Índice

Plan de la obra

Introducción

Mauricio Genet Guzmán Chávez, Leonardo Tyrtania Geidt y Claudio Garibay Orozco

Poder y tecnología en función del cambio ambiental y social en el valle del Tennessee

Roberto Melville (Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social)

Controversias tecnocientíficas. Proyectos de la ingeniería hidráulica en la cuenca del río Santiago

Cecilia Lezama Escalante (Universidad de Guadalajara)

El discurso de la tradición minera mexicana. Modelo de relación histórica entre mina y espacio social local

Claudio Garibay Orozco (Universidad Nacional Autónoma de México)

Con piscina en casa, pero de lixiviación: clientelismo social y horizonte de coerción en una población relocalizada por la minería canadiense en el centro de México

David Madrigal González (Colegio de San Luis)

Conocimiento, ambiente y poder: Wirikuta es una universidad. Ontología relacional en torno al Avatar mexicano

Mauricio Genet Guzmán Chávez (Colegio de San Luis)

Conocimientos y poder en la política agroalimentaria de la Mixteca oaxaqueña, México

Elena Lazos Chavero (Universidad Nacional Autónoma de México)

Poder, conocimiento y ecoturismo en la Selva Lacandona.El caso de la subcomunidad de Frontera Corozal

Leticia Durand (Universidad Nacional Autónoma de México)

El café de sombra: ¿una alternativa viable para campesinos en regiones marginadas? El caso de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, México

Anne Cristina de la Vega Leinert (Universidad Ernst Moritz Arndt, Greifswald), Ludger Brenner (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa), Susanne Stoll-Kleemann (Universidad Ernst Moritz Arndt, Greifswald)

Comunidad, tierra viviente y el “sistema de terreno humano”.La geografía participativa y el derecho a la geoprivacidad

Leonardo Tyrtania Geidt (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa)

“Paisajes rurales en disputa”: coproducción y conflictos ambientales en el sur de Jalisco

Peter R. W. Gerritsen y Natalia Silvia Álvarez Grzybowska (Universidad de Guadalajara)

En busca de la equidad social y cognitiva: acciones de vinculación comunitaria de programas de desarrollo sustentable en dos universidades interculturales

Mauricio Sánchez Álvarez (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

Epílogo

PLAN DE LA OBRA

Conocimiento, ambiente y poder. Perspectivas desde la ecología política es la segunda publicación de la Red de Estudios sobre Sociedad y Medio Ambiente (resma), la cual congrega a más de una docena de investigadores pertenecientes a distintos centros de investigación, como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), El Colegio de San Luis (Colsan), el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (crim), el Instituto de Investigaciones Sociales (iis) y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (ciga) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-Iztapalapa), el Instituto de Geografía y Geología Ernst Moritz Arndt de Greiswald (Alemania), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah) y Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), entre otras instituciones, así como a investigadores independientes.

A lo largo de tres años la resma celebró un seminario con periodicidad mensual para discutir en torno al eje analítico que hoy se imprime en el título: conocimiento, ambiente y poder, diferentes estudios de caso que hoy demandan la atención de la problemática y compleja relación sociedad/medio ambiente: conflictos socioambientales originados por los proyectos mineros, la política hidráulica asociada a las grandes presas, el sistema agroalimentario, el turismo rural indígena, la educación ambiental en el ámbito intercultural y diversos conflictos vinculados con el desarrollo rural.

El interés ha sido discutir cómo los conceptos de este eje analítico resultan pertinentes para reflexionar las apropiaciones y manipulaciones más o menos explícitas del ambiente a través del poder y el conocimiento. De la misma forma, objetar el carácter pasivo de la naturaleza y, en ese sentido, descubrir las mutaciones, ensamblajes e hibridaciones que el poder y el conocimiento adquieren a partir de situaciones y contextos políticos, económicos y culturales específicos. La mirada común de los once capítulos que conforman la obra es la distribución desigual de poder y el conocimiento relativo y relacional inscrito tanto en la política ambiental como en las contiendas y los movimientos sociales que enfrentan y desafían dichas políticas.

A la orden de la discusión teórica contemporánea, insistimos en la tensión cultura/naturaleza como criterio y guía epistemológica para enriquecer el debate posestructuralista sobre el desarrollo, las redes sociotécnicas, la teoría actor-red, las propuestas del poshumanismo y el modelo de resistencia y emancipación contrahegemónica.

Conocimiento, ambiente y poder...

Introducción

Mauricio Genet Guzmán Chávez

Leonardo Tyrtania Geidt

Claudio Garibay Orozco

Las preguntas iniciales

La compilación de trabajos que el lector tiene en sus manos es la segunda publicación de la Red de Estudios sobre Sociedad y Medio Ambiente (resma), un colectivo de investigadores que agrupa tanto los independientes como los pertenecientes a diferentes instituciones de ciencias naturales y disciplinas sociales en México, y que recientemente ha incorporado en sus filas a investigadores europeos y latinoamericanos. Todos ellos, interesados en las distintas facetas y componentes de la relación sociedad/medio ambiente. La resma viene realizando reuniones mensuales desde hace diez años bajo la modalidad de videoconferencia y por Skype, herramientas de comunicación que posibilitan la interacción de sus miembros dispersos en la geografía del país y allende sus fronteras. También compartimos una página en web con acceso público en <http://redresma.wixsite.com/redresma>.

En 2012, a partir de la publicación de Riesgos socioambientales en México (Sánchez-Álvarez, Lazos y Melville, 2012), que fue el primer libro colectivo de la resma, decidimos hacer girar nuestras reflexiones en torno a ese vórtice que es “Conocimiento, ambiente y poder”, título que adoptó desde ese año nuestro seminario. A casi cinco años de iniciada esta travesía, mostramos ahora al público los resultados de un trabajo colectivo e individual a la vez, uncido a la perspectiva crítica en el marco de la ecología política. En este proyecto advertimos de entrada la necesidad de reconocer el lugar de la enunciación teórica, metodológica y epistemológica para intentar tender puentes para el diálogo y la reflexión conjunta. Sin perder de vista la naturaleza de los casos de estudio ni la particularidad en los intereses y posturas de cada uno de los colegas —bagajes teóricos, éticos y profesionales—, el acuerdo tácito para embarcarnos en esta travesía fue una postura crítica explícita ante las políticas públicas que el neoliberalismo promueve para la explotación de los recursos naturales. Esto es, evitamos dar por sentadas realidades o regímenes de verdad monopólica y nos esforzamos por hacer evidentes los conflictos, forcejeos, contiendas, acuerdos y negociaciones que surgen entre colectivos humanos cuya característica principal es la distribución desigual de poder y conocimiento más su empleo discrecional.

Las categorías analíticas de conocimiento, ambiente y poder resultan indispensables en nuestra reflexión cuando hablamos de los conflictos socioambientales relacionados con los transgénicos, las megaobras hidráulicas, la minería a cielo abierto, los sistemas de producción de alimentos y otros temas abordados en este volumen. Pensamos que existe una enorme laxitud y ambivalencia en el manejo de estas categorías y, por tanto, dispersión analítica y una cierta dificultad para comprender la cuestión ambiental dentro de un referente epistemológico que respete alternancias y desplazamientos de los discursos y de las prácticas bajo los cuales se construyen diferentes realidades socionaturales.

La principal dificultad que tuvimos que sortear como colectivo fue definir el orden de los factores. Ante la posibilidad de entrar por la manida pregunta de en qué medida las relaciones de poder influyen sobre la construcción del conocimiento, dimos prioridad a esta otra: ¿en qué medida las representaciones de la naturaleza son mediadas por el conocimiento? Y, por lo mismo, nos preguntamos en qué sentido el poder se revela como condición situada y habilitada por una naturaleza ante todo dinámica, no pasiva, y sobre todo ingeniosa. Pronto descubrimos que no era posible avanzar siguiendo una relación jerárquica entre categorías y conceptos, sino que habría que entender este eje tripartito en su calidad de vórtice. Del latín vortex, la metáfora puede usarse para nombrar un flujo cualquiera que se desplaza en sentido de espiral hasta agotarse. Los cúmulos de galaxias, el sistema solar, las turbulencias de la biosfera, las formas de vida todas, desde la espiral del adn hasta las sociedades humanas, como cualquier cosa que se mueve en este mundo, es un vórtice que recoge en su devenir la energía, los materiales y la información, reproduciendo sus formas particulares, que son simultáneamente caóticas y ordenadas. El torbellino de ideas que se entrelazan en nuestras narrativas y que recoge el título de la presente obra se parece demasiado al objeto de estudio que cada autor construye, pues la realidad no consta de cosas, sino de procesos; el conocimiento no descubre esencias, sino probabilidades; y las decisiones no se toman a lo seguro, sino por negociación.

No quisimos, entonces, supeditar el proyecto a la univocalidad epistemológica que predomina todavía en las ciencias que defienden,cada una, sus verdades particulares, sino que nos preocupamos por establecer un campo de “realidades etnográficas” a las que corresponden las interpretaciones propias. Nuestros puentes comunicativos, como los lectores podrán constatar a lo largo de los once capítulos, reflejan el interés y el compromiso para discutir y reflexionar en torno a los temas y problemas socioambientales que urgen. Un México deforestado, narcointervenido, despojado, con sus contrapartes en resistencia por la defensa del territorio, la identidad y la búsqueda de alternativas ecológico-políticas se debate en medio de la crisis y el desmantelamiento de las instituciones del Estado y la descomposición del tejido social.

Nuestro itinerario ha estado poblado por lecturas que componen la teoría social contemporánea. Nos hemos concentrado en las discusiones sobre el dualismo cultura/naturaleza (Descola y Pálsson, 2001;Latour, 2001); el colectivo de actantes dentro de la teoría del actor-red, las cuestiones sobre la agencia atribuida a los no-humanos (Latour, 2001, 2003, 2013; Dobson, 2010); el decrecimiento como uno de los ángulos problemáticos de las discusiones sobre el desarrollo (Latouche, 2009) y los planteamientos que se distinguen bajo el encabezado de “enfoques poshumanistas” (Sundberg, 2011; Cadena, 2010; Brydon, 2006); hemos bordeado estas discusiones asumiendo el concepto de poder desde la perspectiva de la microfísica de M. Foulcault, el poder social de R. N. Adams y la estructura del poder como el “espíritu del tiempo” de E. Wolf. En nuestra búsqueda para asumirnos dentro de la corriente del pensamiento latinoamericano, hemos acudido a la crítica posestructuralista del desarrollo de A. Escobar (2012, 2014) y sus proyecciones que se ligan con los temas de la cosmopolítica amerindia y las ontologías relacionales (Blasser, 2013; Cadena, 2010; Viveiros, 2002); al concepto de colonialidad de poder de A. Quijano y W. Mignolo, y al modelo de resistencia y emancipación contrahegemónica que propone B. Sousa Santos.

Entrometernos con tan variados autores y sus posturas nos exigió acostumbrarnos a ciertas incertidumbres epistemológicas y a una toma de decisiones pragmáticas respecto a los conceptos clave. Las preguntas que nos hacemos en esta obra son múltiples.

1) Ambiente

a) ¿Qué se circunscribe al ambiente? ¿La cultura es parte del medio? ¿Los seres humanos somos naturaleza contingente o inmanente; tesoro o pesadilla de la vida?

b) ¿Cuál es la metáfora que nos vincula o nos disocia con la naturaleza, con el ambiente? ¿La naturaleza es un almacén de productos y servicios ambientales? ¿Es pasiva o interactiva, antropocéntrica, biocéntrica, coevolutiva?

2) Poder

a) ¿Cómo definimos el poder a partir de su condición bimodal de control de la naturaleza y dominación social?

b) ¿Qué condiciones son necesarias para producir consenso y legitimidad, por un lado, resistencia y alternancia frente a los poderes hegemónicos, por el otro?

c) ¿Cuál es la distribución del poder social, quién gobierna, controla, toma decisiones que afectan el curso de los ríos, los niveles de bióxido en la atmósfera, la producción de transgénicos, etcétera?

3) Conocimiento

a) ¿Bajo qué condiciones, reglas y acuerdos se produce y moviliza el conocimiento?

b) ¿Qué importancia adquiere la distinción ente los distintos tipos de conocimientos (científico, especializado, cotidiano, popular…), sus campos de legitimación e influencia en las políticas sobre el ambiente?

c) ¿Cómo se construyen y orientan los procesos mediante los cuales ciertos conocimientos se tornan hegemónicos y otros marginales o alternativos?

La mayor parte de los trabajos aquí publicados se foguearon en la propia red y algunos de ellos se expusieron en congresos y seminarios abiertos para un público mayor. De tal suerte, hablamos de textos maduros que insisten y profundizan en temáticas exploradas por cada uno de los autores en su trayectoria académica.

En los once capítulos que componen este libro, hemos procurado tensar y poner en relieve los intereses en juego que se esconden en las políticas relacionadas con los asuntos de supervivencia de los grupos sociales estudiados. Entendemos que los problemas del desarrollo involucran transformaciones radicales en las formas y estilos de vida, en las cosmovisiones de millones de personas en todo el mundo. Subrayamos como punto de partida la fase histórica o modelo neoliberal bajo el cual se han ampliado las facultades de intervención sobre los territorios. Esta intervención se ha hecho más sofisticada y violenta, pues se articula mediante una red mundial de corporativos e intereses trasnacionales, en donde los Estados-nación han claudicado en su papel de garantes y defensores del bien público, colectivo, y han asumido abiertamente el de gestores y coadyuvantes de intereses particulares. Consideramos, no obstante, que el trasfondo del problema requiere la amplitud de miras para reconectar la gestión del poder social y el conocimiento con los asuntos de la biosfera, la que nos incluye a todos, por ahora.

El trasfondo del problema

El continuum de relaciones conocimiento-ambiente-poder resume, a nuestro juicio, los factores que intervienen en la elaboración de respuestas de los grupos sociales humanos ante los riesgos y conflictos que ponen en suspenso las viejas certezas sobre la continuidad de la vida en la Tierra, tal como la conocemos todavía hoy. En los tiempos que corren enfrentamos una crisis de grandes proporciones relacionada con el cambio climático. Para la sociedad “tecnoinformática”, tal vez ésta sea una crisis decisiva, en el sentido de que debe aprender algo nuevo y desconocido para ella de cómo llevarse bien con la naturaleza. Podría decirse que lo que viene es una avalancha de problemas ambientales ajenos a la agencia humana, pero no, la presente es una crisis socialmente construida, una crisis ambiental de conocimiento y poder: ¿qué sabemos y qué podemos hacer?

Los expertos aseguran que la atmósfera terrestre está sobrecargada de gases de efecto invernadero, que las capas de hielo continentales se están desmoronando, que está en marcha una masiva extinción de especies, que nuestro mundo ya no es sustentable desde hace tiempo. Sabemos que todo ello obedece al desbocamiento de una economía extractivista basada en un consumo insensato y malsano, una economía cuyo crecimiento mal encaminado es la obsesión de los gobiernos de todos los países. El registro del carbono nos da el dato duro, verificable, de que cada año la industria libera más y más contaminantes al medio. Existe suficiente información como para advertir que esto no puede seguir así por mucho tiempo (Ambrosio, 2015; Allit, 2014; Kolbert, 2014, 2015). “Nuestro futuro común”, como reza el título del Informe Brundtland de la onu de 1987, está en entredicho. Tenemos suficiente conocimiento de los hechos como para hacer algo decisivo al respecto, pe-ro también sabemos que están en juego fuerzas muy poderosas que no permitirán más que unas cuantas simulaciones, tales como conferencias internacionales sobre el clima con firma de protocolos no vinculantes de los que resultan pagos por “servicios ambientales”, que no son otra cosa sino permisos para contaminar (véase en este volumen Vega, Brenner y Stoll Kleemann, sobre el papel del cultivo orgánico en las estrategias de conservación de la biodiversidad). Las lucrativas empresas del planeta dedicadas a la extracción de recursos no abandonarán sus ganancias, el capital financiero no renunciará a la especulación y la economía de casino que nos tocó vivir, sino que seguirá promoviendo sus ofertas hasta agotar existencias (véase Garibay, Madrigal y Guzmán en este mismo volumen, sobre la industria minera). Pero ¿no habrá algún contrapeso a los poderes fácticos? Ésa es la pregunta que nos hacemos al presentar casos que hemos investigado y que presentamos aquí, casos de movimientos sociales de supervivencia que se están gestando en diferentes lugares del país. Estos movimientos se dan por parte de comunida-des y grupos humanos que dependen directamente de su medio efectivo local. Las comunidades locales se están movilizando contra los megaproyectos que amenazan la vida en su entorno. Son movimientos de resistencia en pequeña escala que, a primera vista, no parecen tener re-lación directa con el cambio climático global ni tampoco importancia para el mercado (Guzmán, en esta obra). Sus efectos, sin embargo, son decisivos por varias razones.

La principal razón es la del aprendizaje. Un aprendizaje que se aprecia en su verdadera dimensión desde el marco de la ecología política, como podemos ver en los casos presentados. El cambio climático es una emergencia planetaria real. Las sociedades deben prepararse para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, intensas fluctuaciones ambientales, sequías e inundaciones que provocarán desabasto en la provisión de recursos vitales, problemas relacionados con la disposición de desechos tóxicos y migraciones de refugiados ecológicos en gran escala. La proliferación de biocidas en la agricultura hace que los insectos polinizadores se hallen en proceso de extinción en muchos lugares del mundo. El funcionamiento normal de los ecosistemas terrestres y marítimos, la fertilidad de los suelos y el suministro de agua potable están en peligro extremo. Pero, antes que un apocalipsis, ésa sigue siendo una oportunidad, al menos en lo que se refiere al manejo de daños. De la atención a los desafíos mencionados deben salir sociedades más seguras, justas y solidarias. Las sociedades humanas deben aprender a compartir el mundo con otros seres vivos y con los actantes no humanos (Latour, 2013). Pero ¿cómo se aprende esto? En la lucha por la autodeterminación de las comunidades de vida. Nadie vendrá a salvarnos de milagro. Las sociedades concretas pueden aprender algo al defenderse de “los estragos de un sistema económico salvajemente injusto”, como lo califica Naomi Klein en su último libro sobre “el capitalismo contra el clima”, según reza el subtítulo (2015: 21). A efectos de la industrialización, se están desestabilizando los ciclos naturales que regulan los intercambios en la biosfera, de modo que peligra la vida como la conocemos. Si las sociedades humanas no aprenden cuanto antes la lección que les depara el momento actual, difícilmente tendrán oportunidad de aprenderla más tarde, cuando los ecosistemas dejen de funcionar del modo como todavía lo hacen. Para “el día después”, hay quienes dicen, con James Lovelock (2007), que lo que debe salvarse de la crisis en marcha es el conocimiento y la información acumulados por las diferentes sociedades a lo largo de los siglos. Después de la caída del Imperio Romano, argumenta Lovelock, sobrevino en el continente europeo un largo periodo de violencia de la “primavera de naciones” y mucho del co-nocimiento acumulado por escrito se refugió en las bibliotecas de los conventos. Gracias a estas bibliotecas sabemos ahora de los sabios de la Antigüedad y conocemos las matemáticas de los árabes. Pero tal vez sea más importante, aunque frágil por su condición, la memoria biocultural de las sociedades campesinas e indígenas del mundo. Excluido por el mercado y sin valor visible por ahora, el conocimiento ancestral de las comunidades agrícolas será parte importante de los acervos del futuro porque es parte del aprendizaje de la humanidad. La crisis ecológica en curso nos obliga a tomar muy en serio este hecho.

En segundo lugar, la construcción de sociedades más seguras, justas, solidarias y bien informadas sólo puede darse desde abajo. Los dirigentes políticos de los países industrializados, que son quienes podrían hacer algo decisivo para enfrentar el cambio climático, desde hace tiempo han abdicado por completo de sus responsabilidades, las de velar por el bienestar colectivo, y se han aliado con los traficantes y los merolicos de quienes dependen las elecciones. Se comportan como si supieran que la debacle ecológica no tiene remedio, y de ahí que su lógica de “sálvese quien pueda” lo único que les sugiere es hacer dinero. Nuestro mundo es crecientemente desigual, injusto e insostenible. La gente lo sabe porque lo experimenta en carne propia. Los movimientos por los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la seguridad alimentaria y la igualdad en el acceso a los recursos siguen brotando por doquier a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, en lo que respecta al cambio climático parece prevalecer una extraña inactividad de la sociedad civil. No en todas partes, pero en las ciudades, el ciudadano común voltea para otro lado, se dice a sí mismo que ése es “un asunto de ecologistas”. El citadino tarjetahabiente no siente la necesidad de reaccionar frente a las fluctuaciones del clima porque su vida no depende, al menos así le parece, del entorno natural, sino del supermercado de enfrente y del crédito que le otorga el banco de la esquina. ¿Acaso se necesita un nuevo movimiento social que triunfe allí donde los otros fracasaron o quedaron con logros parciales? Pues sí, se necesitan muchos de ellos y de todo tipo, porque “el cambio climático es nuestra oportunidad de corregir por fin esos enconados males, de terminar el proceso inacabado de la liberación”, responde Naomi Klein (2015: 563) con una dosis sobrecogedora de optimismo y fe en la humanidad. Vale la pena atender su argumento porque en la época de globalización no podemos desestimar el problema de las condiciones de vida en nuestro planeta. Vivimos en un mundo profundamente injusto e inseguro, un mundo que hemos convertido en basurero. Son los efectos de nuestra adicción al consumo los que nos están ahogando. Pero estos mismos efectos permiten también percatarnos de en dónde está el verdadero origen de nuestros problemas.

En tiempos recientes la capacidad de los movimientos sociales como fuerzas históricas transformadoras quedó demostrada en las movilizaciones a favor de los derechos humanos y civiles de minorías y mayorías (como en el apartheid), por los de las mujeres (que son la mitad de la población mundial) y por otras causas mayores que la justicia patriarcal suele ignorar. Pero todos estos movimientos de liberación, subraya Klein en su libro, se dieron en el terreno legal y cultural, para estrellarse a la postre contra esa “realidad” que llamamos económica y pensamos inamovible. Pues bien, la batalla de nuestros tiempos debe librarse a favor de una metamorfosis mucho más profunda que la legal, a favor de una “gran transformación”, diría Karl Polanyi, que incluyera todos los aspectos, el económico entre ellos, pero sobre todo la dinámica de la naturaleza. En este sentido, la economía debe orientarse por las normas de convivencia, no por las de ganancia individual en el mercado. La convivencia entre nosotros, entre sociedades y también con la naturaleza es lo que nos puede asegurar el futuro. Se dice fácil. Pues bien, la batalla de nuestros tiempos ha comenzado, pero no en el terreno de lo legal, lo político o lo cultural, sino en los territorios expuestos al saqueo de las trasnacionales y de los caciques, en donde la gente común lucha, es decir, se organiza para sobrevivir con los recursos que ofrece el medio local.

Se dice que saber es poder. Apreciamos tanto el poder de las ideas que, en un momento decisivo, nos desconcierta el hecho de que el conocimiento racional no tenga prioridad en la toma de decisiones políticas. La realidad social no sólo es compleja, sino desastrosa e inaceptable. No llegamos a comprender del todo cómo y por qué suceden las cosas en nuestro mundo. Es tal la controversia acerca de cómo componerlo, que en momentos críticos el conocimiento termina por pasar a segundo plano: en momentos de tensión se imponen los intereses particulares, las creencias, los prejuicios, los azares de la vida o cualquier otra cosa menos el razonamiento sereno. En momentos de crisis, la discusión se suspende y la toma de decisiones se delega en los grupos de poder. Pero si creemos que es posible la solución pacífica de los problemas y el logro democrático no violento de cambios sustanciales, sin necesidad de baños de sangre, es porque creeremos en el poder de la comunicación. Aunque el daño ya sea irreversible, aún es tiempo de argumentar y de tomar decisiones sensatas, al menos para el manejo de efectos secundarios del colapso civilizatorio en curso.

Frenar el cambio climático exigiría gastos presupuestales de enorme magnitud, sin precedentes. Los gobiernos de los países industrializados no pueden erogar este gasto fácilmente, como lo han dicho los que no ratificaron los acuerdos de las Cumbres de la Tierra. Muchos gobiernos los han firmado, pero ninguno los cumple a cabalidad. Ponerlos en práctica arruinaría las economías de alto consumo energético. Por ahora, las reglas del juego las dictan las empresas y el capital financiero aquí y en China. Las grandes maniobras de la real politik no nos ayudarán en nada.

La lista de los asuntos urgentes es enorme. Entre los problemas más apremiantes destaca la necesidad de abandonar cuanto antes el consumo de combustibles fósiles. Algo imposible de concebir. También urge reconstruir las economías locales, sanear los sistemas agrícolas, invertir en servicios públicos básicos, dejar de consumir cantidades ingentes de energía en las ciudades, atender la migración de refugiados, respetar los derechos de los indígenas a sus tierras y un largo etcétera sobre los derechos humanos. Para conseguir todo esto, antes que nada hay que “liberar nuestras democracias de las garras de la corrosiva influencia de las grandes empresas trasnacionales”, dice Naomi Klein (2015: 21). La periodista asegura que hay señales —en su país, Canadá, y en el mundo— de que este proceso de liberación ya está en marcha. Ella se propuso escribir el libro para dar a conocer esos hechos, para invitar a la discusión y para que se construyan las alianzas necesarias. Con el presente volumen nos encaminamos en la misma dirección. Tengamos o no los autores de este volumen las expectativas compartidas de una solución con base en la agencia humana, estamos relatando casos que representan intentos desde abajo de un aprendizaje ecológicamente valioso. La información que aquí presentamos es producto de nuestra investigación, pero lo que queremos transmitir es la experiencia concreta de “comunidades humanas de supervivencia”, comunidades que se entienden con su medio mucho mejor que con la sociedad mayor que los engloba.

La ecología política y su pertinencia para la praxis

La ecología política, un enfoque heredado de la economía política de inspiración marxista, está en una nueva fase. Arturo Escobar, quien hace un repaso por la historia de esta línea de pensamiento, observa que su desarrollo está marcado por las sucesivas revisiones epistemológicas de los presupuestos de entrada (Escobar, 2010). Así, el surgimiento de la ecología política se dio como resultado de la inclusión de la perspectiva ecológica en la economía. La ecología humana desatendía el poder, mientras que la economía política tenía una “subdesarrollada conceptualización de la naturaleza”. Cuando la ecología política se liberó en la década de los ochenta de la dialéctica y del pensamiento dualista, un relevo generacional la convirtió en un “vibrante campo de investigación interdisciplinario” en su segunda etapa de vida como actividad académica. Una tercera generación de ecólogos interesados en cuestiones sociales nace con las nuevas ontologías antiesencialistas que surgieron desde la crítica de la ciencia occidental como una ciencia al servicio de la “conquista de la naturaleza” y la colonización (Escobar, 1999, 2010; Blaser, 2013). Boaventura de Sousa Santos pudo declarar, pues, “el fin de una epistemología hegemónica” (Santos, 2003).

Al entender la epistemología como vigilancia permanente de la calidad del conocimiento, de sus condiciones sociales y la integración de los saberes humanos con la realidad, estamos apostando por un realismo de corte anarquista, por así decirlo, un realismo que rechaza el fundamentalismo de la verdad única y objeta la racionalidad dogmática. No vemos la necesidad de negar la realidad como independiente de la mente humana, tan sólo la postulamos polivalente, compleja e inconmensurable, en el sentido de que admite varias explicaciones. Las diferentes “naturalezas construidas”, o “culturalezas”, se dan a partir de las distintas experiencias de vivir el mundo y son naturalezas evolucionadas con la participación de los humanos. Los antropólogos las han documentado con prestancia y ya es tiempo de reconocer la validez de las epistemes1 de las distintas culturas (Descola y Palsson, 2001; Santos, 2003; Latour, 2003).

Toda suerte de conocimientos alternativos y contrahegemónicos se recuperan al amparo de una “ecología de saberes” y de las “epistemologías del sur” (Santos, 2003), aunque ello sucede sin producir una síntesis superior de ninguna índole. Los tiempos del monoteísmo científico y el de los macrorrelatos sobre la “historia verdadera” única han terminado. Las narrativas que se cuentan ahora para entender y componer el mundo son múltiples y variadas. Por poderse cartografiar en diferentes escalas y a partir de distintos códigos, la realidad devino un ensamblaje de mundos plurales. El conocimiento es siempre parcial, incompleto e insuficiente. Para tomar decisiones correctas, difícilmente podemos contar con la información exhaustiva y segura. De ahí que las decisiones relacionadas con la supervivencia de los grupos sociales se deban tomar a partir de lo que hay. Para disminuir la incertidumbre del presente y enfrentar los riesgos a futuro, se tiene que recurrir al conocimiento insuficiente y exiguo, por lo que es necesario complementarlo con el ejercicio del poder a partir de los controles de los elementos significativos del ambiente que posee cada unidad operativa. Esa triada conceptual que aquí resumimos como el continuum de conocimiento-ambiente-poder es la manera en que los humanos intercambiamos la información entre nosotros y con el medio al ocuparse de nuestros asuntos y los de nuestro mundo. Es decir, las decisiones se toman en la arena política.

Si las diferentes culturas tienen distintas concepciones de la naturaleza o no tienen ninguna en especial (Descola y Palsson, 2001) es porque la realidad no es transparente en absoluto, al menos para quienes no seamos místicos. Con las distintas representaciones de la realidad sucede que son conjeturas, sin que ninguna pueda arrogarse de antemano más verdad que otra. Ninguna representación refleja la realidad tal cual. Nuestro realismo depende de los modelos teóricos, esto es, de unos mapas mentales. Ya que no existe una metafísica que pudiera convencernos a todos, lo que nos queda para entendernos es ser explícitos en la formulación de los presupuestos teóricos.

Según Escobar (2010), una tercera etapa de la ecología política surge cuando el viejo mobiliario epistemológico de las esencias es sustituido por el de las relaciones entre los fenómenos. Eso es algo más que una crítica, se está gestando una deconstrucción de la ecología política como cuerpo teórico académico para dar lugar a una “ecología de saberes”, como la llama Boaventura de Souza Santos, sostenidos por las prácticas localmente verificadas. Se está formando una ecología política hecha por las comunidades de supervivientes, antes que por los académicos y los especialistas. Estos saberes, desde la perspectiva de la epistemología evolucionista, son experimentos de tipo ensayo y eliminación del error. Son ensayos de sustentabilidad que persisten y se propagan por el mundo al margen del mercado y operan, por ahora, en desventaja en relación con él. Pero cuando cambien las circunstancias, esto es, cuando los efectos de la crisis ambiental desarticulen el sistema de mercado vigente, los supervivientes buscaremos de forma desesperada patrones de producción de alimentos ecológicamente viables. La ecología política está documentando estos procesos.2

Las condiciones de supervivencia

Si hubo alguna convergencia en las discusiones de la resma, ésta comenzó a darse tímidamente alrededor de la idea de decrecimiento de Serge Latouche. Nuestra participante europea, la doctora Anne Cristina de la Vega-Leinert, de la Universidad de Greifswald (Alemania), nos hizo saber que el enfoque de decrecimiento se popularizó de manera progresiva desde los años 1980 y más visiblemente desde los años 2000 por medio de un movimiento social estrechamente vinculado con una crítica al productivismo, al extractivismo, al consumismo y sus impactos sobre el ambiente y la sociedad. Empezando con París en 2008, Barcelona 2010, Montreal y Venecia 2012, Leipzig 2014 y Budapest 2016, las conferencias internacionales sobre el decrecimiento permiten encuentros entre académicos, activistas e interesados en promover esta corriente y vincularla con movimientos sociales de distinta índole que también buscan elaborar alternativas para el actual modelo de crecimiento neoliberal.

En la ecología política posmoderna (por alguna razón, en la academia ya nadie quiere ser moderno) se da una discusión sobre la posibilidad de una economía de estado estacionario para prevenir una crisis planetaria. La idea de crecimiento cero se popularizó después del informe del Club de Roma (Meadows et al., 1972) y se afianzó con los trabajos de Keneth Boulding (1968) y Hermann Daly (1973). Dado que el crecimiento exponencial en un mundo finito lleva a un desenlace predecible, esto es, al colapso, parece que la salida es mantener el estado estacionario como una solución ecológica, porque así se puede sincronizar la economía con las posibilidades del planeta. Es posible permanecer en el estado de equilibrio natural, al igual que lo hace la biosfera; tan sólo es cuestión de imitar la naturaleza, se razona.

Ahora bien, considerar el equilibrio como el máximo logro de la evolución es un malentendido. Sería un error garrafal pensar que una vez alcanzado el estado estacionario o clímax, como se decía antes, los ecosistemas permanecen en él para siempre. A escala de vida humana, la biosfera puede parecer un sistema extraordinariamente robusto y duradero, pero, por lo que sabemos de ella, tiene una historia muy turbulenta. A su propia escala del tiempo, la biosfera está lejos de estar en equilibrio, y nunca estuvo en tal estado. El equilibrio, o una situación cercana a él, se da en la Luna, donde todo lo que pudo pasar ya pasó. En la Tierra, dada la confluencia de tantos elementos que interactúan entre sí, se producen constantemente novedades evolutivas por combinación. Con todo, los recursos del planeta se desgastan sin que pueda evitarse. Cuando la Tierra alcance el equilibrio, se hallará en un estado en el que no pasa nada en absoluto, que es el estado de equilibrio termodinámico. Mientras tanto, la única manera en que pueden funcionar los sistemas vivos, que son sistemas abiertos al flujo de energía-materia-información, es interactuando en un régimen físico lejos del estado de equilibrio, al filo del caos y el orden.

Cuando pretendemos explicar cuestiones sociales, económicas o políticas, el recurso a la física puede parecer chocante. Lo social se explica por lo social, dijo Durkheim, porque es una realidad sui generis, no reductible a la física o la biología. Ahora bien, algo pasó en la ciencia, algo que ya no nos permite manejar los ámbitos de humanidades y ciencias duras por separado. Es importante este movimiento para quienes queremos un marco teórico compartido por la interdisciplina. Al observar las incursiones de la física en la cosmología y simultáneamente en la realidad subatómica, que son mundos extraños, inconmensurables y violentos, nos damos cuenta de que ya no se puede sostener el realismo ingenuo con la permanente apelación a la idea del equilibrio. Antes que nada, nos damos cuenta de que el universo consta de realidades que no son observables sino de modo indirecto, esto es, mediante los conceptos. Resulta que las realidades sociales tampoco son del todo evidentes: en esto estamos igual. El problema aparece cuando los conceptos caducan y empiezan a estorbar. Éste es, por ejemplo, el caso del estado estacionario del universo, una explicación que cayó en desuso después de que se impusiera el modelo que postula la expansión del mismo con la concomitante pérdida de potencia. Nuestro mundo es inestable, pero creativo.

En la ciencia, lo que importa es la lógica del argumento y la demostración empírica, pero en la ciencia de hoy hay algo más. El conocimiento en tanto información con sentido se debe a la confluencia entre conceptos previamente elaborados con datos que los corroboran o refutan. Lo nuevo es la conciencia de que los datos se recogen con un instrumental conceptual prefabricado, pero de tal manera que los modelos de la realidad se vuelven parte de ella. La realidad, como lo dijo Werner Heisenberg, no existe fuera de nuestros métodos de indagación. Lo cual, transferido al tema que aquí se aborda, quiere decir que la naturaleza no existe fuera de nuestros métodos de supervivencia. Las apuestas y predicciones sobre la realidad que vive cada conjunto social se hacen participando en el juego de la vida, nunca desde fuera de él. Esto se refiere a todas las culturas como modos de estar en este mundo habidas y por haber. La ecología política, como enfoque interesado en los modos de relacionarse las sociedades humanas con su entorno, asimila esta diversidad y la concibe como parte de la evolución de la biosfera. Ésta es, a nuestro entender, la novedad que asoma en la ecología política de hoy: no hay realidad independiente de los modelos; luego, los modelos de concebir la naturaleza devienen parte de ella. Así, por ejemplo, el capitalismo y su mercado no son artificios que se puedan abolir desde la política cambiando la visión del mundo, porque están bien incrustados en la realidad como modelos de interactuar con la naturaleza. El consumismo no va en contra de las leyes naturales tal como las conocemos hoy; va en contra de nosotros mismos como “dueños del mundo”. Ahora bien, es posible vivir con modelos defectuosos, pues a la larga todos lo son, pero de ahí no se concluye que el autoengaño colectivo es lo único que hace soportable nuestra existencia.

Las diferentes culturas tienen distintas visiones del mundo y nosotros tenemos la nuestra. Es así, sosteniendo cada quien la suya, como podemos dialogar y entendernos entre las distintas cosmovisiones. Incluso la confrontación entre ellas es una forma de diálogo. Es fácil entender eso porque algo parecido pasa en nuestro propio ámbito cultural. También nuestra experiencia personal íntima nos hace ver que la construcción de la identidad cuenta con elementos heterogéneos para su ensamblaje y no es nada fácil conciliar tantas influencias. La mente humana parece estar hecha de varios sistemas clasificatorios. Los conceptos a priori, el pensamiento racionalmente estructurado, las convicciones religiosas, la moral, la estética y el sentido común son fragmentos de la condición humana que tienen su propia lógica. Es un bricolaje cultural en acción, y la coherencia entre estas diferentes racionalidades es nuestra lucha de todos los días.

En el ámbito de la civilización occidental en nuestros tiempos, es la ciencia la que suele gozar de más prestigio que otros saberes humanos. Y dentro de la ciencia actual, lo que se puede decir sobre la naturaleza es de incumbencia de la física, en primer lugar, aunque fuera por la tecnología que produce. No todos los saberes se desarrollan al mismo grado y ritmo. Es importante lo que dice la física para las demás ciencias, incluidas las sociales, porque de ahí vienen los conceptos más sólidos que explican el funcionamiento del mundo en el que nos tocó vivir. Ahora bien, no sólo eso. No estamos en el mundo ni por encima de él, sino que somos parte del mundo que hemos construido: evolucionamos con él, y él con nosotros. Vivimos un mundo al que la misma ciencia y tecnología contribuyen a conformar. La ciencia actual presupone que la naturaleza está hecha de relaciones y procesos, no de cosas y esencias. Ésta es la episteme, entendida como el “espíritu del tiempo”, que nos predispone a pensar en una naturaleza “que no tiene costuras”.3 Según esto, la sociedad es un proceso tan natural, enmarcado dentro de la evolución de la biosfera terrestre y del cosmos, como todos los demás acontecimientos, estocásticos en su origen y fuera de equilibrio en su desempeño.

Pero si somos parte de la naturaleza, ¿qué es lo que falló entonces? Si bien una economía extractivista de dimensiones globalizadas no tiene futuro (por su falta de reciprocidad para con la vida), su desarticulación que ya comenzamos a experimentar es una cuestión imposible de predecir en detalles. La revolución informática en marcha y las nuevas tecnologías que la sostienen dividen las sociedades humanas en facciones con acceso desigual a éstos y otros recursos. Es así como se crean mundos excluyentes. El acceso a las diferentes tecnologías basadas en el manejo de flujos de energía no disponibles para el común de los mortales, tecnologías de alto insumo energético, no solucionará los problemas más apremiantes de la crisis ecológica; al contrario, los estará agudizando. Este tipo de tecnologías agravan los problemas ambientales por su necesidad de insumos de alta energía, por ingredientes sofisticados y desechos inmanejables que el medio no puede absorber. Con este tipo de tecnología difícilmente podrá construirse un mundo compartido.

La integración de nuevas tecnologías crea más problemas de los que soluciona. Tomemos como ejemplo la biotecnología intensiva en recursos. La investigación en bioingeniería, que comenzó hace relativamente poco, restringida a los laboratorios, es a estas alturas un gigantesco “experimento colectivo” (Latour, 2003) que se realiza en muchos lugares y afecta a todo el mundo. Recordemos los casos de las “vacas locas”, las epidemias provocadas por virus mutantes, los accidentes industriales y las catástrofes ecológicas provocadas por el manejo de biocidas y contaminantes. En la actualidad, observa Bruno Latour, todos nos encontramos inmersos en una red de experimentación a gran escala que desborda los límites que antes se pensaban “naturales” por inviolables. Esa experimentación hace desaparecer las fronteras entre lo normal y lo adulterado, entre lo espontáneo y lo inventado, entre lo interno y lo externo. ¿Qué es lo natural y lo no natural en ella? Esos experimentos ya no son simplemente cuestión de laboratorio, un lugar bajo control por definición. Ante nuestros ojos se están saliendo de cauce. Involucran relaciones comerciales, problemas legales, actividades políticas,movimientos sociales. Abarcan cosas, ideas, personas y seres vivos. Es una miscelánea descomunal, inédita. Funcionarios, productores, comerciantes, consumidores, científicos, agentes financieros, clérigos, juristas, políticos y ciudadanas de a pie, todos estamos inmersos en procesos que comportan riesgos inimaginables y que, de vez en vez, adquieren proporciones escandalosas que superan nuestra capacidad de comprensión del asunto.

En el caso de la biotecnología, se trata típicamente de “riesgos manufacturados” (Beck, 1998), con la salvedad de que no hallamos a quién atribuirle la responsabilidad por su manufactura. No existen proto-colos de estos procedimientos ni hay instituciones capaces de monitorear los resultados. El asunto se asemeja mucho a cualquiera de los procesos evolutivos o ecológicos de los que la historia natural da cuenta. Los procesos naturales carecen de dirección, planificación y previsión porque ninguna de sus partes es capaz de controlar el todo: no hay una instancia que sea responsable de su implantación y ejecución. Si la naturaleza fuera preprogramada, también sería del todo predecible y controlable si conociéramos su diseño. La naturaleza es un constructo que se está haciendo a sí misma sobre la marcha de la evolución. Hubo tiempos en que la materia, las estrellas, las galaxias y los agujeros negros no existían. Las especies biológicas van y vienen. Las “especies” de sociedades humanas son una continuación del mismo proceso, el de la autoconstrucción por sus propios medios.4 La sociedad humana comparte lo natural con sistemas físicos, físico-químicos y físico-bióticos no como algo que superar, sino como el sustrato común que posibilita su despliegue.

Para quienes están acostumbrados a pensar que los seres humanos somos una gran excepción en este mundo y que nuestro destino es dominarlo, resulta decepcionante la idea de que seamos producto de una evolución sin rumbo. Ahora bien, que la evolución tenga un fuerte ingrediente de azar en su dinámica, no se sigue que la vida no tenga sentido. Como resultado de una evolución físico-biótico-social espontánea dependemos unos de otros, de los demás seres vivos, de los ecosiste-mas que nos albergan y del buen funcionamiento de esa máquina térmica que es la biosfera. Lo que de verdad es decepcionante, y desde luego no tiene sentido, es explotar el medio hasta el agotamiento y luego cifrar nuestras esperanzas en una salvación milagrosa. Si bien no es posible eliminar el desgaste de los procesos energéticos, podría pensarse en controlar el ritmo de la disipación, manejar los efectos nocivos y eliminar los más letales. Es posible eliminar el consumo innecesario, repartir el ingreso de manera justa y calcular los riesgos de la expansión. El imperativo de ajustar el tamaño de la población a las capacidades del medio es el que no recibe mucha atención porque realmente nadie sabe cómo fusionar la economía con la ecología y ajustar la necesidad de crecimiento económico con el poblacional. Éste es un fallo en nuestro conocimiento por el cual las sociedades humanas están pagando muy caro. Lo están pagando todas con una cuota de pobreza y miseria de la mayor parte de la población mundial. ¿Se puede subsanar esta calamidad? ¿Podemos contar con la naturaleza para sortear esos problemas?

La salida del laberinto es a la intemperie

Si el conocimiento nos falla, si la tecnología de altos insumos energéticos nos lleva por un callejón sin salida, si el ambiente es impredecible, aunque contundente en sus veredictos, ¿podrá la política, esto es, el ejercicio del poder social, llevarnos hacia la resolución de los conflictos entre la sociedad y la naturaleza? Antes de responder que sí, porque la esperanza muere al último, proponemos el siguiente rodeo o tour de force argumentativo.

El poder es la toma de decisiones en cuanto al uso o la inhibición de determinadas tecnologías (Adams, 1983). ¿Podrán ponerse de acuerdo las sociedades y decidir un manejo sustentable de los recursos vía decisiones políticas concertadas? En la presente coyuntura es difícil imaginar un consenso a escala mundial. Los problemas mundiales se perciben mediante la matriz ideológica de “choque de civilizaciones”, no como un resultado de la sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas. Ahora bien, si aceptamos que el asunto sobrepasa el voluntarismo y la capacidad de agencia humana (no somos dueños del mundo), debemos preguntarnos qué es lo que sigue. Desde la perspectiva evolucionista puede pensarse en una salida enteramente compatible con la dinámica de los procesos naturales en la que las sociedades humanas participarían como uno más de los actantes o contribuyentes en el juego de la vida. Veamos.

Las sociedades contemporáneas tecnificadas utilizan fuentes energéticas de alto potencial, por lo cual contaminan una enormidad, eliminan mucha vida y dejan una huella ecológica nefasta. Pero alguna ventaja han de tener dada su expansión de facto. Las ventajas de esta expansión a corto plazo son el ahorro del tiempo en la producción de alimentos, de bienes de consumo y de armamentos. A más consumo, más necesidad de sistemas intensivos de producción. ¿Qué se gana con estos sistemas? Una vez más, el tiempo. El tiempo es importante cuando entra en juego la competencia por los recursos y por el espacio. Quien es más rápido, más productivo y está mejor pertrechado tiene más posibilidades de ganar la disputa. La tecnología extractivista se está produciendo en función de una contienda en la cual no habrá ganadores.

¿Será el decrecimiento económico la solución? Muchas iniciativas en distintas partes del mundo están ensayando este camino. Pensemos en economías solidarias, mercados alternativos, precios justos, desarrollo regional autónomo y todas las formas de organización para “trabajar juntos” (la expresión es de Elinor Ostrom); trabajar juntos los humanos con los actantes no humanos, podríamos agregar con Bruno Latour. Aceptarlo supone abandonar la ilusión infantil de control sobre los procesos naturales y asumir que somos naturaleza. Las sociedades humanas son un producto tan natural de la evolución como lo son las galaxias y los ecosistemas, pero lo son como una propuesta evolutiva emergente. En la trama de la vida, la variedad de formas y la pluralidad de asociaciones siempre han sido y seguirán siendo la materia prima para la selección. La selección natural no es otra cosa sino la autorganización de sistemas, de la que últimamente se habla tanto. El método prefe-rido de la evolución es, como ya se ha dicho, el de ensayo, la eliminación de los errores y la retención de adquisiciones viables. Esa idea también es aplicable a las ecotecnias en la producción de alimentos. Si esperamos que la evolución proceda con nosotros incluidos, lo debemos esperar —y ahí está el fondo del problema— de manera activa, construyendo tecnologías como modos de convivencia para proponérselo al medio para que se haga cargo. Hay tantos factores en juego, que pensar en un control total del proceso sería una ilusión.

Las economías nunca dependen de una sola fuente energética, sino de muchas. Tampoco la sustentabilidad depende de la energía solar únicamente, sino de insumos muy variados. Algunos de ellos los proporciona el ecosistema circundante y otros la sociedad (el trabajo, la tecnología, el capital). Ahora bien, todos estos flujos dependen a la postre del funcionamiento de la biosfera. Las sociedades humanas, sin embargo, no dan señas de haber entendido esta dependencia a cabalidad. El quid es que la biosfera funcione como hasta ahora, con sus mecanismos de autorregulación en el nivel planetario. Estos mecanismos garantizan la actividad fotosintética y la producción primaria en el nivel de los ecosistemas locales. Las sociedades humanas son parte de la evolución en éste y no tienen otro planeta a su disposición. No pueden imponer de modo unilateral sus reglas de juego mediante el sueño guajiro de conquistar la naturaleza.

El último eslabón en este razonamiento es el siguiente. En un escenario de crisis del sistema mundial, los agroecosistemas que trabajan con recursos locales tendrían más posibilidades de supervivencia que los sistemas intensivos de producción dependientes de los insumos externos asegurados hasta ahora con el petróleo barato y los agroquímicos biocidas. Al manejar su capacidad de sustentación determinada por las condiciones de una región o de la cuenca hidrológica en la cual están insertas, las comunidades agrícolas sustentables tendrán ventajas porque se manejan con patrones de producción ecológicamente viables. En el caso de colapso de la economía de saqueo, los sobrevivientes de la crisis necesitarán modelos de producción amigables con el medio. Estos modelos ya existen, y en gran variedad, desde la agricultura campesina tradicional, pasando por la moderna permacultura hasta la hidroponía tecnificada.5

Sería mejor que nos moviéramos de forma consciente en esta dirección, en la del decrecimiento sostenido, porque cuando se acabe la economía de crédito que vivimos ahora no serán las tarjetas de plástico las que nos podrán dar de comer. El complejo agroindustrial-militar-financiero, por más complejo que sea, no es el que podrá imponer sus reglas de juego a las del funcionamiento de los ecosistemas de la biosfera. La que sí tiene futuro es la complejidad basada en “trabajar juntos”. Hablemos, pues, de la ecopoiesis, eso es, de la autorganización de sistemas que producen alimentos y los demás insumos en reciprocidad con el medio local, la región, la cuenca, y así sucesivamente, agregándose los espacios a escala cada vez más inclusiva para integrar economías ecológicamente sostenibles en una red nacional, continental y hasta mundial. La ecología política, se ha dicho, es un observatorio privilegiado de este proceso.

En resumidas cuentas, se ha visto que la convicción de que la racionalidad tecnocrática y la economía del mercado siempre encontrarán la solución a cualquier problema que se presente está sostenida por la ciencia fundamentalista de la verdad única, la de la “racionalidad indolente” (Santos, 2003). Las sociedades humanas —incluida la sociedad tecnificada moderna— tienen bajo su influencia sólo una parte ínfima de los flujos energéticos que constituyen su ambiente, de modo que, en realidad, no pueden controlar gran cosa, y menos al mundo entero. La mitología occidental, sin embargo, nos hace creer que la humanidad está aquí para dominar la naturaleza. Lo que sí logra hacer la “civilización de la máquina” es amenazarla de continuo. Como resultado, los ciclos vitales de la biosfera se están desarticulando. El control territorial y la explotación de los ecosistemas locales crea una ilusión de dominio, pero la suerte de la humanidad se juega en un nivel más amplio, en el que nadie es dueño de nada. Una cuestión de vida o muerte para las sociedades humanas es que la biosfera siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Lo que es decisivo es la construcción de modelos de supervivencia —debería decirse de convivencia—, esto es, propuestas concretas de trabajo con la naturaleza para que la evolución tenga de dónde escoger, como siempre lo ha hecho, vía autorganización de sistema viables aquí y ahora. Las sociedades humanas participan a su manera en los procesos naturales: la sociedad propone, la evolución dispone. Ni el conocimiento ni la tecnología por sí mismas nos van a sacar del atolladero, sino la participación en condición de iguales con otros ocupantes de la biosfera.

Contenido de la obra

Conocimiento ambiente y poder comienza con dos capítulos que abordan el tema de las políticas hidráulicas estatales. Los artículos centran su atención en los dispositivos tecnológicos, los entramados político-burocráticos y los procesos de desestructuración-reordenamiento territorial. La contribución de Roberto Melville, “Poder y tecnología en función del cambio ambiental y social en el Valle del Tennessee”, es fundamental para la comprensión de este tema desde la perspectiva de la historia contemporánea, ya que describe el modelo de manejo de cuencas hidráulicas conocido como Tennessee Valley Authority, el cual se diseminó por el mundo desde Estados Unidos en la primera mitad del siglo xx. El artículo de Melville constituye una reflexión muy posterior a la investigación de campo que él mismo realizara en la década de los ochenta en Estados Unidos. Ese trabajo tiene el mérito de haber sido el primero emprendido por un antropólogo del sur en las entrañas del imperio. Los materiales de esa investigación sirvieron para presentar la tesis de doctorado del propio Melville, pero aunque fueron muy discutidos por el gremio en el contexto de la idea palermiana del modo de producción mesoamericano, todavía no se han dado a conocer a un público más amplio. Melville presenta ahora un trabajo largamente esperado a modo de resumen y reflexión en torno a los megaproyectos realizados en México, que han resultado ser malas copias del proyecto de Tennessee. El autor cuestiona las expectativas de desarrollo conferidas a ese modelo de cambio socioambiental planificado, demostrando los desfases entre las formas centralizadas del ejercicio del poder, los procesos de negociación, el clientelismo y los intereses en juego de las oligarquías regionales. Melville apunta que la revisión de casos concretos es una oportunidad para examinar la aplicación de experimentos sociales a gran escala y para advertir qué peligros entraña la universalización de esos modelos en contextos históricos, políticos, culturales y ambientales diversos.

A estos señalamientos sigue el segundo capítulo, escrito por Ceci-lia Lezama, “Controversias tecnocientíficas. Proyectos de la ingeniería hidráulica en la cuenca del río Santiago”. La autora analiza, desde una perspectiva histórica y sociológica, la constitución de una comunidad epistémica tecnocrática que se abroga el derecho de monopolio sobre el conocimiento de la ingeniería hidráulica en México, en particular el estado de Jalisco. Su planteamiento le permite desarrollar un cuestionamiento de la racionalidad tecnoburocrática que se ha inclinado por obras hidráulicas de gran magnitud, siguiendo los principios del Tennesse Valley Authority, lo que ha dado como resultado un impacto socioambiental incontrolable. Frente a la evidencia que ofrecen varios casos y experiencias fracasadas en Jalisco, Lezama exhibe la insustentabilidad de la política hidráulica, lo cual contrasta con la seguridad de un discurso que no deja de ser sumamente controvertido en cuanto que acompaña al desastre social y ambiental que provocan las grandes obras de desarrollo.

Los siguientes tres capítulos no cambian de tema, pues se ocupan del neoextractivismo minero, es decir, del despliegue tecnológico y discursivo de la minería contemporánea. Vistos en su conjunto, los tres tejen una crítica radical al recurso del poder corporativo trasnacional que se monta sobre la tradición y la raigambre social de la minería mexicana, así como en la supuesta sustentabilidad de la industria minera de hoy. En el capítulo 3, “El discurso de la tradición minera mexicana. Modelo de relación histórica entre mina y espacio social local”, Claudio Garibay disecciona el complejo industrial minero que funciona como bloque hegemónico tecnoeconómico global —el cluster minero, como lo llama el autor—, y explica cómo por medio de diferentes estrategias la industria minera viene construyendo una suerte de legitimidad que, además de facilitar el saqueo de los recursos, tiende a ocultar los violentos procesos de destrucción socioambiental. Las mineras y sus personeros aprenden sobre la marcha cómo manipular a las autoridades loca-les para que acepten la mina en su patio como si fuera un gran beneficio para la población local. El discurso de la tradición minera es esgrimido como estratagema para granjearse la adhesión de las autoridades y los pobladores locales, pero la megaminería corporativa, a diferencia de los modelos mineros previos (minería colonial, industrial privada e industrial estatal) crea espacios espurios, es decir, no crea socieda-des mineras en el pleno sentido de la palabra, sino una suerte de enclaves adscritos como territorios corporativos discretos, vigilados y hasta resguardados por las mismas fuerzas del orden público.

Precisamente a este tipo de enclaves alude el capítulo 4, elaborado por David Madrigal, “Con piscina en casa, pero de lixiviación: clientelismo social y horizonte de coerción en una población relocalizada por la minería canadiense en el centro de México”. Con un dejo irónico en su título, Madrigal describe el ambiente corporativo bajo el cual se ha transformado la vinculación de una comunidad —con raíces en la minería— y su otrora territorio propio. Los trabajadores se han convertido de mineros en meros operarios vigilados y controlados por la empresa. En éste, como en otros casos parecidos, la experiencia de desplazamiento y el horizonte de coerción busca atender nuevas orientaciones para explicar el riesgo y las incertidumbres ante una súbita y muy próxima clausura de actividades de la minera. Y al irse la empresa, una vez cumplida su “misión”, en casa sólo quedará la piscina con los residuos tóxicos.

“Conocimiento, ambiente y poder: Wirikuta es una universidad. Ontología relacional en torno al avatar mexicano” es el quinto capítulo del libro, escrito por Mauricio Guzmán. En éste se aborda el ampliamente difundido conflicto minero en Real de Catorce, San Luis Potosí, entablado por la canadiense First Majestic Silver Co. con sus aliados locales. El pueblo wixarika (huichol), con sus aliados nacionales e internacionales se puso en marcha. Mediante el concepto de ontología relacional, el autor asume la novedad pragmática de las nuevas movilizaciones y resistencias sociales en contra de proyectos de gran envergadura, en especial los de la minería extractivista en todo el continente latinoamericano. La así llamada ontología relacional apela a cualidades sagradas y sensibles de la naturaleza. Con la ratificación de la suspensión temporal del proyecto minero en 2014, aún vigente, el conflicto en Wirikuta es emblemático por la relevancia de los mediadores no humanos en su calidad de actantes en el escenario político.

Los casos expuestos a continuación también abordan los problemas de las comunidades campesinas o indígenas. Los cuatro capítulos que siguen son una muestra representativa de los intensos debates y controversias que ocurren al implantarse proyectos y agendas de desarrollo fincadas en la sustentabilidad, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad, la cartografía participativa o el ecoturismo.

Elena Lazos, en el capítulo 6, intitulado “Conocimiento y poder en la política agroalimentaria de la mixteca oaxaqueña, México”, nos comparte una reflexión sobre los desafíos y obstáculos para definir una política agroalimentaria planeada linealmente a partir de una concepción idealizada de los conocimientos locales. Partiendo del enfoque centrado en el actor de Norman Long, reconoce un campo heterogéneo de conocimientos en donde cada familia o productor ejerce su capacidad de agencia de acuerdo con la estructura de poder y las condiciones que impone el mercado de insumos agrícolas. Todo esto implica la negociación de conceptos y significados entre diversos actores que se esfuerzan por interceptar los beneficios y ventajas de las políticas y programas en una suerte de evaluación coyuntural y dentro de campos culturales fragmentados.

La contribución de Leticia Durand, en el capítulo 7, intitulada “Poder, conocimiento y ecoturismo en la Selva Lacandona. El caso de la subcomunidad de Frontera Corozal”, adopta la misma perspectiva asumida por Lazos. Desbroza y hace evidentes los conflictos y controversias que surgen a partir de la implantación del ecoturismo como modalidad de desarrollo en la comunidad chol de Frontera Corozal, en Chiapas. En su análisis demuestra cómo el ecoturismo, en tanto recurso estratégico, adquiere significado diferente al afianzarse las distintas posiciones de control comunitario. Los forcejeos y luchas internas, no obstante, pudieran estar encaminándose hacia procesos de autodeterminación y control territorial si no fuera por las reglas de la “mercantilización de la naturaleza”.

En el capítulo 8, Anne Cristina de la Vega-Leinert, Ludger Brener y Susanne Stoll-Kleemann discuten con amplitud los supuestos beneficios ecológicos y económicos del cultivo comercial del café de sombra en la región de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas. El problema que enfocan los autores son las estrategias que deben seguir las familias campesinas para obtener ingresos seguros a partir de las exigencias que imponen los mercados internacionales verdes y los discursos conservacionistas. Los autores acuden al marco conceptual de land sparing vs. land sharing (modelo divergente vs. modelo convergente) para analizar el tipo de evaluaciones y cálculos que orientan las decisiones de los campesinos para reconvertir sus cultivos tradicionales hacia formas ecológicamente sustentables. El café es un cultivo comercial vital para las familias campesinas de Los Tuxtlas y, a pesar de los obstáculos estructurales y de la evidente heterogeneidad social (capacidades diferentes para obtener información y fuentes de financiamiento), los lugareños se las ingenian para intensificar su producción y atender la demanda de mercados diversificados, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Si las políticas, digamos, amigables con la naturaleza son parte de los dispositivos de control territorial y como definiciones estratégicas sobre quién alcanza las retribuciones por el usufructo del territorio, entonces quienes asumen los costos y las pérdidas como resultado de los saqueos son o deben ser los beneficiarios directos de estas retribuciones. El ensayo de Leonardo Tyrtania, “Comunidad, tierra viviente y el Sistema de Terreno Humano”, pone sobre la mesa el derecho a la geoprivacidad que debe asistir a las comunidades indígenas como principio precautorio ante sospechas de geopiratería. El autor analiza el polémico caso de geografía participativa en la Sierra Norte de Oaxaca y su fatídico desenlace que llevó a expulsar el equipo de geógrafos del territorio indígena. La articulación de un frente de autoridades comunitarias que exigieron y lograron la expulsión de geógrafos nacionales y extranjeros de su territorio es visto por el autor como un ensayo de autodeterminación en una región indígena. Desde luego, tal interpretación depende del modelo mental que cada quien tenga en su cabeza. De estos modelos habrá tantos —éste es el problema— cuantos participantes u observadores externos haya. Los conflictos que se presentan en este caso y en otros expuestos en este libro son aprehensiones diferentes y contradictorias de la realidad a partir de las cuales se asumen cursos de acción orientados políticamente. El carácter relacional del poder y el conocimiento queda de manifiesto. Lo único que puede hacerse desde la academia es manifestar de forma explícita los distintos modelos interpretativos, y eso es lo que el autor hace al explorarlos a partir de los materiales disponibles.

Peter Gerritsen y Natalia Hernández, en el capítulo 10, “Paisajes rurales en disputa: coproducción y conflictos ambientales en el sur de Jalisco”, confieren esta misma propiedad a los conflictos ambientales que se han presentado en fechas recientes en el sur de Jalisco. Los cinco casos estudiados en este apartado se refieren a una nueva oleada de privatizaciones y despojos territoriales que se justifican por el bien público o que se encuentran a merced de los intereses de grupos locales y regionales de poder. Los autores desarrollan una interesante reflexión en torno al carácter patrimonial de los recursos naturales y sugieren la virtual claudicación del Estado mexicano para posibilitar la reproducción de los paisajes rurales en tanto construcciones culturales e históricas dilatadas.

El undécimo y último capítulo se incluye a modo de broche de oro en el conjunto de las colaboraciones como una reflexión sofisticada y singular sobre el tema de la educación superior intercultural, enfocada hacia la dimensión ambiental. El ensayo de Mauricio Sánchez, “En busca de la equidad social y cognitiva: acciones de vinculación comunitaria de Programas de Desarrollo Sustentable en dos universidades interculturales”, esboza algunos de los retos más importantes en términos del diálogo de saberes hacia la construcción de una sociedad más robusta, participativa y mejor entrenada para lidiar con las “políticas de la naturaleza”. El autor no propone una fórmula, sino que entiende la vinculación comunitaria como el proceso que lleva a cabo el docente y el cuerpo colegiado con los alumnos hacia la revaloración y la construcción de conocimientos que implican una cierta visión del mundo acorde a la situación socioambiental y que se obtiene sobre la base de la praxis local.

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Santos, Boaventura de Sousa (2003). Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, disponible en http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/critica_de_la_razon_indolente.pdf (acceso: 10 de febrero de 2014).

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Toledo, Víctor M. y Benjamín Ortiz-Espejel (2014). México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Una geopolítica que camina hacia las resistencias bioculturales, Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla.

Sistemas de conocimiento racionalmente fundamentados. Para Michel Foucault, quien hizo revivir este término, prestado de los griegos, la epistemees el cuerpo de ideas que enmarca y moldea la percepción y los saberes propios de una época en particular. En una cultura y en un momento dado de su historia, predomina una epistemeque define las condiciones y posibilidades de todo saber (Rahnema y Robert, 2008).

Entre los autores mexicanos, por ejemplo, Víctor M. Toledo, en sus publicaciones e inserciones en la prensa nacional, insiste en que algo nuevo se está gestando en el campo: una sustentabilidad que es viable en algunas regiones del país (véase Toledo y Ortiz-Espejel, 2014).

El dicho se atribuye a Nicholas Georgescu-Roegen, por lo que escribió una vez: “Tiempo, espacio e incluso naturaleza son conjuntos sin suturas” (1996: 115). Esto sugiere una suerte de monismo, pero en opinión del mismo autor el monismo debe reemplazarse por el principio de complementariedad, ya que no poseemos una imagen unificadora de la “textura entretejida de materia, vida y espíritu”. Por otra parte, ninguna teoría particular por sí sola puede explicar un fenómeno complejo. En las ciencias sociales persiste la opinión de que sus principios y métodos son radicalmente distintos de los que se usan en las ciencias naturales. Se distingue entre las “ciencias del espíritu” y las “ciencias de la naturaleza”. Una corriente de “tercera cultura”, como la califica John Brockman (1995), propone el paradigma de evolución como capaz de abolir la división entre las ciencias naturales y las sociales, incluso las humanidades

Tim Ingold (en Ingold y Palsson, 2013) declara la muerte del neodarwinismo. No niega el evolucionismo como tal, sino su interpretación actual en antropología, representada por autores clásicos de la “gran síntesis” darwiniana. Cuestiona tres tesis de esta escuela: 1) que la variación bajo la selección natural sea necesaria y suficiente para explicar la evolución de los seres vivos; 2) la manera en que esta corriente relaciona la evolución con la cultura (los “memes” como equivalentes culturales de los “genes”); y 3) el no tener en cuenta que la evolución se produce dentro de la interconexión global de los ecosistemas.

De acuerdo con las tendencias actuales, para 2050 más del 80% de la población mundial (alrededor de siete mil millones de personas) vivirá en ciudades. Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), para esta fecha la producción de alimentos deberá incrementarse en un 70% respecto a la producción actual (Ambrosio, 2015: 127).

Poder y tecnología en función del cambio ambiental y social en el Valle del Tennessee

Planteamiento del problema

Mi objetivo en este apartado es identificar el papel que juegan las fuerzas políticas en el diseño y aplicación de nuevas tecnologías con el propósito de transformar socialmente el medio habitado. Tomaré como referente empírico, como caso de estudio, el proyecto desarrollado en la primera mitad del siglo xx para alcanzar una gestión integral de las aguas de un río en el valle del Tennessee.

Considero que los ambientes habitados son muy semejantes a los palimpsestos. Nuestro medio conocido y habitado ha sido ocupado durante cientos o miles de años. Y, como bien lo saben los arqueólogos, las antiguas civilizaciones dejan huellas duraderas en los territorios habitados. Igualmente, las generaciones más próximas a nuestra generación también están dejando huellas materiales, algunas impactantes por el peso de la tecnología. Pero también hay una acumulación de conocimientos prácticos y especializados o científicos acerca de las formas como hemos procurado nuestro sustento a partir de la naturaleza. Añadamos que el vórtice de nuevos conocimientos, diversos y polémicos, resulta abrumador. No solamente quedan rastros materiales de la tecnología empleada en un momento dado, sino también de las relaciones sociales que los diversos grupos o estratos sociales han venido forjando a partir de ciertas estructuras institucionales. Con el cambio tecnológico característico de la era moderna, tales procesos de raspa-do y reimpresión ocurren con celeridad, y quedan expuestos remanentes de unos e inacabados de otros, a veces en forma entreverada y desdibujada. Sumemos a esto la huella demográfica.

El estudio de un caso etnográfico, como el que aquí propongo, del cambio social y ambiental del aprovechamiento integral del río Tennessee, nos permite explorar aquellas relaciones de poder puestas en juego cuando se pretende sustituir un modo de ocupar un territorio por otro. En tal ejercicio de la política intervienen varios factores que aquí se examinarán: la definición del área o región intervenida, la centralidad del poder asociado a una compleja tecnología hidráulica y los instrumentos de negociación; también, las ideologías hegemónicas, las alianzas, las rivalidades y la cooptación. El proyecto puesto en marcha en el valle del Tennessee tiene muchas ventajas y ciertas dificultades. Su notoriedad como esquema de desarrollo regional se registra en una extensa literatura, donde se reflejan las principales controversias. El proyecto Tennessee puede considerarse como punto de partida y objeto de amplia difusión de las ventajas de la construcción de presas como instrumentos del desarrollo moderno e industrial. Sin embargo, un buen número de malogradas réplicas del modelo, en muy distintos lugares, a la par del análisis crítico de sus consecuencias sociales y ambientales, suscitaron una opinión adversa e inspiraron descrédito generalizado hacia los megaproyectos. La articulación de los factores que intervienen en procesos de cambio social y ambiental tiene, en efecto, tal complejidad que reclama una reflexión serena y crítica de los modelos más prometedores del mejoramiento de las condiciones de bienestar social en un medio habitado. Examino el caso estadounidense con cierta empatía hacia los actores involucrados en el proceso de cambio, pero con el escepticismo latinoamericano frente a expectativas magnificadas.

Este proyecto estadounidense adquirió mucha notoriedad como un ambicioso proyecto diseñado para ejecutar un esquema sin precedentes para el aprovechamiento unificado de las aguas de toda una cuenca fluvial. La Autoridad del Valle del Tennessee (en adelante tva, por sus siglas en inglés) será ampliamente identificada por las gigantescas presas, construidas en los años posteriores a la depresión de los años treinta, para atender varios propósitos a un mismo tiempo: prevenir las inundaciones y generar millones de kilovatios de energía hidráulica. Pero, en su concepción original, este proyecto hidráulico era mucho más que esto, pues se trataba de un programa ambicioso para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el sur de Estados Unidos, mediante planes diseñados por una elite tecnocrática. Sabemos que la motivación del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt al lanzar esta iniciativa durante los primeros cien días de su gobierno era aprovechar esta oportunidad singular para buscar “un nuevo orden social y económico” (Morgan, 1934: 8). Precisamente, Roosevelt seleccionó a Arthur Morgan para presidir el programa de la tva. Este destacado ingeniero era un visionario que concebía a la planificación como una herramienta indispensable para salir del caos desatado por el industrialismo y el libre mercado.

En 1930 vivían en el valle del Tennessee alrededor de unos dos millones de habitantes, considerados entre los más pobres del país. Esta región, con unos cien mil kilómetros cuadrados de extensión, era primordialmente agraria y forestal: las tierras planas y montañosas drenadas por el río Tennessee se extiende por los territorios pertenecientes a siete entidades sureñas: Kentucky, Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Tennessee. Las tierras bajas estaban ocupadas por grandes y medianas plantaciones algodoneras explotadas por sus propietarios y aparceros pobres, blancos y negros, con acceso a pequeños minifundios, mientras que las partes altas, cubiertas de bosques, eran ocupadas por montañeses, iletrados y aislados de los mercados. Cíclicamente, los grandes aguaceros en las montañas producían desbordamientos e inundaciones en las partes bajas de la cuenca. Este ciclo de las aguas articulaba las vidas y circunstancias de unos y otros (Melville, 1998: 298).

Figura 1 Mapa del valle del Tennessee

El proyecto Tennessee es fruto de un ejercicio de planificación moderna. Un selecto grupo de ingenieros y técnicos fue reclutado para diseñar un amplio plan para abordar aspectos de orden estrictamente hidrometeorológico en el curso del río Tennessee y sus afluentes, pero teniendo presente el contexto social y político que prevalecía en el sur de Estados Unidos. El plan resultante de este ejercicio contenía varias cosas; alrededor de las obras hidráulicas se emprenderían otras actividades, como la atracción de industrias, la organización de cooperativas, la capacitación para los trabajadores, el mejoramiento de prácticas agrícolas y forestales, la educación y la salud de la población. Pero quedaron fuera algunas cosas importantes que podían haberse intentado. Por ejemplo, se descartó la ingeniería social de las relaciones raciales. No todas estaban dentro del plan original; unas se fueron incluyendo en un proceso de construcción social y política. Otras, en cambio, se descartaron como resultado de la lucha política y el pragmatismo que terminó por imponerse. Sin embargo, las noticias sobre el desarrollo del proyecto técnico, y también de esta gama de actividades, se fueron difundiendo por la prensa, la radio y cortometrajes en salas de cine. El proyec-to de la tva adquirió un rango de notoriedad y publicidad, incluso antes de que se concluyeran las obras. Apenas se comenzaban a constatar sus resultados, como la producción de energía, la protección ambiental y el mejoramiento de los estándares de vida de la población, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando varios de sus componentes fueron ensamblados como un modelo abstracto (“la idea tva”, véase Russell, 1949), aplicable a otras partes de Estados Unidos y transferible a otras regiones en otros países del mundo. Este apremio por la construcción de un modelo estadounidense exportable nos obliga a reconsiderar los diversos aspectos de este experimento para identificar cuáles de estas ideas abstractas consiguieron capturar la imaginación de las elites modernizadoras de otros países y regiones, separándolas del contexto originario para convertirlas en esquemas “transferibles” a nuevas situaciones y circunstancias (Taylor, 1954). A los antropólogos sociales nos interesa observar y recuperar el contexto de la difusión de patrones de rasgos socioculturales. En este ejercicio observaremos con mayor atención cómo estos lineamientos abstractos se originan de conflictos sociales y la lucha política. Las ideas modernizadoras no se produjeron en una mesa de diseño, sino en el agitado campo político.

El proyecto Tennessee tuvo gran popularidad en los años treinta y cuarenta (Clapp, 1955; Hodge, 1933; Pritchett, 1971). El segundo director de la tva, David Lilienthal, escribió el libro tva, Democracy on the March (1944) para persuadir al público estadounidense de los méritos del programa; y en una segunda edición promovía el esquema en el plano mundial. Pero conviene revisar algunos aspectos de cómo se construyó dicha notoriedad. Durante la crisis mundial de los años treinta, la tva puso a trabajar a miles de trabajadores desempleados en la construcción de presas. Las obras hidráulicas, diseñadas para prevenir las devastadoras inundaciones cíclicas y para generar mucha energía eléctrica, eran consideradas piezas indispensables para impulsar el desarrollo industrial en una región agraria y pobre. El proyecto regional de la tva fue concebido en su origen por la elite modernizadora para alcanzar el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de los habitantes de una sección sureña de Estados Unidos. Tanto los diseñadores como los ejecutores de los programas de la tva proclamaban que el despliegue tecnológico estaba al servicio de los ciudadanos. Esta oferta promisoria de la cultura estadounidense se difundió de forma amplia como una respuesta política a los generalizados y devastadores efectos de la crisis mundial del año 1929.

Al mismo tiempo, en la Rusia bolchevique, los intelectuales y técnicos soviéticos eran tan idealistas como los ingenieros de la tva. Estaban diseñando y ponían en marcha planes y proyectos similares a gran escala. Sin duda alguna, los soviéticos compartían con los estadounidenses de la tva esta fe inquebrantable en el progreso y pronosticaban que el bienestar de la humanidad se alcanzaría mediante a la aplicación de la tecnología. El público seguía con atención las acciones desplegadas y sus efectos sociales y económicos en uno y otro campo, mientras que los intelectuales polemizaban acerca del autoritarismo o la democracia de sus respectivos esquemas políticos; esto es, ponían énfasis en la inclusión y participación de la sociedad en el diseño y ejecución de los programas. Este debate no ponía en entredicho el progreso social buscado explícitamente mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. Lo que estaba a discusión eran las formas de interacción con el poder político y la participación de la sociedad en las aplicaciones de conocimientos y desarrollos tecnológicos. Las elites políticas y los intelectuales de los pueblos colonizados, y de las naciones agrarias y pobres, siguieron con un enorme interés la trayectoria de tales alternativas políticas, pues deseaban encontrar una ruta de independencia y transformación social, preferentemente acelerada, asociada al despliegue de la tecnología moderna tanto en el mundo socialista como en el mundo capitalista. Pero en uno y otro campo había tal confianza en que las metas y aspiraciones de progreso podrían alcanzarse poniéndole un arnés tecnológico a las fuerzas de la naturaleza, que los experimentos locales y regionales apenas iniciados se iban convirtiendo en modelos aplicables a muchas otras partes. Nuevos ensayos eran puestos en marcha sin esperar a que sus frutos pudieran ser evaluados con todo rigor, pues la difusión de éstos pronto se volvía una propaganda ideológica y política; se contaba, además, con expertos y financiamiento.

Las dimensiones políticas de este entrelazamiento del medio, la tecnología y la sociedad deben analizarse tomando como referencia casos concretos. Un esquema abstracto recoge de manera selectiva algunos elementos del caso originario y deja de lado muchas otras circunstancias específicas. En efecto, esos rasgos históricos particulares muy difícilmente pueden transferirse a otras coyunturas y contextos culturales y políticos. Cuando nos interesamos en algún suceso relevante, de alguna manera construimos una noción abstracta para referirnos al asunto particular, pues por lo general tenemos conocimiento de un determinado episodio por algún rasgo prominente, de una característica que lo hace relevante y deseamos subrayar. Por ejemplo, las actividades que se emprendieron en el valle del Tennessee adquirieron relieve y despertaron interés cuando fueron vistas como aspectos de un ejercicio original de “planificación integral”, o bien como “una hazaña técnica” para mitigar la fuerza destructiva de las aguas y encauzarlas para producir energía eléctrica. Esta forma del conocimiento es análoga a la construcción de los titulares de los periódicos, donde se da prominencia y se destaca un aspecto de la noticia. Tal procedimiento es similar al enfoque de la antropología social que aborda los casos de estudio con particular atención a su contexto. Cuando los antropólogos sociales invocamos la compleja trama de circunstancias de un contexto, a algunos impulsores de proyectos e intervenciones les parece que somos aguafiestas. Pero no se trata de detenernos en las minucias de cada caso, extraviándonos a lo largo de la discusión como si incursionáramos en un laberinto. Esto no tiene ningún sentido. Partimos de la premisa de que la explicación o interpretación de una situación no podría alcanzarse de modo satisfactorio evocando las premisas generalizantes, a veces fruto de una difusión interesada y distorsionada. Para alcanzar una explicación apropiada acerca del funcionamiento de una sociedad (local, regional, etc.), los antropólogos hemos sido entrenados para reunir todos los elementos que puedan resultar relevantes en un caso dado. Y luego de ese ejercicio analítico y descriptivo, siempre volveremos al plano abstracto para elaborar una nueva generalización que incluya aquellos rasgos que habían quedado al margen durante la primera aproximación y que ahora serán rescatados gracias a la aproximación etnográfica.

Contextualización

Para este ejercicio, he recordado las principales generalizaciones que se formularon y difundieron con respecto al proyecto Tennessee. Me propongo restaurar de una manera abreviada el contexto político en el que se formularon dichas caracterizaciones. Previsiblemente, conseguiremos rescatar mediante este procedimiento el plano de los conflictos sociales y las negociaciones políticas en que se construyó “la idea [abstracta] de la tva”. Pienso que esta metodología puede generalizarse y aplicarse a otros casos y situaciones que resulten de interés para otros. Estas dimensiones específicas de los conflictos sociales y las negociaciones políticas son consideradas como particularidades en los procesos de divulgación de las ideas civilizatorias y de los programas de desarrollo. Sin embargo, al recuperar el contexto, estas dimensiones encubiertas y menos publicitadas cobran una inusitada importancia en el análisis antropológico. Lanzo una señal de alerta hacia la necesidad de considerarlas asimismo en aquellos lugares o regiones en donde se pretende reproducir similares planes “ideales”, pues, al igual que en el sitio originario, éstas serán muy relevantes en el punto de destino.

En la tesis doctoral presentada en 1990, con el título “tva y el desarrollo de cuencas fluviales, analizada por la antropología mexicana”, puse particular interés en la identificación de tres grandes problemas sociales. ¿Qué asuntos aquejaban a la sociedad sureña estadounidense al momento de crearse la tva en 1933? La selección de estos tres problemas está sesgada por mi posicionamiento como observador latinoamericano del fenómeno estudiado. Me interesó identificar aquellos paralelismos y semejanzas entre el sur de Estados Unidos y las regiones pobres de América Latina, de suerte que se pudiera trazar un puente entre mis reflexiones y las condiciones de nuestros países. Esta perspectiva comparativa la había emprendido antes Ángel Palerm en sus observaciones sobre la planificación regional (1965). De acuerdo con mi interpretación, estos problemas eran los siguientes: la dependencia de una economía de plantación, la segregación racial y la hegemonía de un solo partido político. Me propuse explorar cuál de estos tres problemas había sido abordado de forma eficaz por los planificadores regionales en el valle del Tennessee. Ésta era una nueva manera de examinar si la hazaña tecnológica emprendida en Tennessee había tenido impacto en los problemas económicos, sociales y políticos regionales del sur estadounidense, comparables con los del sur de nuestro continente latinoamericano. Los tres asuntos estaban enlazados de modo estrecho y forman un nudo. La segregación racial sólo era posible sostenerla mientras se marginaba a la población negra de la participación en las elecciones. El endeudamiento de los trabajadores permitía retener a la mano de obra reclutada, mediante contratos de aparcería, para trabajar en las plantaciones de algodón y de tabaco; las deudas y los contratos de aparcería eran piezas clave de control en el funcionamiento de las plantaciones sureñas. Los terratenientes y las instituciones financieras locales obstruían y rechazaban las iniciativas para la relocalización de las industrias en el sur, para abatir salarios y retener a la mano de obra rural. Y los legisladores sureños del Partido Demócrata formaban un bloque político vigilante del mantenimiento de las opresivas instituciones locales, las plantaciones y las formas de segregación racial. Las tres instituciones configuraban un cerrojo del conservadurismo sureño. La tva se presentaba como clave de modernización y cambio. En tal contexto, era importante preguntarse en qué medida la tva y el paquete tecnológico correspondiente había roto o aflojado este nudo gordiano del conservadurismo sureño, y si la construcción de presas de concreto, la generación de energía para industrializar la región, la planificación unificada del aprovechamiento de las aguas repercutieron significativamente en aquella configuración sociológica y problemática de la región. Esta pregunta me parece muy importante si se quiere medir el potencial y las limitaciones que tal esquema hidrológico unificado había logrado desplegar para el cambio regional tanto en el lugar de origen como, posteriormente, en puntos de destino cuando dicho esquema de la tva fue exportado a otras regiones (Melville, 1990, 1998; Phillips, 1929; Woofter Jr., 1934; Cranston, 1934; Davis et al., 1941; Dollard, 1957; Grant, 1978; Siktoff, 1978, 1984).

Siempre podemos anticipar que los alcances de las promesas modernizadoras de esquemas de cambio y desarrollo, como la tva, resultarán mucho más modestas de lo que sus promotores ofrecieron al principio. No hay aún, sin embargo, un trabajo sistemático y abarcador sobre el balance de todas y cada una de las implantaciones de “la idea tva” en otras regiones y países, que aquí podamos citar y utilizar como referencia. Pero sabemos que la difusión de esquemas similares, de organismos de cuenca fluvial, en otras regiones y ríos de Estados Unidos se topó con recias resistencias. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, los intentos de implantar el modelo de la tva en otras partes del mundo fueron numerosas. Ésta fue una de las aplicaciones del programa Punto Cuatro del presidente Truman, y contaba con generosos recursos del International Bank for Reconstruction and Development. Algunas aplicaciones resultaron socialmente desastrosas y deficitarias en lo financiero, o produjeron focos de resistencia de las poblaciones afectadas. En América Latina, los casos de los ríos São Francisco en Brasil, el Valle del Cauca en Colombia y la Comisión del Papaloapan son los intentos de réplica mejor documentados y cuyos variados y polémicos resultados han sido estudiados y criticados (Neuse, 1996; Graham, 1968; McMahon, 1973).

Así como la historia identifica a la tva como el más importante motor promocional de la construcción de presas en el mundo y como ejemplo de los planes unificados de gestión de aguas de un río, ahora será igualmente importante que documentemos la cadena de desprestigios resultantes de este fallido experimento de reproducir modelos sin haber tomado en cuenta las variables económica, social y política. Hoy en día, los megaproyectos se han convertido en fuente de resistencia y oposición; las extensas áreas inundadas y los desplazamientos involuntarios de poblaciones originarias constituyen los principales puntos de controversia (Finer, 1944; Miller y Reidinger, 1997;Baviskar, 1995).

Análisis de las principales variables

¿Qué aspectos se asocian de manera más estrecha a “la idea de la tva”? El rasgo más prominente es el andamiaje tecnológico. La tva es prácticamente un sinónimo del abordaje unificado de toda la cuenca fluvial y la construcción de presas de múltiple propósito (tva Board of Directors, 1936). Para el contexto estadounidense está bastante bien documentado cómo se llegó a la conclusión de que era necesario adoptar un enfoque de cuenca y cómo se diseñaron para ello las grandes presas de múltiple propósito (Melville, 2000). En 1928, el Congreso ordenó al U.S. Army Corps of Engineers que diseñara planes para el aprovechamiento integral de los recursos en varias cuencas fluviales. Las inundaciones de ese año en la parte del río Mississippi hicieron ver con claridad que ya no era posible continuar con un procedimiento de autorizaciones aisladas de distintos tipos de aprovechamientos hidráulicos. Uno de dichos planes fue proyectado para el río Tennessee.

En el valle del Tennessee se construyeron varias represas en la parte baja del río, diseñadas para convertirlo en un canal para el tráfico fluvial que mantuviera permanentemente un nivel mínimo de quince pies de hondo, a lo largo de unas seiscientas millas (unos mil kilómetros), desde Knoxville, Tennessee, hasta la desembocadura del río en Paducah, Kentucky. El río Tennessee drena una extensa región desde la vertiente occidental de los Apalaches y desemboca en el río Ohio, que, a su vez, se une más adelante al Mississippi. Estas presas, dotadas con esclusas para permitir el tráfico de barcazas, tienen también instalados generadores de electricidad, y su localización tuvo como importante consideración la prevención de los desbordamientos a lo largo del cauce principal. Para la prevención de inundaciones, sin embargo, era necesario construir presas de gran tamaño ubicadas en las montañas. Arriba, en las áreas de mayor precipitación, éstas deben retener el agua en la época lluviosa y así evitar que se desborde y haga daño en la parte baja y, a la vez, se pueda aprovechar a lo largo del año para la generación de energía. Para conseguir todos estos propósitos, fue necesaria una planificación integral con particular consideración a la topografía del valle, prestando atención a las zonas más vulnerables mediante la selección apropiada de los sitios para erigir las estructuras (Odum, 1934; Woofter Jr., 1934). El visionario ingeniero Arthur Morgan señaló: “Ahora imagínense lo que podría lograrse con un solo sistema unificado, completamente interconectado con líneas de trasmisión y controlado desde una sola oficina” (Morgan, en Scott, 1996: 23).

Se construyeron al menos unas veinte presas en un lapso de diez a quince años y se adaptaron otras más antiguas para configurar esta compleja red hidrológica domesticada. En una red que llamaré natural, donde la lluvia es más copiosa en algunas partes y en ciertas épocas del año, las aguas se desplazan en mayor volumen y velocidad dependiendo de la pendiente; por ello, hay áreas muy vulnerables donde el río se desborda frecuente y cíclicamente. En una red domesticada, en cambio, las estructuras construidas retienen las aguas, regulan la corriente y previenen algunas inundaciones. Pero el factor más importante para el manejo apropiado de esta red construida resulta de la coordinación artificial del flujo de las aguas para asegurar no solamente uno, sino los diferentes usos o propósitos del sistema regulado del agua. La lluvia sigue un patrón estocástico en su distribución temporal y espacial. La regulación de las aguas de un río reclama una amplia red de estaciones pluviométricas y de la correntía, que proporcionan información sobre las variaciones en la precipitación y el flujo superficial del agua. Esta información, en manos experimentadas, permitirá diseñar complejos protocolos de apertura y cierre de compuertas.

En los años cuarenta los operadores de presas y compuertas no contaban con equipo computarizado, y la operación de todo el sistema dependía de un comando y coordinación central, además de una red de comunicación con todos los puntos del sistema. Cumplir con los múltiples objetivos de la red (abastecimiento de energía, control de inundaciones, mantener el nivel del cauce principal a la navegación) era, sin duda, una gran hazaña cotidiana, en particular durante fenómenos climáticos extremosos. Los incumplimientos de los estándares de servicio público se sujetaban a reclamaciones judiciales e indemnizaciones propias del orden público instalado en ese país. Esta articulación entre la tecnología y el orden jurídico parece haberse mantenido como una prioridad. La preeminencia de la eficiencia tecnológica no es sólo resultado de la no interferencia de la política en el funcionamiento del equipamiento tecnológico, sino de los contrapesos que ejercen el régimen jurídico y el papel de la propiedad privada. La instalación de una nueva tecnología tropieza con balances institucionales externos, de tal suerte que se mueve entre fuerzas contrarias, unas promotoras de la modernización y otras defensoras del conservadurismo social.

Estas últimas consideraciones conducen a otros aspectos político-administrativos de gran relieve en el proyecto Tennessee. Uno de ellos es la definición de un territorio operativo para esta agencia regional. Lo primero que hay que señalar es que el área de drenaje de un río rara vez coincide con las demarcaciones político-administrativas. Digámoslo de otra manera, quienes trazaron las fronteras divisorias de estados y municipios rara vez toman en cuenta el watershed o área de drenaje del río. La muy común falta de coincidencia entre los límites hidrológicos y políticos tiene repercusiones de importancia a la hora de configurar un organismo de cuenca, porque el manejo del agua unificado en una cuenca es un asunto complejo. Dicho organismo tendrá que adquirir poder y facultades suficientes para operar una red hidráulica de mayor o menor complejidad, que se extiende y trasciende a varias entidades político-administrativas. Las facultades que reclama la gestión del sistema hidráulico de una cuenca son siempre específicas, pero de tal jerarquía para subordinar a las provincias y los ayuntamientos que integran todo el sistema. En algún sentido, la redistribución del poder en materia hídrica no se aleja de las aspiraciones de Arthur Morgan de tener el control de las aguas de un río desde “una sola oficina” (Morgan, 1934: 8).

En México, las facultades sobre los aprovechamientos de las aguas son de orden federal y han adquirido un carácter homogéneo para todo el país; en cambio, en Estados Unidos estas facultades conciernen a las entidades estatales, no al gobierno central. Las prerrogativas del gobierno federal en Estados Unidos son diferentes y diferenciadas; unas para la región este, húmeda, y otras para el oeste, árido. Hay dos grandes organismos federales con sus respectivas atribuciones acotadas: el U. S. Army Corps of Engineers, en el este, y el Bureau of Reclamation, en el oeste. El valle del Tennessee se encuentra en la porción este, donde el Army Corps tiene facultades federales específicas y restringidas para la habilitación de los ríos para la navegación y el transporte fluvial. El decreto constitutivo de la tva abre la puerta a la injerencia federal cuando se prescribe que el río Tennessee se convertirá en un canal navegable. Éste es el punto de articulación entre los derechos del gobierno federal y los gobiernos de los estados, pero también podemos argumentar que un río navegable se convierte en un tópico de negociaciones para solicitar y recibir fondos federales aprobados por el Congreso para otros propósitos e invertirlos en los estados. Otras facultades adicionales de la tva fueron incluidas en el decreto constitutivo gracias a una fecunda labor de negociación en ambas cámaras del Congreso, en virtud de las gestiones de los legisladores George Norris, en el Senado, y Lester Hill, en la Cámara de Representantes.

Otro ingrediente complica de manera particular la definición del territorio sobre el cual la tva ejerce su autoridad, pues hay una no coincidencia entre el área de la cuenca fluvial y la ampliación posterior del área para la distribución de la energía eléctrica (Figura 1, arriba). Hay una sobreposición entre los territorios para la generación y para el consumo de la electricidad. El área de la cuenca fluvial o watershed se determinó a partir de criterios geográficos, mientras que las dimensiones del área de distribución de la energía generada por las presas construidas en el cauce del río y sus tributarios se fue configurando como resultado de controversias legales zanjadas en los tribunales con las empresas privadas preexistentes. Éstas objetaron la constitucionalidad del decreto de la tva, pues irrumpía en las áreas que dichas compañías privadas monopolizaban hasta entonces. Cuando ellas perdieron la controversia constitucional, a favor de la tva, ésta tuvo que crear su red propia de utilities, empresas encargadas de la distribución al menudeo de la electricidad, promoviendo agencias de tipo municipal y cooperativo para tal efecto (Herring, 1940; McCraw, 1971; Hobday, 1969).

En el proyecto original se preveía que la electricidad fomentaría la relocalización de industrias norteñas, que se moverían hacia el sur de Estados Unidos para aprovechar las ventajas y baratura del transporte fluvial, así como la disponibilidad de la energía hidroeléctrica. Pero dicha expectativa no se cumplió y hubo que encontrar nuevos usuarios para la abundante energía que producían las presas hidroeléctricas recién construidas. Se emprendió un ambicioso programa de electrificación rural. El tendido de cables para distribuir la energía barata a una población rural dispersa es uno de los rasgos innovadores y simbólicos de este proyecto. La tva adquirió raigambre y legitimidad. Pero, a final de cuentas, las necesidades durante la Segunda Guerra Mundial determinaron quiénes serían los grandes consumidores de energía de la tva. La industria del aluminio, para la fabricación de aviones, y los laboratorios de enriquecimiento de uranio de Oak Ridge, para la construcción de la bomba atómica, se convirtieron en los grandes consumidores de la energía producida.

De esta manera estoy intentando señalar que la definición del territorio regional y las facultades para operar una red eléctrica estuvo sujeta a imponderables, como las resoluciones de orden legislativo, judicial y los mecanismos de mercado. No son, en tal sentido, frutos de un orden racional y planificado, sino la configuración emanada de la lucha política y económica.

En tercer lugar, analizaré los aspectos de orden político del proyecto tva. Éste se concibió como un proyecto racional (planificado) elaborado por técnicos reclutados por sus habilidades técnicas en muy diversos campos. Los directivos introdujeron consignas estrictas para evitar que la selección y contratación del personal calificado cediera a las influencias o recomendaciones políticas. Esta elite tecnocrática se consideraba a sí misma como portadora de una nueva modernidad ajena a la politiquería. Sin embargo, la viabilidad del proyecto dependía, año tras año, de las partidas presupuestales aprobadas por el Congreso. Los legisladores demócratas sureños eran sucesivamente reelectos en sus curules gracias a los mecanismos excluyentes implantados en sus distritos. Por el principio de antigüedad (seniority), los puestos clave en las legislaturas eran ocupados por los que tenían más tiempo en sus cargos. Y este principio favorecía a los sureños que presidían los comités que aprobaban los presupuestos y supervisaban el funcionamiento de las agencias. El triunfo de la razón y de la técnica que proclamaban los técnicos de la tva tenía que ser negociado políticamente con los representantes de los intereses hegemónicos de la región. Digamos por ahora que la tva representa una racionalidad híbrida.

Los aspectos políticos por lo general no son parte de los modelos abstractos, pues se considera que las peculiaridades políticas del caso entorpecen la amplia difusión de aquel proyecto, que se desea promover y reproducir como panacea para los países pobres. Pero, si descuidamos en nuestro análisis estas circunstancias, no conseguiremos explicar e interpretar por qué y cómo ciertos proyectos de cambio social con un sustento tecnológico sí alcanzaron determinados objetivos, mientras que otros se quedaron cortos y fracasaron.

La creación de la tva en 1933 tuvo su origen en las deliberaciones legislativas para “privatizar” la presa Wilson y una industria de fertilizantes nitrogenados. Durante la Primera Guerra Mundial, se autorizó la construcción de tales instalaciones en un lugar conocido como Muscle Shoals, en el centro norte de Alabama. El temor a un eventual bloqueo de los alemanes al aprovisionamiento de fertilizantes naturales chilenos resultaría catastrófico para la economía agraria algodonera del sur. La productividad de los suelos dependía de dicho insumo. En consecuencia, estas obras fueron autorizadas como parte de la economía de guerra. Al finalizar el conflicto, el gobierno debía devolver a la iniciativa privada todas aquellas industrias erigidas con fines bélicos (Hubbard, 1968).

La presa Wilson fue diseñada por el ingeniero Hugh Cooper. Este personaje es un ícono de la construcción de presas en la era moderna. Instaló los sistemas de generación de energía en las cataratas del Niágara, vino a México para la construcción de la presa Necaxa y fue contratado por los soviéticos para dirigir la construcción de la famosa presa Dneprostroi, en Ukrania, entre 1928 y 1932. Es curioso que Cooper no tuvo una educación formal en una universidad; es el típico ejemplo del self-made man, lo cual lo convirtió en un magnífico candidato para los reclutadores soviéticos para encargarle la construcción de aquella presa en el río Dnieper, incluso contrariando la admiración que despertaba la sofisticada tecnología alemana. Había en este ingeniero estadounidense una rara combinación de habilidad técnica con un sentido común práctico (Cooper, 1928; Dorn, 1979). Hoy la tecnocracia se ha apropiado de los megaproyectos, desdeñando las habilidades y el sentido práctico. Éste es uno de los factores proclives al impacto desastroso de los grandes proyectos, según James Scott, como indicaré adelante.

Volvamos al problema del rezago con el que el Congreso tropezaba para encontrar un esquema apropiado para la privatización de las instalaciones de Muscle Shoals. La oferta de Henry Ford fue rechazada, por ejemplo. Como aún no habían podido transferirse al sector privado, el presidente Roosevelt aprovechó tal coyuntura para formular una iniciativa abierta para que el Congreso apurara ese trámite y convirtiera a las obras de Muscle Shoals en el punto de partida de un ambicioso plan de desarrollo regional. Con astucia política, el presidente Roosevelt no especificó en su propuesta el tipo de intervención del gobierno federal que tenía en mente. Dejó un amplio margen a los legisladores y estimuló a los progresistas del norte y a los conservadores del sur para que llegaran a un punto medio, negociaran los términos del decreto constitutivo de la tva y se pusieran de acuerdo. Después de la abolición de la esclavitud en 1865, el partido victorioso trató de ir más lejos, con efectos contraproducentes. Los intereses agrarios y financieros sureños repudiaron los intentos de intervención federal en la sociedad sureña, pues, a pesar de la derrota, la región algodonera sureña conservó e incluso amplió su lugar clave para la industria textil, ya que, junto con Egipto, el sur de Estados Unidos era una de las principales regiones proveedoras de la fibra para la industria británica. Esta consolidación de los intereses oligárquicos en el sur se convirtió en una poderosa maquinaria política de signo demócrata para fines electorales, e igualmente para preservar las inequitativas condiciones laborales y cívicas de los aparceros pobres, blancos y negros. Roosevelt se movía en este ámbito de opciones limitadas. A cambio de su apoyo a la iniciativa tva, al bloque sureño de legisladores le interesaba un programa que les permitiera recuperar los precios del algodón y el suministro de fertilizantes baratos para elevar la productividad de los suelos. A los norteños, en cambio, les interesaba un programa público de generación y distribución de energía eléctrica para salir al paso de la demanda en una nueva era de recuperación de la economía.

Sin embargo, la oferta de fertilizantes nitrogenados sufrió un cambio a última hora. Por consideraciones sociales y técnicas, se abandonó la idea de rehabilitar la planta para la fijación de nitrógenos. El sitio donde había sido construida la presa Wilson, Muscle Shoals, había sido designado en la ley como el cuartel general de la tva. Pero como este lugar no contaba con suficientes facilidades de alojamiento, escuelas, etcétera, para la elite de profesionales que la agencia estaba contratando, el centro de comando se mudó a Knoxville. Pero la mudanza más importante tenía que ver con el tipo de fertilizantes que se producirían en la nueva planta de Muscle Shoals y la creación de una red de distribución de fertilizantes que se forjaría en alianza con los extensionistas rurales de las universidades estatales. Aquí tenemos otro ejemplo de las decisiones flexibles que se iban tomando para poner en marcha a la tva. Muy probablemente éstas y otras son resultado de calibradas negociaciones políticas que no siempre se divulgaban, pues la flexibilidad de los actores de tales alianzas merma cuando éstas se ventilan a la luz pública.

La acumulación de residuos sólidos en los embalses recorta la vida útil de una presa porque ésta pierde su capacidad de almacenamiento de las aguas cuando el azolve se acumula en el fondo de un embalse. Estos residuos son arrastrados por las aguas de lluvias que drenan por las laderas deforestadas y los surcos de los campos de cultivo. Los técnicos de la tva observaron y anticiparon que las prácticas agroforestales y agrícolas del valle acortarían la vida útil de las presas que se estaban construyendo. Si se quería evitar el daño a la nueva tecnología, sería necesario persuadir a la mayoría de la población rural del valle de que cambiara sus prácticas agroforestales. Los bosques eran una fuente ocasional de ingresos para sus propietarios, pero las empresas madereras cortaban toda la vegetación del área explotable y dejaban los suelos expuestos a la erosión. Las huellas en el territorio eran evidentes. Numerosas áreas estaban marcadas por grandes cárcavas. Se instalaron experimentos visibles para que los vecinos verificaran cómo las lluvias arrastraban mucho más azolve en terrenos desforestados que en áreas con cubierta vegetal. La otra práctica nefasta para la vida útil de las presas, pero aún más dañina para la vitalidad de los suelos, provenía de la costumbre de trazar los surcos de un campo de cultivo en una ladera siguiendo la línea de la pendiente, pues no se conocía el surcado de contorno. Para impulsar un cambio cultural, había que buscar medios de persuasión para modificar estas formas tradicionales de explotación de la tierra, convenciendo a los propietarios y aparceros que los cambios serían ventajosos ecológica y económicamente para ellos, de suerte que atendieran las recomendaciones de los extensionistas agrícolas de las universidades estatales.

Las universidades estatales estadounidenses tienen un origen agrario. Fueron creadas a mediados del siglo xix para fomentar y promover las mejores técnicas de cultivo y el aprovechamiento de los recursos forestales. En el norte, la figura agraria dominante era el farmer, un grupo familiar con extensiones de tierra medianas (alrededor de cien acres) que producía para el mercado. En el sur, en cambio, la figura dominante era la plantación de algodón y de tabaco, heredera del esquema esclavista, pero modificado mediante el endeudamiento para afianzar las operaciones de terratenientes y aparceros. En las tierras altas de Tennessee, así como en la región de los Apalaches, había también un tercer tipo de ocupación, la de los montañeses pobres e iletrados, conocidos como hillbillies, un tipo de campesino autosuficiente y marginal. En esta región sureña, los primeros eran proclives a métodos inapropiados de surcado, y los segundos a esquemas de deforestación (Kilbourne, 1960).

Ha sido necesario extenderse en la exposición de estas prácticas agroforestales para encontrar una explicación satisfactoria al cambio del tipo de fertilizante producido en Muscle Shoals. La promoción de los fertilizantes superfosfatados, en lugar de los nitrogenados, resultó ser una eficaz herramienta de persuasión para convertir las laderas defores-tadas con suelos empobrecidos en renovadas zonas de pastoreo. La red de extensionistas agrícolas, articulada a las universidades estatales, se convirtió en una red de agentes promotores de las nuevas prácticas agrícolas que la tva deseaba promover. Ofrecían alternativas de ingreso para las granjas, sugiriendo la cría de vacas y puercos, además de una mejora en el estándar de vida. Se procuraba un objetivo prioritario para los constructores de las presas: la protección de la vida útil de las presas con la reducción eficaz de los azolves.

Esta alianza de la tva con las universidades estatales y la red de extensionistas agrícolas fue el objeto de estudio del sociólogo Phillip Selznick (1948). La interpretó como un caso de “cooptación” de las políticas públicas. Las metas más ambiciosas de la tva quedaron atrapadas en una red de intereses locales que imprimieron un sesgo conservador a su agenda política. James Scott, en su libro Seeing as a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1998), analizó una serie de proyectos modernistas, todos emprendidos con nobles propósitos, pero que resultaron catastróficos. En una sección del capítulo 4 que no llegó a la imprenta, pero que su autor me hizo llegar, se analizaba el caso de la tva. Para Scott, la tva es un ejemplo donde la intervención de los poderes fácticos, incrustados en las instituciones democráticas, frenaron las aspiraciones sociales más ambiciosas de los tecnócratas. Así, la lucha en contra de la desigualdad entre las razas y entre las clases agrarias, uno de los fines más altruistas del programa, quedó fuera. En ello hay una coincidencia con Selznick. Pero Scott va más allá cuando identifica cuatro condiciones para que ocurran los desenlaces catastróficos en las utopías tecnocráticas: a) la tendencia favorable a la simplificación y la uniformidad, b) la arrogancia tecnocrática, c) el autoritarismo estatal y d) la vulnerabilidad de la sociedad donde se ejecutará el proyecto. En el caso del proyecto Tennessee, uno puede identificar estas cuatro consideraciones postuladas por Scott. Pero será necesario postular alguna fuerza de mitigación y freno, dado que, en mi opinión, éstas no condujeron al hipotético desastre. Me parece que la tva estaba enmarcada en un entramado institucional que frenó la hybris modernizadora; los intereses políticos más conservadores obstruyeron los aspectos más nobles del programa de reforma social propuestos por el presidente Roosevelt e impulsados por el visionario Arthur E. Morgan. A final de cuentas prevaleció un pragmatismo moderado, personificado por el sucesor, David E. Lilienthal, quien, como señaló Selznick, favoreció una modernización “cooptada”. Ciertos giros introducidos en el diseño original, tales como el impulso a la electrificación rural, la distribución de fertilizantes fosfatados entre los agricultores y las negociaciones con la elite conservadora, despojaron al plan “ideal” de Roosevelt y Morgan de algunas de sus facetas más progresistas, pero a la vez dieron cabida a la negociación política y al arbitraje judicial en las cortes como medio para zanjar conflictos.

Conclusiones

A manera de conclusión podemos recapitular algunas de las ideas enunciadas en este ejercicio de contextualización política de los lineamientos tecnológicos generales para el funcionamiento del proyecto Tennessee. El proyecto tenía como gran aspiración presidencial intentar enfrentar con todo vigor la pobreza, la desigualdad y la opresión en una región tradicionalmente pobre y marginada. Estas nobles y ambiciosas metas fueron sustituidas poco a poco por objetivos más pragmáticos y digeribles para la oligarquía sureña. Prevaleció el poder político conservador ejercido desde las cámaras legislativas para la aprobación anual de los presupuestos. Pero, asimismo, mediante instituciones locales tradicionales, se mantuvo el sistema de segregación racial y los agricultores conservaron sus propiedades agrarias. La tva resolvió salvaguardar su interés como un gran administrador del río y de la generación de energía (Melville, 1992).

La organización de una compleja red hidrológica a lo largo de toda la cuenca del río Tennessee adquirió preeminencia entre los objetivos del proyecto. Probablemente, la generación de energía eléctrica barata y su distribución a la población rural y urbana constituyó una de las claves para la sustentabilidad del programa a lo largo del tiempo hasta la actualidad. La intervención gubernamental en el sector eléctrico ha sido una y otra vez objeto de polémica. ¡Cuántos de los muchos proyectos que se han implantado en el mundo con la óptica de producir y aprovechar la energía hidráulica trasfieren a usuarios residentes fuera de la cuenca esta nueva energía generada! La electrificación rural en el valle del Tennessee, como señalamos, fue un ajuste sobre la marcha al no cumplirse la expectativa de promover la relocalización de nuevas industrias en las márgenes del río; tanto la electrificación rural como la red de distribuidoras locales de la energía mejoraron los estándares de vida de los residentes del valle. La falta de coincidencia entre el área de distribución de la energía con el territorio de la cuenca fluvial terminó ampliando la base económica del apoyo social y político a este organismo público.

Arriba mencioné la identificación de tres graves problemas que aquejaban a la sociedad del valle del Tennessee, y mi interés por conocer qué efectos duraderos había tenido la tva en su lugar de origen. Estos tres problemas fueron seleccionados con el sesgo de una mirada mexicana (y latinoamericana), pues había y hay semejanzas entre las condiciones del sur de Estados Unidos y las condiciones de marginalidad en los países pobres. Las principales conclusiones de mi trabajo de investigación sobre este proyecto son: a) la hegemonía del Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos se resquebrajó mucho tiempo después, durante la campaña electoral de Ronald Reagan, cuando los republicanos recuperaron la competitividad electoral después de un siglo de hegemonía demócrata; b) el inicio del desmantelamiento de la segregación en el sur fue una labor de los activistas del movimiento de derechos civiles, que sancio-nó la Suprema Corte de Justicia cuando ordenó en 1954 la integración en las escuelas. En otras palabras, en estos dos rubros, la tva no tuvo mayor incidencia; c) pero en la reconfiguración de las plantaciones como instituciones clave de la economía sureña, sí podemos identificar una clara injerencia de la tva. Sus programas de fertilizantes fosfatados, la labor de los extensionistas agrícolas y forestales para promover formas benévolas de explotación de suelos y bosques, y la electrificación rural contribuyeron, en definitiva, al desmantelamiento de las plantaciones y al reordenamiento agrario, y las convirtieron en explotaciones tipo farmer,propiedades de mediano tamaño con una combinación de formas de aprovechamiento: cría de animales y cultivos comerciales, uso de insumos químicos, maquinaria y semillas mejoradas, bajo la supervisión del Departamento de Agricultura. Sin embargo, la desaparición de aquellas plantaciones que habían sido fuentes de trabajo para jornaleros y aparceros (y antes para familias enteras de esclavos) trajo también un reordenamiento de los mercados rurales de trabajo. Una gran mayoría de la población rural se vio obligada a emigrar a las ciudades de la región o fuera de ella. El reordenamiento del aprovechamiento de las aguas y de las instituciones rurales tuvo como efecto social importante el desplazamiento de la población no como un impacto directo de la construcción de las presas, sino de manera indirecta, vía el reordenamiento institucional y de los nuevos mercados de trabajo (Melville, 1990, 1998; Domínguez, 1985).

A manera de síntesis, subrayaré que las características de los esquemas tecnológicos para el aprovechamiento integral de las aguas en una región fueron y son los tópicos de las negociaciones políticas. Y los arreglos a los que llegaron las elites modernizadoras con las elites conservadoras trajeron consecuencias previstas e imprevistas en el orden ambiental, social y económico. La red domesticada del flujo de las aguas, mediante grandes inversiones en infraestructura hidráulica, es un vector liberado en el choque político de dichas fuerzas. Otras metas muy ambiciosas de los ingenieros más visionarios fueron recortadas; triunfó el pragmatismo. Los desempleados encontraron trabajo e ingreso en la fase constructiva de las presas; en cambio, los jornaleros y aparceros –blancos y negros– que tenían trabajo en condiciones muy precarias en las plantaciones operadas bajo el régimen de endeudamiento y aparcería, con la modernización de la agricultura (mecanización y sustitución de las formas organizativas, de plantaciones a granjas), quedaron desempleados y tuvieron que emigrar a las ciudades o a otras regiones industriales como Detroit. Las tensiones producidas por el choque de intereses innovadoras y conservadores tuvieron que resolverse en la arena política. La expresión y participación de los puntos de vista de los involucrados en el desarrollo regional, o bien su negación y manipulación, resultan de la correlación de fuerzas entre el poder de una corporación regional poderosa y las instituciones democráticas, generalizables a toda la nación. El entorno institucional más amplio condiciona otras tendencias monopolizadoras de la poderosa agencia regional, donde la negociación, la cooptación, el clientelismo fueron definiendo en diferentes circunstancias y variados derroteros para esta conjunción de factores ambientales, tecnológicos y políticos. Las huellas más visibles quedaron grabadas en la morfología de un río domesticado para la generación de energía y el transporte fluvial. Pero marcas más hondas y oscilantes se descubren al examinar la confrontación social y política que antecedieron y acompañaron los procesos de cambio tecnológico y ambiental en un territorio.

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Roberto Melville

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores

en Antropología Social

Controversias tecnocientíficas.

Proyectos de la ingeniería hidráulica en la cuenca del río Santiago

Cecilia Lezama Escalante

Universidad de Guadalajara

Introducción

El papel de la tecnología en el manejo del agua ha sido decisivo para el desarrollo socioeconómico. Desde tiempos inmemoriales, la agricultura ha dependido de la tecnología hidráulica para la irrigación. Asimismo, los grandes conglomerados urbanos han crecido gracias a la construcción de grandes obras hidroeléctricas, presas, sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje profundo y saneamiento. Conforme los asentamientos humanos incrementan su población, los usos urbanos del agua compiten intensamente con los usos agropecuarios e industriales; y en la medida en que las fuentes de abasto se tornan insuficientes, la dependencia en la tecnología hidráulica es todavía mayor. Si bien es cierto que dichas obras contribuyeron a la solución inmediata de problemas para el abasto urbano de agua, la industria y la agricultura, también lo es que los sistemas utilizados para la extracción, retención y transferencia de agua rompieron los ciclos naturales de las corrientes fluviales, de lagunas, humedales y de reposición de los mantos acuíferos. A lo largo del tiempo estas obras han contribuido al deterioro y abatimiento de estos cuerpos de agua e incluso han propiciado escasez en regiones que hasta hace pocas décadas eran importantes proveedoras de agua. Lo anterior no sólo ha desencadenado conflictos sociales por la competencia por el agua, sino un problema en cuanto a la sustentabilidad del desarrollo de las regiones de donde se extrae el agua.

En las últimas décadas las políticas neoliberales implantadas en México se han enfocado a promover diversos proyectos que preten-den contribuir a mejorar los estándares de desarrollo económico y social tanto del país en su conjunto como de diversas regiones marginadas. Con este objetivo se han favorecido inversiones para la construcción de grandes proyectos de infraestructura hidráulica, como son las presas hidroeléctricas y para almacenamiento, bajo el supuesto de que generarán empleo e ingresos y de que elevarán la calidad de vida de la población. El problema central reside en que muchos de estos proyectos descansan en la destrucción de los mismos recursos naturales que sustentan las bases del desarrollo, los cuales garantizan la sustentabilidad para las fu-turas generaciones. Por lo general, el ciclo de vida de una presa avala beneficios a plazos de treinta años en promedio, sin considerar los efectos nocivos que quedan para la eternidad, sea por la contaminación de ríos y suelos, por los daños irreversibles que infligen a la biodiversidad y por las modificaciones permanentes que inducen en los cauces y ciclos naturales de los ríos de que dispone una región. Esto, sin considerar los impactos sociales que se manifiestan en la salud, las afectaciones en el bienestar de la población y la pérdida de su patrimonio sociocultural.

Con frecuencia, la realización de estos proyectos pasa por encima de las leyes ambientales de nuestro país, por lo que contribuye a un lento, silencioso e irreversible deterioro de los recursos naturales. Tales proyectos del Estado modernizador se justifican bajo un velo altruista que aboga por el bien común, por el bien de la mayoría. En función de este principio, se justifica transferir recursos de una región a otra, trasvasar artificial y temporalmente el agua de una cuenca a otra muy distante para promover el desarrollo de grandes ciudades, donde cada vez se vuelve más difícil y costoso proporcionar los servicios básicos y garantizar el bienestar que requieren sus habitantes. Las políticas públicas para el abasto se fincan en la aplicación de un mismo modelo: la construcción de grandes y costosas obras hidráulicas para trasvasar el agua, a pesar de que conlleva el sacrificio de los recursos naturales de otras regiones y los consabidos conflictos sociales en las comunidades de donde se extrae el agua.

Las frecuentes controversias que han surgido respecto a la realización de muchas de las obras hidráulicas promovidas en el estado de Jalisco conducen a plantear los siguientes cuestionamientos: ¿cuál ha sido hasta ahora la perspectiva hidráulica en el manejo del agua?, ¿cuáles han sido los criterios predominantes para determinar las políticas públicas de desarrollo en Jalisco?, ¿de qué manera el conocimiento generado por los expertos en ingeniería hidráulica modifica el medio?, ¿cuál es la racionalidad del conocimiento experto en la aplicación de las políticas hidráulicas?

A partir de estos cuestionamientos se intentará analizar algunos de los elementos que legitiman el conocimiento experto que subyace en la perspectiva hidráulica en torno al manejo del agua en Jalisco y sus repercusiones para el ambiente. Con este objetivo se pretende revisar el discurso de una red de expertos que marcan la pauta de los principios e intereses de una elite de poder y de las instituciones que los respaldan. Asimismo, se describirán algunos de los proyectos y los mecanismos que conducen a un manejo no sustentable de la tecnología hidráulica para modificar y dominar la naturaleza.

La pertinencia de centrar este análisis en el marco de las políticas hidráulicas del estado de Jalisco se justifica porque en el curso de las últimas dos décadas los problemas recurrentes alrededor del abasto urbano de agua y saneamiento de aguas residuales han ocupado un lugar prioritario en la inversión pública, pero con muy pobres resultados en cuanto a su solución. Incluso, parece irracional la asignación de una gran cantidad de recursos financieros y humanos para numerosos proyectos que han sido cuestionados por la sociedad civil debido a que plantean altos riesgos en cuanto a la destrucción de los ecosistemas involucrados y la pérdida del patrimonio cultural de la población desplazada.

La perspectiva neoliberal del Estado modernizador y su régimen de verdad

Es imposible abordar los problemas en torno a las políticas hidráulicas sin enmarcarlas en el contexto del modelo económico neoliberal que caracteriza la actual crisis ambiental, cuyo origen se deriva de la expansión global de una racionalidad económica capitalista. Bajo esta racionalidad se ha fomentado un crecimiento económico ilimitado con base en la explotación de recursos naturales limitados. Esto ha conducido a la mercantilización de recursos finitos, que tienden a ser depredados al someterlos a las leyes del mercado y a prácticas productivas ajenas a las condiciones propias de la naturaleza (Leff, 2004).

Asimismo, para entender las políticas hidráulicas del gobierno, es preciso partir de las implicaciones inherentes a la organización burocrática del Estado y a las formas de control que le permiten planear y promover los proyectos de “ingeniería social”. Un análisis desde la perspectiva del Estado, de acuerdo con la teoría de James Scott (1998), nos permite inferir que los grandes proyectos de ingeniería social, como son los obras hidráulicas de gran envergadura, se pueden implantar sólo en la medida en que confluyen determinadas condiciones en un contexto social. Como primera condición, resalta el predominio de una ideología técnico-científica en el aparato gubernamental, como el modelo económico neoliberal, que da sustento a la aplicación del conocimiento especializado de la alta burocracia hidráulica para poner en marcha grandes proyectos de infraestructura, como presas, plantas hidroeléctricas, acueductos y sistemas de irrigación, entre otros. Una segunda condición es la existencia de un Estado autoritario que le otorga capacidad para imponer su esquema modernizador, sustentado en la validación de una ideología tecnocrática que permite ofrecer una promesa a la sociedad. Una última condición implica la existencia de una “sociedad postrada” cuyo sometimiento le hace imposible resistir la imposición del proyecto de una tecnocracia autoritaria, considerando su situación de pobreza y marginación. En síntesis, podemos decir que el Estado modernizador cuenta con “las ideologías tecnocráticas [que] le dan la razón de actuar, el autoritarismo, la determinación de llevar a la práctica su proyecto; finalmente, la debilidad de la sociedad civil le ofrece el terreno apropiado para imponerse” (Scott, 1998: 4-6).

En este orden de ideas, se puede afirmar que, en el caso de México, la tecnocracia hidráulica se conformó al cobijo de un Estado autoritario que le permitió ejercer su poder y aplicar sus conocimientos técnicos para definir y conducir las estrategias de desarrollo económico regional a partir de la construcción de grandes obras hidráulicas. El problema se manifiesta cuando estas obras llegan a trastocar ecosistemas y pueblos enteros, donde, por lo común, habitan comunidades indígenas en condiciones de marginación y pobreza que difícilmente podrían oponerse a los proyectos de un Estado autoritario. Tales proyectos, las más de las veces, redundan en un desastre social y ecológico.

Por otra parte, es importante desentrañar cómo se legitiman los conocimientos tecnocientíficos como base de las políticas hidráulicas. Una interpretación sobre el origen del conocimiento experto se encuentra en los planteamientos de Michel Foucault, quien lo analiza a partir de los mecanismos que “delimitan formalmente el poder y los efectos de verdad que este poder produce” (1993: 139). Su cuestionamiento gira en torno a cómo se genera el discurso de verdad que conduce a legitimar ciertos conocimientos y a establecer los fundamentos que rigen la normatividad en las instituciones. Al respecto, se pregunta “¿qué tipo de poder es susceptible de producir discursos de verdad que están dotados de efectos tan poderosos?” (1993: 139).

Foucault afirma que el discurso de verdad se asocia a los sistemas de poder que lo producen, de manera tal que es necesario descubrir los mecanismos y las instancias que generan el régimen de verdad para entender los efectos económicos y políticos del poder. Señala que toda sociedad cuenta con su propio régimen de verdad, en el cual se construye el tipo de discurso y el cuerpo de conocimientos que se definen y circulan como verdaderos (1993: 139-87). Por tanto, habría que descifrar el discurso de aquellos actores clave que enarbolan los principios que funcionan como verdad para el gremio; en este caso, de la ingeniería hidráulica, de las instituciones oficiales y de organismos financieros multinacionales en donde se insertan sus representantes.

Para entender la racionalidad que subyace en la aplicación de las políticas hidráulicas es necesario partir de una comprensión de los procesos de conocimiento. Sobre este particular, Norman Long afirma que el conocimiento es una construcción social que es reformulada de manera constante como producto de “los encuentros y discontinuidades que surgen en puntos de intersección entre los mundos de vida de los actores” (2010: 342). El conocimiento experto o de la ciencia forma parte de los discursos que dan sentido e impulsan los proyectos de modernización y cambio social. La producción y recreación del conocimiento experto se asocia tanto a los intereses y valores de los actores/científicos como a los que prevalecen en el contexto sociocultural en que éstos se desenvuelven. Por tanto, una vía para conocer cómo se construye el mundo social podría centrarse en el análisis etnográfico de los proyectos, considerando aquellas maniobras y discursos que dan cuenta de cómo se genera y se utiliza el conocimiento experto, así como de las imágenes y representaciones que los sustentan.

Siguiendo a Long, en este trabajo se intenta ubicar aquellas interfaces en donde se detectan discontinuidades entre el conocimiento experto y el sistema de valores que legitima los proyectos del Estado modernizador al confrontarse con los saberes de la población afectada, que lucha por defender su patrimonio y la conservación de su hábitat. Con base en una selección de este tipo de interfaces, se pretende explicar el origen de la confrontación entre los proyectos avalados por la ingeniería hidráulica a la luz del discurso de verdad y de los valores que respaldan los proyectos institucionales de la tecnocracia hidráulica y sus repercusiones en el campo de las externalidades socioambientales.

Políticas de gestión técnica del agua y de infraestructura hidráulica en la cuenca del río Santiago

Desde la perspectiva hidráulica, se han generado discursos de verdad que tienden a fijar un modelo normativo que legitima la construcción de un determinado mundo social. Bajo esta normatividad subyace un conocimiento científico que especifica la mejor tecnología para solucionar un problema con base en cierto tipo de criterios. Hasta ahora, lo criterios de factibilidad técnico-económica constituyen el fundamento de dicho modelo, el cual ha sido promovido desde el discurso neoliberal de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Estos organismos incluso han condicionado la aprobación del financiamiento de los programas de desarrollo a la construcción de grandes obras hidráulicas, como presas hidroeléctricas y de almacenamiento de agua. Son estos criterios técnico-económicos los que han prevalecido para legitimar la implantación de las políticas hidráulicas, sin considerar que con frecuencia destruyen de modo irreversible los ecosistemas y perjudican a aquellos grupos de población que son desalojados de sus territorios de manera injusta y autoritaria, en beneficio de sectores privilegiados de la población.

Este tipo de políticas hidráulicas se convierte en un mecanismo de dominación que legitima el uso irrestricto de los recursos hídricos como materia prima ilimitada, principalmente para fines productivos. No se toma en cuenta la necesidad de cubrir los servicios ambientales del agua, a pesar de que son los que condicionan la sustentabilidad de estos recursos a futuro. En muchos casos, el manejo irracional del agua ha traído consigo un proceso de deterioro tal que en la actualidad ya no se puede considerar el agua como un recurso renovable. Por el contrario, se han afectado los ciclos naturales de regeneración de los cuerpos superficiales de agua y de los mantos acuíferos. Además, los altos niveles de contaminación que ha propiciado el uso irracional del agua impiden la recuperación natural de la calidad del agua de los ríos y la posibilidad de su reutilización aguas abajo, en el curso de su trayecto al mar. A su vez, los caudales de los ríos están sujetos a diversas formas de retención, extracción y trasvases de una cuenca a otra que rompen con los flujos naturales y el equilibrio propio de los ecosistemas.

La percepción que tenemos del agua difiere de acuerdo con el uso que le damos y el contexto cultural de los usuarios, y de ahí la importancia de considerar los discursos de verdad que dan voz a los diferentes tipos de actores y usuarios del agua. Por ejemplo, en el ámbito de la economía, el agua se concibe desde un punto de vista instrumental, en tanto que juega un papel esencial para el desarrollo: “El agua sirve para producir”. El agua genera energía eléctrica, es insumo para la agricultura y para la industria. Con base en esta premisa, el agua adquiere matices muy particulares en el campo de la ingeniería hidráulica, como lo demuestra el discurso del ingeniero Leandro Rovirosa Wade, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos durante el sexenio 1970-1976, quien asumía que la ingeniería se destina a resolver el desequilibrio regional ocasionado por la distribución dicotómica del agua (escasez/abundancia) en el territorio nacional. Aseguraba que, como el agua es la causa principal de tal desequilibrio, la gestión técnica del agua “debe ser el motor que corrija dicha irregularidad” mediante su adecuado aprovechamiento (Rovirosa, 2005: 74). Bajo esta perspectiva, la tarea primordial de la ingeniería se debía enfocar a generar las tecnologías adecuadas para conducir, desviar o trasvasar el agua hacia el lugar donde fuera requerida, con lo cual se justificaba el empleo de la técnica para dominar y transformar la naturaleza a cualquier costo. Los problemas u obstáculos que impone la naturaleza para ubicar el agua en el lugar preciso se convirtieron así en un reto para la ingeniería hidráulica y el eje conductor que marcó las políticas gubernamentales para el manejo de agua.

Los proyectos hidráulicos privilegiados por el Estado durante la primera mitad del siglo pasado fueron las grandes obras de irrigación, atendiendo a la necesidad de apoyar las políticas de la reforma agraria promovida desde el sexenio de Lázaro Cárdenas. Posteriormente, el presupuesto para infraestructura hidráulica se concentró en presas para el abastecimiento urbano y para la generación de energía eléctrica, que prevalecen hasta la fecha. Revisando los principales proyectos hidráulicos en la cuenca del río Santiago durante el siglo xx, se podrían clasificar bajo cuatro categorías de acuerdo con la función que desempeñaron: obras de irrigación y desecación, obras para el abastecimiento urbano de agua, plantas hidroeléctricas y obras de drenaje y saneamiento. De manera muy general, trataré de seleccionar algunos de los proyectos más relevantes dentro de estas categorías, con la intención de contextualizar los escenarios en que fueron planteadas las políticas de manejo del agua.

Obras para irrigación, desecación y para control de inundaciones

La gran mayoría de las presas medianas y pequeñas construidas antes de la década de los sesenta se destinaron a la irrigación. Gracias a estas presas se detonó el desarrollo agropecuario de varias regiones del estado. Jalisco cuenta con alrededor de setenta presas, muchas de las cuales se encuentran al límite de su vida útil, dado que tienen más de cuarenta años de antigüedad y han perdido eficiencia de almacenamiento por la acumulación de sedimentos. Prácticamente no existe un programa estatal de desazolve, ni el mantenimiento requerido para operar el sistema de medición y compuertas de estas presas, tampoco para impedir su contaminación. En estas circunstancias, parece que para las insti-tuciones operadoras es más fácil construir nuevos embalses que reacondicionar los embalses antiguos (Carrillo, 2005: 7).

En las políticas de gestión del agua han prevalecido los principios básicos de la ingeniería hidráulica. De acuerdo con las ideas expresadas por el ingeniero Leandro Rovirosa Wade, uno de los principios básicos consiste en optimizar al máximo el total de las corrientes fluviales. Bajo este principio, incluso se llegó al extremo de considerar un desperdicio dejar que el agua desembocara al mar. Esta misma teoría era entonces sostenida y apoyada por técnicos y políticos europeos, como Stalin, quien en su momento fue adalid de esta corriente.1

A mediados del siglo pasado, fue el ingeniero Luis P. Ballesteros, representante de esta teoría en Jalisco, quien abogaba por construir presas, bordos, diques y todo tipo de obras hidráulicas a lo largo del cauce de los ríos para evitar que el agua dulce se desperdiciara en el mar sin ningún uso previo. La miopía de esta visión tecnocrática caracterizó al grupo de los llamados “ingenieros hidráulicos desecadores”, quienes en su época llegaron a ser homenajeados como héroes. A raíz de este discurso de verdad, Ramón Rubín criticó las políticas gubernamentales, a las que calificó de tendenciosas porque en realidad estaban favoreciendo intereses económicos depredadores (Pérez y Torres, 2001: 62).

Otro principio que distinguió las políticas hidráulicas del siglo pasado se refiere a la percepción técnico-económica de los fenómenos de la evaporación y la filtración del agua al subsuelo. Se consideraba que ambas representaban una forma de desperdicio del agua, sin reconocer los ciclos del agua ni los servicios ambientales que ambas prestan a los ecosistemas. En la medida en que las técnicas de manejo del agua se enfocaron a impedir tal desperdicio, acabaron por romper los ciclos naturales del agua y con ello la posibilidad de su renovabilidad. En aras de este régimen de verdad, se llevaron a cabo numerosos proyectos gubernamentales que incluían obras y tecnologías destinadas a optimizar los usos del agua tratando de evitar la evaporación y la filtración del agua en los sistemas de riego. Fue así que se justificó la desecación de lagos y el cambio de sistemas de irrigación basados en el entarquinamiento y el recubrimiento de canales para evitar las filtraciones al subsuelo, por mencionar algunas prácticas. El entarquinamiento consiste en anegar el campo de cultivo como sistema de riego por sumersión, razón por la cual se percibe como una forma de desperdicio del agua. Sin embargo, el hecho es que, lejos de desperdiciarse, esta práctica contribuye a la recarga de acuíferos (Sánchez, 2005: 76-77).

Quizá entre los proyectos hidráulicos más cuestionables, desde la perspectiva ecológica, se encuentra la desecación de lagos y ciénegas. Sin ir muy lejos, tenemos tristes ejemplos en el estado de Jalisco. Sin duda, el caso más importante es la desecación de la ciénega de Chapala, que en su momento fue considerada como una obra necesaria porque cumplía con un doble propósito: extender la frontera agrícola sobre zonas de humedales, que resultaban propicios para la agricultura, y sanear el ambiente para evitar problemas de salud pública. Con ese objetivo se construyó un vallado o muro de contención que cercenó 50 000 hectáreas al oriente del lago para destinarlas a la producción de granos, y en algunos años muy lluviosos sirvió para evitar inundaciones. El hecho es que la concesión de gran parte de las tierras desecadas fue otorgada a principios del siglo xx por el gobierno de Porfirio Díaz a un importante hacendado, a la sazón gobernador de Jalisco, Manuel Cuesta Gallardo (Boehm, 1994; 2002a). Desde entonces, la cuenca propia del lago de Chapala ha venido reduciendo su superficie de forma constante por diversas razones, entre las cuales los usos destinados a la agricultura han sido los más frecuentes. Incluso, durante el sexenio del gobernador Alberto Cárdenas (1994-2000) se pretendía “reforestar” un área a la orilla del lago.

A mediados del siglo pasado, los expertos consideraban que uno de los problemas del lago era la gran pérdida de agua por evaporación,por lo que propusieron medidas para reducir su gran extensión, sin reparar siquiera en los servicios ambientales que la evaporación presta para su entorno y el ecosistema. Dichas medidas, avaladas por uno de los expertos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, justificaban el decreto de desecación del lago de Chapala porque el país no podía “darse el lujo” de tener un lago con altos coeficientes de evaporación (Pérez y Torres, 2001: 63).

Bajo las mismas premisas que afectaron la ciénega de Chapala, se desecaron 7 000 hectáreas del vaso de la laguna de Magdalena, al norponiente de Guadalajara, en 1926. En principio, a fines del siglo xix se solicitaron concesiones para navegación y transporte en el lago, pero, a la vez algunos agricultores solicitaron incesantemente permisos a las autoridades correspondientes para desecar el lago y utilizar las tierras para cultivo. A la postre, las obras realizadas suscitaron conflictos entre los vecinos por causa de la desecación.2 Asimismo, este tipo de concesiones para usos agrícolas fueron solicitadas para los casos de otros cuerpos de agua, como la laguna de Unión de Tula,3 en 1900; la laguna del Tlalpuyeca4 y Mascota,5 entre 1902-1906; la laguna de Zapotlán,6 entre 1931-1934; y la Laguna de Quitupan,7 en 1935. Algunas de estas obras de desecación se trataban de justificar incluso como la mejor opción para evitar focos de infección. Mediante algunas de estas concesiones, la entonces Comisión de Irrigación dio lugar a la modificación de importantes ecosistemas de humedales en Jalisco.

De los discursos de verdad del conocimiento experto que se han mencionado se infiere que la ingeniería hidráulica se apoya en un modelo de desarrollo que no necesariamente guarda una integración armónica entre el gobierno de Porfirio Díaz economía, tecnología y medio. Bajo tales esquemas, los recursos hídricos y los ecosistemas se han visto sujetos a una paulatina destrucción porque no se toman en cuenta los procesos naturales que determinan el equilibrio ecológico. La racionalidad técnico-económica no repara en las externalidades ni en los costos ecológicos que se generan. Por lo general, se justifica la contaminación y el deterioro de los recursos simplemente como efectos secundarios o como males necesarios. En este orden de ideas, la destrucción ambien-tal resulta en la práctica más barata que promover la conservación de los recursos hídricos, lo que fomenta su sobreexplotación hasta su virtual extinción.

Obras para el abastecimiento urbano de agua

Las políticas hidráulicas en México han favorecido por muchas décadas la construcción de grandes obras de infraestructura, ya sean presas de almacenamiento o plantas hidroeléctricas, como medio para alcanzar el desarrollo económico y el progreso. Hasta fechas muy recientes, la construcción de grandes presas se evaluaba básicamente en función de los beneficios generados para el desarrollo económico en términos de superficie irrigada, de la producción de kW/hora, del volumen de agua potable, de la generación de empleo, del incremento de producto interno bruto o cualquier otra. El trasvase de agua de una cuenca a otra a través de kilómetros de acueductos para suministrar agua a las grandes ciudades se volvió la mejor alternativa ante la falta de otras fuentes disponibles de agua. Los beneficios previstos para el incremento de energía, el abasto urbano de agua y la irrigación de tierras dedicadas a la agricultura intensiva justificaban la inundación de extensas superficies y el desplazamiento de pueblos enteros para reubicarlos en otro lugar. En la mayoría de los casos, los grupos desplazados eran poblaciones indígenas que perdían su territorio, sus mejores tierras, su identidad comunitaria y sus estilos de vida, además de que no siempre eran indemnizados justamente ni conseguían acceso a la oferta de empleos bien remunerados, dada su falta de calificación laboral.

Prácticamente, las políticas hidráulicas para el abasto urbano de agua no han operado como factor central en la planificación urbana; más bien, han sido un factor reactivo en la medida en que siempre tienden a dar soluciones post factum al desmedido crecimiento de las grandes ciudades, sin considerar medidas para prever la sustentabilidad hídrica. El caso más emblemático es la Ciudad de México, cuyo modelo parece ser seguido por otras ciudades del país, como Guadalajara y León en el occidente de México. La creciente demanda de agua en la Ciudad de México ha sido atendida en las últimas décadas mediante la construcción de kilómetros de acueductos que permiten el trasvase de agua de regiones adyacentes, como el Sistema del Cutzamala en la cuenca del río Lerma. A mediano plazo se tendrá que recurrir a otras fuentes cada vez más lejanas para abastecer la demanda ilimitada de un crecimiento que ya rebasa las posibilidades de cualquier planificación.

La ciudad de Guadalajara no ha estado libre de problemas para su abastecimiento desde su fundación. Sin embargo, por lo general se surtía a la población a partir de fuentes locales. La expansión de la ciudad ha rebasado la capacidad de sus propias fuentes de abasto y cada vez depende más de fuentes externas. A partir de la década de 1980 hubo que recurrir a fuentes cercanas, como las aguas del lago de Chapala y del río Calderón, para cubrir la demanda requerida por la población creciente. Fue necesario construir el acueducto Chapala-Guadalajara, de 42.6 km de longitud, para trasvasar 5.5 m3 de agua desde el lago. Además, se construyó la presa Elías González Chávez sobre el río Calderón y un acueducto de 31 km para conducir 0.5 m3 de agua desde el oriente de la ciudad. Precisamente, un ejemplo de los impactos de las obras hidráulicas para el abastecimiento de agua a Guadalajara se aprecia en el caso de la construcción de la presa Calderón en Jalisco. El ingeniero Francisco de Paula Sandoval, experto en ingeniería hidráulica y luego funcionario de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, reconoció en una entrevista los efectos de estas obras para la economía regional:

La presa Calderón no tenía objeción de ninguna especie. Fue un proyecto muy bien concebido, aunque, como todas las obras de ingeniería civil, transformó el medio. La producción avícola se fue por el caño. En el caso de Calderón, no fue oposición, hubo queja de los afectados. Había una producción de huevo muy importante, y ésa se acabó, pero fueron indemnizados […] el finiquito fue una indemnización en dinero (entrevista con Bogar Escobar, 17 de mayo de 2006).

Muchos han sido los proyectos que como el sistema La Zurda y la presa de El Zapotillo pretenden traer agua desde kilómetros de distancia para suministrar el líquido a la ciudad de Guadalajara. La competencia actual por las fuentes de abasto de agua se viene perfilando ya como un factor de conflicto con Guanajuato, a propósito de los derechos por el uso de las aguas del río Verde. Por medio de la construcción de la presa de El Zapotillo y de un acueducto de alrededor de 140 km se pretende mantener el crecimiento urbano de la ciudad de León. El problema que conlleva ese tipo de políticas para el abasto de agua es que la construcción de presas y los trasvases de agua siempre implican el sacrificio de los recursos de una región vecina, con todas las consecuencias socioeconómicas y ambientales que tienen que absorber los afectados.

En lo que se refiere al estado de Jalisco, los diferentes proyectos de presas de almacenamiento para el abasto urbano de Guadalajara y León han enfrentado problemas debido a un persistente rechazo por parte de la sociedad. Cabe mencionar que los proyectos de las presas de almacenamiento de Arcediano y San Nicolás generaron una gran resistencia de la sociedad civil, lo cual motivó que el gobierno estatal terminara por cancelar las obras, argumentando problemas de factibilidad técnica. Sin embargo, la presa de El Zapotillo, sobre el río Verde, tributario del río Santiago, sigue construyéndose en la actualidad a pesar de la fuerte oposición de la población y de las numerosas demandas y amparos que han interpuesto ante las autoridades correspondientes desde 2005. La obra sigue su curso obedeciendo a los diversos intereses económicos que interfieren para favorecer, entre otros, a consorcios de constructo-res de infraestructura y de nuevos desarrollos inmobiliarios e industriales en la ciudad de León y Silao, Guanajuato. En este caso, el discurso de verdad que legitima la obra gira alrededor de la justificación de que tan sólo se inundarán tres pequeñas poblaciones en beneficio de millones de personas que requerirán agua potable en León y Guadalajara.

El hecho es que las grandes obras hidráulicas que se construyeron en México durante el siglo xx no enfrentaron mayor oposición por parte de la población afectada. Plantas hidroeléctricas, presas para irrigación, infraestructura para el abasto de agua y demás obras se promovían como el eje y el motor del desarrollo económico. Se justificaban como un medio hacia el progreso y una mejor calidad de vida para la población. Sin embargo, en muchos casos estos megaproyectos fomentaron desigualdades y conflictos entre la población afectada.

En la medida en que se ha incrementado la competencia por el agua debido a la sobreexplotación de los acuíferos, los nuevos proyectos recurren a otras alternativas para trasvasar agua de una cuenca a otra a fin de satisfacer el aumento de la demanda, lo que da lugar a la emergencia de conflictos interregionales. La competencia por los derechos sobre los usos del agua del río Verde ha motivado el surgimiento de conflictos en diferentes sectores de la sociedad, que trae consigo el rechazo de los proyectos hidráulicos. La población afectada de los Altos de Jalisco se ha venido organizando para impedir que las fuentes de agua sean desviadas de los usos agropecuarios originales y que sean manejadas en función de intereses ajenos a los propios de la región. En el fondo de estos conflictos existe también una mayor consciencia social de que la realización de ciertas obras rompe los ciclos naturales del agua, lo que conlleva el riesgo de perder a mediano plazo una fuente de abasto necesaria para las actividades pecuarias, como la producción de carne, leche y huevo, que constituye el sustento de gran parte de la población alteña.

Plantas hidroeléctricas

Los antecedentes de plantas hidroeléctricas sobre el río Santiago se remontan a fines del siglo xix, con la inauguración en 1896 de la hidroeléctrica de El Salto de Juanacatlán, a orillas del río. Dicha planta generó energía para usos industriales y para suministrar electricidad a la ciudad de Guadalajara a principios de siglo xx. Asimismo, aguas arriba de la cuenca alta del río Santiago, se construyeron a mediados del siglo pasado las plantas de Las Juntas, Colimilla y La Intermedia en la zona de la barranca de Huentitán, al noreste de la ciudad. Sin embargo, la construcción de grandes presas hidroeléctricas data de 1960, con la construcción de la presa Santa Rosa, al noroeste de Guadalajara.

La construcción de nuevas presas en el occidente de México a partir de entonces atiende al constante incremento en la demanda in-dustrial del agua, en particular considerando la generación de energía eléctrica requerida en el ámbito nacional. Sin embargo, las experiencias acumuladas en el país durante los últimos cincuenta años, que arrojan más de cien mil personas desplazadas de sus comunidades de origen, no dan cuenta de mejoras en la calidad de vida ni en los niveles de ingreso de los afectados. La reubicación forzosa de la población, en su mayoría indígena, ha traído como consecuencia el desarraigo y el empobrecimiento de las comunidades, así como una fragmentación de las relaciones sociales y culturales que los identificaban con su territorio. Tal es el caso de 22 000 mazatecos y chinantecos desplazados para construir la presa del Temascal; de alrededor de 15 483 tzotziles y mestizos en La Angostura; de 25 000 chinantecos y mazatecos en Cerro de Oro; de 5 000 nahuas en la presa Carlos Ramírez Ulloa; de 13 000 zoques en Itzantún; de 12 450 huicholes en Aguamilpa; y de 2 109 pame-otomíes en Zimapán, por mencionar sólo algunas de las obras hidráulicas más importantes en la perspectiva nacional (Gálvez, 2004: 110; Lezama y Téllez, 2014: 43).

Durante las últimas dos décadas, la cuenca del río Santiago se han convertido en área estratégica para promover grandes presas hidroeléctricas, lo que ha dado lugar a la modificación de su cauce natural y de los flujos de agua. Las obras más importantes de este periodo son las presas hidroeléctricas de Aguamilpa (1990-1994), El Cajón (2006-2008) y La Yesca (2008-2010), todas ellas ubicadas en tierras nayaritas. En los tres casos, las obras implicaron la reubicación de numerosas personas desplazadas de su territorio de origen. Solamente para la construcción de la presa de Aguamilpa se desplazó a 12 450 huicholes. Cabe recalcar que este tipo de proyectos trajo consigo graves impactos ambientales en lo que se refiere a una destrucción indiscriminada de los recursos naturales de la región. Esto es palpable aguas abajo del río Santiago, en Nayarit, donde se registran los impactos negativos en las pesquerías costeras, así como en los niveles de productividad de las tierras de la zona agrícola que colinda con las costas del Pacífico, debido a la salinización y la merma de las aguas, ahora retenidas por la presa de Aguamilpa.

En casi todas las obras mencionadas, los indígenas fueron desplazados y reubicados de manera forzosa. En ningún caso estas comunidades contaban con posibilidades de oponerse a los proyectos de un Estado autoritario que propagaba una imagen de progreso y modernidad a cambio de ceder su territorio. El ofrecimiento de una serie de promesas y compromisos no se cumplió en la mayoría de los casos. Por lo general, el gobierno ofrecía a los desplazados un futuro promisorio, que incluía infraestructura urbana, servicios de agua potable y electricidad, tierras similares a las que poseían, centros médicos y escolares en los nuevos centros de población. Sin embargo, varias décadas después aún hay personas esperando que el gobierno les pague las compensaciones estipuladas por principio. Incluso son los nietos de los desplazados quienes demandan las compensaciones, sin contar con una ley que los ampare. Es en estos casos que el discurso de verdad de los expertos vuelve a justificar el sometimiento de las comunidades a los requerimientos de criterios técnico-económicos como condición para lograr el desarrollo que el Estado moderno pregona como bien superior.

Cabe señalar al respecto que los estudios sobre los efectos de las presas llevados a cabo por la Comisión Mundial sobre Presas (2000: 196-199; Mc Donald-Wilmsen y Booke, 2010: 147-151) encontraron como una constante la falta de compromiso y de capacidad gubernamental para atender a los desplazados, lo cual redundó en su empobrecimiento y desamparo. Después de investigar los impactos sociales, ambientales y económicos en más de 150 presas en el mundo, el reporte concluye que el empobrecimiento y la marginación son los principales legados del desplazamiento derivado de la construcción de las grandes presas.

La construcción de grandes presas, que por mucho tiempo fueron fomentadas por instituciones financieras como el Banco Mundial, ha sido severamente criticada en el reporte de la Comisión Mundial sobre Presas (2000: 193-195). Si bien su construcción se justifica en muchos casos, sus efectos a la larga han sido devastadores para el medio y para la población. Los proyectos hidráulicos reflejan por lo general estrategias desarrollistas negligentes con el ambiente, que tienden a promover una reubicación marginalizante. El reporte señala incluso que en la planeación de estas obras prevalece un enfoque empresarial reformista que pretende implantar soluciones técnicas para procesos de transformación social, donde tan sólo se busca minimizar los efectos adversos del desplazamiento a los costos más bajos posibles.

Obras de drenaje y saneamiento

En este rubro se incluyen las obras relacionadas con servicios de drenaje y saneamiento mediante plantas para el tratamiento de aguas residuales. El entubamiento de los ríos figura asimismo dentro del rubro de obras de drenaje, en tanto que han sido utilizados para verter las aguas negras municipales. Los sistemas de cañerías y colectores para sacar las aguas negras de la ciudad de Guadalajara datan del siglo xviii, cuando lo común era verterlas directamente al río San Juan de Dios y de allí al río Santiago. En la medida en que el río San Juan de Dios se fue contaminando más con los desechos domésticos, empezó a representar un problema de salud pública, aparte de los olores fétidos que despedían las aguas a su paso por la ciudad. Fue entonces cuando se optó por entubar el río, la práctica más común para conducir las aguas residuales pestilentes hasta el río Santiago. Si bien la ciudad logró deshacerse de sus aguas negras, el río Santiago se convirtió en la cloaca de Guadalajara, sin dar atención a la reducción de la sobrecarga de contaminantes vertidos por diferentes afluentes en su recorrido por la ciudad, como los ríos de San Andrés, Osorio y Atemajac.

Las políticas encauzadas a promover el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido en el río datan de la última década del siglo pasado, cuando se expiden las primeras regulaciones para evitar la contaminación industrial a ríos y otros cuerpos de agua. Sin embargo, a la fecha, la normatividad plasmada en la nom-001-Semarnat-1996, para aguas residuales municipales, sigue siendo muy laxa para proteger los cuerpos de agua. Además, su cumplimiento en la actualidad es todavía incierto debido a múltiples factores, tales como carencia de tecnologías adecuadas, falta de supervisión y control de descargas, reducido financiamiento para la construcción y operación de plantas de tratamiento, falta de personal capacitado para el manejo de plantas, así como la incapacidad institucional para verificar el cumplimiento y coaccionar a los contaminadores que con impunidad vierten todo tipo de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua. El resultado final es una contaminación galopante del río Santiago, que cada día se vuelve más difícil de revertir dada la falta de reconocimiento y voluntad institucional para atacar de frente el problema.

Prueba de esto es que, hacia el 2000, la ciudad de Guadalajara contaba escasamente con una planta de tratamiento para limpiar sus aguas residuales y trataba, a lo sumo, 3% del total de sus vertidos. Por diversos motivos, la construcción de las dos plantas de tratamiento se pospuso en varias ocasiones. Cabe mencionar que parte de los retrasos relacionados con la aprobación de los proyectos de saneamiento fue la presión por dar prioridad a la construcción de dos grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, en sustitución del proyecto inicial de 2003 que consistía en la construcción de alrededor de ocho plantas más pequeñas en varios puntos de la ciudad. Por otro lado, las licitaciones para asignar los proyectos a las empresas constructoras registraron irregularidades que obligaron a posponer el proceso.

No fue sino hasta 2012 cuando empezó a funcionar la planta de tratamiento de El Ahogado, con capacidad para sanear 2.8 litros/seg de las aguas residuales municipales, provenientes del sur de la ciudad. Esto indica que durante más de dieciséis años las autoridades se abstuvieron de cumplir con los parámetros de la norma nom-001-Semarnat-1996 para aguas residuales municipales. La planta de tratamiento de Aguaprieta, ubicada al norte de la ciudad, inició operaciones a mediados de 2014, con una capacidad de 8.5 litros/seg. En ambos casos se requirió la construcción de grandes obras hidráulicas para el manejo de los enormes volúmenes de agua, incluyendo la instalación de kilómetros de colectores, redes de drenaje y alcantarillado para conducir las aguas residuales.

Conclusiones

Es innegable la trascendencia que ha tenido la ingeniería hidráulica en el desarrollo de México por medio de la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar los sistemas de gestión del agua. El cuerpo de conocimientos adquiridos por un grupo de ingenieros mexicanos a lo largo de nuestra historia les ha proporcionado la experiencia y el dominio sobre la materia, que incluso ha permitido exportar tecnología hidráulica hacia diferentes países latinoamericanos. El expertisse así adquirido se manifiesta en una especie de monopolio del conocimiento científico, mediante el cual ejercen un importante poder en las insti-tuciones públicas e inciden de manera decisiva sobre los proyectos relacionados con el manejo del agua, así como sobre la definición en torno a las prioridades en los usos del agua.

Hasta ahora, las políticas hidráulicas se han concentrado en la construcción de grandes y costosas obras hidráulicas que, si bien solucionan problemas de abasto de agua y energía por periodos de veinte a treinta años, a la larga no son sustentables tanto por el deterioro que provocan en los ecosistemas como por la necesidad ineludible de recurrir a nuevas fuentes alternas al cabo del ciclo de vida de la obra en cuestión. En las políticas de gestión del agua ha prevalecido una perspectiva basada en el incremento constante de la oferta de agua, sin aplicar mecanismos para controlar la demanda, la cual puede crecer de manera exponencial en virtud de que responde a una racionalidad capitalista no ambiental. Se privilegian proyectos para explotar nuevas fuentes de abasto, sin planear estrategias para promover el uso eficiente, el cuidado, saneamiento y reuso del agua de que disponemos. Poco se hace por promover cambios en los patrones de uso del agua en los diferentes sectores de la población, para evitar fugas en las redes de distribución y captar aguas pluviales que garantizarían cíclicamente recursos alternos, que por ahora causan inundaciones. La falta de una gestión eficiente en estos términos conduce a la sobrexplotación y deterioro de acuíferos, ríos y lagos, en sacrificio, a la vez, de la población más vulnerable para satisfacer el abasto urbano desmedido de agua.

Considerando que, según el reporte de la Comisión Mundial sobre Presas, la validez de los proyectos de grandes presas ha sido cuestionada severamente en muchos países, ¿cómo se justifica que en México se continúen construyendo las presas más grandes del mundo? Parece que ya es insostenible mantener políticas hidráulicas que responden a un régimen de verdad respaldado por un modelo neoliberal que ha probado sus impactos negativos.

El problema es que, bajo esta perspectiva tecnocrática, como suele llamarse a todas aquellas soluciones de carácter puramente técnico-económico, no se toman en cuenta los factores socioculturales y ecológicos que imparten una racionalidad distinta a los valores de uso de los recursos comunes, como el agua. Mientras no se reconozca y se respete el valor de los servicios ambientales del agua en los diversos programas hidráulicos, no se puede hablar de una gestión integral del agua y mucho menos garantizar su sustentabilidad. Esto implica reconocer que la sobrevivencia de la humanidad dependerá de que las políticas de desarrollo económico incorporen de manera efectiva una perspectiva social y ecológica. En este sentido, cabe resaltar la visión de Ramón Rubín, quien afirmaba que sólo existe un futuro para la humanidad en la medida en que sea compartido con la naturaleza.

Referencias

Fondos documentales

Archivo Histórico del Agua (aha)

Fondo Aguas Superficiales

Fondo Aguas Nacionales

Obras consultadas

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El discurso de la tradición minera mexicana.

Modelo de relación histórica entre mina y espacio social local

Claudio Garibay Orozco1

Universidad Nacional Autónoma de México

Agradezco el apoyo de papiit-unam. Proyecto: IN303517: Observatorio paisajes sociales México.

Introducción

El propósito de este apartado es desmontar el discurso de la “tradición minera mexicana” elaborado por el lobby minero para legitimar su actividad ante la esfera pública mexicana. Inicio con la exposición del contenido simbólico de este discurso donde las corporaciones del lobby minero se representan como herederos morales de obras artísticas y ciudades mineras coloniales, a la vez se atribuyen —sólo por extraer minerales— ser miembros de una suerte de linaje histórico que edificó la nación mexicana.

Para develar la vacuidad de su discurso, me propongo demostrar que este lobby —compuesto por corporaciones mineras globales— no construye sociedad alguna. Por el contrario, destruye el espacio social al que llega, hace el lugar inhabitable y cancela expectativas de futuro en los pobladores. Con este objetivo presento un “modelo analítico” que permite distinguir las formas históricas de relación causal entre el emplazamiento minero en el lugar y la formación de espacio social local. Después aplico el modelo a la historia minera de México y argumento que se han producido cuatro tipos históricos de espacios sociales mineros donde: 1) la minería colonial conformó sociedades complejas; 2) la minería industrial liberal de los siglos xix y xx conformó sociedades obreras; 3) la misma minería industrial, en su variante keynesiana radical del siglo xx, produjo en México tres subtipos: el primero que, fundado desde la propiedad minera de empresarios sólo mexicanos (mexicanización minera), conformó también sociedades obreras, pero apelando a la alianza nacional de obreros, empresarios y Estado, que garantizaría el progreso hacia un México moderno; el segundo subtipo que, fundado en la propiedad estatal, conformó poblados obreros “nacionalistas”; el tercero que, fundado en la propiedad obrera de la mina, conformó sociedades cooperativistas de afinidad socialista; y 4) la megaminería corporativa global de finales del siglo xx, que conforma “espacios sociales negativos”.

Concluyo argumentando que la megaminería global y corporativa, debido a razones estructurales y en contraste con los emplazamientos mineros previos, no genera ni jamás generará espacios sociales complejos y monumentales similares a los producidos con las ciudades mineras coloniales mexicanas, como pretende hacer creer el lobby minero. Más aun, tampoco generará sociedades obreras típicas de los siglos xix y xx; por el contrario, lo que genera son no lugares sociales debido al desplazamiento de la población, la devastación el pasaje cultural precedente y la cancelación de su habitabilidad. En tal sentido concluyo que la “tradición minera mexicana” invocada por el lobby minero resulta un discurso vacío, sin sustento. Un discurso de orden utilitario orientado a ocultar ante la esfera pública la devastación territorial y social que estos aparatos industriales generan en la geografía del país.

Si bien el modelo analítico que presento se elaboró con la intención de desmontar y hacer visible la vacuidad de apelar a una “tradición minera mexicana”, también lo considero útil y contundente para repensar los grandes rasgos históricos de la minería en relación con la producción de espacios sociales locales. Como se observará, la definición de cuatro tipos históricos de relación emplazamiento minero-formación de espacio social se apega a la estructura lógica del modelo; por esta razón, las pequeñas piezas ejemplares que se citan tienden a apuntalar e ilustrar, con líneas gruesas, los contrates entre un modelo y otro. Soy consciente de que he sintetizado y simplificado cada uno de los tipos, seleccionando piezas y casos ejemplares que refuerzan su identidad como una suerte de tipo ideal weberiano. Por tanto, he dejado en suspenso referencias que apuntan a umbrales y variaciones singulares que hacen ambigua y compleja la asignación de casos empíricos hacia un tipo u otro. Temo que el procedimiento resultará molesto a los historiadores profesionales. Soy también consciente de haber dejado fuera la minería gambusina de oro debido a mi desconocimiento de casos ejemplares en México. Con estas declaraciones, el modelo analítico queda ahora dispuesto a su debate y crítica.

Contexto y contorno del discurso de la tradición minera mexicana

El lobby minero del que aquí hablamos es la coalición de corporaciones mineras globales que operan en México e incluye tanto las decenas de empresas extranjeras que han llegado a México en los últimos quince años como los poderosos consorcios mexicanos. Para impulsar sus intereses, ellas se agrupan tanto en la Cámara Minera Mexicana como en los denominados Mining Task Force, su objetivo es triple: 1) mantener el territorio mexicano legal y políticamente abierto a la instalación de sus emplazamientos; 2) influir estratégicamente en las estructuras gubernamentales para operar la desposesión de tierras y recursos de propietarios de tierras y pobladores locales; y 3) influir en elites regionales, organizaciones civiles y esfera pública para legitimar su actividad, a la vez que contrarrestar o desviar las críticas por las radicales afectaciones sociales y ambientales que provocan.

Este lobby minero no es una excepcionalidad mexicana. Más adecuado es entenderlo como una suerte de “operador local” de una red global de corporaciones trasnacionales coligadas que he denominado clúster minero global (Garibay, 2016). Red que se constituyó como sujeto político global en 2002, en el contexto de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, con el lanzamiento de su llamada Global Mining Initiative y la fundación del International Council on Mining & Metals (icmm), que hoy agrupa a la mayoría de corporaciones y asociaciones mineras del mundo. Desde esta organización —y otras constituidas más tarde— el clúster minero global difunde su nuevo discurso de “minería sustentable y socialmente responsable” y promueve sus intereses entre los organismos internacionales (onu, Unión Europea, apec, Banco Mundial, etc.); además, desarrolla estrategias de influencia en Estados nacionales y protocolos para la eficaz captura, gestión y control de sociedades locales y comarcas donde establecen sus emplazamientos (Garibay, 2016).

De entre el amplio menú de discursos mineros preelaborados, el de la “tradición minera mexicana” es uno de los predilectos del lobby para su aplicación en la esfera pública mexicana. Una expresión sofisticada de este discurso la encontramos en el número 86 de la lujosa revista especializada Artes de México titulado “Una visión de la minería”, publicado en 2007.

La revista inicia con una cuidadosa y bien tomada foto panorámica de portada y contraportada que, como obra admirable de la humanidad, exalta el tajo a cielo abierto de la mina Buenavista del Cobre —antes Cananea—, de la Compañía Minera México. Misma protagonista del grave derrame tóxico que afectó en 2015 a cientos de pobladores a lo largo del río Sonora. El número se compone de una colección de artículos bellamente ilustrados con mapas, figuras y fotos, escritos por reconocidos historiadores y literatos. Todos ellos organizados en secuencia histórica desde la minería prehispánica hasta la actual. La idea editorial fue comunicar al lector que la actividad minera es consustancial a la historia de México. La revista cierra con un artículo, no académico sino propagandístico, escrito en nombre de la Cámara Minera de México (Caminex) con el eslogan: “Forjamos tu pasado, construimos tu futuro”. Lo firman seis importantes directores corporativos, quienes se dicen comprometidos con las mejores causas, y concluye que “la actividad minera debe ser entendida como una industria generadora de progreso, de seguridad social, de estabilidad política y, sobre todo, como un aporte importante para una mejor calidad de vida y para un óptimo desarrollo regional” (Anónimo, 2007: xiv).

Sin embargo, la pieza discursiva clave de la tradición minera mexicana la escribe la directora de la revista, Margarita Orellana, en su presentación editorial, donde dice:

¿Por qué hacer un número dedicado a la minería en Artes de México? Porque es parte esencial de nuestra cultura. Algunas de las ciudades más bellas son traducción urbana de lo que sucedió en el subsuelo. La minería nos ha marcado de muchas formas y de ellas se desprenden muchos de los temas explorados a lo largo de los años en nuestras ediciones, desde la escultura contemporánea en plata hasta la fisionomía de ciudades como Zacatecas y Taxco, pasando por los retablos virreinales, los estofados y hasta la artesanía de hoja de lata, entre muchos otros. Hemos procurado abrir una bocamina editorial para que nuestros lectores recorran los diferentes túneles del tiempo en la larga historia de esta industria a la que estamos tan íntimamente ligados. Es una matriz que engendró no sólo cantidades enormes de minerales, sino también una riqueza cultural inmensa (Orellana, 2007).

Una de las razones no dadas por Orellana sobre por qué hacer un número dedicado a la minería en Artes de México es porque —parece evidente— el número fue financiado por el lobby minero con fines propagandísticos. Pero, más allá de ello, la cuestión aquí es si a la industria minera de hoy se le puede atribuir el carácter de “parte esencial de nuestra cultura”; si lo que hoy “sucede en el subsuelo” con esta industria tiene “traducción urbana” en “ciudades bellas”. Orellana tiene razón cuando señala que la matriz minera “engendra cantidades enormes de minerales”; sin duda, hoy mucho más que en el pasado; pero la pregunta pertinente es si esa “relación íntima” produce una “riqueza cultural inmensa”. Lo pertinente entonces es constatar los cambios y continuidades de esa “relación íntima” a lo largo de la historia.

Criterios de análisis de la relación entre la minería y el espacio local

Los emprendimientos mineros —con su actividad de excavación, beneficio y venta de metales— atraen pobladores y generan vínculos iterativos de intercambio de bienes, trabajo y dinero. En el lugar inmediato llegan colonos y surgen asentamientos. Sus necesidades de abasto pronto les vinculan económicamente con la comarca, el país y el sistema mundo. El tamaño del asentamiento minero y sus características tendrán que ver no sólo con la abundancia de los yacimientos y el número de trabajadores involucrados en la explotación y beneficio de metales, sino con las actividades de provisión de recursos, alimentos, materias primas, dispositivos y servicios que se establecen en el lugar. Los asentamientos precarios prósperos se convierten en poblados consolidados como centros de mercado, servicios y gobierno con influencia en la comarca y, a la postre, en la región. Pero lo que realmente determina que estos asentamientos mineros evolucionen hacia centros urbanos relevantes es que una alta proporción de las ganancias del proceso minero sea fijada como gasto suntuario en el asentamiento mismo.

La transición de un simple emprendimiento a un pueblo y después a una ciudad minera estará relacionada de forma íntima con el gasto suntuario de las élites. Una vez definido el lugar donde la elite habrá de radicar y prosperar, su gasto en lujo hará del espacio local un lugar más diferenciado y complejo. A los consumos operativos de la mina, de los obreros, de los proveedores de bienes y servicios básicos, se su-man los consumos de la elite. Su envanecimiento e imperativo de prestigio acentúa la adquisición de formas simbólicas exquisitas y ostentosas conforme a los valores vigentes en su tiempo histórico. Este consumo deriva en nuevos oficios, nuevas habilidades e incremento de comercios.

En los tiempos coloniales latinoamericanos este tipo de gasto se tradujo en ciudades mineras monumentales pobladas de lujosas residencias, plazas, palacetes, iglesias, conventos y edificios públicos. Tam-bién, en gastos rituales expresados en representaciones fastuosas, donaciones, obras públicas, financiación de cultos religiosos y celebraciones de eventos colectivos; todos ellos, medios por los cuales los empresarios buscaban mostrar distinción, prestigio y poder, en su afán obsesivo por ganar títulos de nobleza y prerrogativas que les colocaran en el círculo íntimo del rey y su imperio.

Siguiendo la tesis general sobre estructuras disipativas de Adams (1978), explotar un yacimiento minero requiere el control de un “poder” ejercido sobre una “unidad operativa” dentro de la cual se organiza el flujo de energía que forma parte del ambiente de otros actores, de modo tal que circunscriba la acción de ellos conforme las disposiciones o acomodos para permanecer en el tiempo y evitar su disipación. Eric Wolf (1990) llama a este dispositivo de control sobre un espacio territorial determinado poder organizacional o táctico. De tal modo que, por un lado, este poder se expresará en la organización del espacio geográfico definiendo áreas asignadas a usos específicos y reglas de acceso y ocupación, a la vez que organizará a los individuos mismos en posiciones y jerarquías no sólo laborales u ocupacionales, sino también conforme a jerarquías de distinción social. Pero también el poder organizacional o táctico incidirá en la regulación de las formas de significación conforme ha de interpretarse el conjunto de la vida social, así como todos y cada uno de los detalles de actitud, comportamiento y representación que se genera en la interacción de individuos y grupos entre sí y con el espacio en el que viven. En una unidad operativa, el poder táctico requiere ser iterativamente actualizado en organización y en significación, y reafirmado con medidas disciplinarias y con rituales sociales a fin de contener la entropía propia de todo sistema organizado conforme a un objetivo del poder.

Para nuestro modelo, el área bajo el control del poder táctico será el emplazamiento mismo en tanto área geográfica directamente ocupada para extracción y refinación de minerales. Pero se extenderá “naturalmente” hacia el espacio contiguo que sea necesario para evitar la disipación del sistema hacia áreas de provisión de recursos naturales, fuerza de trabajo, insumos, etc. Desde luego, ello incluirá los asentamientos contiguos y su población como objeto que se ha de considerar en el cálculo y control del poder táctico.

Entonces, en términos analíticos, tanto el emplazamiento minero como la formación social generada por él deben considerarse como una sola unidad operativa.

Por supuesto que, en términos morfológicos, podremos encontrar una geografía variable donde múltiples campos mineros formen un solo poblamiento, o bien que un solo campo minero genere varios asentamientos. Allí la investigación etnográfica o histórica deberá resolver cómo el poder táctico ha organizado esa unidad operativa. Sin embargo, en todo momento el poder táctico necesita proveerse de los siguientes elementos para mantener en funcionamiento estas unidades operativas.

Territorio (T)

La actividad minera tiene como objetivo extraer el mineral de interés de un yacimiento que, por definición, está inmovilizado en el subsuelo. Nos encontramos ante una obviedad que, sin embargo, es definitoria de las industrias extractivas. A diferencia de otras industrias, como la manufacturera, que pueden mudar su emplazamiento a los lugares que ofrezcan mejores condiciones, la extracción minera queda fija en lugar —idealmente— hasta el agotamiento del yacimiento. El control del lu-gar es requisito irrenunciable y no admite matices: se tiene el lugar y con ello el acceso al yacimiento, o no se tiene nada. Sin embargo, el tamaño de área necesaria para alcanzar el yacimiento ha variado históricamente, al igual que el área requerida para instalar el aparato industrial y realizar las actividades de beneficio. En general podemos agrupar en tres los modelos de extracción minera: la minería de placer, la subterránea y la de tajo a cielo abierto. También existe la moderna minería subacuática de la que no hablaremos aquí.

Sin embargo, la necesidad de territorio varía según las características geológicas del yacimiento, el tipo de procesamiento adicional del material mineralizado para separar (beneficiar) los minerales buscados y, sobre todo, el tipo de tecnología usada en la extracción, sea minería de placer, subterránea o de tajo a cielo abierto.

1) La minería de placer. Orientada a la búsqueda de oro, se realiza en los lechos de los ríos y sus meandros a fin de recuperar pepitas de oro arrastradas y lavadas por la corriente de agua. La historia de la “conquista del oeste” estadounidense está marcada por la fiebre del oro del siglo xix, cuando cientos de gambusinos migraron buscando fortuna con el “lavado” de las arena de los ríos de California. En los ríos que descienden a la cuenca del Amazonas, la minería gambusina persiste como una actividad importante. Aquí el territorio de la actividad es amplio conforme el curso de los ríos. En general, los impactos ambientales por contaminación suelen ser altos debido al uso artesanal de mercurio para la separación de metales preciosos.

2) La minería subterránea. Es la tecnología más utilizada a lo largo de la historia hasta finales del siglo xx. Su objetivo es descender verticalmente al yacimiento mediante socavones y excavar túneles en sentido horizontal, a diferentes niveles, para alcanzar las vetas minerales. Las vetas o filones son rellenos de minerales que han colmado una fisura en la corteza terrestre debido a un arrastre hidrotermal de minerales provenientes del magma terrestre hacia la superficie; la forma como se diseñan estas redes de túneles estará planeada para seguir la veta. La misma tecnología se usa para el carbón mineral, que son capas de material orgánico —que sufre una descomposición anaeróbica— depositado al fondo de lagos someros y cubierto por agua y que posteriormente son cubiertas por arcillas y arenas. En la minería subterránea la ocupación de territorio superficial es relativamente pequeña. Un área raramente mayor a veinte hectáreas para el acceso al yacimiento y las instalaciones de triturado, beneficio y, en su caso, de fundición. La condición que pesa sobre la rentabilidad de la minería subterránea es la concentración de mineral, que debe ser tan alta para superar la llamada ley de corte de minerales. La ciencia minera define por ley media de minerales la concentración que presenta el elemento químico de interés minero en un yacimiento y que se expresa como tantos por ciento, como gramos por tonelada (g/t) (equivale a partes por millón, ppm) u onzas por tonelada (oz/t). Por ley de corte de minerales (cut-off) se entiende la concentración mínima que debe tener un elemento para ser explotable en un yacimiento; es decir, la concentración que hace posible pagar los costes de su extracción, tratamiento y comercio. Un criterio que depende de factores que pueden no tener nada que ver con la naturaleza del yacimiento, entre otros, el precio del mineral en el mercado, la accesibilidad del yacimiento, los recursos clave como agua y electricidad y, por supuesto, la evolución en los modelos tecnológicos de extracción.

3) La megaminería de tajo a cielo abierto. Se caracteriza por su escala gigante y por especializarse en yacimientos de baja ley que la minería subterránea es técnicamente incapaz de explotar. Consiste en la ocupación de una extensa superficie de cientos de hectáreas —en ocasiones hasta diez mil o más—, en la instalación de un aparato industrial gigante y en el desarrollo de una extensa excavación descendente ubicada sobre la mena mineralizada. Para la explotación, utilizan detonaciones con dinamita para quebrar el terreno; también gigantescos bulldozer que remueven el material fragmentado y lo cargan en camiones capaces de transportar casi cuatrocientas toneladas por vez. Si el material detonado es tierra estéril —es decir, sin concentraciones relevantes de mineral—, se tira en las áreas de desecho; si, por el contrario, el material contiene concentraciones metálicas relevantes (oro, plata, cobre, zinc, plomo, hierro, etc.), se le lleva a la instalación de molienda para ser pulverizado. Según la presencia o ausencia de cobre en la composición de la mena, se utilizan métodos alternativos de flotación o de lixiviación por montones. En el primero, al material molido en polvo se le agrega agua y aditivos y se le agita en ingeniosos depósitos especiales de modo que los diferentes minerales se decantan en función de su peso y características químicas; del proceso se obtiene una tierra altamente enriquecida que se seca, se refina y se funde en el mismo emplazamiento o se lleva a otra parte. En el segundo método —de lixiviación por montones—, el material pulverizado se coloca en capas sobre una gran alberca —de varias hectáreas— ligeramente inclinada; el fondo de la alberca está forrado con una geomembrana impermeable y se instala un ducto de salida en la parte inferior que conecta hacia un segundo depósito recolector. Un sistema de irrigación continua moja día y noche la cama de material con una solución de agua, cal y ácido (cianuro de sodio) que, a la manera de una cafetera doméstica, percola el líquido a través del material, lo corroe y, por gravedad, lo arrastra sobre la geomembrana —con los metales disueltos— hacia el depósito de recuperación. La mezcla resultante es colectada, secada, procesada y transportada para su refinación y fundición. En el mineral de hierro, éste se extrae en bruto —o con una molienda inicial— y se transporta a las plantas peletizadoras, donde se funde en pequeñas esferas de hierro (pelets) destinadas como insumo para la industria siderúrgica.

El impacto del tajo a cielo abierto sobre el paisaje es brutal. Se remueve la cubierta vegetal, el suelo y todas las ocupaciones y usos no mineros del territorio. Aparecen uno o varios hoyos gigantes cuyas aperturas pueden rebasar siete kilómetros lineales y alcanzar profundidades de mil metros. Al lado aparecen también enormes acumulaciones de material estéril desechado y depósitos de material lixiviado o decantado, por lo regular saturado con metaloides y metales pesados altamente contaminantes cuya acción nociva puede durar decenas de años después de que la mina fue abandonada luego de diez a treinta años de actividad. En paralelo a la minería de tajo se ha desarrollado una megaminería subterránea orientada a explotar los yacimientos en vetas cada vez más difíciles de encontrar. Esta minería llega al yacimiento no por socavones y túneles, sino por avenidas subterráneas en las que circulan camiones que transportan a la superficie el material socavado mediante poderosas máquinas excavadoras, del todo distintas al ya obsoleto taladro neumático operado a mano por el obrero minero de la segunda mitad del siglo xx. Con frecuencia, esta megaminería subterránea se combina con la de tajo a cielo abierto conforme a la disposición geológica de los minerales y a su cálculo de rentabilidad. También es posible que una explotación se inicie como megaminería subterránea y, después de agotar la veta, se proceda con un tajo a cielo abierto.

Recursos naturales (R)

Otro conjunto de elementos que requiere un emplazamiento minero son los recursos naturales del territorio. Uno de ellos es el agua. En la historia de la minería, el agua, más que un recurso escaso, fue un problema. Las minas tendían a inundarse conforme los socavones alcanzaban hacia abajo del manto freático. Ello ponía en predicamento la continuidad de la excavación minera. En tiempos coloniales se requirió de mecanismos ingeniosos para drenar los socavones; estaban hechos con poleas de madera, bandas de cuero y recipientes de cuero o madera, y eran movidos mediante fuerza animal o humana. Donde la orografía lo permitía, el agua se drenaba por gravedad a través de túneles de desagüe.

El agua fue una gran limitante para la actividad minera hasta la introducción de motores de vapor y más tarde los eléctricos, que serían cruciales para alcanzar vetas antes tecnológicamente vedadas. Pero con la transformación de la minería subterránea a minería de tajo a cielo abierto, el agua se convierte en un recurso escaso y en cierto sentido peligroso. En territorios con climas subhúmedos a desérticos el volumen de extracción de agua suele rebasar la capacidad de abastecimiento de los mantos freáticos, de manera que la escasez temporal o permanente en cuencas hidrológicas suele afectar al entorno ambiental y a las comunidades vecinas. En territorio subhúmedos a húmedos las tormentas y huracanes aumentan el riesgo de contaminación de ríos debido a derrames de las albercas de lixiviación y depósitos de tierras de desecho.

La madera fue otro recurso natural necesario en tiempos coloniales y en la minería industrial hasta el siglo xx. Se utilizaba en estructuras de carga para estabilizar socavones y túneles, en la construcción de instalaciones y edificios y como combustible para máquinas de vapor. En tiempos coloniales las minas tomaban la madera de los bosques cercanos. Existen informes de cambios del paisaje en el semidesierto mexicano debidos a la intensa deforestación minera de los bosques y que debido al clima seco nunca se pudieron renovar. En la minería industrial de los siglos xix y xx el abasto de madera podía cubrirse desde zonas más alejadas al ser transportada por ferrocarril. En la megaminería actual la madera es un insumo irrelevante.

Fuerza de trabajo (F)

El trabajo conlleva la mano de obra empleada en el emplazamiento minero de manera directa. Pero también el trabajo indirecto derivado de la satisfacción de las necesidades de servicios de esa población trabajadora en términos de su consumo en alimentación, vestido, vivienda y necesidades derivadas del estilo de vida culturalmente construido. Los saberes, capacidades y actitudes de la fuerza de trabajo también se modifican con los diferentes tipos históricos de minería.

Dispositivos técnicos, insumos, mantenimiento (D)

Los emplazamientos mineros requieren de herramientas y maquinarias específicas necesarias para excavar, transportar y beneficiar el mineral, lo que genera un conjunto de talleres fabriles para elaborar dichas herramientas y construir dispositivos. De igual modo, requiere de insumos básicos, como energía (animal, carbón, electricidad, grasas, etc.), para mantener en marcha el emplazamiento minero. También demanda un conjunto de especialistas que reparen estos dispositivos y provean los insumos necesarios. Los agentes y la forma como proveen estos dispositivos, insumos y servicios de mantenimiento cambian conforme la minería se transforma.

Control (C)

El funcionamiento del proceso minero requiere control técnico y administrativo. En el aspecto técnico, el sistema demanda organizar todos los elementos necesarios (insumos, máquinas, trabajo, etc.) para man-tener al aparato de producción en funcionamiento continuo para responder a fallos del sistema. En el aspecto administrativo, el sistema requiere —en tanto negocio orientado a la ganancia— un sistema de control contable de los costos producción, las ventas, la ganancia operativa y la reinversión, pero también la detección de los diversos factores que apuntan hacia la entropía del sistema y la reacción para gestionarlos en favor de la continuidad del proceso. En suma, el “control táctico sobre la unidad operativa”.

Gasto suntuario (G)

El sentido que organiza la actividad minera a partir de la conformación del sistema mundo en el siglo xvi es la de un “dueño” del emplazamiento que organiza una actividad de explotación minera con el objetivo de lograr una ganancia tan alta que justifique los esfuerzos y el dinero invertidos en el emprendimiento. La ganancia lograda después de cubrir los costos de producción y realización en el mercado se gasta en bienes conforme a las necesidades esenciales y simbólicas del dueño; por supuesto, conforme a las preferencias y patrones culturales del dueño dentro de la red de relaciones sociales en las que vive. El lugar y sentido de este gasto suntuario variará según los diferentes tipos de minería histórica. Para el dueño, el gasto suntuario, más allá de tiempos históricos específicos, será relevante para elevar su prestigio en su mundo social; para nosotros será relevante para definir el tipo de sociedad que crea la actividad minera.

La minería colonial y la producción de sociedades complejas

[T + R + F + D + C + G = Sociedades complejas]

Durante el virreinato de la Nueva España, la minería —como actividad sistemática— se inició con el descubrimiento de numerosos yacimientos de oro y plata en el siglo xvi. La extracción y el beneficio de esos metales preciosos serían estratégicos para el financiamiento y consolidación del naciente imperio español. La minería colonial proveyó el dinero metálico necesario para sostener la circulación mercantil de la emergente economía transoceánica, que Wallerstein (1979) definiría como sistema mundo moderno. El control y el fomento de la actividad fueron prioridad de la Corona española. Cuando un empresario aventurero encontraba un yacimiento prometedor, la Corona se apresuraba a declarar el área bajo el estatuto especial de real de minas; nombraba un alcalde en calidad de autoridad real que ejercía funciones de gobierno y se encargaba de adjudicar lotes de excavación entre los descubridores; también imponía regulaciones que obligaban a los empresarios a mantenerse en producción so pena de transferir los derechos de su fundo minero a otro que tuviera mayor iniciativa. Los metales preciosos eran puntualmente vigilados desde su extracción, beneficio y refinamiento hasta llevarlos a la Real Casa de Moneda, donde se acuñaban, certificaban su ley y se regresaban amonedados al empresario minero una vez deducida la quinta parte de tributo para el rey (Brading, 1994).

Una tarea de gran complejidad en la administración colonial fue asegurar el abasto de mercurio (azogue), mineral necesario para separar el oro y la plata, el cual era importado a la Nueva España mediante galeones desde las minas de cinabrio de Almadén, España, o de Huancavelica, en Perú. Un reto enorme en mares poblados por piratas holandeses o corsarios ingleses. Otro objetivo crucial de la administración colonial fue la provisión de mano de obra para los reales mineros. La catástrofe demográfica de los pobladores prehispánicos derivada de la guerra de conquista y la epidemia de viruela dejó casi despoblado el territorio. La administración colonial congregó a la población indígena remanente en asentamientos concentrados llamados repúblicas de indios y organizó un sistema de tributación de bienes y trabajo para la Corona. Entre las figuras de tributación estaba el repartimiento, que consistía en la obligación de estas repúblicas de aportar a los reales de minas una cantidad constante de trabajadores a cambio de un pago a la congregación, la cual designaba al grupo de trabajadores que permanecían por un tiempo determinado para luego ser sustituidos por otro; sin embargo, la escasez de trabajadores estimuló la importación de esclavos africanos y la esclavización de indígenas rebeldes, de manera que la lenta recuperación demográfica y el mestizaje en los reales mineros fueron poblando los asentamientos mineros con trabajadores asalariados.

En términos de nuestro modelo analítico podemos considerar los reales de minas como una unidad operativa de los emplazamientos mineros coloniales.

Así, el acceso al territorio (T) estaba organizado por la autoridad real por medio del alcalde conforme a las disposiciones especiales para áreas declaradas como real minero, pues las tierras y minerales pertenecían al rey, quien entregaba derechos de explotación a los empresarios mineros, una figura similar a las concesiones mineras del Estado mexicano actual. De manera que el alcalde regulaba los derechos a los fundos y el control de la producción de metales a fin de asegurar la recaudación del impuesto del quinto real.

En un principio, varias decenas de dueños, con sus respectivos fundos, se establecían sobre el área y organizaban sus emprendimientos con una excavación, un patio de beneficio y las instalaciones necesarias para construir los galerones para trabajadores, animales, almacenes. Pronto, la competencia entre mineros y la eficacia para crear vínculos con los funcionarios de la Corona reducirían el número de dueños de minas, a la vez que los exitosos incrementarían sus capacidades de operación técnica e influencia política. Con el tiempo se consolidaría una elite en el real minero que extendería su influencia en la adquisición y crecimiento de haciendas agrícolas y ganaderas. Para asegurar el territorio, la Corona estableció una red de cuarteles militares denominados presidios, ubicados de manera estratégica para defender los caminos y reales de minas de incursiones de guerreros chichimecas que asolaban el occidente y norte de la Nueva España. En suma, el real minero, en tanto unidad operativa, controló el territorio con la fuerza militar de la Corona y lo gobernó mediante funcionarios reales vinculados con una elite minera.

Entre los recursos naturales (R) clave utilizados por los emprendimientos coloniales estaba la madera de los bosques cercanos, empleada para el soporte estructural de minas y edificaciones, así como combustible para fundir los metales y para los usos domésticos de la población. Si bien no hay aún una historia ambiental de los bosques coloniales, algunos autores aseguran que el Altiplano de México estaba cubierto de bosques; que la necesidad de madera de los reales de minas deforestó el área y que el régimen de lluvias semidesértico impidió su regeneración (Ávalos, 2009; Barrera, 2012). Como ya se mencionó, para las minas el agua no significaba un problema de escasez; por el contrario, lo era a causa de la inundación de las minas (Trabulse, 2007). Sin embargo, en algunas ciudades mineras, en especial en el semidesierto, fue necesario construir acueductos y fuentes para llevar agua limpia desde los manantiales hasta el poblado minero.

Otro recurso indirecto pero relevante fue la apertura de tierras agrícolas (que requerían obras de irrigación) y tierras de pastoreo ganadero. La creciente población de los reales mineros requirió de alimentos agrícolas (en especial maíz) y carne; para fortuna de la minería colonial, la capacidad de adaptación del ganado vacuno y caballar a las tierras novohispanas fue sorprendente, pues, apenas unas décadas después de introducidos, la disponibilidad de carne era importante y bajos los precios. Pero el ganado también proveyó materiales para múltiples usos, especialmente cuero, con el que se elaboraban recipientes para desaguar minas y transportar material. Muchos empresarios mineros ampliarían sus expectativas y fundarían haciendas agrícolas para proveerse parcial o totalmente de estos recursos (Chevalier, 1999: 179, 264).

En las minas coloniales la fuerza de trabajo (F) tenía un importante componente manual: los barrenadores, que a fuerza de cinceles, martillos y barretas cavaban los túneles; los tenateros, que cargaban fardos de cuero en los que movían a lomo el material mineralizado; los malacateros, que subían el material a la superficie; los desaguadores, que drenaban la mina; los prácticos, que consolidaban los techos de las minas con refuerzos de madera; además de los que transportaban el mineral al beneficio, los trabajadores del molino de amalgamado, los afinadores y los fundidores. El trabajo en las minas coloniales era agotador, insano y peligroso. En un inicio, los trabajadores radicados en los reales mineros estaban allí por coacción, ya mediante el repartimiento o en condición de esclavos.

Tras la consolidación de los reales mineros, el trabajo asalariado se incrementó de modo paulatino. Muchos indios de repartimiento renunciarían al riguroso estilo de vida de las congregaciones indígenas y se convertirían en asalariados —llamados indios naborios—; de igual modo, esclavos negros fugados e hispanos pobres en busca oportunidades se convertirían en proletarios.

A reserva de nuevos indicios que indiquen lo contrario, en la población de los reales mineros no pareció surgir la idea de una clase proletaria. Quizá lo impedían las diferencias raciales, de origen, el apenas naciente mestizaje, así como la hegemonía simbólica católica, pero también una fuerte coerción de los patronos (Canudas, 2005: 1629). De manera que en los reales mineros parece haberse arraigado el modo general de distinción social de la nueva sociedad virreinal basado en una clasificación racista de castas asociadas a una serie de atributos y calidades sociales, a las que se agregarían diferenciaciones de grupos de parentesco por tipo de oficios. Las necesidades de alimento, vestido, vivienda y combustible de los trabajadores de las minas tenían que proveerse, lo que generó trabajo indirecto en torno al real minero, ya bajo una producción a cargo del hacendado minero, ya mediante la formación de mercados; conforme los reales de minas crecieron de pueblos a villas y de villas a ciudades, la presencia del trabajo asalariado directo e indirecto y el mercado se convirtieron en actividades dominantes.

El número de trabajadores en un emplazamiento minero podía llegar a centenas de trabajadores. En su momento de apogeo, Humboldt informa, hacia finales del siglo xviii, que sólo la mina La Valenciana, en Guanajuato, empleaba más de 5 000 trabajadores, de los cuales 3 100 laboraban en la mina misma y el resto en las haciendas e ingenios de beneficio. En la mina Quebradilla, en Zacatecas, trabajaban 2 500 y 3 000 en Sombrerete (2005: 1628).

La minería colonial tuvo un fuerte componente artesanal. Los dispositivos técnicos, insumos y mantenimiento (D) requirieron de mano de obra artesanalmente especializada: carpinteros, herreros, curtidores, labradores de piedra y albañiles, así como una multitud de oficios adheridos como leñadores, carretoneros, cordeleros, tejedores, carboneros, criadores de mulas, carniceros y rancheros agricultores que con frecuencia eran arrendatarios de grandes haciendas. Salvo algunos aparatos de precisión —brújulas e instrumentos topográficos—, prácticamente todo lo necesario para la actividad minera se proveía en la región en torno al real de minas o en lugares cercanos. Obtener dispositivos, insumos y servicios de mantenimiento de lejos resultaba difícil debido a que el transporte en carretas era complicado como consecuencia del estado de los caminos de tierra y los accidentes; en cuanto al tránsito a pie o a caballo, estaba limitado a cargas ligeras. Ésta fue la razón por la que los artesanos tuvieron una suerte de mercado cautivo y se multiplicaron las especializaciones; por su parte, los dueños de las minas, para arreglar sus negocios, planeaban con antelación sus viajes y estancias en la Ciudad de México. Precisamente la fragilidad estratégica de la minería de la Nueva España se mostró en la dificultad para allegarse del azogue traído de España o de Perú, pues, como ya se dijo, el transporte de insumos, aparatos y servicios a larga distancia era costoso, difícil e incierto.

En la minería colonial, el control (C) del proceso minero lo ejercía directamente el dueño mediante su administrador, quien a su vez operaba con su mayordomo encargado de dirigir a los capataces que lideraban las jornadas laborales de los de grupos de trabajadores en los túneles, en los patios de beneficio, en la fundición y en las tareas de la hacienda asociadas al emprendimiento minero, como la provisión de madera y carbón, entre otros.

Estos emprendimientos variaban en tamaño e integración de procesos. Algunos dueños sólo extraían el mineral y lo colocaban para su venta en el patio de beneficio de otro hacendado minero, quien a la postre podía llegar a un arreglo con otro dueño que lo refinara, fundiera y llevara a la Casa de Moneda para su acuñación. Los dueños de minas mantenían presencia física constante en el real minero, pues resultaba imperativo para la prosperidad del negocio atender los problemas técnicos y de provisión de insumos, vigilar a los subalternos, evitar robos, atender la política local y los vínculos con las autoridades reales. Este control directo permitió a muchos emprendedores mineros hacer fortuna, y algunos de ellos lograron riquezas fabulosas.

Por otra parte, la organización familiar del negocio y la educación en el oficio de los herederos resultaban prioritarias para la prosperidad del negocio. Pronto se formarían elites de mineros enriquecidos capaces de deshacerse de su competencia y establecer vínculos con los funcionarios reales (Guevara, 2012).

En un principio, los dueños de las minas fueron españoles peninsulares. Con el relevo generacional, en muchos casos el control pasó a los hijos criollos (Caño, 2005). Así, en el imaginario de estos inmigra-dos al Nuevo Mundo y de sus hijos nacidos en América prevalecía la idea no sólo de acumular riqueza, sino también nobleza. Deseaban ser recompensados por sus esfuerzos en la expansión del imperio español y la cristiandad sobre los pueblos bárbaros, pero también ser reconocidos por el rey como verdaderos europeos en América e ingresar a la nobleza española invocando sus méritos y proezas (Mignolo, 2000); sin embargo, los méritos reales o ficticios que invocaban no podían expresarse en persona ante el rey y su corte en Castilla debido, entre otras cosas, al transporte rudimentario y la distancia continental, lo que hacía invia-ble levantar residencias suntuosas en Madrid, cortejar al rey y hacer vida cortesana. El minero enriquecido estaba distante y arraigado tierra adentro de la Nueva España. Frente a estas limitantes, la alternativa disponible para mostrar prestigio fue fijar el gasto suntuario (G) para el engrandecimiento del real minero en donde radicaba su negocio. Además de destinar parte menor de su riqueza en la ciudad de México para mantener el apoyo político del virrey, la burocracia real, el clero y empresarios influyentes de la Nueva España, muchos mineros construirían casonas suntuosas en las famosas calles de Plateros (hoy Madero, en la Ciudad de México). Las ciudades coloniales de Taxco, Zacatecas, San Luis Potosí o Guanajuato son efecto de esa lógica de gasto de las ganancias mineras. La misma lógica se nota de manera elocuente en los vestigios constructivos con pretensiones de suntuosidad de reales mineros fracasados por la limitación de sus yacimientos, como ocurre —entre muchos— con el real de minas de San Gregorio Mazapil, en Zacatecas (Garza y Pérez, 2004).

El real minero de Guanajuato es ejemplo del efecto del gasto suntuario en la construcción de una sociedad compleja durante la minería colonial. Según Brading, “Guanajuato era el mayor centro productor de plata del mundo. Su producción anual, de más de cinco millones de pesos, correspondía a la sexta parte de todos los metales preciosos producidos en América […] e igualaba la producción anual de los virreinatos de Buenos Aires y del Perú” (1994: 349).

La abundancia de plata permitió a los patronos mineros convertir sus yacimientos en riqueza monetaria y luego convertir esa riqueza en prestigio entre las elites de la Nueva España y, mediante informes del virrey acompañados de regalos al rey, hacerlo llegar a la Corte española. Al final, sólo algunos lograron convertir el prestigio en títulos de nobleza que les acreditaba como miembros del círculo íntimo del imperio español. Entre aquellas familias que entraron a la nobleza estuvieron el conde de la Casa Rul, el conde de la Valenciana, el conde Pérez Galván y el marqués de San Clemente; otros linajes mineros —como la familia Alamán y Chico— no lo lograrían y se quedarían como súbditos comunes (Guevara, 2012; Caño, 2005).

La riqueza se transformaba en prestigio por dos vías: por un lado, las familias presumían opulencia en el embellecimiento de sus haciendas y lujosas residencias urbanas, que mostraban como escenarios para el despliegue de modales cortesanos en su vida privada y pública; este afán derivó en grandes inversiones en lujosas mansiones en las plazas principales del real minero, en el embellecimiento de los cascos de sus haciendas y en la construcción de infraestructuras en la ciudad (empedrados, puentes, plazas, jardines), pero también en vestimentas con telas finas, joyería, muebles tallados, pinturas personales al óleo, carruajes y demás objetos preciosos que mostraran lujo ante sus pares, sus competidores y el pueblo común, en especial en acontecimientos sociales como matrimonios, nacimientos e incluso funerales. Por otro lado, ganaban prestigio patrocinando obras y causas públicas acordes con los valores del orden simbólico católico hegemónico en el imperio español. La construcción o embellecimiento de templos, conventos, plazas, colegios u hospitales se convirtió en un campo donde las familias mineras acaudaladas competían por figurar como bondadosos patrocinadores de la ciudad que consideraban propia.

En especial las iglesias eran obras que ahogaban mucho dinero. En el afán de ganar trascendencia y felicidad celestial, se comprometían con obras que duraban años en construcción, que movilizaban cientos de trabajadores (talladores de cantera, oficiales de la construcción, carpinteros, ceramistas) y artesanos necesarios para levantar las inmen-sas construcciones de la época (González, 2005). Quizá tan caro como la construcción era el decorado de interiores: lujosos retablos tallados y estofados con oro, elaboradas esculturas de cristos, vírgenes y santos; pinturas al óleo sobre episodios religiosos o personajes de la Iglesia, incluso la adquisición de cadáveres de santos traídos de las catacumbas romanas del Vaticano (González, 2005).

Un caso interesante es la compra del cuerpo “y sangre en polvo contenida en un bello vaso” de santa Faustina mártir, realizada por el segundo conde de Valenciana y debidamente certificado por la Santa Sede. Se trata de una mujer santificada, hija de una rica familia romana que desobedeció la orden de casarse por dedicarse a la veneración de Cristo y que en el año 580 fue sacrificada, y su cuerpo depositado en las catacumbas de Santa Ciriaca de Roma. Los restos llegarían a la Ciudad de México en el año 1803 y se dispusieron para veneración pública en la capilla particular de la casa del conde, en la calle de Plateros de la capital virreinal de la Nueva España. Luego, en 1812 se donaron por el conde a la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, donde hoy se encuentran (cf. Melden, 2016).

A la luz del modelo analítico propuesto, encontramos que en la minería colonial el emplazamiento minero dio lugar a la formación de sociedades locales complejas, incluso suntuosas. El conjunto del proceso minero en los reales de minas permitió que la riqueza extraída del territorio (T) se fijara en gran medida en el espacio local debido a la confluencia de varios elementos, como el abastecimiento de recursos tomados de las inmediaciones de la comarca (+R), la suma del gasto en manutención y salarios de los trabajadores mineros y sus familias radicados en el lugar (+F), la elevada inversión en manufacturas y mantenimiento local de dispositivos (artesanales), la elevada demanda de insumos para la industria y para cubrir las necesidades básicas y simbólicas de la población local (+D), los gastos derivados de la necesidad del empresario minero de controlar directamente su emprendimiento minero y la necesidad de la Corona de controlar directamente la recaudación tributaria de mineras y proveer las condiciones para sostener esta industria estratégica para el imperio (+C); y al final, a las condiciones de la época que obligaban el arraigo de los empresarios mineros en el real de minas e inducía al gasto de las ganancias del proceso para el embellecimiento del espacio local (+G).

La suma de todos los elementos resultó en sociedades complejas con una amplia división del trabajo, múltiples oficios, abundantes articulaciones económicas y densas interacciones sociales en el seno del real de minas y con su comarca geográfica. Si bien formalmente eran sociedades donde todos se consideraban súbditos del rey, en la práctica informal —pero real— eran sociedades estamentadas conforme a un sistema doble que combinaba una escala de distinción por riqueza económica (clases económicas) con una escala basada en el color de la piel y el linaje de origen (castas: español peninsular, criollo, mestizo, indio, negro y sus combinaciones), donde el individuo de “raza inferior” podía alcanzar mediante la riqueza monetaria cierta altura en los estamentos “superiores”; sin embargo, a pesar de esta distinción de clases y castas, se trataba de sociedades unificadas por un orden simbólico común expresado tanto en su arquitectura como en sus ciclos rituales.

La minería industrial liberal y la producción de poblamientos obreros

[T + R + F - D - C - G = Sociedades obreras]

La Revolución Industrial trajo cambios tecnológicos en la organización de los emplazamientos mineros, con efectos profundos en la conformación del espacio social local y su comarca. Surgió una nueva forma de unidad operativa gestionada por una nueva configuración de poder táctico. Las novedades clave fueron varias: el ferrocarril, que permitió mover gran número de personas, mensajería y volúmenes de carga de manera barata y sencilla; los trayectos que antes tomaban días o semanas por caminos desastrosos ahora requerían sólo horas; el telégrafo permitió intercambiar mensajes entre ciudades y minas en tiempo real, lo cual, asociado al correo, hizo eficiente la comunicación a larga distancia de informes, órdenes de pago o avisos; más tarde, el transporte carretero y las redes telefónicas permitirían mayor flexibilidad para incorporar las minas alejadas a la red de comunicaciones; las bombas hidráulicas operadas con motores de vapor, luego a gasolina y electricidad, permitieron drenar las minas de manera eficaz, lo que permitió que los tiros se profundizaran centenas de metros y se llegara a vetas antes vedadas. Más tarde, los túneles se iluminaron con bombillas eléctricas, y se acondicionaron góndolas sobre rieles para mover el material mineral hacia los tiros, para después sacarlo a la superficie con elevadores motorizados; en el exterior se instalaron potentes molinos de hierro, bandas continuas, sistemas de separación por flotación o lixiviación con ingeniosos artificios que multiplicaron el volumen y eficiencia del procesamiento de minerales, en contraste con la artesanal minería colonial.

La minería industrial amplió el espectro de su producción; sin despreciar los metales preciosos, se volcó a la extracción de metales industriales en grandes cantidades, tales como fierro, cobre, plomo, estaño y zinc, además de carbón mineral, para la fabricación de herramienta, máquinas, vehículos o vigas de acero usadas en la construcción de grandes estructuras.

El cambio de tiempo histórico también sería crucial. A finales del siglo xviii la independencia de Estados Unidos, la Revolución francesa y la caída del imperio español debida a la invasión napoleónica derivaron en el surgimiento, durante el siglo xix, de múltiples Estados nacionales en el continente americano. En los nuevos países, después de una complicada historia de conflictos territoriales y guerras intestinas, terminará por prevalecer el paradigma del liberalismo económico, la modernización de la vida social y el progreso industrial. En México este proceso estuvo liderado por la inversión de empresas inglesas, francesas y estadounidenses respaldadas por las políticas expansionistas,sobre todo de Inglaterra, Francia y el emergente Estados Unidos; más aún, las reformas internas darían lugar a la generalización de la figura de propiedad privada de la tierra y del subsuelo, la creación de mercados nacionales y modernas reglas de transacción mercantil,de inversión de capital y protección de inversiones internacionales.

En la minería, un cambio crucial se ubica en el concepto de dueño. Las minas paulatinamente dejan de ser propiedad de un individuo que las maneja conforme a su organización familiar para transformarse en propiedades de una corporación de accionistas. En México, al final del siglo xix y principio del xx, las compañías serán dominadas por capital extranjero, sobre todo estadounidense. La densa red ferroviaria estadounidense se vinculó con el norte de México, lo que generó la apertura de nuevas minas industriales de las que nacerían nuevos poblamientos obreros, entre ellos Cananea, Nacozari o El Boleo (Romero, 1989). La organización corporativa, asociada a una mayor escala de inversión de capital en concordancia con la mayor escala del proceso industrial y la mayor productividad por unidad de inversión, llevó a la rápida extinción de emprendimientos con tecnología colonial y al desplazamiento de los pequeños emprendimientos mineros industriales (Gámez, 2004; Mentz, 2001).

En función de nuestro modelo, encontramos que, al igual que en la Colonia, la minería industrial también está arraigada al territorio (+T) debido a su carácter extractivo, pero la apropiación del suelo y subsuelo cambia con la pacificación lograda por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, de manera que el sistema de asignación de fundos mineros coloniales se desmonta. En 1877 el Estado otorga concesiones mine-ras a perpetuidad a los mineros solicitantes, además de eximirles impuestos y permitirles propiedades ilimitadas; posteriormente, en 1892 la ley se ajusta y otorga el subsuelo ya no en concesión, sino en propiedad a perpetuidad e irrevocable: “Artículo 5o. La propiedad minera legalmente adquirida y la que en lo sucesivo se adquiera con arreglo a esta ley será irrevocable y perpetua mediante el pago del impuesto federal de propiedad, de acuerdo con las prescripciones de la ley que establezca dicho impuesto” (Ley minera de los Estados Unidos Mexicanos, 1892). El dueño minero será ahora propietario tanto de la superficie como del subsuelo a la manera de un soberano con respecto su territorio; pero, además, suelo y subsuelo se convierten en mercancía que entra como activo contable en el capital de la empresa minera; por otra parte, la seguridad efectiva sobre el territorio se fortalecerá respecto a la de los tiempos coloniales, pues el transporte ferroviario permitirá al gobierno colocar fuerzas militares —o el empresario fuerzas paramilitares— en el momento justo para contener agresiones externas o revueltas internas.

La minería industrial fue subterránea, especializada en la explotación de vetas minerales de alta ley. Esta característica permitió que la ocupación territorial fuera puntual (quizá no más de cincuenta hectáreas) donde se conjuntaban los túneles de acceso, las áreas de molienda, de separación (flotación, lixiviación, etc.), de talleres y oficinas y de depósito de tierras de desecho y tierras contaminantes (jales). Los efectos del emplazamiento más allá del área cercada no afectaban en mayor grado las actividades que la población establecida realizaba en el entorno de la mina y en la comarca. Éste es, por supuesto, un juicio relativo si consideramos los efectos ambientales de los procesos de beneficio y los jales mineros que a buen seguro contaminaron tierras y aguas y provocaron exposiciones a largo plazo entre la población local con efectos en la salud de personas, plantas y animales. Aún está pendiente la investigación histórica de la contaminación minera y las actitudes de la población local respecto de este problema.

De esta manera, el poblado para los trabajadores se ubicaba en un lugar cercano a las instalaciones de la mina para facilitar el acceso a las instalaciones; estas áreas eran diseñadas con frecuencia por el propio empresario minero cuando el lugar se encontraba previamente “deshabitado”; ahí construían módulos habitacionales para alojar a las familias de los trabajadores; en su caso, con algunos servicios públicos elementales; a este especio se añadían auditorios, plazas o escuelas derivados de las negociaciones obrero-patronales. Si el tamaño de la mina y el gasto total en salarios lo permitía, se acomodaban en el lugar algunos comerciantes y prestadores de servicios diversos.

El abasto de recursos naturales (+R) como la madera siguió siendo importante, pues con ella se construían edificios y estructuras para la mina; aunque ahora, con las facilidades ferroviarias, podía proveerse de lugares más lejanos. Sin duda, los derivados del petróleo, el carbón mineral y la electricidad sustituyeron en gran medida el uso de madera como fuente de energía para la mina y el pueblo que con ella se generaba, pero la madera para leña continuaría como un insumo importante en los hogares de los trabajadores. El agua no necesariamente era un recurso escaso, pues la que se drenaba de las minas se utilizaba en los mismos procesos mineros; el problema radicaba en el agua usada en procesos de lixiviación que recurrentemente podía transportar contaminantes a los cursos de los arroyos (drenaje ácido); sin embargo, a pesar de que era un evidente problema de salud y ambiental, no estamos seguros de que la población residente en los lugares mineros protestara contra estos efectos.

La minería industrial generó cambios en el número y cualificaciones de la fuerza de trabajo (+T). Es indudable que existe una marcada tendencia histórica a la sustitución de mano de obra por maquinaria y dispositivos tecnológicos; por ejemplo, según fuentes históricas de la Colonia, a finales del siglo xviii se informa que la mina subterránea La Valenciana por sí sola contaba con 5 000 trabajadores (Canudas, 2005); en contraste, en la misma mina subterránea, explotada por una compañía canadiense en el siglo xxi, el número ponderado en 2014 fue de sólo 205 trabajadores (Endeavor Silver, 2014).1

Otro ejemplo —que incluye el cálculo de la productividad por trabajador— es la mina Cananea, hoy renombrada Buenavista del Cobre. Esta mina es famosa no sólo por la simbólica huelga obrera de 1906, sino por tener uno de los yacimientos de cobre más ricos del mundo. En 1907 la mina tenía contratados más de 5 000 trabajadores que producían al año 60 millones de libras de cobre (Sariego, 1987: 15), es decir, 12 000 libras por trabajador. En 1944, como efecto de las innovaciones tecnológicas, la nómina fue de 3 400 trabajadores, aunque la producción se elevó a 66 millones de libras anuales; es decir, 19 000 libras por trabajador (1987: 20). En 1945 la mina Buenavista del Cobre sería reconvertida en una megaminera de tajo a cielo abierto, siendo de las primeras de su tipo en el mundo. El tema lo tratamos adelante, pero consignamos el dato: en 2014 el personal contratado fue de sólo 883 trabajadores, mientras que la producción anual de cobre fue de 292 millones de libras; es decir,330 000 libras por trabajador (Southern Cooper, 2014). Como se puede observar, el cambio es impresionante, pues no sólo disminuyó el número absoluto de trabajadores a 17 % de los ocupados un siglo antes, sino que la productividad por trabajador aumentó 27 veces.

La minería industrial subterránea tenía una fuerte dependencia de las cualificaciones de sus trabajadores. Sariego (1987) explica que el sistema se apoyaba en una estructura de oficios calificados y profesionales, así como en una organización de trabajo en cuadrillas. Las categorías laborales estaban ligadas al conocimiento amplio del oficio minero (el perforista, el ademador, el motorista, mecánicos, etc.) y a una carrera laboral, en muchos casos heredados de padres a hijos. El proceso de aprendizaje se daba bajo la guía de mineros calificados, quienes enseñaban oficios y técnicas a los jóvenes trabajadores y aprendices, y los insertaban en las cuadrillas de trabajo. Los incentivos laborales estaban ligados de forma tradicional al destajo. Este sistema de trabajo derivó en la organización de sindicados que articulaban y aliaban grupos profesionales en una representación obrera marcadamente homogénea. Era difícil sustituir el conocimiento y la experiencia de la fuerza de trabajo al arbitrio del patrono. Mantener en funcionamiento la mina requería acuerdos entre obreros sindicados y el dueño de la mina (cf. Sariego, 1987).

La población obrera típicamente se arraigó en lugares cercanos a la mina. Las organizaciones sindicales que surgirían presionaron con frecuencia a la empresa para que se les dotara de viviendas familiares y servicios diversos como escuelas, centros de salud y centros de reunión social. A su vez, el tamaño de la derrama salarial provocaría la inmigración de comerciantes, artesanos y prestadores de servicios. Fondas y hoteles darían servicio a los visitantes que llegarían a hacer negocios de variado tipo, ya con la mina, ya con la población obrera. A la postre, agricultores y ganaderos también se verán beneficiados con la provisión de alimentos a la población minera. A pesar de la tendencia a la disminución del número de trabajadores de la minería subterránea industrial frente a la colonial, el tamaño de la derrama económica en salarios quizá fue en alguna proporción mayor debido a la exigencia de reivindicaciones laborales y la formación de sindicatos. El gasto de la corporación en salarios dio lugar a la conformación de una sociedad obrera, pero el monto en salarios no era mayor y diverso como para generar una sociedad compleja. A finales del siglo xix y buena parte del xx las influencias anarquistas, cooperativistas, socialistas y comunistas serían cimiento de prácticas, valores e ideologías que darían lugar a culturas obreras en estos pueblos o barrios mineros.

El lugar y modo de adquisición de dispositivos, insumos y mantenimiento (-D) tendrán un fuerte impacto sobre el tipo de poblamiento local. Máquinas, herramientas y equipos ya no serían principalmente fabricados por artesanos locales o vendidos por mercaderes de la comarca, sino enviados por ferrocarril y automotores desde lejanas ciudades industriales. Muchos insumos de la minería colonial (leña, cueros, grasas animales, bestias de tiro, correas, herrajes y canteras) provistos en la localidad serán sustituidos por sustancias y materiales de nuevo tipo: combustibles, gas, gasolinas, grasas, ácidos y materiales diversos para la construcción; debido a esto, muchos oficios se volvieron obsoletos: curtiduría, constructores de máquinas de madera, criadores de mulas, herreros, cordeleros y talladores de cantera para la molienda. Con el tiempo también serán sustituidos ceramistas, zapateros, costureros y muchos proveedores de bienes de consumo de los trabajadores que dieron diversidad a los mundos relativamente autosuficientes de los reales mineros coloniales. Por supuesto, también se generaron nuevos oficios: soldadores, electricistas, torneros, técnicos en maquinaria y mecánicos automotrices que no se dedicarían a crear máquinas, sino a reparar sus fallos e instalar piezas de recambio. La revolución del transporte y la comunicación permitió también que fases finales del proceso minero —como la siderurgia y la fundición— se transfirieran a instalaciones especializadas de gran escala que daban servicio a menor costo a múltiples minas. El mercado general y sus productos industriales ganaron eficacia en colocar sus productos en el mercado local y desplazar los productos hechos en el lugar. En general, y aunque a la postre el tamaño del emplazamiento minero haya crecido en población, el hecho es que los enlaces locales con la comarca se debilitaron en contraste con los generados por los emplazamientos mineros coloniales. Sin duda en proporción al crecimiento de su productividad e ingresos, los gastos de la minería industrial en dispositivos, insumos y mantenimiento se concentraron, por lo general, fuera de la comarca, de la región e incluso fuera del país, y sólo quedaba un menor porcentaje en gasto local para mantenimiento e insumos locales (Mentz, 2001).

El control (-C) y ejercicio del poder táctico en la unidad operativa minera industrial se modificó en comparación con la minería colonial. El dueño de la mina cambia de forma, pues la unidad minera deja de ser propiedad de un individuo para transformarse en una empresa de accionistas, quienes al invertir un determinado monto de capital adquieren determinado porcentaje de derecho a ganancias y decisiones sobre la empresa. El dueño ya no será una persona, sino una corporación gobernada por un consejo de administración y acotada por una legislación específica. La familia prominente y enriquecida, como estructura de lealtad y estrategia de negocios, no necesariamente se diluye, pero su papel se acota a una influencia —en su caso de accionista relevante o mayoritario— entre la asamblea general de accionistas, lo que le obliga a actuar conforme al lenguaje, objetivos y reglas estatutarias de la corporación inversionista.

Por otra parte, el control administrativo y técnico se profesionaliza: contadores, ingenieros de minas, técnicos operativos, quienes organizan el trabajo conforme a protocolos formalizados, tanto de mando como de procedimientos. La revolución del transporte y la comunicación telegráfica y telefónica permite que el dueño se desarraigue del lugar y delegue a los profesionales la administración; a su vez, funciones clave del control se trasladan fuera del lugar (a sólo algunas horas de distancia) hacia la ciudad que se eligió como proveedora de servicios adecuados, entre ellos el resguardo de los fondos monetarios o el espacio de vínculos comerciales con proveedores y clientes y, en particular, de vínculos con políticos y agentes del Estado. La migración de los dueños y del control profesional a la casa matriz, ubicada en determinada ciudad central, facilita la expansión de la empresa y el manejo simultáneo de múltiples unidades mineras. La compañía ya puede tener emplazamientos mineros en varios lugares, regiones e incluso países, de manera que para alojar los edificios administrativos y a los técnicos operativos del campo minero sólo se necesitarán algunos edificios especiales con ciertas calidades superiores y algunos signos de distinción social. Pero la lógica del gasto estará gobernada por la racionalidad del capital, cuya divisa es que el menor gasto posible para proveer las necesidades de la producción redunda en mayor ganancia para los accionistas; por tanto, el mayor gasto es el operativo y nada de gasto suntuario en el espacio social local.

El gasto suntuario (-G) en el espacio social local disminuye hasta prácticamente extinguirse, pues junto con la emigración del control de la casa matriz, el gasto suntuario se mueve a las áreas y ciudades don-de residen los accionistas. Ellos, en lo particular —al igual que el patrono colonial—, gastarán su ganancia en signos de distinción en su lugar acorde con la red de prestigio en la que participen, no en el poblado minero. Por su parte, la corporación minera, como organización, gastará en la construcción u ocupación de edificaciones suntuosas en los centros financieros donde colecta, esto con la intención de mostrarse a los actuales y potenciales accionistas como una organización solvente y rica en la que es conveniente invertir. Ejemplos representativos del retiro de gasto suntuario se pueden observar en las imágenes históricas de los siglos xix y xx de los poblados mineros de Cananea, Nacozari o El Boleo. En otros casos este retiro no es visualmente evidente cuando el emplazamiento industrial se ha desarrollado en las inmediaciones de un poblado minero colonial. La ausencia de derrama suntuaria se disimula en la monumentalidad heredada, tal como ocurre con las ciudades de Guanajuato o Taxco. Sin embargo, existen algunos casos excepcionales, como sucedió con los poblados mineros de El Oro y Tlalpujahua desde la segunda mitad del siglo xx hasta la crisis mundial de 1929.

Allí la riqueza de las vetas de oro y plata y la fragmentación de derechos mineros dio lugar a la presencia de múltiples compañías nacionales y extranjeras en competencia, lo que generó una suerte de clase media y un cierto grado de gastos suntuarios entre estos empresarios industriales mineros (Sandoval, 1994).

A la luz del modelo analítico propuesto, encontramos que en la minería industrial el emplazamiento minero dio lugar a la formación de sociedades locales obreras. El paisaje local se compuso típicamente de un área segregada para las instalaciones de la mina y al lado un poblamiento obrero de carácter monótono, modesto, incluso precario, donde las casas pequeñas, a veces organizadas en complejos multifamiliares, por lo general eran propiedad de la empresa, y en ocasiones contaban con espacios y servicios públicos elementales.

El criterio de la empresa fue el mínimo gasto posible destinado al poblado. Por supuesto, en lugares donde la mina industrial heredó poblamientos coloniales, la arquitectura disimularía la ausencia de gasto suntuario. El conjunto del proceso minero industrial permitió que la riqueza extraída del territorio (+T) se transfiriera en gran medida a espacios y ciudades lejanas del emplazamiento minero. Sin duda, la provisión de recursos naturales (+R) como el agua y el combustible de madera se siguió tomando de la comarca; pero, sin duda, se modificó la forma de relación del emplazamiento minero con los recursos de la comarca. La fuerza de trabajo (+F) siguió siendo numerosa, a pesar de su tendencia a la baja debida a cambios tecnológicos, y arraigada con sus familias en el lugar.

La derrama en salarios dio lugar a una economía local que generaba vínculos comerciales con la comarca, pues las habilidades y saberes de los trabajadores en el oficio de la minería industrial les permitieron cierta fortaleza negociadora con el patrono empresarial, lo que derivó en mejoras de ingreso y una cultura identitaria obrera.

En cambio, los dispositivos, insumos y las labores de mantenimiento (-D) dejaron de ser provistos por la comarca para ser adquiridos en el exterior. Los artesanos y proveedores de insumos para las minas de tiempos coloniales serán desplazados por la producción industrial de eficientes máquinas, dispositivos y herramientas que vendrán del mercado nacional e internacional. Estos aparatos darán lugar a nuevos oficios de mantenimiento con técnicos que a la postre radicarán en el lugar y vivirán en el mismo poblamiento minero. El control (-C) del proceso minero cambia a la forma de corporación, se profesionaliza y migra a la casa matriz. El gasto suntuario (-G) se fijará o se disipará lejos del espacio local, lejos del poblado minero inmediato.

De manera que la suma y resta de todos estos elementos deriva en una escisión entre espacio social de producción y espacio social de consumo de la riqueza ganada en la explotación minera. Una geografía de sociedades obreras locales con sus culturas de clase frente a la agregación de los dueños en espacios metropolitanos.

La minería industrial en sus variantes keynesianas radicales

La Revolución mexicana y la crisis mundial de 1929, derivada de la quiebra de la bolsa de Nueva York, fracturaron el liberalismo decimonónico del régimen porfirista. Campesinos comunalistas, arrendatarios y pequeños rancheros se rebelaron a favor de la restitución o redistribución de tierras acaparadas en grandes propiedades empresariales porfirianas. El emergente nacionalismo popular rechazó el dominio de extranjeros sobre recursos e industrias estratégicas, como la petrolera, la minera o los ferrocarriles. En el rejuego de rupturas y acuerdos entre facciones revolucionarias triunfantes se promulgaría una constitución que reconfiguraría la relación entre el Estado, el territorio, la economía y la población nacional; una relación fundada en un difícil equilibrio entre los principios de la propiedad privada y el mercado de la economía capitalista con figuras de organización colectivista. Un régimen que simbólicamente duraría hasta el 1o de enero de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con él la instauración del neoliberalismo actual.

Ante la quiebra del liberalismo decimonónico surgieron dos corrientes económicas que dividieron el campo ideológico y político del mundo durante el siglo xx. Por un lado, el socialismo comunista, que postulaba la anulación del mercado y la organización colectiva de la economía planificada desde el Estado nacional y luego mundial; por el otro, el keynesianismo, que postulaba el mantenimiento del mercado y la organización capitalista de la economía, pero regulada por la intervención anticíclica del Estado, donde en las fases de crecimiento económico el Estado debía ahorrar recursos, y en las de depresión, gastarlos en inversiones estratégicas para reactivar los negocios particulares y evitar las crisis. En México se constituyó un híbrido económico que se puede calificar como un keynesianismo radical, donde el Estado se convirtió no sólo en regulador del ciclo económico capitalista mediante el gasto en inversión pública para reanimar el mercado, sino también en impulsor de formas de organización colectiva, como los ejidos agrarios o las cooperativas industriales, además de la constitución de empresas de propiedad estatal orientadas a impulsar sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

En cuanto a la minería industrial se desarrollaron —desde la fuerza política y económica del Estado mexicano— tres subtipos de reconfiguraciones de la industria minera.

El primer subtipo fue la mexicanización de la industria minera, que mediante cambios a la ley minera estableció que toda empresa minera debía tener como mínimo 51% de capital mexicano. El objetivo, de orden nacionalista, fue acotar la influencia económica y política de empresas extranjeras en sectores estratégicos, a la vez que crear un empresariado mexicano que por su nacionalidad se identificaba comprometido con la industrialización nacional. Los poderosos consocios mexicanos actuales como Grupo México o Peñoles devienen de esa transferencia de activos apoyada por aportaciones estatales (Sariego, 2009; Delgado y Del Pozo, 2001). En términos de nuestro modelo, la fórmula resulta formalmente idéntica al modelo expuesto para la minería industrial liberal decimonónica: [T + R + F - D - C - G = Sociedades obreras], donde el subtipo de mexicanización minera seguirá produciendo sociedades obreras; lo que cambia es la ubicación política del control y el gasto suntuario de los accionistas de las compañías hacia el interior del espacio nacional. En este sentido, debemos considerar una alianza de mutua conveniencia entre un empresariado nacional emergente y una clase política posrevolucionaria ya burocratizada en la década de los sesenta e inclinada a su enriquecimiento y aspiración empresarial. De este modo, el control (-C) y el gasto suntuario (-G) se radicarán no en ciudades estadounidenses o europeas, sino sobre todo en Monterrey o la Ciudad de México; a la vez que los dispositivos, insumos y mantenimiento (-D) seguirán igual, es decir, importándose del extranjero, o bien, suministrados por las nuevas industrias manufactureras mexicanas que se fundaron en ese periodo.

El segundo subtipo fue la empresa minera estatal. Su origen respondió a dos razones: la primera, orientada a fomentar la industrialización del país a partir de grandes inversiones en ramas clave como el petróleo, la minería de hierro y la siderurgia del acero. Quizá aquí el caso más relevante fue la inversión en el complejo minero-siderúrgico Lázaro Cárdenas en los años setenta, cuya finalidad fue explotar los ricos yacimientos de hierro de la sierra costera michoacana y colimense. Una inversión monumental que incluyó una represa hidroeléctrica, vías férreas, carreteras, construcción de una planta siderúrgica y un puerto de gran calado; la segunda razón se orientaba a la aportación de inversión estatal en minas y siderúrgicas de las empresas privadas mexicanizadas para escalar la capacidad de sus operaciones; sin embargo, en múltiples casos las inversiones gubernamentales se convirtieron en mayoritarias o totales, en especial con el régimen posrevolucionario y las crisis de deuda con la banca internacional ocurridos durante los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo (Tetreault, 2013).

En términos de nuestro modelo, la fórmula resulta similar a la anterior: [T + R + F - D - C - G = Sociedades obreras], donde la unidad operativa producirá una sociedad local obrera, pero la variación se encuentra en el tipo de sujeto de control (-C), que no serán ya empleados especializados subordinados al gobierno de los accionistas, sino funcionarios gubernamentales con carrera política dentro de las estructuras del Estado, que sin duda radicarán en la Ciudad de México.

Por otra parte, se desdibuja la figura del dueño como grupo de individuos orientados a lograr la ganancia monetaria más alta posible en el menor tiempo posible. En tal sentido, el monto de gasto suntuario (-G) logrado del proceso minero formalmente se dirigirá a los fondos del Estado. Así, la característica autoritaria y opaca del régimen nacionalista revolucionario y la clase política que generó permite suponer que el gasto excedente del proceso se disipó en beneficio de empresarios, burócratas y cúpulas sindicales, pero poco de él derivó en beneficio de los poblamientos mineros.

El tercer subtipo —quizá el más interesante— se caracteriza por la propiedad obrera de la mina, que conformó sociedades cooperativistas de afinidad socialista.

En los años tempranos del nacionalismo revolucionario, tras el cierre de minas derivado de la crisis de 1929, se presentaron casos donde los trabajadores buscaron reabrir las minas con el apoyo del nuevo Estado y conformar cooperativas mineras para dotarse de empleo; en otros casos, el origen de las cooperativas surgió del estallamiento de una huelga contra la empresa extranjera.

En el periodo posrevolucionario se fundaron, en total, 72 cooperativas mineras entre 1937 y 1946; de ellas, 48 se constituyeron en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, quien representó el sector más socialista del nuevo régimen; las otras 24, en la subsecuente presidencia de Ávila Camacho, dentro del cual el ala cardenista guardaba aún fuerte influencia (Uribe, 1994). Más tarde, el régimen abandonaría estos ensayos socialistas, de manera que en la actualidad todas las cooperativas mineras se han extinguido y sus activos fueron adquiridos por corporaciones mineras nacionales y extranjeras.

En esta modalidad, el cooperativismo minero industrial se organizó conforme la fórmula [T + R + F - D + C + G =comunidad obrera]; pero, en virtud de que los dueños eran los mismos trabajadores, el control (+C) de la unidad operativa regresó al espacio local habitado por los obreros. De igual modo, el gasto suntuario (+G) se destinó a la mejo-ra de la calidad de vida de los mineros, así como en los rituales sociales destinados a construir una moral local y sostener una identidad colectiva en el grupo. Aquí la minería construyó algo más que un poblado obrero: construyó una comunidad obrera donde el gasto se orientó al mejoramiento de la calidad de vida del poblamiento obrero; no obstante, los dispositivos, los insumos y el mantenimiento (-D) se adquirían en el espacio fuera de la comarca, siendo éste un factor que en gran medida determinó la quiebra de las organizaciones cooperativas, tanto por el escalamiento de la productividad mundial que provocaban las nuevas maquinarias y herramientas al costo de fuertes reinversiones como por el desplazamiento de fuerza de trabajo que imponía la renovación tecnológica. El dilema entre modernizarse y sacrificar la propia fuerte de empleo o no modernizarse y perder competitividad e ingresos se muestra con claridad en la tragedia de la Sociedad Cooperativa Minera Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato, que en junio de 2005 quebró y cedió sus activos a la minera canadiense Endeavour Silver.

En su estudio sobre la cooperativa Santa Fe de Guanajuato, Elizabeth Ferry (2011) muestra los términos de la tragedia: desde la fundación de la cooperativa sus miembros elaboraron y vivieron dentro de un singular lenguaje de patrimonio en torno a la mina y su relación para con ella; para ellos, la mina se convirtió en su patrimonio colectivo cuya función moral debía ser la de fuente de empleo permanente para sus miembros, sus familias y las generaciones futuras.

A diferencia de la lógica capitalista (extraer la mayor cantidad de metal para obtener la más alta ganancia al menor costo y menor tiempo posible), este manejo se fundó en la idea de que el metal era finito, que lo racional era sacar sólo el mineral necesario para mantener la reproducción del negocio y sostener la fuente de empleo de las familias cooperativistas el mayor tiempo posible. Sobre ese principio se construyó una moral cooperativa donde el patrimonio mineral extraído del subsuelo y el producto de su venta no debía dilapidarse en gastos superfluos, sino destinarse al mejoramiento de la forma de vida de las familias (viviendas propias y para los hijos, educación en oficios, ahorro para enfermedades, etc.); es decir, la idea central no era enriquecerse, sino sostener su forma de vida a lo largo de generaciones.

En la asamblea cooperativista de forma recurrente se puso en la mesa de discusión la alternativa de reparar las maquinarias obsoletas, o bien, modernizar la mina y reorganizar el empleo; con frecuencia ganó la primera opción, lo que abrió la brecha de la obsolescencia de la mina frente a la competencia nacional y luego global. En momentos de caída de los precios de la plata, la cooperativa tuvo créditos puente o aportaciones de agencias del Estado mexicano, pero con la revolución neoliberal, a partir de los años ochenta, estos rescates y apoyos se fueron cerrando para los cooperativistas de Santa Fe, a la vez que se abrieron para las corporaciones mineras globales. El ciclo terminó en 2004 con la descompostura de las bombas de desagüe, la inundación de la mina, el cobro estatal de deudas del seguro social de los trabajadores y la negativa del gobierno para aportar fondos para el rescate. En 2005 los cooperativistas malbarataron sus fundos mineros y perdieron su patrimonio colectivo.

La megaminería corporativa global y la producción de no lugares sociales

[T + R - F - D - C - G = lugares sociales negativos]

La evolución hacia la megaminería es efecto del agotamiento de las vetas de las reservas minerales mundiales a la par de una demanda creciente de metales industriales y preciosos por la economía global. Se afirma que las existencias de metales se comporta conforme a la curva de Hubbert para las reservas petroleras. Las reservas están llegado a su cenit y pronto, en los años subsecuentes, tendrán un rápido descenso (Jackson, 2009; Turner et al., 2007; Valero y Torres, 2008).

Las características geológicas de este agotamiento son relevantes: los yacimientos concentrados en forma de vetas —lo que define su alta ley mineral— caen en número y calidad; en contraste, lo que aún queda disponible son numerosos yacimientos de mala calidad —baja ley—, donde los metales están dispuestos en partículas metálicas microscópicas dispersas entre vastos mantos de tierra sin metales —denominado material estéril—; ésta es una disposición geológica que la minería subterránea es técnicamente incapaz de explotar de manera rentable, lo que provoca el aumento tendencial del precio de metales y lleva a la inversión en yacimientos mineros pobres con altos costos energéticos y ambientales, a la par que altas ganancias para las empresas que controlan las existencias minerales remanentes.

De manera que asistimos a una carrera global entre corporaciones mineras globales por el control de reservas metalíferas mediante el acaparamiento títulos de concesión —o propiedad—en diversos países, tal como se presenta en México, donde se afirma que más de 16% del subsuelo del territorio nacional se ha cedido a empresas mineras.

Conforme a nuestro modelo, la megaminería de tajo a cielo abierto requiere de territorio (+T) al igual que todos los otros tipos de minería; lo que varía es la magnitud del territorio ocupado, pues mientras que la minería anterior requería superficies no mayores de veinte a treinta hectáreas para ubicar las bocaminas e instalar el aparato industrial, la megaminería requiere desde cientos hasta diez mil o más hectáreas cercadas.

En México, el terreno se toma y asegura gracias a la legislación minera reformada en 1992. Esta ley determina que el acceso al recurso minero se asigna mediante concesiones del subsuelo, sin limitar la extensión concesionada al propietario, por periodos de cincuenta años, renovables otros cincuenta, lo que permite aprovechar todos los minerales, salvo radiactivos e hidrocarburos, los cuales se legislan aparte.

Las concesiones se pueden comprar y vender entre particulares, con la obligación de registrar estas transacciones en un registro público minero y pagar un gravamen más bien simbólico, lo cual se traduce en la práctica en la privatización del subsuelo, lo que da lugar a una suerte de libre mercado de predios del subsuelo, los cuales se intercambian o se especula con ellos, y da lugar a latifundios del subsuelo. La ley determina que la minería es una actividad de interés público y prevalece sobre cualquier otro uso del suelo, de modo que, si el interés minero lo requiere, los propietarios superficiarios (pequeños propietarios, ejidos o comunidades agrarias indígenas) tendrían que ceder sus tierras y servidumbres a los concesionarios mineros.

Políticamente se prefieren convenios de mutuo acuerdo para la venta, asociación o cesión temporal de las tierras; pero si no es así, la empresa puede requerir al gobierno para que tome las tierras del caso en ocupación temporal o que las expropie. Sin embargo, la experiencia en México fácilmente confirma que los convenios de mutuo acuerdo típicamente se convierten en acciones de coerción, pues la capacidad de influencia del lobby minero es tal en México que autoridades y agentes gubernamentales están a su servicio.

El emplazamiento minero genera exclusión de los previos, modifica los usos culturales de la tierra y genera la reubicación de poblados, sucesos que resultan traumáticos para poblaciones que allí han habitado, en particular cuando el destrozo territorial lleva a su inhabitabilidad, de manera que la población enfrenta el dilema de elegir tresactitudes: impedir el implante del aparato de la megaminera en el territorio, bajo la divisa de que el territorio es inalienable; negociar la transacción monetaria (dinero por territorio) a cambio de aceptar la inhabitabilidad del lugar en el futuro; rendirse, aceptar e intentar adaptarse a la desposesión e inhabitabilidad en curso del territorio, y a cambio evitar convertirse en víctimas de la violencia efectiva sobre sus familias y personas.

Por su parte, la megaminera necesita un grado suficiente de paz social para realizar el negocio minero sin contratiempos, lo que supondrá especial atención en instalar vigilancia del emplazamiento minero e intervenir y gubernamentalizar los procesos sociales del entorno.

El emplazamiento megaminero no necesita ningún recurso natural (+R) del espacio local y la comarca, salvo uno: el agua, y la necesita en grandes volúmenes, las veinticuatro horas de todos los días, por los años necesarios hasta agotar el yacimiento; la requiere para humedecer cientos de hectáreas y contener las tolvaneras que entorpecen la excavación y el movimiento de material; la necesitan también para los procesos de separación de minerales. La toma del represamiento de ríos o de pozos profundos; la conduce mediante bombas y tuberías decenas e incluso centenas de kilómetros hasta el campo minero; de manera que en regiones subhúmedas o desérticas su sed agota el caudal de arroyos, merma los ríos y sobreexplota los mantos acuíferos.

La escasez así provocada puede presentarse incluso durante los periodos de estiaje en regiones húmedas; paradójicamente, cuando eventos pluviales extraordinarios generan abundancia de agua, el peligro es la inundación de las albercas de lixiviación y el derrame de agua cargada de contaminantes al lecho de los ríos.

Esta apropiación megaminera del agua genera escasez y competencia con otros usuarios de la comarca: poblados, agricultores, ganaderos, negocios y población en general. Para asegurar su abasto de agua, las mineras recurren a tácticas o estrategias de facto, técnicas, legales y políticas para apropiar este estratégico recurso, de modo que la empresa minera recurrirá al apoyo de funcionarios o agencias del Estado para mantener su provisión de agua (Garibay, 2014); así, para el emplazamiento minero, asegurar el agua supone cuidar la provisión continua desde las fuentes de abasto y conducción hasta el campo minero, hecho que le obliga a extender su vigilancia e intervención más allá del área cercada.

La productividad de la fuerza de trabajo (-F) es altísima en la megaminería a cielo abierto. Recordemos el ejemplo de Buenavista del Cobre arriba citado. Entonces, a la disminución del número de trabajadores requeridos se suma la simplificación y especialización de procesos, por lo que el grueso del personal son operadores de maquinaria pesada —lo que no es especialmente difícil de aprender— y trabajadores técnicos atentos al correcto funcionamiento de las máquinas; estos trabajadores por lo general cuentan con educación técnica media superior, aunque en labores que requieren mayor precisión se emplean especialistas de variado tipo (ingenieros mineros, laboratoristas, supervisores de procesos, administradores), y muchas de las necesidades del campo minero se contratan con compañías outsourcing a las cuales se transfieren diversas actividades secundarias, con lo que, además, se evitan compromisos laborales.

Algunos ejemplos son el arredramiento de maquinaria pesada, de modo que si una de ellas se descompone la compañía proveedora la sustituye por otra, o los servicios mantenimiento de los sistemas eléctri-cos y electrónicos, o los de alimentación y hospedaje en los campamentos instalados dentro del campo minero; también se subcontratan los servicios de compañías de seguridad para la vigilancia del campo minero.

La política de contratación se orienta a la ocupación de trabajadores preferentemente foráneos a la comarca, los cuales son reclutados de ciudades regionales. Una vez contratados, los concentran en modernos y “cómodos” campamentos desmontables, provistos de dormitorios, áreas de servicios y alimentación.

Típicamente trabajan jornadas de doce horas por doce de descanso en periodos de veintidós días por ocho de descanso, que por lo general usan para tomar el autobús y reunirse con sus familias, en alguna ciudad lejana, la cual puede estar ubicada a cientos de kilómetros.

En el campo minero les proveen de alimentos, un locker personal y una litera de descanso que usan alternativamente conforme estén asignados al turno nocturno o diurno. Empresas outsourcing se encargan de manejar el área de dormitorios, administrar los comedores y proveer los servicios. Los salarios son depositados en su estado de cuenta, pues no tienen necesidad de usarlos para su manutención en el lugar y no necesitan salir del campo minero durante las tres semanas de trabajo o más si así lo deciden.

El personal se gestiona con inteligencia utilizando múltiples técnicas, tanto subliminales como explícitas que se reiteran hasta lograr del trabajador una lealtad emotiva para con la corporación minera, lo que les permite ganar eficiencia y evita interrupciones del proceso minero a causa de demandas laborales, de manera que la cultura obrera que deviene del siglo xx es escrupulosamente diluida. En la megaminería se evita contratar trabajadores con antecedentes sindicales o cooperativistas.

En suma, la unidad operativa megaminera no necesita de la población local; en todo caso, la oferta de empleo en la comarca sirve como estrategia opcional de contención de conflictos y control político sobre comunidades locales, que puede servir —entre otras herramientas de intervención— para mantener la “paz social” local durante los diez a veinte años necesarios para agotar el yacimiento.

Esta nueva organización laboral no crea espacios sociales locales; y cuando termina la operación minera, los campamentos se levantan y la población trabajadora no compra más el boleto de autobús que lo lleva a la mina. La megaminería genera en el lugar un no espacio social; es decir, un espacio social negativo orientado a dispersar, anular o, en su caso, invisibilizar a la población existente en el lugar antes de la instalación de la mina.

La megaminería no requiere de ningún dispositivo, insumo o mantenimiento (-D) del espacio social local. Los explosivos, motoconformadoras, camiones, motores, molinos, sistemas hidráulicos, refacciones, combustibles, químicos y demás elementos y servicios vienen de la red económica global, provistas por empresas con domicilios legales regionales, nacionales y, especialmente, globales.

Con lo anterior, la revolución del transporte permite que incluso los alimentos más frágiles y perecederos lleguen al emplazamiento minero frescos y listos para el consumo; incluso insumos clave pueden ser generados por la corporación minera; por ejemplo, ahora es frecuente que construyan plantas termoeléctricas o hidroeléctricas y aporten electricidad a la red de distribución nacional, la cual será tomada para los usos del emplazamiento minero.

El control (-C) general de la unidad operativa minera se ejerce de manera directa y en tiempo real gracias a la internet, de modo que la casa matriz, ubicada en Toronto, Londres, Nueva York o Sidney, entre otros, mantiene contacto directo tanto con oficinas nacionales como con las gerencias de campo en todos los emplazamientos mineros; a su vez, cada gerencia de campo mantiene contacto directo con sus compañías outsourcing y proveedores de servicios. Así, la información y el monitoreo del desempeño del aparato minero fluyen cotidianamente sin importar la distancia física y cualquier evento que sale de la rutina preestablecida es consultado y resuelto en los espacios correspondientes. Nada de este control radica en el espacio local, regional o nacional.

El gasto suntuario (-G) se transfiere a los nodos centrales de la red global para gastarse entre los accionistas globales y, por lo general, se trata de grupos sociales de altos ingresos, pero también de accionistas colectivos, pensionistas y especuladores, de modo que la riqueza generada deriva en la construcción y consumo de espacios colectivos y comarcas lujosas, principalmente en ciudades y regiones exclusivas de países del primer mundo. Un cálculo aproximado de la distribución de la riqueza total que se producirá en México, en los veintidós años de vida de una mina de nombre Peñasquito, propiedad de Goldcorp Inc., a valores 2012, fue la siguiente: ingreso por ventas, 84 000 millones de dólares; costo de producción, 16 000 millones de dólares; ganancias antes de impuestos, 64 000 millones de dólares; pagos a la fuerza de trabajo, 1 000 millones de dólares; pago a comunidades por apropiación de tierras, agotamiento de acuíferos y destrucción del territorio, 100 millones de dólares (Garibay, 2014). En esta estimación no se calculó el impuesto sobre la renta para el Estado mexicano, pues el secreto fiscal para corporaciones, los inexplicados casos de exenciones fiscales a corporaciones, aunado a la corrupción de instituciones y el descrédito de agentes del Estado mexicano hacen inútil el cálculo, por lo que cabe presumir que el monto pagado por las corporaciones mineras a la Hacienda mexicana debe ser igual a cero.

Conclusión

Visto este recorrido histórico analítico, ¿acaso es veraz el argumento de las corporaciones mineras globales de atribuirse “haber forjado el pasado” de México, tal como reza el eslogan de la cámara minera mexicana? ¿Estas corporaciones globales pueden considerarse herederas morales de la “riqueza cultural inmensa” generada en las ciudades mineras coloniales de México? ¿Hay algún fundamento en su discurso como para atribuirse la construcción del Estado nacional mexicano?

Es evidente que la relación de las corporaciones megamineras con respecto al paisaje que ocupan es de radical exclusión. A diferencia del pasado, la megaminería actual genera un espacio autocontenido en contraste y oposición con el pasaje y la sociedad que le rodea. La imagen que lo ilustra es similar a la de una plataforma petrolera en medio del mar, donde toda actividad y sentido social se resuelve hacia su interior; en contraste, el exterior aparece como la escena de un mar tranquilo e indiferente que puede eventualmente contemplarse con liviana curiosidad, o bien como un escenario de vientos y oleadas peligrosas ante el cual hay que tomar previsiones para defenderse.

La megaminería no necesita nada de la comarca que no sea su territorio y su agua. Sus trabajadores no generan espacios sociales locales, ni su lógica económica organiza vínculos económicos locales relevantes; más aún, a los propietarios y pobladores desposeídos se les induce a irse o aceptar la oferta de convivir en paz.

La riqueza obtenida al costo de la remoción del paisaje y la vida social se transfiere casi en su totalidad a los nodos centrales del sistema global, con lo que se generan dos paisajes sociales: uno de lujo, ubicado en los nodos y regiones de lujo en regiones y países centrales de la economía global, y paisajes de sacrificio a los que se han cancelado las condiciones de habitabilidad. En tal sentido, la megaminería produce lugares sociales negativos.

Siguiendo el argumento de Ferguson (2005), parece que asistimos en México a una suerte de gubernamentalidad de enclave, donde las corporaciones extractivas se instalan en países subalternos en forma de enclaves asegurados con cercas y vigilados y gobernados de manera minimalista por medios privados o semiprivados, vinculados de punto a punto del enclave a la casa matriz sin necesidad e interés de establecer continuidad con la red nacional. Se trata de un regreso al modelo de capitalismo colonial del siglo xix donde el Estado débil y la violencia caótica es recurso útil para ahorrar costos y lograr altos retornos de capital.

A la luz de su lógica intrínseca, el discurso de herencia de la tradición minera mexicana y su autoelogio como constructores de la nación no es creíble en voz del lobby minero global que opera en México. En este discurso hay sólo un afán de simulación y autocomplacencia.

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Endeavor Silver (2014) reporta para el complejo Bolañitos –que congrega dos minas: La Luz y la antigua Valenciana– un total de 410 trabajadores. Dado que no reporta cifras separadas para cada una de ellas, nosotros ponderamos por mitad para cada una; entonces, la cifra será de 205 trabajadores en la mina La Valenciana.

Con piscina en casa, pero de lixiviación: Clientelismo social y horizonte de coerción en una población relocalizada por la minería canadiense en el centro de México

David Madrigal González

El Colegio de San Luis

A los chichimecas, un pueblo que antes

de la conquista no tenía necesidades de ropa

ni de productos agrícolas, los ligaron a la economía

política mundial del fin del siglo xvi por medio

de las dádivas de los conquistadores.

Ruth Behar

Las visiones de una bruja guachichil en 1599

Introducción

En el centro de México, para mayor precisión, en la región de la Gran Chichimeca, la base jerárquica y clientelar sobre la que se piensa que se han entretejido las relaciones sociales a lo largo de la historia se deriva, según la historiografía local, de una estrategia política de “paz comprada” (Powell, 1984: 214) que, entre otras cosas, implicó la entrega de tierras de labranza, ropas y comida a cambio del avance español sobre el territorio ocupado por grupos nómadas llamados guachichiles.

El origen de este sistema de vínculos de dependencia (Ruiz,2009: 21) tuvo en los capitanes de frontera a sus primeros operadores, cuya función principal fue sostener la presencia española en el valle de San Luis. Estos capitanes, que de manera paulatina se convirtieron en los primeros mineros, se establecieron junto con guachichiles conversos en un primer asentamiento en el pueblo de San Miguel de Mexquitic. Más tarde, lograron el emplazamiento del denominado puesto de San Luis, la actual ciudad de San Luis Potosí.

Durante este proceso, indígenas guachichiles fueron empleados por los españoles bajo el sistema de vínculos de dependencia tanto para el descubrimiento de las vetas de oro y plata como para servirles de forma personal en calidad de trabajadores naboríos (2009: 64). En la actualidad, la complejidad de las correlaciones y fuerzas en interacción dinámica sobre el territorio central del estado de San Luis Potosí, donde se encuentra la capital, difícilmente podría reducirse a aquel sistema de relaciones jerárquico-clientelista con espíritu de pacificación. El epígrafe inicial me permite poner en perspectiva histórica esta situación, pero, más aún, me ayuda a subrayar la circunstancia en la que se encuentran en la actualidad las poblaciones que emergieron de dicho sistema y que se mantienen en el territorio. A partir de ello resulta sugerente empezar con una paráfrasis contemporánea del citado epígrafe que, a manera de hipótesis de trabajo, guía esta investigación: a los habitantes de La Zapatilla,1 una población que antes de la llegada de la minería canadiense2 en la década de los años ochenta vivía en una ranchería, los ligaron a la economía política mundial del siglo xxi por medio del empleo como obreros y la promesa de una vida moderna como la de la ciudad.

Antecedentes

Mi llegada a La Zapatilla en 2011, se debió a la necesidad de seguir estudiando los conflictos socioambientales en San Luis Potosí, como parte de una agenda de investigación que inicié en 2010 a partir de un estudio previo sobre el proceso de construcción del rechazo social a la minería de tajo a cielo abierto en el caso de Cerro de San Pedro. Después de haber realizado esta investigación, empecé a notar que las localidades de los alrededores de la cabecera municipal, como La Zapatilla, Portezuelo, Cuesta de Campa o Monte Caldera, por citar sólo algunas, apenas se encontraban enunciadas circunstancialmente tanto en mi propia investigación como en otras que se realizaron en los mismos años. Se trata de localidades que formaron parte de la red de congregaciones que surgieron con las haciendas de beneficio, y que a su vez tuvieron lugar con el inicio de la explotación de las minas de Cerro de San Pedro a finales del siglo xvi.

En el caso de La Zapatilla, la información disponible señalaba que en 2012 vivían ahí quince personas analfabetas de quince y más años; que uno de los jóvenes de entre seis y catorce años no asistía a la escue-la; que de la población a partir de los quince años, dieciocho personas carecían de escolaridad, mientras que veinticuatro tenían una escolaridad incompleta. Asimismo, podía saber que veintiseis personas de esta localidad contaban con escolaridad básica, mientras que cinco con una educación posbásica. Que un total de cuatro jóvenes de la generación de entre quince y veinticuatro años habían asistido a la escuela, o bien que la escolaridad promedio del conjunto poblacional de La Zapatilla era de cinco años (Anónimo, s.f.: 1).

Varias razones pueden haber incidido en esta falta de visibilidad de las poblaciones que integran el contexto de Cerro de San Pedro, como es el caso de La Zapatilla. Por un lado, he pensado que los estudios realizados en torno al conflicto y la resistencia se encontraron con que los escenarios principales de las interacciones entre actores antagónicos se daban en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, en el camino a Cerro de San Pedro y en espacios públicos de la capital potosina como la Plaza de Armas, la Plaza del Carmen, la Plaza de los Fundadores o la calzada de Guadalupe, entre otros.

Por otro lado, las investigaciones realizadas sobre el caso entre 2005 y 2010 se enfrentaron al hecho de que la mayor parte de población de las localidades del municipio de Cerro de San Pedro se encuentra enclavada en una zona montañosa, en asentamientos dispersos que tienen entre 50 y 1 300 habitantes. Los casos de Cuesta de Campa, El Tecolote, Jesús María, Divisadero, Calderón y la propia cabecera municipal de Cerro de San Pedro se encuentran entre los asentamientos más pequeños, mientras que los casos de Monte Caldera, Planta del Carmen, Joyita de la Cruz y Portezuelo se encuentran entre los más poblados. En este último caso de Portezuelo, tenemos la población más numerosa, con 1 353 habitantes (Inegi, 2010).3

Mapa 1 Ubicación geográfica de La Zapatilla y La Zapatilla Vieja

Así sea por poner el foco en el conflicto y sus espacios de escenificación, o bien por razones metodológicas relacionadas con la distribución geográfica de la población del municipio en su conjunto, o las dificultades de acceso a la población de cada localidad, el hecho es que la investigación social sobre el caso de Cerro de San Pedro ha mantenido al margen un conjunto de comunidades que han vivido en forma particular el proceso de conflicto por las operaciones mineras canadienses en su territorio.

En este contexto, el caso de la población de La Zapatilla cobra relevancia por su cercanía con la cabecera municipal, su cercanía con la capital y con la localidad más poblada, que es Portezuelo, y sobre todo por el reto que representa para el trabajo antropológico entrar a la vida de una población de apenas 150 habitantes vigilados todo el tiempo por los empleados de la empresa que los reubicó en las cercanías de las instalaciones de la minería. Durante el trabajo de campo, en varias ocasiones me decían: “Véngase para acá porque los de la minera nada más ven que anda alguien aquí y luego, luego se acalambran”. En efecto, desde 2011 fue una constante observar el paso de las camionetas blancas, marca Mitsubishi, propiedad de la empresa, haciendo rondines por el camino a Monte Caldera que pasa por La Zapatilla, así como por el camino a Cerro de San Pedro que pasa por un costado de los terrenos ejidales de los habitantes de La Zapatilla.

Después de más de quince años de vivir en el nuevo caserío de La Zapatilla, algunos de los adultos comentan que ahora tienen más comodidades, pero antes, en el rancho, se sentían más felices y más libres. Estos comentarios, desde mi punto de vista, encierran una tensión fundamental para los zapatillenses en la actualidad. El haber optado por la relocalización de todos los habitantes de La Zapatilla fue el inicio de un proceso de cambios en el medio social y natural, pero, más importante aún, fue también el inicio de un proceso de tensiones percibido entre el antes y el ahora que se ha vuelto una constante, sobre todo para las personas que participaron en la negociación con la empresa en su calidad de jefes de familia y que en la actualidad se encuentran trabajando para ella, con la novedad de que pronto iniciará el cierre de sus operaciones. Las nociones teóricas que utilizo para el análisis me permiten poner en relieve el cruce de factores durante el proceso de formación de las tensiones que encierra el antes y el ahora para estas personas. Se trata, en suma, de un acercamiento etnográfico a los impactos sociales de la minería canadiense de tajo a cielo abierto, a partir del caso de los rancheros mineros de La Zapatilla, municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

La Zapatilla, de su pasado histórico al tiempo de los derrames

La primera mención de La Zapatilla la encontré en la documentación de la alcaldía mayor que se resguarda en el archivo histórico de la capital; se refiere a un pleito por la herencia de una “hacienda de beneficio de metales llamada la Zapatilla, en el Cerro de San Pedro”, entre Francisco Xavier Ponse de León y Lorenza Loredo.4

Otra referencia sobre La Zapatilla la encontré en un documento del Registro Público de la Propiedad. El documento, fechado el 30 de marzo de 1830, dice que se cobraron 180 pesos por los derechos correspondientes a la venta de la hacienda al ciudadano Ignacio Soria, por un monto de 3 000 pesos. Se menciona que las colindancias de la hacienda son: al oriente, con la hacienda Villa Monte Caldera; hacienda de La Sauceda al poniente, y el rancho de Calabacillas; por el norte, con otras haciendas de San Cayetano; y por el sur, con las del rancho de la Cuesta de Campa y tierras de doña Gabriela Loredo. La hacienda, “de sacar plata por fundición”, constaba de un sitio para parada de mulas, una “suerte de huerta”, una “casa de vivienda”, “acales y jaguey”,5 así como “media legua de ganado”. 6

En un mapa, en realidad un croquis sobre minas de 1867 donado por un piloto aviador, no existe mención de la hacienda de La Zapatilla, mientras que hacia los primeros años del siglo xx se menciona en la demarcación municipal como parte de las colindancias formadas por las fracciones de Cerro de San Pedro, Cuesta de Campa, Portezuelo, la congregación El Encino y los ranchos de Jesús María y José Calderón y Monte Caldera (Gámez, 2008: 19).

La población de La Zapatilla es parte de una larga historia de actividad minera en la zona. Este poblado perteneció a las congregaciones7 que se asentaron en torno a más de sesenta haciendas de beneficio con el objetivo de “procesar los minerales extraídos de las minas”. El sustrato histórico es indiscutible y forma parte de la retórica con la que se moviliza, a manera de píldoras de conocimientos turísticos para los paseantes, la información colocada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) en algunos de los asentamientos antiguos y desolados del municipio de Cerro de San Pedro. En el poblado de Cuesta de Campa, por ejemplo, se puede leer en la plaza principal, sobre una columna en color azul, la inscripción que dice: “Una vez descubierto el mineral de Cerro de San Pedro, se comenzaron a poblar a distancia cercana, congregaciones como Cuesta de Campa. La razón obedecía a la necesidad que tuvieron los mineros de Real de San Pedro de buscar lugares para procesar los minerales extraídos en las minas. A estos establecimientos se les llamaba Haciendas de Beneficio y eran verdaderos centros de trabajo de regular población. Existían 60 que funcionaban, habiendo más de 60 hornos de fundición”.

En su historia más reciente, la población de La Zapatilla fue objeto de una relocalización negociada8 que los desplazó a 300 metros de donde se ubicaban originalmente. A los habitantes de esta localidad se les conoce en la ciudad de San Luis Potosí por ser una población que se mantiene cerca del área de explotación minera, directa y cotidianamente expuesta al riesgo9 por su cercanía con las piscinas de lixiviación con cianuro10 utilizadas por la canadiense New Gold-Minera San Xavier11 para la extracción del oro y la plata de las minas de Cerro de San Pedro.

El tema de los impactos ambientales, en particular lo relativo a las distancias permitidas entre un proyecto minero y un asentamiento humano, o más en específico, entre las piscinas de lixiviación y La Zapatilla, se ha manejado con discrecionalidad tanto en términos jurídicos como científicos. El estudio de impacto ambiental de Minera San Xavier que se dio a conocer en marzo de 1998, en los mismos días en los que se encontró muerto al entonces presidente municipal de Cerro de San Pedro, confirmó que la primera versión de la mia carecía de información puntual acerca de los impactos ambientales en el lugar y sobre la población humana, animal y vegetal.

El área de impacto del proyecto de Cerro de San Pedro tenía que ajustarse desde un inicio a lo establecido en los artículos 28 y 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (lgeepa). El artículo 28 dice: “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente” (lgeepa, 2011: 22). En el artículo 145 de la lgeepa se menciona que la Secretaría del Medio Ambiente promoverá que en la determinación de los usos del suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomándose en consideración: “I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas; II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos; III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales; IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas; V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos” (2011: 65-66).

El convenio de coordinación y cooperación en materia de protección ambiental y desarrollo firmado por el gobierno del estado y la Minera San Xavier, S.A. de C.V., con fecha 14 de junio de 2004, reconoce que “dos poblaciones se encuentran dentro del área de explotación: el poblado La Zapatilla y Cerro de San Pedro; los ejidos de Soledad de Graciano Sánchez, El Zapote, Cerro de San Pedro, Palma de la Cruz y Cuesta de Campa se encuentran en la zona de influencia del proyecto, así como los municipios de Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí” (Convenio..., 2014: 2).12

Si bien durante los primeros años del conflicto generado por la reanudación de la actividad minera en Cerro de San Pedro, esta vez con los métodos más avanzados de la minería canadiense, la empresa Metallica Resources Inc., en un primer momento, y la alianza de negocios entre la empresa New Gold y la filial mexicana Minera San Xavier, en un segundo momento, argumentaron que tenían los controles y tecnologías necesarios para evitar cualquier derrame de las aguas cianuradas contenidas en las piscinas y patios de lixiviación,13 se comenta entre la población de la zona que han ocurrido derrames de este tipo desde por lo menos 2013 (Antena San Luis, 2013).

Por su alta toxicidad y reactividad natural, la utilización y la contención de cianuro se encuentran entre las preocupaciones primordiales de las minas en las que se utiliza la extracción por lixiviación. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación y afectar directamente la fotosíntesis, las capacidades reproductivas de las plantas y puede ser ingerido o absorbido por los animales. Las concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) son letales para ellos. Según la industria minera, no existen casos de fatalidades humanas en las minas que utilizan cianuro en sus procesos de lixiviación; sin embargo, el hecho de que no se tenga reporte de muertes humanas por esta causa es caer en lo que los bioquímicos llaman la teoría de toxicología “los muertos en las calles”, es decir, la actitud según la cual si no caemos súbitamente muertos al contacto con el ambiente, todo está bajo control. Los trabajadores de estas minas tienen contacto con el cianuro y los riesgos son el polvo de cianuro, los vapores de cianuro (hcn) en el aire provenientes de la solución de cianuro y el contacto de la solución de cianuro con la piel (aeco-at, 2001:5).

En correspondencia con los derrames ocurridos en La Zapatilla, o tal vez sólo para mantener cierta congruencia con ellos, en junio de 2014, a propósito de otro desborde acontecido un mes atrás, el titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), de la Secretaría de Salud, dio a conocer a los medios de comunicación locales que trece menores de la localidad conocida como La Zapatilla presentaban altos niveles de plomo en la sangre, según un estudio toxicológico realizado por esta dependencia (Juárez, 2014: 39). Se argumentó entonces por parte de la empresa que la zona tiene presen-cia de agentes contaminantes que datan de distintas épocas de explotación de las minas centenarias de Cerro de San Pedro. Para agosto de 2014, el tema de los derrames de la minería canadiense en San Luis Potosí quedó sepultado por completo en los medios informativos nacionales debido a otro caso de derrames, esta vez de sulfato de cobre por parte de la empresa minera Grupo México en Cananea, cuya contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora en el estado del mismo nombre (Cisneros, 2014).

La relocalización de La Zapatilla

Desde la parte alta del Cerro de los Gatos, contiguo a La Zapatilla, se pueden ver las casas y los terrenos que algunos han convertido en patios, otros en corrales para la crianza de animales, otros para plantar árboles y plantas que intentan mezclarse en el paisaje con la vegetación de la zona, donde predominan los pirules, los mezquites, los matorrales chaparros, las nopaleras, las palmas, los órganos y los peñascos, entre estos últimos se dice que todavía hace algunos años se podían encontrar depósitos rituales y flechas de los guachichiles conocidas como “chuzos”.

Casi media centena de casas de La Zapatilla se extiende a ambos lados de la carretera que conduce al poblado vecino de Cuesta de Campa y que rodea el Cerro de los Gatos. El ordenamiento en forma de calles que descienden hacia la plaza principal, en donde se puede observar un quiosco, una iglesia y un centro de salud, incluye en el sector poniente unas canchas de basquetbol, un campo de futbol y un rodeo. Por el camino a Cuesta de Campa se puede ver durante el día y la noche un ir y venir de camionetas blancas —propiedad de la empresa— que se encuentran patrullando la zona. También circulan por esta vía camiones que transportan a los trabajadores de la mina, carros, motocicletas y en ocasiones personas a pie que por lo general se dirigen a Portezuelo.

El tránsito de personas a pie entre las calles de tierra y monte de La Zapatilla se limita casi exclusivamente a sus habitantes. Sólo a la hora de entrada y salida de cada uno de los tres turnos en los que se trabaja en “la minera”14 es común encontrar caminando también a algunos trabajadores; éstos son parte importante del consumo que se realiza en las dos tienditas del poblado, cuya oferta consiste básicamente en artículos para el aseo personal o de la casa; productos de la canasta básica como huevo, leche, arroz, frijol; productos de comida industrializada en latas, bolsas o cartón; y bebidas como refrescos, agua embotellada, jugos y cervezas.

El proceso de desplazamiento y relocalización de los habitantes de La Zapatilla empezó de manera formal en 1997, cuando la empresa minera solicitó a la entonces Semarnap el cambio de uso de suelo de 360 hectáreas de área forestal en el municipio de Cerro de San Pedro, con el objetivo de construir las viviendas en las que se reubicaría esta localidad (Peña y Herrera, 2008: 174). La empresa minera necesitaba el terreno donde estaba asentada la ranchería para construir los patios de lixiviación, mientras que conseguir su propio ejido era un reclamo histórico de los habitantes de La Zapatilla, así que se trocó una cosa por otra; La Zapatilla fue relocalizada a dos kilómetros de su lugar original y se consiguió su definición fundiaria como ejido (Schiaffini, 2011).

El hecho se consumó en febrero del mismo año con el contrato de arrendamiento de 290 hectáreas firmado entre el comisariado ejidal de Cerro de San Pedro y la empresa minera canadiense por medio de su filial mexicana Minera San Xavier, así como con la firma de contratos similares en estos mismos días en los predios ejidales de Cuesta de Campa, Palma de la Cruz y La Zapatilla (Peña y Herrera, 2008: 174).

La ocupación de las casas del nuevo fraccionamiento en el que se relocalizó a los habitantes de La Zapatilla se concretó en mayo de 2001. A sólo trescientos metros de las casas se construirían las piscinas de lixiviación en las cuales se llevaría a cabo la separación del mineral durante la etapa de explotación. En octubre de 2005 la empresa Metallica Resources Inc. y su filial mexicana Minera San Xavier dinamitaron el predio donde se encontraban las ruinas de la vieja ranchería de La Zapatilla para preparar el terreno de los patios de lixiviación (Montemayor, 2005). El hecho fue incorporado a los reclamos de la resistencia que entonces encabezaba el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico de Cerro de San Pedro. En los terrenos dinamitados se encontraban construcciones con valor patrimonial como la capilla de la comunidad y la finca conocida como Casa Guadalupe.

La empresa reconoció que demolió la finca argumentando que el inah no le notificó que el inmueble se encontraba en el catálogo de edificios patrimoniales. El patronato que encabezaba la resistencia envió el caso a las comisiones del Senado de la República sobre ambiente, comercio, fomento industrial y defensa nacional, las cuales denunciaron en los medios de comunicación nacionales que la empresa minera estaba operando fuera de la ley, pero todo quedó en la denuncia.

En el fraccionamiento que la empresa pretendió llamar La Nueva Zapatilla, y que sus habitantes prefirieron seguir llamando La Zapatilla para dejar en claro que seguían siendo las mismas familias que vivían en la antigua ranchería, se reacomodó a veinticuatro familias, a las cuales la empresa les dio dos opciones: una casa de dos o tres recámaras, de 75 o 110 m2 de construcción y 240 m2 de terreno para quienes pudieran acreditar la propiedad de la anterior vivienda, o bien una ayuda económica mensual por familia durante los años de operación de la mina, por la cantidad equivalente al costo de un inmueble como el de la primera opción. Las casas tendrían una fachada principal de piedra y cancelería de madera, por indicaciones del inah, para respetar el contexto arquitectónico local; tendrían drenaje, agua potable, luz y pavimento, una cocina, un baño completo y una sala-comedor (López, 2004: 10).

Algunos, que antes de la llegada del proyecto Cerro de San Pedro vivían en un rancho, pero estaban mejor, consideran que donde están ahora “es como un fraccionamiento de la ciudad, allá en el racho era otra cosa porque allá nací y ahí crecí” (entrevista, 19 de julio de 2011). Algunos de los mineros que ahora trabajan para la empresa canadiense mencionan que “algo no ha cambiado todavía”, que tienen la certeza de que todos se conocen y que con esta base de relaciones de confianza se da la convivencia cotidiana y la solución a los problemas en un ambiente de reciprocidad. “Así era en el ranchito y así es aquí, todos nos conocemos y gracias a dios no pasa nada, está todo tranquilo” (entrevista, 26 de julio de 2011).

Pero sí pasó. En mayo de 2014, casi un mes y medio después de que la empresa anunciara a la prensa nacional que en dos años más iniciaría el proceso de cierre, después de haber cumplido un periodo programado de ocho años de explotación (Enciso, 2014: 33), lluvias torrenciales se acumularon rápidamente en las piscinas de lixiviación; antes de que la empresa pudiera controlar la situación, se derramaron las aguas con cianuro utilizadas para separar el oro y la plata. El hecho sacó a la luz que no era la primera ocasión en la que sucedían fugas de la mezcla cianurada en los patios de lixiviación y que estos residuos peligrosos se dejaban a nivel de la tierra sin mayores cuidados. La asesora de los vecinos de la comunidad de Cuesta de Campa aseguró ante la prensa local que debido a ello había personas que presentaban manchas en la piel o problemas diversos como enfermedades colaterales que podían ser producto del envenenamiento con el cianuro (Rodríguez, 2014).

Durante los días posteriores a los derrames, en las inmediaciones de las oficinas de la empresa que se encuentran a un costado de la carretera de acceso al pueblo de Cerro de San Pedro, y en los alrededores de La Zapatilla, se podía observar a los trabajadores de la minera, con trajes blancos que les cubrían de pies a cabeza, mientras extraían con motobombas las aguas de los derrames acumuladas sobre los terrenos, arroyos y escurrideros. En esos días la empresa se había comprometido a entregar los resultados de los análisis del agua contenida en una pileta para el consumo de los habitantes de La Zapatilla, pero en la asamblea dominical se limitaron a decir a los pocos asistentes que todo estaba bien y que no corrían ningún peligro con lo ocurrido.

En su condición de población relocalizada desde 1997, las huellas que deja un proyecto minero con estas características pueden verse en el día a día en la convivencia de la gente, en las camionetas de la empresa pasando de forma constante, en los árboles, nopales y magueyes cubiertos de un polvo muy fino que les impone un aspecto cenizo, en las aguas color cobre que corren sobre escurrideros y se acumulan en el estanque donde a veces se encuentran perros y otros animales bebiendo agua, en el kiosco y la plazoleta casi siempre sin personas, en el pequeño centro médico con logotipo de la empresa en la fachada y que se mantiene la mayor parte del tiempo cerrado.

En este contexto, el conflicto por la explotación minera en Cerro de San Pedro parece transmitir un significado distinto, como si en medio del torbellino de acciones y discursos en torno al propio conflicto, a nivel de cancha y en algunos rincones de la misma, se mantuviera alguna suerte de zonas de amortiguamiento o zonas al margen de la disputa, algunas áreas del contexto en las que la tensión adquiere una forma latente pero silenciosa como en La Zapatilla.

Conocimientos, poder y medio ambiente. Apuntes teóricos para el análisis del clientelismo social y el horizonte de coerción en el caso de La Zapatilla

En el informe sobre la “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino en 2008”, que contiene la sección sobre “Impactos socioambientales de la minería”, el tema sobre “Problemas asociados a la lixiviación con cianuro” y en específico en el tópico sobre “Las empresas mineras y los derechos humanos”, se encuentran dos referencias que se ajustan muy bien al caso de estudio.

Una de las referencias trata el tema del empleo del cianuro en la industria minera para extraer los metales de la roca:

Existen dos tipos de métodos de lixiviación con cianuro en minería: en pilas y en tanques […]. Además de unirse con los metales preciosos, el cianuro se une con otros metales y puede producir una serie de compuestos tóxicos de cianuro. El cianuro es un compuesto químico altamente tóxico,la exposición a dosis altas daña el cerebro y el corazón, puede causar coma y la muerte. La exposición a niveles bajos puede provocar problemas respiratorios, dolores cardiacos, vómitos, alteraciones en la sangre, dolores de cabeza y crecimiento de la glándula tiroides. Tanto el cianuro como los drenajes ácidos pueden alcanzar los arroyos y ríos a través de derrames accidentales, descargas, rebalse de los diques y del agua de escorrentía.

Si bien se dice que una vez desechado se degrada rápidamente por la acción de la luz solar, el cianuro tiende a reaccionar con otras sustancias químicas y a formar, como mínimo, cientos de compuestos diferentes. Además de la degradación natural, las empresas mineras proponen el empleo de métodos de tratamiento para destruirlo. Sin embargo, si bien los procesos de destrucción de cianuro disminuyen las concentraciones de muchos compuestos de cianuro, varios de éstos, también tóxicos, permanecen. Estos compuestos químicos normalmente no son tenidos en cuenta en los monitoreos y controles, por lo que las verdaderas emisiones permanecen desconocidas en la mayoría de la minas (Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad, 2008: 109).

La segunda referencia trata el tema de la preocupación ante el hecho de que las empresas mineras hagan donaciones que van acompañadas de una campaña publicitaria a favor del trabajo desarrollado por ellas, ya que esto puede traducirse en una inhibición de toda posible crítica, incluso puede restringir la participación y ejercicio de la defensa de los derechos ambientales que la población considere afectados (2008: 120). Las empresas mineras cuentan con estrategias para trabajar en la reingeniería social de las poblaciones, ya sea con la intención de que aflore el conflicto cuando se requiere romper el tejido comunitario, ya sea para impedir que la conflictividad se desborde, cuando se necesita un trabajo sistemático de convencimiento colectivo las mineras saben muy bien de que la más eficaz e insidiosa utilización del poder consiste en impedir que el conflicto aparezca (Lukes, 2014: 19-20).

En el caso de México, en particular en el caso de Cerro de San Pedro, la experiencia argentina sirve para poner en perspectiva la condición que atraviesan en la actualidad las familias de rancheros mineros en el caso de La Zapatilla. Su circunstancia se caracteriza no sólo por su transformación de rancheros mineros a rancheros obreros de la minería canadiense, sino por lo que ha implicado el proceso de cambio en términos de sus conocimientos acerca de la actividad minera y de su relación con el medio. El proceso ha implicado el ajuste “voluntario” o adaptación a otros procesos igualmente en curso: a) los impactos ambientales y la exposición prolongada a los riesgos para la salud humana y de los animales, sobre todo después de los derrames tóxicos ocurridos durante los últimos años; b) el crecimiento urbano de la capital, que, entre otras cosas, implica una paulatina incorporación de estas localidades a las actividades y los itinerarios dictados por la dinámica de una zona metropolitana como la de San Luis Potosí; y c) el proceso de cierre del proyecto extractivo de la empresa New Gold en 2016, que, después de haber cumplido con un plan de explotación de ocho años, hace que se aparezca de nuevo entre la población de la zona el temor del desempleo.

Cuando las empresas se han ido y las minas de Cerro de San Pedro han quedado abandonadas, la población de las localidades en los alrededores regresaba a las formas del rancho. Pero entre la población de La Zapatilla emerge ahora una nueva valoración de lo sucedido con su relocalización en casas con “todas las comodidades” (López, 2004: 9).La Zapatilla es uno de esos casos en los que el costo ambiental y de largo plazo para las personas, animales y los recursos en el entorno no se calcularon a la par de las promesas de desarrollo económico, y en consecuencia es cada vez más evidente que el desarrollo económico prometido por el gobierno estatal y la empresa se convirtieron, al final, en pérdida de tierras, pérdida de caminos,15 pérdida de recursos naturales o de acceso a los mismos, así como en desconocimiento y falta de control sobre la información relacionada con la contaminación del aire y del agua para el consumo humano y de los animales.

Lo que ocurre en La Zapatilla representa sólo un botón de muestra de lo que sucede en todo el país desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994. A partir de entonces, más de quince millones de mexicanos fueron desplazados de sus tierras para su uso industrial, incluyendo, como puede verse en este caso, el uso para la industria minera canadiense (Mandeep, 2007: 4-5).

Para los relocalizados, el traslado a un nuevo entorno físico y social significa la modificación tanto de su red de relaciones sociales como de sus sistemas de obtención y circulación de recursos preexistentes (Bartolomé y Barabas, 1990: 34). Su horizonte de coerción está marcado por esto. Siguiendo a Lomnitz (2005) y a Garibay (2015), con la noción de horizonte de coerción me refiero al conjunto de mecanismos de dominación que la empresa ha establecido a partir del desplazamiento de la población y mediante el cual se ha instaurado un régimen de reciprocidad negativa que opera bajo la lógica de explotar el oro y la plata manteniendo niveles raquíticos de retribución, sin considerar además las expectativas de futuro de la propia población más allá del cierre del proyecto extractivo.

Las relocalizaciones poblacionales constituyen procesos de interés sociológico y antropológico precisamente porque se trata de reacomodos y transformaciones de la organización y cambios en las interacciones sociales en general, así como de las relaciones de poder que determinan la formación de un nuevo contexto de armonía bajo tensión en lo particular. El poder del capital económico de la minería canadiense, en este caso, descansa sobre una retórica de control de riesgos y de información, metabolizada de forma social tanto por los ingenieros de la empresa como por las familias de mineros de La Zapatilla en forma de un tipo de “inmunidad subjetiva”, es decir, una estrategia adaptativa según la cual los seres humanos, en estos contextos de profundas intervenciones sobre el territorio y sobre los ecosistemas, se pueden mantener serenos en medio de los peligros (Douglas, 1996: 58). Las pretensiones de control del pensamiento colectivo pueden adquirir distintas formas menos totales y más mundanas como este tipo de “inmunidad subjetiva” construida por medio del control de la información, merced a los medios de comunicación y los procesos de socialización (Lukes, 2014: 19).

La empresa canadiense New Gold/Minera San Xavier ha manejado —tanto hacia dentro como al exterior— un discurso de control sobre los riesgos ambientales que se pudo consultar en su portal de internet. La minera mencionaba que en 2008 la Cámara Minera de México (Camimex) le otorgó un premio por su expediente ejemplar de seguridad (New Gold, 2012a). Asimismo, en la prensa local se dio a conocer en 2011 que la Semarnat ratificó que la empresa New Gold cumplía con todos los requisitos técnicos y normativos para seguir operando (Hernández, 2011).

La familiaridad parece generar confianza en áreas de explotación minera, igual que áreas de inundación o de proximidad física a centrales nucleares (Guadeney y Mendel, en Douglas, 1996: 58). El individuo y su grupo social parecen acotar la percepción de los riesgos altamente probables y de los más distantes por igual, de tal forma que su mundo parezca más seguro de lo que es (1996: 58). Las fuentes sociales de la inmunidad subjetiva se encuentran entonces en la construcción colectiva de la realidad que se percibe y el contexto de conflictividad dentro del cual se desarrolla dicha construcción social de los riesgos.

En La Zapatilla, el contexto de conflictividad se expresa de manera cotidiana como resultado de la penetración de la empresa minera canadiense, que tiene el poder de practicar la relocalización de grupos humanos y de generar con ello un tipo de clientelismo social.16 Los estudios sobre el clientelismo provienen de las investigaciones sobre las comunidades rurales en el Mediterráneo, realizadas por antropólogos como Julian Alfred Pitt-Rivers, John Kennedy Campbell y John George Peristiany, que en los años cincuenta del siglo pasado abordaron las relaciones de poder como resultado de la penetración del Estado (Combes, 2011: 15).17 En este caso, donde tratamos con un proceso de penetración de una empresa trasnacional sobre territorios históricamente mineros en México, me remito más bien al estudio del punto de vista de “los clientes”, un enfoque microsocial desarrollado por la antropología durante la segunda mitad del siglo xx, que no implica omitir que dichos clientes pueden actuar según esquemas interiorizados que hacen que no sean conscientes de su dominación (2011: 25).

Para quienes viven en este tipo de contextos de conflictividad, la dimensión social de la conflictividad no se reduce a la presencia o ausencia del conflicto en algunas de sus expresiones violentas. Existen otras dinámicas de interacción y de organización social que se producen como resultado de la instauración de la armonía bajo tensión mediante la dominación del poder económico. El conflicto latente, el conflicto en potencia y el no conflicto aluden a variantes de conflictividad vinculadas a sistemas de socialización en los contextos locales. Los sistemas de interacción y socialización con sus discursos y prácticas que se establecen como normales en ellos determinan una distribución de poder y de formas de violencia no visibles sobre las cuales se construye la dominación territorial y espacial de unos intereses, valoraciones y formas de conocimiento sobre otros (Madrigal, 2014: 63).

En el contexto de relaciones de poder generado por el conflicto de Cerro de San Pedro, la propia presencia del poblado La Zapatilla a trescientos metros de los patios de lixiviación constituye una prueba de la dominación del poder económico sobre el social, que así también exhibe sus niveles de aceptabilidad del riesgo en la región; una demostración física y espacial de que el conocimiento científico-técnico de la empresa y la aprobación de las autoridades gubernamentales se levantan sobre los hombros de las creencias y los conocimientos no científicos de los que se oponen a la minería a cielo abierto y la población desinformada. La perspectiva ambiental que ha generado esta situación de intervención en el paisaje desde el poder económico y político se puede percibir a nivel micro en la experiencia directa de la vivencia, lo cual genera también conocimiento y hace posible que lo sucedido dentro de la esfera individual cobre relevancia social (Durand, 2008: 83).

El conocimiento es básicamente una construcción social que resulta de los encuentros y discontinuidades que surgen en los puntos de intersección entre los mundos de vida de los actores (Long, 2007: 342). De esto desprendemos que en el contexto del caso existen por lo menos dos tipos de conocimientos o construcciones sociales que resultan de la interacción entre los mineros ingenieros de la empresa y los antiguos mineros de La Zapatilla: el conocimiento racional de la ciencia, legitimado por el Estado y el mercado, y el conocimiento no racional considerado por los poderes económico y político como emocional e ilegítimo (Santamarina, 2006: 28). El conocimiento científico-técnico de los ingenieros de la empresa se puede entender —en un sentido macro— como una totalidad que consiste en una extensión del conocimiento altamente especializado, por lo general accesible sólo para grupos de expertos como ellos y que, por lo mismo, ejercen una especie de propiedad monopólica sobre éste (Elias, 1994: 57-58). En contraparte, el conocimiento existe también en forma de una necesidad de los individuos y de los grupos sociales de valorar los conocimientos científico-técnicos con los conocimientos de la experiencia y vida ordinaria, ya que este tipo de conocimientos pueden terminar enriqueciendo a la ciencia (Richards, en Long, 2007: 313), como de hecho lo hacen al ponerla en duda y actuar contra sus posibles riesgos. Entre los mineros de La Zapatilla existen algunos que mantienen la práctica de la crianza de animales de traspatio, uno en particular que tiene su corral en un sitio cercano a las piscinas de lixiviación donde se separa el oro y la plata, por lo que utiliza agua con cianuro. “Aquí es donde estoy monitoreando si pasa algo con los animales antes de que nos llegue a nosotros” (diario de campo, vol. 3, marzo 2014).

El poder, por otra parte, lo entendemos desde un enfoque tridimensional (Lukes, 2014: 22). Primero, porque no sólo se trata de aquello que se relaciona con el conflicto, sino que se trata también de la adopción de decisiones que resulta de la acción de retener o monopolizar lo que otros necesitan (Elias, 1994: 53). Segundo, porque aquello que articula las distintas experiencias y perspectivas sobre el entorno natural en una estructura conjunta que reconocemos como un grupo social en apariencia homogéneo (Quijano, en Quintero, 2010: 7) son precisamente tanto la adopción de decisiones como la adopción de no decisiones, ambas resultantes de la monopolización de lo necesario para optar por una u otra. Y tercero, porque es necesario cuestionar que el poder de adopción de no decisiones existe casi en forma exclusiva donde se dan los agravios, suponiendo así que si las personas no sienten ninguna afectación entonces no tienen intereses susceptibles de ser lesionados por el uso del poder (Lukes, 2014: 20). En síntesis, se trata de un enfoque que no sólo incorpora al análisis de las relaciones de poder la cuestión del con-trol sobre el programa político y de los modos de mantener fuera del proceso político problemas potenciales (2014: 16), sino que también incluye la observación puntual del margen de agencia política individual y colectiva que se abre paso entre el intento de control del programa político y el horizonte de coerción históricamente construido y reconstruido por la minería.

El punto de articulación que propongo para este trabajo entre las nociones de poder, conocimientos científico-técnicos, conocimientos no científicos y el medio se encuentra en el análisis de una población que reflexiona —en el contexto de relaciones de poder locales— sobre el horizonte de coerción instaurado en su vida comunitaria desde su re-localización y sobre la forma en que esto determina la problemática que enfrentan con los peligros, riesgos, culpas y responsabilidades, presentes y futuras (Santamarina, 2006: 16).

Cuando se trata de peligros y riesgos,18 se trata de estrategias que colaboran en la edificación de límites al situar lo aceptable e inaceptable del sistema social (Douglas, en Santamarina, 2006: 23). A lo que yo agrego, reflexionando en mi caso, que se trata de una circunstancia creada por una forma de relación con el entorno natural en donde las relaciones de poder incrementan las posibilidades de distintos tipos de peligros y riesgos, tanto de desastres naturales como de desastres industriales. De por sí el desarrollo industrial jamás elimina del todo los peligros; al excluir una fuente de peligro introduce otra (Douglas, 1996: 45).

Mecanismos de dominación y horizonte de coerción desde el punto de vista de los clientes en La Zapatilla

En La Zapatilla se tuvo conocimiento del riesgo que significaba vivir cerca de las piscinas de lixiviación y de la actividad minera a cielo abierto mediante la movilización social impulsada por un grupo ciudadano denominado Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, conocido como el fao.19 Las protestas que habían realizado los miembros de este frente en Cerro de San Pedro, en las puertas de las oficinas de la empresa minera, en distintos espacios de la capital del estado de San Luis Potosí y de la Ciudad de México, en las redes sociales, además de actos de protesta en Canadá, lograron colocar el tema de los riesgos ambientales derivados de la actividad minera a cielo abierto, en particular de capital canadiense, en el debate público a nivel estatal y nacional. Algunos de los mineros relocalizados de La Zapatilla que actualmente trabajan para la empresa han sido testigos de los actos de protesta del fao cuando éstos han llegado hasta las oficinas de la empresa ubicadas en la periferia norte del poblado sobre el camino a Cerro de San Pedro. Las familias de la localidad sostienen una red de relaciones y puntos de interacción con la capital que les permite obtener información adicional sobre lo que se dice del caso en la ciudad, o bien sobre las acciones realizadas por la resistencia que encabeza el fao.20

Desde un punto de vista general, la perspectiva ambiental del riesgo se ha creado a partir de varias interpretaciones de la situación que se reducen a dos posiciones antagónicas: 1) la que considera exageradas las preocupaciones por los peligros y riesgos de vivir cerca de un proyecto minero como el de Cerro de San Pedro; y 2) la que considera que se exagera tanto en la confianza que se pone en los sistemas de control, como en la poca atención que se le presta a la despreocupación social. Ambas posiciones están relacionadas de manera estrecha con el horizonte de coerción que opera en el territorio histórico de los habitantes de La Zapatilla y localidades vecinas.

En La Zapatilla los riesgos de la minería han formado parte de su relación con el entorno desde que se tiene memoria, de tal manera que la población tiende más a la posición que piensa que se están exagerando los peligros, aunque, como se verá más adelante, esto nunca es una interpretación fija, sino que se modifica de acuerdo con el marco de relaciones de poder con el que se vive en cada comunidad.

El conocimiento científico-técnico que las personas de La Zapatilla reconocen en los ingenieros de la empresa minera no impide su reflexión y sus dudas sobre los riesgos de vivir cerca de las piscinas de lixivia-ción a más de una década de haber sido relocalizados. Se reconoce que los ingenieros “son muy estudiados” y que “la empresa maneja mucha tecnología”, pero los habitantes de la Zapatilla saben desde generaciones atrás los riesgos de la actividad minera; algunos han trabajado antes en otros proyectos mineros, otros tienen a alguien en la familia que trabaja para New Gold-Minera San Xavier, otros más provienen de familias que trabajaron antes en las minas de Cerro de San Pedro cuando éstas fueron explotadas por otras compañías con el método de túneles.

Tres meses antes de que sucediera el derrame del 25 de mayo de 2014 (Hernández, 2014), tal vez el más mediático de los derrames tóxicos que alertaron a la población del valle de San Luis acerca de los desbordes y filtraciones frecuentes de agua con cianuro de las piscinas de lixiviación de la empresa New Gold-Minera San Xavier, caminando por los terrenos del ejido en compañía de un minero de La Zapatilla, éste me hablaba sobre sus orígenes mineros y los de su familia. Con el sol a plomo, mientras nos abríamos camino entre matorrales, mezquites y yucas, de pronto mi acompañante se detuvo y me invitó a tomar asiento entre unas piedras que se encontraban a la sombra de un pirul. Me señalaba con la punta del machete hacia un grupo de ingenieros con chalecos y logotipos del corporativo canadiense a la distancia se observaba que trabajos de barrenado de un pozo en las cercanías del panteón antiguo del pueblo de Cerro de San Pedro. Mi compañero dijo que estaba metido en “una bronca” porque le había “metido pleito a la empresa” por haberle ocupado tierras sin su consentimiento para la instalación de pozos de monitoreo de agua; que no sabía qué hacer, pero que no se iba a dejar (diario de campo, vol. 3, 6 de febrero 2014).

La respuesta que recibió este minero fue que cuidara su trabajo y que cuando la minera se fuera sería recompensado por todas las molestias. Comentó que, en efecto, no podía correr el riesgo de quedarse sin trabajo siendo más enérgico con su reclamo, ya que tenía una hija enferma que se tenía que atender en la ciudad de Monterrey y necesitaba el trabajo para cubrir los gastos. “Me lanzaron por delante al apoderado legal de la empresa”; éste lo amenazó con denunciarlo ante la Semarnap por haber desmontado tierras sin permiso y con correrlo del trabajo. El minero amenazó, a su vez, con acusar a los ingenieros de la empresa de haber causado destrozos en sus terrenos ya que había encontrado mezquites pisoteados, palmas rotas y palos de cerca quebrados. En algún momento pensó en acusar a la empresa de contaminación ya que también hacía tiempo que observaba un cambio de color en la tierra; “ahora se está poniendo roja, pero antes era negra”; el suelo cerca del estanque donde tomaban agua los animales estaba acumulando salitre, las vacas evacuaban excremento rojizo que se atribuía a los polvos generados por la actividad minera. Al final no hizo nada porque, según decía, “para hacer la demanda se necesita quién lo respalde”. Argumentó que se trata de una empresa trasnacional que tenía mucho dinero y que podía meterlo a la cárcel o “hacer cualquier cosa”. Los hermanos, que también trabajan para la empresa, uno de ellos del consejo de vigilancia, lo apoyaban en el pleito, pero se mantenían a la expectativa por temor también a perder el empleo.

Mi acompañante, minero desde niño, se refería a una descripción que me parece de lo más preciso para definir la circunstancia que vive esta población desplazada por la minería canadiense de oro y plata: que al mismo tiempo que se mantienen económicamente de trabajar en la empresa que los reubicó, se mantienen también en una condición clientelar con respecto a ella. Los vínculos de dependencia que se han generado durante los años de operación del proyecto Cerro de San Pedro Mine se encuentran afianzados sobre relaciones de subordinación que pasan por lo histórico, lo laboral y lo familiar; en esta medida, se han convertido en parte de los mecanismos de dominación mediante los cuales opera el horizonte de coerción establecido en Zapatilla desde su relocalización.

Un jefe de familia de aproximadamente sesenta años, que también trabajaba para la empresa minera como vigilante, combina su trabajo con la crianza de animales que después vende en el rastro de la capital o a particulares. Tiene un corral en el límite de los trescientos metros de distancia que separa a su comunidad de las gigantescas albercas en las que la empresa minera vierte cianuro a cielo abierto para separar el mineral, lo considera una especie de sensor de contaminación ambiental que —en su opinión— le sirve para saber en qué momento podría pasarle algo a él y a su familia: “Para mí, ésta es la forma de estar viendo qué pasa. Pero hasta ahora los animales están bien; incluso tengo unos borregos que, como ayer que llovió y se hacen los charcos, los animales toman agua de ahí y hasta ahora no les ha pasado nada” (entrevista, 20 de julio de 2011).

Esta persona trabajó antes en una mina de carbón en Coahuila. Creció en una familia de mineros que trabajaron las minas de Cerro de San Pedro en sus épocas de bonanza; y en sus épocas de abandono su experiencia y conocimientos personales lo mueven a lanzar una crítica aguda a los ingenieros de la empresa llamándoles “mineros soletereos”. De acuerdo con su concepción del trabajo minero, estos “ingenieros que andan en el sol no saben realmente andar adentro de una mina, no son mineros mineros porque, por ejemplo, no saben tentar el oro a mano con un cuerno de toro” (entrevista, 26 de julio de 2011).

Otro jefe de familia, de más cincuenta años de edad y que trabaja como personal de mantenimiento para New Gold/Minera San Xavier desde hace seis años, se dedica por su cuenta a la crianza de animales, principalmente de caballos. Durante los últimos dos años ha estado vendiendo en lotes de diez por quince metros el terreno que la empresa le otorgó a cambio de dejar su propiedad anterior. Uno de los lotes se lo compró una de sus hijas para la construcción de su casa; los dos lotes restantes fueron utilizados antes para la siembra de frijol, maíz, calabaza y alfalfa, pero se echaba a perder la siembra con las inundaciones en tiempo de lluvias; cada lote se puede comprar en 35 000 pesos. Este minero está convencido de que los peligros de la minera no son tantos y que los conocimientos técnicos especializados que manejan los ingenieros de la empresa pueden evitar que algo pase; y si en algún momento pasa, tienen el conocimiento para saber cómo remediarlo. En su opinión, la empresa obtiene el mayor provecho económico y político de la situación de conflictividad que impera en la región, ya que tiene puesta en el territorio una marca gigantesca de su poder económico y político.

Como personal de mantenimiento, este jefe de familia tiene claro que ocupa un puesto que puede perder en cualquier momento “por cualquier error o cualquier pretexto” (entrevista, 19 de julio de 2012). Con base en su experiencia y conocimientos personales sobre su entorno, sabe que los árboles de su casa y los de la casa de enfrente se están secando. “¿Sabe por qué?”, tiene las sospechas de que se trata de los impactos ambientales de la actividad minera en el lugar, pero, aunque lo ha hablado con otros vecinos de la comunidad, no han encontrado forma de comprobarlo. Existe una relación desigual de poder en el acceso a los conocimientos científicos en el caso de la población. Dicha desigualdad se encuentra sustentada en el poder económico de la empresa trasnacional y el poder político gubernamental, mientras que los conocimientos no científicos a los que tienen acceso se encuentran sustentados en la experiencia cotidiana, así como en la experiencia común de sobrevivir en el territorio.

No obstante, lo que parece una desigualdad insalvable genera en La Zapatilla distintas interpretaciones y estrategias que cuestionan la hegemonía del discurso de los riesgos ambientales controlados por medio del conocimiento científico y los poderes económico y político. Como la contaminación está en el propio medio político-económico (Santamarina, 2006: 26), las acciones de la empresa se limitan a un control simbólico de los riesgos que normaliza lo ecológico, mientras que, desde abajo, la reproducción de la normalización del discurso hegemónico de la seguridad genera una necesidad individual-social de reevaluar los conocimientos técnicos y científicos con los conocimientos y las experiencias de la vida ordinaria.

Los mineros de La Zapatilla tienen conocimientos sobre la actividad minera tradicional y conocen bien el territorio donde están las minas y sus raíces. Ajenos a los conocimientos científicos que manejan los ingenieros de la minera canadiense, los conocimientos se los han dado el lugar y su gente. Estos conocimientos están muy relacionados con la memoria, en donde tienen muy presentes los tiempos en los que no había trabajo en la mina y se pasaban jornadas de ocho a diez horas tallando tres o cuatro kilos de lechugilla, para después venderla a cinco pesos el kilo. Eran tiempos en los que comían ratas de campo y de lo que daba el monte, cuidando los animales entre los peñascos y cañadas; se atenuaba el hambre con unas tunas, con unos garambuyos o con unos huevos de codorniz envueltos en una penca de maguey y cocinados sobre las piedras, “con el jugo de la penca se cocían y sabían bien buenos” (entrevista, 6 de marzo de 2013). En una ocasión un gerente de la empresa dio a entender que sin los empleos de la empresa la población del municipio no podría sobrevivir. El gerente se sorprendió cuando uno de los mineros de La Zapatilla salió de entre el grupo de trabajadores para respoder que “si un gerente se quedaba solo en el monte, se moriría de hambre”, mientras que un ranchero del lugar sabía cómo sobrevivir.

La condición clientelar de los habitantes de La Zapatilla se vale de los conocimientos locales y de la memoria para subrayar su identidad minera, sin que esto implique un rompimiento de los vínculos de dependencia con la empresa. Entre los mecanismos de dominación que se desarrollan en contextos de armonía bajo tensión como éste, el que se mueve a través de la memoria colectiva se topa con el tejido de los vínculos identitarios, pero ejerce su poder de coacción por la vía de la normalización de las relaciones de subordinación. El corral que hace las funciones de una estación de monitoreo ambiental, como si ésta fuera la forma normal de ejercer el derecho a la salud, hace un profundo contraste con lo que los habitantes de La Zapatilla recuerdan que era la vida en el rancho. El horizonte de coerción que opera ahora en la región es muy distinto del que había antes de la relocalización.

En el proceso entre uno y otro horizonte de coerción, uno de los cambios más significativos para los mineros de La Zapatilla se encuentra en su falta de contacto con el mineral que se extrae de las minas de Cerro de San Pedro. “Nosotros ya no vemos el oro, todo se lo llevan”. Algunos que trabajan en la mina afirman que sacan el oro en camiones blindados por la madrugada. Otros aseguran que lo guardan en “vasitos de barro porque el barro absorbe el agua y se queda el oro”, o que lo matienen en forma líquida mezclado con agua, “como si fueran orines” (diario de campo, vol. 4, 29 de septiembre de 2014).

En la industria minera actual se reserva mucho la información sobre la parte final del proceso de producción del oro y la plata, y sobre sus rutas de traslado hasta su destinatario final. Un ingeniero de mina me informaba durante un recorrido por las instalaciones de la empresa New Gold-Minera San Xavier que el mineral extraído se va para Canadá, y de ahí para Medio Oriente. Sin embargo, el mismo ingeniero también afirmaba, igualmente convencido, que “nadie sabe dónde está el Cerro de San Pedro” y que “abajo del pueblo está la mera cajeta” (diario de campo, vol. 1, 15 de junio de 2012), refieriéndose a la existencia de una supuesta veta madre ubicada en la montaña, justo debajo del pueblo de Cerro de San Pedro. Es difícil creer tal cosa cuando se sabe que en las últimas décadas la minería metálica de explotación de veta por galerías subterráneas ha sido sustituida por la explotación de minas a cielo abierto, donde el mineral se encuentra en minúsculas partículas diseminadas en grandes yacimientos (Varela, 2013). De hecho, esto es lo que hace viable la explotación de depósitos que fueron trabajados en el pasado mediante nuevas técnicas de extracción y procesamiento capaces de extraer concentraciones de metal extremadamente bajas, como es el caso del oro, donde las minas a cielo abierto y el uso de soluciones de cianuro en procesos de lixiviación permite obtener hasta un gramo de oro por tonelada de piedra (Phillips et al., 2008: 120).

El carácter dinámico del cambio, en el que la subordinación tiene como ejes de tensión distintos usos de las relaciones clientelares, se encuentra en la base de la interacción social por razones históricas, pero esto conlleva un determinado control de información y una práctica de la administración de la “inmunidad subjetiva” por parte de los ingenieros. Su intervención es directamente como alentadores o inhibidores de la tendencia social a ignorar los peligros cotidianos menos frecuentes; su presencia hace que, en el plano afectivo, el mundo inmediato parezca más seguro de lo que es en realidad (Douglas, 1996: 58).

Pero el mismo efecto se genera al encontrarse inmerso en la retórica de control de la empresa minera canadiense, como lo muestra la experiencia de los jóvenes de la localidad que trabajan o han trabajado ahí. Dos trabajadores jóvenes, de entre veinte y treinta años, al salir del turno de primera (siete de la mañana a tres de la tarde), comentaban entre ellos, mientras se tomaban una cerveza afuera de una de las tiendas de La Zapatilla, que “para entrar a trabajar a la empresa no piden gran cosa”, que para manejar un Yukle (camión de carga para minería) se requiere nada más la secundaria y que la empresa ofrece la capacitación. Los jóvenes ocupan puestos como técnicos mecánicos para dar mantenimiento a las pipas de agua y camiones de carga, como conductores de camiones o como ayudantes de almacén.

Un hijo de uno de los viejos mineros, un joven de veintitrés años que entró a trabajar a la minera a los diecisiete gracias a un permiso firmado por su papá me contó que, después de haber sido expulsado de la secundaria, se metió a trabajar como ayudante general. Más tarde trabajó en otras áreas y se metió hasta donde está el cianuro. “Entré, y dije chingue a su madre! Al principio sí, yo decía ¡ay, hijo de su pinche madre!, pero después ya vi que no pasaba nada” (entrevista, 19 de julio de 2011).

Los testimonios y el trabajo de campo muestran aspectos fudamentales de la relación entre algunas formas de conocimiento, de ejercicio o demostración de poder y de la manera en que se ven involucrados los recursos del entorno en este tipo de contextos de relocalización de la minería canadiense en la actualidad. Con esta que es la más reciente y la más invasiva de las explotaciones de oro y plata en el estado mexicano de San Luis Potosí se da cuenta de la formación de contextos locales “de armonía bajo tensión” en los que las relaciones de poder muestran las distintas formas de penetración del modelo extractivo canadiense y el proceso de despliegue y definición vivencial del horizonte de coerción que opera en su terruño.

Conclusiones

Lo que sucede con los rancheros mineros de La Zapatilla, tanto en relación con los riesgos con el cianuro como en relación con los beneficios que pueden traducirse en una inhibición de la crítica, la participación y el ejercicio de la defensa de los derechos ambientales es que, con la relocalización voluntaria de las familias de esta localidad, algunos de sus miembros han obtenido empleo en la minera, pero esto los ha colocado en una nueva condición de rancheros obreros de la minería.

Llama la atención, por ejemplo, que algunos de ellos se refieren a la minería de acuerdo con sus conocimientos locales, trasmitidos por los mayores que trabajaron como gambusinos o buscones y que sabían encontrar y tentar el mineral de Cerro de San Pedro. En la actualidad, refieren que no pueden ver el oro y la plata que se producen con el método de tajo a cielo abierto y el uso de la lixiviación con cianuro, de tal forma que algunos aseguran que los ponen en botecitos, y otros que lo sacan del lugar en forma líquida o en barras. Este tipo de valoraciones incluyen también la crítica a los ingenieros de la empresa, a quienes llaman “mineros soletereos”. En realidad a los mismos ingenieros de mina les gusta más la minería subterránea “porque hay que pensar y leer más, porque hay que empaparse y resolver resistencia de materiales, mientras que aquí en la mina a cielo abierto nada más van los pinches camiones de allá para acá” (diario de campo, vol. 1, 15 de junio de 2012).

El contexto que se produce mediante este tipo de relaciones clientelares y horizonte de coerción, con los que los conocimientos científicos y los tradicionales se encaran para dar paso a formas de ejercer el poder y de resistirlo, se amalgama con los recursos del entorno, lo cual da como resultado un estadio comunitario de armonía bajo tensión y un paisaje correspondiente. La circunstancia que se caracteriza por su sistema de relaciones de subordinación normalizadas como necesarias para obtener empleo, comodidades y pequeños lujos de la ciudad, así como los modos de vida modernos que legitiman y justifican la intervención y la presencia de una empresa minera trasnacional detonadora del progreso, es una circunstancia que se define mejor en los términos de los propios clientes, quienes reflexionan y llegan a conclusiones como la siguiente: “Ahora estamos mejor, pero antes nos sentíamos más contentos y más libres”.

La población de La Zapatilla se ha mantenido fuera del foco del conflicto centrado en buena medida en la cabecera municipal, a partir de su relación de dependencia laboral y de los beneficios que ha obtenido gracias a ello. Por ejemplo, la construcción y mantenimiento del sistema hidráulico para su abastecimiento de agua potable, la construcción de una clínica de salud, el mantenimiento de la carretera que atraviesa la localidad, la cooperación para las fiestas patronales, la disposición de un autobús para llevar y traer a los niños de la escuela, por sólo citar algunos, han reforzado la condición clientelar de las familias en La Zapatilla.

Así, el conocimiento, el poder y el medio tienen un punto de contacto en la creación y recreación del horizonte de coerción que no todos interpretan de la misma manera, pero que todos reconocen porque forma parte del fondo común de conocimiento del grupo social acerca de su manera de relacionarse con el entorno natural antes y después de la llegada de la minera canadiense.

La noción de ambiente es considerada aquí tanto un medio como un sistema de relaciones (George, 1972); un medio en el sentido de que envuelve y puede determinar las actuaciones humanas, como una envoltura formada por factores físicos, como los climáticos, topográficos, hidrográficos, edafológicos, geológicos, etc., y formada también por factores antropogénicos, como los demográficos, socioeconómicos, culturales, industriales, etc.; como un sistema de relaciones, en el sentido de que descansa sobre un horizonte de coerción común que opera a partir de relaciones de subordinación y dominación normalizadas en un contexto societal de armonía bajo tensión, pero no sin admitir, pese a los intentos de control total, una mínima agencia política por parte de actores individuales y colectivos.

En el paisaje cotidiano de La Zapatilla, la presencia del proyecto minero puede parecer abrumadora y peligrosa para los que no viven en el lugar o en la zona. De hecho, para los habitantes de la capital, hace apenas tres años que tanto el cráter formado por el tajo a cielo abierto como la montaña gigantesca de roca triturada que se levanta por detrás de La Zapatilla, indicando el sitio en el que se encuentran las pisci-nas de lixiviación, aparecieron también en el paisaje urbano de la actual zona metropolitana como una metáfora gigante de los millones de dólares en los que se ha convertido el histórico Cerro de San Pedro.

Las nuevas marcas sobre el territorio de la actual zona metropolitana de San Luis Potosí, es decir, el cráter formado por el método de tajo a cielo abierto y los despojos de la antigua montaña que ahora se encuentran amontonados en el costado norte del Cerro de los Gatos,se encargan de recordarnos todos los días que en el valle de San Luis la minería trasnacional “moderna” no necesariamente volvió reales las promesas de desarrollo económico y beneficios sociales. Por el contrario, se debe agregar a los conocimientos locales sobre esta actividad industrial esta experiencia en relación con las estrategias de ingeniería social que emprenden las empresas mineras para aprovechar y actualizar el horizonte histórico de coerción construido por el ramo en distintas regiones del mundo, lo cual incluye, en casos como éste, la relocalización de la población y la acumulación de los desperdicios de una montaña, pero las más de las veces, incluye también un trabajo sistemático de incidencia en la percepción de los riesgos, así como en la formación de nuevas fronteras sociales y culturales para la aceptabilidad de estos.

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Ubicada en las coordenadas longitud: -100.819167 y latitud: 22.194167, en la colindancia poniente entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, La Zapatilla es una localidad de 45 casas en las que viven 115 personas, de las cuales 55 son hombres y 60 mujeres; 47 son menores de edad, 68 adultos; y de éstos, 7 tienen más de 60 años (Inegi, 2010).

Según cifras de la Canadian International Development Platform, las empresas canadienses operan en la actualidad 80 proyectos mineros en América Latina y tienen 48 proyectos más en construcción. La mayor parte de los ingresos de los proyectos en la región provienen de seis países, en el siguiente orden: México, Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014: 7). Más del 80% de las compañías que invierten en el sector de la minería metálica en el continente americano son canadienses y más de 1 000 empresas canadienses operan en todo su territorio. En este lado del mundo, México es el país en el que las empresas canadienses tienen más activos (20 000 millones de dólares). En 2012 operaban 169 empresas mineras canadienses en México, con un volumen de 585 proyectos existentes (2014: 7).

Portezuelo se encuentra a cinco kilómetros al sur de La Zapatilla. Tiene más movimiento de personas en la calle y existen calles pavimentadas por las que también circulan con frecuencia carros y camionetas. Hay también mayor actividad económica; existen tiendas de abarrotes, de materiales para construcción, cantinas, ferreterías, talleres mecánicos, paleterías, por mencionar algunos de los establecimientos fijos; también se instala cada sábado un tianguis, y en éste se puede encontrar diversidad de productos para comer, vestir, limpiar o amueblar la casa, así como productos para el entretenimiento, como discos con música, películas o videojuegos. En Portezuelo existen ocho jardines de niños, siete primarias y cinco escuelas secundarias. Con 10% de analfabetismo entre la población de quince años dispersa en todo el municipio, en Portezuelo existen una escuela de nivel preescolar, una primaria, una secundaria general y una secundaria técnica, además de una escuela de bachillerato (Anónimo, s.f.: 2).

aheslp, Fondo Alcaldía Mayor, caja 568, exp. 29 (restringido por su deterioro), folios 60, 9 de diciembre de 1747.

“Acal” es el nombre que daban los mexicanos a una especie de embarcación pequeña o canoa que se mueve con el empleo de remos. Su etimología proviene del nahua acalli, atl, que significa ‘agua’; y de calli, que significa ‘casa’ (Diccionario General del Español, s.f., s.v.). Los jagüeyes son depresiones sobre el terreno que permiten almacenar agua proveniente de escurrimientos superficiales. También son conocidos como ollas de agua, cajas de agua, aljibes, trampas de agua o bordos de agua (Sagarpa, 2015).

Registro Público de la Propiedad, rppc, vol. 43, exp. 58; foja 120-122, del escribano Antonio María Suárez de 1830, “Compra venta de una hacienda de beneficio de sacar plata por fundición nombrada La Zapatilla”.

El inicio de este sistema de apropiación territorial a través de las congregaciones se ubica hacia 1573. El sistema incluía una baja importante de los usos y costumbres de los grupos chichimecas por medio del adoctrinamiento y la introducción de una economía monetaria en los pueblos de indios, asimismo permitiría que los capitanes de frontera ejercieran facultades extralegales sobre estas comunidades (Ruiz, 2009: 23), algo muy parecido a lo que sigue sucediendo con “los ingenieros” de la minera canadiense en localidades como La Zapatilla, como veremos más adelante.

Los fenómenos de desplazamiento y relocalización de grupos humanos de magnitud variable se dividen en dos grandes grupos: voluntarios y compulsivos. Dentro de los primeros se ubican “las colonizaciones dirigidas”, que suponen un mayor o menor grado de aceptación voluntaria por parte de sus protagonistas, así como un determinado nivel de responsabilidad por parte de las agencias que los llevan a cabo. En cambio, los fenómenos de desplazamiento y relocalización “compulsivos” implican aspectos coercitivos, tales como la incapacidad de los actores sociales involucrados para ejercer libremente su voluntad, quienes son obligados a abandonar sus asentamientos y se ven imposibilitados de retornar a ellos. Por otra parte, los niveles de responsabilidad de las agencias participantes son mucho mayores, ya que están obligadas a indemnizar a los afectados y contribuir de manera sustancial para el desarrollo de su nuevo espacio residencial. Dentro de este ámbito se ubican los desplazamientos poblacionales resultantes de la realización de grandes obras de infraestructura, tales como los complejos turísticos, gasoductos, reestructuraciones urbanas y, en particular, la construcción de grandes presas cuyos lagos artificiales inundan tierras habitadas (Bartolomé y Barabas, 1992: 5).

Entre los riesgos que se corren con la minería a cielo abierto utilizando la lixiviación con cianuro se encuentran las fallas en las presas de colas, que pueden sufrir derrames o tener filtraciones que afecten las corrientes de agua con sedimentación, contaminación de metales pesados y productos químicos. Pueden propiciar la aparición de aguas ácidas y que el viento arrastre metales pesados y químicos que afectan a la fauna, a la cual arroja de su hábitat o al beber ésta aguas contaminadas. Los depósitos de grandes cantidades de rocas son fuente de sedimentos, metales pesados y ácidos que afectan corrientes de agua y suelo. Los accidentes por el transporte y la carga de grandes volúmenes de productos y desechos, como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio. Las fallas en las tuberías que transportan a largas distancias concentrados, combustibles y productos químicos. Los derrames de sustancias químicas que pueden ser tóxicas para los seres humanos, animales y plantas. Y los riesgos de incendios y explosiones causados por pólvora, dinamita, anhídrido de carbono comprimido, nitrato de amonio, combustible diesel, solventes, amoniaco, azufre acetileno, entre otros que usa la industria minera (Pastoral Social de la Diócesis de San Carlos Bariloche, 2004: 24-25).

Yacimientos prácticamente extinguidos y con rendimientos muy pobres, que pueden ser incluso de menos de un gramo por tonelada, pueden ser explotados gracias a la utilización del cianuro, que permite recuperar más del 97% del oro, en comparación con el 60% que permitía recuperar la utilización del mercurio (Varela, 2013).

Esta empresa, con operaciones mineras en Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia, estimó que las minas del Mesquite en Estados Unidos, de Cerro San Pedro en México y las minas de oro del Eak en Australia producirían entre 380 000 y 400 000 onzas de oro en 2011 (New Gold, 2012a). La explotación de oro y plata en las minas de Cerro de San Pedro produjo en 2011 entre 135 y 145 000 onzas de oro, y entre 1.9 y 2.1 millones de onzas de plata (New Gold, 2012b). En 2005 la Revista Oficial de la Cámara Minera de Méxicopublicó que el proyecto estaba diseñado para producir 90 500 onzas (2.8 toneladas) de oro y 2.1 millones de onzas (65.3 toneladas) de plata al año a lo largo de los 8.3 años de operación de la mina (Cerrillo, 2005: 16). Las expectativas de la empresa no se cumplieron en cuanto al tiempo de explotación, pero en cuanto a la obtención del oro se han superado las 90 500 onzas desde 2009 en adelante: en 2009, 95 500 onzas; en 2010, entre 95 y 105 000 onzas; en 2011, entre 135 y 145 000 onzas (New Gold, 2012b). En el caso de la plata, apenas en 2011 alcanzó la producción proyectada en 2005 de 2.1 millones de onzas. En 2015 la mina produjo 3397 toneladas de oro y 46980 de plata, mientras que en 2016, ya en pleno cierre de la mina, se produjeron 1935 toneladas de oro y 25 551 toneladas de plata (Hernández, 2017: primera plana).

En las firmas que vienen al final de este convenio se puede ver el nombre del presidente municipal sin la firma de su titular. El joven munícipe de entonces, que era hijo de un ex presidente municipal de Cerro de San Pedro que seis años atrás denunció la “compra ilegal de fincas de la minera canadiense en el pueblo” y que después fue encontrado muerto, sería presionado un mes más tarde, de forma directa, por el presidente de la República y el gobernador durante una comida en los patios del Palacio de Gobierno, para que “destrabara” lo que durante tal ocasión llamaron “muchas malas referencias”. “Yo voy a hablar con el gobernador en estos días y no quiero que me diga que todavía no se autoriza porque va a haber problemas muy fuertes, no para el municipio sino para el país” (Ortiz, 2009: 10).

En 2000 la empresa Glamis Gold publicó un estudio de viabilidad para el proyecto Cerro de San Pedro y propuso un método de explotación basado en procesos metalúrgicos de lixiviación por montones, bajo el sistema conocido como cerril crowne, un sistema que implica el manejo y la utilización de cianuro de baja concentración para recuperar los metales preciosos (Madrigal, 2009: 69). El creciente interés por la explotación de oro de parte de muy diversas compañías mineras se origina tanto en los aumentos en los precios del oro que brindan un alto margen de utilidad como en la reciente creación de métodos rentables para su extracción en yacimientos sumamente pobres, gracias a la tecnología de lixiviación con cianuro (2009: 106).

Al primer turno se le llama “el de primera” y consiste en una jornada de ocho horas, de siete de la mañana a tres de la tarde; “el turno de segunda” consiste en una jornada igual, pero de tres de la tarde a once de la noche; y “el turno de tercera” va de once de la noche a las siete de la mañana.

La minera cerró caminos que databan de tiempos de la colonia usados por los habitantes de las localidades de La Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin contar con ningún permiso para ello (Vargas, 2009).

La comprensión de la conducta de los clientes requiere hacer explícita la teoría de la acción en que me baso. Me enfoco tanto en los actores que participan en las relaciones de clientela como en los aspectos de estas relaciones que escapan a la transacción de bienes por lealtades con la trasnacional. Las relaciones con la trasnacional mediante comportamientos clientelares coloca en una encrucijada a la gente de La Zapatilla entre conocimiento, poder y medio ambiente.

En México, esta perspectiva fue adoptada por su poder explicativo de la dependencia y la subordinación que han mantenido a lo largo de la historia tanto organizaciones campesinas como obreras y populares respecto de un poder centralizado en el partido político de la presidencia y en la figura del presidente (González y González, 2003: 90).

Desde 1978 el comité preparatorio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Entornos Humanos definió el riesgo como la frecuencia esperada de efectos indeseados que nacen de la exposición a un contaminante (Douglas, 1996: 44).

La protesta por el proyecto minero de la empresa New Gold en Cerro de San Pedro, integrada por habitantes del pueblo de Cerro de San Pedro, de la ciudad de San Luis Potosí y de varios municipios aledaños, como Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Armadillo de los Infante, Zaragoza, Villa de Reyes y Pozos, encontró en el llamado Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier (fao) (Madrigal, 2009: 70) una forma de organización que capitaliza en términos sociales la desorganización y la diversidad de posiciones de sus simpatizantes, y que utiliza como canal de expresión y de síntesis de las preocupaciones e intereses comunes en torno al discurso de los riesgos ambientales, relacionando éstos con la posibilidad de contaminación de la calidad del aire de la población del valle, entre los que se incluye la capital del estado, con la posibilidad de contaminación del acuífero del valle de San Luis Potosí, así como con la posibilidad de una extinción irreversible de flora y fauna endémicas y de varios inmuebles que forman parte del catálogo patrimonial histórico y cultural de San Luis Potosí y del país.

El faoy su discurso contra los riesgos ambientales de la minería canadiense a cielo abierto tuvo uno de sus momentos de mayor difusión estatal y nacional en 2004, cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió un fallo a favor de una demanda representada jurídicamente por Pro San Luis Ecológico, A.C., organización incluida en el fao. El hecho, tal como lo cuenta uno de sus integrantes, sobreestimó tal vez demasiado el triunfo: “Me entero que se detiene el proyecto porque se ganó una demanda de Pro San Luis Ecológico, no; y que el proyecto se detenía, que había ganado la sociedad civil, y circulaban correos de que era un gran triunfo” (entrevista con Mario Martínez, habitante de Cerro de San Pedro, sábado 11 de agosto de 2007, Cerro de San Pedro). En la actualidad, tras dieciocho años de resistencia, el faoha disminuido su capacidad de organización y se encuentra enfrentando momentos de divisiones y distanciamientos entre grupos y personas que durante el proceso han contribuido con esta figura simbólica de articulación de la oposición al proyecto minero en Cerro de San Pedro. Si bien en el terreno legal el faoha ganado todos los recursos jurídicos interpuestos, en el terreno de los hechos la empresa siguió trabajando, lo cual hizo evidente la falta de mecanismos judiciales para hacer efectivos los fallos y las sentencias. El faoha perdido cobertura mediática local en los últimos tres años, pero ha mantenido su presencia a partir de los esfuerzos y las acciones de un grupo reducido de activistas entre los que se encuentra su fundador, el ingeniero Mario Martínez Ramos.

Conocimiento, ambiente y poder: Wirikuta es una universidad.

Ontología relacional en torno al Avatar mexicano1

Mauricio Genet Guzmán Chávez

El Colegio de San Luis

Introducción

En su reseña sobre la película Avatar, de James Cameron, Slavo Zizek presenta una severa crítica de los mensajes explícitos y más o menos ocultos en ella (Zizek, 2010). Este autor, como muchos otros en su momento (Tylor, 2010; Taylor e Ivakhiv, 2010; Crain, 2010; Croken, 2010; Renzetti, 2009; Price, 2009), se refiere a los temas abordados en la citada película: el militarismo, la industrialización, la explotación irracional de los recursos naturales y la etnicidad en tanto estrategias de resistencia. En su opinión, este filme simula, distorsiona y mixtifica la realidad. Al convertir en ficción la guerra por los energéticos, Cameron desplaza la atención de los conflictos reales hacia las características y condiciones concretas de las luchas que actualmente están entablando miles de pueblos indígenas en contra de corporativos petroleros, mineros y demás agentes del desarrollo. En sus excesos hollywoodescos, el guion recurre a la fórmula consabida del héroe blanco, que a pesar de su señalada discapacidad, o precisamente por ello, se transforma en el salvador de los na’vi, indefensos ante las sofisticadas y a un tiempo groseras armas de los humanos. En esto, dice Zizek, se imprime la permanente imagen del opresor imperialista asociada a la minoría de edad de los subyugados. La mixtificación, afirma el sociólogo esloveno, se consume en la burda historia romántica donde la fuente de la salvación se encuentra depositada en las clases bajas y los reencantamientos mistéricos de la naturaleza. Una fórmula consabida de redención:

La fidelidad de Avatar a la vieja fórmula para formar una pareja, su plena confianza en la fantasía, y su historia del hombre blanco desposando a la princesa aborigen y así convirtiéndose en rey, hacen de ella una pelícu-la ideológicamente conservadora, de vieja escuela. El brillo técnico sirve para maquillar este conservadurismo básico. Entre sus temas políticamente correctos (el hombre blanco honesto acompañando a los aborígenes en su lucha contra el “complejo militar-industrial” del invasor imperialista) podemos encontrar fácilmente una serie de motivos brutalmente racistas: un paria parapléjico de la Tierra es suficiente para tomar la mano de la hermosa princesa local y ayudar a los nativos a ganar su batalla decisiva. La película nos enseña que la única opción que tienen los aborígenes es elegir entre ser víctimas de la realidad imperialista o desempeñar su papel asignado en las fantasías del hombre blanco (Zizek, 2010).

Para cerrar su nota, Zizek cita como ejemplo el pueblo kondria dodth, cuyas tierras, localizadas en el estado de Orissa, en la India, se encuentran, de la misma forma, asediadas por empresas mineras. Su reflexión señala las trampas de la mercantilización: mientras Avatar recaudó millones de dólares en las salas cinematográficas de todo el mundo, los asistentes quedan inmunizados contra la crítica de las tragedias como la que concierne al pueblo kondria. Cotejar uno y otro plano, el de la ficción cinematográfica y el real, revela una distorsión, producto a su vez de una alienación, pues un efecto “revolucionario” (que se podría producir en el espectador al ver una película sobre la rebelión o la resistencia de los pueblos nativos en contra de los proyectos mineros) simplemente se desvanece por el impacto visual, efecto momentáneo que se produce al disfrutar de un espectáculo por los individuos consumistas despolitizados.

Diría que sí, que comparto su crítica en buena medida, pero que la encuentro limitada o al menos sesgada en un aspecto: el desenlace de las luchas por la autodeterminación es imprevisible, pero la querella es contra un enemigo que es de todos, un enemigo concreto al que no hay que mixtificar, un enemigo que, viniendo de afuera, ha logrado penetrar los más recónditos venéreos. En su breve nota, Zizek se limita a una posible lectura de Avatar, mas no aborda ni menciona los informes etnográficos concretos en los que se reportan las batallas entre comunidades (locales y traslocales) y los corporativos trasnacionales (véase Lang y Mokrani, 2011). La película Avatar nos presenta, a pesar de todo, y más allá de sus recurrencias melodramáticas o heroicas, una imagen bastante elocuente de cómo funciona el complejo militar industrial en nuestros días. Su estructura argumentativa básica confiere un halo de legitimidad a las diferentes formas de resistir los embates de la megaminería (según la opinión del ex presidente boliviano Evo Morales sobre la película). En contraste con otras películas inspiradas en literatura fantástica, Avatar alude a la sempiterna lucha del bien contra el mal, la espiritualidad opuesta a la ma-terialidad. Viejos temas del catarismo y por esa vía enraizados en el zoroastrismo (Cohn, 1981).

En este trabajo propongo una crítica al maniqueismo latente en estas visiones apocalípticas y otras más bien idílicas sobre la humanidad y la naturaleza. Mi camino es una reflexión sobre cómo el conocimiento, el poder y el ambiente transmutan en medio de los conflictos las controversias y la confrontación de los proyectos de vida de comunidades enteras, una trasmutación que aquí abordo a propósito del conflicto minero de Wirikuta. Este conflicto saltó a la plaza pública en 2010, entre el barullo cada vez más estridente de los conflictos socioambientales que sacuden a México, América Latina y diversas partes del mundo. En una fase temprana, el conflicto de Wirikuta fue calificado por la periodista Lidia Cacho como el “Avatar mexicano”. Una metáfora sugerente porque prende la imaginación a una trama narrativa de recurrentes opresiones históricas y neocolonialismos, y al mismo tiempo le agrega un componente de lucha y resistencia situada en el escenario de la globalización.2 Narrativas o relatos que, parafraseando a Mario Blaser, refieren diferentes condiciones de la modernidad, relatos que se producen desde la globalización, que se fundan en proyectos de vida alternativos y cuya resurgencia tiende a desafiar el régimen de verdad instituido o diseminado mediante la idea del desarrollo y la modernidad como su impulso civilizatorio (Blaser, 2013; Escobar, 2000). El leitmotiv de la película Avatar se centra en Pandora, la tierra sagrada de los na’vi, quienes viven en un territorio dotado de atributos conscientes y agentivos, vinculados por una matriz o principio holístico vital sacralizado. Aun cuando la palabra avatar hace descansar, en apariencia, el peso argumentativo en el héroe y la transustanciación tecnológica que lo habilita como tal, en realidad la metáfora y analogía con el conflicto minero de Wirikuta la tierra sagrada del oriente de los wixaritari (plural de wixarika, también conocidos como huicholes), sólo tiene sentido en términos de la sacralidad del territorio que, como totalidad, proyecta diferentes y complejos planos que nos revelan los atributos conscientes y la capacidad de agencia de los actantes no humanos (Long, 2007; Latour, 2001, 2004; Sundberg, 2010).

Como intentaré mostrar a lo largo de este texto, el plano real es mucho más rico y complejo que el de una ficción cinematográfica. Parafraseando otro texto de Zizek, “Bienvenidos al desierto de lo real”, que a su vez toma de un diálogo de la película Matrix, la trama de lo real que vindico pesa justamente en los choques reales entre el complejo industrial y las cosmologías que los pueblos nativos americanos, en este caso los wixaritari, sostienen como un eje político contrahegemónico reconstituido a la medida de la globalización. Estas confrontaciones van más allá de un simple maniqueísmo; involucran proyectos de vida y la asociación con entidades no humanas cuya aparición, reconocimiento o invocación sacude y transforma el escenario político ultrarracional de la globalización. En este sentido, la naturaleza se expresa mediante sus propios canales y códigos; el conocimiento y el poder son relativizados, diseminados y germinados en sus variadas posibilidades ontológicas.

El eje analítico de “conocimiento, ambiente y poder” que ha guiado nuestro seminario durante casi cinco años en la resma nos proporciona una herramienta conceptual para analizar una nueva generación de conflictos socioambientales en el continente latinoamericano, enraizados en los mundos de vida y en las cosmologías de los grupos indígenas (Blaser, 2013; Cadena, 2010; Escobar, 2014; Svampa y Atonelli, 2010). Es a partir de este eje analítico que incorporo las así llamadas ontologías relacionales, porque relacionan la agencia humana con la no humana. Siguiendo estrechamente a Blaser, entiendo la ontología como toda forma de comprender el mundo basada en supuestos implícitos o explícitos acerca de qué tipos de cosas pueden existir, sus formas de relacionarse y cuáles podrían ser sus condiciones de existencia. Las ontologías, sin embargo, presentan un carácter dual: preexisten y facultan como legado las experiencias pasadas —por eso hablamos de supuestos—, pero son moldeadas en las interacciones de la vida cotidiana y la práctica ritual. Estas prácticas son puestas en marcha y constituyen mundos de vida a partir de una determinada cosmovisión. “Las ontologías deben ser comprendidas como puestas en escena de mundos. En este sentido, los mitos no son ni verdaderos ni falsos; tan sólo engendran diferentes mundos que tienen sus criterios para definir la verdad” (Blaser, 2006: 23).

Conocimiento, ambiente, poder

Antes de proseguir, es importante definir conocimiento, poder, ambiente y agencia. Muchos dolores de cabeza y malentendidos ha generado en los últimos años la propuesta de llevar los no humanos a la teoría social (Viveiros, 2002; Reynoso, 2015). En este caso, es necesario interceptar parte de este disgusto para proseguir y afirmar la noción de ontologías relacionales. El conocimiento, si lo definimos de manera pragmática, es lo que se sabe, producto de la experiencia y el legado de las generaciones pasadas. Pero este conocimiento no es nada si lo desprendemos de su contexto, de las situaciones que lo legitiman o lo vuelven relevante: el conocimiento se origina en situaciones relacionales. En tanto dato, la información, el conocimiento siempre es relativo. El conocimiento absoluto es una entelequia programada por el supuesto cognitivo de que podemos conocer todo, pero siempre existen los imponderables, los datos nuevos, los factores no previstos que vuelven el conocimiento una aproximación a la realidad, un conocimiento relativo a alguno de sus aspectos (Long, 2007). No somos Dios para tener el conocimiento absoluto.

Reconozco tres acepciones sobre el poder. La primera, cercana a una definición primaria de la agencia, se refiere a su faceta individual: todos tenemos un poder cuya fuente radica en la voluntad para emprender —o negarse a emprender— cualquier tipo de acción como personas autónomas. La segunda se refiere a la capacidad que tiene un ego de imponer sobre otro su voluntad, sea mediante la disuasión, el convencimiento o el ejercicio de la violencia. El tercer tipo de poder alude a la capacidad de un actor o “unidad operativa” de controlar una parte de los flujos de energía del ambiente de otro actor (Wolf, en Feldman-Bianco y Lins, 2003: 326; Adams, 1983). Como nos mostró Foulcault (1992), el poder, como el conocimiento, no es sólo algo que se posea y se acumule, ambos surgen de procesos de interacción social y son, en esencia, producto conjunto del encuentro entre actores (fusión de horizontes). Esto implica lo que Wolf llamó poder estructural, el cual no funciona nada más en los escenarios o arenas, sino que es un poder que orquesta y organiza los propios escenarios, definiendo la distribución y los flujos de energía. Se refiere a la capacidad de estructurar el campo posible de acción de los otros (Foucault, 1992). El poder no bate en hueco y el poder absoluto se transforma en la crueldad de los fascismos. En buena medida, conocimiento, poder y agencia se hacen embonar, pues nos remiten a la idea de que la “habilidad para conocer y para actuar” se realiza en la interacción y aun en las condiciones de más estricta dominación; y a veces, precisamente a partir de ella, emergen las propiedades agentivas como formas de evaluación, de toma de decisiones y guía de los comportamientos (Foulcault, 1992; Scott, 1985).

Ahora, si bien no albergo duda sobre la capacidad de agencia (la conciencia como atributo de sistemas inteligentes que evalúan y toman decisiones) entre los organismos vivos, plantas y animales (actantes no humanos), encuentro serias dificultades para atribuirla a las cosas inertes (p. ej. las camas, las mesas, una pelota, etc.). Estoy de acuerdo con Tim Ingold, pues, en que los procesos de desarrollo, crecimiento, maduración y descomposición son fundamentales para pensar en lo que es la vida (Ingold et al., 2012). Sin embargo, sigo a Latour en el reconocimiento de propiedades agentivas en el seno de una red de actantes, es decir, de redes formadas por actores humanos y no humanos (organismos vivos, cosas, tecnología, documentos, etc.). Por ejemplo, las fases de ovulación de las ostras marinas intervienen en la definición de políticas acuícolas y con ello se define el tipo de forcejeos entre los pescadores, las instituciones pesqueras de gobierno, los comerciantes y los gourmets de alta cocina, sin olvidar a los comensales (Callon, 1986). También entiendo que una sucesión de topes para disminuir la velocidad en las avenidas y carreteras interviene de forma cotidiana en mi proyecto de vida, en el tipo de acciones que debo emprender para alargar la vida de mi automóvil.

A partir de esto podemos asumir que la agencia o las propiedades agentivas que emergen en determinados contextos y situaciones albergan una miríada de actantes que a veces intermedian, detonan e impulsan la acción. Espero convencer a mis lectores de la capacidad de agencia —en el contexto de una determinada cultura— de una planta cactácea llamada peyote. Exploraré en el presente ensayo sus atributos de actante en el conflicto político minero de Wirikuta. El peyote como tal se comunica en ciertas frecuencias —aseguran los consumidores de esta planta con propiedades psicoactivas—, pero lo que a mí me llama la atención es que su mensaje parece ser contextual y animado por ciertas disposiciones interculturales en un mundo globalizado. Lo explicaré más adelante.

Es el momento para que comunique mis reflexiones sobre cómo pretendo integrar el ambiente, la naturaleza y el territorio a mi análisis sobre el conocimiento, el poder y las ontologías relacionales. El ambiente es todo lo que nos rodea (factores bióticos, abióticos y culturales). Es decir, no se refiere sólo a la naturaleza como lo diferente de la cultura, sino al entramado complejo, en red, en la que cada sistema es un nodo que forma un ensamblaje entre cosas, humanos y no humanos. Con esta definición pretendo desafiar la visión dualista cultura/naturaleza que ha impuesto el racionalismo occidental. Esta visión refrenda tan sólo una ontología, una metáfora sobre la naturaleza bajo la cual se le atribuye a ésta una condición pasiva, susceptible de ser explorada, intervenida, conquistada y dominada para beneficio de la especie humana, mejor dicho, de una elite que se forma en todas las sociedades humanas “avanzadas”. Cuando digo desafiar la dualidad naturaleza-sociedad no quiero dar a entender que la borro de un plumazo, y ni siquiera sugiero que todas las dualidades del pensamiento, sean occidentales o no, deban ser o no ser desechadas. Por el contrario, sugiero que debemos partir de su identificación (de los dualismos) para intentar trascender sus implicaciones y limitantes. Varios autores han afinado la crítica a este dualismo y sus prolegómenos; aquí recogeré algunas posiciones clave para fundamentar el cruce paradigmático de ontologías en Wirikuta.

En una perspectiva holista, el ambiente puede concebirse como una red sistémica, la matrix de donde emanan los sentidos y las realidades construidas en los procesos de interacción, que, como he afirmado antes, es interacción heteróclita de elementos humanos y no humanos. Interacción que debe concebirse como contextualizada, situada históricamente, y que como rasgo contingente e inmanente revela propiedades emergentes. Es decir, no son las partes del sistema, del ecosistema o del ambiente, en tanto entidades aisladas, lo que expresa y permite conocer el sistema en sí, sino la articulación, la conexión y disyunción entre los elementos que actúan bajo una lógica de coevolución. Ésta se refiere básicamente a la termodinámica de la vida, a los procesos de intercambio y circulación de energía, la transformación de energía solar, sus usos y aprovechamientos, así como su degradación y pérdida irremisible (Georgescu-Roegen, en Leff, 2014: 41).

En este punto debemos considerar el ambiente como un concepto amplio, general, que abarca el de la naturaleza o, mejor, reproduce diferentes naturalezas en plural, pues entonces nos percatamos de que los procesos históricos de intercambio energético están comprendidos dentro de los diversos tipos de culturas. Definidas, a su vez, como los mode-los (mentales y pragmáticos) o metáforas mediante las cuales los grupos humanos definen y enactúan el ambiente, es decir, se hacen parte de ese mismo medio. Asimilar en este sentido la matriz ambiental a las diversas culturas nos conduce al pleno reconocimiento de diversas culturalezas. Opera de este modo una dilución o suspensión de la racionalidad occidental (instrumental, moderna) que pretende instaurar como vector de conocimiento la oposición entre cultura y naturaleza, entre lo racional y lo irracional. Así, el fundamento de las luchas y movimientos contrahegemónicos, como los llama Boaventura de Sousa Santos (2009), de América Latina radica en la vitalidad de otros mundos de vida, otras ontologías.

El territorio existe en virtud de las naturalezas en él presentes y también es plural. En un territorio interactúan las naturalezas y las culturas a lo largo de la historia, lo cual nos aclara el carácter político de la toma de decisiones, el tipo de organización social, el perfil tecnológico y las condiciones bajo las cuales se intercambia energía. Un territorio se forma con gentes que comparten cultura y que se agrupan reconociendo formas determinadas de poder y conocimiento. Los territorios, por tanto, no son realidades preestablecidas y definitivas, sino procesos en construcción y mutación constante.

Hasta hace relativamente poco tiempo, Wirikuta no era un territorio conocido, se hablaba más bien del desierto de Catorce, de la porción norte del Altiplano Potosino. Una región periférica, aunque plenamente inserta al proceso de acumulación capitalista, proveedora de recursos valorados (metales y fibras) puestos a circular en el mercado mundial entre los siglos xvi y xx. A principios del siglo xxi emerge una nueva condición territorial —nueva sólo en el sentido de que cobra relevancia y no porque estuviera ausente antes— vinculada a su naturaleza sagrada, refrendada y sostenida desde tiempos ancestrales por un grupo indígena. Lo que en otro texto caracterizamos como territorialidades traslapadas, para ubicar el choque de racionalidades entre mineros, campesinos e indígenas (Guzmán y Kindl, en prensa; Boni, 2016), ahora puede ser discutido bajo el concepto de ontologías relacionales: contiendas, jaloneos, acuerdos. En otras palabras, el proceso social entre humanos y no humanos —incluidos los dispositivos técnico-científicos— para definir, construir un determinado régimen de verdad, de realidad, de proyectos entendidos como mundos de vida concretos animados por sus respectivas cosmologías.

Conflicto, territorio y conocimiento

El conflicto minero en Wirikuta se refiere a veintidós concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense First Majestic Silver Co., escudada en dos subsidiarias mexicanas: Real Bonanza, S.A. de C.V., y Minera Real de Catorce, S.A. de C.V., las cuales abarcan un total de 6 326 hectáreas, de las cuales 68.92%, es decir, 4 107 se encuentran dentro del sitio sagrado natural de Wirikuta. El proyecto La Luz, como ha sido denominado por la propia empresa, pretende el beneficio de plata mediante el método de flotación, que se caracteriza por la explotación subterránea, pero que también implica el uso de sustancias tóxicas agresivas para el ambiente y el uso de importantes volúmenes de agua (Barnet, 2011; Lewis, 2008; Negrín y Negrín, 2011).

La Luz es un proyecto asentado en una región semiárida caracterizada por las altas tasas de evapotranspiración y limitada humedad relativa (en 2012 se registró una precipitación anual de 339.4 mm).La región se caracteriza también por una centenaria tradición minera y por las estrategias diversificadas de aprovechamiento de los recursos. En Real de Catorce, el periodo más intenso de extracción se registró en el siglo xviii (1773-1776), resurgió a mediados del xix, decayó en las primeras décadas del xx y luego tuvo moderados repuntes no sólo por la extracción de plata, sino del antimonio, a mediados y fines de la pasada centuria. De hecho, la mina de Santa Ana en el paraje de La Luz, que ahora sería reactivada por la empresa de marras, se mantuvo activa hasta 1992, fecha que marca el último de los éxodos de jóvenes y familias enteras que salieron de la zona en busca de empleo en otras zonas mineras situadas en el norte del país.

El centro de la controversia o meollo del conflicto se refiere a los riesgos o amenazas que conducen a un más que probable desastre ambiental: la actividad minera supone el agotamiento de los mantos freáticos, depósitos de agua geológicos formados en los últimos periodos glaciares; el uso de agua para todo el proceso minero metalúrgico supondría no sólo su agotamiento para el consumo humano, sino también la contaminación de los escurrimientos cuenca abajo; los jales mineros agravarían las concentraciones de residuos tóxicos —ya presentes por la actividad minera histórica— para la salud humana y otras formas de vida. A todo esto debe sumarse el argumento central de los wixaritari y los activistas ligados a ellos, según el cual en Wirikuta habitan los antepasados (kakaiyari), quienes han entablado desde tiempos de la Creación una interacción dinámica y esencial con los humanos para el mantenimiento de la vida; por tanto, perforar la tierra y extraer sus minerales se percibe como una alteración radical que puede provocar la extinción de la cultura wixarika, así como la desestructuración radical de las culturas rancheras que ahí se asientan. Esta fantasía, como diría Zizek, de una naturaleza poblada por espíritus o seres no visibles es, desde luego, una fecunda línea discursiva del conflicto, créase o no en su realidad. De nada sirve descalificarla, como lo hizo Luis González de Alba, ironizando en una petulante nota, al llamar a los huicholes “tontos y paganos” (González, 2012). Wirikuta, dice la cosmovisión wixarika, es el lugar en donde nació el Sol; un mito, desde luego, pero que funge de mito fundador o “historia verdadera” que da sentido a todo el sistema cosmológico de este grupo y, por tanto, constituye una referencia literal para su modo de vida y define de forma categórica su estar en este mundo.

En el conflicto socioambiental de Wirikuta encontramos una serie de disputas sobre la concepción del territorio, es decir, sobre su valor, uso y atributos. Estas disputas se refieren a medios para representar la realidad. El territorio como construcción histórica está dotado de elementos heterogéneos tanto humanos como no humanos que han mantenido a lo largo del tiempo diferentes tipos de relaciones; la propia configuración de estos elementos es una evidencia de la intensa interacción que no dudamos en calificar como armónica (simbiótica), competitiva o depredadora para ciertos periodos o de acuerdo con procesos o circunstancias particulares (cfr. Guzmán y Kindl, en prensa; Guzmán, 2006). Esta heterogeneidad no se refiere nada más a los elementos que en la actualidad inciden o se destacan sobre el paisaje o las características bióticas o abióticas del territorio, sino a la multiplicidad de procesos mediante los cuales las poblaciones humanas han interpelado esta naturaleza y creado una culturaleza para obtener los recursos necesarios para su supervivencia.

A lo largo de los diferentes periodos históricos, a cada cambio de estación y desde que se registran las primeras huellas humanas, esta naturaleza ha demostrado su carácter activo. El semiárido, al igual que otros ecosistemas, interpela a la cultura, le hace gestos, pone a prueba su condición en tanto desafío permanente. En un trabajo previo (Guzmán, 1998) discutí esto como un proceso de adaptación mutua. Aquí sólo baste señalar que el semiárido Altiplano Potosino, o el territorio que llamamos Wirikuta, ahora declarado como área natural protegida, no podría contemplarse como el resultado de una cultura que evoluciona de forma independiente determinada por los conocimientos de un grupo humano específico, es decir, definido por una cosmovisión inalterable, sino que se construye como territorio a partir del traslape y las rupturas entre los modos y las relaciones de producción y las nuevas concepciones de la naturaleza. Esto que la antropóloga estadounidense Carolyn Merchant (2010) ha denominado “revolución ecológica”.

Este concepto, el de la “revolución ecológica”, nos ayuda a entender nuevas formas de percibir la naturaleza, hacer uso de los recursos, la organización social y, por supuesto, descubrir la emergencia de nuevos saberes, conocimientos, y los flujos y equilibrios de poder. Un cuerpo de conocimientos (técnicas y sus ideologías: las tecnologías) que se impone como medida de poder por parte de los colonizadores a los indios nómadas en el siglo xvi, no ha supuesto, desde luego, la extinción de conocimientos y prácticas de interacción con la naturaleza. Esto que reconocemos como patrimonio o legado de la experiencia de los grupos subordinados.

El territorio que nos ocupa fue habitado por grupos nómadas guachichiles, quienes al momento de la llegada de los colonos españoles e indígenas sedentarios (tlaxcaltecas y otomíes) reproducían una cultura de bajo consumo energético y un modo de producción ajustado a las exigentes oscilaciones ambientales. Los colonos impusieron nuevas formas de trabajo (un modelo agropecuario-minero) que se imbricaron con los saberes nomádicos y al cabo forjaron un modelo diversificado de manejo de los recursos, atento y adaptable cada vez que variaba la demanda de los mercados por ciertos productos.

Caractericé la cultura de los rancheros ejidatarios del Altiplano Potosino a partir de tres matrices (nómada, agrícola y pastoril); esto sigue explicando en buena medida las interacciones y procesos de coevolución de las poblaciones establecidas en el Bajío, pero esta descripción es incompleta para caracterizar a las poblaciones serranas que tuvieron en la minería su principal actividad de subsistencia. Mi estudio centrado en una comunidad del Bajío (Guzmán, 1998) no me permitió capturar adecuadamente las estrechas interrelaciones entre el Bajío y la Sierra, en parte porque durante mi trabajo de campo la actividad minera había cesado. La posibilidad de que las actividades mineras se reactiven en la región me permite reconocer estos vínculos, y esto aporta una nueva perspectiva sobre los límites y características del territorio, del ambiente, el poder y el conocimiento.

El carácter irreductible del nomadismo, lo que llamé la matriz nómada, se había trasminado en el proceso de mestizaje y se hacía patente en los conocimientos y en las diferentes prácticas de cacería, recolección y observación de los fenómenos climáticos de los habitantes locales, los rancheros del Altiplano. Esto me resulta convincente, pero supone de alguna forma la desaparición del nomadismo en cuanto tal, su supervivencia estaría dada como simples supervivencias dentro de otro modelo de adaptación. La evidencia de un nomadismo vital la tuve frente a mí, pero no le presté atención. Este nomadismo es el que practican los wixaritari o huicholes desde tiempos inmemoriales. Ellos no viven en Wirikuta, sino en la Sierra Madre Occidental. Para ellos, el territorio, como unidad metafísica gracias a la sacralidad del peyote, no es simple recurrencia metafórica; los peregrinos se transforman en los primeros ancestros (ésta es una analogía con el avatar: son una “encarnación” de la presencia mítica de los fundadores de su cultura); y el mito no es representado, sino recreado y actualizado como una realidad vigente (Gutiérrez, 2010). El poder del mito lo retrata la película Avatar; el poder del mito consiste en la vigencia cosmológica de los wixaritari y no es una “fantasía lacónica, cínica de un mundo hiperrealista”, como la califican los críticos. El poder del mito radica en su estructura eficaz, la matriz de una cultura, que permite ensamblar diferentes formas de actantes que de todos modos seguirían su camino, pero ahora se ensamblan en una culturaleza. Esta idea también explica por qué hay sociedades diferentes en un medio que parece el mismo de siempre.

La vigencia de este nomadismo que practican diferentes comunidades wixaritari en la forma de peregrinaciones bianuales a diferentes puntos sagrados revitaliza una cartografía sagrada que se traslapa y entreteje con los límites y fronteras político-administrativas de los estados, municipios, ejidos y propiedades privadas. La misma forma parte del intrincado circuito ritual del norte de México (Alvarado, 2008). Si bien la política agraria de nuestro país no reconoce una modalidad de tenencia basada en el nomadismo, los huicholes se han valido de diversos recursos e intermediarios para revindicar un derecho de tránsito, acceso y usufructo a este territorio que denominan Wirikuta. La prueba palpable de este derecho se verifica en la creación mediante decreto estatal del sitio sagrado natural, así como en el reconocimiento de los huicholes por parte del Estado de San Luis Potosí como sujetos con los mismos derechos que el resto de la población indígena residente en el estado.3 Esta condición territorial constituye, desde luego, una anomalía desde el punto de vista político, agrario e histórico, acaso imputable a la habilidad de los huicholes como negociadores frente al Estado y de sus aliados y asesores. Lo cierto es que a partir de esta situación los wixaritari pueden cuestionar legítimamente los proyectos de desarrollo que desde su punto de vista atentan en contra de su continuidad como pueblo originario (Liffman, 2012). El reclamo wixarika de que no se les haya consultado conforme al derecho constitucional y en apego a los tratados internacionales que México ha asumido (por ejemplo, la ley 169 de la Organización Internacional del Trabajo) es el principal argumento que ha hecho posible la sentencia de suspensión temporal del proyecto minero en Wirikuta (cndh, 2012).4

En este sentido, es importante hacer algunos matices sobre el tipo de territorialidad que se proyecta y funciona como escenario del conflicto en Wirikuta. La revolución ecológica en el Altiplano Potosino que se produce a partir del siglo xvi, con el inicio de las actividades agropecuarias y mineras, transforma de forma radical las concepciones, percepciones, usos y prácticas sobre el territorio, pero no en su totalidad. Ninguna revolución es un cambio total. Elementos y proce-sos de resistencia contrahegemónica presentes en la peregrinación de los wixaritari posibilitan el mantenimiento y recreación de una territorialidad remitida a lo sagrado, mientras que una serie de procesos ligados a la expansión y al desarrollo del capitalismo intervienen e impactan la propia dinámica regional (procesos de ocupación, definición del mercado laboral y organización social) contribuyen en definitiva a la construcción del territorio, a la emergencia de identidades, por ejemplo, de una cultura ranchera; además, otros procesos y dinámicas ajenos a la lógica del mercado se confabulan para propiciar lecturas alternativas y dimensiones al territorio, a los recursos, al conocimiento y al ejercicio del poder.

Los no humanos, en pos de otras culturalezas: el papel del culto al peyote como intermediario cultural

En México se han registrado diversos casos de resistencias étnicas contra el desarrollo, el despojo o la colonización; resistencias que apelan o recurren a lo sagrado, lo espiritual, lo mágico, que suelen ser calificados como elementos no racionales de acuerdo con el pensamiento occidental.5 En el caso del conflicto socioambiental en Wirikuta se destaca el hecho de que lo sagrado es incorporado y asumido desde una postura intercultural. En el plano político, no sólo se trata de una serie de reivindicaciones particularistas que atañen a una mentalidad “primitiva”, de grupos al margen del progreso y el desarrollo, sino de una serie de estrategias fraguadas en el seno de un proceso que se caracteriza por el tejido en red de conocimientos y prácticas, valores y creencias sobre el carácter sagrado del territorio concebido dentro de un proyecto cosmopolítico.6 El actante clave, al menos para lo que atañe a los propósitos de este ensayo, es el peyote (Lophophora williamsii), una cactácea con propiedades psicoactivas, que contiene, entre sus más de cuarenta alcaloides, uno llamado mescalina, el primer alcaloide psicoactivo aislado en laboratorio. Si estuviéramos dispuestos al viaje con Aldous Huxley, llevaríamos la metáfora al extremo; entonces el avatar se traduciría como el peyote,la planta que propicia el desplazamiento y la relación entre ontologías.

Desde mi punto de vista, el culto al peyote es el articulador político, el mediador paradigmático de la estrategia, del movimiento social que ha puesto en jaque a las empresas mineras en Wirikuta y que, en la fecha en que se escribe este ensayo (agosto 2015), ha sido fundamental para la suspensión temporal de las actividades mineras en este territorio.

Entender el carácter de agente de la planta requiere sumergirnos en los mares de la creencia, un tipo de conocimiento, con el fin de comprender cómo los significados culturales que los wixaritari le atribuyen dentro de su cosmovisión han podido ser asimilados e incorporados a la cosmopolítica Wirikuta de nuestros tiempos globalizados. La cosmovisión huichola, al igual que la de los na’vi, es animista, panteísta, ecoespiritual y en cierto sentido alineada a la ecología profunda (Taylor, 2010). Como portadores de esta cosmovisión, combinan con ironía los sucesos de la vida nacional, para actualizarla mediante nuevos relatos que se sirven de la metáfora y la metonimia para ubicar su posición en el mundo globalizado. Así, un año los peregrinos se autonombraban “los paristas”, en alusión a los estudiantes de la unam; y en 2012, “los mineros” (Guzmán y Kindl, en prensa).

La creencia es una proposición no sólo sobre el mundo, sino en el mundo. La creencia es histórica y culturalmente contextual. La creencia es así para el creyente, le antecede, porque fue creada antes que él viniera al mundo. En ese sentido, no poseemos creencias, ellas nos poseen, y por tanto no dependen de su verdad o falsedad racionalmente definidas. O se cree o no se cree. Podemos explicarnos las creencias como un pensamiento mágico o teológico dotado de su propia racionalidad para aceptar o rechazar las creencias ajenas, pero sin poder eliminar las nuestras. El problema epistemológico consiste en que no hay una metafísica que pudiera convencernos a todos. Ellas —las creencias— se miran con indiferencia porque su existencia depende de su valor para explicar o abarcar un conjunto de situaciones cotidianas o extraordinarias, y como tales corroboran el orden cosmológico y convalidan el mito, el ritual y las prácticas cotidianas de estar en el mundo. El saber popular, sus certezas e incertidumbres no se diferencian mucho en esto del conocimiento científico.

Los wixaritari perciben el peyote como una entidad ligada estrechamente a lo que ellos son, lo que ellos representan en el orden cosmológico. De manera particular, buscan entender lo que esa entidad representa en Wirikuta. El peyote no crece en el territorio donde ellos habitan. Wirikuta es una dimensión espacial que contiene y es contenida por el Venado Azul, pieza clave de ese orden cosmológico, que abre la posibilidad de regeneración de la vida, cuyo episodio primordial es el nacimiento del Sol. Ahí nació el Sol. Los wixaritari, que van adaptando sus conceptos a nuestro lenguaje, creen que Wirikuta es una especie de universidad, en donde se aprende la vida —si no la conoce uno o ya la perdió, aquí la puede conocer o encontrar—. Los huicholes creen también que uno nace endeudado (Durin, 2004): por el simple hecho de recibir la vida, uno contrae una deuda con los ancestros. Por tanto,peregrinar, llevar ofrenda a los diferentes sitios sagrados es una obligación, que en caso de no cumplirse acarrea daños, enfermedades e incluso la muerte. Estas acciones se sostienen con un conjunto de creencias, por ejemplo, la inteligibilidad y comunicación entre los humanos, los ancestros y todos los seres o entidades sensibles de la naturaleza es un hecho original, esto es, su posibilidad se funda en la idea de que todas estas entidades tienen algo en común, lo que nosotros entendemos como actantes. Todo habla y se comunica porque tiene iyari (‘corazón’). Dicen los peregrinos que van en pos de tewi niukui iyari: ‘obtener el habla y el corazón de los ancestros’, y se refieren en esos mismos términos al acto de peregrinar (Gutiérrez, 2010: 115). Las ofrendas, aquello que se les ofrece a los kakaiyari (‘ancestros’) (jícaras votivas, cuadros de estambre, velas, pinole, chocolate), deben estar elaboradas con una intención clara, habiendo hecho las confesiones de todos los actos que pudieron haber causado un desequilibrio en el orden sociocósmico, bajo riesgo de no ser aceptadas (Guzmán y Kindl, en prensa). Esta comunicación forma parte de una sensibilidad wixarika que se amplifica y sintoniza a partir del consumo del peyote. Este acto no se reduce a un simple consumo, sino que la planta toma a la persona como si esta última fuera su avatar, y le abre la visión, el nierika, de modo que las entidades, el corazón de las cosas y los ancestros se manifiestan en diseños y diversas impresiones cognitivo-sensoriales. El peyote es el venado, es el maíz y es todas las cosas que se manifiestan unidas en una red energética vibrante.

¿Qué descubren los no indígenas que consumen el peyote?

Cuando prescindimos del contexto cultural, cosmológico del consumo del peyote, los usuarios no indígenas vemos una interesante recombinación de creencias. Estos procesos desnudan una parte de los contenidos culturales y dejan ver los principios axiológicos propios debido al uso de la cactácea. Las creencias van anudadas a saberes, prácticas y técnicas de los anfitriones. La preparación y el ayuno son un tipo de saber y una técnica corporal que habilitan el contenido de las experiencias. Experiencias terroríficas o beatíficas dependen en gran medida de la forma como los peyoteros preparan su mente-cuerpo para incorporar la bioquímica del peyote. Así, creemos que “el peyote, para poder entrar, saca lo que tienes dentro, lo que llevas cargando; si es bueno o malo, todo sale […] porque es así como andas”; el peyote no saca flores donde está todo deforestado, no saca perfumes ni brillo de lo podrido y lo opaco. Cuando te pone los demonios familiares en evidencia, también te descubre lo que eres. Reflexividad y raciocinio, pero sobre todo reconocimiento de los lugares donde andamos y con quién nos juntamos (activación de memorias, inteligencia corporal) dan paso a un proceso terapéutico, de curación, de rehabilitación. La creencia básica para los wixaritari y para otros usuarios se refiere al peyote como a un aliado del espíritu. “Él te habla, te da tu medicina”. En este conjunto de imágenes, la persona que va a Wirikuta va a la universidad a encontrar las lecciones de su maestro, el peyote.

El uso del peyote entre no indígenas, como los jóvenes de clase media urbana que aparecen con más frecuencia por allá, está un tanto o totalmente descentrado del tema wixarika. En la década de 1960, gracias a la obra de escritores famosos como Carlos Castaneda, Antonin Artaud, Aldous Huxley y en menor medida Henri Michaux, se dio el auge de esta peregrinación de jóvenes citadinos. Fue un efecto de la contracultura que promovía la búsqueda de valores libertarios, de rebeldía contra el establishment y nutría el arte (la música, el teatro y la pintura). Desde aquella época, en México se puso de moda lo huichol. El trabajo periodístico de Fernando Benítez (1968), y posteriormente otros trabajos etnográficos (Schaefer y Furst, 1996; Furst, 1980), dispensa una serie de conocimientos alrededor del ritual wixarika y el consumo del peyote. La llegada de jóvenes en busca de una experiencia con peyote se intensifica en la década de 1980. En la década de 1990 un par de marakates (chamanes wixarika, en el plural) abren círculos de trabajo ceremonial entre no indígenas. A pesar de la reticencia de algunas autoridades wixarika, no se pudo evitar esta transmisión de conocimientos. En la actualidad encontramos un número indeterminado de especialistas de este grupo de chamanes que se dedican a comunicar y traducir los elementos de su cultura, en México y otras partes del mundo, mediante los rituales vinculados al uso del peyote. Muchos de estos especialistas han encontrado un nicho de mercado entre los jóvenes a quienes pueden llegar a deslumbrar, aunque sólo puedan transmitir una parte de su conocimiento. Ceremonias en Michoacán, Cancún, Guadalajara, en diferentes lugares de Francia, España y hasta Finlandia, conducidas por marakates son parte de este despliegue cultural ligado al chamanismo y la cosmovisión wixarika. En algunos casos, al iniciar las ceremonias, los chamanes afirman que no quieren hacer un compromiso, y eso supone en cierta forma una desvirtualización de “el costumbre”, que, para respetarse a carta cabal, asigna una serie de acciones rituales complejas a lo largo de ciclos de cinco años. Al decir que no se comprometen dan a entender que no se responsabilizarán de todo el aprendizaje que conlleva el consumo y la ceremonia con peyote.

Una actitud diferente la han asumido al menos un par de marakates cuyo nombre omito por petición expresa de ellos para preservar su integridad en sus comunidades. Para ellos, los signos de alteración de los ciclos naturales expresa de forma muy clara la necesidad de unirnos indígenas y no indígenas. Dicen metafóricamente que las velas que sostienen el mundo están caídas, que los proyectos mineros son una amenaza real, pues al extraer los minerales, al desecar los ríos subterráneos se altera la conciencia de los ancestros. Minerales y ríos son como su sangre. La imagen de Wirikuta como una universidad se refiere, entonces, al ciclo de cinco peregrinaciones que es necesario realizar llevando ofrenda (la sangre de un venado, un toro y otros objetos ya mencionados) a los cinco lugares sagrados (Haramara, al poniente; Rapa Willeme, al sur; Jauxa Manaka, al norte; Teakata, al centro; y Wirikuta al oriente), como los cinco colores del maíz, los cinco gajos en el peyote, donde el número cinco representa el orden y la perfección de la creación.

En ese sentido, la actividad que ellos asumen se basa de manera explícita en dos principios: a) activación geopolítica de los cinco lugares sagrados huicholes y b) la definición de una estrategia inclusiva que refrenda el tejido heterogéneo entre humanos y no humanos, y en tiempos recientes entre los wixaritari y los teiwrixi (mestizos, blancos, no indígenas en general).

Los wixaritari han logrado reproducir sin mayores alteraciones su cosmología al dar vigencia a la metáfora de tejido de los cinco puntos cardinales. Pero la condición moderna o, mejor, la condición indigenista de la política nacional los ha llevado a un replanteamiento de sus estrategias, entre las que se cuentan el patrocinio, en parte del gobierno, pero principalmente de antropólogos, viajeros y filántropos amantes de su cultura. No se puede negar a estas alturas la gran admiración que despierta este pueblo ataviado con colores y formas de la naturaleza, cuyo politeismo, apenas entintado con una película endeble de catolicismo, se revela como una fuente radical de otros conocimientos, otras naturalezas. Cultivadores innatos del don y el contradón, de la prestación y la contraprestación, los wixaritari cosechan, a lo largo de varias décadas, y quizá desde Lumholtz, amigos a quienes se les comparte el conocimiento de su cultura, pero a cambio ellos solicitan, exigen apoyo para continuar peregrinando y hacer sus pagos a los ancestros de los cinco puntos cardinales.

Los huicholes y los no indígenas, así como los indígenas de Norte-américa conforman hoy en día un densa red de usuarios del peyote que he caracterizado como campo peyotero (Guzmán, 2014). Todos estos usuarios le confieren propiedades agentivas, curativas, transcendentes, y a pesar de que pueden diferir en términos de sus valoraciones o asociaciones religiosas, evocan un sentido de religación con la naturaleza y le atribuyen un papel psicopedagógico para caminar esta vida “correctamente”.7

Parto de la idea de un “campo peyotero” heterogéneo, donde la concepción del peyote como agente de un cierto orden cosmológico posee propiedades reales de actante. En el tejido geográfico sagrado no está presente la peregrinación de los indios de Norteamérica, pero en años recientes su presencia en territorio mexicano es más persistente. De la misma forma, entre los mestizos, los pactos y acuerdos ancestrales que fincan las relaciones mediante la ofrenda y sacrificio pueden entenderse, pero están más allá del horizonte cultural. En estos casos, me parece que los contenidos culturales particularistas son integrados en una condición fundamental de todos los participantes por medio de la experiencia con peyote. Desde luego, sólo sucede cuando se realiza de forma ritual, esto es, concediéndole su carácter sagrado y respetando las reglas establecidas.

Performances cosmopolitas generan “cosmopolíticas”

En la noche del día 6 y al amanecer del 7 de febrero de 2012 presencié, como muchos otros teiwarixi (mestizos), una ceremonia inédita, plenamente huichola, pero en muchos sentidos híbrida en absoluto. Se le llamó Peritaje Tradicional Wixarika y su objetivo era unificar el rezo en el ritual huichol para consultar con los ancestros cómo debíamos proceder todos en relación con las amenazas de los distintos proyectos mineros anunciados dentro del sitio sagrado natural de Wirikuta. La propuesta, organización y logística de dicha ceremonia corrió a cargo de los intermediarios teiwarixi agrupados en ese entonces en el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wa Haa (fdw). Por primera vez en la historia conocida del pueblo huichol, los marakames y las autoridades cívico religiosas de las cinco comunidades, que incluyen diecisiete centros ceremoniales, se congregarían por un mismo propósito.

Diversos incidentes que conocí en el contexto de mi trabajo etnográfico me permiten valorar y entender la importancia de los intermediarios mestizos activistas huicholeros como engranaje de una nueva forma de resistencia contrahegemónica (Souza Santos, 2009). La propuesta fue recibida con desconcierto y desconfianza entre algunos wixaritari, y lo mismo por parte de otros especialistas en la cultura huichola no indígenas.

Un reconocido especialista, antropólogo huicholero, advirtió sobre el inminente riesgo: llevar a marakames de todos los pueblos a la reunión podría tener consecuencias fatales, “incluso más devastadoras que la propia mina”, porque se estaría violentando la lógica de las peregrinaciones, que cada grupo define de acuerdo con una dinámica interna y la preparación de todo lo que está asociado a dicha peregrinación. Sin embargo, no se debe subestimar la capacidad de adaptación y la flexibilidad en las estrategias que desde siempre emplean los wixaritari. Cada centro ceremonial envió sus representantes sin interferir por ello en el calendario definido con anterioridad.

En la noche previa, instalados los diferentes grupos en sus respectivos campamentos en el Bajío, surgió la pregunta: ¿cuál de los marakames ahí presentes y de qué comunidad llevaría el canto (rezo) principal? Había varios candidatos, pero de ahí tendría que salir uno, sólo uno que pudiera recibir el respaldo de todas las comunidades. Se decidió llegar al Cerro Quemado y ahí celebrar un consejo. Una vez decidido quién sería el cantador, los mestizos nos preguntábamos si tendríamos acceso a la ceremonia, no queríamos perder oportunidad de asistir a este hecho histórico.

Los organizadores habían planeado un acto con público restringido, estarían presentes sólo los huicholes y se permitiría el acceso sólo a ciertos periodistas y documentalistas, pero esto último se pondría a consideración de los propios huicholes. Los organizadores del fdw insistían en afirmar que se trataba de “un acto del espíritu”, que no era un acto político como la marcha en la Ciudad de México en noviembre de 2011, desde Ciudad Universitaria hasta Los Pinos, en donde se entregó una carta al presidente Calderón en la que exigían la cancelación definitiva de las concesiones mineras. La idea de que la prensa registrara y diera noticia del acto estaba, sin embargo, apuntando hacia la difusión de su importancia política.

Todo relato supone una ubicación y una selección de motivos. Aquí, en este espacio, puedo consignar los hechos visibles y su corolario: el pronunciamiento o el mensaje de las deidades comunicado a través de Eusebio, el marakame escogido para guiar la ceremonia. Tras la espera de un par de horas, se comunicó que todos podíamos subir a la cima del Cerro Quemado y presenciar el acto.8 Desde el arribo de los contingentes, una lluvia fina con un poco de granizo y un amplio arcoíris dieron pie para comentarios sobre el final de un largo periodo seco de varios meses. El frío inclemente no hizo desistir a los cientos de asistentes huicholes y no huicholes entremezclados. Alrededor del círculo central, en toda la extensión de la cima del Cerro Quemado, donde Eusebio llevaba el canto principal, una docena de fuegos se distribuían con sus respectivos cantadores y músicos. En la mañana, a la salida de los primeros rayos del sol, fue sacrificado un toro frente a un pletórico mar de nubes extendido al poniente de la sierra.

El mensaje de las deidades es expresado en un lenguaje poético. No haré aquí una transcripción literal del mensaje, mencionaré los elementos ontológicos que revelan la nueva circunstancia o momento de los performances cosmopolíticos. Las deidades emitieron sus consejos a través del canto del marakame, quien nombró a los ancestros dioses femeninos y masculinos y reafirmó la identidad y unión de todos los centros ceremoniales que se conducen bajo la guía de Tatewari Tutzi (Nuestro Abuelo Fuego). Refirió el momento de la creación en el que participaron todas las deidades reunidas y Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) como guía de la humanidad y portavoz de las deidades. Es decir, reafirmó la cualidad de peyote como intermediario. Comunicó la preocupación de las deidades femeninas (Serpiente Gigante) del océano para que podamos levantar el rezo y poder disfrutar del fluido de la madre tierra. Las deidades nos piden que estemos unidos para preparar los ciclos que se avecinan, que la renovación y la preparación para los nuevos tiempos requiere que estemos unidos con los elementos. Afirmó que los lugares sagrados deben ser preservados —lo cual se entendió como una forma alegórica de rechazo a la minería— y que estemos atentos, con el espíritu limpio y equilibrio de nuestro ser para hacer a un lado el miedo. Con un giro narrativo, el marakame parecía responder al mensaje y afir-mó nuestro compromiso de liberarnos de nuestros malos actos, producto de nuestra distracción en un mundo dominado por la oscuridad, y pidió que haya paz en el universo. Sus palabras finales fueron:

Gracias a todos los presentes por su atención. Reciban este mensaje de nuestras deidades y ancestros: que este año 2012 iniciemos los preparativos para sembrar nuestro corazón de Tatei Nihuetsica —el espíritu de nuestro ser, el maíz— para esta nueva etapa de vida. Se les pide a las personas que están en contra de su propio creador que dejen en paz los lugares sagrados que son de las deidades del imperio celestial. Hasta aquí llegan mis palabras, papamparios (gracias) (Frente en Defensa de Wirikuta).

El peritaje tradicional wixarika unió por primera vez autoridades tradicionales, civiles y agrarias de diecisiete centros ceremoniales. También por primera vez se recurrió a la figura del peritaje como una forma de consulta no ortodoxa, pero sintonizada con los tiempos. El peritaje como tal constituye un ensamblaje de conceptos de distinta procedencia, pues alude a la forma, al cómo los propios especialistas de la cultura wixarika emiten un parecer en relación con las amenazas de la industria minera sobre la integridad del territorio sagrado. El peritaje antropológico, a su vez, elaborado por antropólogos, ha sido el medio argumentativo principal del que se han valido los jueces para confirmar la suspensión temporal de las concesiones mineras.

El 26 de mayo de 2012, tres meses después del peritaje, se llevó a cabo el Wirikuta Fest en el Foro Sol de la Ciudad de México. Se calcula que fueron cerca de cincuenta mil asistentes, quienes escucharon a más de veinte bandas musicales y los mensajes para hacer conciencia y pedir respaldo a las acciones en defensa de Wirikuta. Los organizadores, en su informe financiero, disponible en línea, confirman el éxito del acto. Una recaudación de veintiún millones de pesos, de los cuales once millones fueron gastos de organización y los restantes nueve se destinaron a diferentes proyectos productivos en la región de Wirikuta. Lo que me interesa destacar en este documento es el acto en sí como un performance de rebeldía en el que se dieron cita representantes de los colectivos de los más variados movimientos sociales: Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz; los comuneros de Cherán; Frente en Defensa de la Tierra; Soy#132, etcétera; todos, amalgamados por la presencia de las autoridades wixaritari y la alusión directa a la tierra en donde nace el peyote. De forma paralela al acto musical, se instalaron carpas donde se llevaron a cabo talleres, temazcales y sesiones de terapias diversas y venta de productos orgánicos. Una primera lectura hace pensar que el acto tuvo un importante efecto mediático y se constituyó en la culminación de los esfuerzos encaminados por el Frente en Defensa de Wirikuta y de otras agrupaciones para atraer la atención pública.

Anticipando este escenario, el gobierno federal, mediante la Secretaría de Economía, anunció, dos días antes del Wirikuta Fest, la creación de una reserva especial minera de 45 000 hectáreas en el sitio sagrado natural de Wirikuta, que se sumaría a las 761 hectáreas de un lote minero cedido por la empresa canadiense para asegurar que no se afectaría el sitio sagrado en el Cerro Quemado, el lugar donde nació el Sol. Como más adelante se constató, dicha reserva no afectaba las concesiones de las empresas y el lote ofrecido simplemente afirmaba la intocabilidad de uno de los sitios sagrados, pero no de todos los demás.

El anuncio de la reserva especial minera no logró desactivar el movimiento; todo lo contrario, avivó el relato de la unidad, de Wirikuta como unidad. ¿Cómo explicar la partición de lo sagrado divino? Si cada piedra, planta o animal posee una sacralidad irreductible, entonces… Para que los humanos entren a Pandora, la tierra de los na’vi, sólo es posible por medio de un avatar. En esa transustanciación tecnológica, uno ingresa, como lo expresaron la antropóloga y el marino estadounidense en la película, a la interconexión, la comprensión, al final de esa otra naturaleza que se comunica a veces de manera colorida y gentil. En Wirikuta, el dispositivo o la nave es el peyote, el acceso se da por medio de una bioquímica cerebral y una disposición corporal conectada al presente, al contexto y a la situación.

El desierto chihuahuense, para los campesinos mineros, es un desafío permanente; y lo mismo para los wixaritari. Wirikuta es una unidad en equilibrio oscilante, el momento de creación —el de nacimiento del Sol— instaura el movimiento que se concibe como la contratación de una deuda; como se ha dicho, se nace con una deuda, pues la vida es un don recibido que se paga mediante la ofrenda, la peregrinación, el sacrificio. El mal, la enfermedad se contrae por una desatención al princi-pio de contraprestación. Esa convicción ética les permite a los huicholes descubrir en el extractivismo minero un acto de depredación sin pago, sin rezo, sin conexión espiritual. La naturaleza, pues, no es pasiva o inerte, las desgracias ocurren como sanciones o actos de brujería por la envidia. Pero todo está permeado por una conciencia que se expresa o comunica mediante lenguajes distintos, difíciles de entender si no se entrenan los sentidos sensoriales, si no se tiene corazón (iyari), si no se reconoce y usa la conexión.

Conclusiones

Latour ha insistido en la idea de la red compuesta por entidades heterogéneas y ha propuesto sustituir la noción de sociedad por la de un colectivo como asociación de actantes, es decir, implantar un principio socionatural que se caracteriza por la construcción, el ensamblaje entre agentes que se encuentran negociando de manera constante, cotidiana. Esta negociación es otra forma de aludir al poder y la política, con sus atributos y potencialidades para unir ontologías distintas. De este modo, la agencia deja de ser un atributo exclusivo y parapetado en la conciencia humana. La agencia se convierte en un atributo de todos los actantes y se define como “la capacidad de afectar, de actuar sobre algo” (Braun, en Sundberg, 2010: 321). Lo que aquí se destaca es que la capacidad de actuación humana es un devenir junto con las cosas, que cualquier acto implica un hacer en relación con y a partir de (Whatmore, Latour, en Sundberg: 2010: 322). Así, bajo una perspectiva relacional, los no humanos revelan su agentividad no como propiedad intrínseca, inmutable o estática, sino como convergencias y ensamblajes —la red y lo colectivo— en planos narrativos y pragmáticos cuyo desembrollo, articulación y desenlace han sido tarea de este análisis.

En este ensayo he habilitado la posición del peyote como actante bajo la metáfora del avatar. En la propia voz wixarika, el peyote es el portavoz de las deidades; pero el mensaje, lo que comunica no es una propiedad contenida y predefinida, sino que se modula en la experiencia ritual. Lo que creo que resulta ser mi aportación es ubicarlo dentro de un contexto intercultural. Le doy la primacía a las relaciones, no a las cosas, las que sólo son actantes en relación unas con otras. El contexto amplio que se me reveló mediante la experiencia en el “campo peyotero” es el intercultural cosmopolítico, uno que trasciende todas las fronteras concebibles, donde los no huicholes asimilan y logran contener la experiencia dentro de un marco ecológico definido por las amenazas de la minería a todo lo que representa Wirikuta, en su esencia y su carácter reconocido como la matriz del universo, la universidad en donde se aprende el modo de vivir. Sin este conocimiento, la acción política en defensa del territorio no se entendería en su justa dimensión de una alianza entre actores y actantes heterogéneos, pero unidos por los avatares de la historia, los que encarnan —en préstamo— las luchas sociales por un mundo para todos.

He aludido el campo peyotero haciendo mención explícita a los encuentros entre actantes. En estos encuentros se produce un intercambio de conocimientos, un asumir posiciones, creencias para incorporar el propio mundo de vida en una contienda política, es lo que de forma acabada constituye la fusión de horizontes y la ecología política de Wirikuta. Así, el campo peyotero, por definición heterogéneo, es modulado y adquiere contornos definidos en un contexto de conflicto socioambiental. Reconocer otras culturalezas rompe el hilo discursivo del poder estructural, asentado en una ontología dualista. El lenguaje que prima para definir las concepciones sobre lo que el mundo es o debería ser llega a saturarse, pero, al parecer, no existe una forma de radicalidad política que no recurra a los paroxismos. En ese sentido, he cuidado de no caer en una reificación del peyote, es decir, no es el peyote como tal, sino el peyote en medio de determinados contextos interculturales. Eso me ha requerido establecer sus correlatos, descubrir su participación oculta tras su denostación como droga, agente psicodélico o alucinógeno. Comunicar lo sagrado de un territorio podría quedar muy bien en la retórica discursiva particularista. En este caso, el arrebato de la conciencia en el trance que deviene al consumir la planta parece no haberse estancado en la contemplación mística o en el hedonismo psicodélico. Muy bien se puede afirmar la presencia del peyote, sus atributos y reverberaciones políticas, sin el cual el campo cosmopolítico de Wirikuta no tendría existencia.

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Ésta es la tercera versión de la ponencia presentada primero en el III Congreso de Ciencias Sociales, en enero de 2012, y luego en el Simposio “Ambiente, poder y conocimiento: debates desde la ecología política”, organizado en el III Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, Ciudad de México, del 24 al 26 de septiembre de 2014. Agradezco los comentarios de varios colegas de la Red de Estudios sobre Sociedad y Medio Ambiente (resma): Mauricio Sánchez, Leticia Durand, Claudio Garibay, Fernanda Figueroa y Roberto Melville. En especial, las sugerencias de Leonardo Tyrtania.

La voz avatarproviene del sáncrito y significa ‘descenso’; se refiere a cada una de las encarnaciones de Vishnú para restaurar el dharma. De los nueve avatares habidos hasta ahora, los de Rama y Krishna son objeto de particular culto (Diccionario Enciclopédico Grijalbo,1987: 199). Otra acepción se refiere al cambio en la fortuna y a las vicisitudes en la vida (Pequeño Larousse Ilustrado, 1997: 127). Ciertamente se ha incurrido en un abuso en la propia religión hindú, en donde cada maestro (gurú) puede declararse o ser declarado por sus discípulos un avatar. En la película de James Cameron, la figura se refiere a la transcorporalización de un ser humano (el marino estadounidense), mediante artilugios tecnológicos, al cuerpo de un na’vi. La analogía que usa Lidia Cacho se apoya en el título de la película, alude directamente al carácter sagrado de la tierra, la cualidad sensitiva inteligente de la naturaleza que se hace evidente en el reclamo de los wixaritari para proteger Wirikuta. Un paso más, en este ensayo, lo doy al encontrar en el peyote el medio que hace posible entrar a la realidad ontológica de este sitio sagrado.

El 19 de septiembre de 1994 se publica en el Diario Oficial de Estado de San Luis Potosíla creación del sitio de patrimonio histórico, cultural y zona sujeta a protección ecológica del grupo étnico wixarika a los lugares sagrados y a la ruta histórico-cultural, ubicada en los municipios de Villa de Ramos, Charcas y Catorce en el estado de San Luis Potosí (90 000 hectáreas). El 27 de octubre de 2000 un nuevo decreto amplía el área (140 000 hectáreas) para incorporar porciones de los municipios de Villa de la Paz, Villa de Guadalupe y Matehuala, bajo la modalidad de Reserva Estatal de Paisaje Cultural denominado Huricuta [sic]. En 2001, en el contexto de la creación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas de San Luis Potosí, se le da su nombre actual: Sitio Sagrado Natural de Huricuta –como aparece en el decreto y plan de manejo de 2008–, con una superficie total de 140 000 hectáreas. Hago referencia al artículo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y su Ley Reglamentaria, publicada en septiembre de 2003, que refrenda la calidad de los grupos indígenas, asentados y que se encuentren de paso en la entidad como sujetos de derecho público, y que les da la autonomía para aceptar o rechazar cualquier tipo de proyecto que atente contra su integridad cultural.

“El 27 de enero de 2012 el Poder Judicial de la Federación otorgó al pueblo wixarikala suspensión de plano y de oficio para los efectos solicitados. Esto significa que, hasta que no se resuelva el asunto planteado en la demanda de amparo, las autoridades no pueden autorizar o permitir actividades mineras en Wirikuta. El fallo significó la suspensión del proyecto (no la cancelación de las concesiones) hasta que se lleve a cabo el análisis del caso por parte del Poder Judicial” (Lamberti, 2014).

Véase el caso de la Cruz Parlante en la Guerra de Castas de los mayas a fines del siglo xix. Y la figura del ingeniero el gran dios, en la etnografía de Bartolomé y Barabas (1990), sobre la construcción de la presa Miguel de la Madrid.

Paul Liffman (2015) se refiere explícitamente a la cosmopolítica como las reivindicaciones adjudicadas a la voz de los ancestros y proyectadas por los medios masivos de comunicación y en grandes actos públicos. Me parece más completa la conceptuación de Julieta Lamberti: “Lo político, en el conflicto por/en Wirikuta, no puede entenderse por fuera de la cosmovisión wixarika, que pone en el centro la relacionalidad entre los wixaritari, sus ancestros, sus deidades, los paisajes y los sitios sagrados. La cosmopolítica es el accionar político sustentado en la cosmovisión de los grupos amerindios” (2014: 2).

El lector podrá encontrar en internet decenas de páginas que van en este sentido, a modo de ejemplo sugiero visitar http://www.peyoteway.org/

Un dato curioso: se nos dijo a los mestizos que estaba prohibido hacer video y tomar fotografías. En la madrugada y al amanecer, los flashes salían por doquier; eran los propios wixaritari que registraban el acto.

Conocimientos y poder en la política agroalimentaria de la Mixteca Oaxaqueña, México

Elena Lazos Chavero

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción. Conocimientos locales en la agenda política de desarrollo

Frente a las crisis agroalimentarias que aquejan a una proporción importante de pobladores de Oaxaca, las prácticas y los saberes ecológicos y agrícolas de los campesinos muestran atributos y potencialidades que podrían ser incorporados al diseño de políticas de desarrollo. Sin embargo, su movilización concreta plantea problemas teóricos, jurídico-éticos, prácticos y políticos (Pasquale et al., 1998; Sillitoe, 1998;Hayden, 2003). Primeramente, los conocimientos locales evidencian un estatus epistemológico no resuelto (Agrawal, 1995; Antweiler, 1998), lo cual se traduce en la multiplicidad de términos existentes (conocimientos tradicionales, conocimientos indígenas, conocimientos autóctonos o endógenos). En segunda instancia, a pesar de un sinnúmero de discusiones internacionales en los grupos de cooperación en pro de la diversidad biológica, sigue sin resolverse la integración de estos conocimientos en agendas políticas, las cuales resultan incluso antagónicas. Más aun, debido a las incertidumbres en su relación con los conocimientos científicos y a la bioprospección realizada por centros de investigación públicos y privados, se ha subrayado la necesidad de analizar las relaciones políticas de los conocimientos locales en su contexto nacional e internacional. No se trata de configurar bancos de datos validados por los conocimientos científicos, como la base de datos sobre conocimiento indígena del Banco Mundial o la Native American Ethnobotany Database, sino de contextualizar cultural, social y políticamente estos conocimientos para los intereses y los objetivos de los propios poseedores y poderlos integrar en las propias políticas de desarrollo local para el bienestar de sus pueblos. Sin embargo, varias preguntas polémicas nutren este debate: a) ¿qué son los conocimientos locales?, b) ¿qué valor tienen?, c) ¿qué papel pueden desempeñar para resolver problemas actuales de gran envergadura como el hambre o el desarrollo o la conservación de la naturaleza?, d) ¿cómo fomentar los intereses tanto de los poseedores como de las instituciones gubernamentales para configurar una nueva estructura de poder para generar intercambios de conocimientos?,e) ¿cómo entender los conocimientos y su relación con el poder?

Los conocimientos locales son universales a la vez que específicos, sin ser una ciencia indígena “pura” ni tampoco una forma simplificada de lo que se define por ciencia, sino que son el resultado de los conocimientos situados, nacidos de experiencias arraigadas, referidos a un territorio, cultivados y transformados por la sociedad. Implican cosmovisiones, habilidades y prácticas que responden de forma constante a las condiciones cambiantes tanto ecológicas como sociales (Agrawal, 1995; Antweiler, 2004), expresados dependiendo de la estructura de poder correspondiente. La idea de lo local se vincula a un lugar, pero en el entendido de que los lugares se hacen, los lugares se articulan, se constituyen de manera activa y continua mediante la conjunción de fenómenos humanos y no humanos: el trabajo, los relatos, la imaginación, la memoria, la economía política, los agentes biofísicos, las plantas, los animales (Raffles, 2002: 54). Los lugares reúnen espacio y tiempo, como “momentos particulares” de relaciones sociales espacializadas (Massey, 1994; Nygren, 1999). Estos conocimientos locales viajan, se reafirman, se reinventan en otros lugares donde son resignificados imaginativa y culturalmente mediante las redes en expansión de la economía política y la cultura translocal y forman articulaciones propias que prometen un holismo no reduccionista y anticolonialista, una designación que busca las marcas de la alteridad etnográfica. Forman parte de redes y articulaciones complejas que los atan a geografías rural-urbanas en vaivenes en el tiempo y en el espacio (Raffles, 2002).

La aplicación de los conocimientos locales en el desarrollo es tanto un problema técnico como epistemológico y político, ya que estos conocimientos son inseparables de la cosmología, de la estructura y la organización social, del orden social y de la estructura de poder (Leach y Fairhead, 2002). Especialistas como Brokensha, Brush, Chambers y Richards, al igual que un gran número de organizaciones, se han ocupado de entender las interrelaciones entre los saberes indígenas y el desarrollo, ya que los consideran recursos valiosos y complementarios; aportaciones fundamentales para nutrir el debate sobre la importancia de valorar los sistemas indígenas de conocimiento. Pero para convertir en realidad la posibilidad de tomar en consideración los conocimientos locales en las agendas políticas de desarrollo, se necesitaría cambiar tanto las estructuras de poder bajo las cuales se dictan dichas políticas como los modelos culturales impuestos desde hace décadas por la modernización de la agricultura. Sabemos que el conocimiento se distribuye de forma desigual, ya que algunas personas saben más de algo que otras, pero en la base significa que temas técnicos se interrelacionan con las diferencias sociales (por ejemplo, género, edad, origen étnico, tipo de relaciones y redes donde se conectan) y con la lucha por el control de recursos y por la autoridad sociopolítica (Scoones y Thompson, 1994; Leach y Fairhead, 2002).

Por ende, tendríamos que preguntarnos ¿quién establece preguntas y programas como objetivos legítimos del desarrollo?, ¿quién participa? No se trata de hacer listados de conocimientos ni de despojar a los pobladores de sus conocimientos locales y convertirlos en recetas automáticas o, peor aún, en patentes (Shiva, 1997),1 ni tampoco de cientifizar estos conocimientos —particularización, validación y generalización— para convertirlos en verdades, sino de contextualizarlos mediante su continua evolución y experimentación. Para Scott —en su obra Seeing Like a State (1998)—, los saberes prácticos como fruto de la experiencia son fundamentales para debilitar los peligros entre un Estado poderoso y su alto grado de voluntad modernizadora. Los productores, obreros o médicos introducen sin cesar pequeños ajustes y cambios, fruto de la experiencia, y en esto reside la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En la actualidad, los saberes agrícolas y ecológicos de las sociedades rurales son un resultado de una combinación de la larga herencia de conocimientos locales transmitidos por las generaciones, interpretados individualmente pero, a la vez, imbricados en las cosmovisiones, los ri-tos, las palabras, los gestos, las acciones de sus pobladores, y al mismo tiempo se interpretan a partir de la transferencia de conocimientos científicos por medio de agrónomos y técnicos de instituciones públicas y de asociaciones civiles, de la información dada en las tiendas de semillas y agroquímicos, al igual que del saber común propagado mediante las andanzas migratorias de las familias rurales y de los medios de comunicación.

En este sentido, los conocimientos locales no deben representarse como simples dicotomías, ya que llevan a falsas interpretaciones esencialistas entre ciencia occidental y conocimientos indígenas (Nygren, 1999; Leach y Fairhead, 2002; Sillitoe y Barr, 2004; Long, 2007). Simplemente, los conocimientos resultan de la capacidad humana de interactuar de forma constante con su entorno socioambiental con base en su contenido situado de modo cultural y ecológico. Bajo la perspectiva orientada al actor, se explora cómo las prácticas socioculturales son organizadas y llevadas a cabo en la vida cotidiana. Long (2007: 314) plantea que se pueden analizar las transformaciones de conocimiento a través de cómo la gente —campesinos, indígenas, administrativos, científicos— “construyen puentes y manejan las interfaces de conocimiento2 críticas que constituyen los puntos de intersección entre sus diversos mundos de vida”. Por medio de las prácticas de la vida cotidiana —las estrategias, los discursos, las luchas por significados e identidades—, Long establece que sólo de esta manera “se puede entender cómo el conocimiento se integra, exterioriza y se reconstruye por los diferentes actores” (Berger y Luckmann, en Long, 2007: 314). Existen “realidades múltiples” que pueden tener significados y racionalidades distintas para los actores, pero al final son compartidas en la misma arena social. En estos encuentros o interacciones de conocimiento, se genera el conocimiento situado en la localidad (Long, 2007: 315).

Algunos ambientalistas o ecologistas, o algunos movimientos sociales indígenas, retratan a las poblaciones indígenas o rurales como “eco-santos” (Antweiler, 2004), o las consideran el antídoto para los problemas mundiales de la alimentación. Estas idealizaciones oscurecen, por un lado, las ambigüedades sobre la autoría, el acceso diferencial, las estructuras de poder subyacentes, en este sentido, el control del conocimiento; y, por otro, las interfaces del conocimiento. El conocimiento se genera y se transforma no en abstracto, ni por sí solo ni por un origen intrínseco, sino en las “contingencias y forcejeos cotidianos que constituyen la vida social” (Long, 2007: 314). En este sentido, por ello, hasta hoy en día, gran cantidad de problemas jurídicos y éticos sobre la propiedad de los conocimientos locales queda sin resolverse (Posey y Dutfield, 1996; Brush y Stabinsky, 1996; Shiva, 1997; Agrawal, 1998; Strathern et al., 1998).

Siguiendo esta óptica, algunos estudios indican que las prácticas locales han tenido resultados poco satisfactorios. El trabajo de Hess en Ecuador muestra que no existen conocimientos tradicionales consolidados alrededor del manejo de las ovejas y, por ende, las zoonosis han mermado la producción ovina (1997: 79). También señaló la incongruencia o parcialidad entre los conocimientos provenientes de distintas comunidades. Para el manejo integral de plagas, inclusive las clasificaciones zoológicas detalladas de los tzeltales de Chiapas (Hunn, 1977) no aportan aspectos fundamentales sobre las prácticas potenciales de un manejo integral (Vayda et al., 2004). No obstante, sería ilógico usar estos casos para argumentar contra la importancia de los conocimientos locales en las agendas políticas de desarrollo. No se trata de probar su validez o su invalidez, sino de entender los contextos cotidianos, las interacciones, negociaciones, interfaces y adaptaciones que le dan los distintos actores y sus mundos de vida.

Así, en otros estudios se resaltan las complejidades de cómo el conocimiento se reconstruye en las interacciones a múltiples niveles por los diferentes actores involucrados. Fairhead y Leach (2003) nos relatan cómo en Trinidad y Tobago una organización ciudadana (Asociación de Caza South East) impugnó los métodos y conclusiones de la ciencia “experta” (estudios de biólogos de la Universidad de Wisconsin) con respecto al impacto de la cacería sobre la disminución de la fauna local. La asociación señaló que la causa era la pérdida de los hábitats de la fauna debido al monocultivo de teca y de pino, políticas estatales forestales. Estas impugnaciones estuvieron vinculadas a diferentes categorías sociales en competencia y a dimensiones, conceptos e instituciones de conservación. Los cazadores criticaron las reservas exclusivas, pues excluían a los cazadores legales, pero no a los furtivos que tenían espacio “libre”. Los cazadores legales plantearon ser socios con el Estado en los planes de conservación para así ayudar a controlar a los ilegales, lo cual entraba en pugna con el movimiento ecologista y las organizaciones científicas internacionales que tenían una fuerte influencia en la elaboración de políticas ambientales en el país (Leach y Fairhead, 2002). Este caso contrasta con los resultados exitosos de las políticas ambientales de cacería en Guinea, donde el Estado y las instituciones internacionales decidieron no tener vigilantes y, por el contrario, llamaron a los cazadores “tradicionales” para colaborar en la gestión de los parques nacionales, basándose en el valor de sus conocimientos. Los cazadores en Guinea son instituciones locales respetables ya que eran los fundadores de las aldeas, conocían la calidad de las tierras, ríos, aguas, y los lugares ricos en alimentos. Se consideran así los protectores de las comunidades, además de que, en muchos casos, eran los curanderos y los responsables de las ceremonias y rituales. Por tanto, ellos, con base en las mitologías y tabués tradujeron los peligros de la transgresión, en la creación de las normas y reglamentos. Estas “hermandades” de cazadores tuvieron la responsabilidad de hacer respetar los calendarios de caza, proteger las especies en peligro de extinción, luchar contra los incendios y reforzar los programas de gestión de los recursos naturales (Leach y Fairhead, 2002; Fairhead y Leach, 2003).

En este sentido, ¿cómo construir estrategias conjuntas para la integración de saberes agrícolas y ecológicos de las sociedades rurales que den sentido mismo al conjunto de actores involucrados en las iniciativas de desarrollo? Desde hace ya tres décadas, asociaciones civiles, académicas y agencias gubernamentales de desarrollo han propuesto las metodologías participativas para incorporar las percepciones y prácticas locales con el fin de hacerlas más relevantes a las necesidades locales y generar intervenciones más sustentables (Chambers, 1997). Sin embargo, existen barreras sociopolíticas y apropiaciones diferenciales de un proyecto como tal, donde la ideologización y la transmisión de la ciencia y las estructuras de poder juegan un papel fundamental.

En este trabajo quiero discutir los ejes sociopolíticos y culturales en las interfaces de conocimiento de diversos actores con el fin de considerar las posibilidades para integrar los conocimientos y las prácticas locales en torno a la agrodiversidad como base de los sistemas agroalimentarios en las políticas de desarrollo. Para ello, tomaré como estudio de caso las controversias sobre los conocimientos de los maíces nativos que conforman parte del sistema agroalimentario en dos comunidades de la Mixteca, en Oaxaca, al sur de México.

Las familias ñuu savi de la Mixteca oaxaqueña han tenido acceso a una alta biodiversidad para su alimentación (Casas et al., 1987; Katz, 1993 y 2013; Lazos, 2008) y han mantenido prácticas que han provisto de una rica agrodiversidad con el fin de lograr un sistema agroalimentario menos vulnerable ante los riesgos socioambientales (i.e. sequías, heladas, tasas altas de erosión), como en la actualidad ante los embates de la economía mundial. Pero, desde hace años, debido a múltiples factores, estos sistemas se han transformado. La falta de políticas que incentiven la agricultura agrodiversa a pequeña escala y la sola existencia de programas asistencialistas han provocado una dependencia alimentaria en la industria. Las ricas milpas en agrodiversidad se convierten en monocultivos de maíz; los frutales y las hortalizas nativas se reducen y se restringen como recursos ocasionales. Además, los cambios socioculturales vividos por las familias migrantes, en particular entre los jóvenes, han llevado a pérdidas y sustituciones de alimentos.

Este trabajo aportará reflexiones sobre la importancia de considerar las disonancias de ideas y creencias, las discontinuidades y las transformaciones de los mundos de vida de los pequeños productores ñuu savi que oscilan entre diversos mundos de significados para entender que los conocimientos locales, a pesar de ser fragmentarios y contrapuestos, pueden entrar en interacción con las políticas de desarrollo y vislumbrar la construcción de una soberanía alimentaria.

Descubriendo posibles caminos: actores en red

Esta investigación se nutrió de las entrevistas realizadas con las familias ñuu savi de los municipios de San Miguel Huautla y Santiago Tilantongo en la Mixteca alta, durante varias temporadas de campo en 2011 y 2012. Las comunidades fueron seleccionadas por las recomendaciones del Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca Hita Nuni, A.C. (Cedicam) que ha venido trabajando desde 1980 para el desarrollo rural y ambiental de la región y cuya base se localiza en la ciudad de Nochixtlán.

El municipio de San Miguel Huautla contaba con una población de 1 399 habitantes en 2010 (Inegi, 2011) sobre un territorio de 5 000 hectáreas más 4 000 en disputa con la comunidad vecina (Santa María Ixcatlán) desde hace más de treinta años (entrevista con el presidente municipal, julio de 2011). San Miguel, declarado como parte de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán en 1998, se localiza a 60 kilómetros al noreste de la ciudad de Nochixtlán (Figura 1). Tiene una altitud promedio de 2 000 msnm. En el municipio de Santiago Tilantongo, visitamos la cabecera municipal para entrevistarnos con las autoridades, pero el trabajo lo realizamos con familias del poblado Guadalupe Hidalgo. El municipio contaba con 3 210 habitantes en 2010 (Inegi, 2011), pero Guadalupe Hidalgo tenía sólo 441 habitantes, siendo 45% de la población menor de edad (Inegi, 2011). Con una extensión de 1 500 hectáreas, está situado a 1 950 msnm. Se ubica a 50 km de Nochixtlán y a 45 km de Tlaxiaco (Figura 1).

Además, nos entrevistamos con las autoridades municipales y comunales, las médicas responsables de la clínica y el administrador de la tienda Diconsa. En total, se levantaron 45 encuestas para entender la dinámica agrícola y alimentaria (Tabla 1). Sin embargo, para los objetivos de este artículo, sólo analizaré las encuestas del sistema agrícola (diecinueve productores en total).

Por otro lado, las entrevistas realizadas a funcionarios de instituciones gubernamentales (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, [Sagarpa]; Secretaría de Agricultura del Estado de Oaxaca, [sedapf]; Secretaría de Salud [ssa]) brindarán los otros elementos de análisis y reflexión para entender las políticas agrarias y alimentarias dirigidas a poblaciones vulnerables y altamente marginales.

Conocimientos locales sobre agrodiversidad y maíces nativos entre diversos actores

Entre los productores, tenemos una gran diversidad de conocimientos y prácticas sobre el cultivo de las diversas poblaciones de maíces nativos y de cultivos asociados. Unos saberes se complementan, otros se refuerzan, otros se contradicen e inclusive otros se pierden. Hoy en día las familias ñuu savi siembran pequeñas parcelas donde combinan diversos maíces y uno o dos cultivos asociados. De los diecinueve productores entrevistados, la superficie total promedio labrada oscilaba alrededor de las 2.2 hectáreas, aunque algunos siembran hasta 6 hectáreas de maíz, mientras que otros alcanzan apenas la media hectárea. La mayoría posee una, dos o tres parcelas, cuyo tamaño varía entre 0.2 y 2 hectáreas. Excepcionalmente, todavía hay productores con 4 o 6 pequeñas parcelas cultivadas (Figura 2). Esto contrasta con lo que pasaba en 1980 (Figura 2). Los productores recuerdan que en esos años cultivaban un mayor número de parcelas (hasta siete en algunos casos), en diferentes condiciones ecológicas. A partir de las entrevistas con las autoridades, podemos generalizar estos datos a la población de San Miguel Huautla y de Santiago Tilantongo. El presidente municipal y el agente de bienes comunales corroboraron que la mayoría sembraba alrededor de las dos hectáreas y muy pocos productores cultivaban hasta las doce o catorce hectáreas. Asimismo, mencionaron que hasta fines de 1980 las familias cultivaban tres o cinco pequeñas parcelas; pero en la actualidad la mayoría sólo cultiva una o dos debido a la falta de mano de obra familiar.

Con respecto a los maíces cultivados, de las 35 razas de maíces reconocidos para el estado de Oaxaca [Aragón, et al., 2006] en las comunidades estudiadas, encontramos cinco: Bulita, Pepitilla, Cónico, Chalqueño, Tuxpeño y cruzas entre ellos (determinadas por Dr. José Luis Chávez, ciidir, ipn, Oaxaca). En términos de los agricultores, la mayoría siembra dos tipos: maíces blancos y maíces azules (Figura 3). Una menor cantidad siembra maíces amarillos, debido a su color y a la dureza del grano que, por un lado, hace el trabajo de desgrane más difícil para las mujeres y, por otro, la tortilla elaborada tiene una textura más dura que la de maíz blanco. Sin embargo, algunos productores adujeron la gran palatabilidad de los maíces amarillos para los animales domésticos y la resistencia a vientos y a la sequía. Escasamente se encuentran los maíces rojos, cultivados más para proteger la milpa. Sólo un productor cultiva el pinto, el tatacuichi y el maíz de cajete. En cambio, hay seis productores que, al estar cerca de un pequeño riachuelo, han aprovechado para irrigar una pequeña parcela y pueden sembrar maíz híbrido elotero para vender como elotes en el mercado (Figura 3).

Sin embargo, esta situación no era así en la década de 1980. Los propios productores recuerdan haber combinado un mayor número de maíces en sus parcelas, pues cultivaban un mayor número de parcelas, lo que les permitía jugar con distintos nichos microclimáticos y tipos de suelos; por ende, con la siembra de distintos maíces. En particular, el maíz cajete, el cual demanda una gran inversión de trabajo, pero posee una alta resistencia a la sequía, era cultivado por un mayor número de productores (Figura 3). En cambio, sólo un productor cultivaba des-de entonces el maíz híbrido elotero.

Los criterios para seleccionar las poblaciones de maíces que cultivar son altamente heterogéneos y multidimensionales; y mientras que unos valoran más el sabor y la textura, otros preferirán la resistencia a plagas, que implica mayores posibilidades de su conservación (Figura 4). Mientras que algunas características físicas definen el gusto del cultivo de un maíz en particular, por ejemplo, el sabor, la textura, la suavidad, el color, el peso del grano, otras características dependen del ciclo, por ejemplo, los efectos de los vientos, el tamaño de la mazorca, la humedad residual en los suelos. Mientras que un agricultor puede expresar: “A nosotros nos gusta el blanco más; el amarillo está feo y es muy duro”; en contraste, otro productor piensa: “A mí me gustan los amarillos, pues los animales del patio lo comen muy bien y engordan rápido”.

En cambio, el tamaño de la mazorca se relaciona más con el lugar de cultivo y el tipo de suelo. “Cuando se siembra en la falda de los cerros, la mazorca es más chiquita; en plano, la mazorca crece un poco más, así a todos, por igual”. De la misma manera, el peso y llenado del grano son características que en ocasiones se vinculan con el tipo de maíces, pero en otras se relacionan más con el ciclo pluvial. Algunos ñuu savi asocian tipos de suelos con las poblaciones de maíces. Así, Efraín Cruz de Guadalupe Hidalgo nos especifica: “El maíz rojo se da mejor en tierra caliente, el azul en tierra templada, el blanco también mejor en tierra ca-liente, y el amarillo se da más en la tierra fría o templada”. “Se selecciona este maíz blanco por el tipo de suelo. Aquí, en la misma región, hay suelos que a veces no aceptan el blanco, sino son suelos que aceptan el amarillo o aceptan el azul”, nos comenta Abelardo, de la comunidad de Guadalupe Hidalgo. En cambio, otros campesinos no hacen estas distinciones. Algunos aseguran que todos los maíces se dan mejor en las tierras “cerrudas” con más materia orgánica; en cambio, tienen bajos rendimientos en tierras “blancas” sin materia orgánica. En cuanto a las características topográficas, los maíces responden de manera similar. Todos crecen mejor en los llanos planos que en los cerros, variando según el tipo de nicho microclimático.

Pocos campesinos reconocieron la relación entre los tipos de maíces y el rendimiento: aunque algunos pensaron que los maíces blancos tienen mayor rendimiento, la mayoría comenta que los rendimientos dependen del tipo de suelo, la cantidad de materia orgánica, del ciclo pluvial y la aplicación de fertilizantes más que del tipo de maíz cultivado. Con respecto a la resistencia a plagas, algunos piensan que los maíces blancos son más resistentes, mientras que otros se decantan por los maíces amarillos (Figura 4). No existe la selección de un tipo de maíz por destinarse una parte de la planta a un uso especial. Así, el uso de la hoja para la envoltura del tamal depende del tamaño y de la conservación de la propia hoja, sea cual fuere el maíz. En cuanto a seleccionar-los para el consumo de los animales domésticos, los ñuu savi prefieren los maíces amarillos por su mayor palatabilidad. Aunque varias familias reconozcan la importancia de sembrar maíces rojos para proteger la milpa, sólo hay dos productores que los cultivan. Además, los usos rituales han disminuido, por lo que muy pocos agricultores hablaron de este aspecto. Sólo mencionaron que llevan a bendecir las semillas a la iglesia católica el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

No obstante, a pesar de que todos estos factores jueguen de manera diferencial entre los productores para seleccionar la siembra de un tipo de maíz, en la actualidad el mayor criterio que dirige este proceso es el mercado. El maíz blanco tiene buen comercio, ya que por su color y su suavidad entra fácil al mercado. Esto ha generado que muchos productores elijan la siembra de maíces blancos por encima del resto, ya que, aunque acepten que el resto de las características sean importantes, el mercado es el factor determinante.

Una característica importante para seguir cultivando los maíces nativos es la resistencia a la sequía. Casi todos los campesinos, cuando compararon las ventajas entre los maíces nativos y los híbridos, seña-lan como característica principal la capacidad de resistir más al estrés hídrico, en particular el maíz cajete, que se sembraba aprovechando humedad residual en un periodo donde otra población de maíz no podía cultivarse. Sin embargo, no hay una clara distinción de mayor o menor resistencia entre los diversos tipos de maíces nativos. Aunque algunos productores apuntaron al maíz amarillo como el más resistente.

Los campesinos ñuu savi organizan sus parcelas de formas muy distintas. Cada familia sigue una estrategia distinta dadas sus condiciones laborales, el tipo y tamaño de parcela, la cercanía al mercado, el acceso a semillas y fertilizantes, los gustos en sabores y texturas de los maíces, historias locales, instituciones comunitarias y diversos conocimientos que determinan distintos criterios de selección. Así, cada familia pondera el peso de cada una de las variables y decide su organización productiva. Sin embargo, a pesar de esta gran heterogeneidad de factores, los agricultores parten de una matriz de conocimientos compartidos y reconocen la importancia de mantenerlos para las generaciones futuras. Conocen tanto los beneficios como las limitantes de sus tierras y de sus cultivos, y la mayoría coincide en la importancia de conservar sus tierras y su agrodiversidad para asegurar su subsistencia.

Para otras comunidades epistémicas, los valores e intereses en términos de la conservación de una agrodiversidad, y en particular de una diversidad de maíces, difieren fuertemente con la visión del mundo de los productores. En contraste, entre la mayoría de los funcionarios de Sagarpa y Sedapf se relaciona la productividad con los modelos agrícolas comerciales bajo monocultivo de maíces híbridos en tierras mecanizadas y con la aplicación de altas dosis de fertilizantes. Sin embargo, muchos funcionarios, hijos de los mismos campesinos, que estudiaron Agronomía en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad de Chapingo o en los centros técnicos como los cbtis (Colegios de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios), profesan la modernización de la agricultura. Ellos asocian la siembra de maíces nativos con pobreza y marginación, ya que es lo que han vivido. Sus propias vivencias y sus nuevos conocimientos provocan una negación de antemano de las posibilidades de incorporar los conocimientos locales sobre maíces nativos en las agendas de desarrollo. Por el contrario, la ciencia difundida por medio de los agrónomos en instituciones gubernamentales como Sagarpa, al igual que el extensionismo otorgado por las tiendas de productos agrocomerciales, ha jugado un papel importante en el devenir del modelo agrícola regional, al negar la importancia de la conservación del cultivo de diversas poblaciones de maíces nativos.

La mayor parte de estos agrónomos considera las bondades del monocultivo de maíces híbridos con mejores ventajas productivas, ya que establecen el criterio de rendimientos y productividad como lo más importante. En este sentido, para ellos, el cultivo de varias poblaciones de maíces nativos y de agrodiversidad en general no brinda mayores ventajas a las familias. Consideran que la inestabilidad productiva y los bajos rendimientos son los elementos que explican la pobreza en el medio rural.

Si los productores tuvieran acceso a los maíces híbridos, con sus fertilizantes, pues tendrían una producción para todo el año. En cambio, con los criollos sólo alcanza para dos o tres meses. Luego tienen que comprar su maíz. Ése es mi sueño, que los productores oaxaqueños pudieran ser al-tamente productivos, no tanto como Sinaloa, pues no tenemos acceso al riego, pero sí al menos que fuéramos más productivos (subsecretario de la Secretaría de Agricultura del Estado de Oaxaca, entrevista, diciembre de 2011).

Por otro lado, el director de Asistencia Alimentaria del dif (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), perteneciente a la Secretaría de Salud, defiende al nuevo programa “Cocina comedor nutricional comunitario” como el más importante para abatir la desnutrición o los malos hábitos alimenticios en comunidades de alta marginación. Tiene el objetivo de repartir dos comidas calientes al día.

“Cocina comedor”, porque llevamos una actividad con alimento nutricional, porque damos productos y alimentos con valor nutricional; “comunitaria”, porque involucramos a la comunidad en toda la actividad, desde la preparación. Estamos dando alimento caliente dos veces en el día: des-ayuno antes de que los niños se vayan a la escuela, donde los hijos a duras penas si llevan algo en la pancita en la mañana. Dejamos este desayuno caliente a niños y niñas de seis meses de edad a doce años. Recordemos que si no tenemos alimento en el estomaguito, las matemáticas nos cuestan mucho; y después de que terminamos las clases, todos vapuleados, pues nos da mucha hambre. Todo con valor nutricional, como leches semidescremadas; las lentejas, la soya que les estamos mandando, que eso ayuda a fortalecerles en su crecimiento (Arq. Hernán Laguna Rodríguez, entrevista, agosto de 2011).

El dif trabaja conjuntamente con el Instituto Nacional de Nutrición para generar datos estadísticos sobre desnutrición. De cada niño que asiste al comedor toman sus datos biofísicos.

Si el niño llega flaquito, desnutrido, manchadito, a ese niño lo vamos a revisar cada mes. Si en el primer o segundo mes no avanza, entonces lo canalizamos al sector salud. Vamos midiendo a todos los niños, los que más o menos están normales se miden cada seis meses, porque ésos van creciendo parejitos; y los delicaditos los estamos revisando cada mes (Arq. Hernán Laguna Rodríguez, entrevista, agosto de 2011).

El director vislumbra varios problemas para que el programa sea efectivo. Por un lado, convencer a las comunidades (básicamente mujeres) de que trabajen de manera colectiva para la preparación de alimentos. Sin embargo, no hay un monitoreo a largo plazo para encontrar los problemas desprendidos de una nueva organización y poderlos resolver de manera conjunta. Tampoco hay un seguimiento con el fin de evitar el manejo clientelista del programa. A la postre, aunque se acepte que el programa debería contar con una capacitación para evitar introducir alimentos industrializados por las compañías trasnacionales, responsabiliza a las comunidades para realizarlo. Inclusive, los programas del dif dependen de la buena voluntad política del presupuesto federal, pero también del asistencialismo y de las donaciones, “de las buenas voluntades y dádivas otorgadas por las industrias”, por lo cual se acepta repartir los productos de las propias empresas.

En cuanto al proyecto productivo, creo nos hace falta más capacitación, nos hace falta abrirle los ojitos más a nuestros paisanos en decirles no sólo siembres un rábano, sueña que puede ser una empresa productora de rábanos. Si les hablamos de esa dimensión, ellos ambiciosamente van a llegar a hacer algo en la vida, así lo queremos conceptualizar nosotros. ¿Qué queremos hacer de nuestros pueblos? Que sean autosustentables, que se defiendan por sí mismos y que los programas de gobierno asistencialistas ya no lo sigamos siendo. Generemos una dinámica para poder vivir solos. Yo les envío cajas de alimento cada bimestre. Todavía no tenemos relación con el programa pesa de Sagarpa (Arq. Hernán Laguna Rodríguez, entrevista, agosto de 2011).

Este programa podría vincularse con políticas de la Sagarpa para, en efecto, dejar de crear una dependencia de la población en los programas asistencialistas. En este sentido, podrían generar una sinergia entre la producción de maíces nativos y cultivos asociados con los comedores comunitarios. Sin embargo, esto no está ni en las prioridades ni en las posibilidades político-económicas de la institución.

Dos comunidades epistémicas que tienen modos de pensar muy distintos, pero que coinciden en términos de la conservación de los maíces nativos y de la agrodiversidad, son los comerciantes de maíz y varios científicos. Los comerciantes ven las ventajas de la siembra de maíces nativos, pues son ampliamente requeridos por los habitantes de los pueblos oaxaqueños y más aún cuando en la actualidad se ha generado un mercado gourmet en la ciudad de Oaxaca que valora más a los maíces nativos.

Los maíces de bolita me los compran mucho. Las señoras de los valles hacen las tlayudas con estos maíces y me lo piden mucho, pero luego no hay buena producción. Pero para mí mejor que los campesinos cultiven los criollos, pues el mercado es muy bueno. Todas las mujeres que tortean y llevan a vender a la ciudad de Oaxaca, uy, le digo, hasta se pelean por comprarme. También compran los híbridos, pero yo estoy fuera de ese circuito. Eso lo manejan comerciantes de México que le compran a los productores de Sinaloa. Es bueno su maíz, ni quien diga, pero yo no saco mucha ganancia cuando se lo compro. Me conviene más comerciar con el criollo (señor Heberto, entrevista, agosto de 2011).

Aquí (en el Istmo de Tehuantepec) la gente hace mucho totopo. Lo lleva a vender mucho, por todos lados, hasta se va a Estados Unidos, para los zapotecos de allá. Por eso me piden mucho el maíz bueno, el zapalote que le llaman, porque como que la textura es buena para hacer ese totopo.A la gente le gusta. Lo compro rápido, pero me cuesta trabajo encontrar. Luego escasea mucho. Yo les digo a los productores que siembren más de ése, pero luego me dicen que es delicado y muchos han perdido la semilla. Entonces las mujeres ya los hacen de los híbridos de Sinaloa (señor Mario, entrevista, agosto de 2012).

Existen circuitos comerciales donde hay algunos comerciantes que se insertan más en la compraventa de los maíces nativos y obtienen mayores ganancias porque se ha formado un mercado que favorece a los nativos. Otros comerciantes controlan los circuitos de maíz híbrido, a través de Puebla y la Ciudad de México, quienes reciben la gran producción de maíz blanco híbrido de Sinaloa.

Entre los científicos también hay distintas comunidades epistémicas. Existen agrónomos y biotecnólogos convencidos de las bondades de los maíces híbridos y de los maíces transgénicos, en particular porque, basados en sus interpretaciones y sus conocimientos, estos maíces generan mayor productividad. De manera particular, realzan la fuerte producción y los altos rendimientos de los productores sinaloenses, los cuales llegan a las trece y quince toneladas por hectárea, comparadas a los datos que ellos manejan de las dos o tres toneladas de los maíces nativos en condiciones óptimas.

No obstante, otros agrónomos, científicos naturales y sociales, y muchos pertenecientes a varias asociaciones civiles, cuestionan estas “bondades” ya que la productividad de los maíces híbridos responde a las altas dosis de fertilizantes, al riego abundante que merma los mantos freáticos y a la mecanización durante todo el proceso. En este sentido, ellos plantean que, al hacer el balance entre rendimientos e inversiones energéticas, el costo-beneficio ya no se inclina hacia los híbridos. Ellos mismos abogan por la conservación de maíces nativos y por la agro-diversidad como fuente fundamental de la alimentación de los pueblos, coincidiendo en varios puntos: la especificidad de México como centro de origen y diversificación del maíz, la importancia de la diversidad de maíces frente al cambio climático, el control de las semillas en manos de los productores y no en manos de compañías trasnacionales.

Políticas sobre seguridad agroalimentaria:¿dónde queda la agrodiversidad?

Con financiamiento de la fao, el gobierno federal inició la adopción de una metodología para atender las zonas de alta y muy alta marginación: el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (pesa), el programa más importante para pequeños productores de zonas marginadas. En 2005 se incluyó a Oaxaca entre los cincuenta municipios de menor índice de desarrollo humano. Sin embargo, a pesar de estar bajo el paraguas de políticas agrícolas, la estrategia se enfocó principalmente en tres aspectos: a) “Hogar saludable”, que incluía la instalación de la estufa tipo Lorena con chimenea, para evitar el fogón tradicional y, por ende, la reducción de enfermedades respiratorias de las mujeres; b) “Letrinas”, las cuales fueron canalizadas a Sedesol; c) “Disponibilidad de agua”, ya que no tenían acceso al agua para lavar y tenían que ir al río o comprar pipas. Se enfocaron en la construcción de tanques de ferro cemento, mínimo de 10 000 litros, para que ahí captaran agua de lluvia. Después de cumplir con estos tres puntos, proponían apenas comenzar con la producción de su traspatio dándoles un pequeño apoyo para la siembra de hortalizas.

Este programa se realizó mediante agencias privadas que pudieran tener la capacidad o conocimiento de esta estrategia, para lo cual se tuvieron que hacer arreglos con despachos privados de egresados de la Universidad de Chapingo, el Colegio de Posgraduados, el ciidir (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional) del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, a pesar de su componente agrícola, y pese a tener objetivos de seguridad alimentaria, el programa se restringió a las cuestiones de vivienda.

A estas comunidades se les atiende hasta cinco años. El primer año se lleva el hogar saludable; el segundo año, el agua; y después lo de traspatio, que es lo de alimentación. Se hacen reuniones de planeación participativa, en donde se va a la comunidad y se dice, a ver, cuál es el problema; y entre ellos van diciendo, y el facilitador lo que hace es ir encuadrando. Dentro de las prioridades, salía la cuestión de que no tenían agua. Se maneja otro programa, que es lo de asistencia técnica para desarrollar capacidades, y otro programa, que se llama “Conservación de suelo y de agua”. Entonces, estos tres programas, cuando se determina que el problema principal es agua, se prioriza; y si hay excedentes financieros, ya se ve la cuestión de cómo utilizarlo para producir alimento (Ing. Juan May, jefe del Programa de Desarrollo Rural, Sagarpa, entrevista 15 de agosto de 2011).

A pesar de la metodología participativa y de las buenas intenciones de arribar a la producción de alimentos, el financiamiento no alcanza para llegar a estas etapas, o bien se realiza en el último año, cuando ya no hay un seguimiento. Dentro de la estrategia de generación de alimento, aparte del traspatio, la Sagarpa tiene el programa “Producción de maíz en ladera” (pmsl), el cual impulsa el intercalado de cultivos. Sin embargo, el financiamiento es muy reducido.

Es una técnica que se maneja como si fuesen terrazas, una hilera se pone con frutales con curva de nivel, a los diez metros se pone otra hilera, también de frutales, con curva de nivel, de tal manera que evita que haya arrastre de suelo cuando llueve. También se van desarrollando capacidades; ya no tienen que quemar, tienen que picar bien toda la materia orgánica, de esa manera se evita que cuando llueva haya más erosión; entonces, sembrar sin mover tierra; y la otra es orientada al uso de abono orgánico. De los animales que tiene, hagan composta para que de esa manera puedan tener su propio fertilizante y echarle a las plantas (Ing. Juan May, jefe del Programa de Desarrollo Rural, Sagarpa, entrevista,15 de agosto de 2011).

Otro programa bajo la estrategia de pesa incluyó la dotación de botes metálicos para que pudieran almacenar su grano y esto evitara que la semilla se picara por plagas. “Se desecha hasta 30% de maíz por desperdicio por gorgojo, por roedores o plagas. Estos botes metálicos le permiten al productor guardar el alimento por todo un año, en condiciones aptas para alimentarse”. No obstante, este programa sólo ayudó a muy pocas familias en escasas comunidades. El financiamiento se otorga de forma familiar, pero al mismo tiempo se promueven redes de productores para lograr una mejor organización. La propuesta es positiva, pero se queda en buenas intenciones, sobre todo porque no hay un seguimiento puntual.

La forma como opera este apoyo es a través de “Alianza para el campo”, donde se les da en activos hasta el 90% de apoyo y el 10% lo pone el productor. Consideramos como mano de obra la aportación del productor. Se impulsan redes de productores. Ahí hay agencia de gestión e innovación. Son productores que ya tienen otra capacidad, forma de pensar diferente, tienen otros activos que no tenían cuando producían para autoconsumo. Ésa es la parte gradual; pueden seguir participando en forma individual, pero para vender regionalmente. El apoyo es a nivel productor, son activos individuales que después se pueden sumar para hacer una empresa de varias familias para poder ya ser competitivos llevando su producto a menor precio a otras regiones (Ing. Juan May, jefe del Programa de Desarrollo Rural, Sagarpa, entrevista, 15 de agosto de 2011).

Los funcionarios de la Sagarpa y la sedapf aducen los fracasos productivos en el plano colectivo a varios problemas intrínsecos a las comunidades. Por un lado, la “cultura del individualismo”, es decir, la dificultad de lograr una organización productiva o comercial de la comunidad a largo plazo. Esto se debe a las propias historias productivas vividas por las familias. Por otro lado, el nivel educativo, inclusive en ocasiones el monolingüismo entre algunas madres de familia, dificulta una comunicación fluida de necesidades y posibles soluciones. Tercero, el minifundismo impide el crecimiento productivo que podría llevar a los productores de subsistencia a transformarse en pequeños empresarios comerciales.

El más vale solo que mal acompañado, eso nos ha evitado que se agrupe la gente. Nosotros lo contrarrestamos diciéndole [que] nadie puede hacer más que todos juntos. De esa manera, la gente hace conciencia de que efectivamente tenemos que trabajar de aquí para adelante en forma organizada. Por otro lado, la competitividad de sus productos, por la introducción de cultivos más baratos del exterior, desmotiva a los productores. Al abrirse a mercados de otros países, llega producto mucho más barato a como lo estamos produciendo. Entonces la gente ya no quiere producir a ese costo tan alto (Ing. Juan May, jefe del Programa de Desarrollo Rural, Sagarpa, entrevista, 15 de agosto de 2011).

El otro problema que vemos nosotros es la educación, no es lo mismo tratar con un productor que no tiene primaria, a tratar con una población que tiene secundaria. Su nivel de aceptación del desarrollo es mucho mayor. Decirles: “Miren, si no cambian su forma tradicional de producir”… Es que dicen: “No, es que mi abuelito”; y su abuelito así lo hacía [y] ellos lo quieren seguir haciendo de esa manera, y es difícil que la gente quiera adoptar esa nueva innovación tecnológica. Por ejemplo, ahorita se están metiendo invernaderos, que ya es una industria agropecuaria, pues se requiere mayor capacidad. Tienen que tener [sic] conocimientos para soluciones, cómo combatir plagas, cuándo abrir y cerrar el invernadero. Finalmente, la disponibilidad de recursos económicos que tiene el productor para participar en los programas. La población con mayores ingresos le permite aportar más y tener un proyecto que le esté generan-do ingresos. Pero productor con sólo su mano de obra o de sus hijos, nos cuesta empezar a desarrollarlo. Nos cuesta desarrollar capacidades para que esos productores, en lugar de ser sólo productores de autoconsumo, llevarlos a que sean ya empresarios, pues hay un abismo bastante fuerte. Y la superficie promedio de cultivo que tiene cada productor, con una o media hectárea, eso le impide producir lo suficiente de ingresos para que se mantenga todo el año” (Ing. Juan May, jefe del Programa de Desarrollo Rural, Sagarpa, entrevista, 15 de agosto de 2011).

La Secretaría de Salud ha querido incentivar la siembra diversificada de productos agrícolas con ayuda de otras dependencias, como la cdi (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), pero se trata de programas aislados y sin continuidad. Sin embargo, los funcionarios se quejan de dos procesos que han trastocado a las comunidades. Por un lado, la dependencia en alimentos industrializados de bajo nivel nutricional debido a la gran propaganda en el consumo de dichos productos por las empresas; por otro, el mal manejo de los programas asistencialistas, al no poder crear conciencia sobre el consumo a partir de los ingresos recibidos.

La costumbre es bárbara, los niños, los maestros, los presidentes municipales tienen la costumbre arraigada; llegas y lo primero que te ofrecen es refresco o una cerveza o las galletas. Claro, antes que llegue cualquier aviso de nosotros, está la Coca Cola, las Sabritas. Para que yo pueda generar un cartel o una información o un audio, nos cuesta muchísimo; en cambio, Coca Cola pone espectaculares, audios, regala bolsas, cubetas; la competencia es bastante desleal. Por parte, del [gobierno] federal nos mandan trípticos, folletos, pero no piensan en Oaxaca. Nosotros necesitaríamos hacer otros materiales, pero ellos son los que publican. Es un gran esfuerzo por parte del instituto, pero la competencia la tenemos fuerte por parte de las empresas (Dr. Becerril, Secretaría de Salud, Oaxaca, entrevista, agosto de 2011).

Por último, la Secretaría de Agricultura del Estado de Oaxaca promovía un programa para la producción de maíces nativos, el cual tenía por nombre “Maíz guelaguetza”. A pesar del discurso sobre su importancia, el presupuesto destinado era muy bajo: 5% del total (Entrevista con el secretario de Agricultura del estado de Oaxaca, agosto 2012). Sus competencias se restringían a la zona de los valles y sólo para el pago de semillas.

Conclusiones

¿Cómo plantear entonces la integración de conocimientos y prácticas alrededor del cultivo de maíces nativos y agrodiversidad en las políticas agroalimentarias? ¿Cuáles serían las posibilidades para resolver los problemas teóricos, jurídico-éticos, prácticos y políticos que representa la integración de dichos conocimientos en el desarrollo?

Un primer problema de índole teórica es pensar que los conocimientos locales forman un todo homogéneo bajo un mismo significado para las familias mixtecas. Sin embargo, como vimos, los conocimientos de los ñuu savi sobre las ventajas y desventajas reflejadas mediante los criterios de selección de los maíces nativos, aunque tengan ejes comunes, son altamente heterogéneos e inclusive pueden contradecirse. Esto en sí refleja el propio carácter de los conocimientos locales, situados, interactivos, discontinuos, disonantes, lo cual refleja los valores, los intereses y los conflictos de los productores. El concepto de agencia humana (Long, 2007) de todo actor social es central para entender que todo productor tiene la capacidad para procesar la experiencia social y diseñar estrategias para enfrentar sus problemas productivos. No obstante, un segundo problema ligado a los contextos sociopolíticos del conocimiento es la legitimidad productiva de dichos maíces entre los propios agricultores ñuu savi. A pesar de que la mayor parte quiere seguir cultivando sus maíces locales y valora sus características, otra parte quisiera probar otras variedades, incluyendo los híbridos, las variedades mejoradas o inclusive los transgénicos en la búsqueda de una mayor productividad o de mejores precios. Los conocimientos externos, por venir del exterior, es decir, del mundo moderno, van marginando de modo gradual la legitimidad de los conocimientos locales. Se crean las “esferas de la ignorancia”, donde los campesinos indígenas son tildados de “ignorantes” tanto por los funcionarios de instituciones gubernamentales como por sus propios hijos migrantes que han conocido otras experiencias agrícolas en el país o inclusive en Estados Unidos. Estas categorizaciones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones de los productores. Si bien hay una agencia de cada familia para decidir la población de maíces que cultivar, dependiendo de sus propias experiencias, intereses, gustos, necesidades ajustadas a un contexto ecológico y socioeconómico diferente, tenemos que considerar la estructura de poder en el juego de sus conocimientos. Esto evidencia el estatus epistemológico y jurídico-ético de los conocimientos locales no resuelto, pues su origen puede provenir de las indicaciones dadas en la tienda de agroquímicos o de la boca de los jóvenes agrónomos recién egresados de una facultad de agronomía, pero también de la información he-redada por uno de los abuelos.

Un tercer problema que se debe considerar es la influencia del mercado. A pesar de que los productores quisieran cultivar tal o cual variedad por el sabor o por un uso ritual, a la postre el mercado dirige la siembra de la variedad más cotizada. En este caso, los maíces blancos tienen una mejor aceptación en los circuitos comerciales y mejores precios que los maíces amarillos o rojos. Los maíces azules dependen de la existencia de un mercado local que los valore como tales. Como vimos, los comerciantes de maíces nativos generarán nichos que los campesinos no desaprovecharán. Pero también la venta de elotes frescos ejerce una presión hacia la siembra de maíces blancos híbridos, pues los productores ven una ventana de oportunidad en ese mercado. Al final de cuentas son los campesinos quienes, dentro del margen ecológico, pero también socioeconómico y político, decidirán su modelo productivo y comercial con base en considerar todas sus características individuales y comunitarias, pero necesariamente implican la negociación de conceptos, significados y proyectos que se interiorizan en distintos grados por los actores involucrados.

En términos de la configuración de políticas agrícolas alrededor de los maíces nativos, tenemos que considerar varios factores. Las políticas reflejan múltiples discursos. Por un lado, aseguran valorar los maíces nativos, pero, por otro, no destinan el presupuesto necesario (i.e. el maíz guelaguetza o inclusive el propio pesa). También legitiman sus acciones mediante un discurso de la modernización, progreso, abatimiento de la pobreza rural, inclusive de la preocupación de la desnutrición (“los estomaguitos vacíos de los niños”), pero al mismo tiempo sus prácticas políticas e institucionales llevan a consolidar a las industrias agroalimentarias y a invisibilizar los conocimientos de los productores de sus maíces y de su agrodiversidad. Las distintas formas de ver el mundo entre los actores involucrados reflejan los diversos manejos de los encuentros de interfaz. Los marcos dados por estos discursos guían intervenciones y establecen vínculos entre el poder retórico por medio de la marginalización de perspectivas alternativas consideradas como subjetivas y no científicas. Mientras que unos conocimientos subrayan perspectivas autoritarias y se presentan como la política científica racional, otros se desdibujan y se deslegitiman como discurso científico; por ello, su definición se localiza en la esfera de lo político y de lo burocrático, y se reconfiguran de forma constante entre lo micro y lo macro. Los conocimientos, como construcciones sociales, resultan de la reformulación de los encuentros y las discontinuidades que surgen en los puntos de intersección entre los mundos de vida de los actores involucrados. En este sentido, las negociaciones entre lo científico-técnico se dan en la arena política y las contestaciones ocurren en el proceso de implantar programas y políticas que lleven a una soberanía o a una dependencia alimentaria.

La política agrícola no debería verse como la implantación lineal de un discurso imbuido de ciertos conocimientos y del ejercicio determinado de poder. En la práctica, las políticas son interceptadas por una red de agentes, quienes se apropian en grado diferencial de acuerdo con sus intereses y capacidades, y al final acaban por generar campos culturales fragmentarios. Las políticas nunca acaban siendo lo que se proponían, pues raras veces quienes las promueven asumen la responsabilidad de evaluarlas y darles seguimiento. Las decisiones bajo las cuales son definidas son múltiples y se traslapan de forma constante. Algunas perspectivas sugieren inclusive que las políticas pueden seguir un camino de abajo arriba (bottom-up) cuando se subraya la agencia de los diferentes actores mediante múltiples interfaces (Chambers et al., 1989). Sin embargo, esto no ha sucedido en México, en términos de las políticas agroalimentarias, donde, a pesar de la larga trayectoria de estudiosos interesados en los conocimientos indígenas sobre alimentación y agricultura (Berlin et al., 1974; Alcorn, 1984; Hernández-Xolocotzi, 1985; Mapes, 1987; Altieri y Hecht, 1990; Brush et al., 1988; Bellon, 1991; Lazos, 2008; Lazos, 2011; Toledo y Barrera-Bassols, 2011), las ideas que han imperado sobre el atraso agrícola debido a la falta de tecnología se siguen interiorizando en las instituciones gubernamentales y, por ende, en las políticas de desarrollo, las cuales, a su vez, trascienden a los propios agricultores.

Los discursos sobre los bajos rendimientos agrícolas de los maíces nativos son parciales y sesgados; asumen valores, objetivos, modelos por medio de un lenguaje de representaciones que se superponen de manera constante en una estructura de poder y de hegemonía. Estos discursos atraviesan a toda la sociedad mexicana y dificultan los diálogos y las reflexiones que permitan dilucidar los problemas de la producción agrícola y alimentaria en México más allá de la mera productividad, sino como parte de una dimensión biocultural.

Esta visión tecnicista ha llevado a políticas de desarrollo en busca de una productividad per se, con base en la introducción de tecnología externa y costosa (agroquímicos, fertilizantes y ahora las semillas transgénicas) que beneficia a las compañías agroquímicas y a algunos tomadores de decisiones, pero con consecuencias ambientales y sociales nefastas tanto a corto como a largo plazo.

Foucault (1991) consideró las políticas públicas como “tecnologías políticas”, es decir, como resultado de la imbricación del conocimiento, del poder y de la política misma, y como un resultado de las relaciones de poder entre ciudadanos, expertos y autoridades políticas. En este caso, para que existan políticas agroalimentarias que integren los conocimientos sobre maíces y cultivos asociados, se necesitan luchas, negociaciones y compromisos con el fin de consolidar redes de conocimiento y encuentros entre las interfaces de distintos intereses, valores, mundos de vida entre las organizaciones campesinas e indígenas, las asociaciones civiles, los movimientos sociales, la academia científica y las diversas instituciones gubernamentales involucradas en el diseño de los sistemas agroalimentarios. Todos los actores sociales poseen “capacidad de saber” y “capacidad de actuar”, y por ende hay que aprender, por un lado, cómo estos actores se enfrentan en “batallas entrelazadas por recursos, significados y por el control y legitimidad institucional; y por otro, cómo intervenir en sus encuentros de interfaces” (Long, 2007: 21, 48). Las políticas agroalimentarias requieren de una integralidad con políticas ambientales (regulación en el uso de agua y aplicación de fertilizantes y agroquímicos, restauración de la fertilidad de suelos, reducción de la erosión) y sociales (asistencialistas) para atender los problemas de deterioro ambiental, de hambre y pobreza, de producción y comercio desde una perspectiva sociocultural y política.

La competencia entre visiones y alternativas es por completo desigual, desde el nivel de legitimidad sociopolítica de los conocimientos hasta la alocación de recursos financieros. Dadas las enormes desigualdades en el acceso a los recursos y a las asimetrías en el uso de conocimiento y del ejercicio del poder, es importante pensar en otro tipo de acuerdos institucionales que brinden apertura a las diversas perspectivas de alternativas para un desarrollo local. Esto significaría transformar la lógica asistencialista presente en la distribución de desayunos infantiles por parte del dif —que incorpora productos industrializados— en una estrategia que aliente la producción de alimentos de buena calidad producidos en la localidad. Aunado a esto, las compañías trasnacionales regalan cubetas y tortilleros a cambio de tapizar las comunidades rurales con su propaganda alimentaria de “felicidad”.

El supuesto pluralismo político en el diseño de las políticas agro-alimentarias esconde estructuras desiguales de poder político y económico, y somete a los conocimientos científicos y técnicos a los intereses políticos de una elite. Sin embargo, ¿cómo retar estas ortodoxias y crear procesos más participativos que abran espacio a perspectivas alternativas y a conocimientos marginalizados por otros intereses? Las negociaciones requieren armarse a distintos niveles, discutiendo conocimientos científico-técnicos y conocimientos locales bajo una estructura de intereses políticos y económicos, pero también construyendo legitimidades socioculturales sobre la conservación de los maíces nativos entre los múltiples actores involucrados, desde los propios agricultores ñuu savi hasta los funcionarios tomadores de decisión y los consumidores urbanos. La conformación de esta legitimidad sociocultural de la agrodiversidad y la consideración de las estructuras de poder en torno al futuro de la agricultura en la Mixteca serían la base para iniciar negociaciones con el fin de integrar los conocimientos de la diversidad de maíces y de la agrodiversidad en las políticas agroalimentarias regionales.

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Recordemos que después de las solicitudes de patente del árbol del neem se empezó a estudiar con mayor seriedad el conocimiento indígena al respecto. En cinco años, se publicaron más de 500 artículos sobre los usos de esta planta (Agrawal, 2002: 11).

Las interfaces ocurren en los entrecruces de “mundos de vida o campos sociales diferentes y frecuentemente en conflicto”, por lo que conciernen al análisis de las discontinuidades en la vida social, discontinuidades que se “caracterizan por discrepancias en términos de valores, intereses, conocimiento y poder” (Long, 2007: 327).

Poder, conocimiento y ecoturismo en la Selva Lacandona.

El caso de la subcomunidad de frontera corozal

Leticia Durand

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

Hoy en día el turismo, y en particular sus vertientes “ambientalmente amigables”, se considera como solución potencial para integrar la conservación del entorno natural con el desarrollo local. Se asume que la implantación de proyectos de ecoturismo exitosos, es decir, que se conviertan en negocios rentables para las comunidades, pueden compensar los costos de la conservación asociados a la reducción en el acceso a los recursos y promover el interés local por la conservación misma.

Bajo esta perspectiva, que impulsa a los habitantes rurales a transformar los paisajes y otros elementos de su entorno y cultura en nuevas mercancías e incentivos económicos, y a sí mismos en empresarios de su capital natural (Sarukhán, 2011), se han desarrollado la mayor parte de los proyectos ecoturísticos en la Selva Lacandona (Chiapas), y hoy se piensa que es precisamente el negocio del turismo la puerta de entrada para el desarrollo y el avance económico de la región. Así, por ejemplo, durante la inauguración de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, en octubre de 2011, en Chiapas, el presidente en turno, Felipe Calderón, afirmó:

Nosotros sabemos encontrar en el turismo de aventura la opción de empleo y de ingreso para quienes son dueños de pueblos, de tierras,de bosques, de selvas o de desiertos o de lagos o lagunas; creo que encontraremos una ruta justa para corregir las terribles desigualdades de nuestros países y del mundo.

En la región de la Lacandona, muchos grupos de comuneros e hijos de comuneros indígenas se han lanzado a la aventura de emprender negocios ligados al ecoturismo, y en ciertas localidades (Trench, 2008) el turismo es hoy en día la fuente principal de ingreso. Sus pobladores se esfuerzan por atraer clientes y ofrecen, además de hospedaje y alimentación, nuevos servicios como ferias culturales, festivales gastronómicos, spas, masajes, visitas guiadas, caminatas, campamentos, etc. La promoción de negocios y la búsqueda de lucro a partir del turismo es ya una práctica común entre muchos indígenas tzeltales, choles y lacandones de la Selva Lacandona. Sin embargo, de forma paralela al surgimien-to de esta cultura empresarial entre las comunidades indígenas de la región, existen también algunas organizaciones que se han acercado al ecoturismo desde otra comprensión o interpretación de la situación que experimentan, intentando construir un proceso de reorganización comunitaria a partir de esta actividad.

La historia del turismo en la Selva Lacandona se inicia a mediados del siglo xx con el descubrimiento de las ruinas de Bonampak, las cuales atrajeron a los primeros visitantes, quienes llegaban al sitio en avioneta (Trench, 2002). Sin embargo, con la construcción de la carretera fronteriza en 1996, que conecta la Selva con la ciudad de Palenque, y el fuerte impulso gubernamental otorgado desde la década de 1990 al turismo no convencional (turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo responsable, etc.), la recepción de visitantes se convirtió en una actividad importante en la zona. Tan sólo en 2011 se invirtieron más de dieciocho millones de pesos para fomentar el turismo en la región de la Selva Lacandona (Trench, 2002; Gobierno del Estado de Chiapas, 2011).

De este modo, la promoción de modalidades alternativas de turismo se ha convertido en una parte importante de las estrategias de desarrollo y agendas de las instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional para la Atención y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como de organizaciones no gubernamentales (ong) que operan en la zona (Trench, 2008), y de empresarios, operadores turísticos y proveedores que participan de esta actividad. Las noticias publicadas en los principales periódicos nacionales y en el estado de Chiapas dan cuenta de ello al narrar, por ejemplo, la inauguración, por parte del presidente Felipe Calderón, del hotel Canto de Selva en el ejido Galacia, como una iniciativa de la ong Natura Mexicana y la Fundación Banamex (Ramos, 2012), o del compromiso del gobernador electo en 2012, Manuel Velasco Coello, quien durante una visita a la subcomunidad de Nueva Palestina prometió hacer “un pacto a favor de la selva” y promover el ecoturismo y el turismo de aventura (Martínez, 2012).

Interfaces: naturaleza, conocimiento y poder

De acuerdo con Arce y Long (1987) y Long y Villarreal (1993), el conocimiento se compone de las formas en que los individuos, miembros de una sociedad o grupo social ordenan el mundo, esto es, describen, clasifican y otorgan significado a su entorno y sus experiencias; con independencia de si el conocimiento se considera científico, no científico, profesional, especializado, tradicional o esotérico. Para Long (2007), el conocimiento es producto de la interacción social y, por tanto, es algo que todo el mundo posee, aunque las formas de validarlo pueden diferir. Bajo esta perspectiva, el conocimiento —lo que se sabe— y el poder —la capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros— resultan ser parte de la construcción social, es decir, forman parte de los forcejeos y confrontaciones para legitimar cursos de acción y hacer valer ciertas visiones de mundo sobre otras.

Para el construccionismo, no existe posibilidad de separar el conocimiento de la experiencia social, o la realidad “real” de la realidad subjetiva o las ideas de la gente sobre la realidad (Jones, 2002). Así, el conocimiento tiene más que ver con la construcción de formas de observar e interpretar el mundo que con la acumulación de datos sobre sus manifestaciones (Arce y Long, 1987).

El construccionismo cuestionó algunos conceptos centrales de la literatura ambiental como la idea de lo salvaje (wilderness) o las nociones de raza, cuerpo, riesgo, desastres, etc. (Callicot y Nelson, 1998; Castree y Braun, 2001), debates que en conjunto nos remiten a una controversia aún más general, aquella relativa a la existencia de la naturaleza como entidad objetiva e independiente de la experiencia humana.Para algunos autores, como Proctor (1998) y Zimmerer (2000), la naturaleza, al igual que el conocimiento, es una construcción social, y esto los lleva a considerar la existencia de múltiples naturalezas, aquellas que construyen múltiples actores. Recuperando la reflexión de Long (2007: 54) sobre la construcción de realidades múltiples, podemos decir que cada modelo de naturaleza involucra intereses sociales y normativos disímiles y configuraciones de conocimiento diversas y discontinuas. De hecho, para algunos, el concepto de naturaleza es fundamentalmente una categoría teórica, pues sólo tenemos acceso al ambiente, esto es, a la naturaleza interpretada desde el mundo de vida de los individuos y sus grupos (Milton, 1996).

La existencia de estas múltiples naturalezas produce la coexistencia de naturalezas discordantes, es decir, de cuerpos de conocimiento que definen de forma contrastante aquello que se considera natural y sobre cómo y para qué debe ser utilizado, manejado, conservado, restaurado o reservado. Aquí surge la cuestión de “cuáles y de quiénes son las interpretaciones o modelos que prevalecen sobre los de otros y en qué circunstancias lo hacen, por lo cual la definición de naturaleza y su destino está incrustada en procesos de poder, autoridad y legitimación” (Long, 2007: 55).

En este sentido, es necesario considerar que todos los individuos tienen una cierta capacidad de agencia, tienen poder y conocimiento; y, por tanto, los encuentros de conocimiento y múltiples naturalezas constituyen forcejeos entre actores que quieren incorporar e imponer a otros sus proyectos y lograr que adopten sus puntos de vista. Para Long (2007), estos forcejos y luchas son producto de las discrepancias y discontinuidades en los valores e intereses de los actores.

Sugiero aquí que la comprensión del ecoturismo como un ámbito para la creación de negocios rentables en las comunidades, a fin de conjugar la conservación del entorno con el desarrollo local, es una versión particular de “verdad”, un discurso dominante difundido por las instancias gubernamentales y ong; y adoptado, pero también resistido, por los campesinos involucrados. En este sentido, es necesario considerar que las comunidades son en esencia heterogéneas y despliegan diferentes estrategias para enfrentar problemas, pues difieren en su capacidad de agencia, en lo que pueden hacer y en lo que conocen, y construyen su conocimiento a partir de bases y experiencias diferentes. Así, encontramos en la Selva Lacandona grupos con diversas construcciones y comprensiones del ecoturismo que dan lugar a una coexistencia de visiones y proyectos.

En este trabajo me interesa explorar las comprensiones sobre el ecoturismo que se han formado en el poblado de Frontera Corozal (Ocosingo, Chiapas) sobre el ecoturismo y la conservación de la Selva Lacandona, comunidad caracterizada por una comprensión o conocimiento del ecoturismo que en ocasiones rebasa su faceta empresarial y conforma una vía para alcanzar la autodeterminación y la recuperación de la identidad indígena. Los datos que presento en este trabajo provienen de entrevistas con miembros de las cooperativas de ecoturismo, lancheros, trabajadores eventuales y taxistas, en diversas visitas de campo a Frontera Corozal entre 2009 y 2013.

La Selva Lacandona, la Comunidad Zona Lacandona y el ecoturismo

La Selva Lacandona se localiza en el extremo oriental del estado de Chiapas y comprende los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa y Benemérito de las Américas, así como parte de Palenque, Altamirano y Chilón (Vos, 2002). Hoy en día esta región se considera como una de las más importantes para la conservación de la biodiversidad en México, pues en ella se encuentra 50% de la extensión restante de selva alta perennifolia del país, que alberga una gran biodiversidad. Su conservación es también fundamental porque tanto los bosques como las selvas y la extensa red fluvial de la región proveen un sinnúmero de servicios ecosistémicos —como la captación de carbono, la provisión y regulación de los recursos hídricos, la protección de los suelos y la regulación del clima, entre muchos otros— a un territorio muy vasto que rebasa los límites de la propia región (Dirzo, 1991; Medellín, 1991; Ortiz y Toledo, 1998; Carabias, 2009).

Durante la segunda mitad del siglo xx, la Selva Lacandona estuvo expuesta a un acelerado proceso de deforestación producto de la actividad de madereros, campesinos y ganaderos que eliminaron con rapidez la parte norte de la región (Vos, 1991). Se calcula que entre 1976 y 1996 se perdió 31% de la selva, lo que supone una superficie de casi 180 000 ha (Jong et al., 2000). Para el periodo comprendido entre 1993 y 2002, la pérdida neta estimada de vegetación primaria fue de 13.6% al año, es decir, casi 30 000 ha anuales y más de 260 000 ha durante el periodo analizado para la totalidad de los municipios incluidos en la región. De acuerdo con datos del proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, la región presenta una deforestación anual cercana a 3%, cifra superior al promedio nacional (2.5%) (Norandi, 2010). Frente a estos procesos de deterioro, desde finales de la década de 1960 el gobierno federal ha promovido diversas acciones para proteger la parte céntrica de la selva de la penetración humana. Entre ellas, las más importantes han sido la creación de la Comunidad Zona Lacandona (czl) y el decreto de áreas protegidas como la reserva de la biosfera Montes Azules (1978), la reserva de la biosfera Lacantún (1992), la reserva de la biosfera Naha-Metzabok (2011) y los monumentos naturales de Bonampak (1992) y Yaxchilán (1992) (Vos, 1991; Trench, 2008).

En 1972 el gobierno federal, encabezado por Luis Echeverría, decretó la czl, con el argumento de ser un acto de justicia con el que se buscaba restituir una enorme superficie —614 321 ha— a sus dueños legítimos: 66 familias indígenas lacandonas amenazadas por la ola de colonos indígenas y mestizos provenientes de los valles de Ocosingo y Altamirano, así como de otros estados de la república (Vos, 2002;Leyva y Ascencio, 2002; Legorreta, 2008). La disposición fue cuestionada por muchos, ya que también implicó que el gobierno federal recuperara el control sobre los recursos de la zona. El decreto, lleno de errores e imprecisiones, ocasionó graves conflictos agrarios, pues en el área cedida a los lacandones se asentaban también casi cuarenta comunidades indígenas choles y tzeltales que de súbito se convirtieron en habitantes ilegales, motivo por el cual el gobierno federal decidió reubicarlas (Vos, 2002; Trench, 2008). Sin embargo, algunas comunidades que ya contaban con derechos agrarios o que habían iniciado los trámites para obtenerlos se negaron a la reubicación y emprendieron una larga lucha para hacer valer sus derechos sobre las tierras (Legorreta, 1998). En cambio, otras no pudieron demostrar la tenencia legal de sus parcelas y aceptaron ser reubicadas en dos nuevos poblados: Manuel Velasco Suárez, más tarde llamado Nueva Palestina (822 familias tzeltales provenientes de 15 diferentes poblados), y Frontera Echeverría, luego denominado Frontera Corozal (475 familias choles, de 8 asentamientos) (Vos, 2002). Tras un arduo proceso de negociación política con los lacandones y con el gobierno, los ahora habitantes de Nueva Palestina y Frontera Corozal lograron ser incorporados como miembros de la czl en 1978 (dof 8/3/79; Paladino, 2005; Ascencio Franco, 2008; Trench, 2008). Así, la czl quedó constituida por cinco subcomunidades, tres de las cuales comparten un territorio cercano a las 500 000 ha y cuya población pertenece a tres distintas etnias: Nueva Palestina (tzeltales), Frontera Corozal (choles) y Lacanjá Chansayab (lacandones) (Tejeda, 2002). Todos estos procesos y sucesos consolidaron la conformación de la Selva Lacandona y la czl como territorios volcados hacia la conservación. Basta decir que hoy en día alrededor de 70% de la czl (más de 320 000 ha) corresponde a algún área protegida federal (Tejeda, 2002; Trench, 2008).

La subcomunidad de Frontera Corozal y el ecoturismo

La subcomunidad de Frontera Corozal se constituyó en 1976 como parte del proceso de reconocimiento y reubicación de las poblaciones asentadas dentro de la recién creada czl. En Frontera Corozal se congregó a la población de ocho poblados choles, que hoy en día conforman los ocho barrios de la subcomunidad (Nueva Tumbalá, Nuevo Tila, Niños Héroes, Río Cedro, Progreso, Velasco Suárez, Alfredo Bonfil y Jerusalen), y que mantienen los nombres de sus comunidades de origen en el noreste de Chiapas, de donde migraron hacia la selva a mediados del siglo xx. En Frontera Corozal hay 601 comuneros registrados que, por acuerdos internos de la czl, ostentan los derechos de propiedad sobre un área cercana a las 130 000 has, de las cuales 55% está decretado bajo alguna modalidad de área protegida (Tejeda, 2002 y 2007). Para 2010, la subcomunidad tenía una población total de 5 184 habitantes, 90% eran indígenas hablantes de chol con una grado de escolaridad promedio de cinco años (Inegi, 2012).

A pesar de ser clasificada por Conapo (2005) como una comunidad con alto grado de marginación, las condiciones de vida en Frontera Corozal son mucho mejores que en otras comunidades de la Selva Lacandona. Los habitantes cuentan con electricidad, agua entubada, teléfono vía satelite, escuelas hasta nivel medio superior y clínicas de salud, además de diversas tiendas de abarrotes, farmacias, zapaterías, etc. La mayor parte de la población se dedica a actividades del sector primario, entre ellas la ganadería bovina extensiva y el cultivo de maíz, frijol, calabaza y chile. La colecta y venta de palma xate (Chamaedora sp) es también una actividad importante (Hernández et al., 2005; Reygadas et al., s.f.). Cerca de 20% de la población económicamente activa en Frontera Corozal se dedica al sector de servicios, muchos de ellos empleados en los centros ecoturísticos, los restaurantes y las compañías de transporte que atienden a los visitantes que acuden a la comunidad.

Aunque Frontera Corozal es una comunidad pequeña semejante a otras de la zona, su importancia turística se explica por su ubicación en los márgenes del río Usumascinta, a tan sólo 30 km de las ruinas mayas de Yaxchilán, siendo por lo tanto el punto de partida de los turistas que son conducidos en lanchas hacia el sitio arqueológico (Reygadas et al., s.f.).Yaxchilán fue descubierto a finales del siglo xix y abierto al público en la década de 1970; sin embargo, permaneció como un sitio de difícil acceso hasta 1996, cuando se construyó la carretera transfronteriza que permite llegar a Frontera Corozal desde Palenque en tres horas. En 2006, Yaxchilán recibió la visita de casi 50 000 personas, siendo uno de los sitios más visitados del estado.

Desde los años ochenta los pobladores de Frontera Corozal ofrecían de forma individual y esporádica el transporte fluvial hacia las ruinas a los escasos turistas que arribaban a la comunidad; pero en 1989 un grupo de comuneros decidió conformar un grupo, denominado Escudo Jaguar, y acordar las tarifas y funcionamiento de los servicios, lo que dio inicio a la experiencia turística de la comunidad (Hernández et al., 2005).

La cooperativa Escudo Jaguar

Escudo Jaguar es un proyecto de ecoturismo bien conocido en la Selva Lacandona, y su historia y desarrollo han sido ya reportados en trabajos previos como los de Hernández et al. (2005) y Reygadas et al. (s.f.), por lo que aquí sólo mencionaré de forma breve su historia y algunos de sus rasgos.

Uno de los fundadores de Escudo Jaguar, entrevistado en 2011, explicó que cuando llegaron a vivir a ese sitio, en 1977, ni siquiera sabían de la existencia de las ruinas de Yaxchilán. Ya estando asentados, comenzaron a escuchar sobre el sitio arqueológico y supieron de la pista ubicada cerca de las márgenes del río, donde aterrizaban los aviones que transportaban a los escasos turistas que llegaban en esos años. La afluencia de turistas se incrementó a medida que las brechas y carreteras para acceder a Frontera Corozal fueron mejorando hasta adquirir su condición actual desde 2000, después del alzamiento zapatista. La construcción de carreteras y la implantación de una gran variedad de proyectos de desarrollo fueron algunas de las primeras estrategias gubernamentales para mantener el control de la Selva y evitar la propagación del zapatismo (Reygadas et al., s.f.). Así, la carretera transfronteriza conectó a Frontera Corozal con Palenque en 1996, lo que facilitó la afluencia del turismo.

El apoyo económico a proyectos productivos llegó a la comunidad meses después del 1o. de enero de 1994 y, de acuerdo con uno de los fundadores, comienza entonces a discutirse en la asamblea de comuneros la “necesidad de organizarse para diferentes actividades de trabajo”. En este contexto, se forma en 1996 la Sociedad de Solidaridad Social Escudo Jaguar, formalizando el trabajo previo de un conjunto de comuneros en la prestación de servicios al turismo. En su inicio, Escudo Jaguar estuvo compuesto por veinticinco comuneros choles, algunos de ellos autoridades y exautoridades comunales, divididos en dos secciones: una dedicada al transporte fluvial hacia Yaxchilán y otra al hospedaje y la alimentación. Su cercanía con el pri y los grupos dominantes de la comunidad les permitió obtener la donación, por parte de la comunidad, de un terreno en la ribera del río Usumascinta, a escasos metros del embarcadero, así como muchos de los apoyos financieros y de capacitación disponibles en esa época. Recibieron así el soporte de la Secretaría de Turismo (Sectur); Conservación Internacional (ci), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) y el Instituto Nacional Indigenista (ini), entre otras instancias.

Las condiciones favorables que enmarcaron el origen de Escudo Jaguar les permitió transformarse en una de las experiencias de ecoturismo más exitosas de la Selva Lacandona. Hoy en día cuentan con 37 miembros y 25 empleados, 30 habitaciones, servicios de restaurante, transporte fluvial y terrestre. Sin embargo, el modelo adoptado adolece de muchas de las deficiencias del ecoturismo (Brockington, 2008; Reygadas et al., s.f.), como la concentración de beneficios, poca coherencia con el cuidado ambiental, escasa participación de grupos marginados, etc. Escudo Jaguar ha adoptado el discurso dominante del ecoturismo; y aun cuando sus líderes afirman que su trabajo en la cooperativa les aporta tan sólo un ingreso adicional limitado, lo cierto es que tienen gran interés y buscan de manera activa posicionarse en el negocio del turismo: asisten a ferias y tianguis turísticos como los de Acapulco y Cancún; visitan clientes potenciales en Playa del Carmen, Mérida y Cancún; tienen una página electrónica con un sistema de reservaciones en línea y mantienen relaciones importantes con los operadores turísticos de la zona, los transportistas de Frontera Corozal (Transportes Chamoan) y los ganaderos adinerados de la comunidad.

La cooperativa Nueva Alianza

Nueva Alianza es una sociedad cooperativa dedicada al turismo que surge del trabajo colectivo de un grupo de campesino choles que, a mediados de la década de 1980, comienzan a organizarse al margen de las autoridades locales (Reygadas et al., s.f.), con el interés de mejorar sus condiciones de vida. El origen de esta sociedad contrasta con la vía del apoyo institucional adoptada y aprovechada por Escudo Jaguar, pues Nueva Alianza tiene raíces en la búsqueda de reconocimiento y autonomía producto de los movimientos indígenas que surgieron y se fortalecieron a mediados de la década de 1980.

djs, líder y socio fundador de Nueva Alianza, ha vivido la mayor parte de su vida en Frontera Corozal; y, como muchos de los primeros colonos de la comunidad, no tuvo acceso a la educación formal. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, su cercanía con los movimientos indígenas chiapanecos le permitió obtener una formación política e ideológica relevante:

Nueva Alianza surgió por un movimiento que hubo, que hemos venido impulsando desde hace muchos años en la Selva Lacandona. Se ha venido hablando de los movimientos en los setenta, en los ochenta, sobre la Unión Quiptic y todo eso, pero también aquí se ha venido gestando el movimiento Frente Independiente de Pueblos Indios. Un hermano indígena tojolabal, seguramente han oído hablar de él, que se llama Margarito Ruiz, ha estado enfrente de este movimiento; y mientras ellos en aquel lado de la… del territorio tojolabal, nosotros aquí en esta zona. Ahí, este… pues ahí me eduqué, más bien ahí me crecí, porque yo soy un muchacho que no fue a la escuela.

El Frente Independiente de Pueblos Indios (fipi) que menciona djs tiene su origen en la Unión de Pueblos Tojolabales y el Consejo Supremo Tojolabal, que desde los años setenta demandaban tierras, créditos, democracia en los ejidos, mejor transporte y mejores precios de garantía (Ruiz, 1994). Sin embargo, las organizaciones tojolabales fueron expandiendo sus luchas, ganando apoyo, y poco a poco sus demandas rebasaron el ámbito económico y material. Para 1988, ya en el marco del fipi, se convirtieron en demandas políticas que buscaban el fortalecimiento de la cultura y las identidades indias, la reivindicación del derecho a la representación política auténtica, a la libertad de organización (Ruiz, 1994; Leyva, 2005; Jung, 2003). Una de las propuestas del fipi era la creación de las llamadas regiones autónomas pluriétnicas (rap) como un cuarto nivel de gobierno por encima del municipal. Este modelo se inspiraba en la experiencia nicaragüense, pero también en la propia experiencia del movimiento tojolabal en la Selva Lacandona, donde coexistían etnias diferentes. De acuerdo con Jung (2003), los tzeltales, tzotziles, tojolabales, mames y choles que vivían en la Selva desarrollaban ya con cierta autonomía un modelo similar a las rap, y fue bajo el impulso del fipi que la región de la selva de Ocosingo y la selva fronteriza se constituyeron como rap poco después de 1994, proceso al que djs se mantuvo cercano:

Sí, de una organización indígena. De la que estuvo como Regiones Autónomas Pluriétnicas; un movimiento indígena que surgió en el 96-97 en Chiapas. Entonces, a través de esa organización salí como diplomado; y ahí estuve dos años, y luego en mi estancia allí me nombraron como coordinador estatal del Frente Independiente de Pueblos Indios, la que vi nacer con los ochenta, y luego pasé a ser como coordinador en el año 2000.

Inspirado por la búsqueda de reconocimiento y autonomía de las organizaciones tojolabales y del fipi, que definía la autonomía como “el derecho que tenemos de controlar nuestro territorio, incluyendo el manejo de todos los recursos naturales del suelo, el subsuelo y espacio aéreo […] la defensa y conservación de nuestro hábitat, de nuestro ecosistema, de nuestra relación con la naturaleza, de la protección de la vida y la defensa del planeta” (Ruiz, 1994: 122), djs impulsa desde principios de la década de 1980 el proyecto Nueva Alianza en Frontera Corozal. Un primer objetivo fue establecer una tienda comunal que les permitiera abastecerse de víveres más baratos que aquellos que ofrecían las tiendas controladas por acaparadores de la comunidad. La tienda funcionó bien y lograron vender más barato. La mayor presencia institucional y la disponibilidad de apoyo económico que se produjo en la región meses después del alzamiento zapatista conformó un contexto favorable para que Nueva Alianza encontrara interés institucional en sus proyectos:

La organización, como Nueva Alianza en los noventa. Y ya, y justamente en el 94, cuando nace, cuando amanece ya con la situación en Chiapas [alzamiento zapatista], y es cuando también ya empezamos a ver realmente qué vamos a hacer, ¿no? Los discursos gubernamentales, pues este… que no es la solución la guerra y las armas, traigan sus demandas, sus necesidades, aquí lo atendemos. Y nosotros en la cooperativa presentamos nuestra propuesta en el 95. En el 95, y ahí les va. Aquí está nuestra demanda y nuestra necesidad; esto es lo queremos. Bien o mal, el gobierno federal y el gobierno estatal nos decían: hay buena propuesta en la Lacandona. Eso es lo que hay que apoyar.

Aunque muchas veces obstaculizados por las autoridades de la czl y de Frontera Corozal, quienes no veían con buenos ojos la existencia de una organización de hijos de comuneros, Nueva Alianza consiguió el apoyo del ini e inició algunos proyectos como una sastrería, una panadería y la adquisición de una descascaradora de arroz, todos con grados diferentes de éxito, pero que en conjunto aportaron experiencia a la organización. Poco más adelante pensaron en la posibilidad de sembrar arroz y establecer un vivero de palma xate (Chameadora sp), proyectos que de una u otra manera exigían contar con un pedazo de tierra. Fue así como Nueva Alianza hizo la solicitud a la asamblea comunal de Frontera Corozal para que les fuera donado un terreno en donde trabajar. Al principio encontraron una gran resistencia, dado que en la czl no todos los hijos pueden convertirse en comuneros, privilegio reservado para el hijo mayor de cada familia. Así, la asamblea de comuneros se negaba a ceder tierra al grupo de Nueva Alianza, aduciendo que las mujeres e hijos de comuneros no eran sujetos de derecho. Al final, después de mucho presionar, lograron obtener un terreno en donación, aunque después las autoridades frenaron sus intentos de conseguir financiamiento, aduciendo que eran comunistas y zapatistas.

Y estaba en el proceso de gestión, pensamos que hay una necesidad de tener un terreno. Pedimos un terreno en la asamblea ejidal, comunal, con coraje y todo eso, dijeron: ahí les va, sí vamos a darle. Nos dieron un pedazo de tierra; es éste, nos quitaron de ahí y nos mandaron acá. Y cuando realmente, unos meses después, cuando ya nos tenía autorizado este terreno, y suena que en las instituciones no vamos a poder financiar proyecto porque las mismas autoridades de la comunidad vinieron a decirnos porque ustedes son… están fichados, y ustedes son zapatistas. Así nos taparon el camino. Bueno ya, pues ahí empezamos a analizar, pues ¿dónde vamos a ir?

Ya teniendo el terreno, surge entre los miembros de Nueva Alianza la inquietud por el turismo. Los primeros visitantes que recibieron en 1995, enviados por una familia conocida de Palenque, fueron hospedados en el local de la panadería, y para 1996 iniciaron la construcción de su primera cabaña. En 1997 una organización italiana de sindicatos les donó 12 000 dólares para ampliar las instalaciones, y es en ese momento cuando el grupo de Nueva Alianza adquiere la figura legal de Cooperativa Nueva Alianza para poder ejercer los recursos donados. Para el 2000, la alternancia en el poder en México y en el estado de Chiapas debilitó los cacicazgos priistas en Frontera Corozal. En esta coyuntura, Nueva Alianza logró en 2001 un financiamiento del ini, cuyo delegado estatal en ese entonces era un exmiembro del fipi conocido de djs. Se construye entonces la recepción del hotel y algunas cabañas más. En 2002 el Centro Ecoturístico Nueva Alianza inicia formalmente sus operaciones con cerca de 25 socios, incluyendo mujeres y jóvenes.

El trabajo de djs en Nueva Alianza no se reduce al diseño de los proyectos y su gestión, sino que ha intentado distanciarse de la visión del ecoturismo como una actividad puramente ligada a la generación de ingresos económicos. En las entrevistas realizadas destaca, por ejemplo, el interés en el trabajo colectivo y en el desarrollo de la comunidad, la búsqueda de la autogestión y de una visión propia (chol) de los proyectos de desarrollo. Así, el proyecto de Nueva Alianza contrasta con los ideales que definen el proyecto de Escudo Jaguar, más centrados en la ganancia individual.

En algunas comunidades, que yo los conozco, eh, también desde aquíen la propia comunidad, ya al tener el apoyo, al tener el proyecto, al tener la empresa, a veces se inflan, se sienten chingones porque ya tienen el proyecto, ya son empresarios, se olvidan de la comunidad, se olvidan de sus hermanos. Pero Nueva Alianza es distinto, es distinto; se ha metido más con sus hermanos, se ha acercado con sus hermanos; dialoga, se platica, busca la reconciliación, busca la unidad. Eh, la Nueva Alianza ha servido como un puente de diálogo, como un puente en la búsqueda de reconciliación entre nosotros mismos, y esto así se ha venido sirviendo esta Nueva Alianza.

Sí, independiente que va forjada de acuerdo con nuestra visión como indígena. Un turismo que sirva de acuerdo a nuestra necesidad, pero que sea encaminada por nosotros y liderada por nosotros […] Vamos a sumarnos al camino de una autogestión; estamos claros desde aquí de que entre nosotros no nos engañamos, no ofertamos milagros para resolver las necesidades de las microempresas turísticas, pero nos invitamos a caminar juntos. A tocar juntos las puertas y a construir una gestión propia, ¿no?

Discontinuidades, transformaciones y fracturas en la comprensión del ecoturismo en Frontera Corozal

El consejo comunitario de turismo

Situaciones sociales donde existen claras discrepancias en las formas de conocer o comprender ciertos fenómenos o hechos dan lugar a interacciones donde los actores confrontan diferentes mundos de vida, mundos que, muchas veces, atienden a diferentes proyectos políticos y que, por tanto, interpretan de formas distintas programas de intervención y desarrollo (Long, 2007). Éste es el caso del ecoturismo en Frontera Corozal, donde diversas tensiones surgen a raíz de la coexistencia entre la visión cooperativa del turismo propuesta por Nueva Alianza y la comprensión más dominante ligada a la ganancia económica y al desempeño individual de Escudo Jaguar.

De acuerdo con djs, uno de los grandes logros del trabajo en Nueva Alianza fue debilitar el autoritarismo en Frontera Corozal, pues su experiencia como hijos de comuneros que, sin tener derechos sobre la tierra, logran emprender un proyecto, conseguir financiamiento externo y mantener una empresa colectiva, abrió paso a que nuevos grupos se organizaran en la comunidad para iniciar pequeñas empresas ligadas a los servicios de transporte fluvial y a las visitas guiadas. Así, nos cuenta:

Sí, se empezaron, empezaron a flexibilizarse la autoridad de la comunidad. El autoritarismo lo rompimos, lo acabamos. Y ya con eso empezamos con todo lo que venimos abriendo; ya luego se vinieron flexibilizando. Ya en ese momento, cuando ya podían, este, constituir su grupo de trabajo cualquier grupo, sin necesidad de pedir permiso en la asamblea. Y entonces ahí logramos. Así vienen surgiendo cooperativas: Tikal Chilan, Tikal Yaxchilán, Pájaro Jaguar IV, lo que hay en la comunidad. Pero a nosotros nos costó primero, porque el que llevaba la batuta de toda esa decisión era Escudo Jaguar, ¿sí? Eh, entonces, ellos querían ser los, los únicos en la comunidad. Pero, bueno, con toda esta intención que traíamos con la, con la idea de establecer un espacio de trabajo propio donde no hay necesidad de afectar la selva, y por eso tuvimos esa tercura, de querer establecer este trabajo, con o sin permiso de la comunidad, quieran o no nos quieran ver en la comunidad, pero vamos a hacerlo.

Al incrementarse el número de personas y grupos organizados alrededor del turismo, comenzó la competencia y las agrupaciones se enfrentaban por ganar clientes y ofrecer los mejores precios, sobre todo en el transporte fluvial hacia las ruinas, que es el servicio más requerido. Algunos de los entrevistados mencionan que los viajes en lancha llegaron a ofrecerse hasta en 400 pesos, cuando en realidad era necesario cobrar 1 300 pesos para recuperar el gasto en combustible y el salario del conductor. El desorden así generado reducía las ganancias y la calidad de los servicio, pues los turistas eran perseguidos por lancheros que trataban de ofrecerles precios más baratos para lograr vender el viaje. Este tipo de situación generó la necesidad de coordinar la prestación de servicios, motivo por el cual algunos grupos de lancheros, artesanos y guías decidieron conformar el Consejo de Turismo Comunitario de Frontera Corozal.

Grupo de guías y un grupo de artesanos también, que apenas se organizaron; y con estas siete organizaciones, que ahora viene un grupo, que apenas se están levantándose, ya dentro de esta comunidad nos organizamos como un Consejo de Turismo Comunitario; como siete, por el momento tenemos siete organizaciones, todos aquí de Frontera Corozal, nos organizamos en uno solo, creamos un Consejo de Turismo Comunitario a través de una asamblea masiva, este, eh, se acordó establecer la organización Consejo de Turismo Comunitario Frontera Corozal, y le establecieron su directiva. En su directiva, a mí me nombraron como presidente coordinador para dirigir este consejo, y por el momento, pues estoy, pues tengo que dar mis tiempos también por ello, para ellos.

Una de las primeras acciones del consejo fue establecer un precio común para el servicio de lanchas y un rol que permitiera trabajar a todos los prestadores. Las cinco organizaciones que en su inicio conformaron el Consejo de Turismo lograron acordar una tarifa común con la que funcionaron durante algún tiempo. Sin embargo, pronto se presentaron presiones para ignorar los acuerdos comunes, provenientes tanto de algunos grupos de comuneros de la comunidad interesados en hacer tratos independientes con operadores turísticos y visitantes, para conseguir más clientes, como de agentes externos a la comunidad, tales como agencias de turismo de la ciudad de Palenque que intentaban bajar los precios del transporte negociando de forma individual con ciertos grupos e ignorando la existencia de acuerdos en la comunidad. Los grupos más pequeños de ecoturismo acusaban tanto a Escudo Jaguar como a Nueva Alianza de acaparar los apoyos y los clientes, y provocar una gran desconfianza entre unos y otros. A la postre, el Consejo Comunitario de Turismo prácticamente desapareció, pues las cooperativas no lograron mantener los acuerdos y sancionar a aquellos que incumplían los acuerdos sobre las tarifas de servicio.

Para 2013, djs se había apartado de la cooperativa Nueva Alianza a raíz de algunos conflictos internos desatados por su renuencia a aceptar programas de reforestación y de pago por servicios ambientales, sin antes desarrollar una reflexión más profunda sobre las implicaciones de estas iniciativas para la comunidad y las responsabilidades que implicaría. Asimismo, en el seno de Nueva Alianza existía inconformidad, pues muchos de los miembros de la cooperativa, que trabajan como meseros o atendiendo el hotel, no recibían el reparto de ganancias que, según ellos, les correspondía. En este sentido, djs consideraba que el dinero debía emplearse para apoyar nuevos proyectos fuera de la comunidad y apoyar a otros grupos campesinos. Sin embargo, muchos socios no estaban interesados en este trabajo político y esperaban, más bien, recibir sus ganancias. Así, las fracturas dentro del grupo han empujado a que djs contemple finalizar su relación con la cooperativa:

Ya no hay camino. Yo me voy a renunciarme, voy a retirarme; y Nueva Alianza seguramente se va a quedar solo. Sí, porque así como está, este, ya no veo el futuro, ya no veo el futuro… pues así como ahorita ya no hay oportunidad de un diálogo sano, ya no hay comprensión, y yo creo que ya nos ha colocado a una decisión, a una decisión, que aquí no me sirve y ya no me sirve [ininteligible] ya no, este…

La toma de la carretera

En diciembre de 2009 ocurrió un conflicto entre taxistas y otros prestadores de servicios en Frontera Corozal, que muestra con claridad el enfrentamiento de visiones y la confrontación de intereses que aluden al turismo como proyecto de desarrollo.

Siendo ya un destino bastante conocido y al cual es fácil llegar por la carretera desde la ciudad de Palenque, los turistas llegan a visitar las ruinas de Yaxchilán en sus propios automóviles o en tours contratados con alguna agencia u operador turístico. Esta situación provoca que en temporadas altas, como Semana Santa y fin de año, sean los dueños de hoteles, posadas, restaurantes, meseros, lancheros y los guías de turistas los que obtengan los ingresos generados por el turismo. Sin embargo, un actor poderoso dentro de la comunidad, los taxistas miembros de las sociedades Taxis Chamoán y Taxis Schismática, quedan excluidos, pues no sólo sus servicios no son necesarios para los turistas que llegan a la comunidad en sus propios transportes o en camionetas de operadores turísticos, sino que además carecen de los permisos necesarios para transportar turistas. A fin de enfrentar esta situación, de aparente inequidad, cerca de cuarenta choferes de la agrupación Chamoan decidieron bloquear la carretera que conduce al pueblo y a las ruinas, y obligar así a los turistas a utilizar sus taxis para trasladarse hasta el embarcadero de donde salen las lanchas hacia el sitio arqueológico. El bloqueo duró diez días, durante una de las épocas de más alta afluencia de visitantes en la zona, lo que afectó no sólo a los turistas que debían pagar veinte pesos por persona y diez por cada maleta, por un trayecto de 2.5 km, además de tener que descender de sus autos y dejarlos estacionados en la carretera, sino también al resto de las cooperativas relacionadas con el ecoturismo en la comunidad. djs y el ya establecido Consejo de Turismo denunciaron formalmente esta situación y establecieron un sistema alterno de transporte gratuito para los turistas en camiones de redila y otros vehículos disponibles.

De acuerdo con los testimonios recopilados, la situación estuvo a punto de convertirse en un conflicto violento; de hecho, mencionan que hubo balazos, pero al final la carretera fue liberada por los mismos taxistas.

Nos parece que por detrás de estas acciones y sucesos se encuentra la misma tensión detectada en el caso de Consejo Comunitario de Turismo, proveniente de diferentes comprensiones del ecoturismo y trabajo colectivo. Los taxistas del grupo Chamoan argumentan que su intención era “generar un proyecto más integral […] un nuevo modelo de turismo chol”, pero que cuando “empezamos a difundir esa información, le dan mal manejo y nos acusan de que estamos haciendo un bloqueo. Queríamos establecer un estacionamiento”. Sin embargo, para los miembros de las otras cooperativas los taxistas son “puros políticos” siempre ligados a la elite de poder de la comunidad e interesados sólo en sus propios negocios. En la actualidad, los taxistas de Chamoan intentan tener participación en el mercado de turismo, que observan cada vez más rentable, tratando de organizarse con nuevos actores como los hijos de comuneros que carecen de acceso a tierra y que pueden ser un apoyo decisivo, pues superan en número a los comuneros, y también intentaron obtener apoyo gubernamental para abrir nuevas rutas de servicio público en la comunidad (nuevos senderos y accesos a las ruinas).

Conclusiones

El surgimiento de la cooperativa Nueva Alianza con una visión diferente de los proyectos de desarrollo y de la organización indígena intentó comunicar a los diferentes grupos involucrados en el ecoturismo en Frontera Corozal, a partir iniciativas como el Consejo Comunitario de Turismo y el trabajo colectivo. Sin embargo, lo que este limitado análisis nos muestra es la incompatibilidad y disputa entre formas diferentes de conocer, observar y apostar en el ecoturismo en Frontera Corozal, que, más que transformarse por medio de su coexistencia, se mantienen en constante antagonismo y confrontación. Lo que observamos en el encuentro de Frontera Corozal con el ecoturismo es la construcción de realidades múltiples, o múltiples respuestas a una condición estructural básicamente similar, lo que en términos de Norman Long (2007) constituye una interfaz social, esto es, una situación donde las imágenes, identidades y prácticas sociales son negociadas de continuo por los actores involucrados que, por lo general, disponen de recursos de poder diferenciales. Las diferencias halladas en la comprensión del ecoturismo y las incompatibilidades que este encuentro produce no deben ser consideradas como diferencias personales o individuales (Long, 2004). En realidad, conforman paradigmas culturales distintos; uno de ellos más ligado a las demandas del movimiento indígena en Chiapas, otro influido por tendencia actual en la conservación en México que busca movilizar y hacer rentable el capital natural de las comunidades. Hasta ahora, la interfaz del ecoturismo narrada en este trabajo ha sostenido las diferencias de poder y los privilegios ligados al turismo en el seno de Frontera Corozal. Sin embargo, estos arreglos son siempre momentáneos y es posible que en un futuro los tipos de conocimiento y las dinámicas de poder puedan modificarse.

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El café de sombra: ¿una alternativa viable para campesinos en regiones marginadas? El caso de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, México

Anne Cristina de la Vega-Leinert

Universidad Ernst Moritz Arndt, Greifswald, Alemania

México vía Berlín e.V.

Ludger Brenner

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Susanne Stoll-Kleemann

Universidad Ernst Moritz Arndt, Greifswald, Alemania

Introducción

Los tiempos son difíciles para campesinos latinoamericanos productores de café. Desde 2012, el peor brote de la roya del café en las últimas cuatro décadas ha afectado gravemente los cultivos y la supervivencia de productores en América Central (ico, 2013), mientras que los impactos de la Oscilación del Sur/el Niño y del cambio climático son más visibles alrededor del mundo (Gross, 2014). Pero desde el colapso del Acuerdo Internacional del Café (aic) a finales de los ochenta, la situación de estos campesinos se ha vuelto cada vez más complicada. En el plano internacional, el sector cafetalero ha padecido dramáticas transformaciones marcadas por fases recurrentes de auge y caída (Daviron y Ponte, 2005). La rápida intensificación del cultivo de café, en particular en nuevos países productores, el persistente desequilibrio entre oferta y demanda, la volatilidad de los precios, la alta concentración de la cadena comercial en sus últimos eslabones, todo esto resulta en una sesgada concentración del valor agregado en unas cuantas manos e ingresos cada vez más menguados para los productores que viven en condiciones siempre precarias (Gresser y Trickell, 2002).

La gran mayoría de los productores de café son pequeños agricultores1 que cultivan campos de menos de diez hectáreas con varios grados y tipos de sombra, en sistemas de cultivo típicamente de bajos insumos, pero de alta calidad; que contrastan con el sistema técnicamente intensivo de monocultivo en plantaciones de café bajo el sol. No obstante, producen una proporción significativa del volumen de café en el mundo (Jha et al., 2011). Las regiones de cultivo suelen ser marginadas en lo económico, pero por lo general se caracterizan por tener una alta diversidad ecológica (Calo y Wise, 2005; Greenberg et al., 1997; Myers et al., 2000), circunstancias que han generado intentos de reafirmar el valor (o los valores) agroecológico(s) del café de sombra al reconceptuarlo como una estrategia sustentable y de tipo gana-gana que permite reconciliar la conservación de la biodiversidad con los imperativos del desarrollo rural local (Moguel y Toledo, 1999; Perfecto y Armbrecht, 2002). Pero esta premisa ha sido muy cuestionada (Rappole et al., 2003; O’Brien y Kinnaird, 2003). Aquí, sostenemos que, para evaluar si el café campesino de sombra representa en realidad una solución que permite asegurar tanto el bienestar de los cafetaleros como la protección de la biodiversidad en sus parcelas, es necesario considerar también la capacidad que tienen los campesinos de aprovechar las ventajas y superar los obstáculos relacionados con este cultivo y su cadena comercial. Para eso analizamos primero cómo el sector cafetalero global ha cambiado en las últimas décadas y sus implicaciones para cafetaleros campesinos. Abordamos estas transformaciones en el contexto de dos líneas de investigación relacionadas de forma estrecha: 1) el potencial real de los nichos comerciales y mercados alternativos para mejorar el bienestar y las condiciones de vida de los productores (ejemplo, Weber, 2011) y 2) la rentabili-dad de diferentes formas de producción de café comparada con la de otras estrategias de supervivencia (ejemplo, Gordon et al., 2007).

Después, presentamos los resultados de un estudio de caso cualitativo realizado en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, ubicada en Veracruz, México. Investigamos las decisiones que toman los campesinos con la finalidad de evaluar qué alternativas tienen para mejorar la productividad y rentabilidad de sus fincas y hasta qué punto éstas favorecen sinergias con metas conservacionistas. Examinamos también las rutas de procesamiento y comercio para determinar hasta qué grado contribuyen a asegurar la supervivencia de los productores a largo plazo. Esta base empírica nos permitirá identificar asimetrías notables que obstaculizan la integración de campesinos cafetaleros en la cadena comercial internacional, así como las iniciativas para mantener e intensificar sistemas cafetaleros agroecológicos. Además, analizamos los beneficios y las limitaciones que existen desde la perspectiva de los productores. Vincularemos esta reflexión al marco teórico del debate del “land sparing” (modelo divergente) versus “land shaning” (modelo convergente), que juega un papel importante en la conceptuación del uso del suelo y la articulación de políticas agrarias, de planeación rural y de conservación (Aide y Grau, 2004; Grau y Aide, 2008; García Barrios et al., 2009).

La difícil integración del café (certificado)en las cadenas comerciales

El café es un cultivo de exportación emblemático de la relación comercial norte/sur, que vincula a productores económicamente marginados en países en desarrollo con consumidores en naciones desarrolladas (Ponte, 2002). Con el surgimiento de nuevos países productores y la desregulación de los mercados globales de café que desencadena-ron la severa crisis de los años noventa, el desarrollo del sector gourmet ha abierto nuevos nichos comerciales para productores campesinos, en especial mediante mercados alternativos orientados a un consumo ético y sustentable (Calo y Wise, 2005). Se han multiplicado los esquemas de certificación amigables con el ambiente (de sombra, orgánicos y con las aves), mientras que el “comercio justo” pretende de forma explícita sacar a los productores campesinos marginados de su pobreza al lograr mejores precios y formar alianzas de larga duración entre importadores y agricultores organizados en cooperativas (Ruben y Fort, 2011). Esta estrategia ha sido tan exitosa que crecientes volúmenes de café certificado entraron en un mercado que rápido se saturó y generó los mismos problemas que enfrenta el mercado del café convencional: exceso crónico de oferta, competencia intensa y desplome de los precios2 (Weber, 2007; Raynolds, 2009; Janvry et al., 2010). Así, los nuevos productores enfrentan barreras cada vez más complejas para obtener certificaciones, al tiempo que los productores establecidos que buscan consolidar nichos en el mercado acumulan estratégicamente diversas certificaciones cuyos altos y costosos estándares de calidad están fuera del alcance de la mayoría salvo las cooperativas más eficientes y mejor relacionadas (Gómez Tovar et al., 2005). En este sentido, la imposición indirecta de normas de calidad cada vez más exigentes —proceso en que los productores carecen de voz y voto (González y Nigh, 2005)— ha sido criticada como una forma disfrazada de proteccionismo; algunos productores incluso hablan de un neocolonialismo nice (Taylor, 2002: 17).

Además, resulta difícil evaluar los beneficios directos de los ingresos generados por el café certificado al nivel de la unidad doméstica. Al contrario de lo que prometía, algunos autores afirman que la certificación no necesariamente mejora el ingreso familiar de manera significativa, aunque sí puede ayudar a aumentar la productividad y tener beneficios indirectos para la salud, la vivienda, la educación, el aprendizaje social y el empoderamiento de los productores (Bray et al., 2002; véase Ruben y Fort, 2011 para una revisión más exhaustiva). Al principio, sin embargo, el proceso de conversión hacia productos certificados implica por lo general ingresos inferiores a los que genera el café convencional y, además, puede implicar un mayor endeudamiento a largo plazo. En efecto, el cultivo orgánico requiere más mano de obra familiar; y si ésta falta, los productores tienen que contratar trabajadores ajenos, lo que puede reducir sus ganancias de manera sustancial (Wilson, 2010; Beuchelt y Zeller 2011; Weber, 2011; Ruben y Fort, 2011). Aparte, se han realizado esfuerzos para capitalizar el excedente de la oferta de café de alta calidad con la creación de nuevas formas de colaboración, que vinculan a los productores con actores trasnacionales privados y abren nuevos mercados con mejores precios (Weber, 2007). Estas nuevas alianzas (por ejemplo entre Starbucks y Conservation International), aunque exigen estándares de calidad más estrictos a los del mercado de café convencional, permiten que los grandes actores globales del mercado del café tostado y de cafeterías esquiven a los intermediarios y se surtan de café de sombra de alta calidad con rastreabilidad,3 sin respetar los estrictos reglamentos del café certificado orgánico o de comercio justo (MacDonald, 2007). Esto puede tener consecuencias negativas para los productores, los cuales si bien pueden obtener contratos individuales de venta y precios más seguros, pierden la posibilidad de negociar de forma colectiva para vender su café en el mercado oficial del café orgánico o de comercio justo y se vuelven dependientes de un comprador único (Bitzer et al., 2008; Raynolds 2009; Renard, 2012). Así, el sector cafetalero recientemente se ha vuelto más complejo, con varios potenciales puntos de entrada para distintos tipos de productores y múltiples etiquetas de calidad, que tienden a confundir al consumidor (Renard, 2003, 2005). En fin, queda por verse hasta qué punto los nuevos arreglos contribuyen en realidad al esfuerzo de los campesinos por revertir su actual condición marginada.

Obstáculos estructurales y estrategias de supervivencia

Varios factores externos pueden afectar la producción, comercio y rentabilidad del café, desde las condiciones biofísicas y climáticas (Tucker et al., 2010; Jah et al., 2011), o las políticas nacionales y los marcos comerciales internacionales (Eakin, 2005), hasta las complejas constelaciones de actores en las cambiantes cadenas comerciales y volatilidades del mercado (Daviron y Ponte, 2005). La mayoría de los campesinos vive en regiones donde un conjunto de déficits (en salud, educación, infraestructura, financiamiento y soporte técnico, etc.) constriñe sus opciones para mejorar los niveles de bienestar (Janvry y Sadoulet, 1993). Además, los sistemas agrícolas campesinos están experimentando un dramático proceso de transformación (Van der Plueg, 2014), puesto que los cultivos básicos son sustituidos de forma paulatina a favor de productos comerciales (no tradicionales). Aparte, campesinos que cultivan para subsistir se ven obligados a integrarse, de alguna u otra manera, en mercados globales (Carletto et al., 2011), aunque su crónica falta de apoyo financiero los obliga a tomar decisiones sobre cómo generar ingresos a corto plazo, lo cual puede amenazar su base de recursos a largo plazo (Bacon, 2005; Aguilar-Støen et al., 2011). Frente a estos factores estructurales y crónicos que obstaculizan una mejora en las condiciones de vida, se opone la agencia de los campesinos y sus comunidades (Chowdhury y Turner ii, 2006). Ésta se expresa en un complejo conjunto de estrategias de supervivencia para enfrentar la marginación, adaptarse a cambios exógenos y tratar de aprovechar nuevas oportunidades (Eakin et al., 2009).

Los estudios realizados para evaluar los cambios en el bienestar de familias campesinas (Ellis, 2000; Haan y Zoomers, 2005) proporcionan inventarios de necesidades y recursos, a fin de analizar y comparar varias estrategias de supervivencia adoptadas frente a los cambios estructurales (Reardon y Vosti, 1995; Winters et al., 2002; Nielsen et al., 2013). Estos estudios distinguen estrategias ‘de la granja’ y ‘fuera de la granja’: es decir las actividades (agrícolas o no) desarrolladas en la misma granja o las labores externas (a la granja) (Conway y Cohen, 1998; Janvry y Sadoulet, 1993; Gordon et al., 2007; García-Barrios et al., 2009; Bathfield et al., 2013). Típicamente, las estrategias “de la granja” incluyen la intensificación y el mejoramiento de la producción agrícola en términos de cantidad o calidad (mediante la expansión de la superficie cultivada, asesoría de extensión agrícola, certificación de calidad), pero también la diversificación de las actividades tanto agrícolas (como el policultivo o los sistemas agropastorales) como de otra índole (por ejemplo, incorporación al sector del [eco]turismo, a programas de pagos de servicios ambientales). En cambio, las estrategias “fuera de la granja” se refieren a aquéllas para asegurar una fuente de trabajo que complete el ingreso de la explotación agrícola propia (por ejemplo, trabajo de jornalero contratado, la emigración y las remesas). A éstas se suman otras fuentes de ingreso relacionadas de forma directa o no con las actividades campesinas (como subsidios gubernamentales a la producción agrícola).

En este contexto, se han identificado factores clave que influyen en las decisiones de los campesinos: por un lado, la seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de tierra y otros recursos productivos (agua, bosque) permite mantener y expandir las actividades agrícolas, a la vez que constituye valiosos activos que pueden venderse en un momento dado para amortiguar el impacto de una crisis (Ruben y Massert, 2003; McSweeney, 2004). Además, la disponibilidad y adopción de cultivares y técnicas agrícolas más apropiados pueden aumentar la eficiencia de la mano de obra y mejorar la productividad a largo plazo (Twomlow et al., 2002; Weber, J. G., 2012). La diversificación agrícola y la integración en múltiples cadenas comerciales dan acceso a nuevas fuentes de ingresos, pero no aseguran de forma necesaria la supervivencia a largo plazo, si el campesino descuida los cultivos de subsistencia (Carletto et al., 2011). Aparte, incrementa la complejidad de la actividad agrícola, porque cada producto tiene formas de cultivarse, calendarios de producción y rutas de comercio propios. Además, cada actividad debe ajustarse a ciertos marcos legales e institucionales, distintas constelaciones de intermediarios y mecanismos de ajuste de precios4 que pueden causar fragmentación y mayores riesgos. Es allí donde las cooperativas pueden jugar un papel crucial al coordinar el proceso de diversificación e impulsar economías de escalas sinérgicas (Münkner, 2012). Sin embargo, no cabe duda de que la diversificación hacia actividades no agrícolas implica tanto retos como oportunidades, donde la posibilidad de emplearse fuera de la granja y el salario son factores clave (Lansing et al., 2008). Nuevos cultivos y actividades comerciales5 contribuyen a ampliar las opciones de las comunidades campesinas, pero al mismo tiempo tienen como precondición una integración exitosa al mercado (Echánove, 2005). Además, nuevos programas de pagos de servicios ambientales constituyen una nueva y apreciada fuente de ingresos (Rico García-Amado et al., 2011). Sin embargo, los fondos internacionales que financian proyectos de conservación y medidas como la restricción del uso del bosque mediante pagos de servicios ambientales (por ejemplo, el programa internacional redd+, por sus siglas en inglés) también generan corrupción y clientelismo, y pueden implicar la expropiación de facto de los campesinos (Legorreta et al., 2014; Fairhead, 2012). Así, las comunidades campesinas se están redefiniendo mediante un “mosaico” (Klooster, 2005) de patrones de supervivencia, que mezcla la agricultura de subsistencia y comercial en su intento de aprovechar la demanda en mercados globales (Zarger, 2009), y mediante el desarrollo de comunidades “traslocales” estructuradas por trayectorias migratorias individuales y redes familiares (Dicks y Reuschke, 2012). Siendo la migración una estrategia de supervivencia común y un medio para lograr la movilidad social, las remesas se convierten en subsidios privados que compensan la falta de subsidios gubernamentales que pudieran estimular el desarrollo rural y agrícola (Adams y Cuecuecha, 2010; Reichman, 2011).

Estudio de caso: café campesino de sombra en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas

El presente estudio se enfoca en la producción de café campesino de sombra en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, Veracruz. Escogimos de forma intencional una región con un cúmulo de grandes obstáculos estructurales, pero de importancia sólo marginal para la producción cafetalera en el estado de Veracruz, para contrastar el cuadro de historias exitosas ya publicadas. Por ejemplo, el caso del Café la Selva, en Chiapas, ha sido premiado en el circuito internacional por ser un proyecto novedoso y favorable para todos los actores involucrados (Equator Initiative, 2012):

• Las comunidades cafetaleras están organizadas en una cooperativa fuerte que impulsa la conversión orgánica y el desarrollo comunitario;

• los compradores del café para el mercado internacional (café oro verde pergamino) y nacional (café tostado) establecieron con la cooperativa un convenio de colaboración, lo que aseguró la compra del café a un precio fijo independiente de las fluctuaciones del mercado y primas sociales, lo que permite invertir en infraestructura de producción y procesamiento del café, así como en proyectos sociales para mejorar la capacitación y los estándares de vida en la comunidad; y

• los consumidores nacionales e internacionales obtienen un café de alta calidad y contribuyen a un proyecto de comercio justo.

En este trabajo presentamos las opciones que campesinos locales tienen para mejorar su situación e incrementar la productividad y rentabilidad de sus actividades. La región de Los Tuxtlas es una de las cinco zonas de mayor biodiversidad en México, por su conjunto de diversos sustratos geológicos, empinados gradientes (de 0 a 1 720 msnm) y su cercanía del litoral del golfo de México (Conanp, 2006). La economía local depende del sector primario, complementado por el turismo nacional de fin de semana. La milpa y la ganadería son las actividades predominantes, junto con la explotación de varios cultivos de subsistencia y comerciales (Paré et al., 1997; Quintanar, 2014). El sistema roza-tumba-quema aún es una práctica común, con la sucesiva conversión de bosque en parcela agraria y por último en pastizal extensivo al disminuir la fertilidad del suelo (Parkwatch, 2002; Durand y Lazos, 2008). Desde hace tiempo, en las tierras altas los sistemas agroforestales han incluido al café, cuyo cultivo en Los Tuxtlas, y por lo general en México, dependía mucho del soporte técnico y financiero del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), la empresa estatal que comerciaba el producto. Por esta razón, la producción cafetalera en México se vio seriamente afectada al desmantelar el Inmecafé en el contexto del colapso del aic en 1989, con el consecuente desplome mundial de precios (Pérez y Echánove, 2006) (Figura 1). Peor aún, esto coincidió con la profunda reestructuración del campo mexicano instaurada cuando el país preparaba su entrada en el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (Yúnez-Naude, 2002).

Aunque en la actualidad el estado de Veracruz constituye el segundo mayor productor de café en México atrás de Chiapas, la producción en Los Tuxtlas es más bien marginal. En 2013 la superficie cosechada alcanzó sólo unas 3 776 has con una producción de 11 587 toneladas (t)(2.6 y 3%, de manera respectiva, de los valores estatales) (Figura 1) (siap, 2014). Se distinguen dos principales cuencas (Figura 2): una al sur del volcán de Santa Marta, que produce café convencional en las tierras altas de los municipios de Soteapan y Mecayapan; la otra, al suroeste, centrada en Zapoapan de Cabañas, donde el café crece en tierras considerablemente más bajas en los municipios de Catemaco y Hueyapan de Ocampo. Las estadísticas reflejan los procesos que ocurren a escala local y global (Figura 1). Por un lado, las áreas de cultivo/cosecha cambiaron de modo marginal entre 2003 y 2013, aunque hacia 2005 parece que unas 1 000 has en el municipio de Catemaco quedaron desatendidas o abandonadas, seguramente debido a la crisis de los años noventa. Si bien la superficie cultivada volvió a crecer, nunca recuperó su nivel anterior, y el nuevo desplome de precios en 2002 provocó una disminución de la superficie cosechada alrededor de Los Tuxtlas después de 2008, de seguro a raíz de una reacción demorada de parte de los productores. A pesar de estas diferencias importantes en las áreas cultivadas/cosechadas, los volúmenes de producción en Soteapan y Catemaco fueron comparables hasta 2009, cuando ambos decrecieron, de modo más notable en Catemaco que en Soteapan. No obstante, la productividad es consistentemente más baja en el municipio de Soteapan, a pesar de un marcado aumento en 2013.6

Las condiciones de vida en Los Tuxtlas se distinguen por índices de marginación socioeconómica de medios a muy altos (Conapo, 2010). En 2004, la unidad doméstica promedio en la sierra de Santa Marta vivía en la línea de pobreza o justo por debajo de ella (con ingresos de menos de dos dólares al día). La mayor parte de sus ingresos provenía entonces de subsidios gubernamentales (para producir café y maíz, o de programas asistenciales), de la venta de varios productos agrícolas, en especial el café, y del empleo temporal (ejemplo durante la cosecha de café) (Ayuntamiento de Soteapan, 2010).7 Así, los campesinos viven al margen de una economía monetaria con escasas opciones para asegurar ingresos alternativos, mucho menos para invertir (Vega-Leinert et al., 2015). La reserva de la biosfera Los Tuxtlas se caracteriza por una compleja mezcla de sistemas de tenencia de la tierra públicos, privados y comunales, debido a su legado (pre)colonial y posrevolucionario (Paré y Fuentes, 2007; Negrete-Yankelevich et al., 2013). Entre las décadas de 1930 y 1970 la Reforma Agraria (re)distribuyó tierras locales a comunidades indígenas y campesinos de diferentes áreas del país (bajo el régimen ejidal y como propiedad privada en colonias agrícolas), aunque las parcelas entregadas en los últimos años eran remotas e inadecuadas para el cultivo (Conanp, 2006). La condición de estas dotaciones agrarias fue que se explotaran los predios de alguna u otra manera, medida que provocó una amplia deforestación (Durand y Lazos, 2008). En los años cincuenta, el gobierno federal inició un vasto programa nacional para expandir la frontera agrícola hacia terrenos boscosos periféricos donde pretendía fomentar la ganadería, y al mismo tiempo estimuló una intensificación del cultivo de café (Paré y Fuentes, 2007). La protección de la tierra ejidal, consagrada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, fue revocada de modo parcial en 1992 al permitir la venta o renta de parcelas, lo cual generó un proceso dual de fragmentación de parcelas entre los descendientes de los ejidatarios y de concentra-ción mediante la compra/renta de tierras ejidales (Conanp, 2006). Aparte, la emigración se convirtió en una estrategia común frente a la escasez de tierras, la baja rentabilidad de la agricultura, la falta de empleo y las escasas perspectivas para el futuro (Paré y Fuentes, 2007).

Este contexto sociopolítico explica la extensa deforestación en la región de Los Tuxtlas, que perdió hasta 85% del bosque original alrededor del volcán de San Martín, al oeste de la zona de estudio (Dirzo y García, 1992). En 1998, iniciativas conservacionistas lograron el establecimiento de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, que en 2006 obtuvo el reconocimiento internacional como reserva de la biosfera por parte de la unesco. Se divide en dos categorías de zonas de manejo (Figura 2): tres zonas núcleo para proteger estrictamente los ecosistemas, hábitats y procesos ecológicos; y la zona de amortiguamiento donde se fomenta la conversión a prácticas agrícolas sustentables (como la reforestación con especies comerciales y nativas, y la conservación del suelo y de los manantiales), la reducción de incendios forestales (provocados por prácticas de roza-tumba-quema descontroladas) y el fomento de fuentes alternativas de ingresos (Conanp, 2006). Además, existe una zona de transición trazada en la documentación de la unesco (para fomentar el desarrollo sustentable) (Guevara et al., 2000), pero ésta no se considera en el plan de manejo de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas. Los pobladores locales no participaron a plenitud en el proceso de designación del área protegida, que estableció los límites del área protegida y los reglamentos sobre el uso del suelo, y que dictó la expropiación formal de unas 16 000 ha bajo los regímenes de tenencia comunal y privada. Estas medidas unilaterales provocaron un conflicto aún no resuelto entre las autoridades de conservación y las comunidades afectadas por el decreto de la reserva (Durand y Ruiz, 2009). En el trabajo presente nos referimos a la zonificación según la unesco, donde las plantaciones de café en la cuenca de la sierra de Santa Marta se concentran en la zona de amortiguamiento (con algunos predios cerca de la zona núcleo), y en el caso de la cuenca de Zapoapan de Cabañas principalmente en la zona de transición (Figura 2).

Se recogieron datos cualitativos sobre el cultivo y comercio del café en 14 comunidades (12 ejidos, 2 colonias agrícolas) de las dos cuencas cafetaleras, mediante 45 entrevistas semiestructuradas individuales y de grupo con un total de 95 productores organizados e independientes, así como representantes de las cooperativas y de plantas privadas de proceso y de tostado, realizadas durante los periodos septiembre-octubre de 2011 y septiembre de 2013. Se grabaron las entrevistas digitalmente para luego transcribir o documentarlas con anotaciones exhaustivas sobre su contenido, siguiendo métodos de análisis aceptados de manera amplia (Punch, 2005). Aquí resumimos los resultados más importantes (para un análisis más extenso, véase Vega-Leinert et al., 2015; y Vega-Leinert et al., 2016).

En las tierras altas, el cultivo del café se lleva a cabo mediante sistemas de policultivo rústicos y tradicionales, pero más abajo prevalece el policultivo comercial en condiciones de sombra simplificada (Moguel y Toledo, 1999; Conanp, 2006). De forma muy ocasional, se cultiva café sin sombra en parcelas pequeñas. Las parcelas individuales varían en tamaño de unas pocas hasta sesenta hectáreas, con un promedio de veinte hectáreas. Las dotaciones de tierra cuentan con 1) la finca cafetalera (por lo general con una superficie de una a dos hectáreas, escasamente hasta veinte hectáreas) en parcelas más elevadas, a veces asociada con áreas de bosque nativo; 2) el predio para los cultivos de subsistencia, comerciales o los pastizales; y 3) los solares de las casas. Los más importantes cultivos de subsistencia son el maíz y el frijol, pero también hay cultivos de productos comerciales como pimienta verde, palmas decorativas, frutas (plátano, lichi) y cacahuate. Algunas zonas de bosque nativo están incorporadas en un programa nacional de pagos por servicios ambientales (ProÁrbol). Sin embargo, la prohibición estricta de cualquier tipo de explotación (entre otras restricciones) disuade a menudo a los productores, quienes en general no están dispuestos a renunciar a su derecho al libre uso del suelo (Weber, M., 2012). Desde 2004, los productores de café de sombra tienen también acceso a subsidios de otro programa: Pago por Carbón y Servicios de Biodiversidad y Agro-forestales (PSA-Cabsa) (véase Corbera et al., 2009).

La vida productiva de una mata de café en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas es de unos quince años, pero la primera cosecha tarda tres. Según la variedad, la altitud y el tipo de manejo, la cosecha puede durar de noviembre a abril. Los volúmenes de cosecha varían de forma amplia (de aproximadamente doscientos kilos a quince toneladas por parcela al año), dependiendo del tamaño de la finca y la intensidad de cultivo, pero en general se considera que han decrecido de modo significativo desde el desmantelamiento del Inmecafé.

La cadena comercial del café en la región de Los Tuxtlas

La Figura 3 muestra el panorama de los actores que participan en la cadena comercial del café en Los Tuxtlas, así como sus estrategias de comercio. Destacamos distintos grupos y estrategias que resumimos a continuación, centrándonos en los cafetaleros campesinos independientes y organizados (Tabla 1). En la Tabla 2 alistamos posibles estrategias para ampliar las actividades económicas con la finalidad de lograr una mejor integración al mercado.

Organización en cooperativas cafetaleras que reúnen la masa crítica necesaria para exportar

Tanto la Cooperativa Cerro Cintepec (con su centro en Zapoapan de Cabañas) como la Unión Regional de Cafetaleros de la Sierra de Santa Marta (con su centro en Soteapan) existen desde hace varias décadas. Reúnen a varios cientos de productores y disponen de extensa infraestructura de procesamiento que les permite producir café pergamino de calidad de exportación. Sin embargo, estas dos cooperativas se distinguen en varios puntos importantes (Figura 3 y Tabla 1).

Cerro Cintepec

Esta cooperativa emprendió en 2000 el proceso de conversión al café orgánico. Para 2011 tenía 360 miembros certificados que producían café orgánico en 692 hectáreas. Jugó un papel fundamental al coordinar el proceso, lograr la certificación tanto de café orgánico como de comercio justo, e implantar los controles correspondientes, aparte de ofrecer incentivos, capacitación y asesoría. Además, completó su infraestructura de procesamiento para producir su propio café tostado para el mercado nacional, y sigue diversificando su sistema agro-silvo-pastoral al combinar el café con la ganadería bovina y ovina, algunos productos comerciales (lichi, plátano, pimienta verde y palmas decorativas), progra-mas de reforestación (para sombra, madera comercial y leña) y el cultivo de maíz (Cooperativa Cerro Cintepec, 2011, 2013). Los socios gozan de una serie de beneficios, incluyendo la compra de la cosecha a un precio fijo (negociado con anterioridad) arriba de la cotización internacional, asesoría técnica, préstamos de emergencia y un seguro para cubrir gastos funerarios en caso del fallecimiento del socio.

Sin embargo, aunque Cerro Cintepec no tiene competidores serios en el ámbito local (ya que otras cooperativas que intentaron independizarse desaparecieron rápido), sí compite con intermediarios externos. Dado que el pago de las cosechas se efectúa con demora significativa debido a su insuficiente capitalización, la cooperativa no puede asegurar la lealtad de sus miembros, sobre todo durante periodos de penuria de café que elevan los precios. En efecto, la cooperativa tiene una grave debilidad: no tiene una cláusula de exclusión que pudiera aplicar a los socios que deciden vender su cosecha a intermediarios, quienes ofrecen un precio más alto y un pago puntual.

La Unión Regional comparte muchas características con la cooperativa de Cerro Cintepec. Sin embargo, aunque también reúne a suficientes cafetaleros y logra proporcionar el volumen y la capacidad de producción necesarios para procesar café pergamino, lo vende a un exportador regional a precio de mercado convencional. A pesar de disponer de una superficie de cultivo más amplia que Cerro Cintepec y de un café de altura, no ha emprendido el proceso laborioso y costoso de conversión y certificación orgánica y de comercio justo. Además, se enfrenta a la competencia con otros operadores, ya sean privados (Casisa, intermediarios externos) u organizados en otras cooperativas (Cerro del Gallo).

Organización en pequeñas cooperativas para el mercado local y regional

A raíz de problemas internos a la Unión Regional (Vega-Leinert et al., 2015), numerosos socios salieron de la cooperativa para convertirse en cafetaleros independientes, intermediarios o fundar nuevas cooperativas, las cuales, igual que Cerro del Gallo, Uxuctero, sss Ocotales, reúnen pocos socios y sólo disponen de infraestructura básica de procesamiento. No obstante, colaborando logran producir el volumen de café cereza necesario para venderlo a tostadores regionales importantes (como Casisa-Café Junco), o bien a intermediarios privados. De forma ocasional también venden su café a otras cooperativas locales, cuando éstas no están en condiciones de proporcionar la cantidad establecida en sus contratos de venta. Aunando a eso, venden pocas cantidades de café tostado al menudeo en el mercado local.

Cafetaleros independientes

Dependiendo de sus recursos, capitalización y la coyuntura internacional, los cafetaleros independientes aplican estrategias diferentes. En periodos de alta demanda, pueden vender al intermediario que ofrece el mejor precio, mientras que en tiempos de baja demanda tienen poca capacidad de negociar para obtener precios atractivos, ya que carecen de las ventajas de los socios de las cooperativas. Sólo en caso de contar con capacidad de inversión, competencias en el procesamiento del café y contactos en el sector pueden convertirse en intermediarios privados. Por ejemplo, algunos exsocios o consejeros de las cooperativas han aprovechado su conocimiento del sector cafetalero local, y los contactos comerciales que allí adquirieron, para convertirse en intermediario, acaparar el café cosechado en representación de compañías procesadoras extrarregionales, o dirigir sus propias plantas de procesamiento y desarrollar estrategias que facilitan nuevos nichos comerciales al asociarse con otros empresarios privados (por ejemplo, la reciente empresa privada Café Oro de Tuxtlas).

Empresa privada regional

El mayor procesador y tostador de café de la región, y el principal competidor de la Unión Regional, es una gran planta de procesamiento privada —Casisa— que produce café verde de calidad de exportación y su propia marca de café tostado (Café Junco) para el mercado regional. Como empresa comercial importante dispone de capital, infraestructura, competencias y la capacidad de inversión necesaria para integrarse de manera exitosa en el sector cafetalero, tanto de exportación como en el circuito nacional.

Tabla 1 Características de las cooperativas cafetaleras principales de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas

Cerro Cintepec

Unión Regional

Cerro del Gallo

Establecimiento

En los años 1980

En los años 1970-1980s

(reestructuración a partir de 2011)

2000

Número de socios

359 (318 con certificación orgánica (máx. 610 en los años 1980)

317

(antes de la reestructuración: máx. ca. 880)

22

(antes de la división entre comunidades max. 50)

Superficie

692 has (incl. 558 ha de café certificado orgánico)

Originalmente 1 200 ha (en 2013 en proceso de inventario)

50 ha

Altitud

600-700 m sobre el nivel del mar

500-1000 m sobre el nivel del mar

600-1000 m sobre el nivel del mar

Comunidades investigadas

12 comunidades (mestizas-popolucas) en los municipios de Catemaco y Hueyapan de Ocampo

12 (mayoritariamente popolucas, pero también mestizas) en los municipios de Soteapan y Mecayapan

1 comunidad popoluca (originalmente 3) en el municipio de Soteapan

Infraestructura

Varios centros de acopio

Procesamiento centralizado en un beneficio seco

Maquinaría para tostar y empaquetar el café para el mercado nacional

Varios centros de acopio

Procesamiento descentralizados en tres beneficios secos

Un centro de acopio

Procesamiento seco y tostado a micro escala para el mercado local

Producción

89 t café verde de exportación y 17.5 t café tostado para el mercado nacional (2013)

El café convencional de los socios en proceso de conversión se comercializa en el mercado local (tostado con azúcar).

57 (2011-café verde de exportación)

Junto con otras dos comunidades, 100 t de café cereza (230 kg de café verde)

Calidad

Doble certificación orgánica para exportación al mercado de Estados Unidos, Canadá y el mercado europeo (desde 2003). Certificación comercio justo desde 2005.

Café convencional

Café convencional

Compradores

Contratos anuales con cooperativas extranjeras de café orgánico/comercio justo.

Contratos anuales con una empresa exportadora veracruzana.

Contratos anuales con una tostadora local.

Estrategias principales de comercialización

Integración a redes de comercio justo.

Conversión orgánica Marca de café orgánico certificado: Café Sierra de los Tuxtlas (desde 2000).

Comercialización directa para el mercado local regional y nacional.

Diversificación (lichi, árboles maderables, pimienta verde).

Incrementar la producción.

Expandir la infraestructura para lograr una calidad de exportación.

Reestructuración liderada por el municipio.

Fomentar la capacidad empresarial.

Selección de los socios para asegurar más compromiso con la cooperativa

Incrementar la producción.

Formar alianzas con otras pequeñas cooperativas para negociar y cumplir contratos de venta.

Ampliar la infraestructura con un beneficio seco para lograr la calidad de exportación.

Tostado a microescala para la comunidad.

Financiamiento

Prefinanciamiento/créditos de cooperativas de comercio justo.

Subsidios gubernamentales proporcionaron el primer financiamiento.

Créditos rurales (preferenciales).

No hay cuota de membrecía.

Socios comparten todos los costos.

Se pueden solicitar apoyos individuales/colectivos a la cooperativa.

Prefinanciamiento por compañía exportadora.

Financiamiento público.

Refinanciamiento mediante cuotas iniciales de membrecía (300 pesos = entre 2.5 y 3% de los ingresos anuales de la unidad familiar).

Socios comparten todos los costos.

Se pueden solicitar apoyos individuales/colectivos a la cooperativa.

Precios dependen del precio mundial convencional y de los arreglos contractuales con la empresa tostadora.

Créditos rurales preferenciales contractuales.

Socios comparten todos los costos.

Se pueden solicitar apoyos individuales/colectivos a la cooperativa.

Precios del café

Precios más altos debido a la doble certificación, integración parcial al mercado de comercio justo, comercialización directa de café tostado.

Precios dependen del precio mundial convencional y de los arreglos contractuales con el exportador.

Precios dependen del precio mundial convencional y de los arreglos contractuales con la empresa tostadora.

Pago del café a productores

Pago inicial al momento de la cosecha, asegurado por prefinanciamiento.

Pago del remanente después de la venta y de la deducción de todos los costos.

Pago completo al momento de la cosecha asegurado por prefinanciamiento.

Pago completo al momento de la cosecha.

Fuente: Investigación propia 2011, con actualización hasta 2015.

Tabla 2 Estrategias para expandir la actividad cafetalera e integrar cadenas comerciales

Cerro Cintepec

Unión Regional

Pequeñas cooperativas

casisa

Café Oro de Tuxtlas

Expandir la infraestructura

Infraestructura de procesamiento y almacenamiento (para exportación)

+

+

-

+

+

Maquinaria para tostar el café

+

-

+

+

+

Equipos informáticos para comercialización directa (incluso en línea)

+

-

-

+

+

Presencia en tiendas locales/regionales (venta directa)

+

-

+

+

+

Aprovechar nichos de mercado

Obtener una certificación oficial de calidad (orgánica, café de altura)

+

-

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-

-

Utilizar argumentos de calidad (sin certificación/etiquetado oficial)

-

-

-

+

+

Utilizar la denominación de origen de “Café de Veracruz”

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-

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Crear una marca (registrada)

+

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-

+

+

Crear actividades/productos orientados al mercado turístico

+

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-

+

Desarrollar alianzas y redes

Con otras cooperativas cafetaleras locales1

-

-

+

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Con cooperativas no cafetaleras2

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-

-

Con redes de café orgánico y de comercio justo (inter)nacionales3

+

-

-

-

-

Con otros intermediarios privados locales/regionales4

-

+

-

-

+

Alianzas con actores corporativos/ ong globales5

-

-

-

-

-

Nota: Aplicación (+) o no aplicación (-) de las estrategias.

1 Para: generar y compartir recursos, infraestructura y conocimiento, producir suficiente cosecha para asegurar contratos de exportación, solicitar recursos/créditos y adquirir seguros colectivos, aumentar el poder de negociación frente a intermediarios, y promover capacitación para mejorar los estándares de producción, de manejo, la capacidad empresarial y comercial.

2 Para: generar y compartir recursos, infraestructura y conocimiento, coordinar la diversificación y aprovechar sinergias y economías de escala, evitar los primeros niveles de intermediarios, solicitar recursos/créditos y adquirir seguros colectivos, aumentar el poder de negociación frente a intermediarios, promover capacitación para mejorar los estándares de producción, de manejo, la capacidad empresarial y comercial.

3 Para: obtener apoyo financiero, técnico, comercial y legal, aumentar la presencia comercial del café en países importadores, presionar a nivel político para obtener mejor condiciones (lobbies).

4 Para: coorganizar la colecta de la cosecha y procesar el café, cofinanciar la expansión comercial, establecer contactos con importadora y tostadoras internacionales.

5 Por ejemplo con Starbucks y tnc en la Rainforest Alliance para establecer contratos a largo plazo y precios arriba del precio convencional, apoyar un proceso de certificación que valora el café y mejora las condiciones de producción, organizar la colecta, el procesamiento y la venta del café, aumentar la visibilidad de la región de producción cafetalera y la trazabilidad del café (ejemplo: Reserva de la Biosfera el Triunfo-Renard, 2012).

Figura 3 Panorama general de la cadena comercial del caféen la reserva de la biosfera Los Tuxtlas

Desigualdades en el sector cafetalero

Basados en la literatura arriba citada y nuestro trabajo de campo,presentamos ahora una sinopsis de asimetrías en cuanto al poder económico y político que se presenta entre pequeños y grandes productores locales, así como entre productores organizados e independientes, y entre productores campesinos y otros actores de la cadena comercial del café global (Tabla 3). Estas asimetrías afectan sobre todo a los pequeños campesinos en su capacidad de producir café en cantidad y calidad suficiente, ingresar al mercado tanto convencional como de café de calidad, negociar precios adecuados y captar una mayor parte de la plusvalía final. Por consiguiente, estos factores obstaculizan una mejora significativa de sus condiciones de vida. Asimismo, dichas asimetrías se han agudizado durante las décadas pasadas, en particular a partir de la liberalización del precio del café como consecuencia del colapso de ica.

Tabla 3 Asimetrías en el sector cafetalero regional y global

Asimetrías en cuanto a la dotación de capital natural y físico

Los cafetaleros campesinos pueden beneficiarse del capital natural en términos de biodiversidad, bosque nativo o manantiales, ya que sus tierras a menudo se localizan en regiones de alta riqueza ecológica. Sin embargo, no necesariamente tienen la capacidad política y económica de defender dicho capital natural (por ejemplo contra la expropiación vinculada a la designación de áreas protegidas) y aprovecharlo para mejorar sus estándares de vida (por ejemplo a causa de restricciones de uso y de recursos a raíz de normas ambientales).

En comparación con los grandes productores de café a nivel mundial, su acceso a la tierra, el agua o los recursos naturales es reducido. Como dependen en gran medida de su cosecha, son más vulnerables a eventos climáticos extremos, enfermedades o plagas que afectan el café.

En términos de capital físico, las comunidades campesinas cafetaleras a menudo se ubican en zonas remotas de alta marginación socioeconómica, con acceso limitado a infraestructura de procesamiento y distribución. A menudo carecen de acceso al mercado debido a la lejanía y /o vías de transporte inexistentes o deficientes.

Asimetrías en cuanto a poder político

Los cafetaleros campesinos no cuentan —ni individual ni colectivamente— con una representación política influyente que les permitiría negociar efectivamente las modalidades de producción, distribución y comercialización del café, definición y control de los estándares de calidad (catación, certificación), así como los precios a la compra en la cadena comercial global.

Asimetrías en cuanto a poder económico

El mercado del café se caracteriza por la gran volatilidad de los precios internacionales, la gran concentración del sector y la fuerte competencia. Los cafetaleros campesinos frecuentemente viven en situación de pobreza y se enfrentan a altos costos de producción, una capitalización deficiente y bajo poder de inversión; lo cual les impide producir la masa crítica de café en términos de calidad y cantidad necesaria para contratos de exportación directa. En consecuencia, generalmente dependen de intermediarios: que les proporcionen un mínimo de (pre)financiamiento para cubrir los costos de producción, cosecha y, en ciertos casos, procesamiento y que controlan el acceso al mercado. Por lo tanto, a menudo no tienen la capacidad de negociar mejores precios, y se les dificulta asumir los riesgos para aprovechar de manera eficaz los nichos comerciales existentes.

Asimetría en cuanto a conocimientos

Los cafetaleros campesinos frecuentemente carecen de:

• Educación formal básica que les permitiría por ejemplo solicitar recursos públicos.

• Conocimientos relacionados con la extensión agronómica y agroecológica para mejorar su producción y adaptarse a riesgos ecológicos (climáticos, edáficos, etc.).

• Conocimientos del mercado y sus mecanismos, de las preferencias de las empresas importadoras y los consumidores internacionales.

• Conocimiento relacionado con la abogacía política y de colaboración con otros actores económicos a nivel nacional como internacional.

Asimetría en cuanto al grado de integración

Los cafetaleros campesinos carecen a menudo de contacto con:

• Otros productores para garantizar la cantidad, calidad necesaria para contratos de exportación directa.

• Distribuidores/intermediarios que facilitan la comercialización del café/consumidores.

• Expertos/instituciones que determinan la calidad del café (certificadoras, catadores).

• Representación política (lobbies que pueden influir en la normativa).

Discusión: Implicaciones de las estrategias de supervivencia y del uso de suelo de los campesinos cafetaleros

A continuación analizamos cuáles estrategias pueden adoptar los campesinos cafetaleros para adaptarse a las tendencias del mercado e incrementar sus ingresos, así como su compatibilidad con la conservación ambiental de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas. Recurrimos al marco conceptual del modelo divergente (land sparing) y del convergente (land sharing), dos maneras distintas de conciliar especialmente los sistemas cafetaleros con la protección de la biodiversidad (Tscharntke et al; 2012). Por un lado, el modelo divergente promueve la separación espacial de áreas de agricultura intensiva (necesarias para satisfacer la creciente demanda de alimentos y energía) de zonas estrictamente reservadas para la conservación ambiental (necesarias para preservar la biodiversidad) (Green et al., 2005; Balmford et al., 2005; Ewers et al., 2009; Phalan et al., 2011). En cambio, el modelo convergente se centra en la capacidad de sistemas agroecológicos de sostener paisajes coherentes y diversos, y promueve la seguridad alimentaria local (Pretty 2003; Harvey et al., 2008; Perfecto y Vandermeer, 2010; Altieri y Toledo, 2011; Chappell et al., 2013).

Ya que el café no es un alimento básico (staple, en inglés), se suele combinar su producción con cultivos básicos y comerciales en sistemas agroforestales mixtos (Moguel y Toledo, 1999; Hernández et al., 2009). Las diferentes formas de cultivar el café pueden asociarse tanto al modelo divergente como al convergente. Si bien el monocultivo intensivo de sol, de alto rendimiento pero baja biodiversidad, es el tipo de manejo más compatible con el componente agrícola del modelo divergente, los diferentes tipos de policultivo cafetalero bajo sombra, de menor productividad pero alta biodiversidad, son compatibles con el modelo convergente. Esto se relaciona de forma estrecha con la discusión controvertida entre rentabilidad y conservación, analizada extensamente en la literatura. Según los defensores del café de sombra, esta práctica sostiene estructuras vegetacionales complejas de múltiples capas que sirven de repositorios de biodiversidad y corredores ecológicos en paisajes ecológicamente fragmentados (Perfecto et al., 1996; Bhagvat et al., 2008). Numerosos estudios ponen en evidencia el notable potencial de conservación florística y faunística de las plantaciones de café de sombra (véase Valencia et al., 2014), y su función para proporcionar servicios ambientales vitales, como la polinización (Vergara y Badano, 2009) y la captación de carbono (Balderas et al., 2010). Los árboles de sombra pueden ser restaurados y preservados con especies tanto nativas como comerciales. Aun bajo un manejo intensivo, han mostrado su capacidad de contribuir de forma significativa a la diversidad forestal regional (López Gómez et al., 2008). Sin embargo, en lugares donde las condiciones de cultivo son menos favorables en términos de altura, pendiente y fertilidad de los suelos, un dosel boscoso abundante puede reducir de manera sustancial el rendimiento del café, y con ello su rentabilidad (Soto-Pinto et al., 2000; DaMatta, 2004; Läderach et al., 2011). Entonces, desde la perspectiva del productor, conservar un dosel natural, diverso y denso no necesariamente constituye una estrategia gana-gana. En consecuencia, las medidas propuestas para lograr sinergias entre conservación y supervivencia incluyen 1) mejorar la productividad del café de sombra al adoptar cultivares de mayor rendimiento (Bertrand et al., 2011); y 2) establecer esquemas de certificación y revaluación monetaria en sistemas agrícolas que combinan altos valores intrínsecos, ambientales, económicos y sociales (y donde el rendimiento menor se compensa con precios mayores o subsidios) (Philpott et al., 2007). En cambio, otros autores consideran que las plantaciones de café de sombra, por sí mismas, no garantizan la conservación de la biodiversidad (Rappole et al., 2003), y que la in-tensificación del cultivo de sombra puede, más bien, empobrecer o eliminar bosque nativo al reemplazarlo con un monocultivo comercial simplificado con árboles de sombra, lo que significaría la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la provisión de servicios ambientales (Peeters et al., 2003; Philpott et al., 2008; Tejeda-Cruz et al., 2010; Beenhouwer et al., 2013; Valencia et al. 2014).

En la Figura 4 vinculamos diferentes tipos de cultivo cafetalero con el sistema de zonación de las reservas de la biosfera según la Unesco (Ishwaran et al., 2008), que permite combinar los modelos divergente y convergente (Vega-Leinert, 2014). De acuerdo con el modelo divergente, una situación gana-gana sólo podría realizarse mediante 1) el monocultivo intensivo convencional cafetalero bajo sol a gran escala fuera del área natural de protección, o 2) una separación espacial de áreas boscosas (para maximizar la biodiversidad) con plantaciones bajo el sol (que maximizan el rendimiento) en áreas ya taladas o bajo cultivo. Según Chandler et al. (2013), el monocultivo cafetalero intensificado de sol (o integrated open canopy, en inglés) se puede aplicar a fincas cafetaleras campesinas y representa una medida prometedora para implantar el modelo divergente a microescala. No obstante, este sistema que implica un uso mayor de insumos —incluso a pequeña escala— requiere inversiones sustanciales y su rendimiento puede ser afectado en mayor medida por fluctuaciones de precios (Gordon et al., 2007). De acuerdo con el modelo convergente, todas las modalidades de cultivo cafetalero bajo sombra presentes en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas son —o podrían ser— compatibles con los principios agroecológicos. Ahora surge la cuestión de si el cultivo de café en sus diferentes formas de intensificación puede realizarse considerando las restricciones impuestas al uso del suelo en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas. En este contexto, los defensores del modelo divergente argumentan que si el café de sombra llega a ser más rentable, aceleraría la intensificación (del sistema rústico al café de sombra simplificada) y la destrucción o degradación del bosque (Rappole et al., 2003; Tejeda-Cruz et al., 2010). Medidas que previenen la expansión excesiva del uso del suelo podrían incluir 1) certificaciones y códigos de conducta que prohíban la tala; 2) la integración e implantación de políticas de gestión y protección forestal; 3) pagos por servicios ambientales que compensen las restricciones de uso, revaloren diversos sistemas agroforestales y alienten la reforestación; y 4) la participación de las comunidades en la conservación y gestión del bosque para definir áreas de uso común y otras de protección estricta (Klooster, 2000; Gordon et al., 2007; Philpott et al., 2007; Haggar et al., 2013).

Aplicando este marco conceptual a nuestro estudio de caso, identificamos, con base en las entrevistas realizadas, diversas estrategias de adaptación por parte de los cafetaleros campesinos y las categorizamos en términos de su compatibilidad con los modelos divergente y convergente conceptos, así como con los recursos necesarios para emprender estas estrategias (Tabla 3).

Tabla 4. Estrategias campesinas y su compatibilidad con paradigmas de conservación

Estrategia

Compatibilidad

Recursos necesarios

Con “compartir tierra”

Con “apartar tierra”

Fuerza laboral

Terrenos adicionales

Cultivares, plantíos, matas, animales

Insumos convencionales /orgánicos

Recursos financieros

Conocimientos específicos

Capacitación y asesoría

Infraestructura de procesamiento y transporte

Redes de comercialización y abogacía

Intensificación:

Incrementar la productividad y mejorar la calidad del café

Renovación de la finca con talla de las matas

Renovación de la finca con variedades mejor adaptadas y de mayor rendimiento

+

+

Incrementar la densidad de matas en la misma superficie

+

+

Conversión al cultivo orgánico

+1

+

Eliminar la sombra para una maduración más rápida, rendimientos más altos y reducir plagas y enfermedades

-

+

Incrementar los insumos químicos (pesticidas, fungicidas, fertilizantes)

-

+

Incrementar el rendimiento de café al expandir la superficie cultivada

Sobre tierras degradadas/marginadas

+

-

Sobre parcelas utilizadas previamente para otros cultivos sin sombra o pastizales

+

+2

Sobre parcelas asombradas (árboles maderables)

+

+

Sobre parcelas boscosas (bosque nativo)

-

-

Diversificación:

Policultivo de café de sombra con actividades complementarias en la misma parcela

Pastoreo (ganado, cabras) para autoconsumo/leche/carne para el mercado local

+

Con “compartir tierra”

Con “apartar tierra”

Fuerza laboral

Terrenos adicionales

Cultivares, plantíos, matas, animales

Insumos convencionales / orgánicos

Recursos financieros

Conocimientos específicos

Capacitación y asesoría

Infraestructura de procesamiento y transporte

Redes de comercialización y abogacía

Cultivos comerciales: fruta, palma decorativa

+

Cultivos de autoconsumo: fruta

+

Miel/Apicultura

+

Silvicultura comercial para productos (no) maderables y de autoconsumo

+

Monocultivo de café con otras actividades agrícolas en parcelas separadas

Monocultivo de café de sol

+

Pastoreo

+

Cultivos de autoconsumo (maíz, frijoles)/comerciales (cacahuates, lirio acuático)

+

Productos forestales maderables o no maderables (lichi)

+

Actividades adicionales

Conservación forestal/pago de servicios ambientales

+

Ecoturismo

+

Abandono del cultivo cafetalero/de las actividades agrícolas

Conversión a otras actividades agrícolas que necesitan eliminar la sombra

-

+3

Abandono temporario con posible reactivación de las actividades agrícolas

+

+4

Abandono permanente de las actividades que permite la regeneración del bosque a largo plazo

+

1 Si no reduce la productividad de la finca.

2 Si el café es más productivo que la actividad previa.

3 Si no se elimina el bosque nativo.

4 Si resulta en la intensificación de la agricultura.

Si bien identificamos una gran diversidad de medidas que pueden tomar los cafetaleros para expandir y mejorar la productividad y rentabilidad de sus actividades, su capacidad de adaptación es muy variable, lo cual influye tanto en las estrategias que en efecto pueden desenvolver como en los impactos ambientales que pueden resultar a partir de sus decisiones.

Aumentar la productividad de las fincas (estrategia de intensificación)

Para intensificar el cultivo cafetalero y aumentar su productividad, los cafetaleros pueden optar por una o combinar diferentes medidas:1) aumentar el área cultivada; 2) incrementar la cosecha en la superficie cultivada; y 3) combinar ambas medidas (para más detalles, Tabla 3). Los agricultores que disponen de los recursos necesarios pueden expandir sus áreas de producción al comprar o rentar más terrenos. Además, pueden aumentar de manera importante la productividad de sus fincas al renovar los plantíos (mediante la poda de plantas viejas, su sustitución con cultivares mejor adaptados, más productivos), incrementar la densidad de las matas en la parcela y utilizar insumos, ya sean químicos u orgánicos. Algunos procesadores locales (privados o cooperativas) han desarrollado viveros propios, lo que les permite asegurar el abasto de semillas y plantíos, controlar la calidad de las matas e experimentar con diferentes cultivares. Esa medida les permite reaccionar más rápidamente a enfermedades y plagas, como el brote de roya o eventos climáticos extremos.

En las parcelas más remotas, que coinciden con los municipios más marginados en términos económicos, de infraestructura y del acceso a servicios públicos, las posibilidades de los cafetaleros son considerablemente más limitadas, ya que muchas de estas fincas se ubican dentro de la zona de amortiguamiento o bien colindan con la zona núcleo del volcán de Santa Marta. Las únicas medidas de intensificación compatibles con la conservación son las medidas de manejo agroecológico en áreas deterioradas y que no conllevan una degradación de la cubierta forestal (natural) (Conanp, 2006). Sin embargo, las estrategias que aplican los cafetaleros para incrementar su producción no necesariamente cumplen con estos requisitos. Si la expansión del cultivo cafetalero se lleva a cabo en parcelas dedicadas a otros cultivos de menor importancia o rentabilidad, o en terrenos degradados o de utilidad agrícola limitada (por ejemplo, las riberas de los arroyos), esta actividad resulta en principio compatible con las restricciones ambientales establecidas en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas en tanto no se apliquen insumos químicos y no se afecte el bosque nativo. A raíz de la crisis de los noventa, muchos agricultores descuidaron la renovación de sus matas por falta de fuerza laboral (vinculado con la emigración) o de recursos (plantíos e insumos), de manera que muchas matas en la actualidad están cerca del final de su vida productiva. Al mismo tiempo, el acceso a matas nuevas resulta difícil porque los subsidios gubernamentales existentes son inadecuados, así que el abasto de plantíos depende de los actores locales, quienes controlan los viveros (por ejemplo, Cerro Cintepec, la Unión Regional o Casisa). En el caso de las fincas más remotas y altas, el café de parcelas a mayor altitud madura hasta dos meses después de la temporada de cosecha principal (diciembre-febrero). Dado que los in-termediarios externos sólo están presentes durante estos meses, a los productores les queda secar su cosecha y venderla a tostadores locales, con el precio que éstos dicten. Para mejorar su productividad, reducir el impacto de plagas y de enfermedades, y acelerar la maduración del café, algunos productores opinan que es preciso eliminar las plantas de sombra, lo cual resultaría incompatible con las restricciones impuestas por la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, ya que afectaría la cobertura forestal.

Aumentar la calidad del café (estrategias de intensificación y diversificación)

Las actuales estrategias del uso del suelo en la zona de amortiguamiento más compatibles con la conservación incluyen la conversión del cultivo convencional a otras técnicas más sustentables, la diversificación de la actividad agro-silvo-pastoral y la intensificación agroecológica en parcelas ya bajo cultivo. Los métodos de agricultura de conservación u orgánica que preservan los suelos, los manantiales y el dosel forestal pueden implantarse mediante el policultivo de café de sombra (fao, 2012). Siempre y cuando se logre un balance entre la calidad (composición y riqueza forestal) y la cantidad de sombra; el cultivo orgánico puede contribuir a aumentar la productividad cafetalera y, al mismo tiempo, a preservar una compleja matriz vegetacional (Perfecto et al., 2005; Gordon et al., 2007).

El arduo y costoso proceso de la conversión orgánica (mediante la certificación) y de diversificación del sistema agro-silvo-pastoral, emprendido por la cooperativa Cerro Cintepec en la cuenca de Zapoapan de Cabañas, ha generado nuevos nichos comerciales para sus socios, aunque la cooperativa siga luchando por consolidar su acceso al mercado. En 2011 su doble certificación y su subsiguiente integración en los mercados alternativos —por medio de una red de cooperativas de comercio justo y de café orgánico tanto en el circuito regional y nacional como el internacional— aún no le garantizaba contratos a largo plazo, por lo que en 2013 se decidió explorar nuevas estrategias de venta en el mercado nacional y de exportación directa de su café certificado. Estas estrategias de diversificación y comercio tienden a beneficiar sobre todo a los socios más exitosos, para quienes el café representa la actividad y el ingreso principal, y que cultivan superficies mayores con cosechas más abundantes. En efecto, la cooperativa genera una economía de escala al compartir tanto las inversiones, los costos de procesamiento y certificación como los riesgos entre todos los productores, y al producir café de calidad para la venta en dos mercados distintos (café verde certificado de exportación y café convencional tostado a granel). No obstante, los socios que sólo producen una cantidad reducida de café reciben un ingreso muy limitado, tomando en consideración su inversión en tiempo y trabajo, necesaria para satisfacer los altos estándares de calidad relacionados con el cultivo orgánico. Si bien pertenecer a la cooperativa les proporciona ciertos apoyos y el acceso a las infraestructuras de procesamiento y al mercado, se ven obligados a recurrir a otras fuentes de ingreso para su supervivencia.

La cuenca de la sierra de Santa Marta produce en su conjunto más café cereza que la de Zapoapan de Cabañas (Figura 1), en terrenos más altos. Sin embargo, su compleja constelación de actores dificulta un proceso de conversión orgánica, puesto que los principales actores (Unión Regional e intermediarios privados como casisa) compiten por el café producido en esta zona. Por tanto, su prioridad es aumentar el rendimiento de la producción. Poco les interesa integrarse en el mercado de calidad de manera formal (sea mediante la conversión orgánica o la revaloración del café con un etiquetado de café de altura, por ejemplo), aunque ciertos actores buscan aprovechar la calidad del café de la sierra de Santa Marta, sin comprometerse a un proceso de certificación o etiquetado oficial.8 Por ejemplo, la recién establecida marca Café Oro de Los Tuxtlas, impulsada por una alianza entre un exsocio de la cooperativa Unión Regional y un empresario turístico, presenta su producto como orgánico y de altura, pero sin proporcionar las evidencias correspondientes (véase Oro de los Tuxtlas, s.f.). Esto, sin embargo, no necesariamente debe ser considerada una práctica condenable: debido a la crónica falta de capital, muchos productores, en especial en la cuenca de la sierra de Santa Marta, no aplican insumos químicos, por lo que su café de facto resulta ser orgánico y de altura, sin que sus productores obtengan beneficios económicos de ello.9 Por consiguiente, si los tostadores locales logran obtener un mejor precio al destacar la calidad del café (aún sin certificado) y además comparten este valor agregado con los productores con quienes colaboran, todos ganan. Sin embargo, por lo general se observa lo contrario: el café de las zonas más altas (que madura más tarde) se compra fuera de la temporada de la cosecha a precios relativamente bajos, impuestos por el intermediario. Además en empresas privadas de procesamientos los productos suelen ser proveedcores de materia prima y no socios que comparten tanto ganancias como pérdidas.

Abandono del cultivo de café / de la tierra (estrategias de diversificación y abandono)

Cuando los precios internacionales bajan, los productores responden de manera diferenciada para adaptarse: pueden optar por asegurar su subsistencia al cambiar los cultivos, es decir, sustituir la producción de café por la milpa o el pastoreo. Otra estrategia de adaptación es la combinación de la agricultura con diferentes actividades fuera de la granja (como jornaleros o en el sector turístico) para compensar la baja de ingresos obtenidos mediante el cultivo del café. Sin embargo, en la región de Los Tuxtlas las oportunidades de empleo son limitadas, así que,desde la crisis de los noventa, la pobreza y la falta de políticas públicas de apoyo a la producción campesina han obligado a muchos agricultores a emigrar incluso al extranjero (Paré y Fuentes, 2007).

Por otro lado, optar por otras actividades productivas comerciales por lo general resulta arriesgado, y su arranque requiere inversiones considerables (Tucker et al., 2010). El abandono definitivo de la finca es una decisión que no se toma necesariamente para remediar la baja rentabilidad, porque implica perder sustanciosas inversiones en tiempo, trabajo y recursos (Haggar et al., 2013). En consecuencia, los productores primero descuidan sus fincas, pero siguen cosechando cantidades cada vez menores de café para obtener ingresos, aunque resulten mínimos. Sólo cuando no tienen más remedio, deciden convertir la finca a otros usos agrícolas o abandonarla. Sin embargo, el abandono de las actividades agrícolas no necesariamente conlleva a la conservación ambiental, por lo menos no de manera automática: bajo el sistema ejidal, cuando las parcelas son desatendidas, se pueden asignar los derechos de usufructo a miembros que no tienen parcela, o bien, desde los cambios constitucionales de 1992, rentar o vender. En consecuencia, el nuevo propietario podría iniciar o intensificar modos de producción que no necesariamente serían sustentables en términos ambientales. En cambio, el abandono permanente de parcelas, en especial de terrenos remotos y de difícil labranza, podría permitir la recuperación del bosque y calificar para programas de pago por servicios ambientales forestales. Algunos defensores del modelo divergente sostienen que los programas de desarrollo rural que fomentan el uso extensivo del suelo tienden a obstaculizar la emigración (y el abandono definitivo de las actividades agropecuarias) y los esfuerzos de la conservación ambiental (Aide y Grau, 2004). Vale la pena mencionar en este contexto que la política agrícola en México se ha enfocado, desde fines de los ochenta, en otorgar subsidios a la agricultura comercial orientada hacia la exportación, pero sin proporcionar nuevas opciones para la agricultura campesina en las zonas rurales (Winters y Davis, 2009; Appendini, 2014). Esta política ha tenido impactos socioecológicos negativos para comunidades campesinas en Los Tuxtlas (Nadal y García, 2009).

Conclusión

Desde una perspectiva macro, se podría pensar que la conservación estricta, combinada con la intensificación del cultivo cafetalero (modelo divergente), favorece la regeneración del bosque, la protección de la biodiversidad y la productividad agrícola mediante la segregación espacial entre zonas de conservación estricta y de agricultura intensiva. Un prerequisito cuestionable de esta postura es la necesidad imperativa de implantar regímenes estrictos de protección: cuando éstos excluyen a las comunidades locales, privándolas de sus (consuetudinarios) derechos a la tierra y los recursos, casi siempre generan rechazo e incumplimiento (Adams y Hutton, 2007; Holmes, 2007). Así, muchas áreas formalmente designadas no son más que ‘parques de papel’ (Dugelby y Libby, 2003). En este contexto, el paradigma de las reservas de la biosfera de la unesco permite, en lo conceptual, combinar medidas conservacionistas con el uso múltiple del suelo (unesco, 1984; Ishwaran et al., 2008). Al mismo tiempo, crea un gradiente entre la conservación estricta por un lado y prácticas agrícolas sustentables por otro.

La producción de café de sombra es una práctica agrícola común en y cerca de muchas áreas protegidas (Jha et al., 2011), incluyendo a las reservas de la biosfera de la unesco (Tejeda-Cruz et al., 2010; Marchant y Borsdorf, 2013). Al mismo tiempo, los campesinos productores son afectados tanto por los procesos de concentración e intensificación agrícola, y la alta competencia en las cadenas comerciales globales (incluida la del café orgánico certificado), como por los regímenes de conservación excluyentes, que imponen restricciones de uso de sus recursos, sin compensar su pérdida económica de manera adecuada, razón por la cual no pueden asegurar su supervivencia a largo plazo. En consecuencia,desde la perspectiva de los campesinos, las estrategias de conservación que fomentan sinergias entre el uso del suelo y la protección de la biodiversidad (modelo convergente) parecen más adecuadas.

La complejidad y el dinamismo del sector cafetalero en la región de Los Tuxtlas demuestra, en este sentido, tanto la importancia del sistema agroforestal cafetalero como la notable capacidad de adaptación de sus actores, quienes, a pesar de enfrentar serios obstáculos estructurales, siguen buscando la manera de mejorar su productividad y rentabilidad agrícola. A pesar de la competencia aguda, los pequeños productores campesinos que analizamos emplean estrategias diversas para asegurar una producción suficiente que les facilite el acceso a mercados diferenciados. A pesar de la proliferación de intermediarios privados, las cooperativas aún son actores importantes y, por lo menos en el caso de Cerro Cintepec, han generado la motivación colectiva y la masa crítica necesarias para competir en los mercados de calidad orgánica y de comercio justo. No obstante, dichas cooperativas no han logrado unificarse e incluir a todos los productores, mientras que los más marginados están aún a la merced de coyotes (intermediarios).

Mientras los campesinos siguen buscando estrategias encaminadas a diversificar y asegurar sus ingresos, siguen reemplazando los cultivos de subsistencia con productos comerciales. Aunque este cambio posiblemente promueva la adopción de formas innovadoras y sustentables del uso del suelo aprovechando mercados emergentes, el imperativo de integrarse a fuerza en múltiples cadenas comerciales agudiza aún más su dependencia y vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado. Aparte, actores globales del sector cafetalero exigen a los productores incrementar de manera constante su productividad tanto en términos cualitativos como cuantitativos. En consecuencia, y de acuerdo con Barham et al. (2011), el café agroecológico certificado debería constituir una fuente de ingresos, combinado con un conjunto de estrategias de supervivencia diversificadas y complementarias que pueden incluir la intensificación agrícola y el acceso a la educación y a trabajos dignamente pagados, así como a las remesas.

Igual que los consumidores, es posible que los campesinos productores de café sean víctimas de la ilusión de una solución gana-gana que fomenta productos cuyo consumo promueve directamente la conservación ambiental y un desarrollo socioeconómico balanceado. Sin embargo, presentamos evidencias de que estos nichos comerciales no (necesariamente) garantizan precios estables ni ingresos dignos a largo plazo. En este sentido, una iniciativa interesante es el reciente intento de productores latinoamericanos de establecer un sistema de certificación independiente, diseñado por y para los pequeños agricultores, con la finalidad de asegurarse una mayor parte del valor agregado.10 Sin embargo, aunque estos nuevos esquemas de certificación buscan reanimar el ideal original del comercio justo e ir un paso más adelante al eludir las normas de calidad definidas en el exterior, hasta ahora sólo tienen una visibilidad limitada y un impacto reducido.

Dentro del paradigma dominante de la economía del mercado, la continuidad de prácticas agrícolas compatibles con la conservación no necesariamente garantizan un nivel de rentabilidad suficiente desde la perspectiva de los productores. En efecto, los bajos rendimientos y los escasos márgenes de ganancia de los sistemas orgánicos, combinados con el reciente brote de roya desastroso que ha afectado México y Centroamérica,11 han obligado a muchos campesinos latinoamericanos a regresar a métodos de cultivo convencionales (Gianessi, 2013; Avelino et al. 2015), aunque esta decisión puede invalidar décadas de esfuerzos e impedir su acceso a mercados de calidad en un futuro. Para aprovechar el vasto potencial agroecológico del café de sombra a largo plazo, el reto mayor para los productores campesinos es obtener una parte más justa de los beneficios. Hasta el colapso del aic y el desmantelamiento de Inmecafé, los productores capturaban una proporción sustancial del valor agregado final (Pérez Akaki y Echánove Huacuja, 2006). La reconfiguración de la cadena comercial global del café generó una distribución mucho más desigual de los beneficios económicos, y multiplicó los obstáculos estructurales que impiden que los campesinos tengan un mayor control sobre la cadena productiva (Gresser y Trickell, 2002). Para sobrellevar dichos obstáculos, los pequeños productores necesitan forjar nuevas alianzas con el afán de mejorar la calidad del café (por ejemplo, por medio de certificación) e incrementar el volumen de producción, completar la infraestructura técnica para procesar, tostar y almacenar su producto, y desarrollar medidas de mercadotecnia competitivas que les permitan diversificar en los últimos eslabones de la cadena. En el caso de los consumidores, el reto mayor consiste en aceptar el hecho de que un consumismo más “verde” y “ético” de seguro no permitirá mejorar las condiciones de vida de los cafetaleros si no se resuelven las notables deficiencias estructurales señaladas.

La producción de café es una actividad vital entre las alternativas que pueden elegir los campesinos —o verse obligados a adoptar— para asegurar su supervivencia a largo plazo y mejorar su nivel de vida. Los pequeños productores cafetaleros son considerados actores clave que tienen el poder (¿y el deber?) de 1) satisfacer la demanda mundial de un cultivo de alta calidad, 2) lograr una intensificación sustentable y 3) convertirse, al mismo tiempo, en cuidadores de la naturaleza. Esta tarea múltiple se refleja también mediante la declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014 (fao, 2014b) y otras iniciativas internacionales que pretenden promover la transición hacia la sustentabilidad, como la Agenda de Desarrollo Post-2015,12 las Metas de Biodiversidad Aichi establecidas durante la Conferencia de 2010 sobre la Diversidad Biológica (Nagoya, Japón) (véase cbd, s.f.), la agenda Climate Smart Agriculture de la fao (fao, 2013) y los objetivos específicos de 2015, denominado Año Internacional de los Suelos (fao, 2015). Aunque estas reuniones y acciones promuevan la visibilidad de la condición campesina y la toma de conciencia, aún está por verse si dichas iniciativas en realidad contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, su poder de decisión y la valoración de su trabajo.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero otorgado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (daad) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (programa Proalmex 2010-2011). Se completó este capítulo gracias al financiamiento de la Deutsche Forschungsgemeinschaft bajo el proyecto No. (V659/2-1). Asimismo, se reconoce la valiosa participación de la administración de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, del municipio de Soteapan, de los representantes y socios de las cooperativas cafetaleras, de los productores independientes, así como de los asesores y las empresas privadas. Agradecemos a Christoph Schaller y Juliane Strubel (Universidad Ernst Moritz Arndt de Greifswald); a Julia Quintanar Ashley y Jorge Cueto García (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa) y al Dr. Steffen Hänschen por su apoyo en la recolección de datos y la transcripción de las entrevistas, así como al Dr. Ángel de la Vega Navarro (Universidad Nacional Autónoma de México) por su inspiración y apoyo continuo. Agradecemos, finalmente, la traducción de la primera versión de este texto originalmente escrito en inglés por Paul Kersey (El Colegio de Michoacán).

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De aquí en adelante se usan los términos “pequeño agricultor” y “campesino” de manera intercambiable.

El café orgánico tiene un precio mayor (10-20% arriba del precio del café convencional), según su calidad y las tendencias globales de precio. Difiere del precio del “comercio justo” del café, que establece un precio mínimo que no se puede rebasar, con independencia de las tendencias globales, además de añadir una prima al precio mundial del café convencional (itc, 2011). En la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, el precio de referencia del café verde de exportación es el del café mexicano ‘premio’ lavado, que pertenece a la categoría de “otros arábicas suaves” (que no provienen de Colombia).

Viene del término inglés traceability, que define la capacidad de determinar y asegurar el origen y la calidad del producto considerado. Este criterio de calidad no está necesariamente vinculado con certificados independientes formales de calidad, pero es a menudo utilizado en estrategias de mercadotecnia para justificar mayores precios a la venta a granel.

Véase, por ejemplo, el caso de la palma (palma camedora, palmilla o xate Chameadoraspp), una actividad forestal que no implica la explotación maderera, sino que complementa el policultivo rústico y tradicional de los sistemas cafetaleros en Los Tuxtlas (Velázquez, 2010).

Por ejemplo, el ecoturismo (Brenner y Job, 2006) y el turismo en fincas de café (Brenes et al., 1997).

Al no contar con datos más detallados, cualquier explicación de este incremento de productividad mayor al doble en Soteapan en 2013 sería especulativa porque las cifras podrían ser errores en los informes o reflejar una cosecha excepcionalmente buena gracias a medidas que mejoran la productividad.

Un sondeo detallado de vivienda aplicado en 2004 calculó que la unidad doméstica promedio de cinco personas en los municipios de la sierra de Santa Marta tenía un ingreso anual acumulado que oscilaba entre 10 000 y 12 000 pesos.

Los productores podrían usar la denominación geográfica que existe para Veracruz y que incluye a Los Tuxtlas (Muñoz y Arredondo, 2003), o bien crear una etiqueta de café de altura.

Sin embargo, la conversión y certificación orgánica implica un cambio significativo en el modo de funcionar. Si bien muchos productores cultivan café sin insumos químicos, a menudo lo hacen más por necesidad que por convicción en el método orgánico, y muchos aplicarían tratamientos químicos si el precio fuera más accesible o si hubiera subsidios, porque están convencidos de que aumentaría la productividad.

Certificación Propia de Pequeños Productores. Tu Símbolo, disponible en http://www.tusimbolo.org/index.php?opción=com_content&view=article&id=134&lang=en (acceso:19 de marzo de 2015).

Desde las visitas al campo, México ha sido afectado de manera importante por la roya del café. Muchos pequeños cafetaleros han abandonado el cultivo del café arábicapara dedicarse al cultivo del café robusta. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como la trasnacional Nestlé, apoya esta conversión con subsidios. En Veracruz 2 000 ha ya habían sido replantadas con variedades de café robustaen 2016 (gain, 2016). Contactos locales nos han confirmado que este proceso también está afectando la reserva de la biosfera Los Tuxulas; sin embargo, no tenemos información sobre la superficie afectada.

La Agenda de Desarrollo Post-2015 da seguimiento a la aplicación de las Metas de Desarrollo del Milenio (véase wfuna, 2013).

Comunidad, tierra viviente y el “Sistema de Terreno Humano”.

La geografía participativa y el derecho a la geoprivacidad

Leonardo Tyrtania Geidt

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

A la mitad de la primera década del siglo xxi en las comunidades de la Sierra Zapoteca de Oaxaca apareció un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas que ofrecía un servicio, por lo demás gratuito y profesional, de elaboración de mapas digitales de la región, con el compromiso de entregar una versión en usufructo a las mismas comunidades. Curiosamente, y no obstante su aparente generosidad, la oferta fue rechazada. El hecho de que quienes intentaban mapear el territorio ocultaran las fuentes de financiamiento del proyecto, como se evidenció más tarde, levantó suspicacias entre los habitantes de la zona, según afirmaron líderes locales. Las buenas intenciones de los geógrafos no fueron garantía suficiente para convencer a los lugareños de que compartieran la información vital sobre su territorio y los recursos que hay en él con quienes servían intereses no declarados. Mientras tanto, ni el gobierno estatal ni el federal se manifestaron sobre el asunto. Los líderes locales, después de averiguar la información disponible en la internet y discutir entre ellos los propósitos del proyecto, llegaron a la conclusión de que la herramienta que ofrecían los expertos iba a ser aprovechada por gobiernos extranjeros y empresas trasnacionales. El programa de “geografía participativa” fue rechazado por considerarse no confiable y quedó etiquetado como “geopiratería”, sin más. Las comunidades de la región guardan en su memoria colectiva recuerdos de maltrato y abusos por parte de sucesivos regímenes económicos dominantes. A su favor tienen el hecho de haber sobrevivido y conservado sus tierras, sus bosques, sus lenguas y su cultura, que son la base de su autodeterminación. ¿De quién es el territorio y los recursos que hay en él? Para las empresas mineras, energéticas, forestales y todas las que necesitan grandes extensiones de superficie y mucha agua, la población local representa un problema. En una confrontación por los recursos cuya explotación exige tecnología industrial, las comunidades indígenas en apariencia tienen todas las de perder, sobre todo cuando tienen a los poderes fácticos y al Estado en su contra. Aunque, en el caso que aquí se relata, se abrió una pequeña rendija: la misma internet que usan unos y otros pudo ser aprovechada por la población local a su favor en la medida en que ofrecía información que le fue posible contrastar con los demás intereses en juego.

Planteamiento del problema

Dadas las limitaciones del conocimiento —en todas sus formas, incluido el saber científico—, y dada la incertidumbre omnipresente en el ambiente, la pregunta que surge es cómo se toman las decisiones para enfrentar los riesgos de la supervivencia. Esto se hace mediante el ejercicio del poder social. La toma de decisiones se da en relación con la tecnología que se va a adoptar (o a rechazar) para “controlar” el ambiente. El ambiente, en su sentido amplio, es la red de intercambios tróficos, el habitáculo físico, biológico y social de los seres vivos.1 El concepto incluye el medio social, pues no hay necesidad de recurrir a la separación entre naturaleza y sociedad. La sociedad es un producto tan natural de la evolución como lo son todos los demás resultados de ella. Ese continuum de relaciones que es el conocimiento-ambiente-y-poder es el medio en “el cual el ser humano debe trabajar, luchar y sobrevivir” (Adams, 2001: 169).

El punto de partida aquí es que la realidad no existe fuera de nuestras maneras de reconocerla. Para encontrar su camino en la vida, el ser humano, como todo ser vivo, debe disponer de un mapa mental previamente elaborado, aunque sea provisional. Antes de internarnos en un territorio desconocido, elaboramos hipótesis y construimos conjeturas sobre su configuración basadas en nuestra experiencia anterior. Esto, que parece una sencilla constatación de sentido común, es nada menos que el postulado epistemológico de primer orden de la ciencia moderna actual y se le llama “realismo dependiente de un modelo” (Hawking y Mlodinow,2010: 13). Obtenemos una explicación cuando se da una cierta correspondencia entre un modelo mental y un conjunto dado de acontecimientos (Adams, 2001). Para conocer, construimos modelos, luego investigamos. El modelo es una versión codificada de fenómenos y sucesos que preceden.

Hasta la llegada de la física moderna, se acostumbraba a pensar que todo el conocimiento sobre el mundo podía ser obtenido mediante observación directa, y que las cosas son lo que parecen, tal como las percibimos a través de los sentidos. Pero los éxitos espectaculares de la física mo-derna, que está basada en conceptos que chocan con la experiencia cotidiana, han demostrado que no es así. Por lo tanto, la visión ingenua de la realidad no es compatible con la ciencia moderna. Para tratar con sus paradojas, adoptaremos una posición que denominamos realismo dependiente del modelo, basada en la idea de que nuestras mentes interpretan los datos de los órganos sensoriales elaborando un modelo del mundo (Hawking y Mlodinow, 2010: 13).

El siguiente paso en el razonamiento es postular que todo sistema tiene un modelo de sí mismo, como un mapa incorporado, o varios de ellos. El mapa —modelo ideal de “sí mismo”— se usa para compararlo con la trayectoria real.2 El modelo no es la realidad, igual que el mapa no es el territorio, pero un territorio sin mapa no existe para quien conoce. Entre la elaboración del mapa y el reconocimiento del territorio, se da una reciprocidad a tal punto trabada que el modelo —cuando demuestra su factibilidad— deviene siendo parte de lo real. La factibilidad, que no la veracidad, es el criterio de concreción, según la vieja máxima de verum factum de Giambattista Vico. En cuanto a los sistemas dinámicos, el modelo postula un patrón de comportamiento de los fenómenos estudiados. Cuando los datos se ordenan de manera coherente con la ayuda de un modelo del “objeto de estudio”, como resultado se produce una tecnología; y cuando ésta se integra al medio, se cierra el círculo: obtenemos una nueva realidad en la que viviremos de ahí en adelante.

Los modelos que elabora la mente humana, entre ellos los científicos, fungen como mapas mentales de la “realidad” y están impregnados a tal grado de ideas que, según el dicho de Albert Einstein, sólo lo imaginario es real. La investigación consiste en comparar el modelo elaborado por el propio investigador como hipótesis de trabajo con el modelo de “sí mismo” que tiene el sistema que construimos como objeto de estudio. Uno de los problemas que la posición epistemológica del realismo dependiente de un modelo permite obviar, sin pretender solucionarlo en definitiva, es que puede haber varios modelos de una misma realidad o de sus diferentes aspectos. Un sistema no existe ahí afuera esperando a que lo investiguemos y lo describamos en su realidad objetiva. Un sistema será resultado de la interacción entre el modelo siempre hipotético, las herramientas para obtener los datos sobre su funcionamiento y la presentación de resultados, esto es, la tecnología que produce una investigación. En toda ciencia coexiste una multitud de teorías, algunas que se contradicen entre sí, otras que se traslapan, sin que nadie se escandalice por ello. Para representar la realidad, una realidad demasiado vasta e inconmensurable para nosotros, necesitamos una serie de teorías. Las teorías van y vienen, en su conjunto no dan una imagen completa del universo a manera de una “teoría del todo”. Para andar por el mundo necesitamos muchos mapas, en diferentes escalas y niveles de complejidad. Ahora bien, la mente humana sólo puede manejar unos cuantos de estos niveles y lo que buscamos durante toda la vida es la coherencia interna entre nuestras creencias, conocimientos y valores.

Las estructuras interpretativas mentales son privativas de los sistemas humanos de conocimiento en cuanto a su forma de procesar y almacenar los datos, pero no en cuanto a su necesidad estructural. Todo sistema que procesa energía y materiales transporta información. La información está depositada en muchos medios específicos y en sistemas sociales se elabora en diferentes unidades operativas o instituciones. Los mecanismos mediante los que se intercambia y procesa la información en sistemas vivos son genéticos, fisiológicos, neuronales, psicológicos e intergeneracionales. Los sistemas forman redes: las células forman tejidos, órganos y organismos, que a su vez se integran en comunidades bióticas, y éstas conforman ecosistemas. En sistemas sociales, los individuos forman familias, las familias integran linajes, los linajes constituyen comunidades, y así de forma sucesiva surgen niveles de integración. Todo grupo humano medianamente cohesionado, toda institución del tamaño o nivel que sea cuenta con sus propias estructuras interpretativas, su propia experiencia histórica y su propio conocimiento depositado en sus instancias.

Mi intención aquí es comparar el modelo —el modo codificado de interpretar la realidad— de un grupo de investigadores de la llamada “geografía participativa” con el modo de ver las cosas de los campesinos de la Sierra. Tal comparación no puede efectuarse de manera directa, sino por medio de un tercer modelo, que es el del propio investigador, por el cual él mismo evalúa lo sucedido. Éste es un presupuesto epistemológico importante, sin el cual no hay “realismo dependiente del modelo”: no es posible eliminar del esquema teórico y de la praxis al observador diciendo que el análisis debe ser objetivo. El conocimiento no es un reflejo de la realidad tal cual es, como ya se ha dicho, sino un constructo trabajado de ida y vuelta entre las ideas que procesamos y los datos con los que las confrontamos. Las ideas fungen como un sistema de inferencia. Ninguno de estos sistemas puede garantizar seguridad y certeza absolutas porque son constructos locales y temporales. Un modelo científico tampoco asegura una certeza total. Una elaboración de este tipo se obtiene por etapas: seleccionando postulados teóricos, elaborando hipótesis de trabajo, recabando datos y sopesando conclusiones. Nadie tiene la verdad objetiva de su parte. Incluso, cuando se dispone de una tecnología aparentemente “mejor”, más eficiente y completa que la que tiene el otro, el investigador sabe que los resultados que arroja su trabajo dependen de la manera en que fueron recogidos los datos.A su vez, éstos dependen del modo en que fueron construidos los observables y la finalidad con la que se los buscó. Esto significa que la tecnología con la que fue construida y elaborada la información imprime un sello específico, de origen y de destino, sobre el conocimiento, en la que interfieren intereses, prejuicios, creencias. En el modelaje o mapeo de la realidad intervienen muchos factores que aquí se resumen en un continuum de conocimiento-ambiente-y-poder. Si la realidad, como dicen los físicos, no existe fuera de nuestros métodos de indagación,la naturaleza no existe fuera de nuestros métodos de supervivencia. Si la evolución, como se afirma en biología, no obedece a un destino predeterminado, la participación en ella se da en medio del juego de la vida, nunca desde fuera de él. De ahí la insistencia en el continuum al que alude el título del presente libro.

El caso que presento en este ensayo es un conflicto entre las diferentes maneras de percibir “la realidad”, esto es, de percibir-y-modificar las condiciones de existencia concretas, las que están impregnadas de cono-cimientos, acotadas por las condiciones ambientales y encauzadas por la “voluntad de poder”. Mi hipótesis de trabajo es la siguiente. La decisión para aplicar o rechazar una tecnología o un procedimiento por medio de los cuales se pretende controlar el medio no se toma en razón de la veracidad del conocimiento como tal; el conocimiento, se ha dicho, es insuficiente, fragmentado y cambiante. Nuestros mapas mentales nunca coinciden por completo con los territorios. Dada esta deficiencia de nuestros sistemas de referencia, el modo en que se adaptan las sociedades humanas y modifican el medio es la política. Dado que el conocimiento no es suficiente, y dado que ningún otro sistema de notificaciones puede suplirlo (porque no hay una física o metafísica que convenza a todos), es el ejercicio del poder social el que entra en juego para la toma de decisiones respecto a una determinada tecnología o su rechazo. A largo plazo, desde luego, será el ambiente el que tendrá la última palabra respecto a la tecnología en cuestión. El problema, o la dificultad por resolver, es que el poder repartido entre las partes resulta desigual, ya que se redistribuye de acuerdo con los controles ambientales o tecnológicos previos que cada grupo involucrado maneja, y que se ejerce dentro de una estructura de poder mayor (Adams, 1983). Un problema así se resuelve (o no) en medio de un conflicto de poderes y controles territoriales, cuyo entramado para el caso expongo a continuación.

Las Expediciones Bowman en pos del reconocimiento del “terreno humano”

En 2005, en la Sierra Zapoteca, se presentó un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el ofrecimiento de elaborar mapas digitales de la región y proporcionarlos a las mismas comunidades. A las autoridades locales se les pedía colaboración para que, con la ayuda de “informantes” locales, dieran permiso de identificar con nombres y señas objetos sobre la superficie terrestre, cuya imagen venía codificada en el mapa digital. Con tal finalidad, se diseñó una “metodología participativa”.3 El mapa de base se obtuvo mediante percepción remota satelital con un software de última generación. Los resultados finales se colocarían en un archivo electrónico ubicado en la red o, como se dice, en una nube, con la promesa a las autoridades locales de que podrían disponer de los mapas y utilizarlos para los fines que les convinieran.

Tener un buen mapeo del territorio, esto es, de los poblados, las vías de comunicación, los ríos, los suelos, los bosques y los demás tópicos, más disponer de él en un formato georreferenciable, es necesario para la gobernanza, ni quién lo dude. Dada esta oferta tan extraordinaria y generosa, las autoridades locales de las comunidades seleccionadas aceptaron el proyecto con entusiasmo. Cuando se presentaron las primeras muestras de mapas ya elaboradas, los mandos locales no salían de su asombro: nunca antes habían dispuesto de una imagen de su territorio tan precisa y con la capacidad de incorporar tanta información, con posibilidades de manejo que parecían casi infinitas. Pero, como dice el dicho, “de una gran limosna cualquier santo desconfía”, poco a poco, en la medida en que avanzaba el proyecto, entre los líderes de las organizaciones de la sociedad civil de la zona comenzó a crecer la sospecha de que el proyecto de la geografía “participativa” no era tan desinteresado como lo presentaban sus promotores. Resultó que los geógrafos a cargo del proyecto ocultaron las fuentes del financiamiento de éste. Y entre los líderes comunitarios que disponían del acceso a la internet hubo quienes pudieron averiguar que el proyecto estaba siendo financiado no sólo por la universidad, sino por el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono y hasta una fábrica de armas estaba involucrada. Ni el gobierno estatal ni el federal se habían manifestado al respecto,4 todo lo cual despertó sospechas. Cuando corrió la voz de que había intereses ajenos en el asunto, se suscitó un malestar en las comunidades, un malestar diríase ancestral, soterrado, el cual desembocó en un rechazo rotundo del proyecto. El programa entero fue etiquetado como “geopiratería”, y las autoridades locales decidieron expulsar a los promotores del proyecto de la zona. Ya que el proyecto estaba destinado a recabar información vital de la región, no era descabellado pensar que la información estaría a disposición de quienes lo financiaban, esto es, de intereses foráneos, entre otros, los de carácter militar. ¿Qué sucedió, entonces, en la Sierra para que se diera este desenlace tan abrupto? He aquí la historia.

En 2005, la Oficina de Estudios Militares del Extranjero del Departamento de la Defensa de Estados Unidos (Foreign Military Studies Office, fmso) aceptó las propuestas presentadas por Jerome Dobson y Peter Herlihy, profesores de la Universidad de Kansas, para ejecutar proyectos de investigación en México (véase ags, 2014) en el contexto de un proyecto académico internacional conocido como las Expediciones Bowman de la American Geographical Society (ags). Las primeras dos expediciones fueron programadas para la región teenek de la Huasteca Potosina y la Sierra Juárez en Oaxaca. Sus objetivos particulares eran: 1) desarrollar el prototipo de la expedición y 2) desarrollar un análisis geográfico a multiescala sobre el nuevo régimen de propiedad en México, en particular el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y su influencia en comunidades indígenas (ags, 2009: 5).

En 2006, el proyecto “México Indígena” se vinculó con la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, S.C. (Unojso), organización no gubernamental supracomunitaria cuya sede está en Guelatao, Oaxaca, mediante la cual obtuvo acceso a autoridades de comunidades previamente escogidas. El entendimiento, sin embargo, no duró mucho. En diciembre de 2008 la misma Unojso declaró que los directivos del proyecto “México Indígena” habían engañado a los comuneros.En un comunicado publicado en la prensa local, la Unojso explicó que, si bien había trabajado en “algunas de las actividades iniciales del proyecto ‘México Indígena’, poco tiempo después dejó de participar porque consideró que no estaban claras sus intenciones” (Unojso, 2009). La Unojso acusó a las Expediciones Bowman y a su proyecto de falta de transparencia respecto al financiamiento y al uso de la información —que obtuvo mediante sus metodologías participativas—, además de tener fines que no especificaba el acuerdo inicial.

La fmso proporciona información a una base de datos mundial que es parte integral del Sistema del Terreno Humano (Human Terrain System, hts), una estrategia de contrainsurgencia del ejército de Estados Unidos que está aplicando con pueblos indígenas, entre otros, y que ha sido diseñada por la fmso (Unojso, 2009). La afirmación de que el proyecto “México Indígena” está vinculado al sistema hts del Pentágono no ha sido desmentida por las Bowman Expeditions. “La guerra —dicen los geógrafos medio en broma, medio en serio— es el camino que Dios ha elegido para enseñarnos geografía”.

Un fuerte posicionamiento público por parte de un líder comunitario de la zona afectada se divulgó en 2010 en la revista académica de prestigio Political Geography. En esta publicación, Melquiades Cruz, comunero de Santa Cruz Yagavila, afirma que la relación entre la geografía y el complejo industrial-militar siempre ha estado amarrada por una concepción colonialista de la real politik. En la reorganización del mundo que presenciamos ahora, que es la globalización a partir del neoliberalismo, la geografía digital ofrece posibilidades nunca antes vistas. Se están organizando bases de datos descomunales sobre todo tipo de información útil para el poder. El artículo de Melquiades Cruz resultó ser un dramático llamado a la conciencia de los académicos y de todos los involucrados en la “geografía participativa”, en especial a los estudiantes mexicanos de geografía y los demás interesados. Con el tiempo se desencadenó una fuerte polémica entre los geógrafos estadounidenses sobre el tema (véase Wainwright, 2013).

La relación de las comunidades humanas con su tierra siempre es una cuestión de autodeterminación y supervivencia. En la cultura zapoteca esto se vive de manera intensa y en su memoria colectiva hay recuerdos vívidos de intrusiones desde el exterior. No es la primera vez en la historia que se pretende controlar su territorio. No se olvida que una expedición punitiva colonial llegó a estas tierras pensando que eran las Indias, por lo que hasta hoy se les dice “indios” a los habitantes de estos territorios. La novedad de las expediciones actuales son las herramientas electrónicas de monitoreo. Podría pensarse que es una exageración, una overreaction, calificar de “piratería” con fines de “despojo” a un programa de mapeo, por lo demás necesario para las comunidades y ofrecido gratis; sin embargo, si se ve el programa Human Terrain System en su verdadera dimensión, éste aparece como parte integral de un vasto sistema de inteligencia militar, diseñado para abarcar el mundo entero, comenzando por zonas en las que se encuentran recursos estratégicos, que por lo mismo son zonas “conflictivas”, porque ahí, según sus diseñadores, “operan los terroristas”. El desplazamiento de los refugiados de todo tipo, entre ellos los refugiados ecológicos (que a estas alturas ya somos todos los habitantes de la Tierra), también está en la mira de los poderes mundiales con interés en las tecnologías de monitoreo como el hts.

De cara a las comunidades, el proyecto “México Indígena” se mostró como un programa con el cual éstas podrían defenderse contra el Procede, que es un programa gubernamental de regularización de tierras comunales. “Es por el propio bien de ustedes”, se les decía. Aun así, las autoridades de las comunidades serranas involucradas en el proyecto manifestaron su posición en público en julio de 2011, cuando los representantes de San Juan Yagila, Santiago Teotlaxco, Santa Cruz Yagavila, Santa María Zoogochi y San Juan Tepanzacoalco publicaron la “Declaración xidzá sobre geopiratería”, en la cual expresaron su inconformidad y protesta por

la forma en que se realizaron los estudios geográficos en las comunidades de San Juan Yagila y San Miguel Tiltepec por parte del equipo del proyecto “México Indígena”, en los años de 2006 y 2008, porque no se informó a estas comunidades del origen de los recursos que se utilizaron para la realización de esta investigación. Se ha ocultado expresamente la participación del ejército de los Estados Unidos, violando de esta manera el derecho al consentimiento libre e informado que las comunidades indígenas tenemos reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Pérez et al., 2011).

El trasfondo del conflicto

La controversia no es acerca de suspicacias y sospechas por parte de “un pequeño grupo de desconfiados”, como los calificó uno de los promotores del proyecto, sino acerca del contexto de las Bowman Expeditions y de su idea-guía expresada en el proyecto de “terreno humano”. Cualquier persona interesada en el asunto —simplemente buscando la información en la internet— encontrará suficiente información para confirmar la sospecha de que el proyecto es parte de un programa de inteligencia militar desarrollado por el Pentágono. En la Sierra Norte de Oaxaca se presentó como un inocuo proyecto de “geografía participativa” auspiciado por la Universidad de Kansas, que consistía en elaborar mapas de comunidades agrarias. La sospecha de que esto sería en realidad parte de una estrategia militar globalizada se confirma cuando consultamos los documentos de la American Geographical Society (ags). La expansión del programa al mundo entero lo hace posible la tecnología digital a partir de los sistemas de información geográficos avanzados. Las Expediciones Bowman están ideadas y financiadas por la Foreign Military Studies Office (fmso), una dependencia del Fuerte Leavenworth, ubicada en Leavenworth, Kansas. También participa la compañía Radiance Technologies que produce armas. En la Sierra la expedición se presentó con el membrete de “México Indígena” y como una expedición promocionada por un grupo de defensores de los derechos humanos.

En el caso de la Sierra, el proyecto ha sido coordinado por profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas, Peter Herlihy y Jerome Dobson. Estos profesores colaboran con personal militar de la fmso, comandada por el teniente coronel Geoffrey Demerest. De este lado del río Bravo, colaboró la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.5

Las Expediciones Bowman en apariencia no tenían más pretensiones que perfeccionar una metodología para recabar datos sobre el “terreno humano”, cualquier cosa que quiera decir eso. Ahora bien, no se puede negar la utilidad de una herramienta que perfeccionan los geógrafos para los distintos propósitos relacionados con su profesión. La discusión sobre los fines últimos con los que se utilizarán los resultados de su labor es una discusión que se da en el gremio. Unos aducen que el uso indebido de los datos de una investigación puede suceder en todas las profesiones; otros abogan por desarrollar una conciencia crítica. Pues bien, el conocimiento nunca es objetivo e inocente. En la medida en que las condiciones de nuestra “existencia determinan la conciencia”, defenderemos al grupo social que asegura nuestra propia supervivencia. Así de simple. El trasfondo del proyecto de investigación importa mucho, sobre todo cuando éste afecta la suerte de los seres humanos. El geógrafo estadounidense Joel Wainwright (2013), perteneciente a una minoría crítica, califica la postura de sus colegas de las Expediciones Bowman de “empiricismo”. La tacha de “empiricismo militante”, un calificativo ex-tremadamente preciso que se refiere a una especie de fachada para no comprometerse con intereses particulares extraacadémicos. Las motivaciones de fondo de los expedicionarios se manifiestan en sus convicciones ideológicas, las que intentaré resumir a continuación desde una posición crítica.

La geopolítica del conocimiento

La posición ideológica que se le puede atribuir al “empiricismo militante” casa muy bien con el pragmatismo militar, que se expresa en el ideario de Geoffrey Demerest de la fmso, en su trabajo sobre la contrainsurgencia (Demarest, 2009), del que ofrezco a continuación un recorte de citas textuales que exponen bien dicha ideología:

La prosperidad de una sociedad depende de la construcción de regímenes de propiedad formal, liberal. […] Los regímenes de propiedad occidentales son exitosos debido a que ofrecen una alta seguridad en materia de los derechos de propiedad privada, la capacidad de los ciudadanos y los gobiernos de implementar el respeto [sic] a esos derechos y las reglas básicas que determinan lo que puede ser poseído y quiénes pueden ser los propietarios, porque [estas reglas] son liberales en el sentido en que se ajustan a lo que se entiende comúnmente por justicia.

La información sobre la propiedad formalizada sustenta los mecanismos de resolución de los conflictos identificando claramente a los propietarios, los reclamantes, los derechos y los deberes, de modo que las discordancias pueden resolverse pacíficamente; una información fidedigna sobre la propiedad crea la confianza entre los actores y su disposición a apoyar el estado de derecho; ayuda a crear y proteger el capital, con lo cual desactiva las condiciones socioeconómicas negativas que causan conflictos internos; produce propietarios de bienes inmuebles que no se inclinan tanto hacia la ilegalidad dado el riesgo de penalización; además, los registros asociados a la propiedad formal proporcionan una potente herramienta judicial que apoya los procesos de resolución pacífica de los conflictos, los programas de restitución y llevan a los violadores de los derechos humanos básicos ante la justicia.

En los países en donde se les permite continuar a los regímenes de propiedad informal, no habrá paz. Ahí está la posesión por fuerza, la violencia interna y la tiranía. No se debe conducir a la gente a elegir la tiranía como remedio a la violencia tan sólo porque no se ha ofrecido la condición de la propiedad formal.

El soldado se puede preguntar qué tiene que ver con su trabajo, con la guerra, este tema, el cual en sí no implica derramamiento de sangre, un tema tan aburrido como el de los contratos sociales y su documentación. La respuesta no es “nada”, a menos que […] el soldado considere importante establecer las condiciones para después del combate, las que le permitirán volver a casa; a menos que no crea importante mantener a raya la formación de las insurgencias, para que su presencia en esos entornos no sea necesaria; o a menos que no prefiera que disminuyan los lugares donde se crían y patrocinan los terroristas.

[…] la calidad de los sistemas de propiedad en el extranjero debe ser una cuestión prioritaria en nuestra labor diplomática, así como en la inteligencia y la estrategia militar. Una organización política que no formaliza los derechos y deberes de los propietarios, especialmente los derechos y deberes relacionados con la tierra, no podrá disfrutar de la paz. El proceso de formalización de la propiedad sostiene el poder y las relaciones de poder y constituye un santuario de dominio sobre los lugares. (Demerest, 2009).

“Propiedad privada o muerte”, parece ser el lema de esta ideología. El programa “México Indígena” no salió de la nada. Sus antecedentes son las guerras en Afganistán e Irak, que llevaron a los geógrafos del Pentágono a percatarse de que el territorio codificado en el mapa como “territorio geográfico” podría ser un “terreno humano”, esto es, configurado por una sociedad a manera de un “paisaje” en el que interactúan cultura y naturaleza a lo largo de la historia. Este giro teórico dio lugar al concepto de human terrain system, que para ser operativo necesita de colaboración entre profesionistas de toda clase, entre ellos,antropólogos.6

El objetivo del programa aquí referido —un programa de inteligencia militar— consiste, como sus ideólogos lo expresan con claridad meridiana, en establecer un “santuario de dominio” en lugares “donde se crían los terroristas”. Su finalidad última es prevenir: “To ensure the safety of the world”, en sus propias palabras. A los infractores de la ley hay que traerlos ante la justicia: “We must bring them to justice”. Si bien el mundo entero es el battlespace, el soldado universal no puede regresar a casa inmediatamente después de haber vencido al enemigo, explica el manual, sino después de dejar las condiciones de prosperidad y democracia en el territorio ocupado. De ahí que un programa de contrainsurgencia bien planteado debe tener entre sus objetivos específicos establecer un registro de propiedad formalizada. El tono de estas declaraciones es revelador. En “los países en donde se les permite continuar” con su régimen, el soldado, cuyo trabajo es la guerra, después del combate debe pensar en cuestiones tan aburridas como las que “no implican el derramamiento de sangre”. Se refiere a los registros de población para establecer “un santuario de dominio” de la ley y el orden.

Para eso nada mejor que la “geografía participativa”. La tecnología de precepción remota y de georreferencia ofrece una disponibilidad de información nunca antes vista. Los mapas se podrán relacionar con archivos de datos recabados con otros propósitos. No sólo se podrían georreferenciar capas con objetos visibles en el mapa (poblados, linderos, viviendas, uso de suelo, estructura del subsuelo, recursos acuíferos, vegetación, caminos), sino también con objetos invisibles a simple vista. Se pueden referenciar todo tipo de datos relacionados con la población, tales como el registro civil, el padrón de propiedad, la escolaridad, los movimientos migratorios, las asociaciones religiosas y así sucesivamente.Más tarde, al padrón territorial se le podrían agregar archivos del registro electoral, el catastro de propiedades, los archivos de programas gubernamentales de asistencia y otros bancos de datos ya disponibles. ¿Y por qué no agregarle los datos del genoma de cada persona que ya se están elaborando?7 Pues no hay ley que lo prohíba. Así, los usuarios de los mapas de estudios militares de la fmso, con un simple click sobre un polígono, podrían enterarse de muchas cosas que la población y el mismo gobierno habrían aportado. El programa, entonces, acumularía la información sobre quiénes viven en cada lugar y cada casa, sus propiedades y plantíos, dónde están sus hijos y qué hacen ahora sus habitantes. Los datos agregados permitirían contar con una imagen casi en tiempo real de cómo se desplazan los migrantes, los damnificados de los desastres naturales o los refugiados ecológicos. En la Sierra existen antiguas bocas de minas de plata abandonadas. Aunque sean yacimientos agotados, con las nuevas tecnologías podrían reactivarse. También se habla de uranio y de “tierras raras”. Por lo demás, el recurso más valioso de la Sierra es la biodiversidad de sus bosques, una biodiversidad por encima del promedio a escala mundial, tema que retomaré más adelante. Como la parte más alta de la cuenca del Papaloapan, los bosques de la Sierra permiten que el agua escurra en abundancia hacia las llanuras de la cuenca del Papaloapan. Para nadie es un secreto que el agua es un recurso que está en la mira de las corporaciones trasnacionales.

Los legos en la materia no tenemos idea de lo desarrollado y sofisticado que son estos programas. La “metodología de participación” es, desde luego, una herramienta; todas las investigaciones sobre el terreno la utilizan; sin embargo, debe verse en el contexto de la inteligencia y la estrategia del poder que la utiliza, no sólo para quitarnos lo ingenuo, sino también para ponernos al día en cuestiones teóricas. Las nuevas tecnologías, las de la “revolución informática”, rehacen por completo las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil. Tal reconfiguración se está dando ante nuestros ojos y se conceptúa como “sociedad de riesgo global” (Ulrich Beck), “sociedad líquida” (Zygmund Bauman) o “colectivo naturaleza-sociedad” (Bruno Latour), para dar unos cuantos ejemplos de conceptuación de este fenómeno.8

De acuerdo con el planteamiento que estamos desarrollando los autores del presente libro, se trata de una recomposición de las relaciones entre las sociedades humanas y su mundo, incluida la “naturaleza”, a partir de conocimiento-ambiente-y-poder. No es que tal continuum de elementos exista objetivamente, esto es, como único y el mismo para todos los casos, sino que se trata de una matriz que todo sistema evolutivo social elabora para su propio uso. La sociedad puede analizarse como un sistema que disipa la energía ganándose la subsistencia en su propio medio efectivo. Los actores sociales, junto con los actantes no humanos involucrados en esto, elaboran esta suerte de modelo de “sí mismo”, que no es otra cosa sino las retroalimentaciones que se dan a partir de esta autodescripción. El mapa y su territorio es un continuum a tal grado compenetrados los dos, que uno es imposible sin el otro, como ya se ha dicho. Sin embargo, los recursos de los que dispone cada modelo, así como su referente empírico, son distintos para cada caso. En cuanto a los sistemas sociales, hay múltiples modelos y la operatividad de cada uno depende del segmento social que lo controla. Las comunidades agrarias, por ejemplo, no disponen de tecnología informática ni del poder, ni del dinero en el mismo grado que las trasnacionales interesadas en sus recursos. Los datos que se presentan como observables son “observables construidos”, esto es, no pueden separarse del ideario del observador, del método y del objetivo que lo anima. Los datos son una “realidad” que depende del mapa mental de quien o quienes los recogen.

Después de presentar a las Expediciones Bowman y su ideario, lo que procede es referir cómo perciben el conflicto los mismos afectados. Pero antes hay que mostrar también el mapa mental que sirvió para obtener y ordenar los datos de la investigación antropológica in situ. El modelo del investigador es el que está mediando entre los dos modelos estudiados y sus realidades parciales correspondientes. Los pasos se resumen en la Tabla 1, la cual proporciona un esquema general para la presente elaboración de los argumentos.

Tabla 1. Modelos de mapas mentales contrastados

Modelo neoliberal

dominante

Modelo académico (del investigador)

Modelo operativo local

Marco teórico

Geopolítica:

del “territorio geográfico” al “terreno humano”

Evolución:

del adaptacionismo

a la ecología política

Autogestión:

de la región marginada

a la comunalidad asumida

Método

empiricismo, espionaje informático

investigación in situ

participación en cargos cívico-religiosos

Objetivo

conocimiento

ambiente

poder

conocimiento

ambiente

poder

conocimiento

ambiente

poder

Fuente: Elaboración propia.

El mapa y su territorio, el punto de vista del investigador

Los presupuestos teóricos que inspiran el presente análisis fueron presentados en el apartado sobre el planteamiento del problema. Obtenemos explicación, léase conocimiento, cuando los datos se ajustan a un modelo, se ha dicho. Los hechos nunca hablan por sí mismos porque sólo tienen sentido en el contexto de las ideas previamente elaboradas que los relacionan. Las teorías, las hipótesis y los modelos fungen como mapas mentales de la realidad desde el punto de vista del que conoce. Todo sistema tiene su modelo. El modelo no es realidad, el mapa no es territorio; sin embargo, ambos se pertenecen y se necesitan. Entre la formulación del mapa y el reconocimiento del territorio se da una dependencia a tal punto necesaria que no hay territorio sin mapa.9 No existe un sistema como realidad sin su modelo correspondiente, o varios de ellos. Un mapa sin territorio es una ficción, pero un territorio sin un mapa mental es irreal por ser imposible de concebirlo en la práctica. Los modelos se elaboran no sólo para obtener conocimiento, sino para incidir en la realidad. El conocimiento surge de la aplicación de los modelos, y es en este sentido en que los mapas vienen a ser parte de la realidad e inciden en su transformación. Los datos se producen con la intervención de los instrumentos que los recogen, los procesan y los transmiten. En otras palabras, nuestro conocimiento es inseparable de nuestra manera de estar en el mundo.

Un vistazo somero sobre la región permitirá entender esta posición teórica, que es la del investigador. En particular, mi intención es demostrar un nexo entre las condiciones ecológicas locales y los tipos de propiedad de la tierra, esto es, entre la naturaleza y la percepción social de su funcionamiento por parte de la comunidad campesina.

En la Sierra Zapoteca del Rincón encontramos las condiciones geográficas para una extraordinaria variedad de ecosistemas, la típica del hemisferio entero. A lo largo de la curvatura del hemisferio norte se da una sucesión de climas fríos, templados y calientes. Esta misma sucesión, “por increíble que parezca”, se hace presente en una comarca tan chiquita como lo es el Rincón de la Sierra Norte de Oaxaca. Eso se debe a su configuración geográfica de un valle encerrado entre altas montañas de tres mil metros de altura, con clima frío que se torna templado y caliente en la parte baja. La subcuenca del río Juquila-Cajonos cuenta con la apertura por lo bajo hacia el mar. Si viajáramos al vuelo de pájaro la distancia desde el Círculo Polar hasta las tierras calientes del Ecuador, que es un trayecto de más o menos 45 000 kilómetros, encontraríamos climas que van desde los fríos hasta los tropicales, pasando por los templados. Este viaje equivale a cruzar 300º de latitud del globo terráqueo. Ahora bien, en el Rincón equivale a bajar 3 000 metros desde la cumbre del cerro Zempoaltépetl hasta la salida del río Cajonos al Papaloapan. Todo eso en un viaje que puede hacerse en unas cuantas horas (o subir, en su caso, en unos días). En este tramo encontraremos cinco tipos de bosque: 1) el bosque de coníferas en lo más alto de la montaña,2) el bosque mixto que sigue, 3) el bosque de encinos un poco más abajo, 4) el bosque mesófilo en el medio y 5) el bosque tropical perennifolio en forma de galerías en la parte baja de la cuenca. Una gran cantidad de tipos de vegetación secundaria y de biota intervenida por la agricultura se presentan a lo largo del trayecto. Todo un mundo en miniatu-ra comprimido en una superficie de 1 500 km2 o poco más, si se pudiera planchar el paisaje (Tyrtania, 1992).10 El Rincón, con sus climas y microhábitats, a su escala, es una imagen del planeta. Hay pocos lugares en el mundo con estas características; esto es, la presencia de tres pisos ecológicos en una cuenca con un clima monzónico. Los biólogos hablan de “regiones de refugio” en donde se guarecen especies endémicas en tiempos de crisis ecológicas para luego salir a repoblar los ecosistemas vecinos.

En cuanto a la ocupación humana del lugar, se ha desarrollado de forma autónoma una agricultura bien adaptada a las características locales del medio. No es lo mismo trabajar la milpa en un solo tipo de clima que tener posibilidades de acceso a una variedad de niveles o pisos ecológicos. Es por eso que los pueblos del Rincón se distribuyeron el territorio de la cuenca del río Cajonos-Juquila en franjas verticales desde la parte alta hasta la baja donde está el río, ubicándose los asentamientos en la franja horizontal intermedia de ecotono ente 1 400 y 1 600 msnm. Hay siembras de maíz distintas en cada piso y en cada microhábitat. En cada uno de ellos hay distintas condiciones climáticas y asociaciones de cultivos; hay distintas técnicas de cultivo que elegir, procedimientos y herramientas que aplicar. De ahí que también haya diferentes tipos de propiedad: desde la comunal hasta la privada, pasando por la de usos varios, así como muchas posibilidades de mancomunarse para el trabajo, que se desarrollan a partir de patrones de reciprocidad.

El presupuesto teórico para abordar esta diversidad es que los flujos energéticos de un sistema de producción de alimentos se regulan por medio de estructuras sociales, y se configura el todo como un agroecosistema.11 Los reguladores de ese “todo” son locales, regionales, nacionales y algunos de ellos internacionales. El régimen de propiedad es uno de ellos. La ecología se entiende como el estudio de escenarios para las conversiones energéticas y de sus mecanismos de regulación. De estos mecanismos, no todos están bajo el control humano; más bien muy pocos se dejan manipular.12 Para describir la relación de una sociedad concreta con un medio específico, por lo general se recurre al concepto de adaptación. Ésta, sin embargo, no puede ser pasiva, unilineal, deter-minística e irreversible. Una adaptación es recíproca, opera a modo de simbiogénesis y, tratándose de las sociedades humanas, maneja diferentes códigos o procesadores de información. Las sociedades humanas se adaptan construyendo su propio nicho ecosistémico.

Hasta aquí, un apretado resumen de la teoría de “energética social” inspirada en trabajos de Lotka, Prigogine, Margalef y formulada por Adams. En qué sentido esta manera de pensar y elaborar el modelo para la investigación ayuda a entender la problemática planteada y puede verse con el siguiente razonamiento que viene al caso. La diversidad en el régimen de tenencia de la tierra en la Sierra del Rincón tiene sus buenas razones de ser. Obsérvese, por ejemplo, la milpa de tumba, roza y quema, que es el procedimiento de cultivo muy extendido en el trópico. En la Sierra es difícil imaginar otro sistema dadas las particularidades locales. La agricultura de montaña es un arte de lo posible. El principal problema que enfrenta es el de los suelos someros, que deben sostenerse en superficies inclinadas y sobre lechos rocosos. Sin una cubierta vegetal protectora, el humus de estos suelos se deslava rápidamente. De ahí que un intento de cultivo permanente llevaría a la erosión irreversible de los suelos. La agricultura de roza y quema, como cultivo estacional en ciclos precisos de barbecho, permite recuperar la fertilidad de los campos, pero sólo si se practica en una determinada proporción entre la superficie cultivada disponible para la agricultura y la superficie total. Es precisamente la rotación de los terrenos de cultivo la que permite dejar la máxima cantidad del territorio cubierto por biota natural. En estas condiciones, una milpa podrá rendir una o dos cosechas para después quedar en descanso durante quince o veinte años. ¿Qué sentido tendría poseer este pedazo de tierra en propiedad privada para toda la vida y pagar impuestos por ella a un gobierno ausente? Ninguno. ¿Qué efecto tendría para la agroforestería local repartir todo el territorio como propiedad privada particular, tanto el territorio intervenido como el no intervenido por la agricultura? Tal reparto, pues, sería devastador para el medio y para la comunidad.

Los mapas satelitales serían muy útiles para aclarar qué porcentaje de tierra puede cultivarse en la subcuenca del Rincón sin modificar peligrosamente el mosaico de los microhábitats locales. Recordemos que para las milpas del lugar el suelo debe recuperarse con ayuda de la vegetación no cultivada. Según mis cálculos (presentados en Tyrtania, 1992), para no amenazar la viabilidad del sistema la superficie cultivada en el Rincón, la superficie en producción agrícola no debe exceder 15% del total. Para este porcentaje el modelo de propiedad privada del suelo cultivable simplemente no funcionaría. Veamos ahora qué piensan los habitantes de la Sierra sobre estos asuntos.

El modelo comunitario

La comunidad es una colectividad estructurada en un tejido de relaciones sociales que se basan en el principio de reciprocidad. Es una colectividad que ocupa un territorio propio de manera permanente en la que predominan las relaciones cara a cara cuando la agrupación es de un tamaño “manejable”, esto es, cuando el número de paisanos permite este tipo de relaciones. La red de relaciones en el seno de la comunidad se construye por medio de la participación en los tequios, las asambleas y las fiestas. “Somos comunidad en un territorio comunal”, así es como define el estatus social de la aldea de Santa Cruz Yagavila, en la Sierra Zapoteca del Rincón, Melquiades Cruz en un texto ya citado (Cruz, 2010). La identidad del binomio comunidad-territorio en relación con el modo de subsistencia y la “cultura del maíz” es el tema de su reflexión. Mucho han escrito los antropólogos sobre la comunidad y sus estrategias de supervivencia. (Con respecto a la geopolítica local, véase, por ejemplo, Dehouve, 2001.) En la voz de los mismos vecinos de Yagavila, podemos apreciar la idea de la comunalidad como el eje alrededor del cual se estructura el pensamiento de los serranos; habla Melquiades Cruz:

Desde hace unos años, las comunidades zapotecas del Rincón de la Sierra Juárez, al igual que otras comunidades “indias”, hemos estado usando la palabra comunalidad para tratar de explicar a otros lo que somos. La empleamos como símbolo de nuestro modo convival de vivir y del fundamento de nuestro ser comunal. Con esa palabra queremos mostrar la diferencia entre nuestra manera de ser y la que predomina en el resto de la sociedad mexicana.

La comunidad es nuestro lugar. […] La comunidad es también el lugar principal del maíz. Así ha sido siempre. Porque “aquí, en esta parte del mundo, nació el maíz. Nuestros abuelos lo criaron. Con él se criaron ellos mismos, al forjar una de las grandes civilizaciones de la historia. La casa más antigua del maíz está en nuestras tierras. Desde este lugar del universo se fue para otras partes del mundo” (véase “Defender nuestro maíz, defender la vida”, manifiesto suscrito el 10 de marzo de 2004 en la ciudad de Oaxaca por organizaciones indígenas y campesinas y organismos de la sociedad civil).

Somos gente de maíz. […] El maíz y la comunalidad son lo que nos explica, lo que determina nuestra manera de pensar, de sentir, de ser. No podemos concebirnos sin ellos.

Ahora bien, una nueva plaga ha estado cundiendo entre nosotros, que amenaza por igual al maíz y a la comunalidad. Nos contagia sin darnos cuenta. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser comunal, del mismo modo que contamina las mazorcas en nuestras milpas. Es el virus de la economía.

No es, en realidad, una plaga nueva. […] La forma actual de la plaga es más peligrosa que todas las anteriores porque no aparece como algo ajeno, externo e impuesto. La manera económica de ser de los individuos modernos se presenta como si fuera algo natural y común a todos. Se nos dice continuamente que adoptar un comportamiento económico, bailar el son que toca la economía y aprender, por ejemplo, a ser competitivos en la producción y el comercio no sólo es indispensable para sobrevivir sino muy conveniente para nuestra vida. Y así, esa forma económica de ser se introduce en nuestras comunidades de una manera sutil, para la que no hemos construido defensas apropiadas.

Lo que pasa actualmente con el maíz ilustra muy bien la brecha que se ha estado abriendo entre nuestra manera de ser, que queremos cuidar, y el pensamiento dominante. Desde hace muchos años el gobierno tiene la obsesión de acabar con nuestro maíz. Los funcionarios están convencidos de que seguirlo cultivando no tiene sentido. Nos dicen, una y otra vez, que no podemos competir con los productores de Estados Unidos. No sólo lo dicen. Actúan. Tienen una política que busca expresamente que abandonemos el cultivo de nuestro maíz para que así nos convirtamos en el mercado que necesitan los productores estadounidenses. Parece que nuestros funcionarios se ocupan más de los intereses de esos productores que de los nuestros.

¿Cómo explicarles lo que significa el maíz para nosotros? ¿Cómo hacerles saber que su manera de pensar, sentir y actuar constituye una forma de ofensa insoportable?

En el mismo escrito se recogen las palabras del Comisario de Bienes Comunales, pronunciadas durante la celebración del estatuto comunal:

El suelo que pisamos representa a Nuestra Madre Naturaleza, la que nos ha cargado y nos sostiene. Al trabajarla no la profanamos, sino que nos des-empeñamos como labradores en el contexto de lo sagrado. Es el maíz mediante el cual la Madre Naturaleza nos alimenta. Es carne de nuestra carne, ya que somos gentes de maíz. Por ello tenemos que recogerlo para mostrarle el respeto que le debemos, tanto a nuestro suelo como a nuestro hermano maíz.

Nuestra Madre Naturaleza nos cuida como hacen nuestras mamás: nos carga y nos sostiene, es decir, nos alimenta y nos proporciona las cosas que nos hacen falta. Es nuestra. Sólo su nombre Didzal yuu nos dice que todos formamos una sola familia muy extensa. La presencia de nuestro suelo señala e implica la existencia de lazos familiares que nos hermanan con los nuestros. Por eso empleamos los distintos nombres de parentesco para llamarnos los unos a los otros. Por ello nos hace responsables a los unos de los otros. Todos somos hermanos. Ahora bien, la tierra es nuestra madre: no representa ningún valor comercial. La madre tierra no puede convertirse en mercancía de compraventa. Esto es así para los Bëne Xhidza, como para muchos otros pueblos originarios. La afirmación es fácil de entenderla. Una mujer que se vende se hace prostituta. El hijo que vende a su madre la convierte en prostituta y se desnaturaliza a sí mismo.

¿Dónde están los hijos que quieren vender a su madre? Son aquellos que se olvidaron de que la Tierra es su Madre. La desprecian, la arruinan y así forjan su propia destrucción, la de su familia y la de la madre que nos ha cargado y que nos alimenta a todos. No “aprisionar” una parte de la Naturaleza viva significa no admitir nuestro propio aprisionamiento.

La pregunta retórica formulada por el comisario de Bienes Comunales de Santa Cruz Yagavila, la de quiénes son los hijos que quieren vender a su madre, tiene una respuesta obvia en la mente de los lugareños. La raíz del conflicto entre la doctrina neoliberal y la comunalidad de la democracia campesina debe buscarse en las necesidades de supervivencia en un lugar como la Sierra.

La plaga [continúa Melquiades Cruz] tiene una forma realmente virulenta. Todo lo contamina. Compañeros nuestros se ven obligados a emigrar y a su regreso traen a menudo el virus, que ha conquistado ya su corazón. Otros, sin salir de la comunidad, lo adquieren por contagio con lo que llega de afuera, con las cosas y con las personas.

Estamos así en una nueva lucha, que se ha estado asociando con la palabra autonomía. Como la comunalidad es la estructura de nuestra organización, a través de ella nos formamos y se crían las nuevas generaciones. En ella nos inspiramos para reaccionar. Con base en nuestra experiencia y en las condiciones que nos rodean estamos dando forma a pensamientos propios. Estamos rescatando nuestra historia, que vive aún en los recuerdos de nuestros abuelos, para salvarnos de la que cuentan en las escuelas y sigue siendo la versión que los conquistadores han escrito. Estamos revalorando lo que nuestros pueblos saben de sí mismos. Apreciamos de nuevo nuestras costumbres, al comprobar su vitalidad, su firmeza, sus ventajas.

La lucha actual de los pueblos indios se orienta a la construcción de formas autonómicas de vida en el seno de la sociedad nacional. Afirmamos nuestro derecho a la libre determinación, pero no queremos emplear esa libertad para separarnos de los demás mexicanos y crear un estado independiente. Queremos seguir siendo mexicanos. Sin embargo, en vez de la forma excluyente de organización social que ha predominado hasta ahora en el país y nos ha discriminado continuamente, buscamos que puedan coexistir en armonía los muchos mundos que somos. Como afirmamos en el lema del Congreso Nacional Indígena, “Nunca más un México sin nosotros”. Queremos que se fortalezcan maneras propias de ser, claramente diferenciadas, en un nuevo país abierto, plural e incluyente.

La autonomía que defendemos está cimentada en nuestra experiencia histórica de organización comunal. A partir de la comunalidad se construye la autonomía con la misma cercanía a nuestro ser que la piel a nuestro cuerpo. La autonomía no es tal si se le separa de la autogestión, y es precisamente la comunalidad la que ha generado experiencias autogestivas sólidas en nuestra vida, en el ejercicio del poder local, en la articulación económica regional, en la procuración de justicia, de salud, de educación...

Si entendemos la autonomía y la autogestión como la capacidad social de hacernos cargo de nuestras cosas por nosotros mismos, sin la intervención de agentes externos, podemos constatar sin dificultad la medida en que nuestras comunidades han practicado la autonomía desde tiempo inmemorial y la siguen practicando hasta ahora. La cultura del maíz es uno de los ejemplos más notables de esa capacidad. Desde la cultura del maíz, en su seno, hemos contado con todo lo necesario para vivir, para florecer, para curarnos…

Todo el tiempo, sin embargo, hemos tenido que actuar a contrapelo de las corrientes dominantes, luchando contra todo y contra todos. A medida que la nueva plaga ha cundido, hemos estado perdiendo algunas de nuestras capacidades de autogestión. Hemos caído en diversas formas de dependencia de los agentes externos, para atender nuestras necesidades y resolver nuestros problemas. Dependemos ahora del mercado o del Estado en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.

Los lugareños no piensan dejar de ser mexicanos; sin embargo, el “gobierno superior” no hace méritos para ganarse su respeto. Las comunidades del lugar tuvieron que recorrer un largo y tortuoso camino para que las instancias gubernamentales correspondientes reconocieran los títulos de propiedad de las tierras comunales. En un “título originario” escrito en zapoteco de 1709 están reconocidas las tierras de Santa Cruz Yagavila, por ejemplo. Trescientos años después, y con la Revolución de por medio, el título no pudo inscribirse en los registros de la Secretaría de la Reforma Agraria sino hasta hace poco, en 1992. Las décadas pasadas fueron marcadas con violentos conflictos entre las comunidades de la región debido al crecimiento de sus poblaciones. “La tierra se defiende con sangre”, pues, pero los conflictos agrarios que abundan en los estados del sur se deben en buena parte a la ausencia de la autoridad, la cual puede pensarse como algo deliberado, y el giro en la reforma constitucional del artículo 27 lo confirma. Al ser permisivas con los poderes locales de facto y con los cacicazgos que adoptan todo tipo de formas, las instancias gubernamentales simplemente dejan de cumplir con sus responsabilidades. La estrategia gubernamental parece ser la de divide e impera. El desinterés por el mapeo del territorio es inexplicable. Si alguien debería proporcionar un buen servicio de cartografía y un catastro confiable de propiedades no son las expediciones militares, sino el propio gobierno.

La mencionada reforma del artículo 27 de la Constitución por parte del Congreso de la Unión apuntaba hacia el fortalecimiento de la propiedad privada de la tenencia de la tierra, según el espíritu neoliberal en boga, en detrimento de otras formas de propiedad tradicionales. La primera interpretación de la reforma fue que la propiedad comunal y el ejido iban a ser remplazados de forma definitiva por la propiedad privada. Sin embargo, el antropólogo Arturo Warman, autor intelectual de la reforma en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1986-1994), insistía en que su verdadera intención era dejarles a los campesinos de México la elección respecto al tipo de propiedad que querían manejar. Los abogados de Servicios Comunitarios Mixes ser, con quienes se pusieron en contacto las comunidades de la Sierra, han encontrado en la letra chiquita de la ley reglamentaria que existía la posibilidad de legalizar la propiedad de tierras comunales. El procedimiento duró cinco años. Los gastos corrieron por cuenta del comisariado, que recogió cuotas y colaboraciones; también aportaron en forma desinteresada abogados mixes; y otro tanto provino de los fondos que consiguió el cura párroco, el P. Pablo Merne svd (1936-2015). De esta manera, la comunidad consiguió apoyo logístico y financiero, sin el cual el emprendimiento no hubiera logrado sus objetivos. La integración del expediente, las asambleas, los viajes y los trámites en las instancias gubernamentales, a menudo hostiles, se prolongaron hasta el cansancio. El comisariado tuvo que cambiar de equipo varias veces. Los viajes y las reuniones implicaban gastos muy onerosos, tomando en cuenta que la gente de la Sierra obtiene su sustento del trabajo en la milpa.

Termino este recuento de hechos (para más detalles, véase Tyrtania, 2009), remarcando un suceso de valor simbólico que habla por sí mismo. Cuando finalmente llegó el documento oficial al pueblo, el comisariado de Bienes Comunales le pidió al párroco oficiar una misa con procesión alrededor de la iglesia, en la que se colocó el título de propiedad en el lugar del santo patrono. En el plano simbólico, el santo patrono de la comunidad y, por extensión, su territorio son entidades sagradas que encuentran un equivalente en lo profano: la comunidad y la tierra son en el fondo una sola realidad de la que depende la subsistencia en el más acá. Ésta es, en resumen, la idea de modelo como el “sí mismo”, el self, que tiene incorporada a modo de un habitus la comunidad local, y que es parte de su “mapa mental” con la que se mueve en el mundo.

Aunque la Constitución Política de México reconoce al país como una “nación multicultural”, no reconoce hasta la fecha a la comunidad agraria como sujeto de ley ni al territorio que ocupan los pueblos indígenas como propiedad. La principal exigencia de los Acuerdos de San Andrés sigue siendo que se legisle en el sentido de dotar a los “pueblos originarios” de un estatus jurídico de comunidades como sujetos legales por derecho propio. Lo que queda de los acuerdos, que el gobierno firmó y no cumplió, es la retórica de multiculturalidad. A las comunidades campesinas se les reconoce todo el derecho a la diversidad cultural, lingüística y de costumbres, la que sea, menos el derecho a que la comunidad sea sujeto de ley como una entidad autónoma, formalmente así reconocida en la Constitución.

Conclusiones: piratería vs. autorganización

¿Se confirma o no se confirma la hipótesis propuesta? ¿Qué tanto pesan el conocimiento, las condiciones ambientales locales y el manejo del poder social en el caso de una confrontación como la descrita en este ensayo? Se ha visto cómo los grupos involucrados en el conflicto (geógrafos militares, académicos, autoridades comunales campesinas) se manejan con distintos mapas mentales, como si vivieran en mundos diferentes. La realidad, aunque exista independientemente de nuestras mentes, de todos modos no puede desvincularse por completo de los modelos elaborados para conocerla y construirla. Se ha visto que, a la hora de actuar, el conocimiento no es suficiente para convencernos a todos, a no ser que alguien descubra una verdad única, válida para todo tipo de circunstancias. Mientras esto no sucede, y dada la incertidumbre predominante en el medio, hay que correr riesgos. El caso es que las autoridades locales de las comunidades agrícolas de la Sierra Norte de Oaxaca se pusieron de acuerdo entre sí para impedir una investigación en su territorio. ¿Cómo lo consiguieron? Mediante una organización supracomunitaria, que percibe y atiende los intereses regionales de la población del lugar. El detonador del conflicto fue la información obtenida en la internet, pero la resolución de la disputa se dio en el terreno de lo político. Como resultado, las autoridades decidieron expulsar de su territorio al equipo de geógrafos extranjeros y mexicanos.

En definitiva, las comunidades de la Sierra ganaron la batalla, pero no la guerra: el poder centralizado y su macroestructura, que precisa de la investigación y el monitoreo de los recursos locales, sigue incólume. Cuando el Estado no es capaz de garantizar los derechos elementales de los ciudadanos, o cuando puede pero se niega a cumplir, ¿quéles queda por hacer a los ciudadanos de a pie? Cuando comunidades enteras quedan desprotegidas a merced de intereses muy poderosos, ¿qué pueden hacer para defenderse? Varias y distintas son las respuestas que se dieron a lo largo de la historia. Una de ellas, por cierto, una de las más socorridas también en la actualidad en muchas partes del mundo, es la organización étnica supracomunitaria.13 Las etnias en el mundo contemporáneo son unas de las organizaciones más fáciles de instalar. Basta con que los participantes reconozcan la afiliación compartida, real o imaginaria, que reconozcan su origen común. Con esto es suficiente para disponer de una base sólida que permita organizar la autodefensa ante una amenaza exterior. Obsérvese la proliferación de las etnias bajo distintas modalidades en un mundo conflictivo que nos tocó vivir. Todas ellas se conciben como la autodefensa de cara a un Estado que está aliado con intereses ajenos.

El asunto aquí discutido es, desde luego, una cuestión de seguridad nacional. Pero afecta también de manera directa la supervivencia de las comunidades en la Sierra y sería frívolo disfrazarlo de un debate académico acerca de conceptos y teorías. En sus artículos de opinión de Gilberto López y Rivas publicados en La Jornada (2014a y 2014b), el autor reprocha a los académicos haberse desentendido por completo de estos temas. Según informa ese periódico, después de su aventura en la Sierra Norte de Oaxaca, las Expediciones Bowman se mudaron a Honduras. Ahora bien, aquí o allá, es una contienda que nos incumbe a todos. El monitoreo comienza por lugares apartados, pero la tecnología permite abarcar el mundo entero.

El hecho es que las autoridades de las comunidades involucradas en el conflicto aquí referido, de pueblos que se llaman a sí mismos buni xhidzá (que significa ‘gente de palabra’), hicieran algo así como un ensayo de toma de decisiones en el ámbito regional. Es un hecho que tiene valor por sentar un precedente. Dieron el paso de comunidades enfrentadas entre sí por los linderos a comunidades empeñadas en constituir un foro de cooperación regional. Es una experiencia que de seguro les servirá en el futuro. El proceso se dio como toma de conciencia frente a una amenaza exterior, la cual está presente de manera permanente, y desembocó en una decisión colectiva. El sustrato ideológico de esta organización regional recurre a elementos étnicos, y en este sentido no sólo se limita a la toma de conciencia. El proceso llevó a construir un mecanismo de toma de decisiones. En el caso aquí expuesto se dio una coordinación de autoridades comunitarias locales, de las organizaciones regionales y de varias organizaciones no gubernamentales que operan en la región. Estas organizaciones de la sociedad civil de algún modo son producto de las políticas del neoliberalismo. El adelgazamiento del Estado implicó el despido de servidores públicos en décadas recientes, quienes pasaron a las filas de los desempleados; y muchos de ellos, aprovechando su conocimiento de la problemática rural, fundaron las ong de las que estamos hablando. Muchas de las organizaciones no gubernamentales que han adoptado el discurso étnico son un resultado “colateral” de la instauración del neoliberalismo: los desempleados de la burocracia estatal se pasaron a las filas de la sociedad civil organizando a la gente para la defensa de los derechos humanos. También muchos jóvenes profesionistas oriundos de la región se sumaron a la lucha, de modo que la Sierra ya no es la misma de antes.

El país vive cambios que están afectando el campo mexicano de manera profunda a pesar de su abandono en los sucesivos sexenios neoliberales. Las nuevas leyes que promulgó el Estado mexicano en 2014, conocidas como “reformas estructurales” en el sector energético, prevén el reacomodo de los territorios en el campo bajo figuras jurídicas nuevas. A la posibilidad de compraventa de propiedades se agrega la de ocupación temporal, la del pago diferido de indemnizaciones, la renta con prerrogativas y, cuando el caso lo amerite, la expropiación de territorios comunales. Es la llamada “modernización”, pero en las comunidades campesinas todo eso se vive como despojo. En muchas situaciones, de las que la prensa informa a diario, el recurso a la violencia es descaradamente ostensible. Las minas a cielo abierto, la práctica de fracking en el norte del país, la deforestación rampante, el uso indiscriminado de biocidas en la agricultura, el desarrollo de megaproyectos turísticos y comerciales de todo tipo provocan problemas graves. Todos estos casos son ejemplos de ecocidio en progreso. De norte a sur, en todo el territorio nacional se están prendiendo focos rojos de conflictos ambientales al por mayor. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Ésta es una pregunta a la que la investigación de un caso puntual como el que aquí se presenta no puede responder, pero sí puede ofrecer algunas sugerencias.

Un derecho humano a la privacidad, a resguardar sus datos personales, está especificado en las leyes. Faltaría legislar el derecho a la geoprivacidad como lo sugiere Joel Wainwright (2013). El proyecto de “geografía participativa”, que consiste en agregar capas de información sobre la imagen monitoreada, permite referenciar cantidades enormes de datos, todos ellos confidenciales. El resultado de tal hazaña será un magnífico instrumento de control sobre vastas zonas geográficas del “terreno humano”. ¿Cuál es el derecho que asiste —a quien sea— de utilizar esta información? El derecho humano a la geoprivacidad es un derecho que debería tomarse muy en serio desde la investigación misma.

En las películas de ciencia ficción el Big Brother tiene a su disposición bancos de datos de todo tipo y el acceso expedito a sus contenidos. Pues el futuro ya nos alcanzó: la diferencia entre la ficción y la realidad es que la tecnología para ese control ya existe. El problema es que la legislación y la regulación del uso de ella aún no se formula. Dado lo sofisticado de estos programas y lo caro de la tecnología que los sostiene, son las trasnacionales las que pueden echar a andar empresas electrónicas de esta envergadura. No es una casualidad que el proyecto “México Indígena” y sus expediciones comenzaran por las comunidades situadas en tierras ricas en recursos acuíferos, forestales, mineros y agrícolas. El interés que suscitan estas riquezas, muchas de ellas todavía intactas, va a la par con las posibilidades de recuperar la inversión que se hace para monitorearlas. La explotación posterior se va a dar por parte de intereses ajenos a los de los lugareños. Las decisiones se toman de forma unilateral por parte de los poderes fácticos mediante concesiones que hace de modo obsequioso el gobierno. Si las mineras canadienses tuvieran que atenerse a la misma regulación ambiental que tiene el gobierno de Canadá, no estarían contaminando los suelos aquí más de lo que hacen allá. Las empresas trasnacionales tienen una enorme capacidad para manipular las instancias en los niveles del gobierno federal, estatal y municipal, y están aprendiendo rápido sobre la marcha cómo ganarse a las autoridades susceptibles de corrupción. Dadas las condiciones precarias en las que viven las comunidades rurales, no es difícil sobornar a sus “representantes” con baratijas. Se dice que una cuarta parte del territorio nacional está concesionada a las mineras, y si se calculara también la superficie que la minería a cielo abierto va contaminando con sus desechos tóxicos, su presencia es sumamente peligrosa para los habitantes de este país. La destrucción de los bosques, la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación de cuencas son problemas que ponen la vida humana en peligro. Las empresas mineras navegan con la bandera de la “creación de puestos de trabajo y el apoyo a obras sociales”, pero a su paso dejan salarios de miseria, muertes por accidentes, enfermedades por intoxicación, inseguridad laboral, violencia, evasión de impuestos y desolación ambiental. Según los expertos, México es un país con vocación eminentemente minera, pero la historia enseña cómo y por dónde desaparece esta riqueza y qué es lo que queda de esta “vocación”. Si postulamos el conocimiento como un factor que incide en la supervivencia de las sociedades, deberíamos incluir en él también la historia. El complejo de conocimiento-ambiente-y-poder tiene su historia. El papel de la academia consiste en impedir que la historia se comporte como “la gran zopilotera” que es, el sumidero de la experiencia humana.

Pues bien, no todo está perdido. Para documentar nuestro maltrecho optimismo, el caso expuesto aquí demuestra que las nuevas tecnologías de producción de conocimiento pueden volverse armas de doble filo. Es posible que la internet esté abriendo una nueva rendija al flujo de la información para que pueda ser compartida de manera más transparente y por más personas. No es la información en sí ni su cantidad lo que importa, sino su interpretación, esto es, el conocimiento, tal como se definió más arriba. Algunos teóricos (Santos, 2003; Latouche, 2009; Latour, 2013) plantean este asunto como una cuestión cuasi escatológica:“el fin de una epistemología hegemónica”.

En esta línea de argumentación, las voces de quienes estaban marginados del gran mundo en sus “regiones de refugio”, tecnológicamente rezagadas en el sentido modernista del término, se están ahora alzando como dueños de su territorio y de una tecnología apropiada para su manejo. La solución de supervivencia que proponen estos grupos étnicos es ecológicamente viable, claro está, en su propia escala de tiempo y espacio. En la escala de los megaproyectos del complejo industrial-militar-financiero, que pretende imponer sus reglas de juego a las del funcionamiento de la biosfera, los habitantes de los lugares ricos en recursos son un estorbo. Por algo las comarcas remotas y abandonadas a su suerte se han vuelto objeto de “cruzadas nacionales” de rescate. Son regiones de una enorme riqueza ecológica. Ya entrado el siglo xxi, las Cruzadas, una de las páginas de infamia en la historia de la humanidad occidental, siguen siendo fuente de inspiración para programas gubernamentales para “modernizar” el campo.

Lo que desde la perspectiva de unos es una cruzada de modernización, desde el otro lado del conflicto es piratería y saqueo. ¿Qué posibilidades tienen las comunidades agrarias del país de remontar los problemas que se les presentan? Su lucha es contra las muchas formas del despojo territorial. ¿Cómo pueden los nuevos aditamentos culturales, tales como la internet y las ong, así como las alianzas con los grupos de profesionistas, con un sector de la Iglesia católica, con el neozapatismo y con los medios de comunicación contribuir a su autodeterminación? Mientras las comunidades serranas conserven su dominio efectivo sobre el territorio, pues la base del poder es el control físico de algún recurso, podrán enfrentar los embates del sistema. Sin embargo, la estructura del poder envolvente, la del Estado sometido por el neoliberalismo, está fortaleciendo sus controles y manipulando sus poderes. Entre ellos, la legislación sobre la propiedad está puesta al servicio de las trasnacionales.Mientras dura la confrontación, las partes aprenden; lo que aprenden las comunidades de la Sierra, dada su capacidad de cooperación e integración, es a buscar aliados. Los desafíos que tienen por delante no pueden enfrentarlos las comunidades por sí solas. De ahí que busquen ampliar su presencia en los foros nacionales e internacionales de la lucha política por conservar su territorio y los recursos que hay en él.

Será una ecopolítica surgida “desde abajo” la que se aprende desde la praxis de los movimientos sociales que se oponen a la depredación y el ecocidio, una praxis que apuesta por sobrevivir con los recursos propios, respetando las reglas del juego de los ecosistemas locales, la que podrá llevarnos hacia la reconstrucción de nuestras relaciones con la naturaleza. Porque, como lo dijo Bruno Latour, “si no aprendemos cómo compartir el mundo, pronto no habrá más mundo que compartir”.

Referencias

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El término ambientese refiere al aspecto material-energético, esto es, a las formas o flujos energéticos del habitáculo físico y social del ser humano. No sólo la topografía, el clima, los recursos naturales, etcétera, sino también las personas, las ondas sonoras del habla, el comportamiento de los demás, etcétera, son formas o flujos de energía que pertenecen al ambiente. Es el control del ambiente por parte del actor [o de la unidad operativa] lo que constituye la base del poder social; sin embargo, esa base sólo puede operar si es culturalmente reconocida por otros actores. Es posible que el reconocimiento no afecte el control, pero afectará la capacidad para usar ese control e influir sobre los demás (Adams, 1983: 29). Dado que en el sentido más estricto todo lo que existe en el ambiente es una forma de energía, el control sobre los elementos del ambiente debe medirse hipotéticamente en los términos de energía, o de flujos de energía (1983: 28).

El modelo así entendido es una autodescripción del sistema que surgeen el proceso de autopoiesis y no es otra cosa sino el conjunto de mecanismos de regulación que operan sobre el flujo sustantivo. Es la estructura útilde Lévi-Strauss, la mentede Bateson, la memoriade Prigogine, el mapade Korzybski, la información organísmicade Brooks y Wiley, el algoritmodarwinianode Calvin, el relojde Georgescu-Roegen, el proceso descriptivode Pattee y el proceso mentalísticode Adams. En todos estos casos, por modelo se entiende el juego de realimentaciones que permiten al sistema enfrentar los retos de la supervivencia y proyectarse hacia el futuro (Tyrtania, 1999).

El equipo entrenaba estudiantes de geografía y participantes de cada comunidad en el uso del gps. En los recorridos se entrevistaba a quienes conocían los parajes pidiéndoles que describieran con detalle cada lugar. Se recogían los nombres propios y toda la información relacionada. El método del “mapeo participativo” no es privativo de los geógrafos de la Bowman Expedition, ha sido desarrollado en la academia. La página donde se publican los materiales sobre el tema es http://www.iapad.org/biblio/2003.htm

Los militares a cargo del proyecto “México Indígena” estaban visitando la región en repetidas ocasiones y, de acuerdo con el protocolo vigente entre los gobiernos, debieron mostrar sus credenciales a los funcionarios correspondientes, tanto estatales como federales, y es de suponerse que lo hicieron.

Los detalles sobre lo sucedido y la información relacionada pueden consultarse en http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/bowman.html

Los antropólogos contratados por el Pentágono hacen desde algunos lustros acto de presencia en las reuniones de la American Anthropological Asociation (aaa), defendiendo su participación en las guerras “para salvar vidas”.

¿Paranoia? En 2005 trascendió en la prensa nacional que el padrón electoral del ifefue vendido a una empresa extranjera que tramita todo tipo de bases de datos. En el sexenio de 2006 a 2012 la Presidencia de la República lanzó una propuesta de proyecto de base de datos nacional para registrar a los menores de edad con el argumento de que eso permitiría investigar los secuestros. La oposición fue tan fuerte que el proyecto no pasó más allá de la fase de un primer anuncio. Tal base de datos sería una herramienta extraordinaria en manos de los secuestradores. La confianza en las instancias gubernamentales en México es tan pobre que hasta ahora no existe un documento de identidad, un catastro de vivienda confiable, vaya, ni un registro nacional de coches. Una exigencia de los movimientos sociales que luchan contra la violencia es la creación de un registro de personas desaparecidas, exigencia ciudadana que no encuentra eco en el gobierno.

Un listado de estas conceptuaciones y propuestas está en Jacorzynski (2004: 64-138). Las “concreciones occidentales” del ambiente que resume el autor se dan bajo varias figuras: utilitarismo, libertarianismo, liberalismo moderado, ambientalismo social, ecomarxismo, ecoteología de la liberación, ecología profunda, teoría de Gaia, Land Ethic, Política Verde, biorregionalismo y ecofeminismo. Habría que agregar a esta lista a los partidarios del “decrecimiento sereno”, un movimiento que está cobrando fuerza en Europa. Por el otro lado están los “ecofascistas”, partidarios de un gobierno central de mano dura para arreglar los asuntos ambientales.

Habrá quien diga: “¡Cómo no! ¿No ves estas montañas y los bosques que están allí y que estaban antes de que tú los hubieras observado?”. Desde luego, pero al emplear conceptos tales como montaña, bosquey hubieras observadousamos imágenes mentales prefabricadas que configuran lo que percibimos. El realismo ingenuo con el que miramos el mundo exterior, como si fuera independiente de nuestro modo de percibirlo, nos puede funcionar bastante bien en cuestiones sencillas tales como atravesar el entorno inmediato, pero no podemos tratar con la misma simpleza las cuestiones sociales imbuidos de dilemas filosóficos y morales que plantea la vida. Los bosques y los árboles son distinguibles a simple vista, no así las realidades sociales.

En otro lugar he descrito la región con cierto detalle; aquí me sirvo de algunas conclusiones de aquel trabajo. Muy pocas montañas tropicales en el mundo reúnen estas características.

En la literatura clásica, el concepto de agroecosistema se define como el espacio productivo que no incluye el asentamiento humano, las vías de comunicación y los ecosistemas circundantes. La definición debe ampliarse. Un agroecosistema es el “habitáculo físico y social del ser humano” que incluye a los actantes no humanos, esto es, debe ampliarse hacia la totalidad de flujos energéticos e informáticos que coinciden en la producción agrícola.

Por los diferentes significados que se le atribuyen, la palabra controlpuede resultar incómoda. Aquí se refiere a la toma y ejecución de decisiones y se usa en el contexto de participaciónde los seres humanos en los asuntos de la supervivencia. ‘Participación’, sin embargo, es un concepto demasiado amplio como para describir la relación física de los actores con los recursos que se controlan, de modo que la palabra controlse conserva para el manipuleo en el sentido físico del procedimiento. El poder se ejerce a partir del control (véase Adams, 1983: 29), de ahí la necesidad de distinguirlos de modo conceptual.

Véase al respecto Adams, 1995.

“Paisajes rurales en disputa”: coproducción y conflictos ambientales en el sur de Jalisco

Peter R. W. Gerritsen

Natalia Silvia Álvarez Grzybowska

Universidad de Guadalajara

Presentando el escenario

Entender la manera en que las sociedades contemporáneas nos vinculamos con nuestro ambiente y cómo estos vínculos se modifican, dependiendo del lugar, el tiempo y las condiciones sociales y culturales, resulta fundamental para captar varios de los problemas que se viven hoy en día (Arrighi, 1999; Wolf, 1999). Además, las sociedades rurales concentran elementos clave de la relación social con el ambiente, dado que es en estas culturas de vida y trabajo donde las interacciones con él son más fuertes, directas y, por tanto, más actualizadas que en el medio urbano, pues además son quienes primero se ven afectados por la contaminación y devastación ambientales (Toledo y Barrera, 2008).

Es por eso que en este trabajo se busca reflexionar en torno a esta relación sociedad-medio en un contexto específico: las sociedades rurales del sur de Jalisco en la actualidad, los fenómenos sociales y económicos que las influyen, los conocimientos que tienen de su entorno local y los conflictos ambientales que surgen en los espacios rurales a partir de la apropiación de la naturaleza por actores externos.

Partimos de la noción de coproducción para describir las relaciones estrechas entre sociedad y naturaleza, que configuran no nada más las características de la naturaleza y los recursos naturales que contiene, sino que determinan las condiciones sociales y económicas de una determinada sociedad rural (Ploeg, 1997). Nos basamos también en la noción de conflicto ambiental que permite entender no sólo aspectos de esta relación, sino las relaciones de poder en torno a los recursos naturales. En este sentido, los conflictos ambientales requieren replantear la posición social frente al ambiente, al llevar a una negociación de visiones entre los actores sociales involucrados (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012). Por último, hablaremos de las relaciones entre conocimiento, poder y ambiente desde la perspectiva antes descrita (Gerritsen, 2010).

Algunas reflexiones teórico-metodológicas

En México, como en muchos países de América Latina, el campo se encuentra en una profunda crisis y las poblaciones rurales no han superado la pobreza y la marginación. Problemas en la calidad y cantidad de agua, deterioro del suelo o efectos del cambio climático afectan de forma directa los cultivos, la falta de presupuesto gubernamental para apoyar al campo, los precios injustos a los que tienen que vender los productores, el coyotaje, la competencia desleal de las empresas extranjeras (subsidiadas por sus países y con aranceles muy pequeños para vender en México), y la adopción del paquete tecnológico de la revolución verde entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado, lo cual ha llevado a muchos campesinos al endeudamiento y la pobreza por la compra de semillas e insumos agroquímicos, y al deterioro y erosión de sus tierras. A su vez, la forma de producción agrícola de la revolución verde trajo contaminación y un uso intensivo de agua y suelo, consecuencias sobre las cuales nadie se ha querido responsabilizar.

Por otra parte, las sociedades rurales tienen una relación inequitativa respecto a las sociedades urbanas. En las últimas décadas, esta inequidad ha tenido que ver mucho con el proceso de urbanización. Con urbanización nos referimos de manera general a un proceso multidimensional en relación con el crecimiento de las sociedades urbanas en una región. Estas (multi) dimensiones son la demográfica, la sociocultural, la económica, la política y la ambiental. Al conceptuar la urbanización se puede distinguir también una dimensión material (flujo de productos y servicios, densidad poblacional, ocupación de espacio) y no material (articulación del sector económico rural y urbano, cambio en las prácticas sociales). El proceso de urbanización se manifiesta en un incremento de la importancia del espacio urbano y las prácticas sociales correspondientes. El proceso de urbanización se caracteriza a su vez por una vinculación estrecha entre la dimensión social y la dimensión espacial (Barrera et al., 2004).

Enfoque teórico-metodológico: la perspectiva orientada hacia los actores

En este texto nos acercamos a la problemática rural desde la perspectiva (sociológica) orientada hacia los actores sociales que parte de las experiencias cotidianas particulares de las personas o grupos de personas (los actores sociales) y de su forma de ver el mundo. Una perspectiva así “implica reconocer las ‘múltiples realidades’ y las diversas prácticas sociales de varios actores, y requiere de una estrategia metodológica para establecer contacto con estos universos sociales que son tan diferentes y tan frecuentemente incompatibles” (Long y Long, 1992: 5).

Uno de los principios fundamentales de estos enfoques es la idea de que los actores poseen agencia para lograr la satisfacción de sus objetivos. Con el término agencia, nos referimos a “la capacidad atribuible al actor individual para procesar la experiencia social e ingeniarse maneras de enfrentar la vida aun bajo las formas más extremas de coerción. Dentro de los límites que imponen la información, la incertidumbre y otras restricciones (i.e. físicas, normativas o político-económicas), los actores sociales son ‘conocedores’ y ‘capaces’” (1992: 22-23).

La noción de agencia se relaciona con el contexto cultural específico de un actor. Éste afecta la forma de conducir las relaciones interpersonales y el tipo de control que los actores sociales pueden ejercer entre unos y otros. Ello también implica que el actor imponga alguna forma de poder, lo que se da de muy distintas maneras. Agencia y poder dependen de una red de actores que participan parcialmente en los proyectos y prácticas de un actor determinado (1992: 22-23).

Relacionado con la idea de agencia está el concepto de estructura social —entendido aquí como el conjunto de reglas, normas, leyes y acuerdos que determinan el comportamiento de los sujetos sociales—, el cual, dentro de la perspectiva orientada hacia el actor, es visto como una dualidad de reglas y recursos que tienen significado sólo cuando se les relaciona de modo directo con la agencia, y determinan las posibili-dades y las limitaciones de los actores, pero que al mismo tiempo se reproducen y se transforman mediante las acciones de éstos. Entonces, los sistemas sociales “son dos cosas, un medio y un resultado de las prácticas que ingeniosamente organizan, […] restringen y facilitan” (Giddens, 1984: 25). En consecuencia, las dualidades como “macro-micro”, “externo-interno”, “endógeno-exógeno”, o la tan frecuente “global-local”, pueden tener diferentes significados y pueden ser entendidas solamente en contextos precisos (Long, 2001).

Coproducción de sociedad y naturaleza

Siguiendo a Ploeg (1997), de aquí en delante nos referimos a las relaciones recíprocas entre sociedad y naturaleza con el término de coproducción. En específico, y partiendo de la perspectiva de los actores sociales en las zonas rurales, identificamos en primer lugar a los campesinos, quienes se ven envueltos de manera constante, cotidiana, en relaciones de coproducción. Esta relación tiene una clara influencia en las características del trabajo agrario y en el manejo de los recursos naturales, así como en la misma naturaleza (Gerritsen, 2002).

La coproducción no existe sui generis, pues los campesinos han desarrollado muchas maneras de relacionarse con la naturaleza. De hecho, sus características son altamente diferenciales, aunque en teoría se pueden distinguir claras fronteras entre ellas. La coproducción depende tanto de la naturaleza más pura (las llamadas “áreas silvestres”) como de la sociedad strictu sensu (entendida como el escenario urbanizado en su totalidad), siendo estos dos extremos partes integrales del continuo más general ser humano/naturaleza. En el primero, la naturaleza permanece intacta por completo, mientras que en el segundo ha sido transformada de forma total o ha desaparecido. “[El área] rural es entonces el lugar donde se da la coproducción del hombre y la naturaleza” (Ploeg, 1997: 41-42).

Es importante notar que tanto los campesinos como la naturaleza pueden pasar por transformaciones, es decir, se les puede influenciar o hacer cambiar de una u otra manera porque ambos pueden imponer en el otro sus propias reglas. Los campesinos lo hacen mediante sus prácticas agropecuarias, las cuales dependen de una determinada forma de organización espacio-temporal atenta a los ciclos naturales y sociales. Desde luego, cada conjunto de prácticas tiene determinados efectos en la naturaleza. La naturaleza, a su vez, influye en las acciones de los campesinos por la variedad, calidad y cantidad de los bienes y servicios que ofrece, así como de su disponibilidad espacio-temporal. De esta manera, los paisajes rurales se coproducen conforme los campesinos van transformando la naturaleza; a la vez, los patrones socioculturales de las poblaciones también se coproducen al ir siendo determinados en gran medida por las características específicas del medio silvestre (Ploeg, 1987).

Debido a las interacciones de coproducción, encontramos gran diversidad biocultural a lo largo del planeta, y también en distintas épocas de la humanidad. Entre esta diversidad podemos agrupar a las culturas según su concepción ideológica y ontológica del ser humano frente a su entorno, en antropocéntricas o cosmocéntricas.

Globalizando la coproducción: ruptura y conflictos ambientales

La privatización de la tierra es un fenómeno que ha venido ocurriendo de manera creciente en México, en particular a partir de 1992 con la reforma al artículo 27 de la Constitución, que conllevó a la desapropiación de la tierra y debilitó la propiedad comunal y ejidal. Esto ha ido de la mano de la política macroeconómica de liberalización del mercado y de promoción de la inversión extranjera, de tal modo que en la actualidad tenemos un creciente porcentaje de tierras mexicanas en manos de extranjeros, sobre todo en las zonas costeras (Villa, 2011; Martínez, 2013; Morales, 2011).

Lo anterior también ha impactado en los procesos de coproducción locales al provocar rupturas en las interacciones sociedad/naturaleza. Esta ruptura en los procesos de coproducción se da por la introducción de nuevos esquemas tecnológicos que no toman en cuenta las condiciones especificas de las diferentes regiones. Además, debido a que el Estado ha facilitado la entrada de nuevos actores sociales al campo mexicano, se observa un creciente número de conflictos ambientales (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012). La presencia de nuevos actores sociales en el campo mexicano es una de las razones del incremento y de la complejización de los problemas socioambientales. En este sentido, la problemática socioambiental ya no es solamente un fenómeno multidimensional y multiescala, sino que se convierte también en un proceso multiactor (Figura 1) (Gerritsen, 2010).

Como lo muestra la Figura 1, en un proceso multiactor se pueden dar diferentes situaciones en torno al uso y manejo de los recursos naturales. Debido a que cada uno de los diferentes actores sociales en un espacio rural pueden tener intereses específicos en los recursos naturales, las relaciones entre éstos pueden ser de carácter complementario, indiferente o conflictivo. Asimismo, el nivel en que operan los diferentes actores sociales puede ser local, nacional o internacional (Gerritsen, 2010).

Los conflictos ambientales se distinguen de los problemas ambientales porque implican una demanda ciudadana de una problemática ambiental con afectaciones en la vida en cualquiera de sus dimensiones. No son nuevos, pero sus características han cambiado; por ejemplo, en los últimos años se han desarrollado no sólo en el medio rural, sino también urbano; asimismo, ya no son sólo por el uso de los recursos, sino por el acceso y el control de ellos, además, por afectación o riesgo de afectación ambiental (Paz, 2012).

Los conflictos ambientales se pueden manifestar de diferentes maneras (Figura 2). Por una parte, se pueden generar entre actores locales y externos mediante la apropiación de los recursos naturales por éstos últimos (Figura 2, izquierda). En segundo lugar, están los conflic-tos ambientales que ocurren a partir de los impactos ambientales que generan las nuevas actividades en los diferentes espacios rurales (Figura 2, derecha).

Referente al primer proceso, Harvey (2006) menciona cuatro procesos que conllevan a la desapropiación de los recursos naturales de los actores locales: privatización, financiación, manejo y manipulación de conflictos, y la redistribución del Estado. La Tabla 1 presenta un resumen de estos cuatro procesos.

Tabla 1. Tipos de procesos de apropiación de los recursos naturales

Tipo

Descripción

Ejemplo

Privatización

Transferencia de bienes públicos del Estado a actores privados

Manejo de agua potable

Recolecta de basura

Alienación de bienes privados a través de la legislación o el mercado

Áreas de conservación

Financiación

Desapropiación indirecta a través de esquemas de pagos compensatorios

Pago de servicios ambientales

Esquemas compensatorios para captura de carbono

Manejo y manipulación de conflictos

Creación y manejo de opiniones en torno al estado de los recursos naturales

Crisis ecológica

Crisis de la pérdida de biodiversidad

Redistribuciones del Estado

Políticas públicas que favorecen a actores con potencial en la economía nacional

Minería

Fuente: Harvey (2006).

A vuelo de pájaro: conflictos ambientales en México

Según Paz (2012), quien registró 95 casos de conflictos ambientales en México en el periodo 2010-2011, 39% son por agua, 25% por tierras de cultivo y territorio, y 15% a partir del establecimiento de las áreas protegidas. Las causas más comunes que menciona son urbanización, industria y minería a cielo abierto, y se dan sobre todo en los espacios rurales donde se concentran recursos naturales valiosos (agua, bosques y minerales), que se caracterizan por la propiedad social (ejidos y comunidades agrarias), y donde existe una resistencia local y, por ende, una movilización social.

Al analizar estos conflictos, Paz (2012) menciona diferentes causas, recursos afectados y tipos de afectación, lo cual ayuda a comprender cómo se da el proceso de formación del conflicto y la participación de los distintos actores sociales involucrados. La Tabla 2 los presenta de manera resumida.

Tabla 2. Causas, recursos afectados y tipos de afectación de los conflictos ambientales

Causas de afectación

Recurso afectado o en disputa

Tipos de afectación

Urbanización

Industria

Minería

Carreteras/libramientos

Gestión pública

Presas

Disputas locales

Desarrollo turístico

Disposición de residuos

Actividades ilegales

Parques eólicos

Agua

Tierra de cultivo

Territorio

Área natural protegida/zona de protección o reserva/parque ecológico

Bosques/cerros/

humedales

Entorno urbano

Zona costera

Suelo

Destrucción

Contaminación

Despojo

Deterioro

Escasez

Invasión

Desalojo

Fuente: Elaboración propia a partir de Paz (2012).

En este capítulo se realiza un primer acercamiento a los conflictos ambientales en el sur de Jalisco, en específico, en tres de sus regiones político-administrativas, relacionados con los procesos regionales de coproducción y sus implicaciones tanto para las sociedades rurales como para sus paisajes. A continuación, se termina esta primera parte con una breve descripción del diseño de estudio, para después, en la segunda y tercera parte, describir los resultados obtenidos. Los resultados giran entorno a la construcción campesina del paisaje, a partir de la corrupción, así como los conflictos ambientales que se desarrollan en la región. Se termina este capítulo con una discusión y unas conclusiones.

Algunos comentarios metodológicos

Este trabajo se construye sobre una base de vinculación social que se ha desarrollado desde aproximadamente 1995, y donde se han impulsado acciones para fortalecer un desarrollo local basado en la identificación y el fortalecimiento del potencial endógeno existente (Gerritsen, 2010). Como parte de estas acciones, se realizaron esfuerzos de sistematización de las experiencias apoyadas de desarrollo local (Gerritsen y Morales, 2007; Gerritsen 2010).

Desde hace varios años, se comenzó a observar un incremento en el número de conflictos ambientales en la región sur de Jalisco, que han resultado en una necesidad de sistematización de ellos, ya que han impactado de manera directa e indirecta en el desarrollo de alternativas sustentables en la región. Es por eso que hemos iniciado una cartografía social de los problemas.

Área de estudio

El trabajo se realizó en las regiones político-administrativas del suroeste del estado de Jalisco: Sierra de Amula, Costa Sur y Sierra Occidental, de manera principal. Estas regiones se caracterizan por ser predominantemente rurales, aunque difieren en su grado de urbanización. A su vez, las condiciones ambientales son diversas y complejas, ocasionadas por la variación altitudinal y el relieve accidentado de los terrenos. Estas regiones son proveedoras de agua, madera, alimentos, forrajes, medicinas y otros diversos recursos no maderables, así como de una variedad de servicios ambientales, lo que resultó en una gran diversidad biocultural. No sólo las regiones se caracterizan por una gran diversidad biológica, sino por una gran diversidad productiva. Referente a lo último, encontramos agricultura de temporal, de riego y en invernaderos. Mediante la práctica de la agricultura de temporal se obtiene maíz, sorgo, calabaza, frijol, cacahuate, cebada, avena forrajera y jamaica. Con la agricultura de riego se produce maíz, caña de azúcar, aguacate, mango, sorgo, jitomate, chile, pepino, sandía, melón, trigo, avena, cítricos, alfalfa y papayo. En cuanto a la producción pecuaria, existen modelos de libre pastoreo, estabuladas y mixtas.

Los diferentes municipios en las tres regiones se caracterizan por distintos grados de urbanización, variando de municipios con fuerte carácter rural a aquellos con un fuerte proceso de urbanización. En todos los casos, encontramos múltiples vínculos entre las ciudades y su entorno rural (Gerritsen, Lomelí y Ortiz, 2005; Gerritsen, 2010).

La coproducción del paisaje rural

De 1993 a 2002 se llevaron a cabo actividades de investigación y desarrollo en la comunidad indígena de Cuzalapa, en el sur de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, para estimular la participación de los campesinos de la comunidad en el manejo de la reserva. Entre otros, se realizó un estudio detallado respecto a las estrategias campesinas y su impacto en el paisaje (Gerritsen, 2002).

En la descripción socioeconómica que se realizó para ese estudio se encontró que las actividades de sustento de los campesinos de Cuzalapa que prevalecen son el cultivo de maíz y la producción pecuaria. Al llevar a cabo estas actividades, los campesinos usan y trasforman tres zonas principales en el paisaje, las cuales son conocidas como 1) huertos solares, 2) parcelas agrícolas y 3) agostaderos; estos últimos son los terrenos más aptos para que paste el ganado. La práctica agrícola es más intensiva en las partes bajas del paisaje, mientras que el pastoreo del ganado tiene lugar sobre todo en las altitudes medias y altas (i.e., en los bosques localizados en la parte del paisaje). El movimiento del ganado en el paisaje de Cuzalapa se relaciona con las temporadas, así como con la disponibilidad de agua en los cerros. En la temporada de aguas, el ganado pastorea sobre todo en la parte alta del paisaje, mientras que en la época de las secas se encuentra en las partes bajas. En ambas temporadas las vacas de ordeña quedan cerca de las casas de los ganaderos para facilitar la ordeña.

Dentro de estas tres zonas los productores distinguen y caracterizan un número de subzonas, cada una con su nombre común (Tabla 3). Es importante mencionar que los productores no definen de forma explícita a los bosques como una zona separada de uso de suelo, sino que se considera a éstos como parte de los agostaderos, es decir, áreas donde puede pastar el ganado.

Tabla 3. Equivalentes científicos de las unidades de recursos

Nombre común

Nombre común

Nombre científico

Monte bajo

Matorral

Vegetación secundaria

Barbecho

Vegetación secundaria

Otro monte bajo

Vegetación secundaria

Monte alto

Roblera

Bosque de roble (caducifolio)

Encinera

Bosque de roble (subcaducifolio, mesófilo o con presencia de especies de pino)

Ocotera

Bosque de pino o de pino-encino

Monte alto/arbolera en las barrancas y los arroyos

Bosque tropical caducifolio o bosque tropical subcaducifolio (incluyendo bosque de galería)

Otro monte alto y arbolera

Bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio (incluyendo bosque de galería), o bosque mesófilo

Fuente: Gerritsen (2002).

Cada una de las zonas de uso del suelo tiene su propia riqueza en recursos; y, por ende, mediante la creación de diferentes tipos de uso del suelo los campesinos transforman así de forma activa la diversidad natural en una gran variedad de recursos espacialmente diversos.

La Figura 3 presenta una visualización esquemática del paisaje de Cuzalapa, con las diferentes unidades de recursos distinguidas y nombradas por los productores de esta comunidad. En otras palabras, visualiza la diversidad en recursos del paisaje de Cuzalapa, como resultado concreto del proceso de coproducción y desde la perspectiva de los propios productores.

La distribución de los diferentes recursos en el paisaje de Cuzalapa refleja el potencial de uso que tiene el suelo y las condiciones ecológicas específicas de cada uno de los sitios, así como el resultado de las prácticas de manejo que han aplicado los campesinos a lo largo del tiempo. Además, como veremos más adelante, sus características específicas dependen de procesos sociopolíticos tanto locales como externos, como la política comunitaria y la conformación histórica del régimen local de propiedad, así como de políticas públicas, en particular las ambientales.

El conjunto de todos estos factores ecológicos y sociales resulta en la formación de las subzonas de uso del suelo mencionadas, que se caracterizan como unidades de recursos específicas. Por ejemplo, los campesinos reconocen diferentes subdivisiones de los agostaderos de acuerdo con las características específicas del terreno y la vegetación existente.

Organización de espacio y tiempo de la diversidad en recursos

Como se puede observar en la Tabla 3 y en la Figura 3, los campesinos manejan un número de conceptos locales para nombrar los diferentes espacios en su paisaje. Estos conceptos tienen una dimensión espacial y temporal, ambas referidas tanto a diferentes condiciones ambientales del paisaje como a diferentes ciclos naturales. En otras palabras, los recursos se encuentran en lugares específicos del paisaje y sus características pueden variar durante las diferentes estaciones. En relación con los diferentes ciclos naturales subyacentes a las unidades de recursos, varias relaciones de sucesión se pueden distinguir entre ellas. La Figura 4 presenta las diferentes unidades que distinguen los campesinos de Cuzalapa en su paisaje, e indica todas las posibles relaciones de sucesión. Cabe mencionar que la sucesión es entendida aquí no sólo desde una perspectiva ecológica, sino que incluimos el impacto de las prácticas de manejo campesino en los recursos naturales (Gerritsen, 2002).

La naturaleza exacta de una relación de sucesión entre diferentes unidades del paisaje depende tanto de prácticas de manejo específicas como de las condiciones ecológicas de una unidad. La definición y diferenciación de las unidades de recursos en el paisaje por los campesinos refleja un cuerpo extenso del conocimiento ecológico relacionado con la diferenciación de nichos, distribución de especies, procesos de sucesión ecológica, crecimiento de especies y características de uso, entre otros. Además, este cuerpo de conocimiento forma parte integral de las actividades agropecuarias, las cuales han sido desarrolladas como un repertorio del estilo agrario presente en Cuzalapa. Finalmente, la relación estrecha del conocimiento campesino del paisaje con la práctica agropecuaria induce límites al primero, lo cual se refleja en los valores atribuidos a los recursos y se manifiesta en el proceso de coproducción. Está, además, influida por las reglas y restricciones formales e informales en relación con el uso del suelo, es decir, respecto a la distribución de la tierra.

Cinco casos de conflictos ambientales en el sur de Jalisco

Como ya se mencionó, en los últimos años observamos un incremento de los conflictos ambientales en el sur de Jalisco, que han impactado en los paisajes rurales, por lo cual, mediante la revisión de información secundaria, hemos iniciado una cartografía social de los conflictos ambientales en esta región; de igual forma, el sur de Jalisco se caracteriza por una alta diversidad biológica y cultural. Ambos aspectos relacionados nos invitan a comprender los conflictos ambientales desde una perspectiva sociológica. En ella encontramos conflictos por la privatización de playas, la contaminación de agua y por la minería, sobre todo (Tabla 4), los cuales se han generado debido a la resistencia de los actores locales afectados y los contrapoderes que han ido construyendo para la defensa de sus recursos naturales.

Tabla 4. Caracterización general de los conflictos ambientales en la costa sur de Jalisco

Tipo

Lugar

Causa

Recurso

Tipo de afectación

Privatización de playas

Tenacatita

Desarrollo turístico

Zona costera

Desalojo

Careyitos

Contaminación de agua

Cuenca del Río Ayuquila

Disposición de residuos, incluyendo agroquímicos

Salud, tierra de cultivo, agua

Contaminación y escasez

Minería

Tequesquitlán

Minería

anp, cerros, agua, salud

Destrucción, deterioro, contaminación

Fuente: Elaboración propia.

A continuación presentamos los cinco casos de conflictos ambientales que se tienen identificados en la región, para ir construyendo un panorama más amplio de las rupturas en los procesos de coproducción de los paisajes rurales.

Dos casos: la privatización de las playas Tenacatita y Careyitos

La privatización de las playas mexicanas es un proceso cada vez más común. De 2000 a 2012 se otorgaron 48 500 concesiones de playa,4 000 al año, dos por hora, a distintos particulares (Ramírez, 2013). La privatización se vio impulsada de modo particular en las presidencias de Calderón y Zedillo, aunada a la historia de cacicazgo que presenta la zona (Ávila y Luna, 2013; Martínez, 2013; Ramírez, 2013).En este sentido, Ávila y Luna (2013) describen los distintos procesos mediante los cuales se ha logrado la posesión/desposesión de las tierras costeras, sobre todo a manos de extranjeros y grandes empresarios.

Hasta 2013 la modalidad para adquirir tierras costeras por parte de los inversionistas extranjeros era por medio de fideicomisos y prestanombres; en la actualidad hay más de 300 fideicomisos, y en Jalisco hay 380 propiedades a nombre de fideicomisos, la mitad del Banco Nacional de México y el resto de bbva Bancomer, Banco Azteca, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte, Blou Holdings, Banco bch, entre otros (Informador, 2012; Ávila y Luna, 2013).

Además, mientras antes los extranjeros no podían comprar terrenos a menos de 100 kilómetros de las fronteras mexicanas y a menos de 50 kilómetros de las costas, el 23 de abril de 2013 se aprobó una fracción del artículo 27 constitucional, la cual permite que los extranjeros sean propietarios legales de esas tierras (Ramírez, 2013). En torno a este proceso de privatización, han surgido resistencias, como es el caso emblemático de Tenacatita, en el cual se ha buscado detener el proceso de desposesión de diferentes maneras y en varias ocasiones, como veremos más adelante.

La privatización de las playas se ha visto impulsada en gran medida con el fin de llevar a cabo desarrollos turísticos costeros, incluyendo la construcción de campos de golf. El gobierno del estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Turismo, tenía en 2013 en proceso el estudio para el “Programa de Desarrollo Turístico de la Ruta Costa Alegre” (Fonatur, s.f.), en el cual se pretendía invertir alrededor de 21 000 millones de pesos en 14 proyectos llevados por 32 inversionistas provenientes de Jalisco, Monterrey, Distrito Federal, Estados Unidos, Alemania y Francia (Nuño, 2013). Estos proyectos pretenden detonar el turismo sobre todo en los municipios de La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes. Entre estos proyectos se incluye la expansión de varias zonas costeras, así como la construcción de un aeropuerto en Chalacatepec, una marina para embarcaciones recreativas y la construcción de una presa para el río San Nicolás (Nuño, 2013).

La playa de Tenacatita

El conflicto ambiental en Tenacatita tiene su origen en 1972, pero se intensifica a partir de 2010. Todo comenzó cuando la viuda del exgobernador González Gallo heredó 42 hectáreas. Ella interpuso un amparo y ganó en 1972, cuando se pretendía llevar a cabo la ampliación ejidal. Pasaron los años y ella no tomó posesión del terreno, mientras que la población local sí lo hizo. José María Andrés Villalobos, propietario de Rodenas, le compró el terreno a ella, pero en la transacción de compraventa, en lugar de contar con 42 hectáreas —las que eran en realidad—, la escritura indicaba que eran 80. Por otra parte, con el Procede se certificaron esas mismas tierras, lo que dio lugar a 220 lotes vendidos a pequeños propietarios, muchos de los cuales son los mismos que han trabajado en la zona en labores turísticas como restaurantes, hoteles y pesca los últimos cuarenta años (Mendoza, 2013; Ramírez, 2013).

En este contexto ocurrió un desalojo violento. La madrugada del miércoles 4 de agosto de 2010, entre 136 y 150 policías antimotines desalojaron a cerca de 800 habitantes del ejido El Rebalsito de Apazulco, por órdenes del secretario del juzgado mixto en Cihuatlán y el segundo de lo civil de Autlán. Después, se colocó una malla de ciclón electrificada al pie de la carretera junto con una caseta improvisada con diez policías estatales, para vigilar el acceso; todo esto con el apoyo del entonces gobernador del estado Emilio González Márquez. De los afectados —800 personas—, alrededor de 100 se quedaron sin medios de trabajo. Dieciocho socios de la cooperativa de pescadores se vieron afectados, perdiendo en promedio un ingreso de 1 200 pesos semanales por persona (Ramírez, 2013).

En octubre de 2010 la gente se movilizó y fue a Temacapulín a un acto en el que confluían afectados por situaciones similares para denunciar su caso. Esto, en conjunto con otras actividades, como la documentación de las violaciones a los derechos humanos,1 fue fortaleciendo el movimiento y el tema fue entrando poco a poco en la opinión pública (Nuño y Hernández, 2013a).

Luego de dos años y medio, el 2 de junio de 2013 derribaron la puerta de Rodenas y abrieron la playa de nuevo al público, aunque con ciertas restricciones: ahora custodiada por quince elementos de la Fiscalía General del Estado (fgj). Desde el cierre de la playa, promovido por Rodenas, se han hecho visibles daños ambientales: los manglares han sido perturbados y en términos económicos se vive una fase de privación. Además, según el exalcalde Carlos Román Ramírez Núñez, el municipio de La Huerta se quedó sin muchos apoyos del gobierno del estado por defender Tenacatita (Corral, 2012; Ramírez, 2012).

En la actualidad el municipio tiene la concesión de la zona, pero Rodenas puso un amparo que está en revisión. Las palapas no podrán reinstalarse pronto, ya que conviene respetar el destino que se le dio al municipio de la zona federal, que es para playa libre, recreativa y malecón, a decir del actual alcalde de La Huerta, Julián de Niz (Santos, 2013).

La playa Careyitos

La playa Careyitos, ubicada en el municipio de La Huerta, con 485 metros de largo, fue el escenario de otro caso de despojo del territorio y de los medios de vida de una población. Por una parte, están los pobladores de la localidad Emiliano Zapata, en particular los pescadores que tienen alrededor de cincuenta años trabajando ahí, de cuya actividad dependen alrededor de doscientas personas; y por otra, los empresarios interesados en promover en esta playa el proyecto denominado “Marina Careyes” (Martínez y Corgos, 2013; Nuño y Hernández, 2013b).

El conflicto se inició en 1991, cuando la empresa española Imágenes y Espectáculos de Lujo (iel) compró tierras en Careyitos, colindantes con aquellas donde trabaja la Sociedad Cooperativa de Pesca Ribera Punta Pérula. Esta cooperativa cuenta con 4 160 m2 de concesión para realizar la pesca, actividad que representa su principal fuente de sustento. En 2001 ocurrió el primer intento de desalojo de los pescadores; se les impidió el paso a la playa mediante una barrera. En respuesta, los pescadores recurrieron al gobierno municipal, el cual obligó a iel a firmar un convenio que comprometía a dicha empresa a permitir el acceso.

En 2005 iel solicitó un permiso para construir un hotel, residencias de lujo y una marina, que resultó aprobado por la Semarnat. Ante esto, investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Nacional Autónoma de México alertaron sobre los posibles daños, y la dependencia del ambiente fue obligada a retractarse. Durante ese año la cooperativa pesquera solicitó la renovación de su concesión, la cual fue aceptada. Sin embargo, aun cuando iel la solicitó siete meses después, se le canceló la concesión a la cooperativa de pescadores. Ante esto, la cooperativa interpuso un amparo legal y ha seguido luchando (Martínez y Corgos, 2013).

En 2009 iel obtuvo la concesión de 13 873 m2 en la playa Careyes, con una vigencia de quince años; sin embargo, esta concesión se traslapaba en 20 m2 con el título de la Sociedad Cooperativa Punta Pérula. En este escenario, la Semarnat les canceló la concesión a los pescadores, mientras que Sagarpa les otorgó un subsidio de cinco millones de pesos para la construcción de una lonja pesquera. Cuando la cooperativa comenzó a construir, iel la demandó por invasión de propiedad privada, ante lo cual la Semarnat clausuró la obra. En esta condición, la cooperativa tuvo que regresar el subsidio que antes les habían otorgado (Martínez y Corgos, 2013).

La situación se tornó más delicada cuando el 13 de julio de 2011 fue asesinado el líder de las cooperativas pesqueras de la costa sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz, representante legal en esta disputa (Guillén, 2012a); a la fecha no se ha aclarado el crimen. Este lamentable acontecimiento ocasionó que los pescadores se tornaran más mesurados en sus estrategias y demandas.

El 7 de julio de 2012 iel colocó una puerta a la entrada de la playa Careyitos para bloquear su acceso, y contrató seguridad privada. El municipio intervino para que el acceso no se restringiera, lo que dejó el bloqueo de forma parcial, de modo que no pueden ingresar vehículos y dificulta el acceso y trabajo de los pescadores. Según consta en un letrero dispuesto a la entrada por la empresa iel, el bloqueo es para evitar la construcción ilegal de una pescadería, lo que “sí” representaría una privatización de la playa (Nuño, 2012). A la fecha no hay una resolución de este conflicto; las autoridades municipales han apoyado las demandas ciudadanas ante la Profepa, y los pescadores han interpuesto recursos legales; sin embargo, no ha sido suficiente (Guillén, 2012a y 2012b). Aunado a esto, los pescadores se encuentran en riesgo de ser aprehendidos por la demanda interpuesta por iel por invasión de propiedad privada (Martínez y Corgos, 2013).

Tercer caso: la contaminación del río Ayuquila

El río Ayuquila es una de las 24 cuencas prioritarias de México y uno de los 43 ríos más importantes del país; además, la importancia de su entorno es en términos de biodiversidad en la zona occidente del país. Este río recorre 321 kilómetros desde la sierra de Quila, en Jalisco, hasta el mar en Boca de Pascuales, en el estado de Colima. Esta cuenca presenta un complejo mosaico de vegetación de gran diversidad florística y faunística, producto de factores topográficos, edáficos y ambientales también diversos. Entre los poblados que se encuentran dentro de la cuenca destacan, por tamaño de población: Armería, Autlán, Ayutla, Colima, Comala, Coquimatlán, El Grullo, El Limón, Ejutla, San Gabriel, Tapalpa, Tolimán, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán, aunados a las comunidades de menor tamaño que también dependen del río, desde los que lo usan para la irrigación de la agricultura o el mantenimiento de su ganado, hasta los que viven de la pesca realizada directamente en sus aguas (Gerritsen, Lomelí y Ortiz, 2005).

La región tiene una importante actividad agrícola donde destaca el cultivo de caña de azúcar, jitomate, cítricos, mango, sandía, melón, sorgo, maíz, frijol, café, coco y plátano; asimismo, la ganadería extensiva de bovinos, la pesca, el aprovechamiento forestal y el turismo son otras actividades importantes en la zona y que se han visto afectadas por la contaminación del río.

El deterioro de cuencas representa un problema ambiental social y económico de gran relevancia nacional e internacional; ésta no es la excepción para el caso de la cuenca del río Ayuquila. A partir de la década de los cincuenta, se empezaron a construir presas en esta cuenca (en 1959, la presa Tacotán; en 1961, Tetelpa; en 1973, Las Piedras; y en 1993, Trigomil) y canales de irrigación para la expansión de la agricultura agroindustrial, lo que significó que muchas ciudades regionales se convirtieran en centros de industria y comercio, y que la población se concentrara en la parte alta de la cuenca y poca se mantuviera río abajo, donde el agua llega de forma menos abundante y se encuentra muy contaminada (Cotler y Caire, 2009).

Junto con las descargas municipales, sobre todo de El Grullo y Au-tlán, una de las industrias que mayor impacto ambiental ha tenido en el río es el ingenio azucarero Melchor Ocampo, el cual se instaló en el kilómetro 15 de la carretera Autlán-El Grullo. Este ingenio en un inicio tenía descargas industriales de sosa cáustica, aguas negras y aguas residuales producto de la molienda de la caña, lo que provocaba la muerte masiva de peces y afectaba la salud y fuente de alimento de poblaciones ribereñas de los municipios de Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, municipios considerados como muy marginados (Graf et al., s.f.).Asimismo, se identificó un incremento en las enfermedades de la población que habita en la cuenca, como escoriaciones en la piel y granos, enfermedades del estómago, dolores de cabeza, vómitos, ardor en nariz, garganta y ojos. La contaminación también llegó a provocar el aborto del ganado e incluso su muerte por ingerir aguas contaminadas del río, lo que afectó de manera importante la economía familiar de los poblados. Otros problemas que se presentaron en el río se debieron a los desechos agrícolas cargados de agroquímicos, así como a la sedimentación del suelo erosionado y al desecamiento del río por la desviación de agua para uso de riego agrícola y de consumo en centros de población e industrias, lo que disminuyó el caudal y afectó la biota acuática, además de favorecer la concentración de contaminantes (ine, 2000).

La contaminación y sus consecuencias se vieron agravadas de forma severa y ocasionaron que la población afectada se movilizara. El Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio) apoyó esta movilización en la realización de un estudio sobre la problemática en 1989; por su parte, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (drbsm) apoyó la conformación de comités de defensa del río Ayuquila. Más tarde, con la ayuda de estas instituciones, realizaron estudios para sustentar las demandas ciudadanas y se hizo una campaña de denuncia pública en los medios de comunicación, así como talleres de educación ambiental para las poblaciones río arriba (Graf et al., s.f.). Como producto de estos múltiples esfuerzos, en 1998 se constituyó la Comisión de la Cuenca del Río Ayuquila-Armería; sin embargo, en ésta se enfocaron más al problema de la distribución que al de la contaminación, y se contaba con poca participación ciudadana y de los municipios (Graf et al., s.f.).

En 1998 se derramó melaza del ingenio al río en grandes cantidades, lo que provocó la muerte masiva de peces; y los efectos abarcaron tanto municipios de Jalisco como del estado de Colima, a más de 100 km de distancia (Graf et al., s.f. ). El ingenio fue multado y obligado a cambiar su sistema de manejo de aguas residuales, por lo que se eliminaron por completo las descargas de agua contaminada al río en 2000, lo que se tradujo en notables mejorías (Graf et al., s.f.).

Otra respuesta a estas demandas ciudadanas fue la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para las descargas muni-cipales. Estos cambios mejoraron en gran medida las condiciones del río; sin embargo, la contaminación por las descargas municipales sigue siendo un problema, pues faltan plantas de tratamiento y otras no funcionan correctamente o aún no han tenido el impacto esperado, y el agua tratada todavía contiene niveles superiores de contaminantes a lo establecido por la norma, sobre todo de coliformes fecales, por lo que todavía no es apta para bañarse ni para pescar.

Como consecuencia del exitoso trabajo colaborativo entre estos distintos actores, se define la “Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila” (iigicra), carta de intención firmada en 2001 por ocho ayuntamientos, a la cual se unen después otros dos más. Con esta iniciativa se buscaba generar mecanismos de gobernanza local para la gestión ambiental. Así, por medio de la iniciativa se conformó la asociación de municipios Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (jira), a través de la cual se han tenido importantes logros en materia de gestión ambiental.

Pese a estos esfuerzos, se han repetido los incidentes y alertas sanitarias por los altos niveles de contaminación del río, ya sea por el mal funcionamiento de alguna planta o la suspensión de su actividad, el desacato del ingenio o el incremento de actividades productivas que vierten sus desechos al río.

Como ejemplo, en abril de 2014 la Universidad de Guadalajara emitió una alerta sanitaria por los altos niveles de contaminación, principalmente por todo por coliformes fecales a causa de las descargas de los municipios de Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya y Tuxcacuesco; en el caso de Autlán, se debió a que suspendieron la operación de su planta de tratamiento; y en Tonaya, aunque existía la planta de tratamiento, no estaba operando; sin embargo, en el resto de los casos no cuentan con plantas de tratamiento (Castillo, 2014).

El 17 de junio del mismo año volvió a haber una alerta sanitaria por la muerte masiva de peces, lo que de nueva cuenta se le atribuyó a las descargas del ingenio azucarero (Aguilar, 2014). El problema para sancionar al ingenio ha sido que la institución que legalmente debe hacerlo es la Comisión Nacional del Agua (cna); sin embargo, ésta no ha tomado cartas en el asunto (Osorio, 2006).

Cuarto y quinto caso: las minas Peña Colorada y Gan Bo

La actividad minera es una de las más agresivas con el ambiente. Primero, es una actividad poco eficiente; se requiere la movilización de mucho material para extraer proporcionalmente poco producto. Además, el tratamiento que se le da al producto es muy contaminante. Así, los impactos van, por un lado, a la atmósfera por las emisiones gaseosas, aerosoles, ruido, producción de ondas aéreas; y por otro, a suelo y terreno a partir de la desertización de éste, la desestabilización de laderas con impacto en el nivel freático, la pérdida de propiedades físicas y químicas del suelo, y en el agua a partir de la alteración de la dinámica fluvial, contaminación por metales pesados y metaloides, variaciones del pH por el drenaje ácido de mina, etc. (Higueras y Oyarzun, s.f.). Aunado a esto, el modelo de extracción se ha modificado en la búsqueda de mayores ganancias, por un lado, a partir de la búsqueda de la eficientación; pero, por otro, a partir de la externalización de los costos sociales y ambientales (Castro, 2013: 4). El nivel de impacto ambiental depende del tipo de mineral extraído; sin embargo, debido a que en la actualidad se practica de manera predominante la minería a cielo abierto, por ser más sofisticada y destructiva, se incrementa el impacto negativo por el uso de explosivos y por los procesos químicos requeridos, los cuales son muy contaminantes. Asimismo, la minería a cielo abierto no representa una fuente de empleo importante debido a que se requiere poca mano de obra por el uso de maquinaria y explosivos para la mayor parte de los procesos (Martínez, 2013). Por último, cabe mencionar que México representa un paraíso fiscal para las compañías mineras debido a sus bajos requerimientos en pagos, que son inferiores a 1% del total de sus utilidades, mientras que en otros países, como en Canadá, el porcentaje está cerca de 25% (Garduño, 2013, véase el Cap 3 de C. Ganbay, “El discurso de la tradición minera mexicana”).

En Jalisco, en 2010, 24% del territorio se encontraba concesionado, contra 6.6% que había en 2005, cambio impulsado por el incremento del precio de los metales (sgm, 2011). Así, México ocupa en la actualidad el primer lugar mundial en producción de plata y se encuentra entre los diez principales productores de oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo de 2013. El sector minero-metalúrgico representa así 4.9% del pib nacional (se, 2013).

El auge de la minería se ha incrementado en los últimos años y ha ocasionado que los impactos ambientales se vean agudizados en los espacios locales. Por otra parte, un agravante a esta problemática es la minería ilegal, la cual no sólo no paga ni 1% a la nación ni lleva a cabo las escasas labores de restauración que con suerte realizan algunas minerías legales, sino que mucha de la minería clandestina se encuentra vinculada con el crimen organizado, lo que vuelve más complejos los conflictos sociales en torno a este problema socioambiental.

En el área de interés existen abundantes recursos mineros, a la búsqueda de hierro, en particular en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Villa Purificación; oro, plata, cobre y barita en El Grullo, El Limón y Chiquilistlán; y manganeso en Autlán, de acuerdo con los dis-tritos mineros definidos por el Servicio Geológico Mexicano. Así, desde la década de los cincuenta se explotan los yacimientos de manganeso y hierro de Autlán, La Huerta y Pihuamo (sgm, 2011). En la región ya se han manifestado conflictos ambientales en torno a la minería, tal es el caso de Tonaya, la Sierra de Manantlán (con la mina Peña Colorada y otras de menor tamaño) y Tequesquitlán, donde la población local organizada ha presentado su oposición a estas actividades. La pugna se da en torno al recurso del agua, los cerros, el área natural protegida y las afectaciones a las localidades por contaminación, despojo y destrucción, que implican la muerte de ganado por agua contaminada y problemas de salud de la población.

La mina Peña Colorada en el ejido de Ayotitlán en la sierra de Manantlán

La sierra de Manantlán es abundante en hierro. Algunas empresas mineras que operan en la zona son la Comercializadora Internacional de Minas, de capital chino, y la Minera del Norte (antes Minera Monterrey). Peña Colorada es una mina legal de hierro; es la más grande mina de hierro del país con 30% de las reservas nacionales. Se ubica en Ayotitlán, comunidad indígena del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y en parte del estado de Colima. Se inició en 1967 como una paraestatal para después ser privatizada; hoy en día es subsidiaria de dos corporaciones trasnacionales: Mittal Steel e Hylsa Ternium (Tetrault, 2012: 20). En Ayotitlán se ha observado una fuerte oposición a estas actividades mineras, basada en una firme organización apoyada por el Consejo de Ancianos. En 1988 más de cien indígenas realizaron un plantón frente al palacio de gobierno de Colima para protestar por los problemas causados y los pocos beneficios locales, con lo que se inició de manera formal la resistencia local (Tetrault, 2007).

En 1998 Peña Colorada pagó casi dos millones de pesos a las autoridades ejidales de Ayotitlán por la firma de un contrato que le permitiría explotar los recursos minerales de la comunidad durante los siguientes treinta años, además de prometer pagar al ejido 136 000 pesos anuales por el derecho de tirar desechos industriales en el territorio de Ayotitlán, así como 40 000 pesos anuales “para gastos del comisariado ejidal”. Sin embargo, según Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores de Ayotitlán, “De ese dinero no sabemos nada, sólo se benefician unos cuantos” (Tetrault, 2007: 334).

En esta situación, la población demandante ha sido intimidada y amedrentada, tal es el caso del líder Celedonio Monroy Prudencio, el 23 de octubre de 2012. Por otra parte, se tiene el reciente secuestro y tortura del líder Gaudencio Mancilla, el 21 de agosto de 2013, y la actual sentencia a tres años y tres meses de prisión por “portación de armas” luego de que denunció la tortura por parte de las autoridades. Esta sentencia la cumple con libertad bajo fianza y reportes constantes ante las autoridades (Ferrer, 2014).

La mina Gan Bo en Tequesquitlán

En Tequesquitlán, la minera china Gan Bo inició actividades en 2009; sin embargo, no fue hasta 2013 que se manifestó como un conflicto a partir del desalojo que realizaron las autoridades en contra de ciudadanos opositores a la actividad minera. En este caso, la minera ocasionaba una grave contaminación en la zona, con hierro y manganeso, y no contaba con la requerida manifestación de impacto ambiental. Es por eso que veintidós ejidatarios interpusieron una denuncia ante el tribunal agrario con sede en Colima, para revocar la asamblea en la que se aprobó “ilegalmente” un acta ejidal por un reducido grupo de ejidatarios. El acta ejidal que exhibieron los chinos era ilegal porque fue aprobada por la minoría, además de que “está burdamente alterada”. Asimismo, el pozo de agua que la empresa excavó es de más de trescientos metros de profundidad, que es 70% más profundo que el pozo que abastece al poblado de tres mil personas: “Esto va a traer un daño irreversible al pueblo por el problema del agua”, comentó uno de los pobladores. Éste es el principal argumento contra la minera, ya que la empresa no cumplió con ninguna autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo que la empresa hizo fue alquilar un predio; ahí hizo el pozo sin respetar ninguna ley, ninguna normatividad y sin autorización de ninguna autoridad federal. La empresa también opera la presa de desechos sin la autorización del ejido y está afectando los mantos freáticos.

Análisis comparativo de los conflictos socioambientales presentados

En lo anterior nos acercamos a cinco casos de conflictos socioambientales en el sur de Jalisco, en el occidente de México, y encontramos que se asemejan a los que podemos encontrar en todo el país (cfr. Paz, 2012), tanto como fenómenos como por la forma en que afectan los territorios locales. Si bien las causas y afectaciones de estos casos son diversas, así como los actores sociales involucrados, existe una correspondencia entre la causa, el recurso afectado y el tipo de afectación, como lo muestra la Tabla 5.

Tabla 5. Características de los cinco conflictos ambientales

Casos

Peña Colorada

Río Ayuquila

Careyitos

Tenacatita

Tequesquitlán

Ubicación

Cuautitlán de G. B.

Cuenca del río Ayuquila

La Huerta

La Huerta

Cuautitlán de G. B.

Inicio de problema

1920

Años 50

1991

1972

2009

Inicio de conflicto

1988

Años 90

2001

2010

2013

Causa de afectación

Minería

Disposición de residuos

Desarrollo turístico

Desarrollo turístico

Minería

Recurso afectado

Territorio,

área natural protegida,

bosques,

cerros,

agua y suelo

Agua

Zona costera

Zona costera

Territorio,

bosques,

cerros,

agua y suelo

Tipo de propiedad donde se da conflicto

Ejido y federal (minerales)

Federal: agua

Federal: concesiones que se traslapan

Privada, ejido y federal: diferentes asignaciones del mismo terreno y a diferentes personas

Privada y federal: concesiones mineras y renta a propietarios particulares

Tipo de afectación

Invasión,

destrucción,

contaminación

Contaminación

Despojo

Despojo

Invasión,

destrucción,

contaminación

Impactos a la salud

Sí

Sí

No

No

Sí

Impactos al ambiente

Contaminación de aire, agua, suelo, pérdida de biodiversidad, ruido, deforestación, erosión del suelo

Contaminación del agua, pérdida de biodiversidad

Aún no

Afectación a manglares

Contaminación de aire, agua, suelo, ruido, deforestación, erosión del suelo

Impactos a la economía local

Impacto a las actividades agropecuarias por la contaminación y la imposibilidad de cualquier actividad productiva futura en la zona

Impacto a las actividades agropecuarias y pesqueras por la contaminación

Impacto a la actividad pesquera

Impacto a la actividad pesquera y a las actividades turísticas locales

Impacto a las actividades agropecuarias por la contaminación y la imposibilidad de cualquier actividad productiva futura en la zona

Impactos a los modos de vida locales

El río ya no se puede usar para bañarse

El ingreso y disfrute de la playa ya no es libre

El ingreso y disfrute de la playa ya no es libre

Daños a viviendas, ruido

Centro de disputa

Territorio

Calidad de agua

Acceso a playa y posibilidad de pesca

Acceso a playa y posibilidad de pesca

Seguridad y salud del poblado, agricultura, territorio

Fuente: Elaboración propia.

En tanto a las obras de minería, éstas son similares en al menos los dos casos discutidos. Asimismo, se parecen a lo que se observa en el ámbito nacional al afectar la calidad de agua a falta de mecanismos que obliguen y supervisen a las empresas para que traten el agua que desechan, lo que tiene como consecuencia problemas de intoxicación de ganado, cultivos afectados y, sobre todo, daños a la salud de la población y en general afectaciones al ecosistema. La Tabla 6 resume las características de la dinámica social en torno a este conflicto.

Tabla 6. Caracterización de la dinámica social en torno a la actividad minera

Actividad principal de la coproducción

Agricultura y ganadería

Actores locales involucrados

Campesinos e indígenas

Aliados de los actores locales

Institución académica/movimientos sociales

Actores externos

Empresa minera

Aliados de actores externos

Gobierno del estado

Tipo de desapropiación

Privatización/manejo y manipulación de conflictos/ Redistribuciones del estado

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la privatización de las playas, los pescadores, tradicionalmente ligados a las costas mexicanas, son los primeros afectados porque los desarrollos turísticos de lujo que llegan no quieren su presencia; pierden su trabajo con ello y, en el mejor de los casos, consiguen un trabajo mal pagado, a decir de ellos, como empleados en los hoteles que van construyendo. La Tabla 7 resume las características de la dinámica social en torno a este conflicto.

Tabla 7. Caracterización de la dinámica social en torno a la privatización de playas

Actividad principal de la co-producción

Pesca

Actores locales involucrados

Pescadores

Aliados de los actores locales

Movimientos sociales

Actores externos

Empresarios de desarrollo turístico

Aliados de actores externos

Gobierno del estado

Tipo de desapropiación

Privatización/Manejo y manipulación de conflictos/ Redistribuciones del estado

Fuente: Elaboración propia.

El caso de la contaminación del río Ayuquila se caracteriza básicamente por la deficiencia en el tratamiento de residuos contaminantes y por las omisiones en que incurren las autoridades gubernamentales para supervisar y obligar a los responsables a que apliquen las medidas correctivas. La Tabla 8 resume las características de la dinámica social en torno a este conflicto.

Tabla 8. Caracterización de la dinámica social en torno a la contaminación del agua

Actividad principal de la coproducción

Agricultura y ganadería

Actores locales involucrados

Campesinos

Aliados de los actores locales

Institución académica/drbsm

Actores externos

Ingenio azucarera

Aliados de actores externos

Gobierno del estado

Tipo de desapropiación

No aplica

Fuente: Elaboración propia.

Un denominador común entre estos cinco casos de conflicto ambiental es la resistencia u oposición de la población, que poco a poco adquiere conciencia de los efectos perversos del “desarrollo” que los excluye. Un mal desarrollo que implica el deterioro de su calidad de vida, del ambiente y de los recursos esenciales para la reproducción de su cultura.

En los cinco casos analizados nos referimos a “bienes de la nación”:2 playas, ríos, minerales. Estos bienes que pertenecen a la colectividad, es decir, a los mexicanos que conforman la nación, son paradójicamente enajenados mediante la muy controversial figura llamada concesión otorgada por el gobierno federal. Es decir, la causa de todos estos conflictos deriva de una interpretación deformada del bien público, de la incapacidad del Estado mexicano y sus agen-cias de desarrollo para definir un modelo de aprovechamiento de los recursos que sea inclusivo en términos sociales y que sea establecido a partir de las aspiraciones de los pobladores locales y no como consecuencia de un modelo neoliberal capitalista guiado por la extracción acelerada de los recursos naturales (Tablas 6, 7 y 8).

Conclusiones

En las zonas rurales, las relaciones sociales y ecológicas se estructuran mediante los procesos de coproducción. Esta estructuración le da la especificidad a las diferentes sociedades rurales y sus formas de apropiación de la naturaleza. Sin embargo, si bien la coproducción originalmente ha tenido un carácter intrarregional, en la actualidad son cada vez más los procesos externos que la estructuran y reestructuran (Ploeg, 1994). Además, como hemos visto, son cada vez más frecuentes los procesos externos que ocasionan una ruptura en las relaciones locales entre sociedad y naturaleza, y que tienen que ver con el modelo económico dominante. Entre otras, estas rupturas conllevan una pérdida de sustentabilidad y, por ende, representan una amenaza a la conservación de la biodiversidad.

El crecimiento de los conflictos ambientales es un indicador de la insustentabilidad del sistema económico de índole neoliberal y las formas de manejo de los recursos naturales que promueve. Al contrario, más que fortalecer procesos de igualdad y equidad, generan mayor desigualdad y mayor conflicto entre los diferentes actores sociales que conforman nuestra sociedad.

Siguiendo el argumento del párrafo anterior, encontramos en los distintos casos presentados en este capitulo coincidencias importantes que tienen que ver con la forma en que se llevan a cabo este tipo de decisiones en el país, tales como la falta de información oportuna de las obras que han de realizarse, así como la inexistencia de consultas populares para conocer la opinión de la población que resultará afectada. Esto nos habla de la inexistencia de mecanismos para garantizar la soberanía nacional, donde se puedan negociar las distintas necesidades e intereses de los distintos actores sociales con una visión nacional (Tetrault, Ochoa y Hernández, 2012; Paz, 2012).

Asimismo, en cada uno de los casos registramos una serie de ilegalidades, como la falsificación del acta de asamblea debido a la falta de aplicación de la normatividad vigente, así como la imposición del poder por medios de coerción, como la intimidación y las amenazas contra actores sociales en resistencia, y que van en detrimento de los intereses colectivos.

Otro aspecto que llama la atención es la demora o el largo proceso que se ocupa para que un problema se convierta en conflicto. En los casos presentados, algunos llevan casi setenta años sin solución aparente, mientras que el de Tequesquitlán, en tan sólo cuatro años, logró identificarse y conformar su resistencia. Esto parece relacionarse con el hecho de que en los últimos años, además, los conflictos socioambientales y sus resistencias se asocian a la existencia de redes de apoyo y a la participación de actores sociales con más experiencia.

En relación con el tema del territorio que mencionamos al principio de este capítulo, los conflictos ambientales deben entenderse a partir del territorio específico en el que se desenvuelven, dado que éstos se desarrollan no sólo en torno a recursos naturales específicos, sino en torno a formas particulares de apropiación, a la forma en que se construyen las relaciones sociales y a las cosmovisiones que responden a lugares y momentos específicos. Se trata entonces no sólo de la lucha por un recurso, sino de la lucha por un territorio en el cual sus pobladores toman decisiones con base en su historia y sus conocimientos, así como sus aspiraciones como sociedad. El territorio es algo a lo que se pertenece, pero que también nos pertenece; y las decisiones que se toman sin consideración a esta historia y conocimientos son la fuente primaria de los conflictos. Así, las resistencias construidas a partir de estos distintos casos de conflictos ambientales son diferentes en la medida en que reflejan determinados territorios y conjuntos de actores (Toledo, 2000). De esta manera, los conflictos socioambientales se reconocen, entonces, con una mayor complejidad por la interacción entre diversos actores sociales tanto locales como externos, con sus diferentes valoraciones, conocimientos y poder en torno a los recursos de interés colectivo. Como consecuencia, se trata de una negociación que se da alrededor de la normatividad; pero, más allá de ella, para obtener su objeto de interés: unos luchando para defender sus medios de subsistencia ya sea mediante la pesca o actividades turísticas; otros que pelean por tener sus comunidades libres de tóxicos provenientes de la minería a cielo abierto y no quedarse con cerros o suelo destruidos, además de mantener en buen funcionamiento sus trabajos agropecuarios y los cimientos de sus viviendas, mientras la otra parte pelea por fierro y otros metales para aprovechar el buen precio del mercado actual; y, por último, los que exigen un río limpio para su salud y por la de los seres vivos asociados a éste, además de los usos agropecuarios, mientras que otros se resisten a pagar el costo de un tratamiento adecuado de agua.

Los impactos ambientales y sociales en la región son amplios. Por una parte, hablamos de casos donde se tienen modelos insustentables desde la perspectiva ambiental, lo que a mediano y largo plazo afecta de manera importante la vida de las poblaciones de la región. Por otra parte, la conflictividad social resta gobernabilidad, lo que debilita a los gobiernos locales. En este sentido, la resistencia permite fortalecer algunos grupos de la sociedad civil organizada y pensar en una democratización de abajo hacia arriba y a partir de las necesidades y derechos de las poblaciones locales. Podemos ver así que, en estos casos de conflictos ambientales, los grupos en resistencia se han vinculado con redes solidarias que les dan soporte en este tipo de demandas ciudadanas y que van marcando al gobierno la pauta de por dónde se deben construir los consensos; así, a partir de la ciudadanía, se puede vislumbrar el horizonte de un país que efectivamente pueda ejercer su soberanía.

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En busca de la equidad social y cognitiva: acciones de vinculación comunitaria de programas de Desarrollo Sustentable en dos universidades interculturales1

Mauricio Sánchez Álvarez

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Introducción

Por encargo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib) de la Secretaría de Educación Pública, en 2011 me dispuse a evaluar el funcionamiento de los programas de desarrollo sustentable de las universidades interculturales adscritas a esa dependencia. Seleccioné entonces cinco universidades para visitar: las de los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Michoacán (en ese orden), fijándome principalmente en el carácter de las respectivas plantas docentes: qué tipo de profesionistas las integraban, qué enseñaban y cómo, y qué piensan acerca de su labor. Tres años más tarde, como parte del proyecto “Regiones indígenas de México en el nuevo milenio”, del inah, visité la Universidad Intercultural de Chiapas, con intereses similares. De hecho, la educación universitaria intercultural es una experiencia formativa relativamente novedosa no sólo en México, sino en América Latina. Además, nuestro país es el único de la región en que el gobierno opera un sistema multirregional de universidades oficiales interculturales, esto es, que están distribuidas en distintos estados, que en la actualidad son doce,2 con casi 10 000 estudiantes.3 Todavía más importante es que, de acuerdo con el modelo educativo que la rige (Casillas y Santini, 2006), la educación superior intercultural oficial en México presenta ciertas diferencias en materia de currículum, pedagogía y tareas sustantivas con respecto a lo que sería una universidad convencional. En la enseñanza universitaria intercultural tienen cabida materias y contenidos relacionados con los conocimientos y prácticas desarrolladas por agrupaciones afromexicanas, indígenas y campesinas. Esto tiene un doble propósito: contribuir a la revaloración de dicho patrimonio y, al mismo tiempo, propiciar un diálogo cognitivo con contenidos “occidentales”, que también tienen una fuerte presencia. Asimismo, en materia de pedagogía, en las universidades interculturales se promueve que el maestro asuma una postura dialógica frente al alumno, reconociendo que éste es primordialmente un sujeto depositario y elaborador de saberes.4 Y en lo referente a tareas sustantivas, además de la docencia, investigación y divulgación, que son rasgos de toda institución de educación superior, las universidades interculturales también realizan vinculación comunitaria (que en otras instituciones es algo aleatorio). Ésta cubre una amplia gama de actividades, todas dirigidas a atender problemas de las organizaciones y localidades de la respectiva zona de influencia, lo cual subraya su sentido de compromiso con las necesidades e intereses principalmente (pero no en forma exclusiva) de las minorías étnicas y comunidades rurales.

Uno de los aspectos que, de entrada, le interesaba establecer a la cgeib era cómo los distintos programas estaban realizando sus acciones de vinculación comunitaria, pues se esperaba que éstas, además de ser acciones prácticas, debían dar lugar a un intercambio de conocimientos entre docentes, alumnos y miembros de las organizaciones locales. Es decir, el docente debe tratar a estos últimos en forma similar a los alumnos, como portadores y elaboradores de saberes, situación que aquí se tipifica como de equidad cognitiva. Como se verá a lo largo de este texto, los datos recogidos con respecto a la vinculación comunitaria en tanto tarea sustantiva y también como conjunto de acciones concretas no corroboran del todo esa expectativa institucional, pero tampoco la desmienten. Más bien, parece que se trata de un panorama que varía considerablemente: entre universidades, entre programas e incluso entre docentes de un mismo programa. De hecho, ninguna experiencia de las visitadas expresa en realidad, con estricta fidelidad, el ideal de equidad social, cultural y cognitiva que plantea el modelo educativo intercultural. Más bien, algunas tienden a ser de mayor equidad social y cognitiva (es decir, más “horizontales”) que otras (que así resultarían más “verticales”).5 La sección medular de este trabajo describe y compara dos acciones de vinculación diferentes, una en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (uieg), que se considera más “vertical”, y otra en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (uiep), considerada más “horizontal”.

Para explicar tanto la variabilidad general de las acciones de vinculación entre las universidades interculturales como las diferencias específicas entre las acciones de vinculación “vertical” y “horizontal” seleccionadas, se ha apelado a un esquema analítico que integra distintos factores institucionales que, en opinión de quien escribe, influyen en determinar el carácter y desenvolvimiento de una acción de vinculación. Del más general al más particular, dichos factores son: la normatividad existente para las universidades interculturales en materia de vinculación, establecidas por la cgeib; las políticas que cada universidad define al respecto; la postura de cada programa formativo y cuerpo docente (en este caso, de la carrera de desarrollo sustentable); y por último, las determinaciones que toma el docente encargado de la correspondiente acción de vinculación. Como puede notarse, estos factores están ordenados según niveles de organización institucional y cada uno corresponde a cierto actor,6 que en orden son: la cgeib (que coordina el sistema de universidades interculturales), la universidad, el programa y el docente. Si bien dichos actores forman parte del un mismo sistema institucional que los articula, el análisis se está centrando en el nivel más concreto, esto es, en el papel del docente como responsable de la acción de vinculación. Los demás factores del sistema entonces son contextuales, pero no se consideran pasivos. Más bien, cada uno influye de cierto modo en la respectiva acción de vinculación, de tal modo que el marco explicativo de este trabajo está integrado por una multiplicidad de determinaciones, entre las cuales ocupan el proscenio aquellas que toma el docente, diseñando e instrumentando la respectiva acción de vinculación.

Para efectos del presente trabajo, la acción de vinculación se entiende como un proceso social complejo integrado por aspectos ambientales, organizativos y cognitivos, articulados entre sí como un sistema socioambiental. Es decir, dicha acción tiene lugar sobre un escenario físico de tipo productivo por medio de la actividad concertada de ciertos sujetos, quienes elaboran allí ciertos conocimientos relativos a dicha experiencia.7 No obstante la integralidad de estos aspectos, el foco analítico está puesto en las determinaciones que toma el docente, esto es, en su poder para crear un cierto orden socioambiental, de tal modo que los aspectos ambiental y cognitivo quedan subordinados a éste.8 En otras palabras, se postula que el modo en que el docente organiza la acción socioambiental (que no es aleatorio) le da cierta direccionalidad al modo en que se elaboran los conocimientos respectivos, pudiendo ser más “horizontal” o más “vertical”.

Una acción de vinculación no es un simple conjunto de procedimientos técnicos, sino más bien una construcción social histórica y socioambientalmente determinada que expresa una postura ante un estado de cosas.9 Es, al mismo tiempo, una respuesta crítica a un problema local o regional previamente diagnosticado y una propuesta alternativa a ella. Además, suele enmarcarse dentro de cierta visión socioambiental del mundo que postula la existencia de una “crisis civilizatoria” con la que no se está de acuerdo, la cual se pretende contrarrestar precisamente con la correspondiente acción de vinculación. Dicha visión tiende a asociar la degradación del entorno con una estructura social esencialmente inequitativa e injusta y la postergación de grupos populares en general, sobre todo los de tipo étnico (afromexicanos, indígenas y campesinos), cuyas formas de aprovechamiento ambiental seculares suelen considerarse como claves para remontar el estado de inequidad reinante. En otras palabras, la acción de vinculación también expresa una confrontación entre dos órdenes socioambientales: el criticado y el alternativo.

Así, el mayor o menor grado de equidad, social y cognitiva de una acción de vinculación comunitaria, evidente en la jerarquía que se establece entre el docente, por un lado, y los alumnos y personeros comunitarios, por el otro, revela la postura que tiene el propio docente de los asuntos socioambientales.10 El patrón organizativo y cognitivo que estructura la acción en términos más verticales u horizontales es, en buena parte, resultado de una interiorización de experiencias previas que el docente ha tenido durante su trayectoria formativa y profesional.

En las páginas que siguen, el tema de la equidad social y cognitiva en las acciones de vinculación comunitaria que realizan docentes de las carreras de desarrollo sustentable de las universidades intercultu-rales se discute en tres apartados. Primero, se aborda la variabilidad de las acciones de vinculación comunitaria en las universidades interculturales según los distintos niveles organizativos. Luego se describen y comparan dos casos de acciones de vinculación comunitaria, una en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y otra en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, tipificadas como “vertical” y “horizontal”, respectivamente.11 Y al final se plantean una serie de hallazgos y reflexiones a las cuales el análisis realizado permite arribar.

La vinculación comunitaria en la educación superior intercultural estatal en México

Coincidiendo con el nuevo milenio y la alternancia en el Poder Ejecutivo federal en México, emergió una propuesta educativa novedosa (aunque no del todo nueva) dirigida, entre otras, a revalorar el patrimonio cultural y cognitivo de los pueblos originarios y afrodescendientes del país, y que se ha venido a conocer como educación intercultural. Para hacerse cargo de ello, el gobierno de México creó una dependencia, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (sep). No obstante su adscripción formal, la cgeib ha impulsado acciones formativas en los diferentes niveles educativos (educación básica, media, media superior y superior), siendo uno de sus emprendimientos más ostensibles la creación de un sistema multirregional de universidades interculturales, que opera en doce entidades federativas y en colaboración con los respectivos gobiernos estatales.

Entre los rasgos que distinguen a la educación universitaria intercultural figuran 1) la revaloración de la cultura de las sociedades amerindias y afroamericanas como un patrimonio;12 2) el diálogo entre dicho patrimonio y el de otras sociedades, en particular (lo que llamamos de modo genérico) Occidente; 3) el ejercicio de una pedagogía que hace hincapié en la equidad cognitiva, por la cual el docente reconoce que el alumno es un sujeto portador y elaborador de conocimientos;13 y 4) el servir a la restitución histórica y bienestar económico y social de las mismas sociedades amerindias y afroamericanas. En el plano cu-rricular, la revaloración cultural trata de expresarse en la presencia de contenidos, materias y actividades en que se estudia la cultura de origen con el fin de reforzar la identidad del estudiante. De igual manera, el diálogo civilizatorio procura traducirse en la presencia de contenidos, materias y actividades que han sido generadas por el conocimiento occidental, mientras que la pedagogía con sentido de equidad cognitiva se trata de plasmar incorporando métodos de enseñanza dialógicos basados en el pensamiento constructivista, y el servicio a la restitución y el bienestar de los pueblos afro e indoamericanos trata de expresarse en la realización de actividades teórico-prácticas adecuadas a las condiciones y capacidades de dichos pueblos. Es en este último renglón donde figuran las acciones de vinculación comunitaria que suelen consistir en proyectos de desarrollo que los estudiantes, usualmente asesorados por docentes, realizan en colaboración con organizaciones y comunidades locales.

Tan importante es la vinculación comunitaria para las universidades interculturales que se considera una función sustantiva de ellas, a la par de la docencia, la investigación y la difusión, las tres en que suelen distribuirse habitualmente las actividades de las universidades y centros de investigación (donde la vinculación es más bien opcional, no obligatoria). En la normatividad de las universidades interculturales, formulada por la cgeib, la vinculación aparece caracterizada como

un conjunto de actividades que implica la planeación, organización, operación y evaluación de acciones en que la docencia y la investigación se relacionan internamente en el ámbito universitario y externamente con las comunidades para la atención de problemáticas y necesidades específicas. […] las acciones de vinculación con la comunidad coadyuvan al desarrollo social, cultural y productivo de las comunidades, orientando no sólo el quehacer formativo sino también líneas de investigación […]. Así, la Universidad Intercultural (sic) cumple su función de pertinencia académica y social al contribuir a la solución de problemas de su entorno y establecer una relación de beneficio mutuo entre ella y la comunidad (Casillas y Santini, 2006: 153-154).

Esta directriz, de carácter general, puede ser entendida y sobre todo realizada de distintas maneras, ya sea por cada universidad o por cada programa, o incluso por cada docente, según su perspectiva y también sus intereses. Por ejemplo, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo) ha colocado a la vinculación comunitaria en el currículum de todos sus programas como una serie de materias anuales escalonadas, de corte teórico-práctico, en que el estudiante va acreditando progresivamente la carrera. En el primer año le corresponde elaborar un diagnóstico de la comunidad visitada, en el segundo debe formular proyecto, en el tercero recabar la información necesaria y en el cuarto y último entregar la tesis resultante del proceso (Rosado, 2009). Las demás universidades suelen ver la vinculación como una actividad más paralela a la formación en el aula, en que el estudiante gana experiencia y que no necesariamente está imbricada con el trabajo terminal de acreditación profesional.

Pero hay otra serie de circunstancias que hace que las acciones de vinculación sean bastante específicas al lugar y la región en que están operando. La más evidente es que, dado que se trata de responder a problemas que viven las comunidades circundantes, las actividades que se han de emprender deben adecuarse a dichos problemas y, por ende, suelen diferir de una universidad a otra. Así, y en lo que a asuntos socioambientales se refiere, mientras la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, situada en lo alto de la Montaña de Guerrero, prioriza el combate a la erosión, la Intercultural de Puebla, ubicada en una zona cálida de la Sierra Norte de Puebla, está más preocupada por impulsar la agricultura doméstica y comercial de maíz y café. Otras circunstancias, menos ostensibles, tienen que ver con la necesidad de legitimación y arraigo de cada universidad entre las localidades de su respectiva región, ya que también suelen competir con otras instituciones de educación superior por captar alumnos. La de Guerrero, por ejemplo, enfrentaba la competencia de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), cuya sede estaba en una región costera vecina y, de hecho, se consideraba a sí misma como la verdadera universidad intercultural del estado. Por su parte, la Intercultural de Puebla, que se suele promover en los muros blancos de las carreteras que van a su sede principal en Huehuetla, con pintas en que su escudo aparece acompañado del slogan publicitario “Somos la mejor opción”, está inserta en un entorno institucional todavía más competido. En la Sierra Nororiental de Puebla operan al menos diez instituciones de educación superior, entre las cuales figuran (además de la uiep) sedes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad de Puebla en Cuetzalan, así como el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla y el Instituto de Estudios Superiores de la Sierra, también en esta última ciudad (Todo Puebla, s.f.). Dado que las universidades interculturales son instituciones bastante noveles, con una oferta educativa más novel aún, la necesidad de legitimación y arraigo local y regional no es un asunto menor, de modo que la vinculación comunitaria puede servir a estos propósitos. La institución puede actuar por medio de los programas formativos enviando brigadas de estudiantes a determinadas localidades (cosa que realizaba la uiep), para realizar proyectos de desarrollo tecnológico en acuerdo con ciertas localidades u organizaciones, pero al margen de los programas (cosa que hacía la uieg).14

Desde la perspectiva de los programas de desarrollo sustentable, la especificidad de las acciones de vinculación comunitaria que realizan es evidentemente mayor que la de las universidades no sólo porque cada uno procura adecuarse a circunstancias sociales, culturales y ambientales particulares, sino porque lo hace con cierto sesgo profesional, orientando el programa en uno u otro sentido. Por ejemplo, la Uimqroo tiene una carrera relacionada con desarrollo sustentable que lleva por nombre Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos, lo cual hace que el currículum mismo sea más de ciencias naturales y tecnológico que las licenciaturas en desarrollo sustentable que ofrecen casi todas las demás universidades. Digo “casi todas las demás” porque la otra excepción es la Ingeniería en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma Indígena de México (uaim), con sede en Sinaloa, que, en virtud de la historia muy peculiar de la institución (fue creada bastante antes y en otras circunstancias que las otras universidades interculturales), su programa de estudios es muy diferente y, de hecho, no incluye acciones de vinculación comunitaria como tales (aunque sí prácticas de campo).

Un caso no menos peculiar es el de la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (uiim) que, al menos en las entrevistas con los colegas docentes realizadas a fines de 2011, sostenía como política académica no realizar vinculación comunitaria, aunque sí prácticas de campo. La razón invocada era sencilla: no se hace vinculación durante la carrera porque se prefiere que el alumno la haga una vez egresado. Es muy posible que esta postura se apoye en otra circunstancia de tipo estructural: el programa se orienta hacia dos especialidades, etnoecología y energías renovables, ambas con mucho trabajo experimental, la primera en campo y la segunda en laboratorio.15 El hecho de no realizar vinculación comunitaria posiblemente deriva, entonces, de este doble sesgo (el tipo de especializaciones que ofrece el programa y el marcado carácter experimental de ambas). Por contraparte, las demás licenciaturas en desarrollo sustentable presentan un mayor sesgo hacia sistemas de producción agrícolas y (en menor medida) pecuarios.

Hay, al menos, dos maneras en que la vinculación comunitaria puede variar dentro de un programa formativo. La primera, y más común, es cuando la vinculación consiste en que los alumnos realicen visitas regulares a localidades de la región de influencia (las cuales pueden tener lugar durante el periodo de clases o en vacaciones). En este caso, el método de trabajo consiste en efectuar un diagnóstico comunitario, detectando una necesidad que puede ser atendida (se entiende, desde la perspectiva de la carrera), y elaborando el proyecto respectivo, que puede ser productivo (por ejemplo, el establecimiento de una huerta con un grupo de mujeres) o educativo (una campaña de sensibilización, por ejemplo). Y el docente se dedica más a supervisar el trabajo de distintos grupos de alumnos, lo cual le puede llevar a abarcar diferentes temas. Mientras que la segunda modalidad (y menos habitual) consiste en que los docentes del programa, de acuerdo con su respectiva especialidad (por ejemplo, agroecología o etnoecología), establecen proyectos a los que se suman alumnos y miembros de comunidades, en los cuales los primeros adquieren determinadas habilidades profesionales (por ejemplo, de investigación o de manejo de un procesos productivo). Tanto la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (ueig) como la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (ueig) han desarrollado considerablemente ambas modalidades, cosa que no parece muy común en otras universidades interculturales.16

Veamos ahora el modo en que se distribuyen los distintos espacios de la parcela experimental de la ueig de acuerdo con las especialidades de su planta docente. La parcela prácticamente rodea los edificios de la universidad, que está situada sobre las laderas de una loma muy erosionada, en que, si hace sol, la tierra puede ser de color rosa claro, o si llueve, un ocre brillante. A espaldas de los edificios se ha establecido una arborización de pinos y matorrales, así como un sitio cercado, de aproximadamente media hectárea, con todo tipo de muestras de cómo controlar la erosión: desde zanjas, tinajas y una cama de piedras hasta siembras de zarzamoras, cactáceas y pinos. Mientras que en la parte de abajo hay una serie de terrazas, con siembras de frijol y maíz, entre otros, un jardín de plantas medicinales; y en las pequeñas quebradas, obras para retener suelo y agua con bolsas de arena y hule. Finalmente, a un costado de la construcción, hay una serie de camas biointensivas con varios cultivos, además de estufas ahorradoras de leña. En 2011, año de la visita a la ueig, el núcleo duro del cuerpo docente del programa de Desarrollo Sustentable estaba integrado por cuatro profesores de tiempo completo, dos de ellos etnoecólogos egresados de Ecosur y los otros dos egresados de la Universidad de Chapingo campus Morelia. Un docente tenía a su cargo la sección de control de erosión en la parte alta, otra las terrazas y el jardín etnobotánico en la parte baja, y otros dos la sección dedicada a camas biointensivas. Durante aquella visita, no averigüé si los alumnos pasaban por las tres secciones, como si se tratase de familiarizarlos con cada modalidad, o si más bien trabajaban sólo en una. Lo que sí registré es que cada sección se levantó gracias al esfuerzo combinado de docentes y alumnos, y que más de un alumno realizó su tesis sobre una determinada actividad (por ejemplo: camas biointensivas) en alguna de las secciones.

A fin de redondear el tema de cómo varía la vinculación en un programa según los distintos docentes, en la licenciatura de Desarrollo Sustentable de la ueig también trabajaba un agrónomo formado en Chapingo, quien, a diferencia de sus colegas, impulsaba proyectos de vinculación fuera de las instalaciones de la universidad, en localidades cercanas. Esto implicaba, evidentemente, un contacto directo con asuntos y productores locales; y, por lo mismo, un estilo de trabajo diferente a aquél, más experimental y académico, que practicaban los otros docentes.

Con lo expuesto en esta sección se puede reflexionar de nuevo y de manera más general acerca de cómo funciona el complejo sistema institucional de las universidades interculturales en lo que a acciones de vinculación comunitaria se refiere, tomando en cuenta los distintos niveles organizativos (la cgeib, la universidad, el programa y el docente).No obstante el carácter —en principio— vertical del sistema, marcado por el establecimiento de una norma común desde el centro del mismo (la cgeib), cada nivel toma ciertas determinaciones con respecto a la vinculación comunitaria, lo cual indica que actúa con cierta autonomía en relación con los demás. En este complejo entramado institucional el poder ciertamente está ordenado de arriba abajo, de tal modo que mientras más inclusivo es un nivel, mayor es su capacidad de decisión formal dentro del sistema. Sin embargo, las instancias menos inclusivas (o inferiores) están más cerca de la realización de las acciones concretas, por lo que detentan mayor capacidad operativa que los niveles más inclusivos, más distantes de ellas. Esto último contrapesa la verticalidad del sistema, de tal modo que el sistema no funciona de manera monolítica y unidireccional (o mecánica), sino mediante una cadena de instancias, en que cada una parece mediar entre la respectiva instancia superior e inferior. A su vez, la relativa autonomía de cada nivel y la variabilidad resultante contribuye a explicar por qué se pueden presentar, en el nivel más concreto, acciones más “verticales” o acciones más “horizontales, tema que se verá más en detalle a continuación.

Dos casos contrastados de acciones de vinculación comunitaria: la uieg y la uiep

Para la sección etnográfica de este trabajo se han escogido dos parcelas experimentales: una en el campus de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (uieg) y otra en el de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (uiep), considerando que cada una representa un tipo de vinculación diferente en lo que a aspectos organizativos y cognitivos se refiere. De entrada, es importante señalar que una acción de vinculación comunitaria realizada por un programa de desarrollo sustentable de una universidad intercultural puede entenderse como fruto de una suerte de diálogo entre el docente a cargo de ella y determinadas condiciones socioambientales que éste ha detectado en la región de influencia de la institución, las cuales quiere enfrentar poniendo en juego determinados conocimientos profesionales. Trátese de una campaña de educación ambiental que va a llevarse a cabo en una escuela primaria o del establecimiento de una parcela en terrenos de la universidad, la acción es una respuesta a un problema específico, en cuyo diseño se toman en cuenta tanto factores ambientales como socioculturales, más si se trata de una universidad intercultural. El proyecto que se desarrollará procura adecuarse, entonces, a ciertas formas de aprovechamiento o de deterioro del entorno, en particular a las capacidades tecnológicas, organizativas y (ojalá) simbólicas de la localidad, para que resulte asimilable por parte de los pretendidos beneficiarios.

La parcela experimental de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

A más de 2 500 metros de altitud en la Montaña de Guerrero, en medio de un lomerío interminable en el que se alternan bosques de pinos, milpas y terrenos de pastaje, y donde los suelos rosados, producto de la erosión, ya son parte del paisaje, la uieg mira abajo, hacia una de las vertientes suroccidentales del gran río Balsas. Construida al lado del pueblo de La Ciénega, que no tiene más de 250 casas de paredes de adobe,17 cemento o madera y techos de zinc, la universidad parece una serie de grandes cajas de cemento color mostaza y vidrio. No deja de ser un mundo aparte, con su permanente actividad, que para muchos va de ocho de la mañana a ocho de la noche: jóvenes y maestros yendo y viniendo, manejando computadoras o pensando en la siguiente clase o práctica, camionetas que llegan o salen, y (en el momento de la visita) edificaciones e instalaciones aún en construcción, entre las cuales figuraban un estanque piscícola y un amplio vivero para árboles. Para el estudioso de lo socioambiental, algo que destaca de la arquitectura de la universidad es la instalación de biodigestores para tratar las aguas negras. Se supone que con éstos se podrá obtener abono y también recuperar agua para la parcela experimental que está a cargo del Programa de Desarrollo Sustentable.

Como ya se dijo en la sección anterior, la parcela experimental consiste en tres espacios alrededor de la universidad. A espaldas de ella, y por donde se llega a ésta, bajando una loma muy erosionada, la cual abarca cerca de media hectárea, hay un campo experimental en que se han establecido todo tipo de procedimientos para combatir el desgaste del suelo. En el frente, mirando hacia el Balsas, abajo hay terrazas agrícolas y un jardín etnobotánico; y a un costado, más cerca de los edificios, una serie de camas biointensivas, además de estufas ahorradoras de leña. Se ve que, en conjunto, la parcela lleva varios años diseñándose y construyéndose, y que aún está en proceso. Los tres espacios parecen tener un sustrato analítico común: desde distintas propuestas se trata de contrarrestar la aparente presión excesiva sobre el entorno, evidente en el retroceso del bosque, el arrinconamiento de la milpa y el avance de la erosión detrás del pastoreo, con propuestas de conservación y restauración de suelos, así como de intensificación productiva. Éste es el diálogo socioambiental que, desde la universidad y el programa, se ha entablado con la Montaña de Guerrero y su gente.

En los distintos recorridos que efectué de estos espacios, acompañado del especialista respectivo, averigüé que han sido construidos por los docentes y los alumnos, varios de los cuales han realizado sus tesis profesionales en el proceso. En apariencia, la gente de la región no ha participado en la construcción de estos proyectos. Más bien han acudido a algunos cursos, en particular de camas biointensivas (impartidos por especialistas extranjeros invitados, además de los docentes del programa); y, sobre todo, han mirado con cierta curiosidad el desenvolvimiento de la parcela como tal. Fruto de ello, según explican los docentes, ha sido el interés en replicar algunos trabajos. Así, en una localidad vecina, las autoridades quieren empezar a controlar la erosión; y no muy lejos de esa parcela llena de todo tipo de experimentos dedicados al tema, se avista otra en la distancia, en que se ven magueyes sembrados y ramas ordenadas por curvas de nivel. Mientras que en la presidencia municipal de Malinaltepec (municipio al que pertenece La Ciénega) se está pensando en establecer un jardín etnobotánico similar al de la universidad.

Todo esto revela una estrategia particular de difusión de conocimiento, así como de acercamiento a la gente local. Se trata de una visión a largo plazo, cimentada inicialmente en las habilidades y conocimientos de los propios docentes (más que en los de la gente de la región),18 en que la universidad y el programa se sitúan como centros de propagación a los cuales, como ya se indicó, la gente de la Montaña debe acudir. Se trata de una postura “vertical” en que el conocimiento fluye de arriba abajo, expresión también de una relación social igualmente verticalizada, pero de ninguna manera rígida e irreversible, como parece indicar el hecho de que hubiese interés de parte de la gente local ya sea en asimilar procedimientos o replicarlos, y también la actitud paciente y nada impositiva por parte de los docentes hacia ésta.

Hay otro par de rasgos que quizá contribuyen a explicar el carácter “vertical” de la vinculación comunitaria aquí. El primero tiene que ver con una cierta actitud por parte de los docentes en actuar y ser reconocidos como una academia científica, evidente en su interés en asistir a congresos de etnoecología y ramas similares, y en realizar investigación experimental y taxonómica.19 Este segundo rasgo también puede relacionarse con que tres de los docentes que habían levantado la parcela no tenían experiencia previa trabajando en comunidades o con organizaciones. Previamente, más bien habían trabajado en investigación y en docencia, pero no en tareas de extensión (la docente restante sí tenía experiencia en esto último y en docencia). Además, para uno de ellos el trabajo en la uieg era prácticamente el primero desde que había egresado del posgrado, mientras que los demás tenían trayectorias relativamente cortas. De esta manera, entran en juego otros dos factores encadenados: la formación profesional y, sobre todo, la trayectoria y experiencia laboral, ya que en éstos el actual docente ha aprehendido pautas tanto organizativas como cognitivas que lo marcan, sea que las reproduzca o que las modifique.

La parcela experimental de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Pocos lugares pueden contrastar más con la Montaña de Guerrero que la región nororiental de la Sierra Norte de Puebla, aunque ambos apenas difieren en tres grados de latitud, pero miran a costas diferentes: el Pacífico la primera y el golfo de México la segunda. Huehuetla, el municipio en que se ubica la sede principal de la uiep, se encuentra encajonada en los contrafuertes por los que se desciende desde el altiplano hacia las tierras bajas del golfo. No obstante lo rocoso y empinado, el terreno es sumamente verde y feraz, como un secreto tropical muy bien guardado. La universidad misma está un poco retirada de la cabecera municipal, a unos veinte minutos en coche. No está, por así decirlo, pegada al asentamiento, como sí lo está la uieg. Pareciera que la tarea aquí no consiste tanto en restaurar o reparar, sino en encauzar el vigor de la vida. Y algo así es lo que pretende el Programa de Desarrollo Sustentable de la uiep en la parcela experimental que está en el campus de la universidad y que comparte con el Programa de Turismo Alternativo, que allí ha establecido senderos y cables para tirolesas. De manera similar a lo que sucede en la uieg, la parcela rodea a las edificaciones de la universidad, de una arquitectura no muy diferente (vidrio y cemento), sólo que de un color rojo quemado, y que va descendiendo por la ladera. A un costado se encuentra un pequeño cafetal, un monocultivo de la variedad Costa Rica 95, cuyo patrón de cultivo fue desarrollado por un productor local y que aquí se intenta emular. Luego viene un vivero en que se está cultivando una variedad no tóxica de piñón, desarrollada en el uiep, de cuya semilla se puede extraer aceite biocombustible. Y un poco más abajo está una parcela de maíz establecida por productores locales; y a un costado de ésta, una sección dedicada a la agroforestería (que en el momento de la visita, a mediados de 2011, aún estaba en fase de planeación).

De entrada, llama la atención cómo la parcela apuntala dos cultivos estratégicos de la zona: maíz (sustento, por excelencia) y café (comercial, por excelencia), de tal modo que aborda dos extremos igualmente importantes de la economía campesina local. Más aún, en cada caso el proceso productivo seleccionado está enraizado en procedimientos locales ya establecidos, si es que no se trata del proceso tal cual (como ocurre con el maíz). Además, tanto el maizal como el cafetal sirven para propósitos de investigación y docencia. La idea detrás de la milpa es conocer métodos de siembra y cultivo locales, y también poner a prueba un biofertilizante, que se usará en ciertas partes del cultivo. Mientras que en el caso del cafetal, además de estudiar el proceso, según me explicaba un maestro, también sirve para enseñar estadística, materia que él imparte. Así, la direccionalidad que toman los aspectos cognitivos (y como ya veremos, también los sociales) es bastante diferente a la que se vio para el caso de Guerrero. Aquí la universidad ha acudido a la gente para que ésta enseñe sus modos de proceder y actuar, que así sirven de pauta para elaborar nuevos saberes. Se trata de una relación mucho más nivelada, más horizontal que en el caso de la uieg. Piénsese también que la milpa se ha establecido siguiendo un acuerdo de manovuelta entre la universidad y los productores. Se les presta el terreno a éstos, quienes además se quedan con la cosecha. Esto último indica cómo la uiep puede obrar por medio de patrones de relaciones sociales propias de la cultura campesina, pues puede hablar su propio lenguaje. Si se piensa, como Berger y Luckmann (1968), que la realidad social está construida a partir de categorías reconocidas de manera colectiva, entonces el acuerdo por manovuelta es también un acto cognitivo que reitera el sentido horizontal de la relación entre la universidad y los productores.

A diferencia de la Universidad Intercultural de Guerrero, varios integrantes de la planta docente del Programa de Desarrollo Sustentable en la de Puebla, antes de aterrizar en esta última, tenían cierto número de horas de vuelo trabajando en otras instituciones y desempeñando otras actividades. Varios eran egresados ya sea de la Autónoma de Chapingo o del Colegio de Posgraduados, ambas conocidas por su tradición extensionista, siendo uno de ellos el colega encargado de la parcela de maíz, cuyo trabajo anterior a la uiep había consistido en asesorar a organizaciones campesinas en Oaxaca. Y aunque varios, según revelaron las entrevistas respectivas, tenían claros intereses e incluso laudos académicos, también mostraban una inclinación por participar en ferias y festivales de alimentos y otros productos populares, como estrategia de divulgación de conocimiento. Este sentido de horizontalidad también quedó patente meses después, durante el Primer Foro de Vinculación en la Sierra Norte del Estado de Puebla, que organizó la uiep, cuando, como parte de las actividades, se presentaron los resultados de los estudios realizados en la parcela de maíz. El docente responsable del proyecto prefirió que sus alumnos presentaran la ponencia y sentarse entre el público asistente como uno más.

Hallazgos y reflexiones

En este texto se ha tratado de construir una propuesta metodológica que permita abordar las acciones de vinculación comunitaria que realizan los programas de desarrollo sustentable de las universidades interculturales como fenómenos que, refiriéndose al ambiente, integran también aspectos de poder y conocimiento. Desde un principio se ha señalado que una acción de vinculación no es algo aleatorio (esto es, casual) ni exclusivamente técnico. En verdad, procede de un diagnóstico (implícito o explícito) que el docente y el cuerpo colegiado ha hecho de circunstancias tanto ambientales como socioculturales que se han detectado en la región de influencia de la universidad, basándose en una cierta visión del mundo, que es tan crítica como propositiva. Dicha visión del mundo implica, en sí, un cierto orden de las cosas, tan social como ambiental, y de ahí que la acción de vinculación emprendida incluya, de entrada, estos dos elementos.

El análisis ha consistido primordialmente en discutir la organización social20 de las acciones de vinculación a partir de las determinaciones que toman los distintos actores institucionales que influyen en el carácter de ésta, y que forman parte de un sistema jerárquico, ordenado por niveles o instancias de decisión, que van desde los más inclusivos a los menos inclusivos: la cgeib, la universidad, el programa y el docente. Aun cuando el estudio se ha centrado en el docente y su capaci-dad de determinación, toma en cuenta el peso específico que cada nivel de decisión tiene en el perfilamiento de las acciones de vinculación. Como ya se ha dicho, cada nivel tiene una postura e intereses propios ante el tema, y, por tanto, obra con relativa autonomía con respecto a los demás niveles. Esta visión sistémica y por niveles, además, permite entender, primero, la variabilidad de las políticas y actividades relativas a las acciones de vinculación; y, segundo, la dinámica de pesos y contrapesos21 entre los niveles más inclusivos (que tratan de definir las reglas del juego) y los menos inclusivos (que llevan a cabo las acciones concretas). Esa organización articulada del sistema y sobre todo esa dinámica dan pie para pensar que el poder no funciona en forma unívoca, mucho menos mecánica, sino más bien mediatizada y (cuando no está sujeto a inestabilizaciones)22 respetando las respectivas autonomías. Así se puede entender cómo la gran importancia dada a la vinculación comunitaria en la normatividad que rige a las universidades interculturales puede traducirse en que sea adoptada como columna vertebral teórica-empírica de todas las carreras de una universidad (caso de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo). Y que, al mismo tiempo, pueda ser objeto de cierto rechazo por parte de un programa (caso de la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán).

La sección más empírica de este trabajo ha tenido como referencia dos parcelas experimentales, las de las universidades interculturales de Guerrero y de Puebla. Aquí se ha tratado de mostrar cómo la puesta en juego de un proyecto de vinculación comunitaria implica una cierta direccionalidad (vertical u horizontal) tanto de las relaciones sociales como del modo en que se pretenden elaborar conocimientos entre docentes, alumnos y miembros de comunidades u organizaciones locales. Sin haber recogido datos directamente entre los participantes, por lo cual el autor queda en deuda con el tema, se ha optado más por fijarse en la estructuración de las relaciones, derivando de ahí las reflexiones respectivas. Así, se ha fijado en la postura socioambiental del proyecto en cuestión, para ver si éste implica:

a) generar un patrón productivo o restaurador novedoso (caso uieg); o, por el contrario, un patrón enraizado en la experiencia local (caso uiep).

b) Entablar relaciones cognitivas con la población local por las que ésta acude a recibir instrucción o a conocer (caso uieg); o, por el contrario, aporta su experiencia y expertise (caso uiep).

c) Entablar relaciones de aprendizaje con alumnos en que éstos asimilan directamente un oficio especializado (caso uieg); o, por el contrario, participan del proceso como colaboradores (caso uiep).

Con estos indicadores, se ha podido afirmar que el caso de la uieg es más “vertical” y que, por contraparte, el de la uiep es más “horizontal”. Y para explicar esta diferencia de situaciones se ha apelado a otro elemento relativo al docente (entendido aquí como actor determinante):su trayectoria laboral. Los colegas de la uieg tienen una trayectoria laboral relativamente corta y parecen más interesados en actuar como una academia, mientras que varios de los colegas de la uiep tienen una experiencia más larga, uno en particular asesorando organizaciones campesinas, y provienen de instituciones (la Autónoma de Chapingo y el Colegio de Posgraduados) con una fuerte tradición extensionista, que pueden combinar o no con una tradición más académica. Así, la trayectoria laboral parece ser un factor clave en el modo como el docente determina el carácter organizativo y cognitivo de la acción de vinculación.

Como se dijo al inicio de esta sección, aquí se ha tratado de empezar a armar una propuesta metodológica que ayude a entender si las acciones de vinculación consiguen o no uno de sus objetivos primordiales: plasmar en los hechos relaciones de (mayor) equidad social y cognitiva entre, por un lado, el docente, y, por otro, los alumnos y los miembros de organizaciones comunitarias locales. Ojalá sirva, entonces, como armazón para futuras indagaciones en este campo, el de la educación superior intercultural, en el que todavía hay mucho por averiguar y esclarecer.

Por otra parte, estas indagaciones permiten abrir otros horizontes de reflexión acerca de los alcances tangibles de la educación superior intercultural, así como del desenvolvimiento del ambientalismo contemporáneo en tanto proceso sociocultural. Al entender a la acción de vinculación como un fenómeno integrado por aspectos materiales, organizativos y simbólicos,23 articulados por el factor poder (o la capacidad de determinación del sujeto; en este caso, el docente), y en cuyo carácter más o menos equitativo influyen la formación y la trayectoria del mismo sujeto, se apunta hacia la importancia de considerar el capital social y cultural de éste. Esto es, su capacidad efectiva para colaborar e integrar esfuerzos (por ejemplo, con qué tipo de organizaciones sociales simpatiza y colabora, así como su concepción acerca de las relaciones de poder mismas) y el modo como concibe y articula sus conocimientos y valores.24 Indagar en estos dos aspectos haría posible captar más claramente cuál es su potencial a futuro y cómo lo proyectaría, teniendo en mente eventuales formas de colaboración y modos de pensar que pueden ser externos al suyo, como, por ejemplo, las de las organizaciones locales de la región de influencia de la universidad. Es decir, ¿qué capacidad tendría para efectivamente empatizar con la gente del lugar, con sus asuntos y sus formas de resolverlos y concebirlos? Y con respecto a la naturaleza del ambientalismo contemporáneo, lo aquí averiguado puede acercarnos más a los tipos de proyectos y propuestas que de manera efectiva se han puesto en juego. Si éstas intentan constituirse como alternativas a una situación crítica, entonces conviene ahondar más en cómo lo están siendo o no. ¿Representan o no un orden socioambiental distinto, por qué sí o por qué no? ¿En qué medida consiguen ser replicables, por qué sí o por qué no? Y en caso de que así fuere, ¿qué aspectos de esta experiencia consiguen perdurar?

Volviendo a la educación superior intercultural, atender estas interrogantes quizá permitiría aquilatarla más cabalmente en términos de los distintos objetivos que ella misma se ha propuesto: como una acción social que busca revalorar bagajes histórico-culturales de pueblos en buena medida postergados, mediante procesos formativos dialógicos, y contribuyendo de manera efectiva al bienestar y a un estado de mayor equidad de dichos pueblos.

Referencias

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Se agradecen los comentarios ya emitidos a versiones anteriores de este trabajo por los colegas de la Red de Estudios Sociales del Medio Ambiente, la colaboración e interés de colegas, estudiantes y funcionarios de las universidades interculturales cuyas experiencias y acciones se narran aquí, así como de los colegas Jonathan Fox, Amelia Rivaud Morayta y Fernando Salmerón Castro.

En la actualidad hay universidades interculturales estatales en las siguientes entidades federativas (ordenadas de norte a sur): Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.

Según la cgeib, para el periodo escolar 2013-2014, en las universidades interculturales había 9 997 alumnos inscritos (sep, 2014).

Esta postura se basa en la visión constructivista que subyace a la pedagogía y didáctica, propuesta por la cgeiby que se busca establecer en las universidades interculturales (Lehmann, 2013).

La caracterización de procesos de enseñanza y aprendizaje en términos de “verticalidad” u “horizontalidad” (es decir, de mayor o menor equidad) proviene de las propuestas didácticas fundadas en la enseñanza por grupos operativos (Zarzar, 1982).

Este concepto de niveles de organización se toma de la obra de Bronfenbrenner (1979), Gallopin (1980) y Steward (1955, 1972).

Por ambiente se entiende una interrelación dinámica entre seres vivos, en particular los humanos, y un conjunto de factores inorgánicos, orgánicos y socioculturales que se consideran pertinentes a dicha interrelación (basado en Gallopin, 1980: 206). Por poder se entiende la capacidad de determinación que tiene un actor social (individual o colectivo) con respecto a otros actores que intervienen con éste en cierto campo de interacción social gestado en torno a la administración de ciertas necesidades que unen a dichos actores (basado en Bourdieu, 1995; y Elias, 1994). Y por conocimiento se entiende la capacidad humana para reflexionar acerca de sí y del mundo por medio de sistemas simbólicos culturalmente construidos que son coherentes y sistemáticos para el sujeto y por los cuales se explican ciertos asuntos que son objeto de la reflexión y que orientan la acción de los mismos (basado en Childe, 1963; y Elias, 1994).

Esta visión focalizada se inspira en la lógica que subyace al concepto de ecología cultural de Julian Steward (1972), quien entiende a la cultura como una totalidad que se distingue entre aspectos medulares (el meollo o núcleo cultural) y aspectos secundarios.

Esta crítica a la visión instrumental de la vida colectiva desde el holismo se basa en Douglas (1992).

El concepto de determinación se toma de Bourdieu (1995), quien lo entiende como las decisiones que toma un actor social en cierto contexto, a menudo escogiendo entre campos sociales diferentes.

El estudio se ha construido empíricamente a partir de visitas a las seis universidades interculturales arriba mencionadas.

Como antecedente de la visión revalorativa figura la escuela relativista de la antropología (iniciada por Franz Boas), para la cual la cultura es una suerte de patrimonio histórico específico de un pueblo que se transmite de generación en generación, postura que distinguió la obra tanto de alumnos directos de Boas (considerados “particularistas”), por ejemplo, Mead (1962), como de aquellos antropólogos que se adscribieron a la corriente evolucionista, por ejemplo, Steward (1972).

Los temas de la equidad cognitiva y el diálogo de saberes tienen importantes exponentes contemporáneos, tales como Lenkersdorf (2008) y Santos (2010).

Cuando visité la uieg, a mediados de 2011, la oficina de vinculación de la universidad estaba construyendo estanques acuícolas y corrales para crianza de cabras, para organizaciones locales. Estos proyectos no estaban relacionados con los programas formativos que funcionaban en aquel entonces, Lengua y Cultura y Desarrollo Sustentable, que organizaban sus propias acciones de vinculación.

En la licenciatura de Desarrollo Sustentable de la uiimsí había una especialización en agroecología, pero su presencia y peso en el programa era menor que el de las otras dos: sólo tenía una docente (las otras al menos tres cada una), quien se había incorporado hacía relativamente poco.

Por ejemplo, la Uimqroo tiene, por un lado, actividades de vinculación consistentes en visitas a comunidades por parte de estudiantes durante periodos vacacionales y, por otro, actividades experimentales en parcelas fuera de la universidad, en que pueden o no participar miembros de comunidades. Mientras que la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas cuenta con una parcela experimental que ha funcionado de manera intermitente y en que no participan miembros de comunidades, de tal modo que la vinculación que realiza se remite de manera exclusiva a las visitas y proyectos que efectúan los estudiantes en comunidades.

Con la excepción de la Unich, cuya sede central está en San Cristóbal de Las Casas, las universidades interculturales no se ubican en centros urbanos importantes, sino en municipios que pueden considerarse rurales o de baja densidad demográfica.

Los dos programas con los que entonces contaba la universidad, Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura, sí investigaban acerca de conocimientos locales. Los colegas del primero estudiaban la etnoecología de la milpa (en particular insectos), además de la etnobotánica local, presente en el jardín respectivo. Mientras que los de Lengua y Cultura se fijaban en terminología y toponimia local, además de prácticas simbólicas y rituales ligadas a la naturaleza.

Estos rasgos no se juzgan de forma negativa aquí. Por el contrario, son muy loables en cualquiercuerpo académico. En particular, encontré muy valioso que se preocupasen, por ejemplo, por tener colecciones de insectos, algo que no he visto en las demás universidades interculturales que he visitado.

El concepto de organización social proviene de la antropología social británica y se refiere al conjunto de instituciones, formales o informales, que articulan la vida colectiva de determinado grupo humano y que lo distinguen como tal (Firth, 1971). Al mismo tiempo, implica poder ver dichas instituciones como entidades que llevan a cabo actividades tanto materiales como organizativas y simbólicas.

La noción de pesos y contrapesos se basa en planteamientos del politólogo Jonathan Fox (2007)

Aquí no se ha abordado el tema de la estabilidad/inestabilidad de las universidades interculturales. Sin embargo, cabe notar que no es un asunto menor. Varias universidades (como las de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Puebla) han pasado ya sea por sendos conflictos internos entre, por un lado, alumnos y docentes y, por otro, autoridades, o por cambios repentinos de autoridades (por decisiones de los gobiernos de los estados), que a su vez han llevado a conflictos internos. Huelga decir que ello afecta la marcha general de la institución respectiva, incluyendo las acciones de vinculación que realiza.

Esta concepción de lo sociocultural como fenómeno integral (material, organizativo y simbólico) se basa en la definición de cultura de Ribeiro (1982).

Esta acepción del concepto de capital social se basa en Fox (1996), mientras que la acepción de capital cultural empleada aquí integra posturas de Bourdieu (2003), Douglas (1970) y Benedict (1974).

EPÍLOGO

En los once textos que componen este volumen, los trece autores asentimos la orientación crítica que nos sugiere la ecología política. Nuestro referente común nos ha permitido esclarecer el carácter relacional, contextual y disputado del conocimiento, el poder y el ambiente. En las diferentes escalas —local, regional, nacional y global— abordadas en cada uno de los estudios, reconocemos la distribución desigual no sólo del poder, en tanto elemento crucial en la definición de las políticas ambientales, sino del conocimiento en su papel mediador y referente primordial para entender el cambio ambiental y los choques entre modelos divergentes sobre el medio. Unidos en semejante eje analítico-conceptual, reconocemos la divergencia en las aproximaciones no sólo como un asunto que nos plantean los diferentes casos de estudio, sino como una consecuencia de los cauces epistemológicos y los riesgos que cada autor ha decidido correr para cuestionar y poner en tela de juicio el desorden sociotécnico de la sociedad contemporánea.

En la virtualidad del tiempo teórico que nos reúne, asumimos la brújula que nos sugieren los autores del posestructuralismo para cuestionar, en la partida/en el arranque, el dualismo cultura/naturaleza y sus correlatos, como forma para entender la realidad. En el trayecto fuimos incorporando la pluralidad de voces que pueblan el orden socionatural y rompimos con el estatuto pasivo dado a la naturaleza y aún vigente en los modelos de intervención humana. Así fuimos abriéndonos camino a las diferentes tramas desde donde se construyen las representaciones y metáforas de la naturaleza.

La modernidad está todo el tiempo presente como una trampa cada vez más sofisticada en los tiempos neoliberales. Aun se proyecta como sólido andamiaje de la ideología del desarrollo y el crecimiento eco-nómico, pero cada vez más resulta ilusorio e insostenible el afán irracional por un crecimiento infinito ante el agotamiento evidente de recursos, el socavamiento de los ecosistemas bajo impacto a escala global.

Los regímenes de verdad que incorporan en sus discursos segmentos de información de formato científico hacen un uso ideológico del conocimiento científico, avalando intereses, técnicas y pretensiones de los corporativos trasnacionales para la apropiación particular de la riqueza social. En ese proceder, suelen ignorar o desacreditar el conocimiento común, ciudadano y las cosmologías de pueblos indígenas y tradiciones ancestrales. Pero esto no es óbice, sino condición esencial de reivindicaciones y conflictos que se traducen en formas novedosas de defensa de la identidad, el territorio y la cultura.

La mercantilización de la naturaleza representa el cambio ambiental más profundo e impactante en la economía moral, política y simbólica de la humanidad, y sus efectos se resienten en los diferentes niveles de la biosfera. Si se habla de un “Antropoceno” como una nueva era geológica generada por la capacidad de los humanos para transformar radicalmente el equilibrio ecosistémico del mundo, también habría que hablar del “Capitaloceno” como esa transformación radical que hoy organiza ominosamente las relaciones de la humanidad hacia sí misma y hacia la totalidad de la biosfera. Un sistema que ha derrumbado las tradicionales regulaciones sociales de los grupos sociales en búsqueda por el particular enriquecimiento monetario.

Lejos de una postura neomalthusiana que postula el crecimiento poblacional como único eje de los problemas de la humanidad y la biosfera, creemos que no es posible mantener los ojos cerrados a la pesadilla demográfica, como tampoco a los niveles de inequidad y desigualdad social. El 31 de diciembre de 2016, a las 23:59:30 horas, en el momento de iniciar la escritura de este epílogo, tú, estimado lector, fuiste contemporáneo nuestro y de otros 7 577 005 632 humanos que poblaban el planeta. En el último día del año nacieron aproximadamente 407 493 seres humanos y murieron 160 539. En total, pues, se sumaron 246 954 personas a quienes estaban aquí a la misma hora del día anterior con nosotros. Solamente en ese año de 2016 la población humana mundial se incrementó en 90 415 716 personas. Cifras grandes. Difíciles de leer y calibrar en su significado. Pero sobre las cuales no podemos dejar de reflexionar.

Una población mundial distribuida a lo largo y ancho de casi toda la corteza terrestre. Comunicada por una densa red de senderos, caminos, carreteras, autopistas, ferrovías, navíos y máquinas aéreas; y en especial, instantáneamente intercomunicada a través del espacio radioeléctrico y la internet mundial. Desde las altas montañas a las planicies costeras; desde desiertos férvidos a selvas tropicales; desde latitudes ecuatoriales a extremidades polares. Una población que colonizó todos los ambientes con pequeñas aldeas, ciudades medias y frenéticas urbes metropolitanas. Una humanidad que convirtió gran parte del espacio geográfico en extensos campos agrícolas, en densos cinturones industriales, en grandes modelamientos hidráulicos, en ductos y parques energéticos, en extensas plantaciones, e incluso en parques de refugio de flora y fauna como pálida muestra de lo que podría haber sido una naturaleza sin humanos. En medio o al margen de explotaciones a base de monocultivo, quedan todavía considerables espacios de agricultura tradicional y agroforestería más o menos amigables con el medio. Gracias a ellos sobrevive una buena parte de la humanidad, no debido a la comida chatarra que producen las trasnacionales. La fao informa anualmente que, gracias a las pequeñas granjas campesinas, 75% de la población citadina tiene comida en la mesa. Si bien nuestra condición de criaturas terrestres ha contenido la colonización de los mares, también los usamos intensamente, ya sea como ricos estanques de pesca que alimentan a millones o como medio para mover navíos mercantiles o de guerra. A los mares los vemos ya como obstáculo para la extracción de hidrocarburos o metales, ya como el basurero mundial preferido de las sociedades tecnificadas.

Somos una especie exitosa conforme a la teoría de la selección natural. La orden divina de creced y multiplicaos fue dada a todas las especies, de ahí la evolución. Pero nosotros sobrevivimos, nos reproducimos y prosperamos por sobre las demás. Nuestros antiguos predadores fueron derrotados. Unos extintos y otros enclaustrados en parques naturales, zoológicos o circos para nuestra admiración y divertimento. Las especies que sirven para nuestro consumo fueron cultivadas o criadas con ahínco. Evitamos que sus adversarios naturales les depredaran; con mil y un dispositivos les edificamos ecosistemas artificiales para hacerlas prosperar y tenerlas disponibles en abundancia y a la mano. A otras especies las adiestramos como herramienta de trabajo, carga o protección para incrementar nuestra fuerza, astucia y capacidad de previsión.A algunas las humanizamos tan intensamente que les dimos nombre propio, les adoptamos como familiares y les compartimos nuestra comida y refugio. Se dice que, en el caso de los perros, nuestros primeros aliados, su población mundial ha llegado a los mil millones. De ellos, se dice, una cuarta parte vive en nuestras casas y el resto merodea en las calles de nuestras aldeas, pueblos y ciudades. Especies aliadas que comparten como subalternos nuestro éxito evolutivo. Es cierto que seguimos teniendo tenaces adversarios entre las especies de roedores, parásitos, hongos, bacterias o virus. También, que esas especies victiman anualmente a algunos millones de nosotros. Pero es de suponerse que las mantenemos a raya. Tenemos una línea de defensa que nos protege con un éxito parcial, compuesta de trampas, pócimas, antibióticos, biocidas, antivirales y demás. A pesar de las recurrentes pandemias, seguimos reproduciéndonos, creciendo y prosperando en el sentido darwiniano. Seguimos sobreviviendo como vencedores en la guerra evolutiva. El eslogan global llama al planeta “nuestra casa común”. La metáfora bien puede mirarse de manera aterradoramente realista. El planeta es hoy nuestro espacio doméstico en ruina, semidestruido, carente del techo que le daba la atmósfera limpia, mientras que el piso que proporcionaba la biodiversidad se encuentra cubierto de basura que tiramos por doquier.

Quizá hemos llegado al cenit de nuestra historia como civilización humana industrializada. El mundo dejó de ser ancho y disponible. No hay ya más lugares que colonizar. En el mundo de hoy vivimos de paradoja en paradoja. Por un lado, magníficas arquitecturas, asombrosas maravillas culturales, impresionante capacidad de comunicarnos en red cibernética, saber profundo sobre el origen y destino del universo, asombroso conocimiento de las estructuras de la vida, impresionantes dispositivos técnicos, fantásticas comodidades, entre miles de obras y maravillas que admirar. Pero, por otra parte, sociedades locales y regionales sumidas en la pobreza puesto que les son negadas sus actividades y empleo dada la competencia económica de corporaciones globales. Poblaciones enteras que son desplazadas por la desposesión de sus tierras para proyectos globales. Un sistema económico salvajemente injusto, crecientemente desigual e inseguro. Pandemias que no son atendidas en países pobres. Modernizaciones industriales que desemplean a trabajadores. Caída de las reservas del petróleo que aporta la energía que mueve al sistema global, sin que se esté preparando la sustitución. Agotamiento paulatino de vetas minerales, escasez de agua por contaminación o sobrexplotación de acuíferos, deterioro de los ecosistemas de los cuales dependen los cultivos humanos. Formas diversas de violencia, terror y exclusión.

La voluntad de discutir el poder, el conocimiento y el ambiente mediante la colección de estudios de caso reunida en este libro ha tenido el objetivo de reflexionar sobre esta realidad paradójica. La modernidad ha considerado que la ciencia es el medio lógico y objetivo para enfrentar los dilemas que se nos presentan y llegar a la verdad. Sin embargo, varios ejemplos, como el de las presas hidráulicas, muestran cómo los científicos portadores de conocimiento experto, de manera recurrente y en nombre de la ciencia, usan su persona y prestigio esgrimiendo argumentos de fe ideológica para legitimar acciones de dominio y despojo. Un ejemplo similar es el que se refiere a prácticas de roza y quema de bosque para uso agrícola. El conocimiento experto que se burla de esas prácticas es dogmático, notoriamente errado, inferior y pernicioso frente al conocimiento práctico tradicional basado en la milenaria observación empírica que han desarrollado las poblaciones locales. Otro caso ilustrativo es el de una víctima que vive con su familia en un sitio altamente contaminado por una empresa minera; el hombre es consciente a plenitud de que está siendo dañado en su salud por la empresa. Sin embargo, dado que es empleado de la minera, se ve imposibilitado de actuar contra ella. Prefiere evadir el problema y enfrentar las consecuencias después, a cambio de un salario inmediato que le asegure un mínimo de supervivencia.

Aquí el poder resulta inmune al conocimiento que le cuestiona. Un dilema que se discute en el libro se refiere a la actitud de considerar el ambiente como una especie de repositorio neutro e inactivo. Se argumenta en otro artículo que, por el contrario, el ambiente tiene agencia. También se aduce que las culturas ancestrales animistas tienen un trazo de verdad respecto de la naturaleza. Que esa verdad puede percibirse si aceptamos el diálogo con ontologías sostenidas por culturas ancestrales que incorporan plantas psicotrópicas. Los “agentes enteogénicos” pueden ofrecernos representaciones inteligibles de la naturaleza. El poder crudo y duro se analiza en los conflictos ambientales de minas contra comunidades y en las formas como las corporaciones mineras inventan discursos de legitimación. El poder en las cadenas productivas de café es discutido en el rejuego de los grupos globales, regionales y locales. Vemos las grandes dificultades que los productores locales tienen para organizar un contrapoder que permita renegociar sus transacciones. Una discusión similar se da entre prestadores de servicios turísticos: hay organizaciones que comienzan como alternativas colectivas y pierden su impulso democrático para terminar siendo controladas por un pequeño grupo que se transforma en aquello a lo se oponía.

Debemos aceptar la agencia de la naturaleza como un valor. Ésa sería una manera de sostener la esperanza de que un sistema evolutivo aprende, se corrige y vuelve a organizarse él solo, ojalá con nosotros incluidos, pero sin nuestros errores. Porque cuando la información falla o es insuficiente, y cuando en política —por lo mismo, por un conocimiento imperfecto— se impone el monstruo de Leviatán, no nos queda más que confiar en la agencia de la naturaleza. Aceptar con serenidad que somos producto y parte de la misma como un actante más. Aunque como individuos no podemos salirnos del todo de la cadena trófica, sí podríamos, como mínimo, oponernos al comportamiento arbitrario y arrogante, a una destrucción del ambiente porque sí. Los recursos son cada vez más limitados. Deberíamos, pues, apoyar una política razonable de decrecimiento económico y poblacional antes de que el agotamiento y la disputa humana lo haga por cuenta propia. El conocimiento científico puede decir qué y cómo son las cosas, pero el para qué y para quién es un tema de discusión social. Porque históricamente hemos separado las ciencias “duras” de las humanidades. Los saberes comunes de la gente que vive el mundo son, de hecho, los que organizan la vida social cotidiana como producto de la experiencia. El saber de sentido común no está equivocado cuando habla del lugar. Años de observación lo respaldan. En él un cómo y un para qué son lo mismo. El poder es monstruoso cuando está alejado y es ajeno. Por nuestro bien siempre será mejor reducirlo a la escala humana y a la de la naturaleza que todavía somos, por la que estamos aquí y con la que nos es dado trabajar. En eso creemos. Nada sabemos a ciencia cierta.

Coordinadores de la obra

Conocimiento, ambiente y poder. Perspectivas desde la ecología política,

coordinado por Mauricio Genet Guzmán Chávez,

Leonardo Tyrtania Geidt y Claudio Garibay Orozco,

se terminó de imprimir el 22 de noviembre de 2018

en los talleres de Ediciones Verbolibre, S.A. de C.V.,

Calle sur 23 núm. 242, Col. Leyes de Reforma 1ra Sección, C.P. 09310

Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,Tel: 5640-9185

La composición tipográﬁca se realizó en Ediciones y Gráﬁcos Eón, S.A. de C.V.,

Av. México-Coyoacán núm. 421, Col. Xoco, C.P. 03330 Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,

Tels.: 5604-1204 y 5688-9112. <www.edicioneseon.com.mx>

La edición estuvo al cuidado de la Unidad de Publicaciones

de El Colegio de San Luis y los coordinadores.

El tiro consta de 1250 ejemplares.