de corrupción. Algunas acciones de estos enclaves autoritarios se hicieron aprovechando los vacíos legales y las deficiencias institucionales del Estado, pero otras, siguiendo el estilo de la época del enfrentamiento armado, fueron adoptadas de manera burda, ilegal y autoritaria. Muchas de ellas fueron susceptibles de acciones legales y fueron revocadas por decisiones judiciales.

De 2015 a la fecha, lo que ha demostrado esta especie de novela policiaca es la forma como se construyó el Estado de Guatemala durante la transición a la democracia. Ha quedado en evidencia la existencia de una trama institucional que funciona perfectamente para el desarrollo de la corrupción, de la compra de voluntades y de la existencia de redes clientelares. Pero también ha mostrado cómo ciertos actores se han posicionado en cargos de poder que, si bien sirven para beneficiarse directamente, a su vez tienen el objetivo de operar a favor de otros grupos corporativos que logran prebendas y privilegios a costa del Estado.

Así las cosas, la presencia de los legados autoritarios, definitivamente, ha sido un factor determinante en el proceso de transición de la democracia en Guatemala al evitar que ésta llegara a su fin y permitiera el avance de la consolidación. La existencia de instituciones propias de la democracia no ha sido suficiente para superar la etapa transicional. Se requiere del desarrollo y avance de éstas, y la experiencia en el país da cuenta de que las instituciones se desarrollaron, pero para promover la corrupción, la opacidad y la secrecía. El statu quo que se configuró y se promovió con el arribo de la democracia se está moviendo lentamente, pero existe una serie de actores de poder (financiero, político y simbólico) que se resisten a que éste se modifique. En definitiva, la eterna transición es un negocio más rentable para esas herencias del pasado que aún perviven en el presente.

Referencias

Agüero, F. (2004). “Autoritarian Legacies: The Military Role”, en C. Hite y P. Cesarini, Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Agüero, F. (1998). Legacies of Transitions: Institutionalization, the Military and New Democracies in South America. Nueva York: Columbia University Press.

Alcántara, M. (1995). “De la reforma y la consolidación del sistema político en el equilibrio entre la democracia y mercado en América Latina”, en M. Alcántara e I. Crespo, Los límites de la consolidación democrática en América Latina. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 29-46.

Azpuru, D. et al. (2018). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 20016/17. Guatemala: asies.

Colomer, J. (1998). La transición a la democracia: el modelo español, Barcelona: Anagrama.

cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) (2017). “10 informe anual de labores. 10 años apoyando a la justicia guatemalteca”. Recuperado de <http://www.cicig.org/uploads/img/2017/others/COM_074_20171010_Informe_2017.pdf>.

cicig (2016). “Noveno informe de labores”. Recuperado de <http://www.cicig.org/uploads/img/2016/others/COM_087_20161124_INFORME_ANUAL_2016.pdf>.

cicig (2015). “Informe de la Comisión con ocasión de su octavo año de labores”. Recuperado de <http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/COM_085_20151113_VIII.pdf>.

Crespo, I. (1995). “¿Hacia dónde van las democracias latinoamericanas?”, en M. Alcántara e I. Crespo, Los límites de la consolidación democrática en América Latina. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 13-28.

Crespo, I. y F. Filgueira (1993). “La intervención de las fuerzas armadas en la política latinoamericana”, Revista de Estudios Políticos, nueva época, núm. 80, abril-junio, pp. 297-311.

Garretón, M. (1996). “Los derechos humanos en los procesos de democratización”, en E. Jelin y E. Hershberg, Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, pp. 54-68.

Garretón, M. (1991). “La democracia entre dos épocas: América Latina en 1990”, Foro Internacional, vol. 32, núm. 1, julio-septiembre, pp. 47-64.

Gramajo, S. (2009). “Un pasado que aún pesa. Los legados autoritarios imprimen su huella en la ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala”, tesis doctoral, Flacso, México.

Hagopian, F. (2004). “Autoritarian Legacies and Market Reforms in Latin America”, en C. Hite y P. Cesarini, Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 85-158.

Hagopian, F. (1993). “Alter Regimen Change: Authoritarian Legacies, Political Representation, and the Democratic Future of South America”, World Politics, núm. 45, abril, pp. 464-500.

Hansis, R. (1997). The Latin Americans: Understanding their Legacies. Boston: McGraw-Hill.

Hite, C. y P. Cesarini (2004), “Introducing the Concept of Authoritarian Legacies”, en C. Hite y P. Cesarini, Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 1-25.

Hite, C. y L. Morlino (2004). “Problematizing the Links Between Authoritarian Legacies and ‘Good’ Democracy”, en C. Hite y P. Cesarini, Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 25-83.

Huntington, S. (1998). La tercera ola, la democratización de finales del siglo xx. Barcelona: Paidós.

Huntington, S. (1972). El orden político en las sociedades de cambio. Buenos Aires: Paidós.

Kruijt, D. (1998). “Reflexiones sobre Guatemala”, en B. Arévalo, Sobre arenas movedizas: sociedad, estado y ejército en Guatemala. Guatemala: Flacso, pp. 9-36.

Loveman, B. (1993). The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Mccleary, R. (1999). Imponiendo la Democracia: las élites guatemaltecas y el fin del conflicto armado. Guatemala: Artemis Edinter.

Mainwaring, S. y F. Hagopian (2005). The Third Wave of Democratization in Latin America. Advances and Setbacks. Nueva York: Cambridge University Press.

Mazzuca, S. (2002). “¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad del ejercicio del poder en América Latina”, Araucaria, primer semestre, año/vol. 4, núm. 7, pp. 1-21.

Munck, G. (2002). “Una revisión de los estudios sobre la democracia: temáticas, conclusiones y desafíos”, Revista de Ciencias Sociales, vol. 41, núm. 164, enero-marzo, pp. 579-609.

Munck, G. (1994). “Democratic Transitions in Comparative Perspective”, Comparative Politics, vol. 26, núm. 3, abril, pp. 355-375.

North, D. (2006). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.

O’Donell, G., P. Schmitter y L. Whitehead, (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario. Barcelona: Paidós.

Payne, L. (2000). Uncivil Movements: The Armed Right Wing and Democracy in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Poitevin, R. y A. Sequen (2002). Los desafíos de la democracia en Centroamérica. Guatemala: Flacso.

Rueschemeyer, D., E. Sthepens y J. Sthepens (1992). Capitalist Development and Democracy. Chicago: Universtiy of Chicago Press.

Schirmer, J. (1996). “La otra cara de la dimensión internacional: el saqueo del discurso democrático por parte de los militares guatemaltecos”, en E. Jelin y E. Hershberg, Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, pp. 97-110.

Steinmo, S. y K. Thelen (1992). “Historical Institutionalism in Comparative Politics”, en S. Steinmo, K. Thelen y F. Longstreth, Structuring Politics, Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Nueva York: Cambridge University Press.

Stepan, A. (1971). The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil. Princeton, Princeton: Princeton University Press.

Thesing, J. (1999). La democracia en Guatemala. Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

Torres Rivas, E. y J. Fuentes (1999). Guatemala: las particularidades del desarrollo humano. Democracia, etnicidad y seguridad. Guatemala: Naciones Unidas.

4 No existe un consenso para ubicar la fecha de inicio de la transición a la democracia, ni mucho menos su finalización. Más adelante se presentarán las distintas propuestas temporales de tal hecho.

5 Este rezago en la literatura no es menos importante, y posteriormente será presentado como marco analítico para entender la presente discusión, siguiendo el planteamiento de Mazzuca (2002).

6 Para mayor información, véase Gramajo (2009).

7 Colomer (1998) lo denominará como democracia de bajos niveles.

8 Para el autor, dichos enclaves actorales no necesariamente representan una regresión al estadio autoritario, pero ciertamente representan un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia, ya que muchos son renuentes a acatar las reglas mínimas del juego democrático.

9 El 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano deja sin efecto la constitución política y disuelve el congreso de la república, las distintas cortes, así como la institución del procurador de los derechos humanos. Este autogolpe no logra cuajar, y para el 5 de junio ya se estaba nombrando un nuevo presidente de la república.

10 El exdictador murió durante la repetición del juicio.

11 Las universidades, como los colegios profesionales, integran por mandato legal las comisiones de postulación que tienen a su cargo la presentación de candidatos para ocupar los cargos más altos en la administración de justicia.

12 Otorgamiento de puestos de trabajo en donde las personas no llegan a trabajar y tienen que trasladar una parte del salario a quien los contrata. O también se da el caso de que sí llegan a trabajar, pero igualmente deben trasladar cierta parte del salario mensualmente como pago al favor de haber conseguido el puesto de trabajo.

Chile entre lo nuevo y lo viejo: cambio de ciclo y crisis de la política transicional13

Carlos Durán Migliardi

13 Este capítulo fue elaborado en el marco de la realización del proyecto Fondecyt, núm. 1191491.

Introducción

Para el contexto político, intelectual y mediático de América Latina, Chile constituyó hasta hace pocos años un caso ejemplar en cuanto al logro de los tan ansiados objetivos de producción de estabilidad social, crecimiento económico y gobernabilidad democrática (Munck, 2003). La articulación entre una transición exitosa que logra generar un proceso pacífico y gradual de traspaso del poder militar al poder civil a inicios de los noventa, la manutención de niveles de crecimiento económico sostenidos durante más de una década y la activación de una política social altamente exitosa en su objetivo de disminuir la pobreza constituyeron una tríada que, durante toda la década de los noventa y gran parte del nuevo siglo, ubicaba al país del sur como un caso atípico de cara a un contexto latinoamericano altamente inestable, objeto de múltiples ensayos y víctima de las consecuencias de la crisis del desarrollismo y de la implantación del recetario neoliberal resumido en el así llamado “consenso de Washington”.

Fundamentalmente, los motivos que explican la excepcionalidad del caso chileno son tres: en primer lugar, la modalidad específica por medio de la cual se gestó el proceso transicional chileno; en segundo, la temprana adhesión de los actores hegemónicos del campo político-institucional chileno a los principios gruesos del modelo neoliberal fundado por la dictadura militar; y por último, la predominancia de un modelo democrático fuertemente consociativo que, en lo fundamental, privilegió durante largo tiempo la producción de acuerdos por sobre la expresión de las diferencias democráticas.

Respecto al primer factor, cabe señalar que la transición chilena, categorizable en los términos de lo que O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1986) denominan como una “emancipación gradual” –un proceso de normalización democrática que opera en ausencia de un momento gestacional de ruptura con el orden autoritario–, se desarrolló sobre la base del acoplamiento de la oposición antidictatorial al itinerario institucional previsto por la dictadura en la constitución de 1980 y sus articulados transitorios, lo que significó en definitiva que la derrota de la cual fue objeto Pinochet en el plebiscito de 1988 se generó a partir del seguimiento a las reglas del juego establecidas por su propia institucionalidad.14

En relación con el segundo factor –la adhesión a los principios del modelo económico-social conformado por la dictadura (Lavín, 1988)–, ocurre que el proceso transicional chileno coincide con una coyuntura de recuperación económica que, con el retorno a la democracia y su efecto en cuanto a la reinserción del país en la economía global, se vio profundizada. En parte como fruto de ello es que gran parte de la élite política que administró el proceso transicional fue asumiendo como propios –pese a sus furibundas críticas pasadas– los pilares fundamentales del modelo económico de corte neoliberal fundado por la dictadura (Camargo, 2007). Los antiguos temores de los grupos empresariales a la llegada de la democracia y su potencial impulso de redistribución o de regresión de las reformas neoliberales, con el correr del tiempo, fueron desvaneciéndose (Hunneus, 2014).

Por último, y en lo que se refiere al predominio de las lógicas consociativas, resulta ampliamente sabido el hecho de que el proceso transicional operó sobre la base del primado de la búsqueda del consenso y la neutralización de las fuentes de antagonismo como eje de la acción política como axiomas de la práctica política de sus actores hegemónicos (Boeninger, 2014). En parte debido a la estela histórica que antecedió al proceso transicional, en parte por la profunda autocrítica que la centro-izquierda chilena desarrolló en torno a sus formas de accionar político (Durán, 2001), y en parte por las trabas institucionales heredadas por la dictadura y la amenaza permanente a la regresión autoritaria (Garretón, 1995), lo cierto es que los actores que condujeron el proceso político optaron por evitar la producción de un espacio de disenso democrático, tendiendo ineludiblemente a una progresiva indistinción (Godoy, 1999).

Durante la década de los noventa, así, el proceso transicional chileno derivó, como decíamos más arriba, en una dirección marcada por la estabilidad y la paz social. Pero dicha naturaleza ejemplar, sin embargo, comienza a verse erosionada durante la primera década del siglo xxi, cuando el pacto postransicional comienza a verse enfrentado a nuevos desafíos, contingencias críticas inéditas, un contexto internacional distinto y una ciudadanía que a lo largo de la década fue cambiando aceleradamente, incorporando nuevas aspiraciones y demandas en su repertorio (Durán, 2018). A partir de dicha década, se abre entonces un periodo de soterrada y progresiva crisis que, hacia la segunda década de este siglo, comienza a manifestarse de forma explícita.

Este trabajo tiene justamente como objetivo describir y analizar este periodo que se abre con lo que denominamos el ciclo de “agotamiento del campo postransicional” y que termina con lo que asumimos como un contexto sociopolítico de crisis del campo político y de producción de una nueva gramática política con contenidos y actorías diversas respecto a las que coparon el periodo anterior de la historia política de Chile.

Para cumplir nuestro objetivo, dividiremos este capítulo en cuatro partes: una primera, en la que daremos cuenta de los elementos que caracterizan el agotamiento del campo postransicional; una segunda parte, concentrada en la crisis sociopolítica de 2011; una tercera, que refiere el fracasado proyecto reformista de la coalición conocida como Nueva Mayoría; y una cuarta, concentrada en el contexto sociopolítico actual.

Fin de siglo: el silencioso agotamiento del campo postransicional

Hacia finales de 1993, se realizaron en Chile las segundas elecciones presidenciales tras el retorno a la democracia en 1990. A esta contienda electoral, la Concertación de partidos por la democracia presentaba como candidato al dirigente del partido Demócrata Cristiano y senador Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien por aquel entonces gozaba de amplios niveles de adhesión ciudadana. El resultado de la elección fue contundente: la coalición oficialista obtenía más de 57 % de la votación total, seguido muy de lejos por la coalición opositora de derecha, cuyo candidato, Arturo Alessandri, obtuvo un ínfimo 24 % de la votación total. Era la expresión de la hegemonía plena del concertacionismo en el contexto de un proceso transicional altamente exitoso, con niveles de estabilidad política y social inéditos para un contexto posdictatorial, y con una coalición de gobierno cohesionada y capaz de ofrecer a los chilenos un proyecto de normalización democrática y crecimiento económico que inspiraba altos niveles de adhesión.

Con la llegada de Eduardo Frei al gobierno, en marzo de 1994, los peligros de regresión autoritaria tan presentes en el periodo anterior comenzaban a aminorarse, y la normalización democrática parecía convertirse en una realidad (Muñoz y Stefoni, 2002). El foco eminentemente político de su predecesor –Patricio Aylwin– fue reemplazado, así, por una modalidad de gestión de marcado tono tecnocrático que iba dejando progresivamente atrás el lenguaje de la transición y la excepcionalidad, marcando en su reemplazo una discursividad política con fuerte centro en el significante “modernización” (Durán, 2017).

Es así como, poco a poco, los temas propios de la transición abrían paso a nuevas agendas vinculadas a la apertura económica, la producción de nuevas políticas públicas y la modernización del Estado, entre otros tópicos. Los “nuevos tiempos” anunciados por el presidente Frei en su campaña electoral parecían haber llegado, aunque con ellos persistieran los mismos actores y lógicas que caracterizaron la reconfiguración del campo político-institucional durante el gobierno de su predecesor (Joignant y Menéndez-Carrión, 1999).

Hacia finales del periodo presidencial de Frei, sin embargo, la situación comienza a cambiar de manera progresiva. La retórica exitista de las elites políticas y económicas que comenzaron a nombrar a Chile como “el jaguar de América Latina” fue mostrando algunos bemoles, y nuevos problemas comenzaban a copar la agenda pública, afectando de modo relevante la adhesión ciudadana al gobierno. Entre los factores intervinientes en este “cambio de clima” es posible mencionar tres en específico: el sorpresivo aumento de los niveles de abstención en las elecciones parlamentarias de 1997,15 la detención en Londres del exdictador Augusto Pinochet (1998)16 y el padecimiento de la primera recesión económica tras el retorno a la democracia, durante 1999 (French-Davis, 2002).

Estas tres situaciones sintomatizaban tres fenómenos de mayor profundidad que, hacia finales del gobierno de Frei, se habían incubado en el espacio sociopolítico chileno: en primer lugar, una progresiva separación entre la élite político-gubernamental y una ciudadanía que iba manifestando distancia respecto al bloque político hegemónico que conducía el país; en segundo lugar, la persistencia de las divisiones y tensiones en torno a la evaluación política y social de la dictadura militar y su herencia en términos de violaciones a los derechos humanos; y, en tercer lugar, la puesta en cuestión de la naturaleza supuestamente inmune del modelo económico social chileno.

Estos tres factores, en su conjunto, daban cuenta de que el proceso transicional, en parte por su propio éxito, pero también por sus propias insuficiencias, había ido generando un conjunto de situaciones problemáticas respecto a las cuales las actorías hegemónicas manifestaban una creciente dificultad para hacerse cargo. En otras palabras, un conjunto de situaciones que iban dando cuenta de la apertura lenta y progresiva de una crisis del sistema de representación política.

Paralelo a estos acontecimientos, el capítulo chileno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano publicaba su segundo informe de desarrollo humano, intitulado “Las paradojas de la modernización” (pnud, 1998), el que constataba la presencia larvada de un malestar subjetivo que operaba como escenario de trasfondo de un contexto marcado por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la gobernabilidad democrática. Del mismo modo, advertía acerca de la inexistencia de respuestas políticas que pudieran hacer frente a lo que se interpretaba como un estado de creciente desafección ciudadana. Al perder su capacidad para producir sentido, sostenía el informe, la política institucional iba abriendo las puertas a la acumulación de un malestar catalogado como “difuso” y “desarticulado”, pero que en el mediano plazo podía operar como fuente para la producción de una “desafiliación afectiva y motivacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social”.

En el seno de la élite intelectual y política de la Concertación, estos sucesos generaron un profundo impacto conducente a la activación de un inédito debate en torno a las proyecciones de su gestión. A las visiones optimistas, que interpretaban el mentado clima de malestar como resultado natural de un estado de cambio social acelerado, se contrapusieron interpretaciones críticas que proponían una modificación de las prácticas y contenidos que definieron el accionar de la Concertación desde su llegada al poder. En lo que concordaban ambas visiones –motejadas comunicacionalmente como “autocomplacientes” y “autoflagelantes” (Joignant y Menéndez Carrión, 1999; Ominami, 2009; Tironi, 2010; Hunneus, 2014), respectivamente–, empero, era en la necesidad de producir respuestas políticas eficaces frente a un contexto social diagnosticado como distinto al transicional, con la emergencia de nuevas demandas sociales y la instalación de un malestar social aún difícil de procesar.

El fin de siglo, así, ubicaba al campo político chileno frente a nuevos desafíos respecto a los cuales el otrora exitoso dispositivo transicional se manifestaba como insuficiente. De ahí en adelante, el proceso político chileno entraría en una dinámica en la que la incertidumbre, la emergencia de nuevas demandas sociales, el surgimiento de liderazgos de nuevo tipo tanto en la derecha como en la centro-izquierda y la irrupción de nuevos problemas sociales terminarán por producir la crisis del dispositivo postransicional.

La crisis de 2011

Cuando el candidato presidencial de la derecha –Sebastián Piñera– triunfaba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2010, para poner fin al ciclo de veinte años de gobiernos concertacionistas, todo parecía indicar que llegaba a su fin la transición democrática iniciada con la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, y con ella el clivaje dictadura/democracia con que se había configurado el campo político chileno desde aquel entonces. Por medio de su voto, la mayoría de los chilenos le otorgaba la confianza a un líder político que representaba al sector político autodeclarado heredero de las transformaciones impulsadas por la dictadura cívico-militar.17

Es así como, en definitiva, el retorno de la derecha política al poder por la vía democrática tras veinte años de ubicación en el espectro opositor18 parecía poner fin a la gramática propia de la transición democrática, a la vez que supuestamente consolidaba el consenso social en torno a las bases de sustentación del modelo económico-social fundado por la dictadura y corregido, resignificado y legitimado durante los veinte años de gobierno democrático. Terminaba así el exitoso ciclo de gobiernos de la Concertación, coalición política que, tras veinte años de gobiernos y cuatro presidencias consecutivas –dos de ellas encabezadas por líderes socialistas–, agotaba su repertorio de propuestas y abría paso a la alternancia política, síntoma inequívoco de rutinización de la interacción democrática que, a estas alturas del proceso político, caracterizaba al sistema político-institucional chileno.

Los primeros meses de gobierno de Piñera parecían confirmar esta apreciación: un tono altamente tecnocrático centrado en la idea de la eficiencia gubernamental como sello central de su gobierno marcaba la dirección de una administración más centrada en la búsqueda de resultados que en la diferenciación doctrinaria con sus predecesores.19 Y durante los primeros meses de su gobierno, este sello parecía consolidarse de un modo definitivo.

El accidente y posterior rescate de los treinta y tres mineros atrapados en una mina del norte de Chile constituyó el epítome de este relato gubernamental: la puesta en funcionamiento de una articulación público-privada altamente eficiente, con una enérgica decisión gubernamental y todas las energías puestas en un objetivo común, constituían la metáfora perfecta para la caracterización de una nueva derecha tecnocrática, liberada de su identificación con la dictadura, probadamente eficiente y expresiva de la superación de las retóricas del contexto sociopolítico anterior.

A poco andar, sin embargo, la administración piñerista comenzó a mostrar sus primeras dificultades. A las recurrentes acusaciones de conflicto de intereses generadas por las múltiples relaciones entre los nuevos gobernantes y la empresa privada se fueron sumando diversas expresiones de protesta social en las áreas de las luchas socioambientales y territoriales que fueron desdibujando la fortaleza inicial del gobierno, lo que produjo hacia finales de su primer año más de algún inconveniente y algunos cambios en el equipo ministerial del gobierno.

Sin embargo, no fue sino hasta abril de 2011 cuando las dificultades para el gobierno se habrían de presentar en su plena dimensión. A partir de esa fecha, las movilizaciones estudiantiles centradas en la demanda “no al lucro”20 comenzaban a copar las calles de las principales ciudades del país y a instalar en la agenda pública un conjunto de reivindicaciones sociales que afectaban el corazón del modelo político, económico y social chileno.

Mundialmente conocidas, las movilizaciones estudiantiles de 2011 en Chile produjeron un verdadero punto de inflexión en su proceso político.21 Desde un diagnóstico de consolidación del modelo económico-social y de maduración de un clima político en el que los debates sustantivos en torno a formas alternativas de organización social, el “acontecimiento estudiantil” (Durán, 2012) de 2011 reinstaló el debate fundamental en torno al modelo económico-social, conformó un campo antagónico en cuanto a modelos de sociedad alternativos y derivó en un acelerado proceso de repolitización de la sociedad chilena, en el cual el movimiento estudiantil jugó un rol de suma relevancia (pnud, 2015).

Con posterioridad a los acontecimientos de 2011, complementados con una intensificación del clima de movilización social, el gobierno de Piñera no logró recomponer su agenda de consolidación de una gestión tecnocrática inmunizada de debate político. El clima de progresiva despolitización, primacía de la técnica e imperio del lenguaje consociativo se desvanecía de modo inesperado y abrupto. Y aunque el presidente Piñera logró culminar sin mayores angustias su periodo de gobierno, sus intenciones de consolidación del clima de acuerdo global en torno a los pilares del modelo de sociedad fracasaron, lo que abrió paso a un proceso político distinto, uno de cuyos aspectos centrales lo constituye justamente el de la puesta en debate de los pilares del tipo de sociedad conformada en Chile a partir de 1990.

Bachelet y el fracaso del reformismo postransicional

La victoria de Piñera en las elecciones de 2009/2010 y la centralidad alcanzada por su retórica tecnocrática generaron una profunda crisis de sentido en el campo de la centro-izquierda en general y, específicamente, en la antigua Concertación. Una crisis que, finalmente, se vio profundizada con la activación –durante 2011– del ciclo de movilizaciones sociales arriba descrito. Una contingencia devastadora para la centro-izquierda, toda vez que la intensificación de la protesta social –concentrada especialmente en el mundo estudiantil y su demanda de fin al lucro– operó sobre la base de un discurso de denuncia a un modelo económico-social en el cual tanto la derecha como los gobiernos de la concertación eran sindicados como copartícipes. En el discurso de los líderes estudiantiles, de igual forma que en las consignas provenientes de la calle, la demanda por una sociedad de derechos y desmercantilizada no observaba diferencias a la hora de impugnar al sistema político y a los actores hegemónicos como su adversario principal.

En gran medida como resultado de estas tensiones, un importante sector proveniente del mundo concertacionista protagoniza, hacia finales del gobierno de Piñera, un complejo proceso de reconfiguración que derivó finalmente en la conformación de una nueva coalición política –la Nueva Mayoría– cuyos propósitos combinaban el interés por superar el proyecto político de la Concertación, por un lado, y por representar políticamente lo que a esas alturas se interpretaba como un estado de creciente malestar frente al modelo económico-social, por el otro. El progresivo descrédito de la herencia concertacionista y la necesidad de capitalización política de los conflictos sociales desplegados bajo la administración Piñera producían en definitiva una “ventana de oportunidad” para el impulso de un proceso de resignificación del espacio político de la centro-izquierda que, en el contexto de la disputa electoral de 2013, y atendiendo a los altos niveles de popularidad conservados por la expresidenta Michelle Bachelet, tendría su oportunidad de emergencia.22

Este proceso de reconfiguración se vio claramente expresado durante la coyuntura electoral que culminó con la victoria de la expresidenta Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales de 2013. Ocurre que la campaña electoral de la candidata de la Nueva Mayoría se había desplegado en un tono que expresaba una voluntad por modificar los términos que habían caracterizado a la interacción política posdictatorial. Su permanente apelación a la emergencia de “un nuevo ciclo político” y a la necesidad de construcción de una “nueva mayoría por los cambios” constituía señal de gestación –en el seno de la Nueva Mayoría– de una nueva forma de intervención política y de un intento por superar la lógica consociativa propia del ciclo político abierto en 1988 (Ottone, 2014). Junto con ello, la deriva de las movilizaciones estudiantiles de 2011 había conducido sólo de modo fragmentario hacia procesos de politización institucional que, durante la coyuntura electoral de 2013, no habían logrado materializarse en una apuesta presidencial que expresara una relación de continuidad con las energías movilizadas durante el ciclo anterior.

Inteligentemente, la referencia bacheletista a la existencia de un “nuevo ciclo político” operaba como dispositivo de reapropiación de la idea del cambio por parte de una coalición –la otrora Concertación– afectada por la herencia de más de veinte años de continuismo. Cambiando la definición del escenario sociopolítico, de sus retos y desafíos, el discurso de la candidatura bacheletista buscaba instalarse como la expresión de una oferta capaz de hacer frente a la apertura de un contexto sociopolítico marcado sobre todo por el incremento de las movilizaciones sociales y por los síntomas de un malestar social que comenzaba progresivamente a hacer mella sobre la legitimidad del sistema político.

Y sin embargo, una vez en el gobierno, la promesa reformista de Bachelet sintetizada en un programa de gobierno, cuyos pilares eran la promulgación de una constitución, el establecimiento –gradual– de la gratuidad en la educación superior y una reforma tributaria con sentido redistributivo, se vio enfrentada a sucesivos obstáculos. En primer lugar, aquéllos generados por la cohabitancia de sectores políticos con niveles discrepantes de convicción respecto a la necesidad de la agenda de reformas propuestas por la presidenta Bachelet; en segundo lugar, por las profundas dificultades técnicas para la aplicación de las reformas comprometidas; y en tercero, por la falta de un apoyo ciudadano que fuera más allá de la pura adhesión electoral, carencia atribuible en gran medida a la casi total ausencia de mecanismos de construcción participativa de las propuestas gubernamentales con las organizaciones directamente vinculadas con la lucha educacional.

A estos factores se debe sumar el así llamado caso Caval, contingencia activada hacia finales del primer año de gobierno de Bachelet y que, extendida durante todo su mandato, minó fuertemente la popularidad y adhesión ciudadana hacia la figura presidencial en un atributo –la credibilidad– en que había logrado diferenciarse fuertemente frente al resto de los liderazgos políticos. Generado a partir de acusaciones de presiones y cabildeo por parte de una nuera y del hijo de la presidenta para obtener beneficios económicos, el caso Caval afectó de modo definitivo el liderazgo presidencial y, con ello, desactivó la inicial energía para la realización de las reformas comprometidas y produjo en la coalición de gobierno una creciente desafección respecto a la conducción presidencial.

Los factores acá enumerados, junto a otras contingencias del periodo, terminaron, a nuestro juicio, por cerrar de modo definitivo las puertas a los intentos de generación de agendas reformistas en los términos del campo político producido en el contexto de la transición: la producción de acuerdos situados en una lógica binominal, sin considerar o excluyendo de forma directa a los actores sociales, operando con base en el primado de la conservación de los equilibrios institucionales y desde el imperio de una concepción elitista de la política, manifestó durante el segundo gobierno de Bachelet sus límites definitivos, y dio cuenta de su incapacidad para abrir procesos de cambio sustantivos dentro de sus márgenes.

Hacia un nuevo campo político

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, el expresidente Sebastián Piñera retornó al gobierno tras una poco disputada segunda vuelta frente al candidato oficialista Alejandro Guillier. Para su triunfo, bastó con activar la crítica frente a los mediocres índices económicos obtenidos por el gobierno de Bachelet, cuestionar los resultados de su gobierno y atribuir todo ello al impropio ímpetu reformista que dirigió su agenda. Adicionando a esto algunas referencias a la situación política de Venezuela,23 el retorno de Piñera al gobierno tras cuatro años constituyó un resultado altamente previsible, al igual que había ocurrido con la exitosa campaña por el retorno de Bachelet al gobierno durante 2013.

El triunfo de la candidatura derechista respondió a la potencia interpelatoria de un mensaje sencillo y fácilmente decodificable: “Podemos estar mejor”. Un mensaje que, repetido incansablemente con la consigna “tiempos mejores”, sostenía implícitamente la idea de que la incorporación de la sociedad chilena a una fase de reformas había afectado los pilares de su dinamismo, y que el retorno a la lógica tradicional de su funcionamiento iba a lograr reponer al país en “la senda del crecimiento” perdido durante los cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría. En definitiva, un discurso de naturaleza restauradora de un tiempo pasado –el tiempo de la “democracia de los acuerdos” y del “crecimiento económico”– asumido como pleno y digno de continuar. Una promesa de restauración de la ecuación entre democracia consociativa y economía de mercado que, en el contexto de un proyecto reformista que no había logrado sus objetivos, generaba dosis relevantes de respaldo en la ciudadanía.

Pero junto con el previsible resultado del retorno de Piñera al gobierno y de la definitiva bancarrota de la coalición política que condujo a la presidenta Bachelet a su segundo periodo, las elecciones presidenciales de 2017 tuvieron como novedad la emergencia de una candidatura alternativa de parte del Frente Amplio, coalición que se había constituido como resultado de la confluencia de un conjunto de organizaciones políticas y sociales partícipes de las movilizaciones sociales de 2011 y otras organizaciones políticas, ecologistas y de movimientos ciudadanos varios (Mayol y Cabrera, 2018).

Contando con el aval de una retórica basada en los pilares de la crítica sustantiva al modelo económico, político y social chileno, además de configurarse como representación de “lo nuevo” frente a la cohabitancia binominal entre la centro-izquierda y la derecha, la propuesta política del Frente Amplio representada por una periodista ampliamente conocida –Beatriz Sánchez–, poseedora de un fuerte carisma y de competencias comunicacionales poco frecuentes en el campo político de la izquierda chilena, generó un fuerte protagonismo en el marco de la disputa electoral al punto que, como resultado, logró ubicarse a sólo un par de puntos porcentuales de la candidatura oficialista, lo que generó el hecho político más relevante de la primera vuelta electoral.24

Junto a lo anterior, y como resultado en parte de la modificación del sistema para la elección de parlamentarios, el Frente Amplio logró un significativo número de escaños al instalar a veinte diputados (de un total de ciento cincuenta y cinco) en el parlamento, y modificar con ello la composición binominal que el poder legislativo había tenido durante las más de dos décadas de régimen posdictatorial.

La coyuntura electoral de 2017, por consecuencia, expresa una paradoja que da cuenta de la complejidad del ciclo político que, a nuestro juicio, comienza a abrirse en Chile: mientras por una parte la derecha política retorna al poder ejecutivo con amplios niveles de adhesión ciudadana, surge en la escena política una nueva coalición expresiva de un proceso lento y progresivo de politización de nuevos sectores de la sociedad chilena que, ubicados preferente, aunque no exclusivamente, en el costado izquierdo del espectro político, representan una voluntad de recambio e impugnación a las élites políticas que, en su conjunto, administraron el régimen político de las últimas dos décadas en Chile.

Voluntad de restauración y voluntad de transformación, así, conviven en una escena política que, sin lugar a dudas, ya no se corresponde con las formas consociativas que caracterizaron al Chile de la década de los noventa. Más que confluencia hacia una política de acuerdos y generación de mayorías cercanas a la unanimidad, lo que se manifiesta en el Chile actual es la expresión de proyectos, identidades y agenciamientos que, con mayor o menor grado de desarrollo, muestran una profunda diversificación. Una diversificación que opera en al menos dos sentidos: primero, en un sentido intercoalicional, al expresar diferencias cada vez más sustantivas entre las distintas coaliciones y agrupamientos políticos existentes en el país; y segundo, en un sentido intracoalicional, al observar que, en su interior, los agrupamientos políticos son al mismo tiempo fuertemente diversos, observándose, por ejemplo, que en el seno mismo de la coalición gobernante coexisten al menos tres proyectos divergentes respecto a lo que se entiende como un proyecto político de derechas.

A lo que asistimos, por consecuencia, es a un proceso de progresiva descomposición del pacto de gobernabilidad que caracterizó el contexto transicional chileno, y de una consecuente reconfiguración de su campo político en función de, a lo menos, los siguientes factores: 1) una diversificación de las actorías políticas; 2) una superación del ethos consociativo, y 3) una mayor disposición al conflicto y la impugnación.

La deriva hacia la que se dirija el proceso político chileno actual está por verse, pero lo que es completamente definitivo es que llegaron a su fin los tiempos del equilibrio, la generación de consensos y la práctica política elitizada.

Epílogo

Este capítulo se concluyó con anterioridad al 18 de octubre de 2019, momento en el que las especulaciones relativas a las tendencias del proceso político chileno se vieron enfrentadas a un acontecimento que superó todo diagnóstico y profecía. Y es que, en efecto, el 18 de octubre de 2019 constituye un acontecimiento en el más estricto sentido de la palabra, esto es, un momento cuya potencia tiene la capacidad de marcar un antes y un después, y de subvertir de modo radical el campo sobre el cual interviene.

A partir de lo que ha sido denominado como el estallido social, algunas tendencias que se manifestaban de modo parcial y que fueron abordadas en estas páginas se aceleraron e impusieron un ritmo desbocado al proceso político chileno, mientras que otras fueron desalojadas abruptamente por la profundidad de un fenómemo cuyas consecuencias están aún por verse.

Dentro de las primeras, los eventos sucedidos a partir de la mayor expresión de protesta social desde el retorno de Chile a la democracia en 1990 aceleraron la descomposición del campo político emergido de la transición democrática, al punto incluso de activar un proceso constituyente inédito en la historia chilena. Esta descomposición, aparejada a una repolitización abrupta de la sociedad chilena, manifiesta como contracara la emergencia de nuevas actorías políticas, renovadas agendas temáticas y novedosos repertorios de acción colectiva que configuran un mapa político sustantivamente distinto respecto al de los últimos trinta años.

Como sea, lo cierto es que las expresiones de protesta social activadas a partir del 18 de octubre de 2019 muestran un escenario aún abierto de transformaciones que dotan al proceso político chileno de una particular dosis de incertidumbre en la que la democracia se expresa ya no como institución, sino como una potencia instituyente, una potencia cuyo resultado final nadie podría anticipar.

Referencias

Aguilera, O. (2016). Movidas, movilizaciones, y movimientos: cultura política y políticas de las culturas juveniles en el Chile de hoy. Santiago: ril.

Arancibia, P. (2014). Carlos F. Cáceres. La transición a la democracia. 1988-1990. Santiago: Ediciones LyD.

Avendaño, O. (2014). “Fracturas y representación política en el movimiento estudiantil: Chile 2011”, Última década, núm. 41, pp. 41-68.

Boeninger, E. (2014). Gobernabilidad. Lecciones de la experiencia, Santiago: Ubqar.

Camargo, R. (2007). “Del crecimiento con equidad al sistema de protección social: la matriz ideológica del Chile actual (1990-2007)”, Revista de Sociología, núm. 21, pp. 9-31.

Cavallo, A., M. Salazar y O. Sepúlveda (2008). La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988. Santiago: Uqbar.

Durán, C. (2018). “Campo político institucional y procesamiento del malestar social en Chile, 1999-2009”, Izquierdas, núm. 40, pp. 1-32.

Durán, C. (2017). “Significaciones de la democracia en los mensajes presidenciales chilenos. 1990-2014”, cuhso Cultura, hombre, sociedad, vol. 27, núm. 2, pp. 38-67.

Durán, C. (2012). “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico chileno”, Observatorio social de América Latina, vol. XIII, núm. 31, pp. 39-60.

Durán, C. (2001). “Notas breves sobre la crisis y renovación de la izquierda chilena”, Investigación y Crítica, núm. 6, pp. 79-90.

Figueroa, F. (2013). Llegamos para quedarnos. Crónicas de la revuelta estudiantil. Santiago: lom.

French-Davis, R. (2002). Reformas económicas, globalización y gobernabilidad en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad.

Garcés, M. y G. de la Maza (1985). La explosión de las mayorías. Protesta nacional, 1983-1984. Santiago: eco.

Garretón, M. (1995). Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones. Santiago: fce.

Godoy, O. (1999). “La transición chilena a la democracia: pactada”, Estudios Públicos, núm. 77, pp. 79-106.

Hunneus, C. (2014). La democracia semi-soberana. Chile después de Pinochet. Santiago: Taurus.

Joignant, A. y P. Navia (2003). “De la política de individuos a los hombres de partido”, Estudios Públicos, núm. 89, pp. 129-171.

Joignant, A. y A. Menéndez-Carrión (1999). “De la democracia de los acuerdos a los dilemas de la polis: ¿transición incompleta o ciudadanía pendiente”, La caja de pandora. El retorno de la transición chilena. Santiago: Planeta/Ariel, pp. 13-48.

Lavín, J. (1988). La revolución silenciosa. Santiago: Ziz Zag.

Mayol, A. y A. Cabrera (2018). El Frente Amplio en el momento cero. Santiago: Catalonia.

Munck, G. (2003). “Gobernabilidad democrática a comienzos del siglo xxi: una perspectiva latinoamericana”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 65, núm. 3, pp. 565-588.

Muñoz, V. y C. Durán (2019). “Los jóvenes, la política y los movimientos estudiantiles en el Chile reciente. Ciclos sociopolíticos entre 1967 y 2017”, Izquierdas, núm. 45, pp. 129-159.

Muñoz, O. y C. Stefoni (coords.) (2002). El periodo del presidente Frei Ruiz Tagle. Santiago: Editorial Universitaria.

Navia, P. (2004). Las grandes alamedas. El Chile post-Pinochet. Santiago: La Tercera-Mondadori.

Navia, P. y A. Joignant (2000). “Las elecciones presidenciales de 1999: la participación electoral y el nuevo votante chileno”, en F. Rojas (ed.), Chile 1999-2000. Nuevo gobierno: desafíos de la reconciliación. Santiago: Flacso, pp. 119-144.

O’Donnell, G., P. Schmitter y L. Whitehead (1986). Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas. Barcelona: Paidós.

Ominami, C. (2009). El debate silenciado. Un testimonio (1995-2009). Santiago: lom.

Ottone, E. (2014). “Cambio de ciclo político”, Estudios Públicos, núm. 134, pp. 169-185.

Paredes, J. (2015). “La educación chilena no se vende ¡se defiende! La política de significación de la movilización por la educación pública en Chile. 2011-2013”, tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

Pérez, M. y F. Gerdtzent (2000). Augusto Pinochet. 503 días atrapado en Londres. Santiago: Catalonia.

pnud (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2015). Desarrollo humano en Chile. Los tiempos de la politización. Santiago: pnud.

pnud (1998). Informe de desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago: pnud.

Politzer, P. (2010). Bachelet en tierra de hombres. Santiago: Editorial Debate.

Ríos, M. (2017). Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile. Santiago: pnud.

Sáez, J. (2009). “La estrategia argumentativa de Joaquín Lavín y la construcción de un nuevo ethos discursivo en la política chilena”, Comunicación y Medios, núm. 20, pp. 122-136.

Tironi, E. (2013). Sin miedo, sin odio, sin violencia. Una historia personal del NO. Santiago: Ariel.

Tironi, E. (2010). Radiografía de una derrota. O cómo Chile cambió sin que la Concertación se diera cuenta. Santiago: Uqbar.

Valenzuela, S. (1997). “La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile”, Working Paper, núm. 242, Kellogg Institute For International Studies.

Varas, A. (2013). El gobierno de Piñera (2010-2014). Santiago: Catalonia.

14 En el articulado transitorio de la constitución de 1980 –aprobada por medio de un plebiscito altamente irregular–, la dictadura había establecido un itinerario de normalización democrática que incluía como hito la realización (inicialmente en 1989) de un plebiscito para ratificar la continuidad de un jefe de gobierno propuesto por la junta de gobierno. Con posterioridad al ciclo de protestas (Garcés y De la Maza, 1985) con que la oposición a la dictadura intentó forzar su caída (1983-1987), la gran mayoría de ésta optó por apostar a la salida institucional, acogiendo el itinerario autoritario y optando por derrocar al dictador “en su propio terreno”, tal como efectivamente ocurrió en el plebiscito de 1988. Sobre este tema, véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda (2008), Tironi (2013) y Valenzuela (1997).

15 En las elecciones parlamentarias de 1997, realizadas durante la medianía del mandato presidencial de Eduardo Frei, se observó un incremento sustantivo del abstencionismo, concentrado especialmente en los segmentos juveniles de la sociedad chilena. Más allá del alcance real de dicho fenómeno, los porcentajes de participación electoral decrecientes generaron en la élite política un tema de preocupación ineludible. Un estudio panorámico respecto al tópico de la participación electoral en Chile puede verse expuesto en Ríos (2017).

16 La detención de Pinochet en Londres fue un acontecimiento de alto impacto en la política chilena, generado a partir de una solicitud de extradición realizada por el poder judicial español durante una visita de Pinochet a Europa. El exdictador, en ese entonces, se desempeñaba como senador vitalicio, cargo que la constitución de 1980 había reservado para los ex presidentes de la república. Detalles acerca de las circunstancias de la detención de Pinochet pueden verse expuestos en Pérez y Gerdtzent (2000).

17 Cabe consignar, sin embargo, que la figura de Sebastián Piñera constituye un caso particular, toda vez que no tuvo ni participación en la dictadura militar ni adhesión a sus principios. De hecho, el mismo Piñera ha declarado haberse opuesto a la continuidad del dictador en el plebiscito de 1988, y existe evidencia testimonial de que dicha posición opositora proviene desde, a lo menos, 1980.

18 Sin considerar su participación en el gobierno durante los dieciséis años de la dictadura militar, la última ocasión en que la derecha política había obtenido democráticamente el gobierno en Chile fue en las elecciones presidenciales de 1958, en la que su candidato Jorge Alessandri se impuso estrechamente a la candidatura presidencial de Salvador Allende. Durante el periodo transicional, la derecha pareció optar por mantener una cómoda oposición con poder de veto hasta que, en las elecciones presidenciales del año 1999/2000, su candidato Joaquín Lavín pierde estrechamente las elecciones frente al candidato socialista y futuro presidente Ricardo Lagos (Joignant y Navia, 2003; Navia, 2004; Navia y Joignant, 2000; Sáez, 2009)

19 Durante la campaña electoral que la llevó al gobierno, la retórica de la derecha se centró en un doble ejercicio de indistinción doctrinaria frente a la Concertación y de diferenciación en función de la centralidad del atributo de la eficiencia y la buena gestión. Consignas tales como “gobierno todo terreno”, “gobierno 24/7”, “la nueva forma de gobernar” y “gobierno de excelencia”, así, se constituían en clara expresión de la voluntad de construcción de un relato desprovisto de la herencia discursiva de la derecha tradicional chilena (Varas, 2013).

20 Tal como ha sido ampliamente documentado, las movilizaciones estudiantiles chilenas de 2011 operaron en torno a la demanda central por gratuidad. La consigna “no al lucro”, en este sentido, hacía referencia a una crítica de los estudiantes a la estructura del sistema educacional chileno que, pese a prohibirlo expresamente, estimulaba la existencia de instituciones de educación superior destinadas a la generación de lucro, esto es, de ganancias no reinvertibles. La relevancia de esta consigna, sin embargo, no estriba en su significado literal, sino más bien en su desplazamiento metonímico hacia los diversos espacios de la vida social chilena –pensiones, salud, vivienda, etc.–, en los que el significante lucro producía sentido. La demanda contra el lucro, en este sentido, operó en definitiva como una expresión crítica respecto a la constitución misma del sistema social chileno, más allá del ámbito educacional. Respecto a los repertorios discursivos del movimiento estudiantil del año 2011, véase Paredes (2015).

21 Respecto al fenómeno de las movilizaciones estudiantiles de 2011, puede profundizarse en Muñoz y Durán (2019), Aguilera (2016), Avendaño (2014) y Figueroa (2013).

22 Hacia finales de su primer gobierno, durante 2009, la presidenta Bachelet había enfrentado de un modo espacialmente eficiente los efectos de la crisis económica mundial, desplegando una política de transferencias monetarias directas y generando un discurso vinculado al principio de la “protección social” que fue ampliamente adherido por la ciudadanía chilena. Ello le valió ubicarse, durante todo el gobierno de Piñera, como la figura pública con mayor adhesión ciudadana y como una indiscutida candidata a ser electa de nuevo. Sobre esto, véase Durán (2018) y Politzer (2010).

23 Diversos medios propagandísticos de difusión de la candidatura de Piñera y de la derecha en general lograron expandir el uso del neologismo Chilezuela para hacer referencias al rumbo que estaba tomando el país. La evidente referencia a la situación política de Venezuela, así, operó como un factor que –si bien no medido en su real significancia– manifestó un fuerte impacto en el debate público dado en Chile en el contexto electoral de 2017.

24 Durante la primera vuelta electoral, la candidatura de Sebastián Piñera obtuvo 36 % del total de la votación, seguido por el candidato Alejandro Guillier –de la coalición oficialista–, quien obtuvo 22 % del total de la votación. El tercer lugar lo obtuvo la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien, con 20 % del total de la votación, estuvo muy cerca de obtener un sorpresivo paso a la segunda vuelta electoral, en la que finalmente se impuso Piñera con 55 % del total de la votación.

El presidente récord: Evo Morales y el cambio político en Bolivia

Mario Torrico

Introducción

El 14 de agosto de 2018 Evo Morales se convirtió en el presidente que más tiempo ha gobernado en Bolivia. Con doce años, seis meses y veintitrés días, rompió el récord de Víctor Paz Estenssoro, quien lideró la revolución de 1952 y fue el personaje político más importante del siglo xx. Tal éxito no sería posible sin acciones que favorecen a un amplio sector de la población y sin un buen grado de apoyo social, pero tampoco sería posible en condiciones de competencia política pareja y sin el control de distintos ámbitos del poder del Estado que deberían servir de contrapeso a la presidencia o de protección a los ciudadanos, como, por ejemplo, del poder judicial. Esto significa que las decisiones y acciones impulsadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (mas) tienen efectos mixtos sobre la democracia boliviana y que resulta necesario establecer el balance final de ellas. Éste es el objetivo de este trabajo.

Evo Morales llegó a la presidencia en un contexto de profunda crisis política en que se sucedieron cinco presidentes en cinco años y en que existía una amplia insatisfacción social con el sistema político y con la situación económica. Su liderazgo y la organización de su partido (que aglutinaba a todos los sindicatos cocaleros del trópico de Cochabamba) le permitieron alcanzar en 2005 un triunfo electoral sin precedentes, ya que, por primera vez desde el retorno a la democracia en 1982, un candidato conseguía la mayoría absoluta de votos. Además, el resultado de las elecciones tuvo amplia cobertura internacional debido al arribo al gobierno del primer presidente indígena y a que se reforzaba el giro a la izquierda en América Latina, que había empezado pocos años antes con Hugo Chávez en Venezuela. Es así que el primer periodo de Morales se inició con amplias expectativas en el interior y exterior de Bolivia.

Tras cumplir doce años en el poder, Evo Morales mantiene una buena base de apoyo social, pero el descontento ha crecido de forma importante, en especial después de que el tribunal constitucional lo habilitara para postular a un nuevo periodo en las elecciones de 2019, a pesar de que en el referéndum de 2016 ganó la opción que le negaba volverse a presentar para otra reelección. Dicho fallo abre la puerta para que el presidente se mantenga en el cargo hasta 2025, con lo que completaría dos décadas en el poder, situación que difícilmente puede ser catalogada como democrática. Ello ha incrementado el clima de tensión política y hace muy probable que se produzcan enfrentamientos entre grupos afines y opositores al presidente, en especial a medida que se acerque la fecha de la realización de elecciones. Además, el contexto internacional ha cambiado, ya que el giro a la izquierda en América Latina ha concluido y varios de los gobiernos aliados al mas han emprendido una ruta autoritaria, como son los casos de Venezuela y Nicaragua. En ese sentido, a finales de 2018 las condiciones internas y externas son muy distintas a las que prevalecían en 2005, y existe el interrogante de si Bolivia igualmente va a transitar hacia un régimen autoritario. En consecuencia, también es importante vislumbrar los escenarios políticos más probables que determinarán el futuro de la democracia boliviana.

Los resultados positivos

Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en enero de 2006. Según datos de Latinobarómetro, a finales del año anterior 73 % de la gente estaba insatisfecha con el funcionamiento de la democracia, 68 % señalaba que no se había avanzado en la lucha contra la corrupción, 73 % no confiaba en el congreso, 74 % tampoco lo hacía en el gobierno, y los partidos eran los peor evaluados, ya que 87 % desconfiaba de ellos. Todas esas cifras son superiores a las registradas en América Latina en conjunto y evidencian la profunda crisis de representación por la que atravesaba la democracia boliviana. Adicionalmente, en ese mismo año, menos de 5 % de las personas opinaba que la situación económica del país era buena y, según datos del Banco Mundial, el ingreso de más de 60 % de los bolivianos los ubicaba por debajo de la línea de pobreza. Si consideramos esa realidad, no es una sorpresa que un candidato que hablaba de “refundar Bolivia” desde hacía varios años haya llegado al poder.

El mas ganó las elecciones con la propuesta de recuperar el protagonismo del Estado en la economía,25 reducir los gastos públicos (mediante una nueva escala salarial para la burocracia y los legisladores, la eliminación de los gastos reservados y prohibir el financiamiento público a partidos políticos) y convocar a una asamblea constituyente con el fin de acabar con el Estado excluyente y discriminador que se construyó desde la independencia del país (mas, 2005). En el primer año del gobierno de Evo Morales, se tomaron decisiones en esa dirección; así, a pocos días de asumir el cargo, se dispuso, por medio del Decreto Supremo núm. 28609, la reducción de los sueldos de funcionarios públicos en 50 % y se estableció que ninguno de ellos podría ganar más que el presidente: 15 000 bolivianos (algo menos de 2 000 dólares). En mayo de 2006, tropas militares ocuparon los campos petroleros en control de empresas extranjeras y se decretó la nacionalización de los hidrocarburos.26 Por último, en julio de ese año se eligió a los asambleístas que discutirían la nueva constitución, que debía ser aprobada en referéndum.

¿Cuáles fueron los resultados de esas primeras acciones? Según datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape, 2018), entre 2006 y 2016 se triplicó la recaudación del impuesto a los hidrocarburos (el más importante junto al impuesto al valor agregado, iva), lo que en un contexto internacional de precios favorables de materias primas en que la economía creció en promedio 5 % al año, permitió que la inversión pública aumentara alrededor de 700 % y que se financiaran programas sociales de transferencias condicionadas.27 El resultado de todo ello es que la pobreza disminuyera en más de veinte puntos porcentuales (de 60.6 a 38.6 % de la población), que la pobreza extrema cayera de manera similar (de 38.2 a 16.8 %) y que la desigualdad se redujera de forma importante (el índice de Gini pasó de 0.60 a 0.47). En toda la historia boliviana nunca se habían producido tan grandes avances socioeconómicos y en tan poco tiempo, lo que no hubiera sido posible sin la confluencia tanto de un entorno económico favorable como de decisiones de gobierno concretas para aumentar los ingresos públicos y potenciar el gasto social. En ese sentido, puede señalarse que ha sido exitosa la gestión de Evo Morales.

La asamblea constituyente se instaló en la capital del país, Sucre, el 6 de agosto de 2006. En ella, el mas tenía mayoría absoluta, pero no mayoría calificada de dos tercios, la que era necesaria para aprobar el proyecto del nuevo texto constitucional.28 La intransigencia del oficialismo y la oposición llevaron a un estancamiento desde que comenzó a funcionar. Tan sólo la discusión del reglamento de debates duró siete meses, y se disputó arduamente un tema poco sustancial: si la capital debía ser Sucre o La Paz. En medio de tensiones y enfrentamientos en las calles, la asamblea aprobó el proyecto de constitución en diciembre de 2007; sin embargo, éste fue modificado en el congreso en negociaciones entre oficialistas y opositores que alteraron alrededor de una cuarta parte de sus artículos (Uggla, 2009). Finalmente, el nuevo documento se aprobó en el referéndum del 25 de enero de 2009, por 61.4 % de los votos a favor.

La nueva constitución incorpora aspectos que representan un avance democrático, por cuanto otorga derechos a sectores históricamente excluidos. Entre ellos, destacan: 1) el reconocimiento de mecanismos de democracia participativa (revocatoria de mandato, asamblea, consulta previa a naciones y pueblos indígenas),29 de la democracia comunitaria, de la justicia indígena y de los territorios indígenas originarios campesinos como parte de la organización territorial de Bolivia (junto con los departamentos, provincias y municipios), y 2) el establecimiento de cuotas para los sectores indígenas en el Tribunal Supremo Electoral (dos de siete vocales) y en la cámara de diputados (7 de 130 diputados). Otros cambios incluidos son: 1) que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua (antes sólo era posible de manera discontinua); 2) que su mandato puede ser revocado mediante referéndum; 3) que la reforma total de la constitución tendría lugar por medio de una asamblea constituyente, activada por referéndum, y que cualquier reforma parcial necesitaría de un referéndum aprobatorio, y 4) que se debía elegir mediante sufragio universal a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional.

El éxito económico, los avances sociales y las reformas constitucionales aprobadas con amplio respaldo ampliaron el apoyo al gobierno del Movimiento al Socialismo. Todos los indicadores de percepción política mejoraron en poco tiempo; por ejemplo, en 2009 47 % de los encuestados por Latinobarómetro estaba insatisfecho con la democracia, 48 % señalaba que no se había avanzado en la lucha contra la corrupción, 49 % no confiaba en el gobierno, 62 % tampoco lo hacía en el Congreso y 77 % en los partidos. Esas cifras son 26, 20, 25, 11 y 10 puntos más bajas que en 2005, respectivamente, lo que indica una mejora en términos de representación política. En ese mismo año, Evo Morales fue reelecto con 64.2 % de los votos, logró mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, y seis de los nueve candidatos a gobernadores del mas ganaron las elecciones departamentales (en 2005 sólo tres lo habían logrado). En 2014, el éxito se repitió: Morales resultó electo para un tercer periodo con 61.3 % de los votos, su partido obtuvo mayoría calificada en el congreso y nuevamente seis de los nueve gobernadores departamentales victoriosos fueron del mas. La mayoría de los bolivianos estaba claramente satisfecha con el rumbo del país.

Los resultados negativos

Si bien los resultados económicos desde que Evo Morales es presidente son positivos, la viabilidad de su estrategia económica a largo plazo está en función del mantenimiento de precios elevados de hidrocarburos, algo fuera del control del gobierno. Es más, en los años que el Movimiento al Socialismo lleva gobernando, la exportación de manufacturas se ha reducido más de la mitad (de 10.5 a 4.8 % respecto de todo lo exportado); en consecuencia, Bolivia es hoy más dependiente de materias primas y más vulnerable a los vaivenes internacionales que a inicios de la década pasada. Si bien la renegociación de contratos petroleros (a la que se llamó nacionalización) aumentó los ingresos públicos, éstos también se beneficiaron del contexto dinámico de la economía en que el consumo aumentó de forma importante, lo que se refleja en que la recaudación del impuesto al valor agregado se cuadruplicó en los últimos doce años.30 Actualmente, el impuesto a los hidrocarburos y el iva son, por mucho, los que más aportan a las arcas públicas, lo que significa que, más allá de la decisión tomada en mayo de 2006, no se han realizado esfuerzos por modificar la estructura tributaria en un sentido progresivo.

El gasto social y la inversión pública han sido centrales para la reducción de la pobreza y de la desigualdad en los últimos doce años, y lo seguirán siendo para que se mantengan los avances sociales. Si bien Bolivia ha avanzado mucho al respecto, continúa siendo uno de los países más pobres de América Latina (el tercero, sólo superado por Nicaragua y Honduras). La estructura tributaria no permitiría sostener los niveles actuales de gasto e inversión en caso de ocurrir un ciclo económico recesivo con precios bajos de materias primas, lo que podría derivar en que se revierta buena parte de los logros sociales. Además, desde hace más de una década no se realiza exploración hidrocarburífera y las reservas probadas de gas natural (principal producto de exportación) llegaron en 2018 a diez trillones de pies cúbicos, un quinto de cuando Evo Morales llegó a la presidencia.31 Con toda claridad, el modelo económico no es sostenible en el largo plazo y, lamentablemente, no se han dado pasos hacia una diversificación productiva. Tampoco es un modelo sostenible para el ambiente, ya que se basa en el extractivismo clásico, algo que contrasta de forma notable con el discurso oficialista de defensa de la “madre tierra”.

Si bien la constitución de 2009 ha sido un avance en términos de reconocimiento de derechos y de mecanismos de democracia directa y participativa, se han revertido mejoras que se habían producido antes. Por ejemplo, en 1999 se promulgó una ley de partidos políticos que buscaba regularlos, promover su democratización interna, otorgarles financiamiento público permanente y establecer controles a éste (a cargo de la Corte Nacional Electoral); pero, en consonancia con la propuesta electoral del mas de reducir los gastos estatales, eso se eliminó en el nuevo texto constitucional. Al respecto, está documentado que la subvención pública a partidos hace más pareja la competencia política, lo que tiene efectos positivos sobre la democracia (Gutiérrez y Zovatto, 2011; Falgueras, Jones y Ohman, 2015). En un clima de desprestigio de los partidos, la propuesta de eliminar la subvención suele ser muy popular, pero la medida sólo beneficia a quien se encuentra gobernando, ya que debilita a sus competidores (Ohman, 2013). Eso justamente ha sucedido en Bolivia, y a la fecha el Movimiento al Socialismo es el único partido con presencia en todo el territorio. Ningún otro ha presentado candidatos en todos los departamentos en elecciones de gobernadores, y sólo Unidad Nacional, el partido del hombre más rico del país, ha logrado continuidad en elecciones presidenciales. Todos los demás partidos o agrupaciones políticas tienen una existencia efímera. Así, desde hace más de una década no existe un sistema de partidos estable y competitivo, con lo cual no hay riesgo de que Evo Morales pierda la presidencia.

En 1994 se fortaleció el poder judicial con la creación del tribunal constitucional, del consejo de la judicatura y de la defensoría del pueblo, y se estableció que todos sus titulares, además de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serían nombrados con el voto de dos tercios del congreso.32 La constitución de 2009 señala que esas autoridades deben ser designadas por voto popular33 y, en consecuencia, en 2011 y en 2017 se realizaron elecciones judiciales. Si bien el nuevo mecanismo de nombramiento resulta polémico desde su concepción teórica (Lorenzo y Rodríguez, 2011; Pásara, 2014), en su aplicación, los intereses de los actores políticos han estado presentes y los candidatos electos contaron con el respaldo del mas.34 Además, los votos blancos y nulos de la ciudadanía en ambas elecciones fueron superiores a 60 % del total, y hubo quienes asumieron el cargo con menos de 5 % de respaldo electoral. Si a ello le agregamos que el gobierno suele presionar a los órganos judiciales,35 el resultado es un poder judicial a merced del ejecutivo (ya que ha avalado todas las reelecciones de Evo Morales, lo habilitó para repostularse en 2019 y ha destituido a gobernadores y alcaldes opositores),36 debilitado institucionalmente y con poca legitimidad social.37

Si bien los cambios legales y constitucionales son importantes, también lo es su cumplimiento, y al respecto el gobierno de Evo Morales presenta varios déficits. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones ha violado la consulta previa a naciones y pueblos indígenas, algo que había constituido un avance notable en la constitución de 2009. Así, en 2017, el mas suspendió en el congreso la ley de protección del territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure (Tipnis), situado en el departamento de Cochabamba y habitado por varios grupos étnicos, con el objetivo de construir una carretera hacia el Beni y que beneficia a los campesinos cocaleros (Calla, 2012; Justel, 2017). Esa obra había sido fuente de conflicto en 2011, cuando la VIII Marcha Indígena de Tierras Bajas de Bolivia fue reprimida brutalmente por la policía. Así también, varias comunidades indígenas han señalado que su derecho de consulta no ha sido respetado en la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: El Bala, en el parque nacional Madidi, del departamento de La Paz, y la hidroeléctrica Rositas, en el departamento de Santa Cruz (Franco, 2018). Esas acciones llevaron a que numerosos dirigentes indígenas se distanciaran del Movimiento al Socialismo, el cual respondió creando organizaciones indígenas paralelas. A la fecha, dos de las más importantes, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) poseen dos dirigencias: una afín al gobierno y otra opositora.

La principal fuente de legitimidad a la que ha recurrido el mas en los años que lleva gobernando ha sido la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en las urnas en todas las elecciones desde 2005.38 A ella también se ha recurrido para impulsar o defender los cambios más importantes, y con ese objetivo ha sido frecuente la realización de referéndums. Durante los años que gobierna Evo Morales, se ha convocado a cuatro consultas populares (referéndum revocatorio en 2008, referéndum para aprobar la nueva constitución en 2009, referéndum para aprobar los estatutos autonómicos en 2015 y referéndum para permitir al presidente y vicepresidente postularse nuevamente a una elección en 2016), la última de las cuales ha arrojado un resultado adverso a lo que el oficialismo pretendía y que compromete su permanencia en el poder, por lo cual, por primera vez, tomó la decisión de ignorar la voluntad mayoritaria. En septiembre de 2017, legisladores del Movimiento al Socialismo presentaron una acción abstracta de inconstitucionalidad que señalaba que varios artículos de la constitución eran inaplicables por violar los derechos políticos del presidente. Sorprendentemente, dos meses después el tribunal constitucional resolvió que, en efecto, impedir que Morales se postulara de nuevo en 2019 violaba sus derechos humanos. Esa decisión confirmó que el gobierno sólo está dispuesto a respetar la voluntad mayoritaria y la constitución cuando así conviene a sus intereses. Fue un paso con el que el mas renunció a la que había sido la fuente de su legitimidad en sus doce años en el poder y con el cual quedó claro que los avances que propugna el texto constitucional pueden no tener ningún efecto real. Es una tragedia que los progresos de la nueva constitución no se cumplan y que se hayan quitado de ella procedimientos que habían empezado a dar buenos resultados.

Buena parte del desgaste de los partidos tradicionales que dominaron la política boliviana antes del Movimiento al Socialismo39 se debió a los numerosos escándalos de corrupción que involucraban a altos funcionarios y que no tenían consecuencias. Episodios similares se han sucedido en los últimos años, que involucran a dirigentes del mas y a altas autoridades. Los dos más sonados han sido el del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) y el caso Zapata. En 2015 se descubrió un desfalco por más de 100 millones de bolivianos al mencionado fondo por proyectos fantasma que debían beneficiar a comunidades indígenas. Aunque dos ministras terminaron en la cárcel, el caso no se esclareció del todo (Alberti, 2016). Asimismo, a principios de 2016 estalló otro escándalo cuando se destapó una red de tráfico de influencias que beneficiaba a empresas chinas y que era dirigida por Gabriela Zapata, quien fuera novia del presidente (dichas empresas recibían contratos públicos sin licitación, por invitación directa). Aunque ella fue condenada a diez años de prisión, las investigaciones no han continuado y Morales fue absuelto de cualquier responsabilidad por una comisión del congreso (Driscoll, 2017; Centellas, 2018). Según Latinobarómetro, en 2016, 64 % de las personas consideraba que la corrupción estaba en aumento, lo que influyó en el resultado negativo que obtuvo Evo Morales en el referéndum de ese año (Torrico, 2017b). Así, la derrota de la corrupción es un tema que queda pendiente de la agenda que llevó al mas al poder.

Organización del mas y de la oposición

El partido gobernante es el instrumento político del movimiento campesino que fue fundado con la finalidad de que ese sector tuviera representación política propia (es decir, al margen de los partidos existentes en ese momento) en las estructuras del Estado. El VI Congreso Nacional Campesino, de 1994, había llegado a la conclusión de que los partidos políticos tradicionales dividían al sector y, por tanto, éste debía organizarse (csutcb, 1994). Las organizaciones campesinas son la base del mas; así, cada individuo que está afiliado a algún sindicato campesino en automático queda afiliado a dicho partido (Zuazo, 2009). Con ello, éste tiene garantizados el dominio del voto rural y una amplia base social con capacidad de movilización.40 Por ejemplo, durante el desarrollo de la asamblea constituyente, las diversas organizaciones redactaron la propuesta constitucional oficialista y se movilizaron para presionar por su aprobación. Debido a que el mas carecía de los dos tercios de mayoría para aprobarla, los grupos movilizados impidieron por la fuerza el ingreso de los asambleístas opositores y de esta forma el proyecto de constitución pudo ser aprobado. Es una constante de la estrategia gubernamental combinar los procedimientos institucionales con la presión y movilización callejera de las organizaciones que forman la base del Movimiento al Socialismo. Todas ellas, junto con otras que representan a otros sectores, como el minero, se agrupan en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), instancia que surgió a iniciativa de Evo Morales y que actúa como brazo sindical del gobierno (Mayorga, 2011).41

En la lógica de las organizaciones políticas campesinas, la unidad permite la resistencia y defensa de los sectores excluidos. Fue mediante esa unidad que pudieron crear el instrumento político con el que llegaron al poder. Esa valoración entra en conflicto con la aceptación del pluralismo. Así, en el sector campesino, que constituye la base del mas, el disenso no es tolerado porque se lo relaciona con división del movimiento, lo que implica debilidad frente a los enemigos políticos (Zuazo, 2010). Esa lógica permite entender por qué el gobierno de Evo Morales dedica tantos esfuerzos a la destrucción política de sus opositores (principalmente por medio de su enjuiciamiento)42 y por qué le resulta tan molesta la libertad de prensa. Sobre esto último, son frecuentes las quejas del presidente sobre la labor de los medios de comunicación, a quienes acusa de ser la principal oposición a su gobierno, e incluso ha llegado a señalar que en Bolivia hay “una exagerada libertad de expresión”.43 En ese mismo tenor, en 2016 el ministro de la presidencia afirmó que existe un “cartel de la mentira” conformado por la Agencia de Noticias Fides (anf), los periódicos El Deber, Página Siete y Erbol. Esas descalificaciones se suman al hecho de que, desde 2006, es usual que cuando se producen protestas sociales contra alguna decisión gubernamental se señale que está en marcha un plan de desestabilización o un intento de golpe de estado. Todo esto permite ver claramente que el gobierno de Evo Morales tiene serias dificultades para aceptar la crítica y lidiar con el disenso, algo que debería ser parte de la vida democrática.

La oposición al mas es débil y está fragmentada. Después de las elecciones de 2005 desaparecieron los partidos tradicionales y la inexistencia de financiamiento público ha imposibilitado que resurjan o que nazcan nuevos partidos con capacidad de competir. Como se mencionó antes, desde entonces todas las agrupaciones políticas, salvo una, que se presentaron en las elecciones generales han desaparecido casi de inmediato después de los procesos electorales. Así, la oposición política se ha replegado al ámbito subnacional, en el cual también ha sido arrinconada, ya sea por vía electoral o judicial.44 A finales de 2018, sólo gobernaba en tres de los nueve departamentos de Bolivia y tenía pocas opciones de ampliar su influencia, al menos en las condiciones políticas impuestas por el gobierno de Evo Morales. Además, se ha mostrado incapaz de coordinarse para armar un frente común. En todas las elecciones presidenciales desde 2005, ha habido al menos cuatro candidatos opositores, lo que ha facilitado los triunfos del mas; y si bien el resultado del referéndum de 2016 fue exitoso, no lo fue por la organización opositora, sino a pesar de ella.45

Debido a la fragilidad de la oposición partidista, uno de los contrapesos más importantes durante los doce años de gobierno de Evo Morales ha sido la protesta ciudadana urbana. En ocasiones, el mas ha sido obligado a negociar o a retroceder en sus decisiones en virtud de episodios de protesta masiva, ya sea de sectores específicos o de colectivos amplios de ciudadanos. Así, por ejemplo, se revirtió el gasolinazo de finales de 2010, que aumentaba el precio de los combustibles en más del 70 % (Deheza, 2012) y se logró que el presidente derogara el código penal que había sido aprobado a inicios de 2018 (Centellas, 2018). No obstante, en algunas circunstancias el gobierno ha decidido enfrentar esas protestas movilizando a sus bases sociales, y se han suscitado violentos enfrentamientos entre civiles. En enero de 2007, en Cochabamba, luego de que Manfred Reyes Villa anunciara la convocatoria a un referéndum para la autonomía departamental, se enfrentaron en las calles de la ciudad sectores afines al gobernador opositor y campesinos movilizados por el mas, con un saldo de dos personas muertas (Deheza, 2008). En 2008, esta vez en Pando, también se dieron enfrentamientos entre civiles opositores al gobierno y sectores movilizados por éste, con el resultado de veinte muertos. Lo anterior muestra que, si bien el Movimiento al Socialismo controla a las principales organizaciones sociales con capacidad de movilización, la protesta ciudadana puede emerger con fuerza ante decisiones polémicas, pero el gobierno puede decidir enfrentarla no con represión policial (como ocurre en otros países), sino activando a sus bases sociales. En consecuencia, el resultado de los episodios de protesta es impredecible tanto en términos de la decisión final del gobierno como de si se desatará la violencia.

Conclusiones

En este trabajo se han descrito los avances y retrocesos en Bolivia durante los doce años de gobierno de Evo Morales. Si bien ha habido avances inéditos en términos de inclusión social (mediante la reducción de la pobreza y de la desigualdad), de reconocimiento de derechos y de ampliación de mecanismos democráticos, no hay garantía alguna de que no se reviertan, ya sea en virtud de los ciclos económicos internacionales o de la falta de interés gubernamental en cumplir el texto constitucional aprobado en 2009. Es más, como se ha detallado, el mas ha decidido ignorar la constitución en función de necesidades políticas coyunturales, lo que significa que su apego a dicha norma es simplemente instrumental. También ha renunciado a su fuente de legitimidad (la voluntad mayoritaria) al desconocer el resultado del referéndum de 2016. Si a ello se agrega que prácticamente domina al poder judicial y lo emplea para mantenerse en el poder y enjuiciar a opositores, que controla a las principales organizaciones sociales campesinas y relega a los dirigentes y organizaciones que disienten, y que moviliza a sus bases para enfrentar a civiles en protesta, se puede concluir que el balance final de los años que lleva en el poder es negativo.

Evo Morales estará en la boleta electoral en 2019 y es muy improbable que deje el poder en 2019. La economía boliviana sigue creciendo a buen ritmo y eso generalmente tiene efectos favorables para el oficialismo ante el electorado, la oposición es débil organizacionalmente y carece de recursos económicos para enfrentar un proceso electoral que le permita tener probabilidades reales de ganar, el único candidato competitivo contra el presidente enfrenta una inminente inhabilitación judicial, el mas tiene control absoluto del voto rural y de las principales organizaciones sociales con capacidad de presión y movilización,46 y desde el gobierno se controla a los órganos que deben velar por la limpieza de las elecciones. Todo eso constituye una loza muy pesada para una oposición que, además, no logra unirse. Por otro lado, la división interna del partido oficialista es muy improbable, ya que la figura del presidente y la imposición de unidad en el movimiento campesino (incluso mediante la creación de organizaciones paralelas a aquellas en que sus dirigentes han cuestionado decisiones gubernamentales) garantizan la cohesión del Movimiento al Socialismo.

Debido a las condiciones señaladas, sólo el surgimiento de protestas masivas en contra de un nuevo periodo de gobierno de Evo Morales a partir de la organización de colectivos ciudadanos (similar a lo que sucedió en la primavera árabe) pudiera arrojar un resultado distinto. Como se expuso, la protesta social logró modificar decisiones gubernamentales; sin embargo, dado que la decisión del presidente de reelegirse es trascendental para él y para el mas, las manifestaciones tendrían que ser de una magnitud no vista en los últimos doce años. Es probable que ello ocurra puesto que dos de cada tres personas señaló no confiar en el gobierno en 2017 (según Latinobarómetro), lo que indica insatisfacción con él (a pesar de los buenos resultados económicos). No obstante, es un hecho que, si ello sucede, el Movimiento al Socialismo movilizará a sus bases sociales, lo que podría derivar en enfrentamientos violentos entre civiles. Así, ya sea sin protestas o con ellas, el escenario más probable es la perpetuación de Morales en la presidencia. De esa manera, Bolivia seguiría el camino hacia el autoritarismo que han emprendido Venezuela y Nicaragua.

Epílogo

El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia y buscó asilo en México y luego en Argentina. Su caída se produjo luego de tres semanas de intensas protestas que paralizaron a todo el país. Los grupos movilizados reclamaban por un supuesto fraude que beneficiaba al partido gobernante y le permitía evitar la segunda vuelta electoral. En el curso del conflicto no únicamente lo abandonaron importantes organizaciones sociales (como la Central Obrera Boliviana, máximo organismo sindical), sino que también se rebeló la policía. Tras comprobarse el fraude, la permanencia del presidente fue imposible. Ante la renuncia del vicepresidente y de toda la línea sucesoria constitucional, se produjo un vacío de poder de dos días en que la violencia fue aún mayor. Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del senado, asumió la presidencia con el beneplácito del Tribunal Constitucional y de las fuerzas armadas. Sus primeras decisiones para imponer el orden fueron repudiadas por la comunidad internacional ya que ocasionaron decenas de muertes. Su comportamiento como presidenta también deja mucho que desear, ya que, al igual que Morales, está usando al poder judicial para perseguir a sus adversarios (ex autoridades del gobierno del mas) y anunció su postulación a la presidencia, con lo que despierta inquietud en torno a la limpieza de las nuevas elecciones, por celebrarse el 3 de mayo de 2020. Al momento de escribir estas líneas, las amenazas a la democracia boliviana se mantienen. Si antes provenían de un gobierno de izquierda, ahora proceden de un gobierno de derecha que debió limitarse a convocar a elecciones.

Referencias

Alberti, C. (2016). “Bolivia: la democracia a una década del gobierno del mas”, Revista de Ciencia Política, vol. 36, núm. 1, pp. 27-49.

Banco mundial. “World Development Indicators”, catálogo de datos en línea. Recuperado de <https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>.

Calla, R. (2012). “Tipnis y Amazonia: contradicciones en la agenda ecológica de Bolivia”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, núm. 92, pp. 77-83.

Centellas, M. (2018). “Bolivia in 2017: Headed into Uncertanty”, Revista de Ciencia Política, vol. 38, núm. 2, pp. 155-179.

csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) (1994). “VI Congreso de la csutcb. Documentos y resoluciones”. La Paz.

Deheza, G. (2012). “Bolivia 2011: gobernando con el conflicto”, Revista de Ciencia Política, vol. 32, núm. 1, pp. 31-48.

Deheza, G. (2008). “Bolivia: ¿Es posible la construcción de un nuevo Estado? La Asamblea constituyente y las autonomías departamentales”, Revista de Ciencia Política, vol. 29, núm. 1, pp. 61-79.

dplf (Fundación para el Debido Proceso) (2018). “Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?”. Washington.

Driscoll, A. (2017). “Bolivia’s Democracy in Transition: More Questions than Answers in 2016”, Revista de Ciencia Política, vol. 37, núm. 2, pp. 255-279.

Falguera, E., S. Jones y M. Ohman (eds.) (2015). El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político. Estocolmo: idea Internacional / tepjf.

Franco Bertón, E. (2018). “Hidroeléctrica Rosita: comunidades indígenas de Bolivia inician batalla legal para exigir la consulta previa”. Recuperado de <http://es.mongabay.com/2018/04/hidroelectrica-rosita-bolivia-consulta-previa/>.

Gutiérrez, P. y D. Zovatto (coords.) (2011). Financiamiento de los partidos políticos en América Latina . México: unam / idea Internacional.

Justel, A. (2017). “Mala fe: cómo impone Evo Morales megaproyecto a indígenas del Tipnis”, El Diario de España, 26 de septiembre. Recuperado de <https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Mala-Evo-Morales-megaproyecto-TIPNIS 6 690890912.html>.

Latinobarómetro (s.f.). “Banco de datos”. Consultado en <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>.

Lora, E. (2012). Las reformas estructurales en América Latina: Qué se ha reformado y cómo medirlo. Washington: Banco Interamericano del Desarrollo.

Lorenzo, Á. y J. Rodríguez (2011). “Elecciones judiciales en el estado plurinacional de Bolivia. ¿Una lucha de poderes?”, Revista Andina de Estudios Políticos, núm. 8, pp. 3-14.

mas (2014). “Programa de gobierno 2015-2020”. La Paz. Recuperado de <http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/bolivia_plurinational_state_of/programa_de_gobierno_2015-2020.pdf>.

mas (Movimiento al Socialismo) (2005). “Programa de gobierno. Bolivia digna, soberana y productiva”. La Paz.

Mayorga, F. (2011). Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional. La Paz: cesu-umss / Plural.

Ohman, M. (2013). Regulación de financiamiento político en el mundo. Estocolmo: idea Internacional.

Pásara, L. (2014). Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita. Washington: Fundación para el Debido Proceso (dplf).

Scartascini, C. et al. (2011). El juego político en América Latina: ¿cómo se deciden las políticas públicas? Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

Stein, E. et al. (2006). La política en las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina: Informe 2006. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

Torrico, M. (2017a). “Competencia política y democracia en Bolivia; en Democracia y Derechos, pp. 11-27. Recuperado de <http://www.unsam.edu.ar/ciep/revista-democraciaderechos>.

Torrico, M. (2017b). “¿Giro a la derecha en Bolivia?”, en Mario Torrico (ed.), ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? México: Flacso, pp. 151-181.

Torrico, M. (2009). “Cuando la política sirve: la negociación boliviana de los contratos de hidrocarburos”, en Dante Avaro y Dante Vázquez, Derrumbando un mito: instituciones exitosas en Latinoamérica contemporánea. Montevideo: Flacso, pp. 38-79.

udape (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) (2018). “Dossier de estadísticas sociales y económicas”. La Paz. Recuperado de <http://www.udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2017/htms/dossier27.html>.

Uggla, F. (2009). “Bolivia: un año de vivir peligrosamente”, Revista de Ciencia Política, vol. 29, núm. 2, pp. 247-273.

Zuazo, M. (2009). ¿Cómo nació el mas? La ruralización de la política en Bolivia. La Paz: Fundación Ebert.

Zuazo, M. (2010). “¿Los movimientos sociales en el poder?”, Nueva Sociedad. Democracia y Política en América Latina, núm. 227, pp. 120-135.

25 Según Lora (2012), en América Latina sólo Chile supera a Bolivia en la magnitud que alcanzaron las reformas de mercado, las que se caracterizaron principalmente por la privatización de empresas públicas, la reducción de aranceles, la desregulación de precios y la liberalización financiera.

26 Sin embargo, no se realizaron expropiaciones, sino más bien se renegociaron los contratos vigentes para que dichas empresas pagaran más impuestos, los cuales aumentaron de 50 a 82 % del valor de la producción. Con ello, los ingresos públicos se incrementaron de forma importante.

27 Este tipo de programas se crearon en toda América Latina durante la década pasada. Los más importantes en Bolivia son el bono Juancito Pinto, que se entrega a niños de primaria y de los dos primeros cursos de secundaria, y el bono Juana Azurduy, para mujeres gestantes y niños menores de dos años.

28 Según la “Ley especial de convocatoria a la asamblea constituyente”, de 6 de marzo de 2006.

29 El reférendum y la iniciativa legislativa ciudadana también figuraron en el nuevo texto constitucional, pero habían sido incluidos en la última reforma de la anterior constitución, en 2004.

30 Según datos de la Udape (2018).

31 Véase Torrico (2009) y la edición del periódico La Razón, del 29 de agosto de 2018, disponible en <http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-TCF-millones-barriles-petroleo-reservas_0_2992500736.html>.

32 La mayoría de las democracias latinoamericanas establecen procedimientos similares. Al respecto, véase Stein et al. (2006) y Scartascini et al. (2011).

33 El argumento para ello fue que el procedimiento anterior hacía que la justicia esté a merced de los miembros del poder legislativo y que su administración debía responder a los intereses del pueblo. Véase mas (2005).

34 Véase Fundación para el Debido Proceso (dplf, 2018).

35 A inicios de 2017, tres consejeros de la magistratura renunciaron para evitar el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra.

36 Sobre esto último, véase Torrico (2017a).

37 Según datos de Latinobarómetro, de los tres poderes del Estado, el judicial es el que genera menos confianza en los bolivianos (tres de cada cuatro personas desconfían de él).

38 El Programa de gobierno 2015-2020 del mas señala: “Con la revolución democrática y cultural, desde el año 2006, hemos inaugurado un proceso de cambio en Bolivia, sin retorno. Nunca más se podrá gobernar el país al margen de las mayorías y de la voluntad popular” (mas, 2014: 11).

39 Los tres principales partidos fueron Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr), Acción Democrática Nacionalista (adn) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Ninguno de ellos existe hoy en día.

40 Bolivia es el país con mayor porcentaje de población rural en América Latina. En términos electorales, aproximadamente 40 % de los votos provienen de zonas rurales.

41 En la actualidad, las organizaciones paralelas (creadas desde el gobierno) de la Cidob y de Conamaq forman parte de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), y las originales se salieron de ella.

42 La “Ley marco de autonomías y descentralización”, aprobada en 2010, establecía la remoción de autoridades con la sola acusación formal. El oficialismo la utilizó para destituir a los gobernadores opositores de Beni y Tarija. Para 2018, Carlos Mesa, quien según encuestas era el único que le podía ganar en elecciones a Evo Morales, enfrentaba un inminente juicio de responsabilidades que inhabilitaba su potencial candidatura.

43 Véase la edición del periódico Los Tiempos del 31 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160831/evo-siento-que-tenemos-exagerada-libertad-expresion>.

44 Numerosos dirigentes de la oposición se exiliaron ante la certeza de que enfrentarían juicios parcializados. Entre ellos están Manfred Reyes Villa, ex gobernador de Cochabamba y excandidato presidencial en 2009; Mario Cossío, exgobernador de Tarija; y Roger Pinto, exsenador. Leopoldo López, exgobernador de Pando, recibió sentencia a quince años de prisión; y José María Leyes, exalcalde de Cochabamba, se encuentra con detención domiciliaria.

45 Esto se comprueba por el hecho de que, según una encuesta de la empresa Mercados y Muestras, 15 % de los que votaron por el no a una nueva reelección de Morales declaró que el sentido de su voto se debió al caso Zapata, el cual se destapó pocas semanas antes de la consulta. Esa cifra bastó para inclinar el resultado en contra del gobierno. Véase <https://www.paginasiete.bo/especial01/2016/6/26/caso-zapata-provoco-derrota-21f-segun-encuesta-100767.html>.

46 En septiembre de 2018, una diputada del mas y un dirigente cocalero advirtieron que si algún candidato opositor ganaba las elecciones de 2019, no se permitiría que gobernara. Véase <http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180911/mas-amenaza-impedir-oposicion-gobernar-si-gana-elecciones-2019>.

El gobierno de Macri: ¿signo de una reconfiguración de la política en Argentina?

Juan Cruz Olmeda

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina en diciembre de 2015 se convirtió sin duda en un hito significativo en la política de dicho país. Por un lado, su victoria electoral puso fin al ciclo de doce años de gobiernos kirchneristas identificados con posturas de centro-izquierda. Lo hizo, además, proponiendo importantes cambios en la economía, contrarios a las que habían sido las líneas centrales de las administraciones encabezadas primero por Néstor Kirchner (2003-2007) y luego por su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Por otro lado, la victoria electoral la logró encabezando la fórmula de un partido abiertamente de centro-derecha, algo que no había ocurrido desde el regreso de la democracia en 1983, desde cuando el peronismo y el radicalismo emergieron como las fuerzas políticas centrales de la competencia electoral.

El presente trabajo propone realizar una breve caracterización del gobierno de Macri con el objetivo de entender en qué medida su llegada al poder y la forma de ejercerlo representan una reconfiguración de la política argentina. Con este objetivo en mente, resulta necesario revisar, en primer lugar, los antecedentes que permitieron su arribo a la presidencia, para luego poner el foco en algunos elementos distintivos de su gestión una vez en el cargo. Debe quedar claro que no se pretende aquí realizar un recuento pormenorizado de las políticas llevadas a cabo, ni tampoco realizar un balance para establecer si la administración Macri ha sido o no exitosa en los objetivos que se planteó. La idea de fondo es señalar las principales tendencias observadas en estos años.

Atendiendo lo anterior, el trabajo se divide en tres grandes apartados. En el primero, como ya se planteó, se analizan de manera general algunos antecedentes que sirven para entender el ascenso de Macri en la política argentina y su situación de cara a las elecciones en las que finalmente resultó electo. Para explicar esta trayectoria, se hace referencia a la evolución del sistema político argentino desde inicios del siglo xxi, al tipo de demandas que se fueron configurando principalmente desde los sectores medios en los últimos años del ciclo kirchnerista, así como a las decisiones que el propio Macri fue tomando tanto en relación con su carrera política como respecto a la construcción de un partido propio con cualidades particulares. Esta sección finaliza con un breve análisis de los resultados de las elecciones de 2015, que decretaron la victoria de la coalición electoral que llevó a Macri como candidato.

La segunda parte se concentra en los principales retos enfrentados por la nueva administración una vez en el poder. Se destaca el desafío que implicaba tomar control de la burocracia federal, la debilidad del bloque oficialista en ambas cámaras del congreso al inicio del mandato y la precaria situación de la economía argentina al momento de la llegada de Macri al poder.

La tercera parte se concentra en las cualidades del modo de gobernar de la coalición oficialista (Cambiemos), resaltando los principales elementos que marcaron un contraste con los gobiernos kirchneristas precedentes. Se consideran tanto las redefiniciones en el balance de poder dentro del aparato estatal y el cambio en el perfil de los funcionarios, las principales líneas en la política económica, en las relaciones exteriores y la construcción de la imagen del gobierno, como la relación del ejecutivo con los otros miembros de la coalición oficialista y con la oposición.

En la sección final, se recupera el interrogante acerca de en qué medida el gobierno de Macri representa una reconfiguración de la política argentina, y se ofrecen algunas reflexiones al respecto.

Entendiendo la llegada de Macri al poder.

Desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983, la vida política argentina estuvo dominada por dos fuerzas principales: el peronismo, encarnado fundamentalmente en el Partido Justicialista, y la Unión Cívica Radical (Malamud, 2003). De hecho, desde las elecciones presidenciales de dicho año hasta las que tuvieron lugar en 2015, sólo ganaron candidatos identificados con ambos partidos. En esos treinta y dos años, el peronismo controló al ejecutivo nacional en veinticuatro y el radicalismo en ocho, con la particularidad de que ambos presidentes radicales renunciaron a su cargo antes de concluir el mandato en el contexto de profundas crisis.47 Lo anterior no quiere decir que no hayan existido terceras fuerzas que asumieran un papel importante en las disputas electorales o incluso en las tareas de gobierno. Por ejemplo, la Unión de Centro Democrático (ucede), de centro-derecha, se convirtió en un partido relevante durante los años ochenta e incluso proveyó de una importante cantidad de funcionarios al gobierno de Carlos Menem. Desde una posición ideológica opuesta, el Frente País Solidario (Frepaso) emergió con ímpetu en la segunda mitad de los noventa y fue parte fundamental del frente electoral detrás de la victoria de Fernando de la Rúa en las presidenciales de 1999. Sin embargo, tal como sucedió en estos dos casos, las terceras fuerzas tendieron a asumir papeles secundarios y en muchos casos desaparecieron luego de algunos años. Estos antecedentes cimentaron la idea de que las oportunidades de éxito de partidos diferentes a los tradicionales eran escasas en el contexto del sistema político argentino y, asimismo, incentivaron la creencia de que el peronismo era la única fuerza con capacidad para gestionar.

La profunda crisis económica, social y política que el país experimentó durante 2001 y que tuvo su pico en diciembre de dicho año pareció confirmar esta lógica. En medio de movilizaciones populares y saqueos derivados de la gravedad de la situación económica, enfrentados con represión por parte de las fuerzas de seguridad, el entonces presidente De la Rúa renunció a su cargo luego de tan sólo dos años en el poder.

La crisis mostró los altos niveles de desafección de la ciudadanía con las fuerzas políticas tradicionales, lo cual, por ejemplo, se plasmó en que en las elecciones legislativas de 2001 se registraran niveles récord de votos nulos (referidos en Argentina como “votos en blanco”) (Torre, 2003). Si los años que siguieron, bajo la presidencia interina de Eduardo Duhalde, se caracterizaron por una cierta recuperación económica, las elecciones presidenciales de 2003 dejaron en evidencia la fragmentación, experimentada incluso en las fuerzas políticas tradicionales: el peronismo compitió con tres candidatos diferentes, y al menos dos candidatos se mostraban identificados con el radicalismo (uno que compitió representando al partido –Leopoldo Moreau– y el otro como candidato de una fuerza política nueva que se había desprendido del centenario partido –Ricardo López Murphy–). Los resultados electorales mostraron la fragmentación del voto y dejaron en evidencia la crisis del sistema de partidos. De hecho, Néstor Kirchner se convirtió en presidente habiendo obtenido sólo 22 % de los sufragios en la primera vuelta ante la negativa del candidato ganador en dicha instancia, Carlos Menem, de participar de la segunda vuelta.

Si en los años que siguieron el peronismo se reconfiguró en torno al liderazgo del entonces presidente Kirchner y luego de su esposa Cristina Fernández, dos tendencias emergieron claramente en el escenario político: la existencia de un espacio abierto para el surgimiento de fuerzas distintas a las tradicionales, en particular en la centro-derecha, y la fragmentación de la oposición. En relación con el primer punto, en el pasado la referencia ineludible en dicho espacio ideológico había sido la experiencia de la Unión de Centro Democrático (ucede), el partido fundado por Álvaro Alsogaray. En la década de los ochenta, la ucede se convirtió en una fuerza con cierto peso; sin embargo, tanto la incorporación de muchos de sus líderes y militantes al gobierno de Menem como la apropiación que este presidente hizo de parte importante de la agenda del partido llevaron a que entrara en crisis y terminara desapareciendo. Luego de la crisis de 2001, tuvieron lugar otros intentos de construir polos de centro-derecha. Los más destacados fueron el partido Acción por la República, encabezado por el exministro de Economía Domingo Cavallo, y Recrear para el Cambio, liderado por el también exministro Ricardo López Murphy. Si ambas formaciones tuvieron su momento de auge, con el tiempo perdieron fuerza. Sin embargo, resultaron antecedentes relevantes para la formación del partido Propuesta Republicana (luego conocido solamente como pro), comandado por Mauricio Macri. De hecho, varios dirigentes de peso tanto de Acción por la República como de Recrear se incorporarían luego al pro (Vommaro et al., 2015; Vommaro, 2017).

La creación del pro no puede entenderse entonces sino como una consecuencia de la crisis política de las fuerzas tradicionales derivada de 2001 (Vommaro et al., 2015; Vommaro, 2017). El proceso que llevó a su constitución estuvo además ligado a la construcción de la figura pública de Mauricio Macri y su ingreso en la política partidaria. Siendo hijo de uno de los empresarios más poderosos del país y habiéndose incorporado desde joven como ejecutivo de una de las firmas que conformaban el holding construido por su padre, desde los años ochenta su nombre ya era conocido no sólo en el ámbito empresarial, sino que también resultaba familiar para muchos argentinos. El secuestro extorsivo que sufrió en 1991 lo puso en los titulares de los periódicos durante varios días y como protagonista de diversos programas televisivos luego de su liberación.

Sin embargo, el gran salto en la visibilidad pública de Mauricio Macri estuvo relacionado con su decisión de alejarse de la actividad empresarial y postularse para las elecciones de la presidencia del club de futbol Boca Júniors, quizá el más grande del país e identificado históricamente con los sectores populares. Desde dicha posición, intentó estrechar su vinculación con la población, buscando hacer olvidar su pasado (y presente) como miembro de la élite económica del país y mostrando un perfil de gestor eficiente. Esto último se vio reforzado por los recurrentes éxitos que el club obtuvo en términos deportivos durante su tiempo en el cargo. Fue desde allí que se planteó su salto a la política partidaria, intentando presentarse como una cara nueva (un outsider) que además pretendía disponer de credenciales como “hacedor”.

La decisión de Macri acerca de dónde hacer su debut electoral no resultó azarosa, y así fue como en 2003 compitió como candidato por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si bien esta primera incursión no logró ser exitosa, el hecho de que su alianza se impusiera en la primera vuelta y estuviera cerca de derrotar al oficialismo potenció la figura de Macri. Fue probablemente esta situación la que lo motivó a competir nuevamente en 2005 como candidato a diputado por el mismo distrito (posición para la que fue electo) y buscar solidificar alianzas con otras fuerzas de centro-derecha. De esta decisión derivó la constitución, en 2005, del partido Propuesta Republicana (pro), que se convertiría en la organización a partir de la que Macri desarrollaría su carrera política (Vommaro et al., 2015) En este camino, sin duda, el punto de inflexión estaría dado por su elección como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007, derrotando de manera categórica al hasta entonces oficialismo progresista en el mismo año en que Cristina Fernández de Kirchner obtenía la presidencia y sucedía a su marido.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no sólo constituyó la plataforma para instalar la figura de Macri en el plano nacional, sino además el distrito en el que el pro decidió concentrarse para afianzar su consolidación como fuerza política. Esta apuesta sobre todo por el ámbito local explica en gran medida que el partido prácticamente no se desarrollara en otros distritos y Macri declinara a participar como candidato a presidente en las elecciones de 2011 (para las que muchos lo veían como candidato natural), apostando en cambio por su reelección como jefe de gobierno. La ausencia de un candidato opositor fuerte y la fragmentación del espectro político no peronista fueron dos elementos que definieron la contienda presidencial de 2011, en la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo su reelección con 54 % de los votos y una ventaja de casi 40 puntos respecto del segundo candidato más votado.

Una serie de tendencias y acontecimientos sucedidos durante los cuatros años del segundo mandato de Fernández de Kirchner permitieron, sin embargo, construir la candidatura de Macri para las elecciones de 2015 y convertirlo en presidente en diciembre de dicho año (Olmeda, 2017).

En primer lugar, durante el periodo 2011-2015 la economía argentina consolidó una tendencia hacia la “estanflación”, combinando bajos niveles de crecimiento con altas tasas de inflación. Este último punto, en particular, se convirtió en un eje central de preocupación para la población, y derivó además en continuos reclamos dada la posición oficial de manipular las estadísticas para negar el fenómeno. En paralelo, la caída en los niveles de exportación y un descenso de los precios internacionales de las commodities derivaron en un descenso en el ingreso de divisas al país. Con el objetivo de evitar una devaluación drástica de la moneda local, el gobierno kirchnerista optó por establecer un esquema de control de cambios que afectó no sólo a la población en general, sino, además, a los importadores y a parte de la industria. Con el objetivo de limitar la salida de divisas, se fijaron además diferentes esquemas burocráticos que establecían que los ingresos de productos importados al país debían contar con una autorización expresa de los organismos oficiales.

En segundo lugar, desde principios del segundo mandato de Fernández de Kirchner comenzaron a hacerse evidentes tensiones dentro de la coalición gobernante, y diversos grupos empezaron a cuestionar la iniciativa de la presidenta de centralizar el poder y la toma de decisiones en un grupo que le era cercano y que ganó posiciones dentro de la administración, la agrupación juvenil La Cámpora. Una primera fractura importante se dio a poco de iniciar el periodo de gobierno entre la mandataria y un grupo de sindicatos liderados por Hugo Moyano, que reclamaban por la poca presencia que habían tenido en las listas de candidatos. Sin embargo, el mayor cisma sucedió pocos meses antes de las elecciones legislativas de medio término de 2013, cuando una porción significativa del peronismo bonaerense, comandado por el entonces intendente de Tigre y exjefe de gabinete de la propia Fernández de Kirchner, Sergio Massa, decidió competir con candidaturas propias por fuera del oficialismo. El hecho de que el propio Massa encabezara la lista en la estratégica provincia de Buenos Aires y venciera a aquella que respaldaba la presidenta puso al kirchnerismo en una posición de debilidad.

En tercer lugar, se multiplicaron durante el periodo las revelaciones sobre casos de corrupción que involucraban a figuras relevantes del gobierno, incluidos el vicepresidente en ejercicio, Amado Boudou, y la propia presidenta. En un clima de creciente polarización y enfrentamiento entre Fernández de Kirchner y los grupos mediáticos más relevante del país, estas denuncias ahondaron las distancias entre el gobierno y parte de la clase media. El discurso cada vez más combativo de la propia presidenta y figuras relevantes de la administración instaló en ciertos sectores de la población la idea de que Argentina “estaba en camino de convertirse en Venezuela”. Esta sensación resultó reforzada cuando cerca de las elecciones de 2013 comenzaron a expandirse rumores, no debidamente fundamentados, que argumentaban que, de darse un resultado favorable Fernández de Kirchner buscaría reformar la constitución para instaurar la reelección indefinida. A esto se sumó el impulso de decisiones en el ámbito de la política económica que fortalecieron la función del Estado en la economía y fueron interpretadas por parte de la ciudadanía (y potenciadas por los medios) como un ataque a la empresa privada.

Aunque fundamentado más en sensaciones que en hechos objetivos, este temor a la “venezuelanización” tuvo un papel importante para activar la movilización de sectores de clase media habitualmente alejados de la política, en muchos casos los mismos que habían salido a las calles durante el primer semestre de 2008 en el marco del conflicto que en ese entonces el gobierno mantuvo con las organizaciones que nucleaban a los productores agropecuarios a raíz del intento oficial de aumentar los impuestos a las exportaciones. Esto llevó a que, en los últimos dos años del mandato de Fernández de Kirchner, se sucedieran diversas movilizaciones impulsadas por sectores medios en torno a reclamos por cuestiones tan variadas como la inflación, la intervención al órgano encargado de las estadísticas, los casos de corrupción o la imposibilidad de comprar dólares. Si bien fragmentadas, estas demandas dejaron en evidencia que existía una porción importante de la población dispuesta a apoyar a un candidato de oposición competitivo, e incluso involucrarse de manera activa en la campaña (como ocurrió con miles de voluntarios que en 2015 se sumaron a la coalición que finalmente llevó a Macri como candidato) (Vommaro, 2017).

En este marco, la figura de Macri comenzó a ganar relevancia como posible contendiente por la presidencia, algo que sin embargo sólo pudo materializarse una vez que su partido, el pro, logró establecer una alianza electoral con la tradicional Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, una fuerza construida en torno a la figura de Elisa Carrió y que desde sus orígenes planteó, como una de sus principales banderas, la lucha en contra de la corrupción. La unión de las tres fuerzas, que derivó en la coalición electoral Cambiemos (lo cual adelantaba el discurso que impulsaría dicha alianza en el marco de la campaña), combinó de buena manera las virtudes de cada uno de sus integrantes y contrapesó sus limitaciones individuales: un candidato reconocido y valorado por un sector del electorado, como Macri, pero que carecía de una estructura propia más allá de la ciudad de Buenos Aires, con un partido centenario que contaba con una extensa red territorial, pero no había logrado consolidar candidatos de peso. A la combinación anterior se sumaban referentes identificados con la lucha anticorrupción, elemento que se encontraba en el tope de las preocupaciones para muchos votantes.

El camino hacia la presidencia, sin embargo, no fue terso, ya que pocos meses antes de las elecciones presidenciales el candidato del pro a suceder a Macri en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires estuvo cerca de perder la elección, aunque finalmente resultó victorioso en la segunda vuelta, por escaso margen. Una derrota en su bastión hubiese quizás sepultado la candidatura presidencial.

Para explicar el resultado electoral, es necesario considerar además algunas dinámicas experimentadas en el hasta entonces oficialismo de cara a las elecciones. Ante la imposibilidad de Fernández de Kirchner de competir de nuevo en 2015, el entonces oficialismo enfrentó uno de los problemas generalmente asociados a los movimientos personalistas: la ausencia de un candidato alternativo y cercano al grupo de poder para pelear por la sucesión. En un giro que por entonces se consideró pragmático, la presidenta decidió apoyar la candidatura de quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de perfil más moderado y a quien los propios grupos kirchneristas ideológicamente más dogmáticos veían con desconfianza. Esta distancia nunca se logró acortar y muchos líderes cercanos a la mandataria (y ella misma) adoptaron una postura algo prescindente durante la campaña. En realidad, los esfuerzos de los kirchneristas más duros se concentraron en las elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en donde a partir del proceso de primarias abiertas resultó designado como candidato del oficialismo el hasta entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, con alto apoyo de las bases militantes, pero muy mala imagen ante la opinión pública.

Aun con las condiciones favorables para el crecimiento de su candidatura, pocos daban a Macri como ganador de la contienda hasta poco antes de las elecciones. A pesar de las dificultades que atravesaba el país, un sector importante de la población valoraba varias de las políticas llevadas adelante durante los años kirchneristas, principalmente en el ámbito de las políticas sociales, culturales y de expansión de derechos, y temía que un gobierno del antiguo empresario revirtiera muchos de estos avances, al identificarlo con posturas neoliberales. Durante la campaña, el propio candidato explícitamente planteó la continuidad de diversas líneas de acción de sus antecesores y prometió que no aplicaría políticas de ajuste brusco.

De hecho, el ganador en la primera vuelta resultó el candidato oficialista Daniel Scioli, aunque por un estrecho margen (36.8 % de los votos, frente a 34.33 % de Cambiemos). La segunda vuelta, en la que sólo compitieron los dos candidatos con mayor cantidad de votos, también se resolvió por una diferencia mínima, aunque en este caso el victorioso resultó Macri, con 51.41 %, frente a 48.59 % de Scioli (Murillo, Rubio y Mangonnet, 2016).

Resulta interesante destacar que (en particular en la primera vuelta) la distribución geográfica del sufragio pareció estar ligada a factores socioeconómicos, donde Macri recabó los mayores niveles de apoyo electoral en las provincias más prósperas del país (Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires), mientras que los mayores caudales de votos para el candidato peronista se registraron en las provincias periféricas y en los sectores más pobres del área conurbada de la ciudad de Buenos Aires.

Un dato relevante fue que la elección del congreso, realizada en paralelo con la primera vuelta presidencial, mostró resultados poco favorables para Cambiemos, lo cual se traduciría en que la alianza oficialista tuviera una posición minoritaria en ambas cámaras al inicio del nuevo gobierno (se volverá sobre este punto más adelante).

Sin embargo, una de las mayores sorpresas del ciclo electoral (más allá de la victoria de Macri) fue el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y económicamente poderosa del país, y que había sido gobernada de manera ininterrumpida por el peronismo desde 1988. De hecho, la candidata que venció a la fórmula oficialista (María Eugenia Vidal) obtuvo en el distrito más votos que el propio Macri, lo que la convirtió de manera casi automática en una de las figuras con mayor peso político del país y en uno de los vértices clave de la administración entrante.

Los principales desafíos al inicio del gobierno

A pesar de la legitimidad obtenida por la victoria electoral, al momento de tomar posesión, el gobierno de Macri debió enfrentar una serie de desafíos, ligados a la dinámica interna del aparato burocrático, a su capacidad política como fuerza oficialista y a la situación económica del país.

En relación con el primer punto, la victoria que en paralelo obtuvo Cambiemos en la presidencia y en la provincia de Buenos Aires, a la que se sumó el triunfo unos meses antes que le permitió conservar el control de la ciudad de Buenos Aires, representó sin dudas una muy buena noticia para el nuevo presidente. Los candidatos victoriosos en los dos distritos provinciales no sólo provenían del riñón de su partido, sino que habían sido estrechos colaboradores de Macri durante su gestión en el gobierno de la ciudad. En este sentido, la posibilidad de construir una relación que permitiera potenciar los esfuerzos conjuntos de los tres gobiernos apareció como un objetivo que podía ayudar a la gobernabilidad.

Sin embargo, esta situación generó al mismo tiempo un desafío, ya que planteó la necesidad de construir de manera simultánea equipos técnicos que pudiesen cubrir los puestos más sensibles de las tres administraciones. Si bien desde el partido de Macri se habían constituido desde tiempo antes de iniciar la campaña diferentes instancias que se avocaron al reclutamiento de potenciales funcionarios y a la elaboración de programas de gobierno, el elevado número de posiciones que cubrir sin duda resultó mayor de lo esperado.

La necesidad de atender el desafío anterior ganaba además relevancia dada la sospecha de que durante los últimos años del gobierno de Fernández de Kirchner habían ingresado al aparato del gobierno federal una cantidad importante de militantes identificados con los grupos más leales a la mandataria. Dada la ausencia de un servicio civil de carrera consolidado en Argentina, este panorama condujo a muchos a especular que para la nueva administración sería difícil manejar el aparato del Estado y hacerlo obedecer las directivas políticas emanadas desde la cúpula, teniendo en cuenta además que muchas de las nuevas medidas irían en contra de las políticas desarrolladas en los años anteriores.

En segundo lugar, aun habiendo sido vencedora en la contienda presidencial, la coalición Cambiemos obtuvo resultados débiles en las elecciones legislativas que tuvieron lugar al mismo tiempo que la primera vuelta, tal como ya se señaló. Lo anterior derivó en que la posición del bloque oficialista en ambas cámaras fuera minoritaria: en el senado los miembros de la bancada oficial representaban sólo 20 % del total (perteneciendo sólo la mitad al partido del presidente) y en la cámara de diputados 33 % (siendo los diputados del partido del presidente sólo la mitad de ese porcentaje). Tomando en cuenta la intención de la nueva administración de promover cambios que requerían el aval del congreso, la posición de debilidad en el legislativo imponía al gobierno entrante el desafío de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar sus iniciativas (Murillo, Rubio y Mangonnet, 2016; Vommaro y Gené, 2017).

Por último, el desafío más importante estuvo sin duda planteado por la situación económica que atravesaba el país. Según datos de cepal, durante el periodo correspondiente al segundo mandato de Fernández de Kirchner, el crecimiento de la economía argentina resultó prácticamente nulo, y a esto se sumaron altos niveles de inflación, que en 2014 alcanzó un pico al ubicarse por encima de 40 % anual y durante el periodo mencionado se mantuvo siempre por arriba de 20 % anual (Olmeda, 2017).

Parte de estos resultados se explicaban por la caída en el nivel de exportaciones como consecuencia de la desaceleración de la economía China y la recesión que afectaba a Brasil, los socios comerciales más importantes del país. La declinación en el ingreso de divisas derivado de esta situación y la decisión del gobierno kirchnerista de enfrentar este escenario limitando la venta de dólares (lo que popularmente se conoció como “cepo”), no sólo dieron lugar al sostenimiento de un tipo de cambio oficial artificialmente retrasado, sino que promovieron el desarrollo de un mercado negro paralelo que, aunque limitado, era percibido por una parte de la población como un signo de alerta y generaba efectos distorsivos en algunas áreas de la economía.

La escasez de divisas se vio potenciada por la dificultad del gobierno argentino para ingresar a los mercados financieros internacionales como resultado del default declarado por el país a finales de 2001. Si bien durante el primer mandato de Néstor Kirchner se llevó adelante una renegociación con los acreedores, el gobierno decidió desde entonces limitar su endeudamiento en el exterior como resultado tanto de una política que explícitamente intentaba promover una mayor autonomía como de las condiciones onerosas que imponían los financistas internacionales para prestarle a Argentina.

Durante los últimos años del segundo mandato de Fernández de Kirchner, la situación se agravó como resultado de una demanda presentada ante la justicia de Estados Unidos por un fondo de inversión de alto riesgo dedicado a comprar bonos de deuda en default y a litigar con el objetivo de obtener una ganancia. Ésta no sólo resultó acogida de manera favorable por un juez de primera instancia de dicho país, sino ratificada por un tribunal superior luego de la apelación del gobierno argentino. El fallo, emitido en 2012, dispuso que el país debía pagar al fondo en cuestión los títulos a su valor nominal (más intereses), al tiempo que establecía que hasta que no se procediera a acatar la sentencia no se podrían continuar devengando los pagos de los bonos renegociados.

Si el gobierno de Fernández de Kirchner inscribió el asunto dentro de su retórica nacionalista y planteó que se trataba de una lucha entre los intereses del país y una demanda ilegítima de un grupo extranjero, al mismo tiempo dilató la decisión acerca de cómo lidiar con la sentencia que en teoría debía cumplir. Aunque el Estado argentino continúo transfiriendo el dinero para pagar los intereses a los acreedores que habían aceptado la renegociación, la justicia estadounidense bloqueó que se realizaran los pagos, por lo que el país entró técnicamente en default. Esto último profundizó la desconfianza del mundo global de las finanzas y limitó toda posibilidad de obtener dinero fresco del mercado internacional.

Esta conjugación de factores planteó para muchos analistas un escenario demasiado complejo que, algunos conjeturaron, el gobierno entrante no podría desentrañar.

El modo de gobernar de Cambiemos

Si bien Macri llegó al gobierno como candidato de una alianza electoral entre su partido y dos socios importantes, desde un inicio el nuevo presidente conformó su equipo más cercano principalmente con funcionarios que lo acompañaron desde los inicios de su carrera política y fueron clave en sus dos periodos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Entre ellos, el más destacado fue quien se convirtió en el jefe de gabinete, Marcos Peña. A diferencia de lo sucedido con quienes ocuparon un cargo similar en administraciones anteriores, desde un inicio quedó claro que Peña desempeñaría no sólo un papel central en la definición de la estrategia política del gobierno, sino también en las decisiones respecto del funcionamiento de la administración. De hecho, esto planteó una redefinición de lo que había sido la regla en el pasado reciente. Si bien la figura de la jefatura de gabinete fue introducida a partir de la reforma constitucional de 1994, desde entonces dicha función siempre quedó opacada por quienes sucesivamente ocuparon la posición nodal de cada administración: la de ministro de Economía. El nuevo gobierno realizó, desde su inicio, esfuerzos conscientes para evitar que se produjeran dentro del gabinete concentraciones de poder que generasen contrapesos a otros funcionarios y al propio presidente. Como resultado, las responsabilidades sobre temas económicos se dividieron entre varias carteras. Así, por ejemplo, se crearon los ministerios de Energía, por un lado, y Producción, por el otro, que absorbieron funciones anteriormente bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esto se combinó con la jerarquización de la figura del presidente del Banco Central. En contrapartida, la jefatura de gabinete resultó fortalecida, ya que no sólo concentró responsabilidades sobre la comunicación institucional del gobierno y, en los hechos, en la definición de las principales decisiones políticas, sino que además creó dos coordinaciones encabezadas por figuras de alto perfil que asumieron como su función dar seguimiento directo a las demás carteras. En los hechos, estos coordinadores se convirtieron en quienes comenzaron a definir líneas de acciones que en realidad eran facultad de otros ministerios, en gestores directos en la aplicación de dichas propuestas y en intermediarios en la relación de los ministros y el presidente. Este nuevo entramado del poder estuvo acompañado de una reactivación de las reuniones de gabinete, que prácticamente estuvieron ausentes durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y la adopción como dogma de una lógica de “trabajo en equipo” muy propia del ámbito empresarial y que el gobierno promulgaba como una de sus principales diferencias respecto del pasado kirchnerista que concentraba poder excesivamente en la cima.

La centralidad que se le dio a esta lógica hizo que no resultara sorprendente que entre las razones que se esgrimieron para el pedido de renuncia a quien asumió como ministro de Hacienda y Finanzas a inicios de la administración macrista, Alfonso Prat Gay, haya estado la acusación de que sólo pugnaba por sus propios intereses y no se adaptaba a pensar al gobierno como un equipo del que él era sólo una pieza más. En una frase que luego se volvió icónica, y motivo de burlas ante situaciones en las que las medidas de gobierno propuestas resultaron desacertadas, el propio presidente Macri llegó a afirmar que su gobierno había logrado constituir “el mejor equipo [de funcionarios] de los últimos cincuenta años” en la política argentina.

Esta lógica de trabajo, sin duda, se vio profundizada por el hecho de que, desde el momento de iniciar la administración, se sumó al gobierno, en puestos clave, un conjunto importante de cuadros cuya experiencia previa había estado en el mundo de los negocios y en el management empresarial y nunca antes se habían desempeñado en el ámbito público. Esto, por un lado, surgió como resultado de la necesidad, dadas las dificultades de la nueva administración para cubrir la numerosa cantidad de puestos relevantes en el gobierno. Por el otro, sin embargo, fue también una apuesta explícita del propio grupo cercano al presidente, que desde meses previos venía realizando un reclutamiento de personas con este tipo de perfil mediante distintas fundaciones ligadas al pro con el objetivo de sumar a las funciones gubernamentales a individuos provenientes de ámbitos ajenos a la política tradicional (Vommaro, 2017). Lo anterior estaba cimentado en la idea pregonada desde sus inicios por el macrismo acerca de que representaban algo nuevo dada la falta de legitimidad que acechaba a la clase política en general, así como en la apuesta de que la experiencia que muchos de estos nuevos cuadros tenían en tareas de gerenciamiento serviría para mejorar los procesos de gestión del estado. Tal como sucedió en otras áreas de política, esta línea de acción intentaba además mostrar un contraste con el modelo de funcionamiento de la burocracia durante los últimos años del kirchnerismo, periodo en el cual se sumaron al aparato del Estado en funciones clave numerosos militantes de diversos grupos que apoyaban a la presidenta y consiguieron dichas posiciones más por mostrar lealtad hacia el proyecto que por sus cualidades técnicas.

Un dato relevante es que, en muchos casos, se incorporaron como funcionarios en áreas relevantes quienes en el pasado habían asumido cargos ejecutivos en empresas del sector privado reguladas por dichas dependencias. El caso más paradigmático quizá haya sido que en el cargo de ministro de Energía fuese nombrado quien anteriormente fuera presidente de la filial argentina de la petrolera Shell. La situación llevó a que, en numerosas ocasiones, se denunciara la existencia de conflicto de intereses ya que, en varios casos, los nuevos funcionarios conservaban participación en firmas cuyo accionar debían ahora supervisar desde el gobierno.

Esta realidad llevó a que se popularizara la idea de que la administración macrista podía ser caracterizada como el “gobierno de los ceo”, haciendo referencia al pasado empresarial de muchos de los cuadros que se sumaron al gobierno. Si bien la incorporación de funcionarios con este perfil no fue similar en todos los ministerios (siendo mucho menor en aquellos considerados más políticos), sin duda marcó una diferencia con el pasado, cuando la entrada al gobierno de técnicos provenientes del sector privado ocurría casi exclusivamente en el Ministerio de Economía.

Un estudio realizado por el Observatorio de las Élites Argentinas de idaes-unsam reveló que en ministerios como el de Energía, Agroindustria, Trabajo, Producción, y hasta de la jefatura de gabinete, entre 35 % y 50 % de los altos mandos con los que comenzó la nueva administración tenían experiencia exclusivamente en el ámbito privado (Canelo y Castelani, 2017). Por otro lado, la dependencia a la que en mayor proporción se habían sumado quienes antes habían revistado como ceo era la jefatura de gabinete. Entre los funcionarios de dicha área con este perfil destacaban los dos coordinadores: Gustavo Lopetegui (ex ceo de la empresa aérea lan) y Mario Quintana (fundador y ex ceo de la cadena de farmacias Farmacity). Por supuesto, esta situación generó durante los primeros años numerosos errores derivados de la falta de experiencia en la cosa pública, que en muchos casos tuvieron que ser rectificados por medidas contrarias a las tomadas originalmente. El gobierno incluso procuró sacar partido de esta situación, intentando mostrarse como la contracara del kirchnerismo que pocas veces daba marcha atrás cuando una decisión estaba tomada.

Dentro del aparato gubernamental, la jefatura de gabinete se convirtió asimismo en el vértice desde el cual se comenzó a construir la comunicación del gobierno, que intentó mostrar desde un inicio un giro de 180 grados respecto de lo que había sido la regla en el último gobierno de Cristina Fernández, lo que supuso el pasaje de “la lógica del relato” a “la lógica del timbreo”. Esto último se refiere al intento de mostrar un contraste en relación de Macri con la ciudadanía respecto de lo que había sido característico de los últimos años de la presidencia de Cristina. Si la exmandataria radicalizó su retórica a medida que avanzó su administración y recurrió de manera casi cotidiana a largos discursos en los que intentaba hilvanar distintas acciones de gobierno con un relato articulador que las conjugaba, Macri apostó por presentarse como un político posideológico. En paralelo, mientras que los Kirchner no sólo no renegaron de la polarización que generaban sus políticas, sino que actuaron proactivamente para dejar en claro quiénes se encontraban en cada uno de los bandos en disputa, Macri articuló desde un inicio un discurso que proponía que la disputa política había dejado de importarle a los ciudadanos comunes y corrientes hacía mucho tiempo: lo que realmente les preocupaba era que los funcionarios les resolvieran los problemas. De hecho, esto no era algo nuevo para Macri, quien desde su salto a la arena pública había procurado proyectar la imagen de alguien que sabía gestionar y que consideraba a la lucha ideológica un obstáculo para resolver los problemas de la mejor manera.

Está claro que Macri nunca careció de ideología y desde su juventud se identificó con los ejes de una visión (neo)liberal: un Estado limitado y un mercado robusto. Sin embargo, desde su llegada a la gestión pública se mostró más pragmático que lo que sus críticos pretenden reconocer y, en los hechos, su paso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no generó transformaciones sustantivas en las dinámicas de funcionamiento del Estado. Por ejemplo, no privatizó servicios relevantes, desarrolló diversas políticas sociales (en muchos casos para construir redes clientelares) y puso en el centro del discurso del gobierno a los “vecinos”. En mayor o menor medida, este mismo patrón discursivo fue el que se potenció durante la campaña que lo llevó a la presidencia y adquirió un lugar central en la política comunicacional del gobierno (responsabilidad central del jefe de gabinete en conjunto con su asesor estrella, Jaime Durán Barba).

En la construcción de la imagen del gobierno, el “timbreo” condensó lo que desde la jefatura de gabinete se propuso como la lógica que debía guiar a la administración: los ciudadanos ya estaban cansados de ocupar un papel pasivo como receptores del relato y, por tanto, era ahora el tiempo en que los funcionarios escucharan a la gente. En lugar de las impersonales encuestas (a las que de cualquier modo esta dependencia recurrió de manera casi obsesiva), esta actividad se convirtió en la forma de materializar de manera publicitaria esa lógica. Se trata, ni más ni menos, de un recorrido por los funcionarios más importantes del gobierno (encabezados por el propio presidente) por distintas zonas del país en el que literalmente tocan el timbre de las casas para entrar en contacto con los vecinos y escuchar sus inquietudes. Si bien se plantean como espontáneos, estos intercambios son debidamente grabados y luego publicitados sobre todo por las redes sociales (Annunziata et al., 2018).

Dentro del esquema de comunicación, estas últimas adquirieron un papel central al pretender reforzar la idea del contacto directo entre Macri y los ciudadanos. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e incluso Snapchat comenzaron a ser utilizadas para mostrar al presidente en distintas situaciones de su cotidianeidad laboral (por ejemplo, en reuniones de trabajo con sus ministros), en sus viajes al exterior o encuentros con mandatarios extranjeros, en charlas con ciudadanos comunes durante sus giras por el país o realizando llamadas telefónicas a personas que le han escrito mensajes en las propias redes para contarle sus historias o realizar pedidos; todo, desde una lógica poco protocolaria y sumamente informal. Otros funcionarios relevantes adoptaron estrategias similares.

Este énfasis en la comunicación comenzó a generar críticas no sólo por parte de la oposición, sino incluso desde sectores del propio gobierno o de los partidos aliados, que la conciben como una pura estrategia de marketing que relega a un segundo plano a los procesos de construcción política territorial y a la negociación con otras fuerzas partidarias.

Por otro lado, en lo que respecta a la política económica, desde un inicio surgieron en el propio gobierno distintas posturas respecto a qué camino seguir. Si bien entre los referentes económicos cercanos a la coalición existió, desde el momento en el que se comenzó a construir la candidatura de Macri, una coincidencia en la necesidad de modificar de manera drástica el modelo imperante durante los años del kirchnerismo (limitando la función del Estado, asumiendo la centralidad del mercado y promoviendo la reconstitución de las relaciones con los países centrales, en especial con Estados Unidos), las diferencias se plantearon respecto a cómo lograr esos resultados. Un grupo proponía aplicar de manera drástica una política de shock que en el corto plazo generara una reducción del gasto público, promoviendo al mismo tiempo la liberación del mercado cambiario y el fin de las regulaciones a las importaciones e impuestos al comercio exterior. Del otro lado, otro sector abogaba por una aproximación gradualista que apuntara a objetivos de mediano y largo plazo y realizara las transformaciones propuestas con un horizonte temporal más extenso. Desde esta visión, de la situación heredada del kirchnerismo había un aspecto que podría ser aprovechado: el bajo nivel de endeudamiento del país, como resultado de la decisión del anterior gobierno de no recurrir al crédito internacional (en parte, como se dijo, por la dificultad para hacerlo). De hecho, el endeudamiento externo se convirtió en una de las condiciones para el desarrollo de una política económica gradualista (la visión que se terminó imponiendo internamente), financiando con deuda el déficit fiscal. Esto evitaba recurrir a la emisión monetaria (diagnosticada como la causa principal detrás de la alta inflación) al tiempo que se extendía el plazo para realizar ajustes.

En línea con esta estrategia, una de las prioridades de la nueva administración para reestablecer el acceso al crédito fue la negociación con los fondos que habían demandado al país, lo cual llevó a un acuerdo para que retiraran el reclamo contra Argentina a cambio del pago de la suma que solicitaban. La apuesta por la deuda se argumentó hacia el interior como necesaria hasta que la economía volviese a crecer y se justificó por dos razones: por un lado, por el bajo nivel de las tasas de interés en la órbita internacional (lo que permitía conseguir dinero barato) y, por otro, por el bajo nivel de endeudamiento que había registrado el país en años anteriores y que hacía que el pago de intereses no fuese un problema por el momento. La apuesta de fondo fue que el simple hecho de cambio de gobierno generaría en los actores económicos (internos y externos) un shock de confianza que motorizara la inversión en el país (Vommaro y Gené, 2017 ). Como se verá en la última sección, todas estas presunciones estuvieron sustentadas en pronósticos desacertados.

La aplicación de esta visión enfrentó, además, importantes problemas y tuvo efectos diferentes a los esperados. En primer lugar, la fragmentación de la toma de decisiones en el ámbito económico, que se generó como resultado de la distribución de responsabilidades entre diferentes dependencias, llevó a que en algunos casos se promovieran acciones desde diferentes oficinas que o bien entraban en contradicción entre sí o sólo atendían parte de un problema. Por otro lado, algunas medidas inspiradas en la visión gradualista (por ejemplo, que la reducción de los subsidios estatales para la provisión de servicios públicos se hiciese de manera paulatina) generaron, sin embargo efectos en el corto plazo, visualizados de manera negativa por la ciudadanía. A pesar de que dicho recorte se intentó justificar como necesario argumentando que el precio de servicios como el de la luz o el gas se encontraba en niveles artificialmente bajos, el aumento sustantivo que éstos experimentaron de manera repentina no sólo generó descontento en la población, sino que además tuvo efectos en el resto de la economía y promovió un incremento en la inflación. Una situación similar se dio como resultado de la liberación del tipo de cambio, que se tradujo en lo inmediato en una devaluación de casi 50 % del valor del peso y generó aumento de precios.

En línea con la apuesta por atraer inversiones, otro de los grandes giros del macrismo respecto del gobierno previo fue un importante cambio en la política exterior, basado en el diagnóstico de que el desarrollo de políticas “populistas” en los años de los Kirchner había “aislado” a Argentina de los principales jugadores internacionales y aumentado la desconfianza de los mercados.

Por tanto, uno de los objetivos desde el inicio fue “volver al mundo”, lo que básicamente significaba restablecer vínculos estrechos con el gobierno de Estados Unidos (con el que había existido una relación distante durante las administraciones kirchneristas) y los países europeos, y dejar en un segundo plano las vinculaciones con América Latina (en particular con aquellos países que continuaban siendo gobernados por la izquierda).

No resultó casual que el primer viaje internacional de Macri como presidente haya sido al foro de Davos, en el que el mandatario desarrolló una serie de actividades orientadas a mostrar a Argentina como un país apetecible para los negocios. Esta línea se profundizó con la decisión de Obama de incluir al país entre aquellos que visitó durante su gira por América Latina, antes de dejar su cargo, y el viaje de Macri a Washington para entrevistarse con Donald Trump en la Casa Blanca luego de que el empresario llegara al poder en Estados Unidos.

En paralelo, el gobierno argentino buscó asumir un papel más protagónico en la región presentándose como defensor de los valores liberales frente al populismo. Esto se materializó, por ejemplo, en la adopción de una postura activa frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, intentando motorizar sanciones dentro de la oea o impulsando su expulsión del Mercosur. Al mismo tiempo, Argentina se alejó de organizaciones como la Unasur, un ícono del ciclo progresista en la región y buscó estrechar lazos en términos económicos con los países miembros de la Alianza del Pacífico, a la que se sumó como país observador.

Nuevamente, en varias de las apuestas realizadas en términos de política exterior, las expectativas no se vieron confirmadas por la realidad, en particular luego de la elección de Trump: mientras Argentina procuraba volver a políticas de libre mercado, el mundo comenzaba a abrazar posiciones más proteccionistas que tenían impacto directo en la economía global.

Para concluir este repaso, vale la pena hacer mención tanto al tipo de vinculación que el gobierno construyó con los miembros de su propia coalición como a la relación que estableció con la principal fuerza de oposición, el peronismo.

Respecto del primer punto, desde el primer momento, llamó la atención el tipo de relación que se tejió entre el gobierno y la Unión Cívica Radical (el socio más importante del pro) ya que, si bien la estructura territorial de dicho partido resultó central para que se consiguiera una victoria electoral, esto no derivó en que asumiera un papel protagónico dentro del ejecutivo federal. En otras palabras, si bien en el legislativo se logró coordinar una acción conjunta, dentro del gobierno las principales decisiones siguieron siendo tomadas por el presidente con su círculo más íntimo (colaboradores que lo acompañaban desde sus años como jefe de gobierno) y los principales ministerios fueron ocupados por colaboradores de su confianza. A los radicales sólo les fueron otorgadas las carteras de Comunicaciones, Defensa, Turismo y Agroindustria (sólo cuatro de las veinte existentes). Este particular balance llevó a que en diferentes momentos éstos externaran reclamos en demanda de una mayor injerencia en las decisiones más relevantes de la administración. Estas quejas en general no fueron atendidas y el papel de las otras fuerzas que forman Cambiemos continúo limitándose, en el mejor de los casos, a consultas informales y contactos personales entre el presidente y sus dirigentes más relevantes.

A pesar de asumir este papel secundario, formar parte de la coalición no ha resultado perjudicial para la ucr. Por el contrario, dicho partido recobró importante presencia en el plano subnacional en gran medida porque la mayoría de los candidatos del ámbito municipal de Cambiemos provinieron de dicha fuerza, la única dentro de la coalición que contaba con una presencia relativamente homogénea a lo largo del país (Cruz y Goyburu, 2016).

Por otro lado, la relación del gobierno con el peronismo resultó en todo momento definida por la fragmentación en la que cayó dicha fuerza luego de la derrota electoral de 2015. Si bien la expresidenta Cristina Fernández decidió voluntariamente dejar la escena política durante los primeros años fuera del poder, una porción importante del anterior oficialismo le siguió siendo fiel y planteó desde el inicio del gobierno de Macri la necesidad de sostener una posición de férrea oposición a todas sus medidas. Sin embargo, la ausencia de la exmandataria potenció a otros sectores peronistas que, si bien antes le habían respondido, ahora comenzaron a enunciar la necesidad de superar su liderazgo. Este sector estuvo liderado fundamentalmente por los gobernadores de dicha fuerza, que debían convivir con el gobierno macrista y continuaban dependiendo en gran medida de los recursos federales, y asumió una postura dialoguista y negociadora. Por último, el sector encabezado por Sergio Massa, que ya desde 2013 había decidido encarar un camino separándose del kirchnerismo, adoptó una actitud ambivalente. Esto en gran medida tuvo que ver con que, si bien su candidatura a la presidencia en 2015 mantuvo fuerza hasta el final de la primera vuelta, los resultados no fueron los esperados, por lo que su figura se desdibujó luego de las elecciones. El gobierno aprovechó estas divisiones para negociar apoyo legislativo para algunas de sus medidas. Asimismo, y si bien parte de su planteamiento en la campaña había sido el de superar la polarización que había caracterizado los últimos años del kirchnerismo, no dudó en volver a confrontar abiertamente con la expresidenta y algunos de sus seguidores más destacados, en particular cuando se vio en situaciones de debilidad. Para esto también sacó provecho de, y acaso incentivó la reactivación de numerosas causas judiciales contra la expresidenta y algunos personajes relevantes del anterior gobierno. En diversos casos esto llevó a la detención de varios exfuncionarios (entre ellos el exvicepresidente Amado Bodou y el exministro de Planificación y hombre fuerte del anterior gobierno Julio de Vido) y empresarios ligados a los Kirchner. La propia expresidenta debió enfrentar diversas indagatorias relacionadas con distintas causas, y muchos argumentan que fue eso lo que la llevó a volver a la actividad política y postularse como candidata a senadora en las elecciones de medio término de 2017, con la intención de recuperar los fueros y evitar de este modo ser puesta en prisión.

2018, el principio del fin

El resultado de las elecciones legislativas de medio término en 2017 resultaron para muchos una confirmación de que la forma de encarar el gobierno por parte del oficialismo iba por el buen camino. El contundente triunfo de la coalición oficialista Cambiemos se dio además en un contexto en el que sus candidatos más notorios provinieron del partido del presidente. El hecho de que la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner terminara en segundo lugar en las elecciones de senadores federales en la provincia de Buenos Aires, lugar que se consideraba su bastión, compitiendo además contra el poco carismático exministro de Educación Esteban Bulrich, planteó para muchos que su momento estaba agotado y que la reelección de Macri en 2019 era prácticamente un hecho.

A partir de estos comicios, el bloque oficialista pasó a ser el más numeroso en la cámara de diputados y creció sustantivamente en el senado, aun cuando en ambos casos quedó lejos de la mayoría propia.

Sin embargo, las mieles del triunfo quedaron rápidamente atrás, ya que desde inicios de 2018 comenzó a quedar nuevamente en evidencia la fragilidad del peso argentino. En el primer semestre del año, la moneda local se había devaluado en casi 50 %, lo cual generó presiones inflacionarias sustantivas. A lo anterior se sumó una cada vez mayor dificultad del gobierno argentino de conseguir financiamiento internacional en el sector privado, que ya comenzaba a descontar que el país estaba entrando en una zona de pre-default. Esta entrada de la economía en zona de turbulencias no sólo hizo decaer la confianza de la ciudadanía en el gobierno, sino que volvió a reactivar tensiones dentro del oficialismo, y muchos culparon a la visión gradualista anteriormente mencionada de este resultado. En dicho contexto fue posible observar un giro importante en la estrategia económica, y Macri no dudó en negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, a cambio de conceder al gobierno argentino el crédito más grande de su historia, demandó, sin embargo, una política económica más ortodoxa.

En los meses que siguieron, la persistencia de la crisis llevó a una redefinición de la estructura interna de la administración, en la que el área económica salió fortalecida. Los resultados esperados (reducción de la inflación y crecimiento de la economía) no lograron, sin embargo, plasmarse en los hechos. Tanto en 2018 como en 2019, el pib registró una caída de alrededor de 3 % anual y las tasas de inflación se ubicaron algo por arriba de 45 % en 2018 y cerca de 55 % en 2019, siendo las más altas desde las observadas en 1991, cuando Argentina salía de una hiperinflación. Todo lo anterior tuvo indudables consecuencias sociales, que afectaron a los sectores más pobres y a la propia clase media que había apoyado a Cambiemos tanto en 2015 como en 2017. Para 2019, por ejemplo, el porcentaje de la población que se encontraba en situación de inseguridad alimentaria había subido hasta 22 %.

Lo anterior tuvo efectos directos en la imagen presidencial y puso a Macri en una posición de debilidad al momento de buscar su reelección. Dentro del oficialismo, incluso, se multiplicaron las propuestas para que otro candidato compitiera en su lugar.

Por el lado de la oposicíon, la gran sorpresa estuvo además en la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de proponer a Alberto Fernández (quien se desempeñó como jefe de gabinete de su gobierno hasta 2008 y renunció entonces por fuertes desacuerdos con su entonces jefa) como cabeza de una fórmula que la tuvo a ella como candidata a vicepresidenta. El corrimiento del centro de la escena de Cristina Fernández de Kirchner tuvo efectos tanto de cara al electorado como dentro del peronismo. En relación con el primer punto, el perfil moderado de Alberto Fernández permitió alcanzar un electorado peronista no kirchnerista que no se sentía atraído por la figura de Cristina Fernández de Kirchner. La presencia de esta última en la fórmula, sin embargo, hizo posible que su voto duro no se disgregara y contribuyera al triunfo. Al mismo tiempo, la centralidad que adquirió Alberto y su propio oficio político hicieron posible que la disgregación del peronismo observada desde 2013 pudiese revertirse, en parte, y llevó a que el sector identificado con Sergio Massa decidiese apoyar la fórmula mencionada. Por último, la abdicación por parte de Cristina Fernandez a la candidatura presidencial puso en jaque la estrategia electoral de Juntos por el Cambio (tal el nombre que adoptó la hasta entonces alianza oficialista, reemplazando su anterior denominación “Cambiemos”), que se había propuesto polarizar con la expresidenta apostando a que el rechazo que una parte significativa de la sociedad argentina aún tenía frente a su figura iba a llevar a muchos a apoyar la candidatura de Macri a pesar de la endeblez de la economía. El hecho de que Cristina Fernández adoptara un rol secundario y asumiera un bajo perfil durante la campaña no puede pensarse sino como una continuación de su decisión de no buscar nuevamente la presidencia.

Los efectos políticos derivados de la candidatura de Alberto Fernández y los malos resultados económicos explicaron que tanto en las primarias de agosto como en las generales de octubre la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner se impusiera y resultase electa en primera vuelta con un total de 48 % de los votos, por sobre 40 % del binomio Macri-Piccheto.

Breves reflexiones finales

El presente capítulo se inició desde el título con la pregunta acerca de si la victoria en las elecciones de 2015 y la llegada al gobierno de Mauricio Macri ha significado una reconfiguración de la política en Argentina. Sin duda, el hecho de que por primera vez desde el regreso a la democracia en 1983 una fuerza política diferente a la Unión Cívica Radical o al peronismo (en sus diferentes expresiones partidarias) se haya quedado con la presidencia marca un antes y un después en la política argentina. También resulta un parteaguas que dicho candidato haya emergido de una fuerza de centro-derecha (el pro) que se transformó en una organización partidaria competitiva y que controla no sólo la presidencia, sino diversos gobiernos provinciales y municipales. Es importante destacar además que, desde su toma de posesión, el partido de Macri fue el que más creció en importancia en el sistema partidario, en tanto que el peronismo se ha fragmentado y la Unión Cívica Radical continúa desempeñando un papel secundario en la coalición oficialista. Las elecciones legislativas de medio término (que tuvieron lugar en octubre de 2017) mostraron un aumento en el apoyo para los candidatos de la alianza Cambiemos, siendo además que en esta ocasión sus candidatos más notorios provinieron del partido del presidente. A partir de los resultados, el bloque oficialista pasó a ser el más numeroso en la cámara de diputados y creció sustantivamente en el senado, aun cuando en ambos casos lo hizo lejos de la mayoría propia.

El estilo de gobernar del presidente también ha mostrado un cambio respecto del pasado reciente, al intentar mostrarse como posideológico y centrado en la gestión, procurando evitar políticas económicas de shock observadas en gobiernos con orientaciones similares en el pasado y buscando mover el eje de la gestión de gobierno de la cartera económica a la jefatura de gabinete. Como se dijo, esto no quiere decir que la política del gobierno no haya estado orientada por valores ideológicos: está claro que en la mayoría de las áreas se ha intentado limitar la función del Estado y potenciar al mercado y a la empresa privada.

Quizá un gran problema haya sido, sin embargo, que los resultados prometidos y pronosticados no se lograron en los primeros años de mandato: ni la economía comenzó a crecer de manera sustantiva como se esperaba, ni la inflación pudo ser controlada. Además, las inversiones prometidas no llegaron, y, en un contexto internacional más complejo, el acceso al crédito comenzó a dificultarse nuevamente.

El panorama anterior se vio agravado desde inicios de 2018, cuando la economía entró en zona de turbulencias y muchos hicieron responsable de dicha realidad a la visión gradualista. En dicho contexto fue posible observar un giro importante en la estrategia económica, ya que el gobierno argentino no dudó en negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a cambio de un crédito sustantivo demandó, sin embargo, una política económica más ortodoxa. En los meses que siguieron, la persistencia de la crisis llevó inclusive a una redefinición de la estructura interna de la administración, en la que el área económica salió fortalecida. Los resultados esperados (reducción de la inflación y crecimiento de la economía) no lograron plasmarse previamente a las elecciones de 2019, en las que Macri buscó su reelección.

La gran sorpresa, además, fue la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de proponer a Alberto Fernández (quien se desempeñó como jefe de gabinete de su gobierno hasta 2008 y renunció entonces por fuertes desacuerdos con su entonces jefa) como cabeza de una fórmula que la tuvo a ella como candidata a vicepresidenta. El corrimiento del centro de la escena de Fernández de Kirchner y el propio oficio político de Fernández hicieron posible que la disgregación del peronismo observada desde 2013 pudiese revertirse, en parte, dada la decisión del sector identificado con Sergio Massa de apoyar la fórmula mencionada.

Los malos resultados económicos y la unión del peronismo explican en gran medida que tanto en las primarias de agosto como en las generales de octubre la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner se impusiera y resultase electa en primera vuelta con un total de 48 % de los votos por sobre 40 % del binomio Macri-Piccheto.

Este resultado resulta relevante como punto de cierre para el análisis del gobierno de Macri. La derrota puede ser leída como un síntoma del fracaso de la administración dados los escasos ejemplos de presidentes latinoamericanos que buscaron su reelección desde el ejercicio del poder y fueron vencidos en las urnas. Sin embargo, el hecho de que entre las primarias y las generales Macri realizase una campaña que convocó multitudes en distintos sectores del país y le permitió recortar a la mitad la distancia de 15 % respecto de la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner fue evaluada por muchos como una confirmación de la centralidad que su figura aún tiene y continuará teniendo en la vida política argentina. Los próximos años dirán si Cambiemos, que logró consolidar una cantidad importante de bancas tanto en la cámara de diputados como en el senado sobrevive como coalición, y si el pro (partido de Macri) continúa desempeñando un papel protagónico en ella. Un desafío adicional es que, luego de perder la provincia de Buenos Aires a manos del peronismo, la agrupación política fundada por Macri sólo tendrá peso propio en la ciudad de Buenos Aires. En todo caso, tanto lo observado durante la administración Macri como la dinámica observada en la contienda electoral que terminó dejándolo fuera del poder dejan en claro que la división peronismo-antiperonismo es la que sigue y seguirá rigiendo la vida política argentina.

Referencias

Annunziata, R. (2018). “Gobernar es estar cerca. La estrategia de proximidad en el uso de las redes sociales de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, Revista Mexicana de Opinión Pública, vol. 13, núm. 24, pp. 71-93.

Canelo, P. y A. Castelani (2017). Perfil sociológico de los miembros del gabinete inicial de Mauricio Macri. Observatorio de las Élites Argentinas. Informe de investigación No. 1. Buenos Aires: Universidad de San Martín.

Cruz, F. y L. Goyburu (2018). “Cambiemos, esa coalición de nuevo tipo”, La Nación, 31 de agosto. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/1942551-cambiemos-esa-coalicion-de-nuevo-tipo>.

Iglesias Illia, H. (2015). Cambios. Mauricio Macri presidente. Día a día la campaña por dentro. Buenos Aires: Sudamericana.

Malamud, A. (2003). “El bipartidismo argentino: evidencias y razones de una presistencia (1983-2003)”, Colección, núm. 15, pp. 31-43.

Murillo, M., J. Rubio y J. Mangonnet (2016). “Argentina: el protagonismo de los votantes y la alternancia electoral”, Revista de Ciencia Política, vol. 36, núm. 1, pp. 3-26.

Olmeda, J. (2017). “Ascenso, auge y ocaso del kirchnerismo en Argentina”, en M. Torrico (ed.), ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobierno y políticas públicas. México: Flacso.

Torre, J. C. (2003). “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”, Desarrollo Económico, vol. 42, núm. 168, pp. 647-665.

Vommaro, G. (2017). La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder. Buenos Aires: Siglo.

Vommaro, G. (2015). Mundo pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar. Buenos Aires: Planeta.

Vommaro, G. y M. Gené (2017). “Argentina: el año de Cambiemos”, Revista de Ciencia Política, vol. 37, núm. 2, pp. 168-171.

47 Los presidentes durante ese periodo fueron Raúl Alfonsín (1983-1989; ucr); Carlos Menem (1989-1999; peronismo); Fernando de la Rúa (1999-2001; ucr); Eduardo Duhalde (2002-2003; peronismo) (interino); Néstor Kirchner (2003-2007; peronismo); Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015; peronismo). Entre la renuncia de De la Rúa y el nombramiento de Eduardo Duhalde por el congreso, Adolfo Rodríguez Saá ejerció la presidencia, pero renunció luego de sólo una semana en el cargo.

Pasado y presente del golpismo en Venezuela. El caso del 4 de febrero de 1992

Antonio J. Hernández

En Venezuela, tanto la historia del Estado demoliberal (1958-1999) como la del Estado populista (1999-2017) estuvieron atravesadas por el recurso reiterado al golpe de Estado como modo de acción política.

En enero de 1958, el coronel Hugo Trejo, primero, y unas semanas después una junta compuesta por miembros del alto mando militar, llevaron a cabo sendos golpes de Estado contra el dictador Marcos Pérez Jiménez, que precipitaron su caída el 23 de enero de ese año. No sobra recordar que Pérez Jiménez, antes de sufrir los golpes que lo depusieron del poder, había participado en otros dos golpes: a) el de octubre de 1945, planificado y llevado a cabo en alianza con Rómulo Betancourt, del partido Acción Democrática (ad), contra el gobierno presidido por Isaías Medina Angarita, cuyo resultado sería el derrocamiento de este último; 2) el de noviembre de 1948, de carácter exclusivamente militar, contra el gobierno de ad presidido por Rómulo Gallegos. Los golpes de enero de 1958 contra Pérez Jiménez, el primero derrotado y el segundo exitoso, fueron decisivos para la transición venezolana de la dictadura militar a la democracia de partidos, cuyo primer gobierno estaría encabezado por Betancourt, uno de los protagonistas del golpe de 1945. Durante el quinquenio de su gobierno, Betancourt enfrentó amenazas tanto civiles como militares, de la derecha y de la izquierda. En medio de una inestabilidad constante, el naciente demoliberalismo logró derrotar dos intentos de deposición mediante golpes de Estado en mayo y junio de 1962: los golpes conocidos como el Carupanazo y el Porteñazo, respectivamente; el primero, ejecutado por militares activos; el segundo, por civiles y militares, y más cruento que el anterior. Ambos tuvieron una orientación de izquierda. Hubo otros intentos golpistas entre 1958 y 1962, de distintas orientaciones ideológicas, aunque con menor impacto. Los años setenta fueron los de mayor repliegue del golpismo, aunque organizaciones golpistas, ciertamente con poca capacidad de incidencia en ese momento, continuaron conspirando contra los gobiernos establecidos. A comienzos de los años ochenta se funda en los cuarteles militares el llamado Ejército Bolivariano Revolucionario 200 (ebr-200), organización directamente implicada en la preparación y ejecución del golpe del 4 de febrero de 1992, e indirectamente en el del 27 de noviembre del mismo año. Se trataba de una organización nacionalista con algunos componentes del programa de los partidos de la izquierda. Ambos intentos, el primero con alguna pequeña participación de civiles, y el segundo exclusivamente militar, si bien fracasaron, fueron determinantes para el declive del demoliberalismo venezolano y la transformación del Estado que tendría lugar hacia finales de la década de los noventa. Como se puede observar, el golpe acompañó a la democracia liberal venezolana desde su nacimiento hasta su desaparición.

Las transformaciones del Estado ocurridas a partir de 1999 no desterrarían la presencia del golpe de Estado en la política venezolana. En 2002, durante el gobierno de Hugo Chávez, quien había sido jefe del golpe del 4 de febrero y defensor y promotor de las acciones golpistas del 27 de noviembre, tuvo lugar un nuevo golpe de Estado de carácter cívico-militar, situado en medio de un paro empresarial y sindical, así como de protestas ciudadanas. Este golpe osciló entre el éxito y la derrota porque tuvo la suficiente fuerza como para derrocar a Chávez, pero no tanto como para instituir un nuevo gobierno mínimamente estable, motivo por el cual en unas pocas horas el presidente depuesto por los golpistas pudo recuperar el mando del gobierno. A principios de mayo de 2017, y después de una crisis institucional que comenzó con la muerte de Chávez en el ejercicio de sus funciones (2013) e involucró a todos los poderes públicos, Nicolás Maduro convocó, mediante decreto presidencial, a una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria cuyo objetivo expreso era la redacción de un nuevo texto constitucional. Sin embargo, las circunstancias jurídico-políticas y electorales que envolvieron la convocatoria supusieron que de facto ésta fuera un autogolpe, o más bien un golpe dirigido contra la Asamblea Nacional, en la que la oposición contaba con mayoría desde las elecciones legislativas de 2015. Cabe añadir que, antes y después de esa fecha, el gobierno de Maduro (2013-) ha denunciado de manera reiterada estar siendo sometido a un “golpe continuado” tanto con manifestaciones económico-sociales como políticas, y ha afirmado haber desarticulado diversos intentos golpistas antes de que éstos pudieran actuar públicamente.

Son alrededor de diez golpes de Estado en el transcurso de unas siete décadas. La permanente actualidad del golpe en Venezuela se percibe, además, en la variedad de circunstancias, actores, tendencias ideológicas y resultados que aparecen en las experiencias golpistas venezolanas. Hubo golpes y autogolpes, golpes exitosos y fracasados, de derecha e izquierda, llevados a cabo por militares o por alianzas entre civiles y militares, realizados para deponer dictaduras o instalarlas. A esta recurrencia, a la presencia del golpe en el pasado y en el presente, la llamo golpismo.

En este trabajo pretendo analizar en forma pormenorizada el caso del 4 de febrero de 1992 para comprender aquello que lo caracteriza como golpe y aquello que motivó a sus ejecutores a llevarlo adelante. Un caso, ciertamente, no permite generalizaciones respecto a la tradición del golpismo en Venezuela desde 1945; sin embargo, funciona como un acopio de pistas y un laboratorio de hipótesis respecto a dicha tradición. Por lo demás, la importancia histórico-política del 4 de febrero no es menor en la medida en que se trata de uno de los acontecimientos decisivos para la transformación del Estado contemporáneo en Venezuela, en particular, el fin del demoliberalismo y la emergencia del populismo.

El concepto de golpe de Estado

El golpe de Estado –Putsch, coup– requiere una definición, su concepto no es claro y distinto. Del latín colaphus y el griego kolaphos, ambos con el sentido de ‘bofetón’, la palabra castellana golpe preserva la semántica antigua que refiere un choque violento entre cuerpos, así como su acaecimiento rápido y sorpresivo. Su uso político como golpe de Estado es más metafórico que conceptual en la medida en que desplaza la referencia al golpe corporal hacia la caracterización de un tipo peculiar de acción política, la cual, como el uso primario del que deriva el término, golpea de forma violenta y abrupta.

Es posible hacer un uso descriptivo y analítico del concepto-metáfora de golpe de Estado, pero su incorporación al lenguaje de la ciencia política requiere atender al menos una cuestión. Como ocurre con otros términos que pertenecen al lenguaje de la política, en golpe hay un sentido peyorativo que permanece adherido al término, el cual hace que el que ejecuta un golpe no suela nombrar de tal manera su acción ni tampoco nombrarse a sí mismo como golpista. En este sentido, golpe es la acción de otro, el enemigo o adversario; y golpista, un modo de caracterizarlo como autor del golpe. Por contraste, en ciertas circunstancias términos como revolución-revolucionario, insurrección-insurrecto, alzamiento-alzado o rebelión-rebelde pueden estar más desligados de las declinaciones despectivas, por lo que son preferidos por los actores para autonombrarse y nombrar a su acción. A este respecto, es preciso subrayar que, poniendo entre paréntesis el sentido polémico del término, hago de él un uso descriptivo y analítico orientado a la comprensión de actores y acciones empíricos. Dicho con otras palabras, en este estudio, golpe y golpista no acusan a nada ni nadie, sino sólo comprenden e interpretan.

Sin pretender exhaustividad, y con una intención heurística, es preciso atender al menos someramente al problema de la definición de golpe de Estado. Como categoría descriptiva y analítica, los golpes, al igual que otras acciones políticas, se caracterizan en principio por 1) la orientación hostil entre los actores (el que da el golpe y el que lo recibe no son amigos); 2) la captura o ampliación del poder gubernamental como fin de la acción (en general, el que recibe el golpe gobierna y el que lo da aspira a deponerlo y gobernar), y 3) la fuerza como medio eventual (no exclusivo ni siempre predominante). Si bien el primer rasgo no parece ser objeto de debate, un aspecto del segundo y sobre todo el carácter eventual y no necesario de la fuerza requieren una aclaración.

Asumo que el golpista, con frecuencia, no gobierna, actúa contra el gobierno y para gobernar. Sin embargo, en coincidencia con usos del lenguaje político, el propio gobierno puede tomar la iniciativa de dar un golpe para ampliar el poder gubernamental que ya posee y, en este sentido, no para capturar el poder. Se trata de los imprecisamente llamados autogolpes, como el de Nicolás Maduro en Venezuela (2017); su imprecisión está en que, en sentido estricto, nadie se golpea a sí mismo, el golpe siempre se ejecuta de manera hostil sobre otro considerado enemigo. En todo caso, acciones como los autogolpes son hechos que amplían, no capturan, el poder. Dicho resumidamente, el segundo rasgo indica que el fin inmediato de la acción golpista puede ser la captura del poder gubernamental, cuando no se tiene, o la ampliación de su ámbito de influencia, cuando se tiene.

No cabe duda de que, si bien la definición heurística se detiene en la relación entre la acción y su fin inmediato, el poder gubernamental no suele ser el fin último del golpe, aunque sea uno indispensable. En general, se aspira a gobernar o ampliar el poder para llevar adelante algún programa político, sea cual sea el contenido de éste: instalar una democracia o un gobierno autoritario, fundar una sociedad o restaurarla, ejecutar un programa económico o religioso, atender una amenaza interna o externa, y así sucesivamente. Por este mismo motivo, los golpes no son por necesidad antidemocráticos, este carácter se lo dan las circunstancias y otros elementos de contenido. Desde un punto de vista histórico, los golpes han sido ideológicamente heterogéneos, pueden venir de la derecha y la izquierda, de fuerzas moderadas y radicales y, en algunos casos, manifiestan grupos de ideas políticas indeterminadas, no filosofías de la historia o ideologías sistemáticas como el liberalismo, el socialismo, el fascismo, entre otras. La historia del golpismo en Venezuela es una muestra de esta heterogeneidad.

Para comprender el alcance del tercer rasgo, esto es, el carácter eventual del uso de la fuerza, hay que distinguir entre el control de armamento (el estar armado o no), criterio según el cual los golpes son sin duda armados, y el uso del armamento que se controla, que puede ocurrir o no en función de las circunstancias en las que el golpe tiene lugar. Se trata, es cierto, de tipos ideales, los casos empíricos pueden manifestar ambigüedades. No obstante, piénsese, como ejemplo, en una situación en la que los grupos armados leales al gobierno en funciones son significativamente más débiles que los grupos armados atacantes, motivo por el cual deciden rendirse sin combatir. En tal caso, el golpe puede seguir su curso hacia la toma del poder gubernamental sin encontrar resistencia, por tanto, sin necesidad de usar el armamento bajo su control. Lo decisivo es que el golpista pueda usar las armas, aunque de facto no lo haga; pero siguen siendo las armas las que suscitan, en forma directa o indirecta, la claudicación del enemigo. Por este mismo motivo, no todos los golpes son necesariamente cruentos, las armas pueden impedir víctimas y derramamiento de sangre en la medida en que sus efectos no se reducen a herir y matar, también disuaden de actuar a aquellos que son amenazados con padecer su uso.

Ahora bien, los rasgos señalados, a saber, hostilidad, captura o ampliación del poder gubernamental y fuerza como medio eventual, aún no logran expresar la especificidad de las acciones golpistas dentro de las acciones políticas en general. Es preciso introducir al menos dos rasgos adicionales para caracterizar a los golpes de Estado: 4) el carácter fulminante o rápido de la acción, y 5) el recorrido que va del secreto a la publicidad.

De Gabriel Naudé a Curzio Malaparte, pasando por Karl Marx, el golpe, como el bofetón, es una acción que irrumpe súbitamente y desaparece casi de inmediato. Su tiempo es el del asalto, no el del asedio. No importa si la preparación es larga o corta (incluso inexistente: hay golpes casi improvisados), el golpe acaece como un relámpago. Es asunto de horas y minutos, quizá de días, y si esta temporalidad se extiende, por ejemplo, porque no se da una distinción segura entre vencedores y vencidos, el golpe declina y se transforma en algo distinto.

Además de la dimensión temporal que lo caracteriza, la eficacia del golpe depende, en buena medida, del establecimiento de un linde entre el afuera y el adentro. En efecto, los golpistas requieren, en primera instancia, del secreto para organizarse y diseñar su plan de acción, aunque los niveles de organización y planificación puedan ser muy elementales. Cabe notar a) que es el secreto, junto a las ideas compartidas que inspiran a los que los preparan, lo que conforma la imagen de la conspiración-conjura y los conspiradores-conjurados como propia de los golpes de Estado, y b) que es el secreto previo, unido a la rapidez, lo que da cuenta del carácter en mayor o menor medida sorpresivo de la acción golpista. No obstante, la preparación secreta y cerrada tiene que ser seguida por una acción pública y abierta, la articulación entre los medios empleados (la fuerza) y los fines perseguidos (la captura o ampliación del poder gubernamental) no deja otra opción al golpe que la ruptura del secreto al momento de actuar. No existen golpes sin secreto ni golpes que permanezcan en secreto, su ejecución exige necesariamente publicidad.

Aun cabe preguntar si rasgos como el carácter militar (o cívico-militar) de los cuadros que dan el golpe, la legalidad o ilegalidad de la acción golpista, y el éxito o el fracaso del golpe han de formar parte de una definición heurística. En el breve recorrido histórico que hice sobre los golpes en Venezuela puse de manifiesto la relevancia de estos rasgos. Sin embargo, a mi juicio, aunque sean elementos muy relevantes para la comprensión de los golpes, no pertenecen a su definición.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los golpes militares o cívico-militares parecen más frecuentes que los civiles, probablemente por la facilidad de acceso a armamento que tienen los militares, el carácter bélico de tales armas, la profesionalización de sus integrantes y la potencial letalidad de un golpe dado desde el interior de los aparatos de Estado. Todos los golpes que ocurrieron en Venezuela desde 1945 hasta 2017 tuvieron a militares como partícipes directos, aunque con frecuencia actuaron en alianza con civiles. Pero no por ello los golpes civiles son imposibles, siempre que estos últimos estén armados; como señalé arriba, el rasgo definitorio es el control de armamento, no quién lo controle. Por supuesto, en los golpes siempre hay alguien que ataca, por lo regular un grupo pequeño, no se trata de una fuerza impersonal (las masas pueden manifestar simpatías por un golpe, así como intervenir indirectamente antes, durante o después). Pero el golpe, más allá del genérico golpista que subyace como sujeto responsable de la acción y del número reducido de actores que lo ejecutan, no está necesariamente asociado a un tipo determinado de actor. En cualquier caso, el análisis histórico de los golpes de Estado exige la pregunta por las armas y éstas llevan, de manera directa o indirecta, a la pregunta por los militares, quienes suelen participar activa o pasivamente en los golpes (parecen improbables los golpes mínimamente preparados que no cuenten al menos con el consentimiento de una parte de las fuerzas armadas del Estado). Los civiles que poseen armas y eventualmente las usarán suelen recibir al menos los rudimentos de una formación militar para poder llevar a cabo lo que pretenden (también se pueden reclutar grupos entrenados para el uso de armas de forma espontánea o irregular, como delincuentes). En cualquier caso, puede haber una profesionalización formal o informal de los cuadros golpistas, pero su formación militar no parece un elemento definitorio.

En cuanto a la legalidad o no como rasgo de las acciones golpistas, se trata, como no podía ser de otra manera, de un objeto de polémica. Según la tradición iusnaturalista que pervivió en los textos constitucionales modernos, el derecho de resistencia contra la tiranía es un derecho natural, y ha sido frecuente que actores golpistas apelen a tal derecho como base jurídica de su acción. Ahora bien, el golpe es una forma excepcional, no normal, de la política, razón por la cual no siempre la respuesta a si el gobierno establecido es tiránico y, por tanto, si están dadas las condiciones constitucionales para activar el derecho democrático de resistencia, puede ser respondida de un modo incontrovertible. En este sentido, la legalidad o ilegalidad de los golpes es un aspecto oscuro. No es imposible que, en ciertas circunstancias, haya golpes que no sean meramente acciones de facto y que, por el contrario, tengan una base jurídica y se desplieguen desde la legalidad constitucional. Por otro lado, no cabe ninguna duda de que los golpistas, con el objeto de legitimar su acción, pueden insistir en la legalidad de su acción (e incluso esta apelación lingüística puede ser crucial para comprender el sentido de su acción, sean de facto legales o no). Fue lo que ocurrió en los dos intentos golpistas de 1992. Sin embargo, la imprecisión del rasgo no permite introducirlo en la definición heurística de golpe de Estado.

Finalmente, respecto al rasgo del éxito o el fracaso del golpe, en el sentido de la eficacia que muestra la acción para obtener lo que busca, a saber, la captura o la ampliación del poder gubernamental, no parece un rasgo definitorio. Desde mi punto de vista, descriptiva y analíticamente, una acción golpista no deja de ser tal aunque no consiga lo que busca (en este aspecto, el lenguaje descriptivo y analítico coincide con el lenguaje político), aunque, por supuesto, sea relevante comprender si y cómo el golpe obtiene lo que pretende. En este sentido, las llamadas intentonas son golpes en el mismo sentido que los golpes exitosos, si bien los efectos de aquéllas y éstos pueden ser muy distintos. Ciertamente, objetivos descriptivos y analíticos distintos a los que yo me planteo podrían requerir, eventualmente, la introducción de este rasgo.

Teniendo en mente los cinco rasgos de las acciones golpistas, analizaré a continuación algunos aspectos del 4 de febrero de 1992.48

El golpe del 4 de febrero de 1992

La medianoche del 4 de febrero de 1992, en las ciudades venezolanas de Caracas, Maracaibo, Maracay y Valencia, un grupo de oficiales de rango medio del Ejército, agrupados en una organización autodenominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (mbr-200), se alzaron armadamente contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática (ad), elegido en diciembre de 1988. El jefe militar de las operaciones (plan Ezequiel Zamora) fue el comandante Hugo Chávez. El intento de tomar el poder duró, aproximadamente, doce horas. Los golpistas movilizaron cerca de 10 % de los batallones disponibles. Tomaron las plazas de Maracay, Maracaibo y Valencia. Sin embargo, en Caracas fueron derrotados y, en consecuencia, el golpe terminó siendo neutralizado.

La conjura originaria

Los orígenes del golpe del 4 de febrero de 1992 se remontaban al 17 de diciembre de 1982,49 fecha en la que cuatro jóvenes militares se acercaron al Samán de Güere, un árbol próximo a la ciudad de Maracay, Venezuela, en el que se dice que solía descansar Simón Bolívar, y repitieron un conocido juramento hecho por el Libertador ante Simón Rodríguez, uno de sus maestros: “Juro por el Dios de mis padres / juro por mi patria / juro por mi honor / que no daré tranquilidad / a mi alma, ni descanso / a mi brazo, hasta no ver rotas / las cadenas que oprimen / a mi pueblo por voluntad / del poder español”. Los jóvenes militares cambiaron “poder español” por “los poderosos” y, con el paso de los años, añadirían al juramento original tres frases de Ezequiel Zamora, jefe popular de la Guerra Federal del siglo xix: “Elección popular / tierras y hombres libres / horror a la oligarquía”.

Como señaló Georg Simmel (2010), algunas formas de juramentación son métodos psicológicos que promueven la discreción en grupos que, para protegerse, han optado por permanecer total o parcialmente en secreto. El juramento ante el Samán de Güere se convertiría, con el paso de los años, en un símbolo de reconocimiento entre los conjurados, así como un modo de reforzar sus relaciones de confianza y solidaridad. En este sentido, contribuyó a conformar internamente un sentimiento de pertenencia a un “nosotros” diferenciado del exterior. Asimismo, retrospectivamente, el juramento de 1982 sería asumido por sus protagonistas como el acto de fundación del Movimiento Revolucionario 200 (mbr-200).50

Los fundadores fueron Hugo Chávez Frías, Jesús Urdaneta Hernández y Felipe Acosta Carlez, tres instructores de la Academia Militar de Caracas.51 En 1975 se habían graduado en la primera promoción del Plan Andrés Bello, un programa concebido por el primer gobierno de Rafael Caldera (1968-1973) para reforzar la profesionalización de las Fuerzas Armadas (fan). El cuarto fundador fue Raúl Baduel, egresado en la segunda promoción del mismo plan. A partir de la introducción de la nueva formación, los militares recibirían una licenciatura en Ciencias y Artes Militares y podrían realizar estudios universitarios. Algunos oficiales superiores llamaban a los jóvenes egresados de este plan, en tono de burla, “licenciados” (testimonio de Raúl Baduel, en Harnecker, 2003). Quizá esta nueva forma de profesionalización terminaría ahondando el distanciamiento dentro de las fan entre los jóvenes oficiales y sus autoridades superiores. Por sus fechas de nacimiento, los fundadores del mbr-200 habían nacido bajo la democracia de partidos conformada en 1958. Ingresaron a la Academia Militar en los años setenta, cuando los principales grupos guerrilleros de la década anterior ya habían sido desarticulados y reincorporados a la legalidad, por lo que sólo tuvieron una experiencia ocasional en tareas de contrainsurgencia.

El juramento de 1982, por supuesto, no suponía por sí mismo que el mbr-200 fuera entonces una organización ni que sus miembros tuvieran un programa para la toma del poder y la transformación social. Pero era un reflejo de sus primeras inquietudes. Se pueden reconocer al menos dos capas semánticas asociadas al juramento. En primer lugar, la referencia revolucionaria y antioligárquica del juramento expresaba una voluntad de introducir reformas dentro de las fan. El mbr-200, en efecto, sostuvo muchas críticas a la estructura militar venezolana, en particular hacia su capa dirigente, percibía que el alto mando militar había abandonado la doctrina bolivariana y se había convertido en un círculo corrupto (testimonio de Luis Reyes Reyes, en Harnecker, 2003). Sus integrantes llevaban una forma de vida opulenta, utilizaban a los oficiales de rango medio y bajo como sirvientes de parientes y amigos, e incluso en ocasiones los utilizaban en tareas de contrabando. Los ascensos no se basaban en el mérito, sino en el servilismo hacia sus jefes civiles. Los miembros del mbr-200 creían haber constatado que dentro de las fan el reparto de prebendas se había convertido en la técnica usual para acallar el descontento interno (testimonio de Diosdado Cabello, en Harnecker, 2003). Meses después de la insurrección de 1992, el mbr-200 recordaba la situación de esta manera: “Al salir a los cuarteles, sentimos una gran frustración al no trabajar para la misión de la unidad, sino en prioridad al politiquero de turno; viendo a nuestros comandantes arrastrarse y aceptar humillaciones de corruptos para ser merecedores de condecoraciones y ascensos” (¡El Ejército es bolivariano!, en Garrido, 2002). El rechazo a la situación interna de las fan se mantuvo, a lo largo del tiempo, como uno de los principales motivos del golpe.

Pero también el juramento, en segundo lugar, daba inicio a una pauta que se reiteraría e incluso acentuaría en la historia posterior del mbr-200: buscar en el pasado político nacional, en particular, en el periodo de la fundación republicana, ideas y motivos que, reactualizados, permitieran una aproximación crítica a su circunstancia presente e inspiraran proyectos de transformación. Como se deduce de la mera lectura del juramento, éste no era un programa de acción, pero su contenido, lo supieran o no los juramentados, iba más allá de la fundación de un grupo de estudio conformado por militares con intenciones reformistas en el interior de las fan.52

En cualquier caso, el juramento ante el Samán de Güere fue el comienzo de la historia del mbr-200.

La organización secreta y el lenguaje

Los primeros cuadros del mbr-200 –un círculo cerrado y homogéneo– formaron grupos de discusión (“sociedades bolivarianas”) sobre las fan y la política nacional. La organización nunca tuvo, en sentido estricto, un órgano administrativo formal con reglamentos escritos, pero contó con un “Directorio” integrado principalmente por los fundadores y primeros integrantes.53 Estos últimos fueron, en general, los más activos en las tareas de captación y formación de cuadros, reflexión ideológica y preparación táctica. Sobre ellos recaerían las decisiones fundamentales. Más allá de sus diferencias individuales –por ejemplo, Chávez parecía más inclinado al trabajo ideológico y formativo, mientras Urdaneta aspiraba sobre todo a la acción–, los primeros miembros del mbr-200 conformaron la dirigencia de la nueva organización.

El mbr-200 era una organización secreta que, a pesar del uniforme y el manejo de armas, ocultaba sus decisiones, fines e integrantes, así como su propia existencia como organización. Sin embargo, la relación entre jefes y subalternos reiteraba la estructura de mando, disciplina y subordinación de los cuerpos militares regulares.54 Ya desde sus puestos en la Academia Militar, los jefes del mbr-200 se habían preocupado por destacar en su desempeño profesional, formar a sus subordinados mediante el ejemplo y ejercer el mando con respeto y sensibilidad. Algunos de ellos, como Chávez y Ronald Blanco La Cruz (el primer juramentado después del grupo fundador), ocuparon los primeros puestos en sus promociones. La intención de los jefes era diferenciar sus prácticas de las que, a su juicio, se habían convertido en habituales dentro de las fan y que ocasionaban malestar entre los jóvenes. Su modo de conducir dejaría una honda impresión en muchos subalternos, pertenecieran o no a la organización. “No era extraño ver en la fan –recordaba un testigo– a grupos que se reunían por afinidad y mantenían una relación estrecha. Pero llamaba la atención aquel grupo en torno a Chávez, que tenía una formación más humanista, una pasión por la historia del país, un currículo brillante en la fan” (testimonio de Diosdado Cabello, en Harnecker, 2003).

El teniente Freddy Rodríguez, entonces encarcelado, reconstruía así sus pensamientos durante las acciones del 4 de febrero de 1992:

En medio del combate, recibí unos impactos de balas en mi mano derecha, dejando mi dedo pulgar colgando de los tendones, dos en el pecho y dos en la pierna izquierda, a la altura del muslo. Viendo mi situación en pleno combate esperé unos minutos a que cesaran los disparos, y manteniendo la calma pensé en la captura del objetivo como primera misión y no quería por ningún motivo se supiera de mi situación, ya que la tropa podría perder el ímpetu de ataque y se podría abortar la misión. Sabía lo mal que iba a quedar ante el comandante Chávez Frías cuando supiera el fracaso. Me sentía impotente, ya que en varias oportunidades traté de tomar la carabina y se deslizaba de mi mano bañada en sangre (testimonio de Freddy Rodríguez, en Zago, 1992. Énfasis propio).55

Desde sus cargos de instructores en la Academia Militar, los fundadores estaban en condiciones propicias para influir y reclutar cuadros. Ante la sorpresa de sus superiores, el instructor Chávez despedía, en julio de 1985, a los nuevos cadetes que había contribuido a formar de esta manera:

Una profunda nostalgia invade mi alma. / Recostado sobre el Ávila [montaña que rodea al valle de Caracas] majestuosa, la formación de los Centauros brilla con sus estrellas de Subtenientes. Estrellas de la esperanza que los guiarán por el arduo camino hacia la utopía realizable. / Un fuerte viento sopla de Norte a Sur y trae infinitos recuerdos. / Hace diez años, en este mismo patio, recibí mi sable de Subteniente. Hoy, como entonces, me alimentan los sueños. Hoy, más que ayer, siento el cabalgar indómito de una vida que cada día me pertenece menos. / Los Centauros se van hacia el camino largo. Y con ellos se va parte de mí mismo. Y conmigo se queda su inquieta e invisible presencia, la rebeldía transformadora de su juventud. / Y me parece oír su canto mañanero por este campo querido: “El cielo encapotado / anuncia tempestad. ¡Oligarcas temblad! ¡Viva la libertad!” (testimonio de Hugo Chávez, en Zago, 1992).

En su actividad como jefe, Chávez introdujo dos elementos que, sin agotarlo, se convertirían en parte sustancial del lenguaje político-militar del mbr-200: la escatología y el telurismo.56 En primer lugar, sus jefes solían recurrir a imágenes escatológicas de tiempos que, estando más allá de la voluntad humana, exigían, sin embargo, decisiones perentorias; esperanzas que apuntaban a utopías realizables; caminos que se abrían para conducir a una liberación inminente; vidas que dejaban de ser propias ante la fuerza de una causa superior; ansias insurreccionales que se renovaban para luchar contra los grupos dominantes. Estas imágenes eran retomadas, principalmente, del lenguaje de las guerras revolucionarias del siglo xix, en especial, de la Guerra de Independencia y de la Guerra Federal, pero siempre reactualizadas ante una nueva circunstancia histórica. Aunque, a su juicio, en las fan la doctrina bolivariana había sido abandonada, los miembros del mbr-200, gracias a su formación militar, se habían mantenido, de alguna manera, en contacto con dicha tradición. Entre estas imágenes destacaba la figura del soldado que sacrifica su vida por la patria.57 A esta misma tradición reactualizada pertenecían, en segundo lugar, las metáforas telúricas semejantes o afines a las que aparecían en el discurso a “los Centauros”: tempestades, huracanes, truenos, relámpagos, tormentas o erupciones volcánicas. El referente de estas metáforas eran los fenómenos históricos y sociales del presente, pero éstos, por una parte, se presentaban ante los actores con la fuerza de necesidades naturales y, por otra parte, anunciaban transformaciones cuyo término, a pesar de las consecuencias destructivas y violentas que marcaban la transición, era siempre esperanzador.58

Este lenguaje, sin embargo, en los años de conformación del mbr-200, no fue sólo un rasgo de su idiosincrasia o mentalidad; funcionaba también como un recurso táctico. La orientación crecientemente golpista que iba tomando la organización obligaba a sus jefes a introducir medidas expeditas para ocultarse. El mbr-200 era una organización clandestina incrustada en el ejército regular, de modo que el lenguaje patriótico asociado a las guerras revolucionarias expresaba, ciertamente, un sentimiento de identificación con el pasado nacional, pero también operó como técnica para encubrir mensajes políticos referidos a sus propias actividades. El discurso a “los Centauros”, por ejemplo, no era sólo una manifestación de compromiso patriótico: era un mensaje político encubierto que formaba parte de una línea de captación de cuadros; algunos de esos cadetes ya pertenecían al mbr-200 (como Diosdado Cabello) o al menos simpatizaban con sus jefes. De esta manera, los miembros del mbr-200 recurrían en apariencia a la simbología nacionalista oficial, pero le daban, secretamente, inflexiones semánticas con un sentido insurreccional: “Él [Chávez] no hablaba de eso, pero se sentía” (testimonio de Diosdado Cabello, en Harnecker, 2003). “Eso” era el golpe de Estado.

Para 1986, unos cuatro años después de la fundación, el golpe militar era ya un objetivo más claro. En una reunión clandestina de ese año, Francisco Arias Cárdenas se sumó a la organización. Era un cuadro destacado entre sus pares por sus cualidades intelectuales. Tenía relaciones con la izquierda civil y era respetado entre los militares. Inmediatamente se convirtió, junto a Chávez, en jefe del mbr-200. Como ya era costumbre, Arias Cárdenas repitió el juramento de 1982 y en ese momento le agregaron el lema federalista de Ezequiel Zamora: “Elección popular / tierras y hombres libres / horror a la oligarquía”.59

El secreto se hizo un recurso existencial. Como señalara Simmel, las agrupaciones que mantienen en secreto su propia existencia “a menudo […] quedan destruidas al primer descubrimiento, porque su secreto sólo suele valer en la alternativa radical: todo o nada” (2010: 79). A medida que los objetivos insurreccionales de la organización adquirían contornos más precisos, el mbr-200 se vio en tal situación, por lo que optó por mantener un cierre muy estricto frente al exterior: “Era [un grupo] muy cerrado. Por eso demoraron tanto tiempo en descubrirnos” (testimonio de Diosdado Cabello, en Harnecker, 2003).60 Sin embargo, las actividades del mbr-200 oscilaban entre dos exigencias en tensión: preservar el secreto y, al mismo tiempo, expandir la organización. Debían preservar un secreto que, develado, destruiría al “movimiento”, con todas sus consecuencias. Pero también estaban obligados, para subsistir como organización y tener alguna expectativa de éxito, a ampliar el grupo dentro de las fan. Dicho de otra manera, la incorporación de nuevos cuadros los fortalecía ante la eventual acción militar, pero aumentaba, simultáneamente, los riesgos de que el secreto, una vez develado, derrumbara sus planes.

El procedimiento de expansión organizativa mediante captación de cuadros fue permanente. Duró hasta el mismo momento del levantamiento en 1992. Tuvo tres características fundamentales: secreto; selectivo y autorizado; voluntario. “Algunos de nosotros nos acercamos o fuimos invitados a conversar en sus tertulias, pero ellos se cuidaban muchísimo de implicar a personas nuevas. El trabajo de captación era totalmente secreto, aun cuando en ese momento ni Chávez, ni sus compañeros pensaban en rebeliones militares, ni nada por el estilo, sino en mejorar la institución [militar]” (Testimonio de Diosdado Cabello, en Harnecker, 2003).61 A medida que la organización se expandía, los criterios de selección fueron relajándose. La captación comenzaba, en general, por decisión de algún integrante ya juramentado, acaso un superior inmediato, con la autorización del Directorio. Como medida de cautela, muchos cuadros no sabían quiénes –más allá de algunos nombres– pertenecían a la organización ni quiénes eran sus jefes. Si se sabía, se evitaba comentarlo. Cabello, por ejemplo, no fue reclutado directamente por Chávez, aunque sospechaba que él era el jefe (testimonio de Diosdado Cabello).62 Por medidas de seguridad, algunos no conocieron siquiera el nombre de la organización hasta después del golpe (testimonio de Luis Reyes Reyes, en Harnecker, 2003). Por medio de los mecanismos de control de la información disponible y el establecimiento de intermediaciones entre el Directorio y otros miembros ya reclutados de la organización, el mbr-200 procuró protegerse, de modo especial al núcleo dirigente. Las reuniones, por supuesto, eran clandestinas y en ellas no participaba el grupo entero, sino sólo unos cuantos miembros. Al ingresar a la organización, los nuevos miembros repetían el juramento, como Blanco La Cruz, Arias y muchos otros después.63 La incorporación era voluntaria: aunque sus relaciones internas funcionaran según la forma mando-obediencia, el carácter secreto de la organización y de sus fines descartaba por principio el aseguramiento de la obediencia mediante coacciones físicas o legales. Los jefes no podían obligar a dar el golpe; tenían que, en mayor o menor medida, persuadir a los potenciales integrantes.64

El requisito fundamental para incorporarse al mbr-200 era el compromiso con la organización y, con posterioridad, la adhesión al plan golpista. Aparte del juramento y la lealtad a los superiores según la jerarquía de mando, no existen pruebas de que el mbr-200 practicara rituales específicos de iniciación y permanencia. No obstante, la circunstancia exigía un intenso compromiso con la causa política del grupo. Los integrantes tenían que contar de antemano con la vigilancia permanente de la Dirección de Inteligencia Militar. Si eran descubiertos, las consecuencias inmediatamente previsibles eran el encarcelamiento y el juicio militar. Sus carreras profesionales, para las que se habían formado desde su primera juventud y por las que muchos sentían una profunda vocación, serían interrumpidas. Perderían cargos, ascensos, reconocimientos, salarios y prestaciones sociales. Algunos temían el rechazo de la sociedad y de otros compañeros (testimonio de Luis Felipe Acosta Carlez, en Harnecker, 2003). Si llegaban a rebelarse, expondrían sus vidas, desobedecerían a sus superiores naturales y dispararían contra colegas de armas, con seguridad conocidos. Por último, en sus expectativas estaba la victoria, pero también la derrota. Para poder asumir estas consecuencias esperables y otras imprevisibles, tenían que estar intensamente convencidos del valor de la acción del mbr-200. Tras el 4 de febrero, el capitán Edgar Hernández Behrens relataba de esta manera el primer interrogatorio al que fue sometido por un general que se mantuvo leal al gobierno de Carlos Andrés Pérez:

[El General Valero Rivas] me preguntó si había pensado en las posibles consecuencias o riesgos, en la carrera militar, en mi familia, en mis hijos. Le dije que estaba muy claro en los riesgos, entre los más graves estaba morir o caer preso. En cuanto a la carrera militar, tenía tres opciones: una, ser indiferente como si todo estuviera bien y seguir defendiendo al actual gobierno corrupto, ésta es indigna; otra, pedir la baja de las fan, lo que sería una deslealtad a mis principios; y por último, tomar acciones que pudieran originar cambios en la triste realidad nacional, y la decisión fue por esta última […] Con respecto a los hijos, esposa, siempre pensé que alguien tenía que sacrificar el bienestar y futuro de sus seres más queridos, arriesgando todo, en busca de cambios que favorezcan a las mayorías, más aún cuando día a día en lugar de mejorar las instituciones se deterioran por causa del cáncer que representan los partidos políticos (testimonio de Edgar Hernández Behrens, en Zago, 1992).

Quizá la mayor inquietud compartida por los conjurados era el porvenir familiar. El capitán Carlos Rodríguez Torres narraba de esta manera su despedida el 3 de febrero:

Como a las 18:00 horas llegué a Caricuao [barrio popular de Caracas] a la casa de mi queridísima madre, donde me uniformé de campaña y le dije que preparara una buena cena porque no sabía cuándo volvería a comer. Cuánto dolor me produjo el sufrimiento de mi madre. A las 21:30 horas me despedí de mi mamá […] y le pedí que orara mucho a Dios porque se aproximaba una gran tempestad, necesaria para la transformación de la patria (testimonio de Carlos Rodríguez Torres, en Zago, 1992).

Que la organización del mbr-200 se basara, predominantemente, en el compromiso con la causa política, era al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad. Por una parte, los comprometidos asumirían, en principio, las consecuencias de una acción de resultados inciertos. El golpe sería ejecutado por cuadros convencidos y dispuestos a actuar de manera resuelta. Pero, por otra parte, si en los cálculos de los cuadros las consecuencias adversas pesaban más que su compromiso, éstos podrían abandonar la organización y, en el peor de los casos, delatar sus actividades. Una única delación, hecha a título individual, incluso por un militar de bajo rango y con pocas responsabilidades dentro de la organización, podría provocar efectos generales.65 Los planes serían derrotados prematuramente. Al riesgo de delaciones se sumaban también eventuales infiltraciones y la utilización del movimiento para otros fines políticos.

Los peligros se hicieron reales al menos en dos ocasiones. En 1986, Chávez fue investigado por conspiración. Las investigaciones carecían de pruebas definitivas, pero fue alejado de los centros de poder militar hasta 1988 y sus actividades fueron vigiladas. El objetivo era desintegrar al presunto grupo clandestino y alejar a los sospechosos de zonas donde pudieran reunirse y actuar. Entre 1986 y 1988, las acciones del mbr-200 no se detuvieron, pero fueron discontinuas y la articulación de actividades regulares e insurreccionales se hizo más ardua. En 1989, Chávez fue nuevamente investigado, aunque tampoco se pudieron alegar pruebas en su contra.

Hacia la toma del poder gubernamental

Entre 1982 y 1986, el mbr-200 no era una organización con un plan golpista, aunque difícilmente podría ser considerado como un mero grupo de estudios. A partir de 1986, año de la incorporación formal de Arias a la organización, el mbr-200 se convirtió poco a poco en una organización orientada a la toma del poder. El Caracazo de febrero de 1989, sin embargo, se convirtió en una fecha decisiva, una fecha “sin retorno”:

En 1989 […], después de la insurrección del 27F [27 de febrero, día en el que comenzó el Caracazo], donde murieron miles de venezolanos […], ya en medio de la tormenta sin retorno, el eb-200 [Ejército Bolivariano 200] se transformó en mbr-200, movimiento cívico-militar con objetivos políticos trazados dentro de una estrategia insurreccional (“El comandante Chávez a la Nación”, en Garrido, 2002).66

Para los jefes del mbr-200, la expansión de la organización no debía tener lugar tan sólo dentro de los cuarteles. Era preciso, sobre todo una vez que la toma del poder se hizo un objetivo delimitado y el Caracazo había mostrado verosímilmente que la circunstancia se hecho más propicia para la acción, ampliar los vínculos con sectores civiles. La tesis del mbr-200 sería la siguiente: “Un modelo distinto de relación civil-militar, basado en la integración y no en la dominación, como única manera de rescatar a nuestros compañeros de armas del yugo que los inmoviliza y los ha puesto al servicio de oscuros intereses, contrarios de los de la Nación” (Carta del 29 de mayo de 1993, en Garrido, 2002). En su condición de militares en ejercicio, los rebeldes no podían, por el artículo 132 constitucional, realizar actividades “políticas”, de manera que actuar públicamente no era una opción disponible para ellos. Estaban envueltos en los preparativos de un golpe, no en un debate en medios de comunicación o en una competencia electoral. Querían contar con el pueblo como base del movimiento, pero no podían en sus circunstancias concretas establecer vínculos más o menos orgánicos con sectores populares.

Algunos jefes del mbr-200, conscientes de estar en una relación no orgánica sino apenas evocada con el pueblo, recurrieron a una política de alianzas con civiles. Desde los años ochenta (incluso antes, pero en lo individual), algunos militares rebeldes comenzaron a establecer alianzas con pequeñas agrupaciones políticas de la izquierda socialista, principalmente el Partido de la Revolución Venezolana (prv) y La Causa Radical (lcr). Estos partidos provenían de la experiencia guerrillera de los años sesenta. Eran fragmentos que surgieron a partir de las distintas escisiones del Partido Comunista de Venezuela (pcv) y que, de una u otra manera, habían sobrevivido a la derrota político-militar de las guerrillas. Ambas organizaciones habían digerido, cada una a su manera, la derrota recibida, y atravesaron la década de los setenta, época de repliegue y desmovilización de las fuerzas revolucionarias en Venezuela, un proceso –de mayor o menor naturaleza y alcance: el prv y el lcr diferían entre sí en cuanto a formas de organización y programas– de ajuste de expectativas políticas en función de las experiencias acumuladas. En este sentido, los exguerrilleros que se aliaron con los jóvenes militares del mbr-200, aunque tenían un pasado común y, frente a la hipótesis del socialismo reformista, permanecían resueltamente situados en la izquierda revolucionaria, no eran en los ochenta los mismos que una o dos décadas atrás. Estas organizaciones operaron, al transmitir al mbr-200 la experiencia que habían adquirido de forma directa en años previos, como mediadores entre un pasado que ya no retornaría y un presente abierto a nuevas iniciativas.67

El prv fue fundado por Douglas Bravo en el contexto de su expulsión del pcv a finales de los años sesenta. Durante la década posterior, Bravo siguió defendiendo la tesis de que la revolución venezolana, por sus condiciones peculiares, exigía una alianza orgánica entre fuerzas civiles y militares. En los años setenta mantuvo contactos clandestinos con círculos pequeños de militares disidentes dentro de las fan.68 Adán Chávez, civil hermano de Hugo Chávez, pertenecía al prv y puso en contacto a los fundadores del mbr-200 con Bravo en los años ochenta.69 Bravo y Chávez establecieron una relación personal, pero ésta fue mantenida en secreto porque algunos cuadros del mbr-200 –por ejemplo, Arias– estaban en desacuerdo con tal alianza. Con interrupciones, la relación entre Bravo y Chávez se prolongaría hasta 1991 cuando, por desacuerdos políticos, se separaron de un modo definitivo.70

lcr era un partido fundado en los años setenta. Su principal jefe fue el también exguerrillero Alfredo Maneiro. Ideológicamente, lcr surgió como una autocrítica a la concepción leninista de los partidos revolucionarios (el “centralismo democrático”) característica del pcv. Con algunas afinidades con las tradiciones autonomistas y libertarias, sus miembros consideraban que las organizaciones revolucionarias, así como la construcción ideológica, debían surgir de las propias masas, no de un círculo de revolucionarios profesionales que operaban como su vanguardia. También se opusieron a la vía puramente electoral del Movimiento al Socialismo (mas), dirigido por Teodoro Petkoff. Su trabajo político estuvo orientado a integrarse desde abajo, con movimientos populares ya existentes. Con el tiempo tendrían arraigo en zonas populares de Caracas y grupos estudiantiles, pero sobre todo en los sindicatos siderúrgicos del estado de Bolívar. Políticos como Pablo Medina, Aristóbulo Istúriz y Andrés Velásquez alcanzaron en los ochenta y noventa una proyección nacional. Chávez conoció a Maneiro en 1977 y, aunque de forma discontinua, el mbr-200 y lcr mantendrían relaciones hasta el golpe de 1992.71

A mediados de los años noventa, Arias también acercaría a Kléber Ramírez, profesor, exguerrillero y antiguo militante del prv que estaría vinculado al mbr-200 hasta el golpe de 1992. Sería un cuadro muy relevante, junto a Chávez, en la definición del proyecto político del “movimiento” y estaría encargado de redactar los decretos que, de triunfar el golpe, implantaría el gobierno provisional. Su libro Venezuela, la IV República, publicado en 1991, sería un antecedente de las ideas discutidas por los jefes del mbr-200 en los meses previos al golpe. Colaboró en el intento de incorporar a grupos civiles a la insurrección para que ésta fuera realmente cívico-militar, pero sólo ocho meses antes de la acción, de modo que el plan no pudo ser consolidado.

El prv y lcr se aliaron al mbr-200 porque en sus visiones estratégicas y tácticas, herederas de la izquierda cívico-militar de los sesenta, contaban con la alianza entre militares y civiles para hacer la revolución. Pero no eran organizaciones aliadas entre sí. En este sentido, más que un bloque de civiles y militares –lo que en el lenguaje del mbr-200 se llamaría la “unidad cívico-militar”–, fue una red de organizaciones pequeñas y heterogéneas, aunque afines en cuanto al anhelo revolucionario; estaban mutuamente interconectadas, pero sólo con vínculos frágiles, a veces más basados en simpatías individuales que en alianzas orgánicas e ideológicas, todo lo cual, a la postre, no lograría alterar el carácter en la mayor parte militar del mbr-200 y de su acción armada. El 4 de febrero de 1992 mostraría, en efecto, la debilidad de estos acercamientos; la expectativa de algunos jefes militares de establecer vínculos con el pueblo mediante estos grupos civiles no se cumpliría y el golpe sería casi exclusivamente militar.

En 1991 los miembros del mbr-200 fueron sorprendidos por una decisión de las autoridades militares: Chávez, sometido a investigaciones en los años previos, fue ascendido a comandante. Le encomendaron el batallón de paracaidistas de la ciudad de Maracay. Ese mismo año, Urdaneta Hernández y Acosta Chirinos, otros importantes jefes de la organización, fueron asignados a puestos con mando de tropa. Arias, muy hábil en el ocultamiento de sus actividades golpistas, era comandante desde 1990. Cuatro años antes, el mbr-200 se había planteado alzarse. Considerando el ritmo habitual de los ascensos dentro de las fan, calcularon que entre 1991 y 1992 sus jefes estarían al mando de tropa y podrían movilizar armamento, por lo que ésa sería la ocasión adecuada para el golpe. Tendrían alrededor de cuarenta años. De manera inesperada, a pesar de las adversidades, sus pronósticos parecían haberse cumplido y la acción se hizo inminente.72

La noche del 3 de febrero de 1992 comenzaron las acciones militares.

Reflexiones finales

Los golpistas del mbr-200 tuvieron éxito en Maracaibo, Maracay y Valencia, pero Caracas no fue tomada ni se retuvo al presidente Carlos Andrés Pérez.73 Chávez, jefe militar del golpe, permaneció durante algunas horas en la colina del Museo Militar. En algunos puntos importantes de la ciudad –como en el aeropuerto militar de La Carlota, cerca de la residencia presidencial– hubo una larga resistencia por parte de miembros del mbr-200, pero ya en horas de la mañana las tropas del gobierno habían controlado la insurrección. Despejada la situación, Pérez volvió al Palacio de Miraflores y desde allí se dirigió a la opinión pública por medio de las cámaras de televisión. Poco antes, el jefe del principal partido de la oposición (copei), Eduardo Fernández, había enviado un mensaje televisado en el que expresaba apoyo irrestricto al gobierno. Los alzados que operaban en el Palacio de Miraflores habían entregado formalmente sus armas. El golpe, en términos militares, había fracasado.

Las cifras de movilización de unidades o batallones militares, oficiales participantes y fallecimientos varían según las crónicas. Durante la jornada, del lado de los golpistas participaron aproximadamente entre 2 500 y 5 000 oficiales uniformados, y fueron movilizadas cerca de 10 % de las unidades, entre nueve y quince (los oficiales y los batallones pertenecían al ejército porque el mbr-200 no había captado cuadros de la marina y la aviación). Las cifras de muertos oscilan entre catorce y setenta y ocho, civiles y militares. Alrededor de 1 000 militares fueron arrestados. Para los dirigentes de la acción, la opción de resistir en una guerra de posiciones, como se había hecho en los golpes militares y cívico-militares de Carúpano y Puerto Cabello treinta años antes, hubiera conducido al desastre. Prefirieron rendirse a provocar más heridos y muertos.

El golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 fue una derrota desde el punto de vista militar, aunque políticamente pareció formar parte de una descomposición generalizada del demoliberalismo venezolano. Aquellos jóvenes soldados que a comienzos de los ochenta se habían conjurado más desde su descontento con la situación de las fan y, en general, con la situación del país, que a partir de ideas y diagnósticos políticos precisos, terminaron consolidando una organización de carácter golpista que se expandió y sobrevivió durante aproximadamente una década. Al término de ésta, dieron un golpe que, si bien no derrotó a sus enemigos, los debilitó significativamente, y aceleraron las transformaciones que sufriría el Estado venezolano en los próximos años.

No es posible inferir caracteres generales del golpismo en Venezuela a partir del análisis de un golpe de Estado. Sin embargo, el análisis de caso permite acopiar indicios y plantear hipótesis que requerirán nuevas investigaciones.

Los golpistas del 4 de febrero controlaron y utilizaron armamento contra aquellos que habían determinado como sus enemigos; en otras palabras, fue un golpe armado y violento dirigido hostilmente contra la forma de Estado existente en Venezuela, la democracia de partidos construida desde 1958 y sus principales actores. Las acciones golpistas propiamente dichas duraron alrededor de doce horas, momento en el que Chávez se rindió y ordenó la rendición de sus compañeros de armas. Tanto la organización como el tiempo de preparación que tomó el golpe muestran que éste no fue improvisado. El rasgo más destacado de la década anterior a 1992 fue el secreto: un secreto que los protegía de los enemigos, al tiempo que reforzaba sus vínculos internos; un secreto del que dependían de modo existencial hasta que debieran romperlo para pasar a una acción inevitablemente abierta y pública. Desde el punto de vista organizativo, los golpistas tuvieron el cuidado de fundar y hacer crecer a una organización durante un largo periodo de conspiración. Aunque, en principio, el ingreso a la organización era voluntario y no hubo coacciones, ésta reprodujo la estructura de mando-obediencia de los ejércitos regulares, y se convirtió en un grupo irregular encubierto bajo el uniforme y en general la apariencia de las fuerzas armadas regulares. De forma complementaria, las relaciones entre jefes y subordinados no se basaban exclusivamente en la jerarquía de mando retomada de los cuerpos regulares, sino que manifestaba elementos carismáticos en la medida en que los subordinados establecieron vínculos de lealtad personal con sus superiores, a los que consideraban dotados de cualidades fuera de lo común como el patriotismo y la honestidad, más en el contexto de lo que consideraban una degradación de la institución militar. El mbr-200 no sólo intentó tomar el poder gubernamental ni utilizarlo para adelantar algunas reformas, aspiraba a fundar un nuevo Estado. Aunque hay que distinguir el lenguaje de otras acciones y no omitir la intención táctica que tuvo, el lenguaje escatológico y telúrico del mbr-200 es indicador y factor de la existencia de un actor que parece movido por valores o causas superiores que, eventualmente, pueden desatender las consecuencias provocadas: es el lenguaje, proveniente del pasado pero actualizado en una nueva circunstancia, del soldado que sacrifica la vida por la patria. Quizá esta figura no sea exclusiva del golpe del 4 de febrero, es posible que apunte a una forma de radicalismo político que ha acompañado el problema del golpismo en Venezuela a lo largo de las últimas siete décadas.

Referencias

Barrera Tyszka, A. y C. Marcano (2010). Hugo Chávez sin uniforme. México: Random House Mondadori.

Blanco Muñoz, A. (1998). Habla el Comandante. Caracas: Cátedra Pío Tamayo.

Bonilla-Molina, L. y H. El Troudi (2004). Historia de la Revolución bolivariana. Pequeña crónica: 1940-2004. Caracas: Ediciones Gato Negro.

Carrera Damas, G. (2011). El bolivarismo-militarismo: una ideología de remplazo. Caracas: Editorial Alfa.

Chávez, H. (2007). El libro azul. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Chávez, H. (2004). Un brazalete tricolor. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

Ellner, S. (2014). El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto hasta 2013. Caracas: Centro de Estudios Rómulo Gallegos / Centro Nacional de Historia.

Garrido, A. (2007). Chávez con uniforme. Antibiografía (Únicamente para chavólogos). Caracas: Ediciones del Autor.

Garrido, A. (2002). Documentos de la Revolución Bolivariana. Mérida: Ediciones del Autor.

Garrido, A. (2000). La historia secreta de la Revolución Bolivariana. Mérida: Ediciones del Autor.

Gómez García, H. (2012). Hugo Chávez Frias. Del 4 de febrero a la V República. Caracas: Fundación Editorial El Perro y La Rana.

Gott, R. (2006). Hugo Chávez y la Revolución bolivariana. Madrid: Foca Ediciones.

Harnecker, M. (2003 ). Militares junto al pueblo. Caracas: Editores Vadell Hermanos.

Harnecker, M. (2002). Hugo Chávez Frías: un hombre, un pueblo. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Hernández, A. (2016). “Estudio sobre los modos de legitimación de la insurreción militar del 4 de febrero de 1992. Venezuela: 1982-1992”, tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México.

Kervégan, J. (2001). “Pueblo”, en Philippe Raynaud y Stéphane Rials (eds.), Diccionario de filosofía política. Madrid: Akal.

Koselleck, R. (2012). Historia de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social. Madrid: Trotta.

Koselleck, R. (2007). Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. Madrid: Trotta.

Linárez, P. (2011). La insurección armada en Venezuela. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.

Linárez, P. (2006). La lucha armada en Venezuela. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.

López Maya, M. (2005). Del viernes negro al refrendo revocatorio. Caracas: Ediciones Alfadil.

Medina, M. (2001). El elegido Hugo Chávez: un nuevo sistema político. Caracas: Aurora.

Naranco, R. del y C. Capriles (1992). Todos los golpes a la democracia venezolana. Caracas: Consorcio de Ediciones Capriles.

Norden, D. (1996). “The Rise of the Lieutenant Colonels: Rebellion in Argentina and Venezuela”, Latin American Perspectives, vol. 23, núm. 3, pp. 74-86.

Ramírez, K. (2006). Historia documental del 4 de febrero. Caracas: Fundación Editorial El Perro y La Rana.

Rangel, J. (2012). De Yare a Miraflores: el mismo subversivo. Caracas: Ediciones Correo del Orinoco.

Rodríguez Valdés, Á. (1992). Los rostros del golpe. Caracas: Alfadil.

Schmitt, C. (2013). Teoría del partisano. Acotación al concepto de lo político. Madrid: Trotta.

Simmel, G. (2010). El secreto y las sociedades secretas. Madrid: Sequitur.

Taubes, J. (2010). Escatología occidental. Buenos Aires: Miños y Dávil Editores.

Wanloxten, G., I. Castellanos y E. Delpretti (1992). El 4 de febrero. Por ahora.... Caracas: Fuentes Editores.

Weber, M. (2004). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Zago, Á. (1992). La rebelión de los ángeles. Caracas: Fuentes Editores.

48 Una versión del análisis que viene a continuación aparece en Hernández (2016). Cabe señalar que la versión actual supone, asimismo, una profundización en el alcance y sentido de la acción del 4 de febrero como golpe de Estado, dentro de la recurrencia del golpe o la tradición del golpismo en la historia política venezolana.

49 Algunas crónicas y testimonios señalan que el juramento se hizo en 1983. Aunque Garrido (2007) comparta esta datación, me atengo a la versión más extendida entre los testigos.

50 Aunque existe un debate sobre el tema, para facilitar la lectura utilizo las siglas mbr-200 desde el momento de su fundación. Sobre las siglas de la organización y sus cambios, no existe un criterio unificado en las fuentes ni en los cronistas. Algunos señalan que primero se llamó Ejército Bolivariano 200 o Ejército Bolivariano Revolucionario 200 (eb-200 o ebr-200) y luego mbr-200. Un documento escrito por Hugo Chávez entre febrero y mayo de 1993, cuando los militares rebeldes ya eran figuras públicas, comenzaba preguntándose: “¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos?” Y a continuación relataba su versión del juramento ante el Samán de Güere: “Aquel día –decía– nació el eb-200 o Ejército Bolivariano 200” (“El comandante Chávez a la Nación”, en Garrido, 2002). El documento citado es una ampliación, con algunas modificaciones, de ¿Golpe en Venezuela?, firmado también por Chávez, sin fecha, pero sin duda posterior a febrero de 1993. El paso de las siglas ebr-200 a mbr-200 ocurrió, según algunos testimonios, después de el Caracazo de 1989, cuando el golpe que habían planeado se hizo inminente. Garrido (2007: 25-26) señala que no se trató simplemente de un cambio de siglas, sino de organizaciones diferentes, aunque ambas encabezadas por Chávez. A su juicio, hubo en primer lugar una organización puramente militar, llamada ebr, que existió entre 1981 y 1982, y sólo posteriormente, a partir de 1982, se fundó el mbr, que tendría un carácter cívico-militar. En cuanto al juramento, Baduel considera que en ese momento, más que fundar la organización, “se dio génesis a lo que luego fue el mbr-200” (testimonio de Raúl Baduel, en Harnecker, 2002).

51 Acosta Carlez moriría, en circunstancias judicialmente no aclaradas, durante el Caracazo. Chávez siempre recordaría su amistad con Acosta Carlez. Escribió sobre él un poema, uno de cuyos fragmentos decía: “Oigan a Felipe Acosta, oigan su paso arrogante, // En la boca del caño, cuando se lanza al ataque, // En la defensa enemiga, cuando la quiebra el infante, // Cuando rompen el sonido cien aviones de combate, // Cuando mil paracaídas caen sobre los terronales, // Cuando hacen temblar la tierra cien divisiones de tanques // Y cuando la caballera lanza su carga salvaje…” (Prólogo a la segunda edición del libro El golpe en Aragua de Oldman Botello, mayo de 1992). Este testimonio es una muestra de las relaciones estrechas que mantenían entre sí los fundadores y jefes del mbr-200, así como del lenguaje político característico de la organización. El hermano de Felipe, Luis Felipe Acosta Carlez, también militar, se incorporaría también al mbr-200.

52 En una declaración posterior al alzamiento de 1992, Chávez afirmaba: “El naciente Movimiento Bolivariano no se planteaba objetivos políticos. Sus fines eran eminentemente internos, sus esfuerzos estaban dirigidos en primer lugar al estudio de la historia militar venezolana como fuente de una doctrina militar propia, hasta entonces inexistente. Y, en segundo lugar, a enfrentar la problemática interna del Ejército con estudios analíticos y recomendaciones pertinentes” (testimonio de Hugo Chávez, en Harnecker, 2002). A mi juicio, una lectura meramente superficial del juramento del mbr-200 deja pocas dudas sobre los “objetivos políticos” de la organización, lo cual no significa, en modo alguno, que los conjurados tuvieran una idea clara de la insurrección, con un plan de acción y recursos disponibles para llevarlo a cabo.

53 Algunos investigadores han calificado al tipo de organización del mbr-200 como una “sociedad secreta” o “logia” (Bonilla-Molina y El Troudi, 2004: 118-122; Garrido, 2007: 25 y siguientes). Aunque he tenido en cuenta, de forma abierta, las secciones de Weber (2004) sobre las asociaciones políticas y el estudio de Simmel (2010) sobre las sociedades secretas, me parece que una discusión rigurosa sobre el tema requeriría un tratamiento más amplio del que realizan estas investigaciones. El punto de partida de tal ampliación no podría ser otro que el abandono de las connotaciones peyorativas de términos como logia o sociedad secreta y su transformación en herramientas analíticas. Cabe resaltar dos elementos cruciales que parecen distinguir al mbr-200 de la construcción típico-ideal de las sociedades secretas: a) el secreto fue un repliegue táctico, no un fin en sí mismo, y b) sobre todo, el secreto fue asumido expresamente como un elemento transitorio, pues la vocación de poder del mbr-200 terminaría situando a la organización, antes o después, en el espacio público. En este sentido, aspectos como el aristocratismo, el “egoísmo de grupo”, la despersonalización o una hostilización sin matices, rasgos propios de las organizaciones para las que el secreto no es un momento de su itinerario, sino un elemento constitutivo suyo, difícilmente podrían caracterizar al mbr-200. Para un estudio histórico sobre organizaciones secretas de carácter político, véase Koselleck (2007).

54 Tal reiteración, como es evidente, no alteraba de ninguna manera el carácter autónomo y autocéfalo del mbr-200, es decir, la capacidad de los miembros de la organización para instituir internamente su propio ordenamiento y sus propios dirigentes, respectivamente (Weber, 2004: 39-40). Sobre la importancia del uniforme como indicio de regularidad o irregularidad del soldado, Schmitt destaca lo siguiente: “El carácter regular se manifiesta en el uniforme del soldado, que es más que un simple traje profesional, porque demuestra un dominio de la vida pública, y con el uniforme se lleva abierta y demostrativamente el arma” (2013: 32). Para el autor, la no utilización del uniforme regular fue, históricamente, un rasgo del combatiente partisano. Desde mi punto de vista, el estudio de conspiraciones militares como la del 4 de febrero de 1992 en Venezuela son susceptibles de una reflexión ulterior: la experiencia del irregular uniformado como regular podría constituir un indicio de la diferencia entre el partisano y el conspirador, así como de las diferencias entre organizaciones que, sin embargo, comparten el carácter secreto y no público de sus actividades.

55 En este pasaje, como en otros citados, no me interesa probar acciones y acontecimientos, tampoco evaluar la sinceridad o insinceridad de los testigos y sus testimonios. Si, por ejemplo, los acontecimientos que Rodríguez narra ocurrieron o no realmente, así como si está mintiendo o exagerando y en qué, son cuestiones, para mis propósitos, secundarias. Lo que me interesa es comprender el modo según el cual el testigo construye su propia experiencia y la pone de manifiesto lingüísticamente ante otros como un indicio tangible de la mentalidad característica de los miembros del mbr-200. No sobra recordar, sin embargo, que en la fecha en la que se produjo este testimonio, los dirigentes y otros miembros del mbr-200 estaban encarcelados, por lo que manifestar un apoyo incondicional a los jefes implicaba asumir consecuencias materialmente negativas para el propio testigo.

56 La noción de escatología, según el uso que aquí le doy, es una manera de experimentar el tiempo histórico y la circunstancia concreta como si el acaecimiento del fin –tanto en el sentido de finalidad como en el sentido de culminación– fuera inminente. En el tiempo escatológico, los acontecimientos se acortan o aceleran y se convierten en señales, a menudo violentas, de un fin entrevisto, no obstante, esperanzadamente. Su origen fue religioso, pero sobrevivió, en forma secularizada, en la modernidad política, tanto en las experiencias de agrupamientos políticos de distinto signo como en el lenguaje de la filosofía de la historia. La literatura sobre el motivo escatológico es muy amplia, aquí me he basado principalmente en la investigación de Jacob Taubes (2010). La categoría de telurismo, por su parte, remite al estrato natural de la historia moderna del concepto de revolución, en particular, a la idea de necesidad natural trasladada al ámbito histórico-político. Al respecto, Koselleck –a quien sigo en este punto– señala lo siguiente: “El paso de la revolución natural de los astros al lenguaje político significó todavía más, mucho más que lo que podía significar toda la terminología existente hasta entonces relativa a disturbios, levantamientos, golpes de estado y guerras civiles aparentemente sin sentido. Las acciones y los acontecimientos concretos se abstrajeron de los contextos jurídicos, morales o teológicos que les daban su sentido y se situaron en relaciones a largo plazo que se desarrollaban con una necesidad casi natural. Lo que como guerra civil sólo había sido una matanza sin sentido, adquirió con el concepto de revolución el carácter de una necesidad absoluta que integraba los casos concretos en procesos a largo plazo haciéndolos así comprensibles. El concepto natural de revolución preparó el concepto propio de la filosofía de la historia, caracterizado por un movimiento general, irreversible en último término” (2012: 166-167).

57 Aunque no desarrollo el problema, cabe indicar que la figura del soldado patriota podría funcionar, en la mentalidad de los jefes del golpe del 4 de febrero, como base para construir un tipo metodológico, tal como en la ciencia política posterior a Weber, utilizaron, entre otros, Max Scheler y Carl Schmitt (el político, el sabio, el héroe, el santo, el partisano, etc.). Para una ampliación de esta figura en las fuentes, véase, como ejemplo, el siguiente pasaje de una carta confidencial: “Ud. sabe que yo soy un soldado y toda la vida he estado haciendo caminos. Y como un soldado, estoy dispuesto a servir a mi patria donde ella lo requiera y donde la situación histórica lo permita. No aspiro para mí otra cosa que actuar en consonancia con los sueños y las esperanzas de mi pueblo y con el compromiso inmenso que ahora siento sobre mis hombros. Siento, querido amigo, que una fuerza superior a mí mismo me arrastra en huracanes implacables. Ya incluso siento que no me pertenezco y que todo esto me trasciende” (carta del 26 de septiembre de 1992, firmada con el pseudónimo Laurencio, en Garrido, 2002). Después del golpe, el lenguaje patriótico permanecía intacto. Cito otro de los muchos ejemplos que se encuentran en las fuentes: “Si las clases dominantes no ceden en su empeño antihistórico, la Fuerza Armada Bolivariana y el pueblo de Venezuela volveremos a cantar con el huracán: Adelante, marchemos valientes, // al combate y al rudo fragor, // por la patria muy altas las frentes, // despleguemos pujanza y valor” (“El comandante Chávez a la Nación”, en Garrido, 2002). El canto con el que cierra la cita es un fragmento del coro del Himno del Ejército.

58 Éste es, por ejemplo, el sentido de la frase última del pasaje citado: el “cielo encapotado” anuncia una “tempestad”, por tanto, posee connotaciones destructivas, pero tal “tempestad” es, al mismo tiempo, un anuncio de liberación. La frase fue un lema de la Guerra Federal.

59 Según Garrido, Arias había conocido a Chávez antes de 1986, pero este último, motivado por Douglas Bravo, había apartado al primero de la conspiración al momento de fundar el mbr-200 (2007: 23-24).

60 Simmel resume este rasgo con el lema: “Todo el que no está claramente dentro está fuera”, que muestra la frontera rígida que pueden trazar algunas agrupaciones secretas para asegurarse protección. Véase Simmel (2010: 110).

61 El propio testimonio, como otros que he citado, a pesar de que en él Cabello niegue que la organización tuviera como objetivo un levantamiento militar, muestra que no se trataba de un grupo de estudios militares: si así fuera, no tendría sentido el esfuerzo de la dirigencia del mbr-200 por hacer de la captación de cuadros un procedimiento secreto.

62 Muchos se enteraron la misma noche del 4 de febrero, e incluso después, de que compañeros conocidos también formaban parte del “movimiento”, lo que ofrece un indicio de la eficacia de los métodos de preservación del secreto, por medio del control de la información y el establecimiento de capas intermedias entre el Directorio y el exterior.

63 Algunas fuentes señalan que las juramentaciones se prolongaron incluso hasta el 3 de febrero de 1992, horas antes del asalto. De este dato se sigue, como es evidente, que el compromiso con la organización no era homogéneo entre todos los miembros del mbr-200.

64 El problema de la coacción se haría especialmente polémico durante las acciones del 4 de febrero. Si las tropas y subordinados habían actuado o no voluntariamente, era un problema del que dependía la imputación de responsabilidades jurídicas y políticas. Es difícil saber si todos los soldados, por ejemplo, obedecieron a sus superiores por coacción o por convicción. Los cuadros dirigentes del mbr-200 siempre han afirmado que, en el momento del ataque, permitieron que la tropa decidiera por sí misma si participaba o no. Lo importante aquí es que, sea como fuere, el problema no se presentaba durante la construcción secreta de la organización en los cuarteles, donde los dirigentes no podían, en principio, ejercer ninguna coacción directa sobre sus subordinados.

65 Esto dependería, evidentemente, de la información con la que contara el delator, así como de la cantidad de información que estuviera dispuesto a revelar. Cabe insistir en que la información era limitada para muchos y en ocasiones no se conocían los nombres de los jefes o de otros integrantes. Esta cautela fue seguramente un elemento relevante para la subsistencia y expansión de la organización durante una década. No obstante, el peligro asociado al secreto se mantuvo dado que éste es inevitablemente frágil y puede romperse incluso sin una voluntad de delación: “La indiscreción depende de una imprudencia momentánea, de un contexto que propicie debilidad o excitación, de una entonación inconsciente. Guardar secreto es tan difícil, son tantas las tentaciones de revelarlo, puede haber un camino tan llano entre el silencio y la indiscreción, que [en las relaciones de confianza que procuran construir las sociedades secretas] predomina el factor subjetivo” (Simmel, 2010: 82).

66 Como señalé en una nota anterior, en cuanto al cambio de siglas de la organización (de ebr a mbr) que Chávez en el fragmento citado fecha en 1989, las fuentes no son, en modo alguno, concluyentes. Garrido señala que el ebr fue creado en 1981 y que desapareció al año siguiente para dar lugar al mbr, por lo que no se trataría ni siquiera de un cambio de siglas, sino de dos organizaciones diferentes (Garrido, 2007: 23-24).

67 El tema, por supuesto, requeriría una investigación más amplia y específica; aquí me concentro sólo en mostrar los antecedentes en los años sesenta de lo que posteriormente sería la historia del mbr-200 hasta el golpe de febrero de 1992. Cabe señalar, sin embargo, que algunos historiadores, tanto afines como contrapuestos al chavismo, han coincidido en omitir el proceso de revisión de la izquierda exguerrillera en Venezuela que tuvo lugar durante el “invierno” de los años setenta. Se suele dar por hecho, para exaltar o denigrar según los posicionamientos valorativos de cada quien, que hubo una continuidad sin fisuras entre la guerra partisana y la conspiración de 1992. Para constatar ambas visiones, consúltese Linárez (2006 y 2011) y Carrera (2011).

68 En efecto, el mbr-200 no fue el único grupo de militares rebeldes dentro de las fan. William Izarra, desde los años setenta, dirigió una organización secreta de tendencia socialista llamada Arma, vinculada con Bravo. Izarra entró en contacto con futuros miembros del mbr-200 en 1981. Sus actividades políticas terminaron forzando su destitución y alejamiento de los cuarteles.

69 Adán Chávez ha sido uno de los principales dirigentes del chavismo. Toby Valderrama y Rafael Ramírez, ambos intelectuales y políticos del chavismo, formaban parte de la misma célula del prv a la que pertenecía el hermano de Chávez (Bonilla-Molina y El Troudi, 2004: 49).

70 Bravo consideraba que Chávez tenía una visión militarista de la revolución y no valoraba lo suficiente la participación de civiles en el “movimiento”; Chávez pensaba que el partido de Bravo carecía de verdaderas relaciones con los sectores populares. Garrido fecha en 1980 el primer contacto entre Bravo y Chávez (2007: 23).

71 Según Garrido, Chávez durante ese año estaba conformando una primera y efímera organización militar revolucionaria llamada Ejército de Liberación del Pueblo (Garrido, 2007: 20 y ss.). Maneiro murió en 1983.

72 Después del golpe, el mbr-200 argumentó que, más que un error de los servicios de inteligencia militar, la colocación de los jefes del “movimiento” en puestos de comando fue una decisión calculada del ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez, Fernando Ochoa Antich. El ministro, junto con otros miembros del Alto Mando Militar, conocía las actividades subversivas del mbr-200, pero, en lugar de interrumpirlas, estaban planeando utilizarlas para adelantar un golpe de derecha, posiblemente dirigido por él mismo. Para más detalles, véase la “Carta del 5 de febrero de 1992 al Fiscal General Ramón Escovar Salom, firmada por los Comandantes de la insurrección” (en Garrido, 2002). Estos planes, a juicio del mbr-200, no se detuvieron el 4 de febrero de 1992, sino que siguieron vigentes en los meses siguientes. En 1993 Chávez alertaba de la situación: “A este pueblo nuestro, a esas amplias capas de población abandonada y empobrecida por el cual abandonamos todo, vaya nuestra voz de alerta ante el peligro de un golpe de Estado de las élites, que no es lo mismo ni se escribe igual a una insurrección cívico-militar” (“El comandante Chávez a la Nación”, en Garrido, 2002).

73 Los acontecimientos del 4 de febrero están descritos en las reseñas de prensa publicadas en Rodríguez Valdés (1992), Del Naranco y Capriles (1992) y Wanloxten et al. (1992). Se pueden utilizar, asimismo, los documentos y análisis de Norden (1996), Zago (1992) y López Maya (2005).

Desigualdad social en Brasil. Derechos y política pública tras el periodo de redemocratización (1985)

Jaqueline Garza Placencia

Miguel Hernández Hernández

Quem descobriu o Brasil?

Foi o negro que viu a crueldade bem de frente

E ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente.

Caetano Veloso, Milagres do Povo

Brasil llega a ser una república civil en 1985. Durante el periodo de la llamada redemocratización, se consiguieron avances en el reconocimiento y ampliación de los derechos ciudadanos. A pesar del desfase entre los derechos garantizados y su materialización como políticas públicas de 2000 a 2017, hubo una mejora latente de los indicadores sociales como la educación básica74 (López-Calva y Lustig, 2011). No obstante, el país mantiene niveles profundos de desigualdad75 y sufre de un hueco en la distribución de la riqueza muy grande que ha contribuido a la ampliación de las brechas sociales.76 En este artículo nos proponemos examinar las condiciones de desigualdad social después del periodo de la llamada redemocratización de 1985. Sostenemos que la desigualdad social es una relación de poder que opera en diferentes niveles y ámbitos de la vida humana, pero posible de ser enfrentada por la acción de luchas colectivas reivindicadoras de derechos, cuyo efecto democrático puede limitar privilegios históricamente reproducidos por las élites (Campello, 2017; Reygadas, 2004; Reygadas, 2008).

La literatura sobre desigualdad se ha concentrado en el estudio de la distribución de ingresos y el crecimiento económico como uno de los principales factores que explican la profundización de las brechas sociales y la existencia de altos niveles de pobreza (López-Calva y Lustig, 2011; Mota, 2008). Las investigaciones basadas en las teorías económicas han aportado innumerables descripciones que cuantifican las desigualdades. Por ejemplo, los datos de la “Síntesis de indicadores sociales de 2016”, publicada por el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (ibge), muestran que casi 18 % de los brasileños viven con menos de medio salario mínimo por mes. Cuando el análisis incorpora la dimensión étnico-racial, el contraste es mucho mayor. De 18 % de la población con menos ingresos, 75 % son afrodescendientes y pardas, y sólo 23.4 % representa a blancos (Maia y Arretche, 2017) 77.

Otros estudios buscan complementar el enfoque económico al explicar las fases de la desigualdad desde una perspectiva más humana y social, buscando respuestas sobre los factores que influyen en la reproducción, aumento o diminución de este fenómeno (Campello, 2017; Mota, 2008; Reygadas, 2004). En relación con estos estudios, nos proponemos enfocar la discusión en la privación de derechos y limitaciones en el acceso a las políticas sociales urbanas como variables que agudizan la desigualdad social en el país. Es decir, la desigualdad social que afecta las condiciones de vida de la población en espacios locales (Ziccardi, 2001) se manifiesta cotidianamente en la inequidad de acceso a programas, bienes y servicios públicos urbanos (agua, vivienda, educación, transporte público y asistencia social, entre otros).

El argumento de este artículo consta de cinco partes. En la primera, se exponen las precisiones conceptuales del fenómeno de la desigualdad, con énfasis en las dimensiones ético-filosóficas o sociopolíticas que lo caracterizan. La segunda presenta las transformaciones de la cuestión social tras el periodo de redemocratización de 1985. Se parte de una breve revisión histórica de los fenómenos y prácticas sociopolíticas que han contribuido a la construcción y reproducción de la desigualdad social.78 La tercera alude al crecimiento urbano y la formación de las periferias urbanas, resaltando las condiciones de acceso a las políticas sociales urbanas en esos espacios. La cuarta aborda la reciente crisis política que ha tenido significativas consecuencias en la agenda social. Finalmente, se reúnen las consideraciones finales derivadas de las reflexiones expuestas a lo largo de todo el documento.

Dimensiones de la desigualdad

La desigualdad, en tanto fenómeno, genera un intenso debate debido a las diversas explicaciones, argumentos o perspectivas sobre su significado. Para fines de este trabajo, nos referiremos al concepto desigualdad como una construcción histórico-social de múltiples dimensiones. El debate sobre la desigualdad se da por lo general en el terreno de los diferentes enfoques de la justicia social (Rawls y Sen, 1994; Mota, 2008; Núñez, 2010). El paradigma de una distribución igualitaria desarrollado por John Rawls (1978) representó por mucho tiempo una de las principales corrientes para concebir a la justicia como equidad, en donde los bienes primarios (ingresos, oportunidades o riqueza) deben ser distribuidos igualitariamente, ya que son imprescindibles para que un individuo racional se constituya como agente libre, capaz de diseñar para sí mismo un plan de vida que le permita alcanzar un mínimo de bienestar. El autor argumenta que una distribución de bienes y oportunidades materiales sólo puede considerarse justa si redunda en ventaja de los más desfavorecidos.

La teoría rawlsiana ha sido objeto de diversas reinterpretaciones, críticas y contraargumentos, entre ellos se puede mencionar el enfoque de las libertades y capacidades propuesto por Amartya Sen (1995). Este autor da prioridad a la libertad de las personas para elegir los funcionamientos que componen sus vidas79. Su planteamiento trata directamente de las libertades, en vez de concentrarse en los medios para conseguirlas. Lo importante no es la posesión de ciertos bienes, como sostiene Rawls, sino la satisfacción de necesidades o la igualdad de derechos para que el individuo tenga la oportunidad de elegir aquello que le sea más valioso.

Por su parte, Michel Walzer (1993) argumenta que es más importante contar con una pluralidad de regímenes políticos de dominación que tener un sistema distributivo de bienes primarios universales, como propone Rawsl. En este sentido, toda multiplicidad de bienes debería ser distribuida por razones distintas y en función de una diversidad de procedimientos, agentes y criterios distributivos. Walzer sostiene que la economía y la política son esferas de la justicia que deben mantener su autonomía. En la última, la actividad política democrática es una manera de asignar poder y legitimar su uso por medio de la participación del ciudadano/votante. Éstos tienen derecho a gobernarse a sí mismos y nadie puede adjudicarse la libertad de mandar sobre ellos, a menos que den su consentimiento. Gobernar siempre se hace con base en un principio de igualdad compleja, lo que implica que distintos bienes sociales deberían ser distribuidos de formas plurales y diversas derivadas del significado e interpretación que las comunidades otorgan a los mismos bienes sociales (Walzer, 1993).

En estas dimensiones ético-filosóficas de la desigualdad, Rawls, Sen y Walzer han aportado reflexiones relevantes en torno a los principios que deberían guiar una distribución más justa y equitativa. No obstante, el problema de la desigualdad debe ser entendido no sólo como el conjunto de aspiraciones de una sociedad más equitativa e incluyente, también es preciso reconocer las prácticas sociopolíticas que han establecido el abismo entre riqueza y miseria, repartos inequitativos, concentración de ingresos, acceso diferenciado de recursos y la reproducción de relaciones sociales asimétricas. En este sentido, proponemos centrar nuestra vía de análisis en una dimensión histórica relacional que considera aspectos políticos y sociales. Es decir, la desigualdad social se desarrolla y consolida a partir de estructuras, agentes y procesos dentro de un contexto histórico concreto, pero su reproducción tiene que ver con la concentración del poder, lo que genera efectos sociales y políticos importantes (Cimadamore y Cattani, 2008).

Las élites que concentran el poder económico compiten con las que tienen el poder político mediante procesos democráticos. Las élites dominantes, como la oligarquía terrateniente en alianza con las burguesías minera, agropecuaria, comercial, bancaria y financiera, han demostrado su falta de compromisos democráticos y redistributivos al capturar a las instituciones del Estado para obtener ventajas o beneficios particulares (Mota, 2008). Por otro lado, la acción concreta de agentes políticos muestra el potencial que éstos tienen para solucionar o perpetuar el problema de la integración social, el cual tiene desdoblamientos concretos en términos de distribución de ingresos, reconocimiento de derechos y acceso a políticas sociales urbanas (oportunidades educativas, servicios básicos de salud e infraestructura).

En esta perspectiva, la desigualdad social es vista como una relación de poder asimétrica, posible de ser enfrentada por la acción del Estado y las luchas colectivas, cuyo efecto democrático puede ser desestabilizador de privilegios históricamente reproducidos por las élites (Campello, 2017; Reygadas, 2004). Al Estado se le reconoce como la principal institución responsable de garantizar formas de integración social y estándares mínimos de bienestar social. En este orden de ideas, el Estado y sus gobiernos tendrían que asumir un papel relevante como creadores de políticas sociales urbanas que beneficien a los distintos sectores de la población (Zicardi, 2001; Mota, 2008). Sin embargo, el papel que deberían desempeñar los Estados contrasta con las realidades de las sociedades latinoamericanas altamente desiguales, cuyos funcionarios e instituciones responsables de aplicar políticas sociales y garantizar sin condicionamientos los servicios públicos los han convertido en botín para adquirir beneficios electorales o para favorecer intereses privados.

Derechos y políticas sociales en el periodo de redemocratización (1985)

La historia de Brasil ha estado impregnada de una creciente desigualdad social. Durante el siglo xvi, la colonización y la esclavitud dejaron herencias aún presentes. Los colonizadores europeos configuraron instituciones políticas para ampliar sus privilegios y establecieron las reglas que le dieron acceso legítimo al uso de la tierra, el control político y la administración del trabajo (Mota, 2008). Esas condiciones de desigualdad de acceso a bienes y servicios afectaron sobre todo a los esclavos colonizados representados principalmente por las poblaciones afrodescendientes y las mujeres.

A finales del siglo xix las élites dominantes permanecieron influyendo en la conformación del Estado nación, como el caso de la aristocracia agraria, que fue beneficiada por el paternalismo y conformismo impuesto en la sociedad. De este modo, el trabajo libre se convirtió en una prolongación del trabajo esclavo. Los esclavos se convirtieron en trabajadores conformistas y explotados por los dueños de las tierras, mientras que otros esclavos liberados se enfrentaron a una enorme dificultad para ser incorporados en el mundo del trabajo (Behring y Boschetti, 2011). Fue a inicios del siglo xx que la organización política de la clase trabajadora se fortaleció y surgieron las primeras manifestaciones para reivindicar sus derechos; por ejemplo, en 1903 se formaron los dos primeros sindicatos, el de agricultura y el de las industrias rurales. En 1907 se reconoció el derecho a la organización sindical y en 1911 se redujo legalmente la jornada de trabajo a 12 horas diarias (Behring y Boschetti, 2011).

Históricamente, la reconfiguración de fuerzas políticas en el país se ha dado a partir de dos vías: golpes de Estado o mediante la organización de procesos democráticos con base en el sistema de elecciones libres y directas. Se trata de una nación cuya génesis se encuentra en un golpe de Estado. El 15 de noviembre de 1889 fue instaurado por medio de un golpe militar un modelo republicano federal presidencialista (Priore y Venancio, 2010). Este hecho dio fin al sistema monárquico parlamentario y al Imperio de Brasil. En 1930, una pugna entre las élites de los estados de Minas Gerais, Rio Grande del Sur y São Paulo dio origen a una sucesión de golpes de Estado en el que se instauró el llamado Estado Nuevo. Tras la aprobación de Julio Prestes como candidato oficial a la presidencia, quien entonces era gobernador del estado de São Paulo, se desencadenaron desacuerdos entre esos grupos de poder que llevaron a la destitución de Whashington Luis (también paulistano) como presidente, y se impuso a Getúlio Vargas como nuevo mandatario.

Con la dictadura del presidente Getúlio Vargas (1930-1943), las oligarquías agrarias y un sector industrial consolidaron su poder e impusieron una agenda modernizadora basada en acuerdos con las élites exportadoras de café, azúcar, caucho y algodón. A partir de esos años también aumentó la presión de los trabajadores para exigir el reconocimiento de sus derechos sociales. El estado de censura (Behring y Boschetti, 2011) impuso dificultades a las organizaciones de trabajadores para garantizar sus derechos y la aplicación de políticas sociales. En 1937, el congreso declaró la suspensión de los derechos constitucionales en medio de otra tentativa de golpe; así, el presidente Getúlio Vargas que ya había cumplido siete años en el poder, además de decretar el cierre del congreso, canceló las elecciones que se tendrían que celebrar en 1938, lo que configuró una especie de autogolpe que llevó a Vargas a ocupar el puesto presidencial hasta 1945 (Priore y Venancio, 2010). En este contexto, el presidente Vargas es conocido como el “padre de los pobres” al introducir políticas sociales basadas en la tutela y el favor. Los beneficiarios de derechos como la salud y la jubilación eran aquellos que disponían de un empleo registrado en la cartera de trabajo. Esta forma de reconocer derechos se convirtió en una de las características del desarrollo del Estado social brasileño por su carácter corporativo, fragmentado y distante de la perspectiva de la universalidad de los derechos sociales (Behring y Boschetti, 2011).

En 1945 se registró un periodo de redemocratización con la destitución de Vargas como mandatario de Brasil. Sin embargo, en abril de 1964, diecinueve años después y durante el gobierno del presidente João Goulart, elegido por la vía electoral en 1961, se concretó otro golpe político-militar con el apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad brasileña que no coincidían con el proyecto político del nuevo presidente, el cual comenzaba a dar señales de una paulatina renovación democrática mediante la aplicación de una política que buscaba mejorar la distribución de los ingresos. Además, pretendía la instauración de reformas en los ámbitos agrario, tributario, bancario, de la educación y la nacionalización de empresas extranjeras (Segato, 2014).

Este periodo (1946-1964), marcado por una fuerte disputa de proyectos de clase y luchas políticas, se resolvió por medio de la violencia militar. Así comenzó un nuevo periodo de dictadura militar de 1964 a 1984, durante el cual el país vivió un proceso de modernización conservadora caracterizado por el desarrollo nacional por medio de la industrialización y la urbanización acelerada (Cunha, 2011; Marques, 2015). Durante el llamado “milagro brasileño” se experimentó la expansión de la industria automovilística y la producción en masa de electrodomésticos, pero con una distribución restringida de las ganancias obtenidas. La producción para la exportación producía altos ingresos para el sector privado, mientras que en el sector público se generaba un intenso endeudamiento. Durante la dictadura militar, también se impulsó una política nacional de vivienda caracterizada por su opacidad, ya que la edificación de habitaciones populares permitió el fortalecimiento del mercado inmobiliario y el incremento de gastos públicos poco transparentes (Behring y Boschetti, 2011).

La concentración del poder político y económico en núcleos muy reducidos de la sociedad negaba el derecho a la ciudadanía a intervenir en las decisiones políticas. En medio de una restricción de los derechos civiles y políticos (censura, prisión y tortura de las voces disidentes), las clases dominantes legitimaron su poder con la expansión de una política social focalizada en los grupos de ingresos medios que respaldaban el proceso de industrialización, y dejaba al margen de las principales instituciones de bienestar social a los campesinos, los afrodescendientes, los trabajadores urbanos informales y los pueblos indígenas.

En 1974, el empobrecimiento, desempleo y aumento de la economía informal se consolidaron como las primeras señales del agotamiento del milagro brasileño y el proyecto modernizador. La crisis económica y política dio origen a una correlación de fuerzas que permitió a las clases medias bajas y trabajadoras asumir una nueva posición política a finales de los años setenta. Por ejemplo, los movimientos sociales urbanos y los metalúrgicos paulistanos reivindicaron sus derechos al trabajo y la seguridad social.

Con el fin de la dictadura militar en 1985, se inició otro periodo de redemocratización que culminó con el diseño socialdemócrata de la constitución federal de 1988. Así, la constituyente se tornó una gran arena de disputas, pero también de esperanza de cambios para los trabajadores. La constitución garantizaba la existencia de espacios de participación y el fortalecimiento de un sistema de protección social basado en pretensiones universalistas y de gestión democrática. Se estableció un sistema de protección social cimentado en la integración de tres políticas públicas: la salud, reconocida como derecho universal y aplicada mediante el Sistema Único de Salud (sus); la previdencia social que atiende a los contribuyentes; y finalmente, la asistencia social de carácter no contributiva, operada por el Sistema Único de Asistencia Social (suas).80

El diseño de un proyecto político democrático participativo incluyó el funcionamiento de consejos gestores de política pública en áreas como salud, educación y política social para la niñez y la adolescencia. Además, se organizaron conferencias nacionales en las que diversas comunidades conformadas por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas y gobierno construyeron variados planes de políticas públicas (Isunza y Gurza, 2010; Hevia, 2011; Chaves y Tatagiba, 2005; Santos, 2004). También proliferaron organizaciones civiles en municipios con mayores carencias, creadas como instancias destinadas a la ejecución de los servicios públicos demandados en sus territorios. El presupuesto participativo se convirtió en una de las principales experiencias de innovación institucional en materia de descentralización en el ámbito local, ya que implicaba la participación social directa mediante una pirámide de representación social para cogobernar junto con el gobierno municipal en materia de políticas públicas y asignación del presupuesto municipal con una concepción de justicia distributiva (Rendón, 2004).

No obstante, en los años noventa comenzó la “contrarreforma del Estado”, con un “contrasentido” o redireccionamiento de las conquistas de 1988. En este nuevo escenario, se permitió un proceso de privatización al entregar el patrimonio público al capital extranjero y se adoptó el modelo neoliberal que colocó al mercado como el eje para la generación y distribución del bienestar. Por esta razón, se promovieron la desregulación y flexibilización de los mercados laborales; además, se configuró un sistema dual de educación, salud y pensiones con acceso a servicios públicos y privados. Aunque hubo una ampliación y descentralización de los servicios, millones de personas permanecieron fuera del acceso a educación, salud y los sistemas de pensiones.

Durante los dos periodos presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y los gobiernos del Partido del Trabajo (pt), se inició un ciclo de esfuerzos por reducir la desigualdad social mediante el diseño y desarrollo de políticas públicas para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, personas en situación de pobreza extrema, mujeres y trabajadores informales. La directriz del nuevo gobierno se fundamentó en el crecimiento económico, la aplicación de una política social redistributiva y la consolidación de espacios deliberativos. Entre 2003 y 2004, se reajustó la política económica mediante el aumento de impuestos y exportaciones para fortalecer la economía, pero manteniendo intacta la deuda pública (Singer, 2012; Anderson, 2011). A partir del segundo mandato de Lula (2008-2011), se fortalecieron acuerdos comerciales con China mediante la importación de soya y fierro. Por otro lado, Brasil consolidó acuerdos comerciales con las economías del sur de América Latina por medio del Mercado Común del Sur (Mercosur); y se integró al grupo bric (Brasil, India, Rusia y China), de los cuatro países representantes de las economías emergentes en el mundo. Finalmente, el descubrimiento de yacimientos de petróleo en los estados de Santa Catarina y Espíritu Santo representó la posibilidad de continuar con un programa de crecimiento económico.

En la política social, se promovieron acciones gubernamentales que lograron un estrechamiento de la desigualdad. Destacan las reformas de salud y educación, el aumento del salario mínimo, la creación de trabajos formales, así como la expansión de un sistema de pensiones para la población rural y los trabajadores del sector informal (Anderson, 2011, Jaccoud, 2017; Zaremberg, 2017). También se introdujeron los beneficios no contributivos con políticas de inclusión social y distribución efectivo del ingreso, como el programa Hambre Cero y Bolsa Familia81 (Anderson, 2011).

Este breve recorrido histórico muestra que los ciclos de cambios políticos en el país han estado vinculados a las disputas por una reconfiguración de fuerzas en el poder. Los escándalos de corrupción, algunos comprobados y otros no, de parte de colaboradores de Lula (del pt y de otros partidos) se constituyeron como los detonadores de un discurso desarrollado por las élites políticas y económicas. Por ejemplo, la revista Veja difundió una transcripción de un video en el que puso en evidencia al diputado Roberto Jefferson, del ptb (Partido Trabalhista Brasileiro), y se exhibieron pruebas que lo vincularon a una red de desvío de fondos usados para sobornar a diputados de diferentes partidos en el congreso. Tras el hecho, el congreso formó una comisión parlamentaria de investigación que abordó todos los acontecimientos. Así, se inició una campaña mediática que hizo evidente dos situaciones: la relación entre diversos medios de comunicación con adversarios políticos del gobierno petista y con grupos de empresarios. La confluencia de los discursos antiLula se manifestaron en las campañas presidenciales de 2006, cuando los medios de comunicación más importantes (Globo y Folha) se conformaron como foro de la plataforma política de Geraldo Alkin, candidato paulistano opositor a Lula (Goldstein, 2015).

Crecimiento urbano y políticas sociales urbanas en las periferias

El crecimiento urbano en Brasil fue producto del periodo de modernización que se inició en la década de los cuarenta, caracterizado por el desarrollo de la industria y el aumento del mercado de trabajo durante el periodo de estabilidad económica alcanzada en las décadas de los años setenta y ochenta, tal como se describió en el apartado anterior. Este hecho generó flujos migratorios hacia los polos de desarrollo económico más importantes, ubicados en las regiones sur y sudeste del país.

Las aglomeraciones urbanas en las periferias de las ciudades brasileñas son la principal puerta de entrada para inmigrantes nacionales. No se trata sólo de un movimiento de transferencia de un territorio a otro, sino de la incorporación de grandes grupos poblacionales que a lo largo de más de treinta años han conformado espacios metropolitanos (Cunha, 2011; 2015). La mayor parte de los pobres urbanos fueron absorbidos por esas periferias de las ciudades (Davis, 2006). Así, la segregación socioespacial se constituye como el signo del crecimiento urbano brasileño e históricamente ha configurado patrones de diferenciación social que justifican la fragmentación física y simbólica de los espacios urbanos. Dichos patrones muestran los principios que estructuran la vida pública y definen la interrelación de grupos sociales (Caldeira, 2000).

La expansión urbana trajo consigo la producción de espacios periféricos. Este proceso generalmente implica la ocupación de tierras en áreas de preservación ambiental para la construcción de viviendas, lo que expone a las poblaciones a un amplio repertorio de riesgos ambientales que afectan su calidad de vida (Davis, 2006; Hogan, 2002). Los limitados recursos económicos son un factor para que las familias se vean obligadas vivir en laderas, pantanos, ríos, arroyos o tiraderos de basura. Por otro lado, es importante destacar que estas áreas se caracterizan por la precariedad de diversos servicios urbanos: agua potable, drenaje, saneamiento, pavimentación, energía eléctrica y espacios públicos (Arretche, 2015).

La desigualdad en torno a las políticas sociales urbanas está determinada por diversos factores: el lugar de residencia, el nivel de ingresos y el capital social. Este último es importante en la organización de moradores que buscan la instauración o el mejoramiento de ciertos servicios (Cunha, 2011). A diferencia del consumo de bienes privados (refrigeradores, estufas, hornos de microondas, teléfonos celulares), el consumo de bienes públicos no depende de la decisión de compra en términos individuales. Existen situaciones estructurales que hacen o no posible la presencia de servicios públicos de calidad: pobreza, oferta institucional y características del espacio urbano (Arretche, 2015).

En la década de los setenta era evidente la ausencia de servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica. De los 3 952 municipios existentes en esa época, sólo 80 % de su población tenía acceso a la red de drenaje (Arretche, 2015). Para 2010, 90 % de la población tenía acceso a servicios de energía eléctrica y 80 % de los ciudadanos estaban conectados a la red de agua potable (Arretche, 2015). A pesar de la expansión en la cobertura de servicios públicos esenciales, la universalización de éstos aún no se ha concretado, con excepción del servicio de energía eléctrica.

Pero la desigualdad de acceso a las políticas sociales urbanas se manifestó de forma diferenciada en las regiones del país. Para la década de los ochenta, los servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica tuvieron mayor cobertura en los estados del sur y el sudeste, situación contraria a la de los estados del nordeste, en donde son mayores las condiciones de precariedad. En 1991, el acceso a energía eléctrica era casi universal en el sur, sudeste y centro-oeste; y para 2000, estos servicios lograron extenderse hacia las regiones del norte y nordeste brasileño. A pesar de la reducción de desigualdades entre las regiones, éstas se mantienen o incluso han aumentado en cada una (Arretche, 2015; Marques, 2015).

De esta forma, la vida urbana ha estado marcada por tres diferentes momentos. Los primeros cuarenta años del siglo xx se distinguieron por la producción de una ciudad condensada, en donde diferentes grupos sociales confluían dentro de un área urbana pequeña y donde la segregación se manifestaba en los diferentes tipos de vivienda. El segundo momento, como ya se ha enunciado, se caracterizó por un modelo de ciudad centro-periferia. En éste, los grupos sociales están separados por grandes distancias, las clases medias y medias altas se concentran en barrios centrales con buena infraestructura, y los pobres se asientan en periferias distantes en condiciones de precariedad.

Por último, a inicios del siglo xxi se presenta el tercer momento, caracterizado por la conformación de espacios separados por muros; es decir, enclaves fortificados o espacios privatizados. Se trata de un modelo que está tomando fuerza en la mayor parte de las ciudades brasileñas. En estos espacios, los grupos sociales están cerca, pero al mismo tiempo separados por muros de fraccionamientos cerrados y tecnologías de seguridad que buscan el control de los espacios de interacción pública. Dentro de un espacio fortificado convergen áreas de residencia, de consumo y de recreación (Caldeira, 2000). La justificación para construir estos modelos tiene su origen en la idea de seguridad frente a contextos de crimen violento.

La violencia y el miedo en diferentes segmentos de la sociedad son fenómenos vinculados a las formas de hacer ciudad. Se conforman como discursos y, en la práctica, producen nuevas formas de segregación espacial y discriminación, lo que reafirma la característica de Brasil como un país profundamente desigual (Caldeira, 2000; Arretche, 2015). La clase social, la adscripción étnica y los aspectos raciales definen el lugar que las personas ocupan en el espacio social.

En las periferias urbanas es donde la criminalidad encuentra las condiciones ideales para operar y llevar a cabo actividades ilícitas. El mundo del crimen es uno de los fenómenos sociales más complejos en la sociedad brasileña. Su origen se remonta a la década de los noventa (Feltran, 2010), de manera que los pobladores del territorio tienen que cohabitar con distintas expresiones de violencia caracterizadas por abusos de parte de la policía, el crimen organizado y los sistemas de seguridad pública que privilegian el castigo por encima de soluciones alternativas para combatir el problema de la violencia (Caldeira, 2000; Feltran, 2010). El discurso del crimen se sustenta en la reproducción de estereotipos, generalmente étnicos y raciales, que clasifican a determinados grupos sociales como peligrosos. Este proceso reproduce los preconceptos raciales y de clase, encarnados en los pobres y marginados. Asimismo, divide al mundo entre el bien y el mal, y normaliza abusos, represión y castigo hacia los menos favorecidos económica y socialmente.

A pesar de ser un país cuya constitución establece garantías, derechos y estatus de igualdad entre los ciudadanos, en la práctica, la violencia simbólica y física forma parte de la vida cotidiana. En una investigación realizada a partir de 4 509 entrevistas, el 19 de noviembre de 2003, por el instituto de investigaciones Datafolha, se destacó que, en términos generales, 46 % de la población (hombres y mujeres) que habita São Paulo ha sido detenida por la policía para fines de revisión; de ese total, 77 % son hombres; y a su vez, de ese universo de hombres, 86 % es población afrodescendiente (Datafolha, 2004). La condición racial es una característica importante en el entendimiento de las desigualdades sociales, que se constituyen como un proceso acumulativo de desventajas socioeconómicas, sociales y culturales que no sólo han colocado a los afrodescendientes en la base de la pirámide social, sino que, a pesar de una relativa disminución de la desigualdad, aún existe una estructura social que limita la movilidad social de este sector.

La movilidad social se conforma como un fenómeno que se manifiesta de manera diferenciada. En este sentido, la educación ha sido considerada como uno de los parámetros para analizar qué tanto ha sido posible la movilidad en diferentes sectores. El sistema educativo brasileño está organizado en dos segmentos: básica y superior (ibge, 2016). A su vez, la educación básica se conforma por educación infantil, educación fundamental y educación media. El sistema opera con un modelo descentralizado donde la educación infantil y fundamental son de competencia municipal, mientas que la educación media es responsabilidad de los estados y del distrito federal.

La desigualdad de oportunidades educativas está determinada por el efecto de las características socioeconómicas y culturales de los padres. Así, la educación alcanzada puede determinar las posibilidades de movilidad social (Costa y Schelegel, 2015; Menezes y Kirschbaum, 2015). De acuerdo con los datos del ibge, entre 2005 y 2015 las tasas de escolaridad se incrementaron de manera significativa. Para el caso de los niños de 0 a 3 años y de 4 a 5 años de edad, subieron de 13 y 62.8 %, respectivamente, en 2005, a 25.6 y 84.3 % (ibge, 2016). La ampliación de la obligatoriedad de la educación para niños de cuatro años de edad representó un importante avance en la educación básica. Estos resultados son los efectos de la aprobación de la ley 12.769 en 2013, que busca la universalización de la educación preescolar. Por otro lado, la tasa de escolaridad en los niños de 6 a 14 años de edad y de 15 a 17, subió de 96 y 81.6 %, respectivamente, en 2005, a 98.6 y 85 % en 2015 (ibge, 2016).

Sin embargo, es un hecho que las familias con mayores recursos socioeconómicos siguen manteniendo las mismas ventajas en su trayectoria escolar dentro del sistema educativo (Costa y Schelegel, 2015). La relación entre las características socioeconómicas de las familias, el género, el origen étnico y, en general, el color de la piel siguen determinando las posibilidades de movilidad social (Menezes y Kirschbaum, 2015). Por otro lado, el nivel medio se constituye como el principal filtro para dar el siguiente paso en la continuación de estudios. Es ahí donde en los últimos cincuenta años el origen social de los jóvenes ha modelado de forma significativa sus oportunidades para continuar con estudios universitarios. En el nivel superior se registraron avances mínimos. Los más significativos en este rubro podrían expresarse en el acceso cada vez mayor de las mujeres a niveles de educación superior, así como la tímida pero importante incorporación de miembros de algunos grupos étnicos del país, tanto indígenas como población afrodescendiente.

Las alternativas para los jóvenes son limitadas, en especial para quienes habitan en los espacios periféricos de las ciudades brasileñas. La precariedad laboral es un ejemplo de esta situación. Los resultados de una investigación realizada por el instituto Datafolha en torno a la vida en el trabajo (horarios laborales, la relación con jefes y colegas de trabajo, el descanso, la recreación y las actividades con la familia) son poco alentadores. La fragilidad laboral se manifiesta con el desempleo o la inestabilidad para conseguir trabajo. Del universo de datos que corresponde a las cinco regiones de Brasil, 45 % de los entrevistados se encuentra laborando en el ámbito informal. De ese total, la mayoría recibe apenas 360 reales (92.4 dólares), equivalentes a dos salarios mínimos al mes (Datafolha, 2013).

Crisis política y transformaciones en la agencia social

Durante la segunda administración de Dilma Russeff (2015-2016) como presidenta de Brasil, las élites se valieron de tres recursos para lograr su separación del cargo más importante del país:82 a) alianzas políticas en el ámbito parlamentario; b) consolidación de argumentos y recursos legales para justificar el proceso de impeachment, y c) uso de medios de comunicación para capitalizar el descontento de diversos actores sociales, incluidos organizaciones y sectores conservadores del país. En este proceso, la corrupción se consolidó como un discurso que permeó y radicalizó tanto a conservadores como a opositores históricos del Partido del Trabajo.

Así, se inició un proceso de reconfiguración de fuerzas políticas y económicas en el país. La composición de un nuevo congreso nacional está creando condiciones políticas y legales para llevar al país hacia el endurecimiento de políticas de seguridad, el retroceso de algunos derechos conquistados desde hace años y, en esencia, la reproducción de la desigualdad social y económica.

Entre 2003 y 2014, el Partido del Trabajo articuló a otros partidos políticos de centro y centro-izquierda para conformar un gobierno de coalición, y al mismo tiempo una alianza con los poderes legislativos para conformar un aparato institucional que diera soporte a diferentes programas sociales, así como el fortalecimiento de un modelo económico que daba estabilidad al país. Pero el presidencialismo de coalición se deterioró hacia el final de la primera gestión de la presidenta Russeff. El Partido Movimiento Democrático Brasileiro (pmbd), el más antiguo y con mayor fuerza política de todos los partidos que formaron parte de la coalición, desempeñó un papel importante en el distanciamiento y ruptura de la alianza con el pt (Singer, 2012; Goldstein, 2016).

Los resultados de las elecciones de 2014 demostraron el cambio de fuerzas políticas. Éste fue uno de los procesos electorales en los que las expresiones más conservadoras tomaron fuerza y su actuación sería determinante en dos sentidos: 1) la reorientación del modelo económico a partir de los intereses de los grupos empresariales nacionales e internacionales, y 2) la limitación de las políticas sociales que eran producto de años de lucha de diversos sectores de la sociedad civil organizada. Lo más importante aún, fue el fortalecimiento de las élites políticas y económicas de Brasil, caracterizadas por sus posturas conservadoras. Este proceso generó un clima de inestabilidad política y económica, sin dejar de mencionar que dio la pauta a la conformación de un país con una sociedad dividida, confrontada y donde la intolerancia en algunos espacios se ha convertido en el signo del actuar político. En ese marco, Michel Temer, miembro del pmbd, es designado presidente e inició un ciclo de configuraciones de un nuevo gobierno y modelo económico para Brasil.

El congreso de 2014, por su composición, es el más conservador desde 1964, año del golpe militar. Los actores sociales más representativos confluyen en cuatro grupos, denominados “bancadas partidistas”. El congreso está integrado por 462 hombres y sólo 51 mujeres; 55 pertenecen a la bandada de los militares; 52 son miembros de la bancada evangélica; 157 de la bancada ruralista; 190 de la bancada empresarial y sólo 46 que representan a sectores del pt (Sousa y Caram, 2014).

La bancada ruralista, conocida popularmente como “bancada del buey”, está conformada por representantes que defienden los intereses de propietarios de tierras y, en algunos casos, también se constituyen como dueños o empresarios rurales interesados en inversiones del agronegocio; actividad considerada como una de las principales fuentes de riqueza, ya que Brasil, además de ser uno de los principales exportadores de carne de res, en las últimas dos décadas apostó por la producción a gran escala de soya. Este segmento, en los últimos cuatro años, ha enfocado su preocupación en tres aspectos centrales: la explotación de tierras del amazonas para la creación de grandes sistemas de cultivo, la aplicación de proyectos de desarrollo y la flexibilización de leyes ambientales para permitir el desarrollo y uso de agroquímicos en la producción agropecuaria. La iniciativa más reciente son las modificaciones a la ley de licenciamiento ambiental. Actualmente, el otorgamiento de licencias ambientales es condición obligatoria para el desarrollo de proyectos y actividades productivas que puedan afectar el entorno ambiental y las tierras que pertenecen a comunidades indígenas. Sin embargo, la iniciativa de la bancada ruralista elaborada en marzo de 2018 busca dispensar la autorización de actividades agrarias y otorgar mayores facilidades a empresas privadas para la realización de proyectos considerados como estratégicos para el país (Valente, 2018).

La aprobación de la ley tendría serios impactos ambientales y sociales. Especialistas han advertido sobre la posibilidad de una mayor recurrencia de problemas como falta de agua, contaminación, proliferación de enfermedades generadas por la exposición a agroquímicos, así como la reproducción de la desigualdad del acceso a la tierra. Además, las posibilidades de efectuar una reforma agraria serían prácticamente nulas.

La bancada compuesta por policías y militares, denominada “bancada de la bala“, es uno de los grupos que en la elección tuvo un importante ascenso. En la actualidad, ocupan 30 % de las curules y mantienen en su agenda la elaboración de propuestas que ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos brasileños (Sousa y Caram, 2014). Este conjunto de actores sociales, cuya visión se sustenta en el enfrentamiento y el aumento de la judicialización como herramientas para combatir la violencia, ha mantenido una notable presencia desde antes del periodo de redemocratización. Sus ideas tienen un fuerte arraigo en el periodo de la dictadura militar brasileña. Entre sus propuestas, destacan la defensa individual, que va desde la legalización del uso de armas hasta el fortalecimiento de cuerpos de seguridad privada; la reducción de edad para delitos penales y la aplicación de una política de seguridad centrada en el combate frontal de grupos criminales por medio de la fuerza policiaca y militar.

El 16 de febrero, el presidente Michel Temer firmó un decreto, ratificado en el congreso con 340 votos a favor y 72 en contra, en el que otorgó el mando al ejército para encargarse de todas las funciones de seguridad en Río de Janeiro (Avendaño, 2018). Se trata de la primera vez que un presidente ordena una intervención militar en un estado desde el periodo de la dictadura militar. Los resultados han sido catastróficos y se incrementaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos. El 14 de marzo, a casi un mes de la intervención militar, un grupo de sicarios asesinó a Marielle Franca, concejal de Río de Janeiro y activista de derechos humanos con una amplia trayectoria de participación política. Era una de las líderes más importantes del estado (Marreiro, 2018) y su asesinato ocurre en un momento en el que la concejal estaba documentando diversos casos de violaciones a los derechos humanos a partir de la intervención militar.

La bancada evangélica o “bancada de la Biblia” adquirió una significativa presencia en la última década. Se trata de grupos religiosos, en su mayor parte evangélicos que fortalecieron su capital político mediante las alianzas que tuvieron con Lula durante el gobierno de coalición. En el nuevo escenario político, estos antiguos aliados del pt se integraron como un amplio grupo de diputados que ponen en riesgo la laicidad del Estado brasileño (Almeida, 2017). Vale la pena destacar que la cantidad de los grupos evangélicos se incrementó durante los últimos veinte años, situación que los coloca numéricamente en ventaja durante periodos electorales, pues han tenido la capacidad para llevar a pastores o simpatizantes de sus congregaciones a ocupar diversos espacios de representación política. En Río de Janeiro, por citar un ejemplo, la cámara de concejales está integrada casi en su totalidad por miembros de diversas iglesias evangélicas. Se ha documentado que durante las sesiones organizan algunas prácticas de su liturgia (sermones o alabanzas).

Esta bancada promueve valores conservadores que defienden los ideales tradicionales en torno a la familia y las relaciones de género. El avance más sustancial se concreta en el proyecto de modificación del artículo 5 de la Constitución Política de la República Federal de Brasil, en el que se ha modificado una frase que se refiere a la igualdad de los ciudadanos. En la iniciativa, se indica: “Todos somos iguales desde la concepción”. Ese complemento discursivo, sin duda, otorga argumentos para criminalizar y penalizar el aborto. La reacción de intelectuales y organizaciones feministas que luchan por la igualdad de género no se hizo esperar, y han cuestionado esta situación. Por otro lado, este sector del congreso avanzó en la eliminación de la palaba género en el Plan Nacional de Educación (Tedinelli, 2017). Asimismo, se mantienen activos en la organización de audiencias y comisiones para detener cualquier iniciativa de la comunidad lgbttti83 y de organizaciones feministas para conseguir derechos de igualdad ante las leyes brasileñas.

Finalmente, la “bancada empresarial” ha mostrado un gran interés en la modificación de las relaciones laborales. Ejemplo de ello ha sido el apoyo que han dado a la propuesta de reforma laboral, impulsada por Michel Temer, aprobada en el pleno del senado el 11 de julio y sancionada por el presidente el día 13 del mismo mes (El País, 2017). De acuerdo con esta nueva reforma, se abre el camino para la tercerización del trabajo y el fin de la obligatoriedad de la contribución sindical. Se crean diversas modalidades de contratación: trabajo intermitente, por jornada, por hora de servicio y home office. Por otro lado, queda bajo la responsabilidad del trabajador negociar directamente con el patrón sus vacaciones. En lo que respecta a las jornadas laborales existen cambios sustanciales. En la “Ley de la consolidación de leyes de trabajo”, se estipulaba que los trabajadores tendrían una jornada laboral de 44 horas semanales, con un máximo de 8 horas por día. En la nueva iniciativa, la jornada puede llegar hasta 12 horas al día (Ministerio do Trabalho, 2017).

Todas las iniciativas anteriormente descritas de cada una de las bancadas, aunadas a las que ha impulsado el presidente Temer, constituyen un cambio en la concepción de la igualdad, en términos de derechos civiles y del acceso de derechos sociales. Así, una de las iniciativas que definen los principios del nuevo gobierno brasileño es la aprobación en el senado, el día 29 de noviembre de 2016, con 61 votos a favor y 14 en contra, de la llamada “Propuesta de enmienda a la constitución”, mejor conocida en su inicio como pec 241 y posteriormente, tras ser aprobada, como pec 55. Esta ley congela el gasto social por veinte años. En esencia, esta ley limita los recursos para el financiamiento de políticas públicas que promueven los derechos sociales: salud, educación, asistencia y seguridad social.

Con la pec 55, el nuevo Estado brasileño abre un ciclo que está dando la pauta para que élites instauren sus proyectos políticos y modelos de desarrollo. En el nuevo contexto, la brecha de desigualdades puede aumentar con base en el argumento de que el Estado requiere una política de ajuste y austeridad en el gasto público. En los hechos, esta acción atenta contra los principios promulgados por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de la onu. Éstos consideran que toda medida de austeridad aplicada por cualquier Estado debe ser temporal, tomar en consideración todas las medidas posibles, no discriminar grupos vulnerables y ser producto de un consenso y legitimidad mediante la inclusión de diversos actores sociales (acnudh, 1976). Las condiciones en las que se ha aprobado esta ley en Brasil no siguen los principios planteados con anterioridad, y sí crean condiciones para la reproducción de desigualdades. La sociedad brasileña tiene ante sí un gran reto que requiere la suma de esfuerzos, voluntad política y el inicio de un nuevo ciclo de luchas por la defensa de lo que ha logrado.

Consideraciones finales: desprotección social y desigualdades persistentes.

Un país donde la desigualdad es muy grande nos obliga a plantearnos la necesidad de reflexionar en torno a los derechos y recursos que los integrantes de cualquier sociedad deberían disfrutar no sólo para sobrevivir, sino para alcanzar una mejor calidad de vida. El caso de Brasil muestra claramente que la generación de riqueza ha beneficiado a grupos de la población cada vez más reducidos. El aumento o disminución de la desigualdad están condicionados a los procesos económicos y políticos de larga duración, en los que diversos sectores desempeñan un papel central en la definición de un sistema de gobierno y un modelo de desarrollo que seguir. Convergen grupos oligárquicos y élites que han tenido una importante tradición en el control del país, así como diversas expresiones tanto de los gobiernos de izquierda como de la sociedad civil organizada (movimientos por la tierra, la vivienda, los derechos humanos), quienes en las últimas décadas han luchado por disminuir las brechas políticas y sociales.

La redemocratización suponía la capacidad de hacer política por parte de todos los miembros de la comunidad, y el establecimiento de mecanismos de toma de decisiones para mejorar las acciones redistributivas asociadas a la cuestión social y dirigidas a las poblaciones más vulnerables, concentradas principalmente en las periferias urbanas. Así, el reconocimiento de derechos y el acceso a las políticas sociales urbanas redujo una desigualdad vital y social. Sin embargo, la población mantuvo su estatus de desigualdad por exclusión al continuar siendo criminalizada y estigmatizada. En este sentido, la raza y el género han sido factores centrales en la reproducción y persistencia de la desigualdad social.

La difícil coexistencia entre un proyecto democrático y una hegemonía neoliberal, materializada en un sistema de economía mixta que incorpora a los sectores privados y públicos, muestra que las acciones gubernamentales no han sido suficientes para erradicar la desigualdad social. En el periodo de redemocratización de 1985, se mejoró la cobertura de ciertos servicios públicos, pero prevalecieron otras desigualdades.

Referencias

acnudh (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1976). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

Almeida, R. (2017). “A onda quebrada-evangélicos e conservadorismo”, Cadernos Pagu, núm. 50. Recuperado de <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332017000200302&lng=pt&nrm=iso>.

Anderson, P. (2011). “El Brasil de Lula”, Novos estudos, núm. 9, pp. 23-52.

Arretche, M. (2015). “Trazendo o conceito de cidadania de volta: a propósito das desigualdades territoriais”, en M. Arretche (coord.), Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole, pp. 193-248.

Avendaño, T. (2018). “El ejército brasileño anuncia mano dura con las favelas de Río de Janeiro”, El País Internacional, 21 de febrero. Recuperado de <https://elpais.com/internacional/2018/02/21/actualidad/1519174604_891877.html>.

Behring, E. R. e I. Boschetti (2011). Política social. Fundamentos e história. São Paulo: Cortez Editora.

Caldeira, T. P. (2000). Cidade de muros. Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

Campello, T. (2017). Faces da desigualdade no Brasil. Um olhar sobre os que ficam para atrás. São Paulo: Clacso / Flacso / Agenda Igualdade.

Chaves Teixeira, A. C. y L. Tatagiba (2005). Movimentos sociais. Os desafios da participação. São Paulo: Instituto Pólis / puc.

Cimadamore, A. y A. D. Cattani (2008). Producción de pobreza y desigualdades en América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre.

Costa Ribeiro, C. A. y R. Schelegel (2015). “Estratificação horizontal da educação superior no Brasil (1960 a 2010)”, en M. Arretche (coord.), Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole, pp. 133-161.

Cunha, J. M. (2015). “A migração interna no Brasil nos últimos cinquenta anos: (des) continuidades e rupturas”, en M. Arretche (coord.), Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole, pp. 279-297.

Cunha, J. M. (2011). “Mobilidade espacial, vulnerabilidade e segregação socioespacial: reflexões a partir do estudo da rm de Campinas”, en J. M. Cunha (ed.), Mobilidade espacial da população. Campinas: nepo, pp. 117-139.

Datafolha Instituto de Pesquisas (2013). “Metodologia. Os brasileiros e o trabalho”. Recuperado de <http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/trabalho_02012002.pdf>.

Datafolha Instituto de Pesquisas (2004). “86 % dos homens negros de São Paulo já foram parados pela polícia”. Recuperado de <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/1227480-86-dos-homens-negros-de-sao-paulo-ja-foram-parados-pela-policia.shtml>.

Davis, M. (2006). Planeta favela. São Paulo: Boitempo.

Feltran, G. (2010). “Margnes da política, fronteiras da violência: um ação coletiva das peferias de São Paulo”, Lua Nova. Revista de Cultura e Política, núm. 79, pp. 201-233.

Garza, J y M. Hernández (2019). “Condiciones de desigualdad y políticas sociales urbanas tras el retorno a la democracia en Brasil”, Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l’America Latina, año XI, núm. 21, pp. 51-69.

Goldstein, A. (2016). “La tormenta perfecta: crisis e impeachment en el segundo mandato de Dilma Russeff”, Análisis Político, vol. 29, núm. 88, pp. 90-104.

Goldstein, A. (2015). De la expectativa a la confrontación: Estado de S. Paulo durante el primer gobierno de Lula da Silvia. Buenos Aires: Universidad Autónoma de Buenos Aires / Sans Soleil / Ediciones Argentina.

Hevia, F. (2011). “Participación ciudadana institucionalizada y organizaciones civiles en Brasil: articulaciones horizontales y verticales en la política de asistencia social”, Revista de Estudios Sociales, núm. 39, pp. 95-108.

Hogan, D. J. (2002 ). “Movilidad poblacional, sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad social: una perspectiva latinoamericana”, en E. Leff (comp.), La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe. México: Semarnat / uam / ine / pnema, pp. 61-186.

ibge (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2016). “Síntese de indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira”. Río de Janeiro: ibge.

ibge (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2010). Atlas do censo demográfico 2010. Río de Janeiro: ibge.

Isunza, E. y A. Gurza Lavalle (2010). La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social. México: ciesas / uv.

Jaccoud, L. (2017). “A igualdade ainda é um valor a ser perseguido?”, Desigualdade em Movimento, São Paulo: Le Monde Diplomatique Brasil / Centro de Estudios da Metrópole / Oxfam Brasil, pp. 4-5.

López-Calva, L. y N. Lustig (2011). La disminución de la desigualdad en la América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.

Maia, K. y M. Arretche (2017). “A desigualdade em diferentes nuances”, Desigualdade em Movimento, São Paulo: Le Monde Diplomatique Brasil / Centro de Estudios da Metrópole / Oxfam Brasil, pp. 2-3.

Marques, E. (2015). “Condições habitacionais e urbanas no Brasil”, en Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole, pp. 249-277.

Marreiro, F. (2018). “Conmoción en Brasil por el asesinato de Marielle Franco, concejal y activista de Río”, El País Internacional, 15 de marzo. Recuperado de <https://elpais.com/internacional/2018/03/15/actualidad/1521080376_531337.html>.

Menezes, F. N. y C. Kirschbaum (2015). “Educação e desigualdade no Brasil”, en M. Arretche (coord.), Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole, pp. 109-132.

Ministerio do Trabalho (2017) “Modernizaçao trabalhista”. Recuperado de <http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/textos/Cartilha_LeiTrabalhistas_150x210_24pgs003.pdf>.

Mota, D. L. (2008). “Instituciones del Estado y la producción y reproducción de la desigualdad en América Latina”, en A. Cimadamore y A. D. Cattani (coords.), Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre, pp. 123-145.

Nivaldo, S. y B. Caram (2014). “Congresso eleito é mais conservador desde 1964”, Estadão, 6 de octubre. Recuperado de <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,congresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964-afirma-diap,1572528>.

Núñez, R. (2010). “Bienes esenciales y calidad de vida: revisión de los principales enfoques teóricos sobre el bienestar”, en G. Correa (coord.), Bienestar y desigualdad. México: uam, pp. 53-67.

oxfam (2017). A distancia que nos une. Um retrato das desigualdades brasileiras. São Paulo: Oxfam Brasil.

Priore, M. y R. Venancio (2010). Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta.

Rawls, J. (1978). Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica.

Rawls, J. y A. Sen (1994). Libertad, igualdad y derecho. Las conferencias Tanner sobre filosofía moral. Barcelona: Planeta-Agostini.

Rendón, A. (2004). “Porto Alegre, un modelo de presupuesto participativo”, Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 1, núm. 4, noviembre, pp. 9-36.

Reygadas, L. (2008). La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad. México: Anthropos / uam-Iztapalapa.

Reygadas, L. (2004). “Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional”, Política y Cultura, núm. 22, pp. 7-25.

Santos, B. (2004). “Presupuesto participativo en Porto Alegre: para una democracia redistributiva”, en Democratizar la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, pp, 391-484 .

Segatto, J. A. (2014). “Crise política e derrota da democracia”, en M. Ribeiro, 1964-2014: Golpe militar, história, memória e direitos humanos. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, pp. 41-62.

Sen, A. (1995). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial.

Singer, A. (2012). Os sentidos do Lulismo. Reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras.

Sousa, N. y B. Caram (2014). “Congresso eleito é mais conservador desde 1964”, Estado de S. Paulo. 6 de octubre. Recuperado de <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,congresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964-afirma-diap,1572528>.

Tedinelli, T. (2017). “Os parlamentares religiosos tendem a ser mais conservadores do que a população evangélica”, El País Internacional, 2 de diciembre. Recuperado de <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/02/politica/1512221378_127760.html>.

Valente, R. (2018). “Indústria pressiona por regras mais brandas para licença ambiental”, Folha de S. Paulo, 9 de abril. Recuperado de <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/industria-pressiona-por-regras-mais-brandas-para-licenca-ambiental.shtml>.

Walzer, M. (1993). Esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y de la igualdad. México: Fondo de Cultura Económica.

Zaremberg, G. (2017). “Mi meme te odia: redes sociales y giro a la derecha en Brasil”, en M. Torrico (coord.), ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Cambio político, políticas públicas y desempeño de gobiernos a inicios del siglo xxi. México: Flacso-México, pp. 57-88.

Ziccardi, A. (2001). “Ciudadanía y derechos sociales: ¿criterios distributivos?”, en A. Ziccardi, Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina. Buenos Aires: Clacso, pp. 85-126.

74 Entre 2002 y 2015, 28 millones de personas salieron de la pobreza, 12 millones de familias afrobrasileñas accedieron al sistema de educación básica (Oxfam, 2017; Campello, 2017).

75 Brasil cuenta con 190 755 799 habitantes, distribuidos en una superficie de 8 515 767 049 km2. Está formado por 26 estados y un distrito federal. Administrativamente, se divide en cinco regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur (ibge, 2010).

76 Un informe publicado por Oxfam Brasil en 2017, muestra que 5 % de la población de los más ricos tienen los mismos ingresos que el restante 95 % juntos, mientras que seis brasileños –todos hombres– concentran la misma riqueza que toda la mitad más pobre de la población, más de 100 millones de personas (Oxfam, 2017).

77 La distinción étnica en Brasil, histórica y socialmente, ha sido muy importante. Confluyen afrodescendientes, blancos y pardos; este último grupo, producto de mestizajes y en el que se incluye a los grupos indígenas.

78 Algunas de estas cuestiones históricas se discutieron previamente en el artículo “Condiciones de desigualdad y políticas sociales urbanas tras el retorno a la democracia en Brasil” (Garza y Hernández, 2019).

79 La realización de una persona puede entenderse como el vector de sus funcionamientos. Los funcionamientos pueden variar desde cosas elementales, como estar suficientemente alimentado, tener buena salud, evitar posibles enfermedades y mortalidad prematura, hasta logros más complejos y refinados, como el poder respetarse a sí mismo, el poder participar en la vida de la comunidad y ser feliz, entre otros (Sen, 1995).

80 Aunque estos sistemas fueron considerados importantes innovaciones institucionales que permitieron el acceso universal al derecho a la salud y la asistencia social, en la práctica aún existen muchos problemas para su realización en políticas públicas. El suas, por ejemplo, ha demostrado un desempeño deficiente de su red de servicios operados por instituciones público-privadas y la continuidad de prácticas de tutela en detrimento de la universalidad de los derechos sociales del ciudadano.

81 De esta manera, el número de pobres cayó de cerca de 50 a 30 millones en un lapso de seis años (Anderson, 2011).

82 No es la intención de este texto centrarse en la gestión pública y los motivos que llevaron al impeachment de la presidenta Russeff. Para un análisis más profundo de este caso, véase Zaremberg (2017).

83 La abreviatura lgbttti agrupa a las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexual.

Conflictos sociales, democracia y proyecto de país en Colombia: El dilema entre legalización del despojo y construcción de paz

Sandra Hincapié

Introducción

Las elecciones presidenciales en Colombia en 2018 se llevaron cabo en medio del aumento de líderes sociales asesinados, los cuales suman 123 entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2018, con una tendencia al alza sostenida desde 2014 (cacep, Marcha Patriótica, Indepaz, 2018). ¿Cómo puede comprenderse este escenario de crisis humanitaria a la luz de los proyectos políticos en disputa electoral?

En este capítulo examino la coyuntura electoral desde la perspectiva más amplia de la trayectoria histórica de los conflictos sociales (Pierson, 2015), que tienen como eje estructurante la concentración y el acaparamiento de la propiedad rural, y donde el mecanismo de la violencia ha sido el principal medio de control social. El estudio de la trayectoria histórica de estas dinámicas es imprescindible para explicar los proyectos políticos en disputa y las implicaciones para la construcción de paz en las próximas décadas.

Argumento que el triunfo del candidato Iván Duque, apoyado por todos los partidos tradicionales del país, representa una seria amenaza para las posibilidades de realización de derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, específicamente aquellas relacionadas con el despojo de tierras y el desplazamiento forzado, lo que favorece la impunidad y la legalización del despojo como expresión de poderosos intereses extractivistas y latifundistas detrás del más importante conflicto estructural que ha marcado las dinámicas de la guerra en Colombia.

Primero, trazo la trayectoria histórica de los conflictos sociales por la tierra, las respuestas estatales y sus coyunturas críticas a lo largo del siglo xx. Segundo, explico cómo en los últimos treinta años se llevó a cabo una contrarreforma agraria en donde el desplazamiento y el despojo por parte de las organizaciones criminales del paramilitarismo fueron los mecanismos por excelencia para la concentración de la tierra, lo que hizo posible un gran reordenamiento territorial del país. Tercero, analizo los resultados electorales a luz de estas dinámicas estructurales y concluyo retomando los principales planteamientos sobre las perspectivas del conflicto estructural por la tierra, teniendo en cuenta la explicación de largo plazo que planteamos y las posibilidades reales de respuesta a las demandas de inclusión y reconocimiento.

Trayectoria histórica y coyunturas críticas en los conflictos por la tierra

Desde sus inicios como Estado “independiente”, administrar las amplias extensiones de tierras disponibles fue una de las actividades estatales más importantes. Gracias a las reformas liberales de mediados de siglo xix, fue posible la expropiación de tierras a la Iglesia y a las comunidades indígenas, para su posterior titulación a terceros. La manumisión de manos muertas produjo una gran transformación en la propiedad de la tierra; para mediados del siglo xix, 75 % del territorio nacional eran terrenos baldíos, el papel que desempeñó el Estado en la titulación fue fundamental y las élites locales / regionales (indistintamente liberales o conservadoras) fueron sus grandes beneficiarias (Bergquist, 1981: 29).84

La titulación y legalización de tierras sólo fue posible dentro de la lógica de arreglos y componendas con los intermediaros locales según la afinidad en la afiliación a los partidos políticos (Palacios, 2003: 40). De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de poder de los políticos locales fue pieza clave para lograr la adhesión partidista de amplios sectores de la población en lugares inhóspitos, haciendo del bipartidismo el principal medio de sociabilidades políticas que posibilitó la apropiación privada de la tierra –factor fundamental de producción que dinamizó la agricultura de exportación y creó las condiciones del nuevo latifundismo comercial–.

Al iniciarse el siglo xx, específicamente durante la década de 1920, emergieron en Colombia conflictos por la tierra que dieron origen a la primera coyuntura crítica de movilización y protesta campesina que marcó las dinámicas de movilización y luchas por la tierra hasta el siglo xxi (LeGrand, 1988; Gilhodes, 1974; Mesa, 1972). En esta primera coyuntura crítica, las acciones colectivas protagonizadas por campesinos y un incipiente movimiento obrero estuvieron relacionadas con los cambios sociales y económicos basados en la consolidación de la economía cafetera y en un proceso gradual de modernización económica, emergencia de una burguesía nacional y la reconfiguración del mapa productivo y urbano del país. Dichas movilizaciones fueron intervenidas por parte de los gobiernos, que aplicaron una combinación de tímidas reformas85 con mucha represión.86

Agotado el proceso de colonización en la frontera interna en las montañas de los Andes, y una vez consolidada la integración de la economía cafetera, se multiplicaron los conflictos por la propiedad de la tierra entre terratenientes y campesinos, ya que estos últimos reivindicaron su condición de colonos, se negaron a permanecer en calidad de arrendatarios y a pagar tributos a los hacendados. Dicho conflicto fue en ascenso cuando la Corte Suprema de Justicia posibilitó en 1926 la titulación de terrenos baldíos a campesinos, lo cual creó mayores incentivos para la movilización.87 Al iniciarse la década de los treinta, los despidos y el desempleo ocasionaron una oleada de invasiones no sólo en terrenos baldíos, sino en terrenos de grandes haciendas, a la que respondieron los terratenientes con violencia, que generó procesos masivos de desplazamiento (Bergquist, 1981; LeGrand, 1995).

Como estrategia de contención de los conflictos agrarios, durante el gobierno de López Pumarejo (1934-1938) se promulgó la Ley 200, llamada Ley de Tierras en 1936, la cual se caracterizó por su moderación y protección de los intereses terratenientes, al derogar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 1926, y volver ilegal la ocupación de terrenos baldíos y el sentido mismo de las movilizaciones. La medida más radical (aunque inoperante por falta de voluntad política) establecía la posibilidad de expropiación por parte del Estado a tierras inexplotadas pasados diez años de expedida la ley (Palacios, 2011: 193-213).

A pesar de lo anterior, la promesa de expropiación futura a los latifundistas improductivos, unida a la retórica de López que presentó la Ley de Tierras como la gran respuesta estatal a las demandas campesinas, llevó a un declive en la movilización y al apoyo campesino al partido liberal en el gobierno, lo que cerró esta primera coyuntura crítica.88 Esta rápida concesión al gobierno liberal por parte de los campesinos se explica en buena medida por la ausencia de una organización política independiente del bipartidismo tradicional del orden oligárquico.89

Paradójicamente, los sectores adversos al reconocimiento de cualquier demanda popular que implicara aceptación y reformas económicas redistributivas se organizaron en una férrea movilización contrarreformista90 en la Acción Patriótica Económica Nacional (apen). La apen acusó al gobierno de López y su política agraria de radical, defendiendo la gran propiedad, según ellos amenazada por la referencia legal según la cual la propiedad tenía una función social que implicaba obligaciones (Tirado, 1981).

La acción de la apen rindió frutos rápidamente, y mediante la Ley 100, de 1944, se extendió el plazo para las expropiaciones a latifundios improductivos, y se promovió la explotación capitalista a favor de los intereses de los terratenientes (Henderson, 2006: 61).

Ante las promesas incumplidas del gobierno liberal, pronto resurgió con mayor violencia el conflicto distributivo irresuelto, agravado por el recurso hacendario a la represión. En esta segunda coyuntura crítica de luchas campesinas por la tierra, los campesinos, ignorados en sus demandas, volvieron a exigir una respuesta estatal, pero fueron reprimidos por ejércitos terratenientes con mayor vehemencia, lo que sumado a múltiples conflictos localizados, escaló el nivel de la confrontación. A la violencia de los grandes propietarios se sumó la represión de los gobiernos conservadores, así como diversas conflictividades regionales y locales, a las cuales se superpusieron las lealtades y disputas partidistas, lo que configuró un escenario de guerra civil que los estudios históricos han denominado como el periodo de la violencia (Roldán, 2003; Sánchez, 1995; González y Marulanda, 1990; Ortiz, 1985; Sánchez y Meertens, 1983).

Esta movilización armada profunda y extendida dejó un número aproximado de 168 451 muertos y 2 000 000 de campesinos desplazados internos (Oquist, 1978), los cuales fueron obligados a emprender un proceso de colonización armada al sur del país en dinámicas de migración-colonización-conflicto-desplazamiento forzado. Los intentos del gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957) por pacificar también fueron infructuosos, en tanto (de nuevo) se incumplieron los acuerdos a los campesinos que habían decidido dejar las armas (Guzmán et al., 1964: 104).

Aquellos campesinos movilizados que optaron por una estrategia de colonización al centro-sur del país fueron también perseguidos. En 1955, el ejército atacó un asentamiento de colonización campesina, donde causó decenas de muertos por medio del lanzamiento de bombas, ataques a la población civil, y produjo el desplazamiento de los colonos que habían llegado a esta zona en el proceso de colonización armada (Henderson, 1984: 238). El gobierno ejerció una fuerte censura a los medios durante este periodo para ocultar los hechos sucedidos en Villarrica y el recrudecimiento de la guerra en los departamentos de Tolima, Caldas, Huila, Valle y Cauca. Los campesinos armados, cuya principal reivindicación era la reforma agraria, producto del ataque y el desplazamiento, emprendieron una nueva colonización hacia el sur del país, lo que reprodujo las dinámicas de migración-colonización-conflicto-migración y cuyos remanentes dieron origen en la década de los sesenta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia farc (Vieira, 1989; Henderson, 1984; Fajardo, 1983).

Paradójicamente, mientras los campesinos se enfrentaban a la muerte violenta, la economía se encontraba en auge, la tendencia ascendente de los precios del café permitió a la élite colombiana servir de “bisagra” entre el mercado capitalista internacional y el mundo rural sumido en la violencia con modos de producción “precapitalistas” y tradicionales. La burguesía nacional, alrededor de la Federación Nacional de Cafeteros, nucleó los intereses de empresarios industriales vinculados también con la agroexportación y la importación; entre ellos no existieron antagonismos de fondo y siempre se cuidaron de mantener una práctica de equilibrio partidista. Por ello, durante la época de la violencia, a pesar de la retórica antagónica de la élite bipartidista, la disidencia popular fue desplazada por las dinámicas bélicas a la periferia, mientras las élites de ambos partidos se lucraron de las enormes ganancias de una economía en crecimiento (Pecaut, 2001).91

Mientras la violencia desbordaba todo cause de contención en el campo, la élite acordó una provisional junta militar que dio paso al acuerdo bipartidista y consociacional conocido como el Frente Nacional (Hartlyn, 1993). Este acuerdo del bipartidismo oficial pactó la alternancia en la presidencia y la paridad de la representación de las dos colectividades en todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás cargos de la administración pública.92

El primer gobierno del Frente Nacional creó en 1961 el Comité Nacional Agrario, conformado por la Iglesia católica, las fuerzas armadas, los partidos políticos y representantes del congreso, siguiendo los lineamientos de la Alianza para el Progreso diseñada por el gobierno de Estados Unidos y cuyo único resultado inmediato fue la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1962 (Balcázar et al., 2001: 10).

El Incora, al igual que el Comité Nacional Agrario, no desarrolló ninguna acción significativa hasta el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), quien intentó poner en marcha la prometida reforma agraria, con la intención de promover mayor dinamismo en el sector agrícola, dada la ineficiencia de las tierras improductivas del latifundio. Para ello, se dispuso de mayor impulso a la construcción de obras públicas de infraestructura y se creó por iniciativa gubernamental la Asociación de Usuarios Campesino (anuc) gracias al decreto 755, del 2 de mayo de 1967, y la resolución 061, de 1968.

La anuc buscó organizar en forma tutelada a los campesinos que pretendían ser beneficiarios del programa de reforma. Sin embargo, los campesinos pronto empezaron a reclamar mayor autonomía y se crearon divisiones frente a quienes seguían una afiliación partidista de apoyo al gobierno.

Muy rápidamente, con el cambio de gobierno se produjo un estancamiento en la iniciativa de reforma agraria; según un estudio realizado por la cepal, el proceso de redistribución de la propiedad llevado a cabo por el Incora no tuvo resultados, ya que “de un poco más de 71 000 aparceros inscritos en 1968 aspirando a 514 000 hectáreas, apenas se adquiere el 20 por ciento de las tierras para beneficiar al 12 por ciento de los aspirantes” (Balcázar et al., 2001: 13).

De acuerdo con lo anterior, como una constante en la trayectoria histórica, los diferentes gobiernos estatales, mediante sus políticas, no dieron respuestas efectivas al conflicto distributivo por la tierra e incumplieron sistemáticamente las promesas de reforma y modernización agraria. Como consecuencia, la movilización tomó un nuevo rumbo que dio paso a las tomas de tierras por parte de la anuc en Sucre y Córdoba, y dio inicio a una tercera coyuntura crítica.

En febrero de 1971, y ante la incapacidad del Incora para llevar a cabo una reforma agraria, la anuc realizó una movilización nacional en la que “recuperaron” 1 250 haciendas y latifundios improductivos. En agosto del mismo año, y ante la promulgación del “Primer Mandato Campesino”, el gobierno retiró la interlocución, tildando a los campesinos reclamantes de subversivos y comunistas (Machado, 2009; Reyes, 2008; Zamosc, 1990).

Los conflictos distributivos irresueltos y quienes exigieron su resolución por canales no partidistas, es decir sin acogerse a las prácticas clientelares del bipartidismo, fueron excluidos del acuerdo oligárquico o a ser considerados subversivos (Leal y Dávila, 1990).93 La utilización permanente del estado de sitio, las restricciones a la libertad de expresión y asociación, la criminalización de los movimientos sociales, organizaciones populares, campesinas, y en general de toda protesta social, fueron prácticas permanentes de contención de los conflictos sociales, que acrecentaron la inconformidad y crítica, así como la ilegitimidad y clandestinización de la oposición, que en buena medida explica el crecimiento y legitimidad de los grupos guerrilleros durante esos años (Santana, 1989; Pecaut, 1987; Leal, 1990).

Hasta aquí fueron tres las coyunturas críticas escenificadas en esta trayectoria histórica del conflicto por la tierra: la primera, de 1926 a 1936; la segunda, de 1945 a 1955, cuando se diluyen las reivindicaciones propiamente campesinas en el conflicto bipartidista; la tercera, de 1960 a 1975, cuando se dio la emergencia de reivindicaciones campesinas subalternas escindidas del bipartidismo tanto en su versión armada (guerrillas campesinas) como en su versión civil por medio de organizaciones políticas y sociales.

Estas coyunturas marcaron procesos de innovación en las formas de confrontación que fueron desde la organización social que buscó caminos de intermediación institucionales, las protestas y la toma de tierras, hasta la organización armada autodefensiva. La respuesta de contención de las autoridades estatales varió desde los intentos formales e infructuosos, todos, de redistribuir la estructura de la propiedad rural, hasta la rutinización del mecanismo de la violencia como forma de control social y la asociación de los reclamos colectivos a demandas “subversivas” y “comunistas”.

Paramilitarismo, despojo intensificado y contrarreforma agraria: la coyuntura crítica permanente

Al iniciarse la década de los ochenta, en Colombia se vivía un ambiente de crítica y movilización frente al gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), el cual había adoptado una política represiva al implantar el “Estatuto de Seguridad” que le dio a las fuerzas militares un amplio margen de acción y atribuciones judiciales. Toda clase de abusos y violaciones a los derechos humanos fueron causados en nombre de la lucha contrainsurgente, en contra de los movimientos sociales y cualquier acción colectiva que reivindicara las luchas sociales o representara una expresión política autónoma al bipartidismo oficial (Reyes, 1995; Pecaut, 1987).

Con la llegada al gobierno nacional de Belisario Betancur (1982-1986), el Ejecutivo dio un cambio en el manejo del conflicto armado al reconocer su dimensión política, las “condiciones objetivas y subjetivas” que causaron su origen y reproducción a lo largo del tiempo y promover vías de negociación pacífica con los alzados en armas. En consonancia con lo anterior, el gobierno de Betancur inició una serie de reformas que básicamente estuvieron dirigidas a buscar la incorporación al campo político de los alzados en armas, y asimismo se llevaron a cabo medidas de descentralización política, administrativa y fiscal que permitieron la redistribución de recursos de poder entre el centro y las regiones, así como la democratización de los escenarios locales (Hincapié, 2015; Santana, 1996).

Un efecto inmediato de las reformas fue la relocalización de diversos intereses que a partir de allí estuvieron íntimamente ligados a la disputa por el poder local y regional. La amalgama de élites regionales, sectores más conservadores de las élites políticas, militares, empresarios nacionales e internacionales, terratenientes y narcotraficantes, confluyeron en su reacción a los cambios, lo que abrió una puerta a la legitimación de la violencia del crimen organizado (Uprimny y Vargas, 1990). Esta reacción como coalición de intereses conservadores llevó a la respuesta violenta inmediata en algunas regiones del país que condujo al nacimiento del paramilitarismo contemporáneo y a la persecución de las nuevas alternativas políticas (Hincapié 2015; Behar y Ardila, 2012).

La constitución de 1991, en buena medida, cerró el ciclo de apertura iniciado en 1982, al llevar al nivel constitucional buena parte de las reformas políticas deseadas y exigidas por algunas guerrillas que decidieron desmovilizarse al aceptar esta oportunidad como una oferta de paz.94 Las reformas político-electorales bajaron los umbrales y dieron facilidades a partidos independientes; se profundizó la descentralización política y fiscal, y la participación95 y el reconocimiento de derechos políticos, económicos y sociales brindaron legitimidad a los reclamos históricamente sostenidos de redistribución y apertura a expresiones políticas subalternas en el poder estatal.

En relación con los conflictos por la tierra, la nueva constitución dio paso al reconocimiento de zonas de reserva campesina, la prohibición de acumular terrenos baldíos en manos de particulares, la creación de unidades agrícolas familiares, las zonas de comunidades especiales (indígenas, afrodescendientes), entre otras, reguladas en la Ley 160, de 1994.96

Este reconocimiento constitucional de derechos (que no implicó en ningún sentido su realización efectiva) tuvo una reacción enérgica de los sectores conservadores políticos, militares y económicos (legales e ilegales), siempre reacios a reconocer a los sectores subalternos y las demandas históricas de los campesinos. La tendencia iniciada en la década de los ochenta en el centro del país, de defender los feudos electorales y económicos mediante la acción de grupos paramilitares, se fue extendiendo por todo el país durante la década de los noventa. La convergencia de políticos locales, terratenientes y paramilitares que no estuvieron dispuestos a perder los privilegios y nuevos agentes económicos de dinámicas globales en las que se estaba insertando el país contribuyeron en la planificación estratégica de los territorios y en la configuración de hegemonías, reaccionarias a cualquier tipo de reformas redistributivas (Hincapié, 2015).

En un nuevo contexto económico, Colombia dio un giro en el pilar económico que pasó del café a la economía extractivista: minero-energética, agroindustrial y cocalera. La planeación del territorio para las nuevas condiciones de explotación incidió de manera decisiva en las dinámicas de expansión del conflicto armado en la medida en que la expansión del paramilitarismo respondió a la necesidad de adecuación territorial y social para hacerla posible (Hincapié y López, 2016). La nueva territorialidad rural capitalista se configuró gracias a la acumulación por desposesión (Harvey, 2003) de cientos de campesinos de sus tierras en el contexto de expansión, intensificación y degradación del conflicto armado (Fajardo, 2009; Mondragón, 2002).

La dinámica de acumulación por desposesión intensificada permitió una gran contrarreforma agraria en el país, que recurrió al desplazamiento forzado como estrategia de guerra. En este proceso de acaparamiento violento por medio del despojo, según el último informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados, Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo, con un número estimado de 7.2 millones de desplazados internos; seguido por Siria, con 6.3 millones; y Sudán, con 3.3 millones (idmc, 2017). Como se observa en la Gráfica 1, el número de personas desplazadas en Colombia encontró su pico más alto en 2002, y desde entonces se ha mantenido como una constante de las dinámicas de los conflictos sociales.

Según diferentes informes, cerca de 60 % de los desplazados entre 1995 y 2005 fue obligada a abandonar sus bienes (cec, 2006: 78; Procuraduría General de la Nación, 2006), fincas y parcelas, que se estima, suman entre 4 y 6.8 millones de hectáreas (Banco Mundial, 2004). Las cifras sobre la tierra usurpada varían, desde los cálculos más bajos de 4.4 millones de hectáreas, hasta los más elevados, elaborados por el propio movimiento de víctimas, que computan el saqueo en por lo menos 10 millones de hectáreas. Todas estas cifras son aproximaciones dada la falta de información sistemática por parte del gobierno o de organismos especializados. A pesar de haber sido reconocido el desplazamiento forzado masivo desde 1997 por la Corte Constitucional, hasta 2003 no se empezaron a tomar medidas efectivas para el registro de los bienes abandonados o arrebatados por la población desplazada (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004).

Gráfica 1. Total de población desplazada forzadamente en Colombia, 1985-2016.

Elaboración propia con datos de idmc y codhes.

Para 2009, el Informe Nacional de Desarrollo Humano con enfoque rural registró un índice de Gini de propietarios de 0.87 y de concentración de la tierra de 0.86 en todo el país (pnud, 2011: 197). A partir de los datos aportados por el censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia realizado en 2014, se puede establecer un aumento en la concentración de la tierra con un índice de Gini de 0.897. Según los indicadores construidos por Oxfam, Colombia es el país con la mayor tasa de desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina, donde 1 % de las explotaciones de mayor tamaño maneja más de 81 % de la tierra: “Los nuevos datos confirman una preocupante y acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones, las cuales han ido acaparando una fracción cada vez mayor del territorio a costa del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas” (Oxfam, 2016: 9).

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se garantizaron las condiciones favorables para desmovilizar y legalizar algunas estructuras paramilitares. Diversos colectivos de organizaciones sociales de víctimas y derechos humanos reclamaron una ley de víctimas que se acogiera a las disposiciones internacionales y garantizara el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las violaciones cometidas. Sin embargo, algunas iniciativas presentadas como formas de reparación a las víctimas del conflicto armado terminaron en escándalos de simulación, al develarse la corrupción para favorecer a intereses privados de latifundistas.97

El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), ante la presión por diversos fallos de la corte constitucional en los que obligaba al gobierno nacional a desarrollar políticas efectivas de reparación,98 unida a los reclamos de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, decidió apoyar una iniciativa de ley de víctimas ante el congreso de la república, donde finalmente se aprobó.99

En este nuevo contexto tuvo origen la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448, de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Esta ley se promulgó el 10 de junio de 2011 en un gran espectáculo público al que asistieron todas las ramas del poder estatal y organismos internacionales, entre los que destacó la presencia del secretario general de la onu, Ban Ki-moon.

A lo anterior se suma el Acuerdo Final, producto de las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las farc, firmado en noviembre de 2016. En dicho acuerdo, la reparación a las víctimas del conflicto armado es fundamental, como lo es también la realización de una “reforma rural integral”, en respuesta a una demanda histórica y eje medular de los conflictos irresueltos del último siglo. La reforma rural integral propuesta en el acuerdo tiene tres componentes esenciales: acceso y uso de tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales sintonizados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. En julio de 2018, la corte constitucional dio vía libre al decreto que permitía su aplicación, al crear instrumentos y establecer los procedimientos para dar seguridades jurídicas a los campesinos y promover algunas de estas iniciativas en el sector rural.

Mientras todas estas buenas intenciones están en el papel, desde el momento de la promulgación de la ley de víctimas, las organizaciones campesinas, reclamantes de tierras, comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, aunque reconocían la iniciativa y el cambio en la retórica del gobierno nacional, señalaron la incapacidad de éste para administrar un proceso con más de cinco millones de víctimas de desplazamiento, el control paramilitar de los órganos de justicia encargados de verificar las tierras aptas para la restitución y, finalmente, la imposibilidad de garantizar la vida de los reclamantes.

Lamentablemente, el tiempo les dio la razón. En la medida en que se empezaron a reconocer como legítimas las demandas de las víctimas del conflicto armado, en especial las relacionadas con la tierra, los líderes que promovieron procesos de restitución fueron estigmatizados y perseguidos continuando con la trayectoria histórica de violencia como contención de los conflictos y respuesta a las reivindicaciones sociales. Como se aprecia en la Gráfica 2, a partir de 2011, año en que se promulgó la ley de víctimas, el asesinato de líderes sociales ha tenido un aumento sostenido.

Son diferentes las estrategias que se utilizan para desactivar la movilización de los reclamantes de tierras a favor del statu quo de la tenencia actual de la tierra: 1) estigmatización y señalamientos, 2) amenazas, 3) judicializaciones, 4) asesinatos, 5) desplazamiento forzado, 6) confinamientos o cercos a las comunidades campesinas e indígenas (cinep, 2012: 4). En julio de 2018, la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Fernando Carrillo, publicó el informe “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”, y sus conclusiones son claras y contundentes: “El informe concluye que existe una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas por la defensa de los derechos a la tierra y el territorio; que la sistematicidad en las violaciones a los derechos de los ddt se identifica a partir de dos tipos de patrones de violencia, uno que ocurre al margen del aparato estatal y otro que está relacionado con las instituciones del Estado” (pgn, 2018:16).

Gráfica 2. Dirigentes sociales asesinados en Colombia, hombres y mujeres, 2002-2017.

Elaboración propia con datos de Programa Somos Defensores, Indepaz, Marcha Patriótica y cacep.

Un orden de injusticia legitimado en las urnas

Como hemos visto hasta aquí, los conflictos por la tierra están íntimamente ligados al modelo de país extractivista promovido desde el Estado, el cual ha legitimado el despojo al ejercer una contención violenta de los reclamos colectivos y favorecer intereses particulares. Los últimos treinta años estuvieron marcados por la expansión del paramilitarismo que permitió el reordenamiento territorial en Colombia a partir de las más graves violaciones de derechos humanos, justificadas a partir de un discurso contrainsurgente que en los hechos llevó a un acaparamiento violento de las oportunidades, sin precedentes en el país y en total impunidad. Éste fue precisamente el eje medular en disputa en las campañas políticas a la presidencia de la república colombiana durante 2018.

Las preguntas sobre los resultados electorales son obvias: ¿Por qué, a pesar de la evidencia, este orden injusto es legitimado en las urnas?

Ninguna respuesta es sencilla. Algunos adjudican los resultados electorales a la prevalencia de una visión citadina alejada del drama de la guerra en la Colombia rural. Sin embargo, la academia colombiana, organizaciones civiles, así como el Centro de Memoria Histórica, han hecho un esfuerzo enorme por escribir, retratar y contar la barbarie de nuestra guerra más reciente. Son tantas las heridas, los niveles tan dispares (pero no por ello menos importantes para cada uno), que no podríamos encontrar una sola persona que no hubiese sido afectada por la guerra de alguna manera.

En Colombia no hay desconocimiento sobre lo que ha pasado en la guerra, las atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo, especialmente ahora en el sur del país. Los desplazados de manera forzada son vistos por todos mendigando en las esquinas de los semáforos, en las calles, y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Los desplazados han sido por décadas parte del paisaje urbano; no hay quien no conozca historias terribles contadas por sus propios protagonistas.

¿Entonces por qué prevalece la indolencia o el odio frente al otro? Una de las muchas posibles explicaciones está en la responsabilidad que tienen las élites civiles y militares que, aun habiendo causado tanto daño, se disputan la superioridad moral para querer hacer valer su propio relato y defender su lugar en esta historia trágica. Por eso, en periodos de campañas electorales, entre más se trata de convencer a sus electores de que se está del lado de la “razón” y la “verdad”, más odio (miedo) se produce en los oponentes y sus seguidores.

Tal vez uno de los peores males de la sociedad colombiana está ligado al “animus belli” presente en los civiles, más allá de los ejércitos enfrentados. Aunque esa lucha sea alimentada por un tercio de la población, es tal el encono y la resonancia en los diferentes medios masivos, que parece omnipresente e inevitable la toma de posición frente a la polarización.

Más allá de los hechos ciertos, exhaustivamente documentados, o a la vista de todos, como el despojo para megaproyectos extractivistas, el acaparamiento de las mejores tierras en manos de terratenientes y el crecimiento desmesurado de la riqueza de los grupos económicos que monopolizan la banca, los medios y todos los sectores importantes del país, cuesta entender el apoyo social de los sectores más vulnerables a causas que ciertamente defienden a los verdugos financiadores y beneficiarios de la guerra reciente. Nos olvidamos de que, más allá de los hechos, aquello en lo que uno cree en el presente no es menos cierto que todo lo que ha visto suceder o que ha sufrido en el pasado.

Por eso se equivocan quienes creen en su superioridad moral basada en “la verdad” de lo que sucedió, y en que el problema es la ignorancia de quien defiende a sus propios verdugos. Ése ha sido uno de los obstáculos más formidables que enfrentamos para construir una paz posible, una paz sostenible, una paz alguna, la que sea.

El país pacificado a punta de balazos dejó grabado un ethos profundamente contrainsurgente que es alimentado a diario. Buena parte de la izquierda aún no entiende que pesa más una telenovela de rcn sobre los Castaño, donde se presentan como héroes, que 100 libros escritos de investigaciones académicas que cuenten lo que pasó.

El odio carcome aún más a buena parte de la población del centro del país, cuando los que hicieron parte de las guerrillas, a las que se le adjudican todos los males pasados y por venir, son incapaces de admitir un pedazo de la responsabilidad por lo que sucedió y se sienten autorizadas para levantar el dedo acusador. No se trata sólo de ignorancia, clientelismo o corrupción cuando un campesino de Antioquia, Caldas o Risaralda se siente profundamente identificado con aquel que se enorgullece de madrugar todos los días a “trabajar, trabajar y trabajar”, porque “no necesita que le regalen nada”, y que sufrió profundamente el asesinato de su padre a manos de la guerrilla.

Cuando atacan a Uribe, o a su candidato, los atacan a ellos también, ese sector popular del centro del país que se ve tan fielmente representado en su liderazgo, por más que se demuestre su complicidad en actos de corrupción, su participación nodal en graves crímenes contra la humanidad, el desplazamiento forzado, la persecución ilegal a sus contendientes políticos, a quienes han tratado de investigarlo y hacer justicia, así como el asesinato de quienes se han atrevido a testificar en su contra.

No es menos cierto que los más grandes beneficiados de la barbarie no son siquiera nombrados, los grandes grupos económicos y las élites políticas que nunca tuvieron que “ensuciarse las manos” para hacer el gran reordenamiento territorial en Colombia. Eso lo saben los seguidores de Uribe, y por eso Santos fue considerado un traidor.

Suponiendo que una amplia coalición hubiese acompañado a Gustavo Petro, como ocurrió en la segunda elección presidencial de Santos, los retos del futuro gobierno hubieran sido enormes: ¿habría podido aprobar un solo proyecto de ley con un congreso mayoritaria y abrumadoramente en contra? ¿Para imponerse, hubiese cerrado el congreso y convocaría una constituyente para darle la razón a sus adversarios? ¿Cómo hubiera hecho frente a la reacción inmediata de los grupos económicos beneficiarios del paramilitarismo? ¿Qué hacer en las regiones para salvar los liderazgos sociales que ya son hoy sobrevivientes del exterminio? ¿Cómo contener, en un país paramilitarizado, la agresividad ideológicamente fundada en el fantasma del “castrochavismo” en el poder?

Para el sector de la población que apoya a Iván Duque, en un hipotético gobierno petrista, donde décadas de guerra dejaron el ethos contrainsurgente a flor de piel, aunque sólo se les devolviera el pago de horas extra que les quitó el gobierno de Uribe, y se aplicara una política educativa que permitiera el acceso a la universidad pública y de calidad, buena parte de la población vería con cada acción la justa demostración de dar pasos agigantados hacia el “comunismo” venezolano o cubano.

Más allá de la polarización que sólo beneficia las recriminaciones mutuas, para otro sector de la población, que no está de acuerdo con los candidatos de la continuidad de este orden de injusticia, no sólo se trata de la verdad, sino también, de quién está autorizado moralmente para contarla y señalar culpables. Una parte importante del centro político no polarizada tampoco estuvo dispuesta a votar por Gustavo Petro, sin que eso significase un apoyo al candidato del establecimiento Iván Duque.

Hace muchos años, Iván Orozco Abad (2003) escribió un lúcido ensayo en el cual señalaba que uno de nuestros más grandes problemas era que los guerreros (civiles y militares), de todos los bandos, se presentaban a sí mismos como “víctimas-victimarios inocentes”, mientras que a sus contrarios los representaban como “victimarios-víctimas culpables”. Dicha retórica ha buscado siempre hacer creer que la responsabilidad sobre el daño causado por parte de alguno de los ejércitos recae en un agravio anterior y que arrastró a la “víctima” a ejercer “justicia por mano propia”.

Ha pasado tiempo, y ése sigue siendo el comportamiento de nuestros liderazgos políticos y lo que no se soporta del otro. De ahí que una parte del centro político sigue esperando una opción posible, lejos de la polarización y las batallas por la superioridad moral para castigar y definir los verdugos. En Colombia, la guerra ha sido terrible, y merecemos tener la posibilidad de construir un país distinto.

Conclusiones

A lo largo de este capítulo se han identificado cuatro coyunturas críticas en la trayectoria histórica de los conflictos por la tierra en Colombia: primero, de 1926 a 1936; segundo, de 1945 a 1955; tercero, de 1960 a 1975; cuarto, de 2011 a 2014. Al analizar los diferentes momentos de auge y declive en las movilizaciones, se puede concluir que los gobiernos nacionales del último siglo han ofrecido pocos intentos formales (infructuosos todos) por redistribuir la estructura de propiedad rural en Colombia. Asimismo, los pocos intentos de reforma que se llevaron a cabo contaron con la férrea oposición de diversos sectores conservadores, terratenientes y latifundistas que no dudaron en recurrir al mecanismo de la violencia como medio de contención y exterminio de las reivindicaciones campesinas.

Esa dinámica, lejos de transformarse al encontrar mecanismos estatales para la resolución del más importante conflicto social, ha sido reforzada a lo largo del tiempo. Las élites sociales, políticas, económicas y militares en las tres últimas décadas, lejos de ofrecer y exigir una salida temprana a esta dolorosa y endémica guerra, interviniendo las “causas estructurales” que habían detonado el conflicto político armado, las recrudecieron, las endurecieron, las agravaron y las hicieron más profundas.

En los últimos treinta años, al calor de los fusiles se llevó a cabo una contrarreforma agraria mediante el desplazamiento forzado masivo de campesinos, que llevó a un grado mayor la ya históricamente concentrada propiedad de la tierra en el país. Los múltiples beneficiarios de la acumulación por despojo intensificada en las últimas décadas, propietarios, hacendados, ganaderos, empresas extractivas (nacionales e internacionales), paramilitares, políticos locales y nacionales, han sido además opositores de la apertura de espacios de participación, la salida negociada al conflicto armado y la reivindicación de derechos de las poblaciones subalternas.

Con una hegemonía consolidada y su posición privilegiada en el entramado de las organizaciones estatales, han logrado preservar sus intereses e imponerlos a toda la sociedad, y presentado los reclamos colectivos como una amenaza “castro-chavista” insurgente y terrorista. De ese modo han defendido el status quo conseguido por la guerra, lo que ha generado un ambiente de temor a la movilización gracias a los asesinatos, amenazas y hostigamientos de los líderes reclamantes de tierras en todo el país por parte de organizaciones paramilitares que han llegado incluso a autonombrarse expresamente como ejércitos antirrestitución en algunas regiones.

Con este panorama desolador, la implantación y el desarrollo de los proyectos en la expansión extractivista, que ahora se libra a sangre y fuego al sur del país, está más que garantizada en los próximos cuatro años del gobierno de Iván Duque. A pesar de todo, las organizaciones sociales, campesinas, étnicas y populares seguirán construyendo alternativas de futuro y proyectos de defensa territorial de la devastación extractivista. Una Colombia que se niega a desaparecer; y por el contrario, sigue sembrando semillas de esperanza para la defensa de esa Colombia biodiversa, ambiental, humana y abierta para todos.

Referencias

Archila, M. (1991). Cultura e identidad obrera: Colombia 1910-1945. Bogotá: Cinep.

Balcázar, Á. (2001). Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria. Santiago de Chile: cepal / Naciones Unidas.

Banco Mundial (2004). Colombia: una política de tierras en transición. Bogotá: Universidad de los Andes.

Behar, O. y C. Ardila (2012). El caso Klein: el origen del paramilitarismo en Colombia. Bogotá: Icono.

Bergquist, C. (1981). Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias. Medellín: faes.

cacep, Marcha Patriótica e Indepaz (2018). Informe especial de derechos humanos. Situaciones de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de la farc-ep y sus familiares. Bogotá: Heinrich Boll Stufins.

cec (Conferencia Episcopal de Colombia) (2006). Desafios para construir nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995-2005. Bogotá: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

Cecilia, L. (2010). “Carimagua, un modelo desplazador”. Recuperado de <www.semana.com/documents/doc-1673_2008822.pdf>.

cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) (2012). Estudio de caso. Fondo de protección para defensores/as del derecho a la tierra “Defender la Tierra”. Bogotá: International Land Coalition.

Fajardo, D. (2009). Territorios de la agricultura colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Fajardo, D. (1983). Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia. Bogotá: Oveja Negra.

Gilhodes, P. (1974). Las luchas agrarias en Colombia. Bogotá: La Carreta.

González, J. J. y E. Marulanda (1990). Historias de frontera: Colonización y guerras en el Sumapaz. Bogotá: Cinep.

Guzmán, G., E. Umaña y O. Fals Borda (1964). La violencia en Colombia: estudio de un proceso social. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.

Hartlyn, J. (1993). La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá: Uniandes / Tercer Mundo.

Harvey, D. (2003). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.

Henderson, J. (2006). La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia / Universidad Nacional de Colombia.

Henderson, J. (1984). Cuando Colombia se desangró: un estudio de la violencia en metrópoli y provincia. Bogotá: El Áncora.

Hincapié, S. (2015). “Conflicto social, reformas estatales y crimen organizado en México y Colombia, 1982-2012”, en Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil. Bogotá: Ediciones UniAndes / Flacso-México, pp. 3-44.

Hincapié, S. y J. López (2016). “Derechos humanos y bienes comunes. Conflictos socioambientales en Colombia”, Desacatos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 51, pp. 130-141.

idmc (International Displacement Monitoring Center) (2017). “Global Report on Internal Displacement”. Recuperado de <http://www.internal-displacement.org/global-report/ grid2017/>.

ilsa (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos) (2012). Zonas de reserva campesina. Elementos introductorios y de debate. Bogot: ilsa.

Leal, F. (1990). Estado y política en Colombia. Bogotá: Siglo XXI.

Leal, F. y A. Dávila (1990). El clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Legrand, C. (1995). “Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana, 1850-1936”, en G. Sánchez y R. Peñaranda (eds.), Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: Cerec, pp. 127-165.

Legrand, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

López, C. (2008). “Carimagua, un modelo desplazador”. Semana, documentos electrónicos, julio de 2008.

Machado, A. (2009). Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Mesa, D. (1972). El problema agrario en Colombia 1920-1960. Bogotá: El Tigre de Papel.

Mondragón, H. (2002 ). Colombia: o mercado de tierras o reforma agraria. Bogotá: anuc ur / Fensuagro.

Orozco, I. (2003). “La posguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación”, Análisis Político, núm. 46, pp. 78-99.

Orquist, P. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos.

Ortiz, C. M. (1985). Estado y subversión en Colombia. Violencia en el Quindío, años 50. Bogotá: Cerec.

oxfam Colombia (2016). “Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agrario sobre la distribución de la tierra en Colombia”. Bogotá: oxfam Colombia.

Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: fce / Universidad de los Andes.

Palacios, M. (2003). Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994. Bogotá: Norma.

Pecaut, D. (2001). Orden y violencia. Evolución sociopolítica de Colombia entre 1930-1953. Bogotá: Norma.

Pecaut, D. (1987). Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988. Bogotá: Siglo XXI.

pgn (Procuraduría General de la Nación, Colombia) (2018). “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”. Bogotá: pgn.

pgn (Procuraduría General de la Nación, Colombia) (2006). “Proyecto control preventivo y seguimiento a las políticas públicas en materia de reinserción y desmovilización”. Bogotá.

Pierson, P. (2015). “Power and Path Dependence”, en J. Mahoney y K. Thelen (eds.), Advances in Comparative Historical Analysis. Nueva York: Cambridge University Press, pp. 123-146.

pnud (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2011). “Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano”. Bogotá: pnud.

Reyes, A. (2008). Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Editorial Norma.

Reyes, A. (1995). “Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias”, Analisis Político, núm. 12, pp 35-41.

Roldán, M. (2003 ). A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, años 1946-1953. Bogotá: icah.

Sáez, E. (1993). La ofensiva empresaria. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores / Uniandes.

Sánchez, G. (1995). Los estudios sobre la violencia. Balance y perspectiva. Bogotá: Cerec.

Sánchez, G. y D. Meertens (1983). Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora Editores.

Santana, P. (1996). “Diez años de descentralización”, Revista Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, núm. 29, pp. 23-33.

Santana, P. (1989). Los movimientos sociales en Colombia. Bogotá: Foro Nacional por Colombia.

Tirado, Á. (1981). Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo 1934-1938. Bogotá: Gráficos Cabrera e Hijos.

Uprimny, R. y A. Vargas (1990). La irrupción del para Estado. Bogotá: Fondo Editorial Cerec / ilsa.

Uprimny, R. y N. C. Sánchez (2010). “Los dilemas de la restitución de tierras en Colombia”, Estudios Socio-Jurídicos, vol. 12, núm. 2, pp. 305-342.

Vieira, G. (1989). Combinación de todas las formas de lucha. Bogotá: Suramérica.

Wills, M. E. (2002). “Inclusión partidista y exclusión cultural en Colombia: pistas para comprender su relación”, Análisis Político, núm. 46, pp. 44-77.

Zamosc, L. (1990 ). “Campesinado y las prespectivas para la democracia rural”, en F. Leal (ed.), Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá: Iepri / Tercer Mundo Editores.

84 Dice Catherine LeGrand, en uno de los trabajos más amplios sobre el conflicto por la tierra para dicho periodo: “El aspecto colonial del campo colombiano empezó a transformarse solamente con el desarrollo de una economía agrícola exportadora después de 1850. La integración de Colombia a los mercados mundiales como exportadora de productos tropicales agrícolas y forestales fomentó la ampliación espectacular de la economía rural hacia las regiones de baldíos” (1988: 27).

85 En 1922 se aprobó una ley de seguridad social, y en 1924 se creó una Oficina del Trabajo como dependencia del Ministerio de Industria. En 1926, se aprobó una ley según la cual a ningún trabajador podía pedírsele que trabajara los domingos (Henderson, 2006: 231).

86 La Masacre de las Bananeras, el 5 de diciembre de 1928, donde fueron asesinados por parte del ejército decenas de obreros en medio de una huelga de más de 25 000 trabajadores, es el epítome de la intransigencia de los gobiernos de las dos primeras décadas del siglo xx colombiano (LeGrand, 1988: 202). En 1924 y 1927 las protestas lideradas por Raúl Eduardo Mahecha en las instalaciones de la Tropical Oil, en las que se exigían mejoras en las condiciones laborales y aumentos salariales, fueron reprimidas por el gobierno nacional; las reivindicaciones laborales fueron combatidas a “sangre y fuego” y ridiculizadas por los agentes estatales como innecesarias, ya que, según sus argumentos, el aumento de salarios sería utilizado en “pasatiempos disolutos” (Henderson, 2006: 225; Archila, 1991).

87 En 1926 la Corte Suprema de Justicia diferenció entre las tierras de propiedad privada y las tierras baldías del Estado; esta decisión fue un punto nodal que activó las protestas campesinas, en tanto los campesinos fueron conscientes de la apropiación ilegal que habían hecho los grandes hacendados desde finales del siglo xix al expandir la frontera interna y buscar mano de obra, que desplazó a los colonos y los volvió arrendatarios.

88 Una de las principales reformas durante el primer gobierno de López Pumarejo fue la aprobación del sufragio masculino que reemplazó al voto censitario, así como la posibilidad de asociación sindical. Estas dos reformas reforzaron su imagen de líder popular.

89 Anota Maria Emma Wills: “Los sectores populares se confundieron demasiado con las élites por la vía de las redes clientelistas, y a la vez se distinguieron, o los distinguieron, de manera tan tajante de los ‘cultos’, que no fueron ni ‘lo mismo’ como para tener los mismos derechos de opinión y decisión política que los ‘de arriba’, ni tan distintos como para percibirse a sí mismos como ‘otros’ y articular de manera autónoma una visión propia del mundo” (Wills, 2002: 46).

90 Desde su posesión, el gobierno de López se enfrentó a una fuerte oposición donde convergían intereses del partido conservador, la Iglesia católica, los industriales (especialmente antioqueños), terratenientes, algunos agentes de las fuerzas militares, así como intereses de capitales de la Alemania nazi, los cuales presionaron fuertemente al gobierno y participaron en la elaboración de planes golpistas que terminaron por imponer la renuncia del presidente a mediados de 1945 en su segundo gobierno, iniciado en 1942, y la elección del conservador Mariano Ospina Pérez para el periodo 1946-1950 (Sáenz, 1993).

91 Al respecto, dice Daniel Pecaut: “El presidente de la andi, José Gutiérrez Gómez, no duda en pregonarlo en el momento mismo: ‘La situación colombiana es la mejor que se haya jamás conocido […] Es vano endilgar a las élites económicas liberales sentimientos muy diferentes a los manifestados por las élites conservadoras […] se puede probar que detrás de la prédica de la resignación frente a la elección de Laureano Gómez lo que existe principalmente, en la inmensa mayoría de los hombres de negocio liberales, es el anhelo de sentarse en la mesa del festín’” (2001, 577).

92 Según el Acto Legislativo núm. 1, de 1958. La reforma institucional también favoreció a la Iglesia católica por medio de privilegios y garantía de su autonomía; los gremios tuvieron mayor poder de decisión en la política económica, y se le dio mayor autonomía a las fuerzas militares.

93 Para Marco Palacios, el Frente Nacional fue “la edad dorada de los llamados pactos de caballeros entre el alto gobierno y organizaciones como andi, Fenalco, la Asobancaria o la sac. La influencia de los grupos selectos regionales se hizo sentir a través de la cvc en el sur occidente, la car en la Sabana de Bogotá, o Fedegan en Antioquia, para mencionar algunas de las más prominentes. Pactos e influencias que dieron al régimen un aire oligárquico” (Palacios, 2003: 240-241).

94 M-19, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Quintín Lame y el Ejército Popular de Liberación. En ninguno de dichos acuerdos de paz se discutió el conflicto por la tierra que fue históricamente defendido por las farc, y la principal razón por la cual en ese momento no avanzaron los acuerdos.

95 Desde el primer artículo de la nueva constitución, se declaró a Colombia como una república “democrática, participativa y pluralista”; la participación apareció transversalmente en toda la constitución considerada como principio, como derecho y como mecanismo de “empoderamiento” ciudadano.

96 Las zonas de reserva campesina fueron una figura legal creada en la Ley 160, de 1994, en su capítulo XIII, “Colonización, zonas de reserva campesina y desarrollo empresarial”, concebida como una estrategia productiva y ambiental donde los campesinos colonos podían estabilizarse en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales (Mondragón, 2002). Dos años después, y recurriendo a diversos mecanismos de presión por parte de los campesinos, la ley fue reglamentada por medio del Decreto 1777, de 1996 (ilsa, 2012: 17-26). A pesar de ser una figura legal como propuesta alternativa a campesinos despojados, las zonas de reserva campesina han sido estigmatizadas como enclaves insurgentes; y aquellos que han reivindicado su utilización, considerados guerrilleros.

97 El caso de Carimagua es paradigmático. El proyecto, que se presentó inicialmente como una propuesta de asentamiento y desarrollo productivo rural para beneficiar a la población desplazada, se cambió por la entrega, por parte del Estado, a grandes empresarios (quienes apoyaron la campaña de Álvaro Uribe Vélez) para cultivos de palma africana. Cf. López (2008).

98 En 2009, la Corte Constitucional emitió el auto de seguimiento 008 a la sentencia T-025, de 2004, por medio de la cual evaluó la política pública de atención a las víctimas de desplazamiento forzado; dicha evaluación llevó a ordenar una reformulación de la política de tierras, en la cual “se implementaran medidas efectivas para conocer la magnitud del despojo y garantizar la restitución de los bienes, a través de mecanismos adecuados para resolver los trámites a que dieran lugar las reclamaciones por parte de las víctimas” (Uprimny y Sánchez, 2010: 310).

99 Este proyecto de ley había sido presentado al congreso de la república por el Partido Liberal en 2007, y fue hundido en su momento por la bancada del gobierno, a petición del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Paraguay: La paradoja del crecimiento económico con altos costos sociales y ambientales

Sarah Patricia Cerna Villagra

Liz Lorena Soto Coronel

Adriana Edith Rodas Benegas

Introducción

El sorprendente crecimiento económico de Paraguay de la última década (2008-2018) se ha producido como resultado de un modelo agroexportador basado en materias primas como la soja y sus derivados, la carne, el maíz, el sésamo, el trigo y el carbón. Este país sudamericano ha sido de los menos afectados por la crisis internacional (2008-2013) que afectó a la región entre 2010 y 2013, periodo en el cual mantuvo un crecimiento bajo pero constante, a diferencia de sus pares del cono sur que presentaron cifras deficitarias.

Este crecimiento económico se ha logrado a costa de un modelo cuyo impacto social y ambiental es considerable, dados los desplazamientos rurales-urbanos de agricultores expulsados del campo por la agricultura mecanizada y las altas tasas de deforestación para dar paso al cultivo de oleaginosas y la pastura para la ganadería. En esta línea, este trabajo busca explicar los principales problemas políticos y sociales de Paraguay durante el siglo xxi, que se considera son los siguientes: 1) la deuda histórica de la democracia paraguaya con la representación política de las mujeres en los cargos de elección popular; 2) los sucesivos conflictos agrarios por la disputa por el territorio dedicado al cultivo entre el modelo agroexportador y la agricultura a pequeña escala; 3) los altos costos socioambientales del “exitoso” modelo económico agroexportador, y 4) la baja presión tributaria que favorece a los sectores más robustos de la economía paraguaya.

En esta línea, el trabajo se divide en las siguientes secciones: en la primera, se delinean las principales características del sistema político paraguayo; en la segunda, se presentan datos sobre la evolución de la representación descriptiva de las mujeres en la democracia; en la tercera, se brindan datos sobre el “exitoso” crecimiento económico paraguayo; y en la última, se explica el impacto social y ambiental del modelo productivo agroexportador.

Metodología del capítulo

La metodología de investigación de este trabajo es cualitativa y se busca una aproximación empírico-descriptiva de los principales problemas estructurales de la sociedad paraguaya, en torno a las siguientes temáticas: 1) representación política desde una perspectiva de género; 2) modelo económico agroexportador versus el modelo agrícola familiar, y 3) el impacto socioambiental del modelo económico: la expulsión sistemática de trabajadores rurales del campo para dar paso a la agricultura mecanizada y la ganadería de pastura, y la deforestación progresiva de grandes extensiones para dar paso al cultivo de oleaginosas a gran escala.

Contexto político, económico y social del país

Paraguay es un país mediterráneo anclado en el corazón del cono sur, con una superficie de 407 758 km2 y una población aproximada de 7 162 812 habitantes. La división política del país incluye diecisiete departamentos más la capital del país, Asunción. El índice de desarrollo humano del país alcanza 0.693, que lo sitúa en un nivel medio de desarrollo. La expectativa de vida ha aumentado en los últimos años desde sesenta y ocho años, en 1990, a setenta y tres años, en 2016, según datos del Banco Mundial (2018).

El sistema político paraguayo tiene las siguientes características: 1) un régimen de gobierno democrático de tipo presidencialista; 2) con un sistema de partidos que ha pasado del bipartidismo en la década de 1990 a un pluralismo moderado en el siglo xxi, y 3) sus principales partidos políticos tienen una larga tradición cuyos orígenes se remontan al siglo xix; tanto la Asociación Nacional Republicana como el Partido Liberal Radical Auténtico nacieron en 1887 y se mantienen vigentes hasta 2018 como las principales fuerzas políticas del país.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que Paraguay, a lo largo de su historia política, se ha caracterizado por contar con un sistema político inestable debido a la alternancia entre dirigencias civiles y militares, ambas con rasgos de corte autoritario. Esa fluctuación del sistema político paraguayo se debió en gran parte a las violentas alternancias en el poder político entre los dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (anr) y el Partido Liberal Radical Auténtico (plra) hasta mediados del siglo xx. Los cambios en el poder político se dieron por medio de enfrentamientos violentos, golpes de Estado o magnicidios hasta 1954, cuando se instauró, también con un golpe de Estado, el régimen autoritario de Alfredo Stroessner, que duró hasta 1989 (Cerna, 2017: 70).

Las élites políticas paraguayas representadas en los partidos tradicionales, como la anr y el plra, han representado históricamente a las clases en conflicto por el acaparamiento de las tierras productivas en el país. Es importante destacar que en Paraguay el poder está vinculado a la propiedad agrícola; y las élites de estos dos partidos han sido artífices de la concentración de territorios rurales en manos de muy pocos latifundistas, lo que se ha trasformado con el paso del tiempo en el corazón de los conflictos sociales, políticos y económicos del país (Cerna y Solís, 2012: 61). Como se observa en el Cuadro 1, tanto la anr como el plra se encuentran a la derecha del espectro ideológico, y, en términos de representación política de intereses económicos, no existen grandes diferencias entre ambos.

Respecto a lo anterior, en este trabajo se sostiene que la clase política paraguaya que representa a las élites económicas del país mantiene deudas históricas de representación de otros sectores, como la clase obrera, la campesina o los pueblos indígenas, o de la mitad de la población paraguaya, las mujeres. Por ello, en el siguiente apartado se explicará uno de los principales problemas políticos del país, la escasa representación política de las mujeres en los cargos de elección popular.

La deuda histórica de la democracia paraguaya con la representación política de las mujeres en los cargos de elección popular

Como se señaló antes, el sistema político paraguayo se caracteriza por el predominio de partidos políticos tradicionales de larga data cuya ideología primordialmente se concentra en la derecha del espectro ideológico, tal como se puede observar en el Cuadro 1. Desde 1989, que se inició la transición democrática, el Partido Colorado ha gobernado en cinco periodos de un total de seis ciclos gubernamentales, salvo el lapso que transcurre entre 2008 y 2012, en el que fue electo Fernando Lugo Méndez por la Alianza Patriótica para el Cambio. A partir del 15 de agosto de 2018, la anr o Partido Colorado iniciará su sexto periodo gubernamental en la democracia paraguaya.

La representación política en Paraguay es predominantemente masculina, de derecha, con partidos políticos conservadores que no mantienen muchas diferencias ideológicas entre sí, con escasas posibilidades para otras propuestas políticas (Cuadro 1) y que, además, no genera oportunidades para una parte importante de la población paraguaya, las mujeres y otros grupos sociales como los campesinos y los pueblos indígenas.

Los indicadores que sostienen que la representación política en Paraguay es predominantemente masculina, de derecha y con actores tradicionales y longevos, se pueden observar en: 1) la territorialización del poder en el ámbito departamental de la anr y el plra; 2) el índice de nacionalización de los dos partidos principales, y 3) la marginalización de otras identidades políticas, como las mujeres, a espacios secundarios de decisión política.

Cuadro 1. Porcentaje de votos de cada partido para la elección

de presidente, 1998-2018.

Ideología

Partido

1998

2003

2008

2013

2018*

Derecha

anr

53.8

37.1

30.7

45.8

46.44

Derecha

plra

42.6

24

n/d

apc**

40.9

n/d

Ganar***

42.74

Derecha

apa****

36.9

Derecha

Unace

13.5

22

0.8

Derecha

ppq

21.3

2.4

1.1

Izquierda

Avanza País

5.9

Izquierda

Frente Guazú

3.3

% participación

80.5

64.3

65.6

68.6

*Los resultados de las elecciones de 2018 eran preliminares al momento de redactar este trabajo debido a que el escrutinio de los votos se mantenía entonces en marcha.

**Alianza Patriótica para el Cambio (apc), coalición para las elecciones generales de 2008 entre el Partido Liberal Radical Auténtico y varios partidos de izquierda, como Tekojojá y Partido Febrerista. Se considera como no determinada n/d la ideología de la apc en tanto se trató más bien de una Alianza Antihegemónica contra la anr, entre partidos con ideologías opuestas.

***Al igual que en las elecciones de 2008, la Alianza ganar se conformó entre el plra y el Frente Guazú (coalición de partidos de izquierda) para derrotar a la anr, con lo cual no se puede observar claramente la ideología de esta alianza porque el propio discurso del candidato Efraín Alegre, del plra, era muy confuso en temas relacionados con el género.

****Alianza Paraguay Alegre, coalición entre el plra y el Partido unace para las elecciones de 2013.

Elaboración propia con base en datos del tsje (2018).

La territorialización del poder

Cuando uno se pregunta ¿qué explica la vigencia de dos partidos tradicionales en Paraguay luego de treinta años de la democracia paraguaya? Una posible respuesta sería el grado de territorialización de estos partidos (anr y plra) en el plano nacional, como se puede observar en los mapas 1, 2, 3 y 4 para los periodos entre 1998 y 2013. Los mapas muestran los gobiernos departamentales según la pertenencia a uno u otro partido político.

Mapa 1. Mapa político de Paraguay / gobernadores electos

en 1998.

Fuente: Cerna y Solís (2017).

En el Mapa 1 se observa que, en catorce de los diecisiete departamentos del país, la anr obtuvo la victoria en los gobiernos departamentales, mientras que la alianza entre el plra y el pen100 sólo alcanzó, no sin muchas dificultades, tres gobernaciones (Central, Boquerón y Concepción). Cabe destacar que Central se convirtió entre 1993 y 2013 en el bastión liberal por excelencia, mientras que Caazapá, Guairá, Itapúa, Paraguarí y Canindeyú han sido bastiones colorados, y los demás departamentos han sido disputados entre anr y plra, como se observará en los siguientes mapas.

En el Mapa 2 se observa un ligero avance del plra en el ámbito departamental tras la victoria de cinco gobiernos departamentales, mientras que la anr perdió las gubernaturas en Amambay Caaguazú y Alto Paraná, pero recuperó Boquerón. Es importante señalar, además, que en estas elecciones se dio la incursión de nuevos partidos políticos en la arena nacional, Unace y Partido Patria Querida, lo cual implicó la dispersión del voto colorado entre esas dos nuevas fuerzas, y por consiguiente, una ventaja electoral para los liberales.

Mapa 2. Mapa político de Paraguay / gobernadores electos en 2003.

Fuente: Cerna y Solís (2017).

En las elecciones de 2008, en las que se dio la alternancia política tras la victoria de la Alianza Patriótica para el Cambio, de la mano de Fernando Lugo, del Partido Demócrata Cristiano, y Federico Franco, del plra, el mapa electoral departamental tuvo su momento más heteregéneo, políticamente hablando, como se puede observar en el Mapa 3.

Mapa 3. Mapa político de Paraguay / gobernadores electos en 2008.

Fuente: Cerna y Solís (2017).

Los cambios presentes en el mapa electoral departamental tras los comicios de 2008 son por demás interesantes porque la anr registró su punto más bajo, en toda la historia democrática, en cuanto a control territorial; no obstante, mantuvo el dominio de más de la mitad de los gobiernos departamentales del país (nueve de diecisiete).

Posteriormente, en 2013 la anr vuelve a mostrar su músculo político en el ámbito departamental tras abanderarse la victoria de doce de diecisiete departamentos del país. Entre ellos, tres departamentos otrora liberales: Concepción, San Pedro y Caaguazú.

En general, las elecciones de 2013 significaron para la anr un repunte importante en cuanto a su caudal electoral nacional y, además, el reposicionamiento de su marca política departamental, como se puede observar en el Mapa 4.

Mapa 4. Mapa político de Paraguay / gobernadores electos en 2013.

Fuente: Cerna y Solís (2017).

Nacionalización de los partidos políticos

El índice de nacionalización de los partidos políticos101 nos muestra cuán asentados están los partidos políticos medidos con base en la homogeneidad de apoyos recibidos en el territorio nacional; y, según se puede observar en la Tabla 1, la anr alcanza una puntuación cercana al 1 tanto en 1998 como en 2013; es decir, que en 2003 y 2008 pierde apoyo en el territorio nacional debido a las escisiones que tuvo este partido debido a la creación del partido Unace.

En tanto, el plra tiene un nivel de implantación muy alto, aunque se mantiene levemente debajo de su histórico competidor, la anr. Desde 1998 hasta 2013, los liberales han oscilado entre 0.74 y 0.93, lo cual significa que, en promedio, este partido tiene un índice de nacionalización ponderada de 0.85, lo cual lo ubica como un partido fuertemente arraigado en el territorio nacional y con unos apoyos constantes que no han tenido otros partidos que han surgido y desaparecido en los quince años analizados (Cerna y Solís, 2017: 178).

Tabla 1. Índice de nacionalización de partidos paraguayos (1998-2013).

Partido

1998

2003

2008

2013

anr

0.94338434

0.88873732

0.91658256

0.94386416

plra

0.93564543

0.75260321

0.85513403

0.88319005

unace

0.70074122

0.74086617

0.49557244

ppq

0.63948575

pen

0.12493081

mpt

0.31066545

fg

0.51809104

Fuente: Cerna y Solís (2017).

Como se observa en la Tabla 1, es un sistema de partidos muy concentrado con escasas posibilidades para otros partidos políticos que no sean los tradicionales (anr y plra), ya que éstos tienen un fuerte arraigo como en pocos casos en la actualidad. Esta concentración de apoyos en el contexto territorial entre dos partidos, que no distan mucho entre sí ideológicamente, no deja oportunidad a otras fuerzas políticas de distinta línea ideológica o de carácter progresista para avanzar en el sistema político; y a su vez, dentro de sus propios partidos, siguen siendo espacios muy hostiles para la representación de otros grupos sociales, en particular, y de las mujeres, en general, porque, cuando se incluye a las mujeres en las listas de ambos partidos, aparecen en los puestos secundarios, lo que redunda en la marginal representación descriptiva de ellas en los puestos de elección popular y en los espacios de decisión, como se verá con mayor detalle en la siguiente sección.

La marginalización de las mujeres

en los espacios de decisión política

Las elecciones de abril de 2018 en Paraguay se caracterizan por los siguientes resultados: 1) la anr, como partido, ha demostrado una vez más su fortaleza como instituto político en cuanto a la homogeneidad de apoyos electorales con los que cuenta, lo que le ha permitido ser el partido con mayor cantidad de triunfos en la arena nacional y subnacional; 2) la oposición (plra) mantiene cómodamente su segundo lugar en la arena electoral, ya que ha crecido muy poco en cinco años a pesar del mal desempeño e impopularidad del gobierno cartista, y 3) la disminución de la representación política descriptiva de las mujeres en los cargos de elección popular.

Respecto a los dos primeros resultados de las elecciones, sólo respaldan los indicadores anteriores en lo concerniente a la fuerte presencia nacional de los partidos tradicionales, una vez más, en detrimento de otras fuerzas políticas. Y en relación con el tema relevante de esta investigación, la deuda histórica de la democracia paraguaya con la representación política de las mujeres, se puede señalar que el año electoral de 2018 ha significado un retroceso en los escasos avances en la representación descriptiva de las mujeres en ese país sudamericano.

Las elecciones pasadas han significado una disminución de la representación descriptiva de las mujeres en los cargos de elección popular tanto en los gobiernos departamentales como en ambas cámaras del poder legislativo. Mientras que en la cámara de diputados las mujeres perdieron una banca, tras ser electas para sólo once de cuarenta y cinco escaños en estas elecciones, en los comicios de 2013 alcanzaron doce curules en la cámara (Gráfica 1).

Esta nueva conformación del poder legislativo abre una coyuntura crítica para el proyecto de ley de paridad democrática que se encuentra en estudio en la cámara de diputados, porque una disminución del número de mujeres podría significar una pérdida de apoyos para conseguir el respaldo necesario para la aprobación de esa iniciativa legislativa.

En la Gráfica 1 se muestra cuál ha sido la evolución de la composición femenina en la cámara baja del poder legislativo, lo que manifiesta que las cuotas de género de 20 % en Paraguay se han convertido en un “techo” para las mujeres, y no en el “piso” del cual parte su representación en los cargos electivos en el ámbito legislativo.

Gráfica 1. Evolución de la composición femenina en la cámara

de diputados en Paraguay (en porcentaje desde 1998 a 2018).

Fuente: elaboración propia con base en datos de tsje (2018).

Por lo que respecta a la cámara de senadores, llama la atención también la disminución del número de senadoras con relación a 2013, año en el cual fueron electas nueve senadoras, mientras que en 2018 sólo resultaron electas ocho (Última Hora, 2018). Así también, en lo concerniente a la representación política de las mujeres en los gobiernos departamentales, se ha perdido el único gobierno departamental donde gobernaba una mujer, ya que, tras los pasados comicios, no fue electa ninguna mujer en un total de diecisiete departamentos (Gráfica 2).

Como se observa en las gráficas 1 y 2, las mujeres paraguayas están subrepresentadas en los cargos de elección popular tanto en el ámbito nacional en ambas cámaras legislativas como en los gobiernos departamentales y municipales, a pesar de constituir 48 % del electorado paraguayo (Galeano, 2017), y esta subrepresentación se puede explicar mediante los siguientes factores: 1) un bajo porcentaje en la cuota de género; 2) un sistema de partidos con mayoría de partidos políticos hacia la derecha del espectro político y predominantemente conservador hacia ambos lados del espectro ideológico; 3) la predominancia de liderazgos masculinos en las cúpulas partidarias en todos los partidos políticos; 4) un electorado mayoritariamente conservador y católico, y 5) las escasas propuestas políticas progresistas, liberales o con perspectiva de género (Bareiro y Echauri, 2009: 10; Cerna y Rojas, 2018: 13). Mientras se siga relegando a la mitad de la población de los espacios de decisión política, el país mantendrá una deuda democrática en lo que se refiere a la representación descriptiva de las mujeres, porque no se puede concebir una democracia plena sin que la mitad de sus integrantes no tenga ni voz ni voto.

Gráfica 2. Relación porcentual de gobernadores según su sexo (1998-2013).

Fuente: elaboración propia con base en datos de tsje (2018).

Los conflictos agrarios permanentes

por la tenencia de la tierra.

las disputas entre el modelo económico

basado en los agronegocios y la agricultura

campesina en pequeña escala

Paraguay es un país de larga tradición agroganadera que posee, además, bosques y agua potable en abundancia, lo cual le ha significado consolidarse como un territorio en disputa para la producción agrícola y ganadera para la exportación desde el siglo xix tras la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la entrega masiva de latifundios a extranjeros por medio de la venta para el pago de las deudas de guerra del país tras la debacle bélica (Ortega, 2016: 9).

Desde el siglo xix y hasta el siglo xxi, uno de los mayores problemas del país históricamente ha sido la disputa por la tierra, que en la actualidad enfrenta, por un lado, a latifundistas brasiguayos y paraguayos; y por el otro, a pequeños productores rurales empobrecidos por este modelo y rezagados por el Estado paraguayo. La desigual distribución de la tierra en un país predominantemente agrícola ha traido como resultado un crecimiento económico asimétrico entre los productores agrícolas y los empresarios agroexportadores.

Una muestra clara de la gravedad que representan las disputas por la tierra en Paraguay es el caso Curuguaty, que dio origen al juicio político que llevó a la destitución del presidente de la alternancia política, Fernando Lugo, en junio de 2012. El caso Curuguaty significó la muerte de diecisiete personas entre policías y agricultores que se enfrentaron durante un procedimiento de desalojo de “campesinos sin tierra” que ocupaban una controvertida propiedad ocupada por la empresa agroganadera Campos Morombí, propiedad de Blas N. Riquelme (político y empresario de la anr). Esta propiedad rural en disputa se halla asentada en la zona de Yby Pyta, Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, al nordeste del país. El caso Curuguaty no es un hecho aislado en la historia democrática del país, sino, más bien, el pretexto perfecto para echar al presidente a pocos meses de las elecciones presidenciales celebradas en abril de 2013 (Cerna y Solís, 2012: 72).

La predominancia económica en el rubro agroganadero hace que la disputas por las tierras cultivables en el país estén en la base de las luchas sociales, económicas y políticas de buena parte del siglo xx y del xxi. La discordia territorial en el país no es una guerra sin sentido; más bien, es la consecuencia de una distribución desigual de las tierras agrícolas en el que existe una fuerte concentración de tierras (alrededor de 80 %) en manos de menos de 2 % de la población más rica (mag, 2008); y en ese contexto, las intenciones de aplicar una reforma agraria durante el gobierno de Fernando Lugo (2008- 2012) implicaban para la élite política tradicional, que en su mayoría se ha hecho de estas posesiones de manera ilegítima, todo un cambio en las reglas del juego político y económico, y dicho intento le costó perder la investidura presidencial (Cerna y Solís, 2012: 72). Cabe apuntar al respecto lo que sostiene Ortiz Sandoval (2012: 10), que, en toda la transición democrática, los sucesivos gobiernos colorados no se distinguieron de la era stroessnerita con relación a la política agraria, ya que las desigualdades permanecieron tanto en la estructura agraria como en la exclusión social de los campesinos. Dicha estructura agraria ha generado fuertes conflictos políticos, sociales y económicos entre latifundistas agroganaderos paraguayos y extranjeros, por un lado, y pequeños productores rurales dedicados a la agricultura de subsistencia, por el otro.

A lo anterior se suma lo que Galeano (2017: 61) considera un proceso de extranjerización de las tierras dedicadas al cultivo y ganado debido a la adquisición de grandes extensiones de propiedades rurales por parte de ciudadanos brasileños, urguayos, argentinos y japoneses, entre otras nacionalidades, además de menonitas. La consecuencia de dicho proceso es la permanente exclusión en el acceso a la tierra de campesinos e indígenas.

El fenómeno de extranjerización de las tres últimas décadas de las tierras paraguayas ha tenido como consecuencias dos procesos sociales, como son: 1) conflictos por la tenencia de la tierra entre grupos de agricultores (acompañados de organizaciones nacionales y regionales del sector) y los empresarios extranjeros y sus agentes, y 2) el impacto destructivo del ambiente; y en especial, el deterioro de la salud de las comunidades indígenas y campesinas colindantes a las empresas extranjeras que cultivan oleaginosas de manera extensiva (Galeano, 2017: 61).

Sólo a modo de ejemplificar las dimensiones del conflicto por la tierra en Paraguay, en el periodo comprendido entre 2008 y 2014 se dieron más de 191 ocupaciones de tierras por parte de agricultores, de las cuales fueron desalojados en 157 casos, en muchos de los cuales las desocupaciones se dieron de manera violenta, como en el caso Curuguaty, con un resultado de al menos treinta campesinos fallecidos.

Como se puede observar en el Mapa 5, las tierras conlindantes con Brasil, tanto en la región occidental como en la oriental (franja oscura), ya se encuentran en manos de colonos brasileños, a pesar de que existe una Ley 2532/05 “de Seguridad Fronteriza”, que prohíbe la venta o usufructo de bienes inmuebles a los extranjeros en la franja comprendida entre la frontera y los 50 km adyacentes.

El dilema del “exitoso” crecimiento económico

con altos costos sociales y ambientales

Paraguay, Brasil y Argentina, en 2010, se consolidaron como los tres grandes proveedores de soja para la industria alimenticia en el mercado internacional de commodities (Base IS, 2010). La mayor parte de la produccion sojera de estos tres países del Mercosur se destina al mercado europeo, japonés y chino en forma de granos, harina y aceite. La expansión de este producto agrícola en esta región se debe a factores como: 1) un clima favorable para la agricultura; 2) el desarrollo de variedades locales; 3) la presencia de una cultura agropecuaria, y 4) la aplicación de políticas públicas favorables para el modelo agrícola de exportación (Base is, 2010: 2).

El crecimiento económico en Paraguay, determinado por el aumento del pib anual, ha tenido oscilaciones entre 1990 y 2017; no obstante, en el periodo más crítico de la crisis económica global, y específicamente en América del Sur, el país guaraní se mantuvo a flote desde 2010 en adelante, como se puede observar en la Gráfica 3, con unos picos muy altos en 2010 y 2013 que interpelaron a la región, que se volvió a ver al “milagro paraguayo” de crecimiento económico en un contexto de crisis internacional.

Mapa 5. Extranjerización de Paraguay.

Fuente: Informe sobre agro-negocios en Paraguay. base is (2017).

El milagro paraguayo se traduce en la siguiente fórmula: mucha soja y pocos impuestos. Como se verá a continuación, el modelo exitoso de cultivos extensivos de soja se ha impuesto sobre la agricultura de subsistencia (modelo predominante hasta la década de 1980 en el país), lo cual ha generado las siguientes consecuencias: 1) la expulsión de pequeños agricultores e indígenas a las zonas suburbanas del país; 2) la contaminación de las comunidades por los agrotóxicos, y 3) un fuerte deterioro ambiental por la deforestación indiscriminada de bosques en todo el país.

Gráfica 3. Crecimiento del pib (porcentaje anual) en Paraguay

desde 1990 hasta 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los indicadores del Banco Mundial (2018).

El impacto social del modelo sojero

La migración rural-urbana de los pequeños agriculturores en Paraguay es un fenómeno social que se incia en la década de 1970, en concordancia con el proceso de modernización agraria, ya que, como se puede observar en el Cuadro 1, hasta 1972, la población rural alcanzaba 62.58 % de la población paraguaya, mientras que la urbana sólo alcanzaba 37.42 % (Riquelme y Vera, 2015: 23).

Mientras que entre las décadas de 1950 y 1970 casi no existe variación en los porcentajes de la población rural y urbana, en la década de 1980 la población campesina empieza a desplazarse a centros urbanos, y para la década de 1990 se invierten las cifras, lo que significa que, para el censo de 1992, la población rural sólo alcanza 49.68 % de la población total del país, mientras que la urbana asciende a 50.32 %. Dichas cifras aumentan para 2012, con 56.72 % de habitantes en las zonas urbanas y sólo 43.28 % en las zonas rurales. Riquelme y Vera (2015: 23) explican que este acelerado crecimiento de la población urbana en detrimento de la rural se debe a los siguientes factores: 1) la rápida incursión de la economía capitalista en el campo paraguayo mediante el modelo agroempresarial; 2) la poca asistencia estatal a la agricultura campesina, y, 3) el crecimiento del mercado laboral en los centros-urbanos por la expansión de los rubros del comercio, los servicios y la construcción, principalmente en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Tabla 2. Evolución de la población urbana-rural en Paraguay.

Paraguay

Total

Urbana

%

Rural

%

Censo 1950

1.328.452

459.726

34,61

868.726

65,39

Censo 1962

1.819.103

651.869

35,83

1.167.234

64,17

Censo 1972

2.357.955

882.345

37,42

1.475.610

62,58

Censo 1982

3.029.830

1.295.345

42,75

1.734.485

57,25

Censo 1992

4.152.588

2.089.688

50,32

2.062.900

49,68

Censo 2002

5.163.198

2.928.437

56,72

2.234.761

43,28

Fuente: Riquelme y Vera (2015).

Ante la imposibilidad de mantener el modelo agrícola de subsistencia en el campo paraguayo, miles de agricultores e indígenas se ven obligados a migrar a centros urbanos en condiciones poco favorables de urbanización y provisión de servicios públicos para su adecuada integración a los lugares de destino.

La contaminación de las comunidades campesinas e indígenas

por agrotóxicos

Otro efecto negativo del predominio de los cultivos de soja en el país es la contaminación de las comunidades por la mala utilización de los productos agroquímicos para el cultivo de oleaginosas. Al respecto, las investigaciones sobre el impacto de la utilización de productos agrotóxicos son muy recientes en el Conosur; hay estudios en Paraguay y Argentina que han encontrado diversos daños en la salud de familias agricultoras como consecuencia del uso inadecuado de productos agroquímicos en los cultivos de oleaginosas en ambos países (Infobae, 2013).

En el caso de Paraguay, las pocas investigaciones sobre el impacto de la utilización de productos agroquímicos en los cultivos extensivos cercanos a las comunidades rurales e indígenas de los principales departamentos dedicados a la agricultura de materias primas para la exportación han encontrado que 1) existe poco control por parte de las instituciones públicas sobre el uso de los agrotóxicos en zonas rurales; 2) las comunidades se encuentran a una distancia menor de lo establecido para la fumigación de plantaciones de soja; 3) los empleados y empresarios encargados de realizar las fumigaciones no cumplen las normativas en cuanto a barrera viva, limpieza de residuos, almacenamiento y tratamiento de los envases y avisos en tiempo y forma sobre los procedimientos de fumigación, y, como consecuencia de lo anterior, 4) las comunidades tanto indígenas como campesinas se encuentran rodeadas de cultivos de soja sin ningún tipo de protección sanitaria ni ambiental, y son sistemáticamente contaminados por los productos agroquímicos (Pastoral Social, 2007: 16).

Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del municipio de General Resquín, departamento de San Pedro, donde autoridades de la Fiscalía General del Estado, junto con fiscales departamentales, pudieron constatar que los cultivos de soja no distan más de 20 m de los cursos de agua, lo cual implica un grave riesgo de contaminación tanto de los recursos hídricos como de los pobladores que consumen el agua de esas fuentes (abc Color, 2003). En dicho municipio, varias familias habían denunciado trastornos en la salud como consecuencia de la exposición permanente a productos agrotóxicos para la fumigación de los cultivos sojeros.

Entre los principales trastornos en la salud que manifiestan las comunidades afectadas por la utilización inadecuada de productos agroquímicos, durante y después de las fumigaciones, que tienen como consecuencia la contaminación del entorno ambiental, se encuentran: 1) trastornos en el sistema respiratorio, como edemas; 2) trastornos epidérmicos, como ampollas, piel sensible a la luz solar, edemas y llagas; 3) padecimientos ginecológicos, como abortos espontáneos, hemorragias durante el embarazo y nacimientos de bebés con malformaciones; 4) alteraciones en el sistema nervioso, como cefaleas, pérdida de conciencia, crisis convulsiva, y 5) otros efectos, como leucemia y varios tipos de cáncer (Arizpe y Locatelli, 2009: 85; Pastoral Social, 2007: 31).

El impacto ambiental por el modelo agroexportador

En veinticinco años, Paraguay ha sido el país que más bosques ha deforestado en el continente americano, lo cual le hizo merecedor de ser el “campeón en deforestación” de la región, según el informe de la fao (2017) para el periodo comprendido entre 1990 y 2015 (abc Color, 2017). El Mapa 1 comprueba esta afirmación. Además de las cifras negras de la deforestación en este país sudamericano, el informe de la fao también manifiesta que en veinticinco años se han hecho más de 5 000 denuncias por daños en materia forestal y que, pese a la vigencia de la ley “Deforestación Cero”, prácticamente ninguna ha tenido una condena, lo cual significa que la deforestación a gran escala sigue impune en todo el país.

Se calcula que, en promedio, se deforestan por día 60 hectáreas sólo en la región oriental del Paraguay desde 2005, según reportes de la organización wwf-Paraguay (2016). Los informes de organismos encargados de protección ambiental en el país sostienen que el Estado paraguayo no tiene una política nacional para combatir la deforestación; y precisamente uno de los indicadores de esta hipótesis es que, desde la creación y aplicación de la ley 2525, conocida como de “Deforestación Cero”, en 2005, no ha habido ninguna persona condenada tras la tala indiscriminada de más de 231 882 hectáreas de bosques en todo el país (Benítez, 2015).

La deforestación indiscriminada de bosques en el país se debe no sólo al modelo de agricultura y ganadería para la exportación, sino que además otros mercados disputan la madera paraguaya, como el contrabando de carbón y rollos de madera, así como también se deforesta para despejar el territorio para el cultivo de marihuana en las zonas comprendidas al norte y este del país; especialmente, en la frontera con Brasil. Las autoridades paraguayas, sean éstas guardabosques de zonas protegidas, policías nacionales o fiscales ambientales, se ven superadas en cuanto a recursos materiales y financieros para hacer frente a los comerciantes legales e ilegales de carbón, madera y marihuana en las regiones señaladas.

El Bosque Atlántico del Alto Paraná es una de las quince ecorregiones que conforman el gran bioma del Bosque Atlántico, el cual abarcaba aproximadamente un área de 470 000 km² y se extiende desde Serra de Mar, en Brasil, hasta la provincia de Misiones, en Argentina, y una parte de la Región Oriental en Paraguay (Base IS, 2017). El informe de impacto de la soja en Paraguay de Base IS afirma que en 1945 el Bosque Atlántico del Alto Paraná alcanzaba 8 000 000 de hectáreas de la región oriental, mientras que para 2009 este bosque se encontraba reducido a 700 000 hectáreas debido, principalmente, a la deforestación para la expansión exponencial del cultivo de la soja (Mapa 6).

Mapa 6. Deforestación del Bosque Atlántico del Alto Paraná

entre 1945 y 2009.

Fuente: Estadísticas de wwf-Paraguay.

La baja presión tributaria que favorece

a los sectores más robustos de la economía

Paraguay es uno de los países con menor presión tributaria del continente americano (Tabla 3); y, a la vez, con la carga más desigual de la región, o al menos así lo refieren varios estudios sobre esta temática (Borda, 2017: 11).

En este sentido, uno de los sectores productivos más beneficiados con la baja presión impositiva es el sector agropecuario porque posee tasas más bajas que otros sectores, aunados a exoneraciones/deducciones tributarias, lo cual se traduce en exiguos aportes al fisco si se los compara con los ingresos que reciben por la exportación de sus productos. Sólo a modo de ejemplo, el siguiente dato: en 2016, la producción del sector representó 25.3 % del crecimiento económico, pero su aporte al fisco sólo representó 6 % (Serafini, 2017: 34) .

Tabla 3. Presión tributaria comparada entre algunos países

de América del Sur.

Año

País

Pres. trib.

2010

Argentina

25.9

2007

Bolivia

25.5

2010

Brasil

25.5

2010

Colombia

17.7

2010

Paraguay

13.5

2010

Chile

19.9

2010

Perú

15.6

2008

Uruguay

17.2

Promedio

20

Fuente: elaboración propia con base en datos de Cadep y Fondo Monetario Internacional.

Esta desigual carga tributaria propicia condiciones beneficiosas para el sector agroganadero tanto nacional como extranjero, ya que es un rubro en el cual se gana mucho y se pagan pocos impuestos.

A manera de conclusión

En esta investigación se han presentado los principales problemas que enfrenta Paraguay desde inicios del siglo xxi, a saber: 1) una deuda histórica con la representación política descriptiva de las mujeres paraguayas; 2) los permanentes conflictos agrarios en torno a la propiedad de tierras cultivables entre los empresarios agroexportadores y los pequeños agricultores; 3) el impacto socioambiental del “exitoso” modelo de crecimiento económico, y 4) la exigua carga tributaria a los sectores más fuertes del modelo económico.

Este país sudamericano poco abordado en la literatura de las ciencias sociales latinoamericanas enfrenta desafíos muy complejos respecto al impacto socioambiental del “exitoso” modelo económico imperante, que, si los sigue postergando, debido a su debilidad estatal, tendrá consecuencias irreversibles tanto en el ámbito social como en el ambiental, porque el Estado paraguayo no ha podido dar respuestas eficaces a los conflictos agrarios que han generado víctimas fatales a lo largo de la democracia, ni a los efectos sociales de la migración forzada del campesinado y los pueblos indígenas a los centros urbanos en condiciones precarias, ni a la degradación ambiental debida a la deforestación indiscriminada de bosques para dar paso a los cultivos de agroexportación.

Paraguay no cuenta con políticas públicas que mitiguen los efectos de la deforestación masiva ni los desplazamientos sociales como consecuencia del modelo económico vigente. Los actores políticos no pueden seguir haciendo caso omiso a las luchas sociales por el acceso a la tierra ni a las demandas de protección sanitaria y ambiental de las poblaciones aledañas a las grandes empresas agroexportadoras, principalmente del rubro de la soja, porque tanto las comunidades afectadas como el resto de la población paraguaya se ve afectada por estos daños ambientales y sociales; y merecen respuestas prontas y eficaces tanto las generaciones actuales como las futuras.

Referencias

abc Color (2017). “Paraguay, el ‘campeón’ de la deforestación”. 30 de marzo. Recuperado de <http://www.abc.com.py/nacionales/paraguay-el-que-mas-deforesta-1579104.html>.

abc Color (2015). “Investigan contaminación por uso de agrotóxicos en Resquín”. 15 de noviembre. Recuperado de <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/investigan-contaminacion-por-uso-de-agrotoxicos-en-resquin-730820.html>.

Arizpe, N. y F. Locatelli (2009). “La expansión de los agrotóxicos y los impactos en la salud humana”, Ecología Política, núm. 85. Recuperado de <http://www.ecologiapolitica.info/?p=5037>.

Banco Mundial (2018). “Indicadores del desarrollo mundial”. Washington. Recuperado de <http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=PRY>.

Bareiro, L. y C. Echauri (2009). “Mecanismos para el cambio político. Sistemas electorales y representación política de las mujeres” Documento de trabajo. “Encuentro de Mujeres parlamentarias de América Latina y el Caribe”. Madrid: pnud / aecid / Unifem.

Base is (2010). “Los impactos socioambientales de la soja en Paraguay 2010”. Asunción: ong Reporter Brasil / Base Investigaciones Sociales. Recuperado de <http://www.baseis.org.py/?s=impactos>.

Benítez, A. (2015). “La impune deforestación”, abc Color, 16 de octubre. Recuperado de http://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/impune-deforestacion-1417787.html.

Borda, D. (2017). “Una reforma tributaria para mejorar la equidad y la recaudación”, Economía y Sociedad, núm. 55, octubre- noviembre, pp. 11-20.

Cerna Villagra, S. (2018). “Gloriosas pero relegadas: la marginalidad política de las mujeres en política”, en D. Fernández-Matos y M. González Martínez. Cuotas de género y democracia paritaria: avances en los derechos políticos de las mujeres. S.d. Pp. 163-188.

Cerna Villagra, S. (2017). “Las agendas legislativas y la representación sustantiva de las mujeres en los Congresos de México y Paraguay”, tesis de doctorado, Universidad de Salamanca.

Cerna Villagra, S. y J. Solís Delgadillo (2012). “Las tenazas del patrimonialismo paraguayo: la crisis institucional de 2012 a la luz de las élites parlamentarias”, Revista Paraguaya de Ciencias Sociales, núm. 1, pp. 56-78.

Cerna Villagra, S. P. y J. M. Solís Delgadillo (2017). “Los resortes colorados del poder: nacionalización de los partidos y sistema de partidos paraguayo (1998-2013)”, Revista Colombiana Internacional, núm. 91, pp. 151-182.

Galeano, L. (2017). “Extranjerización reciente y actual del territorio paraguayo”, en M. Palau (coord.), Con la soja al cuello. Informe sobre agronegocios en Paraguay. Asunción: Base Investigaciones Sociales, pp. 58-61.

infobae (2013). Argentina: mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud. Buenos Aires: infobae.

Jones, M. y S. Mainwaring (2003). “The Rationalization of Parties and Party Systems. An Empirical Measure and Application to the Americas”, Party Politics, vol. 2, núm. 9, pp. 139-166.

mag (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Paraguay) (2008). “Resultados preliminares del Censo Agropecuario Nacional”. Asunción. Recuperado de <http://www.mag.gov.py/presentacion2008.pdf>.

Pastoral Social Nacional-Mesa drs (Mesa de Concertación para el Desarrollo Rural Sostenible) (2007). Informe de la sociedad civil sobre el cumplimiento de los pidesc en Paraguay 2000-2006. Asunción: Pastoral Social.

Ortega, G. (2016). Mapeamiento del extractivismo. Asunción: Base Investigaciones Sociales / Fundación Rosa Luxemburgo.

Ortiz Sandoval, L. (2012). “Causas y efectos del golpe institucional”, Revista Acción, núm, 326, pp. 7-12.

Riquelme, Q. y E. Vera (2015). Agricultura campesina, agronegocio y migración. El impacto de los modelos de producción en la dinámica de los territorios. Asunción: Centro de Documentación y Estudios.

Serafini, V. (2017). “Cuando ganan los sojeros”, en M. Palau (coord.), Con la soja al cuello. Informe sobre agronegocios en Paraguay. Asunción: Base Investigaciones Sociales, pp. 34-37.

tsje (Tribunal Superior de Justicia Electoral, Paraguay) (2018). “Resultado de las Elecciones Generales 2018”. Asunción. Recuperado de <http://tsje.gov.py/elecciones-generales-2018.html>.

Última Hora (25 de abril de 2018). “Sólo ocho mujeres estarán en el Senado”. 25 de abril. Recuperado de <http://www.ultimahora.com/solo-ocho-mujeres-estaran-el-senado-n1144349.html>.

wwf (World Wildlife Found-Paraguay) (2016). “Análisis social, económico y ambiental de la producción de soja y carne en Paraguay. Iniciativa de mercado de wwf-Paraguay”. Asunción: wwf-Paraguay.

100 pen es el Partido Encuentro Nacional, que nació en 1993 en el contexto de las primeras elecciones democráticas del país, donde obtuvo el tercer lugar en las preferencias de voto a presidente por detrás del plra y de la anr, que salió victoriosa con la chapa presidencial de Juan Carlos Wasmosy y Ángel Roberto Seifart.

101 El índice de nacionalización de partidos políticos es un indicador creado por Jones y Mainwaring (2003) bajo el criterio de capturar una medida a partir de un Gini invertido, donde los valores más cercanos a 1 indican mayor nacionalización; y valores más cercanos al 0, menor nacionalización de los partidos políticos.

América Latina: entre las herencias, las fracturas y los bordes

Javier Contreras Alcántara

En su clásico texto, La poliarquía (1996: 18), Robert Dahl señalaba que la mayor parte de los regímenes políticos estarían ubicados en el recorrido entre autocracias y poliarquías (democracias), que eso sería lo regular y, añadimos, los casos interesantes de observar por las combinaciones posibles que se podrían dar en la conformación de un régimen político.102 A su vez, en el clásico trabajo de 1986, de O’Donnell y Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario (1994, vol. 4), donde clarifican los conceptos, inician diciendo –quizá más a manera de advertencia que como definición– que las transiciones debían considerarse como los procesos

que llevan de determinados regímenes autoritarios a “alguna otra cosa” incierta. Esa “otra cosa” puede ser la instauración de una democracia política o la restauración de una nueva forma, posiblemente más severa, de régimen autoritario. También puede haber simplemente un desenlace confuso, con la rotación en el poder de gobiernos sucesivos que no logran dar una solución perdurable o predecible al problema de la institucionalización del poder político (1994: 15).

Además, en O’Donnell y Schmitter (1994: 16) había otra consideración relevante; nos decían que habrían de observarse los accidentes imprevisibles, las decisiones cruciales tomadas a los apurones, los dilemas éticos y las confusiones ideológicas, así como los actores y los factores estructurales.

Inicio estas líneas finales con estos puntos referenciales porque pareciera que, cuando pensamos en la situación actual y los problemas de la democracia en América Latina, olvidamos que lo que tenemos hoy es resultado de un proceso histórico de construcción con aciertos y olvidos, diseños intencionales y herencias, estrategias y accidentes que moldean las configuraciones realmente existentes de nuestras formas de organización política. Los capítulos incluidos en este libro así nos lo muestran.

En América Latina, los procesos de cambio político, de transición, no nos llevaron al modelo ideal de la democracia; nos llevaron a lo que fue posible dadas las circunstancias, los actores y las aspiraciones del momento. Y lo que fue posible dio lugar, en algunos casos, a algo más cercano a la democracia o bien, en muchos otros, a esa “alguna otra cosa”, a esa sucesión de gobiernos bajo elecciones regulares, pero sin institucionalización del poder, sin una cultura política liberal que sostuviera a la democracia y sin modificación de las relaciones económicas o sociales de los regímenes previos que hiciera más justas y solidarias a las sociedades, lo que explica las actuales condiciones paradójicas, contradictorias, híbridas o autoritarias de nuestros regímenes políticos.

Pero si bien todo ello es verdad, asumir que nuestros regímenes políticos se encontraban consolidados y actualmente están en proceso de desdemocratización, o que hay en marcha una regresión autoritaria, es perder la perspectiva de que los cambios son graduales y toman largos periodos para concretarse; es perder de vista que no hay camino trazado entre la disolución de régimen autoritario y la democracia, que la cultura política tampoco cambia de inmediato, que existen las adaptaciones y las mutaciones, que las reglas del juego se construyen en el día a día en la disputa por construir una serie de relaciones sociales, económicas y políticas que ordenen a las sociedades.

Es perder de vista que la democracia afronta actores que no están dispuestos ni convencidos de que ésta sea la mejor opción para sus intereses y el orden social que desean, pero que pueden entrar al juego y hacer uso de las reglas para hacerse del gobierno y del Estado, avanzando en sus proyectos aprovechando el descontento que puede haber por los gobiernos formados bajo el régimen democrático electoral (Mainwaring, O’Donnell y Valenzuela, 1992).

En esta ocasión hemos propuesto retomar nuestra capacidad de asombro y preguntarnos, apoyados en el institucionalismo histórico (Collier y Collier, 1991; Goodin, 2003; Streeck y Thelen, 2005; Mahoney y Thelen 2010; Hall, 2016; Conran y Thelen, 2016), por los procesos de cambio político en América Latina.

Así, proponemos retomar algunos elementos analíticos para hacer una lectura global de las experiencias democráticas aquí contenidas:

a) Existen tres formas básicas en las que las instituciones pueden surgir y transformarse en el tiempo: contingencia, evolución e intervención intencional. En todo caso real encontraremos interactuando a estas tres formas.

b) Las transformaciones producto de la intervención intencional de los agentes pueden corresponder o no con los propósitos que dieron lugar a la intervención, pues, bajo condiciones de contingencia, intencionalidades superpuestas y errores, se puede dar lugar a resultados imprevistos que pueden beneficiar a todos o a ninguno de los agentes que intervienen intencionalmente.

c) Las instituciones también son producto de materiales heredados del pasado, por lo que son moldeadas por éste.

d) Las instituciones son producto de coaliciones sociales o políticas compuestas de actores poderosos en la arena relevante y persisten en tanto se pueda mantener una amplia coalición de apoyo, aun si sus integrantes cambian.

e) Las instituciones introducen y refuerzan tendencias que favorecen a determinados agentes e interacciones y que perjudican a otros, por lo que pueden preservar los desequilibrios de poder y las asimetrías incorporadas en el inicio del diseño institucional.103

f) La estabilidad institucional puede alcanzarse cuando: 1) los beneficios que provee la nueva disposición institucional pueden ser considerados como derechos; 2) hay una alta incertidumbre ante los efectos resultantes de una posible reforma a la institución; 3) la distribución del poder, producto de los resultados de la institución, privilegian a la coalición social que la creó y la sostiene, a la vez que limita el acceso a recursos de otros actores que pueden disputar el poder; 4) el costo de cambiar los comportamientos o arreglos derivados de la institución es muy alto, y 5) la complementariedad institucional hace que modificar una institución implique modificar otras instituciones y se eleve el costo. Por supuesto, en la realidad no son excluyentes unos de otros.

g) A su vez, el cambio puede ser producido por: a) un shock exógeno que interrumpe el equilibrio; b) difusión, que lleva al isomorfismo o la convergencia institucional; c) entrada de nuevos actores con lógicas diferentes; d) cambios en la distribución del poder; e) problemas de interpretación de las reglas y su aplicación, lo que abre espacio para que los actores impongan las reglas en formas nuevas, lo que puede llevar al cambio lento y gradual o incremental, que se puede dar de cinco formas: i) desplazamiento, ii) sobreposición o adición, iii) deriva, iv) conversión, y v) agotamiento.

Utilizando estos elementos como puntos clave de lectura, podemos resumir algunos de los hallazgos y puntos transversales a varios de los casos:

1. Si bien hubo procesos de cambio de régimen político en los diversos países de América Latina, en algunos casos las estructuras previas (sociales, económicas e inclusive políticas) que ordenaban a las sociedades no se vieron modificadas por este cambio institucional de orden electoral y representativo.

Así, en Brasil, Colombia y Paraguay, el arraigo y profundidad de las jerarquías sociales que provocan exclusión, despojo, violencia y discriminación han desempeñado un papel de gran importancia en la estructuración del campo político. El arreglo institucional derivado de la transición pareciera haber beneficiado a un grupo terrateniente conservador que ha buscado mantener sus beneficios por la vía electoral y a costa de gran parte de la población, sin observar un compromiso real con los valores que hacen posible la democracia. Estos grupos han bloqueado o, en su momento, atacado a los actores que han intentado alterar la distribución de derechos, ingresos y oportunidades, al punto de trasgredir las instituciones democráticas, aunque siempre con un discurso de hacer efectiva la democracia.

A su vez, el modelo de pacto o concertación que llevó a la democracia en Chile tuvo como elemento indiscutible al modelo económico neoliberal. Tanto derecha como izquierda dejaron fuera de la discusión este principio organizador de la sociedad, lo que generó un alejamiento y desgaste de las élites políticas con la realidad del pueblo, que, tras los indicadores de buen desempeño macroeconómico, afrontaba un creciente proceso de desigualdad en su contra. La actualidad política ha puesto en evidencia este desgaste ahora como agotamiento y la necesidad de nuevos liderazgos e ideas que permitan abrir la discusión de los principios rectores de la comunidad chilena.

2. El paso de regímenes autoritarios a democracias no implicó que algunos de los actores políticos cambiaran su comportamiento y sus valores, si bien adquirieron el uso de los términos del lenguaje político democrático y construyeron instituciones propias de éstas, aprendieron a organizarse y a jugar con las reglas, pero mantuvieron muchas prácticas, relaciones, ambiciones de los regímenes previos que han hecho inoperantes a las nuevas instituciones.

El caso de Guatemala, expuesto por Silvio Gramajo, es claro al respecto. La élite militar logró beneficiarse del proceso de cambio institucional al mutar en élite política, y, en conjunto con la elite económica, utilizó a la democracia como estrategia para mantener el control y el poder que le permitía extraer rentas del Estado. Ante la amenaza creciente con la intervención de cicig, por la entrada de un nuevo actor con valores diferentes, de que el juego discursivo se volviera una realidad que tuviera consecuencias mayores sobre el statu quo, han preferido atacar la lucha contra la corrupción e impedir la actuación de ésta.

3. Las alianzas entre actores que permiten un cierto cambio institucional en la arena política pero que lo niegan en otras esferas, como la económica o la social, producen una tensión que puede provocar la asfixia de la población y el desencanto con la democracia, ya que ésta queda como un instrumento que no logra hacer efectivos cambios en las estructuras sociales –e inclusive políticas– al mantener o acrecentar la desigualdad en el orden social. Todos los casos expuestos apuntan a ello.

4. La existencia de propuestas programáticas e ideológicas que en apariencia son distintas, pero que han mostrado poca flexibilidad en el manejo del modelo económico heredado del régimen previo, como en el caso de Chile, llevan a la indistinción de opciones políticas y el estancamiento de las élites.

5. El desfase entre partidos y sociedad, que se observa en todos los casos, es evidentemente explosivo si no existe la posibilidad de entrada y transformación del sistema con nuevos actores portadores de valores distintos.

Así, encontramos que las sociedades latinoamericanas, las formas de relacionarse y de comunicarse han cambiado, pero los ejes rectores de los partidos no lo han hecho y, en varios casos, éstos siguen leyendo la realidad de la misma forma que en la transición; inclusive, ciertos discursos y formas de acción siguen siendo los mismos de los regímenes previos, y el costo de ello puede ser muy alto en sociedades con expectativas democráticas altas y realidades lacerantes.

6. El ejército sigue siendo un actor relevante en la región; también tiene su propia cultura y valores que, haciendo uso del discurso de la democracia, pueden llevarlos a una intervención clave en la vida política. Por una parte, como en el caso de Guatemala, sus exintegrantes forman parte activa de la vida política, y encabezan partidos políticos que compiten por el poder mediante las elecciones, y así continúan aprovechando y reforzando las prácticas del régimen previo, bajo su mando. Por otra, como en el caso de Venezuela, su intervención se sigue presentando como la vía para alcanzar la “verdadera democracia” ante las élites políticas distanciadas de la población, pero ésta es una historia más de cómo el gobierno en manos del ejército conduce irremediablemente a la caída de la democracia. De igual forma, nos permite ver cómo la competencia democrática no asegura la lealtad de los actores a ésta, sean civiles o militares, que, ante la oportunidad de tomar el poder, no dudan en aliarse.

7. Las élites que llevaron la transición y el recorrido hacia la normalización democrática están agotadas, no encuentran respuestas a los problemas económicos y de organización social, lo que ha llevado a buscar nuevas respuestas y actores mediante la opción electoral. Así podemos explicar la llegada al poder de Hugo Chávez, en Venezuela, o de Evo Morales, en Bolivia; pero el desarrollo de sus gobiernos, llevando a los extremos a la democracia, se encuentra en el agotamiento con el régimen de Maduro en Venezuela y de Morales con una reelección altamente cuestionada en 2019.

Desde otra orientación ideológica, la victoria de Macri en Argentina, en 2014, también sería parte de la búsqueda de nuevas respuestas y figuras. El giro en el modelo económico implantado y la crisis económica como resultado de su administración, y la derrota en 2019 ante el regreso de Cristina Kirchner, tras la figura de Alberto Fernández, nos muestra que las opciones políticas exploradas tampoco fueron capaces de dar respuestas y, por el contrario, agravaron la situación.

8. Los liderazgos emergentes, como el de Evo Morales, en Bolivia, hoy dan muestra de desgaste y pérdida de apoyo en parte de los actores sociales que lo apoyaron inicialmente. El resultado electoral cuestionado en un contexto de división, su acceso forzado a la competencia por una nueva reelección, el uso de la represión a las protestas lo acercan cada vez más al autoritarismo. A su vez, la apuesta por fortalecer su liderazgo, en lugar de avanzar hacia la institucionalidad del movimiento y del mismo Estado boliviano, conduce peligrosamente a la pérdida de una opción política relevante por su origen y las políticas exitosas.

9. La democracia en América Latina logró instalarse como procedimiento para dictar el acceso y cambio de la titularidad del poder político, pero no fue potenciada como una vía para alcanzar un ordenamiento social más justo. Así, la democracia realmente existente en muchos de los países de la región se encuentra en crisis al no poder dar respuesta a los problemas contemporáneos que enfrenta, problemas que debemos reconocer no son muy diferentes de los que enfrentaban en el momento de su instauración.

10. El aprendizaje derivado de estos capítulos es que nos permiten reconocer que las brechas sociales y económicas existentes al inicio de las formaciones nacionales perduraron y moldearon a los sistemas políticos y sus dinámicas. Así, la democracia electoral ha sido utilizada para mantener las diferencias raciales, económicas y de género en los países de la región.

Debe quedar claro que esto no significa un fracaso de la democracia, ya que es ésta un punto ideal de comparación que nos permite distinguir la brecha existente con las realidades que vivimos. No es que la democracia haya caducado o se encuentre agotada; por el contrario, son las ausencias, las carencias respecto al modelo las que están apareciendo y nos urgen al cambio.

El error en el que hemos caído es que confundimos a la democracia con el cambio hacia realidades más justas, equitativas, solidarias y prósperas, cuando ésta era solamente una herramienta para hacerlo posible. Y ahora tenemos que alertar de confundir, como advierte Morlino (2013), a la crisis de la democracia con la crisis dentro de las democracias, es decir, confundir la crisis del modelo con la crisis dentro de los regímenes particulares que adoptan el modelo. Cierto es que cuando varios regímenes concretos fallan de los mismos componentes puede uno pensar que el problema es el modelo, pero debemos preguntarnos también si el problema es cómo se hace uso de éste, cómo le hemos dado vida y si contamos con las cualidades necesarias para hacerla funcionar.

Tampoco debemos confundir el problema de cómo elegimos –procedimiento– con qué y a quién elegimos –contenido ideológico y valorativo–. Las fracturas que hoy son visibles en nuestros países, en gran medida gracias a elecciones altamente competitivas, no surgieron con la democracia, se hicieron visibles por ésta; en gran medida, ya estaban ahí, en las sociedades latinoamericanas antes de que se transitara a la democracia en los años ochenta y noventa del siglo xx.

Darnos cuenta de ello convierte a la situación actual en una oportunidad para transformar la realidad, pero no es desde el rechazo a la democracia que se pueden solucionar el crimen, la corrupción, la pobreza, la discriminación, la intolerancia, sino desde la discusión abierta de los principios rectores de nuestra organización como sociedad.

Haciendo el punto de partida más justo para todos, apostando por la valoración de la vida, por la libre decisión sobre el propio cuerpo y los afectos, por la dignidad de cada ciudadano, invirtiendo en la salud y la potencialidad de cada uno, atendiendo a lo común en la diversidad, protegiendo la libertad, los derechos humanos, el acceso a la justicia y apostando por la sustentabilidad, es que podemos avanzar a un estadio de mayor justicia, equidad y prosperidad.

Pero no todos están de acuerdo en ello ni en la vía, debemos reconocerlo, aceptarlo y confrontarlo; de cierta forma, lo que está en disputa son los principios a partir de los que se define quién debe formar parte de la comunidad que cuenta, en sus diversos ámbitos: local, nacional y humanidad.

Nuestras democracias son democracias en sociedades fracturadas en las que el discurso democrático se utiliza tanto para incluir como para justificar la exclusión; después de todo, hoy todos somos democráticos; pero qué queda de ella tras la marca (Brown, 2011), tras el emblema (Badiou, 2011), es lo que está en cuestión. Así, las maneras de pensar a la democracia y dotarla de contenido también importan al momento de ponerla a funcionar.

Arribar a la democracia es un camino inacabado que se construye todos los días, en el que cada ciudadano, cada persona, con su realidad particular y su relación con el otro, es un frente de batalla y, a la vez, el mejor indicador del éxito o fracaso de esta forma y principio de organizar a la sociedad.

La coyuntura 2019

Corren los días finales de octubre de 2019 al momento de escribir estas líneas. La precisión es importante porque en este mes se han desarrollado situaciones que son explicables por las reflexiones que se han presentado en este libro.

En Chile, los incrementos al precio del transporte metro en Santiago llevaron a una movilización social en las calles de Santiago, en protesta por las presiones que sobre la población establece el agotamiento del modelo económico privatizador neoliberal y que lleva a la pauperización de las condiciones de atención en salud, educación, retiro. Un mal diagnóstico de la problemática llevó a que la respuesta del gobierno fuera declarar el estado de emergencia y recurrir a los militares para controlar la situación, lo que condujo a la represión de las manifestaciones y a episodios de violencia, lo que desataba a los fantasmas del autoritarismo militar que amenazaba con el retorno.

Si bien el gobierno de Piñera echó abajo el incremento, las manifestaciones continuaron y se expandieron por el país, lo que dio cuenta de que el problema no era en sí el incremento, sino el modelo económico neoliberal, que lleva a la zozobra a la población desde hace más de treinta años. La dimisión del gabinete de gobierno tampoco será suficiente para resolver la situación, pues lo que está en juego es un reordenamiento social y económico, un nuevo acuerdo sobre el país y la forma de vida que los chilenos desean para sí; es decir, un nuevo acuerdo sobre los principios a partir de los cuales organizarse como sociedad.

Y es que, como se desprende del texto de Durán, ésta fue una discusión que quedó pendiente en el proceso de transición y posteriormente durante los gobiernos de derecha e izquierda, que no pusieron en cuestionamiento la orientación del modelo económico heredado. Esta discusión omitida generó una creciente desconexión de las élites políticas y la ciudadanía, ante lo que se dificulta la posibilidad para que esta misma clase política pueda solucionar y encauzar las demandas de cambio de la sociedad chilena, lo que muestra un problema de renovación de los liderazgos políticos y sociales.

Unos días antes, en Ecuador también se dieron movilizaciones importantes tras el anuncio por el gobierno de Lenin Moreno de la suspensión de subsidios a los combustibles. La movilización de los pueblos indígenas y de la población en general llevó a la suspensión de tal medida, que se sumaba a una creciente presión económica que se acumulaba en la población ecuatoriana tras las reformas económicas recientes, pero no sin antes desatar actos violentos y declarar estado de excepción con el traslado de poderes de Quito a Guayaquil y la salida de los militares a la calle a combatir a la población manifestante.

Tras varios días de movilizaciones, el gobierno cedió al cancelar la suspensión de los subsidios, y terminaron las movilizaciones. Pero el modelo económico y la integración de la población es un punto que deberá discutirse con seriedad en este país para la articulación de la política en el futuro próximo.

Haití también ha sido escenario de movilizaciones de protesta contra el gobierno de Jovenel Moise. Una alta inflación, alto nivel de desempleo, criminalidad, escándalos de corrupción en los que estaría involucrado el mismo presidente, y en general una serie de desatinos en la conducción del país, han provocado una fuerte presión por parte de la oposición y de la población contra el presidente, un empresario sin previa experiencia política. Además, la irritación popular se incrementa ante la escasez de combustibles y la paralización de las actividades económicas. El diálogo que ha propuesto el presidente, después de intentar reprimir a las manifestaciones y causar más de veinte muertos a manos de las fuerzas de seguridad, ha sido rechazado por los manifestantes, que se han puesto como objetivo la renuncia del presidente desde que iniciaron las manifestaciones en febrero de 2019. En este caso, un motivador detrás de las protestas es el factor económico que divide en forma importante a la sociedad haitiana y que, por momentos, ha convertido las protestas en una disputa de ricos contra pobres.

En Bolivia, las elecciones del domingo 20 de octubre tuvieron como resultado la victoria de Evo Morales, pero no es claro el resultado que le permitiría evitar competir en una segunda vuelta electoral contra el expresidente Carlos Meza. La desconfianza en los resultados, dados a conocer por el tribunal electoral, levanta la sospecha de la manipulación de éstos ante una importante reducción de la base de apoyo de Morales, lo cual muestra un país dividido en una disyuntiva entre la continuidad, que como opción parece agotarse, o el cambio, con una opción poco atractiva pero que está al alcance. En cualquier caso, la violencia invadió las calles ante la incertidumbre electoral, ante lo que pareciera un intento más en América Latina por imponerse a la institucionalidad democrática; paradójicamente, las dos partes involucradas –quienes apoyan a Evo Morales y quienes acusan fraude– aluden la misma acusación a la contraparte, mientras que el racismo y el clasismo aparecen como subtexto de la disputa política. Por ahora, mientras la Organización de Estados Americanos (oea) realiza una auditoría a la elección para verificar los resultados, lo que es claro es que en este país también hay una discrepancia importante sobre el camino que se debe seguir hacia el futuro.

En Argentina, las elecciones del 27 de octubre confirman que el paso de Macri por la Casa Rosada fue de sólo cuatro años, en los que las medidas tomadas por su gobierno llevaron a una crisis económica importante con la crecida de la inflación y la devaluación de su moneda; y que si bien los partidos tradicionales parecían no tener más respuestas ante el nuevo contexto, su opción tampoco logró articular una respuesta convincente y que mejorara las condiciones de vida de la población, lo que llevó al retorno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández al gobierno, con una sociedad dividida a proporciones muy similares. Si bien la victoria peronista fue clara y parecieran surgir también nuevos liderazgos en su formación, quedará por verse si pueden afrontar con éxito el escenario económico adverso y si logran tender puentes entre los dos sectores de la población, que han dejado relucir fuertes conflictos de clasismo y discriminación durante la campaña y los días posteriores a la elección.

Finalmente, un dato que destacar es que, tanto en Bolivia como en Argentina, dos expresidentes confrontaban a los actuales mandatarios; en Chile, Piñera ya había sido presidente, intercalando con Michel Bachelet en dos ocasiones; en Ecuador, Lenin Moreno veía la mano del expresidente Rafael Correa tras las movilizaciones recientes; en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe sigue activo políticamente. También pareciera que la clase política en América Latina atraviesa problemas de renovación y de carencia de nuevas ideas, y ha encontrado en la salida de los militares a las calles y la represión policial la sustitución a la política y la resolución de los problemas.

En Brasil, si bien no ha habido movilizaciones en contra del presidente derechista Jair Bolsonaro, los escándalos a su alrededor lo mantienen bajo fuerte presión en los últimos días. La aparente vinculación del presidente con el asesinato, en 2018, de Marielle Franco, activista y regidora de la izquierda, así como las declaraciones de su hijo, Eduardo Bolsonaro, que además lidera el Partido Social Liberal, respecto a la aplicación de medidas impuestas en la dictadura si las protestas en América Latina animaban a una posible radicalización de la izquierda en Brasil, mantienen en la mira y bajo una gran tensión al presidente brasileño, además de develar –una vez más– las tendencias autoritarias de su formación y su círculo cercano.

Una nueva década nos aguarda, con la promesa de tiempos agitados y nuevas oportunidades para reconstruir nuestras sociedades, pero es claro que América Latina no podrá avanzar hacia un mejor futuro mientras sigamos paseando en los bordes de la democracia con sociedades altamente fracturadas en su interior y con élites gobernantes poco dispuestas a escuchar más que su propia voz y el eco que ésta produce.

Referencias

Badiou, A. (2011). “The Democratic Emblem”, en G. Agamben et al., Democracy in What State? Nueva York: Columbia University Press, pp. 6-15.

Brown, W. (2011). “We are all Democrats Now…”, en G. Agamben et al., Democracy in What State? Nueva York: Columbia University Press, pp. 44-57.

Colier, R. y D. Collier (1991). Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latina America. Princeton: Princeton University Press.

Conran, J. y K. Thelen (2016). “Institutional Change”, en Orfeo Fioretos, Tulia Falleti y Adam Sheingate (eds.), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism. Nueva York: Oxford University Press, pp. 51- 70.

Dahl, R. (1993). La poliarquía. Participación y oposición. México: Red Editorial Iberoamericana.

Goodin, R. (2003). “Las instituciones y su diseño”, en Robert Goodin (comp.), Teoría del diseño institucional. Barcelona: Gedisa, pp. 13-73.

Hall, P. (2016). “Politics as a Process Structured in Space and Time”, en Orfeo Fioretos, Tulia Falleti y Adam Sheingate (eds.), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism. Nueva York: Oxford University Press, pp. 31-50.

Mahoney J. y K. Thelen (2010). “A Theory of Gradual Institutional Change”, en James Mahoney y Kathleen Thelen (eds.), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency and Power. Nueva York: Cambridge University Press, pp. 1-37.

Mainwaring, S., G. O’Donnell y S. Valenzuela (1992). Issues in Democractic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Morlino, L. (2013). Changes for Democracy. Actors, Structures, Processes. Oxford: Oxford University Press.

O’Donnell, G. y P. Schmitter (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario 4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Barcelona: Paidós.

Streeck, W. y K. Thelen (2005). “Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies”, en Wolfgang Streeck y Kathleen Thelen (eds.), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-39.

102 Posteriormente surgirán los regímenes híbridos, las democracias de fachada, los autoritarismos competitivos, como términos que permitirían la clasificación de tales regímenes.

103 Cuando hacemos referencia a diseño, es en un sentido amplio que no necesariamente implica intencionalidad deliberada.

Colaboradores

Sarah Patricia Cerna Villagra

Catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, México. 

Juan Cruz Olmeda

Profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Doctor y maestro en Ciencia Política por la Northwestern University. Maestro en Ética, Política y Política Pública por la Universidad de Essex. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Sus principales líneas de investigación son federalismo comparado, política subnacional, política en América Latina. Director de la revista Foro Internacional de El Colegio de México.

Javier Contreras Alcántara

Profesor-investigador titular en el Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis. Doctor en investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México. Sus principales líneas de investigación son procesos, prácticas, discursos y significaciones de la democracia en las sociedades contemporáneas; problemas políticos de América Latina; tiempo y política; e historia conceptual de lo político en México.

Carlos Durán Migliardi

Investigador titular del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Henríquez (ucsh), Santiago de Chile. Doctor en investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flacso, México; sociólogo y licenciado en Historia, especializado en temas relacionados con el análisis del discurso político y el estudio de los procesos políticos de la historia reciente de Chile. Actualmente se encuentra realizando una investigación referida a las nuevas organizaciones políticas, intitulada “¿Hacia un nuevo campo político: organizaciones y discursos políticos emergentes en el Chile actual (2010-2020)”, investigación financiada por el Fondecyt, Gobierno de Chile.

Jaqueline Garza Placencia

Profesora-investigadora de tiempo completo en El Colegio de Jalisco. Coordina la línea de investigación “Estado de derecho, seguridad y justicia” en dicha institución. Doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), Ciudad de México. Realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios de la Metrópoli (cem) vinculado a la Universidad de São Paulo (usp), en Brasil. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores e investigadora asociada al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (flad), sección México. Desde el campo de la antropología política, se ha enfocado al estudio de las interacciones Estado-sociedad, desde una perspectiva relacional. Su agenda de investigación se centra en el análisis de la sociedad civil organizada, los actores colectivos y su participación en políticas públicas. Sus publicaciones incorporan temas vinculados a las víctimas de la violencia, los derechos humanos, la desaparición (forzada) y la desigualdad social.

Silvio René Gramajo Valdés

Profesor universitario en el Departamento de Comunicación de la Universidad Rafael Landívar (url) en las materias de Opinión Pública, Comunicación Política, Deontología de la Comunicación y Tesis; además de columnista, consultor e investigador. Doctor en Investigación Social con énfasis en Ciencia Política por Flacso, México; maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Exdirector del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la url; fue coordinador del proyecto de acceso a la información, clasificación y desclasificación de información para el Consejo Nacional de Seguridad, en Guatemala, y fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Transparencia y Combate a la Corrupción, de la Vicepresidencia de la República; cuenta con publicaciones y ponencias nacionales e internacionales respecto al tema de medios de comunicación, acceso a la información pública y transparencia.

Antonio J. Hernández Curiel

Profesor de tiempo completo adscrito a la maestría en Conservación de Acervos Documentales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), maestro en Ciencia Política por El Colegio de México (Colmex) y licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (ucm). Sus ámbitos de interés y especialización son la filosofía, la metodología de las ciencias histórico-sociales y la teoría política. Recibió el reconocimiento como perfil deseable dentro del Programa para el Desarrollo Docente para el Tipo Superior (Prodep), de la Secretaría de Educación Pública, en 2016. Es candidato a investigador nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) del Conacyt para el periodo 2018-2020.

Miguel Hernández Hernández

Doctor en Antropología por el ciesas. Tiene estudios de maestría por la misma institución. Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Entre 2016 y 2019, realizó una estancia posdoctoral en el Departamento de Demografía, adscrito como profesor-investigador al Instituto de Filosofía e Ciências Humanas de la Universidade Estadual de Campinas, en el estado de São Paulo, Brasil. Durante ese periodo, realizó un estudio comparativo en torno a los procesos de gestión de agua potable y saneamiento en contextos de crisis hídrica en São Paulo y la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son antropología de las políticas públicas; antropología aplicada en México; gestión de agua potable y saneamiento en México y Brasil; proyectos de desarrollo y conflictos socioambientales en México y América Latina.

Sandra Hincapié

Investigadora de cátedras Conacyt en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flacso, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha sido profesora-investigadora en diversas universidades de México y Colombia, consultora y analista de organizaciones no gubernamentales en investigaciones y proyectos de intervención en América Latina. Su campo de investigación está centrado en el estudio comparado de los derechos humanos y la acción colectiva como vía de transformación de conflictos sociales y posibilidad de construcción de capacidades sociales y estatales.

Adriana Edith Rodas Benegas

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción.

Liz Lorena Soto Coronel

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción. Consultora del Equipo Sociológico para la ong Tierra Libre / Instituto Social y Ambiental, Paraguay (2018-2019).

Mario Torrico

Profesor-investigador de Flacso, México; y coordinador de la maestría en Ciencias Sociales. Es economista y politólogo de la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, y cuenta con una maestría en Desarrollo Económico de América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y otra maestría en Ciencias Sociales por Flacso, México. Es también doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flacso, México. Sus áreas de especialidad son instituciones políticas, economía política, políticas públicas, conflicto e inestabilidad política. Ha desempeñado cargos públicos en Bolivia y México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.