Comercio, alcabalas y negocios de familia
en San Luis Potosí, México.

Crecimiento económico y poder político, 1820-1846

COMERCIO, ALCABALAS
Y NEGOCIOS DE FAMILIA
EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PODER POLÍTICO, 1820-1846

SERGIO ALEJANDRO CAÑEDO GAMBOA

FICHA CATALOGRÁFICA DE LA VERSIÓN IMPRESA

382.0657242

C235c

Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro

Comercio, alcabalas y negocios de familia en San Luis Potosí, México : crecimiento económico y poder político, 1820-1846 / Sergio Alejandro Cañedo Gamboa. — 1ª edición. — San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2015.

292 páginas : mapas, gráficas, tablas ; 23 cm. — (Colección Investigaciones)

Coedición con: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Incluye bibliografía (páginas 271-290)

ISBN: 978-607-9401-54-2 (COLSAN)

ISBN: 978-607-9294-95-3 (MORA)

1.- San Luis Potosí — Comercio — Siglo XIX — Historia 2.- Política fiscal — San Luis Potosí — Siglo XIX — Historia 3.- Negocios — San Luis Potosí — Siglo XIX — Historia 4.- San Luis Potosí — Condiciones económicas — Siglo XIX 5.- San Luis Potosí — Política y gobierno — Siglo XIX I.- .t II.- s.

Primera edición: 2015

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Diseño de interiores y traducción ePub: Ernesto López Ruiz

D. R. © Sergio Alejandro Cañedo Gamboa

D. R. © El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Fracc. Colinas del Parque

San Luis Potosí, S. L. P. 78299

D. R. © Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Plaza Valentín Gómez Farías 12

Col. San Juan Mixcoac

México, D.F. 03730

ISBN: 978-607-9401-89-4

Hecho en México

ÍNDICE

Agradecimientos

Introducción

Capítulo 1. La ruta San Luis Potosí-Tampico y las nuevas casas de comercio en la ciudad. Señales de crecimiento

Espacios regionales y aspectos demográficos

La ruta San Luis-Tampico: los signos de prosperidad

Cambios en la estructura mercantil en la ciudad de San Luis Potosí

Tiendas de mayoreo y menudeo: la primera evidencia del crecimiento económico

Conclusión

Capítulo 2. Política fiscal y tendencias en la recaudación: el desempeño positivo de la economía de san luis potosí, 1828-1846

De gabelas coloniales a gabelas en la era Republicana

Suelos alcabalatorios y política fiscal en San Luis Potosí

Las solicitudes de un solo suelo

El impuesto municipal al consumo y la multiplicación de los suelos

Los intentos por abolir las alcabalas y el establecimiento de impuestos directos

Alcabalas e impuesto al consumo. Una tendencia a la alza en la recaudación

Un indicador de estabilidad económica: la alcabla a las transacciones de compra venta de bienes inmuebles

Impuestos a la plata pura y al ensaye: otro indicador confiable del desempeño económico

Conclusión

Capítulo 3. Los Gordoa: negocios de familia y crecimiento económico en la primera mitad del siglo XIX

La estructura familiar y las relaciones patriarcales

Los orígenes de la fortuna

Las propiedades familiares

La actividad económica de los negocios de la familia

La hacienda de Malpaso, la dualidad minero-rural

La gran hacienda mezcalera y ganadera de San José del Maguey

La mina de Nuestra Señora del Refugio: borrascas y bonanzas

Trabajo minero y funcionamiento de la mina: trabajo “de abajo” y de superficie

Producción minera y venta de frutos o rifa

Los socios y el sistema de barras: ganancias y pérdidas compartidas

Conclusión

Capítulo 4. Los Gordoa: Capital social y posiciones en el Gobierno

Contribuciones voluntarias y préstamos forzosos: uso e inversión del capital social de los Gordoa

José María Gordoa y su oficina de rentas

Luis G. Gordoa: político y hombre de prestigio

La tercera generación: Cresencio María el escandaloso

Conclusión

Conclusiones

Bibliografía

Archivos

Periódicos

Fuentes secundarias citadas

AGRADECIMIENTOS

Este libro tiene su origen en una investigación que tuvo su inicio en el año de 2004, su primer propósito fue el de dar forma a una tesis de doctorado la cual defendí en el año de 2011 en el Departamento de Historia de la Universidad de California, San Diego (UCSD). Unos meses después del examen retomé el texto para convertirlo en el libro que ahora el lector tiene en sus manos. Desde que inicié la investigación hasta que concluí el borrador final del libro muchas personas e instituciones me han apoyado de muy diversas maneras, y me gustaría con estas líneas agradecer a todos aquellos involucrados en este proyecto de alguna u otra manera. En primer lugar, mi agradecimiento y reconocimiento a Eric Van Young, quien confió en mí desde que apoyó mi ingreso a la prestigiada Universidad de California, en donde aprendí lo que sé sobre la historia de América, aprendí a aprender y a escribir historia, y a desempeñarme en su medio profesional en México y el mundo. Los años en San Diego y en los diferentes lugares que visité para realizar la investigación inicial me permitieron lograr una maduración intelectual la cual comparto cotidianamente con los estudiantes de licenciatura y posgrado que por lo regular atiendo como parte de mis labores de profesor investigador en El Colegio de San Luis (Colsan).

En la etapa correspondiente a esta investigación como tesis de doctorado, agradezco igualmente a mis profesores en el Departamento de Historia de la UCSD, en especial a los doctores Rachel Klein, Michael Monteón, Dain Borges, Michael Bernstein, Christine Hunëfeldt, Everard Meade y David Ringrose, así como a Max Parra, profesor en el Departamento de Literatura. Durante la defensa de la tesis, Michael Monteón me hizo una serie de recomendaciones, las cuales retomo en esta versión del texto.

Las estancias de investigación en San Diego, California, y las ciudades de Bristol y Londres, en el Reino Unido, fueron posibles gracias al apoyo que me brindaron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto sobre México y los Estados Unidos de la Universidad de California (UCMEXUS). Además de los recursos indicados, recibí un importante apoyo económico de mi institución, El Colegio de San Luis; este apoyo fue de gran utilidad para la adquisición de libros, realización de viajes a diferentes bibliotecas y archivos en Estados Unidos, Reino Unido y México, y además para presentación de avances de investigación en diferentes foros nacionales e internacionales. Agradezco estos apoyos a María Isabel Monroy Castillo, Tomás Calvillo Unna y Lydia Torre Medina Mora, quienes confiaron, en su papel de autoridades del Colsan, en que llevaría a buen fin mi etapa de formación académica en el extranjero.

Durante el año de 2009 recibí apoyo económico y académico para realizar una estancia en la Universidad de París VII, Denis Diderot y la Universidad de Toulouse en Francia. Durante las semanas que estuve en Toulouse y París pude dedicarme de tiempo completo a la redacción de un primer borrador de esta investigación, el cual se convirtió en primera instancia en la tesis de doctorado. Esta estancia fue posible gracias al apoyo que me brindó el proyecto “Cambio institucional y fiscalidad en el mundo hispánico 1780-1840”, financiado por el programa Ecos-Anuies-Conacyt y el Papitt de la Dirección General de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este proyecto estuvo encabezado por los reconocidos académicos Leonor Ludlow, Zacarías Moutoukias y Michel Bertrand, a quienes agradezco el impulso proporcionado.

En San Diego, California, tuve la fortuna de hacer muchos amigos, entre ellos Paul Vanderwood, a quien agradezco de todo corazón su apoyo constante, así como las diversas reuniones que tuvimos en el marco de cenas con menús especializados en comida de diversas naciones, en donde compartíamos ideas y conversábamos sobre temas de la academia estadounidense y mexicana, así como sobre problemas de la política y la economía en ambos países. El apoyo de Paul fue fundamental para completar la investigación. Quisiera asimismo agradecer a Sydney y Beatrice Parnes, mis tutores de inglés, con quienes compartí múltiples almuerzos en las reuniones que convocaba semanalmente el UCSD International Center; cada año Syd y Bea nos invitaban a mí y a mi esposa Flor a celebrar Hanukkah y el Día de Gracias en su hogar, a donde asistían amigos y familiares. Graciela y Diana Platero han sido durante más de una década excelentes amigas; ellas, al igual que los demás miembros de su familia, fueron una fuente invaluable de soporte emocional. Luis Estrada, también un excelente amigo, hizo posible que mi colección de libros llegara de La Jolla, California, a la ciudad de San Luis Potosí.

Cuando Flor y yo arribamos a San Diego, a finales de 1999, Fernando García, María Isabel (la Moro) y su pequeña hija Isabella nos recibieron en su hogar, el cual se convirtió en nuestro centro de operaciones por varias semanas en tanto conseguíamos nuestro propio departamento; su ayuda fue crucial para enfrentar los primeros momentos viviendo lejos de nuestras familias, ciudad y país. Quisiera además reconocer la amistad de compañeros de posgrado en el Departamento de Historia: Eduard Wright-Ríos, Guillermo Gallardo, Nathan Clarke, Adam Warren, Miriam Riggs y Sara Sanders, con quienes compartí clases, seminarios e interesantes conversaciones. De igual forma quisiera agradecer a algunos amigos, colegas y estudiantes en San Luis Potosí, México, en Estados Unidos y en el Reino Unido, quienes me apoyaron en los procesos de investigación, escritura y elaboración de la versión final de la disertación y del borrador de este libro: Amador Ruiz, Antonio Aguilera, José Alfredo Rangel, Carlos Rubén Ruiz Medrano, Julio Contreras, Fernando Alanís, Ana María Gutiérrez, José Antonio Rivera, Juan Carlos Sánchez Montiel, Felipe Durán, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Neyra Alvarado, Javier Contreras, Mónica Pérez Navarro, Luis Edgardo Coronado Guel, Andrés Delgadillo, Patricia García, Julio César Medina, Lorena Herrera, Edgardo Leija Irurzo, Pedro Villegas, Ismael Sustaita, Ángeles Vázquez, Claudio Aguilar, Francisco Flores, Rafael Soraiz, Rafael de Loera, Hira de Gortari, Antonio Escobar Ohmstede, Antonio Serrano Ortega, Jorge Silva Riquer, Luis Anaya, Ernest Sánchez Santiró, Antonio Ibarra, Anne Staples, Brian Connaughton, Luis Jáuregui, Martín Sánchez, Alma Parra, Inés Herrera, Verónica Zárate, Eduardo Flores, Peter Guardino, Bill Beezley, Ben Binson III, William Schell, Brian Hamnett, Paul Garner, Michael Costeloe, Alan Knight, Will Fowler, y Fernando Cervantes y su esposa Anabelle.

Durante los años de 2012 y 2013 me dediqué a realizar traducciones, modificaciones y revisiones necesarias para que el texto de tesis de doctorado tomara la forma del libro que hoy tiene el lector; una versión preliminar recibió los comentarios de los dictaminadores (pares ciegos) que leyeron el manuscrito, a quienes agradezco sus recomendaciones y sugerencias. Es importante señalar que algunas partes de este libro han sido presentadas en diversos foros y algunos fragmentos o versiones preliminares del capitulado han sido publicados como textos más breves y menos desarrollados. Este trabajo es finalmente posible gracias al apoyo institucional de El Colegio de San Luis, por lo que agradezco la labor fundamental de los miembros del Consejo Editorial del Colsan (Antonio Aguilera, María Teresa Quezada, David Vázquez, Claudia Carranza), a Ernesto Zavaleta y demás correctores de estilo, formadores y al jefe de publicaciones de nuestra institución, Jorge Herrera. De igual forma manifiesto mi agradecimiento a la Dra. María Isabel Monroy Castillo presidenta del Colsan y al Dr. Luis Jáuregui Frías, director general del Instituto Mora, por el apoyo brindado para la publicación de este libro.

Por último, doy las gracias a mis papás, Rosa María y Sergio; y a mis suegros, Socorro y Florencio. Como en otras ocasiones, este libro es posible debido al tiempo que tomé prestado a Flor y MF, a quienes está dedicado.

INTRODUCCIÓN

En el año de 1831 el gobernador del estado de San Luis Potosí, Manuel Sánchez, promovió un proyecto para mejorar las condiciones en que se encontraban los caminos de rueda, así como la incipiente infraestructura para la navegación fluvial a lo largo de los ríos Pánuco y Tamuín. Con dicho proyecto, Sánchez pretendía fortalecer de manera integral la red de caminos terrestres, además de los fluviales, entre el puerto de Tampico y la ciudad de San Luis Potosí, así como con otros centros de población intermedios. El gobernador no era el único interesado en este proyecto, junto con él también mostraron su interés los grandes y medianos comerciantes nacionales y extranjeros residentes en la ciudad de San Luis Potosí —propietarios de almacenes y tiendas de importantes inventarios—, quienes se dedicaban principalmente a la importación de mercancías, así como los miembros de la clase política potosina. Tanto los mercaderes como los políticos veían en este proyecto una oportunidad que redundaría en beneficios para sus negocios, sus redes y sus posiciones en la sociedad en que se desenvolvían. A pesar de sus bondades, el proyecto tuvo dificultades para prosperar como un plan integral, es decir, como proyecto que tuviera como objetivo la mejora planeada y ordenada de la infraestructura de caminos terrestres y fluviales que utilizaban los mercaderes para traficar sus bienes. La tecnología poco desarrollada, la falta de mano de obra especializada para perforar canales de navegación y realizar dragados complejos en los ríos, además de cierta inestabilidad política, impidieron que se realizara dicho proyecto de modo integral. Sin embargo, esta adversidad no desalentó otros intentos de la clase política y mercantil potosina, así como del gobierno federal e incluso de viajeros nacionales, exploradores y viajeros extranjeros por promover proyectos específicos y coyunturales para realizar nuevos trazos de rutas y para el mantenimiento de los caminos y los ríos utilizados. Sin duda, era necesario el mejoramiento de la infraestructura para el transporte de mercancías y personas, pues el gobierno estatal y los comerciantes residentes en la capital del estado se percataban de que conforme avanzaba el siglo se incrementaba el tránsito de diligencias, arrieros y viandantes dedicados a la introducción de mercancías de importación o nacionales y a la exportación de plata. De hecho, misiones exploradoras y viajeros extranjeros manifestaron durante sus visitas a tierras potosinas su interés por las rutas y describían el potencial que ofrecía el derrotero San Luis Potosí-Tampico como trayecto, el cual podía aprovecharse para la introducción de bienes de manera alterna a la ya antigua ruta Veracruz-ciudad de México. El derrotero transversal entre Tampico y San Luis Potosí (con orientación este-oeste) ofrecía la posibilidad de introducir mercancías al país sin tener que pasar por la ciudad de México ni someter dicha introducción al control de los comerciantes que residían en esa ciudad o en el puerto de Veracruz; esta ruta alterna brindaba una reducción en el tiempo de traslados y en los costos, además de posibilitar a los comerciantes residentes en la ciudad de San Luis Potosí su control y su preponderancia en los negocios que a lo largo de ella se realizaran; el gobierno, por su parte, podría obtener recursos con la explotación del eje transversal San Luis-Tampico.

Ni los políticos y comerciantes mexicanos, ni los comerciantes y viajeros extranjeros estaban equivocados sobre el potencial que dicha ruta comenzó a presentar a mediados de la década de 1820, justo a partir del inicio de la era republicana. De hecho, la ciudad de San Luis comenzó a mostrar una centralidad económica y política tanto por su posición geográfica como por su nuevo papel como capital política del estado del mismo nombre. Al mismo tiempo que se fortalecía la centralidad de la capital potosina, la actividad económica de la región de influencia o Hinterland mostró señales de crecimiento económico y demográfico a finales de la década de 1820 y durante las décadas de 1830 y 1840; es decir, en esas décadas se presentó un crecimiento económico moderado, el cual se demuestra con la llegada de nuevos comerciantes extranjeros que establecieron tiendas y almacenes con inventarios considerables que incluían productos de importación y nacionales; los nuevos negocios modificaron las prácticas acostumbradas para el abastecimiento de bienes de consumo y de lujo a la ciudad, y a su vez se incrementaron en un número importante de establecimientos en las áreas con vocación mercantil tanto de la ciudad de San Luis como de otras poblaciones importantes del estado, sobre todo en los espacios regionales del Altiplano y de la zona Media. Durante las décadas referidas, como muestra del crecimiento económico, se presentó un incremento en las rentas del gobierno estatal, principalmente en las obtenidas por el cobro de alcabalas a la introducción y al consumo de productos nacionales y extranjeros, ya que es posible afirmar que en esas décadas hubo una mayor demanda por este tipo de productos. Este incremento en la actividad económica también se aprecia en el incremento en el número de operaciones de compraventa de propiedades urbanas y rurales, así como por la dinamización de la actividad minera, la que puede contabilizarse en el incremento en la recaudación por concepto del cobro de la renta por el ensaye y amonedación de plata; y, por último, este moderado crecimiento económico se manifiesta asimismo en la acumulación de capital que tuvieron diversas familias residentes en la capital potosina y que poseían negocios tanto en esta ciudad como en otros estados de la república; tales negocios mostraron en el periodo de estudio un incremento en su productividad y en su valor en libros.

Este evidente crecimiento económico que se manifiesta en la ciudad de San Luis Potosí —y algunos de sus espacios regionales— a partir del inicio de la era republicana en 1824 es precisamente el tema de este libro, el cual aporta evidencia de que el desempeño de la economía mexicana —o bien la economía de algunas regiones del recién formado país— no se encontraba estancado y que incluso, como algunos estudiosos han comenzado a suponer, creció a tasas razonables antes de la década de 1880.

Como suele suceder en el trabajo científico, inicié esta investigación con un par de preguntas iniciales, que incubaron subsecuentes y nuevas interrogantes, a las que siguieron respuestas inesperadas y no del todo satisfactorias para los fines iniciales de esta investigación. Las preguntas primeras eran en el sentido de si durante las décadas de 1820 a 1840 la economía de la región de San Luis Potosí experimentó —como lo hicieron las economías de diversas regiones en Estados Unidos durante finales del siglo XVIII— una transición hacia el capitalismo, y si como resultado de esta transición surgió en San Luis Potosí una economía monetizada en la cual el gobierno y los capitalistas invertían en infraestructura y tecnología, y donde las relaciones precapitalistas comenzaban a ser desplazadas por formas capitalistas de producción basadas, además, en esquemas contractuales. Las respuestas a ambas preguntas, para ser las apropiadas, tendrían que estar sostenidas por evidencia que demostrara que, en efecto, dicha transición hacia el modo de producción capitalista se sustentaba en relaciones laborales, es decir, el trabajo enajenado a cambio de un pago en efectivo. La evidencia obtenida mediante la búsqueda documental no resultó ni contundente ni viable para demostrar la predominancia de este tipo de relaciones, y, por el contrario, me llevó hacia un destino diferente. Cuando buscaba en los documentos evidencia que me diera luz sobre las posibles relaciones capitalistas entre la mano de obra y los patrones, su contenido no respondía de modo apropiado a la pregunta que yo planteaba y me confirmaba más bien, como ya lo había sospechado, que me encontraba frente a una economía poco monetizada, con una limitada y desorganizada inversión en infraestructura y tecnología por parte de las clases política y mercantil, y con acumulación primitiva de capital en manos de comerciantes extranjeros y algunas familias mexicanas; todo esto, en una sociedad no necesariamente dominada por relaciones económicas entre los individuos (sobre todo patrones y trabajadores) basadas en prácticas contractuales capitalistas, sino más bien en relaciones que seguían siendo más cercanas a las precapitalistas.

Por lo anterior, orienté la investigación a responder dos nuevas preguntas: ¿Era posible que una ciudad como la de San Luis Potosí y su región —en una ubicación periférica en relación con la ciudad de México— experimentara antes de que concluyera la primera mitad del siglo XIX una etapa de mejora en su desempeño económico, una especie de crecimiento económico moderado, pese a la predominancia de las peculiaridades económicas y sociales descritas?, y ¿qué evidencia empírica demostrarían este crecimiento y mejora en el desempeño de la economía?

A partir de la era republicana la ciudad de San Luis Potosí comenzó a demostrar cierta centralidad a manera de entrêpot de diversas regiones y centros de consumo ubicados en diferentes puntos cardinales alrededor de la coordenada geográfica en que ésta se encontraba; de hecho, la ruta comercial entre el puerto de Tampico y la ciudad de San Luis Potosí se convirtió en una ruta alterna al eje mercantil entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México, pues en estados como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Coahuila entre otros, se demandaban productos de importación que, si era el caso de que fueran introducidos por el puerto de Tampico, necesariamente requerían, por su ubicación geográfica, transitar por la ciudad o el estado de San Luis Potosí. Además, al menos tres elementos más nos demuestran que en efecto se presentó en la región cierto crecimiento económico: primero, que los gobernantes y los particulares detectaron un incremento en el tránsito de mercancías de importación y nacionales a través de la ruta que conectaba la ciudad de San Luis Potosí con el puerto de Tampico, y de ahí que mostraran interés por mejorar la infraestructura física de la ruta mercantil, pues con ello se estimularía el crecimiento económico de la región que ya se venía dando; segundo, los cambios a finales de la década de 1820 en la estructura mercantil y del comercio menudo y de mayoreo de la ciudad, así como el surgimiento y éxito de firmas mercantiles propiedad de alemanes, españoles, estadounidenses e ingleses; y, tercero, las tendencias estables o al alza en la recaudación de impuestos como la alcabala al consumo de productos extranjeros y nacionales, el impuesto a la compraventa de inmuebles y el impuesto al ensaye de platas. Cabe resaltar respecto a este tercer punto que la estructura dedicada a la recaudación de impuestos se estableció en 1824 y se modificó en varias ocasiones por disposiciones del gobierno y del congreso estatales; la existente a mediados de 1830 se mantuvo con algunos cambios hasta el final del periodo de este estudio, es decir, no se incrementó notablemente en su tamaño ni en su eficacia, es decir, el acrecentamiento en los ingresos por concepto de alcabalas se debió más a un constante y creciente tráfico de mercancías que a la eficacia en la recaudación o a un crecimiento notorio de la infraestructura fiscal. Lo que sí determinó en ciertos momentos una mayor recaudación fue la política fiscal aplicada, la cual resultaba de acuerdos entre los actores involucrados, es decir, entre recaudadores y contribuyentes. Dicha política dependía de la orientación política y la capacidad para imponerla por parte grupo de poder que controlaba el gobierno del estado o dominaba el congreso estatal; las principales fuerzas políticas durante la época eran los federalistas radicales y los federalistas moderados, conocidos también como los aristócratas, éstos últimos eran aliados de los grandes comerciantes extranjeros y de los propietarios importantes tanto españoles como criollos y mexicanos residentes en San Luis Potosí, mientras que los primeros mostraron un mayor acercamiento a los medianos y pequeños comerciantes de origen mexicano.

Por otro lado, en esta investigación presento el análisis de un caso particular de una familia provincial residente en San Luis Potosí desde finales del siglo XVIII. El análisis de las propiedades y los negocios —tanto en San Luis Potosí como en Zacatecas— que poseía la familia Gordoa me permite afirmar que sus negocios tuvieron una mejora en su valor a lo largo de las décadas de 1820 a 1840, lo que a su vez redundó también en el ascenso de algunos de sus miembros en el entramado social de la época. El estudio del desempeño económico de los negocios de esta familia durante el periodo que se analiza confirma un crecimiento en su valor en libros, o bien que proporcionaron una renta a sus propietarios. Las señales de crecimiento no sólo se perciben en el caso de esta familia, sino se sintieron también en los negocios y propiedades de otras familias residentes en San Luis Potosí, entre ellos hacendados y comerciantes como los Ipiña y los Barragán, cuyas propiedades —como lo ha demostrado Jan Bazant— incrementaron el valor durante ese periodo. Otras regiones experimentaron también esta circunstancia; tal es el caso de la familia Huarte en Michoacán, estudiado por Margaret Chowning.

Considero que esta investigación se inserta en varios debates historiográficos. Para realizar la tarea de análisis de la evidencia recolectada requerí de acercamientos a diferentes historiografías; así, en este trabajo apelo y creo que contribuyo a la historiografía fiscal, a la historiografía de los grupos económicos, políticos y de las familias, e incluso a los estudios sobre la minería. Para orientar el argumento fue necesario entrar a debatir con algunos postulados planteados por autores especializados en tales historiografías; sin embargo, en su conjunto el debate principal en que se ubica la investigación es el correspondiente al de los estudios de las sociedades y economías periféricas, peculiares por su supuesto estancamiento económico a lo largo del siglo XIX, lo que ocasionó realidades sociales, políticas y económicas de atraso y subdesarrollo en comparación con Estados Unidos o Europa.

La historiografía dedicada al estudio del desempeño de la economía mexicana en el siglo XIX ha desarrollado dos caminos para explicar el supuesto estancamiento predominante a lo largo de las tres primeras décadas del siglo. Una postura considera que el estancamiento de la economía mexicana resultó de la debilidad en la estructura política y financiera del gobierno nacional, de los obstáculos generados por la geografía y la política fiscal que beneficiaba sobre todo a los gobiernos regionales, y del arcaico sistema financiero y la rusticidad del sistema mercantil.1 Una segunda postura, además de considerar algunas de las razones referidas, toma como causa del estancamiento económico el impacto negativo de la minería en la liquidez de la moneda, así como el bajo ingreso per cápita que predominó durante las primeras décadas del siglo XIX.2 Los promotores de esta segunda postura afirman, además, que la economía dejó de crecer debido al colapso en la producción minera. Investigadores que sostienen alguna de las posturas descritas comparten la idea de que el movimiento de independencia no afectó de manera directa el desempeño de la economía, sino que más bien el crecimiento se desaceleró bruscamente hacia el final del siglo XVIII, es decir, un par de décadas antes del inicio de la insurrección “los costos económicos de la independencia fueron impuestos en la que era ya una economía debilitada”.3 En consecuencia, esta depresión económica empeoró debido a los efectos negativos del movimiento independentista y por el desorden político y económico que prevaleció durante el periodo llamado de la anarquía (1820-1840).4

Como respuesta a estas dos posturas, algunos investigadores han generado nuevas investigaciones cuyos descubrimientos ponen al descubierto la existencia de ciertas señales que indican un resurgimiento económico en algunas regiones del país durante las décadas de 1820, 1830 y 1840. Esas señales son el incremento en la frecuencia en la realización de transacciones de bienes raíces tanto urbanos como rurales, el incremento en el valor de la propiedad rural, la mejora en el sector minero y, por último, la pérdida de la centralidad que caracterizó a la ciudad de México en el mercado de productos importados y en la acuñación de moneda de plata.5 Es justo en esta historiografía dentro de la cual se inscribe el argumento de este libro sobre la revivificación económica que se hace evidente en San Luis Potosí durante las primeras décadas de la era republicana.

Para demostrar que la economía de la región de San Luis Potosí —pese a su posición periférica— presenció un crecimiento económico, analizo en el primer capítulo de esta investigación los intentos del gobierno y de los particulares para propiciar condiciones que permitieran sostener la mejora económica que se suscitaba. Las estrategias del gobierno y de los particulares fueron fundamentalmente el fomento al comercio de bienes importados y el desarrollo de la infraestructura de caminos de rueda y fluvial. Por otro lado, analizo los efectos que trajo consigo el crecimiento en el consumo de bienes de importación y de abasto a la ciudad, pues me percaté de que el antiguo dominio o hegemonía que españoles y criollos tenían del abasto y comercio de la ciudad se vio afectado a finales de la década de 1820. Los antiguos comerciantes tuvieron que convivir y compartir su hegemonía con los comerciantes provenientes de otros reinos y naciones; en algunos casos, incluso, los comerciantes españoles, proveedores de bienes de consumo en la ciudad por varios siglos, fueron sustituidos por los recién inmigrados. Estos nuevos inmigrantes establecieron formas distintas de comerciar y de financiar sus transacciones; éstas se basaban en redes tejidas por sus relaciones con comerciantes en otros centros de consumo; asimismo, desarrollaron formas de crédito que no requerían necesariamente de transacciones en metálico. Los cambios en las prácticas íntimas del mercado y del abasto fueron posibles debido a que en apariencia se incrementó la demanda —de modo hipotético, en los sectores altos y medio de la sociedad— por los bienes manufacturados de origen extranjero. Este incremento en la demanda propició la formación de tiendas de menudeo, mayoreo y almacenes que a lo largo de su existencia experimentaron tanto incrementos en su capital como quiebras inevitables. El análisis de las formas de cómo hacían negocios algunas de las principales casas mercantiles, así como una revisión de sus mismas quiebras, me permite afirmar que su desaparición y problemas eran ocasionados más por falta de pericia de los propietarios que por una caída estrepitosa en las ventas, pues, a pesar de que algunas casas mercantiles quebraban, se establecían nuevas negociaciones, lo que demuestra la existencia de la demanda de bienes. El incremento en dicha demanda a finales de la década de 1820 trajo una etapa de florecimiento económico, el cual a su vez propició un incremento en los ingresos del gobierno provenientes de impuestos a la introducción y al consumo de bienes tanto nacionales como extranjeros. Los gobernantes se percataron de que esa demanda implicaba un incremento en las importaciones, pero a su vez una exportación de plata cada vez mayor, lo que propició ciertas modificaciones a la estructura y a la política fiscal.

El análisis de dicha política y de los cambios en la estructura hacendaria es la materia del capítulo dos. En ese apartado realizo un análisis de la política fiscal que establecía la clase gobernante para coaccionar o para beneficiar, según fuera el caso, a la clase mercantil. Inicio con una descripción de cómo se organizaba el sistema a partir de la geografía política, pues imperó durante el periodo un debate sobre la existencia o desaparición o modificación de los suelos alcabalatorios.6 Asimismo, explico el debate generado sobre los intentos del gobierno central por desaparecer las alcabalas y la resistencia de las regiones. Con lo anterior creo haber explicado el escenario en el cual se movían los almaceneros y propietarios de tiendas dedicados a la importación de manufacturas y a la exportación de plata; también se explican en ese apartado las tensiones que dichos mercaderes tenían con la autoridad fiscal y las alianzas que en ocasiones establecían con dicha autoridad para obtener beneficios para sus negocios. Por otro lado, resalto el hecho de que los últimos apartados de ese capítulo están dedicados a explicar la conducta en la recaudación de tres impuestos: las alcabalas e impuestos al consumo, el impuesto del seis por ciento a las transacciones de compraventa de inmuebles y el impuesto a la plata pura y ensaye. La reconstrucción de las series de datos de los ingresos de la aduana de la capital del estado de San Luis Potosí y de la Tesorería de Estado permite demostrar que existía crecimiento en la actividad económica en la región y que los altibajos en la recaudación podrían ser más el resultado de las alianzas o confrontaciones de la clase mercantil con el grupo que controlaba el gobierno o el congreso del estado (federalistas radicales o los federalistas moderados, conocidos también como aristócratas), necesariamente resultado de los vaivenes en el mercado. Es decir, que en la definición de la política fiscal participaba, con cierto peso y en ciertas circunstancias políticas, la parte contribuyente, lo que redundaba en una mayor o menor recaudación.

Además del referido incremento en la recaudación durante las décadas de 1830 y 1840, el efecto del crecimiento económico se manifestó también en un aumento en el valor de la propiedad privada durante el periodo de estudio. Los capítulos tres y cuatro se dedican al estudio del caso peculiar que nos presenta una familia potosina. La trayectoria de los negocios de la familia Gordoa, en sus dos vertientes Gordoa Bravo y Gordoa Ruiz de Esparza, nos presenta varios aspectos de relevancia para el argumento de este libro. Ejemplifica, por un lado, la supervivencia y transición de una familia que comenzó a acumular capital desde finales del siglo XVIII y cuyo patriarca pasó bien librado los años de la guerra por la independencia. El patriarca continuó con un proceso de acumulación de capital en la década de 1810, acumulación que tiene su origen en la bonanza de una mina ubicada en el pueblo minero de Real de Catorce, San Luis Potosí. Gordoa reinvirtió el capital acumulado en la compra de inmuebles, como haciendas ubicadas en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, así como una casa de valor considerable en el centro de la capital de este último estado —la zona central de la ciudad ofrecía durante la época la oportunidad de mayor plusvalía a los compradores de bienes inmuebles—. Como se verá, hacia las décadas de 1830 y 1840 las propiedades de los Gordoa mantuvieron una tendencia a la alza en su valor en libros, lo que es otro indicador de crecimiento de la economía regional. En el tercer apartado, la búsqueda por obtener una explicación detallada y fundamentada de los negocios de la familia me obligó a involucrarme en la historiografía sobre temas diversos como la familia, las haciendas, la minería, así como las articulaciones entre la clase poseedora del capital y el poder público. Por lo anterior es de gran importancia para este estudio el análisis de las relaciones que la familia Gordoa tuvo con el poder político; de igual importancia es el análisis del capital social generado por los miembros de la familia. Dicho capital social fue en cierta manera incrementándose a la par que se daba el crecimiento de su capital pecuniario —aunque, como se verá en el capítulo cuatro, no necesariamente ambos capitales fueron determinantes uno del otro—. En ese último capítulo explico también cómo los miembros de la familia Gordoa utilizaron su capital social para obtener mejores posiciones dentro de la estructura política del gobierno. Algunos de ellos ocuparon puestos importantes en el congreso local y en el gobierno del estado; de hecho, uno de ellos llegó a ser gobernador del estado en la década de 1850.

Por último, considero importante precisar que el caso de la familia Gordoa contrasta con los casos analizados en el capítulo uno sobre los grandes comerciantes dedicados a la venta de productos importados o nacionales, y que algunos de ellos fueron a su vez exportadores de plata. La gran diferencia radica en que la mayoría de estos mercaderes eran extranjeros. Por el contrario, la familia Gordoa era una familia mexicana cuyos miembros se dedicaron a la explotación minera sin tener un involucramiento directo en el mercado de la plata, es decir, se limitaban a la extracción del metalífero y a su venta mediante subasta a los mejores postores, justo al pie de la mina o del patio de beneficio. La subasta se llevaba a cabo por un procedimiento de venta llamada rifa o venta de frutos. De igual forma, los otros negocios de la familia Gordoa estaban dedicados a la producción agrícola y ganadera fundamentalmente; contrario a los almaceneros y dueños de tiendas de mayoreo, los Gordoa se dedicaban a la venta de productos no manufacturados. Es decir, en esta investigación estudio diversos ámbitos de la vida económica, y su detallado análisis me permite plantear la hipótesis de que, al menos en la ciudad de San Luis Potosí y su región, la economía tuvo cierto crecimiento a pesar de la innegable adversidad política de esas décadas, y me permite asimismo abrir un debate con la historiografía que ha señalado las primeras décadas republicanas como una era de estancamiento económico.

NOTAS

1Enrique Cárdenas Sánchez, Cuando se originó el atraso económico. La economía mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920 (Madrid: Biblioteca Nueva / Fundación José Ortega y Gasset, 2003); Carlos Marichal, “Obstacles to the Development of the Capital Markets in Nineteenth-Century Mexico”, en How Latin America Fell Behind, Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914, ed. Stephen Haber (Stanford: Stanford University Press, 1997), 118-145; John H. Coatsworth, “Obstacles to Economic Growth in Nineteenth-Century Mexico”, American Historical Review 83:1 (1978): 80-100; John H. Coatsworth, Los orígenes del atraso, nueve ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX (México: Alianza Editorial Mexicana, 1997); Stephen H. Haber, “Industrial Concentration and Capital Markets: A Comparative Study of Brazil, Mexico and the United States, 1830-1930”, Journal of Economic History 51/3 (1991): 159-580.

2Richard J. Salvucci, “Mexican National Income in the Era of Independence, 1800-1840”, en Haber, How Latin America, 146-178; Richard J. Salvucci, “Algunas consideraciones económicas (1836). Análisis mexicano de la depresión a principios del siglo XIX”, Historia Mexicana, LV: 1 (2005): 67-98; Carlos San Juan Victoria y Salvador Velázquez Ramírez, “La formación del Estado y las políticas económicas (1821-1880)”, en México en el siglo XIX, 1821-1910, historia económica de la estructura social, coordinado por Ciro Cardoso (México: Nueva Imagen, 1996); María Eugenia Romero Sotelo y Luis Jáuregui, Las contingencias de una larga recuperación. La economía mexicana, 1821-1867 (México: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2003); Herbert S. Klein, “Resultados del estudio de las finanzas coloniales y su significado para la historia fiscal republicana en el siglo XIX”, en Hacienda y política. Las finanzas públicas en los grupos de poder en la Primera República Federal Mexicana, editado por José Antonio Serrano Ortega y Luis Jáuregui (México: El Colegio de Michoacán / Instituto Mora, 1997), 317-351.

3Salvucci, “Mexican National”, 216.

4San Juan y Velázquez, “La formación del Estado”, 65.

5Ernest Sánchez Santiró, “El desempeño de la economía mexicana tras la Independencia, 1821-1870. Nuevas evidencias e interpretaciones”, en Latinoamérica y España, 1800-1850, un crecimiento económico nada excepcional, coordinado por Enrique Llopis y Carlos Marichal (Madrid: Marcial Pons / Instituto Mora, 2009), 65-109; Margaret Chowning, “The Contours of the Post-1810 Depression in Mexico: A Reappraisal from a Regional Perspective”, Latin American Research Review 27:2 (1991): 125-126; Jan Bazant, Cinco haciendas mexicanas, tres siglos de vida rural en San Luis Potosí, 1600-1910 (México: El Colegio de México, 1975).

6El sistema recaudatorio basado en el cobro de alcabalas se caracteriza por estar relacionado en extremo con el espacio territorial ocupado por una región o estado. La alcabala es un impuesto que se aplicaba a la circulación, la introducción y el consumo de productos manufacturados, así como a los animales y granos introducidos en cierta jurisdicción territorial, la cual se denominaba suelo alcabalatorio.

CAPÍTULO 1.

LA RUTA SAN LUIS POTOSÍ-TAMPICO Y LAS NUEVAS CASAS DE COMERCIO EN LA CIUDAD. SEÑALES DE CRECIMIENTO

ESPACIOS REGIONALES Y ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

A mediados de la década de 1820 la ciudad de San Luis Potosí comenzó a forjar una centralidad y preeminencia económica, social y política. Contribuyó a su centralidad la ubicación geográfica que tenía dentro del mapa de la nueva nación mexicana, y su preeminencia como ciudad capital de un nuevo estado federado se debió al establecimiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con sus respectivas instituciones como el congreso estatal, el supremo tribunal de justicia y las oficinas que requería la burocracia del gobierno estatal. El hecho es que la ciudad comenzó a tener importancia política como sede del poder y como una coordenada por la que tenían que cruzar los bienes de los mercaderes importadores de productos extranjeros e introductores de productos nacionales interesados en alcanzar el poniente y el norte del país, o bien un punto apropiado en la geografía del mercado para establecer sus tiendas al menudeo o mayoreo, así como almacenes para distribuir sus productos hacia otras poblaciones y centros de consumo.

¿Cómo se llegaba a la ciudad de San Luis Potosí procedente del golfo de México, del norte, de la ciudad de México, de la región del Bajío y de las costas del Pacífico? Por lo general se llegaba por caminos de rueda que debían sus formas a la orografía, la hidrografía y las poblaciones que, por un lado, podían abastecer de agua y alimentos a los viajeros y, por el otro, eran un mercado potencial para los bienes que intercambiaban los comerciantes. Por ejemplo, el viaje del puerto de Tampico (el puerto de Tampico al que me refiero fue habilitado como tal en el año de 1823)1 a la capital del estado podía tomar, a un viandante conduciendo animales cargados de mercancía, hasta cuatro semanas de viaje; ingresaba al estado por su extremo oriente, que limita con los actuales estados de Tamaulipas y Veracruz, y cruzaba las zonas conocidas como Huasteca y Oriente, o bien ingresaba por la parte del oriente de San Luis Potosí vía Tula, Tamaulipas o Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Para ello era necesario que el viandante atravesara la Sierra Madre Oriental, con alturas superiores a los 2 000 metros sobre el nivel medio del mar. Por otro lado, el viaje de la ciudad de San Luis Potosí a la de México era no menos difícil, pues había que tomar el camino a la ciudad de Guanajuato, pasar por la parte poniente del Bajío y de ahí tomar el conocido camino real. Hacia el norte no se necesitaba cruzar una cordillera montañosa de alturas considerables; sin embargo, las distancias por recorrer resultaban mucho mayores —Chihuahua, por ejemplo, dista vía terrestre más de 600 kilómetros de San Luis Potosí—. Los viajeros que se dirigían hacia el norte se adentraban en el Altiplano, espacio geográfico respetado desde siglos anteriores por su aridez y altas temperaturas en el día y bajas durante la noche.

La ciudad de San Luis Potosí mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX la posición de centralidad —en el espacio regional del centro norte de México— que adquirió desde mediados de la década de 1820. Debido a su localización, un determinismo geográfico podría explicar dicha centralidad —aunque quizá sería una explicación insuficiente—. Más bien su característica como núcleo articulador de unidades urbanas y protourbanas,2 algunas de ellas incluso distantes a la misma ciudad, explique mejor la concreción de su centralidad. De hecho, la ciudad había sido considerada por algunos políticos e intelectuales decimonónicos como un centro distribuidor de mercancías o bien una escala necesaria en el itinerario de varias rutas. Una travesía de la ciudad de México hacia los centros mineros del norte implicaba el paso casi obligado por San Luis Potosí. De igual forma, era una de las paradas necesarias en el derrotero procedente del Pacífico Sur (Michoacán y Guerrero) con dirección al puerto de Tampico o viceversa. Pareciera ser que la capital potosina funcionaba como una bisagra que articulaba al sur del país con el norte, y el oriente con el occidente.

FIGURA 1.1

PRINCIPALES RUTAS, CIUDADES Y POBLACIONES DE LA REGIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

Se especifican los tres espacios regionales.

Elaboraron: Marco Antonio Vázquez Rocha y Sandra Lizeth Martínez Contreras.

Dentro del territorio que ocupó el estado de San Luis Potosí desde su formación a mediados de la década de 1820 se integraron tres espacios regionales que tuvieron funciones particulares a partir de su relación con la capital del estado; un primer espacio estaba integrado por las regiones conocidas como el Oriente y la Huasteca, con tres poblaciones importantes: Rioverde, Valle del Maíz y Villa de Valles; su relación con la ciudad de San Luis resultaba del abastecimiento de productos agrícola-ganaderos y algunas de sus poblaciones, entre ellas las tres mencionadas, eran paradas o estaciones de reabastecimiento importantes en los caminos que comunicaban a San Luis con el golfo de México.

En este espacio regional se podría considerar que hacían intersección las áreas de influencia de la capital potosina y del puerto de Tampico, pues el puerto tenía una mayor vinculación con la región Oriente, la Huasteca potosina y la misma capital del estado potosino, que con la capital del estado de Tamaulipas y los conglomerados de población cercanos.3

El segundo espacio regional era conocido como Altiplano, localizado al norte y norponiente de la ciudad. Se caracteriza por su ambiente semidesértico en el cual, gracias a la riqueza mineral de su subsuelo, se desarrollaron tres centros mineros de importancia; además de la explotación minera, las condiciones ecológicas posibilitaron el establecimiento de poblaciones y haciendas productoras de ganado mayor, menor y granos. A corta distancia de la capital, con dirección noreste, se encuentra el centro minero de Cerro de San Pedro (20 km aproximadamente); a mediana distancia (alrededor de 100 km) está asentado el centro minero de Guadalcázar; y a unos 200 kilómetros, en dirección hacia el noroeste, el complejo minero de Real de Catorce. Los tres asentamientos producían la mayor parte de la plata que se introducía a la Casa de Moneda, fundada en la ciudad de San Luis Potosí en 1826. Una porción importante del abasto de bienes hacia esos centros mineros era controlado sobre todo por los comerciantes extranjeros radicados en la capital potosina. Estos mercaderes se dedicaban a importar e introducir mercancías al estado potosino para luego revender los productos a distribuidores menores que residían en Cerro de San Pedro, Guadalcázar y Real de Catorce, además de otras poblaciones participantes en la dinámica minera como Armadillo de los Infante, Matehuala, Cedral y Charcas. Aquellos pobladores con capacidad de consumo de los centros mineros adquirían los bienes importados e introducidos al estado por los comerciantes residentes en la capital potosina, que en algunos casos eran pagados con plata, o bien algunos de estos comerciantes mayoristas adquirían cantidades importantes del mineral, el cual ellos mismos introducían para su ensaye o amonedación en la Casa de Moneda de San Luis.

El tercer espacio regional se extendía hacia el oeste y sur de la ciudad de San Luis Potosí. Dos caminos atravesaban dicho espacio, uno conectaba a San Luis Potosí con la ciudad de Zacatecas y con el Camino Real de Tierra Adentro, mientras que el otro conectaba con el Bajío y con la ciudad de México a las poblaciones ubicadas al norte y noreste de la ciudad de San Luis Potosí.

Es decir, se completaban así dos derroteros, uno transversal que iniciaba en el puerto de Tampico, pasaba por la ciudad de San Luis y continuaba hasta su incorporación, dentro de territorio zacatecano, con el Camino Real, lo que le daba la peculiaridad de convertirlo en el camino transversal de mayor importancia después del que comunicaba a Veracruz con la ciudad de México. Era, asimismo, el más importante tanto para los comerciantes radicados en San Luis Potosí como para los del mismo puerto y las poblaciones ubicadas en este tercer espacio regional. Muchos de los mercaderes de Tampico utilizaban al llegar a San Luis la ruta hacia Monterrey que comunicaba con el norte del país, pero no cabe duda de que entre 1823 y 1850 el camino de San Luis Potosí-Zacatecas era el de mayor preponderancia, pues los centros mineros requerían de insumos procedentes del oriente y sur del país, mientras que la exportación de la plata tenía una dirección hacia el este buscando la salida al golfo de México; sin duda, este derrotero San Luis Potosí-Zacatecas ofrecía la posibilidad de comunicar el oriente con el oeste y noroeste de México haciendo posible la conexión con la ruta de Tierra Adentro desde Zacatecas.4 Entre la ciudad de San Luis Potosí y Zacatecas la ruta encontraba las Salinas del Peñón Blanco y el centro Minero de Ramos. La primera de estas dos poblaciones del Altiplano potosino proveía de sal a los centros mineros, así como a las haciendas ganaderas ubicadas tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí.

El segundo trayecto venía del norte, de ciudades como Monterrey o Saltillo, pasando por Real de Catorce, Charcas y la hacienda de Bocas, y atravesando la ciudad de San Luis Potosí para continuar por el Valle de San Francisco, donde se localizaban importantes haciendas productoras de granos y ganado, para finalmente ingresar al Bajío, el cual atravesaba para dirigirse hacia la ciudad de México.

FIGURA 1.2

LOS TRES ESPACIOS REGIONALES EN EL TERRITORIO POTOSINO Y SUS POBLACIONES

Elaboraron: Marco Antonio Vázquez Rocha y Sandra Lizeth Martínez Contreras.

Tenemos así entonces tres espacios regionales vinculados a la ciudad, los cuales proveían algunos bienes de consumo para la alimentación y necesidades básicas de sus habitantes. Asimismo, uno de estos espacios regionales producía la plata que se introducía a la Casa de Moneda y que luego era exportada sobre todo vía el puerto de Tampico. En suma, los espacios regionales eran cruzados de norte a sur y de oriente a poniente por caminos a través de los cuales se introducían manufacturas europeas y estadounidenses, se traficaban bienes de consumo y el elemento de exportación era fundamentalmente la plata.

Aunque el espacio geográfico en el cual he enfocado la investigación se limita a la ciudad de San Luis, esta explicación sobre los espacios regionales y las rutas que atravesaban el centro del país, teniendo a San Luis como su principal punto de convergencia, permite al lector un mejor entendimiento sobre el espacio geográfico bajo análisis y le ayuda a comprender mejor la importancia de la articulación de dichos espacios regionales teniendo a la ciudad de San Luis como masa gravitacional. Quizá la peculiaridad de esta articulación contribuyó también a que durante el periodo de estudio se diera el desempeño positivo en la economía de la ciudad de San Luis; este crecimiento pudo además replicarse en otras ciudades como Zacatecas o regiones como el Bajío, además de los centros mineros como Real de Catorce o Guadalcázar; quizá tampoco estuvieron exceptuadas de este crecimiento poblaciones como Valle del Maíz, que desde el siglo XVIII se convirtió en un centro importante de abastecimiento regional, además de haber sido una localidad ubicada dentro de las rutas mercantiles entre Tampico y la ciudad de San Luis Potosí, así como un punto de paso para aquellos mercaderes provenientes del puerto y que se dirigían a la región norteña del Altiplano, principalmente Real de Catorce y Guadalcázar.5

Además de la explicación de estos espacios regionales, es necesaria una exposición sobre la demografía y su comportamiento durante el periodo de estudio; es, sin duda, un elemento importante que se ha de considerar, pues se requiere el análisis del comportamiento demográfico para contextualizar de modo apropiado el crecimiento económico que se presenta en la ciudad de San Luis. Para ello he realizado una búsqueda y sistematización de información que me permita obtener el número relativamente preciso de los habitantes de la ciudad quienes pudieron haber sido actores y en cierta medida beneficiados en el proceso de mejora en el desempeño de la economía.

Podríamos partir del cálculo realizado a principios del siglo XIX por Alexander von Humboldt, quien estimaba que la ciudad de San Luis, en ese entonces capital administrativa de la intendencia de San Luis Potosí, tenía una población de 12 000 habitantes. En 1822 el ayuntamiento de la ciudad levantó un censo de los pobladores cuyo resultado precisaba que San Luis tenía 11 952 habitantes;6 un nuevo levantamiento realizado a finales de 1824 e inicios de 1825 arrojaba una población de 13 200,7 cifra que de seguro mantuvo un crecimiento moderado de un 1.5% anual durante la década de 1830 y la primera mitad de la década de 1840. No existen datos demográficos de la ciudad durante las dos décadas referidas; sin embargo, a partir de información fragmentada es posible especular que la ciudad pudo haber tenido en 1847 entre 17 000 y 30 000 habitantes, sin embargo, parte considerable de dicha población (10 000 aproximadamente) podría haber sido flotante, conformada por familias que habitaron la ciudad durante el tiempo que estuvo acantonado en ella el ejército del Gral. Antonio López de Santa Anna, ya fuera como refugiados o como parte del ejército. Lo que sí he podido comprobar con fuentes primarias es que, a pocos meses de concluida la invasión estadounidense en 1848, el gobierno del estado de San Luis Potosí ordenó la realización de un censo y que el resultado de esta muestra, levantada durante el verano de 1848, contabilizó 10 683 habitantes en la ciudad.

La Gráfica 1.1 nos indica la tendencia que experimentó la población de la ciudad durante las décadas de 1820 a 1840. Como se puede ver para el año de 1847, he calculado —a partir de una tasa de crecimiento anual del 1.64%— que la ciudad tenía alrededor de 18 000 habitantes (cantidad cercana a la especulada líneas arriba). En 1848, conforme al censo levantado ese mismo año, la población de la ciudad se hallaba por debajo del nivel existente en 1822. Sin duda hay una merma importante de la población, y a partir de evidencia circunstancial se puede especular que esta disminución pudo haberse debido a la mortandad o a un fenómeno migratorio provocado por la guerra recién librada.8

GRÁFICA 1.1

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ DE 1800 A 1848.

Fuente: Alexander von Humboldt, Ensayo político de la Nueva España (México: Porrúa, 1966), p. 186; Velázquez, Historia, vol. II, 502; AHESLP, SGG, 1825.16, exp. 8, 2 de marzo-4 de julio de 1825. Censo del Ayuntamiento de San Luis Potosí; AHESLP, SGG, 1848, sin exp. La población para el año de 1847 se calculó a partir de una tasa de crecimiento de 1.64%, similar a la del crecimiento del acumulado de la población de la ciudad y los barrios durante los años de 1825 a 1849.

Ahora bien, si integramos a la población de la ciudad la residente en los siete barrios que le rodeaban, encontramos, contrario a lo que acontece en la ciudad, una tendencia de crecimiento en la población de un 1.64% anual entre 1825 y 1849. Es decir, en 24 años este conglomerado pasó de cerca de 25 000 a casi 35 000 habitantes, un crecimiento de aproximadamente 10 000 personas (Gráfica 1.2). Es probable que durante los años de 1847 y 1848 haya habido una migración de la población de la ciudad hacia los barrios, lo cual puede explicar el crecimiento negativo de la primera y la tendencia en los números de conglomerado.

GRÁFICA 1.2

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS SIETE BARRIOS QUE LA RODEABAN, 1825-1849.

Fuente: AHESLP, SGG, 1825.16 exp. 8, 2 de marzo-4 de julio de 1825. El dato del año de 1849 se construyó tomando la población de la ciudad de 1848, que según el censo de ese año era de 10 683, más la población de los barrios registrada en Memoria con que el gobierno del estado libre y soberano de San Luis Potosí, en cumplimiento del artículo 113 de la Constitución, dio cuenta a la séptima Legislatura Constitucional en el primer periodo de sus sesiones ordinarias. 1849.

En suma, tenemos un aparente estancamiento en el crecimiento de la población de la ciudad; sin embargo, si hacemos el agregado de la población de los barrios, resulta que en el periodo de estudio hay un crecimiento demográfico moderado. Algo similar ocurría en otros asentamientos ubicados en los espacios regionales del estado de San Luis Potosí y que se puede apreciar en la Gráfica 1.3.

GRÁFICA 1.3

NÚMERO DE HABITANTES DE VILLA DEL MAÍZ, REAL DE CATORCE Y VALLE DE SAN FRANCISCO EN 1825 Y 1849

El rango de la tasa de crecimiento anual es de 1.1 a 1.6%.

Fuente: AHESLP, SGG, 1825.16, exp. 8, 2 de marzo-4 de julio de1825; y Memoria con que el gobierno… 1849.

Lo que en términos generales nos enseñan los datos demográficos descritos y reconstruidos es que la ciudad de San Luis Potosí, con 12 000 habitantes a principios de siglo XIX, incrementó su número a 18 000 mediando el siglo, una circunstancia que se reiteraba en algunas poblaciones de los espacios regionales vinculados a la ciudad. Finalmente, en la Gráfica 1.4 se aprecia la curva de crecimiento de la población del estado en su conjunto. Si se considera la tasa de crecimiento de 1825 a 1849, ésta resulta superior al 2.5% anual; sin embargo, la evidencia obtenida en 1825 no es de fiar en su conjunto pues faltaron de contabilizarse muchas poblaciones; por ello prefiero considerar la tasa de crecimiento de 1.1% anual durante el periodo de 20 años que media entre 1829 y 1849, ya que es más acorde con el crecimiento que presentan a detalle los asentamientos revisados. Tenemos entonces un crecimiento poblacional moderado con el que viene de la mano el crecimiento económico al cual está dedicado este libro. Dicho esto, pasemos a revisar los signos de prosperidad que se presentaron en San Luis y en los que participaron algunos de los habitantes de la ciudad.

GRÁFICA 1.4

HABITANTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN 1825, 1829 Y 1849.

Fuente: AHESLP, SGG, 1825.16, exp. 8, 2 de marzo-4 de julio de 1825; Memoria con que el gobierno del estado libre de San Luis Potosí dio cuenta…1829; Memoria con que el gobierno…1849.

LA RUTA SAN LUIS-TAMPICO: LOS SIGNOS DE PROSPERIDAD

Desde la década de 1810 se comenzó a desarrollar un eje comercial entre la ciudad de San Luis Potosí y los pequeños puertos informales ubicados en la zona de Pánuco y el actual puerto de Tampico, en dicho eje se involucraban también algunas otras poblaciones del oriente de la provincia de San Luis Potosí. Sin embargo, la ciudad capital no había alcanzado a desarrollar una centralidad o una masa gravitatoria de importancia que pusiera a orbitar a su alrededor varios núcleos poblacionales; dicha masa gravitatoria era un fenómeno presente en otras ciudades novohispanas de finales del siglo XVIII, como Zacatecas o Guadalajara.9 Debido precisamente a esta carencia de atracción de la ciudad de San Luis Potosí, ricos hacendados o comerciantes como Felipe Barragán, quien residía en el Valle del Maíz, desarrollaron en las últimas décadas de ese siglo una red mercantil regional que no estaba sometida a ciudad de San Luis Potosí. Barragán poseía varios negocios que para su abasto mantenía vínculos con Querétaro y la ciudad de México, y no necesariamente con San Luis; en el Oriente potosino, al menos Barragán administraba una tienda matriz, ubicada en Valle del Maíz, y otras tres localizadas en los pueblos de Alaquines y Tula. Antes de que concluyera el siglo XVIII Barragán había ampliado o diversificado sus actividades mercantiles al transporte de plata, el cual tenía su punto de origen en algunos reales de minas y su destino principal era la ciudad de México. En sus viajes de regreso al oriente potosino traía para revender mercancías variadas, entre ellas telas europeas o chinas, las cuales eran codiciadas en la región.10 Algunas de sus mercancías eran introducidas directamente por medio de puertos en el golfo de México, y revendidas en sus diferentes tiendas. Otros comerciantes localizados en la región de Ciudad del Maíz, por ejemplo Manuel Fernando Ortiz de Zárate, desarrollaron redes vinculadas con los comerciantes residentes en la ciudad de México o en el puerto de Tampico, y al igual que Barragán vendían productos en sus tiendas de mayoreo y menudeo, lo que confirmaba una relación más fuerte con ciudades distintas y distantes a San Luis.

Con el cambio de siglo comenzó a modificarse esta circunstancia. Sin duda, las rutas de caminos de arriería que comunicaban la ciudad de San Luis Potosí con Tampico comenzaron a tener mayor importancia conforme avanzaba el siglo XIX. Durante las décadas de 1820, 1830 y 1840 hubo diversos intentos por mejorar las condiciones de las rutas terrestres, incluso se realizaron proyectos que promovieron el desarrollo de la navegación fluvial. El incremento en el número de usuarios de estas rutas, así como la mayor actividad económica que se presenciaba, despertó el interés de la clase mercantil potosina y tampiqueña, así como de los gobiernos estatal y federal por fomentar la creación de nuevas rutas, y el mantenimiento y mejora de las existentes. Estos caminos de arriería mantuvieron su preponderancia hasta bien entrado el siglo, cuando comenzaron a ser desplazados por el tendido de las líneas férreas que comunicaron al puerto de Tampico con la capital potosina.

A lo largo del siglo XIX San Luis Potosí y Tampico experimentaron una relación comercial de relevancia. El puerto era punto de entrada de todo tipo de enseres provenientes de Europa y Estados Unidos, además de los obtenidos por la actividad de cabotaje realizada en el golfo de México.11 El vínculo de la capital potosina con el puerto ocupó un lugar importante en la agenda política y de desarrollo económico de las clases política y mercantil de San Luis Potosí. En diversas ocasiones, políticos y comerciantes consideraron que era necesario impulsar el mantenimiento adecuado del camino a Tampico, incluso exploradores extranjeros habían puesto atención en el potencial que ofrecía a la actividad mercantil el eje Tampico-San Luis y la centralidad que ofrecía la misma ciudad. Los ingleses, por ejemplo, eran conscientes desde mediados de la década de 1820 de la importancia de la ciudad como un centro distribuidor de mercancías y como una productiva plaza comercial. El mismo H. G. Ward había reportado que “los ingleses habían sido poco inteligentes por no introducir sus productos mediante los diversos puertos del país para luego transportarlos a la capital”.12 Y añadía: “Si hicieran esto, los comerciantes ingleses podrían vender sus mercancías a menor costo, pero desde hace años que los productores ingleses pasan por los intermediarios norteamericanos [sic], quienes llegan a Tampico, Soto la Marina y Refugio en barcos yankees y llevan los productos mediante comerciantes americanos [sic] en San Luis Potosí y Saltillo, donde ellos tienen un monopolio casi exclusivo”.13

Sin duda, dicha ruta contribuyó a lo largo del siglo XIX a mantener el mercado de mercancías importadas. La presencia de dicho mercado fomentaba a su vez una dinámica económica regional relativamente estable. Otros ejemplos nos demuestran tanto la factibilidad que poseía dicha ruta transversal como la conciencia que tenían los mercaderes sobre su potencial económico. George Francis Lyon resaltaba la importancia de la ruta transversal que ofrecía el río Pánuco como camino fluvial desde el puerto de Tampico hasta la Huasteca potosina. En su libro Residencia en México, 1826… describe a detalle el recorrido que realizó por el cauce del río Pánuco. Con detenimiento calcula la profundidad del río a lo largo del recorrido, que iniciaba desde la barra de Tampico hasta el pueblo de San Vicente Tancuayalab, pasando por el pueblo de Pánuco y por el punto donde se juntan las corrientes de los ríos Tamuín y San Juan (Moctezuma). Lyon resumió sus observaciones respecto a las capacidades del río para la navegación de la siguiente manera: “Pánuco, por consiguiente, puede ser considerado el punto navegable más alto para cualquier navío, con excepción de las canoas”.14 Resalta en su narración que en la población de Pánuco se encontraban ancladas “dos goletas [estadounidenses] y un bergantín de Campeche […] el último descargando sal”.15 Es decir, el río tenía un potencial que comenzaba a ser explotado.

A su vez, los mexicanos hicieron sus propias exploraciones de los ríos Pánuco y Tamuín.16 En 1832 Pedro García Conde fue comisionado por el gobierno de la república para que hiciera una exploración y un informe sobre las posibilidades de navegación que ofrecían el río Pánuco y sus afluentes. Consideró que el río era navegable desde Tampico y recomendó como punto para el desembarco el rancho conocido como la cofradía (lugar muy cercano al actual poblado de Tamuín, San Luis Potosí). De ahí se podían seguir dos rutas para llegar a San Luis Potosí: una que pasaba por Ojo Frío, Papagallos, Llano del Perro y Rincón de Turrubiartes; y la otra por Piedra Gorda, San Nicolás de los Montes, Ciudad del Maíz y Cerritos. La distancia era, según los cálculos de García Conde, de 53 leguas entre Tampico y Cofradía; y de camino terrestre hasta San Luis Potosí, de 81. En suma, su cálculo era de 137 leguas entre el puerto y la ciudad de San Luis Potosí.17 Por otro lado, García Conde tenía indicaciones de proponer dos rutas desde el punto de desembarco (Cofradía); una tendría como finalidad comunicar la ciudad de San Luis Potosí (como ya lo describí) y la otra la capital del estado de Querétaro. Para comunicar a la ciudad de Querétaro con la Cofradía se tenía que llegar primero a Rioverde, San Luis Potosí; sin embargo, García Conde comentaba que no era de considerarse esta ruta a Querétaro: “En cuanto a la apertura del camino por Rioverde a Querétaro, me parece que no debe ni pensarse en ella, [pues por] la distancia que hay desde la Villa de Valles a San Luis y Querétaro debe preferirse la comunicación con la primera […] por lo practicable que se presentan las localidades, no sucediendo así con la segunda, porque siendo preciso atravesar toda la Sierra Gorda, cuando más, se podría obtener un camino muy penoso de herradura”.18 De nuevo se ratificaba la nueva centralidad que obtenía la ciudad de San Luis Potosí.

Tanto la exploración realizada por García Conde —encomendada por los gobiernos estatal y federal— como la exploración y explicación que nos dio Lyon en su texto Residencia en México… nos muestran el indudable potencial de la ruta explorada. Es ese potencial lo que daba factibilidad y posibilidades de realización a los deseos de la clase mercantil y del gobierno por impulsar el comercio; este planteamiento es abiertamente demostrado por una tercera exploración, financiada en este caso por la Sociedad Geográfica de París. En 1833, P. Daussy, explorador de dicha sociedad, dirigió a los socios un comunicado en el que precisaba que tenía en su poder diversos documentos que proporcionaban información suficiente para establecer que el río Pánuco y una porción del Tamuín poseían las características necesarias para ser una vía de comunicación fluvial factible. En su consideración, por medio de este río sería posible trasladar mercancías utilizando barcos de vapor.

Daussy refiere en su texto de 1833 dos documentos: una carta del cónsul francés en San Luis Potosí, M. Hersant, fechada el 12 de octubre de 1832, y el resumen de una memoria sobre la navegación del Pánuco y la ruta por tierra de la Cofradía de Pánuco a San Luis Potosí, de julio de 1831, escrita por José Antonio Ramírez, capitán del puerto de Tampico, y José M. Migoni, administrador de la aduana.

Daussy explica que el cónsul francés manifestaba en su carta preocupación por el inminente dominio que comenzaban a tener los estadounidenses sobre esta ruta mercantil; de hecho, de manera evidente estaban desplazando a los mercaderes europeos tanto en el puerto de Tampico como en el de Veracruz. Es de relevancia la nota que hace Daussy respecto a que era primordial lograr por todos los medios posibles hacer navegable para barcos de vapor el río Pánuco, desde Tampico hasta la Cofradía, y de ahí, establecer por tierra comunicaciones de fácil acceso a la ciudad de San Luis Potosí; el objetivo era desmonopolizar el comercio que existía en el puerto de Veracruz e impulsar el de Tampico como una ruta transversal alternativa.19

Por otro lado, Daussy explica que en el texto de Ramírez y Migoni Resumen de la memoria de navegación de Pánuco y sobre la ruta por tierra entre Cofradía y San Luis Potosí se plantea que las embarcaciones de vapor podían navegar sin problemas hasta la población de Pánuco; para ello, era necesario trasladarse a lo largo de 73 millas. De Pánuco podían navegar hasta un lugar denominado “Oiejo” [sic], distante 90 millas. Desde Tampico hasta el “Oiejo” [sic], la distancia recorrida por el río era de 163 millas. De este último lugar iniciaba el camino de arriería hacia la ciudad de San Luis Potosí, a través de la ruta que pasaba por Tula, Tamaulipas y Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. El trayecto era de 71 millas. La distancia total entre el puerto y la capital potosina era entonces de 234 millas. Por lo regular el tiempo de recorrido entre el puerto y la ciudad era de tres semanas; los franceses calculaban que este recorrido podría reducirse a dos, con lo que se disminuirían los costos de los fletes y el precio de venta de los productos,20 con lo que buscaban promover la creación de empresas de barcos, propiedad de franceses, y representar ante los estadounidenses una competencia real por el control del mercado de la nueva nación.

Las tres exploraciones tienen en común la factibilidad de navegación del río Pánuco; de hecho, coinciden en que es navegable hasta poblaciones dentro del territorio potosino cercanas a la Villa de Valles, hoy conocida como Ciudad Valles. También muestran evidencia de que había intereses por controlar la ruta comercial, pues su potencial estaba a la vista; tal como lo manifiesta Lyon, el río era utilizado para introducir cierto tipo de barcos que traficaban tierra adentro.

El gobierno de San Luis Potosí y la clase mercantil no dejaron de mostrar su interés en esta ruta fluvial, la cual consideraban como necesaria para mejorar la actividad comercial, que estaba incrementándose; el congreso estatal sancionó en noviembre de 1831 un decreto en el cual se facultaba al gobierno del estado para que hiciera uso de los recursos a su disposición para la navegación del río Pánuco, así como para la compostura del camino de Villa del Maíz a la capital del estado, siguiendo la ruta del Puerto de San José.21

Muchos fueron los planes y proyectos; sin embargo, en realidad es imposible afirmar que haya existido, al menos durante la primera mitad del siglo XIX un proyecto de navegación de gran magnitud; no faltaban intentos ni empresarios dispuestos. A mediados de 1831, José T. Crawford, propietario de una compañía que alquilaba barcos de vapor ubicada en Tampico, escribió al gobernador José Guadalupe de los Reyes un comunicado en donde le ofrecía los servicios de su compañía para comunicar el puerto de Tampico con el poblado llamado Tamuín, localizado a corta distancia de la Villa de Valles, San Luis Potosí; la navegación fluvial era la especialidad de dicha compañía y tenía interés en fomentar el tránsito de mercancías hacia el interior, pues traería como consecuencia un aumento en “la industria y agricultura en los márgenes del río donde pasa el vapor”.22 Crawford, quien aparentemente llegó a Tampico después de 1824, manifestó al gobernador que su compañía se hallaba establecida formalmente para brindar servicios de transporte con barcos de vapor, “libre de gravamen y corta ganancia”.23 Con base en su propia exploración, Crawford aseveraba que era posible subir barcos de menos de dos pies de calado hasta el río Tamuín y que aquéllos de calado mayor navegaban sin problemas por el río Pánuco hasta antes de la unión con aquel río. Insistía en la importancia que tenía el tráfico de mercancías hacia el interior, el cual por lo regular se veía interrumpido en los caminos de arriería durante las temporadas de lluvias; en cambio, la navegación era posible durante esas temporadas. Respecto a lo que debería pagar el gobierno por los servicios, mencionaba lo siguiente: “Los gastos de la compañía en su estado actual ascienden [de] 1 800 a 2 000 pesos mensuales; y los cobros, de 2 700 a 3 000 pesos. La leña abunda sobre barata y la gente se presta gustosa a trabajar en este servicio. El ánimo de la compañía más bien es la promoción del comercio sobre un pie seguro, facilitando la comunicación en el interior”.24

Ninguna de las propuestas para hacer navegables los ríos Pánuco y Tamuín preveía la construcción de canales o de obras de mayor infraestructura. Obviamente, la ruta fluvial para conectar la capital potosina con el puerto de Tampico no fue objeto de un desarrollo de canales como el que presenció el noreste de Estados Unidos, sobre todo durante las décadas de 1820 y 1830 —tan sólo en estas dos décadas el gobierno y diversos capitalistas estadounidenses desarrollaron más de veinte proyectos de navegación—. En esa zona del continente las viejas formas de trabajo caracterizadas por la producción agrícola en pequeño o por relaciones entre amos (masters) y trabajadores (journeymen) basadas en el intercambio de trabajo por la satisfacción de necesidades mundanas comenzaron a desaparecer. Se dio entonces la formación de nuevas relaciones económicas y sociales más complejas tejidas por un proceso interrelacionado de cambio social el cual incorporaba el crecimiento de empresas a larga escala, un incremento en la competencia en la producción orientada al mercado y el desarrollo de un mercado de trabajo inundado por individuos que serían contratados como asalariados, lo que era, sin duda, el inicio de un proceso de proletarización,25 claro signo de la transición de una economía precapitalista a una capitalista.

En el caso de los proyectos de navegación en los ríos Pánuco y Tamuín, no he podido encontrar evidencia que me documente la forma en que se daban o pudieron dar las relaciones laborales en estos proyectos de infraestructura. Por esta razón tampoco me ha sido posible detectar si se generaron cambios en la forma de las relaciones laborales, es decir, carezco de elementos para verificar qué viejas formas fueron sustituidas por nuevas; entonces, ni siquiera es posible pensar en el inicio de un proceso de proletarización. Crawford comenta en su comunicado al gobernador del estado que “la leña abunda sobre barata y la gente se presta gustosa a trabajar en este servicio”, es decir, había cierta materia prima para ser utilizada como combustible, así como disponibilidad de mano de obra. Sin embargo, no hay evidencia de que se hubieran contratado grandes cantidades de individuos ni de que se hubiera utilizado maquinaria compleja para el dragado de ríos y canales. Esto quizá hubiera dado indicios de cambios en las relaciones laborales o un fenómeno de proletarización. Acaso el hecho de que se hubiese dado el desarrollo de un proyecto integral que previera la necesidad de un mercado de trabajo abundante y la construcción de la infraestructura fluvial hubiera detectado este tipo de transformaciones en las relaciones de trabajo.

Lo que sí se puede detectar en las décadas de 1820 a 1840 es un cambio en el mercado. Dicho cambio tuvo como peculiaridad un incremento en la importación de bienes europeos o estadounidenses manufacturados y una mayor exportación de plata. También se experimentaron cambios en el abastecimiento de las ciudades, así como una reconfiguración racial de la clase mercantil. Los comerciantes españoles y criollos comenzaron a ser desplazados por comerciantes extranjeros provenientes de Europa y Estados Unidos. Debido a las actividades mercantiles de los nuevos comerciantes se incrementó el tráfico de mercancías por las rutas fluviales y terrestres, es decir, se hizo un mayor uso del eje San Luis Potosí-Tampico y sus ramales tierra adentro; principalmente introducían mercancías al país, las cuales redistribuían desde la ciudad de San Luis Potosí a los espacios regionales del Altiplano y múltiples núcleos poblacionales en los estados de la federación que circundaban al de San Luis Potosí. La articulación de este mercado fundamenta la hipótesis de que se trataba de una ruta que comenzaba a prosperar y a favorecer la vida económica de la región de San Luis Potosí, aunque no necesariamente se trataba de gran crecimiento económico que tuviera como desenlace extremo la modificación de las relaciones preexistentes de trabajo y diera asimismo indicios de una probable transición hacia el capitalismo. Como se verá más adelante, se trataba más bien de cambios en la estructura del comercio y el abasto que había sido heredada del periodo novohispano. Dichos cambios de seguro no eran ajenos a las ciudades provinciales similares a San Luis Potosí; para explicar esta transformación, analizo a continuación las características del comercio y las pulperías y tiendas mestizas de esta ciudad desde finales del siglo XVIII y los cambios acontecidos durante décadas de 1820 a 1830.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA MERCANTIL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

A finales del siglo XVIII prevaleció en la nueva España una estructura del comercio de bienes de consumo y de importación basada en tiendas gruesas, tiendas mestizas y pulperías.26 Después de iniciada la era republicana en 1824, dicha estructura mercantil —predominante en las antiguas ciudades novohispanas— se vio modificada por las políticas del libre comercio, la inmigración de mercaderes provenientes de naciones y reinos distintos al español, y los cambios en la política fiscal de los gobiernos federal y estatal. Los comercios a menudeo, conocidos como pulperías, o los de mayoreo, conocidos como tiendas mestizas, comenzaron a ser denominados de manera distinta. Estos cambios se dieron en el marco del resurgimiento económico que se inició a finales de la década de 1820.

Las pulperías eran definidas por un diccionario del siglo XVIII como una “tienda en las Indias donde se venden diferentes géneros para el abasto, como son vino, aguardiente y otros licores; géneros pertenecientes a droguería, buhonería, mercería y otros; pero no pafios, lienzos ni otros tejidos”;27 sin embargo, en la Nueva España de finales de siglo XVIII una pulpería comúnmente tenía en su inventario bastantes más géneros que los descritos por el diccionario. Asimismo, predominaban productos como manteca, arroz, chile, huevos, botellas, copal, azúcar, anís, papel, cristal, plumas para escribir, machetes e incluso petates; algunos de estos productos eran considerados como de poca monta.28 Estos bienes de consumo se producían tanto en poblaciones distantes como en regiones cercanas a las principales ciudades, es decir, eran productos o mercaderías conocidas como de la tierra y del viento.29

Las tiendas mestizas, contrario a lo que ofrecían las pulperías, atraían a sus clientes con la gran variedad de sus inventarios, que además eran voluminosos, pues vendían a mayoreo muchos de sus productos. Estas tiendas incorporaban en sus inventarios efectos de Castilla e incluso de China y Filipinas; es decir, las tiendas mestizas, además de contar con inventarios más grandes, éstos eran también más surtidos, pues expendían vinos, cristales, entre otros productos conocidos como ultramarinos. Incluso las tiendas mestizas vendían telas y ropa. Contaban asimismo con productos traídos de Europa, y en menor medida de Estados Unidos.

Desde principios del siglo XVII se establecieron este tipo de tiendas en los virreinatos de Perú y de la Nueva España, sobre todo en las ciudades de Lima y México con el objetivo de garantizar el abasto de bienes de uso cotidiano a sus habitantes, así como a los pobladores aledaños, pues las tiendas mestizas proveían de enseres a las pulperías provinciales. El Código de Intendencias de 4 de diciembre de 1786 indicaba en sus artículos 160 y 161 que “el fin de establecer pulperías era el abasto de los pueblos evitando los monopolios que pudieran cometerse en las pulperías de ‘número’ que establecieron los ayuntamientos teniendo estancado el abasto público de los víveres y efectos más precisos como son el pan, el aceite, vino, vinagres y otras cosas de esta naturaleza que ordinariamente se menudeaban en semejantes tiendas”.30 Para evitar dicho monopolio, las pulperías serían establecidas por súbditos que busquen su subsistencia mediante este tipo de negocio y giro mercantil; un mayor número de tiendas posibilitaba la competencia y, por ende, mejores precios y productos para los consumidores.

En la intendencia de San Luis Potosí se elaboró un padrón de pulperías en los años de 1797 y 1798. El virrey conde de Gálvez, Miguel José de Azanza, ordenó dicho padrón para mejorar la recaudación fiscal; para ello se requería de un inventario en donde se especificara el número de pulperías y tiendas mestizas localizadas en su territorio, sus propietarios, localizaciones, capitales e inventarios. El interés por conocer el número de pulperías establecidas en el reino se había manifestado con mayor ímpetu por parte de la autoridad real desde la década de 1770, pues no había claridad sobre su número, localización, capitales, pero sí se conocía la constante evasión de pago anual por parte de sus propietarios.31

Desde su origen, las pulperías fueron concebidas en los dominios de la Corona española en América como contribuyentes o sujetas de recaudación de la hacienda real; este tipo de negocios debía contribuir con un pago de treinta a cuarenta pesos anuales por concepto de composición o licencia; esta cuota se establecía conforme el tamaño o capital del establecimiento mercantil —en algunos casos los capitales eran tan reducidos que se imponían fracciones de estas cantidades, pues los propietarios no podían pagar la suma original—. Por otro lado, había también pulperías conocidas como de ordenanza, las cuales no pagaban contribución alguna. El número de estas tiendas exceptuadas de gravamen era determinado por la Corona; así, por ejemplo, la circular sobre el ordenamiento de las pulperías del virreinato de la Nueva España del año de 1786 redactada por el virrey conde de Gálvez establecía que en las ciudades de Valladolid y Guanajuato debía haber seis tiendas, mientras que en Mérida, Querétaro y Campeche cuatro. En el caso de la ciudad de San Luis Potosí, la Corona autorizó sólo dos tiendas de ordenanza.32

Debido a que el giro de pulperías aportaba una importante contribución anual, la real hacienda decidió organizarlas de modo apropiado y regular en mayor medida sus actividades; para ello creó las Ordenanzas para el común de los tenderos de pulperías, en donde se detallaba la forma como debían establecerse nuevas pulperías, las maneras de realizar sus pagos por el derecho de composición o licencia, la iluminación con que debían contar en sus fachadas, etcétera. Las Ordenanzas indicaban que sólo estaba permitido que en una de las cuatro esquinas del cruce de calles hubiera una pulpería; en el caso de las calles cerradas, sólo podía haber una en cualquiera de las dos esquinas; e indicaban con claridad que no estaba permitida la apertura de una tienda en medio de la cuadra, es decir, que sólo se podían instalar en una de las esquinas. Con ello, las tiendas se ubicaban de manera equidistante y se brindaba una posición de equidad. Los propietarios de las tiendas estaban obligados a observar las Ordenanzas, en donde incluso se especificaba el horario en el cual podían prestar sus servicios; por ejemplo, no podían permanecer abiertas después de las diez de la noche; y en caso de desobedecer este horario, los propietarios eran acreedores de una multa.33

Por lo general la propiedad de las pulperías recaía en un solo dueño, quien en ocasiones contrataba a un administrador; esto sucedía por lo general cuando el negocio era una tienda mestiza con buenas ventas anuales, pues estas tiendas no sólo tenían inventarios mayores sino mayor diversificación en los bienes que mercaban. Usualmente el propietario de la tienda lo era también del edificio, pues ocupaba una de las habitaciones inferiores para instalar el negocio, mientras que el resto del inmueble era casa habitación y almacén. En general, los capitales de las tiendas fluctuaban entre los cien y los diez mil pesos, siendo más comunes las tiendas de corto capital.34

Poco antes del inicio del movimiento de independencia de 1810, la ciudad de San Luis Potosí contaba con 42 tiendas, dos de las cuales —hasta donde se sabe, las más antiguas de la ciudad— se catalogaban como de ordenanza; sus propietarios eran Ignacio Herrera y Georga Cid de Escobar. Los dueños de las pulperías eran hombres en su mayoría (sólo se encuentran tres mujeres en el padrón de pulperías de 1798), algunos de ellos militares retirados, antiguos mineros, comerciantes de azogue y mercaderes dedicados desde hacía algunos años a la venta menuda de mercancías de consumo. La distribución física de las tiendas a lo largo y ancho de las calles del centro de la ciudad daba lugar a la formación de dos ejes con orientaciones norte-sur y oriente-poniente con intersección en la plaza principal, mayor o de armas. Como se puede apreciar en el mapa (Figura 1.3), el eje norte-sur se iniciaba en la Plaza de la Alhóndiga, continuaba por la calle del mismo nombre, pasaba por la plaza principal para continuar por la calle de la Concepción. Sobre este eje se localizaban al menos veinte tiendas. En el eje oriente-poniente, que se iniciaba en la Plaza de San Juan de Dios y terminaba en la de La Compañía, se localizaban diez tiendas. El vórtice de estos ejes era la plaza principal, donde había establecidas ocho tiendas. Hacia el sur poniente de la plaza mayor, la calle de la Cruz tenía otro número considerable de pulperías, mientras que al nororiente la Plaza de la Alhóndiga congregaba otro número importante de expendios de efectos de pulpería; sin embargo, la mayor concentración se encontraba en los ejes norte-sur y oriente-poniente.

FIGURA 1.3

PLANO EN DONDE SE INDICA LA LOCALIZACIÓN APROXIMADA DE LAS TIENDAS DE PULPERÍA A FINALES DEL SIGLO XVIII EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

Nota: La numeración corresponde a la asignada en el padrón de pulperías de 1798. La ubicación de la pulpería es aproximada. Fuente del mapa: Mapoteca Orozco y Berra. Fuente del padrón de pulperías: AHESLP, fondo Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, 1798.4 julio-septiembre.

Elaboraron: Marco Antonio Vázquez Rocha y Sandra Lizeth Martínez Contreras.

Calle o plaza donde se ubica la tienda de pulpería y su propietario

Calle que va de la esquina de la Plaza Mayor a la de la Alhóndiga

Tienda de Don Jerónimo Berdie

Tienda de Don Cristóbal Manuel Zúñiga

Tienda de Don Juan Antonio Sánchez

Tienda de Don Miguel Faz

Tienda de Don Ignacio de Eguía

Plazuela de la Alhóndiga con la Primera de los Mascorros

Tienda de Don José María Cortés

Tienda de Don Bonifacio Arriaga

Tienda de Don José Salazar

Tienda de Don José Antonio Saavedra

Calle de la Alhóndiga que pasa por la sacristía de la Parroquia

Tienda de Don Manuela Huerta

Calle que sale de la esquina de la Plaza Mayor por San Juan de Dios

Tienda de Don Felipe Terán

Tienda de Don Pascual López

Plaza Mayor

Tienda de Don Ignacio López

Tienda de Don Marcelo Saavedra

Tienda de Don José Herrera

Tienda de Don Ángel Abad Tera

Tienda de Don Martín Sánchez

Tienda de Don Vicente Troche

Tienda de Don Ignacio Herrera (de ordenanza)

Calle de la Alhóndiga que sale de la esquina de la Plaza Principal a la de Maltos

Tienda de Don Bonifacio Arriaga

Tienda de Don Francisco Platas

Tienda de Don Ihorito Cortina

Tienda de Don José María Rosales

Tienda de Don Vizen Pastor

Tienda de Doña Georgina Cid de Escobar (de ordenanza)

Calle que sale de la esquina de la Caja para la Plaza de San Francisco

Tienda de Don José Vicente Silva

Tienda de Don José Urtado

Plazuela de San Francisco

Tienda de Doña María Josefa Vargas

Calle de la Cruz

Tienda de Don José Ignacio Pérez

Tienda de José Antonio Soto

Calle de la Concepción

Tienda de Don Juan Antonio Vildósola

Tienda de Don José Alejandro Ipiña

Tienda de Don Tomás Braceda

Tienda de Don Lorenzo Montoya

Tienda de Don Pedro Bulnes

Tienda de Don Francisco de la Peña

Tienda de Don Vicente Pariente

Tienda de José Vidiales

Tienda de José Ignacio Gallardo

Tienda de José Isidro Sambrano

Tienda de José María Cubillos

Tienda de Don Pedro Llano

En la provincia de San Luis Potosí —que era aproximadamente un décimo del territorio de la intendencia del mismo nombre— había otras poblaciones con presencia importante de pulperías. En algunas de ellas era mayor el número que las que contaba la ciudad de San Luis Potosí, y en ciertos casos sus inventarios eran considerables. El volumen de los inventarios indicaba en cierta manera la presencia de mercados regionales. Dichos mercados orbitaban alrededor de masas gravitacionales como la capital del virreinato, o bien eran mercados regionales entrelazados que orbitaban tanto alrededor de la ciudad de México como de la de San Luis Potosí, la cual varias décadas después sería su centro gravitacional. En el norte de la provincia, el pueblo minero de Real de Catorce tenía dieciséis tiendas mestizas y al menos treinta y cuatro tendejones pequeños con los cuales surtían de mercaderías su región de influencia que abarcaba el centro minero, así como las zonas de beneficio de minerales y tierras dedicadas a la agricultura localizadas en las tierras bajas; muchos de los propietarios de la pulperías eran mineros que diversificaban su principal actividad con la incursión al comercio. Sus proveedores principales se encontraban en la ciudad de México, quienes remitían las mercaderías a través de Valle de Maíz y en menor medida a través de la ciudad de San Luis Potosí. En el espacio regional del oriente, el Valle del Maíz era la población con presencia importante de pulperías, pues diez establecimientos eran los que proveían de bienes a la población. Quizá el número no represente mucho, pero sí el capital de la mayoría de ellas; Manuel Fernando Ortiz de Zárate poseía una tienda con un capital de 70 000 pesos, Miguel Barragán tenía una negociación con 15 000 pesos y Roberto Antonio Ortiz de Zárate tenía una tienda con un capital de más de 4 000 pesos.35 En Real de Catorce la densidad de población, la capacidad de consumo y los requerimientos de abasto para el centro minero explican el número considerable de pulperías y su probable rentabilidad, mientras que en el Valle del Maíz la explicación más viable sobre lo relevante de los inventarios de las tiendas es que abastecían las zonas agrícolas y ganaderas que rodeaban dicha población; sus propietarios, asimismo, formaban parte de una red mercantil que les permitía estar presentes como proveedores en centros mineros del Altiplano y del norte del virreinato; por otro lado, las tiendas localizadas en Valle del Maíz recibían sus insumos directamente de la ciudad de México (algunos de sus propietarios incluso pasaban temporadas en dicha ciudad buscando las mejores opciones de mercancías para revender en sus tiendas) o por medio de algún puerto informal en el golfo de México, de donde obtenían mercancías de importación y por el cual exportaban plata.36

Pareciera a simple vista que poseer una pulpería era un gran negocio; sin embargo, no era así del todo. Ser propietario de una pulpería no significaba necesariamente obtener ingresos formidables de manera constante. En realidad eran pocos los comerciantes que lograban incrementar sus inventarios de forma considerable y a la par vender de manera expedita sus mercancías. La falta de rentabilidad de las pulperías pequeñas las convertía en un problema serio para el proceso de recaudación del fisco real. Hacia finales del siglo XVIII eran constantes las quejas interpuestas por los propietarios de las pulperías respecto a las exacciones fiscales a que estaban obligados. Asimismo, los recaudadores expresaban los problemas que enfrentaban al tratar de recaudar el derecho de licencia a los dueños de pulperías o tendejones pequeños. Cristóbal Corbalán, ministro de la Real Hacienda de la Tesorería General de la Provincia de San Luis Potosí, solicitaba en abril de 1799 al intendente Bruno Díaz de Salcedo que consultara al virrey de la Nueva España “cuáles deben reputarse tendejones pequeños, y bajo qué reglas debíamos calificarlos de tales”. Explicaba Corbalán que en el inventario de tendejones que realizaron, en cumplimiento de la circular de 1786, que precisaba dicho levantamiento de información, encontraron “que hay muchas personas infelices que, aunque tienen efectos de pulpería, son de muy cortos principales […] y se mantienen miserablemente con la corta ganancia de uno y dos pesos diarios, los cuales en nuestro concepto no pueden soportar la pensión anual de cuarenta pesos anuales, y si se les mandase cerrar, quedaría sin arbitrio alguno para vivir y constituidos en suma pobreza”.37 Pese a estas dificultades —expresadas por Corbalán—, el intendente seguía recibiendo solicitudes de súbditos para establecer nuevas pulperías; Severino Landazurri hizo solicitud en 1798 para establecer una tienda en la calle de la Concepción, que para ese entonces estaba casi abarrotada de tiendas; a los pocos días recibió la aprobación y la instrucción de que pasara a liquidar en la tesorería de la Real Hacienda los cuarenta pesos por concepto de composición de tienda de pulpería. Finalmente, Corbalán mostraba preocupación especial por las tiendas empadronadas que poseían un capital inferior a los cien pesos; sin embargo, no dejaba de insistir en su comunicado en que los propietarios de tendejones con un capital mayor difícilmente habían pagado la proporción del impuesto de cuarenta pesos correspondiente al tercer trimestre del año.38

Corbalán explicaba en un comunicado al intendente Díaz Salcedo los problemas de recaudación por los que pasaba la Tesorería General de Hacienda de la provincia a finales de 1798. Conforme a la matrícula de comercios en el padrón de pulperías recientemente levantado, la recaudación en la provincia debía ser de trece mil pesos anuales por lo menos; sin embargo, en diciembre de ese año sólo se habían enterado poco más de 4 000 pesos, pero que correspondían a la contribución del año de 1797. La crisis de recaudación se tornó más difícil, los alcaldes ordinarios de la ciudad de San Luis Potosí, Eugenio Terán y Miguel Flores, trataron de deslindarse de su obligación como recaudadores establecida en el artículo 129 de la Real Ordenanza de 1786. Terán y Flores explicaron al intendente que no habían podido recaudar los tributos reales correspondientes a las pulperías, así como de otros impuestos, debido a lo calamitoso de los tiempos, a varias epidemias que se habían suscitado, lo que provocó un incremento en la mortandad, y el desabasto de mercancías de consumo; en fin, a la pobreza de la población y a la falta de trabajo en las minas debido a la escasez de azogue y otros insumos:

Por qué cargársenos ejecución […] y sin alguna suave prevención para hacer posible sacar sangre de tanto infeliz, agotada con las pestes últimas, con no haber llovido en tres años anteriores, con estar paradas las Minas de San Pedro, a excepción de una de compañías que anda muy poco; con estar paradas las haciendas de plata de esta ciudad; […] con no andar otra obra de arquitectura sino la de Nuestro Padre San Francisco, con no haber fábricas, sino las cortas de zapatos y mantas que se llevan para otros minerales de que se logra muy poco, porque están muy decaídos, habiéndose entendido esta industria a otros lugares de donde se llevan a Zacatecas; con no haber fletes, para atraer y llevar efectos de Veracruz, de México y otras partes, por no venir de España por lo cual están todos los arrieros parados haciendo inútilmente el costo de sus mulas y burros.39

Terán y Flores consideraban que en el escenario antes descrito no era posible obtener recaudación alguna, pues los contribuyentes se encontraban descapitalizados. “Todo es hueso, todo aflicción, todo desconsuelo de modo que las gentes desean la muerte por no vivir penando”,40 escribieron de manera lacónica ambos alcaldes ordinarios a finales del siglo XVIII. Pese a esta descripción, existían varias tiendas que poseían inventarios considerables y que incluso sobrevivieron la crisis generada por la guerra de independencia. El movimiento armado provocó ciertas irrupciones en el comercio y la economía de la intendencia y posterior provincia potosina; sin embargo, no alteraron del todo la estructura de mercantil de la ciudad, que logró sobrepasar la rebelión de 1810.

Los cambios estructurales no se dieron en realidad hasta las décadas de 1820 y 1830, cuando las pulperías perdieron los dos elementos esenciales que poseían desde su origen: ser la piedra angular del sistema de provisión de bienes de consumo, tanto cotidiano como especializado de las ciudades, y ser una fuente importante generadora de ingresos para el fisco real.

Fue a partir de la década de 1820 cuando la estructura mercantil de las antiguas ciudades novohispanas se vio modificada por al menos tres causas: las políticas del libre comercio, la inmigración de extranjeros dedicados al comercio provenientes de naciones y reinos distintos al español, y los cambios en la política fiscal de los gobiernos federal y estatal. De hecho, en el estado de San Luis Potosí los comercios a menudeo comenzaron a ser denominados de manera distinta; la palabra pulpería quedó como parte del vocabulario del antiguo régimen. Los antiguos propietarios de las tiendas mestizas y pulperías fueron siendo sustituidos poco a poco por inmigrantes provenientes de Alemania, España, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, quienes traían consigo, en algunos de los casos, extensiones de las redes mercantiles a las que pertenecían en Estados Unidos y Europa, o bien se daban a la tarea, una vez establecidos, de desarrollar vínculos mercantiles que les posibilitaban la importación de mercancías y su posterior distribución hacia el interior del estado y del país; algunos mercaderes establecían una oficina en el puerto de Tampico, la cual les servía para recibir de forma directa los fletes provenientes de Europa o Estados Unidos, los cuales después remitían tierra adentro, en donde los destinatarios eran sus propios negocios ubicados en la ciudad de San Luis Potosí u otras poblaciones.

La política de libre comercio adoptada por México facilitó la actividad de importación, la cual se vio beneficiada con la habilitación del puerto de Tampico a mediados de la década de 1820; el incremento en el mercado requirió de mejores rutas mercantiles y el trazo de nuevos caminos, e incluso recurrieron, como ya vimos, a sistemas fluviales. En 1829 Vicente Romero, gobernador del estado, manifestaba en su informe presentado al congreso estatal que “los caminos que especialmente han llamado la atención del gobierno por la mucha utilidad que resultaría al comercio de su recomposición han sido el que sale por el poniente al estado de Jalisco y el que conduce a Tampico de Tamaulipas, en el punto llamado Puerto de San José”.41 Asimismo, menciona el gobernador que el congreso estatal y su gobierno fomentaron la creación de alojamientos, pues el incremento en la actividad mercantil requería de lugares apropiados para el hospedaje temporal de los comerciantes viandantes, como de aquellos que están en la búsqueda de lugar para su nueva residencia.42

Hacia la década de 1830 el estado y la ciudad de San Luis Potosí tenían una nueva configuración en la estructura de su comercio. La nueva catalogación de las tiendas había dejado atrás las definiciones de tienda mestiza, pulpería u ordenanza. Ahora se consideraba una catalogación a partir de almacenes de primera, segunda y tercera clase, los cuales eran las negociaciones con mayor capital y predominantemente con venta al mayoreo, mientras que las tiendas se catalogaban de igual forma en tres clases, especializadas en la venta de productos al menudeo. Un censo de tiendas realizado en 1829 indicaba que en la capital había 20 tiendas mixtas y 33 almacenes y tiendas de ropa; en todo el estado se contabilizaban 208 tiendas mixtas y 47 almacenes y tiendas de ropa.43 Hacia 1834 había en la ciudad capital al menos 61 negocios que ofrecían tanto bienes de consumo como bienes especializados, entre ellos vino, telas, cristalería, ropa, etcétera. Seis eran almacenes de primera clase, quince de segunda y cuarenta tiendas de primera y segunda clase.44 El incremento en el número de tiendas y almacenes conllevó también modificaciones a la política fiscal, pues el gobierno buscaba obtener mayores recursos. De 1829 a 1834 los habitantes de la ciudad presenciaron un incremento de cerca del 15% en el número de tiendas y almacenes.

TIENDAS DE MAYOREO Y MENUDEO: LA PRIMERA EVIDENCIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

En esta parte final del capítulo explico aspectos que he considerado relevantes de las firmas mercantiles establecidas en la capital del estado a finales de la década de 1820, sobre todo los almacenes y tiendas de primera y segunda clase. Esta descripción de las características como su forma de propiedad, el sistema de crédito y las redes financieras que establecían con mercaderes de otras ciudades del país ilustran cierta integración regional, ya que estas redes servían como el andamiaje para un sistema protobancario de crédito y cobranza dominado hasta donde se conoce por comerciantes extranjeros. Además, analizo los préstamos forzosos padecidos por los propietarios de los almacenes (llamados almaceneros) y su relativa participación en el mercado de la plata, pues ellos introducían significativas cantidades de mineral en la Casa de Moneda localizada en la ciudad de San Luis. Por último, explico las posibles razones que motivaron el establecimiento de nuevas firmas mercantiles durante las décadas de 1830 y 1840, así como las peculiaridades de algunas bancarrotas por las que pasaron algunos negocios durante esas décadas. Como podremos ver, las bancarrotas resultaron no necesariamente de una crisis económica en la ciudad o en la región, sino que eran el desenlace de manejos inapropiados e inexpertos de los propietarios de los negocios. Este hecho demuestra que contar con una tienda de mayoreo o menudeo en San Luis, debido a los factores de centralidad, entre otros, ofrecía una oportunidad para obtener riqueza vendiendo productos importados y participando en la exportación de plata.

La descripción que aquí presento sobre los almaceneros y sus negocios ilustra las ventajas y desventajas que los comerciantes extranjeros disfrutaban o padecían como residentes de una ciudad provincial. El análisis de sus actividades mercantiles, así como de sus firmas comerciales (los almacenes y las tiendas de menudeo de mayor tamaño comenzaron a ser llamadas firmas o compañías mercantiles) establecidas en la capital del estado hacia el final de la década de 1820 puede ser considerado como evidencia que señala una expansión moderada en la economía que perduró hasta la mitad de la década de 1840, justo un par de años antes del inicio de la guerra con Estados Unidos. Tal crecimiento en la economía contribuye a demostrar que ésta no se encontraba estancada del todo durante esos años en diversas regiones del país.

Como en el caso de la organización, estructura y operación de las pulperías, los almacenes y las tiendas de menudeo tenían categorías jerarquizadas definidas conforme a su capital e inventarios, entre otros aspectos. Los almacenes de primera clase eran aquellos que recibían un cargamento anual superior a los 200 000 pesos anuales; los de segunda, un cargamento que mediaba entre 150 000 y 200 000 pesos; y los de tercera, menor que 150 000 pesos anuales. Las tiendas, por su parte, se clasificaban de la siguiente manera: “Las tiendas de menudeo con giro de más de ochenta mil pesos serán de primera clase; de cuarenta a ochenta mil, de segunda; y de cuarenta mil, debajo de tercera”.45 Estos parámetros fueron establecidos originalmente por el gobierno estatal con la finalidad de invitar a los comerciantes “existentes en la capital y con casa abierta” a pagar “si les conviene” una cuota fija anual de 50 000 pesos por derecho de consumo de efectos extranjeros.46 Esta iniciativa fue publicada como la Circular número 62 del gobierno del estado. La respuesta fue nula respecto a que cada mercader optara por pagar los 50 000 pesos al año como cuota fija. Sin embargo, la publicación de esta iniciativa me permite especular que el gobierno tenía claridad sobre un reciente incremento en los ingresos mensuales o anuales de los negocios, es decir, invitaba a los comerciantes a realizar un pago fijo quizá porque tenía conocimiento de que sus cargamentos eran considerables y que la proporción correspondiente a los impuestos que pudieran ser pagados por introducción y consumo rebasaría los 50 000 pesos anuales. Al mismo tiempo, el gobierno buscaba evitar la evasión fiscal, la cual era un malestar común. Por ende, era primordial para el gobierno tener conocimiento de los vaivenes de la actividad mercantil, pues los comerciantes eran, en momentos de crisis o de requerimientos de préstamos forzosos, la mejor opción para la obtención de capital. No obstante, el gobierno mantuvo su criterio para definir los almacenes y las tiendas con sus respectivas categorías, pues eran constantes los requerimientos para préstamos forzosos y otro tipo de exacciones, y era necesaria una catalogación para calcular de forma rápida el valor de la exacción. Por otro lado, esta catalogación tenía ciertas virtudes o desventajas, pues posibilitaba que un almacén catalogado como de primera clase en el año de 1833 fuera de segunda o tercera en 1834, ya que dependía del valor del cargamento que recibía en el año, y lo mismo sucedía con las tiendas al menudeo. Por lo anterior, se propiciaba cierta confusión respecto al hecho de si un propietario poseía un almacén de primera clase un año y una tienda de primera uno o dos años después.47 Pese a ello, esta catalogación se mantuvo a lo largo de las décadas de 1830 y 1840.

Los almaceneros eran extranjeros en su mayoría (de hecho, en la información analizada casi no hay mención de almaceneros mexicanos), algunos habían llegado a México en los años posteriores a la Independencia; por ejemplo, el súbdito británico Guillermo Dall y el estadounidense Sinclair Taylor residieron en San Luis Potosí, el primero desde 1825 y el segundo a partir de 1832;48 el prusiano Federico Hohlt llegó a tierras potosinas desde 1826.49 Algunos otros almaceneros ya residían en el país desde principios del siglo XIX, tal como el rico comerciante español Martín de Bengoa. Entre los propietarios de almacenes de primera clase escaseaban los mexicanos; hacia 1834 y 1835 figuraban la firma Gómez y Cía. y el almacén de Mariano Quintana. Por otro lado, los almacenes de segunda clase mantenían el mismo patrón en el origen de sus propietarios; entre los dueños destacaban el ya mencionado Guillermo Dall, el estadounidense Sinclair Taylor, el inglés John Davies, el escocés John Wylie y los alemanes Juan José Mateo Baumbusch y Guillermo Droege; el único comerciante mexicano con un almacén de segunda era Gabriel Barragán, socio de Baumbusch.50 El incremento de la presencia extranjera en la ciudad y su predominancia en la actividad mercantil no era sintomático nada más de San Luis Potosí; el puerto de Tampico, por ejemplo, atestiguó un aumento en el número de residentes extranjeros en las décadas de 1830 y 1840, así como un mayor dinamismo mercantil.51 La presencia extranjera se hacía evidente en otras ciudades del país en esas décadas, y con ella se presentaba un incremento en el número de casas mercantiles propiedad de ingleses o estadounidenses a lo largo y ancho del país. “En 1831 más de veinte casas británicas dedicadas a la importación y exportación estaban en operación. Entre 1832 y 1835, aproximadamente treinta nuevas casas iniciaron operaciones […]. [En el periodo 1836-1842] veinte nuevos establecimientos hicieron su aparición […] aunque la mayoría era de propietarios individuales”.52

La obtención de buenas ganancias otorgaba a los almaceneros facilidades para —en caso de dificultad, necesidad o por estrategia para mejorar las ventas— migrar su negocio a otra ciudad o establecer sucursales de sus almacenes. El alemán Federico Hohlt, por ejemplo, quien radicaba en San Luis desde la segunda década del siglo XIX, trasladó a mediados de la década de 1830 su negociación mercantil al puerto de Tampico buscando una oportunidad de crecimiento. Esta oportunidad la encontró en la asociación que hizo con Droege, pues formaron una nueva compañía denominada Hohlt Droege y Cía., con sede en el puerto.53 Droege, por su parte, mantuvo su tienda en San Luis y además formó asociación con Guillermo Dall, con quien estableció la compañía Dall Droege y Cía., la cual parece haber cerrado hacia 1836,54 pues a partir de ese año aparece asociado con Francisco Hartog.55 La duración de la asociación con Hartog fue breve; en junio de 1836 Guillermo Droege publicó en el periódico oficial el siguiente mensaje: “Habiendo cesado con esta fecha y por mutuo consentimiento de los socios la casa que hasta ahora ha existido en esta ciudad bajo la razón de Droege y Cía., se lo aviso al público y además que el señor Francisco Hartog queda encargado con la liquidación de ella”.56 Droege tuvo mejor suerte con la firma mercantil que estableció en Tampico unos años atrás.

Otras firmas comerciales que radicaban en San Luis, como la de los alemanes Spitta, Hagerdorn y Cía., y la del estadounidense Joaquín Harmony, quien llegó a San Luis en 1824, mantuvieron sus negocios tanto en esta ciudad como en el puerto. Harmony recibía constantemente mercancías como ropa, papel, madera y abarrotes; en marzo de 1831 le fue fletado desde Nueva York, en la goleta estadounidense Franklin, un cargamento de abarrotes y de ropa; en abril y en diciembre de ese mismo año recibió cargamentos importantes que fueron fletados desde Nueva Orleáns en la goleta mexicana Cometa.57 Por otro lado, Harmony tenía un capital en giro de 6 000 pesos en 1835 y reportó un decremento en 1836, pues su capital era en este último año de 3 000 pesos; por su parte, la compañía de Hohlt y Droege reportó en 1835 un capital en giro de 10 000 pesos. En ese año esta firma era de las más importantes en el puerto.58

TABLA 1.1

PRINCIPALES ALMACENES Y TIENDAS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PROPIEDAD DE COMERCIANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS, 1820-1843

Nombre

País de origen

Inicio de residencia

Tipo de negocio

Firmas mercantiles de las que ha sido socio

Sinclair Taylor

Estados Unidos

1827

Almacén de segunda clase

Taylor y Cía.

Joaquín Harmony

Estados Unidos

1824

Almacén de segunda clase

Harmony Marriner y Cía.

Guillermo Dall

Gran Bretaña

1825

Almacén de primera clase

Dall Droege y Cía

Ricardo Simpson

Gran Bretaña

1834

Tienda

Hartog Simpson y Cía.

Edmundo Didier

Gran Bretaña

1824

Almacén de primera clase

Didier Dall y Cía

John Wylie

Gran Bretaña

1826

Almacén de primera clase

Wylie Cooke y Cía.

John Cooke

Gran Bretaña

1832

Almacén de primera clase

Wylie Cooke y Cía.

George Chabot

Gran Bretaña

1843

Almacén

Chabot bros.

Charles Chabot

Gran Bretaña

1843

Almacén

Chabot Bros.

John Davies

Gran Bretaña

1827

Almacén de segunda clase

Davies Carter y Cía.Davies Delius y Cía.Davies y Cía.

Francisco Hartog

Alemania

1832

Almacén

Hartog Simpson y Cía.

Federico Hohlt

Alemania

1826

Almacén

Hohlt Droege y Cía.

Juan José Baumbusch

Alemania

1832

Almacén de segunda clase

Barragán y Cía.

Guillermo Droege

Alemán

1831

Droege y Cía.Hohlt Droege y Cía.Dall Droege y Cía.

Gregorio Lambarri

España

1821

Tienda de segunda clase

Gutiérrez Castillo y Cía.

Cayetano Rubio

España

1830

Almacén de primera clase

Rubio hermano y Cía.

Juan Gutiérrez Castillo

España

1817

Tienda de primera clase

Gutiérrez Castillo y Cía.

Martín de Bengoa

España

1797

Tienda de primera clase

Bengoa e hijosBengoa Maciel y Cía.

Juan Leónides Reynoso

España

1800

Tienda de segunda clase

Joaquín Hernández Soto

España

1825

Almacén de segunda clase

—

José Gabriel Barragán

México

—

Almacén de segunda clase

Barragán Hein y Cía.Barragán y Cía.

José Mariano Quintana

México

—

Almacén de primera clase

José Gabriel Maciel

España

Tienda de primera clase

Bengoa Maciel y Cía.

Fuente: AHESLP, SGG, ms., 1838, febrero 2; AHESLP, Ayuntamiento, 1834.8; AHESLP, SGG, ms., 1833, 2 de mayo.

Ser propietario de un almacén tenía ciertas ventajas y desventajas. Los abusos de la autoridad fiscal y los préstamos forzosos fueron unas de las desventajas. En 1828 los comerciantes extranjeros Guillermo Dall, Edmundo Didier, Jorge Brown y Sinclair Taylor, entre otros, protestaron en contra del decreto 111 del congreso del estado de San Luis Potosí, en el cual se establecía un impuesto directo a varios productos de importación en los cuales ellos eran especializados. “Las quejas fueron dirigidas a Pakenham, chargé d’ affairs del gobierno británico en México […] Pakenham comunicó lo que acontecía en San Luis a ‘The Office of Privy Council for the Trade’ en Londres”, la cual tomó conocimiento de la protesta de los quejosos, la mayoría de ellos súbditos británicos, y envió una queja formal al ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Juan de Dios Cañedo.59 Los firmantes de la protesta manifestaban que confiaban en la inviolabilidad de la constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes del congreso federal, y asimismo aseveraban que se habían establecido en la ciudad de San Luis Potosí con la intención de hacer prosperar sus giros mercantiles y que gustosos se sometían a las leyes del estado en tanto éstas no contradijeran la constitución federal. Los comerciantes consideraban que el decreto se oponía a las leyes federales, pues el gobierno del estado cobraba un impuesto llamado municipal, el cual gravaba mercancías que ya habían pagado en otro estado de la federación los impuestos respectivos, por lo que entonces el gobierno de San Luis Potosí estaba cobrando indebidamente derechos al tránsito.60 Pese a la queja y a la intervención diplomática, el impuesto se intentó seguir colectando durante varios años, e incluso en mayo de 1829 el administrador de la aduana de San Luis Potosí remitió un comunicado al congreso del estado, en el cual exponía que las firmas comerciales Didier Dall y Cía, Watson y Cía., y Davidson y Cía., habían hecho considerables importaciones de efectos extranjeros por los que se negaron a pagar el impuesto municipal,61 pese a que sus mercancías llevaban ya varios meses decomisadas en la bodega de la aduana.62

En 1834 de nuevo los comerciantes extranjeros —al menos 14 de ellos— levantaron una queja al gobernador del estado de San Luis Potosí respecto a que el administrador de la aduana de la ciudad estaba cobrando derecho de circulación y de exportación sobre el dinero que enviaron a Tampico en septiembre y octubre de 1833; en el puerto, la aduana exigía el pago de tales derechos o fianzas que respaldaran el pago, pero el administrador de la aduana de San Luis se negaba a reconocerlos y a hacer la debida devolución. La situación se complicó y la postura de la autoridad fiscal se endureció al grado de que en un editorial de La Gaceta de Tampico se comentaba que, por las últimas medidas hacendarias del estado de San Luis Potosí, algunos comerciantes habían mudado sus negocios a la ciudad de Aguascalientes y a los estados de Guanajuato, Zacatecas y Durango. “Los extranjeros mudaron algunas casas a Aguascalientes por habérseles prohibido el menudeo, dejando este recurso a los naturales del país que bastante lo necesitan; a poco de estar en Aguascalientes, se les prohibió el menudeo con severas penas […] hubo quiebras, perdieron miles de pesos, levantaron casas”.63 A la postre los propios comerciantes volvieron a San Luis con sus casas comerciales porque “los recursos [que] dieron naturaleza a San Luis no los tiene otro punto”.64 En otras palabras, los comerciantes tuvieron que regresar a la ciudad de San Luis Potosí y padecer los abusos de la autoridad fiscal, ya que esa ciudad resultó ser una excelente plaza para el comercio y, en su opinión, las ganancias que la plaza proporcionaba bien merecían los malos momentos que hacía pasar la autoridad fiscal. El dinamismo económico de la ciudad se ratificaba y daba señales de una mejora en las condiciones económicas.

Respecto a los préstamos forzosos, los mismos comerciantes extranjeros fueron incluso involucrados por el gobierno en los procesos de exacción, aunque no siempre era así. En 1835 el gobierno del estado mandó constituir una comisión formada por los comerciantes españoles Juan Leónides Reynoso, Cayetano Rubio, Martín de Bengoa, José Gabriel Maciel y el mexicano José Mariano Quintana para calcular el cobro del prorrateo que se hizo de un préstamo entre la clase mercantil de la capital del estado. Los primeros afectados fueron los propietarios de los almacenes a quienes se les cobraban entre 25 y 100 pesos al mes. Esta cantidad tenía que ser pagada durante cinco meses, tal como se establecía en el decreto del congreso estatal de 10 de abril de 1835.65 El préstamo forzoso no recaía solamente en los comerciantes, sino que hacendados y aquellos quienes percibían sueldo y pensiones del estado debían contribuir de forma obligada. El motivo del préstamo era crear un fondo de ocho mil pesos mensuales que estarían destinados a los gastos de la guarnición del estado; sin embargo, eran múltiples los motivos por los cuales se solicitaban estos préstamos. Por ejemplo, en 1823 la diputación provincial solicitó en marzo de ese año un préstamo para pagar los gastos de un viaje a la ciudad de Puebla de los diputados Tomás Vargas y Víctor Rafael Márquez, a donde fueron comisionados para celebrar la libertad en Casa Mata de Veracruz; el acaudalado comerciante Rafael Villalobos prestó quinientos pesos; el español Martín Bengoa, doscientos; y el recién llegado comerciante estadounidense Juan Didier —hermano de Edmundo— prestó cincuenta pesos.66

A pesar de los préstamos forzosos, los propietarios de las casas mercantiles no dejaban de importar mercancías para ser revendidas a comerciantes minoristas residentes tanto en la ciudad de San Luis Potosí como en otras. El constante intercambio de mercancías y las diferentes formas de pago —en efectivo, o bien por medio de libranzas— generó una dinámica red de comercio y de crédito. Las casas mercantiles de Federico Hohlt, Edmundo Didier, Guillermo Dall y de José Mariano Quintana importaron grandes cantidades de mercancía en el año de 1829; entre los bienes importados figuran abarrote y textiles. Tan sólo la compañía de Edmundo Didier y Guillermo Dall pagó cerca de 5 000 pesos de impuesto por las importaciones de mercancías las cuales sumaron aproximadamente 62 000 pesos a lo largo del año; durante 1833 sus importaciones también fueron cercanas a los 60 000 pesos, con un pago de impuestos similar. Hohlt también realizó pagos considerables de impuestos, pues importó de Europa cerca de 15 000 pesos en mercancías, por las que erogó 1 141 pesos en 1829; y en 1833 pagó 537 pesos por una importación superior a los 10 000 pesos.67 Estas mercancías fueron puestas a la venta tanto en San Luis Potosí como en otras ciudades. La casa Didier Dall, por ejemplo, mantenía nexos de comercio y crédito con comerciantes en Guadalajara, como Archibaldo Fuelter, Jorge Whitehead, Herrera Ritchie y Cía.; en Durango, con Basilio Mendarosque; con Eufrasio Pérez en Parras, Coahuila; y con Gordon y Cía., en Tampico.68 Era constante el comercio de la casa Didier Dall hacia Guanajuato; en 1828 solicitó que se le devolvieran los recursos que les había cobrado la aduana de San Luis Potosí por mercancías dirigidas hacia la ciudad de Guanajuato y otros pueblos, en 1831 iniciaron una cobranza por medio del comerciante Juan Stoddard, a quien otorgaron poder para que cobrara a Sebastián Gómez Cobo, vecino de Irapuato.69 La casa de Hohlt, de igual forma, mantenía una red comercial con mercaderes radicados en otros estados; en específico, con Luis Parres, de Silao, y Luis Dupeyrón, de Sombrerete, Zacatecas, a quien enviaron a cobrarle al comerciante Carlos Droege, probablemente pariente de Guillermo.70 No eran pocos los deudores que tenía la casa Hohlt. En 1829 Vicente Carranza, comerciante de San Luis Potosí, reconoció adeudarle 755 pesos por efectos de comercio que revendía en su tienda. Carranza no pudo pagar en el plazo comprometido, por lo que Hohlt recurrió a la mediación del alcalde primero de la capital del estado, Manuel Sánchez, con quien convinieron que Carranza pagara cuarenta pesos semanales; sin embargo, la postura de Hohlt se endureció, por lo que requirió garantía de mayor seguridad en la realización del pago, lo que obligó a Carranza hipotecar su tienda a favor del alemán. En 1832 Hohlt tenía otro gran deudor, Juan Nepomuceno Carrillo, quien le debía 8 200 pesos. En marzo de ese año Carrillo vio cómo quebraba su negocio, que era una tienda de menudeo. Como parte de su adeudo tenía hipotecadas tanto la tienda y sus contenidos como la casa que habitaba. Carrillo manifestó ante notario público que debido a su quiebra hizo “sesión de bienes a sus acreedores, comprendiéndose en éstos la casa de su morada con cuyo producto debía pagarse de absoluta preferencia a Federico Hohlt y Cía.”.71 La casa fue vendida a la postre al administrador de alcabalas de la capital, José Antonio Nieto, por 2 300 pesos, que se abonaron al adeudo que Carrillo tenía con Hohlt.

Algunos de los almaceneros y propietarios de tiendas de primera clase fueron también acreedores del gobierno. Sus relaciones con éste podían ser en ocasiones tensas, pues el gobierno requería por lo regular de tiempo para liquidar sus deudas; en ciertas ocasiones las saldaba concesionando o comprometiendo los recursos de su propia estructura fiscal; algunos de los comerciantes corrían el riesgo de hacer negocios con el gobierno pese a que pasaría mucho tiempo para obtener el pago; sin embargo, los negocios eran por cantidades considerables y la liquidación de los bienes proveídos, aunque tardada, era la mayoría de las veces segura. El español Gregorio Lambarri72 proveía de vestuario a la milicia cívica del estado de San Luis Potosí y, al igual que otros comerciantes españoles, como Rafael Urtetegui, proveía grandes cantidades de papel a la fábrica de tabacos del estado.73 Cayetano Rubio, por su parte, también se caracterizó por ser un almacenero que abastecía materias primas a la fábrica de tabacos. En 1834 reclamaba al gobierno el pago de diez mil pesos por concepto de tabaco y papel que había proveído a la fábrica de tabacos; como el gobierno local no tenía suficientes recursos para pagarle de contado, se acordaron pagos mensuales, los cuales se ministrarían con los recursos que produjeran las oficinas de rentas de Real de Catorce y Matehuala. Rubio explicaba ser consciente de que había escasez de recursos en el gobierno, pero exigía que se le comenzara a abonar o a pagar algo de los diez mil pesos que se le adeudaban. “Estoy persuadido de que el erario del estado se halla escaso y que sería imposible atender a todas las deudas que reporta, mas siendo de la que hablo tal que, lejos de serle gravosa, le ha proporcionado y aún le proporciona grandes utilidades”.74 Un año más tarde el gobierno de San Luis Potosí le adeudaba más de 4 500 pesos en tabaco y cerca de 2 000 pesos en papel.75 Al igual que Rafael Urtetegui, Cayetano Rubio también proveía de vestuario a la milicia cívica con productos que remitía desde la casa mercantil que poseía en Londres, Inglaterra.76 En 1831 se le adeudaban 2 000 pesos, que debían ser liquidados con los recursos que generaran las administraciones de rentas de Catorce y Matehuala. Había proveído a la milicia 253 piezas brin de Rusia y 137 de crea de Hamburgo. Ese mismo año se incrementó el adeudo en más de 11 000 pesos debido a que proveyó de paño azul, de paño de grana y más piezas de crea fina de Hamburgo y de brin de Rusia. El gobierno se comprometió a pagar cada mes abonos mensuales de 3 000 pesos hasta completar los 11 172 pesos que se le debían.77 Federico Hohlt también proveía a la milicia cívica. En 1829 le proveyó de clarinetes, flautas, fagots y trompetas por un monto de 419 pesos; en 1830 todavía no le pagaban la deuda contraída, la cual vio por fin saldada en 1831 después de haber entablado un pleito mediante diversas cartas que dirigió a la tesorería del gobierno del estado.78 Otros almaceneros eran proveedores de la Casa de Moneda. En la década de 1830 la casa mercantil Didier Dall y Cía. proveía plomo79 y acero,80 y Rafael Urtetegui proveía herramientas.81

La relación de los comerciantes con el gobierno no era necesariamente en desventaja de los primeros. En algunos casos los comerciantes llegaban a tener cierto control de la estructura fiscal generadora de ingresos, pues, como ya había mencionado, el propio gobierno hipotecaba sus ingresos con el fin de saldar sus deudas o bien por medio de la práctica en que los comerciantes se convertían en fiadores de los administradores de las rentas de alcabalas o de tabacos. Es decir, quienes pagaban los impuestos eran quienes pagaban las fianzas de los individuos encargados de cobrarlos o de administrar los recursos del gobierno. Uno de los más experimentados comerciantes en esta materia era el español Martín de Bengoa, quien desde 1822 actuaba como fiador del administrador de tabacos de la ciudad de San Luis Potosí; en ese año José Ignacio Escalante y José Ignacio de Eguía y Bengoa otorgaron una fianza por seis mil pesos a José Antonio Ortiz para que ocupara el puesto mencionado.82 Ese mismo año Martín de Bengoa y Pedro de Imaz, junto con Paulo María Verástegui y Rafael Villalobos, fueron fiadores con dos mil pesos para que el mismo Pedro de Imaz fungiera como tesorero de las cajas nacionales ubicadas en San Luis.83 Ya en la era republicana, Martín de Bengoa, Pantaleón Ipiña y Cayetano Rubio hacían grandes inversiones para respaldar los nombramientos de administradores de rentas en la Villa de Ojo Caliente, en el Valle de Armadillo, e incluso fiaron con diez mil pesos a José Dionisio Palomo para que se convirtiera en el administrador de la comisaría general de Tamaulipas en 1835,84 al año siguiente Martín de Bengoa depositó seis mil pesos de fianza para mantener a Palomo en el puesto.85 En 1839 Gregorio Lambarri y Manuel Escontría fueron fiadores de Dionisio Palomo, pero ahora como jefe superior de hacienda del departamento de San Luis Potosí. Para ello, depositaron una fianza por siete mil pesos.86 Resalta que esta estrategia de relación con el gobierno se limitaba a almaceneros o propietarios de tiendas de origen español o mexicanos; no son comunes alemanes, británicos o estadounidenses como fiadores en este tipo de puestos, lo que en cierta medida demuestra que los viejos mercaderes españoles y mexicanos mantenían indudable control sobre la estructura fiscal del gobierno, con lo que quizá se defendían de la competencia que les generaban los comerciantes extranjeros. De igual forma, el control de la estructura fiscal que tenían los comerciantes mexicanos y los viejos mercaderes españoles les posibilitaba incidir en la estructura política, pues contaban con aliados en los ayuntamientos y en el mismo congreso estatal, que era la institución en donde se definía la política fiscal. Por otro lado, es posible afirmar que el control de esta estructura les posibilitaba, además, conocer información importante sobre el mercado de importación, así como sobre el mercado de exportación de plata, pues algunos de ellos participaban en este mercado, en el cual competían con los comerciantes extranjeros.

Como mencionaba, la plata también era negocio de los propietarios de los almacenes y tiendas, su incursión en este giro ratifica el dinamismo mercantil que acontecía en la ciudad de San Luis e incluso en el estado durante el periodo de estudio. La mayoría de los mercaderes por lo general compraban la plata en los centros mineros mediante agentes que realizaban las transacciones con los propietarios de minas en Real de Catorce y Guadalcázar sobre todo. Los mercaderes buscaban obtener el mineral y su exportación para llevarlo como producto a los mercados europeos; además, utilizaban la plata como medio de pago por los productos que importaban. Desde iniciada la república era constante la extracción de plata del país, la cual era fundida de manera formal o informal en San Luis Potosí; en julio de 1828 la capitanía del puerto de Tampico reportaba al gobierno estatal de San Luis Potosí la exportación de 229 208 pesos en plata, la mayor parte de ella fue obtenida en las minas del estado.87 El año de 1829 se inició con una importante actividad en la exportación de plata, en la cual estaban claramente involucrados sobre todo los comerciantes extranjeros. El 20 de enero de ese año reportaba el administrador de la aduana de San Luis Potosí, José Antonio Nieto, que se había remitido una conducta por 165 850 pesos al puerto de Tampico. Entre los remitentes de esa plata estaban Federico Hohlt, con 7 500 pesos; Juan José Baumbusch, con 14 200 pesos; y Juan Gutiérrez Castillo exportaba 4 600 pesos en moneda y 2 050 en platas de barra.88 En ese mismo mes Guillermo Dall y el comerciante mexicano Manuel Othón exportaron también cantidades considerables de plata pasta. Hubo un altercado con la autoridad fiscal debido a una confusión en el cálculo del impuesto que debían pagar; al final, la contaduría general del estado realizó la glosa de la cuenta de la tesorería del estado y se percató de que tenían que reintegrárseles a los comerciante más de 150 pesos, que les fueron cobrados de manera inapropiada.89

En la década de 1830 fue constante la presencia de los almaceneros como introductores de plata en la Casa de Moneda. El español Joaquín Hernández Soto, por ejemplo, quien fue considerado como expulso por la ley 29 del congreso estatal de 1833, argumentó en su solicitud de excepción que no le era posible abandonar el estado ni el país debido a compromisos que tenía con otros comerciantes.

No será por demás manifestar que, siendo mi giro el del comercio, me hallo solo al frente de la negociación que manejo, ésta incluye comisiones de interés considerable pertenecientes a distintos individuos, comprendiéndose entre ellos la de 46 barras de plata las cuales existen en el ensaye y Casa de Moneda, demandando tiempo su amonedación, exigiendo asimismo el de cantidad de efectos propios y ajenos vendidos en la plaza y fuera a plazos, arreglo de cuentas, liquidaciones de otras, en el concepto de depender de ello no únicamente mi honor y crédito, sino la subsistencia de mi esposa e hija y las familias de dos hermanos míos residentes en Norte América, ambas mexicanas.90

Después de haber manifestado esta imposibilidad, Joaquín Hernández Soto introdujo otras 38 piezas de plata para su amonedación.91 En el año de 1833 Hernández Soto sigue apareciendo como introductor de plata, y junto con él las casas mercantiles de Dall y Cía., Bengoa Maciel y Cía., Federico Hohlt, Droege y Cía., los comerciantes españoles Juan Leónides Reynoso, Juan Gutiérrez Castillo, Gregorio Lambarri, Cayetano Rubio y el comerciante mexicano Manuel Escontría. Tan sólo en marzo de ese año la firma Bengoa Maciel y Cía. introdujo 26 barras de plata procedentes de Real de Catorce con un valor superior a los 30 000 pesos; Joaquín Hernández Soto introdujo en abril 37 barras procedente del mismo centro minero con un valor superior a los 44 000 pesos; Guillermo Dall introdujo una barra en el mes de julio con valor superior a mil pesos; en el último cuarto de 1833 los españoles Gabriel Maciel, Gregorio Lambarri, Martín Bengoa, Juan Gutiérrez Castillo y Juan Leónides Reynoso introdujeron más de 100 000 pesos en plata pasta para ser ensayada y amonedada.92

A principios de 1834 los representantes de las principales firmas mercantiles de la ciudad remitieron un comunicado al gobernador del estado de San Luis Potosí en el cual hacían patente que habían remitido a Tampico, en los meses de septiembre y octubre de 1833, conductas de dinero considerables. Asimismo, manifestaban que en la comisaría general localizada en San Luis Potosí se realizaron los pagos por los derechos de circulación, así como de una proporción del derecho de exportación aplicable a esas conductas. Al llegar las conductas de dinero a Tampico, la aduana de este puerto solicitaba de nuevo el pago de los derechos, pues no reconocía los documentos que avalaban los pagos realizados y las fianzas emitidas. Los comerciantes solicitaron al gobernador del estado de San Luis Potosí que intercediera con la autoridad fiscal de San Luis Potosí y de Tampico para que no se les cobrara a quienes ya habían pagado y se les reintegraran las fianzas otorgadas por los fiadores de aquellos que faltaban de pagar los derechos de exportación; a la postre este asunto llegó a buen fin.93 En cierta manera, el administrador de rentas de San Luis Potosí asumía con seriedad y de manera rígida su papel de promotor de la recaudación y de luchador contra el contrabando; en otras palabras, buscaba evitar la salida de recursos del estado sin que se hubiera realizado el pago de derechos a que se obligaba al exportador. Su rigidez no era para menos, pues existían documentados algunos intentos por evadir el pago de derechos; por ejemplo, Edmundo Didier había sido sospechoso de traficar con plata que no pasó por el ensaye en la Casa de Moneda de San Luis Potosí; el subprefecto J. Francisco González, de Real de Catorce, manifestaba en noviembre de 1828 que tenía cierta evidencia “de la extracción de platas que sin el quinto de la Casa de Moneda del estado hayan hecho para otros de la federación el extranjero Didier y don Anastasio Imaña del comercio de Zacatecas”.94 Al final el director de la compañía minera anglomexicana, Guillermo Gage, remitió varios despachos al subprefecto González, en los cuales se documentaba que Didier había remitido quince barras y un barretón de plata a la Casa de Moneda de San Luis Potosí, aunque esto no ahuyentaba la sospecha de que había un tráfico informal de plata de Real de Catorce a Tampico pasando por Matehuala y Guadalcázar.95

En 1833 se habían también registrado algunas supuestas exportaciones de caudales realizadas por comerciantes españoles o sus socios que habían sido considerados en el decreto de expulsión de ese año. El comerciante español Benito de la Serna había sido considerado sospechoso de remitir grandes cantidades de dinero afuera del país. Se abrió un juicio en su contra, y en su defensa argumentó que él y otros habían recibido herencia de don José Pablo y que había remitido algunas cantidades a España que correspondían a los coherederos. No se le encontró culpable, sin embargo, resultó sospechoso el hecho de que había vendido varias fincas urbanas y recibía ganancias de la hacienda de La Sauceda, localizada al norte de la ciudad capital.96

Conforme avanzaba la década de 1830 era cada vez mayor la extracción de plata realizada por los comerciantes extranjeros, plata que obtenían de los centros mineros de Real de Catorce y Guadalcázar. En diciembre de 1835 se registró en el corte de caja de la subcomisaría de guerra la entrada de 492 977 pesos,97 y en julio de 1838 un periódico local publicó que se dirigió una conducta a Tampico por 1 100 000 pesos. “Y dentro de cinco días saldrá otra con el mismo destino”.98 El editor del periódico manifestaba que esta exportación de dinero comenzaba a afectar la economía local: “El poco dinero que puede circular en el interior se extrae con perjuicio de los que hacen el comercio al menudeo. Según se dice, ha llegado el caso de que salgan cinco [conductas] en un solo mes. Esperamos que el Supremo Gobierno dictará alguna providencia de este particular que creemos muy digna de su atención”.99 De hecho, existía una prohibición para exportar caudales decretada por el congreso del estado desde 1827; sin embargo, no había fuerza política o económica que invitara a la permanencia de esos capitales y con ello limitara la exportación. Los grandes almaceneros eran partícipes en este proceso de exportación de plata que, como se ha explicado, guarda relación con el incremento en la dinámica mercantil, ya que es un periodo en que se presenta una mayor importación de mercancías, mientras que a su vez hay un incremento en la exportación de plata.

En medio de esta revivificación económica se presentó un ciclo de renovación en algunas de las casas mercantiles, una especie de ciclo de vida en el cual se renovaban socios, desaparecían negocios para dar lugar a nuevos establecimientos. Aquellos que se establecieron durante la década de 1820 comenzaron —en algunos casos— a modificar los miembros de sus sociedades mercantiles o bien a declararse en quiebra durante la segunda mitad de la década de 1830; aunque, como se verá, las quiebras no eran necesariamente por falta de liquidez ocasionada por una crisis económica, sino más bien por deficiencias en el manejo de los negocios. Por ejemplo, los escoceses John Wylie y John Cook, propietarios de la casa mercantil Wylie Cook y Cía., notificaron en 1835 la quiebra de su negociación en un periódico local. “La compañía de comercio que se guiaba en esta capital bajo la firma de Wylie Cooke y Cía. dejó de existir desde [el] 30 de abril próximo pasado, en cuya fecha D. Juan Cooke se separó de ella. Los asuntos pendientes de dicha casa quedan a cargo del Sr. Wylie, quien seguirá el mismo giro bajo su solo nombre”.100 En este caso, Cooke tan sólo se separó; después Wylie se retirará de San Luis para trasladarse a Guadalajara, en donde establecerá un almacén. En 1838 se declaró en quiebra la compañía denominada Barragán y Cía., en la cual Juan José Baumbusch tenía sociedad con Gabriel Barragán y su hijo Marcos. Baumbusch administraba la negociación a mediados de 1830 y habían venido incrementándose sus deudores de forma considerable; en el año de la quiebra la deuda de la compañía ascendía a veinticinco mil pesos.101

GRÁFICA 1.5

PRINCIPALES ALMACENES Y TIENDAS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

Se ha agrupado conforme el año de su establecimiento, durante los años 1797 a 1843. La mayoría de las tiendas existían a finales de la década de 1830.

Los nuevos inmigrantes que se establecían en la ciudad iniciaban sus negocios ya fuera en almacenes o tiendas de menudeo, aprovechando el incremento manifiesto en la actividad mercantil. El comerciante alemán Francisco Hartog y el británico Ricardo Simpson, quien llegó a San Luis Potosí a mediados de la década de 1830, establecieron el primero de julio de 1839 una compañía de comercio que llamaron Hartog Simpson y Cía. Hasta donse se sabe, Hartog no aportó capital de su propiedad a dicha sociedad; sin embargo, Hartog solicitó un crédito por diez mil pesos, que aportó a la sociedad.102 La casa mercantil fue por varios años reconocida —por su capital y variedad en el inventario— como la principal de San Luis. Le daban además primacía a la compañía mercantil sus nexos con importantes casas comerciales en la ciudad de México y otras del país. En diciembre de 1843 los socios firmaron de común acuerdo el balance general de la compañía; en él se registraron más de 50 deudores que en conjunto sumaban un adeudo por 159 400 pesos, mientras que a un menor número de acreedores, la casa mercantil tenía pendiente el pago de una cantidad similar.103 El primero de enero de 1844 Ricardo Simpson se separó de la compañía y se deslindó de todas las deudas; Hartog manifestó que estaba de acuerdo con la separación de su socio y que además aquél le había ofrecido retirarse de la sociedad sin tomar las utilidades que le corresponderían; sin embargo, en el año de 1845, en el balance relativo a la quiebra, Simpson aparece como acreedor por más de cinco mil pesos —mientras que en 1843 no aparecía como tal—. Las disposiciones legales de la época obligaban a los propietarios de los negocios a que en caso de quiebra debían notificarla al Tribunal Mercantil de San Luis Potosí, establecido a finales de 1841. Simpson y Hartog así lo hicieron. Dicho tribunal nombró como síndico comisario al estadounidense Joaquín Harmony; sus funciones eran emitir una opinión respecto a la quiebra y conformar una junta de acreedores; dicha junta decidiría la forma de proceder para saldar las deudas reconocidas en la firma en bancarrota. En su dictamen, Joaquín Harmony considera que hay dos situaciones sospechosas en el proceso de quiebra. La primera fue que entre el conjunto de deudores aparece un personaje de nombre Daniel Bleicher, de origen alemán, quien era el principal acreedor. Bleicher tenía un adeudo con la casa mercantil por más de 35 000 pesos. La segunda situación sospechosa era que Simpson —según las indagatorias de Harmony— tenía conocimiento de que la negociación se encontraba en estado de quiebra desde el año de 1843.

La compañía de los señores Hartog Simpson [opinaba el síndico comisario] estaba en quiebra mucho antes de que se disolviera, y en una quiebra verdaderamente culpable basta considerar que uno de sus deudores, el que lo era por mayor y por más gruesa cantidad, nada menos que por más de treinta mil pesos, era don Daniel Bleicher. Sobradamente conocido en esta ciudad este individuo, no necesito hacer ninguna observación para que el tribunal y cualquier hombre de juicio se sorprenda, que se admire, de que una casa como la de los señores Hartog Simpson, que tuvo tanto crédito en la plaza, que giró tan grandes negocios, que llegó a ser la primera y más respetable en este comercio, haya podido fiar a don Daniel Bleicher la considerable suma expresada. ¿Qué capital, qué crédito, qué industria tenía don Daniel Bleicher para poder bajo buenas apariencias sacar de esta casa treinta y tantos mil pesos?104

El síndico comisario Harmony no se reponía de la impresión de que hombres inteligentes, ilustrados y de viveza en negocios hubieran prestado dinero a Bleicher, hombre de poco crédito en la ciudad. Harmony revisó a detalle la cuenta como deudor de Bleicher y se encontró con el hecho de que ésta estaba desordenada e ininteligible, además de que, en opinión de Harmony, no quedaba claro por ningún lado la razón de por qué se le ministraba ese dinero. ¿Por qué Hartog tenía tal consideración con Bleicher, vecino de la ciudad de San Luis Potosí desde 1832? Cuando Bleicher llegó a San Luis, se dedicó al oficio de maderero; en 1836 firmó un convenio con José María Pastor, administrador de las haciendas de Peñasco y La Angostura,105 con el fin de establecer un molino de agua para el aserradero que se ubicaba en el paraje cerro-molino; la máquina para serrar era propiedad de Hartog y de Bleicher.106 Este último incursionó en 1839 a la industria de la minería; en ese año compró siete barras a Luis Abal, de la mina de azogue Santa Juliana, en el partido de Santa María del Río. Ese mismo año Hartog, Bleicher y el británico Juan Kidell formaron una compañía de minas. En el marco de la mejora en el desempeño económico de la década de 1830, es posible afirmar que hubo un incremento en la demanda de materias primas, y por ello se presentó también la creación de empresas explotadoras de mineral, incluso azogue, cuya explotación estuvo prohibida hasta antes de la era republicana. Hartog y sus socios traficaron con los minerales que lograron explorar de su mina, y “pronto comenzaron a negociar con el azogue, principalmente con comerciantes de Tampico”.107

Las aportaciones de dinero que hacia Hartog a Bleicher tenían muy probablemente el objetivo de financiar la explotación de la mina de azogue; esto es una especulación que yo hago, puesto que el comisario síndico Harmony no hace referencia a ello a pesar de que se tiene conocimiento de dicha compañía minera, pero sí asienta en su dictamen: “¿Qué dirán los acreedores presentes, qué dirán los ausentes si conociesen a Daniel Bleicher y supiesen que la mayor parte de la quiebra del señor Hartog ha consistido en haber fiado a aquel individuo una cantidad respetable”.108 Aunque lo fiado no era necesariamente para beneficio de Bleicher, sino para el negocio que poseían.

Un periódico local dio a conocer en febrero de 1847 que se había dado por terminado el juicio de concurso de quiebra de la compañía de Francisco Hartog. El señor juez primero de letras de esta capital, Juan de Ortega, dictó un auto con fecha de diez de febrero en el que se establecía que “a virtud de[l] convenio habido entre el señor Hartog y sus acreedores, quienes por un artículo del mismo convenio han dejado a favor del deudor común para su cobro todos los créditos activos correspondientes al concurso”.109 Es decir, Hartog fue el responsable de la quiebra y sería él quien tendría que buscar y cobrar a los deudores y con los recursos recuperados pagar a los acreedores. El comisario síndico recomendó en su dictamen que se considerara a Simpson como corresponsable de la quiebra; sin embargo, al parecer nada más se le obligó a devolver los recursos que había tomado de la negociación a principios de 1844.110

Otra quiebra de gran interés fue la de la negociación El León de Oro, propiedad del español Juan Gutiérrez Castillo, quien llegó a México a la edad de quince años en 1801 y aparentemente comenzó a radicar en San Luis Potosí a partir de 1817. “Desde mis pequeños años vine de la España a la nación mexicana. Yo entonces estuve reducido a la simple carrera del honesto comercio, sin mezcla alguna de asuntos políticos. A costa de un ímprobo trabajo de afanes y eficacia, hube de lograr establecerme sin servir a otro”.111 Contrario a mantenerse en la soltería como lo acostumbraron los alemanes Hartog y Hohlt, por ejemplo, Gutiérrez Castillo se casó con una mexicana de nombre Ricarda Soberón, con quien tuvo siete hijos.112 Se involucró de manera abierta en la política, a diferencia de los estadounidenses, ingleses y alemanes, pues en el año de 1823 fue regidor del ayuntamiento de la capital; contribuyó de diversas maneras con el gobierno, sobre todo proporcionando recursos mediante contribuciones voluntarias y préstamos forzosos. En 1833 el congreso estatal sancionó un decreto en el cual se establecía la expulsión de los españoles residentes en el estado de San Luis Potosí —retomaba en cierta medida la postura hispanófoba del gobierno local en 1828 y del gobierno federal en el año de 1829—. Dada su condición de español, era sujeto a la aplicación de dicho decreto, y para evitar ser expulsado solicitó por escrito al congreso estatal que se le concediera el derecho de excepción. Su argumento resaltaba que debía ser considerado como exceptuado ya que había suministrado de forma patriótica “19 000 pesos, de los cuales no percibo medio real hasta el día”,113 y además manifestaba que sus vínculos eran mucho mayores con su patria adoptiva que con la España.114 Como se ve, el negocio de Gutiérrez Castillo era productivo y segura fuente de recurso económico para el gobierno. Durante las décadas de 1830 y 1840 su negocio fue de los más beneficiados por la mejora en el desempeño del comercio; quizá la longevidad y el gran capital que llegó a manejar su negocio es muestra de ello.

Hasta donde se sabe, Gutiérrez Castillo murió en 1835. Su negociación se mantuvo activa durante treinta años más, administrada por sus herederos Juan y Crispín. En agosto de 1865 la Casa Gutiérrez Castillo suspendió los pagos a sus acreedores y se declaró en quiebra. Se procedió a un juicio por parte del tribunal mercantil, en el cual se estableció el “secuestro de los bienes papeles y libros de la mencionada casa, […] la detención de su correspondencia y […] la detención de D. Crispín Gutiérrez Castillo, poniéndolo detenido en el salón de acuerdos del ayuntamiento de esta capital”.115

Crispín Gutiérrez Castillo inició un proceso de reposición de quiebra, en mayo de 1866, de la casa mercantil de la cual eran socios él y su hermano Juan. De hecho, “Crispín G. Castillo ha reconocido [la negociación] como obra hecha por su hermano”.116 Al momento de que se fijó la quiebra, la casa tenía deudas por 488 086 pesos y sus existencias eran apenas por 223 703 pesos, por lo que ya les era imposible saldar las primeras.

Juan H. Bahnsen, vicecónsul hanseático y que poseía un almacén de efectos extranjeros y nacionales, respondió en ese año de 1866 a la solicitud de reposición de quiebra promovida por Crispín. En un texto extenso afirma que la quiebra era fraudulenta y que estaban involucrados otros comerciantes como Federico Gresser, quien tenía una firma mercantil en Tampico, Tamaulipas. El fraude, en opinión de Bahnsen, consistió en el hecho de que Crispín citó extraoficialmente a sus acreedores “cuando ya no pudo pagarles, es decir, cuando estaba en estado de quiebra”.117 Esto estaba prohibido por el Código Mercantil de la época, que establecía que no se podían hacer cesiones de bienes a los acreedores de manera directa, sino que primero se debía notificar la quiebra y proceder conforme lo establecido en el Código. El intento de Bahnsen por evitar la reposición de la quiebra —por considerar que ésta era ilegítima— fracasó, pues el tribunal mercantil rechazó su apelación.

Otras firmas mercantiles que tuvieron su origen en la década de 1830 fueron las de los españoles Gregorio Lambarri y Joaquín Hernández Soberón, las cuales se mantuvieron vigentes hasta la década de 1840. Hubo otras que fueron aún más longevas, como la casa mercantil del británico John Davies, la cual se mantuvo haciendo negocios hasta mediados de la década de 1860 y sobre la cual explico de forma breve algunos aspectos.

Davies llegó a México a principios de la década de 1830; durante las décadas de 1840 y 1850 mantuvo relaciones de negocios con comerciantes españoles, estadounidenses, ingleses y alemanes. El británico era un comerciante activo que se asoció con otros mercaderes extranjeros, con quienes formó dos compañías: Davies Delius y Cía., y Davies Carter y Cía. Davies, por sí solo, era el accionista mayoritario de Davies y Cía.; su asociación con el británico Antonio Delius fue efímera, pues la casa comercial de ambos figura solamente entre los años de 1835 y 1839. La asociación con el británico Tomás Carter fue aún más efímera, puesto que duró nada más el año de 1839.

Su casa, Davies y Cía., la cual inició operaciones mercantiles a mediados de la década de 1840, tenía como giro fundamental la importación de productos misceláneos y la exportación de plata,118 y era a su vez parte de una red de casas mercantiles-banqueras de propietarios fundamentalmente británicos que funcionaban como una red dedicada al crédito. Davies y Cía. mantenía estas relaciones de crédito con compañías tales como Manning and Marshal y Stewar L. Jolly y Cía., en Tampico; Lionel Brough y Cía., en Guanajuato; Randell y Cía., en Durango; John A. Robinson y Cía., en Guaymas; Kerrison y Cía., en Zacatecas; George Le Brun y Cía., en Culiacán; y E. Turnbull y Cía., en Puebla. “Estas casas mercantiles funcionaban como sucursales de un mismo negocio y atendían a los viajeros y sus negocios a lo largo y ancho del país. Estas provisiones reducían el riesgo de robo en los caminos y además, si una de las casas mercantiles requería de fondos, recurría a uno de sus socios, quien le prestaba los recursos que necesitaba, los cuales debidamente honraba tiempo después”.119 Davies tiene una peculiaridad que lo distingue de los otros comerciantes, pues durante los años de 1846 a 1848 fue vicecónsul de la Gran Bretaña en la ciudad de San Luis Potosí, y se trata además del caso evidente de un comerciante de origen extranjero —no español— que formó su compañía a mediados de la década de 1830 y la mantuvo activa durante más de tres décadas.

Por otro lado, algunas casas mercantiles fundadas por extranjeros se establecieron a principios de la década de 1840, lo cual era relativamente tardío en relación con el auge de nuevos establecimientos de la década de 1830. La formación de estas compañías quizá demuestre que la ciudad de San Luis Potosí y las condiciones de la economía seguían siendo favorables para este tipo de negocios dedicados a la importación de mercancías y a la exportación de plata. Un caso de gran relevancia es el de los hermanos George y Charles Chabot, de quienes es posible afirmar que llegaron a México durante la década de 1830. Su primera residencia la fijaron en la ciudad de México durante toda la década de 1830, ahí se dedicaron al comercio, y esporádicamente vivieron en la ciudad de Zacatecas. Hacia 1843 ambos se vieron atraídos por la oportunidad que les daba la actividad mercantil en la ciudad de San Luis Potosí, a donde cambiaron su residencia.120 En ese mismo año se incorporó a los negocios existentes su firma comercial, Chabot Bros., que perduró hasta poco después de que se restauró la república, en 1867, y al frente de la cual continuaba George Chabot, aunque ya con su salud quebrantada al final de la década de 1860.121

Al igual que John Davies, los hermanos Chabot fueron agentes consulares británicos en San Luis Potosí durante las décadas de 1850 y 1860. La actividad comercial de su negociación fue próspera y su labor como cónsules fue reconocida en México y en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia ya que defendieron tanto a los súbditos ingleses como a ciudadanos franceses y estadounidenses. Los hermanos Chabot fueron protagonistas en los conflictos políticos y económicos que generaban los préstamos forzosos realizados por los gobiernos conservadores o liberales que se establecían de forma temporal en la ciudad de San Luis Potosí. En 1856 la agencia consular británica fue víctima de un préstamo forzoso por 240 000 pesos exigido por los militares conservadores Domingo Herrán, Tomás Mejía y el rico propietario Desiderio Samaniego. Este préstamo lo exigían sobre los fondos que se encontraban depositados en el consulado británico, pues tenían conocimiento de que allí se encontraba una conducta que tendría como destino el puerto de Tampico. Herrán se presentó en la agencia al frente de una fuerza armada y notificó a Chabot que se encontraba allí para extraer el dinero, a lo que el agente consular opuso resistencia y le manifestó que el dinero no era de su propiedad sino más bien eran fondos que pertenecían a comerciantes de la plaza y que estaban amparados bajo el pabellón inglés. Herrán ordenó que se derribara la puerta, de la cual pendía un escudo inglés; se introdujeron a la habitación en donde se encontraba el dinero y los soldados se llevaron costales llenos de éste por una suma que alcanzó los 240 000 pesos. Entre los propietarios de esta fortuna se encontraban los mismos hermanos Chabot, la firma Davies y Cía., Simpson y Pitman Cía., entre otros.122

Tras varios meses de negociaciones con el gobierno federal, y gracias a las presiones diplomáticas de los hermanos Chabot, estos recursos fueron devueltos por el gobierno a sus propietarios. George Chabot recibió el 5 de julio de 1857 una felicitación del encargado de negocios de su majestad británica en México, William Lettsom.123 El gobierno de San Luis Potosí ofreció una disculpa por la ofensa hecha al escudo inglés. El episodio terminó al enarbolarse la bandera de la Gran Bretaña en la casa del agente consular, “frente a la puerta del costado de Catedral, y saludándose con una salva de 21 cañonazos”.124

El caso de los hermanos Chabot es de interés para mi argumento ya que el establecimiento de su residencia en San Luis Potosí se dio a principios de la década de 1840, lo que podría indicar que existían condiciones en el mercado local y regional que garantizaban el éxito de una nueva casa mercantil. De hecho, Chabot Bros. demostró su éxito y solidez, pues tuvo un periodo de vida superior a los veinte años.

CONCLUSIÓN

En este apartado he presentado un panorama sobre la actividad económica mercantil de la ciudad de San Luis Potosí durante las décadas de 1820, 1830 y 1840. Un elemento importante para explicar el incremento en la actividad económica es la centralidad que comenzó a tener la ciudad a partir de mediados de la década de 1820, así como la articulación económica que tuvo con los centros mineros y conglomerados urbanos ubicados en los espacios regionales del Altiplano y el oriente del estado. De igual importancia es el eje Tampico-San Luis Potosí, que despertó gran interés tanto para extranjeros como para las elites políticas y mercantiles del puerto y del estado potosino. En este apartado, por medio del análisis de los establecimientos mercantiles, se va señalando cómo fue mejorando el desempeño de la economía de la ciudad de San Luis y algunas de las zonas mineras en el norte del estado, mejora que tiene su inicio a finales de la década de 1820 y que alcanza los primeros años de la década de 1840. Este mejor desempeño demuestra que la economía no se encontraba en un estancamiento total como se había creído, sino más bien tuvo un dinamismo motivado por el crecimiento en la demanda y una aparente mayor capacidad de consumo de productos procedentes de Europa y Estados Unidos, los cuales eran pagados con la plata adquirida por los comerciantes importadores en los centros mineros ubicados al norte del Altiplano potosino.

Por otro lado, el impulso del gobierno y de los miembros de la elite mercantil para desarrollar el eje San Luis Potosí-Tampico —mediante proyectos enfocados a optimizar su comunicación, ya fuera por caminos de rueda o fluviales, así como para incrementar la actividad mercantil— indica el interés por propiciar condiciones que fortalecieran la economía y promovieran su crecimiento. Políticos y comerciantes atestiguaban, sin duda, ciertas condiciones en el mercado que señalaban la ausencia de un estancamiento económico, por lo que puede pensarse que buscaron estrategias para fomentar la actividad mercantil.

Los cambios en la estructura de los negocios mercantiles a partir de la era republicana, así como la proliferación de almacenes y tiendas de menudeo en la capital del estado de San Luis Potosí, ratifica la centralidad que dicha ciudad desarrolló, e indica además —y quizá de manera más relevante— que la economía tenía condiciones apropiadas para que estas nuevas tiendas de menudeo y los almacenes se transformaran en firmas mercantiles con mayores inventarios, cuyos propietarios tenían incluso sucursales en otras ciudades o países. De hecho, la fundación de nuevos almacenes a principios de la década de 1840 ratificaba que la ciudad seguía ofreciendo oportunidades para una actividad mercantil fructífera. Por otro lado, el involucramiento que tienen los almaceneros en diversas actividades, como la minería y la misma exportación de plata, también podría indicar una señal de mejoramiento y de oportunidad de participación en la actividad económica. Si bien es cierto que las conductas de metal que se exportaban nos podrían indicar que no existía en México demanda a manera de circulante de dicha plata, también es cierto que desconocemos la cantidad de plata que se quedaba en el país. Lo que sí sabemos es que los comerciantes evitaban el uso del metal para financiar sus transacciones y recurrían a formas de pago como las libranzas, que eran el instrumento privilegiado en la red de crédito a la que pertenecían. Los afectados con la carencia de circulante fueron los pequeños consumidores, quienes recurrían a la moneda de cobre para la realización de las transacciones de compraventa; sin embargo, esta moneda enfrentaba el desprecio tanto de consumidores como de los propietarios de las tiendas debido a la facilidad con que era falsificada y por considerar que el cobre carecía de valor alguno.

Es también relevante que la mayoría de las principales casas mercantiles en las décadas de 1830 y 1840 eran propiedad de extranjeros. La ola de inmigrantes fue seguramente atraída por la oportunidad de éxito económico que ofrecía la ciudad de San Luis Potosí debido a la centralidad que estaba adquiriendo. En la década de 1830 se presenta el mayor establecimiento de estos negocios en la ciudad, tendencia que todavía se mantiene en la siguiente década. Con estos extranjeros vinieron también nuevas formas de formas de hacer negocios y de ofrecer crédito en la ciudad.

Por último, en este apartado he presentado el escenario y algunos de los actores de esta historia. En el capítulo siguiente presento otro tipo de evidencias que nos señalan el buen desempeño de la economía y el crecimiento económico en la ciudad de San Luis Potosí y los espacios regionales con los que se relacionaba. Se trata sobre todo de la política fiscal y los números que nos arrojan las tendencias recaudatorias de las tres décadas de 1820 a 1840. Ahora el énfasis se centra en los ingresos que obtenía el gobierno a partir de las actividades realizadas por los actores y sus negocios en la ciudad y en la región de San Luis Potosí.

NOTAS

1 María del Carmen Galicia Patiño, “Santa Anna de Tamaulipas o Tampico: comercio y comerciantes en la configuración de un espacio”, en El siglo XIX en las Huastecas, coordinado por Antonio Escobar Ohmstede y Luz Carregha Lamadrid (México: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social / El Colegio de San Luis, 2002), 269.

2Utilizo aquí el concepto de protourbano planteado por Manuel Miño, aunque debo resaltar que la vinculación de la ciudad de San Luis Potosí dentro del territorio potosino —y durante el periodo de la investigación— se daba en mayor medida con conglomerados poblacionales de carácter urbano como Valle del Maíz, Villa de Valles o Real de Catorce, más que protourbano, como lo eran los pueblos de indios o congregaciones. Véase Manuel Miño Grijalva (coord.), Núcleos urbanos mexicanos. Siglos XVIII y XIX. Mercado, perfiles sociodemográficos y conflictos de autoridad (México: El Colegio de México, 2006), 11-12.

3Galicia, “Santa Anna de Tamaulipas”, 294-295.

4María del Carmen Galicia Patiño, Comercio y comerciantes en Tampico, 1823-1850 (Ciudad Victoria: El Colegio de Tamaulipas, 2003), 103-104. Véase también Inocencio Noyola, “Comercio y estado de guerra en la Huasteca potosina, 1810-1821”, en El siglo XIX en las Huastecas, coordinado por Antonio Escobar Ohmstede y Luz Carregha Lamadrid (México: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social / El Colegio de San Luis, 2002), 49-50.

5El territorio de San Luis Potosí ha sido dividido o regionalizado de diferentes maneras debido a las peculiaridades de su geografía. Enrique Márquez, por ejemplo, considera que existen dos grandes regiones, the lowlands (Rioverde y Huasteca) y the highlands (el Altiplano); cada una de éstas ha sido dominada por sus respectivas elites, las cuales se han disputado el poder político de todo el estado (Enrique Márquez (comp.), San Luis Potosí, textos de su historia [México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1986], passim). Barbara Corbett, por su parte, dividió al estado en tres regiones con la idea de dar mayor libertad a su estudio sobre la región denominada de Rioverde; es decir, su división tripartita se compone de las regiones de las highlands (Altiplano, donde se ubica la ciudad de San Luis Potosí), la cuenca de Río Verde y la Huasteca. El propósito de la división que realiza Corbett es para dotar de más fuerza a su argumento sobre el caso de la región de Rioverde (Barbara Corbett, “Republican Hacienda and Federalist Politics: The Making of ‘Liberal’ Oligarchy in San Luis Potosí”, 1767-1853 (disertación doctoral, Departamento de Historia de la Universidad de Princeton, 1997), 23-24.

6Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí, vol. II (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis / Universidad Autónoma de San Luis Potosí), 502.

7Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante, AHESLP), Secretaría General de Gobierno (en adelante, SGG), 1825.16, exp. 8, 2 de marzo-4 de julio de 1825.

8Hay testimonios de la época que precisan que alrededor de 10 000 personas salieron de la ciudad para ir a combatir a las tropas estadounidenses, número que representaba aproximadamente la mitad de la población. (Sergio A. Cañedo Gamboa, “De los primeros años de vida republicana a la guerra con los Estados Unidos. San Luis Potosí, 1824-1847”, en Capítulos de la Historia de San Luis Potosí, de Flor de María Salazar Mendoza y Carlos Rubén Ruiz Medrano (San Luis Potosí: Archivo Histórico de San Luis Potosí / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2009), 185.

9A finales del siglo XVIII Guadalajara era un centro administrativo y mercantil, la audiencia y la intendencia dominaban la vida oficial, y radicaban en ella alrededor de 500 mercaderes; su población tuvo un crecimiento considerable en esos mismos años. Para mayores detalles sobre Guadalajara y su región, véase Eric Van Young, “Hinterland y mercado urbano: el caso de Guadalajara y su región”, en La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, de Eric Van Young (México: Alianza Editorial, 1992), 204-205.

10José Alfredo Rangel Silva, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las elites en el oriente de San Luis Potosí, 1617-1823 (México: El Colegio de México, 2008), 165-166.

11Sergio A. Cañedo Gamboa, Los ríos son la riqueza de la nación: Proyecto de navegación en los ríos Pánuco y Tamuín, 1829-1831 (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 1997), 5-6.

12H. G. Ward citado en Sergio A. Cañedo Gamboa y Abraham Salazar (estudio introductorio y documentación), La agencia consular británica en San Luis Potosí. Cinco cuadernos y tres agentes consulares, 1846-1869 (San Luis Potosí: Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí / El Colegio de San Luis, 2006), XXXI; y en John E. Baur “The Evolution of a Mexican Foreign Trade Policy, 1817-1823”, The Americas 19 (1963): 235-236.

13Idem.

14George Francis Lyon, Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estancia en la República de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 42.

15Lyon, Residencia en México, 55.

16Desde el puerto de Tampico hasta el interior de la Huasteca potosina, el río Pánuco recibía al menos los nombres de río de Tampico, río Tamuín y río Tampaón. Esto lo describe Pedro García Conde en su “Reconocimiento practicado para facilitar la comunicación del puerto de Tampico con la ciudad de San Luis Potosí en 1832”, Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Fomento Caminos (en adelante, FC), vol. 22, fs. 154

17AGN, FC, vol. 22, fs. 154.

18AGN, FC, vol. 22, fs. 154.

19Cañedo Gamboa, Los ríos son la riqueza, 31-33.

20Ibidem, 35-36. Un barril de aguardiente tenía un costo en España de 7.00 pesos, mientras que el costo de ese mismo barril en San Luis Potosí era de 60.71 pesos. El costo del flete, seguros, derechos, mermas e incluso la remisión de dinero a España explican la diferencia entre el valor en España y el de la ciudad de destino. Véase Galicia, Comercio y comerciantes, 95-96.

21Gaceta del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, 25 de marzo de 1831.

22Gaceta del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, 15 de junio de 1831.

23Idem.

24Idem.

25Peter Way, Common Labour. Workers and the Digging of North American Canals, 1780-1860 (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 4-5.

26En la ciudad de San Luis Potosí un inventario de estas tiendas levantado a finales del siglo XVIII registraba únicamente tiendas mestizas y pulperías. Las tiendas gruesas, que eran negocios con una gran inversión de capital, no aparecen en dicho inventario; sin embargo, es probable que las tiendas mestizas registradas sean sus equivalentes.

27Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso. Segunda edición, en la qual se han colocado en los lugares correspondientes las voces del suplemento, que se puso al fin de la edición del año de 1780, y se ha añadido otro (Madrid: Jachin Ibarra, 1783). Reproducido a partir del ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia Española, disponible en http://buscon.rae.es [consultado el 15 de abril de 2010].

28Jorge Silva Riquer, La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de Valladolid, Michoacán a finales del siglo XVIII (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007), 79-80.

29Ibidem, 79-96.

30Manuel Yáñez Ruiz, El problema fiscal en las distintas etapas de nuestra organización política, vol. 1 (México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1858), 112.

31Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante, AHESLP), Alcaldía Mayor de San Luis Potosí (en adelante, AMSLP) 1798.4, julio-septiembre.

32AHESLP, AMSLP, 1798.4, julio-septiembre.

33Fabián de Fonseca y Urrutia, Historia general de Real Hacienda escrita por… orden del Virrey, Conde de Revillagigedo, vol. IV (México: Imprenta de Vicente García Torres, 1851), 336-340.

34Resultan interesantes las similitudes con las pulperías descritas en John E. Kicza, Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los borbones (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), 124-136.

35AHESLP, AMSLP, 1798.4, julio-septiembre.

36Un estudio detallado de la elite de Valle del Maíz, sus áreas de influencia y negocios es el de Rangel, Capitanes a guerra; para el tema específico de la participación de algunos de los miembros de la elite de Valle del Maíz en el comercio y rutas comerciales regionales e intraregionales, véase ibidem, 160-176. La peculiaridad de algunas poblaciones de gravitar hacia otros centros que no fueran necesariamente las capitales de provincia o las antiguas capitales de la intendencia está presente en otras regiones de la Nueva España. Eric Van Young explica que “Jalostotitlán y —en cierto grado— Tepatitlán fueron atraídos hacia Lagos y el Bajío. Teocaltiche cayó en la órbita de Aguascalientes” (Van Young, “Hinterland y mercado urbano”, 212). Es decir, se generaban órbitas que tenían centros gravitacionales que atraían a las poblaciones que quedaban fuera del Hinterland; en este caso, de la ciudad de Guadalajara.

37AHESLP, AMSLP, 1798.5, octubre-diciembre.

38Idem.

39AHESLP, AMSLP, 1798.5, octubre-diciembre.

40Idem.

41Memoria con que el gobierno del estado libre de San Luis Potosí dio cuenta… 1829.

42Idem.

43Idem.

44AHESLP, Ayuntamiento, 1834.8.

45El Yunque de la Libertad. Más golpeado, está más limpio. Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 13 de marzo de 1834, núm. 93.

46Idem.

47Por ejemplo, el británico John Davies, el escocés John Wylie y el alemán Federico Hohlt aparecen en unos documentos como propietarios de almacenes de primera clase y en otros como propietarios de almacenes de segunda. Otros documentos simplemente los registran como propietarios de almacenes; este mismo fenómeno se presenta con los propietarios de las tiendas (AHESLP, SGG, manuscritos [en adelante, ms.], 1834.26; AHESLP, SGG, ms., 1835.4).

48María Isabel Monroy Castillo, Sueños, tentativas y posibilidades. Extranjeros en San Luis Potosí, 1821-1845 (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis / Archivo Histórico de San Luis Potosí, 2004), 355; AHESLP, Registro Público de la Propiedad y el Comercio (en adelante, RPPyC), Protocolo de instrumentos públicos del escribano Antonio María Suárez, 1833, fs. 224-225. Sinclair Taylor era natural de los “estados del norte”, vecino de la ciudad de Filadelfia, católico y, al momento de su llegada al país, contaba 26 años de edad. El jefe superior político de San Luis Potosí reportaba en 1824 que el año anterior habían llegado al menos nueve extranjeros a San Luis Potosí —todos ellos procedentes de Estados Unidos—. La mayoría de ellos se establecieron en la ciudad para dedicarse al comercio (AHESLP, SGG, ms. 1825.3).

49AGN, Pasaportes, XII, 126. Hohlt era originario de Bremen; desembarcó en Tampico, Tamaulipas, en diciembre de 1826. Era parte de los viajeros del bergantín Paz y traía consigo “efectos de su comercio”.

50AHESLP, SGG, ms., 1838, febrero 2; AHESLP, Ayuntamiento, 1834.8; AHESLP, SGG, ms., 2 de mayo de 1833.

51Brígida von Mentz et al., Los pioneros del imperialismo alemán en México (México: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, 1982), 139-141.

52Hilarie J. Heath, “British Merchant Houses in Mexico, 1821-1860: Conforming Business Practices and Ethics”, The Hispanic American Historical Review 73:2 (1993): 264-265.

53Mentz et al., Los pioneros, 143-145.

54AHESLP, RPPyC, Protocolo del escribano Antonio María Suárez, 1833, ff. 388v.-389. Los libros del Registro Público de la Propiedad muestran la presencia de la compañía Dall Droege y Cía. hasta el año de 1835. Después de mayo no hay más datos sobre ella. En un periódico local apareció la noticia de que “el almacén ocupado por la compañía de los señores Dall y Droege localizado en la plaza principal de la ciudad [propiedad de Camila Navedo] se encuentra disponible para ser rentado; en este edificio hay una gran bodega en la cual se puede almacenar cualquier tipo de mercancías. Interesados contactar a doña Camila, (La Opinión. Periódico oficial del gobierno superior del departamento de San Luis Potosí, 26 de febrero de 1836, núm. 123.

55AHESLP, RPPyC, Protocolo del escribano Mariano Vega, ff. 175v-176. Un poder para cobranza de junio de 1836 refiere que Hartog es socio de Droege y Cía., pero no vuelve a haber más referencias a dicha asociación.

56La Opinión. Periódico oficial del gobierno superior del departamento de San Luis Potosí, 1o. de julio de 1836, núm. 141.

57AHESLP, SGG, 1831.9.

58AGN, Pasaportes, 1825, 172, II, 39; Galicia, Comercio y comerciantes, 1823-1850, 213.

59Cañedo y Salazar, La agencia consular, XXXII.

60AHESLP, RPPyC, Protocolo del escribano Antonio María Suárez, 27 de junio de 1828, fs. 286-287. La escritura está cancelada.

61AHESLP, SGG, ms., 1829.5

62AHESLP, SGG, ms., 1828.20. El caso se turnó en apariencia a un juez de hacienda para que decidiera sobre el proceder de las mercancías.

63El Yunque de la Libertad, 26 de marzo de 1834, núm. 97.

64Idem.

65La Opinión. Periódico oficial del gobierno del estado de San Luis Potosí, 14 de abril de 1835, núm. 45; AHESLP, SGG, 1835.24.

66AHESLP, SGG, ms, 1825.4.

67AGN, Administración de Rentas de San Luis Potosí, caja I, año de 1829, libro principal; AGN, Administración de Rentas de San Luis Potosí, caja III, año de 1833, libro principal.

68AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1829, Antonio María Suárez, ff. 182, 297; AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1832, Antonio María Suárez, ff. 138-139; AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1833, Antonio María Suárez, ff. 196-197.

69AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1833, Mariano Vega, ff. 552-553.

70AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1832, Antonio María Suárez, ff. 354-355; AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1832, Antonio María Suárez, f. 531. Además de Hohlt, otros comerciantes de San Luis tenían como deudor a Luis Parres. En octubre de 1835 Davies y Delius, Gregorio Lambarri, Carlos Duplat y Cayetano Rubio otorgaron poder a este último para que en su representación realizara un viaje a Silao para cobrar lo que les adeudaba Luis Parres (AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1835, Mariano Vega, ff. 377-378).

71AHESLP, RPPyC, Protocolo de 1832, Antonio María Suárez, ff. 354-355.

72AHESLP, SGG, ms. 1833.49.

73AHESLP, SGG, ms., 1833.2.

74AHESLP, SGG, ms., 1832.14.

75AHESLP, SGG, ms., 1832.14. La casa Didier Dall y Cía. también proveía de papel a la fábrica de tabacos. Véase AHESLP, SGG, ms., 1831.38; AHESLP, SGG, ms., 1833.21

76AHESLP, SGG, ms., 1833.28.

77AHESLP, SGG, ms., 1831.45.

78AHESLP, SGG, ms., 1831.14. Hohlt, además de importar instrumentos, se dedicaba a la importación de libros. En abril de 1829 el encargado de la aduana de San Luis Potosí le revisó dos baúles que traía consigo y encontró lo siguiente: “52 Vida de Fernando VII, 20 Ruinas de Palmira, 20 Espíritu del despotismo, 22 Libertad de los mares, 11 Solitario, 6 Retratos políticos, 32 Lafayette en el Monte Vernon, 42 Pizarro a los peruanos, 12 Derecho del hombre y 4 Desengaño del hombre” (AHESLP, SGG, ms., 1829.11).

79AHESLP, SGG, ms., 1833.35.

80AHESLP, SGG, ms., 1831.9; AHESLP, SGG, ms., 1833.21.

81AHESLP. SGG, ms., 1833.33.

82AHESLP, Protocolos de Instrumentos Públicos de Real Hacienda, tomo V. B 6 V, 1809-1839, 16 de enero de 1822, fs. 1-1v.

83AHESLP, Protocolos de Instrumentos Públicos de Real Hacienda, tomo V. B 6 V, 1809-1839, 18 de mayo de 1822, fs. 7-7v.

84AHESLP, Protocolos de Instrumentos Públicos de Real Hacienda, tomo V. B 6 V, 1809-1839, doc. 3, fs. 2f-3v, 12 de enero de 1825; doc. 7 fs. 13-14v, 24 de febrero de 1825; doc. 1 fs. 1-2, 13 de diciembre de 1826; doc. 5, fs. 5v-7v, 14 de agosto de 1834; doc. 2 fs. 1v-2, 16 de febrero de 1835.

85AHESLP, Protocolos de Instrumentos Públicos de Real Hacienda, tomo V. B 6 V, 1809-1839, doc. 1, fs. 1-2 y 8, 16 de enero de 1836.

86AHESLP, Protocolos de Instrumentos Públicos de Real Hacienda, tomo V. B 6 V, 1809-1839, doc. 3, fs, 3v., 22 de mayo de 1839.

87AHESLP, SGG, ms, 1828.67.

88AHESLP, SGG, ms., 1829.1.

89AHESLP, SGG, ms., 1831.18.

90AHESLP, SGG, ms., 2 de mayo de 1833. El congreso aprobó prórroga por cuatro meses.

91AHESLP, SGG, ms., 1833.29.

92AHESLP, SGG, ms., 1833.22, 1833.32, 1833.26, 1833.36, 1833.39, 1833.46 y 1833.51.

93AHESLP, SGG, ms., 1834.4.

94AHESLP, SGG, ms., 1828.67

95Idem.

96AHESLP, SGG, ms., 1833.27 y 1833.29.

97La Opinión. Periódico Oficial del Gobierno Superior del Departamento de San Luis Potosí, 8 de enero de 1836, núm. 116.

98Gaceta del Gobierno del Departamento de San Luis Potosí, 8 de julio de 1838, núm. 28.

99Gaceta del Gobierno del Departamento de San Luis Potosí, 8 de julio de 1838, núm. 28.

100La Opinión. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 19 de mayo de 1835, núm. 55.

101AHESLP, SGG, ms., 1838.5.

102AHESLP, Supremo Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), 1845, julio. Al momento de formar la sociedad no se levantó escritura conforme lo establecían las Ordenanzas de Bilbao, por ello asumo, a partir de la lectura de los documentos de la quiebra, que Hartog había aportado esa cantidad, pero mediante un crédito.

103AHESLP, STJ, 1845, julio.

104AHESLP, STJ, 1845, julio. El comerciante británico John Davies es una pieza clave en los interrogatorios que se llevaron a cabo, pues él asentaba en sus respuestas que desde 1843 había detectado que la negociación de Hartog estaba endeudada en demasía, lo cual comentó en varias ocasiones con éste. Contrario a la ética de la época, Davies comenzó a contactar a los acreedores de la casa mercantil de Hartog y a algunos de los consignatarios para darles notica de la situación financiera (AHESLP, STJ, abril de 1845).

105AHESLP, RPPyC, Protocolo del escribano Mariano Vega, 1836, fs. 14-15v.

106AHESLP, STJ, abril de 1845.

107Monroy, Sueños, tentativas, 396. En 1836 tuvieron una breve incursión al negocio de la minería. Santiago Proa los contrató como aviadores, por un periodo de diez años, de la mina llamada del Socavón, localizada en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; la compañía se disolvió en menos de un año (AHESLP, RPPyC, Protocolo del escribano Mariano Vega, 1836, fs. 39-41).

108AHESLP, STJ, julio de 1845.

109Periódico Oficial La Época, 18 de febrero de 1847.

110AHESLP, STJ, julio de 1845.

111AHESLP, SGG, ms, 2 de mayo de 1833.

112Monroy, Sueños, tentativas, 129.

113AHESLP, SGG, ms., 2 de mayo de 1833.

114El congreso del estado negó la solicitud de excepción bajo el argumento siguiente: “Últimamente los préstamos de que se ha hecho mérito, de cualesquiera clase que sean, no son servicios sino préstamos sobre libranzas pagaderas y bajo la más segura y pronta devolución. Servicios a la patria y causa de la libertad sólo pueden llamarse tomar las armas en su favor y defensa, vestir y mantener soldados […]” (Idem).

115Juicio de reposición de quiebra de los señores Gutiérrez Castillo y Cía., fijada en tres de agosto de 1865, denunciada el 19 de enero de 1866 y declarada en 27 de abril de 1866 (San Luis Potosí: Tipografía de Éxiga, Plazuela de San Francisco, 1866), 4.

116Ibidem, 8.

117Ibidem, 7.

118The National Archives, Foreign Office (en adelante, FO), 203/92 y 207/55.

119Barbara A. Tenenbaum, “Merchants, Money, and Mischief, the British in Mexico, 1821-1862”, The Americas 35: 3 (1979): 320. La traducción es propia.

120AGN, Movimiento Marítimo, Pasaportes y Cartas de Seguridad (en adelante, MMPCS), Cartas de Seguridad, 1843, f. 74.

121Cañedo y Salazar, La agencia consular, LXX.

122FO 877/3, General Correspondence, in and out, 1857, Consular Agency, San Luis Potosí.

123FO 205/43, fs. 57-58v.

124Manuel Muro, Historia de San Luis Potosí, vol. III (San Luis Potosí: Sociedad de Estudios Históricos, 1973), 167-168.

CAPÍTULO 2.

POLÍTICA FISCAL Y TENDENCIAS EN LA RECAUDACIÓN: EL DESEMPEÑO POSITIVO DE LA ECONOMÍA DE SAN LUIS POTOSÍ, 1828-1846

¿Es posible demostrar por medio del análisis de la política fiscal generada por el gobierno y el congreso del estado que la economía potosina tuvo una moderada expansión durante las décadas de 1820 a 1840? De igual forma, ¿es posible utilizar las tendencias que se presentan en la conducta recaudatoria de la administración de rentas de San Luis Potosí para demostrar que existió un desempeño económico positivo en las décadas referidas? La respuesta a ambas preguntas es, en mi opinión, positiva, y para ello explico en este capítulo, mediante el análisis de las exacciones fiscales, cómo la ciudad de San Luis Potosí y su área de influencia experimentaron una dinámica económica hasta ahora poco conocida, que he comenzado a develar desde el capítulo anterior, pues, como lo expliqué, el comercio experimentó transformaciones en las décadas de 1820 y 1830 y la ciudad desarrolló una centralidad resultado de su capacidad para convertirse en un centro distribuidor importante de mercancías y cuyos residentes, antiguos y recién llegados dedicados al comercio, supieron aprovechar el incremento en la actividad económica que se hacía evidente en el eje mercantil transversal Tampico-San Luis Potosí.

Lo esbozado desde el capítulo anterior y lo que en este segundo apartado presento refuerza el planteamiento realizado por algunos autores en recientes estudios que señalan que la economía mexicana no se estancó durante el siglo XIX, “sino que, de hecho, creció a tasas razonables incluso antes de 1880”.1 No obstante, este planteamiento ha sido más enunciado que demostrado, pues no hay estudios desde este enfoque para las diferentes regiones mexicanas, por lo que es aún tierra incógnita y objeto del presente estudio. Para continuar dando luz sobre este problema y seguir demostrando que hay en efecto crecimiento de la economía de la ciudad de San Luis Potosí, así como de los espacios regionales con los que se vinculaba, analizo tanto un conjunto de datos relativos a los ingresos del gobierno de San Luis Potosí2 como las políticas fiscales que se diseñaron en los ámbitos local y nacional. En otras palabras, el estudio de los ingresos del gobierno de San Luis Potosí durante los años de la república federal (1824-1835), de la república central (1835-1846) y de los primeros meses del restablecimiento de la república federal (septiembre de 1846 a febrero de 1847) puede contribuir a comprender el desempeño de la economía del estado de San Luis Potosí. Estos datos ayudan a demostrar que, por ejemplo, la circulación de mercancías y su consumo eran constantes e incluso tienen etapas de mayor dinamismo, lo que nos podría dar indicios de una economía en movimiento y expansión. Muestran, además, un incremento en las transacciones de compraventa de bienes inmuebles y un crecimiento en la exportación de plata no sólo como medio de pago por los bienes importados, sino como mercancía que era puesta a la venta en los mercados internacionales.

El análisis desarrollado en este capítulo se enfoca en dos tipos de ingresos:

Las alcabalas en tres variantes:

derecho de consumo sobre efectos extranjeros,

introducción de efectos nacionales, y

alcabala al seis por ciento en la compraventa de fincas;3 y

los derechos ingresados a la tesorería del gobierno de San Luis Potosí por el impuesto a la plata pura y el ensaye.

Asimismo, considero necesario detallar el interés mostrado por los políticos y administradores del gobierno durante el periodo bajo estudio para conocer el espacio regional en el cual se imponían las recaudaciones. Por ello y por lo antes explicado, he estructurado el capítulo de la siguiente manera: primero doy una breve explicación del sistema de alcabalas dentro del nuevo esquema fiscal republicano, en el cual prevalecieron algunas formas de exacción novohispanas. Resalta el hecho de que las prácticas de recaudación de estas gabelas continuaron siendo de manera muy similar durante varias décadas del México independiente. Como se verá, esto es explicable ya que la alcabala, a partir de su apropiación por los estados federados en 1825, se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos, por lo general con una proporción del 30 al 40% de los ingresos anuales del gobierno estatal.

En segundo lugar explico la manera como se dio la política fiscal, en particular en el sistema de recaudación de alcabalas, pero a partir del análisis del espacio en el cual se tributaba, es decir, los suelos alcabalatorios. En mi opinión, la autoridad fiscal debía tener un conocimiento —no me atrevería a decir dominio— del territorio en virtud de que entre mayor conocimiento se tenía del espacio geográfico donde se haría la exacción mejores podían ser las estrategias para la recaudación,4 sobre todo en una economía en donde la circulación de mercancías era cada vez mayor, y mayor era también el contrabando tanto de mercancías y manufacturas de importación como de plata en pasta que era exportada del país de manera informal. Precisamente el conocimiento del espacio geográfico en que se llevaría a cabo el cobro de la gabela le permitió al gobierno de San Luis Potosí instaurar a finales de la década de 1820 un impuesto municipal (que en realidad era una doble exacción) con el que pretendió obtener más recursos por la introducción y el consumo de productos. Debido a que el sistema recaudatorio establecido desde 1825 no era del todo eficiente, se optó por crear este impuesto; para su recolección fue facultada la autoridad municipal ya que la estructura existente era inapropiada para incrementar la recaudación, y porque la misma estructura, como se verá, estaba en cierto grado controlada por la parte contribuyente. Asimismo, este impuesto era una oportunidad para extraer recursos de actividades económicas que mostraban una mejora en la actividad económica de la región de San Luis Potosí.

Después analizo el intento por establecer impuestos directos,5 así como el consecuente intento por abolir las alcabalas a mediados de la década de 1840 durante la república central. La abolición no prosperó debido a la oposición de algunos grupos de poder que ejercían su dominio en diversas ciudades de la república mexicana; para ellos, la alcabala era su principal fuente de ingresos. Como se verá, la postura potosina no favorece la abolición de la alcabala, pues de igual forma era uno de los principales ingresos económicos para la elite gobernante.

Cierro este capítulo con el análisis de las tendencias en la recaudación realizada por el gobierno de San Luis Potosí, que, como se verá, no obtenía escasos recursos. Las conductas en la recaudación se vieron modificadas por las diferentes reformas fiscales que tuvieron lugar sobre todo durante la década de 1830, pero además la tendencia de la serie de datos formada a partir de los ingresos de la aduana y de la tesorería de San Luis Potosí nos indica una orientación hacia el alza en el periodo de los años de 1828 a 1847. En este mismo apartado explico las series de datos de los ingresos a la tesorería del gobierno por los derechos de plata pura y el ensaye, y el seis por ciento de alcabala a la compraventa de fincas.

DE GABELAS COLONIALES A GABELAS EN LA ERA REPUBLICANA

La estructura hacendaria de la era republicana heredó algunos aspectos de los modelos económico fiscales del sistema hacendario colonial, sobre todo aquellos que aplicó la Corona española a su propio sistema durante la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, al igual que la hacienda novohispana, la republicana funcionó como un sistema de recaudación basado en los monopolios o estancos, con una carencia de impuestos directos, una proliferación de aduanas interiores o alcabalas y una ausencia de planeación presupuestal.

Si el sistema fiscal adoptado desde el inicio de la era republicana en 1824 fue el arcaico y en apariencia impopular sistema de alcabalas y monopolios, ¿por qué prevaleció durante más de medio siglo? ¿La oposición, o en su caso el fracaso en la instauración de nuevas formas de administración tributaria se debió más a las políticas autónomas de los estados frente a la capital de la república, y por lo tanto a la debilidad del Estado mexicano de las primeras décadas? ¿Cómo afectaron las diferentes reformas fiscales de las décadas de 1820 a 1840 a la recaudación llevada a cabo por el sistema de alcabalatorios? ¿Es posible utilizar los datos de la recaudación para generar una idea sobre el estado de la economía?

La alcabala permaneció como una de las gabelas más importantes durante casi todo el siglo. Su desaparición se debió a su inoperancia y complicada aplicabilidad a las grandes cantidades de mercancía que comenzaron a ser transportadas por el ferrocarril o por grandes convoyes de los arrieros, más que por los constantes deseos por abolirla. Es menester mencionar que fue posible realizar para este estudio la serie alcabalatoria debido a que dicha gabela formaba parte del cuadro fiscal estatal y además fue constante su cobro durante las repúblicas federal y central. Junto con ella, durante el mismo periodo encontramos la gabela a la plata pura y ensaye, que también es una herencia novohispana.6

El impuesto sobre plata pura y ensaye tenía como objeto de tributación la plata que se ensayaba y amonedaba en San Luis Potosí; dicha plata era utilizada de forma regular por los comerciantes para pagar las importaciones. Se daban casos en que los mismos comerciantes compraban el metal en algún centro minero y lo llevaban a la fielatura para su ensaye o a la Casa de Moneda para su amonedación. Después remitían esta plata a sus acreedores o compradores en Estados Unidos o Europa. El análisis de los datos que arrojan estas gabelas me permitirá demostrar el planteamiento de que la economía daba señales de crecimiento durante las décadas de 1830 y 1840.

En virtud de que las alcabalas a la introducción de productos, al consumo de bienes nacionales y extranjeros, así como la aplicable a la compraventa de fincas, son el pivote de mi argumento, les dedico algunas líneas para explicar al lector su presencia en la historiografía mexicana.

Al igual que otros temas, la alcabala y el derecho a la plata pura y el ensaye han sido descuidados como objetos de estudio por la historiografía sobre el siglo XIX mexicano. Pese a su poca presencia en la escritura de la historia, algunos de sus estudiosos se han dedicado a la tarea de adjudicarle —en específico a la alcabala— su justo valor como un punto de partida para comprender la circulación interna de mercancías, los precios de éstas, el consumo y la actividad económica —de hecho, puedo afirmar que es un indicador muy preciso para contar las transacciones de compraventa de inmuebles—. Estos estudios han posibilitado la comprensión de las actividades económicas de ciertas regiones y ciudades como México, Michoacán, Nuevo León y Puebla. Sin embargo, éstos han tendido a enfocarse sobre todo en las alcabalas novohispanas, y por tal motivo es necesario comenzar a conocer con mayor profundidad este tema y debatirlo en el contexto del siglo XIX, pues, como se verá, su contabilización puede ser de utilidad para explicar las condiciones del mercado o de la economía en periodos de mediano plazo.7 Respecto a la exacción a la plata pura y ensaye, el camino para su estudio está por ser trazado.

Es menester explicar que la alcabala fue cobrada a las transacciones económicas dentro de los territorios pertenecientes a la Corona de Castilla (incluidos los territorios americanos que estaban bajo su posesión durante la Colonia) y su nombre proviene de un vocablo árabe.8 La alcabala constituye una de las figuras fiscales más antiguas e importantes de la hacienda del antiguo régimen español y sin duda del nuevo régimen republicano mexicano. La interpretación clásica remonta su origen a la concesión temporal realizada por las cortes de Burgos en 1342 a favor de Alonso XI. En América se instauró desde muy temprano; en el año de 1568 Felipe II expidió una carta real en la cual ordenó el cobro del real derecho de alcabala en sus dominios de las Indias,9 el cual perduró en México hasta finales del siglo XIX.10

Considero que el sistema hacendario que surgió a inicios de la era independiente heredó y adoptó algunas de las viejas formas fiscales que con los años se fueron adecuando a la nueva realidad del Estado mexicano. Quizá de manera similar a lo sucedido con la Constitución de 1824, la cual presenta características y remanentes de los modelos novohispanos tradicional y liberal (Cádiz),11 la tarea de construir una nueva fiscalidad se dio en un contexto en el cual influyeron tanto los problemas internos de la nueva nación como las corrientes del pensamiento económico de la época. De hecho, se ha planteado cierta influencia del modelo estadounidense en la nueva organización fiscal, sobre todo en lo que respecta a la organización federal, es decir, la estructura y representantes de la oficina de hacienda. “[México] al igual que en el país del norte, formó su primera administración fiscal con empleados repartidos por el territorio y con las funciones económicas de los asuntos de guerra a cargo del ministro de Hacienda”.12 Estas oficinas, establecidas en los estados (conocidas como subcomisarías), estuvieron subordinadas a la oficina central en la ciudad de México. Una de las funciones que ejercieron los empleados de estas oficinas fue la de presionar a los gobiernos de los estados cuando por alguna razón no remitían el contingente mensual que les correspondía (pago mensual que realizaban los estados al gobierno general para su sostenimiento, cuyo monto era establecido por el congreso general). Por un lado, la organización estatal fue un verdadero problema en el proceso de transición para la organización del nuevo país; se dieron momentos en que “el Estado federal hubo de negociar un intercambio gravoso con los poderes regionales al retener una soberanía fiscal limitada a los puertos, fronteras y territorios marginales a cambio de un contingente financiero que expresara la voluntad, mediante un acuerdo pactista, de sostener la unidad nacional en el régimen (con)federal mientras los gobiernos regionales se reservaban la soberanía fiscal sobre su territorio”.13 En otras palabras, se crearon dos potestades fiscales, una que correspondía a los estados y otra al gobierno nacional, “cada una facultada para administrar, usufructuar, abolir y crear nuevos impuestos […] y vigilar que las otras potestades no traspasaran sus respectivas jurisdicciones”.14

Por otro lado, los objetos y sujetos de la recaudación fueron los mismos que durante la era novohispana. Aunque la nueva organización del sistema modificó la labor fiscal que realizaron los intendentes y subdelegados, éste tuvo aún como objetos fiscales las mercancías traficadas por los comerciantes, los productos de los estancos, el papel sellado, la minería, etcétera. Ante tal situación, se buscó seguir en los primeros años de la era republicana los pasos que se dieron en España, en donde se emprendió una reforma fiscal radical; en México, esta reforma fue encabezada —en un primer intento fallido— por Francisco de Arrillaga en 1823 y 1834. Su propuesta fue la sustitución del sistema fiscal existente por uno basado en impuestos directos sobre la propiedad raíz, reforma que ya se había realizado en España con anterioridad. Sin embargo, antes de abordar los intentos de reforma y sustitución de indirectos por directos, revisemos el tema del territorio y la estrategia por recaudar impuestos a partir del criterio de los suelos alcabalatorios.15

SUELOS ALCABALATORIOS Y POLÍTICA FISCAL EN SAN LUIS POTOSÍ

El problema de los suelos alcabalatorios ha sido poco mencionado y escasamente estudiado en la historiografía. El análisis de las políticas seguidas en la determinación de tales suelos en el estado de San Luis Potosí durante los años de la Primera República Federal (1824-1835) es de relevancia para mi estudio ya que el gobierno y los encargados de la recaudación identificaron un incremento a partir de la segunda mitad de la década de 1820 en el flujo de mercancías hacia la ciudad de San Luis Potosí, en donde eran consumidas o bien redistribuidas hacia otras ciudades en el centro y el norte del país. Las características de los suelos alcabalatorios durante el periodo colonial son un punto de referencia o contraste para percibir de mejor manera las transformaciones que se suscitaron en las décadas siguientes. En cierto sentido es una reflexión sobre la transición del periodo colonial al republicano de un ramo específico del ingreso de la Corona y del posterior estado federado.16

Max Weber sostenía que las tres grandes necesidades de los Estados nacionales eran el control físico del territorio, la soberanía de sus regiones y la capacidad de negociación con los demás países.17 Estas tres premisas, que son, sin lugar a dudas, la “base de interés del gobierno central mexicano decimonónico por controlar los impuestos del comercio interior”,18 lo son también de interés para los estados libres y soberanos, a los cuales la Constitución federal de 1824 y la ley de 4 de agosto de 1824 del congreso general otorgaron la facultad de adoptar el sistema de rentas que mejor les conviniera. Así, en julio 4 de 1825 el estado de San Luis Potosí adoptó no sólo el sistema de alcabalas, sino también el de tabacos, ensaye de la plata y el oro, así como el de la Casa de Moneda.19

Las premisas weberianas del control físico del territorio y la soberanía de las regiones son las que más me interesan. El conocimiento por parte de la autoridad y su familiaridad con las características de los suelos alcabalatorios era una condición imprescindible para el control del territorio del estado en lo que correspondía a sus rentas. La eficacia en dicho control traería consigo la solución, al menos parcial, de dos de los principales problemas; por un lado, disminuiría la evasión fiscal y, por el otro, generaría un incremento o al menos cierta estabilidad en la exacción de impuestos. Una mayor eficacia en la recaudación fiscal sin duda fortalecería entre la clase gobernante la idea de que era más importante la defensa de la soberanía y territorio estatales20 y sus jurisdicciones en materia legal21 que la soberanía federal o nacional.

En términos generales, el suelo alcabalatorio correspondía a la jurisdicción territorial sobre la cual tenía autoridad el administrador o receptor de esta renta, e implicaba que toda mercancía que fuera introducida para su consumo en dicho suelo debía pagar los derechos correspondientes; sin embargo, en ciertas ocasiones se cobraban derechos por el simple hecho de transitar por el suelo.22 Los suelos alcabalatorios que prevalecieron durante varias décadas del periodo republicano —con algunas modificaciones— fueron aquellos que se demarcaron desde finales del siglo XVIII, en específico en un acuerdo de la Junta Superior de Hacienda del 25 de septiembre de 1792. Hasta donde se sabe, esta división mantuvo una buena operatividad, por lo que se ratificó su observancia el 16 de enero de 1818. Hacia finales del virreinato la Dirección General de Rentas contaba con 12 administraciones foráneas compuestas por 102 receptorías. Si a cada receptoría correspondía un suelo alcabalatorio, el virreinato contaba por lo tanto con 102 suelos alcabalatorios.

La intendencia de San Luis Potosí, siguiendo esta lógica, contaba con ocho receptorías, es decir, ocho suelos.23 La parte correspondiente al territorio de la provincia del mismo nombre estaba compuesta hasta antes de 1789 por cuatro suelos; a partir de entonces, en que se dio la anexión de la receptoría y suelo de Guadalcázar al de San Luis Potosí, se configuraron sólo tres suelos, que estaban bajo la jurisdicción de los administradores de las receptorías de San Luis Potosí, Charcas y Villa de Valles (Figura 2.1).

FIGURA 2.1

RECEPTORÍAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS POTOSÍ DE 1789 A 1825. TRES SUELOS, TRES RECEPTORÍAS

Elaboraron: Marco Antonio Vázquez Rocha y Sandra Lizeth Martínez Contreras.

A partir de la era republicana el sistema fiscal colonial fue objeto de diversas modificaciones para dar lugar a la organización de las estructuras hacendarias estatales y federal. La organización de la hacienda estatal potosina reconfiguró los suelos heredados del periodo colonial en al menos cuatro ocasiones durante el periodo de 1824 a 1846.

La primera modificación a la forma y número de los suelos y receptorías tuvo lugar al sancionarse la ley 26 de 4 de julio de 1825. En ella se procedió a la división de los tres suelos coloniales para dar lugar al establecimiento de cuatro suelos en los cuales se repartían diez receptorías y veintidós subreceptorías (Figura 2.2). Esta primera modificación demuestra el interés de la clase política por tener un conocimiento del territorio estatal y su división en términos de materia fiscal. La ley que establecía la división del territorio en partidos, según sus autores, se diseñó “para la mejor administración de las rentas de tabacos, alcabalas y demás anexas al Estado”.24 Antes de que se sancionara la división del estado en diez partidos por un decreto de julio de 1826, dedicado a la materia de división del territorio, en julio de 1825 la ley correspondiente a la materia tributaria ya había determinado tal división del estado con el mismo número de partidos, aunque con una distribución diferente de las poblaciones.25 Tal vez los encargados de la recaudación realmente estaban urgidos de tener definido el espacio de la recaudación, y de ahí que hubieran dividido el territorio en partidos diseñados más para realizar la recaudación que para dividir políticamente el territorio del estado.

FIGURA 2.2

RECEPTORÍAS DE ALCABALAS Y TABACOS SEGÚN DECRETO 26 DE 4 DE JULIO DE 1825. CUATRO SUELOS (PARTIDOS FISCALES)

Elaboraron: Marco Antonio Vázquez Rocha y Sandra Lizeth Martínez Contreras.

Un nuevo reordenamiento territorial tuvo lugar en marzo de 1827 cuando el congreso local sancionó una ley que establecía que el territorio del estado era un solo suelo para la recaudación de las rentas del ramo de alcabalas. En esta ley no se asentó ningún cambio en el número de receptorías y subreceptorías fijadas desde el año de 1825.

No fue hasta la sanción del decreto número 51 de 20 de octubre de 1831 cuando la organización de las jurisdicciones se vio modificada con el establecimiento de una administración de rentas de la capital y el de dieciséis administraciones foráneas —es decir, se crearon seis más—. Estas dieciséis administraciones foráneas sumaban en conjunto un número mayor de subreceptorías (Figura 2.3). En esta reforma al sistema fiscal se determinaban las fianzas que debían ser pagadas por los interesados en arrendarlas y los lugares hacia donde serían reubicadas algunas receptorías y subreceptorías. “La redistribución pretendía colocar las receptorías en las principales rutas comerciales para desalentar el contrabando y aumentar los ingresos por concepto de alcabalas”.26 No hay que olvidar que los gobernantes en turno habían detectado el incremento en la actividad mercantil a finales de la década de 1820, y quizá por ello comenzaron a realizar modificaciones de menor escala a la estructura fiscal.

FIGURA 2.3

UNA ADMINISTRACIÓN DE LA CAPITAL Y 16 RECEPTORÍAS DE ACUERDO CON EL DECRETO 51 DE 20 DE OCTUBRE DE 1831

Se especifica el valor de fianza.

Elaboraron: Marco Antonio Vázquez Rocha y Sandra Lizeth Martínez Contreras

Asimismo, es posible apreciar en la Fig. 2.3 cuatro áreas en el territorio del estado determinadas por el valor de las fianzas de las receptorías. Los precios seguían una lógica de a mayor valor de fianza, mayor monto recaudado de lo que estaba comprobado. El valor de la fianza de la receptoría de la capital del estado era de seis mil pesos, lo que la hacía la más costosa del estado; la capital era el centro urbano alrededor del cual se anclaba una primera área. La segunda área correspondería al partido de Real de Catorce, que contaba dos receptorías valuadas en cuatro mil pesos cada una. El resto de las receptorías se distribuían sobre un extenso espacio que abarcaba los distritos mineros de Ramos, Salinas, Charcas (Venado) y Guadalcázar (hacia el norponiente y norte); y las zonas agrícolas y comerciales (hacia el sur y este) en Pozos, Santa María del Río, Valle de San Francisco, Armadillo, Rioverde y Valle del Maíz. En esta tercera área las receptorías tenían un valor de dos mil pesos. Por último, la cuarta área comprendía la zona Huasteca, donde había dos receptorías, una en Valles y otra en la población de Tancanhuitz, que serían subastadas al interesado que ofreciera sólo cuatrocientos pesos. Resalta el hecho de que la receptoría foránea de Valles fuera independiente de la de Tancanhuitz, con ello recuperó la pretérita jerarquía que poseyó durante el periodo colonial, cuando era el asiento de la oficina recaudadora más importante de la región Huasteca (Véase Fig. 2.3).

¿Qué nos enseñan estas cuatro áreas que estamos representando en el territorio del estado? La respuesta puede ser que nos muestren los indicios de la capacidad de consumo de efectos nacionales y extranjeros que tenían los habitantes de cada área, y a su vez nos puede ayudar a inferir su actividad comercial. Tenemos así que la mayor capacidad de consumo se localiza en la ciudad de San Luis Potosí y en el distrito minero de Real de Catorce, mientras que una mediana capacidad de consumo se presenta en el resto del estado, con excepción de la Huasteca, en donde se reduce a su mínima expresión. Si comparamos ahora los valores de las fianzas con la densidad de población, encontramos cierta concordancia con el valor de la receptoría. Por ejemplo, en el área de la capital, incluidos los barrios, habitaban en 1825 cerca de 25 000 personas y 35 000 en 1848; en el distrito minero de Real de Catorce la población era en 1825 de alrededor de 12 000 habitantes, y número similar encontramos en Charcas y Matehuala. Dos décadas después cada una de estas tres poblaciones tenían entre 15 000 y 20 000 habitantes. En el área de la Huasteca, Valles y sus poblaciones aledañas tenían alrededor de 8 000 habitantes en 1825 y a finales de la década de 1840 contaban con poco más de 9 000; Tancanhuitz, por su parte, tenía en 1825 poco más de 2 000 y al final de la década de 1840 casi 5 000 pobladores.27 En suma, la región comprendida por las receptorías con valor promedio de dos mil pesos —ubicadas en su mayoría en la extensa región que ocupa casi la mitad del territorio del departamento de Venado, casi la totalidad del de la capital y el de Rioverde— era el área en donde prevalecía una capacidad de consumo mayor; es decir, existía demanda y oferta de bienes. Lo anterior explica la relación entre el valor de las fianzas y la densidad de la población (Véase Fig. 2.3).

Por otro lado, la última reorganización territorial en el estado en materia fiscal se dio en el año de 1835, poco antes de que feneciera la Primera República Federal. La reforma se centró básicamente en el partido de Tancanhuitz. Como ya se mencionó, en 1831 se establecieron dos administraciones foráneas en este partido, localizadas en Valles y en Tancanhuitz. La aparente baja rentabilidad de estas administraciones motivó al gobierno y al congreso estatal a la unificación de ambas en una sola. Los legisladores insistieron en que esta nueva y unificada administración de rentas debía contar con el número de receptorías que “se estimen necesarias en los pueblos” para evitar la evasión y el contrabando. Además, consideraron primordial la ubicación de esta administración en un punto del departamento de Tancanhuitz en donde se procurara “el mayor aumento de ellas [las rentas]”.28

Las modificaciones realizadas a la organización del territorio en materia fiscal obedecieron quizá a diversos factores, entre ellos el conocimiento que tenían quienes ocupaban los puestos del gobierno sobre el incremento en la actividad mercantil, y por ello buscaron mejorar la organización territorial para mantener o incrementar la exacción. Por otro lado, los cambios posteriores en la estructura de la hacienda pública estatal fueron de escala menor y, como se verá, el incremento en los ingresos corresponde más al incremento en la circulación de bienes y a la voluntad de los sujetos de la tributación que a la eficacia de la estructura fiscal.

LAS SOLICITUDES DE UN SOLO SUELO

A mediados del año de 1830 —y en el contexto del triunfo del Plan de Jalapa— los federalistas moderados potosinos, conocidos también como los aristócratas —apoyados por Anastasio Bustamante—, recuperaron el poder del gobierno del estado y de la legislatura local, que durante poco más de dos años habían estado bajo dominio de los federalistas radicales que encabezaba el gobernador Vicente Romero. El nuevo gobernador, José Guadalupe de los Reyes,29 vinculado con los comerciantes importadores y mayoristas de origen español, británico y estadounidense, conocidos también como los monopolistas, solicitó a los diferentes actores políticos y hombres de empresa y comercio que le proporcionaran ideas y propuestas para generar una estrategia enfocada al mejoramiento de la actividad mercantil, así como de la industria minera, textil y agrícola. Además, De los Reyes buscaba mantener estables los ingresos de las rentas del estado, sobre todo en el ramo de alcabalas. Al efecto, y en un afán por institucionalizar las relaciones con los sectores productivos, dio continuidad a la formación de una junta de comerciantes y de una junta protectora de la industria —iniciadas por el gobernador interino Manuel Sánchez—, con la premisa de conciliar los intereses del comercio, de la industria y del gobierno. Entre los miembros de la junta destacaban Cayetano Rubio y Juan Gutiérrez Castillo, poseedores de grandes fortunas y a quienes el intelectual contemporáneo Ponciano Arriaga nombraba “monopolistas”. En diversas ocasiones Ponciano Arriaga y Mariano Villalobos exhibieron en sus artículos publicados en el periódico del gobierno El Yunque de la Libertad las relaciones que existían entre el grupo de políticos llamados “aristócratas” y los comerciantes apodados “monopolistas”. Entre los políticos “aristócratas” se pueden contar a José Guadalupe de los Reyes, Ignacio Sepúlveda (ambos, gobernadores del estado),30 Tirso Vejo y Anastasio Quiroz31 (ambos, diputados en varias legislaturas constitucionales del estado), entre otros.

Además de Cayetano Rubio y Juan Gutiérrez Castillo, figuró en la junta de comerciantes José Antonio Nieto, administrador de la Aduana Nacional de San Luis Potosí. Paradójicamente, Nieto —conocido entre los comerciantes extranjeros como “the famed hunter” (‘el famoso cazador’)—32 por su supuesta capacidad de detectar contrabando y su prosecución —había sido uno de los miembros del gabinete del depuesto gobernador Romero; pese a ello, el nuevo gobernador lo ratificó en el empleo y confió en sus consejos, por lo que comenzó a colaborar con los aristócratas—. En su escrito, Nieto consideraba que el comercio del estado pasaba por un mal momento —esta figura retórica se reitera en los textos de la época y creo que más bien eran las rentas las que pasaban por ese mal momento—, lo que ocasionaba en cierta manera una reducción en la recaudación que se obtenía por el cobro de impuestos en los ramos de alcabalas a efectos nacionales e impuestos al consumo sobre los efectos extranjeros. La razón de la problemática se debía en gran medida a que el Congreso General había sancionado un decreto el 24 de agosto de 1830, el cual además fue reglamentado por circular de la Secretaría de Hacienda de 7 de octubre del mismo año, en el que se incrementaban los aranceles al consumo de efectos extranjeros; las derivaciones negativas de este decreto —en opinión de Nieto— se debían a que se incrementaba en un cinco por ciento el impuesto de consumo a los efectos extranjeros y un diez por ciento a los licores de la misma procedencia. Pero el problema más grave radicaba en el artículo 5o. del decreto, en donde se establecía que el derecho de consumo sobre efectos extranjeros y el de alcabala sobre los nacionales se causaba en “el lugar de su introducción, o en el de su venta, o en el de su final destino” ya fuera por iguala o por relaciones juradas; los efectos que hubiesen causado derecho por cualquiera de las tres condiciones anteriores, en caso de ser llevados a otro paraje que bajo el sistema de alcabalas fuera considerado como distinto suelo, volverían a pagar el mismo derecho.33

El análisis que presentó José Antonio Nieto al gobernador no era de poca importancia. Nieto se quejaba del hecho de que comenzaban a ser frecuentes los casos en los cuales se cobraban los derechos de consumo o alcabala a las mercancías por cada suelo por el que transitaban, a pesar de que desde 1827 el estado era considerado un solo suelo, pero los administradores de las receptorías hacían caso omiso de ello. Nieto recalcaba que, tal como lo establecía la ley reglamentaria de 7 de octubre, se debían observar las reglas que antaño se seguían con respecto a los distintos suelos en que estaban divididos los alcabalatorios desde el periodo novohispano, salvo en los casos de las variaciones hechas a los ordenamientos virreinales por los estados a inicios de la era republicana. “De modo que en el de San Luis —explicaba Nieto— habrá efecto a que se le deba cobrar en este caso 15, 20 o más veces la alcabala, según las administraciones por donde fuere vendiéndose”. Acorde con lo manifestado por Nieto, este cobro múltiple del derecho podría evitarse con una disposición legislativa del congreso local en la cual se asentara que todo el estado de San Luis Potosí tuviese para efectos del sistema de alcabalas un solo suelo.34

Evidentemente no era ocioso ni accesorio el comentario del administrador de la Aduana Nacional, sino más bien impreciso. Su reflexión pone de manifiesto lo complicado que resultaba en la práctica el sistema de recaudación local, pues desde el arreglo en 1827 de la hacienda estatal se había establecido que el estado de San Luis era considerado un solo suelo. En cierta medida la reflexión de Nieto hacía explícita la angustia, incertidumbre y el ambiente de desconfianza en que se desenvolvían tanto la parte recaudadora como la contribuyente. Esta situación se debía a las reformas fiscales implantadas durante el periodo de 1828-1830, marcadas de forma clara por un incremento en las tasas impositivas y a la desorganización manifiesta en el mismo sistema que era afectado por factores como la corrupción, el contrabando y la oposición de los grandes importadores a pagar los impuestos que les correspondía por los efectos traficados.

El origen del problema se puede rastrear hacia 1824, cuando el mismo Congreso General había autorizado un impuesto al consumo a los efectos extranjeros del tres por ciento y que fue puesto en práctica en el estado potosino en enero de 1825. Este impuesto era cobrado a partir del aforo hecho a las mercancías en la aduana federal, que fluctuaba en un cuarenta por ciento; en suma, era una práctica de doble imposición al mismo producto, pues a pesar de ya haber pagado el impuesto federal, era entonces gravado por el impuesto de consumo estatal. En 1828, el congreso local, a pesar de esta doble imposición autorizó un nuevo impuesto —es decir, una tercera imposición— a los efectos extranjeros bajo el argumento de que se trataba de un impuesto municipal que debía ser pagado por la sola introducción de los bienes al suelo alcabalatorio, tuvieran o no consumo.35 La reacción de los comerciantes fue inmediata. Incluso los comerciantes de origen británico habían llevado su queja a su cónsul general en la ciudad de México por considerar inconstitucional la tercera imposición. Mientras los británicos luchaban por la vía diplomática,36 en la práctica, y en alianza con otros grandes almaceneros, la mayoría de ellos alemanes, españoles y estadounidenses, recurrieron a prácticas desleales con la finalidad de evadir el impuesto. Los grandes importadores comenzaron a sostener de manera regular prácticas negativas como el registro de mercancías en guías que especificaban un tipo de efectos mientras que en los embalajes se contenían en realidad artículos prohibidos por las leyes proteccionistas republicanas.37 Asimismo, se intensificó el hábito de la división de guías, con lo que evitaban el pago del impuesto dentro del suelo alcabalatorio en donde los productos eran introducidos y consumidos. Juan Antonio Nieto, administrador de rentas de la capital, explicaba en marzo de 1828 a los diputados del congreso local el problema de la división de las guías. Les solicitaba que se dispusiera de una medida capaz de conciliar los intereses del estado con los del comercio, pues la situación se volvía cada vez más insostenible. Por un lado había un gran descontento entre los comerciantes, mientras que por el otro la renta de alcabalas recaudaba lo mínimo suficiente para el sostenimiento del sistema. Ejemplifica en su carta un caso interesante de división de las guías, y por ende de evasión fiscal: “A pesar de que el decreto número 79 previene que los efectos vendidos para consumo en otro estado no causen alcabala en éste, como que no señala un término para que los comerciantes los saquen o satisfagan el adeudo correspondiente, he procedido [al] cobro de aquellos que tienen dos meses de presentados en esta oficina”;38 sin embargo, no era suficiente esta medida, pues los propietarios de las mercancías no pagaban el impuesto correspondiente. Asimismo, explica que de un cargamento, respaldado por una guía con destino a Guadalajara, le habían sido extraídas siete de las ocho partes de los productos, los cuales habían sido vendidos en San Luis sin pagar impuesto, pues no podían ser gravados debido a que la guía tenía como final destino la ciudad de Guadalajara. Incluso explicaba que la última octava parte fue remitida a Guadalajara, en donde no pagó impuesto al consumo “porque aquellos vecinos pagan contribución directa”.39 En suma, no había medio que conciliara los intereses del gobierno con los de los particulares, y esto se ve de manifiesto en el siguiente apartado.

EL IMPUESTO MUNICIPAL AL CONSUMO Y LA MULTIPLICACIÓN DE LOS SUELOS

En mayo de 1828 el congreso del estado sancionó el decreto número 111, el cual imponía un impuesto municipal a los efectos extranjeros por su introducción, tuviesen o no consumo. Resulta interesante este impuesto en virtud de que quizá contribuyó a que el gobierno tuviera mayor control sobre la importación y circulación de las mercancías que se consumían en el espacio geográfico municipal, lo cual obviamente generó descontento entre la clase mercantil, pues veía que, a la par que sus negocios prosperaban debido a la mejora en la economía, tenían que pagar una gabela más. Por otro lado, el ayuntamiento adoptó una nueva personalidad con funciones de recaudador de impuestos, pues los alcaldes se arrogaron la facultad de cobrar la nueva exacción, pese a que no estaba precisada tal acción en el decreto.

Las receptorías, subreceptorías y los mismos ayuntamientos se vieron en la necesidad de incorporar en sus libros de contabilidad un nuevo registro dedicado en exclusiva a la contabilización de este impuesto, además de elaborar un reporte mensual dirigido al gobernador del estado en donde comunicaban los ingresos que se generaban. Una paradoja que se presenta es que, a pesar de llamarse impuesto municipal, éste en muchos de los casos era cobrado por los ayuntamientos —quienes se arrogaron facultades recaudatorias— mas no eran sus beneficiarios directos, puesto que el recurso era remitido a la tesorería del gobierno estatal y dispuesto y administrado directamente por el gobernador del estado. Es decir, los alcaldes sólo veían pasar el dinero.

Por otro lado, en múltiples ocasiones los administradores de los alcabalatorios y los alcaldes hacen referencia al cobro realizado en “este suelo”; con ello quieren decir el suelo de la jurisdicción municipal, lo que en cierta medida pone de manifiesto el reconocimiento de un espacio delimitado y autónomo de recaudación definido por los límites municipales en donde la responsabilidad de la recaudación recaía de manera ambigua en el administrador del alcabalatorio o el propio alcalde.

La creación de este nuevo impuesto, como se hace evidente, provocó una confusión generalizada, oposiciones y abusos.40 El decreto 111 establecía que se cobraría a aquellos productos que fueran introducidos en el suelo del estado; sin embargo, al llamarse municipal se cobraba al momento de la introducción y, de forma indebida, al tránsito o circulación por el suelo de la municipalidad y no necesariamente al momento de su consumo. El cobro del impuesto era distinto a lo acostumbrado, pues no se trataba de una tasa porcentual sobre el valor de la mercancía, sino que más bien se cobraba a partir de tercios (medida utilizada para medir volumen y peso de los cargamentos), es decir, el tercio de abarrote, losa o cristalería pagaba doce reales y cualquier otra clase de tercio pagaba tres pesos.

Varios funcionarios del gobierno de Zacatecas recibieron quejas de comerciantes residentes en ese estado propietarios de casas mercantiles, como Watson MacViccar y Cía., entre otros. La queja principal era que a su paso con sus cargamentos por la municipalidad de Villa de Ramos (perteneciente al estado de San Luis Potosí y colindante con Zacatecas, y en la ruta a ese estado y su capital) les era cobrado por el alcalde el impuesto municipal por el hecho de tan sólo transitar: “En mi concepto, el alcalde ha equivocado las prevenciones de dicho decreto porque acaso no se fijará en efectos de tránsito como son los de que se trata, sino en los de consumo dentro de la municipalidad, pues como vuestra excelencia sabe no tienen otra tendencia los impuestos locales, como debo entender los que se reclaman, en razón de que el repetido alcalde [de Villa de Ramos] los llama municipales”.41

De igual forma varios comerciantes radicados en la ciudad y estado de San Luis Potosí se vieron afectados por la confusión o abuso de la autoridad recaudatoria en los gravámenes impuestos por el tránsito o circulación. Por ejemplo, la casa mercantil Didier Dall y Cía. solicitó la devolución del impuesto pagado en la administración de alcabalas de la capital del estado de San Luis Potosí debido a que las mercancías que llevaban tenían como destino final la ciudad de Guanajuato. Esta negociación se había opuesto en principio al pago del impuesto correspondiente a 110 pesos por las guías originadas en Tampico con los números 1383 y 1385. Los dueños de la casa comercial consideraron infundada la imposición; sin embargo, para no ver impedidos sus negocios, y tras las presiones del administrador de rentas, hicieron el pago, el cual después reclamaron por la vía diplomática puesto que remitieron una queja al gobierno estatal y al ministro plenipotenciario de Estados Unidos, Joel R. Poinsett. El secretario de gobierno de San Luis Potosí, Mariano Villalobos, ordenó una investigación, y se demostró que, en efecto, las mercancías sólo estaban en tránsito por la ciudad, por lo que ordenó la devolución del impuesto.42

La misma suerte corrió la compañía Staples y Cía. Los arrieros contratados transportaban 67 tercios y 54 bultos propiedad de dicha compañía, los cuales venían procedentes de la ciudad de México con destino a las haciendas de Parras y Patos, en el estado de Coahuila y Texas. Al igual que Didier, Dall y Cía. recurrieron a su representante diplomático, en este caso Ricardo Packenham, encargado de negocios de la corona británica, para solicitar la devolución de 240 pesos. Su representante en San Luis Potosí, Pedro del Hoyo, fue el receptor de la devolución, la cual se obtuvo después de realizadas las averiguaciones pertinentes.43 El argumento para solicitar la devolución era similar al de los casos anteriores:

El decreto 111 de esta honorable legislatura se reduce tan solamente a mandar se cobre el derecho municipal a los efectos que vengan destinados a las casas de comercio conocidas en este estado, mas de ninguna manera a los que vayan de tránsito; bajo este concepto, si a los Sres. Staples y compañía u otro se les ha cobrado el expresado derecho por efectos que no hayan sido destinados a este estado, bien pueden hacer sus ocursos a este gobierno, quien dictará las medidas que el caso exija.44

Como reacción a los reclamos de los comerciantes por el cobro que se les realizaba por el tránsito o circulación de sus productos y las consecuentes devoluciones, que incluso generaron en algunos casos juicios mercantiles, el congreso estatal sancionó un nuevo decreto con el número 122. En él se establecía que los efectos extranjeros que tengan como “vigorosa escala a la capital de este estado, o a otro lugar de su territorio, aunque los consignatarios residan en otros estados, y las escalas los señalen por punto final, pagarán el derecho municipal […] tengan o no consumo”.45 Asimismo, aclaraba que no se pagaba impuesto al tránsito, pero se causaba el derecho por el solo hecho de introducción cuando “se halle en el territorio del mismo [estado] cualquier consignatario o individuo a que correspondan los efectos mercantiles”.46 Con ello trataron de evitar que se evadiera el pago del impuesto al realizar división en las guías, práctica ya muy arraigada entre los mercaderes, pues acostumbraban dividir sus cargas con el argumento de que revenderían sus mercancías en otras ciudades del país, aunque en realidad comerciaban dentro del territorio estatal, pues para ellos era más barato satisfacer la demanda que estaba más cerca de su centro de operaciones.

Pese a las confusiones y a las devoluciones que se tuvieron que realizar, este impuesto vigente de mayo de 1828 a diciembre de 1830 retribuyó a las arcas del gobierno cantidades nada despreciables. Tan sólo de mayo a diciembre de 1828 generó un ingreso por alrededor de 13 00047 pesos, lo cual representaba poco más del 50% de lo generado por el impuesto del 3% al consumo a los productos extranjeros; la recaudación obtenida por el cobro de este impuesto confirmaba el incremento en valor y en volumen de la circulación de mercancías a finales de la década de 1820. Por otro lado, el impuesto estimuló el reconocimiento del territorio y de las jurisdicciones municipales; la contabilidad registrada en los libros y los mismos reportes enviados cada mes al gobernador muestran que, a pesar de algunas dificultades, se había generado una estrategia de recaudación medianamente efectiva que impactaba como una exacción al creciente tráfico de mercancías. Sin duda, la aduana de la capital era la que obtenía la mayor recaudación; sin embargo, una revisión detallada de los reportes nos muestra que las administraciones de Matehuala, Rioverde y Tancanhuitz vieron incrementados sus ingresos por el concepto del impuesto municipal (Tabla 2.1).

TABLA 2.1

INGRESOS POR COBRO DEL IMPUESTO MUNICIPAL ESTABLECIDO POR EL DECRETO 111 DEL CONGRESO DEL ESTADO, 1828-1830

Año

Tancanhuitz

Matehuala

Rioverde

Valle de San Francisco

Villa de Ramos

Ciudad Valles

Real de Catorce

Total recaudado por año en las siete receptorías

1828

376

18

6

13

413

1829

189

255

389

73

201

1107

1830

239

574

278

1091

Total

428

1205

685

73

6

13

201

2611

Fuente: AHESLP, SGG, múltiples expedientes de los años de 1828 a 1830. Se detalla lo recaudado en siete administraciones foráneas de rentas, no se incluye la de la ciudad de San Luis Potosí.

A la par que la recaudación del impuesto se incrementaba y se hacían evidentes los efectos benéficos para las rentas del estado, se incrementaba el descontento dentro de la clase mercantil, que reaccionó buscando formas de evadir el impuesto, lo cual desencadenó una crisis política y económica entre los actores involucrados.

Esta crisis entre el gobierno y los sectores dedicados a la actividad mercantil encontró solución cuando el grupo político liberal radical que encabezaba Vicente Romero salió del gobierno. A su salida, como ya lo mencioné, convocó el gobernador interino del estado, Manuel Sánchez, a una junta de comerciantes, la cual fue ratificada por el siguiente gobernador, José Guadalupe de los Reyes, en los últimos días del año de 1830; ambos políticos eran considerados como federalistas moderados y parte del grupo de los aristócratas. La junta de comerciantes tenía básicamente dos objetivos: el primero, determinar las causas que habían provocado el supuesto derrumbe del comercio —que, como vimos, se percibe más bien un aumento en el tránsito de bienes—; y el segundo, especificar las estrategias para su supuesta reactivación. La junta manifestó que los principales motivos de la baja en el comercio se debían al exceso de impuestos de alcabala y de gravámenes municipales aplicados a algunos productos, además del mal estado de los caminos utilizados como rutas para el tráfico de mercancías. Manifestaban que por la ley de 24 de agosto de 1830 el suelo del estado fue dividido en cuatro partes, lo cual no podía ser procedente. “La organización interior de él [el estado] decretada por la constitución [de 1826] no permite [que] tenga efecto la división en cuatro suelos que regía antes del sistema federal, y si se quisiere reputar ahora un suelo, la demarcación de cada administrador de rentas sería casi innumerable porque al establecer éstas se consultó sólo la comodidad en la recaudación sin detenerse en asignarles extensión larga o pequeña”.48 Recalcaban que, por ejemplo, a tres leguas de la capital se localizaba una oficina recaudadora, y lo mismo a cinco; luego, a doce, a veinte. “De aquí puede inferirse que si un efecto debiese pagar en cada uno de estos puntos nuevo derecho con arreglo a la ley citada, llegaría el caso de que ni su valor ni el duplo [sic] de él alcanzasen a cubrirlo”.49 De ahí que solicitaban un solo suelo para todo el estado o, en otras palabras, “una administración de alcabalas dividida en diversos puntos como debía ser para facilitar el modo de percibir los derechos”.50

Esta junta (entre cuyos miembros se contaba a los comerciantes mayoristas españoles Mariano Quintana, Juan Gutiérrez Castillo, Cayetano Rubio y el mexicano Andrés Barroeta) elevó una iniciativa al gobernador del estado para que éste a su vez la hiciera llegar al congreso. En este escrito dieron a conocer cuáles eran la medidas necesarias que a su parecer se deberían tomar en cuenta para la reactivación del comercio. Entre ellas se proponía una disminución en la tasa del impuesto al derecho de consumo y de alcabala a los productos de importación (del 5% al 2½%), así como a los nacionales (de 12½% a 8%); proponían también que el territorio del estado fuera considerado como un solo suelo alcabalatorio debido a que —como ellos manifestaban— desde 1824 estaba dividido en cuatro suelos, por lo que al ingresar los productos al territorio estatal tenían que pagar alcabala cada vez que pisaban uno de los suelos, lo cual se vio agravado por el decreto 111 que establecía el impuesto municipal. Además, pedían que las manufacturas del estado fueran exentas de todo impuesto. Por último, solicitaban una feria anual por diez días contados desde el 16 de agosto hasta el 25 del mismo.51

La propuesta fue revisada y corregida por la legislatura. Como clara muestra, más de filiación política que de voluntad política en beneficio de los ingresos del gobierno, los congresistas —en su mayoría aliados o bien pertenecientes al grupo de los aristócratas— apoyaron la propuesta de la junta. En consecuencia, dicha propuesta se convirtió en decreto, el cual sancionó el congreso con el número 16 el día 11 de marzo de 1831. En él se cumplían casi todos los puntos sugeridos por los comerciantes, pues la feria no fue autorizada. Esta resolución pone de manifiesto la relación y filiación del grupo político de los aristócratas, quienes controlaban el gobierno del estado e incluso dominaban la legislatura estatal con los comerciantes denominados monopolistas, algunos de ellos miembros de la junta de comercio.

A partir de este año de 1831, el territorio del estado de San Luis Potosí fue considerado como un solo suelo y se mantuvo así hasta el final de la Primera República Federal en 1835. Nuevas necesidades y deseos de modernizar el sistema fiscal propiciaron una alteración al espacio fiscal potosino y del país durante la República Central (1835-1846). En 1843 se modificó el número de suelos, pues antes de las Bases de la Organización de la República existían 277 suelos para todo el país, y a partir de su sanción éstos fueron reducidos a 40.52 San Luis Potosí continuó sin problemas con un solo suelo para todo el departamento; de hecho, la política fiscal de la República Central, que se caracterizaba por su modernidad y orientación liberal, buscaba impulsar el desarrollo de los impuestos directos, y los suelos alcabalatorios eran, por tanto, de poco interés para los ideólogos de las políticas fiscales centralistas. De acuerdo con esta política, la cual seguía el modelo francés de división territorial y exacción tributaria,53 era más importante la definición del nuevo sujeto de la recaudación, es decir, el individuo, y el objeto de la misma, es decir, su propiedad y sus utilidades. Las alcabalas, al contrario, gravaban el costo de los productos introducidos o importados y el valor de las transacciones en la compra de bienes inmuebles, es decir, no había un sujeto de la recaudación, sino más bien sólo un objeto, que eran los productos y las transacciones. En suma, los impuestos directos fueron intentos por modernizar la estructura tributaria del gobierno, por lo que generaron tensiones importantes en diversos sectores sociales y los gobiernos estatales y el federal, pues su imposición conllevaba intentos de abolir impuestos indirectos sobre los cuales incidían de manera directa los gobiernos estatales y los grupos de poder locales; el intento por cambiar el tipo de impuestos en la década de 1840 fue, sin duda, una medida del gobierno para resarcir sus gastos y simplificar y modernizar los procesos recaudatorios. Como lo ha planteado Martín Sánchez, “la imposición de contribuciones directas debe ser vista como parte de un proyecto de reforma del Estado más que como una respuesta coyuntural a la necesidad de fondos”.54 Sin embargo, esta medida afectaba los poderes fácticos establecidos en las regiones provinciales de México.

Los impuestos directos convivieron con los indirectos —pues no pudieron ser abolidos por completo— durante varios años en las décadas de 1830 y 1840. En agosto de 1846 la forma de gobierno fue modificada, la República Central llegó a su fin y dio inicio una segunda República Federal. En sesión de 22 de agosto de 1846, el Congreso de la Unión acordó que la Constitución de 1824 se restablecía entretanto se redactara una nueva; como no fue posible elaborarla, pues el país se encontraba en condiciones difíciles y bajo amenaza de invasión de Estados Unidos, se procedió a reformar la existente. Con la recuperación de la vigencia de la Constitución de 1824 se restablecía el régimen federal, con lo que se dio un nuevo giro en la forma de gobierno y el inicio de una segunda experiencia federalista. Como parte de los cambios, los gobiernos estatales y el congreso consideraron una medida acertada hacer la redistribución de las rentas similar a la que existía durante en la primera República Federal. Entonces se clasificaron las rentas en las pertenecientes a la federación (derechos de exportación e importación en las aduanas marítimas y fronterizas, derecho de consumo impuesto a las mercancías extranjeras, producto de la venta de tierras libres, impuesto del cuatro por ciento sobre moneda, productos de la renta del tabaco, correos, lotería nacional, salinas, papel sellado y casas de moneda, las rentas que se perciban en el distrito federal y en los territorios, y todos los bienes conocidos con el nombre de nacionales) y las que corresponden a los estados (“todas las rentas, impuestos y contribuciones establecidas por disposiciones generales que no se encuentren contenidas en los artículos anteriores […] les corresponde[n] también […] los husos de las fábricas de hilados de algodón, lana y los fondos destinados a la juntas de fomento [y] el producto de las aduanas interiores”). A cambio, los estados debían pagar de nuevo a la federación el contingente que se establecía en la ley.55 Sin embargo, llegar a este cambio no fue tarea fácil, pues durante los primeros años de la década de 1840 se abrió un intenso debate sobre la sustitución de los impuestos indirectos por los directos.

LOS INTENTOS POR ABOLIR LAS ALCABALAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTOS DIRECTOS

El primer intento por establecer un sistema fiscal enfocado a la recaudación mayoritariamente de impuestos directos se dio en 1823, cuando Francisco de Arrillaga, entonces ministro de Hacienda del Imperio de Agustín de Iturbide, presentó al Primer Congreso Constituyente una propuesta en la cual se establecía que la contribución directa debía cobrarse en proporción del valor sobre la propiedad raíz. Ésta sería una “moderada contribución directa cuya implantación ayudaría, a partir del mes de junio [de 1823] a cubrir el desequilibrio contable, y su recaudación estaría a cargo de los ayuntamientos”.56 Acorde a esta iniciativa, se propuso también una contribución directa, la cual se sustraería con base en “lo que gana cada individuo en tres días al año”.57 Debido a que estas propuestas se dieron en el Primer Congreso Constituyente, el cual se desintegró como resultado de la abdicación de Iturbide, no pudieron seguir su curso. Sin embargo, el impuesto directo sobre los tres días al año se llegó a cobrar sin mucho éxito en algunos estados.

Poco después de iniciada la república federal en 1824 resalta de manera excepcional y muy temprana la sustitución de impuestos indirectos por directos realizada en el estado de Jalisco. En un alarde de radicalismo federalista y acendrado regionalismo, el gobernador Prisciliano Sánchez abolió las alcabalas; José María Tornel y Mendivíl escribió sobre este hecho: “Procuró reducir a la práctica algunas teorías económicas, ensayó las contribuciones directas, y acabó con el sistema alcabalatorio. Descendiendo a todos los pormenores, instruyendo a los agentes subalternos, vio coronados sus esfuerzos y niveló los ingresos con los egresos”.58 Sin embargo, la iniciativa de Sánchez fue un acto aislado y no del todo exitoso, pues, como explica Jaime Olveda, los impuestos directos requerían de registros demográficos que dieran cuenta del total de los contribuyentes y registros censales que proporcionaran datos precisos sobre las propiedades, datos de los que carecía el gobierno estatal.59 Contrario al intento de Jalisco, los demás estados adoptaron el sistema alcabalatorio al momento de establecerse la Constitución de 1824, ya que el gobierno federal otorgó la administración del sistema de alcabalas, entre otras rentas, a los estados. Éstos podían, por su parte, optar por otro sistema fiscal si así lo deseaban; pero debido al control que los grupos políticos y económicos regionales tuvieron sobre estos recursos, prefirieron la clasificación de las rentas propuesta por el gobierno federal.

Cabe mencionar que durante la República Central se pretendieron recaudar varios impuestos directos, sobre todo en el periodo conocido como la primera dictadura de Santa Anna (1841-1843). No obstante, a partir de 1837 habían coexistido en los ingresos de la tesorería del gobierno de San Luis Potosí —de manera más o menos constante— algunos impuestos directos con los indirectos. En 1838 se cobraba alcabala a todos los efectos nacionales y de importación, así como a transacciones de compraventa de inmuebles, y a la par se recaudaba la contribución de tres al millar en fincas rústicas y dos al millar en fincas urbanas. En 1841 todavía se recaudaba un impuesto de capitación establecido desde 1838, y en 1842 existían en los libros de la Tesorería los rubros de derechos de patente de comercio, contribución de sueldos y salarios y contribución personal. Estos impuestos, promovidos desde el Ministerio de Hacienda por el ministro Ignacio Trigueros, eran cobrados sobre establecimientos industriales, sueldos, salarios, profesiones, ocupaciones, lujos y encabezamientos —tal vez con cierta suerte en la ciudad de México, pero con grandes dificultades en los departamentos del país; de hecho, los ingresos por estos impuestos directos en San Luis Potosí son reducidos en comparación con los de estados como Puebla, Veracruz o Zacatecas—.60 En opinión de Barbara Tenenbaum, las nuevas obligaciones fiscales “se asemejaban a un sistema fiscal moderno, y como tal requería de una administración bien organizada y eficiente o su equivalente capaz de calcular y recolectar nuevas imposiciones; sin embargo, esto era algo inexistente en México”.61 Además de la carencia estructural, estos impuestos “estaban imposibilitados de producir grandes cantidades en su recaudación debido a que los mexicanos adinerados, así como los grandes propietarios, se resistían a pagar”.62 En suma, el “supremo gobierno” se convirtió en algo así como la variable dependiente en la historia de los gravámenes directos; es decir, hubo una predominancia de los intereses de las regiones sobre los del Ministerio de Hacienda del gobierno central, el cual solamente propuso.63

Al poco de haberse restablecido la República Federal, en agosto de 1846, se dio otro intento por desaparecer el sistema fiscal basado en las alcabalas. El entonces presidente José Mariano Salas y el secretario de Hacienda, Valentín Gómez Farías, propusieron al Congreso de la Unión una iniciativa en la cual se planteaba la abolición de las alcabalas y la respectiva imposición de impuestos directos. Debido a movimientos en el gabinete presidencial, y por lo lento que fue el procedimiento para sancionarlo, éste no vio la luz hasta el 10 de octubre de 1846. Para esa fecha, Gómez Farías había abandonado la cartera de Hacienda y en su lugar firmó el decreto Antonio de Haro y Tamariz. Este decreto tuvo vigencia hasta el 9 de noviembre del mismo año, fecha en que el mismo secretario de Hacienda lo dejó sin efecto. En el contenido de este último documento Haro y Tamariz escribió:

Que consecuente con los principios proclamados en el programa de último cambio político, expedí el decreto de 10 de octubre próximo pasado suprimiendo el cobro del derecho que con el nombre de alcabalas se ha efectuado; y si bien juzgué hacer en esto un bien al comercio, a la agricultura y a la industria, en vista de las exposiciones con que han pedido se revoquen esta resolución algunos estados y particulares, y del anuncio de los males que de llevarse a efecto pudieran resultar a la república, queriendo separar de mi propia responsabilidad la que de esta medida pudiera provenir, y a reserva de lo que sobre el particular resuelva el futuro supremo poder legislativo, he tenido a bien decretar lo siguiente: Artículo único: Queda sin efecto el decreto de 10 de octubre próximo pasado que abolió la renta de las alcabalas.64

La medida obedeció, en sus propias palabras, a las presiones ejercidas por los estados y particulares, y creo que es de importancia mencionar que durante el mes de vida que tuvo el decreto de 10 de octubre algunos políticos, intelectuales y hasta trabajadores de las oficinas de Hacienda expusieron sus ideas respecto a los males o los provechos que traería la abolición.

Quizá el debate más importante fue el librado entre el autor anónimo de un documento titulado Importantes observaciones sobre los gravísimos males en que se va a ver envuelta la nación, por resultado del decreto de 10 del actual… y el antiguo administrador de las contribuciones directas, Ignacio Piquero. Estas contribuciones directas fueron administradas por Piquero durante los años de 1841 a 1844 siguiendo las directrices de la economía política de la primera dictadura de Antonio López de Santa Anna. A este debate entablado por Piquero y el autor anónimo se sumaron las opiniones del gobernador de Querétaro, Francisco Berduzco, y las de los autores del texto Varios mexicanos, publicación firmada bajo ese seudónimo. El gobernador de Querétaro se mostró en contra del decreto de abolición y, por su parte, los autores del documento Reflexiones sobre el ramo de alcabalas, firmado por “varios mexicanos”, mostraron una postura intermedia. Pese al ardiente debate, las alcabalas salieron bien libradas.65

¿Cuál fue la postura potosina con respecto a la abolición de las alcabalas? Como ya expliqué, Haro y Tamariz decretó la abolición de éstas el 10 de octubre de 1846 y bajo presión las volvió a establecer el 9 de noviembre. En San Luis Potosí la postura era clara, el gobernador del estado, Manuel José Othón, publicó un bando el 5 de noviembre, en el cual no sólo daba a conocer la decisión —contraria a la del gobierno federal— de que el sistema de alcabalas era la forma que prevalecía, sino que además se ordenaba la división del territorio del estado en cuatro suelos alcabalatorios tal como lo estaba antes de la ley 33 de la primera legislatura constitucional de 1828. Y para que no hubiera duda sobre la decisión, explicaba

que habiendo acreditado la experiencia lo perjudicial que es a la renta de alcabalas la existencia de un solo suelo para el cobro de los derechos, hoy que las críticas circunstancias de la nación demandan auxilio de todas las clases para sostener la guerra contra el invasor, y los estados necesitan formar su hacienda particular, sin gravamen directo de los pueblos, de una manera proporcionada y equitativa, después de una seria meditación y en uso de las facultades de que estoy investido, he acordado lo siguiente: Art. 1o. El estado de San Luis Potosí, para el cobro del derecho de alcabalas, se considerará dividido en cuatro distintos suelos, como lo estaba antes de la ley número 33 de la 1a. Legislatura.66

La composición de los suelos aparece en la Tabla 2.2.

TABLA 2.2

SUELOS ALCABALATORIOS Y LUGARES QUE LOS COMPONEN, 1846

Suelo y administración principal

Lugares que componen el suelo

Primer suelo. Administración Principal en la capital del estado

Capital del estado

Valle de San Francisco

Santa María del Río

Guadalcázar

Armadillo

Pozos

Ojo Caliente

Ramos

Salinas y lugares anexos a estos puntos.

Segundo suelo.

Administración Principal en Matehuala

Matehuala

Catorce

Charcas

Venado

Hedionda

Tercer suelo.

Administración principal en Rioverde

Rioverde

Ciudad del Maíz

Alaquines y lugares anexos

Cuarto suelo.

Administración en Tancanhuitz

Tancanhuitz

Ciudad Valles

Tamazunchale

Huehuetlán

Aquismón

Tanlajás

Axtla

Fuente: La Época. Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 7 de noviembre de 1846, núm. 21.

¿Cuál fue el efecto inmediato de esta modificación a los suelos? De manera simple y llana, se incrementaron los ingresos por concepto de alcabalas. Entre noviembre de 1846 y febrero de 1847, es decir, en cuatro meses, se recaudaron cerca de 47 000 pesos —un promedio mensual de 11 750 pesos—. La media mensual en los años anteriores, cuando se tenía un solo suelo, difícilmente superó los 8 000 pesos. El grupo político que recuperó el gobierno estatal en 1846 estaba integrado por miembros de filiación federalista radical que gobernó el estado a principios de la década de 1830. Como ya lo he explicado, este grupo no compartía intereses con el grupo económico de los llamados monopolistas, lo que explica la división del suelo alcabalatorio en cuatro suelos, y explica además por qué las medidas fiscales fueran contrarias a los intereses de los grandes almaceneros.

Es importante recordar que desde finales de 1830 y hasta mediados de la década de 1840 convivieron impuestos indirectos y directos, pues no tuvo éxito la extinción de las alcabalas. Como se verá, esta convivencia afectaba la recaudación fiscal que nutría la tesorería del gobierno de San Luis Potosí a mediados de la década de 1840.

Después de explicar estos aspectos de la política fiscal, paso a presentar el análisis del comportamiento de la recaudación en un periodo de largo plazo. Este análisis nos proporcionará datos importantes que pueden ayudarnos a describir el crecimiento que se presentaba en la economía del estado de San Luis Potosí. Como veremos, la economía mostraba un crecimiento en varios de sus indicadores, como la circulación de mercancías y las transacciones de compraventa de propiedades.

ALCABALAS E IMPUESTO AL CONSUMO. UNA TENDENCIA A LA ALZA EN LA RECAUDACIÓN

A continuación presento un análisis de los ingresos del gobierno de San Luis Potosí de 1826 a 1847 por medio de lo recaudado por las alcabalas y los impuestos al consumo. Tales ingresos son un indicador apropiado sobre lo que acontecía en la economía del estado de San Luis Potosí. La serie de datos que aquí analizo la elaboré a partir de los datos y registros asentados en los libros contables de la Aduana de la Capital de San Luis Potosí (1826 a 1833)67 y de los ingresos de la Tesorería del Gobierno de San Luis Potosí (1835-1847), publicados a manera de cortes mensuales en los periódicos oficiales del gobierno del estado.68 La finalidad del ejercicio reconstructivo es tener una serie de largo plazo que permita entender la conducta de la recaudación durante un periodo de dos décadas. La reconstrucción de esta serie me permite demostrar que la actividad económica pasaba por una fase de mejora, pues la tendencia en el largo plazo es al alza. Asimismo, permite mostrar que la conducta de la recaudación era afectada más por los cambios en la política fiscal del gobierno y por la resistencia de los contribuyentes que por fluctuaciones a la baja en la importación de mercancías o por la disminución en el número y valor de las transacciones de compraventa de bienes inmuebles. Es menester recordar que la política fiscal era definida por el grupo político que dominaba el gobierno y la legislatura estatal —durante la República Federal— y el gobierno y la junta departamental —durante la República Central, aunque durante ésta la política fiscal era mayormente determinada desde el Ministerio de Hacienda del gobierno general ubicado en la ciudad de México—. Como se verá, la recaudación que resultaba de la política fiscal impulsada por los aristócratas muestra una tendencia contraria a la que resultaba de la política fiscal de los federalistas radicales.

Tras el detallado análisis de los ramos de la recaudación de la aduana me di cuenta de que sus ingresos se dividían en dos grandes clases: la alcabala a la introducción, a la circulación y al tránsito, y los impuestos al consumo. Sin embargo, los administradores confundían ambos impuestos, pues en ocasiones el impuesto al consumo era registrado como alcabala al consumo.69 De tal manera, en esta aduana se cobraba el impuesto de alcabala a las mercancías o efectos extranjeros y del país que eran introducidos a la ciudad para su reventa y consumo o su redistribución a otras ciudades del estado o del país, es decir, era una renta que en ocasiones se cobraba ya fuera por su circulación o tránsito.70

Un análisis de los ingresos demuestra que la alcabala se registraba en libros particulares que correspondían a varios ramos o subdivisiones, es decir, cuadernos del viento o de bodegaje, de derecho municipal, partidas cortas, introducción de alcabala y efectos extranjeros. En cada uno de los libros particulares se registraba el cobro del impuesto correspondiente, mientras que en los libros principales se asentaba, a manera de copia y de resumen, el contenido de los libros particulares. Fue a partir de este criterio como inicié la elaboración de la serie que muestra las fluctuaciones en los ramos de alcabalas e impuestos al consumo.

Las series completas de la aduana de la capital que fueron posibles de reconstruir con registros mensuales corresponden al año de 1828 y al cuatrienio de 1830 a 1833. Asimismo, se encontraron en otro tipo de fuentes diferentes a los cuadernos de la Aduana, aunque solamente en cifras totales, los años 1826 y 1827. Lo anterior posibilitó la elaboración de una serie casi completa que expresa los ingresos totales de la Aduana de la Capital durante los años de 1826 a 1833. Por otro lado, los datos que corresponden a la serie de los años de 1835 a 1847 se obtuvieron de los cortes mensuales que publicaba la tesorería del gobierno de San Luis Potosí en el periódico oficial, así como de otras fuentes oficiales. Los números que presento corresponden a los ingresos a dicha tesorería por concepto de alcabalas al consumo y a la introducción de efectos extranjeros.

Para realizar la contextualización e interpretación de la serie reconstruida recurro a información histórica proveniente de fuentes hemerográficas y de la correspondencia oficial de esos años intercambiada entre los actores involucrados en los asuntos fiscales del gobierno. Esta información posibilita la generación de explicaciones viables sobre el por qué de los cambios en la conducta recaudatoria que presenta la serie. También es posible obtener esclarecimientos sobre las alzas y bajas en la recaudación.

Encontré así que en los años de 1826 a 1828 se aprecia una tendencia al alza en la recaudación —como se puede ver en la Gráfica 2.1— de la aduana de la capital; dicha tendencia obedece a un incremento en la introducción y consumo de diversos productos, los cuales eran gravados con una tasa de tres por ciento a los productos de importación y cinco por ciento a los nacionales. Esta tasa se estableció desde 1825 y se mantuvo como tal hasta mediados de 1829. Con la llegada de Vicente Romero al gobierno del estado y sus seguidores, los federalistas radicales, al congreso estatal en el año de 1829, la política fiscal tuvo su primer giro. Sin titubeos incrementó las tasas impositivas con base en la autorización que otorgaba el gobierno federal desde 1825 a los gobiernos estatales para incrementar la tasa de la alcabala a los efectos nacionales de cinco a doce por ciento y la de los extranjeros de tres a cinco por ciento. Este incremento en las tasas impositivas tuvo efectos negativos en la recaudación, pues hacia mediados de 1830 los ingresos —como se aprecian en la misma Gráfica 2.1— inician una caída. Esto se debió a que los principales comerciantes de la ciudad reaccionaron de manera categórica con una negativa a pagar el impuesto como medida de oposición al incremento a las tasas impositivas; es decir, la baja en el ingreso de la Aduana se debió a una acción para evadir el pago y no a una caída en la importación y la circulación de mercancías; sin embargo, los comerciantes, muchos de ellos considerados como monopolistas, manifestaban en su defensa que el incremento a las contribuciones “inspira[ba] la inseguridad y agota[ba] los recursos del traficante al mismo tiempo en que se queda[ban] exhaustas las arcas del tesoro público, consumidas en las atenciones forzosas del gobierno”.71

La presión contra las medidas impositivas del gobierno de los federalistas radicales fue incrementándose, al grado de que en 1830 los comerciantes, sobre todo los grandes importadores de origen extranjero, no dudaron en coadyuvar a la generación de estrategias sociales de rechazo a los gobernantes y a su política fiscal; de hecho, apoyaron acciones enfocadas a expulsar del gobierno del estado al grupo radical y promovieron la renovación del poder legislativo con miembros del grupo de los aristócratas. Las presiones surtieron efecto y el grupo de los federalistas radicales fue reemplazado a finales de 1830 por políticos moderados, quienes a su vez modificaron la política fiscal con una reducción a las tasas impositivas; la alcabala a los efectos nacionales —incrementada por los radicales— se disminuyó de 12 a 6.25%, mientras que la tasa a los efectos extranjeros pasó de cinco a tres por ciento.

GRÁFICA 2.1

INGRESOS ANUALES REGISTRADOS EN LA ADUANA DE LA CAPITAL DE SLP POR ALCABALAS DE 1826 A 1828 Y DE 1830 A 1833

Fuente: AGN, AR, SLP, caja 1-5.

En la Gráfica 2.1 se puede percibir que, a pesar de la reducción en las tasas, la tendencia en la recaudación se mantiene en caída de 1830 a 1832. Este periodo coincide con el tiempo de estancia en el gobierno del grupo de los aristócratas. Me es posible afirmar que la conducta a la baja en la recaudación se asocia a la política fiscal de este grupo y su complicidad con los monopolistas grandes almaceneros y tenderos de la ciudad. La importación de bienes se encontraba al alza, y así lo confirma la información que comenzó a publicarse en un periódico local. Durante los años de 1831 y 1832 apareció con cierta frecuencia —casi cada semana— en el periódico del gobierno el reporte de la Capitanía del Puerto de Tampico. En él se detallaba el contenido de cargamentos que arribaban a dicho puerto y se informaba que estaban consignados a comerciantes residentes en San Luis Potosí; el contenido de dichos cargamentos era por lo general ropa, telas y abarrotes. La intención de dar a conocer dichos reportes —nunca antes publicados en el periódico—sugiere el interés del gobierno por ostentar la mejora perceptible en la actividad mercantil. Algunos ejemplos que destacan entre los reportes son: en enero y febrero de 1831 el alemán Carlos Spita Haguedon recibió dos cargamentos considerables de “mercancías, ropa y abarrotes”. En el transcurso de ese año Taylor y Cía., Joaquín Harmony, Joaquín Hernández Soto y Juan de la Lastra recibieron también importantes cargamentos de mercancías.72 Por otro lado, una señal —tal vez anecdótica— de que había una mejora en la economía potosina fue un anuncio publicado en el periódico oficial del gobierno acerca de la “Oficina de la Agencia Americana y Extranjera” que se ubicaba en el número 49 de Wall Street, en Nueva York. Su director, Aaron H. Palmer, promovía entre la sociedad potosina dicha oficina, la cual manifestaba se había fundado en 1828. Contaba en sus pocos años de funcionamiento con un número considerable de agentes corresponsales tanto en puertos como en ciudades principales de Estados Unidos y de las capitales de diferentes países del mundo. Su trabajo consistía en proveer productos a los compradores exigiendo nada más una comisión, la cual establecía la Cámara de Comercio de Nueva York. Palmer precisaba que “las órdenes para compras, imposiciones, etcétera deben venir acompañadas de la remesa de los fondos correspondientes, ya sea efectivo metálico o libranzas, o bien en artículos del consumo capaces de cubrir el importe que se requiere”.73

Resulta por otro lado relevante ver que a partir de 1833, año en que volvió al poder el grupo radical, la tendencia se revierte y el ingreso de la Aduana llega al rango de entre sesenta y ochenta mil pesos anuales. Lo anterior se explica a partir del hecho de que los federalistas radicales mantuvieron las tasas en el mismo porcentaje que sus antecesores aristócratas y mejoraron en cierta medida las estrategias de recaudación mediante una mayor vigilancia en el territorio estatal y de las rutas comerciales que lo atravesaban con el objetivo de evitar el contrabando. Era clara la postura de los federalistas radicales de que las rentas se encontraban dentro de la soberanía estatal y debían ser utilizadas nada más para el beneficio del estado. El editor de un periódico potosino describió con claridad la política fiscal de este grupo, en especial sobre el impuesto al consumo a los efectos extranjeros, los cuales se habían incrementado entre las mercancías que circulaban: “Nadie ignora que el objeto principal de nuestro comercio son los efectos extranjeros importados […] ligar a que todos los estados no puedan cobrar otro derecho de consumo que el impuesto por ley general nos parece ofensivo a la soberanía de los estados […] Si este derecho es del estado, si el cobro se hace por dependientes del estado, si el consumo que la causa verifica, no hay a la verdad un sólido fundamento para que este derecho sea asignado por otra autoridad que la legislativa del estado”.74

Por otro lado, en las Gráficas 2.2 y 2.3 se aprecia con mejor detalle el comportamiento de la recaudación. Tenemos así que en los cinco primeros meses de 1830 la recaudación de la alcabala al consumo de efectos nacionales era cobrada al doce por ciento y la alcabala al consumo de efectos extranjeros tenía una tasa del cinco por ciento. Hacia el segundo semestre de 1830 la tasa a los efectos nacionales se redujo al ocho por ciento, mientras que a los efectos extranjeros se disminuyó al 3.5%.75 El comportamiento que puede observarse en la gráfica es que mientras las tasas en ambas imposiciones es elevada, es decir, del cinco y el doce por ciento, la tendencia en la recaudación es a la baja, aunque más notoria en la alcabala a los efectos extranjeros. Asimismo, la tendencia mensual de la recaudación se ve de forma clara al alza cuando las tasas son bajas. En enero de 1831 reflexionaban sobre estos efectos en la recaudación los miembros de la junta de comerciantes, la mayoría de ellos aristócratas y monopolistas, quienes hacían un balance sobre la conducta mostrada por las recaudaciones según una exposición realizada por el administrador de rentas. Además, agregaban que de acuerdo con las cuentas presentadas por el administrador el año de 1830 mostraba cómo la recaudación se incrementaba cuando las tasas eran bajas. “Así parece que lo tiene acreditado la experiencia no interrumpida de los siglos, y más notoriamente el documento publicado por el administrador de rentas de esta capital, donde está palpable que en los seis meses últimos excedió el cobro del 3.5%, comparándose con lo que se colectó en los seis primeros del año al cinco por ciento, a más de un cincuenta por ciento”.76

GRÁFICA 2.2

INGRESOS REGISTRADOS EN LA ADUANA DE SLP POR EL 5 Y 3% AL CONSUMO DE EFECTOS IMPORTADOS, Y 12.5 Y 8% DE ALCABALA AL CONSUMO DE EFECTOS NACIONALES, 1830

Fuente: AGN, AR, SLP, caja 1. Los cinco primeros meses del impuesto al consumo a efectos extranjeros fue al cinco por ciento, a partir de julio (mes 7) el cobro fue al tres por ciento. La alcabala al consumo de efectos nacionales era al 12.5% antes de julio, y a partir de ese mes se redujo al ocho por ciento.

Un fenómeno similar se aprecia en la Gráfica 2.3, en la cual se presenta la serie alcabalatoria para el año 1831. Aquí resalta el hecho de que en el mes de enero de nuevo se incrementaron las tasas al consumo de efectos nacionales y extranjeros. El fenómeno registrado es una tendencia a la baja en la recaudación de la alcabala al consumo de efectos nacionales; esta tendencia se invierte a partir de septiembre, justo cuando se reduce la tasa al 6.25%.77 Por otro lado, el impuesto al consumo muestra una conducta bastante errática. Al principio presenta una caída en febrero y abril, con una marcada recuperación en mayo y junio, para después iniciar un declive hasta agosto. A partir de septiembre muestra una recuperación, justo cuando se establece una sola tasa al tres por ciento, es decir, una ya no diferenciada en dos criterios de 3.5 y 5.5%.

GRÁFICA 2.3

INGRESOS POR CONCEPTO DE ALCABALAS AL CONSUMO SOBRE PRODUCTOS IMPORTADOS Y NACIONALES, 1831

Fuente: Receptoría de la capital de San Luis Potosí, 1831. AGN, AR, SLP, caja 2. Entre enero y agosto de 1831 el impuesto al consumo cobrado a efectos importados fue del 3.5 y 5.5%. Durante septiembre a diciembre el impuesto se redujo al 3% al consumo de efectos extranjeros y 6.25% a efectos nacionales.

En el año de 1832 resulta interesante la conducta presentada por la recaudación de la Aduana de la Capital. Ante el inminente regreso de los federalistas radicales, el congreso estatal, aún controlado por los moderados, se vio en la necesidad de incrementar las tasas impositivas tanto al consumo de efectos extranjeros como a los nacionales. Hacia julio se modificó la tasa del 3.5% a los primeros con un incremento de 1.5 y 1.75% a los segundos. Es decir, quedaron los efectos extranjeros gravados con un cinco por ciento mientras que los nacionales comenzaron a pagar un ocho por ciento. Como se puede ver en la Gráfica 2.4, la tendencia recaudatoria de los artículos de importación se mantuvo a la baja desde el principio del año, mientras que la alcabala a los nacionales mostró una ligera baja en agosto y se recuperó en los siguientes meses. La tendencia a la baja a partir de agosto se explica por la llegada del grupo de los federalistas radicales al congreso y gobierno estatales, el cual trajo consigo una política fiscal cuyo objetivo era incrementar la recaudación; y, por otro lado, promovió una política xenofóbica, la cual afectó de manera seria los intereses de los comerciantes españoles y de sus socios.

El 16 de agosto de 1832 se convocó a la diputación del tiempo del radical Vicente Romero, con lo que se preparaba el terreno para su regreso, que se dio el día 21. Como parte de su nueva estrategia de gobierno, que, como se ha visto, era de una política que se podría considerar como protectora del mercado nacional, Romero se propuso generar una opinión pública favorable para la política fiscal que buscaba establecer y promovió al mismo tiempo una segunda afrenta contra los españoles residentes en el estado. El 19 de abril de 1833 la legislatura sancionó el decreto número 29, el cual indicaba en su artículo 1o. que los españoles de nacimiento serían expulsos del estado en un plazo de 20 días contados desde la publicación de dicha ley. El gobernador Romero mostraba de nuevo su fobia por los peninsulares, aunque el decreto 29 otorgaba posibilidades de permanencia a los españoles que desearan quedarse en el estado, pero bajo la condición de respetar la libertad y el sistema federal.

La política fiscal radicalizada de Romero comenzó a tomar forma desde octubre de 1832 cuando el decreto 111 de mayo de 1828 recuperó su vigencia por mandato de la legislatura estatal. En él se especificaba que se cobraría a los efectos extranjeros un derecho municipal que consistía en doce reales por tercio de abarrote y tres pesos por tercio “de los demás, sean de la clase que fueren”.78 La imposición del derecho municipal y la política hispanofóbica de los federalistas radicales ocasionaron una ligera tendencia a la baja en los ingresos de la Aduana de la Capital durante el segundo semestre de 1832, tal como se aprecia en la Gráfica 2.4.79

GRÁFICA 2.4

INGRESOS REGISTRADOS POR EL 2.5% Y EL 3% AL CONSUMO DE EFECTOS EXTRANJEROS, Y 6.25% DE ALCABALA SOBRE EFECTOS NACIONALES, 1832

Fuente: Receptoría de la capital de San Luis Potosí, 1832. AGN, AR, SLP, caja 2.

Esta tendencia comenzó a estabilizarse durante el año de 1833 y muestra un repunte en julio en los ingresos por concepto de la alcabala al consumo de efectos extranjeros, aunque con una ligera caída en mayo y junio, justo después de la expulsión de los españoles, tal como se puede ver en la Gráfica 2.5.

GRÁFICA 2.5

INGRESOS POR EL 2.5, 3 Y 5% DE ALCABALA AL CONSUMO SOBRE EFECTOS EXTRANJEROS, Y 6.25, 8 Y 12.5% SOBRE EFECTOS NACIONALES, 1833

Fuente: Receptoría de la capital de San Luis Potosí, 1833. AGN, AR, SLP, caja 3.

La caída en mayo y junio de 1833 en el ingreso por concepto de impuestos al consumo a los efectos extranjeros se explica acaso por la expulsión de los españoles, quienes tenían cierto dominio del mercado de importaciones. Su expulsión generó con toda probabilidad un efecto negativo en el mercado, aunque en realidad pequeño, pues la tendencia en la recaudación por el resto de año se mantuvo al alza. A principios de 1834 el editorialista de un periódico local hizo una reflexión sobre los males que ocasionaba el incremento en los derechos que se cobraban a las mercancías: “En el día ningún comerciante puede pagar los derechos impuestos y dar a precio que corren los efectos, pues satisface más de alcabala que lo que le produce el artículo. Es axioma financiero que cuando menos recargo tienen los efectos de alcabala más produce ésta”.80

Por último, un balance general de la conducta recaudatoria se puede apreciar en la Gráfica 2.6, la cual permite mostrar que la mayor recaudación se dio en los años de 1828 a 1830, que corresponden a la presencia del grupo de federalistas radicales en el poder. La tendencia durante la presencia de los aristócratas en los años de 1831 y 1832 es a la baja, aunque se mantiene más estable, pero, como ya he demostrado, es patente un incremento en la actividad mercantil. A partir de los últimos meses de 1832, justo cuando regresan los federalistas radicales, se percibe con claridad que la tendencia vuelve a ir al alza y se mantiene así hasta 1834, cuando les fue arrebatado el gobierno estatal y el control en el congreso estatal por parte de los aristócratas, quienes mantuvieron el dominio del estado y del departamento —durante la Primera República Central— hasta 1846, en que nuevamente se restableció la República Federal y volvieron los federalistas radicales.

GRÁFICA 2.6

INGRESOS MENSUALES DE LA ADUANA DE LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ, 1828, 1830-1833

Fuente: AGN, AR, SLP, cajas 1-5.

Ahora bien, la serie completa de los ingresos —por detalle mensual— de la Aduana de la Capital y de la Tesorería del gobierno de San Luis Potosí por el concepto de alcabalas desde 1828 hasta 1847 nos muestra en su conjunto una tendencia al alza en la recaudación. En cierta medida confirma la hipótesis de que a pesar de los conflictos políticos y sociales la economía no experimentaba un estancamiento y que el gobierno, sabedor de la mejora económica, buscaba obtener parte de los recursos generados. Como se puede ver en la Gráfica 2.7, se presentan dos momentos en que se incrementa la recaudación: el primero, en los años de 1838 y 1839, cuando hay evidencia de una etapa de estabilidad política en San Luis Potosí y de una reforma fiscal que tuvo como resultado la convivencia de impuestos indirectos con directos.

GRÁFICA 2.7

INGRESOS MENSUALES DE LA ADUANA DE LA CAPITAL (1828-1833) Y DE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ (1834-1847)

Fuente: AGN, AR, SLP, cajas 1-5 —principalmente para los años de 1828 a 1834—; y AHESLP, SGG, periódicos oficiales de 1833 a 1847.

El segundo momento, cuando la tendencia al alza se presenta a finales de 1846 y los primeros meses de 1847, ante cambios en la organización fiscal nacional y estatal que pudo gravar la actividad comercial que había venido creciendo. Con el restablecimiento de la República Federal en 1846 se instaló el sistema fiscal existente durante la Primera República Federal (1824-1835); con ello, los estados recuperaron las rentas y el control fiscal sobre su territorio. En noviembre de 1846 el estado de San Luis Potosí modificó —como ya lo he explicado antes— su único suelo alcabalatorio para todo el estado a cuatro suelos, buscó fortalecer su estrategia recaudatoria para evitar el contrabando e intentó imponer mano dura a la evasión. Los resultados de esta política fiscal y del desempeño económico se ven reflejados en el incremento en el ingreso mensual, el cual alcanzó índices nunca antes vistos.

¿Qué nos enseña todo lo anterior? Primero, durante los años de 1828 a 1847 se presentan modificaciones a la política fiscal debido a disposiciones legislativas nacionales, estatales o departamentales. Segundo, los ingresos se incrementan mientras el grupo de los federalistas radicales se halla en el poder y disminuyen con la llegada del grupo de los aristócratas. Esto se explica con la vinculación social y política que existía de los principales comerciantes monopolistas del estado con el grupo de los aristócratas. Es decir, los políticos aristócratas promovían reformas fiscales benevolentes que beneficiaban los giros de sus aliados monopolistas, sobre todo la reducción a las tasas de las tarifas que gravaban los objetos de la recaudación que ellos comerciaban, lo que en consecuencia reducía el índice de recaudación, aunque éste tendía a ser estable. Por el contrario, los radicales generaban estrategias que tenían como resultado una mayor exacción sobre los efectos extranjeros, controlados por los comerciantes monopolistas y que eran en su mayoría de origen alemán, español, estadounidense y británico. Incluso, además de la política fiscal, la política antiespañola de los radicales afectaba la conducta de la recaudación —aunque en pequeña medida—. Esta situación pone de manifiesto que la recaudación se sujetaba a la negociación entre los actores involucrados, es decir, el gobierno carecía de capacidad para imponer y realizar la exacción a partir de sus intereses. Cuando los moderados gobernaban, su política fiscal era benevolente con los monopolistas, pues tenían intereses en común y en muchos casos pertenecían al mismo grupo, baste recordar que los monopolistas eran fiadores de los administradores de varios alcabalatorios del estado; cuando gobernaban los federalistas radicales, éstos buscaban mejorar la estrategia de exacción e incluso incrementar la renta a partir de la riqueza generada por los monopolistas. Durante la República Central gobernaron el departamento de San Luis Potosí los aristócratas; como se puede ver, el ingreso se mantuvo relativamente estable durante los años de 1836 a 1840, sin picos que superaran un ingreso mensual de doce mil pesos. Al regreso de los federalistas, en 1846, el ingreso se incrementó de forma notable.

Segundo, la debilidad de la estructura recaudatoria del gobierno y el predominio de los intereses de la elite mercantil en la política fiscal podrían hacer pensar que los índices de recaudación nos llevarían a conclusiones equivocadas o bien sin datos de confianza limitada. El análisis de la conducta recaudatoria me permite explicar el por qué de las tendencias al alza y a la baja; con ello, los números obtenidos se convierten en datos más confiables que nos pueden mostrar las condiciones de la actividad económica. Así, es posible afirmar que las caídas en la recaudación indican más una política fiscal benévola para los intereses de los monopolistas y una resistencia evidente de los comerciantes a realizar la contribución que posibles malestares en la economía que resultaran de la disminución en la demanda de productos. En otras palabras, cuando el gobierno logra una mayor recaudación se debe a que el grupo que gobierna es opuesto o menos cercano a los intereses de la clase mercantil, y de ahí que busque gravar la actividad mercantil. Esto nos demuestra que existía actividad económica estable y real. La tendencia al alza en la Gráfica 2.7 nos demuestra asimismo que la economía pudo haber crecido, aunque en una tasa pequeña, en el periodo de 1826 a 1847.

Por último, en el periodo de 1826 a febrero de 1847 el ingreso aproximado por concepto de alcabalas a efectos nacionales e impuestos al consumo a los efectos extranjeros —a partir nada más de los datos obtenidos— fue de casi 780 000 pesos. Esta cantidad representaría entre el cinco y el ocho por ciento del valor de las mercancías que se traficaban, es decir, en esos años el mercado formal de mercancías tuvo un valor aproximado de diez millones de pesos al precio de costo. Sin embargo, quiero hacer notar que el total de meses de enero de 1826 a febrero de 1847 es de 253. Pude recolectar información de 97 de ellos, es decir, del 38% de los meses de todo el periodo. Entonces, los 780 000 pesos representarían en realidad el 38% de lo recaudado. En el supuesto de que la recaudación mensual hubiera sido constante y similar a la que he podido obtener —en promedio, 8 000 pesos mensuales—, entonces el 100% de la recaudación hubiera sido alrededor de 1 950 000 pesos. Esta cantidad sería hipotéticamente el ocho por ciento del valor de costo de las mercancías traficadas formalmente cuyo valor total ascendería entonces a poco más de veinticuatro millones de pesos. Es decir, un promedio de poco más de un millón de pesos anuales traficados en mercancías, lo que nos indica una demanda considerable de bienes de consumo que eran gravados por estos dos impuestos.

Para concluir este apartado, explico de manera breve un ejercicio de interpolación y extrapolación —dependiendo del mes en que se obtuvo el dato—, el cual realicé con las cantidades recaudadas disponibles en las fuentes consultadas. El resultado de este ejercicio se puede observar en la Gráfica 2.8. El periodo de la serie es de 253 meses (casi 22 años), de los cuales, como ya expliqué, tengo datos de sólo 97 de ellos. De los 97 meses, al menos dos de ellos pertenecen a los calendarios de 15 de los 22 años. Es decir, en 1835 se tienen datos de cinco meses, en 1838 de 11 meses y en 1846 de dos meses; en cambio, en 1829, 1834, 1837 y 1845 se tiene información de un solo mes o no se tiene información alguna, por lo que no presentan datos en la gráfica.

El procedimiento para la interpolación o extrapolación es como sigue. En 1835 el total de ingresos fue de 34 808. Esta cantidad entre cinco (meses) nos da 6 981, que multiplicado por los siete meses restantes y de los cuales no hay información da la cantidad de 48 727. Entonces, 34 808 pesos es el dato obtenido de la fuente de información y 48 727 es el dato obtenido del ejercicio de extrapolación o interpolación. La suma de ambas cantidades (83 535 pesos) da como resultado la cantidad hipotética de recaudación para el año de 1835. El mismo ejercicio se realizó en cada uno de los quince años de la serie que cuentan con información de recaudación de dos o más meses. El resultado de este ejercicio nos demuestra una línea de tendencia al alza más pronunciada que la que se presenta en la Gráfica 2.7.

GRÁFICA 2.8

EJERCICIO DE EXTRAPOLACIÓN E INTERPOLACIÓN, 1826-1847

La información fue obtenida de los registros de la oficina de rentas de la ciudad de San Luis Potosí y de la tesorería del gobierno del estado de San Luis Potosí durante los años de 1826-1847. A los meses faltantes de datos les fue asignado un valor mediante el ejercicio de extrapolación e interpolación.

Fuente: Elaboración propia.

UN INDICADOR DE ESTABILIDAD ECONÓMICA: LA ALCABLA A LAS TRANSACCIONES DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES

Después de que he explicado las tendencias recaudatorias de los impuestos por consumo y por introducción de productos nacionales y extranjeros, presento ahora la serie que pude reconstruir de los ingresos de la Aduana de la Capital y de la Tesorería del Gobierno de San Luis Potosí por el concepto de la alcabala que se cobrara a la compraventa de bienes inmuebles. Este impuesto puede ser un indicador que nos ayude a comprender la situación de la economía potosina de las décadas de 1820 a 1840. Parto del supuesto de que el mercado de bienes inmuebles presentó una mejora, la cual se refleja en un incremento en el número de transacciones de compraventa de inmuebles, sobre todo urbanos. Estoy seguro de que el incremento que detecté en el número de las transacciones señala un periodo de mejora económica, pues tales transacciones no se debieron a la incapacidad de los deudores por saldar sus hipotecas, lo que los hubiera obligado a rematar sus propiedades, ni tampoco existió un número limitado de compradores que estuvieran especulando con la propiedad raíz urbana. Aunque hay algunos compradores reincidentes, las transacciones son realizadas por un universo de compradores amplio.

El análisis de este impuesto ya ha sido utilizado en otros estudios para soportar hipótesis sobre estabilidad o crecimiento de economías regionales. Por ejemplo, para el estado de Michoacán, Margaret Chowning ha demostrado que la estabilidad de este ingreso o su incremento en la recaudación pueden indicar cierta estabilidad en la economía, e incluso crecimiento económico. Chowning precisa que los signos más tempranos de que la depresión posterior a 1810 había tocado fondo se pueden encontrar en el mercado de bienes inmuebles de Morelia, los cuales al final de la década de 1820 incrementaron su valor debido al crecimiento de la demanda. Asimismo, el número de transacciones de compraventa experimentó un acrecentamiento en su frecuencia. “La propiedad urbana producía un ingreso estable con un menor riesgo y menores costos de supervision y mantenimiento que los requeridos por las propiedades rurales. Por lo tanto, la propiedad urbana se volvió atractiva a partir de 1825, lo que se reflejó en sorprendentes precios altos y un gran número de transacciones de compraventa, o que sugiere un clima en el cual otro tipo de inversiones productivas eran aún percibidas como bastante riesgosas”.81 Este incremento en la frecuencia de las transacciones y en los precios son algunos de los factores económicos con los que Chowning demuestra que “la economía regional se había recuperado de la depresión a principios de la década de 1830 y para mediados del siglo estaba ya experimentando un mini-boom que rebasaba de diversas maneras la próspera economía de finales del siglo XVIII”.82

El impuesto del seis por ciento sobre el valor de la propiedad debía ser pagado en principio por la parte compradora cada vez que se hacía una transacción inmobiliaria —aunque había ocasiones en que el vendedor asumía el derecho de pago—. El comprador —o su representante legal— tenía que acudir a la Aduana, Administración de Rentas o Tesorería del Gobierno para realizar el pago. En el protocolo de compraventa, el notario público asentaba en el libro del registro público de la propiedad y del comercio que la imposición había sido liquidada, y con ello se daba por concluida la transacción.

GRÁFICA 2.9

CANTIDADES RECAUDADAS POR EL COBRO DE ALCABALA AL 6% A LAS TRANSACCIONES DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, 1830-1844

Fuente: Los datos para los años 1830 a 1836 provienen de los libros de la aduana; los datos de los años 1837 a 1844 provienen de los libros del registro público de la propiedad de los notarios residentes en la ciudad de San Luis Potosí.

En el caso de San Luis Potosí, la serie reconstruida de este impuesto es de 1830 a 1844. Ésta muestra tres momentos en que se incrementó la recaudación (1831, 1836-1838 y 1841-1843), con una caída en la recaudación a partir de 1844; sin embargo, como se puede ver en la Gráfica 2.9, la tendencia en la recaudación es al alza cuando se proyecta en la serie completa.

Como se puede ver en la Gráfica 2.9, en el año de 1831 se percibe un incremento considerable en la recaudación debido a que se dio una mayor incidencia de compraventa de inmuebles, pues varios capitalistas, sobre todo mineros y comerciantes mayoristas, comenzaron a invertir en éstos. Por ejemplo, el rico comerciante Andrés Barroeta propuso en enero de 1831 al gobierno del estado la compra del cuartel de la milicia local ubicado en la plaza mayor de la ciudad. Barroeta ofreció pagar de contado dos terceras partes del valor que le asignara el avalúo que se realizara a la propiedad. Ofreció además reformar en un plazo no mayor de dos años el aspecto de la ciudad; en específico, del lugar donde se encontraba el cuartel, “fabricando un edificio alto y con portalería corrida por el costado derecho del cuartel hasta la esquina, con frente uniforme y de buena arquitectura”.83 “El proyecto —escribía Manuel Sánchez, gobernador del estado— es sin duda ventajoso a la ciudad y contribuirá notablemente a su ornato, no menos que a proveer al comercio de un local cómodo que lo reconcentre, y al público de un punto que le proporcione utilidad y recreo”.84

El mismo Manuel Sánchez veía como una excelente oportunidad la transacción, pues se trataría de una cantidad considerable que generaría un ingreso importante por concepto de la alcabala al seis por ciento a la compraventa de fincas. Propuso de manera pública que si había más interesados en comprar el cuartel, hicieran sus propuestas a la brevedad. Con ello, el ayuntamiento —a quien pertenecía el edificio— tendría posibilidades de escoger la mejor opción. Sin embargo, era difícil mejorar la oferta de Barroeta, pues él mismo explica en una carta al gobernador del estado que es propietario de la finca contigua al cuartel, y manifiesta:

Tengo materiales suficientes para fabricar nueva finca […] con empeño he solicitado quien me ayude a la empresa de proponer V.E. se demuela esta fábrica y se reemplace con otra que forme un portal, con habitación de un alto de principio desde la esquina de mi casa, y concluya en la del actual cuartel […] y todo de una construcción de una [sic] orden de arquitectura a la moderna, con lo que la plaza de San Luis queda sin duda hermoseada y según he dicho al principio se le da doble ser con este público recreo, y como un portal sería muy útil al municipio.85

Desconozco si se llevó a cabo la transacción —en el libro del registro público de la propiedad y del comercio de ese año no se registra la venta del cuartel— pero una finca frente a la plaza principal tenía en la década de 1830 un precio superior a los diez mil pesos.

En el año de 1831 se registraron al menos 36 transacciones de compraventa de bienes inmuebles; dos de ellas tuvieron una operación con un costo superior a los diez mil pesos, once importaron entre mil y diez mil pesos, y las veintiún restantes fueron menores a los quinientos pesos. En febrero Juan José Domínguez y doña Inés Ruiz de Esparza vendieron cuatro casas situadas en la Plazuela de la Compañía por 12 198 pesos, a doña Antonia Zevallos; el rico comerciante Martín Bengoa fungió como fiador de doña Antonia, pues realizó el pago de 731 pesos que importaba el seis por ciento de alcabala. La segunda transacción en ese mismo año que superó los diez mil pesos fue la compra realizada por Cayetano Rubio de una casa ubicada en la calle de la Cárcel, el trato fue por 18 000 pesos, con un importe de 1 080 pesos de alcabala.86

Por otro lado, el rico comerciante mexicano y varias veces regidor Rafael Villalobos,87 por medio de su representante legal, el diputado Pedro Fernández, realizó al menos cinco transacciones; una de ellas, la venta de una casa. En total adquirió, entre los meses de marzo y junio, cinco inmuebles —entre los cuales destacaba un mesón—, todo por un importe superior a los dieciocho mil pesos. Las propiedades que adquirió se encontraban principalmente en el centro de la ciudad.88

En 1833 la tendencia era muy similar, pues se registraron 33 operaciones, de las cuales dos superaron los cinco mil pesos y cinco los mil pesos, aunque prevalecieron las transacciones de entre cien y quinientos pesos. Entre las transacciones destacan la compra que realizó el rico comerciante español Juan Leónides Reynoso de una casa en la cotizada calle de la Concepción, por ocho mil pesos; la casa que adquirió era la que albergaba la administración de correos. En octubre de ese mismo año el prestamista Ignacio Duque compró por poco más de cinco mil pesos una casa en la céntrica calle de la Cárcel.89

Por último, el comerciante hacendado Pantaleón Ipiña, al igual que Villalobos, Rubio y Duque —entre otros—, también aprovechó las condiciones favorables de la economía para hacerse de diversas fincas en la zona céntrica de la ciudad. A mediados de la década de 1830 incrementó sus posesiones con la compra de varios inmuebles en la manzana de Maltos y otros puntos de la ciudad. Ipiña “poseía […] varias casas en la ciudad de San Luis Potosí, incluidas la que fue del Dr. [Manuel María de] Gorriño [y Arduengo], ubicada en la calle del Chino, por donde tiene su entrada, esquina con la segunda calle de la Concepción, y marcada con el número 5; la casa que fue de doña María Ana Quintero, situada en la primera calle de la Concepción, por donde tiene su entrada; otras fincas que ocupaban el terreno que había desde las Casas de la Estacada hasta la pared de la Huerta, la casa contigua de Echeverría, la tenería vieja que da frente a la alameda, la casa que era de Nieva [administrador de Rentas], con huerta y cinco casas más”.90 Al igual que Ipiña, otros comerciantes invirtieron en propiedades a lo largo de la década de 1830 y hasta mediados de la de 1840.

Un ejercicio comparativo del número de transacciones anuales de principios de 1830 con las que se registraron a principios de la década de 1840 nos señala un aumento en el número de transacciones, aunque después de 1843 se inicia una fase de disminución, pues cae la frecuencia, así como el valor de éstas. De treinta a cuarenta transacciones anuales a principios de la década de 1830 se pasó a más de cincuenta al inicio de la década de 1840. El año de 1841 presenció un incremento considerable, pues tuvieron lugar 82 transacciones. Doce de ellas fueron por montos de entre mil y diez mil pesos, frecuencia que también se incrementó. El año de 1842 tuvo 56 transacciones y a partir de 1843 se puede percibir una reducción, pues en este año hubo 39, en 1844 hubo 37 y 1845 cerró con 31. Tenemos entonces un mayor número de transacciones y una mayor cantidad recaudada durante los años de 1841 a 1843, con una tendencia a la baja a partir de 1844 y que continúa en 1845. La serie en su conjunto nos indica una tendencia al alza que se confirma con la línea de la tendencia de la Gráfica 2.9.

IMPUESTOS A LA PLATA PURA Y AL ENSAYE: OTRO INDICADOR CONFIABLE DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

El 4 de julio 1825 el estado de San Luis Potosí, por medio del decreto número 26 de la legislatura estatal, adoptó el sistema de rentas de alcabalas y las demás que por decreto de 4 de agosto de 1824 le dejó el congreso general a los estados. A partir de lo establecido en esta ley, conocida como la Ley de Clasificación de Rentas, el estado de San Luis Potosí adoptó no sólo el sistema de alcabalas, sino también los derechos por la fabricación de tabacos, los del ensaye de la plata pura y oro, así como el derecho de amonedación que generaría la Casa de Moneda. Con este decreto, el congreso estatal ratificaba la decisión del gobierno federal y dispuso de inmediato que se estableciera una oficina de ensaye de platas91 o fielatura, en la cual habría un ensayador y un teniente de ensayador con un sueldo de mil doscientos el primero y seiscientos el segundo. Antes de ocupar el puesto, los aspirantes debían pagar una fianza debido a que manejarían caudales considerables. El ensayador estaba obligado a presentar al tesorero general noticia de los requerimientos de su oficina y un informe mensual en el que debía describir las existencias. Hacia esta oficina era conducida la plata que provenía de los diferentes minerales del estado y del país, sobre todo del norte, para ser ensayada. Los introductores de mineral debían presentar las barras de plata “para su formal registro guiadas por la recaudación respectiva, en el ensaye de cajas, donde se hacían los respectivos asientos, se numeraban por orden progresivo, se pesaban, se ensayaban, se les determinaba su valor, y pagados los respectivos derechos en la Aduana, de la Administración principal de Rentas del Estado, se introducían con las respectivas constancias de estas previas operaciones, en la Casa de Moneda para su acuñación”.92 Si el introductor de la plata no deseaba la acuñación del mineral, entonces retiraba las piezas ya ensayadas y disponía de ellas de acuerdo con sus intereses mercantiles.

En 1831 el congreso estatal modificó la estructura de la fielatura, la cual había sido independiente de la Casa de Moneda. Con esta reforma el ensayador del estado pasó a formar parte de la Casa de Moneda, lo que suprimió la autonomía que tenía la fielatura u oficina de ensaye. El gobierno federal, por su parte, estableció una oficina de ensaye en ese mismo año, por lo que la nueva disposición establecía que “todas las platas que se beneficien en el estado deberán ensayarse por ambos ensayadores (el de la federación y el del estado), y por la ley que ellos declaren se cobrará el tres por ciento”.93

Con esta reforma al proceso de ensaye, los introductores de plata entregarían sus caudales de forma directa al ensayador del gobierno de San Luis Potosí, ubicado ahora en la Casa de Moneda. Éste se encargaría de realizar el ensaye y de declarar la ley de las platas. Entonces, éstas se remitían a la tesorería de la Casa de Moneda, en donde se realizaría el pago del tres por ciento sobre su valor y se procedía a marcarlas para después entregarlas a su dueño. Los introductores, al momento de recibir sus platas ya ensayadas, podían optar por llevárselas a donde ellos desearan u ordenar su acuñación. La reglamentación era clara respecto a la extracción del estado de la plata en pasta ensayada; establecía que era requisito obligatorio que contaran con el sello del ensaye, pues de lo contrario serían decomisadas.

¿Quiénes eran los introductores de plata a la Casa de Moneda? Los comerciantes dedicados a los giros de importación se encontraban entre los principales introductores de platas. En 1833 la casa comercial de los españoles Martín Bengoa y Gabriel Maciel, que tenía un almacén de segunda clase en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, introdujo a la Casa de Moneda, para ensaye, 47 piezas de plata con un valor de 55 836 pesos. El comerciante alemán Federico Hohlt también realizó introducciones importantes de plata durante ese mismo año; en marzo introdujo dos piezas valuadas en 2 385 pesos, y en julio de ese mismo año introdujo otras dos piezas con valor de 2 390. El comerciante mexicano Andrés Barroeta y el español Juan Leonides Reynoso también eran asiduos introductores de platas. Éste último ensayó 13 piezas valoradas en 15 421 pesos. La plata ensayada por estos comerciantes se empleaba para pagar las importaciones que realizaban y quizá para ser puesta a la venta en el mercado europeo, pues una proporción importante era extraída del estado y del país. “Hasta la década de 1849 Estados Unidos era escencialmente un entrêpot para el comercio británico con México y las reexportaciones de los bienes ingleses comprendían cerca del cincuenta por ciento de sus negocios con México. México, mientras tanto, exportaba ‘de manera consistente más plata (en pasta después de 1869) que la necesaria para financiar el déficit mercantil’. A pesar del continuo flujo de pesos hacia Estados Unidos, se mantenían en circulación cerca de cinco millones; la diferencia terminaba en el comercio chino”.94 Es decir, el mineral ensayado o amonedado servía no sólo para pagar las mercancías importadas por los comerciantes, sino que era vendido por los británicos y estadounidenses en el mercado chino para satisfacer la demanda por la plata mexicana; en 1842, en Hong Kong, el peso republicano mexicano sustituyó a los pesos coloniales de ocho reales como moneda estándar para el comercio. “Cantón adoptó el peso en 1853, y tres años más tarde las autoridades portuarias chinas lo declararon como circulante legal en todas partes”.95 William Schell considera que a partir del postulado del stock demand model la economía mexicana “no estaba siendo regulada por la exportación de la plata, la cual era un producto de valor agregado de su industria minera. La cantidad (o stock) de dinero era determinada por la interacción de las demandas local y mundial; es decir, menos plata era exportada cuando la economía doméstica era vigorosa. El estancamiento en el periodo posterior a la Independencia era resultado de la turbulencia que hacía del país un lugar inseguro. Los mexicanos utilizaban utilizaban los pesos tanto como mercancía como dinero debido a que no había demanda por el capital”;96 en consecuencia, la plata era sacada del país. En otras palabras, a mayor la exportación de plata menor la demanda interna por este mineral.

Entonces, los ingresos por el ensaye de platas nos pueden indicar dos cosas que en esencia son contradictorias; primero, que la economía tenía un buen desempeño en la medida en que esa plata pagaba las importaciones; o, segundo, lo contrario, que la economía estaba estancada, pues no había demanda para retener la plata debido a que eran casi inexistentes las transacciones mercantiles que la demandaban. Como vimos en el capítulo anterior, a mediados de 1838 un periódico de la capital de San Luis Potosí daba a conocer la noticia de que una conducta por un millón y cien mil pesos salió con destino al puerto de Tampico, Tamaulipas, y que en varios días más saldría otra con el mismo destino. El autor de la nota comentaba que no se introducían bienes al país por impedirlo el bloqueo francés de los puertos, y el dinero que circulaba en el interior se exportaba en perjuicio del comercio al menudeo.97 Este problema se venía acarreando desde finales de la década de 1820; en el invierno de 1828, el tesorero del gobierno, Juan Guajardo, escribió al vicegobernador, José Gregorio Esnaurrízar, que había una gran cantidad de conductas de reales que se dirigían a los puertos para ser exportadas; dicha exportación de plata generaba —en opinión de Guajardo— males terribles a los comerciantes, artesanos y “todas las clases” debido a que ocasionaba una falta de numerario.98 Esta situación se vio acentuada aún más en 1835, pues ese año el ensayador y juez de la balanza por la federación en la Casa de Moneda de San Luis Potosí, Juan Nepomuceno Sanabria, escribió un comentario crítico a un editorial sobre las casas de moneda del país que apareció publicado en un periódico de la ciudad de México en el año de 1830. Sanabria —contrario a lo que se afirma en el texto de 1830— defiende el hecho de que las casas de moneda han sido útiles a la federación: “Desde que en los estados, atentos a promover su prosperidad interior, crearon sus casas de moneda con arreglo a sus productos minerales, se alentaron los precios de la plata por la facilidad de su amonedación y naturalmente resultaron con esta medida cortados mil abusos, protegido el importante ramo de minería, y lo que no es poco, cortado el vuelo a desmesurada ambición de algunos que especulaban en el importante artículo de plata”.99 Más adelante en su ensayo, Sanabria retoma el problema de la extracción de caudales fuera del país. Considera que la nación resulta perjudicada si la extracción del mineral se realiza en pasta y no amonedada: “¿Y qué mal resultará a la nación, dirá alguno, de que se lleven las platas en pasta si pagan los derechos establecidos por leyes? Muchos, muchísimos son los males que a mi ver esto trae; las platas para amonedarse necesitan máquinas, brazos y mil otros agentes intermedios como son cobre, plomo, carbón, leña etcétera. En cuyos consumos se beneficia la porción más indigente del estado, que en unión de los operarios que por su trabajo salen socorridos no es tan pequeño número; quítese la casa de moneda y se verán salir del estado quinientas familias que comían vestían, vivían en casa y hacían consumo de todas clases para dar de lleno a las necesidades de la vida, he aquí tirada de un golpe la base de la prosperidad del estado”.100 El problema es en realidad complejo, pues es cierto que la salida de caudales generaba una escasez del líquido para la venta a menudeo y promovía el uso de libranzas y letras de cambio; sin embargo, los pagos de derechos y la riqueza que generaba el proceso de amonedación beneficiaban la economía y, como lo explica Sanabria, favorecía el consumo.

Los datos que pude obtener por el concepto de plata pura y ensaye en los ingresos de la tesorería del gobierno de San Luis Potosí me indican una tendencia constante (Gráfica 2.10). El ingreso se mantiene por lo general entre los dos mil y los cinco mil pesos, lo que indica que hay una demanda permanente de ensaye de plata, aunque he encontrado momentos de breve estancamiento, por ejemplo, en agosto de 1832 el ayuntamiento de Real de Catorce se quejaba ante el gobernador del estado de que hacía varios días que no había quien comprara la plata que recién se había extraído y beneficiado: “En el comercio no hay quien compre toda la plata que se expende y uno u otro que lo hace en corta cantidad es al precio de siete pesos marco, el cual probablemente irá bajando más y más”.101

Sin embargo, me inclino por considerar que lo que nos refleja la tendencia en la recaudación por concepto de plata pura y ensaye (Gráfica 2.10) confirma en cierta medida el argumento de un buen desempeño en la economía potosina, aunque tampoco vigorosa en extremo. De hecho, la recaudación de este impuesto presenta una tendencia relativamente estable y además se puede apreciar un interesante incremento en la recaudación a finales de la década de 1830; tan sólo en 1839 se registró en un mes de ese año una recaudación muy superior a la media acostumbrada. El incremento en la recaudación por el ensaye es similar al que presenta la recaudación por las transacciones de compraventa de inmuebles, así como por la alcabala al consumo y a la introducción de productos nacionales y extranjeros. De la misma forma, en 1847 se da un incremento en la recaudación por ensaye, alcabala, consumo e introducción, la cual es resultado de los cambios en la política fiscal, pues se restableció el sistema existente durante la primera república federal.

GRÁFICA 2.10

IMPUESTO RECAUDADO POR PLATA PURA Y ENSAYE MINISTRADO A LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ, 1832-1847

Fuente: AHESLP, SGG, periódicos oficiales de 1832 a 1847.

CONCLUSIÓN

Si juntamos los números que nos arrojan durante los últimos años de la década de 1820 y las décadas de 1830 y 1840 los ingresos mensuales de la aduana de la capital, lo recolectado por el seis por ciento a la compraventa de fincas y la recaudación de la plata pura y ensaye, tenemos como resultado una curva con tendencia al alza. Esta conducta en la recaudación fiscal se da en un periodo en que la historiografía había considerado que la economía mexicana se encontraba estancada. A mediados de la década de 1830 prevalecía en la opinión pública la idea de que el comercio local, regional y nacional entraría en una etapa de moderada mejora, e incluso había quien consideraba que se revivificaría, pues en opinión de un editorialista se percibía desde inicios de dicha década una proliferación de negocios mercantiles en la ciudad: “El comercio, aunque abatido, concibe esperanzas no muy remotas de vivificarse, y a ellas se debe la multiplicación que en la ciudad se advierte de establecimientos de este ramo”.102 No era una opinión infundada, pues en la ciudad de San Luis Potosí el número de negocios dedicados a la venta de productos de importación —a mediados de la década de 1820— difícilmente superaba los treinta tendejones;103 a finales de la década de 1830 el padrón de tiendas registraba más de sesenta (de las cuales al menos veinte eran almacenes o tiendas de mayoreo), la mayoría de ellas propiedad de comerciantes extranjeros que vieron oportunidad de asentarse en la ciudad y crear fortuna desde el inicio de la era republicana.

Por otro lado, como se pudo ver la política fiscal y las tendencias recaudatorias se hallan vinculadas de forma íntima; durante las décadas de 1820 y 1830, mientras gobernaban los federalistas radicales, su política fiscal era en cierta medida confrontada con los intereses de los monopolistas, mientas que cuando los llamados aristócratas estaban en el poder la política fiscal afectaba poco a sus aliados monopolistas. Lo anterior se percibe en la tendencia recaudatoria, ya que ésta era mayor cuando se oponían los intereses de las partes. A pesar de momentos en que las fluctuaciones en la recaudación eran irregulares, la ciudad de San Luis Potosí experimentaba una mejora en su economía, pues atestiguaba el establecimiento de un mayor número de tiendas de menudeo y almacenes, un incremento en la frecuencia en las transacciones de compraventa de bienes inmuebles, además de una tendencia estable en lo que se recaudaba por concepto del ensaye de la plata.

Por otro lado, la organización territorial, el conocimiento del territorio y los intentos por controlarlo nos muestran también el constante uso que se daba a los caminos formales e informales que comunicaban la capital del estado y demás poblaciones del estado con el puerto de Tampico y con la ciudad de México. El tráfico de mercancías formal e informal era cotidiano y los intentos por controlar el territorio a través de los puestos alcabalatorios demuestra que el transporte hacia el interior del territorio de efectos de importación y el traslado de cargamentos de plata hacia el puerto de Tampico para su exportación pasaba por buenos momentos, es decir, de nuevo se puede demostrar que el desempeño de la economía no era del todo mediocre; incluso la agrupación de los puestos alcabalatorios a partir de sus cotizaciones nos demuestra la conformación de ciertas áreas en las cuales es posible especular cierta capacidad de consumo, la cual se relaciona con la capacidad recaudatoria probada que tenían dichos puestos ubicados en algunos casos estratégicamente en los caminos y pasos acostumbrados de los convoyes de mulas.

Por último, los intentos por desparecer los impuestos indirectos del esquema fiscal nacional y sustituirlos por impuestos directos nos puede indicar que la apuesta por modernizar el sistema recaudatorio no fue del todo afortunada ni en San Luis ni en los demás estados a lo largo de las décadas de 1830 y 1840. Por un lado, los intereses regionales tenían como una de sus principales fuentes de recursos los impuestos indirectos, cuyo dominio por parte de los grupos de poder regionales era reflejo del control que tenían de las soberanías estatales; por otro lado, estos grupos habían detectado desde finales de la década de 1820 un incremento en la demanda de bienes importados, lo que conllevaba un mayor tráfico de mercancías y a su vez a un incremento en la exportación de plata por las rutas mercantiles habituales, tanto formales como informales. Pese a la salida del metálico, la demanda de manufacturas importadas y de bienes de uso corriente y suntuoso no disminuyó. En apariencia, y de manera contradictoria, se incrementaron los ingresos del gobierno por el cobro de gabelas al consumo de estos bienes importados y la mejora en el desempeño de la economía estimuló entre los sectores adinerados de la ciudad la adquisición de bienes inmuebles, pues, como se explicó, hubo un incremento en el índice de compraventa de este tipo de bienes. En el escenario de oportunidad que configuraba esta situación económica, algunas familias aprovecharon la coyuntura para sacar provecho de las circunstancias que se les presentaban. De nueva cuenta, la peculiaridad del desempeño que experimentaba la economía favoreció la acumulación de capital en varias de estas familias provinciales, una de las cuales se analiza en el siguiente capítulo; su estudio nos presenta un caso de acumulación de capital, de inversión en la actividad minera, así como en el incremento en el valor de los bienes inmuebles que ésta poseía. Esto no podía acontecer dentro de una economía que se suponía estancada, algo que ahora podemos afirmar no era así del todo.

NOTAS

1Herbert S. Klein, “Resultados del estudio de las finanzas coloniales y su significado para la historia fiscal republicana en el siglo XIX”, en Hacienda y política. Las finanzas públicas en los grupos de poder en la Primera República Federal Mexicana, editado por José Antonio Serrano y Luis Jáuregui (México: El Colegio de Michoacán / Instituto Mora, 1998), 327. En un reciente estudio, Luis Jáuregui considera que hay un deterioro económico en los años posindependentistas y que la economía mostró “comportamientos regionales y sectoriales desiguales” (Luis Jáuregui, “Reflexiones sobre el desempeño económico en los albores del México independiente, 1821-1870”, Claves de la historia económica de México. El desempeño de largo plazo (siglos XV-XXI), en coordinado por Graciela Márquez (México: Fondo de Cultura Económica / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014), 65-96. El desempeño de la economía en San Luis puede ser ejemplo de ese comportamiento desigual, pues mientras en algunas regiones se manifestaba un estancamiento, en esta ciudad y en los espacios regionales que la rodeaban se presentaba un desempeño económico que daba señales de mejora en diversos sectores.

2Utilizo los términos gobierno de San Luis Potosí y gobierno general para evitar referirme al gobierno del estado y al gobierno federal (durante la república federal), o al gobierno del departamento o gobierno central (durante la república central), y así evitar confusiones, aunque algunas veces tendré que utilizar el término central o federal.

3La alcabala a las transacciones de compraventa de fincas mantuvo una tasa de 6% durante casi todo el periodo de estudio. Hacia 1844 se establecieron dos tasas: un 5% era aplicable a la compraventa de casas y edificios y 2 o 2.% 5 a la de solares. Lo anterior fue dispuesto en la ley 2609 del Supremo Gobierno de 11 de julio de 1843.

4En palabras de James Scott, se trata de obtener una mayor legibilidad del espacio y de la sociedad que lo habita para simplificar las funciones clásicas del Estado, entre ellas la imposición fiscal (taxation). Sin embargo, no siempre es posible lograr tal legibilidad (James C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed [New Haven: Yale University Press, 1998], introducción).

5Los impuestos directos o contribuciones directas son aquéllas aplicadas a la capacidad económica de un contribuyente, es decir, gravan los ingresos, beneficios o riqueza del individuo. Por otro lado, los impuestos indirectos son aquellos que gravan una “capacidad transitoria”, es decir, actos que el individuo realiza de manera ocasional, como la compraventa de un artículo (Luis Jáuregui, “Los orígenes de un malestar crónico. Los ingresos y los gastos públicos de México, 1821-1855”, en Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México siglos XVIII-XX, coordinado por Luis Aboites y Luis Jáuregui (México: Instituto Mora, 2005), 82, nota 3. Resalta el hecho de que en las discusiones parlamentarias del siglo XX sobre las finanzas públicas los impuestos indirectos, pero en especial la alcabala, continuaban siendo tema de relevancia pero con una connotación distinta, puesto que se consideraba a la alcabala no nada más como un impuesto que se cobraba por la introducción y consumo de mercancías de un estado a otro, sino también como todas aquellas acciones que “implicaban trabas económicas” (Secretaría de la Economía Nacional, El problema de las alcabalas [México: Poder Ejecutivo Federal, 1941], passim).

6Los derechos sobre la plata y el oro quedaron establecidos como renta de los estados en la Ley de Clasificación de Rentas Generales y Particulares de 1824 (Yáñez, El problema fiscal, vol. 1, 285).

7En el caso de las alcabalas novohispanas, veánse los estudios de Juan Carlos Grosso y Juan Carlos Garavaglia, La región de Puebla y la economía novohispana. Las alcabalas en la Nueva España, 1776-1821 (México: Instituto Mora / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1996); Jorge Silva Riquer, La administración de alcabalas y pulques de Michoacán, 1776-1821 (México: Instituto Mora, 1993); Rodolfo Pastor, “La alcabala como fuente para la historia económica y social de la Nueva España”, Historia Mexicana, XXVII:1 (1977): 1-16; Robert Sidney Smith, “Sales Taxes in New Spain, 1575-1770, The Hispanic American Historical Review, XXVII:1 (1948): 2-37. Sobre las alcabalas y el sistema fiscal durante el siglo XIX, veáse José Antonio Serrano Ortega y Luis Jáuregui (eds.), Hacienda y política. Las finanzas públicas en los grupos de poder en la Primera República Federal Mexicana (México: El Colegio de Michoacán / Instituto Mora, 1998); Carlos Marichal y Paolo Riguzzi, El primer siglo de la hacienda pública del Estado de México, 1824-1923, dos volúmenes (Toluca: Gobierno del Estado de México / El Colegio Mexiquense, 1994); Barbara Tenenbaum, The Politics of Penury. Debts and Taxes in Mexico, 1821-1856 (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1985); Jaime Olveda, El sistema fiscal de Jalisco (1821-1888) (Guadalajara, Méx.: Gobierno del Estado de Jalisco, 1983); y Araceli Ibarra Bellón, El comercio y el poder en México, 1821-1864. La lucha por la fuentes financieras entre el Estado central y las regiones (México: Fondo de Cultura Económica / Universidad de Guadalajara, 1998).

8Del árabe hispánico alqabála (DRAE, s. v.).

9Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821) (México: Archivo General de la Nación / Banca Cremi, 1987). Véase en especial el capítulo 1.

10Una descripción bien documentada sobre los últimos días de la alcabala y las consecuencias y reacciones de diferentes sectores de la economía y sociedad se puede consultar en María José Rhi Sausi Garavito, “Breve historia de un longevo impuesto. El dilema de las alcabalas en México, 1821-1898” (tesis de maestría, Instituto Mora, 1998), 109-120.

11Jaime E. Rodríguez O., “The Constitution of 1824 and the Formation of the Mexican State”, en The Evolution of the Mexican Political System, editado por Jaime E. Rodríguez O. (Wilmington, De: SR Books, 1993), introducción. Rodríguez ha considerado que el proceso de independencia y las transformaciones políticas fueron de manera “evolucionaria y no revolucionaria. El gobierno de la nueva nación mexicana evolucionó naturalmente a partir de las tradiciones e instituciones de la Nueva España. La independencia no constituyó, como se ha dicho frecuentemente, el rechazo a la herencia colonial y a la imposición de ideas y estructuras ajenas” (Rodríguez, “The Constitution”, 72. Traducción propia). En definitiva, la presencia del impuesto del antiguo régimen durante un largo periodo de la era independiente mexicana confirma, al menos en este aspecto, su hipótesis.

12Luis Jáuregui, “La primera organización de la hacienda pública federal en México, 1824-1829”, en Serrano y Jáuregui, Hacienda y política, 249.

13Marcello Carmagnani apud Antonio Ibarra, “Reforma y fiscalidad republicana en Jalisco: ingresos estatales, contribuciones directas y pacto federal, 1824-1835”, en Serrano y Jáuregui, Hacienda y política, 133. Esta misma idea es compartida en José Antonio Serrano Ortega, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1810-1846 (México: Institutito Mora / El Colegio de Michoacán, 2007), 17-18.

14Serrano, Igualdad, uniformidad, 18.

15No profundizo en el problema de los impuestos directos ya que me interesa la recaudación por concepto de alcabalas, así como por la plata pura y el ensaye. Además, ya existe una excelente contribución sobre el problema de los impuestos directos en varias regiones de México en Serrano, Igualdad, uniformidad.

16Ya Luis Aboites Aguilar y Luis Jáuregui han mostrado la necesidad de abordar el tema de la transición del antiguo al nuevo régimen de algunas figuras fiscales o ramos específicos del ingreso, tales como la alcabala (Luis Aboites Aguilar y Luis Jáuregui [coords.], Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México siglos XVIII-XX [México: Instituto Mora, 2005], 16. Sin duda, el futuro interés por este tema específico generará un interesante debate historiográfico no sólo en torno a los ramos específicos del ingreso de manera aislada, sino que el método comparativo será de gran utilidad puesto que por medio de éste se podrá apreciar cuáles fueron las transformaciones —o incluso desapariciones— de estos ramos de la recaudación en los diferentes estados federados mexicanos, sobre todo en la coyuntura que ofrece la transición a la república.

17Max Weber, Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva (México: Fondo de Cultura Económica, 1964), 1047-1117

18Ibarra, El comercio y el poder, 59.

19Decreto número 26, julio 4 de 1825, “Se adopta el sistema de rentas de alcabalas y demás que por decreto de 4 de agosto de 1824 le dejó al Estado el Congreso General, y se fijan las reglas sobre la Administración de Rentas”. Esta ley es conocida como Ley de Clasificación de Rentas. Para un contexto general, aunque sintético sobre la repartición de las rentas entre federación y estados aprobada en 1824, véase Jáuregui, “Los orígenes”, 81-83. Una amplia explicación y descripción de la política fiscal del siglo XIX mexicano se puede consultar en Yánez, El problema fiscal, vol. 1.

20Los estados luchaban por la permanencia del sistema de alcabalas porque representaban su principal o en ocasiones su segunda fuente de ingresos, lo que a su vez garantizaba su soberanía frente a las posibles injerencias del poder nacional. Aquí aplica la tercera variante propuesta por Weber —con su debida aclaración y contexto— respecto a la capacidad de negociación con otros países. En el caso de los estados federados, el hecho de poseer su propia fuente de recursos les ofrecía cierta capacidad para negociar no con otros países, sino con el poder central, aunque vale la pena pensar que si estas fuentes de recursos eran controladas por ciertas elites regionales o sectores de tales en el poder más bien estamos frente a una situación en donde dichas elites utilizan estos recursos para defender sus intereses y regiones del dominio de fuerzas extrarregionales o de los intereses de sectores de la misma elite opuestos al sector que está en el poder, y que muchas veces tales movimientos de oposición eran apoyados desde el gobierno federal. Cfr. Bellon, El comercio y el poder, 79.

21A mediados de 1828 el gobernador del estado de San Luis Potosí comunicó al tesorero del estado que se debía defender la jurisdicción estatal en materia de contrabando, pues las aduanas interiores del estado, en caso de detectar o sospechar del tráfico de éste, debían conducirse y remitirse a los jueces del estado, y no a los de circuito y distrito: “En las aduanas marítimas, allí desarrollan sus facultades los jueces de circuito y de distrito en asuntos de contrabando; y los estados reglamentan como les conviene, sin sujeción a dar cuenta a otros funcionarios de sus procedimientos. Los empleados pagados por este estado vigilan y descubren contrabandos; ellos están sujetos a sus jueces; y por la ley particular deben calificarse” (AHESLP, SGG, ms., leg. 1828.36).

22Esto se puede inferir a partir de lo establecido en la Ordenanza de alcabalas del conde de Revillagigedo del año de 1753 y de la Instrucción de los Comisionados de la Dirección General y Juzgado Privativo de Aduanas del Reyno, de 1782, redactada por Juan Navarro. Ambos documentos se pueden localizar en edición facsimilar en Grosso y Garavaglia, Las alcabalas novohispanas.

23Las receptorías eran San Luis Potosí, Charcas, Guadalcázar (que pasó a depender de la de San Luis Potosí en 1789), Villa de Valles, Monterrey, Santander, Coahuila y Saltillo. Véase, Grosso y Garavaglia, Las alcabalas novohispanas, 209-226.

24Decreto número 26, julio 4 de 1825, “Se adopta el sistema de rentas de alcabalas…”. En esta ley se establecía que el administrador general de alcabalas tendría su sede en la ciudad de San Luis Potosí, que era el responsable de este ramo en el partido de la capital, y que a su vez los nueve administradores foráneos quedaban bajo su autoridad y responsabilidad.

25Los cuatro suelos establecidos en 1825 correspondían grosso modo con la regionalización en cuatro departamentos que se llevó a cabo en 1826. Algo similar ocurrió durante el periodo virreinal, pues las jurisdicciones de las doce administraciones foráneas correspondían casi en su totalidad con “las jurisdicciones de las intendencias recientemente creadas” (Grosso y Garavaglia, La región de Puebla, 101-102).

26Sergio A. Cañedo Gamboa, “El congreso potosino y la ardua tarea de organizar un estado, 1824-1848”, en Cien años de vida legislativa. El congreso del estado de San Luis Potosí: 1824-1924, de Sergio A. Cañedo Gamboa, Moisés Gámez Rodríguez, María Teresa Quezada Torres y José Antonio Rivera Villanueva (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis / Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2000), 66.

27AHESLP, SGG, 1825.16 exp. 8, 2 de marzo-4 de julio de 1825; Memoria con que el gobierno del estado libre y soberano de San Luis Potosí, en cumplimiento del artículo 113 de la Constitución…1849.

28Decreto del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, número 22, 13 de abril de 1835, “Sobre reunir en una administración las rentas de Tancanhuitz y Valles, con las receptorías que se estimen necesarias en los pueblos”.

29En julio de 1830 se conformó una junta de vecinos que destituyó a Vicente Romero. Brevemente tomó posesión del ejecutivo estatal José Pulgar, quien de inmediato lo cedió a Manuel Sánchez, quien convocó a elecciones a principios de 1831. El resultado favoreció al federalista moderado José Guadalupe de los Reyes.

30José Guadalupe de los Reyes fue gobernador de San Luis Potosí del 2 de abril de 1831 al 3 de agosto de 1832, cuando huyó de la ciudad de San Luis Potosí ante la amenaza de ocupación de la ciudad por las fuerzas del Gral. Esteban Moctezuma. Volvió a hacerse cargo de la gubernatura del 1o. de octubre al 14 de noviembre de 1832, cuando volvió a huir ante el asedio de la ciudad por el Gral. Moctezuma. Del 7 de octubre de 1851 al 20 de marzo de 1852 fue gobernador interino. Ocupó el cargo de manera provisional del 8 al 17 de enero, nombrado por la legislatura al ser asesinado el gobernador Julián de los Reyes. José Guadalupe de los Reyes era en ese momento presidente del Supremo Tribunal de Justicia. El Gral. Ignacio Sepúlveda fue gobernador del estado del 17 de mayo de 1837 al 22 de abril de 1842 (Rafael Montejano y Aguinaga, La tierra y el hombre [México: Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1990], 147-151).

31Tirso Vejo fue diputado en la II Legislatura Constitucional (1829-1830; del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 1832), en la IV (16 agosto a 18 diciembre 1832), en la III (septiembre a diciembre de 1834). Anastasio Quiroz fue diputado en la III Legislatura Constitucional (1o. de enero de 1833 a 4 de julio de 1834; y de septiembre a diciembre de 1834) (Cañedo, “El congreso potosino”, 338-341).

32Corbett, Republican Hacienda, 137.

33Número 860, 24 de agosto de 1830, ley, “Derecho de consumo sobre géneros, frutos y efectos extranjeros”; y Número 873, 7 de octubre de 1830, circular de la Secretaría de Hacienda, “Reglas a que debe sujetarse el derecho de consumo sobre efectos extranjeros y el de alcabala sobre nacionales” (Legislación mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, ordenada por los licenciados Manuel Dublan y José María Lozano, consultado el 20 de febrero de 2011, http://biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/).

34Gaceta del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Imprenta en Palacio, viernes 14 de enero de 1831.

35Decreto número 111 de 23 de mayo de 1828, “Impone a los efectos extranjeros un derecho municipal exceptuando los que se expresa”. En su artículo dos especifica: “Este derecho se causa por sola la introducción, tengan o no consumo”, y su artículo tercero consigna: “Satisfecho en cualquier aduana del estado una vez, no podrá cobrar en otra. Los administradores darán recibo de lo que cobrasen y avisarán mensualmente al gobierno para que se publique por la imprenta” (AHESLP, SGG, ms., 1828.24). Los impuestos de introducción son aquellos que gravan la entrada de mercancías a una entidad, proveniente de otras provincias o del extranjero, mientras que los impuestos de circulación o tránsito gravan la simple circulación de la mercancía dentro de una misma entidad (Emilio Margáin Manatou, Introducción al estudio del derecho tributario mexicano [México: Porrúa, 2004], 87).

36Se puede dar seguimiento a parte de esta queja de los británicos dirigida a su cónsul general en The Nacional Archives, FO/44.

37AHESLP, SGG, 1828.36, Carta de Juan Antonio Nieto al Tesorero General Juan Guajardo. En una de sus partes explica a Guajardo que, por ejemplo, una guía de Tampico para San Luis Potosí, con el número 1367, correspondiente al 2 de mayo de 1828, indicaba que “el renglón que contiene diez tercios con cuarenta y cuatro piezas bayetas azules es de paños de segunda, sin el más leve disfraz en su empaque y calidad, por lo que he dado noticia al juez para que declare el comiso atento a que trae precio de [seis] reales varas con arreglo al antiguo arancel, que le señaló cinco pesos y en el actual está absolutamente prohibido”.

38AHESLP, SGG, 1828.14.

39AHESLP, SGG, 1828.14. Los especialistas en la política fiscal han desarrollado un amplio debate —dominado por dos corrientes— sobre la definición de los impuestos directos y de los indirectos. El concepto fundamental sobre el que gira tal debate es la repercusión del impuesto. La escuela antigua considera que el impuesto indirecto no es repercutible y el directo sí lo es. La postura moderna sostiene que todos los impuestos son repercutibles, por lo que esta peculiaridad no es el elemento distintivo entre los impuestos directos y los indirectos. Para este caso considero que los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo, mientras que los directos gravan los rendimientos; en ambos casos son repercutibles (Margáin, Introducción, 79-80).

40José Antonio Nieto, administrador de alcabalas de la capital, escribió al tesorero general del gobierno, Juan Guajardo, que había oposición de los comerciantes importadores de pagar el derecho municipal y que incluso se comenzaban a vencer los plazos perentorios que algunos de ellos tenían para realizar el pago: “Se les ha concedido los ocho días perentorios de término para el pago de derecho municipal a las casas de los señores Dall y Compañía, Brown y Compañía y Watson y Compañía, de efectos presentados los días 20 y 21 de [junio], e importan los adeudos un mil ciento cuarenta y seis pesos que hoy se les han cobrado, mas han repuesto que no tienen dinero, pero como ya he oído voces de que han hecho cierta protesta y que esperan sea reprobado el decreto número 111, temo que hayan creído eludir el pago con el pretexto de no tener reales” (AHESLP, SGG, ms., 1828.36). Incluso, algunos comerciantes extranjeros dejaban sus cargamentos encerrados en las bodegas de la aduana de la capital del estado, en espera de respuesta de sus representantes diplomáticos o socios en la ciudad de México (AHESLP, SGG, ms., 1828.36).

41AHESLP, SGG, ms., 1828.53.

42AHESLP, SGG, ms., 1828.60.

43AHESLP, SGG, ms., 1828.67.

44AHESLP, SGG, ms., 1828.60.

45AHESLP, SGG, ms., 1828.55.

46AHESLP, SGG, ms., 1828.55.

47Es decir, se gravaron al menos 8 600 tercios de abarrote, pues cada tercio pagaba doce reales, o sea un peso (ocho reales) y medio (cuatro reales).

48AHESLP, SGG, ms., legajo 1831.6.

49AHESLP, SGG, ms., legajo 1831.6.

50AHESLP, SGG, ms., legajo 1831.6.

51AHESLP, SGG, ms., legajo 1831.6.

52El 11 de junio de 1843 el gobierno general sancionó un decreto “Sobre uniformidad de las cuotas de alcabala en todos los departamentos, y reglas para su cobro”; fue a partir de este decreto que se procedió a la realizar algunas reformas al sistema alcabalatorio y una reducción en las tasas impositivas, aunque en realidad los cambios fueron menores. Lo que sí es claro en este decreto es la capacidad del gobierno de haber generado un catálogo detallado de mercancías, productos de la tierra, entre otros tantos tipos de productos; pero, además, una clara definición sobre los aranceles que se deberían cobrar (número 2609, 11 de julio de 1843. Decreto de gobierno, “Sobre uniformidad de las cuotas de alcabala en todos los departamentos, y las reglas para su cobro”, en Legislación mexicana).

53Martín Sánchez Rodríguez, “Política fiscal y organización de la hacienda pública durante la República centralista en México, 1836-1844”, en De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860, compilado por Carlos Marichal y Daniela Marino (México: El Colegio de México, 2001), 205.

54Sánchez, “Política fiscal”, 192.

55Decreto sobre la clasificación de las rentas, La Época. Periódico oficial del estado de San Luis Potosí, sábado 3 de octubre de 1846.

56Carlos Rodríguez Venegas, “Un acercamiento a las propuestas de organización del sistema impositivo en México, 1821-1823”, en Serrano y Jáuregui, Hacienda y política, 310.

57Ibidem, 310.

58Agustín Farías, Opúsculo que trata sobre la inconveniencia de las aduanas interiores y sus funestas consecuencias en la república mexicana. Escrito por el ciudadano Agustín Farías (San Luis Potosí: Tipografía de la Escuela Industrial Militar, dirigida por Jesús A. Sierra, 1893), 9.

59Olveda, El sistema fiscal, 45-46.

60Hago la comparación a partir de los datos proporcionados en Serrano, Igualdad, uniformidad, 144.

61Tenenbaum, The Politics of Penury , 50.

62Ibidem, 49.

63Serrano, Igualdad, uniformidad, 178-179.

64Colección de disposiciones relativas a la renta de alcabalas y derechos de consumo (México: s.p.i., 1956).

65Importantes observaciones sobre los gravísimos males en que se va a ver envuelta la nación, por resultado del decreto de 10 del actual que dispone la cesación del cobro de alcabalas desde diciembre próximo (México: Imprenta de J. M. Lara. 1846); Memoria del Secretario de Hacienda leída en julio de 1844 (México: Imprenta de Lara, 1845); Reflexiones sobre los males que va a experimentar la nación a consecuencia del decreto de 10 del corriente (México: Imprenta de la Sociedad Literaria, 1846); Reflexiones sobre el ramo de alcabalas dirigidas a las augustas cámaras de la nación (México: Imprenta de Manuel Payno [hijo], 1848); Ignacio Piquero, Defensa de la libertad del comercio interior y del sistema de contribuciones directas, o sea fundamentos del decreto sobre extinción de alcabalas (s.p.i., 1846).

66La Época. Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 7 de noviembre de 1846, núm. 21.

67La gran mayoría de los documentos de la Aduana de San Luis Potosí se encuentran reproducidos en microfilmes de la colección de los libros de la Administración de Rentas de San Luis Potosí, resguardada en el Archivo General de la Nación en la ciudad de México, fondo Administración de Rentas, Galería 6. Agradezco a Isabel Monroy el apoyo brindado para obtener estos microfilmes.

68Los periódicos revisados se encuentran en su totalidad en el AHESLP, fondo SGG.

69En los libros revisados los administradores utilizan los términos de impuesto al consumo y alcabala. En diversas ocasiones los utilizan de manera indiferente para el cobro de impuestos, sea al consumo, a la introducción, a la circulación y al tránsito.

70Margáin, Introducción, 215.

71Alcance número 3 a la Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, 21 de enero de 1831.

72AHESLP, SGG, ms. 1831.9. Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí. Periódico Oficial de San Luis Potosí, 4 de febrero de 1831, núm. 5; 18 de febrero de 1831, núm. 7; 25 de febrero de 1831, núm. 8; 29 de abril de 1831, núm. 17; 13 de mayo de 1831, núm. 19; 3 de junio de 1831, núm. 22.

73El Yunque de la Libertad. Más golpeado, está más limpio, 13 de enero de 1833, núm. 10.

74El Yunque de la Libertad. Más golpeado está más limpio, 17 de noviembre de 1833, núm. 62.

75Esta modificación se determinó en el decreto 76 del 18 de julio de 1830. En él se derogaban tres decretos: el 111 y el 122 del Primer Congreso Constitucional y el 42 del Segundo Congreso Constitucional, en los cuales se determinaban las tasas del cinco y del doce por ciento. A partir de esa fecha se cobró hasta el fin del año solamente el 3.5% sobre efectos extranjeros y 8% a los nacionales Legislación potosina. Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde el 21 de abril de 1824 (San Luis Potosí: Imprenta de la Escuela Industrial Militar, 1892).

76Alcance número 3 a la Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, 21 de enero de 1831. Detecto una imprecisión en el argumento de la junta de comerciantes, ya que mencionan una tasa del 3.5%. En los libros de la aduana la tasa registrada es en realidad del tres por ciento.

77La reducción a las tasas impositivas se estableció en el decreto 16 del 11 de marzo de 1831. Sin embargo, y de acuerdo con varias notas localizadas en los cuadernos de la Aduana de la Capital, las modificaciones a las tasas no tuvieron lugar sino en septiembre, lo cual explica la tendencia a la baja hasta antes de agosto (Legislación potosina, 358).

78Legislación potosina, 358.

79En 1828 tuvo lugar una primera expulsión de españoles de San Luis Potosí, la cual fue casi simultánea a la expulsión que se dio por todo el país a principios de 1829. Durante esta expulsion algunos comerciantes españoles fueron reemplazados por negociantes franceses, ingleses y estadounidenses (Romeo Flores Caballero, Counterrevolution. The Role of the Spaniards in the Independence of Mexico, 1804-1838 [Lincoln: University of Nebraska Press, 1974], 129. Traducción propia). En ese año de 1833 Vicente Romero, quien además de federalista radical era masón yorkino, impulsó una segunda expulsión de españoles. No tengo certeza sobre si los españoles fueron reemplazados por otros comerciantes, tal como se ha supuesto que ocurrió en 1829.

80El Yunque de la libertad…, 26 de marzo de 1834, núm. 97.

81Chowning, “The Contours”, 125-126. Traducción propia

82Ibidem, 121. Traducción propia.

83Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí. Periódico Oficial de San Luis Potosí, 28 de enero de 1831, núm. 4.

84Idem.

85Idem.

86AGN, Administración de Rentas, San Luis Potosí, 1831, caja II.

87Villalobos era un comerciante dedicado a la venta de productos como cera, cebo y lana, entre otros efectos. Fue apoderado y administrador de los bienes de Félix María Calleja. En las décadas 1810 y 1820 fue regidor y alcalde primero de la ciudad de San Luis Potosí. Su tío José Manuel Villalobos fue propietario de la hacienda Peregrina (Néstor Gamaliel Ramírez Ortiz, “Las obras y los servicios públicos en la ciudad de San Luis Potosí, en la transición del siglo XVIII al XIX” (tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009), 147.

88AGN, Administración de Rentas, San Luis Potosí, 1831, caja II.

89AGN, Administración de Rentas, San Luis Potosí, 1833, caja III.

90Monroy, Sueños, tentativas, 144.

91Los derechos de ensaye y el oficio de ensayador fueron creados en la Nueva España desde 1522 por la reina Juana, quien resolvió que se vendiesen o beneficiasen; entonces, el puesto de ensayador era vendido a los mejores postores, quienes tuvieron considerable ingresos hasta 1783, cuando los derecho de ensaye se incorporaron a la Real Corona como ramo de la Real Hacienda (Yáñez, El problema fiscal, vol. 1, 121).

92José María Gómez del Campo, “La Casa de Moneda de San Luis Potosí. Cuadernos de numismática potosina”, en Revista de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, compilado por José Francisco Pedraza (San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1962), 21.

93Decreto 52 del Congreso de Estado de San Luis Potosí del 8 de octubre de 1831, Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 44.

94William Schell Jr., “Silver Symbiosis: Reorienting Mexican Economic History”, The Hispanic American Historical Review, 81:1 (2001): 108. Traducción propia.

95Ibidem, 113. Traducción propia.

96Ibidem, 111. Traducción propia.

97Gaceta del Gobierno del Departamento de San Luis Potosí, domingo 8 de julio de 1838, núm. 28.

98AHESLP, SGG, 1828.16.

99Gaceta del Gobierno del Departamento de San Luis Potosí, domingo 8 de julio de 1838, núm. 28.

100Idem.

101AHESLP, SGG, 1832.2.

102La Opinión. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, martes 18 de agosto de 1835, núm. 81.

103Muro, Historia de San Luis, vol. 1, 374.

CAPÍTULO 3.

LOS GORDOA: NEGOCIOS DE FAMILIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

En la historiografía mexicana, así como en la de América Latina, los estudios sobre la familia como unidad social y cultural han ido ganando terreno desde la década de 1970. La importancia de la familia radica quizá en el hecho de que actúa como grupo y es una entidad que se podría considerar como colectiva y a su vez como una entidad privada que buscaba su permanencia y preeminencia social mediante “matrimonios estratégicos, modos de organización, relaciones sociales, tipos de inversión y participación política”.1 En el caso de una familia provincial, como la que aquí se estudia, resaltan aspectos como la estructura familiar y las alianzas que ésta forjaba, es decir, la formación de redes a través de casamientos que generaban núcleos de influencia económica y política en espacios territoriales regionales e intrarregionales. El caso de la familia Gordoa —a pesar de haber generado una red familiar y de negocios en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas— tal vez no fue de tan grandes dimensiones como las familias Almada, en el noroeste de México, o los Terrazas, en el inmenso estado de Chihuahua;2 sin embargo, es un caso importante para el centro norte del país, pues la red de parentesco y lazos políticos que urdió le permitió tener influencia —mas no control total— en la política y en la economía de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas. Por otro lado, el comportamiento económico de sus negocios tiene ciertas peculiaridades que son de interés para esta investigación, pues contribuyen a la explicación que he venido dando sobre el desempeño de la economía potosina.

Por otro lado, la familia ha sido dimensionada como un problema de estudio relevante para la comprensión de la historia social, política, económica y cultural, y ha sido además abordada de diferentes maneras y por diferentes disciplinas. John E. Kicza, quien retomó el concepto —acuñado por Lawrence Stone— de las “grandes familias”,3 con la finalidad de jerarquizar la sociedad novohispana —aunque más bien la elite novohispana—, tomando como referente la familia, explica que ésta representa el escalón más alto de la sociedad y su peculiaridad consistía en que no todos los miembros de la elite podía aspirar a la pertenencia de ella. Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso han considerado a la familia como una estructura versátil que posibilita, por medio de estrategias matrimoniales y redes de parentesco —creado y por crear—, la acumulación de capital y el sostenimiento de los privilegios que la riqueza y la influencia política proporcionaban.4 Por su lado, David W. Walker es quien —en mi opinión— ha llegado más lejos en la conceptuación de la familia, pues la considera como pieza importante dentro del proceso de consolidación del Estado no sólo en México sino en América Latina. Walker afirma —de manera sintética— que la familia puede ser entendida como una unidad de análisis que puede explicar el comportamiento económico y político de América Latina, sobre todo en el periodo formativo de las nuevas naciones.5 Sin duda el caso de los Gordoa puede ser idiosincrásico dentro de este enfoque, pues, respecto al comportamiento político, varios de sus miembros participaron durante los primeros años de la era republicana en las esferas política regional y nacional; por ejemplo, Luis G. Gordoa y Francisco Ignacio Gordoa participaron como diputados en varias legislaturas estatales durante las décadas de 1820 y 1830 tanto en San Luis Potosí como en Zacatecas, mientras que Crescencio María Gordoa fue gobernador del estado de San Luis Potosí en la década de 1850. En la esfera económica, los negocios de la familia tuvieron un comportamiento que resultó similar al desempeño de la economía en la región de San Luis, es decir, el estudio de los negocios de los Gordoa contribuye a demostrar que no estaba estancada la economía en al menos dos partes del país en las cuales tenían sus negocios.

Otras formas de abordar a la familia han venido apareciendo a lo largo de las últimas décadas. John Tutino escribió en 1983 que hasta ese momento se podían contar dos tendencias en la historiografía mexicana. Por un lado, resaltaba el énfasis en la importancia socioeconómica de las familias de la elite, mientras que, por el otro, comenzaba a ser rescatado el papel de las mujeres dentro de la familia.6 Además de lo expuesto por Tutino, comenzaba a ser evidente desde finales de la década de 1970 la producción de estudios sobre familias pertenecientes a los estratos bajos de la sociedad; muestra de ello es el estudio sobre las familias rurales chilenas realizado por Ann Hagerman Johnson, quien realiza un análisis de los cambios estructurales de las familias rurales chilenas y su relación con la transición en el ámbito rural de una economía de subsistencia a una economía integrada al mercado.7 A pesar de este giro hacia el estudio de las familias no necesariamente partícipes de la elite, las familias notables continúan siendo de interés para los historiadores, influidos tal vez por el trabajo de Lawrence Stone sobre la crisis de la aristocracia británica.8 De hecho, continúan siendo de relevancia estudios sobre las familias notables, como lo demuestran los trabajos de Larissa Adler Lomnitz, Laura Pérez Rosales y Charles Walker, por mencionar algunos.

En este capítulo —y siguiendo en cierta medida la tradición historiográfica sobre las familias notables—, analizo una familia de la elite novohispana que transita a la era republicana manteniendo su estatus.9 No se trata del análisis de una familia de los bajos estratos de la sociedad ni de resaltar el papel de las mujeres dentro de la estructura familiar —a pesar de que hay dos de ellas que merecen atención por su capacidad de autoadministración de sus bienes y el respeto que los miembros del clan tenían a su posición y prestigio—.10 Más bien, me he dedicado al estudio de la familia Gordoa para explicar cuáles fueron sus negocios y las áreas de la economía en que se desempeñaron durante el periodo que comprende la transición a la era republicana y durante las tres primeras décadas de vida independiente con la finalidad de demostrar, por medio del crecimiento o de la obtención de utilidades de sus negocios, que la economía de la región de San Luis Potosí y Zacatecas no se encontraba en un estado de deterioro, depresión y estancamiento, es decir, en un “ciclo de declive”, sino que más bien la conducta económica de los negocios de la familia indica un desempeño positivo de la economía regional que pudo haber llegado a índices de crecimiento similares o superiores a los del periodo colonial. Por ende, el enfoque desarrollado en este capítulo es más cercano a la tendencia, ya tradicional, de estudiar a la familia y sus miembros a partir de su papel e importancia socioeconómica en una sociedad determinada, así como una estructura que posibilita a sus miembros el establecimiento de alianzas estratégicas, ya fuera para incrementar el capital familiar —bajo ciertas condiciones económicas y políticas favorables— como para sostener lazos de influencia política y económica mediante el matrimonio. Sin embargo, creo que la parte innovadora de este libro es que reconstruyo algunos aspectos de la vida económica de la familia para explicar que la economía en que se desenvolvían no se encontraba estancada.

En este capítulo, en principio contextualizo la familia Gordoa dentro de las familias acomodadas provinciales. Después, doy una explicación sobre el origen de la fortuna familiar, para enseguida analizar sus propiedades y negocios, y el comportamiento económico de algunos de ellos durante las décadas de 1830 y 1840, periodo en el cual se puede percibir un incremento o sostenimiento de las ganancias, lo que es a su vez reflejo de un mejoramiento de las condiciones económicas regionales y nacionales. Debido a la especificidad y abundancia de las fuentes sobre una de las propiedades, pongo mayor énfasis en el caso de la mina y socavón de Nuestra Señora del Refugio, propiedad de la familia desde principios del siglo XIX y localizada en el distrito Minero de Real de Catorce, San Luis Potosí. En este caso específico reviso dos aspectos que considero medulares en la historia de esta negociación minera y que dan sustento a lo planteado en esta tesis. Por un lado, reconstruyo su actividad productiva, que nos muestra cierta recuperación económica; y, por el otro, explico las características peculiares como la mano de obra, el abasto de materias primas y herramientas, y al final reconstruyo la estructura de posesión de la propiedad, la cual se basaba en el sistema tradicional de veinticuatro barras, repartidas entre un número limitado —por medio del parentesco— de accionistas.

¿Cómo se percibían los miembros de la familia Gordoa dentro del entorno al que pertenecían? ¿Cómo eran las relaciones entre los miembros? ¿Había momentos de tensión? ¿Qué tan relevante era para ellos su participación en la política? La correspondencia íntima o de índole personal entre los miembros a la que he podido tener acceso ha sido escasa; sin embargo, puedo afirmar que se percibían como una familia inserta en los estratos altos de la sociedad, pero con cierto interés por la vida política y los problemas sociales que aquejaban a la población. Las relaciones entre los miembros eran de respeto, en ocasiones en sus cartas trataban temas relacionados con formas y recomendaciones para mejorar sus condiciones de vida, comentaban sobre los viajes que realizaban y las venturas y desventuras de sus negocios. En el periodo estudiado, en apariencia no hubo fricciones entre los miembros de la familia, lo que no descarta necesariamente ciertos momentos de tensión que pudieron haberse dado resultado de algún mal negocio. Por otro lado, la percepción que tenían sobre su participación en la política es ambivalente. Si bien varios miembros de la familia participaron activamente de diferentes maneras, algunas cartas intercambiadas entre Luis G. Gordoa y otros miembros hacen notar cierto desencanto por la política, la cual consideran una pérdida de tiempo y una distracción de las actividades productivas y de negocios.

LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y LAS RELACIONES PATRIARCALES

La búsqueda de los orígenes de esta familia nos indica que sus ascendientes emigraron de la región vasca. A su llegada a la Nueva España quizá reiteraron el patrón y derrotero que siguieron otras familias del mismo origen, la mayoría de las veces orientado a la minería y en menor grado al comercio. Las familias Gordoa, Joaristi, Larrañaga y Fernández de Estrada emigraron —a decir de una reconocida historiadora— de las provincias periféricas de la Península española, “las tres provincias vascas y la montaña de Santander a lo largo del siglo XVII”.11 Con sus tradiciones, trajeron su preferencia por la explotación minera, que estaba en boga en sus lugares de origen.12 Con el tiempo, y con el éxito adquirido en las actividades a que se dedicaron en un principio, los Gordoa fueron sin duda insertándose en la estructura social novohispana hasta convertirse en una de las familias que conformaban las elites provinciales mexicanas. Richard B. Lindley sostiene que las familias novohispanas utilizaron diversas estrategias para su supervivencia, tales como el parentesco, lo que les permitía evadir las dicotomías de la sociedad española colonial y a su vez fortalecer la empresa familiar.13 Resalta el hecho de que la fortuna de los Gordoa se comenzó a forjar en el ocaso del virreinato y se mantuvo estable a la llegada de la era republicana, lo que posibilitó a algunos de sus miembros una participación decisiva en los procesos económicos y políticos durante las primeras décadas del México independiente, es decir, no sólo lograron la supervivencia a las convulsiones políticas y a la transición a la república, sino que además alcanzaron una posición acomodada dentro de la elite republicana. Es además importante recalcar que su ámbito de influencia económica y política no se restringía nada más al estado de San Luis Potosí, sino que comenzaron un proceso de adquisición de propiedades rurales en el vecino estado de Zacatecas. Se dio entonces un posicionamiento en un ámbito de influencia en ambos estados, aunque sin soslayar ciertos alcances intrarregionales y vínculos importantes que incluso llegaban a la ciudad de México.

Resalta el hecho de que los Gordoa transitaron del virreinato a la era republicana sin haber perdido su posición política, económica y social. Esto tal vez se debió a varias razones. La primera, de carácter político, se puede explicar por el hecho de que Miguel Gordoa y Luis G. Gordoa se desempeñaron dentro del grupo de liberales novohispanos y luego republicanos que participaron en las Cortes de Cádiz y en los congresos estatales y federales durante las décadas de 1820 y 1830. La segunda obedece a las estrategias matrimoniales tanto de los integrantes de la primera como de la segunda generación, pues se enlazaron con miembros de la vieja elite novohispana, y de igual forma vieron poco afectados sus intereses en el proceso de transición; o bien se enlazaron también con miembros de la elite que comenzaba a conformarse poco después de la consumación de la Independencia. El caso más relevante que ilustra los vínculos con la elite novohispana es el de Francisca Gordoa, quien contrajo nupcias (circa 1810) con Anastasio de la Gándara, hermano de Francisca de la Gándara, esposa, a su vez, del virrey Félix María Calleja del Rey, mientras que el caso que muestra los vínculos con la elite emergente lo representa el matrimonio de Luis G. Gordoa con Mariana Rubio Domínguez (circa 1840), prima-hermana y cuñada de Cayetano Rubio, uno de los comerciantes y después el empresario más potentado de la primera mitad del siglo XIX en San Luis Potosí. Otra muestra de la estrategia matrimonial de los Gordoa en este periodo de transición a la era republicana fueron los matrimonios de algunos miembros de la familia con comerciantes mayoristas españoles. En 1829 Manuel Sánchez, presidente del Tribunal de Justicia, solicitó a doña Francisca Gordoa que reemplazara a Martín Bengoa, Juan del Castillo y Antonio Rodríguez como los poseedores de la fianza del caudal de sus hijos. Este caso muestra las relaciones que tenía la familia Gordoa con comerciantes mayoristas como Bengoa y Castillo.14 Otra muestra de la red de parentesco construida por los Gordoa es el matrimonio, en 1839, de María Asunción de la Gándara Gordoa con el comerciante mayorista español Manuel Fernández Alonso. Apadrinó este matrimonio su padre político Pedro de San Juan.15

Respecto a la tercera razón, creo que resulta de relevancia el hecho de que la elite novohispana no fue afectada de forma severa en la provincia de San Luis Potosí durante el movimiento de Independencia; de hecho, la mayoría de sus miembros se vieron más afectados con la llegada de extranjeros, de oficio comerciantes y mineros, durante la década de 1820, y por el surgimiento de comerciantes y mineros criollos en la misma década, que por la misma guerra de Independencia. Diversas familias en el país, dedicadas al comercio y otras actividades productivas, experimentaron el proceso de transición a la república de manera exitosa; esto fue resultado de estrategias de adecuación a las nuevas circunstancias y transformaciones importantes en sus prácticas mercantiles y financieras, así como una diversificación a otros sectores de la economía.16 Por último, y como cuarta razón, la familia Gordoa —además de sobrevivir políticamente y lograr una posición privilegiada— fue partícipe y beneficiaria de la recuperación económica que vivieron varias regiones del país durante las décadas de 1830 y 1840.17

El patriarca de la familia durante lo que he llamado la primera generación fue el Lic. Lugardo Antonio María Gordoa Loaiza, criollo nacido en la 1755 en Antequera, Oaxaca. Es posible afirmar que era tío de José Miguel Gordoa, terrateniente acaudalado residente en Zacatecas, pues juntos fueron propietarios de la hacienda de Malpaso, en Zacatecas, a principios del siglo XIX.18 Para este estudio me limitaré a revisar la rama familiar encabezada por Antonio María Gordoa, en virtud de que la información obtenida se centra fundamentalmente en sus propiedades, heredadas tanto a sus hijos de su primer como de su segundo matrimonios. Sin embargo, es importante no dejar de lado que su sobrino José Miguel poseyó una fortuna —originada sobre todo en la actividad minera— que al final del siglo XVIII se valuaba en 280 000 pesos, lo que en cierta medida le allanó el camino para participar de manera activa en la vida política, pues fue elegido el 29 de agosto de 1810, por cabildo de la ciudad de Zacatecas, para asistir como representante de la provincia a las Cortes Generales en Cádiz, España.19

Antonio María contrajo nupcias por primera vez en septiembre de 1793 con María del Carmen Bravo Patiño. Producto de este primer matrimonio vieron la luz seis hijos, ocho de ellos hombres y dos mujeres, quienes llevaron por apellidos Gordoa y Bravo (Tabla 3.1).

TABLA 3.1

GENEALOGÍA DE LA FAMILIA GORDOA Y BARRIOS Y DESCENDIENTES DE ANTONIO MARÍA GORDOA Y BARRIOS DE SU MATRIMONIO CON SU PRIMERA ESPOSA MARÍA DEL CARMEN BRAVO20

Iniciado el siglo XIX Antonio María enviudó y, una vez cumplido el tiempo prudente de guardar luto, se casó con doña Margarita Ruiz de Esparza. Con ella procreó cuatro hijos varones, quienes portaron el apellido Gordoa Ruiz de Esparza Calvillo (Tabla 3.2).

TABLA 3.2

GENEALOGÍA DEL SEGUNDO MATRIMONIO DE ANTONIO MARÍA GORDOA Y BARRIOS CON MARGARITA RUIZ DE ESPARZA CALVILLO

Basado en datos tomados de "Lugardo Antonio María Gordoa Loaiza", Geneanet, consultado el 23 de septiembre de 2015, http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en;p=lugardo+antonio+maria;n=gordoa+loaiza; y de GFP Box 1, Folder 11.

A la muerte de Antonio María en el año de 1834, su hijo Luis Gonzaga Gordoa y Bravo heredó el patriarcado y además se desempeñó como su albacea testamentaria. Lo anterior, tal vez por el hecho de haber sido —de entre los miembros de la segunda generación de la familia— el más destacado en lo económico, político e intelectual. Incluso pareciera ser que genéticamente heredó, por un lado, el don de mando de su padre Antonio María y, por el otro, la capacidad intelectual y política de su primo José Miguel, lo cual comento, a pesar de ser bastante especulativo, puesto que no hay evidencia de cómo se relacionó Luis G. Gordoa con su primo José Miguel; sin embargo, mostró las mismas dotes para la política. De hecho, la mayoría de los documentos consultados para esta investigación fueron parte de la propiedad de Luis G. Gordoa, quizá como consecuencia de su liderazgo familiar. La correspondencia, los borradores de discursos políticos, los reportes de los negocios y de las haciendas de la familia lo tienen a él como autor o destinatario.21

Los Gordoa podrían considerarse como una familia sustentada en la estructura común entre las familias de la elite de la primera mitad del siglo XIX. Dichas estructuras y su funcionamiento fueron en gran medida legados del periodo virreinal.22 En esta familia podemos encontrar un esquema patriarcal donde Antonio María Gordoa, cabeza de familia durante la primera generación, fue quien inició el proceso de acumulación de capital que dará como resultado la creación de una fortuna considerable. A su muerte, a finales de 1834,23 heredó —como ya se dijo— este liderazgo a uno de sus hijos, Luis G. Gordoa, el segundo del primer matrimonio, quien respetó en todo momento el papel preponderante que tuvo Margarita Ruiz de Esparza, segunda esposa de Antonio María. El heredero continuó con la administración de los bienes —pues era la testamentaria—, sin que éstos hubieran sido necesariamente fragmentados. De hecho, la evidencia documental demuestra que los bienes no se dividieron incluso antes de la muerte de Luis G. Gordoa en 1846. Las familias de la elite buscaban consolidar sus posesiones y promover al mismo tiempo un sentido de unidad e identidad familiar. Seguían un patrón de posesión de bienes basado en una ley novohispana que limitaba la herencia en una línea o clase específica de herederos; esta forma de evitar la disolución de los bienes heredados se conocía como mayorazgo.24 Reitero que entre lo que considero que fue heredado por la familia Gordoa de las tradiciones y estructuras familiares novohispanas al periodo republicano resalta la forma como se dividieron los bienes de la familia y los gananciales a la muerte de Antonio María. Ello implicó, en el caso de la muerte del patriarca, la división de la herencia en dos partes, la materna y la paterna. En proporción, como se verá más adelante, correspondió una mayor parte a la segunda viuda, Margarita Ruiz de Esparza, y sus hijos recibieron, además de su proporción, las acostumbradas mejoras del quinto y tercio en los años posteriores.

Por otro lado, se acostumbraba la centralización de la autoridad en un patriarca, lo que evitaba la competencia por el liderazgo entre miembros de la misma familia y permitía movilizar recursos para el propio bien de ésta, con lo que se buscaba un bienestar a largo plazo.25 Los Gordoa, hasta donde se sabe, buscaron organizar sus negocios y operaciones mercantiles en torno a un solo patriarca. De acuerdo con la tradición, la persona que se convertía en el patriarca era quien tomaba las grandes decisiones a menudo “no sólo sobre aspectos económicos, sino también sobre asuntos tales como los cónyuges y las carreras de otros miembros de las familias”, lo que generaba complejas relaciones de dependencia.26 Ejemplo de lo anterior se puede ver en la correspondencia que mantuvieron Francisco Ignacio y su hermano menor Francisco Javier Gordoa durante los años de 1836 y 1837. Este último se encontraba estudiando en Mansion Home Academy, en Hammersmith, Inglaterra, en donde tenía como objetivo mejorar sus conocimientos en el dibujo, la música y otras actividades casi exclusivas para los miembros de la elite. En una de las cartas, Francisco Ignacio, en un tono por completo patriarcal, le dice a su hermano menor que “será muy mal visto el que vuelvas a la patria, y al seno de la familia, sin haber adquirido los conocimientos que con tanta facilidad se adquieren en Europa en las circunstancias en que tú estás”,27 y más adelante le reiteraba: “Ten siempre presente lo bochornoso que es volver uno a su país sin más ventaja que haber visto materialmente la Europa”.28

Desafortunadamente han perdurado escasos documentos de la correspondencia que intercambiaban entre sí los miembros de la familia. De lo poco que he logrado revisar se pueden percibir las peculiaridades de la relaciones entre ellos, que en algunos casos eran, como ya lo he referido, de dependencia. El mensaje ya descrito de Francisco Ignacio a su hermano me permite hacer varias conjeturas sobre la percepción que tenía la familia de sí misma y la manera en que se practicaban las relaciones entre los miembros. En efecto, el tono de Francisco Ignacio es patriarcal y de ese tono resalta el hecho de que utilice tres conceptos: la patria, el seno de la familia y las circunstancias en las que se encuentra Francisco Xavier en Europa. En primer lugar, la mención de patria y seno de la familia es sin duda el referente de pertenencia, pues Francisco Xavier se encuentra fuera de ambas, pero creo que Francisco Ignacio no utiliza el concepto nada más por hacer referencia al lugar de nacimiento y pertenencia, sino del ser político al que contribuyen en su construcción, es decir, su viaje a Europa es parte de su formación para servir y seguir construyendo la patria una vez que se haya dado su reincorporación al seno de la familia. Pero ese servicio y construcción se realizan desde una posición privilegiada, la cual tiene su fundamento en el seno de una familia acomodada, pues Francisco Ignacio hace referencia a “las circunstancias en que tú estás”, es decir, de privilegio, pues eran pocas las familias que podía costear ese tipo de estancias para sus miembros.

En otra parte del texto, Francisco Ignacio menciona ser consciente del viaje que Francisco Xavier realizará de Londres a París, y —como muestra de autorreconocimiento como clase acomodada— le solicita la adquisición de varias cosas, las cuales transcribo por ser de importancia para mi argumento:

Me alegro que no se le hayan olvidado los vodeviles29 que le encargué, pero procura que sean los más modernos y más bonitos, y de los que hayan tenido más aceptación y aplausos en esos teatros. El mismo encargo le hago respecto a comedias nuevas, pues si bien las de Molière de que me hablas son obras maestras, ya las he leído y he visto representar algunas, y yo busco piezas de teatro nuevas, y de mérito. Si pudieres, esto es, si no le faltare dinero, le agradeceré mucho me compres una buena flauta de ébano, y música de [Gioacchino] Rossini para una y dos flautas. Así para esto como para las piezas de teatro es de necesidad te valgas de un inteligente, para que no le engañen en los precios, y compres con comodidad, y una cosa de gusto.30

Francisco Ignacio está al tanto de lo que acontece en Europa, conoce las tendencias literarias, musicales y teatrales, y de ahí que tenga conocimiento y claridad de lo que le está solicitando a su hermano Francisco Xavier. Sin duda, hace su solicitud con conocimiento de causa; no es fortuito que comente que ya ha leído las obras de Molière y que desea la música de Rossini y una flauta de ébano.

Por otro lado, Francisco Ignacio pone al tanto a Francisco Xavier de lo que acontece en el seno familiar y en la patria. “En casa que es de Dios no hay novedad; Silverita, Angelita, Julio, Carmencito, todos están buenos y te saludan afectuosamente. José María se fue con su familia a Aguascalientes […] Luis está bueno en Zacatecas, lo mismo San Juan y su familia”.31 Respecto a la patria, Francisco Ignacio le comenta sobre la posible llegada del Gral. Anastasio Bustamante a Veracruz a finales de 1836 y su probable triunfo en las elecciones para presidente de la república. “En cuanto a Santa Anna, que, como ya sabe, continúa preso por los colonos de Texas, se dice mucho que lo han puesto libre. Yo no lo creo, pero está tan válida la noticia que por eso se la comunico”.32 Francisco Ignacio continúa comentando las noticias sobre la patria a Francisco Xavier y destaca su opinión sobre la guerra con Texas: “Bravo (el general) pasó por aquí de general en jefe de un nuevo ejército contra los tejanos, mucho mejor que el que llevó Santa Anna, esto es, más numeroso, equipado y provisto, con un tren de artillería inmejorable. Si esta expedición se desgracia como la pasada, ya se puede prescindir de Tejas, no por falta de justicia, sino de potencia, pues ya no será posible levantar un ejército igual”.33

Otro tipo de cartas intercambiadas, sobre todo entre mujeres de la familia, describen sus preocupaciones e intereses. Mariana Rubio, esposa de Luis G. Gordoa —casados en la ciudad de México en 1840— escribió a su hermana Dolores (sobrina y segunda esposa de Cayetano Rubio) que padecía de cierto dolor en la cintura y le pedía que le prestara un “libro bonito que leer”.34 En otra carta, escrita a finales de septiembre de 1846 por María Dolores Rubio desde la ciudad de México a su hermana Mariana, le comenta que ha pasado a su casa en dicha ciudad para tomar las cosas que le pidió y que le enviará a San Luis Potosí. “He venido a tu casa para mandarte lo que me pides, van los dos vestidos, la mascada negra, los zapatos de cuerito, la camisa y los pares medias de Gordoa, tus calzoncillos y naguas de armar”,35 entre otras cosas. Por último, en otra carta, Dolores de nuevo le escribe a Mariana para expresar sus sentimientos sobre su estancia en Querétaro. Dolores escribe que ella y Cayetano se irán a vivir a la fábrica por unos meses: “Para mí es lo mismo la fábrica que Querétaro, y todavía está más alegre la fábrica que aquí, pues el patio está con árboles y flores, y hay una pila en medio del patio, y para nosotras las mujeres, ya conocerás por ti misma que estando alegre la casa no importa lo demás, pues no saliendo a la calle, como a nosotras nos sucede, no le importa a uno sea fea o bonita la parte donde uno está”.36

La correspondencia también se dedicaba a informar a los miembros de la familia sobre el estado de los negocios, así como para brindar noticias que pudieran ser de utilidad para la toma de decisiones. En mayo de 1846 Antonio Eugenio Gordoa escribió a su hermano Luis una carta en la que explicaba sobre los problemas de salud de doña Mariquita su esposa, así como sobre la trasquila de ganado que se hizo en la hacienda de San Ignacio del Maguey. Comenta Antonio Eugenio que le parece que la trasquila es corta en relación con la realizada en Rancho Grande —otra de sus propiedades—. “En Rancho Grande se cosecharon, según me ha dicho, cerca de siete mil arrobas de lana, es verdad que hay 80 000 cabezas, pero yo creo que el Maguey debe tener lo menos 60 000”.37 Un mes después, Pedro de San Juan escribió a su cuñado Luis G. Gordoa para poner de su conocimiento varios asuntos de interés para sus negocios. En un tono afable por completo, le dice: “Mi estimado compadre y amigo: contesto a su muy apreciable fecha 17 del corriente [junio de 1846] diciendo que yo supongo en su poder las consabidas libranzas tachadas y que ya no hacen fe”.38 Más adelante, Pedro de San Juan le agradece a Luis el pago que hizo de las colegiaturas de la escuela de sus niños, y entonces entra en materia de negocio, pues comenta sobre una libranza de doscientos pesos que envió desde 1843 y que no puede dar razón de ella debido a la quiebra de la compañía de Francisco Hartog, comerciante importador de origen alemán radicado en la ciudad de San Luis Potosí; esta libranza era contra la compañía de Hartog. San Juan también comenta sobre el problema en que se vio envuelto el Gral. Valentín Amador, pues “lo sentaron con diez mil pesos que perdió por la ambición del agiotaje”.39 Por último, San Juan explica a Gordoa que envía adjunta una libranza por quinientos pesos emitida por el comerciante mayorista Ignacio Muriel contra la firma Muriel Hermanos, ubicada en San Luis Potosí. Solicita San Juan el cobro de dicha libranza. Como se puede ver, la correspondencia tenía múltiples usos, y para interés de este capítulo me ha permitido describir algunos aspectos de la relaciones entre los miembros de la familia Gordoa. En el siguiente apartado indago sobre el origen de la fortuna de los Gordoa.

LOS ORÍGENES DE LA FORTUNA

Se puede rastrear el inicio de la fortuna de Antonio María Gordoa durante la primera década del siglo XIX. Su lugar de residencia antes de 1800 era el Real de Pinos, hoy parte del actual estado de Zacatecas. En el Real de Pinos, Antonio María se dedicaba a la minería, pues cada año compraba en el almacén de azogue de la Real Hacienda entre diez y veinte quintales de este mineral, el cual utilizaba para beneficiar los minerales que de seguro obtenía por su giro. A partir de 1800 Antonio María cambió su residencia a Real de Catorce, en donde continuó con el mismo giro. Henry G. Ward comenta que en su visita a Real de Catorce, entonces distrito minero perteneciente a la intendencia de San Luis Potosí, pasó por distintas minas como La Purísima, Dolores Trompeta, Zavala y La Luz o El Refugio. Al llegar a esta última tuvo conocimiento de que el propietario de la mina era el Lic. Antonio María Gordoa. “De Dolores Trompeta nos dirigimos por el Potrero hasta la mina del Refugio o La Luz (se le conoce por los dos nombres), denunciada en 1804 por el licenciado Gordoa”.40 Esta mina —comenta Ward—casi se arruinó durante los primeros años, lo que requirió de una inversión que no redituó las utilidades esperadas. No es claro el origen de los recursos invertidos a partir del denuncio, pero es seguro que Antonio María haya acumulado cierto capital producido por sus negocios, o incluso pudo haber sido sujeto de crédito, pues Benito Campero, fiador y prestamista radicado en San Luis Potosí, fungió como representante y fiador durante varias décadas ante la Real Hacienda.41 Fue a partir de 1808 cuando comenzó la mejor bonanza que perduró algunos años. La mina produjo metalíferos de manera constante y con pequeñas bonanzas —y con ciertos intervalos de borrasca— hasta mediados del siglo XIX. Durante los años de la gran bonanza de la década de 1800, Antonio María adquirió una fortuna cercana —según cálculos de Ward— al millón de pesos, lo que le permitió adquirir la hacienda de Malpaso en Zacatecas por la nada despreciable cantidad de 700 000 pesos.42 De ser cierta la versión que Ward nos proporciona sobre el denuncio de la mina por parte de Antonio María en 1804, así como la productividad de un millón de pesos a partir de 1808, se podría suponer que el origen de su fortuna proviene de esta mina en Real de Catorce. Cabe aclarar que las fuentes consultadas no ofrecen datos sobre el capital con el que contaba Antonio María antes de la bonanza descrita, simplemente nos indican que se dedicaba a la minería en el Real de Pinos desde la última década del siglo XVIII y que continuó con dicho giro cuando cambió su residencia a Real de Catorce y denunció la mina en 1804. De igual forma no he podido precisar si su negociación fue afectada de manera directa por el movimiento de independencia durante la década de 1810, aunque cierta evidencia podría hacer suponer que no fue afectada, sino, por el contrario, se podría fundamentar la presencia de una bonanza. Antonio María compraba de dieciocho a veinticinco quintales de mercurio por año hasta antes de 1805. A partir de ese año su fiador Benito Campero comenzó a comprar cantidades mayores de mercurio; entre 1805 y 1808 compró poco más de treinta quintales al año; en 1811 Campero hizo suya la deuda de 333 quintales en nombre de Antonio María; al año siguiente hizo lo mismo, pero ahora por 363 quintales. Esto indica que la extracción de minerales de la mina de Antonio María se había incrementado de forma considerable. Si un quintal de mercurio refinaba más o menos un marco de plata, entonces tenemos que de dieciocho quintales que refinaban dieciocho marcos de plata antes de 1805; para 1812 Antonio María adquirió azogue para refinar más de trescientos marcos de plata, que en su conversión a pesos superaba los 250 000.43

Sin duda, a Antonio María le llegó el golpe de suerte que todo minero está siempre esperando; sin embargo, el negocio de la minería se caracterizaba por sus vaivenes, que ponían en riesgo tanto el capital invertido como las ganancias obtenidas; pese a estos riesgos, continuó reinvirtiendo capital a la mina con la que inició su fortuna. Por ejemplo, los años de 1815 y de 1817 fueron difíciles en la mina de Nuestra Señora del Refugio debido a que la profundidad en los niveles más bajos era cada vez mayor.44 Ildefonso Díaz de León, minero acaudalado de Real de Catorce y primer gobernador de San Luis Potosí, fungía durante esos años como representante de Antonio María Gordoa en el distrito minero. A encargo de Gordoa, emprendió un proyecto para facilitar el acceso a la mina y a su vez contribuir a desaguar los niveles más profundos. El proyecto consistía básicamente en abrir un socavón en la parte baja del cerro, lo que implicaba perforar poco más de cuatrocientas varas de manera casi horizontal. Para 1822 este socavón se comunicó con uno de los tiros de la mina, lo que permitió el inmediato desagüe, así como una mejor comunicación con las labores superiores. A pesar de estos esfuerzos, la mina de plata no siempre rindió los frutos deseados. En 1825 las ventas semanales de la mina llegaban a los 20 000 pesos, cantidad nada despreciable; sin embargo, en 1826 —explica Ward— la mina no estaba de buenas, y de hecho tuvo un déficit en ese año de tres o cuatro mil pesos.45

A pesar de la inversión en la mina y su bonanza, al menos temporal, parece ser que Antonio María dejó de frecuentarla debido a un cambio de residencia, la cual alternaba entre la ciudad de San Luis Potosí y una de sus haciendas. Para sustituir su ausentismo contrató los servicios —como ya se mencionó— de Díaz de León, quien desde varios años atrás actuaba como su representante en este negocio. Ward explica que cuando comunicó su deseo por conocer al Lic. Gordoa, la respuesta fue que él no frecuentaba la mina. “Mi deseo de conocer a su propietario disminuyó mucho al saber que durante catorce años no había visto su mina y ni siquiera había tenido la curiosidad de visitar las hermosas obras que han sido ejecutadas allí por sus agentes”.46 Este ausentismo se puede explicar con la simple razón de que en tanto su negociación siguiera produciendo lo deseado no era necesaria su visita. De seguro Gordoa no estaba muy dispuesto a abandonar las comodidades de su casa en San Luis Potosí o de su recién adquirida hacienda agrícola y ganadera en Zacatecas. De hecho, Ward afirma que fue enterado de que Antonio María “ahora teme incurrir aun en el menor gasto que no pueda cubrir la misma mina, y el administrador me informó que en caso de que transcurran otros seis meses sin utilidades probablemente abandonará todo el establecimiento”.47 Esto evidentemente no sucedió, pues, como veremos más adelante, la mina que originó la riqueza del patriarca continuó con sus bondades y permaneció como propiedad de la familia Gordoa hasta finales del siglo XIX.

LAS PROPIEDADES FAMILIARES

El acceso a diversos documentos, aún disponibles para los historiadores, tales como inventarios y cuentas de partición de bienes, posibilita en cierto grado tener conocimiento de cuáles fueron las propiedades de la familia a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Quizá el documento que mejor información ofrece sobre los bienes de la familia es la “cuenta de división y partición de los gananciales obtenidos de los bienes de Antonio María Gordoa”, realizada en 1845.48 Esta cuenta incluye los años de 1832, a partir del mes de septiembre, hasta finales de 1836. En ella se puede apreciar que los “gananciales o cuerpo de bienes” suman la cantidad de 154 384 pesos. No he podido esclarece por qué Antonio María, todavía en vida en septiembre de 1832 procedió a determinar la división de los gananciales de la propiedades; tampoco he podido precisar por qué los documentos en donde se registran estos gananciales y las propiedades fueron elaborados, reelaborados o revisados en el año de 1845. Lo que sí es claro es que la repartición de gananciales correspondió a lo producido por los negocios y propiedades de septiembre de 1832 hasta finales de 1836.

Las propiedades registradas, sus productos y sus valores corresponden a las tres haciendas de la familia localizadas en el estado de Zacatecas: Malpaso, Rancho Grande y Ciénega, la mina y socavón de Nuestra Señora del Refugio en Real de Catorce, San Luis Potosí, la casa en la calle de la Concepción en la ciudad del mismo nombre y los esquilmos y encomiendas propiedad de Margarita Ruiz de Esparza localizados en Zacatecas y Guadalajara (Tabla 3.3).

TABLA 3.3

FRAGMENTO DE LA “CUENTA DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE LOS GANANCIALES HABIDOS EN LOS BIENES DEL FINADO SEÑOR LICENCIADO DON ANTONIO MARÍA GORDOA DESDE DICIEMBRE DE 1832 HASTA FIN DE 1836”.

Nombre de la propiedad

Localización

Valor

Utilidad al momento de la partición de bienes

Observaciones

Hacienda de Malpaso

Zacatecas

496 221

68 097

La utilidad corresponde a la diferencia a favor entre el inventario del año de 1832 por un valor de 428 151 pesos

Hacienda de Rancho Grande

Zacatecas

38 393

38 394

Esta cantidad es el valor de la hacienda según el inventario de 1832. La hacienda fue adjudicada en su totalidad en ese mismo año a los cuatro hijos del segundo matrimonio

Por los esquilmos de Rancho Grande y Malpaso y encomiendas en Guadalajara y Zacatecas recibidos por doña Margarita Ruiz de Esparza

Zacatecas y Guadalajara

30 605

Esta utilidad corresponde a lo producido en los años de 1835 y 1836

Renta de la Hacienda de Ciénega

Zacatecas

4 800

Esta hacienda tenía como inquilino a Pedro de San Juan, segundo esposo de Francisca Gordoa. La renta corresponde a los años de 1835 y 1836

Mina y Socavón de Nuestra Señora del Refugio

Real de Catorce, San Luis Potosí

10 088

Esta cantidad corresponde a la ganancia producida en el año de 1834

Casa de doña Margarita en la Calle de la Concepción

San Luis Potosí, capital

2 400

La renta anual por esta casa era de 1 200 pesos. Los 2 400 son el ingreso neto de los años de 1835 y 1836

TOTAL GANAN

CIALES

154 384

Fuente: GFP, caja 1, fólder 11.

Acorde con los datos proporcionados por esta partición de los gananciales, la totalidad de las propiedades obtuvieron ganancias, las cuales se reinvirtieron en los mismos negocios, por lo que incrementaron su valor de capital. Los datos obtenidos corresponden, como ya lo he explicado antes, al periodo de 1832 a 1836 y son el resultado de la división de gananciales especificada por Antonio María Gordoa en 1832. La hacienda de Malpaso en Zacatecas, valuada en 1832 en 428 151 pesos obtuvo una utilidad por 68 097 pesos, lo cual a su vez incrementó su valor en libros por la misma cantidad en un lapso de cuatro años. Lo mismo sucedió con la hacienda de Rancho Grande, mientras que la renta obtenida por la hacienda de Ciénega generó 4 800 pesos. Por otro lado, doña Margarita obtuvo ganancias considerables por los esquilmos producidos en Rancho Grande, Malpaso y las encomiendas de Guadalajara y Zacatecas durante los años de 1835 y 1836. El monto ascendió a 30 605 pesos.

Las propiedades localizadas en San Luis Potosí presentaron un desempeño similar. La Mina y socavón del Refugio en Real de Catorce produjo 10 088 pesos tan sólo durante el año de 1834, mientras que la casa ubicada en la esquina de la calle de la Concepción en la ciudad de San Luis Potosí produjo como renta 2 400 pesos durante los años de 1835 y 1836, es decir, 1 200 pesos por año. Dada la ubicación de esta casa, justo en el centro de la ciudad, es posible pensar que se valuaba en alrededor de 24 000 pesos. Por lo regular el monto anual de la renta de este tipo de inmuebles correspondía al 5% de su valor, por lo que se puede considerar que la cifra calculada no esté muy fuera de la realidad.49 Usualmente los dueños de las propiedades urbanas y rurales buscaban obtener rentas lo más cercano posible a la tasa convencional del 5% de ganancia sobre capital.50

En el total de estos gananciales se incluyen las deudas activas, que eran por un monto de 7 733 pesos; sin embargo, algunas de éstas ya habían sido pagadas al momento de la partición, por lo que no se hace a la ganancia total una deducción. Resalta el hecho de que entre los deudores figuran tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, así como particulares. Por ejemplo, se registra la deuda de un préstamo forzoso de 1 500 pesos contra la hacienda de Malpaso por parte del gobierno federal en 1833; en 1835 la misma hacienda entregó en préstamo paja y mulas al gobierno de Zacatecas por un monto de 1 879 pesos, mientras que en la cuenta de Rancho Grande aparece un préstamo forzoso por 1 750 pesos en el año de 1833 y uno más que “exigió” el gobierno de Fresnillo en 1836 por 100 pesos. Los deudores particulares de las haciendas de los Gordoa tenían, por su parte, la peculiaridad de que no sólo residían en las ciudades y estados de Zacatecas y San Luis Potosí, baste mencionar una deuda considerable de 1 405 pesos dos reales por parte de Higinio Portugal, vecino de Lagos en el estado de Jalisco, hacia donde enviaban productos como saleas y ganado menor.51

Por otro lado, la partición de los gananciales se hizo de manera equitativa entre los seis herederos del primer matrimonio. A doña Margarita, además de su parte proporcional, se le mejoró con “el quinto que le quedó por el testamento”, y los cuatro hijos del segundo matrimonio fueron beneficiados con la mejora de “un tercio”.52 La partición, por ende, y para hacerla más inteligible, quedó como aparece en la Tabla 3.4.

TABLA 3.4

“HABERES DE LOS INTERESADOS” DE ACUERDO A LO CALCULADO EN LA “CUENTA DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE LOS GANANCIALES HABIDOS EN LOS BIENES DEL FINADO SEÑOR LICENCIADO DON ANTONIO MARÍA GORDOA DESDE DICIEMBRE DE 1832 HASTA FIN DE 1836”

Miembro de la familia

Ganancia

Quinto que le quedó por el testamento a doña Margarita y por el tercio mejorado a los cuatro hijos del primer matrimonio

Total ganancia

Doña Margarita Ruiz de Esparza de Gordoa

77 192

15 438

92 630

José María Gordoa Ruiz de Esparza

4 116

5 146

9 263

Francisco Gordoa Ruiz de Esparza

4 116

5 146

9 263

Juan Gordoa Ruiz de Esparza

4 116

5 146

9 263

Antonio María Gordoa Ruiz de Esparza

4 116

5 146

9 263

Antonio Eugenio Gordoa y Bravo

4 116

0

4 116

Luis G. Gordoa y Bravo

4 116

0

4 116

A la testamentaria de doña María Francisca Gordoa y Bravo

4 116

0

4 116

Francisco Ignacio Gordoa y Bravo

4 116

0

4 116

Testamentaria de Francisco Javier Gordoa y Bravo

4 116

0

4 116

TOTAL

154 3841*

Fuente: GFP, caja 1, fólder 11.

Las cantidades las he pasado a sistema decimal, por lo que hay variaciones mínimas en la relación centavos-reales-granos. Consideré un peso igual a ocho reales y un real igual a diez granos, aunque redondeé la cantidad al peso más cercano.

Las propiedades registradas en esta partición incrementaron su valor o produjeron más de 150 000 pesos en un periodo de dos años y un par de meses, es decir, alrededor de 70 000 pesos anuales. Sin embargo, resalta el hecho de que no hayan sido consideradas en esta partición otras propiedades como la hacienda de San José del Maguey, localizada en el estado de Zacatecas. Es probable que no se consideren las ganancias de esta hacienda debido a que —según la documentación— la propiedad fue heredada en su totalidad, en 1834, por los hijos del primer matrimonio. Esto explica la presencia, como accionistas de esta hacienda a partir del año de 1835, de Luis G. Gordoa, Francisco Ignacio Gordoa, José María Gordoa y Francisco Javier Gordoa.53

A pesar de no encontrarse en dicha partición de bienes, por fortuna localicé alguna documentación de la hacienda de San José del Maguey, con lo que puedo afirmar que en su inventario para el año de 1834 ésta tenía un valor de 412 298. Al año siguiente el nuevo inventario importó la cantidad de 411 924 pesos, cuatro reales, dos granos. Como resultado de la comparación de ambas cantidades resultó un desfalco por 374 pesos al administrador Juan José Medina.54 Es decir, ese año de 1835 no se obtuvieron gananciales sino, por el contrario, se presentó una pérdida que tuvo que ser saldada en el año de 1836.

Un cálculo aproximado del valor de las propiedades de los Gordoa durante la década de 1830, tanto en su rama de los Gordoa y Bravo como en la rama de los Gordoa Ruiz de Esparza, sin duda está muy cerca del millón de pesos. Simplemente la hacienda de Malpaso, en 1836, tenía un valor en libros por 496 221 pesos, mientras que la hacienda de San José del Maguey en 1835 se valuaba en 411 924 pesos. A esas cantidades habría que agregar el valor de la hacienda de Rancho Grande, que en 1832 era de 38 393 pesos; el de la casa en la calle de la Concepción, por alrededor de 24 000 pesos; y el de la mina del Nuestra Señora del Refugio en Real de Catorce, que, según inventario levantado en 1835, tenía un valor de 24 974 pesos.

Del análisis del valor de las propiedades de la familia Gordoa salen a relucir al menos tres aspectos concluyentes. Primero, destaca el hecho de que el valor de las propiedades era próximo al millón de pesos; este hecho, trasladado al esquema de Kicza, posiciona a la familia Gordoa dentro de las grandes familias, mientras que dentro del modelo de Chowning supera en gran medida el valor de un activo de 20 000 pesos y la renta anual que éste podría producir en un año. Segundo, las rentas que proporcionaban estas propiedades produjeron año con año con poco más de 70 000 pesos, es decir, entre 7 y 7.5% de “retorno de capital”.55

Resalta también el hecho de que la repartición individual de los gananciales muestra una gran inequidad. Por ejemplo, doña Margarita Ruiz de Esparza Gordoa tuvo una ganancia por más de noventa mil pesos, mientras que sus hijos obtuvieron poco más de nueve mil pesos, es decir, un equivalente al diez por ciento de lo ganado por la madre. En tanto, los hijos del primer matrimonio recibieron poco más de cuatro mil pesos por su herencia paterna y un desfalco de trescientos pesos en la Hacienda de San José del Maguey.56 Ciertamente, la utilidad producida por las propiedades en el lapso de dos años es en verdad considerable; sin embargo, en la repartición la viuda es quien recibió la mayor parte, mientras que los herederos paternos fueron beneficiados más o menos con sólo el cinco por ciento de lo obtenido por su madrastra.

Destaca la tendencia a la indivisibilidad de las propiedades de la familia. Al menos hasta mediados del siglo XIX las modificaciones en la estructura y membresía de los accionistas fueron mínimas. Para ser partícipe de los negocios era necesario ser miembro de la familia, ya fuera por vínculos de sangre o por matrimonio. Las alteraciones que se presentaron en las membresías de los accionistas en los negocios de la familia obedecieron en todos los casos a motivos naturales e inevitables como la muerte. Es decir, sólo se modificó el número de socios cuando uno de ellos fallecía. En algunos casos las acciones correspondientes al difunto se repartían de manera equitativa entre todos los hermanos carnales o en específico a uno de ellos.

Por último, es evidente que el incremento en el valor de las propiedades y en las ganancias obtenidas por los Gordoa ocurren durante la década de 1830, cuando la economía presenta un crecimiento, justo cuando los comerciantes de diferentes países inmigran a las ciudades provinciales como San Luis y junto con ellos se incrementa el tráfico de mercancías en la ruta entre San Luis y el puerto de Tampico. En la siguiente parte de este capítulo detallo cómo era la actividad de los negocios familiares, lo que en mi opinión suma un elemento más de evidencia que comprueba mi planteamiento del crecimiento económico durante las décadas de 1830 y 1840.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA

La hacienda de Malpaso, la dualidad minero-rural

La tarde del primero de agosto de 1826 G. F. Lyon llegó junto con sus acompañantes a la hacienda de Malpaso, colindante con la población de Jerez, Zacatecas, la cual le pareció una pequeña aldea con un paupérrimo mesón. Al husmear por la hacienda se percató de que en la casa grande se encontraba Antonio María y su segunda esposa, Margarita, a quienes describió como “un rico y anciano caballero de setenta años al que vimos sentado en su balcón, con la cabeza amarrada con sucio pañuelo, acompañado por su esposa, una joven de veinticinco”.57 Lyon y sus acompañantes observaron, junto a la casa grande, una bella iglesia con seis campanas montadas sobre “una rústica hilera de bajos andamios frente a ella”.58 Cerca de la iglesia, algo que llamó poderosamente su atención fueron las pieles disecadas de cinco pumas o leones mexicanos, cuatro cachorros de león, doce lobos grises y dos negros.59 Impresionado por lo que encontró en la hacienda, se dispuso a elaborar un dibujo de lo que tenía ante sus ojos; sin embargo, no pudo iniciar su bosquejo puesto que “fuertes gritos de ‘¡pleito!, ¡pleito!’ brotaron de la callecita de las cabañas de los vaqueros”.60 Los gritos se debían a un enfrentamiento entre tres trabajadores de la hacienda que estaban golpeándose y apuñalándose entre sí. Al punto fueron separados y llamados a la casa grande, cubiertos de sangre y con heridas en diferentes partes del cuerpo.61

Lyon presenció en Malpaso dos aspectos de la vida en una hacienda mexicana: por un lado, la tranquilidad del propietario, sentado en un balcón de la casa grande, acompañado de su joven esposa; y por el otro, lo rústica y agresiva que era la vida de los trabajadores de una hacienda dedicada a la agricultura y a la ganadería. Trabajadores dedicados a largas jornadas bajo el sol y expertos en la cría y manejo de los animales es tal como describe Lyon a los operarios de la hacienda. De hecho, impávido, observó el procedimiento con que hábilmente se derribaron y marcaron con el hierro los 120 caballos que necesitaba para continuar con el viaje y que compró al propietario de la hacienda.

La hacienda de Malpaso ha sido considerada por Langue dentro de su esquema interpretativo de las haciendas mexicanas como una “unidad económica y social”. Tiene además —en su opinión— las características propias de las posesiones de los grandes mineros de mediados y finales del siglo XVIII y que siguieron operando como tales unidades a lo largo de la primera mitad del XIX. Estas haciendas lograron un desarrollo estable dado el aprovechamiento que se hacía de sus recursos agrícolas y ganaderos, y de la oportunidad que ofrecían, dada su localización, para surtir mercados urbanos y zonas mineras cercanas. En un intento por incorporar la hacienda de Malpaso en un esquema más desarrollado y preciso que el planteado por Langue, podría afirmar que es en efecto una hacienda, ya que muestra la combinación de las variables como uso de capital y trabajo, disponibilidad de tierra, desarrollo de mercados fundamentalmente urbanos y uso de cierta tecnología; aunada a estas variables se da la condición de las grandes dimensiones (en tierra, trabajadores y capital invertido): “Todas estas variables en combinación, más el agregado de la gran dimensión en el tamaño […] contituyen entonces una definición de lo que era una hacienda y de lo que en ella se hacía. La gran propiedad rural del periodo colonial tardío era, por lo tanto, más un conjunto de relaciones o sistemas interconectados que una entidad con características exclusivas y determinadas”.62

La hacienda de Malpaso, ya definida como tal, posee además la dualidad —minero-rural— de las inversiones hechas por la elite económica a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.63 De hecho, Malpaso había pertenecido desde tiempo atrás a una serie de propietarios especializados en la minería. Esta hacienda “fue sucesivamente propiedad de los condes de Santa Rosa, de su acreedor J. A. Díaz de la Campa (por la cantidad de noventa mil pesos); y después de la familia Aristoarena, de Manuel de la Borda, Ventura de Arteaga, Alejandro Pemartín, con toda probabilidad de Marcelo de Anza, para terminar en manos de Fermín de Apezechea a principios del siglo XIX y, en vísperas de la Independencia, tras la partida de los peninsulares, en las de la familia Gordoa”.64

Además de ser esta hacienda un ejemplo de las unidades económico sociales de las que habla Langue y de presentar una dualidad minero-rural, esta unidad de producción era ejemplo de la inversión que los mineros y comerciantes hacían de su dinero buscando un negocio menos riesgoso que la minería pero que continuara rindiendo ganancias.65 Es decir, no necesariamente invertían sus capitales en la tierra siguiendo un esquema de trasladar su dinero de una actividad riesgosa como la minería —orientada a la obtención de ganancias— a una actividad económica orientada de manera principal a mantener e incrementar el prestigio social. Invertían su dinero en la tierra porque ésta continuaba rindiendo utilidades.66 Tan sólo basta observar la conducta ascendente del valor de la hacienda desde finales del siglo XVIII hasta mediados de la década de 1830. La buena calidad de las tierras, la disponibilidad de agua y la calidad del ganado hicieron que el valor de la hacienda tuviera una tendencia al alza desde finales del siglo XVIII. En 1790, cuando era propiedad del minero Manuel de la Borda, el valor estimado de la hacienda era de 240 000 pesos.67 En la década de 1810 Antonio María Gordoa adquirió esta hacienda —según lo afirma Ward— por la cantidad de 700 000 pesos.68 Es muy probable que haya un error en la cantidad mencionada por Ward, sobre todo porque la hacienda tenía un valor de 240 000 pesos a finales del siglo XVIII y de casi medio millón en la década de 1830. La documentación no muestra el valor de la transacción de compra por parte de los Gordoa; sin embargo, debió de haber sido de alrededor de 300 000 pesos, no obstante que esto es sólo especulativo, aunque es un monto que bien pudo haber sido cubierto por una bonanza minera de alrededor de medio millón de pesos. De igual forma pareciera ser que el incremento en el valor de la propiedad es pasivo, es decir, resultado de un efecto generalizado en el incremento del valor de la tierra, mas no activo, lo cual sería un incremento en el valor resultado de una continua inversión de capital. Veintidós años después, en 1832, incrementó su valor en casi un cien por ciento —en relación con 1790—, pues se valuó en 428 164 pesos. Cuatro años más tarde la hacienda seguía incrementando su valor; un nuevo inventario indicaba que tenía un valor en libro por 496 224 pesos, es decir, 68 096 pesos más que el inventario de 1832.69 Es evidente en este caso cómo la adquisición de la hacienda de Malpaso fue una inversión en tierra, la cual, si bien era más estable que la inversión en la minería, rendía ganancias nada desdeñables. La documentación permite asimismo afirmar que las ganancias de la hacienda provenían de la venta de sus productos y no de una fuente alterna como lo fueron los arrendatarios en varias haciendas del Bajío;70 esta fuente alterna en el caso de Malpaso fue en verdad un ingreso marginal.

La hacienda de Malpaso resultó ser entonces una adquisición de tierra realizada por Antonio María en un momento en que la minería le proporcionaba una bonanza; resalta el hecho de que la bonanza se dio justo dos años después de iniciado el movimiento de independencia, lo cual puede precisar la marginalidad de Real de Catorce en relación con el movimiento armado. De igual importancia resulta la utilidad generada por la hacienda de Malpaso dentro del periodo de 1832 a 1836. En cuatro años incrementó su valor en casi un quince por ciento, a contracorriente en un periodo que ha sido considerado como de estancamiento económico. Por ende, es posible afirmar que había actividad comercial de los productos de la hacienda y cierto crecimiento económico en la región de Zacatecas y San Luis Potosí. Una muestra más de este crecimiento fue el incremento en el valor de la hacienda La Parada, localizada en el camino entre San Luis Potosí y Zacatecas. Esta hacienda tenía un valor de 121 737 pesos en 1822, y en 1843 fue vendida por la cantidad de 298 274 pesos por Genoveva, viuda de Ipiña (Pantaleón); es decir, en un lapso de menos de veintidós años creció su valor dos y media veces.71

Ahora veamos qué sucedía en la hacienda de San José del Maguey, localizada en la misma región y que era otra de las propiedades de los Gordoa.

La gran hacienda mezcalera y ganadera de San José del Maguey

Esta hacienda, ubicada en el actual estado de Zacatecas, poseía hacia el final del siglo XVIII 100 sitios de ganado mayor (un sitio era el equivalente aproximado a 1 760 hectáreas) y se especializaba en la producción de mulas y caballos para las minas, borregos para los mercados urbanos y lana para la industria textil. Cada año se exportaban 50 000 arrobas de lana hacia los obrajes ubicados en poblaciones como Sayula, Querétaro, Acámbaro y la misma ciudad de México. La hacienda era de grandes dimensiones territoriales, así como de producción de lana en grandes cantidades. En comparación con otras haciendas, por ejemplo de la región de Guadalajara, Maguey muestra su supremacía en relación con su extensión. La hacienda de Santa Lucía, en contraste, a finales del siglo XVIII tenía cuatro sitios de ganado mayor y tres de ganado menor; o la hacienda de La Concepción, durante el mismo periodo, tenía seis sitios de ganado mayor y cinco de ganado menor.72 Sin embargo, sus dimensiones eran acordes a las de haciendas en la región entre San Luis Potosí y Zacatecas; la hacienda de Bocas a inicios del siglo XIX tenía 41.5 sitios y la hacienda de Guanamé, también localizada en el actual estado de San Luis Potosí, tenía a finales del siglo XVIII 14 sitios.73

San José del Maguey también se especializaba en la producción de mezcal; de hecho, a él debe su propio nombre, aunque los inventarios parecen indicar que fue cambiando su giro sobre todo hacia la producción ganadera; incluso, no hay en el inventario registro de las plantas de maguey que pudieron existir dentro la propiedad.

En la hacienda había una población aproximada de doce mil personas, es decir, poco menos que el diez por ciento de la población del distrito de Zacatecas, que en 1772 contaba con 180 720 habitantes. Sin duda, y al igual que Malpaso, era una verdadera unidad económica y social.

No he podido determinar con precisión en qué momento y a qué costo se dio la transacción por medio de la cual pasó la hacienda de San José del Maguey a manos de la familia Gordoa, aunque algunos datos indican que fue adquirida en 1820 por don Antonio María Gordoa. Una parte de la hacienda fue expropiada a finales de la década de 1860. En ese entonces pertenecía todavía a la familia Gordoa, la cual, como era natural, opuso resistencia a la separación de una fracción del terreno de la hacienda. Su administrador en esos años, José María Pereda, además de interponer diversos recursos legales, buscó la intervención del Gral. Trinidad García de la Cadena, hermano de Dorotea García de la Cadena, esposa de Francisco Jerónimo Gordoa, lo cual resultó infructuoso, pues la fracción que se tomó de la hacienda pasó a formar el municipio de Calera, Zacatecas.74

En 1834 Maguey tenía un valor de 412 298 pesos, según inventario levantado por el administrador Juan José Medina.75 Al año siguiente el valor de la hacienda disminuyó en 373 pesos, lo que dio como resultado 411 924 pesos, según inventario realizado por Francisco Javier de Larroaizar y el mismo Juan José Medina. El valor de la hacienda siguió bajando de forma considerable; en agosto de 1844 valía 314 663 pesos y al año siguiente 293 307 pesos.76 De acuerdo con el inventario de 1834, Maguey había reducido el número de sitios de ganado, lo cual era la principal explicación de por qué disminuyó su precio. De los cien con que contaba a finales del siglo XVIII, en 1834 apenas superaba los cincuenta sitios de ganado mayor y caballar con un importe de 123 146 pesos.77 Por otro lado, la baja en inventarios en los años de 1844 y 1845 se debía a tres razones. La primera —según explicaba el administrador, Ignacio Cervantes—correspondía a la cercanía que había entre un inventario y otro, es decir, entre ambos inventarios mediaban tan sólo doce meses, por lo que consideraba necesario elaborar un inventario más distanciado —en al menos dos años— del realizado en agosto de 1844. En segundo lugar, desde hacía varios años se consideraba en los inventarios de la hacienda varios sitios de ganado que en realidad nunca habían estado en posesión de la misma, lo cual se descubrió hasta ese año de 1844 cuando un perito de nombre Carlos Román levantó un mapa de la hacienda; pese a la relevancia de este problema, no puedo precisar por qué no se habían regularizado con anterioridad dichos sitios. La tercera y última razón de la caída del precio de la hacienda era que hubo un gran índice de mortandad del ganado propiedad de Maguey debido a una enfermedad que los atacó en enero y abril de 1845.78 Pese a la caída en el valor del inventario de la hacienda, ésta continuaba siendo negocio para la familia Gordoa (Tabla 3.5).

TABLA 3.5

FRAGMENTO DE LA “LIQUIDACIÓN DE LOS HABERES QUE CORRESPONDEN A LOS SEÑORES DUEÑOS DE ESTA HACIENDA DE SEÑOR SAN JOSÉ DEL MAGUEY A CONSECUENCIA DEL INVENTARIO DE 31 DE AGOSTO DE 1844”

Dueños

Deudas

Haberes

Liquidaciones

Haberes líquidos

Luis G. Gordoa

6 246

94 724

88 477

Francisco Ignacio Gordoa

7 026

87 458

80 432

José María Gordoa

7 739

69 857

62 118

Finado Francisco Xavier Gordoa

5 797

89 432

83 635

Suman los haberes líquidos

314 663

Fuente: GFP, caja 2, fólder 24.

Por otro lado, San José del Maguey, al igual que Malpaso, tenía entre sus inmuebles, edificios y habitaciones que eran muestra de la riqueza y vocación religiosa de los Gordoa. Resaltan, por ejemplo, una capilla con paramentos sagrados y adornos de gran valor como una talla mexicana de San Luis Gonzaga y su Santo Cristo tallado; un san Francisco Javier, también de talla mexicana; vidrios finos de Venecia que formaban un nicho que cubría al Señor San José y su Niño, junto al cual se podía encontrar una valiosa talla mexicana de Nuestra Señora de los Dolores. Adornaba también la capilla una talla de san Antonio con hábito azul de raso, con un valor de más de doscientos pesos, y una imagen de Nuestra Señora del Refugio. No es fortuito que las imágenes de los santos y vírgenes que formaban parte del ornamento de la capilla coincidieran con los nombres de los miembros de la familia o de las propiedades familiares. Por ejemplo, había un San José por la hacienda de San José del Maguey, un San Luis Gonzaga por Luis Gonzaga, una Señora del Refugio por la mina de Nuestra Señora del Refugio en Real de Catorce, y así de manera sucesiva. Por último, la sacristía contaba también con elementos de ornato, así como con los elementos necesarios para las celebraciones religiosas tales como la ofrenda, ánforas e incensarios. Para llamar a misa o a la ración, no se escatimaron recursos; más de mil pesos habían sido invertidos en cinco campanas utilizadas con diversos fines cada semana. Era tradición entre las familias ricas tener este tipo de edificios dedicados al culto religioso; por ejemplo, la familia Fagoaga tenía en Popotla la hacienda de la Ascensión, y en ella había una capilla con un contenido similar al encontrado en Maguey; por ejemplo, un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe, otro de San Juan y uno de la Ascensión, además de una pila de agua bendita y un crucifijo.79

La tienda de la hacienda tenía existencias según inventario de 1834 por 536 pesos, mientras que sus enseres, compuestos por un mostrador, una cruz y balanza de cobre, un fielecito con tazas de latón, un par de escaleras, ocho cajones cigarreros y una romana de catorce arrobas, facilitaban las transacciones que se realizaban los días de raya.

Las actividades diarias de una hacienda agrícola-ganadera como Maguey requerían de diversas herramientas que facilitaban el trabajo. Para las labores de matanza y jabonera se utilizaban herramientas como machetes belduques para degollar, peroles para depositar la sangre, cucharas, cajas para cortar el jabón, prensas para el chicharrón, entre otras. El valor de estas herramientas era de 981 pesos. Como aperos de labor la hacienda contaba con cuatro carretas, quince yugos, doce arados, treinta y dos pares de coyuntas, once barzones con una corta inversión de no más de cien pesos. Para resguardo de la hacienda, sus propietarios contaban con una nada despreciable colección de ropa y armas de piquete. Tenían al menos trece fusiles, once cartucheras, veinte lanzas, trece calzoneras y nueve chaquetas.

El mueble o ganado de la hacienda en 1835 constaba en ganado menor de lana con 89 271 cabezas, el ganado menor de pelo sumaba 12 365 cabezas, mientras que el ganado vacuno, fundamentalmente bueyes, toros y vacas de vientre, consistía en 104 cabezas; el valor del ganado menor de lana era de 92 991 pesos, mientras que el de pelo importaba 15 223 y el vacuno 992 pesos. La caballada y la mulada se valuaba en 6 687 pesos, conformada por 511 cabezas. La estancia de órganos —yeguas, potros y caballos de todas riendas— era considerable, pues se criaban 3 352 cabezas con un valor en el inventario por 15 383 pesos. Por último, la mulada consistía en 423 animales, valuados en 6 472 pesos. En suma, el mueble importaba 137 748 pesos.

Las deudas activas de particulares, de acuerdo con el libro general de 1835, arrojaban un monto de 6 589 pesos. Entre los deudores mayores figuraba el gobierno de la federación, por medio del gobierno estatal de Zacatecas, con un adeudo de 1 333 pesos, dos reales, ocho granos; y el gobierno de Zacatecas, que adeudaba a El Maguey 1 000 pesos. Están registrados en este mismo inventario deudores menores como Agustín Tena, Ignacio Pamplona, Pablo Villaseñor y Antonio Eugenio Gordoa. Le debían también a la hacienda sus arrendatarios por los conceptos de agostadero, piso y siembra, durante los años de 1831 a 1834, la cantidad de 776 pesos, y 2 002 pesos a razón de nueve meses del año de 1835. Los sirvientes y los accionistas de la hacienda eran también deudores, pues los primeros le debían la nada despreciable cantidad de 3 772 pesos, cinco reales; mientras que los accionistas tenían que pagar 42 120 pesos, tres reales.80

El Maguey tenía a su vez una serie de deudas pasivas previstas en el inventario. A los sirvientes había que pagarles hasta septiembre 30 de 1835 la cantidad de 431 pesos, cinco reales. A la hacienda de Santa Cruz, propiedad de Joaquín Laguno, se le adeudaban veinticinco pesos por tres meses de renta vencida, a razón de cien pesos anuales que se le pagaban por el salitre que “toma[ba]n los muebles de esta hacienda en Santa Anita”. La hacienda de Malpaso también era acreedora de Maguey; a aquélla se le debían doscientos cincuenta pesos por cien fanegas de maíz; a Pedro de San Juan, esposo de María Francisca se le adeudaban 472 pesos por el maíz que ministró a El Maguey hasta el 30 de septiembre de 1835; este maíz había sido producido en la hacienda de Ciénega, propiedad de la familia Gordoa y de la cual era arrendatario.

Tras revisar este inventario, resaltan varios puntos de análisis. Primero, la hacienda de Maguey puede ser considerada como una propiedad de gran valor y dimensiones considerables, dedicada a actividades agrícolas pero fundamentalmente las ganaderas, pues se especializaba en ganado caballar y en ganado menor. Segundo, cuenta con bienes inmuebles de cuantía, no se diga la capilla y la sacristía, en donde se pueden encontrar ornamentos de gran valor, lo que explica una gran devoción religiosa de la familia y una inversión en obras de arte. Tercero, las deudas activas de la hacienda presentan dos situaciones; por un lado, la hacienda es acreedora de los gobiernos federal y estatal y de particulares dedicados a comerciar los productos de la hacienda en las regiones de San Luis Potosí y Zacatecas y el Bajío. Asimismo, presenta ciertos problemas con sus arrendatarios en virtud de que éstos muestran atrasos en sus pagos. Por el otro, se puede pensar que las utilidades de la hacienda —a pesar de que iba disminuyendo su valor en libros— eran considerables, pues proporciona adelantos cuantiosos a sus accionistas, lo que les permite tener líquido disponible tanto para mantener su nivel de vida como para realizar inversiones en nuevos giros. Cuarto, las deudas pasivas muestran transacciones con haciendas vecinas, y con haciendas de la misma familia; tal es el caso de Malpaso e incluso del adeudo a Pedro de San Juan, lo que da indicios de cierta horizontalidad en sus negocios, ya que podemos suponer que esta hacienda proveía productos que requerían los otros negocios de la familia, desafortunadamente no cuento con más información para detallar esta dinámica horizontal entre los diferentes negocios.

La actividad económica de Malpaso y de Maguey confirma de nuevo que no había un estancamiento económico. El incremento en el valor de Malpaso confirma un desempeño positivo de la economía. Por otro lado, la reducción del valor de la hacienda de Maguey es resultado de causas no necesariamente atribuibles a una crisis económica generalizada, sino más bien de causas específicas como la realización de inventarios en periodos muy cortos, la contabilización equivocada de varios sitios de ganado que tras una revisión resultaron inexistentes, así como un problema de mortandad del ganado causada por una enfermedad. Ambas haciendas vivieron una situación similar a la experimentada por las haciendas de La Parada, Bledos y San Diego, ubicadas en el estado de San Luis Potosí. Las tres haciendas mantuvieron una actividad económica sostenida y al menos dos de ellas incrementaron su valor en un cien por ciento o más en las décadas de 1820 a 1840.81

La mina de Nuestra Señora del Refugio: borrascas y bonanzas

Ubicada en el distrito minero del Real de Catorce, San Luis Potosí —clasificado como el tercero en importancia en México después del movimiento de Independencia—, esta mina presenta a lo largo de su historia aspectos interesantes que merecen ser tratados de la forma debida en este apartado. Sobre todo, pondré énfasis en la explicación de los factores que implicaban la extracción del mineral, el cual comenzaba con la excavación y exploración mediante el uso de un sistema de mano de obra basado en una complicada división del trabajo, la subasta o rifa del mineral extraído, la rendición de cuentas de los diferentes administradores que tuvo la mina durante los años estudiados, el abasto a la misma mina, los intentos por emplear nueva tecnología, así como las relaciones de negocios con miembros del comercio y del gremio minero en Real de Catorce, San Luis y Zacatecas. La reconstrucción del proceso de extracción de metalíferos de esta mina, pero sobre todo su venta inmediata a los mejores postores, me ofrece la posibilidad de demostrar que al final de la década de 1830 y la primera mitad de la de 1840 la economía mantenía un desempeño positivo.

El socavón o mina de Nuestra Señora del Refugio fue denunciada por Antonio María Gordoa en 1804. La bonanza que esta mina tuvo a partir de 1808 fue sin duda la fuente que dio origen a la fortuna del patriarca de la familia. Como se recordará, esta mina —de acuerdo con lo afirmado por Ward— casi se arruinó cuando fue denunciada por Antonio María. Fue necesaria una inversión que no redituó de inmediato las utilidades esperadas.

No es del todo claro cuál era la fuente de los recursos invertidos por Antonio María a partir del denuncio. Es probable que haya acumulado cierto capital producido por sus negocios en la minería que originalmente tenía en Real de Pinos y que después inició en Real de Catorce. De seguro contaba con cierto prestigio desde finales del siglo XVIII, pues tenía a Benito Campero, prestamista residente en la ciudad de San Luis Potosí, como su fiador y representante ante la Real Hacienda.82 Campero y Antonio María mantuvieron relaciones comerciales y crediticias por varias décadas.

Fue a partir de 1808 cuando comenzó la mejor época y que perduró algunos años. La mina produjo metalíferos de manera constante y con pequeñas bonanzas —y con ciertos intervalos de borrasca— hasta mediados del siglo XIX. Es probable que su negociación no resultara afectada de manera directa por el movimiento insurgente de Independencia durante la década de 1810; más bien, se podría considerar como una época en que se obtuvieron buenos frutos. Esto se puede fundamentar a partir del comportamiento en la compra de azogue realizada por Antonio María durante las primeras dos décadas del siglo XIX. Hasta antes de 1805 —como vimos previamente en este capítulo— el consumo de azogue era de alrededor de dieciocho a veinticinco quintales. A partir de ese año su fiador Benito Campero comenzó a adquirir cantidades mayores de mercurio; entre 1805 y 1808 compró poco más de treinta quintales anuales. Para 1811 la compra a crédito fue por 333 quintales, y en 1812 por 363 quintales. Esto indica que la extracción de minerales de la mina de Antonio María se había incrementado de manera considerable. Como ya lo había explicado, una libra de mercurio refinaba cerca de un marco de plata; por ende, 18 quintales comprados en 1805 (un quintal equivale a 100 libras) refinaban 1 800 marcos de plata. En 1812 Antonio María adquirió azogue para refinar más de 30 000 marcos de plata, que en su conversión a pesos superaba los 250 000.83 El caso de la producción en Real de Catorce antes y después de 1810 es similar a la de Zacatecas y dista mucho de la de Guanajuato. En el primer estado la depresión económica y la afectación sobre la producción motivadas por la guerra fueron menores; en contraste, en Guanajuato la producción y la economía fueron afectadas de forma severa, pues se registró una caída en promedio de un 23.43% anual de 1809 a 1815.84 En Real de Catorce la recesión iniciada en 1810 comenzó a superarse desde 1812, lo que explica la compra de una cantidad considerable de azogue por parte de Antonio María, aunque no se daba todavía una recuperación del todo.

La suerte cambió en los años siguientes, pues durante la década de 1820 la mina del Refugio incrementó la producción y se mantuvo más o menos estable; sin embargo, no hay documentación con la que se pueda fundamentar la elaboración de una serie detallada de los sobrantes o de las pérdidas durante tal década. Por el contrario, hacia finales de la década de 1830 y durante la primera mitad de la de 1840 la información ha permitido reconstruir series en las que se dé a conocer a detalle la actividad económica de la negociación. De ahí que sea viable conocer la historia de la mina durante estas dos últimas décadas con énfasis en los años de 1837 a 1845.

Durante la década de 1820, y como parte de los intentos del gobierno federal por impulsar la industria minera en México, se optó por permitir, sin gran oposición de la clase política mexicana, la inversión de capitales mayoritariamente ingleses y en menor proporción alemanes y estadounidenses. Las compañías mineras extranjeras se establecieron sobre todo “en las minas que habían tenido bonanzas espectaculares en la época colonial”.85 En el distrito minero de Real de Catorce se estableció The Anglo Mexican Company para la explotación de las minas de la Concepción, Guadalupe, Vetagrande y Milagros. Esta empresa resultó en un rotundo fracaso que desembocó en un largo litigio entre el socio mexicano, Juan Francisco Valdez, y la contraparte inglesa, representada por John Murphy.86

Resulta de importancia que, a pesar de la fama que tenía la mina de Nuestra Señora del Refugio, ésta no fue considerada como destino de la inversión extranjera, en específico de The Anglo Mexican Company; por el contrario, la familia Gordoa continuó como propietaria de las veinticuatro barras que representaban el total de las acciones de la negociación. Más bien, la empresa de los Gordoa tuvo que competir con la inversión de capital y tecnología inglesa que se comenzaba a introducir en el distrito minero. Hasta donde se sabe, salieron bien librados de esta situación, pues no se vieron en la necesidad de incorporar entre sus accionistas inversionistas de procedencia extranjera interesados en la minería. De hecho, sucedió lo contrario; Antonio María Gordoa, desde el año de 1821, supo sacar provecho de la temprana inversión inglesa en Real de Catorce al formar la sociedad Gordoa & Murphy con el británico John Murphy. Gordoa, quien ya contaba con prestigio y capital, introdujo parte de éste en dicha asociación para financiar los servicios encaminados a la instalación de un equipo de bombeo, a base de vapor, para desaguar la mina de la Purísima; Murphy, por su lado, contaba con el financiamiento que le proporcionaba el rico comerciante Martín de Bengoa.87 Los trabajos fueron difíciles, pues el 11 de noviembre de 1821 salió de Londres el Ing. Robert Phillips con la maquinaria solicitada. En mayo de 1822 se encontraba en el puerto de Altamira con la bomba de 36 pulgadas y listo para emprender el camino de regreso tierra adentro hacia Real de Catorce. La travesía fue en verdad difícil, pues lograron llegar al Real el 11 de noviembre de 1822. Fueron recibidos por miles de personas curiosas por conocer el cargamento que traían.88

El intento por instalar la bomba fue infructuoso, ya que encontraron los trabajos de la minas en una ruina total. Después de hacer los arreglos necesarios recurrieron a la construcción de una tubería de madera, la cual al iniciar la pruebas no soportaba la presión generada por la bomba. Por tal motivo, Phillips tuvo que viajar a Cincinnati, Estados Unidos, a donde llegó en el invierno de 1825 con el objetivo de adquirir una tubería de hierro. Salió de Cincinnati en mayo de ese mismo año con una carga de un poco más de 63 toneladas de tubos de hierro, y llegó a Real de Catorce en marzo de 1826, con lo que inició la instalación de la maquinaria, que tras varios intentos por fin comenzó a funcionar. “Gracias a Gordoa, Murphy y muy especialmente a Phillips, fue el Real de Catorce el primero en aprovechar el vapor para el laboreo de las minas.”89

Debido a estos trabajos, así como a las inversiones que con dinero propio realizaba en su mina de El Refugio, Antonio María Gordoa fue incrementando su prestigio y presencia en la elite económica y política local y nacional. A mediados de 1831 el gobierno del estado convocó a la formación de una Junta de Fomento a la Industria. En Real de Catorce se formó una junta municipal en cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno, a la cual fueron convocados los participantes en la actividad minera, como propietarios, hacenderos, rescatadores y demás personas con conocimientos sobre el tema. Como resultado de la reunión, escribieron un documento que dirigieron al gobernador del estado en el que explicaban las épocas de bonanza, atraso y miseria por las que había pasado el centro minero. La primera etapa de decadencia corresponde a los años de 1810-1812 debido a que fueron retirados los capitales invertidos en las minas por la revolución de Independencia. Hacia la década de 1820 comienzan algunas minas a rendir frutos, y se mantienen hacia finales de la década cuando comienzan las borrascas. “Además de los frutos de esta mina (Concepción), continuaba la del Refugio produciendo buenos frutos hasta el año de 1829, que fue la última bonanza de los reyes, y continuando desde aquí casi en borrasca y obras muertas”.90

Pese a la decadencia de las vetas y a la profundidad cada vez mayor que tenían los tiros, Antonio María Gordoa continuó invirtiendo en su mina y contribuyó de manera considerable con sus inversiones de capital en el sostenimiento del pueblo minero. “El benemérito minero Lic. D. Antonio María Gordoa, después de haber mantenido a la mayor parte de este vecindario por más de veinte años [circa 1806-1826] con las razonables bonanzas que ha logrado la mina del Refugio, ha gastado en obras muertas más de 200 000 pesos”.91 Las labores en la mina de Gordoa eran, a decir de expertos contemporáneos en minería, de dimensiones considerables; de hecho, eran comparadas con minas europeas. “El tiro de la luz, y el subterráneo, con largas y costosas sangrías emprendiendo su famoso socavón que puede competir con los que se han dado en las minas del Hartz hannoveriano, y otros decantados de Alemania”.92

Si se hace un balance general sobre la extracción de metalíferos de la mina de El Refugio, es posible afirmar que durante la décadas de 1830 y 1840 resultó un buen negocio. Además, la mina era de las pocas en operación a mediados de la década de 1840. El administrador de la negociación comentaba en una carta a Luis G. Gordoa que la actividad minera en Real de Catorce se encontraba en malas condiciones: “El aspecto de Catorce es cada día más triste por la suma miseria de las minas que muy apenas se trabajan, y con un desaliento y abandono doloroso. De suerte que la población está desesperada y se advierte alguna emigración de aquellas familias que tienen modo de transportarse a otra parte, a pesar de la baratura del maíz que está posturado [sic] a un peso y lo ha estado por más de dos meses a seis reales. Dios permita que Usted no se olvide de este pobre mineral cuando tenga oportunidad de poner en acción su influencia a favor del ramo de minería”.93

La explicación de por qué la mina era negocio se puede encontrar en la conjugación de al menos tres variables. La primera fue el seguimiento que Antonio María hizo de la administración de la negociación durante los últimos años de su vida —ya que murió en 1834— y que continuó su albacea testamentaria Luis Gonzaga Gordoa hasta 1846, año en que también tuvo su encuentro con la muerte. La segunda variable fue la relativamente buena administración de la negociación a cargo de dos administradores durante el mismo periodo —Fermín Mata, de 1832 a 1843; y Juan Ignacio Ygueravide, de 1843 hasta 1846—. La tercera variable fue la suerte de encontrar varias vetas que rindieron buenos frutos. Hay, por otro lado, evidencia de que en los momentos de borrasca se continuaba invirtiendo en las labores de exploración y extracción, y ante la falta de capital se recurría a un fondo de contingencia que administraba el comerciante Ignacio Duque. En algunos momentos este fondo se agotaba y se recurría a solicitar prestado al mismo Duque.

La historia de esta negociación la he podido reconstruir gracias a la correspondencia que fue enviada a Luis G. Gordoa durante la década de 1840. Por un lado, sus dos administradores le remitían reportes semanales de la actividad productiva de la mina. Por el otro, Domingo Martínez, minero mayor sostuvo una comunicación aproximadamente mensual, lo mismo que Ignacio Duque —residente de Real de Catorce y cercano a la familia Gordoa desde inicios del siglo XIX—, quien entabló una relación epistolar, además de administrar el fondo de contingencia y proveer de capital en préstamo, con Luis G. Gordoa y otros miembros de la familia.

La labor de reconstrucción de esta historia de la vida productiva de la mina ha sido difícil debido a que sólo tuve acceso a la correspondencia que tiene como remitentes a los dos administradores (Mata e Ygueravide), Martínez y Duque. Es decir, he tenido que reconstruir las preguntas, órdenes, sugerencias, regaños y aclaraciones hechas por Luis G. Gordoa a partir de las respuestas escritas de Fermín Mata y Juan I. Ygueravide, y el minero mayor e Ignacio Duque. A partir del intercambio epistolar se pueden rescatar tres aspectos relevantes: la organización del trabajo y mano de obra, el proceso de extracción del mineral y venta de frutos, y la distribución de gastos y utilidades entre los socios, además de algunos intentos por introducir nueva tecnología a los planes de la mina.

La historia de la Negociación de Nuestra Señora del Refugio se puede comprender en tres etapas. La primera abarca de 1804 a 1824, enmarcada entre el momento en que fue denunciada la mina, la primera gran y casi mítica bonanza de 1807-1808 y la decadencia de inicios de la década de 1820. La segunda etapa corresponde a la década que va de 1824 a 1834; en esta segunda fase, que es concomitante con el inicio la era republicana, el patriarca, Antonio María Gordoa, sostuvo la negociación contra viento y marea, e incluso evitó que se viera obligada a recurrir a la inversión de capital extranjero. Concluye esta segunda etapa con la muerte del patriarca en el año de 1834. La tercera y última etapa, y que es la que más interesa, corresponde a los once años del periodo de 1835 a 1846. Durante esos años Luis G. Gordoa se mantuvo al frente de la negociación —aunque nunca visitó, según los reportes, la mina que ciertamente rindió utilidades considerables—. Concluye esta última fase en 1846, año en que Gordoa falleció en la ciudad de México. Es durante esta fase cuando la evidencia empírica de la producción de la mina y la correspondiente venta de los frutos me permite sostener la tesis de que la economía regional no se encontraba estancada. La producción minera requería de insumos, los cuales se obtenían, hasta donde se sabe, con facilidad y a buen precio, mientras que los frutos de la mina eran adquiridos por el mejor postor, lo que muestra una actividad minera y mercantil estable, aunque no necesariamente con gran crecimiento.

La inversión en la minería ha sido considerada de mayor riesgo que la inversión destinada a la compra de bienes raíces tanto urbanos como rurales destinados, en el segundo caso, fundamentalmente a la producción agropecuaria. No obstante, en la minería se conjugan la suerte y la técnica. En el caso de la mina de El Refugio ambos factores estuvieron presentes en varias ocasiones, pues las bonanzas produjeron en un periodo de diez años un sobrante por casi 190 000 pesos94 (Gráfica 3.1).

GRÁFICA 3.1

SOCAVÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO. SOBRANTES O FALTANTES, 1834-1845

Fuente: GFP, caja 2, fólder 1-4, Socavón de Nuestra Señora del Refugio, Totales de sobrantes o faltantes por año, 1837-1845. El total de ganancia en los nueve años graficados es de aproximadamente 189 997 pesos.

A partir de la información obtenida se puede afirmar que los sobrantes predominaron sobre los faltantes entre los años de 1834 y 1845. Como se puede apreciar en la Gráfica 3.1 los años de 1837, 1841 y 1845 se caracterizaron por una acumulación de ganancias en virtud de que la venta de frutos fue superior a los gastos. Por ejemplo, en el año de 1837 la utilidad fue cercana a los veinticinco mil pesos, mientras que en 1841 se registró la mejor bonanza. Por el contrario, durante los años de 1835, 1836, 1838 y 1839 la mina estuvo en borrasca, con un déficit cercano a los dos mil pesos en el año de 1839.

Las bonanzas por lo general se daban una o dos veces al año y tenían una duración no mayor a dos o tres semanas. Como se puede apreciar en la Gráfica 3.2, la mejor bonanza se dio en el año de 1841, puesto que hubo al menos nueve semanas con sobrantes superiores a los dos mil pesos. En ese mismo año sólo un par de memorias semanales reportaron pérdidas. En contraste, se puede ver en la misma gráfica lo que sucede en el año de 1839. En la Gráfica 3.1 se aprecia que el año cerró con pérdida y en la Gráfica 3.2 se puede apreciar, gracias a los reportes semanales de la venta de frutos y costos de la memoria, que la mayor parte del año la mina operó con números rojos. Incluso, a principios de ese año se reportó una pérdida por poco más de mil pesos y justo cuando cerraba el mismo año se registró una pérdida superior a los mil quinientos pesos. Sólo en agosto de 1839 se presentó una breve bonanza, la cual no fue suficiente para recuperar lo invertido. En septiembre, justo después de la efímera bonanza, Fermín Mata escribió a Luis Gonzaga que los azogues “se nos han ordinariado [sic], pero yo no pierdo las esperanzas, pues hay bastante terreno en donde emprender, y quizá por otra parte volveremos a alcanzar aunque sea bastantes ordinarios”.95 Sin embargo, la suerte no les favoreció, pues hacia diciembre Mata remitía a Luis G. Gordoa una memoria con un faltante superior a los doscientos pesos. Asimismo, le comunicaba que debido al color que comenzaban a tomar los azogues esperaba que una de las vetas se formalizara; sin embargo, esto no sucedió: “Señor, no sé yo en qué consiste que esta veta del amarillo no quiera formalizar, pues según los asientos, y como pintó en la semana, me suponía el que íbamos a tener un ojo de consideración […] pero lo más cierto es que Dios Nuestro Señor quién sabe por qué no quiere darnos un ojo razonable, pues ya en esta semana está saliendo dicho azogue muy ordinariado”.96

GRÁFICA 3.2

SOCAVÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO. SOBRANTES O FALTANTES POR SEMANAS. 1839, 1841-1845

Fuente: GFP, caja 2, fólder 1-4, Socavón de Nuestra Señora del Refugio 1839, 1841-1845, Sobrante o faltante. No se incluyen los años de 1837, 1838 y 1840 por no contar con datos semanales.

Una conducta diferente en la vida productiva de la mina se percibe en los años de 1844 y 1845, pues, a pesar de mostrarse inestable en sus frutos y sus gastos, la contabilidad anual cerró en ambos años con números positivos. Era común en las negociaciones de minas que conforme se incrementaba el valor de los metalíferos extraídos se incrementaba a la par el costo de la memoria.97 Sin embargo, era en esos momentos cuando el administrador debía mostrar su destreza para racionalizar los gastos y lograr que los frutos fueran superiores al costo. En la Gráfica 3.3 se puede apreciar, por ejemplo, cómo Ygueravide logró a lo largo del año de 1844 mantener más o menos estable el costo de la memoria, mientras que la venta de los frutos —aunque se muestra inestable— supera en diversas ocasiones en más del doscientos por ciento el costo de la memoria. En la Gráfica 3.4 se visualiza la misma conducta, aunque las variaciones en el costo de la memoria son mucho menores para el año de 1845 que para el año de 1844.

GRÁFICA 3.3

SOCAVÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO. COSTO DE LA MEMORIA Y VALOR VENTA DE FRUTOS. AÑO DE 1844

Fuente: GFP, caja 2, fólder 4.

GRÁFICA 3.4

SOCAVÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO. COSTO DE LA MEMORIA Y VALOR VENTA DE FRUTOS. AÑO DE 1845

Fuente: GFP, caja 2, fólder 5.

En la correspondencia que establecen los administradores Mata e Ygueravide con Luis G. Gordoa se pueden apreciar los esfuerzos de aquéllos por mantener los costos bajos. Como estrategia buscaban obtener los insumos al menor precio,98 reducían los destajos y contrataban un número menor de trabajadores. Esto era posible gracias al sistema de mano de obra con que operaba la negociación.

Trabajo minero y funcionamiento de la mina: trabajo “de abajo” y de superficie

Los trabajos de extracción requerían de una mano de obra especializada y organizada que, además, fuera remunerada de manera justa. El sistema utilizado en El Refugio era similar, aunque con algunas variantes, al llamado sistema mexicano o de hacienda. La división del trabajo se hacía en dos grandes apartados: la administración interna (internal management) o “de abajo”, y la administración de la superficie o external management. Mientras la administración interna estaba a cargo del minero mayor, la externa corría a cargo del administrador.99

La administración interna dependía en gran medida de la mano de obra calificada de los trabajadores dedicados a los destajos. En el caso de El Refugio, este tipo de contratación sustituía el sistema de tributo acostumbrado en las minas inglesas de Cornwall y Devon o el sistema de partido acostumbrado durante el periodo novohispano.100 En virtud de que era un trabajo especializado del que dependía en gran medida la exploración de las vetas, los trabajadores que realizaban este tipo de actividades por lo general eran los mejor remunerados, mas no recibían un estímulo extraordinario por el metal extraído. Su ingreso semanal fluctuaba entre los veinte y los cuarenta pesos. Sin embargo, en ocasiones sus ingresos eran inferiores a los precisados por el mercado de trabajo del distrito minero. En 1844 el minero mayor Domingo Martínez comunicaba a Luis G. Gordoa que había pasado por situaciones difíciles y sinsabores debido a las quejas y murmuraciones entre los operarios debido a que el administrador Juan I. Ygeravide había impuesto un pago por los destajos entre doce y veinte pesos la vara, cuando en los meses anteriores éstos eran pagados a cuarenta pesos la vara.101 Ygeravide se había visto en la necesidad de reducir el pago debido a que la mina no rendía frutos y la partida de destajos representaba a la semana más del quince por ciento del valor de la memoria.

Formaban parte de la administración interna otras actividades como las realizadas por los charqueadores, farelleros, quebradores, carretoneros, zorras carpinteros, herreros, quienes tenían un ingreso fijo semanal (Tabla 3.6).

TABLA 3.6

MEMORIA NÚMERO 12 DE LA NEGOCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, 18 A 23 DE MARZO DE 1844

Actividad

Número de empleados

Costo mano de obra

Destajos

6 destajadores

204

Campos ayudados

11 a 4 pesos

14 a 2 pesos, 4 reales

1 a 4 reales

79

charqueadores de día a cuatro reales

20 con 4 días

1 con 2.5 días

41

Farelleros de día a cuatro reales

33 con 4 días

1 con ¾ de día

67

Farelleros de día a tres reales

3 con 4 días

1 con 1 día

4

Charqueadores de día a 4 reales

69 con 1 día

34

Quebradores a 5 reales

5 con 5 días

1 con 1 día

16

Carretoneros a 6 reales

2 con 5 días

1 con ¾ de día

9

Zorras de día a 3 reales

2 con 5 días

1 con ¾ día

4

Carpinteros

Maestro Ximénez

5

Herreros

Maestro Quijano

3 oficiales con 5 días de 1 peso

4 oficiales con 4 días de 1 peso

1 tirador con 5 días a 6 reales

1 tirador con 4 días a 6 reales

45

Dependientes de Arriba

Administrador Ygueravide

Minero Mayor Martínez

Rayador Fajardo

Romanero Narváez

Portero Saucedo

Partidor Molina

Auxiliar Mata

Ferrero Reyna

Velador Rafael

Caballerango Aguilar

30

30

20

8

10

8

10

5

5

3

Dependientes de Abajo

Sotanero y Volero de día

Sotanero de noche

Guardatiro y romanero

15

9

8

Total mano de obra

669

Gastos, correspondencia, asado para los perros, rastrojo, carbón, pólvora, caballos, vigas y fletes de insumos

241

Total memoria

910

Fuente: GFP, caja 3, fólder 7.

El costo de estos trabajadores superaba en la mayoría de las veces el veinte por ciento del valor de la memoria. Una comparación con el costo de los destajos permite diferenciar que este trabajo se realizaba por tres o cuatro trabajadores con sus respectivos asistentes, mientras que las otras actividades eran realizadas por aproximadamente 150 a 200 trabajadores bastante menos remunerados.102 El conjunto de trabajadores y actividades de “abajo” comandadas por el minero mayor tenía como premisa —bajo el sistema de hacienda— la extracción de los metales a la superficie, los cuales serían a partir de ese momento responsabilidad del administrador, quien iniciaría el reconocimiento de los azogues para proceder a su separación en diferentes partidas según su calidad.

Producción minera y venta de frutos o rifa

La rifa o venta de frutos era la subasta en la cual los metalíferos extraídos eran vendidos al mejor postor. El primer paso consistía en separar los azogues según su calidad y color; no había con toda propiedad un procedimiento de ensaye como el acostumbrado en Inglaterra, sino más bien imperaban el buen ojo y la experiencia del separador y del administrador de la mina, quienes hacían la distinción en grupos o partidas que después eran inspeccionadas por los interesados. Por lo regular un primer rescatador hacía su oferta por una de las partidas; si había un segundo postor, incrementaba la oferta inicial. Al final eran entregadas las cargas al comprador que hizo la mejor oferta, quien pagaba el flete a la hacienda de beneficio en donde obtenía la plata pasta que luego era llevada a la casa de ensaye para precisar su ley y ser quintada. De ahí en adelante podía optar por exportar la plata en lingotes o recurría a su amonedación en la Casa de Moneda.

No he podido precisar el significado de los nombres dados a las partidas acostumbradas en la negociación de Nuestra Señora del Refugio. Sin embargo, la mayoría de ellas se refieren a la cantidad y calidad de la plata y otros minerales en los azogues. Los nombres que aparecen con mayor frecuencia en las memorias revisadas son Número 2, Número 3, Número 4, Número 5, Número 6, Tierras, Cuchara, Amarillo 1a., Amarillo 2a., Amarillo 3a., Ordinario, Cobre, Plomoso, Millón 1a., Millón 2a. Las partidas de mayor valor corresponden a las enunciadas como “Número”, y le siguen en valor “Cuchara”, “Amarillos”, “Tierras”, “Ordinarios” y “Millones”. Además de estas partidas, acostumbraban los administradores separar ciertos azogues bajo los rubros de Tierras de Ánimas y Tierras para los Enfermos. Las primeras se ponían a la venta para pagar los gastos generados por el fallecimiento de uno de los operarios o dependientes de la mina o para contribuir al pago de los gastos de fiestas religiosas, mientras que las Tierras de Limosna para los Enfermos eran utilizadas para financiar los gastos en medicinas y doctores.103

Cuando la producción semanal concluía con pérdida o faltante —debido a la baja calidad de los minerales o a una baja oferta de los compradores—, los llamados dependientes cobraban nada más su sueldo semanal,104 mientras que cuando la venta de frutos era superior al costo de la memoria, es decir, se generaba un sobrante, los dependientes recibían una gratificación que fluctuaba entre el 2 y el 0.5% de la utilidad. Asimismo, se llevaba a cabo un procedimiento en que la herramienta era pesada para precisar la merma que había sufrido y así calcular el costo de la misma. Hasta aquí llegaba el trabajo productivo de la mina de los Gordoa. Lo que seguía por lo común era el cálculo de repartición de los gastos en caso de pérdida o de los sobrantes en caso de tener utilidades entre los socios de la negociación. Este trabajo estaba a cargo del administrador de la misma.

Los socios y el sistema de barras: ganancias y pérdidas compartidas

El modelo utilizado para la administración de la negociación se basaba en el sistema novohispano de veinticuatro barras. Los diferentes administradores que tuvo la mina utilizaron dicho sistema para hacer los cálculos de la proporción que poseía cada uno de los accionistas. Realizaban la división inicial de las barras a partir de dos líneas o ramas, las cuales se determinaban por las herencias paterna y materna, luego calculaban las divisiones que correspondían a cada una de dichas ramas. Tenemos así que en 1833 y 1834 cuatro hijos del lado materno (Gordoa y Bravo)105 se repartían de manera equitativa doce de las veinticuatro barras con un mejoramiento del quinto y el tercero tomados de la parte paterna, que equivalían a 5.84 barras. Es decir, les correspondían 17.84 de las barras, que divididas entre cuatro correspondían a 4.46 barras para cada uno (Gráfica 3.5). Esta distribución inicial en el lado materno sufrió modificaciones a lo largo del periodo estudiado, mientras que el lado paterno sólo sufrió una modificación. Por otro lado, el número de accionistas de la negociación sufrió pequeños cambios entre los años de 1833 y 1846, y éstas se debieron a que alguno de los accionistas o familiares tuvo un encuentro inevitable con la muerte.

GRÁFICA 3.5

NEGOCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, REPARTICIÓN DE LAS 24 BARRAS DURANTE 1833 Y 1834

Fuente: GFP, caja 3, fólder 4.

En 1835 el lado materno tuvo una modificación en la distribución de las acciones. Las doce barras más el quinto y el tercio, que daban un total de 17.84 barras correspondientes a la herencia materna y que se repartían entre cuatro miembros, se vieron divididas ahora entre siete miembros. Fueron incluidos como accionistas Pedro de San Juan —testamentaria de María Francisca Gordoa—, Francisco Xavier y Dorotea García de la Cadena, viuda de Jerónimo Gordoa. A seis de los accionistas les correspondieron 2.64 barras a cada uno, mientras que a Dorotea García de la Cadena le correspondieron sólo dos barras. Las 6.16 barras restantes, que correspondían a la segunda esposa de Antonio María, doña Margarita Ruiz de Esparza, sufrieron una modificación. A ella le correspondieron 3.60 barras, y las restantes 2.56 fueron repartidas entre sus cuatro hijos: José María, Juan, Francisco y Antonio María Gordoa Ruiz de Esparza (Gráfica 3.6). Es de suponer que este cambio se debió a que los hijos obtuvieron la mayoría de edad.

GRÁFICA 3.6

NEGOCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO. REPARTICIÓN DE LAS 24 BARRAS A PARTIR DE 1835

Fuente: GFP, caja 3, fólder 4.

El número de los accionistas de la negociación se mantuvo estable conforme la repartición anterior hasta el año de 1844, cuando Luis G. Gordoa solicitó al administrador una reorganización en la repartición de las acciones. La parte paterna, conformada por Margarita Ruiz de Esparza, se mantuvo intacta con sus 6.16 barras divididas en dos partes. Por el contrario, el lado materno tuvo dos modificaciones provocadas por la muerte de Francisco Xavier en marzo de 1843 y la muerte en ese mismo año de Francisca Gordoa, esposa de Pedro de San Juan. Las modificaciones promovidas por Luis G. Gordoa obedecieron al seguimiento que éste procuró de lo estipulado por la tradición de evitar dividir las propiedades familiares, por lo que las barras propiedad de Francisco Xavier fueron en casi su totalidad repartidas entre sus hermanos consanguíneos de la rama materna. A partir de 1844 los hermanos Antonio Eugenio, Luis Gonzaga, Francisco Ignacio y José María Gordoa y Bravo vieron incrementada su acción de 2.64 a 3.167 barras. Dorotea García de la Cadena continuó con sus dos barras, Pedro de San Juan —testamentaria de Francisca— incrementó su acción de 2.64 a 2.808 barras. Quizá la modificación más importante fue la presencia de Vicente de la Gándara como nuevo miembro de la negociación, aunque con una participación pequeña, pues poseía 0.359 barras. Vicente de la Gándara Gordoa era el hijo mayor del primer matrimonio de Francisca Gordoa (Tabla 3.7).

TABLA 3.7

GENEALOGÍA DEL PRIMER Y SEGUNDO MATRIMONIOS DE FRANCISCA GORDOA Y BRAVO

Basado en datos tomados de "Lugardo Antonio María Gordoa Loaiza", Geneanet, consultado el 23 de septiembre de 2015, http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en;p=lugardo+antonio+maria;n=gordoa+loaiza; y de GFP Box 1, Folder 11.

Tenemos así que a la muerte de Francisco Xavier se procedió a repartir su parte entre sus hermanos en primer grado y a su vez se incluyó a uno de sus sobrinos con una participación minoritaria (Gráfica 3.7). Era práctica común durante el siglo XIX evitar, a la muerte de uno de los miembros de la familia que poseía acciones en los negocios, la incorporación de agentes extraños o ajenos, por lo que se acostumbraba dividir las acciones del difunto entre el resto de los sobrevivientes. Para contrastar lo expuesto me permito comentar de manera breve lo acontecido a la negociación familiar Agüero, González y Compañía, de la ciudad de México, compuesta por varios negocios dedicados a actividades mercantiles, mineras y agrícolas. En 1841 falleció el miembro de la familia Francisco Agüero y heredó su parte la viuda, Antonia González, quien era hermana de los socios González. A partir de la muerte de Francisco, se operó un cambio en la participación que tenía cada uno de los socios. La rama de los Agüero vio disminuida en un 35% su participación, mientras que la de una parte de la familia González vio incrementada su participación al contar con un número mayor de acciones. En suma, se modificaron las proporciones de la acciones pero se evitaba el ingreso de nuevos miembros.106

GRÁFICA 3.7

NEGOCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, REPARTICIÓN DE LAS 24 BARRAS A PARTIR DE 1844

Fuente: GFP, caja 3, fólder 16.

Volviendo a la Negociación de Nuestra Señora del Refugio, el sistema de repartición de acciones en veinticuatro barras dividía las ganancias y las pérdidas de manera proporcional respecto del número de barras de cada socio. El reparto de utilidades o de pérdidas se hacía de manera anual. Por ejemplo, en 1845 la negociación tuvo un sobrante por 43 761 pesos; de esa cantidad, correspondieron a Luis G. Gordoa 5 527 pesos, que era la parte proporcional en reales de sus 3.16 13/15 barras.107 Sin embargo, no era el líquido que le correspondía, puesto que por lo general los socios tenían varias deudas por pagos adelantados que eran proporcionados por el administrador de la mina; en ocasiones estos adelantos eran hechos en efectivo o en libranzas contra el fondo de la mina, el cual era administrado por Ignacio Duque, rico propietario de tiendas de abarrotes en Real de Catorce. En febrero de 1841 Luis G. Gordoa solicitó al administrador Fermín Mata que enviara una libranza por tres mil pesos a la ciudad de San Luis Potosí a favor de Luis Quijano y en contra de Joaquín Hernández Soto. En mayo de ese mismo año solicitó el envío de una segunda libranza, ahora por cuatro mil pesos a favor de Cayetano Rubio; en febrero de 1842 Luis G. Gordoa solicitó de nuevo a Fermín Mata que enviara una libranza a la ciudad de San Luis Potosí por la cantidad de mil pesos a favor de Luis Quijano. Estos adelantos se dedujeron al momento del cierre anual de la contabilidad de la mina. Mata, tanto en 1841 como en 1842, dedujo de la utilidad correspondiente a Luis G. Gordoa el valor de las libranzas que habían sido solicitadas por su patrón.108 Cuando el administrador no tenía efectivo ni fondos para remitir una libranza, solía recurrir a Ignacio Duque, quien podía prestar en efectivo o emitir una libranza contra un comerciante en la ciudad de San Luis Potosí o Zacatecas.

Cuando la mina cerraba su contabilidad anual con números negativos, tal como lo presenta el año de 1839, la pérdida era asimismo repartida entre todos los accionistas. Para mantener la actividad de la mina se procedía de dos formas; por un lado, se tomaba del fondo de la mina alguna cantidad para mantener las labores en actividad; o, por el otro, muchas de las veces, ante un fondo agotado, los accionistas procedían a solicitar préstamos a algunos comerciantes residentes en Real de Catorce, como Duque, o en la ciudad capital del estado. Tal fue el caso de Dorotea Cadena de Gordoa, poseedora de dos barras en la Negociación de Nuestra Señora del Refugio. En marzo de 1841 solicitó a Martín de Bengoa, acaudalado comerciante español, y a sus hijos políticos Norberto Gómez Hornedo y Justo Carresse, un avío hasta por cinco mil pesos para fomentar las dos barras de minas de su propiedad.109 Resulta extraña esta solicitud de avío en 1841, puesto que la mina había mostrado cierta recuperación en 1840 y para marzo de ese mismo año comenzaba a tener lugar la mejor bonanza en la historia de la mina y no se registra en la correspondencia la necesidad de invertir más capital.

Existen registros de que la mina fue propiedad de los Gordoa y sus familiares políticos hasta finales del siglo XIX. La revisión de esta información me posibilita afirmar que la estructura y funcionamiento del sistema de propiedad de la mina se mantuvo con cambios mínimos hasta la muerte de Luis G. Gordoa en 1846,110 y que mantuvo su régimen de propiedad hasta finales del siglo.

En 1870 los miembros de la familia Gordoa poseían en su mayor parte las veinticuatro barras del sistema de división las acciones de la mina, aunque encontramos ya personajes de la elite política y económica que comparten la propiedad, como Matías Hernández Soberón, Rafael Cancino y Andrés Muriel. Al cerrar el siglo, en un acta de la junta general de accionistas del socavón y minas del Refugio, la cual se celebró en marzo de 1890 en la ciudad de Zacatecas, se percibe que la negociación minera seguía siendo propiedad de la misma familia, aunque se manifiesta un incremento en el número de accionistas en comparación con el año de 1870. Ese año se contaba con quince accionistas, y en 1890 con 36, aunque la gran mayoría de ellos poseían el apellido Gordoa, mientras que los restantes por lo general formaban parte de la red de matrimonios que tuvieron los miembros de la familia.111

CONCLUSIÓN

Ahora bien, volviendo a los planteamientos iniciales de este capítulo, y después de la descripción de las propiedades de los Gordoa, ¿en qué porción de la sociedad decimonónica podríamos ubicar a esta familia? Algunos historiadores interesados en el estudio de las familias mexicanas han concebido esquemas de interpretación que tienen como objetivo generar una catalogación o ubicación en el esquema social de ellas a partir de su riqueza. Doris Ladd considera que en América Latina las elites criollas locales “empleaban la institución familiar para forjar ‘directorios entrelazados’ de oligarquías con títulos” que ejercieron influencia tanto en el ocaso de los virreinatos como en los periodos nacionales de los nuevos países.112 John Kicza, por su lado, define a las “grandes familias” como aquellas que poseían una riqueza superior al millón de pesos o una cifra muy cercana. En consecuencia, aspiraban a esta categoría sólo unas cien familias en el México colonial tardío, de las cuales nada más una docena de ellas se encontraban fuera del espacio geográfico de la ciudad de México —entre las cuales evidentemente no figura, en el estudio de Kicza, la familia Gordoa—. Es decir, la ciudad de México es considerada por este autor como la sede única de riqueza. Tal vez sea necesario replantear este argumento puesto que se puede considerar de forma hipotética que la riqueza de la familia Gordoa, revisada a los largo de este capítulo, estaba bastante cerca —e incluso podría superar— el referente utilizado por Kicza para ser considerada una de las “grandes familias”. Sin embargo, en términos generales, lo incompleto de la información impide precisar y reconstruir la historia de las fortunas de las familias provinciales, y es tal vez la abundancia de fuentes existentes sobre las familias en la ciudad de México, estudiadas por Kicza, lo que le permita afirmar que sólo esa ciudad podría ser considerada como el centro de la riqueza. A pesar de esto, la familia Gordoa podría ser incluida como una de las familias de la elite novohispana y luego del periodo nacional, aunque no residente en la ciudad de México —pero con buenos contactos políticos y económicos en ella—.113

Sin embargo, prefiero dejar de lado este criterio de las “grandes familias” y más bien buscar el lugar de la familia Gordoa dentro del esquema de las estructuras familiares pertenecientes a las elites provinciales.114 Para ello he recurrido a un concepto desarrollado por Margaret Chowning para explicar la problemática de una familia provincial desde el periodo colonial tardío hasta la Revolución de 1910. Para ella, definir a los ricos ofrece más ventajas que definir una oligarquía o un grupo de grandes familias. “Definir como ‘gente adinerada’ —explica Chowning— a los miembros de aquellos hogares con inventarios o propiedades con un valor de al menos 20 000 pesos nos ofrece un objeto de estudio más amplio que el que nos ofrecería identificar a los adinerados como miembros de una ‘oligarquía’ o un grupo de ‘grandes familias”.115 Bajo este enfoque, la familia Gordoa sería parte de la gente adinerada (“wealthy people”) con propiedades inmuebles superiores a los veinte mil pesos, que a su vez garantizaban a sus miembros ingresos suficientes para mantener su posición de privilegio. Sus propiedades les garantizaban un ingreso que les permitía mantener un modo de vida acorde con los estándares disfrutados por la clase alta de la sociedad decimonónica, la cual no requería trabajar en un oficio o ejercer una profesión. En los casos en que algunos de sus miembros tenían trabajo en la burocracia del gobierno, tal vez los tenían como resultado de su personalidad y del prestigio de que gozaban, así como por un interés en participar en proyectos y acciones de beneficio para el crecimiento económico de su región.

En esta familia las prácticas matrimoniales pertenecen a la tradición y a la innovación; sin duda, esta contradicción responde a la generación y fortalecimiento de estrategias que permitieran mantener las propiedades de la familia dentro de sus dos ramas, resultado de los dos matrimonios de Antonio María Gordoa. Es decir, prevalecen rasgos de la tradición familiar novohispana y adaptaciones o innovaciones en estas prácticas; esto se puede apreciar en que hay matrimonios tanto con miembros de la antigua elite novohispana como con miembros de la elite emergente a partir del inicio de la era republicana. Esto, además, se puede percibir en la tendencia a la indivisibilidad de las propiedades, pues se evita la incorporación de nuevos miembros a los negocios, y es la muerte de uno de ellos lo que ocasiona los cambios en las reparticiones de la propiedad, aunque sólo con la incorporación de miembros directos de la familia.

La revisión hecha a la actividad económica de la familia por medio de sus haciendas en Zacatecas y su mina en Real de Catorce, San Luis Potosí, me permite llegar a varias consideraciones. En primer lugar, no se trataba de una familia de comerciantes dedicados al comercio al menudeo; más bien, pudiera considerárseles como proveedores al mayoreo de los productos de sus haciendas y de la mina. Segundo, sus giros se orientaban en dos vertientes: la venta de productos agropecuarios a regiones distantes como el Bajío o a ciudades y centros mineros en el centro norte del país, y la venta de los frutos de su mina; no hay evidencia de que se dedicaran al beneficio de metales o a la introducción de plata en las casas de moneda de San Luis Potosí y Zacatecas. En suma, se dedicaban al sector primario, es decir, a la producción, y no necesariamente a la distribución y venta por cuenta propia; sin embargo, esto no fue limitante para que establecieran lazos o pertenecieran a la red de comerciantes mayoristas establecidos en la ciudad de San Luis Potosí y otras poblaciones del estado y del país.

Los negocios de la familia prosperaron, pareciera ser contradictoriamente, en una época que se había considerado de estancamiento económico, de nulo crecimiento y de reducida actividad económica. Los valores de las haciendas se incrementaron en las décadas de 1830 y 1840; la mina tuvo una breve bonanza cuyos frutos pudo colocar a precios preferenciales en el mercado, es decir, he podido demostrar en este capítulo que esta familia provincial prosperó económicamente en una era de supuesto estancamiento. La mina de Nuestra Señora del Refugio no fue la única que producía plata durante esos años, pues, como vimos en el capítulo uno y en la parte final del capítulo dos, la producción del mineral se incrementó de forma considerable y los comerciantes mayoristas y almaceneros participaron en el mercado de la plata, ya fuera comprándola en las minas para después refinarla e introducirla en la Casa de Moneda de San Luis. Desafortunadamente no hay estudios sobre la producción de plata en los distritos mineros de San Luis Potosí durante las décadas de 1830 y 1840, pero la evidencia que nos proporcionan algunos documentos de la Casa de Moneda de San Luis confirma un incremento en la plata introducida durante aquellas décadas. La plata se producía sobre todo en las minas de Real de Catorce y Guadalcázar, y en menor grado en Matehuala y Cerro de San Pedro; éste último, un distrito minero cercano a la capital el estado.

Finalmente, la familia de los Gordoa prosperó en una era considerada de estancamiento económico. Su importancia como productores y proveedores de materias primas, así como su interés por contribuir al desarrollo económico y político de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas les permitió a sus miembros un posicionamiento dentro de la estructura política del gobierno, lo cual es tema del siguiente capítulo.

NOTAS

1Diana Balmori et. al., Las alianzas de familia y la formación del país en América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 1990), 13.

2“Los 73 hijos que tuvieron por padres a los cuatro hermanos Almada de la segunda generación en el noreste de México (tan sólo José María tuvo 35) permitieron que la familia de los Almada asumiera un papel central dentro de la red de los Álamos. Luis Terrazas se aseguró de que los casamientos de sus doce hijos cimentaran la red estatal en Chihuahua alrededor de su familia” (Balmori et al., Las alianzas, 32). En el caso de los Gordoa, la familia no era tan numerosa; sin embargo, los miembros de la segunda generación contrajeron matrimonio con miembros de la elite e incluso con la familia del virrey Félix María Calleja.

3Kicza, Empresarios coloniales, 27.

4Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “Mexican Elites of a Provincial Town: The Landowners of Tepeaca (1700-1870)”, Hispanic American Historical Review 70:2 (1990): 255.

5David W. Walker, Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México, 1823-1867 (México: Alianza Editorial, 1991), 32.

6John Tutino, “Power, Class, and Family: Men and Women in the Mexican Elite, 1750-1810”, The Americas 39:3 (1983): 360. Dentro de la tendencia que realza el papel de las familias como entidades socioeconómicas pueden consultarse, además de los textos ya referidos de Walker, Grosso, Garavaglia y Kicza, los de David A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810 (Cambridge: Cambridge University Press, 1971); Doris Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826 (México: Fondo de Cultura Económica, 2006); y Frédérique Langue, Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII novohispano (México: Fondo de Cultura Económica, 1999). Respecto a la tendencia que destaca el papel de las mujeres, se pueden revisar los textos de Asunción Lavrin y Edith Couturier, “Dowries and Wills: A View of Women’s Socioeconomic Role in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790, The Hispanic American Historical Review 59:2 (1979); y Edith Couturier, “Women in a Noble Family: The Mexican Counts of Regla, 1750-1830”, en Latin American Women: Historical Perspectives, editado por Asunción Lavrin (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1978).

7Véase Ann Hagerman Johnson, “The Impact of Market Agricultur on Family and Household Structure in Nineteenth-Century Chile”, The Hispanic American Historical Review 58:4 (1978).

8Véase Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800 (Nueva York: Harper and Row, 1977).

9Siguiendo a Balmori, Voss y Wortman, la familia Gordoa se puede considerar como parte de aquellas familias cuyos cimientos se remontan a la sociedad colonial cuya primera generación se dedicó a una actividad económica específica —por ejemplo, la minería o el comercio— y que al inicio de la era republicana la segunda generación diversificó la actividad económica —en ramos como la agricultura o la ganadería— y generó además la integración de una empresa familiar, lo que incrementó las actividades comerciales ya establecidas Balmori et al., Las alianzas, 27-28.

10Los dos casos de mujeres a que me refiero corresponden a Dorotea García de la Cadena y a Francisca Gordoa y Bravo. La primera fue esposa de Jerónimo Gordoa, hermano de Antonio María, mientras que la segunda, hija de Antonio María, contrajo nupcias con Anastasio de la Gándara, hermano de Francisca de la Gándara, esposa de Antonio María Calleja del Rey, hermano del virrey Félix María Calleja, y segundas nupcias con el español Pedro de San Juan. Tal vez la información con que cuento en la actualidad no me permite profundizar en un análisis de las relaciones de poder dentro de esta familia, basadas en las relaciones entre poder económico y diferenciación sexual, como se propone en Tutino, “Power, Class, and Family”, 360. Incluso la naturaleza de las escasas fuentes, la mayoría de ellas correspondencia personal, imposibilita profundizar en aspectos más generales como el estatus legal de estas mujeres, así como su participación en la economía familiar, como se explica en Silvia Marina Arrom, The Women of Mexico City, 1790-1857 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1994), capítulos 2 y 4.

11Langue, Los señores de Zacatecas, 186.

12Idem.

13Richard B. Lindley, La haciendas y el desarrollo económico. Guadalajara, México, en la época de la Independencia (México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 15-17.

14AHESLP, SGG, 1829.15

15Parroquia del Sagrario de San Luis Potosí, caja 1484, serie 152, libro 32, 1838-1842.

16Rosa María Meyer, “Agüero, González y Compañía: una empresa familiar en el México independiente”, en Formación empresarial, fomento industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, editado por Mario Trujillo y José Mario Contreras Valdez (México: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, 2003), 24.

17Para conocer más detalles sobre esta temporal recuperación económica, véase Chowning, “The Contours”, 119-150.

18Langue, Los señores de Zacatecas, 312.

19José Miguel, además de haber acumulado una fortuna considerable, destacó en el plano intelectual, pues fue partidario de las ideas liberales de la época, y sus acciones como representante de su provincia respondieron a este tipo de política. De igual forma asumió de forma activa la defensa de los intereses mineros de su región en los cuales estaba inmiscuido; buscó sobre todo la disminución de los derechos relativos a la plata. En 1814 José Miguel, en su calidad de presidente de la comisión ante las Cortes de Cádiz, recibió un decreto de Fernando VII en el cual se negaba a jurar la constitución gaditana. En respuesta, José Miguel pronunció un discurso que provocó gran impacto y que además se publicó en América y España. A su regreso a México fue condecorado con la Cruz de Carlos III. En 1824 fue diputado federal por el estado de Zacatecas en el Congreso Constituyente. Por el lado académico, José Miguel Obtuvo su grado de doctor en Teología por la Universidad de Guadalajara en 1798. De 1818 a 1821 se convirtió en rector del colegio de San José, y fue asimismo rector de la Universidad de Guadalajara. Durante la década de 1820 fue canónigo de la catedral de Zacatecas, y en agosto de 1831 fue consagrado obispo de Guadalajara. Murió el 12 de julio de 1832 en la ciudad de Guadalajara. A diferencia de Antonio María, José Miguel fue el miembro más destacado en los ámbitos político e intelectual, de la primera generación de la familia Langue, Los señores de Zacatecas, 312 y 407-408.

20Datos tomados de “Lugardo Antonio María Gordoa Loaiza”, Geneanet, consultado el 30 de noviembre de 2013, http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=lugardo+antonio+maria;n=gordoa+loaiza.

21Eric Van Young explica que el método común en el proceso de herencia en los mayorazgos consistía en heredar la propiedad al primogénito. Este método era también recurrente mas no obligado en las propiedades libres. “Aunque en las propiedades no vinculadas o libres no estaba legalmente prohibido [heredar toda la posesión al primogénito], hay una fuerte impresión que surge de la documentación sobre la transferencia de las posesiones de tierras, que los dueños definitivamente favorecían este método” (Eric Van Young, Hacienda and Market in Eighteenth-Century Mexico. The Rural Economy of the Guadalajara Region, 1675-1820 [California: University of California Press, 1981], 134. Traducción propia). El caso de la herencia del patriarcado en los hombros de Luis G. Gordoa resulta en cierta manera una excepción en los casos que formalmente no eran mayorazgos.

22Para los casos de otras familias provinciales, se puede revisar Lavrin y Couturier, “Dowries and Wills”, 282-288. Para una explicación aún más completa sobre la importancia de la dotes y sus funciones en la sociedad colonial, e incluso del periodo nacional, se puede consultar Christine Hünefeldt, “Las dotes en manos limeñas”, en Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, coordinado por Pilar Gonzalbo Aizpuru y Cecilia Rabell Romero (México: El Colegio de México / Universidad Nacional Autónoma de México, 1996), 255-287.

23“Cuenta de partición de los gananciales habidos en los bienes del finado señor licenciado Don Antonio María Gordoa desde septiembre de 1832 hasta fin de 1836”, University of Tulane (Louisiana, Estados Unidos) (en adelante, UT), Gordoa Family Papers (en adelante, UT, GFP), caja 1, fólder 11. En este documento aparece una nota al margen en la cual se especifica que Antonio María murió en el año de 1834.

24Tutino, “Power, Class, and Family”, 365.

25Kicza, Empresarios coloniales, 48. Los clanes de la elite novohispana y luego durante la era republicana eran encabezados por un patriarca, “quien supervisaba las relaciones económicas y sociales de la familia, tales como la búsqueda y formalización de matrimonio que ofreciera ventajas políticas y económicas” (Tutino, “Power, Class, and Family”, 366. Traducción propia).

26Kicza, Empresarios coloniales, 47; Tutino, “Power, Class, and Family”, 366-67. Tutino ofrece un interesante caso de dependencia entre José Sánchez de Espinosa, conde de Peñasco, y su hijo mayor, quien a pesar de poseer un título, sus propias posesiones y haber contraído matrimonio, seguía experimentando una dependencia directa hacia su padre. Van Young considera que el sistema de propiedad basado en el mayorazgo tenía como consecuencia inmediata la estabilidad en la propiedad de los bienes inmuebles. “Las grandes haciendas que formaban parte de un condueñazgo permanecían en posesión de la misma familia desde la creación del vínculo” (Van Young, Hacienda and Market, 127-133. Traducción propia). Quizá el caso idiosincrásico presentado por Van Young es el del mayorazgo de los Porres Baranda, el cual tuvo su fundación, hasta donde se conoce, a principios del siglo XVIII y su desintegración en los primeros años del siglo XIX. Cabe resaltar que el caso de los Gordoa no es el de un mayorazgo, aunque las estrategias para mantener la propiedad en manos de la familia fueron algo similares.

27UT, UT, GFP, caja 1, fólder 21, carta de Francisco Ignacio a Francisco Xavier, 12 de diciembre de 1836

28Idem.

29“Vodevil (del fr. vaudeville) 1. m. Comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco, que puede incluir numeros musicales y de variedades” (“Vodevil”, en Real Academia de la Lengua, consultado el 10 de octubre de 2014, http://lema.rae.es/drae/?val=vodeville).

30UT, GFP, caja 1, fólder 21, carta de Francisco Ignacio a Francisco Xavier, 12 de diciembre de 1836.

31Idem.

32Idem.

33Idem.

34UT, GFP, caja 1, fólder 13, carta de la Sra. Doña María Dolores Rubio de Rubio a Mariana Rubio de Gordoa, 18 de septiembre de 1846.

35Idem.

36Idem.

37UT, GFP, caja 1, fólder 12, carta de Antonio Eugenio Gordoa a Luis G. Gordoa, Trujillo, Zacatecas, 13 de mayo de 1846.

38UT, GFP, caja 1, fólder 12, carta de Pedro de San Juan a Luis G. Gordoa, hacienda de la Sauceda, Zacatecas, 26 de junio de 1846.

39Idem.

40Henry G. Ward, México en 1827 (México: Fondo de Cultura Económica, 1981), 595.

41Las transacciones de compra de azogue realizadas por Antonio María hasta antes de 1805 y en las cuales figura Benito campero como su fiador pueden consultarse en AHESLP, Protocolos de Instrumentos Públicos de Real Hacienda (en adelante, PIPRH), vol. 2, B6 II, 1793-1795, escritura núm. 88, ff. 328; vol. 3, B6 II, 1796-1800, escritura núm. 27, f. 36; escritura núm. 61, f. 95; escritura núm. 18, f. 133; escritura núm. 62, f. 286; escritura núm. 68, f. 362.

42Ward, México en 1827, 595. Ward ofrece cantidades expresadas en dólares. He cambiado la palabra dólares por pesos, es decir, pesos mexicanos, ya que no ofrece problemas de conversión respecto a la paridad entre ambas monedas, que era de un peso por dólar de Estados Unidos. Cosa diferente sucede con la paridad peso libra esterlina; la segunda valía cinco pesos o cinco dólares (Robert W. Randall, Real del Monte: Una empresa minera británica en México [México: Fondo de Cultura Económica, 1977], 13).

43He considerado que una libra de azogue refinaba un marco. Un marco equivale a 68 reales, que divididos en pesos de 8-8.4 reales nos da 8 pesos 4 reales por marco. Así, 333 quintales de mercurio, que equivalen a 33 300 libras, refinaron aproximadamente 33 300 marcos de plata, que multiplicados por 68 y divididos entre 8.5 nos dan 266 400 pesos. En ocasiones el mineral extraído tenía una mejor ley, por lo que una libra de mercurio podía llegar a refinar hasta dos marcos de plata. Si éste hubiera sido el caso de la mina de Antonio María, la bonanza de 1812 hubiera superado el medio millón de pesos. Los referentes de medidas para refinación fueron tomados de David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810) (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 212-217. Los datos que demuestran el incremento en las adquisiciones de mercurio se localizan en AHESLP, PIPRH, vol. 5, B6 IV, 1801-1808, escritura núm. 31 f. 50; escritura núm. 7, f. 18; escritura núm. 42, f. 53. PIPRH, vol. 5 B6 V, 1809-1839, escritura núm. 16, f. 10v; escritura núm. 7 f. 5v; escritura núm. 1, f. 1; escritura núm. 12, f. 17.

44La cada vez mayor profundidad de los planes, la mayoría de las veces inundados, y lo exhausto de las minas no eran situación privativa de esta mina ni de este distrito minero. En Real del Monte y en Bolaños se vivía en esos años una situación muy similar (Cuauhtémoc Velasco Ávila et al., Estado y minería en México (1767-1910) [México: Fondo de Cultura Económica / Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal / Instituto Nacional de Antropología e Historia / Comisión de Fomento Minero, 1988], 100-101).

45Ward, México en 1827, 596.

46Ibidem, 596. Esta actitud no era privativa de Antonio María; de hecho, era una actitud común entre los miembros de las elites provinciales heredada de la época colonial, la cual era aún más marcada en las segundas o terceras generaciones. Algunos de estos herederos tenían actitudes que llegaban a la extravagancia; por ejemplo, “Luis Fernández de Ubiarco, hijo de un prominente comerciante de Guadalajara, recibió su herencia en 1759. Fernández optó por invertir su dinero en la hacienda de la Calera, cerca del lago de Chapala, debido a que no era de su gusto dedicarse al comerio” (Van Young, Hacienda and Market, 140. Traducción propia).

47Ward, México en 1827, 596.

48Lavrin y Couturier explican que los gananciales consistían en la acumulación de propiedad durante el matrimonio. Esta acumulación era distinguida con claridad de la propiedad de la esposa, la cual se le denomina como parafernales. La distinción entre ambas propiedades correspondía a una estrategia que defendía la propiedad femenina y tenía su fundamento en las leyes que vigilaban la propiedad de las dotes otorgadas al momento del matrimonio (Lavrin y Couturier, “Dowries and Wills”, 283-284). Por otro lado, Van Young considera los gananciales como “el incremento en el valor de una propiedad durante el tiempo que dura el matrimonio” (Van Young, Hacienda and Market, 137. Traducción propia). En este caso es difícil comprender los “gananciales” enmarcados en los conceptos referidos por Lavrin, Couturier y Van Young. Primero, porque los “gananciales” a los que se hace referencia en la documentación de la familia Gordoa no corresponden de manera estricta al incremento en el valor de las propiedades durante el matrimonio de Antonio María con Margarita Ruiz de Esparza. En segundo lugar, el concepto que se utiliza es “partición de gananciales”, que se puede entender como el cálculo del incremento del capital de las propiedades en un periodo específico, es decir, de 1832 hasta 1836. Por ende, entiendo la “partición de los gananciales” como la repartición del líquido o ganancia acumulado u obtenido en un periodo determinado, y que tal partición procedía según lo establecido por el difunto Antonio María Gordoa en su testamento. Sin embargo, sigue el problema de que este valor se manifiesta en algunos de los casos como un incremento del valor en libros de la propiedad.

49Un par de casas cercanas a la de doña Margarita nos indican que el valor en la década de 1820 era de alrededor de seis a ocho mil pesos. Martín de Bengoa compró a finales de 1821 una casa distante una cuadra de la de doña Margarita, por el precio de ocho mil pesos (AHESLP, Registro Público de la Propiedad y del Comercio [en adelante, RPPyC], Protocolo de Instrumentos Públicos del escribano Antonio María Suárez, 1821, 14 de diciembre, foja 257). En 1826 Juan Gutiérrez Castillo compró una casa en la misma calle de la Concepción por casi seis mil pesos (AHESLP, RPPyC, Protocolo de Instrumentos públicos del escribano Antonio María Suárez, 1826, 10 de mayo, f. 272). Hacia la década de 1830 el valor de los inmuebles se incrementó de forma considerable; en 1831 Ramón Pastor vendió una casa ubicada cerca de la calle de la Concepción a Cayetano Rubio, por dieciocho mil pesos (Archivo General de la Nación, Administración de Rentas, San Luis Potosí, caja 2). Estos datos nos pueden dar una idea de que el valor calculado de la casa en cuestión es de veinte a veinticuatro mil pesos.

50David A. Brading, Haciendas y ranchos del Bajío. León 1700-1860 (México: Grijalbo, 1988), 166-167.

51UT, GFP, caja 1, fólder 11.

52El quinto correspondiente a doña Margarita se calculaba bajo la siguiente fórmula (tgm/5+tgm), es decir (77 192/5=15 438+77 192=92 630); y el tercio de los hijos, siguiendo la siguiente fórmula: (tgm/5/3+tgh), que nos da (77 192/5=15 438/3=5 146+tgh=9263). (tgm) significa total ganancial Margarita y (tgh) significa total ganancial hijo. Por lo general, la distribución de las ganancias o de las herencias era repartida de manera equitativa entre los hijos, ya fueran hombres o mujeres. Una excepción a la regla eran las llamadas mejoras, con las cuales se trataba de beneficiar a algunos de los herederos, o bien se destinaba a obras caritativas o terceros (Brading, Mineros y comerciantes, 145).

53UT, GFP, caja 2, fólders 1-24.

54UT, GFP, caja 2, fólder 22-24.

55Las propiedades analizadas representan tres diferentes formas de hacer negocio, la agrícola-ganadera, la minería y la inversión en propiedad urbana, lo cual de seguro impactó en el hecho de que el margen de utilidad fuera favorable. Por ejemplo, y a manera de comparación, el rango promedio de utilidad en varias haciendas a principios del siglo XIX en la región de Guadalajara era de aproximadamente 4.8%. La hacienda de San Nicolás, en la zona de Tequila, produjo a finales del siglo XVIII una ganancia de al rededor del 3% sobre su valor, mientras que la hacienda de la Sauceda arrojó una ganancia de entre 6 y 8% durante los años de 1807 a 1812 (Van Young, Hacienda and Market, 225). Durante los primeros años de la era republicana José María Fagoaga realizó varios préstamos en efectivo a particulares con una tasa de interés del 5% anual. Además de estos préstamos, José María arrendó varias de sus propiedades rurales y urbanas o las vendió a crédito, con la misma tasa de interés; desafortunadamente no me ha sido posible precisar la ganancia anual y su relación con el valor de las mismas para obtener el “retorno de capital”. Lo que sí es claro es que Fagoaga obtenía buenas utilidades como resultado de los préstamos realizados a diversos particulares al 5% anual. Por otro lado, en la década de 1830 invirtió 4 800 libras esterlinas (valor de sus 32 acciones) en la Compañía Minera de Bolaños. En 1833 le redituó su inversión 3 000 libras, y 6 000 en 1834. En esos dos años obtuvo una ganancia de poco más del 100%; sin embargo, en 1836 la mina dejó de producir, lo que explica que Fagoaga buscara vender sus acciones al mejor postor (Laura Pérez Rosales, Familia, Poder, riqueza y subversión: los Fagoaga novohispanos, 1730-1830 [México: Universidad Iberoamericana / Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2003], 231-241).

56El criterio seguido en la división de los gananciales confirma lo que he venido mencionando respecto a que encuentro una continuidad entre las formas en que operaba y estaba estructurada la organización de las familias tanto en el periodo colonial como en el independiente. Por ejemplo, durante el periodo colonial, “después de la muerte del esposo, la viuda recibía la mitad de la riqueza acumulada durante el matrimonio, además de su dote y cualquier otra propiedad que ella poseyera por separado” (Lavrin y Couturier, “Dowries and Wills”, 286-287. Traducción propia). El resto de las propiedades se repartían entre los hijos de la rama materna y paterna. Un caso similar al descrito se puede encontrar en la partición de bienes del notario poblano Miguel del Castillo en el año de 1737, quien se casó con María Catarina de Uriarte. Al momento del matrimonio María Catarina fue acompañada por una dote de sólo trescientos pesos. A la muerte del notario, éste tenía posesiones por 67 400 pesos. “La parte que le correspondió a María Catarina fue por aproximadamente 30 000 pesos, mientras que sus doce hijo recibieron solamente 1 970 pesos cada uno” (Ibidem, 286-287. Traducción propia). De acuerdo con el estudio de Lavrin y Couturier, esta forma de repartir las herencias era la constante durante el periodo virreinal (Ibidem, 286-287).

57George Francis Lyon, Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estancia en la República de México, traducción de María Luisa Herrera Casasús (México: Fondo de Cultura Económica, 1984), 120; Langue, Los señores de Zacatecas, 294.

58Lyon, Residencia en México, 120.

59Idem.

60Idem.

61Ibidem, 121.

62Van Young, Hacienda and Market, 111-113.

63Langue, Los señores de Zacatecas, 308-312.

64Ibidem, 312. A partir de los datos proporcionados por Langue no es posible determinar si la frecuencia con que se vendió esta hacienda corresponde a lo explicado por Eric Van Young sobre las haciendas localizadas en la región de Guadalajara. De una muestra de ochenta haciendas, Van Young encuentra que durante el siglo XVIII la frecuencia en el cambio de propietarios disminuye de forma notable hacia finales del siglo (Van Young, Hacienda and Market, 118-119).

65Desafortunadamente la evidencia colectada sobre la hacienda de Malpaso no muestra si se dio una integración vertical entre ésta con la mina de Nuestra Señora del Refugio, en Real de Catorce, posesión de la familia Gordoa. En la documentación de la mina he localizado nada más un par de referencias sobre el envío desde Malpaso de pieles y sebo a la mina.

66Tutino, “Power, Class and Family”, 363.

67Langue, Los señores de Zacatecas, 313.

68Ward, México en 1827, 595.

69UT, GFP, caja 1, fólder 11.

70Brading, Haciendas y ranchos del Bajío, 200.

71Bazant, Cinco haciendas, 41 y 43.

72Van Young, Hacienda and Market, 299-300.

73Bazant, Cinco haciendas, 101-103.

74Datos de http://www.calera.gob.mx/nuestraciudad/juarez.htm. Proporciono esta referencia ya que no fue posible conseguir el texto de Ma. Florencia Ramírez Valerio, Calera, Víctor Rosales, “Una semblanza”.

75UT, GFP, caja 2, fólder 22.

76UT, GFP, caja 2, fólder 24.

77Después de los sitios de ganado, los pasivos de la hacienda con mayor valor eran la casa mayor y siete bodegas para guardar el jabón, la madera y el cebo, que importaron más de doce mil pesos. Además de seis presas y una noria valuadas en 4 893 pesos, la hacienda tenía diez tanques de agua situados en diferentes zonas, los cuales servían tanto para consumo animal como para el riego de dos huertas llamadas Huerta de Cieneguilla y Huerta de Picón, ambas valuadas en más de 27 000 pesos. En estas huertas los Gordoa cultivaban aproximadamente seiscientos árboles de peras, alrededor de mil manzanos y cientos de árboles frutales como higueras, duraznos, ciruelas de Castilla, membrillo y nogales (UT, GFP, caja 2, fólder 22).

78UT, GFP, caja 2, fólder 24.

79Pérez Rosales, Familia, poder, 233-234.

80Esta hacienda fue heredada por los hijos del primer matrimonio de Antonio María Gordoa, es decir, fue parte de la herencia materna o parafernales de la primera esposa, de apellido Bravo. Los accionistas, tal como los llamaba el administrador de la hacienda, eran Antonio Eugenio, Luis Gonzaga, Francisco Ignacio, Francisco Xavier, José María Gordoa y los herederos de María Francisca Gordoa de San Juan (UT, GFP, caja 2, fólder, 24). En 1845 Francisco Ignacio Gordoa abandonó la sociedad con sus demás hermanos, por lo que solicitó que le fuera entregada su parte, que en valor líquido correspondió poco más de 88 000 pesos.

81Bazant, Cinco haciendas, 94.

82Las transacciones de compra de azogue realizadas por Antonio María hasta antes de 1805 y en las cuales figura Benito campero como su fiador pueden consultarse en AHESLP, PIPRH, vol. 2, B6 II, 1793-1795, escritura núm. 88, ff. 328; vol. 3, B6 II, 1796-1800, escritura núm. 27, f. 36; escritura núm. 61, f. 95; escritura núm. 18, f. 133; escritura núm. 62, f. 286; escritura núm. 68, f. 362.

83Repito la explicación ya dada con anterioridad: he considerado que una libra de azogue refinaba un marco. Un marco equivale a 68 reales, que divididos en pesos de 8-8.4 reales nos da 8 pesos, 4 reales por marco. Así, 333 quintales de mercurio, que equivalen a 33, 300 libras, refinaron cerca de 33 300 marcos de plata, que multiplicados por 68 y divididos entre 8.5 nos da 266 400 pesos. En ocasiones el mineral extraído tenía una mejor ley, por lo que una libra de mercurio podía llegar a refinar hasta dos marcos de plata. Si éste hubiera sido el caso de la mina de Antonio María, la bonanza de 1812 hubiera superado el medio millón de pesos. Los referentes de medidas para refinación fueron tomados de Brading, Mineros y comerciantes, 212-217.

84María Eugenia Romero Sotelo, Minería y guerra. La economía de la Nueva España, 1810-1821 (México: El Colegio de México / Universidad Nacional Autónoma de México, 1997), 66-68.

85Velasco et al., Estado y minería, 98. “En la fiebre de los años veinte se formaron en Gran Bretaña más de cincuenta compañías para operar en América Latina con un capital de 35 000 000 de libras esterlinas” (Ibidem, 99).

86Para este caso, véase AHESLP, STJ, legajo 1826, criminal, septiembre, L12. El fracaso de esta empresa no es un caso aislado; los inversionistas ingleses se percataron de que sus negocios no resultaban del todo favorables y presentaban una situación de alto riesgo (Monroy, Sueños, tentativas, 331). Véase también Fred Rippy, British Investment in Latin America, 1822-1949. A Case of Study in the Operations of Private Enterprise in Retarded Regions (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1959), 18; y Arthur Cecil Todd, The Search for Silver Cornish Miners in México, 1824-1947 (Cornwall, GB: Lodenek, 1977), 31.

87AHESLP, RPPYC, protocolo de 1827, f. 26 v, 28 f. 17, mes de enero.

88Ward, México en 1827, 596.

89Rafael Montejano y Aguiñaga, El Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce, S.L.P. (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993), 174-177.

90Gaceta del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, viernes 7 de octubre de 1831.

91Idem.

92Idem.

93UT, GFP, caja 2, fólder 4, carta de Juan N. Mata a Luis G. Gordoa, 28 de abril de 1844.

94La empresa minera de los Gordoa sí era negocio y sus accionistas recibían utilidades. Por ejemplo, los accionistas de la compañía de Real del Monte, en Pachuca, vieron cómo su empresa gastó entre 1824 y 1849 poco más de dieciséis millones de pesos, sus ingresos apenas superaron los once millones, por lo que en ese periodo de veinticinco años perdieron poco más de cinco millones de pesos (Randall, Real del Monte, 88). Expongo este ejemplo con la debida precaución ya que, como es evidente, la empresa minera de los Gordoa era de pequeñas dimensiones en comparación con la de Real del Monte; sin embargo, y pese a ese contraste entre las dimensiones de ambas empresas, la primera resultaba lucrativa.

95UT, GFP, caja 2, fólder 1, carta de Fermín Mata a Luis G. Gordoa, 26 de septiembre de 1839.

96UT, GFP, caja 2, fólder 1, carta de Fermín Mata a Luis G. Gordoa, 7 de noviembre de 1839.

97Juan Nepomuceno Mata —quien de manera interina se encargaba de administrar la negociación por ausencia temporal de su tío Fermín Mata— comunicaba a Luis G. Gordoa en abril de 1844 que la mina había tenido una buena venta de frutos, pero que los costos se habían visto incrementados por la compra que había hecho de cebo necesario para la operación de la mina (Juan N. Mata a Luis G. Gordoa, en UT, GFP, caja 2, fólder 4).

98UT, GFP, caja 2, fólder 1, carta de Fermín Mata a Luis G. Gordoa, 7 de noviembre de 1839. Fermín Mata le comunica a Luis G. Gordoa que requieren como parte de los insumos de la mina algunas cargas de cebo. Le informa que el administrador de la hacienda de El Salado le ofrece unas doscientas arrobas de cebo a razón de tres pesos, dos reales por arroba, a lo que Mata ofreció pagar la arroba a tres pesos, un real. En su opinión, el precio era alto, pero éste se justifica debido a que “hay pocas matanzas”. En mayo de 1844 Domingo Martínez notificaba a Luis G. Gordoa que Ygueravide —quien se encontraba enfermo— había tenido poco cuidado en la compra de 149 arrobas de pólvora. “Tengo el sentimiento de manifestarle a usted que las 149 arrobas de pólvora, ajustadas antes por el Sr. Ygueravide y servidor, y pagadas a nueve pesos por orden suya [de Ygueravide] desde la cama, no sirven” (UT, GFP, caja 2, fólder 5). Martínez comenta que en años anteriores esa misma pólvora “de San Felipe” era proveída por el expedicionario Barreiro a un costo mucho menor (4 pesos, 4.5 reales), y además a crédito, pues la fiaba a seis meses (UT, GFP, caja 2, fólder 5).

99Edward James, Remarks on the Mines, Management, Ores of the District of Guanajuato, Belonging to the Anglo Mexican Mining Association (Londres: Effingham Wilson / Royal Exchange, 1827), 1-9. El Ing. Edward James comentaba en 1827, en uno de sus escritos dirigidos a los socios de la compañía Anglo Mexican Mining Association, que eran muchas las desventajas de este sistema en comparación con el empleado en los distritos mineros de Cornwall y Devon. Quizá la principal diferencia consistía en que en Cornwall el tributo (tribute) era la parte fundamental en la fase de extracción, pues los trabajadores recibían una proporción de lo que se extraía, y además corrían por su cuenta algunos de los gastos de extracción, transportación y merma de las herramientas de trabajo. A decir de James, esto estimulaba el trabajo y evitaba el desperdicio.

100Randall, Real del Monte, 143. Randall explica que los ingleses que administraban las minas en Real del Monte trataron, no sin oposición y huelga de los trabajadores, de sustituir el partido con este tipo de contratación. En el caso de la mina de El Refugio, no hubo insistencia de los trabajadores por mantener o recuperar el sistema de tributo o partido. Una explicación detallada de la oposición a la sustitución del partido y las reacciones de los trabajadores y sus logros se puede encontrar en Randall, Real del Monte, 155-171.

101Domingo Martínez a Luis G. Gordoa, UT, GFP, caja 2, fólder 4, 14 de marzo de 1844. El valor del pago a destajo dependía de la demanda y oferta de trabajo, además de las condiciones de la veta. Se medía a partir de la unidad de medida conocida como vara (aproximadamente 75 centímetros). Por tanto, el monto del pago a los destajadores era establecido por el administrador de la mina, quien le daba el valor a perforación que se medía en varas.

102Existe evidencia de que durante las décadas de 1830 y 1840 el número de trabajadores contratados para los destajos y demás trabajos de excavación fue más o menos constante, con una fluctuación de entre 130 y 200. Véase, por ejemplo, UT, GFP, caja 3, fólder 2, en donde se encontrarán memorias para los años de 1834 y 1835.

103UT, GFP, caja 3, fólder 2, Memoria número 8 del año de 1835.

104Por ejemplo, en la semana 10 del 4 al 9 de marzo de 1844 la memoria importó 845 pesos y la venta de frutos fue de 1 543 pesos. El sobrante, por ende, fue de 698 pesos, de los cuales correspondían como gratificación para los dependientes los siguientes porcentajes: administrador Ygueravide, 2%; minero mayor, 1%; rayador, 1%; romanero, 1%; portero, 1%; partidor y herrero, 0.5% cada uno. La suma de la gratificación de los dependientes era de 48 pesos, 7 reales; es decir, casi el 7% del total del sobrante (UT, GFP, caja 3, fólder 7).

105Los cuatro hijos son Luis G. Gordoa, Antonio Eugenio, José María y Francisco Gordoa.

106Meyer, “Agüero, González”, 29 y 30.

107UT, GFP, caja 3, fólder 16.

108UT, GFP, caja 3, fólder 4.

109AHESLP, RPPyC, libro de 1841, 24 de marzo de 1841, f. 261-264.

110La noticia de la muerte de Luis G. Gordoa se dio a conocer en un periódico nacional. “Antes de anoche ha muerto súbitamente el Sr. Dr. D. Luis G. Gordoa. La nación ha perdido uno de sus hijos más apreciables por su saber y distinguidos talentos; su familia, un esposo amante, honrado y virtuoso; sus amigos, un ciudadano en cuya sociedad entraban grata complacencia y satisfacción cumplida. Uno de los últimos le dedica estas líneas” (El Monitor Republicano, martes 8 de diciembre de 1846).

111Reglamento de la mina Nuestra Señora del Refugio y socavón de La Luz, en Catorce, reformado el 30 de septiembre de este año. Diciembre 22 de 1870 (San Luis Potosí: Tipografía de Dávalos, Plazuela del Carmen, 1870); Reglamento de la negociación de La Luz en Catorce. Septiembre 30 de 1870 (San Luis Potosí: Imprenta del Colegio Polimático, calle del Coliseo, 1870); Acta de la Junta General de Accionistas del socavón y minas del Refugio situadas en Catorce. Celebrada en Zacatecas del día 6 de marzo de 1890 (San Luis Potosí: Imprenta de M. Esquivel, 1a. de Zaragoza, número 1, 1890).

112Ladd, La nobleza mexicana, 22.

113Al igual que otras familias pertenecientes a elites radicadas en ciudades como Guadalajara, León, Guanajuato, Chihuahua, o lo que se ha tendido a llamar ciudades provinciales, la familia Gordoa mantenía lazos con otros centro urbanos y con la misma ciudad de México tanto para asuntos económicos como políticos —aunque mantenía cierta autonomía con respecto a la ciudad capital—. Lindley, por ejemplo, comenta que “los comerciantes de Guadalajara operaban con independencia de la ciudad de México [aunque] mantenían contactos mercantiles y familiares en la ciudad de México y en otros centros regionales” (Lindley, Las haciendas, y el desarrollo, 27).

114Van Young ha estudiado un buen número de familias prominentes en la región de Guadalajara, para él “la prosesión de propiedades rurales confería cierto grado de poder social y legitimidad que no era igualado por otro tipo de propiedad” (Van Young, Hacienda and Market, 140. Traducción propia). Como se verá, en cierta manera los Gordoa invirtieron en propiedades rurales como una práctica cultural que otorgaba prestigio social y que además ofrecía un elemento de distinción del resto de los miembros de la sociedad.

115Margaret Chowning, Wealth and Power in Provincial Mexico. Michoacan from the Late Colony to the Revolution (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999), 6.

CAPÍTULO 4.

LOS GORDOA: CAPITAL SOCIAL Y POSICIONES EN EL GOBIERNO

En el capítulo anterior expliqué algunas de las características y el desempeño económico de las propiedades de la familia Gordoa durante la primera mitad del siglo XIX. El propósito de este cuarto y último capítulo es analizar cómo algunos miembros de la familia Gordoa hicieron uso de su capital social para obtener posiciones dentro del gobierno, así como para obtener ciertos beneficios económicos y políticos.1 Conforme lo expuesto por Nan Lin, quien ha contribuido al estudio del capital social desde la perspectiva de las redes sociales, los actores —en este caso los miembros de la familia— poseen status en la estructura de la sociedad en la que interactúan. Los actores tienen un estatus inicial y predeterminado dentro de la estructura social, el cual obtienen gracias al capital político de sus padres. A partir de esa posición obtenida, y por ende predeterminada, los actores interactúan con otros miembros de la red y toman decisiones haciendo inversión de su capital social con el propósito de obtener beneficios instrumentales como nuevos trabajos, promociones y puestos en el gobierno. Estos beneficios instrumentales retribuirán en el futuro una mejor posición dentro de la estructura social. Es menester mencionar que las posiciones de los actores en la estructura social son jerárquicas y son justo esas diferencias entre los recursos individuales las que llevan a los individuos a iniciar acciones encaminadas a la búsqueda de beneficios instrumentales que redundarán en beneficios como la obtención de mejores posiciones en la sociedad.2

De acuerdo con Nan Lin, cuando un actor se ubica en una posición de privilegio dentro de la estructura sus acciones tienen como propósito preservar los recursos que posee, mientras que cuando se encuentra en una posición jerárquica desventajosa sus acciones tienen el propósito de buscar nuevas y mejores posiciones dentro de la estructura.3 En el caso de los Gordoa, cuando las posiciones de sus miembros eran jerárquicamente inferiores, ellos buscaban una vinculación social y económica con el gobierno mediante contribuciones voluntarias y préstamos forzosos a manera de una estrategia para obtener beneficios instrumentales y en el futuro obtener una mejor posición. Cuando algunos de los miembros de la familia alcanzaban mejores posiciones en el gobierno —por ejemplo, como parte de la burocracia en el poder ejecutivo, como diputado en el poder legislativo o como administrador de una oficina de rentas— la estrategia era mantener sus recursos legislando o aplicando reglas y tomando decisiones que favorecieran los intereses de su propio grupo.

Los esfuerzos realizados por los Gordoa para ingresar a la estructura política no eran exclusivos de su familia, sino que eran una conducta común entre otras familias provinciales mexicanas. Esta conducta se relaciona con la acumulación de capital económico y en consecuencia de capital social que se dio en las décadas de 1820 y 1830, justo en el periodo en que he venido demostrando que se ha dado cierto crecimiento económico, pues las propiedades de las familias incrementaron su valor, en algunos casos de manera notable.4 Como miembros de una de las familias más ricas del siglo XIX, los Gordoa, interesados en posicionarse en la política nacional, tenían amplias posibilidades (debido al estatus originalmente obtenido) de iniciar sus carreras ingresando a los congresos estatales para luego formar parte de otras esferas del poder político y económico. Las décadas de 1820 y 1830 fueron, sin lugar a dudas, un periodo de incubación política, pues los miembros de las familias prósperas5 obtuvieron mejores posiciones dentro del gobierno mediante la inversión de su capital social y alcanzaron presencia y prestigio en espacios nacionales e internacionales.

En la primera parte de este capítulo explico la manera como los Gordoa se volvieron referente obligado cuando el gobierno necesitaba recursos financieros, pues se sabía que los miembros de la familia, dentro de la economía local, eran quienes poseían recursos pecuniarios. Como veremos, Pedro de San Juan, de origen español, fue objeto de contribuciones “voluntarias”, y debido a su condición de español padeció los embates generados por la promulgación estatal de la expulsión de españoles del estado de San Luis Potosí, sancionada por los federalistas radicales en el año de 1833, pero obtenía beneficios cuando gobernaban los federalistas moderados, aliados de los llamados aristócratas y de los comerciantes monopolistas. En la segunda parte analizo el caso de José María Gordoa, residente el distrito minero de Real de Catorce, quien poseía una tienda de menudeo y durante un breve lapso obtuvo un puesto en la oficina de rentas de San Luis Potosí. Más adelante analizo el papel político de Luis Gonzaga Gordoa durante las décadas de 1830 y 1840. El análisis de la vida política de Luis ejemplifica cómo un miembro de una familia acomodada dedicada a diversas actividades económicas se desempeñó tanto en la esfera de la política como en la de los negocios, y obtuvo gracias a sus acciones e interacciones posiciones importantes dentro del gobierno. El caso de Luis Gonzaga Gordoa ejemplifica cómo puso en juego sus propios recursos, que le permitieron estrechar relaciones dentro de las estructuras social y política. En suma, sus acciones le permitieron una posición ventajosa dentro de la estructura social, aunque en cierta medida no inició de cero o desde abajo, sino que supo utilizar la posición y recursos que le proporcionó su padre, Antonio María Gordoa, al impulsarlo como heredero del patriarcado familiar. Luis supo aprovechar además su posición para generar con sus acciones y recursos un indiscutible prestigio social que a su vez le sirvió como respaldo para su carrera política. Su posición de privilegio y sus interacciones le abrieron las puertas para incorporarse en nuevas posiciones importantes dentro de los poderes legislativo local y federal, además de haber sido llamado —a mediados de la década de 1830— por su reconocido prestigio y lugar privilegiado dentro de la sociedad para presidir una junta de fomento industrial, en la que desempeñó la tarea de promover las distintas ramas de la industria decimonónica en San Luis Potosí.

Por último, presento el caso de Cresencio María Gordoa —miembro de la tercera generación de los Gordoa—, quien de manera efímera fue gobernador de San Luis Potosí durante la segunda mitad del siglo XIX. Cresencio utilizó el capital social que poseía y aprovechó las ventajas que su posición predeterminada en la estructura social le ofrecía al grado que llegó a ser gobernador del estado de San Luis Potosí. Cresencio presumía su estatus social mediante sus hábitos sociales y que tenían la peculiaridad de que cada vez que hacía apariciones en la vida pública se inmiscuía en escándalos, pronunciamientos y escenas lúdicas que de seguro buscaban ridiculizar a la autoridad.

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y PRÉSTAMOS FORZOSOS: USO E INVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS GORDOA

Contribuir de manera voluntaria con un donativo para el gobierno o ser víctima de un préstamo forzoso eran prácticas o vejaciones a las que estaban acostumbradas las elites novohispanas. Aquellas elites novohispanas que sobrevivieron la Independencia o aquellas que se formaron durante la era republicana tampoco fueron ajenas a las contribuciones y los préstamos forzosos puesto que los nuevos gobiernos estatales y el federal continuaron con este tipo de acciones enfocadas a generar recursos para el erario en circunstancias de dificultad financiera o de urgencia de recursos para sostener tropas o pagar a la burocracia.

Sin duda, algunas familias supieron sacar provecho a la vinculación que con el poder político proporcionaba la entrega de recursos económicos. Hacia finales del periodo novohispano la acción de otorgar donativos o préstamos “para las urgencias de su majestad” era una práctica acostumbrada, y además se consideraba sin recato como “una manera hábil para colocarse en los círculos más allegados del gobierno y con ello lograr una posición privilegiada que pudiera retribuir en beneficios para los negocios privados”;6 o incluso un argumento, durante la era republicana, para salvar el pellejo al momento de ser considerado sujeto de expulsión del estado o del país por la condición de ser español o por haber cometido un crimen.

Durante el periodo novohispano los beneficios obtenidos por los donativos podían ser de muy diverso tipo. Para ilustrarlo explico de forma breve que a finales del siglo XVIII Francisco Manuel y Juan Bautista de Fagoaga donaron a la Corona española 20 000 pesos para sostener la guerra contra Inglaterra. En retribución por éste y otros donativos y préstamos, el virrey marqués de Branciforte no dudó en enviar al rey de España una recomendación, firmada por él mismo, a favor del hijo de Juan Bautista de Fagoaga. Dicha recomendación se basaba “en los sobresalientes servicios que su casa tiene hechos a la Corona […]. En vista de ello, en mayo de 1796 […] el rey concedió a su hijo [de Juan Bautista] José María el nombramiento de alcalde del crimen de la Real Audiencia de la Ciudad de México”.7 Ésta no fue la única participación de los Fagoaga en el poder político, puesto que supieron sacar provecho de estas relaciones y obtuvieron mejores posiciones dentro de la red social. Por otro lado, los préstamos forzosos no siempre redituaban de inmediato y en algunos casos hasta eran pérdidas totales de recursos. Esto le sucedió a la familia Fagoaga en 1836 cuando el presidente provisional José Justo Corro impuso un préstamo forzoso a las familias pudientes de la ciudad de México. Vieron sus intereses severamente afectados, pues tuvieron que prestar mil pesos al gobierno de Justo Corro, dinero que quizá nunca se recuperó para la familia ni en especie ni en beneficios.8

En el caso de los Gordoa sus contribuciones voluntarias y préstamos forzosos redituaron con el tiempo mejores posiciones dentro de la estructura política. De hecho, obtuvieron algunos puestos en el gobierno y casi siempre mantuvieron buenas relaciones con los diferentes grupos políticos (federalistas radicales y federalistas moderados, llamados también aristócratas) que tomaban el control de los gobiernos estatal y municipal y del poder legislativo a lo largo de la primera década de la era republicana.

Los Gordoa se encontraban inmersos en un contexto en el que los poderes legislativo y ejecutivo estatales fueron controlados por estos dos grupos con posturas diferentes sobre la forma en que debía organizarse la república. Durante la segunda mitad de la década de 1820 prevalecieron en el poder los federalistas moderados en ambos poderes. Hacia finales de dicha década los federalistas radicales comenzaron a controlar la legislatura estatal y luego la gubernatura; sin embargo, no duraron mucho en el control, pues a principios del año de 1831 el grupo moderado (que originalmente gobernó durante 1824-1829) tomó de nueva cuenta el manejo del gobierno del estado de San Luis Potosí. Una de las primeras medidas de los aristócratas fue formar un cuerpo de 101 soldados para combatir a los “rebeldes del sur”, es decir, a Vicente Guerrero, líder de los federalistas radicales y de las fuerzas que lo acompañaban. Guerrero y sus huestes habían abandonado la capital del país para ir al estado de Veracruz a combatir a los promotores del Plan de Jalapa. Para el sostenimiento de la burocracia, el gobierno estatal recurrió a la voluntad de la población, en específico, a los miembros de las clases pudientes, para que contribuyeran de manera voluntaria por medio de donativos para el sostenimiento de los soldados referidos. El mantenimiento de cada soldado costaba once pesos, seis reales al mes. En esta ocasión doña Dorotea García de la Cadena de Gordoa contribuyó con cinco pesos, cuatro reales para apoyar el sostenimiento de un soldado. La contribución no era en verdad considerable, sobre todo si se le compara con las realizadas por el rico hacendado y comerciante Pantaleón Ipiña, quien donó 158 pesos mensuales para el sostenimiento de ocho soldados; o el donativo similar realizado por la casa comercial de Martín de Bengoa, Gabriel Maciel y Bengoa y Cía.9

La familia Gordoa fue objeto en varias ocasiones de préstamos forzosos. En 1832 la negociación de Nuestra Señora del Refugio, en Real de Catorce, fue una de las afectadas. El Gral. Esteban Moctezuma inició desde Tampico un pronunciamiento en marzo que tenía como fin apoyar al Gral. Antonio López de Santa Anna. Éste había sido incitado por Pedro Landero, quien estaba al mando y control del puerto de Veracruz, para iniciar un levantamiento en Veracruz en contra del vicepresidente Anastasio Bustamante. Santa Anna se encontraba en su hacienda Manga de Clavo; sin embargo, dos días después del llamado de Landero aquél se encontraba en Veracruz y estaban ambos organizando sus tropas. Mientras tanto, Moctezuma ordenó un préstamo forzoso por cincuenta mil pesos, el cual sería recaudado entre los comerciantes de la capital de San Luis Potosí, del puerto de Tampico, de la ciudad de Monterrey y del puerto de Matamoros. Este préstamo sería pagado por medio de libranzas en contra de las comisarías (oficinas recaudadoras de impuestos correspondientes al gobierno federal o general) establecidas en las ciudades mencionadas. El mismo general invitaba a que “fueran pagadas las libranzas con la mayor religiosidad” para así evitar la inconformidad entre los prestamistas que verían afectados sus negocios.10 El administrador de la negociación de Nuestra Señora del Refugio, Fermín Mata, se vio obligado a prestar trescientos pesos en moneda y otra cantidad igual en libranzas. No hay datos de que hayan recuperado el dinero; de hecho, la evidencia existente podría más bien indicar que los Gordoa no lo obtuvieron de regreso. En 1835 el congreso local —del cual uno de los diputados de la legislatura era Francisco Ignacio Gordoa— reconoció por decreto que en el estado de San Luis Potosí el Gral. Moctezuma había solicitado en septiembre de 1833 un préstamo forzoso a los vecinos de Cedral —población cercana a Real de Catorce— y un segundo préstamo —por más de mil cuatrocientos pesos— a varios pobladores de los municipios del Partido de Rioverde, para auxiliar la 2a. División del Ejército Libertador. En el decreto no se reconoce el adeudo ni se indica el pago del préstamo forzoso que se impuso a la mina de Nuestra Señora del Refugio en 1832.11

De nuevo en un periodo de conflicto, el gobierno general emprendió en 1836 una campaña para formar un ejército de operaciones en contra de los colonos texanos, quienes promovían la separación de Texas de México. En esta ocasión el Lic. Francisco Ignacio Gordoa contribuyó motu proprio con 69 pesos, 4 reales mensuales durante el tiempo que durase la campaña. Francisco Ignacio había formado parte de la V Legislatura constitucional (1o. de enero a 8 de octubre de 1835), la cual se caracterizó por haber sido la última legislatura estatal de la Primera República Federal, y tras su disolución dio paso a la junta departamental que era la nueva forma en que se organizaban los órganos legislativos —aunque bastante restringidos en su actuar— a partir del inicio de la República Central. El monto de su contribución se ubicaba entre los más elevados, superado tan sólo por el del sacerdote José María Guillén y seguido por el del rico comerciante Juan Leonides Reynoso, quien contribuyó con cincuenta pesos.12 En ese mismo año Francisco Ignacio entregó doscientos cincuenta pesos como préstamo forzoso promovido por el gobierno general; dicho préstamo tenía como finalidad cubrir una parte del déficit de las rentas nacionales. Su contribución voluntaria y su cumplimiento en el préstamo forzoso, con una cantidad nada despreciable, sin duda resultó en cierto beneficio popular y político, pues dos años después, en 1838, la Junta Electoral del Departamento de San Luis Potosí, que eligió de entre notables miembros de la elite política y económica los diputados propietarios y suplentes al congreso general, lo agració en esa ocasión con su elección como diputado suplente.13 Su popularidad y presencia política, pero sobre todo su intercambio de recursos, lo mantuvieron en ascenso. En la elección de 1842 para el mismo congreso general Francisco Ignacio resultó electo de nueva cuenta, pero ahora como diputado propietario.14 Es decir, y siguiendo a Lin, puso en juego sus recursos y obtuvo mejores posiciones dentro del gobierno central.

El préstamo forzoso de 1836 buscaba formar y mantener el ejército de operaciones; para ello, el gobierno general pretendía recaudar en todo el país dos millones de pesos. En San Luis Potosí figuraron varios miembros de la familia Gordoa en la nómina del préstamo. Quizá para dar realce a los montos de las cantidades suministradas por los ciudadanos y extranjeros, el gobierno realizó una catalogación en cuatro clases de prestamistas de acuerdo con sus posibilidades económicas. La primera clase correspondía a mil pesos, la segunda a quinientos, la tercera a doscientos cincuenta y la cuarta a cien pesos. Entre los de la primera clase figuraba Pedro de San Juan; en la tercera clase, Francisco Ignacio Gordoa, con el préstamo de doscientos cincuenta pesos ya mencionado; y en la cuarta clase aparecían enlistados José María Gordoa y Bravo y Dorotea García de la Cadena de Gordoa. En esa ocasión los prestamistas obtuvieron como garantía para recuperar su dinero certificados emitidos por el gobierno, los cuales serían pagados un año después.15

Durante la década de 1840 la familia continuó siendo sujeta —aunque en menor medida— de contribuciones voluntarias y préstamos forzosos. En 1842 Pedro de San Juan contribuyó con doscientos cincuenta pesos para el vestuario de las tropas que se alistaban para la campaña de Texas. En esa ocasión San Juan figuraba entre los grandes contribuyentes, pues, al igual que él, las casas comerciales de Joaquín Harmony y Federico Hartog auxiliaron con doscientos cincuenta pesos, y lo mismo hicieron el hacendado y comerciante Joaquín María Errazu y el rico comerciante Gregorio Lambarri.16

Por último, en 1843 el gobierno general solicitó un nuevo préstamo prorrateado entre los diversos departamentos del país. La junta departamental de San Luis Potosí aprobó al gobierno departamental la exacción de 176 400 pesos, los cuales le correspondían como contribución a dicho préstamo. En esta ocasión de nuevo figuraron como prestamistas varios miembros del clan Gordoa. Para ese entonces ya había muerto José María Gordoa, por lo que su testamentaria tuvo que aportar trescientos sesenta pesos, Miguel Gordoa aportó ciento veinte pesos y Manuel Gordoa prestó trescientos sesenta pesos.17

Como vimos en el caso de Francisco Ignacio Gordoa, sus contribuciones voluntarias y su condición de prestamista le redituaron cierto beneficio político; por otro lado, a su cuñado Pedro de San Juan —segundo esposo de Francisca Gordoa y Bravo— le redituaron, como se verá, de manera diferente. San Juan, quien era residente de la ciudad de San Luis Potosí desde la década de 1820, tenía una importante presencia entre los miembros de la elite económica y era más bien reconocido como hacendado que como comerciante.18 Su condición de español resultaba en ciertas ocasiones una desventaja; sin embargo, su peculiaridad como acreedor del gobierno le otorgaba ciertas preeminencias. En 1829 contribuyó con 1 450 pesos a un préstamo forzoso decretado por el gobernador federalista-radical Vicente Romero; esta contribución, además de las ya mencionadas, le permitió obtener ciertas preferencias ante el decreto número 29 de la legislatura constitucional de 19 de abril de 1833 —dominada por los federalistas radicales—, en el cual se ordenaba la expulsión de los españoles residentes en el estado de San Luis Potosí. Pedro de San Juan tenía el perfil de los españoles considerados en los términos del decreto para ser expulso; sin embargo, una comisión le visitó en su domicilio para darle a conocer en persona las implicaciones de la ley de expulsión; de manera tranquila, San Juan respondió a los miembros de la comisión que él se consideraba con posibilidades de contar con una excepción legal, por lo que “[usaría] la gracia que la misma ley le [concedía]”.19

En agosto de 1833 Pedro de San Juan remitió al congreso del estado su requerimiento de excepción; una comisión ex profeso analizó a detalle sus argumentos. San Juan inició su solicitud exponiendo que había prestado numerosos servicios a la patria tanto en el estado de San Luis Potosí como en el de Zacatecas, y por ello consideraba que existían motivos suficientes para fundamentar su excepción. De acuerdo con su exposición San Juan prestó al gobierno del estado, el 13 de diciembre de 1828, por medio de su tesorero Juan Guajardo, cincuenta y cuatro pesos, los cuales le fueron solicitados en la junta patriótica celebrada en la ciudad de San Luis Potosí; el dinero sería para el pago de cinco soldados que ofreció mantener. En 1829, ante la invasión del español Isidro Barradas, contribuyó voluntariamente con doscientos cincuenta pesos, los cuales remitió al ayuntamiento de la capital. En ese mismo año le fueron asignados como préstamo forzoso 2 250 pesos con la misma finalidad de combatir la invasión de Barradas. Declaró que durante las convulsiones políticas de 1831 contribuyó con el gobierno, encabezado por los radicales, con caballos y mulas para los soldados de la milicia cívica; estos animales fueron proporcionados por su hacienda de Ciénega, y nunca cobró por ellos ni pidió indemnización alguna. Por último, manifestó que nunca tuvo comportamientos contrarios a la causa de la independencia nacional y que siempre prestó sus servicios. La comisión del congreso analizó los argumentos de San Juan y declaró que estaba comprendido en la parte primera del decreto 29, la cual exceptuaba de la expulsión a aquellos españoles que demostraren haber prestado servicios a la patria en sus causas de libertad y sistema federal.20 Vale la pena recalcar que hubo un sinfín de solicitudes de excepción por parte de los españoles residentes en el estado. Los argumentos presentados eran muy similares a los que expuso San Juan; sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. A la postre, no hay evidencia de que algún miembro de la familia vinculado a la esfera política haya intercedido a favor de San Juan; de hecho, una intervención de Luis G. Gordoa, por ejemplo, hubiera sido improbable ya que el grupo político federalista radical en el poder —y que promovía la expulsión de los españoles— consideró a Gordoa como su rival político e ideológico, pues lo vinculaba a los comerciantes monopolistas y a los aristócratas.21 En suma, los préstamos y donativos con que participó San Juan fueron actos que le retribuyeron el beneficio instrumental de evitar la expulsión y, por ende, mantener su residencia en San Luis y en México.

JOSÉ MARÍA GORDOA Y SU OFICINA DE RENTAS

Ya vimos cómo Francisco Ignacio Gordoa y Pedro de San Juan utilizaron su capital económico y social para obtener, en el caso del primero, un puesto en la estructura política; y el segundo, para evitar salir del estado de San Luis Potosí y del país.

Ahora bien, el análisis se centra en José María Gordoa, quien ocupó de forma efímera un cargo en la estructura del gobierno. Durante los años de 1829 y 1830 fue el administrador de rentas estatales en Real de Catorce, San Luis Potosí; puesto que era estratégico para él, pues poseía una tienda de importaciones. Es de relevancia el caso de José María Gordoa ya que era comerciante y a su vez administrador de rentas estatales, es decir, el encargado de recaudar los impuestos sobre las introducciones de mercancías que realizaban los comerciantes en Real de Catorce; en suma, era juez y parte del proceso de cobro y administración del impuesto.

El caso de José María presenta una forma común de las relaciones que establecían los comerciantes con el poder político y la burocracia, y aún más en específico con la estructura fiscal. El puesto de administrador de rentas era subastado por el gobierno estatal. Se asignaba a quien depositara la fianza que se establecía y que era acorde con la capacidad de recaudación del alcabalatorio, es decir, a mayor recaudación mayor el costo (he explicado a detalle este tema en el Capítulo 2). El administrador recibía un porcentaje del ingreso del alcabalatorio. Por lo general, los comerciantes establecidos en los pueblos y ciudades eran los administradores de las rentas o los fiadores de quien ocupara dicho puesto. La razón estribaba en que eran los miembros de la sociedad que contaban con los recursos para pagar la fianza. Esta tradición se transfirió de la era novohispana a la república. Ejemplos sobran; basta citar que el acaudalado comerciante Martín Bengoa era desde antes de la consumación de la Independencia y durante la década de 1830 fiador de la administración de tabacos, fiador del contralor del hospital militar de San Luis Potosí, del mayordomo de propios y fiel de la alhóndiga, y del comisario general de Tamaulipas, José Dionisio Palomo.22

La evidencia encontrada nos demuestra que José María Gordoa intentó mantener un equilibrio entre su papel de propietario de una tienda de productos de importación y la celosa recaudación de impuestos. Es de suponer que no fue fácil la conciliación de intereses, pero además no fue tarea fácil cobrar las alcabalas e impuestos estatales al consumo, ni recolectar el odiado impuesto municipal al que prestaron una constante oposición los comerciantes nacionales. En 1829 el ayuntamiento de dicho pueblo impuso una contribución municipal del dos por ciento mensual sobre el capital de los negocios y minas del distrito minero. Esta exacción fiscal era utilizada para el sostenimiento de la milicia cívica ahí estacionada. José María Gordoa hizo una contribución de seis pesos mensuales ya que su casa comercial contaba con un capital de tres mil pesos.23 En los últimos meses de 1829 José María comunicó al gobernador del estado que la recaudación realizada por su oficina, sobre todo la correspondiente al impuesto municipal, había sido considerable.24

José María sustituyó en 1829 como administrador de rentas de Real de Catorce a José Antonio Nieto, quien, como ya se explicó, era un administrador que se caracterizaba por su férrea —incluso, para algunos, intransigente— postura respecto al cobro de impuestos. Desconozco con precisión la fecha en que el primero dejó el cargo de administrador —aunque es de suponerse que esto sucedió a finales de 1831—. Las condiciones para la exacción fiscal durante los años en que Antonio María actuó como administrador no fueron fáciles; había severas quejas de los comerciantes y mineros nacionales sobre la indulgencia del gobierno hacia los extranjeros, quienes evadían el pago de impuestos. Varios comerciantes y mineros de Real de Catorce manifestaban: “Es ciertamente muy doloroso que los vecinos de este mineral que sufre las contribuciones de la Milicia Cívica […] se vean las más ocasiones con los brazos cruzados sin poder vender una vara de lienzo cuando los viandantes extranjeros están con toda libertad sin pensiones ni cargas concejiles expendiendo sus efectos […] recibiendo efectos que desde los puertos les mandan, sin contribuir con su persona, o su dinero a las cargas del lugar”.25 Es muy probable que José María haya coincidido con esta apreciación sobre el comercio y las exacciones fiscales que padecían, pues él mismo era comerciante establecido —aunque con la ventaja de ser el administrador de las rentas— y de seguro, al igual que sus compañeros de los giros minero y mercantil, se debe de haber preguntado: “¿Pero por qué serán tantas consideraciones con estos extranjeros? ¿Qué podemos esperar de unos hombres que aun estando avecindados en Tampico mandan a lavar su ropa hasta Nueva Orleáns por no dejar siquiera esta pequeña utilidad a nuestros indígenas?”26

José María no realizó una carrera política como Francisco Ignacio y Luis G. Gordoa; a diferencia de ellos, movilizó sus recursos para pagar la fianza de administrador de rentas estatales en Real de Catorce. Después de su efímero paso por la administración pública, no se volvió a saber de su presencia en el marco de la política en ninguno de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya retirado del todo, pues tenía una tienda que atender y una lucha que afrontar para hacer más justas las reglas del juego fiscal en Real de Catorce, ya que comerciantes como él era quienes se veían afectados por la indulgencia de la autoridad sobre el cobro de impuestos a los comerciantes extranjeros.

LUIS G. GORDOA: POLÍTICO Y HOMBRE DE PRESTIGIO

A diferencia de los personajes y casos ya explicados, Luis G. Gordoa fue el miembro de la segunda generación de la familia que desarrolló una carrera política más duradera y que alcanzó un posicionamiento no sólo local sino nacional. Luis, al igual que otros políticos e intelectuales de la época, inició su formación poco antes de la guerra de Independencia y logró un importante posicionamiento nacional desde finales de la década de 1820. A pesar de que destacó ampliamente en el ámbito político, resulta difícil demostrar si en algún momento Luis hizo uso de sus influencias o acceso a información privilegiada para ver beneficiados sus negocios. Sin embargo, es posible por medio de la interpretación de las fuentes, pese a la dificultad que nos presenta, plantear a manera de hipótesis que al menos Luis G. Gordoa aprovechó la oportunidad de su posicionamiento como diputado local para buscar no necesariamente el beneficio particular, sino más bien poner en juego sus recursos y capital social para promover el impulso de las actividades económicas como la minería y el comercio, a las cuales no obstante se vinculaban sus negocios.

Luis G. Gordoa nació en el mineral de Real de Catorce el 27 de mayo de 1797. Dentro de la historiografía potosina ha sido considerado —aunque no con el apropiado reconocimiento— como uno de los hombres públicos que más destacaron durante los primeros años de la era republicana. Poseía una variada instrucción y una gran capacidad intelectual. Sus primeros estudios los realizó en su pueblo natal para después ser llevado por sus padres a la ciudad de México, en donde estudió en el Colegio de San Ildefonso. Ahí se recibió de licenciado en Leyes y obtuvo además el doctorado en Derecho Canónico. En 1823 viajó a la ciudad de San Luis Potosí, en donde fue electo junto con Tomás Vargas y José Guadalupe de los Reyes —ambos, connotados miembros de la elite política y económica potosina— como diputado al II Congreso Constituyente que sesionó desde finales de 1823 hasta los primeros meses de 1824. Luis G. Gordoa fue por tal motivo uno de los autores de la Acta Constitutiva de la Nación de 31 de enero de 1824 y de la Primera Constitución Federal Mexicana de 1824. En 1825 formó parte de la legación mexicana que viajó a Roma, “encargo que desempeñó a satisfacción; cinco años duró en Europa y regresó en 1829”.27 Justo al momento de su regreso fue electo diputado del congreso potosino en tres ocasiones. Así, durante el periodo de 1829-1832 formó parte de las II, III y IV Legislaturas constitucionales28 y fue además electo ministro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en 1831, cargo que desempeñó por muy poco tiempo. Al final de la Primera República Federal fue senador29 y en la década de 1840 figuró durante la República Central como representante del departamento de San Luis Potosí en 1841,30 además de que durante el restablecimiento de la república federal fue diputado por el estado de Zacatecas y senador por el mismo estado.

Durante su participación en los años de 1831 y 1832 como diputado en la III Legislatura local, en representación del partido de Real de Catorce, de donde era originario, es posible dar seguimiento a algunas acciones en las que se hace patente su interés por promover, desde una posición privilegiada, actividades como el comercio y la minería. Durante el primer periodo de sesiones ordinarias Luis G. Gordoa fue electo presidente del congreso. Desde ahí promovió, en mancuerna con el gobernador José Guadalupe de los Reyes, la creación de la Junta Protectora de la Industria que se instaló el 14 de agosto de 1831.31 Con el respaldo de la buena relación mantenida con el gobernador y desde su posición privilegiada como presidente del congreso, participó de forma activa como miembro de la junta e incluso logró presidirla durante el tiempo de su existencia. Con el establecimiento de esta junta se daba cumplimiento a lo estipulado por el gobierno federal para que el Banco de Avío otorgara préstamos en los estados en donde se hubieran creado juntas protectoras.

En la ceremonia inaugural, el gobernador José Guadalupe de los Reyes dirigió un discurso en el cual afirmó de modo enfático que en los hombros de los miembros de la junta descansarían la dirección y fomento de la industria en sus tres ramos principales: el de minería, la agricultura y las artes industriales. La respuesta al discurso del gobernador corrió a cargo de Luis G. Gordoa, quien subrayó —frente a los más de cincuenta miembros e invitados que representaban los diferentes partidos y municipios que formaban el estado— que era primordial el impulso a la actividad minera, puesto que en su opinión era el ramo más importante. “La Junta —escribió Gordoa— no perderá un punto de vista este ramo, el más principal e importante, como que de él ha de salir el jugo que nutra y aumente las fuerzas productivas del Estado”.32 Evidentemente, los negocios de los Gordoa se vinculaban a la minería; sin embargo, no era el único interesado en esta actividad, ya que la junta se conformó en su mayoría por empresarios mineros como Mariano Medina, Anastasio Quiroz, Mariano Escandón, Manuel Ortiz de Zárate e Ignacio López Portillo, propietarios de minas en los distritos mineros potosinos.

Sin duda, el impulso a la minería fue de las tareas privilegiadas de dicha junta y de especial interés para Luis. Como parte de la estrategia de impulso a este ramo, la junta se avocó a la elaboración de unas bases para la conformación de una compañía de minas de Real de Catorce, la cual estaría integrada por un considerable grupo de accionistas y sería presidida por una junta directiva. Debido a lo afortunado de la propuesta, la Gaceta del Gobierno comentó en un editorial: “Comenzamos a ver los trabajos de la junta protectora de la industria que tienen el fin de emprender una negociación de minas en Catorce. Ha tenido la aprobación del Supremo Gobierno del Estado, y desde luego se tomarán las medidas necesarias para realizar el proyecto”.33 Es probable que Luis G. Gordoa haya sido el autor intelectual de la conformación de esta empresa. Por un lado contaba con el conocimiento adquirido sobre la minería resultado de la experiencia en el manejo de la mina de la familia localizada en Real de Catorce. Además, contaba con el respaldo de su padre, Antonio María Gordoa, quien poseía un amplio prestigio como minero conseguido gracias a su impulso al ramo y a la constante inversión que hacía en su negociación. En 1831 un periódico local dedicaba las siguientes líneas a Antonio María: “El benemérito minero, Lic. D. Antonio María Gordoa, después de haber mantenido a la mayor parte de este vecindario por más de veinte años con las razonables bonanzas que ha logrado […] ha gastado más de doscientos mil pesos en obras muertas […] [al grado de que su famoso] socavón puede competir con los que se han dado en las minas del Hartz hanoveriano y otros decantados de Alemania”.34 En 1844 Juan N. Mata, administrador de la empresa minera de los Gordoa, reafirmaba en una carta a su patrón la influencia que las generaciones de los Gordoa habían tenido en los ramos de la minería, pues le solicitaba de manera desesperada: “Dios permita que usted no se olvide de este pobre mineral cuando tenga oportunidad de poner en acción su influjo a favor del ramo de la minería”,35 pues —decía Mata— el pueblo de Real de Catorce presentaba un aspecto miserable.

La posible formación de la Compañía de Minas de Real de Catorce comenzó a tener eco entre los habitantes del estado potosino y sin duda contó con el apoyo de la maquinaria política. De diversas maneras mostraron los diferentes sectores su interés por el desarrollo económico, incluso algunos de ellos que contaban con capital disponible procedieron a invertir en la compañía. La noticia tuvo impacto regional, pues algunos interesados residentes en otros estados del país manifestaron su deseo de invertir. Al inicio de 1832 la Gaceta del Gobierno dedicó su editorial del 28 de enero para dar a conocer que “muy pronto se verían realizados los proyectos de la Compañía de Minas de Catorce, ya que diariamente aumentaba el número de accionistas que iban incrementando el fondo necesario para dar inicio a la empresa”.36

La Junta Protectora de la Industria especificó que para la conformación de la compañía de minas se redactaran las bases que indicaran el establecimiento de ésta y que a su vez se publicaran en el periódico oficial para que sirvieran de invitación a los dueños de las minas o negociaciones del mineral de Real de Catorce con el fin de motivarlos para que dirigieran sus propuestas y elegir la mejor de ellas. Una vez decidida cuál de la minas era la mejor para ser fomentada, la junta protectora haría contrata con los dueños de la negociación seleccionada.37 La decisión final recayó en la mina conocida como Guadalupe Veta Grande, considerada ideal para la inversión ya que, en opinión de algunos expertos, merecía una atención particular. Por un lado destacaban el hecho de que se hallaba abandonada, y por el otro diagnosticaban que por medio de ella se podía alcanzar y cortar la veta de la Purísima, “que sin disputa era la mejor del mineral”.38 Prueba de lo anterior fue el interés que mostró la compañía anglo mexicana que la tuvo contratada desde mediados de la década de 1820, aunque la mantuvo casi inactiva debido a que no contaba con el capital para mantener trabajando los laboríos.39

A principios de 1832 las condiciones para la formación de la compañía estaban ya dadas, pues se había decidido la negociación con la que se haría la contratación. El gobierno llevaba ya varios meses ministrando mil pesos mensuales destinados al fomento de la actividad minera y en menos de dos meses ya se habían suscrito cien accionistas, quienes en conjunto compraron 146 acciones de las 2 000 que se emitieron, era un avance aunque no se llegaba al 10%; no obstante, continuaban llegando solicitudes para adquisición de más acciones.

El número de acciones compradas hasta enero de 1832 representaba 730 pesos de los 10 000 que se esperaban recaudar en principio. Aquellos que se convirtieron en accionistas adoptaban —de acuerdo con las bases del contrato—el compromiso de ministrar cada mes cinco pesos por cada una de las acciones que poseían en un plazo de cuatro años o hasta que la mina comenzara a rendir utilidades. A partir de ese momento comenzarían a recibir los beneficios. Sin embargo, no era tan simple el procedimiento, pues si la venta de frutos superaba el costo del laborío o de la memoria, entonces se reservaría el 25% de la ganancia para formar un fondo contingente de la compañía y el 75% restante sería entonces repartido a cada accionista en concordancia con el número de acciones en su poder.40

Pareciera ser que la conformación de la junta, con Luis G. Gordoa encabezándola, y el ambicioso proyecto para formar la compañía minera generaban cierto equilibrio entre lo que James Coleman ha llamado obligaciones y expectativas; es decir, había un sentimiento de que prevalecería la reciprocidad si se participaba en la empresa, y dicha reciprocidad se asentaba en la confianza que proporcionaba el liderazgo de Gordoa. Tal como afirma Coleman, es necesaria la confianza en una estructura social para estimular la formación de capital social, en este caso, la estructura de la Junta de Fomento se convirtió en una institución que generó confiabilidad.41 Quizá entre los factores que generaron tal confianza resaltan dos; el primero es el prestigio que tenía Gordoa y el segundo el hecho de que en la lista de los accionistas no figuraba Luis G. Gordoa o algún miembro de la familia. Lo contrario —lo cual no tiene de ninguna manera implicaciones negativas— sucedió con sus compañeros de curul, como José María Flores, Luis Guzmán, Tirso Vejo, o los propietarios de minas en el estado, quienes por obvias razones se suscribieron casi de inmediato que se dieron a conocer las bases para la formación de la compañía de minas y que estuvieron disponibles los documentos que respaldaban las acciones. La ausencia de Luis G. Gordoa en el cuerpo de accionistas es difícil de explicar, pues él mismo, en su papel de presidente de la Junta Protectora de la Industria, había sido el principal promotor de la negociación.

Pese al trabajo y empeño puestos en el proyecto, éste quedó inconcluso; debido a cambios políticos en el gobierno, la junta protectora desapareció a mediados de 1832 junto con lo que se había llegado a organizar de la compañía de minas de Catorce. Sin embargo, queda la certeza de que cuando Gordoa estuvo al frente de ella mantuvo una política proteccionista de la industria y el comercio nacionales, y fomentó hasta donde pudo los ramos de la minería y de la industria. Es en cierta manera comprobable que entre los objetivos de Luis no estaba la obtención de beneficio personal; de hecho, se puede asegurar que evitaba formar parte de la vida política, pues, hasta donde se sabe, le quitaba el tiempo que él deseaba para dedicarlo a sus negocios. A mediados de 1846 su hermano Antonio Eugenio le comentaba que los había visto nombrados tanto a él como a Francisco Xavier para ocupar cada uno una diputación por San Luis. Sin embargo, resalta un tono pesimista en la carta, Antonio le comentaba que “mientras más retirado [de la política y del gobierno], mejor. Ojalá te escapes de la diputación porque es verdad lo que tú dices, y sólo un gobierno de ladrones como el del norte les acomoda [a los políticos mexicanos], con más que los de acá quieren medrar con lo ajeno desde el principio, y aquéllos disimulan para que cojan otros”.42 Unos días después su cuñado Pedro de San Juan le escribió en un tono muy similar al empleado por Antonio Eugenio: “Siento mucho que nombrarán a usted diputado porque considero que son encargos molestos y más lo serían para mí que no los entiendo”.43

Las acciones racionales de Luis G. Gordoa tienden a incrementar —tal como lo propone Nan Lin— su capital social individual. Después de obtener cierto capital, Luis intercambió sus recursos —monetarios, prestigio y patronazgo— para acumular más capital, pero él además hizo público su capital mediante su liderazgo en la junta protectora. En suma, el capital individual de Luis hizo la función de conferirle legitimidad hacia el seno de la junta.

LA TERCERA GENERACIÓN: CRESENCIO MARÍA EL ESCANDALOSO

Si hiciéramos un ejercicio que tuviera como objetivo ubicar en el espectro ideológico y político a Francisco Ignacio, José María y al mismo Luis G. Gordoa, tendríamos como resultado que los tres hermanos eran de una postura liberal y federalista moderada muy cercana a los llamados aristócratas. Lo contrario aconteció con Cresencio María Gordoa, miembro de la tercera generación de la familia Gordoa, quien podría ser ubicado como un liberal y federalista radical, y que además se distinguió por poseer una personalidad controvertida. Cresencio estudió leyes y se volvió famoso por sus capacidades para el debate. Él ocupó diversidad de puestos en el gobierno estatal e incluso fue por un periodo efímero gobernador de San Luis Potosí en el año de 1857. Su posición social adquirida, la mejor de todos los miembros de la segunda generación, le ayudó, sin lugar a dudas, a obtener los puestos que ocupó.

Cresencio María era hijo del matrimonio de Francisco Jerónimo Gordoa —hermano de Luis, Francisco Ignacio y José María— con Dorotea García de la Cadena. Tenía un hermano y cuatro hermanas; de estas últimas vale la pena mencionar que dos de ellas, María Francisca y María del Refugio, se casaron con reconocidos abogados; la tercera de ellas contrajo nupcias con el comerciante español Eledermo Carrera, quien por cuestión de negocios mantenía una estrecha vinculación con el rico comerciante y almacenero Martín Muriel; la cuarta hermana, María Luisa, trasladó su residencia a Europa en 1841, ahí permaneció aparentemente hasta su muerte. Por último, su hermano, José Mariano Gordoa, se dedicó a la abogacía y fue diputado constituyente en el año de 1861.44

La primera presentación pública de Cresencio María se dio en el año de 1841, en medio del escándalo, pues estuvo enmarcado por una discusión con el administrador de rentas estatales José Antonio Nieto. Cresencio, promotor fiscal del juzgado de distrito, respondió a un texto publicado por Nieto en el cual éste le acusaba de no cumplir con los deberes para los que estaba contratado en el juzgado; explicaba Nieto, en clara acusación hacia el promotor fiscal, que se absolvía de forma indebida —en el juzgado de distrito— a los defraudadores de las rentas, con lo que se quebrantaban las leyes; su acusación la fundamentaba en dos casos que él mismo describía a detalle en el referido texto. El primer caso corresponde al decomiso de un cargamento de carne que realizó en la aduana, pues, en opinión de Nieto, el viandante traía una carga con más peso del declarado en la guía; el segundo caso es dedicado a la solicitud de Nieto para que se interpusiera un juicio en el plazo de veinticuatro horas sobre la introducción a la ciudad (evadiendo la garita alcabalatoria) de un barril de mezcal, el juicio no tuvo lugar en dicho plazo ya que se requería que la parte acusada presentara las pruebas para su defensa y explicara por qué supuestamente evadió la aduana.45

Cresencio respondió con habilidad al texto de Nieto. Explicó en su alegato que el cargamento de carne pesaba más de lo indicado en la guía debido a que al arriero que la transportaba lo sorprendió una intensa lluvia, que ocasionó que se acumulara humedad en la carne y, por ende, un incremento en el peso. Respecto a la introducción ilegal del barril de mezcal, más que remitirse a las pruebas —pues no contaba con ellas—, fue puntilloso y listo al reorientar su argumento, ya que precisó —haciendo alarde de su conocimiento de las leyes— que para llegar a un fallo justo se debe “oír no sólo al Sr. Nieto, sino también al interesado, que se remitía a las pruebas que no podían obtenerse en esta ciudad, de lo que sustancialmente se infiere que, en la peregrina jurisprudencia de aquel empleado, basta sólo oírlo a él para fallar y que puede haber juicio sin audiencia de partes”.46

Como se podía esperar, Nieto no se quedó callado. Respondió de inmediato a “ese joven letrado”, como le llama a Cresencio. “El señor Gordoa —comenta Nieto— se expresa en términos y expresiones dolosas y no da prueba alguna de que [yo] haya en algún momento actuado por ‘la poco noble pasión del interés’”.47 Incluso Nieto lo reta a formalizar su acusación ante cualquier juez: “Yo podré presentar centenares de testigos de las muchas veces que influyo con los aprehensores en favor de los pobres a quienes se les aprenden efectos, cuidando sólo de salvar el interés de la renta que manejo”. Y para no dejar duda de su solvencia moral, Nieto transcribió una carta que le remitió Cresencio, y con la publicación de este documento literalmente lo echa de cabeza y lo descubre como corrupto: “Sr. Don José Antonio Nieto, —C. de V. Enero 6 de 1841.— muy Sr. mío: hace algunos días —escribe Cresencio— que se celebró un juicio en que se decomisaron unas cargas de garbanzo, y cuatro mulas, deseo saber si de ello me corresponde algo. Y sin otra cosa mande V. a su afectísimo S.Q.B.S.M.— Cresencio María Gordoa”.48 En pocas palabras Nieto demuestra que el promotor fiscal estaba pidiendo su moche o parte por lo decomisado en la aduana administrada por el primero. Para ridiculizar aún más a su ya bastante vapuleado interlocutor, Nieto explica que el comiso referido de garbanzo y de las cuatro mulas se realizó a “un pobre de calzoneras”, y pone énfasis en que él ejerce por igual los criterios para el cobro del impuesto sin distinción de la condición social y económica; en una ocasión se presentaron —explica Nieto— un pobre que “no tenía ni medias y un caballero de casaca […] [y] al primero se le aplicó la pena con más rigor que al segundo, a pesar de que mi pedimento fue igual, pues yo no distingo a nadie en el cumplimiento de mis deberes”.49 Nieto concluye su texto de respuesta a la “injurias” de Cresencio de la siguiente manera: “Dice el Sr. Gordoa que su objeto no es avergonzarme, citándome hechos que no se conforman muy bien con la pureza que tanto blasona; esto, a la verdad, es una injuria y por lo mismo yo le exijo que me pruebe ante un juez, pues de no ser así quedará con la nota de falso calumniador”.50 Después de la respuesta que dio Nieto, de seguro Cresencio no salió bien librado. De hecho, un rastreo realizado por diversas fuentes nos indica que no vuelve a aparecer en público hasta finales de 1846.

La reaparición de Cresencio se da unos meses después de que se reestableció la República Federal en 1846. Como consecuencia del cambio en la organización de la república (de República Central a Federal), se requería restituir el sistema electoral que funcionó durante los años de la Primera República Federal. En septiembre de ese año la prefectura del departamento de la capital convocó a una votación para formar la junta electoral; entre los veintisiete electores que correspondían a la ciudad de San Luis Potosí figuró Cresencio María con un número reducido de votos, pero suficientes para obtener el triunfo.51

Los electores en ese año de 1846 tenían como función elegir tanto a los diputados que irían al congreso federal en la ciudad de México como a los diputados que conformaría la legislatura estatal. En noviembre de 1846 sesionó la junta electoral para elegir seis diputados propietarios y dos diputados suplentes al congreso general; en esa reunión resultó electo Cresencio María y reunió una votación que superó por mucho a sus contrincantes: obtuvo veintiséis votos, mientras que el Lic. Ramón Adame consiguió dos, al igual que el exgobernador y federalista radical Vicente Romero, por uno del abogado federalista moderado Tirso Vejo.52 Desconozco cuál fue el papel desempeñado por Cresencio María mientras ocupó su curul en el congreso general; es de suponer que sí asistió a las sesiones, pues en ese mismo mes de noviembre se le entregaron quinientos pesos para viáticos durante sus viajes y estancia a la ciudad de México,53 y en enero de 1847 recibió de la tesorería general del estado 125 pesos “por la cuarta parte de sus dietas correspondientes al mes de enero”,54 lo cual daba un sueldo total de seiscientos pesos, ingreso económico nada despreciable en la época, y que sin duda le daba un lugar privilegiado en la estructura social.

Diez años después volvió a dar de qué hablar nuestro político liberal radical. A finales de 1856 e inicios de 1857 la ciudad de San Luis Potosí fue ocupada por las fuerzas conservadoras; quedó al mando Manuel Othón como gobernador y José María Alfaro como jefe de la policía. Los liberales querían recobrar la plaza, para lo cual movilizaron tropas en los pueblos circundantes de la ciudad capital. Alrededor del 7 de enero entraron las tropas liberales y los conservadores desocuparon la plaza. Un número considerable de hombres de caballería se establecieron en la ciudad, donde ocuparon mesones, hoteles, iglesias y plazas. Con la ciudad ya dominada por los liberales, “apareció entonces de gobernador improvisado el licenciado don Cresencio María Gordoa, quien, a pesar de no inspirar confianza sino a muy pocos liberales, logró imponerse a todos ellos ofreciéndoles recursos”.55 Pocos días después los conservadores encabezados por Othón y Alfaro iniciaron una movilización para recuperar la ciudad de San Luis; libraron una cruenta batalla con las fuerzas liberales comandadas por Bustamante y despojaron de la ciudad a los liberales. “Del gobernador improvisado don Cresencio Gordoa nada se supo durante la lucha, pero sí que de noche salió de las casa de un sacerdote a refugiarse en la de un extranjero, pasando entre los reaccionarios sin que le conocieran, gracias al disfraz de clérigo que portaba”.56 Lo acontecido de ninguna manera afectó su reputación, pues en julio de 1857 fue electo diputado al primer congreso constituyente estatal, el cual fracasó en su intento de escribir una nueva constitución; pocos meses duró, se disolvió en diciembre de ese mismo año. Entonces Cresencio promovió junto con Miguel María Esparza la formación de un segundo congreso, que tuvo la misma fatalidad y que no pudo actuar a plenitud por estar siempre enfrentado al gobernador Vicente Chico Sein, a quien dicho congreso trató de deponer para que fuera sustituido por el exgobernador y general liberal Eulalio Degollado. De hecho, el congreso sancionó un decreto en que se solicitaba el restablecimiento del gobierno estatal de 1857 (cuando era gobernador Degollado). Por obvias razones, Chico Sein rechazó el decreto y no lo publicó; entonces fueron varios diputados y el mismo Gral. Degollado a ejercer presión, insistiendo en que era conveniente volver al estado de cosas que se guardaban antes de diciembre de 1857. Chico Sein aguantó.

Unos días después el secretario de gobierno de Chico Sein, Ramón Francisco Gamarra, encontró en un cajón varios papeles olvidados por los conservadores; entre ellos halló un documento en que se establecían tres obligaciones, o más bien fianzas, que había obtenido el despacho de la secretaría de gobierno anterior: “La primera, del acaudalado comerciante español don Casimiro Toranzo, por 3 000 pesos, que entregaría al gobierno conservador, si su apoderado don Cresencio María Gordoa volvía a hacer política liberal contra la religión, la propiedad y la familia […] [es decir, Casimiro se haría cargo de la conducta de Cresencio]. La segunda, de don Fermín Sánchez, por 500 pesos, que entregaría también al gobierno conservador, si don Alejandro Nieva incurría en lo mismo que el anterior […] Y la tercera, de don Miguel María Esparza, que se imponía una multa de 600 pesos, la que en sus bienes haría efectiva el gobierno departamental, si el obligado se hallaba en el caso de los ya dichos”.57

Con todos esos datos formuló el secretario Gamarra una acusación en contra de Cresencio, Alejandro Nieva y Miguel María Esparza, y para obligar a los fiadores a pagar las obligaciones contraídas. Para infortunio de Gamarra, los tres eran diputados del congreso constituyente local, por lo que al enterarse sus compañeros legisladores, enemigos de Chico Sein, convocaron a una reunión urgente y para ello se encerraron en un salón del congreso. Chico Sein mandó a su secretario de gobierno Gamarra para conminarlos sobre el hecho de que, si volvían a reunirse al día siguiente, serían tratados como conspiradores; acto seguido, entró la policía al salón y disolvió la reunión de los diputados. Éstos fueron a buscar al Gral. Eulalio Degollado —quien se hallaba al frente de un destacamento del ejército— para que los apoyara, pero éste explicó que se encontraba impedido por la ley, pues el gobernador Chico Sein ya había sido reconocido por el presidente de la república. Gordoa, Esparza y Nieva aprovecharon una salida temporal del Gral. Degollado para iniciar un pronunciamiento. Se reunieron en los bajos de la casa de Gordoa, localizada en la plaza principal, “con el objeto de lanzar al pueblo un manifiesto [para desconocer] a Chico Sein. El gobierno mandó prender a los promotores Gordoa, Esparza y Nieva, para alejarlos del estado, [y los consignó] a [Santiago] Vidaurri como revoltosos”.58 Como era de esperarse, Cresencio buscó la mejor manera de salir librado, lo cual no le dificultaba su controvertida personalidad. Fingió estar enfermo, y según describe un historiador local, se dejó llevar desnudo desde su cama al palacio de gobierno. Al ir subiendo a los altos del palacio, casi lo echan de cabeza por el barandal los policías que lo llevaban, entonces se restableció de inmediato y llegó por su pie al salón de gobierno. Ya estaban ahí Nieva y Esparza. En ese momento el gobernador Chico Sein “le designó [a Cresencio] la [hacienda] de la Parada, punto de residencia; a Esparza, Salinas [de Hidalgo, San Luis Potosí]; y a Nieva lo dejó vigilado en la capital”.59 A mediados de 1861 Cresencio volvió a ser electo diputado, pero ahora en el III Congreso constituyente estatal, que a la postre redactó una constitución para el estado de San Luis Potosí acorde con lo establecido por la Constitución federal de 1857. Después de haber cumplido con esta misión, retiró su controvertida presencia de la vida pública.

CONCLUSIÓN

Lo que hemos visto en este capítulo es una reconstrucción de las carreras desarrolladas en la arena política por algunos de los miembros de la familia Gordoa. En algunos casos sus acciones resultaron en la obtención de puestos en el gobierno, así como otro tipo de beneficios. Por un lado, el caso de Francisco Ignacio ejemplifica la inversión de capital financiero y social para obtener beneficios instrumentales. Las contribuciones voluntarias pagadas por Francisco Ignacio, además de su popularidad, resultaron en su elección como miembro del congreso nacional en 1842, después de no haber obtenido posición alguna en dos intentos previos. Por el otro lado, Pedro de San Juan reclamaba las contribuciones económicas que hizo al gobierno, algunas de las cuales nunca fueron devueltas; sin embargo, quizá él sabía que tales contribuciones, además de su matrimonio con Francisca Gordoa, lo salvarían de su expulsión del estado y del país. Por último, José María, quien poseía una tienda a menudeo en Real de Catorce, tuvo que pagar una fianza para obtener el puesto de administrador de alcabalas. No todos los comerciantes podían adquirir puestos en la oficina de rentas a pesar de que eran los miembros solventes de la sociedad. José María acaso tenía cierto prestigio y vínculos con individuos dentro del gobierno, quienes pudieron ayudarlo a obtener el puesto, pues el dinero no era el único requisito, el capital social era también esencial.

¿Qué hace diferente a Cresencio? La diferencia radica en el hecho de que su estatus predeterminado en la estructura social le posibilitó ciertas libertades permitidas sólo a aquellos con suficiente capital social. La posición ventajosa de Cresencio dentro de la estructura social resultó del capital acumulado de manera individual por miembros mayores de edad de la familia; dicho capital es al final de provecho y benéfico para las nuevas generaciones. En otras palabras, el capital social acumulado disperso de una manera intergeneracional favoreció a la generación de Cresencio y le proporcionó una posición ventajosa dentro de la estructura social.

Luis G. Gordoa presenta una situación distinta. Debido a su reconocido capital social individual, fue invitado a ocupar la posición principal en la junta de fomento. Él fue quizá considerado como la persona correcta que podría ayudar a convocar a un grupo de inversores interesados en hacer negocios, pues generaba cierto sentido de confianza, requerido en un momento en que las elites económica y política transitaban hacia una situación económica que mejoraba con el paso del tiempo. La junta de fomento, bajo el liderazgo de Luis G. Gordoa, constituyó sin duda una excelente opción para invertir.

Los Gordoa, como individuos, así como familia, formaron parte de una sociedad sostenida por una economía en crecimiento que posibilitó la acumulación de capital social. Sus negocios eran, de hecho, provechosos; y sus miembros participaban en la arena política, lo que requería no sólo la acumulación de recursos financieros, sino de capital social para invertir con el propósito de obtener a cambio beneficios instrumentales y, a la postre, alcanzar mejores posiciones dentro de la estructura social de la época. En cierta medida, entre más fortuna acumulada, mejor el lugar que se ocupaba dentro de la estructura social, y mejores las posiciones predeterminadas en la estructura política del gobierno; esto, sin duda, sólo podía suceder en un momento en que la economía en crecimiento permitiera la acumulación tanto de capital social como económico.

NOTAS

1El capital social puede ser definido como la inversión y el uso de recursos insertos en las relaciones sociales de los cuales se espera obtener ciertos beneficios. El capital social también puede ser conceptuado como (1) la cantidad o calidad de recursos a los que un actor (individual o colectivo) puede tener acceso mediante (2) su ubicación dentro de una red social. La primera conceptuación de capital social pone énfasis en los recursos insertos en las relaciones sociales o bien los recursos sociales. La segunda destaca las ubicaciones y las características de la red. La proposición general es que el capital social incrementa las posibilidades de beneficios instrumentales tales como mejores trabajos, promociones tempranas, bonos y mejores ingresos, y beneficios intangibles como salud mental (Nan Lin, “Inequality in Social Capital”, Contemporary Sociology 29:6 [2000]: 786). Considero que, además, el capital social —siguiendo la interpretación de Nan Lin— no es un bien colectivo o público, sino un bien que se capitaliza por parte de los individuos que pertenecen a una red social. He utilizado las reflexiones sobre el capital social de René Millán y Sara Gordon, “Capital social: una lectura de tres perspectivas clásicas”, Revista Mexicana de Sociología 66:4 (2004): 714-723. Para saber más sobre Lin y su concepto de capital social, véase Nan Lin, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action (Nueva York: Cambridge University Press, 2001).

2Millán y Gordon, “Capital social”, 740-742. Este capítulo no tiene como propósito reconstruir la red social de la familia Gordoa; los datos obtenidos no me permiten la construcción de un argumento sobre ese tema. Lo que intento es más bien reconstruir la manera en que invirtieron su capital político para obtener posiciones dentro del gobierno.

3Millán y Gordon, “Capital social”, 741.

4En el caso específico de Michoacán, cfr. Chowning, Wealth and Power, 7-8. Ejemplo de cómo se incrementaba el valor de las propiedades en San Luis Potosí en las décadas de 1820 y 1830 es el que se aprecia en la venta de la hacienda de Bledos, realizada por Andrés de la Gándara a José Gabriel Armijo, en el año de 1825, por 118 623 pesos. Nueve años después, en 1834 la viuda de Armijo vendió la hacienda a Marcelino Martínez por 174 653 pesos (Lee M. Penyak, Vida y muerte de una cultura regional. La hacienda de Bledos en las memorias de Octaviano Cabrera Ipiña [San Luis Potosí: El Colegio de San Luis / Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 2007], 222-227).

5Por ejemplo, Ponciano Arriaga, miembro de una familia adinerada dedicada al comercio, se formó como abogado al mismo tiempo que se establecía la Primera República Federal, y ya en la década de 1840 participaba de manera activa en el proceso de formación del Estado mexicano en los planos político e intelectual; él, al igual que otros intelectuales, definía los destinos políticos e intelectuales de las ciudades provinciales y del Distrito Federal. Su destacada presencia local le permitió con el paso de los años trascender en el ámbito nacional en su edad madura, es decir, alrededor de su tercera o cuarta décadas de vida (Sergio A. Cañedo Gamboa y María Isabel Monroy Castillo, Ponciano Arriaga. La formación de un liberal, 1810-1847 [San Luis Potosí: Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 2008], 10). Otros ejemplos son los miembros de las familias Barragán, Verástegui e Ipiña, quienes obtuvieron puestos en el gobierno del estado y en la legislatura estatal. Para mayor información, véase los anexos “Nómina de diputados al Congreso del Estado 1824-1924” y “Nómina de gobernadores del estado de San Luis Potosí 1824-1824”, en Sergio A. Cañedo Gamboa, Moisés Gámez Rodríguez, María Teresa Quezada Torres y José Antonio Rivera Villanueva, Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San Luis Potosí: 1824-1924 (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis / Congreso el Estado de San Luis Potosí, 2000).

6Pérez Rosales, Familia, poder, p. 131.

7Ibidem, 132-136.

8Ibidem, 236.

9Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, viernes 18 de febrero de 1831, núm. 7.

10AHESLP, SGG, 1832.14; AHESLP, SGG, 1832.25; AHESLP, SGG, 1833.50.

11Legislación potosina, 354-355.

12La Opinión. Periódico oficial del gobierno superior del departamento de San Luis Potosí, miércoles 13 de julio de 1836, núm. 143.

13Gaceta del Gobierno de San Luis Potosí, domingo 21 de octubre de 1838, núm. 43.

14Gaceta del Gobierno de San Luis Potosí, miércoles 13 de abril de 1842, núm. 245.

15La Opinión. Periódico oficial del gobierno superior del departamento de San Luis Potosí, viernes 8 de julio de 1836, núm. 142.

16Boletín oficial, San Luis Potosí, 3 de diciembre de 1842, núm. 34; Boletín oficial, San Luis Potosí, 17 de diciembre de 1842, núm. 35.

17Boletín oficial, San Luis Potosí, 17 de diciembre de 1843, núm. 60.

18AHESLP, SGG, 1826.16.

19AHESLP, SGG, 1833.27. Pedro de San Juan era propietario de una casa en la cotizada calle de la Concepción (AHESLP, RPPyC, libro de protocolos de 1844, 13 de diciembre de 1844, fojas, 473-474).

20AHESLP, SGG, 1833.49.

21En 1833 los federalistas radicales que gobernaban San Luis Potosí emitieron un comunicado en el que daban a conocer a los emigrados y expulsos del estado debido a que habían sido partidarios “de los opresores, y de los expulsos [considerados expulsos por la ley de expulsión de los españoles de 1833] que como agentes habían quedado aquí” (AHESLP, SGG, 1833.32). Entre los emigrados estaba Luis G. Gordoa, junto con un número considerable de políticos moderados y comerciantes de los llamados monopolistas.

22AHESLP, Protocolos de instrumentos públicos de la Real Hacienda, tomo V. B 6 V 1809-1839.

23AHESLP, SGG, 1829.64.

24AHESLP, SGG, 1829. 11; AHESLP, SGG, 1829.29; AHESLP, SGG, 1830.15.

25Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, 22 de octubre de 1831, núm. 42.

26Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, 22 de octubre de 1831, núm. 42.

27José Francisco Pedraza, Estudio histórico jurídico de la primera constitución política del estado de San Luis Potosí (1826) (San Luis Potosí: Academia de Historia Potosina, 1975), 32-33. Su participación en la legación tal vez fue de tres o cuatro años, y no cinco como manifiesta Pedraza, en virtud de que en abril de 1829 Luis G. Gordoa juraba como diputado de la primera legislatura constitucional de San Luis Potosí (Cañedo, Gámez, Quezada y Rivera, Cien años, apéndice 1.

28Cabe mencionar que su hermano Francisco Ignacio Gordoa también destacó en la política, pues fue diputado local en la V Legislatura durante el año de 1835.

29La Opinión. Periódico oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 8 de mayo de 1835, núm. 52.

30Gaceta del Gobierno de San Luis Potosí, 16 de octubre de 1841, núm. 203.

31La instalación de la junta y la definición de su membresía se llevó a cabo conforme a un documento que se tituló Bases para la Formación de una Junta Protectora de la Industria en la Capital del Estado de San Luis Potosí, y otras en las cabeceras de sus Partidos (San Luis Potosí, s.p.i., 1831).

32Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 33, viernes 19 de agosto de 1831.

33Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 46, sábado 19 de noviembre de 1831.

34Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 40, viernes 7 de octubre de 1831.

35UT, GFP, caja 2, fólder 4, carta de Juan N. Mata a Luis G. Gordoa, Real de Catorce, 28 de abril de 1844.

36Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 56, sábado 28 de enero de 1832.

37Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 46, sábado 19 de noviembre de 1831 y núm. 47, sábado 26 de noviembre de 1831.

38Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 56, sábado 28 de enero de 1832.

39Idem.

40Gaceta del Gobierno del Estado Libre de San Luis Potosí, núm. 55, sábado 21 de enero de 1832; núm. 56, sábado 28 de enero de 1832; y núm. 57, sábado 4 de febrero de 1832.

41Millán y Gordon, “Capital social”, 718.

42UT, GFP, caja 1, fólder 12, carta de Antonio Eugenio a Luis G. Gordoa, Trujillo, 8 de mayo de 1846.

43UT, GFP, caja 1, fólder 12, carta de Pedro de San Juan a Luis G. Gordoa, Sauceda, 16 de mayo de 1846.

44Los datos de los matrimonios, así como de la residencia de Luisa en Europa fueron tomados de AHESLP, RPPyC, 1841, ff. 261-264. Respecto a la participación de Mariano Gordoa en el III Congreso Constituyente de 1861, se puede revisar el apéndice dedicado a las legislaturas en Cañedo, Gámez, Quezada y Rivera, Cien años.

45Gaceta del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, enero 7 de 1841, Alcance a la Gaceta número 162.

46Idem.

47Ibidem, núm. 163.

48Gaceta del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, enero 12 de 1841, Alcance a la Gaceta número 163.

49Idem.

50Idem.

51La Época. Periódico oficial del estado de San Luis Potosí, 6 de octubre de 1846, núm. 7.

52La Época. Periódico oficial del estado de San Luis Potosí, 5 de noviembre de 1846, núm. 20.

53La Época. Periódico oficial del estado de San Luis Potosí, 2 de marzo de 1847, núm. 70.

54La Época. Periódico oficial del estado de San Luis Potosí, 1o. de abril de 1847, núm. 83.

55Velázquez, Historia, vol. II, 610

56Ibidem, 611.

57Ibidem, vol. III, 13.

58Ibidem, 14.

59Idem.

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación he explicado el desempeño de la economía de la ciudad de San Luis Potosí y algunos espacios regionales con los que se articuló durante la primera mitad del siglo XIX. Como lo he demostrado, durante esas décadas aconteció un crecimiento económico, el cual comenzó a mediados de la década de 1820 y se sostuvo hasta poco antes del inicio de la guerra entre México y Estados Unidos en 1847. Los ejemplos sobre el crecimiento económico en la ciudad de San Luis Potosí y los espacios regionales referidos nos muestran que la economía mexicana fue más dinámica durante las décadas de 1820 a 1840 que lo que algunos historiadores han afirmado. Al menos en San Luis Potosí y algunas regiones de Zacatecas se experimentó un crecimiento moderado en la economía, y cabe la posibilidad de que estuviese ocurriendo algo similar en otros espacios regionales a lo largo y ancho del país.

En los cuatro capítulos de este libro he explorado varios aspectos que señalan el crecimiento económico en la ciudad de San Luis Potosí y que se alcanza a notar en los espacios regionales del estado. El primer aspecto analizado se refiere a las señales de prosperidad que se pueden encontrar en la actividad económica del eje comercial que tenía en uno de sus extremos al puerto de Tampico, en el golfo de México, y en el extremo opuesto a la ciudad de San Luis Potosí, que además se localizaba en una coordenada estratégica que unía el sur con el norte y el oriente con el poniente del país. El uso cada vez más frecuente de este eje contribuyó a la mejora económica de los espacios regionales potosinos y se convirtió a la postre en una ruta alterna al viejo eje mercantil Veracruz-ciudad de México. Por esta ruta alterna se comenzaron a introducir con mayor frecuencia al país mercancías manufacturadas que provenían sobre todo de Estados Unidos y de Europa; su introducción por este puerto sorteaba el paso por la ciudad de México y simplificaba su redistribución hacia otras regiones, pues, dada la ubicación estratégica de la ciudad de San Luis Potosí, ésta comenzó a tener una centralidad o masa gravitacional, lo que la convirtió en una coordenada por la que era necesario cruzar si se quería redistribuir las mercancías hacia otras poblaciones del centro norte y noroeste y oeste del país, y en ciertos momentos la convirtió en una competencia real para la ciudad de México.

Antes de que concluyera la década de 1820 otra línea de evidencia señala la mejora en la economía, pues por este mismo eje —alterno a la ciudad de México— llegaron a la ciudad de San Luis nuevos inmigrantes especializados en el comercio; la mayoría de ellos procedentes de Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos. Varios de los inmigrantes trajeron consigo algún capital para invertir en el establecimiento de una tienda al menudeo, otros venía siguiendo amigos o familiares que ya residían con cierta anterioridad en la ciudad de San Luis Potosí y se unían a sus negocios ya establecidos. Estos nuevos residentes fueron atraídos en cierta medida por las posibilidades de éxito que ofrecía la ciudad como una coordenada mercantil de importancia. Con esta inmigración, así como por los cambios en la política mercantil, sobre todo por la libertad del comercio que trajo consigo la era republicana, las viejas prácticas novohispanas de hacer negocios, e incluso los tipos de productos mercantiles que eran consumidos, sufrieron cambios de importancia. Por ejemplo, las antiguas pulperías fueron sustituidas por los grandes almacenes distribuidores mayoristas de productos manufacturados de importación, así como por tiendas especializadas que ofrecían productos nacionales e importados al menudeo. El incremento en el número de estas tiendas a lo largo de las décadas de 1820 y 1830 es una señal más de que la economía pasaba por un momento de mejora en su desempeño. A finales de la década de 1830 había más de veinticinco negocios catalogados como almacenes y tiendas de menudeo de primera clase. Número que se mantuvo hasta finales de la década de 1840. Es decir, firmas mercantiles con inventarios de importancia que se habían triplicado en su número en poco más de una década.

También es muestra del crecimiento económico la tendencia en la recaudación de los impuestos o alcabalas al consumo y a la introducción de mercancías. El análisis del comportamiento que presentan las series de la recaudación nos proporciona conocimientos interesantes, pues, como se puede ver, el comportamiento de la recaudación estaba ligado de forma íntima a las posturas políticas y a la influencia o intereses económicos de quienes definían la política fiscal. Basta recordar que cuando gobernaban los aristócratas la política fiscal beneficiaba a los denominados monopolistas, y cuando los federalistas radicales tenían el control del gobierno la política fiscal afectaba de modo directo los intereses de los monopolistas, quienes evidentemente se resistían a pagar los impuestos que les eran requeridos. Sin embargo, la tendencia a lo largo del periodo se muestra al alza. Quisiera mencionar a manera de ilustración y anécdota que en el tema de la exacción de los impuestos en esta primera mitad del siglo XIX es aplicable lo que Lucas Alamán afirmaba respecto a la tendencia a la baja en la recaudación del diezmo durante los años de 1829-1833 en comparación con la tendencia de los años de 1806-1810: “A pesar de que la tendencia a la baja se perciba como considerable [en el cobro del diezmo durante 1829-1833], ésta no es del todo real en los productos de la agricultura, sino que la referida tendencia se debe a la falta de pago [del impuesto]. De hecho, debería ser al alza y mucho mejor que la registrada al final del periodo colonial debido —explica Alamán— a que la producción agrícola pasaba por una fase de prosperidad”.1

Siguiendo con los comportamientos recaudatorios, el relativo a la alcabala de seis por ciento cobrada al valor de las transacciones de compraventa de bienes inmuebles nos da también señales de una mejora en el desempeño de la economía en la década de 1830 y los primeros años de la década de 1840. Por un lado, nos enseña que se había incrementado el número de individuos poseedores de capital —no se presenta una circunstancia de monopolización de las propiedades en menos propietarios de los ya existentes—, y por el otro las condiciones económicas de las décadas de 1820 a 1840 eran, hasta donde se sabe, las apropiadas para comprar y vender propiedad raíz, lo cual se hace patente en el incremento en la frecuencia anual de este número de transacciones. También está presente como evidencia de cierta expansión de la economía el incremento en el valor de la propiedad inmueble. El estudio del desempeño económico de las propiedades de la familia Gordoa nos indica que, en efecto, eran negocio y que incrementaron su valor durante las décadas referidas. Como se mostró en el Capítulo 3, las propiedades llegaron a generar en la década de 1830 cerca de 70 000 pesos anuales.

Otro aspecto más que resalta en las tendencias recaudatorias es el comportamiento estable, aunque con un ligero incremento a finales de la década de 1830, que mostró el impuesto cobrado al ensaye de la plata. El incremento en la tendencia en la recaudación por el ensaye de plata se ratifica también en el incremento en la frecuencia mensual de los fletes al puerto de Tampico que llevaban conductas de plata, en ocasiones compuestas por considerables cantidades de este metal. Además, encontré cierta evidencia empírica que me confirma el hecho de que había una parte de la producción de plata que no se ensayaba ni amonedaba, es decir, se exportaba de manera ilegal. La exportación legal o ilegal del mineral requiere de una constante extracción en los centros mineros. Una clara muestra de que durante las décadas de 1830 y 1840 se mantuvo la extracción del mineral nos la da, por un lado, la mina en Real de Catorce, San Luis Potosí, propiedad de la familia Gordoa; y, por el otro, la participación de los grandes comerciantes importadores en el mercado de la plata. En el caso de estos últimos, se ratifica el hecho de que era un buen negocio importar mercancías manufacturadas y exportar plata, ya fuera para pagar los productos adquiridos o bien para vender la plata como mercancía. Por último, la tendencia nacional de amonedación de plata guarda cierta concordancia con la tendencia que pude reconstruir mediante el análisis de la recaudación en San Luis Potosí, pues para las décadas de 1830 y 1840 las curvas tienden a una ligera alza en diferentes casas de moneda del país.2

El crecimiento económico descrito se presentó en el escenario de una región periférica de México que durante la era republicana comenzó a generar su propia integración regional teniendo como centro gravitacional la ciudad de San Luis Potosí. Como se pudo ver, ésta actuaba a manera de entrêpot dada la centralidad que adquirió durante la era republicana. Las señales de la mejora en el desempeño de la economía en esta región periférica se pueden percibir desde la segunda mitad de la década de 1820 hasta mediados de la de 1840; sin embargo, dichos indicios pueden percibirse en otras regiones del país. Este estudio demuestra de modo viable que en la ciudad de San Luis Potosí y los espacios regionales que le rodean el desempeño económico no fue tan mediocre como se había considerado y que puede compartir la misma circunstancia con otras regiones mexicanas localizadas, por ejemplo, en Zacatecas, estado en donde se ubicaban varias de las propiedades explicadas en el Capítulo 3. Es decir, con esta investigación confirmo en una dimensión regional una hipótesis que recientemente se ha comenzado a plantear a escala nacional que considera que la nación mexicana tuvo un proceso de recuperación económica “lento y desigual en términos de sectores y regiones que adquirió impulso durante los años treinta y cuarenta del siglo XIX”.3 Durante este mismo periodo se presentó la pérdida de la centralidad de la ciudad de México en aspectos como la acuñación de metales preciosos, la conexión directa del norte minero, con los puertos del golfo y del Pacífico, sin tener que transitar por la vieja vía México-Puebla-Veracruz.4 La pérdida de la centralidad de la ciudad de México trajo consigo una alteración de las rutas de entrada de mercancías foráneas, así como la constitución de compañías mercantiles de capital extranjero en otras poblaciones del país; dichas compañías se formaban en ocasiones en colaboración con comerciantes nacionales, aunque pareciera ser que no era la tendencia preponderante.

Por último, como lo expliqué antes, existen dos posturas en la historiografía relativas al desempeño de la economía mexicana durante las primeras décadas del siglo XIX. La primera considera que el estancamiento era resultado de las debilidades de la estructura política y financiera del gobierno nacional, de los obstáculos generados por la geografía, de la política fiscal que beneficiaba los poderes regionales y del arcaico sistema de crédito y comercial. La segunda considera que, además de algunas de las causas mencionadas, la economía dejó de crecer a finales del siglo XVIII debido al colapso en la producción de plata, lo que significó que la economía mexicana entró en un estado de estancamiento antes de que diera inicio la era republicana. Con esta investigación contribuyo con una tercera postura que ha comenzado a desarrollarse hace poco en la historiografía mexicana, pues demuestro que durante las décadas de 1820 a 1840 se presentan ciertas señales que nos indican un desempeño positivo de la economía mexicana a pesar de la geografía, de los poderes locales y sus políticas fiscales, así como del atraso en la estructura financiera y política del gobierno mexicano.

NOTAS

1Los comentarios de Lucas Alamán sobre los impuestos cobrados a la agricultura y sobre el diezmo los tomé de Sánchez Santiró, “El desempeño”, 73.

2Ibidem, 83.

3Ibidem, 100.

4Idem.

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NOTAS

1Todos publicados en San Luis Potosí excepto cuando se indica lo contrario.