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ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. MORAL Y POLÍTICA. UN JOVEN ABOGADO EN GUADALAJARA, 1885

AMBIENTE INTELECTUAL EN GUADALAJARA

PERIODISMO Y POLÍTICA

HONOR, DECENCIA Y VIOLENCIA POLÍTICA

CAPÍTULO II. LAS TIERRAS PRÓDIGAS. ZACATECAS 1886-1894

LOS TRABAJOS DE LA COMPAÑÍA DESLINDADORA CALDERÓN Y HERRERA Y SOCIOS

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA SOBRE TERRENOS BALDÍOS (1895)

CAPÍTULO III. ÉXITOS EN SAN LUIS POTOSÍ, 1896-1905

LA CONDENA DE PEDRO LÓPEZ Y LAS CONTRADICCIONES DE LA JUSTICIA

EL PREDIO DE LOS MOCTEZUMA

LAS VÍCTIMAS DE RÍO ABAJO

CAPÍTULO IV. PERSECUCIÓN Y CÁRCEL EN SAN LUIS POTOSÍ, 1905-1907

LA PRISIÓN DE WISTANO LUIS OROZCO, 1906

LAS COMUNIDADES DEL PARTIDO DE HIDALGO

COLOFÓN

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES FINALES

REFERENCIAS

FONDOS DOCUMENTALES

OBRAS CONSULTADAS

Ave de las tempestades.

Wistano Luis Orozco y las contradicciones del porfiriato

en la provincia, 1884-1910

Primera edición en formato digital: 2019

© Jose Alfredo Rangel Silva

© El Colegio de San Luis

Parque de Macul 155

Fracc. Colinas del Parque

San Luis Potosí, S.L.P., 78294

www.colsan.edu.mx

E-ISBN COLSAN: 978-607-8666-33-1

Diseño de la portada: Natalia Rojas Nieto

Conversión a ePub: Servicios editoriales de Editorial Albatros

Hecho en México

ÍNDICE

Agradecimientos

Introducción

CAPÍTULO I. MORAL Y POLÍTICA. UN JOVEN ABOGADO EN GUADALAJARA, 1885

Ambiente intelectual en Guadalajara

Periodismo y política

Honor, decencia y violencia política

CAPÍTULO II. LAS TIERRAS PRÓDIGAS. ZACATECAS, 1886-1894

Los trabajos de la compañía deslindadora Calderón, Herrera y socios

Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos (1895)

CAPÍTULO III. ÉXITOS EN SAN LUIS POTOSÍ, 1896-1905

La condena de Pedro López y las contradicciones de la justicia

El predio de los Moctezuma

Las víctimas de Río Abajo

CAPÍTULO IV. PERSECUCIÓN Y CÁRCEL EN SAN LUIS POTOSÍ, 1905-1907

La prisión de Wistano Luis Orozco, 1906

Las comunidades del partido de Hidalgo

Colofón

Consideraciones y reflexiones finales

Referencias

AGRADECIMIENTOS

Para no olvidar a ninguna de las personas que contribuyeron de una u otra manera a que este trabajo fuera terminado y se presente como libro, en especial a quienes me ayudaron con las fuentes documentales y las fuentes hemerográficas (Miriam Moreno y Víctor Manuel Carlos), así como a los dictaminadores, sencillamente les digo a todos: gracias. También agradezco a El Colegio de San Luis, las facilidades y apoyos para la investigación. Finalmente gracias a Alejandra por todo su apoyo.

INTRODUCCIÓN

La “realidad” es la realidad social de las personas concretas implicadas en la interacción y en los procesos productivos, mientras que lo “real” es la lógica espectral, inexorable y “abstracta” del capital que determina lo que ocurre en la realidad social. Éste es un vacío que puede experimentarse cuando se visita un país donde reina el desorden, donde el deterioro ecológico y la miseria a que se ve expuesta su población están presentes en cada detalle. Sin embargo, los informes económicos sobre dicho país pueden decir lo contrario, su economía puede ser, y de hecho lo es en muchas ocasiones, “financieramente sana”: la “realidad” no es lo que importa; lo que importa es la situación del capital [….].

SLAVOJ ŽIŽEK

En octubre de 1906 el juez de primera instancia de Alaquines, pueblo cabecera del partido de Hidalgo, en San Luis Potosí, dictó un auto de formal prisión en contra del abogado Wistano Luis Orozco por el cargo de difamación, acusación presentada por el jefe político del partido de Ciudad del Maíz, Genaro de la Torre.1 El origen del asunto se remontaba a 1903 por lo menos, cuando De la Torre ocupó un terreno llamado Fracción de Cuevas y Anexas, y que era parte del condueñazgo de los Moctezuma, porque aseguraba que era propiedad de su esposa, Trinidad Rodríguez; enseguida, De la Torre amedrentó a los condueños y residentes del predio con embargos de bueyes, además de prisiones, confiscaciones de cosechas y otros “procedimientos violentos, ilegales y arbitrarios para llegar al vedado fin de apoderarse de unas heredades ajenas”.2 En uno de los varios episodios subsecuentes, uno de los condueños que realizaba las labores de la cosecha de maíz, Evaristo Morales, fue apresado por el supuesto delito de destrucción de propiedad ajena, y humillado por las autoridades:

El juez practicó una inspección del lugar donde el maíz había sido cultivado y pizcado y para verificarlo se trasladó personalmente a dicho lugar, a donde trajeron a Evaristo Morales amarrado en la forma que se practica para fusilar a un sentenciado a muerte, viniendo el mismo Don Genaro a presenciar la diligencia con soldados de la Jefatura de su cargo. De esta manera pudo hacer el Señor de la Torre el papel de acusador y de autoridad en sus negocios privados.3

En otra ocasión, el juez auxiliar de Río Abajo, acompañado de algunos celadores, intentó detener un embargo de cosechas, por lo que De la Torre los acusó del delito de asonada o motín en febrero de 1905. Los abusos continuaron al grado que llegó a ser “verdaderamente imposible continuar en la posesión de esa parte de la heredad de mis poderdantes”.4 Así que Orozco presentó el día 5 de marzo de 1906, ante el juez de Alaquines, una demanda civil (“Interdicto de recuperar la posesión”), en nombre de un grupo de condueños del predio de los Moctezuma, contra Genaro de la Torre, “reclamándole la devolución de unas tierras llamadas de la Cueva y Anexas, y de la Hoya del Agua, situadas casi en su totalidad en territorio de este municipio”.5 Orozco publicó ese “interdicto” en forma de folleto, y por eso fue acusado de difamación. La trama completa es una muestra del tipo de asuntos en los que se involucró como abogado; y, como se verá en este libro, el asunto no terminó bien para Orozco.

Los abusos de autoridad, los despojos y las violencias ocurridos en un rincón de San Luis Potosí formaron parte de los aconteceres locales durante el porfiriato en la provincia. Asuntos que parecen viejos y fuera de moda en la historiografía mexicana, al estilo de México bárbaro, de K. Turner, pero considero que todavía tienen relevancia contemporánea, no como denuncia gratuita de las injusticias que caracterizaron a un régimen, sino como parte del análisis sobre sus características específicas. En las últimas décadas, la historiografía mexicana ha ampliado los análisis del porfiriato, etapa que comienza con la primera presidencia del general Porfirio Díaz (1877) y culmina en 1911 con la salida del dictador. Hay gran cantidad de publicaciones sobre diversos tópicos, desde las perspectivas macroeconómicas, la historia empresarial, el estudio de las élites, los enfoques biográficos, los estudios sobre legislación y sobre criminalidad, hasta análisis que parten de la historia desde abajo, de indios y campesinos como subalternos, y que incluyen un renovado interés por los procesos de desamortización. Entre los resultados de este esfuerzo académico, están la revalidación, aunque polémica, de la figura de Porfirio Díaz,6 un cierto consenso interpretativo (producto del impulso revisionista) que describe los años 1877-1910 como una época de modernización, pero sobre todo de progreso e integración económica,7 impulsados por un gobierno que tenía un proyecto más o menos claro de construcción de un Estado-nación8 y, por supuesto, un entendimiento de que el régimen de Díaz supo imponer el orden sociopolítico necesario para un país que había padecido de forma endémica conflictos armados internos y externos.9 Es claro que se trata de una perspectiva historiográfica revisionista10 sustentada sobre la estimación de los “logros” económicos del porfiriato. Se ha dicho que, “dados los abundantes síntomas, en esta etapa, de crecimiento económico y transformación social por primera vez desde la obtención de la independencia”, la historiografía económica “ha restaurado la solidez tangible de la modernización porfiriana”, pues fue en el porfiriato cuando se dio el “establecimiento de los cimientos de la modernización, así como de la construcción de los bloques del proyecto de desarrollo nacional”.11

La interpretación anterior es, al mismo tiempo, un discurso sutil y persuasivo, así como una versión refinada, sofisticada, bien escrita y bastante bien documentada, de “neoporfirismo” historiográfico12 que celebra o destaca los logros económicos del régimen y le resta importancia a los problemas que aquejaban a la sociedad.13 Sin embargo, como ha hecho notar Stephen Haber, si bien hubo crecimiento económico durante el porfiriato, cuando comenzó el proceso de industrialización, el modelo económico impulsado desde el gobierno se basó en una política arancelaria del gobierno que protegía las actividades industriales de las élites más cercanas a Díaz, los pequeños grupos “políticamente conectados al régimen de Díaz”. Lo que dio como resultado algunos de los peores rasgos de la economía mexicana, como la incapacidad y el desinterés de las empresas de generar tecnología propia, una baja productividad conectada con poca eficiencia, bajos salarios, y un mercado interno limitado.14 Así como la economía fue configurándose para beneficiar y proteger a las élites cercanas a Díaz, en los aspectos políticos, jurídicos, sociales y culturales el régimen tuvo la misma tendencia: proteger y beneficiar a las mismas élites.

La relación entre la economía y los procesos sociales iba más allá de la similitud en su naturaleza elitista. La desigualdad socioeconómica resultante de un “capitalismo clientelar”15 estaba asociada a la injusticia y la violencia que padecían amplios sectores de la población, así como la falta de democracia, la corrupción y la polarización social, todos problemas que aquejaron al régimen autoritario. Pero, además de revalorar positivamente el desempeño económico del régimen de Díaz, el “neoporfirismo” ha desplazado esas dificultades como temas de investigación secundarios, si no es que marginales. Si bien los conflictos por la tenencia de la tierra vinculados a los procesos de desamortización iniciados con la ley Lerdo de 1856 no han dejado de ser revisados por los historiadores,16 así como los problemas de miseria, discriminación y marginación en las ciudades,17 con otros temas el interés ha decaído; por ejemplo, la persecución de los periodistas opositores o independientes,18 la inexistencia de un sistema electoral democrático19 y la administración de la justicia. Temas y problemas considerados “secundarios” por ser parte de “la obsesión anterior con el autoritarismo y la dictadura”.20 Si se dejan de lado los posibles problemas psicológicos de algunos historiadores, el objetivo debería ser tener un panorama más completo del régimen del general Díaz, y para eso es menester analizar las contradicciones del sistema político y de la sociedad tanto como los “logros” y los puntos favorables del régimen.21 Insisto, la desigualdad económica, la ficción democrática, los abusos de autoridad, la impartición selectiva de la justicia, la corrupción y la violencia formaron parte integral del régimen como contrapartes cotidianas (las prácticas) de los discursos y las ideologías centrales del proyecto de Estado-nación que se construía; desarrollo económico, corrupción y desigualdad fueron diferentes aspectos del mismo proyecto de Estado-nación impulsado por las élites.

A partir de Juárez, el proyecto de construcción de un Estado-nación22 atravesó por diferentes procesos de reacomodos, transiciones, contradicciones y redefiniciones.23 Realmente, “la imagen que mejor describe este periodo es la de una transición desigual e incompleta” hacia la modernidad.24 Un ejemplo es el campo jurídico donde se expidieron diversas leyes y reglamentos, como los códigos Civil del Distrito Federal, de 1871, y de Procedimientos Civiles, de 1872, necesarios para la aplicación concreta de la Constitución liberal de 1857 y para desplazar la normativa colonial que todavía era bastante utilizada.25 Sin embargo, debieron ser reformados varias veces, el Código de Procedimientos Civiles en 1880, en 1897 y de nuevo en 1908; el Código Civil fue reformado en 1884.26 El Código de Procedimientos Civiles regulaba, entre otras cosas, el juicio de amparo. En la exposición de motivos del Código de 1870, se decía que “éste, por lo mismo, debe considerarse como un ensayo de legislación civil, que los jurisconsultos venideros perfeccionarán, cuando la experiencia haya demostrado los muchos defectos que sin duda contiene”.27 Así que, en el aspecto jurídico, el proyecto liberal elitista fue modificándose a tumbos, sobre la marcha.28 En cuanto a la legislación sobre terrenos baldíos y compañías deslindadoras, que partía de la ley de julio de 1863, expedida por Benito Juárez, debió acomodarse a una nueva normativa en 1883, y después a otra en 1894, para tratar de dejar atrás un sistema de propiedad “caótico” en favor de uno que debía basarse en la “propiedad perfecta”.29 Pero, como señaló Wistano Luis Orozco, la legislación emitida por los gobiernos liberales era confusa y contradictoria, por decir lo menos, y resolvió poco y complicó mucho en el ámbito de la propiedad. En cuanto a la prensa, era un campo de debates y discusiones políticas, económicas y sociales30 entre los corifeos del régimen y sus críticos, pero estaba limitado por las leyes sobre difamación, sobre todo a partir de la reforma del artículo séptimo de la Constitución, en 1883;31 además de que los críticos a Díaz padecieron constantes persecuciones y violencias.32

Si la investigación sobre el porfiriato se centra en “la construcción del Estado, su diseño institucional, las políticas públicas que desarrolló y las reacciones entusiastas o adversas de la población”,33 entonces hay que partir del hecho de que, en los países de Occidente, el orden social y el Estado tienden a fundirse en un conjunto de prácticas y discursos que se vuelve un espacio de poder que expresa el dominio de las élites (los grupos que controlan los capitales económicos, sociales y simbólicos).34 Ese Estado debe convencer a los diferentes actores de que su existencia está por encima de intereses particulares, así que debe definir la verdad oficial, legítima y legal, y generar los mecanismos y los agentes que la enuncien y la refuercen, además de disimular o encubrir las contradicciones existentes bajo la guisa de un orden natural de las cosas. Para entender al Estado porfirista, hay que examinar las prácticas, discursos y lenguajes en la vida pública, conjuntamente con los aspectos económicos.

Frente a una realidad percibida como “permanentemente insatisfactoria”, el régimen buscó modernizar a México, ponerlo a la par de los países europeos y de Estados Unidos y, al mismo tiempo, disciplinar, desplazar, o eliminar, a los actores que no podían ni debían formar parte del ideal modernizador (indígenas, clases “inferiores”, menesterosos, corporaciones, comunidades, propiedades imperfectas, etcétera).35 Sin duda que ese proyecto también enfrentó resistencias, negociaciones y propuestas alternas; por ejemplo, ya se ha dicho que algunos grupos indígenas participaron de movimientos que incidieron, o buscaron incidir, en la construcción del Estado-nación mexicano;36 de los católicos seglares organizados también.37 En este libro me enfoco en cómo experimentó un profesionista, Wistano Luis Orozco, las contradicciones del Estado porfirista y cómo se desempeñó, con base en perspectivas alternas, en la realidad cotidiana y en la configuración del Estado-na
ción. Su trayectoria profesional pública en tres ámbitos —la abogacía, el periodismo y la escritura— devela al investigador ciertos rasgos socioculturales propios del porfiriato y algunas de las contradicciones del régimen. Activo en la vida pública desde 1884 hasta 1914, Orozco fue protagonista de diversos procesos en los tribunales locales, estatales y federales por litigios sobre tierras; fue también apoderado de una compañía deslindadora. Su conocimiento de los procesos legales y su actividad en los juzgados también le permitieron fungir como juez federal suplente en algunas ocasiones. En cuanto editor, redactor y escritor de periódicos,38 al principio fue un osado crítico del poder que experimentó la persecución por parte de diversos políticos, y después llegó a ser, brevemente, aliado del poder en San Luis Potosí. Todo esto le llevó a descubrir las posibilidades y los límites de las libertades asociadas con un sistema político elitista y autoritario, pero que se decía republicano y liberal.

Wistano Luis Orozco también se distinguió como un católico militante y un hombre de escrúpulos que creía en ciertos valores como la justicia, el honor y la honestidad, que lo guiaron en su proceder. Pero no era un creyente tradicional opuesto al progreso o las libertades individuales;39 sus convicciones personales se forjaron en un momento cuando la Iglesia católica estaba derrotada y a la defensiva, y no como parte de lo que se ha llamado catolicismo social.40 A través de su actividad profesional, él, al igual que otros individuos y grupos, se opuso a las partes más burdas y discordantes del régimen porque estaba convencido de que había mejores formas de hacer las cosas. Sin embargo, si bien buscó, mediante su desempeño profesional, contribuir a crear un régimen fundando sobre la legalidad, la adecuada impartición de la justicia, y la opinión pública informada, y mantuvo su opinión crítica del régimen en sus aspectos corruptos, elitistas, clasistas y abusivos, Wistano L. Orozco también contribuyó en su conformación como una dictadura porque creyó que Porfirio Díaz podía controlar y eliminar los peores rasgos de su régimen.

La historiografía apenas ha puesto su atención en Orozco, pues, aparte de una pequeña biografía publicada por una de sus descendientes, son escasas las investigaciones que reparan en él.41 Algunos trabajos comentan algunas de sus publicaciones, pero apenas mencionan otros aspectos de su vida, lo que ha dado pie a un modelo historiográfico “estándar” que lo considera un “precursor intelectual” de la Revolución;42 ese patrón historiográfico se concentra en su papel de escritor especializado en los problemas de la tierra en México,43 y como inspirador de algunas de las ideas de Andrés Molina Enríquez, otro abogado y quien es considerado el “padre intelectual” de la reforma agraria posrevolucionaria.44 Sobre todo, se destaca la importancia de su libro Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, considerado uno de los más relevantes en el ámbito jurídico sobre la propiedad de la tierra en el porfiriato.

El siglo XIX mexicano fue la centuria de los abogados, a decir de algunos; los hubo de gran “lustre” y otros que caían en la categoría de “tinterillos”.45 Wistano Luis Orozco no era un “notable jurisconsulto” ni un destacado constitucionalista, aunque tampoco fue un “tinterillo” o “huizachero”, tampoco fue el gran periodista o escritor del periodo, aunque se puede ubicar dentro del periodismo católico conservador.46 Orozco tampoco fue un “panfletero” o folletista de “medio pelo”.47 Como ya apunté, la mayoría de sus folletos tratan de asuntos jurídicos, desde la perspectiva más técnica hasta la más “comercial”. Como escritor, publicó un par de libros sobre cuestiones de derecho agrario: el ya mencionado Legislación y jurisprudencia…, en 1895, y Los ejidos de los pueblos, en 1914, textos de poco éxito comercial y que en su momento pasaron “sin pena ni gloria”, pero que con el tiempo han sido revalorados por los historiadores interesados en esos asuntos.48 Era, pues, un profesionista que no fue representativo de sus colegas contemporáneos, fuesen abogados, periodistas o escritores.49

Considero necesario señalar la importancia que tuvieron los abogados, los ingenieros, los médicos, y cualquier otro agente que, con base en su competencia profesional, daban servicios especializados a sus clientes, entre los que se encontraban el Estado porfirista y las élites políticas y económicas, así como también comerciantes, pequeños propietarios, artesanos, jornaleros, etcétera. Los profesionistas sobresalían por su preparación técnica o científica y por su capacidad para articular sus perspectivas personales sobre las doctrinas sociopolíticas con las ideologías y las tendencias científicas y culturales de su época. A no ser por los enfoques que destacan a los “intelectuales” de la época,50 la historiografía ha ignorado mayormente a los profesionistas y a los grupos intermedios,51 con lo cual de forma paradójica se reproduce la perspectiva predominante en la época de Díaz de que existían “dos principales actores de la sociedad mexicana —los cultos decentes y los ordinarios; los ricos y los pobres; la gente de bien y los malechores—”.52

En este libro los abogados son entendidos en cuanto agentes “que viven de la producción y venta de bienes y servicios jurídicos”53 en su campo, donde se enfrentan a otros agentes investidos de la competencia a la vez social y técnica de “interpretar (de manera más o menos libre o autorizada) un corpus de textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social”.54 A mediados del siglo XIX, el campo jurídico en México todavía estaba en construcción, de manera que, aunque tendía rápidamente a la jerarquización de sus instituciones, sus normas y sus decisiones, no estaba cerrado a los no especialistas, a los representantes de pueblos o comunidades, al agente de negocios, como tampoco era autónomo del poder político o de las camarillas; estaba en camino de ser reconocido como el monopolio de los especialistas.55 A pesar de lo anterior, las diferencias entre los abogados estaban dadas por su capital jurídico, que partía de su formación profesional, su posición (no era lo mismo ser tinterillo que abogado titulado, juez o “jurisconsulto” constitucionalista), y su competencia técnica; ese capital era actualizado en la práctica.56

Como periodista y escritor, Orozco también puede ser considerado un agente en el campo cultural de la época, del que formaba parte la prensa.57 Orozco acumuló el capital cultural58 suficiente para constituirse en un profesional con voz autorizada ante la opinión pública, entendiendo que había una disputa constante entre los agentes desde sus posiciones diferenciadas (católicos, liberales, positivistas, escritores subvencionados por el gobierno, etcétera), mediante periódicos, folletos y libros, principalmente.59 A pesar de los conflictos, había una tendencia al predominio de las voces en favor del régimen; puede decirse que, en el porfiriato, “la opinión pública es la opinión de aquellos que son dignos de tener una opinión”, y ésos serían “los dominantes”,60 las élites que buscaban que su opinión fuera la verdad asumida por todos los sectores sociales. Como se verá con Wistano Luis Orozco, las disputas fácilmente pasaban de la letra impresa y de los foros judiciales a los duelos, las agresiones físicas y simbólicas, las cárceles y las confiscaciones. Orozco fue como un “ave de tempestades”, que donde quiera que se detenía a trabajar generaba polémica y ganaba enemigos, ya que su actividad evidenciaba las contradicciones, la naturaleza autoritaria y violenta, y los problemas de un régimen elitista.

Dedico el primer capítulo a seguir los pasos de Wistano L. Orozco en los inicios de su carrera en Guadalajara, en 1885. Orozco fue protagonista de la política, que se tornaba violenta y polémica. Su protagonismo permite visualizar cómo se entendía y se vivía entre ciertos sectores de provincia el liberalismo, una ideología y práctica política que estaba en transformación, del liberalismo radical al liberalismo “conservador” que finalmente prevaleció durante el porfiriato.61 Un elemento central es entender cómo ciertos valores guiaban las conductas de los actores sociales, y permitían a las élites políticas y económicas de la provincia justificarse. Asimismo, el violento episodio al final del capítulo permite captar las sutilezas de las condiciones político-jurídicas que definían lo posible para los profesionistas de corte liberal, como lo era entonces Orozco.

El capítulo dos sigue su paso por Zacatecas, donde llegó a ser el apoderado de la principal compañía deslindadora en la entidad, cuando los denuncios de baldíos y los deslindes de tierras se convirtieron en prósperos negocios, entre 1886 y 1894. La compañía deslindadora confrontó en los juzgados federales a todos los propietarios que se le opusieron, fueran miembros de las poderosas élites zacatecanas o pequeños terratenientes, o incluso pueblos de indios; aunque, como se verá en el capítulo, no siempre logró hacer buenos negocios. Esa invaluable experiencia, en conjunto con sus conocimientos jurídicos, le permitieron a Orozco escribir su voluminoso trabajo acerca de las leyes sobre terrenos baldíos y sus efectos concretos, pero también terminó alejándolo del negocio de los deslindes para ponerse, como abogado especialista, del lado de los afectados por los denuncios.

El capítulo tres revisa la inserción del jalisciense en San Luis Potosí entre 1896 y 1904, tras un breve intento de acomodarse en la Ciudad de México. Orozco se involucró en diversos procesos legales en San Luis Potosí, donde, a pesar de no lograr salvar la vida de un condenado a muerte, tuvo bastante éxito en los primeros años. Una y otra vez, ganó los pleitos en los tribunales locales estatales y federales, defendiendo lo mismo a un poderoso político, Genaro de la Torre, que a los condueños del predio conocido como Los Moctezuma. Pero ese éxito profesional terminó distanciándolo de sus clientes y contactos entre la élite política y económica estatal porque Orozco evidenció públicamente las colusiones mediante las cuales intentaron despojar de sus tierras a los pequeños propietarios.

El último capítulo está dividido en dos partes. La primera corresponde a la descripción del caso de los Moctezuma, que llevó a Orozco a la cárcel. La segunda al proceso relacionado con el “libelo” o memorial de los cabezas de familia de las comunidades de origen pame. La idea es analizar las formas en las que Orozco intentó defender los derechos de algunos condueños de los atropellos y despojos a que fueron sometidos por la autoridad política interesada en sus tierras; también tomó la representación legal de algunas comunidades indígenas que experimentaban situaciones similares. El abogado escritor dio a conocer a un público más allá de los juzgados locales o federales, mediante folletos y un ocurso dirigido al mismo Porfirio Díaz, las irregularidades y los atropellos a sus clientes. Los políticos involucrados lo demandaron por difamación y lo llevaron a la cárcel en Alaquines, cabecera de un partido en la zona Media del estado potosino. Los amparos que tramitó en ambos casos fueron desechados por tecnicismos legales, en una época en la que hablar públicamente contra las élites u oponerse a sus maniobras, legales e ilegales, era sinónimo de subversión contra el régimen.

En este libro, utilizo principalmente tres tipos de fuentes: notas periodísticas de la época, las obras publicadas por Wistano Luis Orozco y algunos expedientes judiciales, en especial amparos tramitados ante el poder judicial federal. Las notas periodísticas cubren lagunas de información que serían casi imposibles de superar con otras fuentes, además de que captan los ánimos públicos y políticos del momento sobre tal o cual tema. Las obras publicadas por Orozco permiten una mirada privilegiada a sus ideas sobre los debates en los que estuvo involucrado, en una época cuando el folleto, el panfleto y el folletín u opúsculo eran medios acostumbrados para dar a conocer a un público en general, a la pretendida “opinión pública”, razones y posiciones sobre un tema en particular. La ventaja de los expedientes judiciales es que permiten al investigador captar cómo la implantación de una legislación nacional en el nivel micro impactó de forma directa a los individuos y grupos sociales; ese tipo de expedientes es como una ventana desde donde observar algunas de las formas de resistencia a los cambios impuestos legalmente.

CAPÍTULO 1. MORAL Y POLÍTICA. UN JOVEN ABOGADO EN GUADALAJARA, 1885

Cuando se habla de opinión pública, siempre se juega un doble juego entre la definición confesable (la opinión de todos) y la opinión autorizada y eficiente que se obtiene como subconjunto restringido de la opinión pública democráticamente definida: “es este sentimiento sobre cualquier tema que sostienen, producen las personas mejor informadas, más inteligentes y más morales de la comunidad. Esta opinión se extiende y se adopta gradualmente por todas las personas de cierta educación y sentimiento conveniente para un Estado civilizado”. La verdad de los dominantes se convierte en la de todos.

PIERRE BOURDIEU

Wistano Luis Orozco nació en el pueblo de San Cristóbal de la Barranca, al norte de Guadalajara y muy cerca de la frontera con Zacatecas, que administrativamente estaba incluido en el primer cantón de Jalisco, en 1856 o 1857.62 Desde pequeño tuvo que ser campesino y arriero como su padre, pero de alguna manera evitó seguir ese destino y se fue a estudiar a El Teul, Zacatecas, con el cura local, Domingo Rosas.63 La villa y el municipio estaban insertos en el partido de Tlaltenango, más cercano a Guadalajara que a Zacatecas, caracterizados por la poca fertilidad de sus tierras.64 En cuanto le fue posible, Orozco fue a Guadalajara a estudiar al Seminario Conciliar, probablemente ayudado por el mismo sacerdote Rosas. El Seminario era una prestigiosa institución educativa de la Iglesia católica que estaba enfocada en la formación de sacerdotes; sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, aproximadamente, el Seminario de Guadalajara, al igual que los otros seminarios conciliares, graduaba por igual a clérigos y a laicos ya que también se impartía la carrera de derecho.65 Los diferentes gobiernos liberales buscaron reducir o nulificar la influencia de la Iglesia en la educación, por lo que los seminarios resintieron esa pretensión gubernamental; durante las luchas político-militares de mediados de siglo, hubo varios procesos de confiscación de bienes que llevaron al cierre temporal del Seminario de Guadalajara y a que posteriormente perdiera su edificio.66 Además, los políticos liberales establecieron la prohibición de la educación religiosa en la instrucción pública y que se desconociera la validez de los estudios hechos en los seminarios.67

Sin embargo, el Seminario Conciliar de Guadalajara se había caracterizado por graduar, o tener en sus aulas, a destacados personajes de la política y las letras mexicanas y de filiación netamente liberal, como Valentín Gómez Farías, Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta, Jesús González Ortega y José María Vigil.68 Personajes destacados en el ámbito jalisciense que también estuvieron en el Seminario Conciliar fueron José López Portillo y Rojas, Antonio Pérez Verdía y Fermín González Riestra, entre otros. Así que, para cuando Wistano Orozco llegó a Guadalajara, el Seminario Conciliar era una opción educativa de primer nivel; y si bien estaba diseñada para producir carreras eclesiásticas, al mismo tiempo constituía un espacio que favorecía el pensamiento liberal.69

MAPA 1. PRIMER CANTÓN DE JALISCO.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra 209-OYB-7233-A.

AMBIENTE INTELECTUAL EN GUADALAJARA

Guadalajara era, al comenzar el porfiriato, la segunda ciudad más importante del país. Un rasgo característico de la ciudad era la creciente actividad de profesionistas (abogados, profesores, médicos) y escritores.70 De hecho, la actividad literaria, constante en la primera mitad del siglo xix, comenzó a despuntar después de la Intervención francesa y bajo la influencia del liberalismo y el Romanticismo. Por ejemplo, en 1867 un grupo de letrados liberales fundaron en la Biblioteca Pública del Estado la asociación llamada Alianza Literaria, bajo la presidencia del organizador y director de la Biblioteca, José María Vigil. En esa asociación figuraron algunos jóvenes de la élite local, como José López Portillo y Rojas, Manuel Puga y Acal, Salvador Quevedo y Zubieta y Luis Pérez Verdía.71 Para ser socio de la Alianza o corresponsal de su revista, se debía tener una carrera científica o literaria, o gusto cultivado por alguna de ellas.72 Este rasgo revela el elitismo de la asociación, de la que se decía en Guadalajara que en ella estaba “la flor y nata de los escritores” locales; por ejemplo, en una velada literaria el 15 de septiembre de 1876, celebrada por la asociación en el Salón del Liceo de Varones, se dijo que había asistido “lo más selecto de la sociedad tapatía”.73 La asociación servía como espacio de distinción que reforzaba la idea de una élite letrada frente al resto de la población. En la revista del mismo nombre se tradujeron poemas de Byron y de Lamartine, cuentos y leyendas de tono medieval, en concordancia con el Romanticismo prevaleciente en la literatura mexicana,74 además de la producción propia de varios de los miembros.

José María Vigil fue un destacado ejemplo del letrado tapatío metido a la política: dejó sus estudios sacerdotales en el Seminario Conciliar para graduarse de abogado, y desde 1855 y hasta 1869 dirigió el que entonces era el periódico oficial del gobierno de Jalisco, El País, además de dar clases en el Liceo de Varones de Guadalajara.75 En 1863 fue nombrado director de la Biblioteca Pública de Jalisco, cargo que dejó en 1869 por ser elegido diputado del V Congreso de la Unión. En la Ciudad de México fue nombrado director del Archivo General de la Nación (1873-1875) y catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria (desde 1875), mientras continuó escribiendo para periódicos como El Siglo xix y El Monitor Republicano. En 1880 llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, y desde 1891 miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.76 Vigil fue hasta 1880 un liberal “jacobino”, defensor de la Constitución de 1857 y de la libertad de credo, por lo cual polemizó con Justo Sierra y su periódico La Libertad, que propugnaban lo que Sierra denominaba un “liberalismo conservador”.77 Después, Vigil polemizaría con los positivistas, en especial con Porfirio Parra, sobre los libros y la enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria. Vigil fue así uno de los intelectuales liberales más coherentes del porfiriato.78

Miembro destacado de la Alianza Literaria fue Manuel Puga y Acal, periodista, crítico literario y poeta mexicano que también llegó a pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua, de 1918 a 1930.79 La familia Puga y Acal era parte de las élites económicas tapatías, por lo que Manuel hizo estudios en Francia y se graduó de ingeniero en Bélgica; al igual que Vigil, Puga fue un liberal “jacobino en su juventud” que, a diferencia del organizador de la biblioteca estatal, sí parece haber simpatizado con el positivismo.80 La vida pública de Puga y Acal se caracterizó por las polémicas con otros literatos y con políticos, académicos y periodistas. Saltó a la fama literaria gracias a una ácida crítica que publicó sobre poetas mexicanos como Juan de Dios Peza y Gutiérrez Nájera.81 Sus polémicas incluyeron una con Salvador Díaz Mirón, diputado veracruzano y también poeta, que casi lo reta a duelo.82 Quien sí retó a duelo, de espadas, a Puga y Acal fue Miguel Miramón hijo, por causa de un artículo donde Puga escribió sobre las “sanguinarias espadas” de Miramón y Márquez.83 También tuvo una disputa en las páginas del periódico Excélsior en 1924 con otro personaje que gustaba de las polémicas, Antonio Caso, por un artículo de éste con motivo del sexagésimo aniversario de la coronación de Maximiliano de Austria como Emperador de México.84

En cuanto a Salvador Quevedo y Zubieta, también estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara, donde se tituló como abogado en 1880. Enseñó gramática y literatura en el mencionado Liceo de Varones de Guadalajara. Desde 1880, estuvo en la Ciudad de México, donde escribió para los periódicos La Constitución, El Republicano, El Telégrafo, y fundó y dirigió además El Lunes. Sin embargo, por ser un declarado crítico de la presidencia de Manuel González, a través de sus notas en el periódico El Lunes, debió salir del país en 1882. Regresó, en 1884, pero sólo para exiliarse de nuevo, al siguiente año, porque publicó el libro Manuel González y su gobierno en México. Anticipo a la historia típica de un presidente mexicano, donde continuó su crítica del compadre de Porfirio Díaz.85 En ese segundo exilio, se tituló de cirujano en París (1894) y después se dedicó a escribir novelas y poesía, aunque sin mayor éxito.

Otro miembro de la Alianza Literaria fue Luis Pérez Verdía, quien con el paso de los años se convertiría en un conocido historiador de Jalisco. Pariente del canónigo tapatío José Luis Verdía,86 Luis publicó en 1883 Compendio de la historia de México desde sus primeros tiempos hasta la caída del Segundo Imperio, escrito para uso de los Colegios de Instrucción Superior de la República, que tuvo bastante éxito como libro de texto hasta la aparición, en 1886, de Lecciones de historia patria escritas para los alumnos del Colegio Militar, libro de Guillermo Prieto que desplazó definitivamente al del jalisciense y se convirtió en el texto oficial en el Colegio Militar y en la Escuela Nacional Preparatoria.87 Activo en la política estatal, Pérez Verdía fue candidato a la gubernatura en 1902, en la que compitió contra José López Portillo y Rojas y contra el vencedor, Miguel Ahumada.88 Personaje menos polemista que los anteriores, Pérez Verdía publicó en 1910 Historia de Jalisco, considerado el mejor libro de historia del estado hasta mediados del siglo xx.89 Finalmente, otros miembros de esa asociación fueron Mariano Coronado, Antonio Gil y Ochoa y Luis Corro. Coronado fue un abogado que alcanzó fama nacional gracias a un texto suyo sobre derecho constitucional;90 también fue poeta y escritor que perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua y, al igual que otros de su generación, además hizo carrera en la política como funcionario y diputado estatal; y, por supuesto, como diputado federal e incluso senador.91 Gil y Ochoa también fue, entre otras cosas, escritor, periodista y diputado local.92

Como hemos visto, la Alianza Literaria aglutinó a un grupo de jóvenes que posteriormente se convirtieron en destacados profesionistas e intelectuales jaliscienses. Como espacio de distinción de miembros de los grupos de poder económico, dio lugar a una élite intelectual inquieta, interesada y partícipe en la política, dada a las polémicas e incluso al duelo; posiblemente el Romanticismo tuvo que ver con estas últimas características. Para 1885, algunos de los integrantes de esa élite intelectual estaban posicionados en la política estatal o ya eran figuras del escenario nacional. Ése era el ambiente intelectual liberal que privaba en Guadalajara. Entre tanto, la educación en el campo laico estaba supeditada a constantes cambios y diversos problemas durante esos años en la capital tapatía. Desde el triunfo liberal de 1867, había desaparecido la Universidad porque estaba identificada localmente con los grupos conservadores derrotados, así que en su lugar funcionaba el Instituto Científico, donde se impartían las profesiones de Medicina, Ingeniería, Derecho y Farmacia93 pero, en 1883, el Instituto dejó de funcionar porque el gobierno estatal decidió organizar cada escuela de manera independiente.94

Como la Universidad estaba cerrada y no se reconocían de forma oficial los títulos profesionales otorgados por el Seminario, algunos miembros de las élites económicas y sociales de Guadalajara decidieron abrir opciones educativas más de su agrado, y para ese propósito fundaron en 1869 la Sociedad Católica.95 Encabezada por el destacado abogado Dionisio Rodríguez, y apoyada por sobresalientes empresarios, comerciantes, y filántropos, como Francisco López Negrete y Jesús López Portillo,96 la sociedad pronto fundó varias escuelas primarias, un Liceo Católico y, sobre todo, la Escuela Libre de Jurisprudencia.97 Dionisio Rodríguez era un abogado con fama de honradez, un filántropo de genuina actitud humanitaria, lo que lo llevó a involucrarse en muchos proyectos públicos en la ciudad, como la Penitenciaría del estado y la Escuela de Artes y Oficios.98 Su destacada personalidad le ganó el respeto de las élites locales, de manera que fue lógico que él encabezara el proyecto de la Sociedad Católica, con tanto éxito que en poco tiempo se extendió por gran parte de la República.99 Aquellos proyectos educativos estuvieron animados por el doble propósito de mantener la influencia del catolicismo en la formación educativa de la población y atenuar el “nefasto” influjo de las doctrinas liberales contrarias a la religión y la enseñanza religiosa; ese segmento de las élites conservadoras tapatías buscaba generar conciencias bien fundamentadas en la moral cristiana.100 En su discurso de apertura de la Sociedad, Dionisio Rodríguez fue enfático sobre las razones que impulsaban ese proyecto:

Preocupado yo por la trascendencia de los males que están causando a todas las clase sociales de la población católica de Guadalajara las perniciosas doctrinas, dimanadas de los principios de la indiferencia religiosa que han establecido como ley fundamental de la Nación […] y dominado por el temor de esos males, cuyas perniciosas consecuencias, hoy por hoy no es posible comprender; me he tomado la libertad de invitar a ustedes, a quienes juzgo animados de mis propios sentimientos católicos, para que en mutua y amigable comunicación, busquemos los medios convenientes, si no para curar radicalmente, al menos para atenuar esos males que serán de funestas consecuencias para todo el pueblo, poco instruido en sus deberes religiosos [...]101

Los medios convenientes eran los educativos, sobre todo en el ámbito de la enseñanza primaria, pero era igualmente importante la enseñanza superior; en tal sentido, “la abogacía como fuente de acuerdo cristiano era imprescindible en una sociedad donde el derecho es la punta de lanza de los cambios sociales”.102 Así que, bajo la dirección de Jesús López Portillo, la Escuela Libre de Jurisprudencia,103 o de Derecho, ofrecía educación superior gratuita, con profesores que eran abogados católicos destacados y que creían “necesario moralizar la actuación de quienes se dedicaban al foro, a los litigios personales y corporativos. Moralizar significaba, por supuesto, ceñirse a la moral cristiana, que daba potestad sobre toda ley civil”.104 Las materias que se impartían eran Introducción, Derecho Romano, Derecho Civil en concordancia con el Romano, Derecho Público, Derecho Canónico, Procedimientos y Derecho Internacional.105

Uno de los profesores en la Escuela Libre de Derecho fue José López Portillo y Rojas.106 De familia de élite, se recibió de abogado y combinó esa profesión con las actividades políticas, de enseñanza, y como literato. Encumbrado como político, siempre se mantuvo honesto y de profunda convicción católica, por lo que no fue cercano al grupo de los “científicos” que rodeaban a Porfirio Díaz.107 Sus convicciones y su honradez lo llevaron a sufrir la cárcel por seis meses cuando apoyó abiertamente a Bernardo Reyes para la vicepresidencia de México en 1909.108 Cuando Wistano Luis Orozco decidió no seguir una carrera religiosa, estudió y se graduó como abogado en aquella Escuela en 1884, donde se embebió de los modelos de conducta y de valores de sus profesores.109 El sentido de aquella moral católica, en términos de la honradez, de la búsqueda de la justicia, y de la defensa de los de abajo, fue una constante en su vida profesional.

MAPA 2. GUADALAJARA.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra 2111A-CGE-7233-A.

PERIODISMO Y POLÍTICA

En esos primeros años como profesionista (1884-1885), Orozco repartió su actividad entre su trabajo como abogado y su acción más política como periodista. Recordaba haber sido secretario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, según escribió dos décadas después.110 Guadalajara era, también, una ciudad eminentemente mercantil, y con un creciente número de fábricas de todo tipo, aunque de tamaño pequeño y mediano, lo que la convirtió en el centro económico de su región aledaña, de Jalisco y de buena parte del centro occidente de México.111 En 1886 había entre los establecimientos más grandes, cuatro fábricas textiles, de hilado de algodón, y dos fábricas de papel, por lo menos.112 Así que un puesto importante en una sociedad mercantil, en una de las ciudades más modernas y prósperas del porfiriato, da cuenta del ascenso social y económico del oriundo de San Cristóbal de la Barranca. No obstante, su memoria le fallaba ya que ese importante nombramiento debió ser en alguna asociación antecedente y no en la verdadera Cámara de Comercio de Guadalajara, que fue establecida por Juan Somellera el 20 de junio de 1888, durante el gobierno de Ramón Corona.113

De las diferentes organizaciones mercantiles existentes en Guadalajara en la época, destacó Las Clases Productoras, una asociación fundada en 1877 que reunía a comerciantes, empresarios, abarroteros, agricultores, artesanos y otros miembros de la burguesía tapatía.114 De esta asociación se separó un grupo importante de comerciantes y empresarios en 1881, quienes decidieron fundar en 1883 la sociedad llamada Círculo Mercantil, para impulsar las actividades comerciales y defender los intereses mercantiles de sus asociados. El primer objetivo se buscaba mediante iniciativas y propuestas en términos de legislación fiscal y comercial, promoviendo el establecimiento de bancos, ferrocarriles y escuelas comerciales. Para el segundo objetivo la directiva de la asociación pretendía arbitrar en las disputas comerciales entre sus miembros. El Círculo contaba así con un perfil más moderno y más elitista que su antecesor, lo que se confirma con la obligación de que los negocios de sus miembros debían sumar mil pesos de capital como mínimo.115 Cinco años después de su creación, el Círculo Mercantil dio paso a la Cámara de Comercio de Guadalajara, en junio de 1888.116 Si Orozco estuvo en alguna de las asociaciones de profesionistas, comerciantes y empresarios, debió ser en El Círculo Mercantil. Esa asociación ciertamente tenía reuniones donde se discutían los asuntos que afectaban a las empresas y comercios de la ciudad de Guadalajara, como sucedió en abril de 1884 a causa de una ley, de 22 de marzo, que alarmó y enojó a los comerciantes y a la prensa independiente de la ciudad.

En vista de esto, sea como una demostración sensible de disgusto y aversión hacia la mencionada ley, sea como un reto formal al gobierno, el día 25 del pasado se cerraron todas las tiendas de abarrotes, como la del señor D. D. Corona, o la de D. A. Romero; así mismo, también las mercerías, relojerías, etc.; según se acordó en la sesión tenida la noche anterior, por el “Círculo Mercantil.” En esa junta mi amigo el inteligente Lic. Wistano L. Orozco habló con energía y con dignidad, como convenía al secretario de un círculo tan respetable. Hasta los miserables tendajones de barrio permanecen cerrados.117

Apareció así, en un momento de fricción entre el gobierno nacional y los comerciantes tapatíos, el flamante e “inteligente licenciado” Wistano L. Orozco, como secretario de aquella sociedad mercantil.118 Tal posición pudo derivarse de los contactos y amistades que seguramente hizo durante sus años de estudio; además, Orozco pronto sería dueño y director de un periódico, como se verá enseguida.

Wistano recordaba su participación en aquella asociación como parte de sus actividades políticas en 1885, cuando la política jalisciense era un efervescente galimatías. El gobernador era el general Francisco Tolentino, originario de Tepic, que participaba en la política jalisciense desde sus días de comandante en la guarnición local. Tolentino había intervenido con sus tropas en una accidentada elección de la gubernatura de 1879, donde gracias a su apoyo un grupo de políticos porfiristas llegó al congreso local, mientras que el gobernador elegido mediante el voto, Fermín González Riestra, pertenecía al grupo de Ignacio Vallarta, exgobernador y uno de los pocos rivales del general Porfirio Díaz.119 Tolentino actuaba con la aquiescencia del presidente Díaz, y sus maniobras militares fueron tan efectivas que evitaron que, en la elección presidencial de 1880, Ignacio Vallarta ganara en su estado natal, a pesar de las intrigas y esfuerzos del gobernador González Riestra para favorecer a su amigo. Gracias a esa acción, Tolentino siguió interviniendo en la política estatal con la anuencia del presidente Manuel González (1880-1884).120

En 1881 se presentó el momento crítico de la relación entre el gobernador, el comandante militar y el gobierno federal, al convocarse elecciones para la renovación del congreso local. González Riestra y el congreso estatal decidieron posponer la elección programada para el primer domingo de noviembre, con el pretexto de que el sufragio era perturbado por la “invasión armada” de Tolentino. La posposición fue utilizada por el gobierno federal para acusar a González Riestra de bloquear el proceso electoral debido a su impopularidad.121 El día de la elección, las tropas de Tolentino hicieron sentir su presencia “para preservar el orden público”, mientras las votaciones fueron sobrepasadas por las maniobras políticas: porfiristas y adeptos al gobernador se proclamaron vencedores por igual, lo que dio lugar a dos “congresos” de forma simultánea, y a que los porfiristas nombraran un gobernador interino (Antonio Morelos, presidente del Tribunal Estatal de Justicia) y “suspendieran” a González Riestra.122 Los enemigos del gobernador González Riestra no dudaron en acusarlo ante el presidente Manuel González de pretender formar “una república occidental independiente”,123 para lo cual es bastante probable que tomaran como referencia, desvirtuada, una publicación que circulaba desde 1880 en Guadalajara con el título de La República Occidental de Jalisco, dirigida por el abogado Francisco O’Reilly, y que proponía la conformación de un nuevo país independiente que incluyera Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa.124

Esa confusa situación político-electoral le permitió al comandante militar aprovechar un supuesto disturbio en una garita para demostrar su fuerza, ya que sacó de nuevo sus tropas a la calle y con ellas obligó al congreso leal al gobernador a disolverse, poco después también obligó a González Riestra a renunciar, en febrero de 1882.125 Esas continuas intervenciones de las tropas en la vida política de Jalisco eran parte de la estrategia de mano dura que implantó Porfirio Díaz en sus primeros años en el poder, cuando “recurrió con frecuencia al despliegue táctico de la intervención militar directa para evitar cualquier desafío armado a la autoridad estatal o nacional”.126 Ni Porfirio Díaz ni Manuel González toleraron la existencia de un reducto vallartista en Jalisco. Como Manuel González le había comentado a Tolentino un año antes, a ningún gobernador le convenía ponerse en contra del gobierno federal: “Ya que sobraban medios apropiados al gobierno general para deshacerse, sin ningún peligro, de un gobernador desafecto”.127 Fermín González Riestra lo experimentó en carne propia.

Un par de interinos ocuparon el gobierno del estado mientras se convocaron las elecciones, las cuales ganó tranquilamente el general Francisco Tolentino, quien tomó posesión en marzo de 1883 a pesar de que la ley estatal prohibía que un militar fuera gobernador.128 Su gobierno se caracterizó por su mano dura con los bandoleros, pero también con sus opositores políticos; y, en consonancia con la estrategia de mano dura del régimen nacional, no dudó en aplicar a granel la llamada ley fuga.129 Esas formas arbitrarias, en conjunto con ciertas decisiones en el ámbito fiscal, le ganaron la antipatía de amplios sectores de la población.130 Un ejemplo fue la renuncia en 1884 del jefe político del primer cantón, el Dr. Nicolás Pérez, ante la destitución que ordenó Tolentino de varios empleados de la jefatura, lo que era atribución exclusiva del jefe político.131

Sin embargo, también es claro que Tolentino supo atraerse a algunos miembros de las élites ofreciéndoles puestos en el gobierno, o “financiamiento”, en especial a los jóvenes como Puga y Acal, quien dirigió algunas publicaciones favorables a su gestión, y Mariano Coronado, quien fue su secretario de Gobierno. Los disconformes se fueron manifestando cada vez más abiertamente en contra de su gobierno, y las críticas tomaron más fuerza en cuanto Porfirio Díaz tomó de nuevo el poder federal, en diciembre de 1884. Como ya se mostró, la asociación mercantil era uno de los ejes de aquella oposición. Justo en esos momentos de efervescencia política, Orozco fundó el semanario local llamado El Heraldo, publicación que llamó el “órgano solemne de la oposición” y del cual fue director y dueño.132 El ámbito periodístico en la capital tapatía también estaba agitado. Aparte de la publicación que pedía una república independiente, había otras varias en formato de semanarios o revistas, ya que hasta 1887 ninguna publicación pudo tener una tirada diaria.133 Como lo había comentado desde 1873 un observador extranjero:

En Guadalajara no existen periódicos diarios, pero si unas ocho o diez crónicas que se publican de una o dos veces por semana. Las más de ellas tienen corta vida. Casi cada semana se echa de menos una publicación… y nace otra, de tal modo que al final del año solo una o dos sobreviven.134

Una década después, las cosas seguían igual, las publicaciones aparecían y desaparecían con la misma frecuencia. Algunas de esas publicaciones eran de divulgación, o bien estaban dirigidas a públicos especializados, como el Boletín de Ciencias Médicas o el Boletín de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco; otras, como El Clarín o el popular Juan Panadero, se autonombraban revistas de corte satírico-político.135 En ese contexto, apareció, el domingo 25 de enero de 1885, el primer número de El Heraldo. Semanario de Política, Economía y Literatura. Como su título lo indicaba, la publicación tenía como ámbito primordial el comentario político. Con un tono de reclamo al régimen recién estrenado de Porfirio Díaz, en su segundo periodo presidencial, la publicación dirigida por Orozco apelaba al honor y a la justicia como guía de conducta del nuevo gobierno:

La administración del general Díaz, que se inauguró haciendo concebir tan lisonjeras esperanzas a la nación, comienza a causar un general descontento […] El tono con que la prensa porfirista acusaba al gonzalismo de sus innumerables y nefandos crímenes, el tono con que reclamaba el castigo de esos desmanes […] hicieron esperar que la nueva administración, aleccionada por la experiencia y capaz por las enseñanzas del pasado de leer en el porvenir las conveniencias de la República, entraría de lleno en el camino del honor y de la justicia, cortando males inveterados y promoviendo con mano firme el bien general. Pero en breve ha podido comprenderse, que todo aquello era un golpe de teatro en la escena política.136

Orozco no escatimó adjetivos para descalificar, en su publicación, al gobierno del expresidente Manuel González (1880-1884), mientras no ocultaba su desencanto y su frustración por lo que percibía como la falta de acción del nuevo régimen de Díaz, sobre todo por no castigar a los funcionarios de un régimen caracterizado por la corrupción.137 Para el redactor y dueño del semanario, cualquier acción que castigase a los políticos corruptos sería en beneficio del erario nacional, además de una necesaria lección de moral pública.

Exigir a los funcionarios de la pasada administración la responsabilidad por sus actos, la indemnización de los perjuicios que al erario habían causado sus concusiones, era dar una gran lección de moralidad pública, y realizar un acto de grande interés práctico; puesto que volviendo al tesoro de la nación, el valor de las escandalosas fortunas que habían improvisado los encumbrados personajes del gobierno cesante, podíase hacer frente, sin angustia, a las mil urgentes necesidades pecuniarias de la República, aligerar las cargas de los contribuyentes, levantar nuestro crédito interior y exterior, y proveer así al honor y lustre de la nación.138

Si bien la escena política nacional ocupaba la primera plana, los comentarios críticos y moralizantes de la publicación no quedaron limitados al ámbito federal. En la página tres, Orozco colocó una nota pequeña que decía reproducir unos párrafos del periódico capitalino La Prensa, al que calificaba de “netamente porfirista”, y que eran de interés puramente local. Las líneas reproducidas eran precisamente contra el gobernador de Jalisco, el general Francisco Tolentino:

Vencido el pueblo de Jalisco y humillado en el terreno de la política, quédale aun el de la ley para levantarse; y si en esto se deja abatir también y se entrega cobarde y menguado a la voluntad de un gobernante que nada vale, justo, muy justo será que nuestro querido Jalisco desaparezca del catálogo de los Estados […] Los pueblos tienen los gobiernos que merecen; y muy duro es creer que Jalisco haya bajado tanto en la escala de los pueblos cultos, que no merezca más que a Tolentino. Sr. General la tempestad arrecia, busque usted un medio honroso de salvarse; del naufragio; naufragio que no evitarán a U. las sandeces de “El Clarín”.139

El lenguaje utilizado en la nota era rudo y ofensivo: el gobernador de Jalisco “nada vale”, las notas de El Clarín eran “sandeces”, en tanto que el pueblo de Jalisco, ya humillado, sería además “cobarde” si se entregaba a la voluntad de su gobernador. Incluso un párrafo parecía contener una amenaza velada al general Tolentino: “¿Son acaso inmortales los malos gobernantes? No aprobaríamos en nuestro estado los furores de Catilina, pero en un caso extremo, y a falta de otro remedio, bendeciríamos el puñal de Bruto”.140 La política estatal suscitaba en ese momento un profundo apasionamiento, y esta nota muestra el interés de Wistano Orozco en mantener una supuesta debacle del gobierno de Tolentino como tema de conversación entre sus lectores. Tampoco tuvo el novel abogado contemplación alguna en otro párrafo de su autoría dedicado específicamente al Clarín, que parecía ser su antagonista en la prensa:

Los redactores del Clarín meten algarabía de comadres, ocupándose de nosotros apenas vieron anunciada nuestra publicación. Calma, charlatancitos, calma, no vayáis tan deprisa. No seremos enemigos vuestros, al contrario, recibimos también nuestra propina allí en la mesa del presupuesto, jugamos también al tomín con la conciencia y … bien podéis darnos la mano.141

El Clarín tenía una abierta intención política, ya que se declaraba como “órgano oficioso” del gobierno estatal y periódico liberal “oportunista” y anticlerical, cuyas notas eran “el escándalo de las gentes”.142 El primer número de El Heraldo impactó con rudeza al gobierno estatal y sus corifeos, utilizando el mismo tono del periódico oficialista, al que le daba “una sopa de su propio chocolate”. La respuesta llegó de inmediato, ese mismo día 25 de enero, en un peligroso desbordamiento de las encendidas pasiones. Manuel Puga y Acal, redactor de El Clarín, el periódico de las “simplezas”, se dio por aludido de forma personal y llegó por la mañana a la oficina de Orozco, con un ejemplar de El Heraldo en mano mientras lo encaraba y lo amenazaba con una pistola, para reclamarle la publicación de lo que llamó “malcriadeces”. Según la versión descrita en el primer “alcance” de su periódico, Orozco se defendió de su furioso pero atropellado agresor a golpes y haciendo uso de un cuchillo abrecartas, y de alguna manera logró sacarlo de su oficina. El episodio no pasó a mayores a pesar de que, según la versión del “alcance”, un grupo de hombres armados irrumpió en el zaguán de la casa de la señora Lucía Orozco de Gómez, al lado de la oficina, para intentar sacarlo a punta de pistola, pero sin éxito.143 En cuanto pudo, el ofendido Orozco acudió a la Jefatura Política a denunciar el ataque de Puga. Un señor Escobedo ordenó el arresto de Puga, quien fue llevado a la Inspección General. De inmediato, los amigos de Puga, Luis Corro, Antonio Gil y Ochoa y Eduardo Ibarra, pidieron al sargento presente que también se arrestase a Orozco. Sin embargo, los involucrados consiguieron calmarse, apaciguar el tono de la disputa y dejar de lado las acusaciones mutuas, con lo cual ambos editores salieron libres.144 Orozco ridiculizó a sus agresores en el “alcance” mencionado y trató de minimizar el asunto, pero lo cierto es que no era bienvenido ni bien visto en los círculos cercanos al gobierno estatal. Recordemos que Puga Acal, Corro y Gil y Ochoa, eran miembros de las élites locales y contaban con experiencia en periodismo y facilidad para escribir. Antes de dirigir El Clarín, Puga organizó varios números de la revista Alianza Literaria, donde también escribieron Corro y Gil y Ochoa.

En un siguiente número de El Heraldo, el 8 de febrero de 1885, después de describir los problemas que se generaban por una ley federal sobre el impuesto del Timbre, Orozco retomó sin sutilezas los asuntos locales para señalar las razones por las cuales el gobierno del general Tolentino se había granjeado “los odios más reconcentrados, las más profundas antipatías” de los jaliscienses.

La punible complacencia en el desmembramiento de nuestro territorio, por la separación de Tepic: la persecución nada encubierta que se ha ejercido contra los periodistas independientes: el aumento de las gabelas ya harto crecidas que pesaban sobre los asociados: cierto sistema indecoroso y mal embozado de especulaciones privadas […] el establecimiento de las pensiones por matrícula y por examen en los estudios profesionales: el poco miramiento con el que han sido tratados los fondos y los negocios de la Instrucción y de la Beneficencia.145

La primera razón esgrimida parece haber sido un tema especialmente delicado para la opinión pública tapatía: la separación del antiguo cantón de Tepic, convertido desde 1867 en distrito militar dependiente del gobierno federal, y en diciembre de 1884 reconocido por éste como un territorio independiente de Jalisco.146 En este asunto, la gestión de dos personajes fue fundamental: el general Leopoldo Romano, jefe político y comandante militar de Tepic, y el licenciado Carlos Rivas Guillén, secretario particular del presidente Manuel González; ambos eran amigos y socios en el proyecto del ferrocarril de San Blas.147 Tolentino también era originario de Tepic, y en su “punible complacencia” no parece haber ofrecido mayor resistencia a esa separación.148 En cuanto a las otras acusaciones articuladas por Orozco, Tolentino no era muy diferente de los otros gobernantes de la época; ya señalé anteriormente su persecución de periodistas y de cualquier opositor serio a sus políticas, pero ése era el tono de la época entre los gobiernos locales y estatales; y, por supuesto, en el gobierno nacional. Así que Orozco enarbolaba discursos típicos de una oposición local o estatal en México que respondía con violencia retórica a la violencia gubernamental.

Algo grave acontece cuando un pueblo aborrece de muerte a sus gobernantes —serias reflexiones debe sugerir a la mente del hombre público, el odio general de sus conciudadanos—.

Pero como la virulencia ya le había costado un serio incidente al novel periodista, después de sus incendiarias palabras, declaró que los objetivos que buscaba eran diferentes de lo que sus enemigos políticos supondrían: “No deseamos la caída de Tolentino”, escribió Orozco, “ambicionamos que cambie de conducta”; y enseguida señalaba que sus objetivos eran prácticos:

Que el bien general y no el privado, sea el objeto de sus tareas: que se disminuyan los impuestos, sobre todo, los que gravitan sobre los objetos de primera necesidad para que sean menos intensos los infortunios del pueblo: que se quite todo género de trabas a la instrucción, porque creárselas es cometer un crimen de lesa-civilización: que una estricta e indisputable moralidad sea la norma en el manejo de los caudales públicos: que se otorgue a los gobernados una amplia libertad civil y una racional libertad política.149

Objetivos prácticos mezclados con la demanda de moralidad formaban el corazón del discurso político de Orozco y del grupo que él decía representar. Presentar así sus argumentos podía evitar nuevos episodios de violencia gratuita en un ambiente político enrarecido. De hecho, en un siguiente número de su periódico, Orozco da cuenta de los asesinatos de los periodistas independientes Arcadio Zúñiga y Martín Rivera, y el atentado sufrido por él mismo en enero, como parte de los problemas que el gobernador Tolentino ignoraba o sencillamente no le interesaban.150 Así que el joven abogado-periodista tenía ante él la disyuntiva de continuar con sus críticas políticas y su propuesta moralizante, con las consecuentes violentas reacciones del gobierno y sus agentes, o bajar el tono de su publicación.

En marzo El Heraldo reprodujo de nuevo una nota publicada en La Prensa, periódico de la Ciudad de México, dirigida expresamente a El Clarín de Guadalajara.151 El comentario de La Prensa daba cuenta de una polémica entre ambas publicaciones por las críticas vertidas contra Francisco Tolentino. Desde el periódico jalisciense se denostaba a los críticos del gobernador como opositores “groseros, calumniadores, apasionados e infames”. En su respuesta, el periódico de la capital mexicana relataba algunos actos y procesos de corrupción en los que señalaban la responsabilidad directa de Tolentino, como ciertos avalúos catastrales amañados en los que la mitad de las ganancias iban directamente a manos del gobernador,152 impuestos y derechos fiscales elevados, y el hecho de ser gobernador sin haber renunciado a su grado de general, algo prohibido por la constitución estatal.

Tolentino pisoteó con desdén la Constitución del estado, haciéndose elegir gobernador, sin renunciar su empleo de general del Ejército. Tolentino gobierna de hecho, con mengua de las leyes del estado, y burlándose de ellas descarada y torpemente. ¿Es bonancible esa situación ilegal y atentatoria? ¿Qué ha hecho en favor del estado, para compensar ese golpe sangriento?153

Las acusaciones en La Prensa también incluyeron la protección de criminales, bandidos y salteadores en el estado, además de los problemas derivados del nombramiento de polémicos jefes políticos en los diferentes cantones de Jalisco. Al reproducir la nota del periódico capitalino, El Heraldo buscaba mantener el tono crítico y de oposición a la vez que podía alegar que sólo reproducía notas de interés general para el público tapatío. Para entonces parecía claro que Orozco y la oposición al general Tolentino reducirían el tono de sus críticas, pero no las abandonarían. El 29 de marzo Orozco volvió a señalar las incongruencias del gobierno estatal al buscar pedir préstamos mientras no era claro en qué se gastaban los recursos estatales, excepto para iluminación eléctrica de algunas calles y butacas nuevas para el teatro.154

Entretanto, prosperaba el proyecto periodístico El Heraldo, de manera que empezó a publicarse dos veces por semana. Además, Orozco suscribió en mayo de ese mismo año, 1885, un acuerdo de propietarios, directores y redactores de publicaciones periódicas de Guadalajara, conocido como la Convención.155 El propósito de esa Convención era evitar más violencia física o verbal entre editores, redactores y escritores, tal como Orozco lo había experimentado de forma personal.

La prensa de Guadalajara con el fin de garantizar mutuamente su personal, forma una convención en los términos siguientes: Los editores, propietarios, o jefes de redacción de los periódicos expresados, se comprometen solemnemente bajo su palabra de honor, a no atacar en lo sucesivo, en lo más mínimo, personalmente al editor, propietario o redactores de las publicaciones que forman la presente Convención o que en lo sucesivo formen parte de ella.156

Al igual que en otras partes de México, en Guadalajara las pasiones fácilmente se salían de control en torno a los debates periodísticos. El episodio que enfrentó a Wistano Orozco con la pistola de Puga y Acal no era de ninguna manera un hecho aislado o fortuito. La Convención era un intento serio de poner límites a las agresiones personales, y destacar el valor de las ideas y los argumentos como el verdadero centro de los debates y las polémicas, y no las personas que expresaban esas ideas.

Los individuos que forman la Convención quedan en libertad para tratar con absoluta independencia las producciones que en los referidos periódicos se publiquen, pudiendo atacarlas, combatirlas, criticarlas, etc., pudiendo también hacerlo con el mismo periódico si se quiere, pero no con su personal.157

Además de Wistano Orozco, firmaron originalmente el acta de la Convención Miguel Mendoza López, director y administrador del Boletín de Ciencias Médicas; Perfecto G. Bustamante, director y administrador del periódico Anales de la Sociedad Pablo Gutiérrez; Manuel M. González, redactor del Periódico Oficial; Román Álvarez, editor del Monitor Jalisciense; Higinio Benavides, editor del famoso Juan Panadero; y Ramón G. Fuentes, editor de El Telegrama. Después se adhirieron a la Convención Manuel Puga y Acal, de El Clarín; Cenobio I. Enciso, de El Litigante; Agustín de la Rosa, de La Voz de la Patria; Emilio García, de La Gaceta Jalisciense; Patricio O’Grady, de The Sun; y José Schiaffino, del Boletín de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco.158

Tratar de conciliar las posturas entre los periodistas como colegas era una cosa, y cuidarse de los políticos que se sintieran afectados por las publicaciones era otra muy diferente. En respuesta a las críticas y las sátiras de las que eran objeto, los políticos acostumbraban usar de la violencia física para desquitarse e incluso podían llegar hasta el asesinato “para hacerlos callar cuando se desmandaban en sus ataques y a la vez para escarmiento de los demás”.159 Hasta 1883 no era fácil proceder judicialmente contra un escritor, pues el resultado podía ser el fracaso en los tribunales o el escándalo público derivado del proceso. Las acusaciones por calumnia o difamación en contra de funcionarios públicos eran juzgadas en dos tribunales “populares” separados, de acuerdo con el artículo séptimo de la Constitución. El artículo garantizaba la libertad de imprenta, “que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”. En tales juicios las cosas se ventilaban de tal manera que el funcionario aludido quedaba expuesto a la opinión pública y al “escándalo nacional”. Así que el recurso más seguro y práctico para los políticos de aplacar los bríos y castigar los atrevimientos de los escritores era mandarlos apalear. El historiador tapatío Juan Iguíniz describió el modus operandi de las palizas:

En las altas horas de la noche uno o varios agentes de la policía disfrazados de paisanos y provistos de fuertes garrotes, se apostaban en espera del infeliz periodista a la vuelta de una esquina o en el quicio de un zaguán de la calle por donde ordinariamente solía regresar a su domicilio. Al presentárseles generalmente indefenso y ajeno del todo […] intempestivamente descargaban sobre él algunas docenas de golpes.160

El día siguiente de la paliza, la prensa independiente “ponía el grito en el cuello” y divulgaba el atentado por medio de alcances, mientras se denunciaba formalmente el delito ante la autoridad judicial. El ritual implicaba que el ministerio público tomara conocimiento del asunto, pero “la autoridad después de un simulacro de averiguaciones acababa por atribuirlo a venganza personal de algún enemigo de la víctima”.161 Así que el ataque terminaba sin castigo para los agresores y sin mayor consuelo para la víctima. Pero, como ya se vio en el problema entre Orozco y Puga y Acal, los ataques no siempre eran nocturnos y fuera de la vista del público.

HONOR, DECENCIA Y VIOLENCIA POLÍTICa

El cambio legal promovido durante la presidencia de Manuel González en 1883 envió los juicios por difamación a un solo tribunal donde un juez penal podía dictar una sentencia “rápida” y severa; y, sobre todo, donde debía ser más fácil que los políticos interesados en el proceso interfirieran.162 La letra del artículo constitucional no fue tocada, pero sí la forma en que se podía ejercer la justicia penal contra los periodistas. El régimen mostraba así su carácter autoritario y proclive a censurar publicaciones, a perseguir opositores y a dar escarmientos (como palizas, cárcel y asesinatos) a los más obstinados. En esos favorables contextos, el gobierno de Francisco Tolentino sólo necesitaba ocasiones apropiadas para coartar a la oposición y sus voceros, y tuvo una oportunidad justamente con una nota publicada el 7 de junio por El Heraldo, que expresaba comentarios burlones sobre cierta reunión de jóvenes de las familias adineradas de Guadalajara. No he encontrado el ejemplar donde se publicó la mencionada nota, pero fue reproducida el 16 de junio por El Partido Liberal, periódico de la Ciudad de México. El “párrafo de gacetilla” de El Heraldo sugirió que en aquella reunión los jóvenes participantes sobrepasaron los límites de lo moralmente permisible.163

Se cuenta, se dice, se comenta, que una o más veces, en alguna huerta a extramuros de esta capital, varios jóvenes y varias jóvenes. Unos y otras pertenecientes o que a lo menos pretenden pertenecer a la aristocracia de esta ciudad, han tenido estos días alegres reuniones en las que… nada nada! Besos, caricias… celos… la cosa no ha pasado de ahí, no se lamenta ninguna defunción.164

En el estilo satírico-escandaloso de la prensa tapatía de la época, el comentario dibujaba toda una historia en unas breves líneas. Sin dar nombres, lugares o fechas, El Heraldo se permitía una nota pícara de un “secreto a voces”:

En fin nos limitamos a hacer indicaciones de lo que todo el mundo cuenta, de lo que ha pasado ya completamente al dominio del público… ¿tenemos nosotros la culpa de que tan rápidamente circulen ciertas noticias? La gente halla un sabor indecible en conversar sobre estos asuntos, y anda diciendo por ahí esa gente que las señoritas que no han participado de los placeres de las reuniones esas, no sienten mayor escrúpulo en lo que ha pasado; que reciben con especial agrado a este o a aquel joven que más caricias tuvo la fortuna de prodigar en la animada fiesta.165

Se denunciaba la inmoralidad o la doble moral de las élites: jóvenes de la “aristocracia” local, o que pretendían serlo, usaban sus reuniones sociales como ocasión para lances amorosos. Para la moral burguesa predominante,166 la insinuación pública de esos deslices, en especial de las mujeres, era escandalosa. Si las señoritas aristócratas se comportaban inmoralmente, entonces, por extensión, podía entenderse que no había diferencias entre las “buenas familias” y las otras clases, y eso implicaba cuestionar y subvertir el orden social tanto como el orden político. El Heraldo ridiculizaba a las élites y además establecía un discurso público peligroso y subversivo.167 La reacción fue inmediata, según la versión contada por Wistano Orozco,168 la misma noche de la publicación, el 7 de junio, él fue atacado en la Plaza de Armas de la capital tapatía por “personas conocidas que ejercen autoridad en Guadalajara”.169 El principal agresor fue Fernando Ibarra, secretario del Consejo de Gobierno y cuñado del general Tolentino, que gritaba: “Yo le enseñaré cómo se insulta al gobierno”.170 Para fortuna de Orozco, la gente que estaba presente detuvo la golpiza,171 pues ese tipo de agresiones a los periodistas ocurrían en momentos y lugares solitarios o escasamente concurridos. De forma irregular, agresores y agredido pasaron la noche en la cárcel,172 aunque eso no impidió a este último escribir un alcance al número 27 de El Heraldo, que se publicó el 8 de junio. En el alcance describió con dramatismo el ataque, agradeció a la sociedad y al pueblo de Jalisco su apoyo y simpatía, y responsabilizó al gobierno estatal del ataque.173 El gobierno aprovechó el incidente para acusarlo, por medio del Ministerio Público, de calumnia y falsedad contra el gobernador y su secretario por la referencia pública de que lo habían “mandado asesinar”.174 El incidente alcanzó difusión nacional. El periódico de la Ciudad de México El Foro reprodujo, el 23 de junio de 1885, la nota publicada por El Telegrama de Guadalajara el día 13 de junio:

El Heraldo publicó domingo pasado párrafo baile pónese duda honor jaliscienses. Ofensa intolerable en que creyéndose aludidas personas, en noche mismo día, Lic. Francisco Ibarra en Plaza Armas, en compañía otros jóvenes, decentes por supuesto, rompió cabeza a Sr. Lic. Wistano L. Orozco redactor Jefe Heraldo. Escándalo mayúsculo por crimen Plaza Armas, premeditación, alevosía y ventaja. Sociedad indignada acusa a los dos.175

Algunos miembros de la prensa nacional incluso llamaron a defender la libertad de imprenta.176 Orozco se convirtió así en protagonista político de primer nivel, en un héroe de la prensa independiente y en un posible mártir de la oposición. El juez segundo de Guadalajara desechó la acusación contra el escritor el 12 de junio de 1885. Mientras el Ministerio Público apelaba la decisión, Orozco publicó el día 13 otro “alcance”.

En El Partido Liberal, Fernando Ibarra insistió en que Orozco merecía la paliza pública porque intentó “manchar lo más sagrado que puede tener una sociedad entera, nada menos que la honra de las familias distinguidas de su seno”. Esas “familias distinguidas” eran el núcleo de la sociedad tapatía, y por lo mismo debían ser intocables. Las familias de la élite económica tapatía estaban interconectadas por alianzas de matrimonios, de padrinazgo, y de negocios, y “formaban una inmensa parentela; todos eran socios, compadres, ‘gente conocida’”.177 Esa élite no se fragmentaba por las preferencias políticas, pues asociaciones y empresas podían reunir a conservadores y liberales por igual.178 Tampoco era extraño que militares y políticos entraran en la “parentela”, como ya se ha mostrado,179 pero su incorporación no era automática. Como ha señalado Gladys Lizama: “Durante el último tercio del siglo XIX y primera década del XX en Guadalajara, México, es muy probable que si una familia estaba fuera de las redes sociales, económicas y políticas, era, por decir lo menos, más difícil acceder [sic] a los mecanismos que hacían posible el buen funcionamiento y éxito de una empresa familiar o constituida por acciones”.180 El general Tolentino formaba parte del entramado político porfirista, era de la élite política, y seguramente buscó integrarse a la élite económica. Favores, apoyos monetarios, puestos públicos, matrimonios, eran acciones que los políticos emprendían para asegurar esa integración. Defender públicamente la honra de las señoritas “decentes” era parte de esas acciones. Si además se incluía una paliza pública, no era un problema a los ojos de Tolentino o de Ibarra.

Me he visto precisado a tomar la medida que puse en práctica. Pongo en conocimiento de la sociedad de Guadalajara lo que ha pasado entre D. Wistano y yo, como una pública satisfacción, y como una prueba de mi respeto y de la alta consideración en que la tengo.181

Ibarra apeló a la sociedad de Guadalajara, que entendía únicamente como el grupo de las “buenas familias”, y a la opinión pública, integrada por aquellos que eran dignos de tener un juicio en el asunto. Porque tan sólo la palabra de las “personas mejor informadas”, es decir, los miembros de las élites, debía contar como la verdad que debían aceptar todos los demás.182 Para las élites, una burla a su decencia era especialmente castigable si provenía de alguien considerado como parte de los estratos medios o bajos de la sociedad. Al entender de las élites, Wistano Orozco, un abogado de orígenes humildes, un profesionista ajeno a la “parentela”, difamaba porque era un “acérrimo enemigo de los círculos sociales a los que vanamente ha pretendido tener acceso”. En la sociedad tapatía de la época, el honor, las diferencias de clase y las distinciones entre las élites y los otros grupos sociales se entendían como realidades que todos estaban obligados a reconocer, respetar y preservar. Ese discurso estaba ampliamente difundido, como lo muestra el comentario de El Partido Liberal, en la Ciudad de México:

Hoy vemos por el párrafo transcrito en el impreso que reproducimos, que D. Wistano Orozco merecía de sobra el castigo público que el señor Ibarra le ha inferido. Escritos como el párrafo del Heraldo deshonran a sus autores y deben ser severamente reprimidos.183

El editorial de otro periódico capitalino, La Patria, señaló que el juez de primera instancia declaró culpable a Ibarra y lo sentenció a un mes de prisión, aunque justificó su enojo por lo publicado como “un estímulo muy poderoso”, y tomó en cuenta “los buenos antecedentes del acusado”, así como el tiempo que tenía de estar preso y “el puesto público que ocupa y la clase social a la que pertenece”. Para el editorial, estas dos últimas eran razones suficientes para entender “que la prisión en que se haya [sic] [Ibarra] constituya una pena mayor que la que sufre un criminal vulgar cuando está detenido”.184 Las acciones que señalaran con claridad las diferencias sociales, y las reprodujeran, y que mantuvieran los límites que separaban a los grupos, estaban perfectamente justificadas por el discurso elitista del honor y la decencia; esas consideraciones estaban arraigadas en la cultura y en la política, y definían de antemano las posiciones que tomaban los actores sociales ante crisis de valores y de definiciones.

El discurso elitista del honor podía definir algunos criterios de la realidad social y, al mismo tiempo, disimular o encubrir motivos políticos, como acabar con un baluarte opositor. La violencia física y la persecución judicial eran contrapartes del mismo proceso político para aislar y anular a personajes críticos o incómodos, en especial si no formaban parte de las élites. Así que la persecución política contra Orozco continuó, pues el gobierno estatal lo acusó de nuevo, esta vez, de “trastornador del orden y de la paz pública”.185 Así comenzó un proceso en su contra por los delitos de “sedición y provocación a la rebelión”, así como a sus colaboradores en el periódico.186 El gobernador mandó encarcelar a Ramón Loweree, dueño de la imprenta de donde salía El Heraldo, así como al responsable del periódico, Antonio Aguirre.187 Orozco señaló que los procesos judiciales contra sus colaboradores duraron hasta dos meses.188 Él mismo fue otra vez a la cárcel, la penitenciaría de Escobedo, como era conocida; un inmenso edificio que ocupaba varias manzanas de la ciudad de Guadalajara, inaugurado en 1875 durante la gubernatura de Ignacio Vallarta, pero inspirado en las ideas de Mariano Otero sobre la necesidad de una institución penitenciaria acorde con las necesidades de un país moderno.189 Entretanto, algunos de los amigos y partidarios del joven abogado publicaron en la prensa de la Ciudad de México una vehemente nota sobre la situación política y la libertad de prensa en Jalisco:

A no ser que se quiera interpretar como delito contra el orden público, toda censura que se haga de los actos del gobierno, en cuyo caso pueden nuestros leales servidores, hacer lo que más les agrade de nuestras vidas y haciendas, contando de antemano con nuestro silencio aprobatorio. La opinión pública dejará de cumplir con el deber que le incumbe de velar por los intereses sociales indicando al gobierno los yerros en que incurre, ilustrándolo con sus debates en las diversas cuestiones de nacional interés, y ayudándole con sus consejos y advertencias para el acierto de las medidas políticas y administrativas. La prensa dejará de ser en nuestro país lo que es y ha sido en todas las naciones civilizadas: el órgano de la conciencia social, la voz popular, que se eleva a las regiones del poder para advertirle la obligación en que se halla de mantener incólume el sagrado depósito que le ha confiado la Patria. Y el periodismo en Jalisco quedará reducido al estrecho círculo de los incensarios oficiales, que con el fuego de la subvención arden ante los altares del poder.190

El 10 de julio, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco desechó la apelación del Ministerio Público al dictamen del juez sobre su primera denuncia contra Wistano L. Orozco, bajo el argumento de que el procurador no podía ser abogado de particulares, no podía acusar en nombre del gobernador o del secretario de despacho, ni pedir en su nombre las reparaciones correspondientes.191 Entretanto, en otra nota a la prensa, sus amigos describían las condiciones de Jalisco tal como ellos, opositores, las percibían:

Aquí en Jalisco, la situación de nuestro pobre estado no puede ser más desconsoladora: el pueblo abatido; la industria muerta; la política, esa ciencia del gobierno y de la legislación, la administración y la magistratura, salvo excepciones reducidas y honrosísimas, en manos torpes e ineptas. En la marcha de nuestro gobierno no se nota el más ligero empuje hacia el progreso, ni la más leve tendencia hacia el desenvolvimiento de la civilización. La instrucción pública no se fomenta, sino antes bien se contraria con trabas y gabelas. La beneficencia lejos de ampliarse se desatiende lastimosamente; y las fincas cuyas rentas le estaban destinadas, se enajenan con no se sabe qué objeto. Al capital no se le imparte protección, sino que se le grava revaluando la propiedad raíz, para aumentar los impuestos. Se deja desfallecer la producción. Al tráfico se le hostiliza en las aduanas. Al bienestar material no se consagra la menor atención: lejos, muy lejos de promover mejoras en los puertos, en las vías de comunicación etc., se lleva el desacierto económico hasta cegar, por malicia o por torpeza, las fuentes que surtían de agua a los habitantes de esta ciudad.192

El discurso político opositor se enfocó en los peores aspectos del gobierno estatal, seguramente exagerándolos, coincidiendo con las críticas que Orozco había vertido en su periódico; además, esto mostraba que, a pesar de la violencia física y judicial, no había desaparecido el grupo interesado en la caída, o por lo menos en la reforma moral, del gobierno de Tolentino. Esa persistencia también daba razones al militar y gobernador para no dejar de perseguir al vocero más estridente de ese grupo. Mientras en alguna prensa se debatía el caso de la persecución judicial,193 el abogado-periodista siguió atrapado en el proceso por sedición. La Voz de México, reproduciendo una nota del mismo Heraldo, denunció el 1 de agosto las duras condiciones de su prisión.194

El proceso por sedición se complicó porque, acorde con la versión dada por Orozco dos décadas después, parece que fue involucrado en ciertos planes para derrocar por la vía armada al gobernador Tolentino, justo al mismo tiempo que se daba un levantamiento en la sierra de Atemajac.195 Es imposible saber si eran ciertas esas intrigas y movimientos políticos, pero, aunque no lo fueran, Orozco era doblemente sospechoso ante el gobierno estatal, así que, aunque se movía con libertad en Guadalajara, era seguido por la policía y pronto fue arrestado de nuevo.196 Ante la posibilidad de ser enviado al destierro, o de quedar en prisión por muchos años, o incluso hasta sufrir la ley fuga como uno de los enemigos políticos del gobernador, Orozco aprovechó una oportunidad y escapó de la prisión de Escobedo en octubre de 1885.197 Según su propia narrativa, escapó al confundirse entre la gente que salía y entraba de visita, y se ocultó en el vecindario de La Escoba, donde se encontraba la fábrica del mismo nombre,198 con el apoyo de los señores Eugenio Quintero y Jesús Revilla. Al día siguiente de su escape de Escobedo, salió de La Escoba disfrazado de carbonero y “arreando ocho burros aparejados, confundido entre numerosos arrieros y recuas, y por entre las patrullas que me buscaban para fusilarme” con rumbo al norte, a la frontera con Zacatecas, que cruzó en noviembre de 1885.199 Exagerado o no su relato sobre su escape, lo cierto es que el oficio de la arriería no le era desconocido. Como consiguió salir del estado de Jalisco, fue procesado y condenado en ausencia, y se ordenó su traslado a San Juan de Ulúa en los primeros días de noviembre.200 Todavía un grupo de tapatíos escribió el 5 de noviembre una nota a El Monitor, periódico capitalino, para denunciar, por enésima vez, los desfalcos del gobernador y el crecimiento de las fortunas de “algunos empleados” del gobierno, pero sin entrar en detalles, ya que “se expone uno a experimentar lo que sufrió el Lic. Wistano L. Orozco, porque tuvo el atrevimiento de decirle al gobierno su precio, aunque de una manera ruda y franca”.201 La dura experiencia vivida, al final de la cual el joven abogado escapó apenas al destino de presidiario en Veracruz, lo alejó de la participación activa en la política. Zacatecas era el refugio lógico, donde seguramente tenía conocidos de su adolescencia; tal vez el mismo cura que lo recibió años atrás, o algún otro miembro del clero local, pudo darle refugio en su huida. Pero, cual ave de tempestades, las polémicas y los conflictos lo siguieron al estado del centro norte de México.

CAPÍTULO II. LAS TIERRAS PRÓDIGAS.
ZACATECAS 1886-1894

Porque lo cierto es que, aunque imaginemos el tipo de propiedad más “perfecto”, más “absoluto”, o precisamente en nombre de este tipo de propiedad, el propietario de ayer, como el de hoy, pudo –voluntaria o involuntariamente– ver mermados considerablemente sus derechos de propiedad sin dejar de ser nominalmente propietario, o precisamente para no dejar de serlo.

ROSA CONGOST

Encontramos a Wistano Luis Orozco ejerciendo su profesión de abogado en Zacatecas en 1887, como representante de una compañía deslindadora de tierras. Zacatecas era una capital de provincia, al igual que Guadalajara, pero de un tamaño menor y cuya actividad económica principal no eran el comercio o la manufactura, sino la minería. A diferencia de la capital tapatía, que tuvo un desarrollo económico y urbano notable en el porfiriato, se puede decir que Zacatecas fue parte del grupo de ciudades que estuvieron al margen del proceso modernizador desarrollista de la época.

Pese a su tradicional importancia minera, participó en muy corta medida de ese clima de prosperidad general, y en algunos aspectos constituyó más bien un ejemplo elocuente de la fuerza con que, bajo ciertas circunstancias, la inercia de atraso tiende a prevalecer sobre las condiciones propicias a la modernización.202

Durante el porfiriato, la minería pasó por una fuerte crisis, lo que se conjugó con condiciones adversas, como sequías, heladas, epidemias, en la última década del siglo XIX,203 para generar en Zacatecas un ambiente poco propicio para el comerci o y los negocios.204 Sin embargo, el Ferrocarril Central Mexicano que conectaba la capital zacatecana con la Ciudad de México y con la frontera norte se inauguró en 1889, y entre 1882 y 1891 llegó la iluminación por energía eléctrica; además, se dio un proyecto de renovación arquitectónica de algunos edificios y la erección de otros, como el Instituto de Ciencias y el teatro Fernando Calderón.205 Aparte de la minería, la principal actividad económica en el estado era la producción agrícola y ganadera.206

Cabe decir que Orozco evitó mezclarse, en lo posible, en asuntos políticos en Zacatecas, donde el panorama era muy similar al que había dejado atrás en Jalisco. El general Jesús Aréchiga, con una fama de corrupto y represor similar a la de Francisco Tolentino, tenía y ejercía el poder como gobernador (1880-1884, y 1888-1900), o como comandante de las fuerzas federales en el estado, con la total aquiescencia de Porfirio Díaz.207 Zacatecas era, pues, un escenario en apariencia escasamente alentador para que un joven e inquieto abogado como Wistano Orozco, “exiliado político” además, pudiera ejercer a plenitud su profesión y desarrollar sus talentos. Pero las tierras zacatecanas eran pródigas no sólo en la riqueza mineral, sino en favorecer la ganadería y, por ende, la existencia de enormes latifundios. Las oportunidades estaban a la vista, aunque afuera de la pequeña capital provincial.

En aquellos años, el deslinde de tierras era un negocio que comenzaba a florecer, pues en 1883 se publicó el decreto presidencial sobre colonización y compañías deslindadoras, con lo cual comenzó la etapa de mayor actividad de estas empresas en todo el país.208 Tan sólo entre 1883 y 1884 se habían deslindado más de ocho millones de hectáreas que significaron más de seiscientos mil pesos en ingresos al gobierno federal.209 A diferencia de Jalisco, en el estado de Zacatecas existían enormes latifundios dedicados sobre todo a la ganadería,210 y controlados por un pequeño grupo de familias terratenientes, ligadas por parentesco, negocios o por amistad. El ejemplo paradigmático de esa época fue José León García, prominente miembro de una destacada familia de las élites económicas y políticas durante buena parte del siglo XIX en Zacatecas.211 Él era dueño de una de las haciendas más grandes de la entidad, Trancoso, que también era de las que contaba con mayores inversiones para modernizar su producción. Además, era accionista de importantes compañías mineras en San Luis Potosí y en Guadalupe, Zacatecas, y poseía plantas de beneficio de mineral en sus tierras, era dueño de la fábrica textil La Zacatecana y de una ladrillera, entre otras muchas inversiones.212 Como en muchos otros casos entre las élites porfirianas, José León García era prestamista y estuvo como cofundador y accionista del Banco de Zacatecas.213

Otra familia destacada en Zacatecas era la de los Gordoa, que tenía inversiones e intereses económicos también en San Luis Potosí.214 El patriarca de la familia fue Antonio María Gordoa, quien hizo su fortuna en la minería en Real de Catorce antes de la Independencia. Él adquirió la hacienda Malpaso,215 Rancho Grande, San José del Maguey, y Ciénega de los Dolores, entre otras.216 A mediados del siglo XIX, el clérigo José María Gordoa era la cabeza de la extensa descendencia del patriarca, y durante el porfiriato Benjamín Gómez Gordoa fue uno de los actores políticos más importantes del estado.217

MAPA 3. ZACATECAS Y SUS PARTIDOS, 1889.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra, 1788-OYB-7241-C.

El estado de Zacatecas tenía doce partidos: Mazapil, Nieves, Sombrerete, Fresnillo, Jerez, Zacatecas, Ojocaliente, Pinos, Villanueva, Tlaltenango, Juchipila y Nochistlán.218 En los años que siguieron a las leyes de Reforma y a la promulgación de la legislación sobre terrenos baldíos, se agudizó el proceso de concentración de la tierra en el estado, siendo los principales afectados pequeños propietarios, los bienes de la Iglesia y las comunidades indígenas. Se achaca ese proceso a las maniobras de los terratenientes y a la acción de las compañías deslindadoras, en especial de una de ellas,219 compañía en la que, como veremos, Wistano L. Orozco tuvo un papel de primera importancia.

Una compañía deslindadora era una sociedad privada que obtenía una concesión del gobierno federal para detectar, denunciar, medir, cartografiar, defender jurídicamente, vender y colonizar terrenos baldíos existentes en una zona territorial determinada.220 En Zacatecas, la primera compañía registrada en esos años fue la Compañía Zacatecana, de Rafael García Martínez, en 1883.221 El segundo permiso o contrato fue para el político local Fernando Calderón, en agosto de 1885; además, hubo otro para Francisco Beltrán en septiembre de ese mismo año.222 Para 1887, Wistano L. Orozco aparecía con el poder general de representación de la compañía deslindadora Calderón y Herrera, la que cambiaría de denominación varias veces223 y que obtuvo permiso de la Secretaría de Fomento para trabajar en todos los partidos de Zacatecas, excepto la capital.224 La compañía estaba encabezada por Fernando Calderón para el negocio de los denuncios que tenía autorizado;225 es decir, los cambios de nombre y de apoderados no impedían su acción porque tenían un mismo titular del contrato y un mismo representante legal.226 En 1886 José Valenzuela fue nombrado gerente de la compañía deslindadora y tomó el lugar de socio que detentaba Manuel de Herrera.227 En Zacatecas, como en todo México, sólo un reducido círculo “podía participar y acceder tanto en los negocios y proyectos empresariales como en los cargos políticos”.228 No sorprende que aquella compañía deslindadora fuera un negocio encabezado por políticos de mediana importancia (diputados) del círculo cercano al gobernador Aréchiga. Sin embargo, como era también común en la época, los trabajos de la compañía enfrentaron diversos problemas, oposiciones y retardos.

LOS TRABAJOS DE LA COMPAÑÍA DESLINDADORA CALDERÓN Y HERRERA Y SOCIOS

Orozco tuvo mucho trabajo en esos años debido a los innumerables problemas que enfrentaba la mencionada compañía Calderón y Herrera. La amplitud de terrenos que cubrir, la incapacidad de los jueces locales, el desconocimiento de cómo llevar un denuncio de forma clara y expedita, y la fuerte oposición de los poseedores de los terrenos, provocaron que la compañía enfrentara diversos litigios antes de lograr sus objetivos en el corto y el mediano plazo; había también poderosos intereses económicos y políticos que aprovechaban cualquier resquicio legal, y cualquier descuido de la compañía, para lograr hacerse de las tierras. Veamos algunos ejemplos: el primero fue el caso de la hacienda de Sierra Hermosa,229 que con más de 500 000 hectáreas, se ubicaba en el partido de Mazapil y pertenecía a Manuela Moncada, miembro de una destacada y poderosa familia de terratenientes. La familia Moncada tuvo su origen en la concentración de propiedades y herencias nobiliarias y mayorazgos en Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, marqués de Jaral de Berrio y conde de San Mateo Valparaíso,230 quien en la primera mitad del siglo XIX fue dueño de muchas propiedades, como la hacienda de El Carro, en el partido de Pinos.231 La enorme fortuna del marqués de Jaral se dividió entre sus herederos en 1848. Las haciendas de Jaral y de Ventillas fueron para Juan Isidro Moncada (heredero de los títulos nobiliarios); El Cubo, para Francisco Gerónimo Moncada; Gallinas y El Carro, para Mariana Moncada; La Encarnación, para Francisco Nepomuceno Moncada; y San Mateo, para Dolores Moncada.232 En este esquema, la hacienda de Sierra Hermosa era considerada una “estancia” de la hacienda de Jaral.233

La familia Moncada seguía siendo una de las más poderosas en la segunda mitad del siglo XIX. Al tenor de los tiempos, la señora Manuela Moncada contrató los servicios del prominente abogado zacatecano Rafael Ceniceros y Villarreal para que denunciara los baldíos, huecos y demasías de la hacienda Sierra Hermosa, lo que dio pie a que, en febrero de 1887, Wistano Orozco solicitara que el juez de distrito detuviera ese proceso de denuncio y así se salvaguardaran los derechos exclusivos de la compañía para proceder con las denuncias.234 Desde 1879, Manuela y sus hermanos Francisco y Concepción Moncada habían nombrado como administrador de las haciendas de Sierra Hermosa, Encarnación y Santa Catarina a Agustín Fuentes,235 quien fue el que contrató al licenciado Ceniceros. Por medio de Carlos Ricoy, su apoderado en la Ciudad de México, Manuela Moncada pidió el 8 de octubre de 1886 a la Secretaría de Fomento que, “conforme a la suprema circular de treinta de enero del corriente año se le admita al correspondiente arreglo de adjudicación de demasías, bajo el concepto de que procederá al formal denuncio de ellas”. El 12 de octubre la Secretaría de Fomento respondió que la aceptaba a composición.236 Por eso, Ceniceros se presentaba el 15 de diciembre de 1886 al formal denuncio de “todas las demasías, huecos y enclaves que puedan encontrarse dentro de los actuales linderos de ‘Sierra Hermosa’, bien sea por razón de propiedad o de posesión”, conforme a la ley de 22 de julio de 1863.237

La compañía deslindadora, con el nombre de Compañía Deslindadora Fernando Calderón, trabajaba en el partido de Mazapil desde septiembre de 1885, por lo que Orozco, como apoderado de ésta, se opuso al denuncio de Ceniceros con base en una circular a los jueces de distrito, de marzo de 1884, y una declaración del Ministerio de Fomento, de diciembre de 1885, en favor de las compañías deslindadoras.238 Ceniceros adujo que el denuncio hecho por la señora Moncada era legal ya que los baldíos que denunciaba estaban en San Luis Potosí y la compañía deslindadora no tenía “acción ninguna en los baldíos ubicados en San Luis Potosí”, además de que la ley daba preferencia de denuncios a los poseedores, como lo era su representada, y estipulaba que los denuncios debían hacerse de modo particular y no en general como lo hacía la compañía deslindadora.239

MAPA 4. ZACATECAS.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra Zacatecas 1883-2821-OYB-7241-B.

Sin embargo, el juez de distrito dio la razón a Orozco en cuanto a su petición de conocer el proceso de denuncio promovido por Ceniceros, ya que le asistía derecho como compañía dedicada a los deslindes en el estado de Zacatecas.240 El 14 de marzo, Orozco volvió a insistir en el derecho exclusivo de la compañía sobre el denuncio de los baldíos y excesos de Sierra Hermosa, ya que, con anterioridad al denuncio de Ceniceros, había “designación clara y precisa de la zona en que está ubicada Sierra Hermosa, para la habilitación de baldíos”, que la compañía tenía derechos exclusivos que ningún otro acuerdo podría invalidar y que, de ser necesario, se llevaría el asunto ante el secretario de Fomento para un fallo definitivo.241 Pero las autoridades judiciales y políticas no estaban convencidas de que la razón asistía a Orozco: el promotor fiscal declaró dos veces que la razón legal asistía a Ceniceros, en tanto que el juez de distrito señaló que la Secretaría de Fomento, autoridad exclusiva para autorizaciones sobre deslinde de baldíos, por “Nota oficial del 12 de octubre último, dispuso que este juzgado no admitiese más gestiones sobre excedencias baldías de Sierra Hermosa, que las presentadas por la propietaria”.242 Orozco apeló de inmediato esa decisión ante el tribunal de circuito. Ante la posibilidad de seguir un litigio prolongado y engorroso, en agosto 23 de ese 1887, Rafael Ceniceros y el gerente de la compañía deslindadora, José Valenzuela, llegaron a un acuerdo sobre las excedencias y baldíos de Sierra Hermosa.243 Se puso fin a la oposición a la denuncia de parte de la compañía y a la apelación al fallo del juez, con lo que dieron por terminado el incidente y compartieron los costos legales; también acordaron que la señora Moncada adquiriera en propiedad las excedencias que pudiesen existir en Sierra Hermosa, las cuales serían deslindadas por la compañía, que también continuaría con el trámite del denuncio hasta que se obtuviera el título de propiedad para Manuela Moncada y el plano de la hacienda ratificado por la Secretaría de Fomento, entre otros puntos.244

Enfrentar a los poderosos latifundistas no era un asunto sencillo, y las cosas podían salir mal para la compañía, como en el caso de las haciendas Mezquite y Pozohondo, propiedad de Miguel Rul y Azcarate, integrante de la prestigiosa familia Rul, que fue deslindada en 1887 por Calderón y Herrera.245 La compañía encontró cerca de 14 sitios de ganado mayor de excedencias y más de 34 sitios de baldíos, pero el propietario se opuso al deslinde. Según sus propias mediciones, no había ninguna excedencia ni baldíos en sus propiedades. Llevó su apelación al Tribunal de Circuito de Guadalajara, y después ante el Ministerio de Fomento en la ciudad de México; y por supuesto, el fallo final fue a su favor.246

Entre tanto, como apoderado de la compañía, Orozco pidió en marzo de 1887 al juez de distrito que solicitara al juez letrado de Ojocaliente que ordenara a los propietarios de fincas rústicas que presentaran sus títulos de propiedad ante ese juzgado, para que se tomara nota de ellos; y a la compañía deslindadora, el deslinde y mensura de los predios en el partido, para así poder localizar los baldíos, demasías y excedencias existentes.247 Incluso amplió la petición para incluir a todos los partidos de Zacatecas, exceptuando el de la capital del estado.248 Hizo la misma petición para los partidos de Sombrerete, Mazapil y Nieves, en 1889 y 1890.249 Para entonces, Orozco se describe como abogado avecindado en Zacatecas, soltero.

En Tlaltenango, partido donde se encuentra El Teúl, localidad bien conocida por Orozco, las dificultades en revisar los títulos de los propietarios y poseedores de fincas rústicas le llevaron a pedir al juzgado de distrito que el juez de paz dejara de obstaculizar el trabajo de los ingenieros de la compañía, porque se había resistido que “tomen razón de los títulos que algunos poseedores de tierras han presentado ante dicho juez”, en febrero de 1889.250 El juez de Tlaltenango, Trinidad González, alegó que las dificultades estribaban en que los poseedores de títulos de tierras estaban promoviendo amparos, pendientes de resolución, contra la compañía. Entre esos poseedores había pequeños y medianos propietarios, y los indígenas de los pueblos de Tlaltenango, Cicacalco, Tocatic y Teocaltiche.251 En agosto, Orozco escribió de nuevo al juez de distrito de Zacatecas para que interviniera para dar celeridad a las diligencias de mensura y deslinde en el partido de Tlaltenango, porque algunos magistrados locales (jueces de paz) no cumplían con los deberes que les correspondían.252 No sólo no procedían con los deslindes, sino que recibían incidentes y oposiciones a ellos, sin continuar con los procesos en el ámbito municipal, sin dar cuenta al juez distrital. Orozco argumentaba que era por bien del erario nacional que se aceleraran los trabajos y se formalizaran los autos.253 Esa intensa actividad legal da cuenta de que la estructura judicial, en los niveles local y estatal, no estaba preparada para dar seguimiento a los procesos de deslinde conforme a la ley de 1883. El juez de distrito señaló que aquellos que se oponían a las mensuras y los deslindes solicitando una revocación de los permisos de la compañía deslindadora, con base en la supuesta invalidez del auto de 28 de diciembre de 1886, que dio la gerencia de aquélla a José Valenzuela, no habían procedido de forma adecuada.254 El amparo tramitado por los opositores a la compañía no debía impedirle a esta sus trabajos, a menos que así lo ordenara expresamente el juez.

Pero la compañía también tenía sus propios problemas para seguir adecuadamente el procedimiento de denuncio y deslinde de baldíos, como puede verse en el siguiente ejemplo que apareció en la prensa nacional: en 1889, la Suprema Corte de Justicia emitió un dictamen que involucraba a la compañía deslindadora en Zacatecas, y que fue publicado por los periódicos capitalinos La Patria y, sobre todo, El Foro. Los periódicos publicaron primero un dictamen hecho por “el notable jurisconsulto Sr. Eduardo Ruiz”, entonces procurador general de la Nación,255 respecto de una denuncia de terrenos baldíos de la hacienda Rancho Grande, ubicada en el partido de Fresnillo, Zacatecas, hecha por Fernando Calderón en el juzgado de distrito correspondiente, en 1885.256 Recuérdese que la familia Gordoa era una de las más poderosas de la zona centro norte del país, con intereses en Zacatecas y en San Luis Potosí, por lo que salta a la vista el atrevimiento de la compañía para provocar con litigio a tan poderosos adversarios.

La diligencia de apeo y deslinde se practicó en noviembre de ese año, como era la norma: acudió el representante del denunciante, el ingeniero de éste para levantar el plano del terreno, y el personal del juzgado para el apeo y deslinde, pero se presentó como opositor el poseedor de la hacienda por medio de un apoderado. Los autos fueron enviados a la Secretaría de Fomento; y el hacendado, Francisco P. Gordoa, solicitó que los autos fueran devueltos al juzgado de distrito. Esto detuvo el trámite porque se debía avisar al denunciante de la devolución. Dos cosas sucedieron para modificar el proceso legal, la muerte de Francisco Gordoa, suceso inesperado que dio entrada a Eugenio Gordoa como su albacea interino, y la presentación de Wistano L. Orozco, a finales de 1886, como procurador legal de “la Compañía Deslindadora de terrenos baldíos en el Estado”, para pedir traslado de la oposición de Gordoa al denuncio.

Eugenio Gordoa desconoció por escrito de febrero de 1887 la personalidad jurídica de Orozco en el caso, porque se presentaba como apoderado de una compañía que no estaba formalizada cuando se otorgó el contrato de concesión al denunciante de terrenos baldíos. El juzgado de distrito dictó sentencia, en abril de 1887, en la que reconoció la representación de Orozco para intervenir en nombre de la compañía, Gordoa no cedió y apeló en segunda instancia, por lo que el caso también llegó al Tribunal de Circuito de Guadalajara. Este juzgado dictaminó que el proceso era totalmente legal, y sólo cambió el dictamen del juez de distrito en un punto (sobre una fianza). Una vez más, las apelaciones prolongaron el pleito, por lo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. El procurador federal ratificó que todo el proceso era legal y además señaló que no debió admitirse como debate judicial porque, acorde con la ley,

En todo caso de denuncio existe, pues, la presunción legal a favor del Gobierno, de que todo terreno denunciado tiene la calidad de baldío mientras no se demuestre lo contrario por la existencia de un derecho legítimo que destruya la presunción. La presunción de que todo terreno denunciado tiene la calidad de baldío, hace que si no hay resistencia legítima, desde luego se decreta su venta; y que si el Gobierno tiene la tenencia del terreno, se trasmita al denunciante; pero si se oponen los poseedores es indispensable ventilar en juicio contradictorio la cuestión de propiedad.257

Además, según la Suprema Corte, el denunciante, como parte del juicio, no ejercía ningún derecho propio, sólo hacía valer el correspondiente del gobierno. Por lo mismo, podía comparecer en el juicio personalmente o por medio de un apoderado, aunque fuera gerente de una compañía deslindadora, porque la ley no prohibía la constitución de la compañía. Estaba plenamente justificado que Wistano Orozco fuera procurador de la compañía de Fernando Calderón y su representante en este juicio. Así, se confirmó la sentencia del juez de distrito.258 La primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió finalmente, en julio de 1889, que no hubo demanda como tal en este caso, ya que una denuncia de terrenos baldíos no era una demanda de reivindicación, como correspondía; en el proceso se había faltado al artículo 18 de la ley de 20 de julio de 1863 porque el expediente original del apeo y deslinde con el plano levantado debía quedar en el juzgado de distrito y enviarse a la Secretaría de Fomento copia, “en testimonio y con él una copia del mapa”, por conducto del gobernador del estado, quien debía acompañarlo “con el informe correspondiente”. Tampoco se determinó qué terrenos debían declarase excedentes o baldíos, lo que era “absolutamente necesario para precisar la cosa demandada”. El apoderado de Rancho Grande debía ser el reo demandado, por lo que no podía formular una demanda de oposición al denuncio. Así, el actor o demandante era la compañía deslindadora, y el reo demandado el poseedor de Rancho Grande; y aunque se hizo el apeo y deslinde, la compañía seguía sin presentar la demanda reivindicatoria. La Suprema Corte resolvió devolver las actuaciones al juzgado de distrito para que la compañía deslindadora pudiera formalizar la demanda correspondiente.259

Los dictámenes comentados del procurador federal, y de la primera sala de la Suprema Corte muestran cómo la legislación sobre terrenos baldíos y denuncios era confusa, una normativa inconclusa que daba pie a procesos llenos de cuestiones y litigios, en los cuales pocos sabían aprovechar las posibilidades. La compañía no sabía cómo proceder después del denuncio, no establecía con claridad cuáles terrenos denunciaba, sus apoderados no entendían quién era el demandante y quién el demandado, y el juez de distrito no fue capaz de definir el correcto cauce del proceso. Aunque es imposible generalizar y decir que así funcionaban todas las compañías deslindadoras en la época, ni en todos los estados de la república, el caso nos permite entender hasta dónde podía enredarse un proceso de denuncio de terrenos baldíos. Finalmente, la compañía deslindadora Calderón y Herrera afectó algunas grandes propiedades y a algunos de los poderosos terratenientes y abogados del estado. Si la legislación liberal tenía por objeto dar orden y certeza a la propiedad rural, a la vista saltaba que el efecto podía ser el opuesto. A los diferentes interesados sólo les quedaba esperar que los dictámenes de la Suprema Corte para los diferentes procesos crearan la necesaria jurisprudencia para solventar las lagunas dejadas por la ley y por las confusiones de los actores.

Me he detenido en estos procesos legales porque permiten dar cuenta del éxito de Wistano Luis Orozco como abogado que logró cambiar el tipo de su actividad para convertirse en representante legal de una compañía deslindadora. Esto le permitió, con el paso del tiempo, adquirir una vasta experiencia en los diferentes procesos involucrados con las problemáticas de la posesión y la propiedad de la tierra en México, uno de los escenarios más conflictivos durante el porfiriato.260 No sólo tuvo conocimiento de las situaciones de las grandes propiedades, sino de lo que atañía a pequeños poseedores o propietarios, como lo fue en la cuestión de las municipalidades de Guadalupe, San José de la Isla y San Pedro, anexas a la capital zacatecana, donde en 1888 la compañía enfrentó varios procesos simultáneos de oposición que obligaron a la compañía deslindadora a apelar fallos contrarios que llegaron al Tribunal de Circuito de Guadalajara.261 En esos años, Orozco entendió las complicaciones de unas leyes sobre propiedad y posesión que eran, por lo menos, confusas, e incluso contradictorias. Así, mientras que la ley de 1883 regía la actividad de las compañías deslindadoras, la ley de 1863 podía todavía ser aplicada y aplicable en 1888, como lo asentó en una declaración ante el juez de distrito de Zacatecas en ese año:

Que no excusando la ignorancia de la ley, los poseedores debían saber que conforme al artículo 1º de la Ley de 20 de julio de 63, son de propiedad nacional todas las tierras que el soberano no ha cedido a título oneroso o gratuito, a personas hábiles para adquirirlas. Que por la misma razón desde el momento que, en las diligencias de mensura y deslinde, no presentaban título alguno, dichos poseedores debían saber que aquellas tierras que poseían aparecían legalmente como baldías.262

Si un poseedor tenía un título de propiedad que no mostraba alguna relación con lo que se entendía eran los “títulos primordiales” otorgados por alguna autoridad colonial, las leyes permitían a la compañía deslindadora declarar baldías las tierras. Muchos tenían títulos de compraventa de sus posesiones, pero pocos podían mostrar esos “títulos primordiales”. Además, los jueces locales o de distrito no necesariamente aplicaban la ley o la acataban; por ejemplo, en el asunto de Guadalupe y San Pedro, a pesar de que el Tribunal de Circuito de Guadalajara dio la razón a la apelación de la compañía deslindadora, el juez de distrito de Zacatecas no le concedió la posesión de los terrenos denunciados como baldíos, pues estaba a la espera de la reacción de los opositores a los denuncios.263 En medio de todos los éxitos y los contratiempos de su trabajo, su experiencia y su habilidad como abogado, y seguramente también sus contactos profesionales y sus amistades, le permitieron ser nombrado juez de distrito segundo suplente en mayo de 1888, cuando el titular pidió licencia por motivos de salud.264

Podemos constatar sus contactos en otros procesos ligado a su papel de apoderado legal de la compañía deslindadora. En agosto de 1889, el ministro plenipotenciario de México en Berlín, Ignacio Romero Vargas, era acreedor del gobierno federal por la cantidad de 48 000 pesos, valor de una casa en el centro de la ciudad de Puebla que el gobierno de Porfirio Díaz le había comprado para establecer en ella oficinas federales. El contrato de compraventa especificaba que la deuda se saldaría, en parte, con terrenos nacionales.265 Serían 32 000 pesos que el gobierno nacional le pagaría con tierras baldías en Chihuahua u otro estado, de manera que cuando Romero las recibiera las podría vender para obtener así su dinero.266 Por eso el ministro nombró a José Valenzuela, quien vivía entonces en la ciudad de Chihuahua, como su apoderado en este asunto. Valenzuela maniobró para que las tierras tomadas para ese pago fueran las deslindadas por su compañía en Zacatecas, en específico, las tierras declaradas baldías en los municipios de Guadalupe, San José de la Isla y San Pedro, y otorgó a Wistano L. Orozco su representación para la adjudicación de la propiedad.267 Hasta ese momento de 1889, la compañía Calderón y Herrera llevaba “descubiertas” 56 972 ha de terrenos baldíos y de excedencias en Guadalupe, en San José de la Isla, en San Pedro (en el partido de Zacatecas) y hacienda de Trancoso (en el partido de Ojocaliente). De esa cantidad de tierras, le correspondía por ley a la compañía la tercera parte, o 18 990 ha, dadas en “dominio, goce y aprovechamiento” a la compañía por el presidente Porfirio Díaz según título del 6 de agosto de 1889.268 El título de propiedad otorgado por Díaz a Romero, el 27 de agosto de 1889, señaló 32 850 ha, distribuidas en diversos parajes ubicados en Guadalupe, San José de la Isla y San Pedro, de los cuales los más afectados eran la hacienda de Sierra Fría con 22 942 ha, las haciendas de Aguacaliente y Delgadillo con 3 768 ha, y los ranchos de Tepetates y Dena con 3 709 ha.269

Por cierto que la hacienda de Trancoso fue deslindada en 1888, mediante un minucioso examen de los títulos coloniales y las mediciones de tres ingenieros agrimensores contratados por la compañía.270 Los títulos provenían de un deslinde hecho en 1740 por el comisario de la Corona española, Felipe Salcedo, y confirmado en 1742 por el juez privativo de tierras, Martín de Blancas, otorgando al capitán José Beltrán de Barnuevo la propiedad de 182 999 ha.271 La compañía deslindadora debió operar con minuciosidad “científica” en este proceso, ya que afectó no sólo a la hacienda, sino a varios otros predios; entre los propietarios afectados estaba el poderoso hombre de negocios José León García. Los afectados se unieron para oponerse al deslinde y fueron representados por el abogado Rafael de las Piedras. Al final, Wistano Orozco, como apoderado legal, solicitó 13 711 ha como excedencias, que se le dieran a la compañía divididas en partes iguales como terrenos de primera, de segunda y de tercera clase, en los perímetros de la hacienda.272 Estos procesos dejan ver cómo pequeños, medianos y grandes propietarios fueron afectados por la acción de la compañía deslindadora, por leyes contradictorias y por jueces confundidos, todo lo cual le permitió a Calderón y Herrera adjudicarse algunas miles de hectáreas y vender otras miles más a poderosos políticos nacionales.

Entretanto, el abogado de origen jalisciense seguía su trabajo como apoderado general de la compañía deslindadora, que en mayo de 1890 estaba ocupado en el deslinde de los partidos de Villanueva, Jerez y Fresnillo.273 Un poco antes, en abril de ese año, un litigio puso en evidencia las confusiones entre los interesados en la posesión y propiedad de predios rústicos. El abogado Francisco Llamas Noriega, en representación de la compañía minera La Asturiana, entabló en el juzgado civil y de hacienda de Zacatecas un juicio de propiedad contra la compañía deslindadora Calderón y Herrera y Socios, por un sitio llamado San Nicolás de los Campos y El Carmen, en la municipalidad de Guadalupe. El representante de la compañía minera citaba títulos del siglo XVI y la concesión del rey Felipe V a Zacatecas, de ejidos en cinco leguas por viento, espacio en donde se encontraba el terreno en disputa, es decir, más de tres siglos de pacífica e indisputada posesión.274 Orozco señaló al juez de distrito que las operaciones de deslinde de esos terrenos habían sido hechas conforme a la ley y que la compañía deslindadora ejercía su concesión y su competencia de acuerdo con la ley de 15 de diciembre de 1883.

Y como según el artículo 20 de la citada ley, se da la competencia para conocer de las diligencias de apeo y deslinde y de los juicios que de aquí nazcan, al juez de partido en cuya demarcación este ubicado el baldío, y como el último inciso del artículo citado establece con la más absoluta generalidad la competencia del fuero federal para esta clase de negocios, es a todas luces incompetente el juzgado de lo civil ya mencionado para conocer del negocio promovido.275

El punto central de Orozco era que si el Lic. Llamas trataba de mostrar que el terreno en cuestión no era baldío, así como la nulidad del acto de posesión dado por el ejecutivo federal al expedir el título de propiedad del terreno a la compañía, ambas cosas no podían ser dirimidas en el juzgado del estado, sino en el ámbito federal. Por eso pidió al juez de distrito que

se sirva entablar la competencia que le corresponde en el referido negocio y reclamar del señor juez de lo civil de esta ciudad se inhiba completamente del conocimiento de los mencionados autos, y que remita estos al juzgado del digno cargo de U para su conocimiento y decisión.276

Sin embargo, tanto el promotor fiscal como el propio juez distrital rechazaron las peticiones de Orozco, no por las razones dadas por Llamas, sino porque adujeron que la demanda de la compañía minera era un asunto entre particulares, y no un juicio de oposición al deslinde.277 La documentación no permite saber cómo se resolvió esa demanda, pero el proceso demuestra cuántas dudas, confusiones y contradicciones había entre los diferentes jueces, abogados y actores interesados respecto de las atribuciones legales de cada quien y de los alcances de las leyes.

A pesar del profundo involucramiento en su trabajo como apoderado, las antiguas inquietudes seguían latentes, y el abogado jalisciense pronto volvió al ámbito periodístico, pues desde enero de 1889 comenzó a publicar el diario La Época.278 Cuatro años después de su tormentosa primera incursión en la prensa, el radicalismo político de Orozco había dado paso a un intento de combinar las ideas liberales de vanguardia con su fe católica,279 por lo menos en el periódico. Pero la combinación fue recibida como ambivalente, lo que le acarreó críticas de ambos lados; por ejemplo, un observador escribió a un diario católico de la Ciudad de México que tal combinación era una “necia tarea, que sólo cabe en cerebros enfermos o en pretensiones absurdas”.280 Entretanto, el “Sr. Lic. Orozco, joven de muchas y buenas relaciones en esta sociedad por su carácter jovial y comunicativo”.281 se casó en 1890 con Teresa Moreno, con quien tuvo dos hijos, pero quedó viudo en pocos años.282

En ese 1890, Wistano, cual ave de las tempestades, se vio otra vez involucrado en diversos incidentes, el primero de ellos bastante violento. El Monitor Republicano publicó que Orozco había insultado al administrador de correos de Zacatecas, Francisco Avellaneda, y después le había disparado cuatro veces, sin atinar ninguno.283 La Voz de México repitió la nota con mayor detalle, aunque días después publicó la carta de “un católico” que contenía una versión opuesta, en la que Avellaneda provocaba a Orozco en la calle, después lo amenazaba e intentaba golpearlo, y finalmente lo atacaba con un “verduguillo” (especie de cuchillo), Orozco se defendió con su pistola y lanzó un tiro al aire primero, y otros dos después de ser nuevamente atacado con el arma punzocortante.284 Los gendarmes llegaron y lograron desarmar a ambos individuos. En esta versión “católica”, el ataque había sido fraguado por los masones zacatecanos que no soportaban que Orozco, antiguo militante de la “tenebrosa secta”, se hubiese pasado al bando católico con un periódico llamado El Átomo.285 El propio Wistano Orozco pudo dar su versión de los hechos, según nota de El Amigo de la Verdad, titulada “Gacetilla. Los masones condenando”, en la que, acorde con la nota aparecida en La Voz de México, había sido el administrador de correos quien había buscado algún pretexto para iniciar el pleito y quien primero le había lanzado un golpe al abogado y después intentó darle con el verduguillo. Orozco se defendió con su pistola y, después de varios tiros de advertencia, decidió matar a su agresor porque se quedaba sin balas, justo cuando llegaron los gendarmes y desarmaron a ambos.286

Lo cierto es que, según una breve nota en El Diario del Hogar de julio de 1890, Orozco en realidad sí había pertenecido a alguna logia masónica, aunque para entonces ya la había dejado.287 Y su actividad parecía mostrar cierto celo fanático contra la masonería; por ejemplo, imprimió unos folletos donde pidió a la población de Zacatecas firmara un ocurso para pedir al presidente de la república que se expulsara al masón cubano Ignacio Pujol.288 De acuerdo con una nota de La Voz de México, en un solo día Orozco consiguió dos mil firmas, lo que denotaba que la masonería era “odiada en Zacatecas”.289 Este asunto contra Pujol resultó ser la chispa para el pleito contra Avellaneda, aunque no están claras en la prensa mayores razones de esa conexión, lo cierto es que Orozco fue procesado por el incidente; y según nota de El Amigo de la Verdad, de septiembre de 1891, “fue castigado porque no se dejó matar del masonete que le agredía”.290

Pero ese problema afectó a Orozco en su trabajo. Él era apoderado de Ignacio Romero, el ministro mexicano en Berlín, por delegación de poderes hecha ante escribano público por parte de José Valenzuela en enero de 1890, y solicitó en abril de ese año la posesión del sitio o rancho llamado San Juan del Sauz para su cliente.291 El procedimiento para la adjudicación del rancho fue lento, y entretanto Orozco fue sujeto en agosto a proceso por el juez segundo de lo criminal de la ciudad de Zacatecas, acusado de “homicidio frustrado, portación de arma prohibida y lesiones”, declarado preso el 20 de agosto, y “consignado al juzgado primero de lo criminal de este partido por injurias al personal de este mismo juzgado”, en septiembre de 1890.292 Ese proceso le impedía ser apoderado o procurador en ningún asunto legal.293 El asunto criminal se resolvió en enero de 1991, según noticias de la prensa, y Orozco resulto absuelto del cargo de “homicidio frustrado” tanto en la primera como en la segunda instancia.294 Así que, en noviembre de ese mismo 1891, Orozco se presentó de nuevo ante el juez de distrito de Zacatecas como apoderado de Ignacio Romero Vargas, para solicitarle pidiera al juez de paz de San José de la Isla le diese la posesión formal de San Juan del Sauz.295

El jalisciense decidió tomar represalias contra algunos de sus enemigos, más allá de afiliaciones religiosas o político-ideológicas, pues, de acuerdo con reportes de la prensa, él mismo entabló una demanda contra el director del periódico católico zacatecano La Rosa del Tepeyac y contra el dueño de la imprenta donde se editaba, por injurias y ultrajes al presidente de la república en el número 117. Orozco es descrito como “apoderado del ministro de México en Berlín y de la compañía deslindadora Calderón, Herrera y Socios”.296 Según la nota del periódico católico El Tiempo, la demanda era por unos comentarios ofensivos con motivo de las nuevas reglas emitidas por el gobierno de Díaz para las compañías deslindadoras, y llevó al juez de distrito de Zacatecas a ordenar la aprehensión de los dos acusados. Una vez más, por la naturaleza de las fuentes periodísticas, tampoco me es posible saber en qué terminó ese asunto, pero es evidente que Orozco dejó atrás cualquier simpatía política o religiosa cuando se afectó su trabajo como abogado, y su rol como apoderado de políticos o de la compañía deslindadora.

Volviendo con su trabajo como abogado, en septiembre de 1891 Orozco contrató los servicios de Joaquín María González, de San Luis Potosí, para que se encargara de los procesos de mensura y deslinde de los partidos de Mazapil y de Pinos en nombre de la compañía Calderón y Herrera. Y solicitó que el juez de distrito librara requisitoria a los jueces de primera instancia de esos partidos para que permitieran los deslindes y tomaran juramento a los ingenieros encargados de los trabajos.297 En agosto de ese año la sociedad Calderón, Herrera y Compañía cambió su nombre al de Calderón y Valenzuela:

De esta compañía soy apoderado y representante general, jurídico y administrativo, según consta de la escritura de mandato, que en cinco fojas útiles acompaño, debidamente timbrada y legalizada.298

La lucha constante de Orozco era para que se reconociera a la compañía los derechos exclusivos de denuncio, mensura y deslinde de terrenos baldíos en todo Zacatecas, pero no siempre lo conseguía. Por ejemplo, en el partido de Sombrerete, Zacatecas, donde la compañía Calderón y Herrera obtuvo el permiso de deslindes desde 1886, pero que hasta 1890 no había hecho ningún denuncio formal, así que en febrero de ese año los poseedores de un predio conocido como Sierra del Gato hicieron el denuncio para proceder a su adjudicación y titulación.299 Una vez más, Orozco presentó la oposición al denuncio en nombre de su compañía y obtuvo del juez de distrito de Zacatecas la suspensión del proceso, pero el Tribunal Superior de Circuito de Guadalajara dio la razón a los denunciantes del predio del Gato, y señaló que la designación de una zona de trabajo para una compañía deslindadora no era en exclusividad, en especial si no se había hecho ningún denuncio. Los propios poseedores del predio habían procedido con el denuncio, en una estrategia que les evitaba enfrentar en un largo y costoso litigio a alguna compañía. La compañía Calderón y Herrera negociaba también con pequeños propietarios de predios que deseaban arreglar su situación, aunque esto significara ver reducida la extensión de su propiedad. Así, en 1891, Lucas Román prefirió arreglarse con la compañía por los predios llamados La Tapia y Choritos, que poseía en el municipio de Jerez. Román se quedó con 559 hectáreas, mientras que a la compañía le fue adjudicado el tercio restante de los predios.300

En mayo de 1892, Orozco solicitó que el juez de distrito de Zacatecas ordenara al juez segundo de paz de Fresnillo le remitiera el expediente de la mensura y deslinde en la municipalidad, ya que se negaba a hacerlo, a pesar de que él mismo había autorizado los procesos.301 Problemas, reveses y experiencias debieron alertar a Orozco sobre preparar mejor sus alegatos. De hecho, en 1892, publicó un folleto titulado El derecho internacional privado, un alegato suyo presentado ante el Tribunal de Justicia de Zacatecas.302 Fue tal vez la primera obra que publicaba sobre sus actividades profesionales, algo que lo distinguiría en los siguientes años. Otro folleto suyo, sobre algunas teorías relativas al juicio de amparo, lo presentó a la Suprema Corte de Justicia en 1893.303

Por medio del periódico especializado en derecho El Foro, podemos seguir otros denuncios de terrenos baldíos que Orozco presentó a principios de 1893 para la compañía Calderón y Valenzuela, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas.304 El mismo Orozco pagó la inserción de las notas en el diario porque eran la resolución judicial que favorecía a la compañía deslindadora. Los denuncios afectaban a diversos propietarios de terrenos, ranchos y haciendas, como en el caso de la hacienda San Mateo de Valparaíso. En marzo de 1893, su poseedor, Antonio Llaguno, presentó por medio de su abogado, Benito Garza, la oposición al denuncio, y el caso debió dirimirse en el Tribunal de Circuito de Guadalajara cuando no quedó claro quién debía llevar el papel de actor en la contienda judicial; se puede decir que ése fue un aspecto de disputa frecuente en el trabajo de Orozco. En este caso, la compañía pedía que el actor fuera el poseedor que se oponía al denuncio, mientras que éste pedía que fuera el denunciante. El tribunal determinó que el denunciante del baldío (la compañía) era el actor porque su denuncia motivaba todo el proceso consecuente.

En otro de los casos de predios denunciados en el mismo municipio de Valparaíso, el señor Rafael Villalpando se opuso al denuncio de la compañía de algunos terrenos de su hacienda, denominada Peña Blanca, en enero de 1893.305 Orozco pidió que las tierras se entregaran en posesión al gobierno federal y así fueran recibidas por el jefe superior de Hacienda de Zacatecas, y que en el acto de posesión él, como representante de la compañía, fuera declarado “agente del gobierno en estos casos especiales”; sin embargo, en marzo de 1893 el representante del propietario y el denunciante (Orozco) pidieron de forma conjunta que se suspendieran los trámites “mientras el segundo estudiaba en lo particular los títulos de dominio del primero”. Algo en los títulos del señor Villalpando debió llamar la atención del abogado jalisciense, para detenerse en su análisis minucioso. Cuando el proceso se reanudó, en octubre de 1896, el representante de la compañía ya no era W. L. Orozco, sino otro abogado, llamado Manuel Pámanes.306 Así que el jalisciense debió dejar la representación de Calderón y Valenzuela en algún momento entre 1894 y 1895.

En esos años de 1894 y 1895, Wistano L. Orozco estuvo involucrado en un asunto de baldíos que se tornó escandaloso al tomar la representación de la sociedad llamada Beas y Socios en una disputa sobre tierras públicas en Zacoalco, en su natal Jalisco.307. Según los periódicos de México, que reproducían notas de sus contrapartes de Guadalajara, Beas y Socios estaba encabezado por el señor Desiderio Beas y otros propietarios, que habían denunciado “un predio de importancia” en Zacoalco, a lo que se opuso el señor Prudencio Valencia y sus socios, representados por el abogado de Guadalajara, Genaro B. Ramírez. Este último grupo publicó en la prensa tapatía escritos y panfletos contra el apoderado de Beas y Socios, Wistano L. Orozco, volviendo el proceso “un asunto ruidoso”. El asunto legal fue resuelto por la Secretaría de Fomento el 21 de junio de 1895, a favor de Beas y socios.308 Pero según la versión del Diario del Hogar, Valencia era vecino de Zacoalco y su apoderado, Ramírez, consiguió que la Secretaría de Fomento declarara que no se le podía despojar de sus propiedades. Además, Valencia acusó a Beas y socios de presentar un título de propiedad apócrifo.309 Las notas periodísticas mostraban ese proceso como tumultuoso, polémico, y con serias acusaciones respecto de los títulos manejados en los tribunales, lo que nos permite vislumbrar el ambiente áspero y turbulento en que se podían desarrollar algunos denuncios. Wistano Luis Orozco no podía alejarse de la polémica ni de los ataques a su persona, aunque fueran periodísticos.

En el folleto, la respuesta de Orozco a las escandalosas acusaciones del Lic. Ramírez, fechado en mayo de 1895, el originario de San Cristóbal de la Barranca buscó aclarar los enredos que supuso pretendía Ramírez con sus notas de batahola. Primero señaló que le resultaba extraño que Ramírez sacara asuntos que eran de interés particular a la prensa y con ello “a los peligros de la publicidad”. De acuerdo con Orozco, el abogado Ramírez publicó sendas notas en los diarios tapatíos contra el negocio de las tierras adquiridas por Desiderio Beas, Felipe Ibarra, J. Matilde Ramírez, Florencio Castro, Tomás y José Sedano, vecinos de la comisaría de Santa Clara en el municipio de Zacoalco de Torres. Ramírez también mandó imprimir e hizo circular un folleto para denunciar al juez suplente de distrito porque supuestamente había aceptado un asunto que correspondía dirimir a las autoridades estatales. Las notas de periódico estaban dirigidas a impactar en la opinión pública en general, mientras que el folleto se destinaba principalmente a los abogados y jueces. Así que, con su propia publicación, Orozco también buscaba llegar a un público compuesto en su mayor parte por abogados y jueces, “jurisconsultos”, aunque sin excluir al público en general.310

Los problemas asociados a la posesión de ese terreno venían de tiempo atrás, señaló Orozco, cuando diferentes vecinos de Zacoalco comenzaron a invadir tierras adjudicadas al cacique y fundador de Santa Clara, Tzacoaltzin, y su descendencia. “Al despojo sucedió la intriga, a la intriga la violencia, los encarcelamientos injustos; a este abuso del poder siguieron, en fin, los asesinatos más proditorios y más odiosos,” de forma tal que para finales del siglo XIX “los descendientes del antiguo propietario se encontraban despojados de buena parte de lo suyo, trasmitido a manos extrañas, no mediante escrituras públicas, sino mediante tormentos tenebrosos, puñaladas, sangre y cadáveres”.311

La retórica del folleto es bastante interesante, pues, además de la información relativa a la disputa de aquel terreno, el impreso deja entrever la forma en que Wistano L. Orozco percibía las cosas, y el lenguaje en el cual estructuraba su percepción de la realidad, pero también nos proporciona pistas de cómo los actores de la época, en especial abogados y jueces, articulaban sus discursos ante la opinión pública. Además de las escenas de sangre y violencia, Orozco recurre a la figura de señor feudal para referirse a los personajes poderosos de la región, “dueños de vidas y haciendas en aquel infeliz municipio” (aunque sin mencionar explícitamente a Prudencio Valencia). Personajes que ponían el grito en el cielo “repartiendo imprecaciones terribles e insultando a todo el mundo” sólo porque los antiguos propietarios buscaron el amparo de la ley.312 Orozco señaló que el mismo abogado Ramírez le llamó “mendaz quejoso” (cínico o patrañero), acusándolo de que había falseado informes sobre el proceso y omitido información de las oposiciones y ejecutorias, a la adjudicación que hiciera la Secretaría de Fomento en favor de Beas y Socios. Orozco negaba tales imputaciones, aduciendo que Ramírez acusaba sin haber leído el expediente del proceso:

El señor Lic. Ramírez no ha estudiado ni meditado este negocio: no ha leído siquiera las piezas que él mismo invoca, y a falta de hechos, de textos legales y razones justas, habla y habla y habla como un calenturiento atacado de lastimoso delirio.313

Desde 1891, la Secretaría de Fomento había dado la propiedad del terreno a Beas y Socios, pero hasta noviembre de 1894 no se habían efectuado las diligencias de posesión porque los afectados y los jueces encargados de los procesos no permitían que se llevasen a cabo. Por eso los favorecidos por el Ministerio de Fomento contrataron a Orozco, quien sencillamente solicitó se llevasen a cabo de forma definitiva los procesos correspondientes.314 Entretanto, Genaro Ramírez fue contratado de forma personal por Desiderio Beas como su apoderado, nombramiento que todavía estaba vigente cuando Ramírez actuó como abogado de los opositores a Beas y Socios; una contradicción que Orozco sugirió le hacía caer en la deslealtad. También insinuó que Ramírez había sacado mucho dinero al prolongar un litigio que no tenía razón de ser,315 “enmarañamiento de huizacherías y argucias abogadiles”. Nada se podía esperar de un letrado que “cita a tontas y a locas leyes que buyen en su imaginación vengan o no vengan al caso,” como una inexistente ley 11, título 11, libro sexto de la Novísima Recopilación, con la clara intención de manchar reputaciones y difamar honras en medio de un negocio que le había dado pingües ganancias. “Y como si esto fuera la llave de oro que abre de par en par las puertas de la gloria, sale a las calles y a las plazas de la publicidad a pedir aplausos y admiración para su obra”.316

En el folleto, Orozco incluyó un “estudio” o alegato jurídico sobre el proceso legal, presentado al juez de distrito de Guadalajara en abril de 1895, un auto del juez de distrito suplente de mayo del mismo año, un auto del Tribunal de Circuito de Guadalajara de julio de 1894 y un comentario sobre telegramas relativos al proceso de Beas y Socios, de la Secretaría de Fomento. Es interesante que en el “estudio” incluyera unas líneas de lo que llamó “un libraco mío en víspera de ver la luz pública”.317 Hasta este momento, las actividades preponderantes en la vida de Orozco fueron su actividad como redactor de periódicos, donde parecía encontrar siempre la forma de estar en el centro de la tempestad, y su desempeño como abogado representante de la compañía deslindadora en el pingüe negocio de los terrenos baldíos, en donde también se vio involucrado en asuntos polémicos. Los conflictos por la propiedad y la posesión de las tierras serán su principal área de trabajo y definirán el resto de su vida. Los nueve años pasados en Zacatecas (1885-1894) y su trabajo con las compañías deslindadoras en Zacatecas y en Jalisco le dieron una perspectiva de primera mano de las ventajas y desventajas de la legislación sobre terrenos baldíos, con lo cual adquirió la mirada de experto sobre la legislación en materia agraria, sobre los procesos jurídicos relativos, sobre las propias compañías deslindadoras, sobre la propiedad y la posesión de la tierra, y sobre los problemas del campo en general. Esa experiencia, combinada con el estudio acucioso de las leyes y los procesos judiciales alrededor de los terrenos baldíos, le permitió publicar su “libraco” antes mencionado, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, en dos tomos. Orozco terminó su redacción en enero de 1895 y fue editado en la imprenta del diario El Tiempo, que publicó el anuncio de la venta del libro el 17 de julio de 1895, a un precio de seis pesos en la Ciudad de México y siete pesos para la provincia.318 El éxito del libro fue variado, pues incluso el gobierno de Michoacán recomendó su lectura a estudiantes de derecho y abogados.319

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA SOBRE TERRENOS BALDÍOS (1895)

El propósito del voluminoso estudio era múltiple: ofrecer un estudio detallado de la legislación sobre tierras y baldíos en Nueva España y en el México independiente, como base indispensable de un manual sobre los procesos legales que debían seguirse conforme la legislación liberal vigente, y ofrecer un punto de vista experto sobre los problemas alrededor de la propiedad de la tierra en México. Por lo mismo, el libro es una crítica fundamentada sobre el régimen legal vigente, y sobre el régimen político también porque no deja de mostrar sus errores, sus confusiones y sus contradicciones. Igualmente, en la obra puede leerse, a veces entre líneas y a veces de forma abierta, una propuesta alterna sobre la normativa y las prácticas en materia de derechos de propiedad agraria.

Su propuesta partía de la necesidad de cubrir la carencia de trabajos que aportaran al conocimiento de los asuntos legales sobre la propiedad en México.320 Entendía que el ramo de tierras baldías era parte de la riqueza pública de la nación, de donde la Corona española vio en la venta y composición de los terrenos realengos una fuente de ingresos de primera importancia, por lo que emitió un importante corpus legal sobre la materia. Pero los gobiernos independientes abandonaron el tema por lo menos hasta julio de 1863, cuando Juárez expide la primera norma liberal sobre la materia. Desde ese año, y hasta 1895, los gobiernos liberales habían decretado diversas leyes, y los tribunales habían dictado sentencias que creaban jurisprudencia y doctrina legal sobre el tema. Orozco fue enfático al señalar que la nueva legislación liberal no había ignorado ni negado la herencia jurídica colonial: “Por fortuna, en este ramo de nuestra legislación, no se ha repudiado la herencia del pasado”.321 Con esa misma seguridad declaró que pronto terminaría la época de los negocios sobre terrenos baldíos, pero que las cuestiones alrededor de ellos y de la legislación “se agitarán todavía por muy largos años entre los hombres”.322

La primera cosa que saltaba a la vista de la legislación colonial, para el abogado jalisciense, era el hecho de que “los terrenos baldíos son propiedad del Soberano”, y que los reyes españoles no tuvieron intención de vender o enajenar esas tierras, sino dejarlas para utilidad pública.323 La Ley XIV de la Recopilación de Indias, expedida por Felipe II en 1591, no dejaba ninguna duda al respecto, por lo que, en opinión de Orozco, era la base de la legislación sobre el tema, y también debía serlo de las investigaciones sobre terrenos baldíos y sobre los títulos de los poseedores.324 Otro dato destacable era la obligación de los pobladores a los que se les daban tierras para que las cultivaran de forma adecuada, con el peligro de perderlas si no se hacía así, pero esa obligación nunca fue observada por los poseedores, ni hecha observar por las autoridades, de forma que la longuisimi temporis praescriptio (prescripción de una ley por el tiempo) perfeccionaba cualquier título de propiedad: las propias Cortes de Cádiz acabaron con la obligación citada al señalar que los dueños de las fincas podían destinarlas al uso que quisieran.325

En cuanto a las composiciones de tierras, que permitían a los poseedores de predios sin la correspondiente cédula o merced de tierras pagar lo correspondiente a la Corona por su titulación, fueron definidas y ratificadas por cédulas reales en el siglo XVII; Orozco señalaba que esto era el antecedente directo, en la ley de julio de 1863, de la misma preferencia por el poseedor para “componer su terreno”.326 Otro destacado antecedente de la legislación liberal vigente fue la Real Instrucción de 1754327 que, entre otros puntos, ratificó el proceso de composición de tierras, delegó el proceso y la decisión sobre la legitimidad de los títulos en los funcionarios virreinales y provinciales, y prometió “a los que denunciaren Tierras, Suelos, Sitios, Aguas, Valdíos y Yermos [sic], se les dará recompensa correspondiente, y admitirá a moderada composición de aquellos que denunciaren ocupados sin justo título”. Además, la Instrucción dio por válidos los títulos expedidos antes de 1700, sin exigirles mayores pruebas de legitimidad.328 Aquí están delineados algunos de los elementos más destacados de las políticas que los gobiernos liberales mexicanos adoptaron en la segunda mitad del siglo xix respecto de los terrenos nacionales. Tan importante era esa Real Instrucción que Orozco le dedica un examen jurídico pormenorizado de veinticinco páginas de su obra. Como abogado, le interesaba saber las consecuencias de la legislación colonial para la validez y legitimidad de los títulos de composición o mercedes reales, que podían esgrimirse para amparar una posesión o propiedad en el porfiriato. Un comentario refleja su preocupación de que en su época no se respete la preferencia dada en el periodo colonial al poseedor de un predio:

Razones de conveniencia pública y privada, aconsejan favorecer en todo caso al poseedor de un terreno al cual ampara un título aunque sea vicioso, con tal que sea primordial, concederle rebajas considerables del valor fijado a los terrenos baldíos, y aun eximirlo de todo pago si es poseedor pobre; y preferirlo en toda ocasión al denunciante extraño, que solo se prevalga de la falta de “confirmación” u otras solemnidades de un título para pretender la propiedad de un terreno que nunca ha poseído.329

Aunque se puede objetar que el estudio de Orozco de la legislación colonial fue incompleto, parcial y tal vez un tanto superficial, es necesario recordar que su propósito era reconocer, en el enorme corpus legal colonial, aquellas leyes y decretos que pudiesen servir de guías para la resolución de los problemas que percibía en su época. De allí que sus comentarios sólo se extendieran en aquellos puntos que le aportaran mayores elementos de juicio. Así que, por ejemplo, deja de lado y sin mayor comentario en su estudio aquellas leyes que señalaban algún beneficio legal o alguna protección para los pueblos de indios.

En cuanto a la legislación de periodo independiente, Wistano la caracteriza por su confusión inicial sobre a qué instancia correspondía el dominio eminente sobre el territorio nacional y, por tanto, a quién pertenecía el derecho de legislar y de enajenar los terrenos baldíos, si a los estados o al poder central o federal, indefinición que acarreó grandes disputas. Para el jalisciense, ese eminems dominum o summum imperium correspondía a la soberanía nacional, que no estaba depositada en los estados, sino en la federación. El error inicial provino del atraso en asuntos de derecho público que permeaba en las diferentes legislaturas.330 Otro rasgo destacable en la legislación nacional es la estrecha vinculación entre los proyectos de colonización y los asuntos sobre terrenos nacionales y baldíos. Desde 1824, legislaturas y gobiernos estatales y nacionales vincularon ambos temas en sus diferentes leyes y decretos. La confusión sobre el dominio eminente terminó con una ley expedida por Antonio López de Santa Anna el 25 de noviembre de 1853 y la serie de leyes y decretos expedidos por Benito Juárez.331 Pero, para entonces, el daño estaba hecho, de acuerdo con Orozco, ya que los estados, departamentos, territorios, e inclusive algunos ayuntamientos, adjudicaron muchos terrenos baldíos en tanto no hubo claridad sobre quién debía ejercer la potestad legal sobre las tierras de la nación:

Así es que muchas propiedades hay vacilantes, indecisas a lo menos, expuestas a ser objeto de un litigio, en que la Federación reivindique o pretenda reivindicar derechos legítimos.332

En opinión del nativo de San Cristóbal de la Barranca, la ley expedida por Benito Juárez en San Luis Potosí el 20 de julio de 1863 resultó tan trascendente como lo fue en el periodo colonial la Real Instrucción de 1754, porque “estableció todo un sistema de derecho territorial público, que favorecía o lastimaba intereses de la mayor importancia”.333 De acuerdo con su interpretación, esa ley favorecía al poseedor pacífico de un predio aunque su título no estuviera en regla, o fuera nulo por alguna causa legal, para tener preferencia en el arreglo de la posesión o en la compra del predio baldío con descuento. Pero había una inconsistencia, tal preferencia no aplicaba si el predio era denunciado por una compañía deslindadora, cuyo objeto y negocio era descubrir, deslindar y fraccionar terrenos que pudieran utilizarse para la colonización. Como agente autorizado por el gobierno federal, la compañía deslindadora practicaba en su nombre las operaciones correspondientes con base en la ley de 15 de diciembre de 1883, mientras que la ley de 1863 era la guía para los apeos y deslindes.334

De acuerdo con lo anterior, Wistano L. Orozco tenía esperanzas de que la nueva legislación sobre colonización y terrenos baldíos promulgada por Porfirio Díaz en 1893 y 1894 contribuiría a reducir y resolver los problemas generados por las lagunas de la normativa, detectados en los procesos judiciales, así como también reflejaría la jurisprudencia generada durante los treinta años de vigencia de la ley de julio de 1863. Tal como algunos ejemplos antes citados lo demostraban, los procedimientos no estaban claros ni para abogados ni para jueces, incluso la Suprema Corte de Justicia a veces declaraba que el denunciante era el actor del juicio de oposición, y en otras señalaba que lo era el opositor al denuncio.

Éstas y algunas otras cuestiones gravísimas habían puesto de relieve la práctica en los negocios y los debates ante los tribunales; y esas y otras muchas cuestiones quedan en pie después de promulgadas las nuevas leyes.335

Entre las novedades introducidas por la nueva ley, y que en opinión del experimentado abogado eran perjudiciales, se encontraban la creación de agentes especiales para los trámites de deslinde de terrenos –lo que a su parecer sólo creaba más burocracia–, el quitar a la Suprema Corte de Justicia del conocimiento de los casos polémicos y el establecimiento de los juicios sumarios para resolver los procesos.336 Su análisis pormenorizado de las leyes de 18 de diciembre de 1893 y 26 de marzo de 1894337 le llevó a expresar su total desacuerdo con la clasificación de terrenos (baldíos, nacionales, demasías nacionales, excedencias nacionales), ya que en la realidad todos seguían siendo baldíos. La burocracia federal encargada de promulgar las leyes no tenía idea de lo que pasaba en el campo y en los juzgados.

El problema más grande de esa nueva normativa estaba en la clasificación de las demasías nacionales, que resultaban de la diferencia entre la superficie titulada de un predio y aquella que resultaba de hecho al hacerse una medición, porque la ley de 26 de marzo sujetaba “a revisión, denuncio o composición las supuestas demasías comprendidas dentro de la cabida de un título primordial, legítimo y justo”. Un poseedor de buena fe debía haber obtenido el derecho de prescripción sobre tales demasías:

Pero la nueva ley entrega a todos los ardides de la codicia, de la mala fe o del capricho no solo grandes extensiones, sino hasta una hectárea de tierra donde quiera que el ojo de un denunciante pueda verla; pues ninguna excepción se hace a favor de grandes ni de pequeñas cantidades agrarias.338

Si bien la nueva normativa porfiriana mantuvo con claridad su fundamento en la doctrina del dominio eminente, que según Orozco era “un principio de derecho público internacional”, ese principio quedaba contradicho porque el artículo 13 de la ley de marzo de 1894 otorgaba una tercera parte del monto ingresado por un baldío a la entidad federativa donde se hallara el predio. Tal concesión podía ser un reconocimiento implícito de cierta soberanía radicada en una entidad, señala Orozco, con lo cual el artículo resultaba inconstitucional, ya que sólo un congreso constituyente podía definir los términos del ejercicio de la soberanía. Por si fuera poco, el jalisciense advertía otra contradicción en la nueva ley, porque mientras se permitía que cada estado tuviese una pequeña participación de los ingresos por venta de terrenos baldíos, la federación le exigía a cada entidad federativa la tercera parte de sus rentas anuales.339

La mala fe en los negocios de baldíos que provocaría la nueva legislación se combinaba con el desconocimiento del gobierno federal de las obligaciones contraídas con cada contrato de compraventa, ya que, según Orozco, como vendedor del terreno, quedaba obligado a entregar al comprador la cosa vendida, y de mantenerle en posesión quieta y pacífica, con lo cual además debía hacerse cargo de cualquier asunto de despojo. El ignorar tales obligaciones generaba la expedición de títulos de propiedad por terrenos que estaban en poder de terceros con títulos de dominio, “y que sobre todo, no habían sido citadas para la composición, ni menos emplazadas, oídas ni vencidas en juicio”.340 En muchos casos el gobierno federal había dado los títulos por terrenos denunciados pero que sus poseedores aún los tenían mientras sostenían juicios de oposición donde no habían sido vencidos ni sentenciados.341 Esa descuidada expedición de títulos perjudicaba a los particulares involucrados, fueran los denunciantes (que perdían el dinero que invertían, y se hacían odiosos)342 o los poseedores de los predios (su terreno perdía valor comercial si era amenazado de un denuncio), pero también desacreditaban al gobierno federal porque “hacer negocios a tontas y a locas, sin saber con certidumbre el negocio que se hace, son actos que no dan honra ni prestigio al que verifica”. Que la nación no tuviese cuidado de sus actos, ni de lo que vendía, le colocaba al nivel de un “incapacitado” o un mal vendedor.343 Orozco sugería que, para evitar ese ridículo, el contrato de compraventa debía establecer con claridad las condiciones en que se adquiría el predio, y que se dejaran a responsabilidad del comprador los gastos y las consecuencias de su adquisición.344

Por otro lado, la ley de marzo de 1894 no contribuía con ninguna innovación provechosa para la definición de lo que era un título de propiedad. Orozco señala que un título perfecto era “un título arreglado a la ley, dado por autoridad competente, no excedido en la cantidad agraria que ampara” y que no necesitara ninguna revisión de la autoridad, ya que fue ésta quien lo expidió; por eso, la ley de 1894 sólo redundaba en lo que ya había sido establecido por la legislación anterior.345 Para nuestro autor, las denuncias de baldíos eran más sencillas y menos costosas que las composiciones de demasías, ya que éstas requerían la conformidad de los colindantes, mientras que el denuncio era válido si no había oposición; por eso, las leyes coloniales eran mejores que las contemporáneas al establecer criterios simples y accesibles para la compraventa de baldíos y para las composiciones. Además, la simplicidad podría quitar el carácter odioso a los denuncios.346 Otra crítica a esa ley era que ponía su atención a los ejidos de los pueblos, lo que estaba “fuera de lugar” en términos de derecho, pues enfocarse en los bienes de comunidad, la personalidad jurídica de éstas y la forma en que debían repartirse tales bienes eran asunto que poco tenía que ver con los terrenos baldíos. Tan deficiente y contradictorio era el artículo 67 de la ley, que mantenía la prohibición a las comunidades y corporaciones para poseer bienes raíces, pero daba a los ayuntamientos personalidad para gestionar los repartos de los terrenos comunales y para defender las propiedades de los pueblos de denuncios ilegales. Sin embargo, Orozco no profundizó más en ese tema, sólo se limitó a señalar de manera general algunos de los problemas sufridos por pueblos e individuos “de raza indígena”, producto de las leyes de enajenación de bienes de manos muertas.347 Finalmente, señaló la anomalía de la ley de 1894 al establecer la figura del agente de tierras, funcionario de la Secretaría de Fomento encargado de dar trámite a los denuncios de baldíos como asuntos administrativos y no judiciales, aunque el procedimiento seguido era muy similar a una actuación judicial en el derecho federal común.348

Wistano L. Orozco cerró el primer volumen de su obra con una reflexión sobre la historia del derecho relativo a los terrenos baldíos. La ley de noviembre de 1591, expedida por el virrey Luis de Velasco el Menor, estableció las bases fundamentales del derecho, al dejar en claro que las tierras de Nueva España pertenecían al Soberano (que Orozco entiende como antecedente del Estado), y que en su nombre y representación se podía vender y componer terrenos a corporaciones y particulares. Los ingresos resultantes eran parte de las rentas reales o públicas, y los procedimientos de venta y composición se hacían con arreglo al derecho vigente. Por eso mismo se debían respetar las tierras de utilidad pública y las tierras de las comunidades indígenas, necesarias para su subsistencia. Para Orozco, excepto por la desaparecida protección a los indígenas, después “de cuatro siglos todavía permanecen en pie aquellos fundamentos ciclópeos del reparto de las tierras públicas”.349 En su opinión, con la Real Instrucción de 1754 se perfeccionó el sistema colonial respecto de las tierras, pero, con la aparición del sistema de intendencias a finales del siglo XVIII, luego con las cortes gaditanas, y finalmente con la Independencia, aquella perfección se fue desdibujando, lo que llevó a desdeñar la idea de que el Estado era el dueño de las tierras, y a la transmisión de herencias sin el respectivo respaldo de títulos, además de una serie de reglas vacilantes expedidas por los nuevos e innumerables gobiernos. Como resultado de todo ello, las reivindicaciones del Estado sobre las tierras se consideraron como injusticias o como abusos de poder, y al denunciante de un baldío se le percibió como “ladrón”.350

En su discusión de La ley de 20 de julio de 1863, expedida por Benito Juárez, Orozco esboza tímidamente su propuesta alternativa. A su entender, aquél fue un documento que ignoró casi por completo la legislación colonial. Aunque reconocía el propósito de distribuir la tierra entre “los desheredados”, su pobreza jurídica y su ignorancia de la legislación antecedente dieron por resultado que, en sus treinta años de vigencia, la tierra no fue mejor repartida, sino que los grandes propietarios se beneficiaron, e incluso que algunos denunciantes de baldíos cayeron en gastos interminables. Para poner remedio, Orozco proponía una verdadera reforma que permitiera la creación “de una democracia permanente, fundada en la distribución equitativa de la propiedad agraria”. De lo contrario, le quedaban al país dos opciones igualmente perjudiciales, que la nación “se echara por un siglo en brazos de la oligarquía feudal de los grandes propietarios, o para dictar una ley agraria que trajera consigo el glorioso desastre de los Gracos”.351 El experto prefería sin duda una reforma legal que estuviera apegada a la jurisprudencia creada durante los tres siglos de dominio español, los fundamentos de “nuestras tradiciones jurídicas”, en sus propias palabras. Desde su perspicaz mirada, el Estado porfirista era un neófito en jurisprudencia agraria, como en casi todos los aspectos de la modernidad que intentaba asumir; un Estado extraviado en su propio laberinto legal, que sólo complicaba los problemas, las desigualdades y las injusticias alrededor de la propiedad de la tierra.

El segundo volumen de la obra continúa la disección metódica de las diferentes fases del proceso de denuncio, y de las interminables confusiones a que se prestaban las cosas por una legislación deficiente. Un asunto mereció atención especial del abogado nacido en San Cristóbal de la Barranca: el Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883. Wistano señaló la presunción de que lo que había impulsado los diferentes intentos de los gobiernos mexicanos por estimular y favorecer la llegada de colonos extranjeros era “un pueril espíritu de imitación a los Estados Unidos”, con base en la buena intención de poblar nuestro país “con el contingente de razas hermosas, fuertes y civilizadas traídas del Antiguo Mundo”.352 Una vez más dejó ver sus ideas alternativas al señalar que lo más conveniente no era favorecer o estimular la migración, sino restringirla, para poder seleccionar sólo a los mejores individuos (laboriosos, honrados, sanos, civilizados), y esto debía hacerse sin que el erario nacional gastase un solo peso en traer a tales elementos. De tal manera que la migración selectiva contribuyera de forma decidida al progreso de la sociedad mexicana, junto con otras diversas medidas y transformaciones necesarias, como “derrumbar lenta y prudentemente el feudal edificio de las enormes propiedades rústicas, que nos legó el sistema colonial”. Además, era recomendable repartir entre las clases desheredadas los terrenos públicos y “procurar eficazmente que se divida también entre ellas el excedente inútil y enorme de las propiedades privadas”. De hecho, antes que dotar de tierras a los posibles colonos extranjeros, era mejor y más urgente sacar de la miseria a los indígenas y los proletarios de México. Si, en general, los europeos despreciaban al mexicano, entonces era antipatriótico repartir la riqueza nacional entre aquellos que nos depreciaban. La alternativa económica más viable era atraer capitales en lugar de individuos:

Lo repetimos: capitales y negocios, no hombres, es lo que debemos traer a México. Los hombres vendrán en pos de los negocios, como en pos del néctar de las flores vienen las industriosas abejas.353

Orozco finalizó sus reflexiones con un análisis dedicado a los fundamentos morales, filosóficos y económicos de la propiedad de la tierra, con relación a los asuntos de terrenos baldíos. El primero resulta ser la propiedad originaria del Estado de las tierras de una nación, idea disputada y resentida en el México independiente por diversas razones, algunas ideológicas, otras culturales y otras prácticas. De esa resistencia derivaba la oposición al denuncio y deslinde de baldíos, y la generación de animadversiones entre los actores del campo, la devaluación del precio de las tierras, así como afectaciones a los propietarios en general y a los pequeños poseedores en especial. Los millones de hectáreas deslindadas en la época salieron, según Orozco, de las manos de los pequeños propietarios, y no de los terratenientes. Así que apelaba a los legisladores federales a que limitaran los procesos de denuncio y deslinde a superficies superiores a un sitio de ganado mayor, y de tales casos sólo se revisasen los excesos, ya no el total del terreno. También pedía que se suprimieran las compañías deslindadoras.354 Con pretexto de la colonización y el fraccionamiento de tierras públicas, las compañías habían aumentado los problemas para los pequeños propietarios, incapaces de enfrentar los tortuosos y costosos procesos (“esos mil y mil disparates legales, revestidos hoy con un falso ropaje de orden y de justicia”), para legalizar su posesión o su herencia, el resultado indeseado era reafirmar el feudalismo rural que tanto le inquietaba.

Pedir la supresión de las compañías no era abandonar la idea original del reparto de tierras en el mayor número posible de propietarios, idea que Orozco suponía implícita en toda la legislación liberal sobre baldíos. En su opinión, la pequeña y la mediana propiedad eran las únicas opciones que podían dinamizar las economías en los ámbitos local, regional y nacional. La gran propiedad, aunque alabada por los teóricos económicos por sus posibilidades, en los hechos terminaba por ahogar la economía de las localidades y regiones donde dominaba. Como ejemplos contrastantes describe dos partidos zacatecanos: Jerez y Villanueva, según él similares en condiciones ecológicas, sociales e históricas, pero radicalmente diferentes en su situación. Orozco conocía bastante bien ambas comarcas y sus sistemas de propiedad. La tierra en Villanueva estaba controlada por seis haciendas que abarcaban 238 762 ha y, según las describió Orozco, cumplían con el estereotipo de lo que llegaría a entenderse como una hacienda porfiriana: sus dueños no vivían ni en el pueblo, todas tenían tienda de raya, capellán y cementerio propio, y sus tierras eran poco o nada explotadas por los propietarios, ni siquiera en renta. En tanto que poco más de siete mil hectáreas estaban repartidas entre pequeños propietarios, en Jerez, por el contrario, más de dos mil propietarios se repartían la tierra en extensiones promedio de un sitio de ganado mayor, con algunas haciendas y multitud de ranchos.355 El dinamismo económico era mucho mayor en Jerez que en Villanueva, y para Orozco la diferencia estribaba en el reparto de la propiedad. Lo mismo sucedía al comparar otras diferentes regiones de Zacatecas y de Jalisco:

Es decir, se verifica en esa zona [Cocula, Jalisco] exactamente lo mismo que en las hacienda del norte; el orgullo, el egoísmo, la codicia de los grandes señores, ejerce allí como en todas partes una acción profundamente mortal sobre todo lo que dominan.356

Con base en esa perspectiva, él estaba convencido de que era mucho mejor, en términos económicos y sociales, que la propiedad agraria estuviera repartida más o menos equilibradamente, pero que se mantuviera su carácter privado al fin, y no se le diera pie al germen ideológico de algún experimento socialista. Ni siquiera había que pensar en que el gobierno nacional “pusiera su mano” para remover las resistencias que los grandes hacendados oponían a cualquier intento de cambiar las cosas, o los perjuicios que representaban las formas tradicionalmente corruptas de la sociedad. Wistano L. Orozco escribió que “lo que podría dar margen y lo dará algún día a un programa inmortal de gobierno” era un problema social que involucraba a casi toda la estructura nacional. Aunque él se oponía a tal intervención: “Es evidente que no debe dictarse una ley agraria que formule y disponga una división acompasada y arbitraria de la tierra. Esto es una utopía a la vez que una monstruosa y sangrienta injusticia”.357

Convencido de las bondades de la propiedad privada, Orozco se oponía a cualquier afectación al derecho de propiedad, en cambio, propuso medidas concretas que podrían mejorar las cosas en el agro, sobre todo en el ámbito fiscal, como que el gobierno exentara de impuestos a las traslaciones de dominio para facilitar la disgregación de predios rústicos, que también se exentara de impuestos a la pequeña propiedad y que se creara un programa fiscal que redujera los impuestos a la introducción de mejoras a los predios rústicos, a la introducción de nuevos cultivos y a las fincas productivas. También propuso que se prohibieran las tiendas de raya de las haciendas.358

Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos es una obra que ejemplifica la manera en que las críticas fundamentadas, de ciertos aspectos del régimen porfirista, podían tomar forma y convertirse en perspectivas y proyectos alternos aunque, para sobrevivir y darse a conocer a la opinión pública, debían presentarse en forma sutil, velada o esbozada en comentarios de carácter técnico aquí y allá. Más allá de la discusión, ya agotada por la historiografía, sobre si la gran propiedad agraria era “feudal” o no, uno de los errores de Orozco fue creer que su experiencia en los denuncios y deslindes en Zacatecas y en Jalisco podía extrapolarse a todo México. Otro error fue suponer que una opinión pública informada podía incidir en las decisiones gubernamentales y corregir los problemas normativos y prácticos, puesto que el régimen de Porfirio Díaz estaba poco interesado en esos asuntos.

La fortaleza de Legislación y jurisprudencia como texto jurídico estriba en la disección de los errores cometidos por los gobiernos liberales al promulgar leyes sin atender la jurisprudencia colonial y sin entender las consecuencias de la aplicación de nuevas leyes en la realidad agraria. Otro elemento que vale la pena destacar es la forma en que demuestra que los derechos de propiedad y de posesión en México, sustentados sobre costumbres y leyes de antiguo régimen, fueron afectados por una pretendida “tabla rasa” de apariencia liberal, que en concreto sólo confundió el estado de las cosas, añadió vicios burocráticos y corrupción gubernamental, además de generar problemas para todos los propietarios y poseedores. Una cosa en la que el libro insiste es en el fomento a la pequeña y mediana propiedad, mientras evita pormenorizar sobre las afectaciones a los pueblos indígenas. Finalmente, hay que tener presente que Orozco no formaba parte de los círculos cercanos a Díaz, tampoco era un jurisconsulto ni un escritor célebre, todo lo cual impedía que sus propuestas, que no eran “liberales”, y su estudio tan crítico tuvieran mayor repercusión. El primer libro de Wistano L. Orozco, como ya se dijo, tuvo una suerte dispar.359 No fue un éxito de ventas a pesar de algunos elogios recibidos, un libro de mil páginas difícilmente podía ser un best seller, mucho menos en un país con alrededor de 90 por ciento de la población sin saber leer ni escribir. Pero su publicación le permitió consolidar cierto prestigio como experto en asuntos legales referentes a deslindes y denuncios de baldíos, y como autor de obras de carácter jurídico. Con estos antecedentes se presentó en la Ciudad de México y poco después en San Luis Potosí, entre 1895 y 1896.

CAPÍTULO III. ÉXITOS EN SAN LUIS POTOSÍ, 1896-1905

La cuestión está en que las violencias subjetiva y objetiva no pueden percibirse desde el mismo punto de vista, pues la violencia subjetiva se experimenta como tal en contraste con un fondo de nivel cero de violencia. Se ve como una perturbación del estado de cosas “normal” y pacífico. Sin embargo, la violencia objetiva es precisamente la violencia inherente a este estado de cosas “normal”. La violencia objetiva es invisible puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subejtivamente violento.

SLAVOJ ŽIŽEK

Como se vio, en 1894, Wistano Luis Orozco dejó Zacatecas para volver a Jalisco, brevemente, por el negocio de Beas y Socios.360 Pero en agosto de 1895 se mueve de nuevo para instalarse en la Ciudad de México, donde puso una oficina en el número 17 de la calle de Escalerillas. Se ostentaba como especialista en negocios de minas, composiciones de terrenos baldíos, registro de títulos, concesiones del gobierno federal y juicios de amparo.361 Como ha señalado acertadamente un especialista en historia del derecho, la Ciudad de México siempre ha ejercido una enorme atracción para los abogados de provincia, “que antes, como ahora, no encontraban en sus estados de origen las suficientes posibilidades de desarrollo profesional o… político”.362

No me ha sido posible saber cuánto tiempo estuvo en la capital mexicana ni qué lo hizo salir; la única certeza es que había dejado definitivamente las tierras zacatecanas. Dejar la ciudad minera era dejar una ciudad y un estado donde le fue bastante bien en lo profesional y en lo económico. Pero, como resulta evidente de la lectura de su libro, él estaba convencido de que el negocio de las compañías no tenía futuro en México y, sobre todo, estaba persuadido de que su actividad contribuía a las desigualdades e injusticias del México rural. Las compañías no favorecían a los grandes propietarios, por lo menos no a todos, más bien perjudicaban a todos los propietarios y poseedores de predios rústicos: “Lo que sí es un hecho ampliamente comprobado es que, siempre que una compañía deslindadora ha emprendido trabajos de habilitación de baldíos en un estado, el valor de la propiedad agraria ha descendido allí rápidamente”.363 Esta idea se quedó fija en la mente del abogado, y posiblemente fue uno de los motivos de su alejamiento de un estado que lo había acogido dos veces a lo largo de su vida. Su salida de Zacatecas coincidió con un movimiento migratorio por el cual aquella entidad padeció una fuerte contracción demográfica entre 1895 y 1910. Tan sólo en 1895 salieron de Zacatecas alrededor de 60 000 personas, aproximadamente 14 por ciento de su población.364

¿Por qué Wistano L. Orozco llegó a San Luis Potosí? No tengo datos de las razones que tuvo para mudarse tan pronto o por qué hizo tal elección.365 La ciudad de San Luis Potosí era más grande que Zacatecas, era la quinta ciudad de México en términos de su población, y contaba con una actividad comercial e industrial mucho mayor.366 Varias fábricas de cerveza, textiles, harina, cuero, vidrio, tabaco, mezcal, y una importante metalúrgica, entre otras, mantenían la actividad fabril a pesar de algunas pérdidas, como la Casa de Moneda y la caída del mercado de la plata.367 Dos líneas de ferrocarril cruzaban por San Luis: una que unía la Ciudad de México con Nuevo Laredo en la frontera con Estados Unidos, inaugurada en 1888, y otra que iba desde Aguascalientes hasta el puerto de Tampico, inaugurada en 1890.368 En tanto que el Teatro de la Paz, terminado en 1894, ejemplificaba el esplendor de la época,369 y el edificio Ipiña y la presa San José, ambas edificaciones terminadas por los años en que Orozco llegó a la ciudad, mostraban el poder económico de las élites locales.370 Una situación que la historiadora Romana Falcón resumió perfectamente en su clásico estudio sobre la Revolución en el estado: “San Luis estaba regido por un pequeño círculo de familias relacionadas por vínculos económicos, políticos y matrimoniales. Quienes tenían intereses en la agricultura y la ganadería, los bienes raíces urbanos, la minería, la industria, el comercio, las finanzas y la política, estaban íntimamente relacionados”.371 Todas las familias de esa poderosa élite poseían grandes haciendas en el estado, así como inversiones e intereses económicos en diversos sectores. El periodo del porfiriato les significó constituirse como una verdadera oligarquía, al controlar la política y los puestos públicos en los ámbitos local y estatal, e incluso a veces incursionar en el ámbito nacional.

Por ejemplo, el general Carlos Díez Gutiérrez fue gobernador de San Luis Potosí desde 1877 y hasta su muerte en 1898, con un breve intervalo en que gobernó su hermano Pedro. Carlos era muy cercano a Porfirio Díaz, y llegó a ser secretario de Gobernación en la presidencia del general Manuel González.372 Ambos, Carlos y Pedro, al estilo del régimen porfirista, “se hicieron famosos por la enorme fortuna que llegaron a amasar durante su largo gobierno”.373 Hijos de Rafael Díez Gutiérrez y de una López Portillo, por la línea paterna eran descendientes de la familia Barragán, que construyó una enorme fortuna en la segunda mitad del siglo XVIII,374 y que se constituyó como el “tronco” principal de una prolífica y próspera descendencia. Entre sus descendientes, y parientes de los Díez Gutiérrez, se encontraban los hermanos Mariano,375 Joaquín y Antonio Arguinzóniz, todos enormemente ricos y que en algunas ocasiones durante el porfiriato fungieron como diputados locales o federales. Antonio fue, además, senador por Querétaro, y Joaquín varias veces gobernador interino de San Luis Potosí. Otro pariente de los Díez Gutiérrez y de los Arguinzóniz, el ingeniero Blas Escontría, fue gobernador entre 1898 y 1904,376 además de acaudalado latifundista e inversionista en minas.377 Paulo Verástegui,378 José Encarnación Ipiña,379 Matías Hernández Soberón y los hermanos José María y Javier Espinosa y Cuevas eran todos parientes y poseían enormes riquezas también.380 A esa estrecha red familiar se le asociaba un grupo de familias de comerciantes, empresarios y terratenientes que incluía a los Barrenechea,381 Muriedas, Meade,382 Hernández Soberón, Toranzo, entre otros.383

Esa élite gustaba de la educación universitaria, pues había abogados e ingenieros entre ellos; apreciaba los adelantos técnicos, que aplicaba en sus inversiones en minería y en sus propiedades agrícolas; y se caracterizaba por su vocación por los negocios, así como por creer que era su derecho y obligación el control de la política en el estado. En cualquier caso, negocios y política eran controlados y explotados por vías formales e informales.384 San Luis Potosí estaba dividido en trece partidos: San Luis Potosí Capital, Venado, Catorce, Salinas, Santa María del Río, Guadalcázar, Cerritos, Rioverde, Ciudad del Maíz, Hidalgo, Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale.385

En ese espacio provinciano dominado por la poderosa élite potosina, Orozco apareció como un profesionista destacado, pero que sólo podía ofrecer sus servicios especializados a quien se los solicitara. Por lo pronto, no fue requerido en asuntos de terrenos baldíos, por lo que se desempeñó en otras áreas, como la dirección de un periódico, la enseñanza universitaria y como abogado en asuntos del orden criminal. Lo primero que consiguió fue ser nombrado octavo magistrado suplente del Supremo Tribunal de Justicia del estado en junio de 1896.386 Orozco parece haber tenido buenas relaciones con el gobernador Carlos Díez Gutiérrez, quien lo eligió para que dirigiera el periódico El Correo de San Luis en septiembre de 1896. Por lo menos ése era el punto de vista de los redactores del periódico católico El Amigo de la Verdad, quienes reconocieron que el diario potosino estaba bien redactado, a pesar de “ser acérrimo partidario del Gral. Díez Gutiérrez” y estar subvencionado por el gobierno estatal; esos comentarios aparecieron con motivo de unas líneas que Orozco dedicó a la memoria del obispo Francisco Melitón Vargas, quien fue uno de sus maestros durante sus años de estudio en el Seminario de Guadalajara.387 Sin embargo, no duró mucho en el puesto, pues El Correo de San Luis, “órgano oficioso más antiguo del gobierno” estatal, desapareció a mediados de 1897.388

Según datos localizados en la prensa de la época, otros beneficios de sus buenas relaciones con el poder político estatal fueron dos nombramientos: en la comisión para redactar un nuevo Código Civil en el estado; y como agente del ministerio público adscrito al juzgado primero de lo criminal en San Luis Potosí, en los primeros meses de 1897,389 y su posición como profesor de Derecho Mercantil y de Economía Política en el Instituto Científico del estado.390 La favorable situación que gozaba le permitió publicar, en febrero de 1897, un folleto titulado Las aguas subterráneas, “extracto de las mejores obras y observaciones del autor, sobre la manera de encontrar y sacar a la luz los manantiales y depósitos de agua ocultos bajo de tierra. Librito de gran utilidad práctica para los agricultores y ayuntamientos de las ciudades”.391 Incluso aparece como síndico suplente del ayuntamiento de San Luis Potosí en 1898; acompañando a Blas Escontría, Pedro Barrenechea, Gerardo Meade, José Espinosa y Cuevas como regidores, y Agustín Muriedas y Tomás Ortiz como síndicos, ente otros.392 Para esa época, Orozco no era un abogado de clase baja, como interpretó en su momento James Cockcroft,393 como podemos ver por sus conexiones con el gobierno estatal; más bien, era un especialista en derecho, reconocido y aceptado por la élite, por lo menos en esos primeros años.

LA CONDENA DE PEDRO LÓPEZ Y LAS CONTRADICCIONES DE LA JUSTICIA

Un asunto difícil y escandaloso mostró a Orozco, como abogado, el poder de las élites y su control de la política, la opinión pública y los cuerpos de impartición de justicia en el estado. Tomó la defensa de un humilde labriego, Pedro López, acusado del asalto y asesinato del acaudalado español Hilario Viadero, y después condenado a muerte.394 Según el relato confeccionado por El Estandarte, periódico de San Luis Potosí propiedad de Primo Feliciano Velázquez, el señor Viadero iba a caballo con rumbo a una mina de cinabrio llamada “Castillas o Elorza”, en noviembre de 1895, con 134 pesos en efectivo, cuando fue baleado y despojado del dinero, sus ropas, un anillo de oro y un reloj, y echado al monte, donde quedó toda una noche; el propietario murió nueve días después a causa de sus heridas.395 El robo y el asesinato referidos acontecieron en el partido de Venado, en el Altiplano potosino,396 y según la opinión pública el jefe político del lugar, Rafael Castillo, se empeñó en agradar a la comunidad española, que le reclamaba celeridad en el caso. El Estandarte señalaba: “Se nos informa que personajes importantes del gobierno general han telegrafiado al gobierno del estado, encareciéndole la eficacia en la averiguación del delito del que fue víctima el señor Viadero. Por su parte, la colonia española ha mostrado grande solicitud por el herido y empeño porque se persiga a los criminales”.397 Pedro López, Desiderio Alemán y Victoriano Torres fueron presos, acusados del crimen y sentenciados a muerte por el juez de Venado;398 a uno le aplicaron la ley fuga en su traslado a San Luis Potosí, los tres restantes llegaron vivos a la penitenciaría por orden expresa del gobernador Díez Gutiérrez.

Ninguna de las pocas pruebas físicas del crimen apuntaba a López. Éste confesó haber participado en el asalto, amenazado por el conocido salteador Francisco Aguilar. Las confesiones de los involucrados en primera instancia señalaron a Aguilar como el autor del asesinato, pero a éste no lo habían capturado las autoridades de Venado.399 Además, en la autopsia practicada al cuerpo de Viadero, éste mostró dos impactos de bala calibre .38, mientas a Pedro López le habían encontrado una pistola calibre .44. Pero esta contradicción “científica” no tuvo el menor impacto en las decisiones de los jueces.400 Pero en segunda instancia, las declaraciones de los implicados, ya sentenciados a muerte, cambiaron para acusar a Pedro López de haber disparado, también, contra el desafortunado comerciante y empresario.401

MAPA 5. PARTIDOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra 4358-CGE-7242-A.

López siempre insistió en su inocencia, y Orozco tramitó dos amparos en busca de que se le conmutara la sentencia de muerte. Un primer amparo fue tramitado en febrero de 1897 y desechado por la Suprema Corte de Justicia. El jalisciense señaló que la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí había violado las garantías individuales establecidas en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Federal, porque por haber participado en el asalto también se le hacía culpable del homicidio. En un escrito al juez de distrito, Aurelio Manrique, de 26 de abril, Orozco explica con detalle las presiones de los españoles, en especial de José Viadero, un hermano de la víctima, para que se ejecutara sin dilación a los reos incriminados.402 La prensa local también presionaba para que López, a quien llamaban “principal autor” o “verdadero criminal”, fuera ejecutado por el crimen.403 Presiones o no, el juez de distrito le negó el amparo a Pedro López, y Orozco decidió llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, pero ésta dictaminó, el 21 de julio de 1897, que rechazaba todos los argumentos del abogado defensor y por ello no amparaba al reo contra los actos de la justicia estatal.

Todavía Wistano L. Orozco, desesperado y firmemente convencido de la inocencia de su defendido, recurrió primero al gobernador Carlos Díez Gutiérrez para pedirle la gracia del indulto para López, pero aquél se lo negó;404 después, solicitó lo mismo al congreso estatal, pero también se le negó.405 Pedro López sería ejecutado el 22 de diciembre a las cinco de la mañana, así que un día antes el abogado de origen jalisciense presentó ante el congreso estatal una acusación contra los magistrados integrantes de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del estado. Pero no se conformó con el escrito presentado ante la comisión permanente del Congreso local, sino que publicó el texto íntegro de la denuncia en el periódico local El Contemporáneo, justo el 22 de diciembre de 1897.406 Orozco los acusó del delito de “haber pronunciado sentencia de pena capital contra Pedro López, notoriamente injusta, contra el tenor de leyes expresas y terminantes, y contra las constancias manifiestas de los autos”. Con la acusación, también solicitó a los diputados suspender la ejecución, ya que el juicio por responsabilidad contra los jueces, de prosperar, exigía la reparación del daño causado, lo que sería imposible si no se suspendía la ejecución. El tono de Orozco refleja su desesperación:

Pero hoy, por el presente ocurso, no vengo a pedir ningún favor, ninguna merced, ninguna gracia; vengo armado del poder terrible de la ley; vengo en ejercicio de mi derecho a demandar la severa justicia, aunque no sea más que aquella justicia seca, de la que hablaba el inmortal Juárez; y la Honorable Diputación Permanente no puede negarme la pronta tramitación de este ocurso, sin incurrir a su vez en un delito, sin cubrir de vilipendio su propio nombre y sin lastimar gravemente el esclarecido nombre del ciudadano ilustre, que preside con tanto acierto los destinos del Estado.407

El congreso local hizo caso omiso de la denuncia y de la retórica del abogado recién llegado a San Luis Potosí; y aunque éste volvió a solicitar un amparo federal para su defendido ese mismo día, el trámite no salvó a López ni retrasó la ejecución.408 El caso fue un ejemplo dramático del tipo de justicia legal que permeaba en la época: la justicia se convirtió en un aparato de castigo selectivo que utilizó los recursos disponibles en favor de un grupo agraviado, la élite económica y social, decidida a tomar revancha de algunos individuos del “vulgo”. Ese aparato procedió a encarcelar, enjuiciar y ejecutar de forma expedita a un grupo de sospechosos, mientras sus pesquisas generaban las pruebas “científicas” pertinentes al caso. Una vez más, el ideario liberal de que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y eran iguales ante la ley quedaba contradicho en los hechos, porque la legalidad construida significó la negación de los reclamos de los sospechosos, así como ignorar las contradicciones flagrantes del corpus jurídico. También quedó en entredicho, si no es que en franca contradicción, el ideario positivista que ponía toda la fe en una criminalística basada en el estudio “científico” de los casos, cuando ministerios públicos y jueces ignoraron o disimularon las pruebas “científicas” producidas para este episodio,409 porque de no hacerlo así habrían complicado un asunto de evidente tinte político. La víctima del crimen era parte de las élites económicas porfiristas (y súbdito español), y tanto su familia como la prensa presionaron por la pronta aplicación de la ley en busca de “consuelo” (o venganza) por su pérdida, y porque los acusados pertenecían a lo que se entendía eran las “clases bajas”;410 ni la prensa ni los jueces escucharon los reclamos. Para Orozco, el asunto violentó las leyes existentes y los procedimientos judiciales correctos, y estaba totalmente en contra de lo que en su parecer como abogado debía ser la aplicación de la ley y la impartición de justicia.

A pesar de ese revés en los juzgados, que demostraba el poder de las élites para controlar la aplicación de la ley y de la justicia, y para controlar o encauzar la opinión pública y la prensa,411 las cosas no iban mal en lo personal para el originario del norte de Jalisco. Por la prensa, es posible ver que la élite local aceptó sus servicios legales, pues fue apoderado del comerciante Joaquín Irizarri, por el que demandó a Herculano Cervantes por injurias, en febrero de 1898.412 También continuó publicando folletos, como La muerte de Ismael Salas Cabrera, que se anunciaba en abril de 1898, y en el cual se ostentaba como “representante del Ministerio Público”,413 además de publicar en El Contemporáneo sobre temas de derecho internacional.414

La buena fortuna de sus primeros años en San Luis también le trajo a su segunda esposa, María Teresa Sánchez y Castillo, sobrina del general Manuel Sánchez Rivera; se decía que ella era “descendiente del emperador Moctezuma”; se casaron en febrero de 1899 en Ciudad del Maíz.415 Esto lo vincularía con la zona Media del estado potosino, dividida en tres partidos: Rioverde, Ciudad del Maíz e Hidalgo. Espacio regional donde había una cantidad considerable de personas que aseguraban descender del emperador Moctezuma, y entre ellos algunos integrantes de las élites económicas y políticas, así como otros pertenecientes a los diferentes grupos socioeconómicos (profesionistas, rancheros, pequeños propietarios, etc.). Lo intrincado de los parentescos correspondía muy bien a lo intrincado de las condiciones de la tenencia de la tierra. Por lo pronto, Wistano L. Orozco consiguió como cliente a Genaro de la Torre, quien lo nombró su apoderado legal desde 1899, por lo menos.416 De la Torre era el jefe político del partido de Ciudad del Maíz, estaba casado con Trinidad Rodríguez, otra descendiente de Moctezuma, y era propietario de varias haciendas como El Carrizal (en realidad, de su esposa)417 y San Salvador, ubicada en Santa Catarina, partido de Hidalgo.418 Orozco representó a De la Torre en una demanda que tuvo en su contra por el arrendamiento de esta última hacienda; y aunque ganó el litigio en 1903,419 para entonces la relación entre el abogado y el terrateniente ya se había deteriorado por las diferentes querellas legales alrededor del condueñazgo de los Moctezuma.

EL PREDIO DE LOS MOCTEZUMA

La zona Media era una región de grandes propiedades pertenecientes a las élites, pero donde existía un predio de considerable extensión denominado “De los Moctezuma”, que poseían en condueñazgo cientos de descendientes del primer propietario, Juan de Dios Andrada Moctezuma, y que era codiciado por los grandes hacendados y los políticos con predios colindantes.420 Los terrenos de la heredad Moctezuma eran mitad montaña boscosa de encinos, robles, cedros y mezquites, y mitad zona ganadera, con sembradíos de maíz, caña de azúcar y otros cultivos en las cañadas y valles, donde habitaban unos 900 condueños con sus familias.421 En la última década del siglo XIX, los condueños intentaron con cierta urgencia conseguir el arreglo legal de la herencia de Andrada Moctezuma por medio de albaceas y, además, el reparto del predio en lotes individuales, según lo que correspondía a cada jefe de familia; sin embargo, esto último no se logró. En la testamentaria se encuentran datos sobre el particular:

Por ahora solo conviene hacer constar que si bien es cierto que se trató de hacer reparto, como no se convino nada con el perito, todo quedó en proyecto, y que lo que más llama actualmente la atención es la defensa de los terrenos contra el denuncio de baldíos que les amenaza y sobre lo cual nada hizo el anterior albacea, siendo urgente que el juicio hereditario tenga un representante común para agitar tal defensa422

Ese documento está fechado en 21 de agosto de 1899. Pronto el abogado jalisciense se vio involucrado en los litigios alrededor de esas tierras, y de otras propiedades, de la zona media del estado potosino, y lo estaría por cerca de una década.

Un año antes, el 27 de junio de 1898 el diputado estatal Francisco Galván denunció como baldío el predio llamado “Los Moctezuma”, ubicado entre los municipios de Alaquines y Ciudad del Maíz, en el partido de Hidalgo, San Luis Potosí.423 De pronto, Galván cedió los derechos del denuncio a Agustín R. Ortiz, otro diputado estatal cercano al gobernador Carlos Díez Gutiérrez. La maniobra tenía un trasfondo de intereses entre miembros de las élites económicas y políticas, pues, además del secretario de gobierno del estado, Emilio Ordaz, que apareció como abogado de Francisco Galván,424 estaban involucrados Manuel Parada, gerente del Banco de México, y Antonio Arguinzóniz, senador por Querétaro, asociados con Agustín Ortiz en el denuncio, aunque lo abandonaron legalmente en 1902.425 Asimismo, en el denuncio se decía que el apoderado legal del predio (sin mencionar a los condueños) era Genaro de la Torre, jefe político de Ciudad del Maíz. De la Torre aparecía como albacea de la testamentaria de Juan de Dios Andrada Moctezuma, su apoderado era Gil Moctezuma, quien nombró como representante legal al Lic. Manuel Ambrís (o Ambriz) Moctezuma para su defensa ante el denuncio, pero Ambriz fracasó en sus gestiones. Así las cosas, el 1o. de octubre de 1901 el presidente Porfirio Díaz expidió el título de dominio de los terrenos denunciados a favor de Ortiz.426

El diputado también obtuvo del juez de distrito suplente de San Luis Potosí, Tomás Ortiz, la posesión judicial de los terrenos, el 9 de octubre de 1901, y en consecuencia pidió el apoyo de la fuerza pública para desalojar a los pobladores.427 El despojo se había ejecutado de manera expedita y, en apariencia, legal. Vino entonces el acto de expulsión de pobladores y antiguos poseedores, para el que Ortiz se hizo acompañar “de un juez complaciente y de patrullas de hombres armados con el sable de los agentes del orden público”.428 Los condueños reaccionaron ante la violencia de estas diligencias de posesión en favor de Ortiz, y acudieron en tropel a entrevistarse con Orozco el 27 de octubre en Ciudad del Maíz. Por su consejo, procedieron de inmediato, 28 de octubre, a presentar un escrito al juez de primera instancia de Alaquines, Alberto Morfín, para oponerse a las diligencias de posesión, y por medio de un telegrama solicitaron la suspensión de las diligencias al juez de distrito en San Luis Potosí.429 Por su parte Orozco telegrafió primero al gobernador Escontría para solicitar que suspendiera el uso de la fuerza pública en el caso, a lo que Escontría le dijo que el asunto era del ámbito federal. Orozco asegura en un escrito que entonces telegrafió directamente a Porfirio Díaz, el “genio del bien de la república”, y que éste contestó horas después; al parecer, de tal manera fue la respuesta, que la turba de herederos del predio de los Moctezuma se calmó.430

Sin dudarlo, los representantes de los afectados (Ascensión Rodríguez, Ladislao Acosta, Rafael Villalón y Eduardo Yáñez, entre otros) le pidieron, en noviembre de 1901, a Wistano Orozco que tomara el caso como su abogado. Los Moctezuma, 67 individuos en total, todos agricultores y de los cuales 2 eran vecinos de Rayón, otros 7 eran de Ciudad del Maíz y los restantes 58 de los terrenos de Moctezuma, otorgaron poder general a Orozco el 2 de noviembre de 1901 en Ciudad del Maíz.431 Gracias a un libro que publicó en 1902, titulado Los negocios sobre terrenos baldíos, se tienen los pormenores de uno de los amparos que tramitó en nombre de sus clientes Moctezuma.432 Por lo pronto, y ante la petición de Orozco como abogado de los opositores a la diligencia de posesión, el juez de distrito suplente se declaró impedido para conocer el negocio; sin embargo, los jueces de Alaquines y de Ciudad del Maíz continuaron con las diligencias hasta que el juez suplente segundo de distrito, Mariano Palau, declaró que el negocio era contencioso el 16 de diciembre de 1901, con lo que se suspendieron todas las diligencias de posesión en favor de Ortiz, y el título de dominio quedó “a discusión ante los tribunales federales”.433

Pese a la suspensión y el litigio, el juez de primera instancia del partido de Hidalgo ordenó el 18 de diciembre al jefe político del partido de Hidalgo, el mayor del ejército Mariano Zúñiga, impedir a los poseedores del predio, “antiguos condueños de los terrenos de los Moctezuma”, extraer madera o disponer de los cereales cosechados en la “legítima propiedad” de Agustín Ortiz, y a poner en la cárcel a quienes contravinieran esas órdenes; el jefe político hizo cumplir la orden y añadió a los jueces auxiliares de los ranchos que ni leña ni semillas podían ser tocadas por los antiguos condueños.434 Durante los interrogatorios a los condueños que estuvieron en la cárcel, el jefe político buscó saber quién les había aconsejado oponerse al proceso, para poder levantar una acusación directa contra Wistano L. Orozco, pero sin lograr este cometido. El apoderado de los condueños sospechaba que “D. Agustín Ortiz tenía empeño decidido de que resultara yo envuelto en este proceso… o en otro cualquiera; me acusó poco después ante el juzgado de distrito y en su despecho de no lograr contra mí una orden de aprehensión, me gritó en plena Secretaría, ‘que habrá de meterme a la cárcel tan luego como pueda’ ¡Esto no sería un milagro!”435

MAPA 6. PLANO DEL PREDIO LOS MOCTEZUMA.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra 4394-CGE-7242-A.

Orozco señaló en su solicitud de amparo, de 28 de diciembre de 1901, que las acciones contra sus poderdantes eran “incalificables”, violaban las garantías individuales establecidas en los artículos 14 (nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad) y 16 (la orden judicial debía provenir de una autoridad competente con el debido fundamento legal) de la Constitución federal. Incluso la cárcel resultaba una pena inusitada, que violaba el artículo 22 de la Carta Magna.436 La Suprema Corte de Justicia otorgó la suspensión del acto reclamado en favor de Orozco y sus representados el 28 de enero de 1902.437

Con quince años de experiencia en asuntos de tierras, el apoderado de los condueños demostró, en el estudio jurídico que acompañó a su petición de amparo, que los terrenos “de los Moctezuma” no eran baldíos. Para ello citó la Composición de tierras del año 1643 a favor de los habitantes de la Provincia de Santiago de los Valles, entendida como merced general de las tierras a sus poseedores, con o sin títulos. Esa disposición colonial eliminó los baldíos y demasías de toda la jurisdicción de Villa de los Valles.438 Además de esa composición, que tenía completo valor legal, Orozco señaló que los grandes terratenientes Antonio Almaraz Moctezuma y Juan de Orduña obtuvieron composiciones reales de sus tierras en 1643 y 1644, respectivamente.439 Por si no bastara con las composiciones del periodo colonial, toda la legislación sobre tierras desde las Siete Partidas, las Leyes de Indias, la Real Instrucción de octubre de 1754, la ley de julio de 1863 y hasta la ley de marzo de 1894 otorgaban el beneficio de la prescripción a los poseedores de una propiedad inmueble. Ya fuera porque los terrenos habían sido adquiridos antes de 1700 (leyes coloniales) o porque habían sido poseídos de forma ininterrumpida durante diez o más años de buena fe, o veinte años de mala fe.440 En otras palabras, sus clientes poseían “pro indiviso a título de herencia todo el predio de los Moctezuma, desde tiempo inmemorial, de buena fe, quieta, continua y públicamente”.441

Orozco mostró también que la maniobra de despojo era ilegal porque los supuestos defensores y apoderados, que aparecieron en las primeras etapas del denuncio, en realidad no lo eran por ley. Partía del hecho de que en el denuncio de baldíos no se mencionaba a los poseedores del predio, lo cual era completamente ilegal, en tanto que sí se mencionaba por su nombre a su supuesto apoderado, Genaro de la Torre. El jefe político de Ciudad del Maíz estuvo en el cargo de albacea de la testamentaria de Juan de Dios Andrada Moctezuma sólo por un año, entre agosto de 1896 y agosto de 1897, y no se le había renovado el nombramiento, de manera que el poder que otorgó a Manuel Ambrís Moctezuma para que “representara” los intereses de los condueños era igualmente ilegal, espurio.442 De hecho, en un cuaderno de la testamentaria de Juan de Dios Andrada Moctezuma, que se encontraba en el juzgado de primera instancia de Ciudad del Maíz, había un auto del juez de ese partido sobre el nombramiento de Genaro de la Torre:

En vista del resultado de la junta anterior teniendo en cuenta la disposición del art. 3682 del Código Civil y 2003 del Código de procedimientos, el juez usando del arbitrio legal nombra albacea de la testamentaria de don Juan de Dios Andrade y Moctezuma a don Genaro de la Torre a quien por este auto le confiere todas las facultades y atribuciones que sean de derecho. Lo decretó y firmó el Juez de Primera Instancia del Partido.443

En el mismo cuaderno de la testamentaria se encontraba otro escrito con una solicitud de los herederos de Andrada Moctezuma, presentado en Ciudad del Maíz el 19 de julio de 1899, relativo al final del periodo durante el cual Genaro de la Torre había sido albacea:

Sr. Juez 2º Popular con funciones de 1ª instancia.

Severiano Moctezuma, Hermenegildo Méndez, Juan Hernández, Margarito Moctezuma, Demetrio Butrón y Serapio Aguilar, representantes cabezas de rama de los sucesores de Don Juan de Dios Andrade y Moctezuma, en autos de su testamentaria, ante Ud. respetuosamente exponemos

Que el señor Genaro de la Torre albacea que fue nombrado de la testamentaria del señor Don Juan de Dios Andrade y Moctezuma, concluyó su periodo hace tiempo y la sucesión ha quedado sin aquella representación. Este cargo no puede durar más que un año conforme al art. 3727 del c. civil anterior y 3748 del nuevo, y como no se ha prorrogado al Sr. De la Torre como quiere el art. 3750 del nuevo c., 3729 del viejo. A Ud. señor Juez pedimos,

1º que se sirva mandar citar a junta a los cabezas de rama para proceder al nombramiento de albacea, por estar ante cargo acéfalo.

2º Mandarnos dar copia del auto de discernimiento del cargo de albacea, en la persona de Genaro de la Torre.444

Finalmente, otro documento manifestaba claramente la preocupación de los condueños y herederos de los Moctezuma por la inexistencia de un albacea capaz de enfrentar las difíciles circunstancias de la época, sobre todo el peligro que representaba el denuncio de terrenos baldíos hecho en ese año.

Señor Alcalde 2º con funciones de juez de 1ª instancia. Juan Hernández y socios en la testamentaria del finado señor D. Juan de Dios Andrade y Moctezuma, ante la justificación de Ud respetuosamente exponemos: que habiendo ocurrido ante Ud solicitando que se cite a junta para el nombramiento de albacea, por haber caducado hace mucho tiempo el cargo al señor D. Genaro de la Torre, ipso facto, y conforme a los art. 3748 y 3750 del Código Civil, que exige la prórroga expresa, sin la cual la testamentaria quedó sin representante al año del nombramiento, y porque la presunción de que se declaren baldíos los terrenos de la sucesión vaya muy adelante, sin que la misma sucesión procure la defensa común, y no es justo, y no es justo que se dejen perder esos bienes, abandonándolos a la codicia de especuladores sin conciencia. Es preciso proveer a la misma sucesión de un representante legal, pues por el hecho de no haberse dado prórroga expresa, no existe albacea. También y entre tanto nos urge mucho tener la copia y certificación que hemos pedido y necesitamos para prueba en el amparo que promovimos, y como este sigue su curso, si no presentamos con oportunidad esas constancias los perjuicios que se nos ocasionaran valen nada menos que dejarnos indefensos en tan decisiva materia.445

En ese documento de 22 de julio de 1899, los solicitantes pedían la inmediata expedición de las copias del proceso de la testamentaria, así como el nombramiento del albacea. Les urgía tener documentos que respaldaran su posición legal frente al denuncio de Francisco Galván y asociados, que buscaban hacerse del predio de los Moctezuma. Los textos dejaban muy claro que el jefe político de Ciudad del Maíz mantuvo una posición ilegal “nula y espuria” en 1899, cuando afirmó en un proceso legal que todavía era albacea de la testamentaria de los Moctezuma. El tono de Orozco era apasionado:

Según lo dicho, Don Genaro de la Torre no era nada en esta fecha (julio 16 de 1898) en la católica testamentaria de Don Juan de Dios Andrade y Moctezuma.

No era tampoco nada el día 27 de junio de 1898, fecha del denuncio de Don Francisco Galván. Ni era nada en 20 de diciembre del mismo año de 1898, fecha de la demanda de Galván; y nada era el 22 del mismo mes, fecha del emplazamiento, nada el día 24, fecha de la “contestación” de Ambrís Moctezuma, y nada, en fin, hasta hoy.446

A una distancia de más de cien años, ahora se puede suponer con alguna certeza que la maniobra de despojo era una colusión un tanto burda: los políticos terratenientes colocados en puestos de poder y decisión (senadores, diputados, funcionarios estatales, jefes políticos) echaron a andar la maquinaria legal en la que ocupaban puestos clave y supusieron que nadie se opondría, con lo cual lograrían apropiarse del codiciado terreno mediante “un despojo violento y sin derecho; despojo recomendado por alto y respetable funcionario a favor de un especulador, extraño a la posesión, a la propiedad y a los hogares de los opositores”.447 Como lo declararon tanto el juez de primera instancia de Alaquines como el jefe político del partido, al proceder a dar posesión a Ortiz y después al mandar encarcelar a algunos de los condueños por supuesto robo, sólo ejecutaron el cumplimiento de órdenes judiciales del juez de distrito. Era una elaborada e impecable aplicación de leyes y órdenes judiciales, sesgadas en favor de los poderosos y en detrimento de los intereses de los otros grupos sociales. Los actores del momento también lo entendían así, aunque les era difícil expresarlo abiertamente: “No se ha hecho misterio; al contrario, se ha alardeado mucho más allá de lo conveniente de que opulentos personajes habían hecho suya la especulación de Don Agustín Ortiz”.448 Pero en este caso la inesperada resistencia de los condueños y los tenaces alegatos de Orozco ante tribunales federales lograron detener y revertir el abuso. Sorprendentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo definitivo promovido por Orozco en favor de los hombres que habían sido encarcelados por el jefe político de Alaquines, el 11 de noviembre de 1902.449 El optimismo del jalisciense era desbordante:

En las páginas que preceden ha podido gozarse el lector en un constante triunfo de la justicia sobre pasiones bastardas y sobre atentados violentos del poder y de la fuerza.

Es seguramente un espectáculo consolador el que hemos podido presentar en este humildísimo libro: las instituciones arriba de las miserias políticas, el derecho arriba de la codicia, la luz de la ciencia arriba del esplendor del oro, la justicia de la Nación arriba de las iniquidades de funcionarios, que desconocen o pervierten su misión civilizadora.

La Justicia de la Unión no es pues, una vana sombra.450

Sin embargo, todavía en 1904 Orozco continuaba litigando en favor de los condueños y contra Agustín R. Ortiz. Como se describe en otro folleto publicado a propósito de la prolongación del asunto, Ortiz había sido vencido por el amparo de la Suprema Corte de Justicia recién citado, pero buscó aun así obtener la posesión del predio mediante cárceles aplicadas a Eduardo Yáñez, Margarito Moctezuma y otros, pero tanto el Supremo Tribunal de San Luis Potosí como la misma Suprema Corte de Justicia rechazaron esas acciones en 1904.451 Incluso, logró que fuera encarcelado Ascensión Rodríguez, pero esa maniobra fue igualmente invalidada legalmente. Entonces, Ortiz acudió ante la Secretaría de Fomento, en donde se le dijo, en mayo de 1904, que el gobierno federal “había cumplido todas sus obligaciones con entregar al solicitante Ortiz el título translativo de dominio, y que toda cuestión judicial debía ventilarse ante los tribunales competentes”.452 Entonces, acudió al procurador general de la República, Rafael Rebollar, quien el 13 de junio de ese 1904 dictaminó que “daría instrucciones al agente fiscal de San Luis Potosí para que pidiera el lanzamiento de Ascención Rodríguez y socios, y la entrega material de las tierras de los Moctezuma en favor de Agustín Ortiz”,453 a lo que la Secretaría de Fomento no puso objeción. El procurador afirmaba que Ascención Rodríguez y socios habían consentido los autos del juez de distrito que le deban la posesión a Ortiz, que la sentencia de la Suprema Corte de 1902 sólo definía derechos en la parte resolutiva, y que Ascensión Rodríguez y socios ya habían sido oídos y vencidos en juicio.454

Orozco mismo presentó un memorial a la secretaría para mostrar que no era cierto que ese ministerio había decretado el lanzamiento de Rodríguez y socios, sin juicio previo, y que las instrucciones del procurador general atentaban contra los artículos 16 y 17 de la Constitución, que protegían el derecho de propiedad y al poseedor contra cualquier despojo, además de violar la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de noviembre de 1902. Pero el procurador mantuvo su opinión sin cambio el 20 de noviembre de 1904. Así que, una vez más, Orozco, con el apoyo del abogado de la Ciudad de México, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, presentó otro ocurso ante la Secretaría de Fomento, el 9 de diciembre de 1904, para señalar que los dictámenes del funcionario federal estaban “fundados en hechos notoriamente inexactos y errores inexplicables de derecho”.455 Se solicitó que el Ministerio de Fomento desautorizara al procurador en este caso y se revocaran sus instrucciones respecto al despojo de las tierras. El asunto era explosivo en términos jurídicos y políticos porque entrañaba declarar que las leyes podían ser violadas por el mismo gobierno, que los derechos de particulares estaban al arbitrio de funcionarios y denunciantes de baldíos, y que la fuerza pública acompañaría despojos ilegales, así que el secretario de Fomento consultó con el presidente Porfirio Díaz antes de dar respuesta al ocurso de Orozco y de Trejo. Finalmente, el 31 de diciembre de 1904, la Secretaría de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria emitió su resolución definitiva sobre el asunto en un oficio enviado al procurador, con copia a Trejo Lerdo de Tejada: “El mismo señor Primer Magistrado ha tenido a bien disponer que se den a usted instrucciones para que revoque las que hubiere dado al C. Promotor Fiscal adscrito al Juzgado de Distrito de San Luis Potosí al principio expresado, en el sentido de promover lo conducente a fin de hacer efectiva la posesión mandada dar por el mismo Juzgado”.456 Una vez más, aquel hijo de un arriero del norte de Jalisco logró una impresionante victoria legal. Su optimismo era, de nuevo, sobreabundante:

Nuestra dura tarea ha sido, pues, coronada con el éxito más lisonjero y más completo. Ha brillado la justicia, el derecho ha sido vindicado, y el nombre y prestigio altísimos de nuestro Gobierno han sido sólidamente afirmados.

Nunca pensamos que sucedería otra cosa, desde el momento en que, la decisión final tenía que descender de los labios del General Díaz, cuyo nombre, circuido de luz, identificado esta con la grandeza, las glorias, la honorabilidad y la justificación de la República.457

LAS VÍCTIMAS DE RÍO ABAJO

La confianza del Wistano L. Orozco fue puesta a prueba una y otra vez por los poderosos latifundistas de la zona; y aunque es imposible demostrar que éstos estaban de acuerdo en las acciones emprendidas, la coincidencia de agresiones, prisiones y demandas resulta profusa. Por ejemplo, cuando Agustín Ortiz obtuvo el título de propiedad del terreno de los Moctezuma “hizo algunos arreglos con los colindantes de las tierras denunciadas” en octubre y noviembre de 1901. Entre los colindantes estaban los hermanos Espinosa y Cuevas, con quienes se acordó trazar “una línea, marcada por una brecha rural, del punto llamado Mojonera de la Peña del Valle al punto llamado Puerta de las Ovejas, abarcando, mediante esta nueva línea, una extensión superficial de terrenos estimada en 1 500 ha”.458 En pocas palabras, Ortiz cedía, sin mediar un solo centavo, una porción considerable de tierras a los poderosos dueños de la hacienda Angostura. El socio gerente de la compañía de los hermanos Javier, Luis y Vicente Espinosa y Cuevas era José María Espinosa y Cuevas. La compañía estaba constituida para “explotación y fomento de Angostura”.459 El historiador puede conocer los detalles de este asunto tanto por los documentos judiciales de la solicitud de amparo como por una publicación de Orozco en la cual, conforme a su costumbre, describió el problema y el proceso judicial correspondiente.460

Por supuesto que los hermanos Espinosa aceptaron el trato que les propuso Agustín R. Ortiz y, en noviembre de 1901, levantaron una mojonera como marca de la línea del nuevo límite entre propiedades. Mojonera que fue destruida por algunos vecinos del rancho de Río Abajo, lo que llevó a la cárcel a Eduardo Yáñez, Máximo Silva y otros vecinos, sospechosos de su destrucción. El juez de primera instancia de Alaquines, Alberto Morfín, los declaró formalmente presos el 22 de diciembre de 1901, y el jefe político del partido de Hidalgo, Mariano Zúñiga, “usó de gran lujo de rigores contra los procesados; se les negó hasta un vaso de agua y la facultad de hablar con sus deudos”.461

Según Orozco, lo que sucedía en Alaquines era una verdadera persecución contra los legítimos propietarios. Lograron meter en prisión a Eduardo Yáñez, Andrés y Máximo Silva, y “once ciudadanos más”, por medio del jefe político y el juez de primera instancia del partido de Hidalgo.462 El pretexto para detenerlos era que se habían opuesto a que un grupo de peones, que trabajaba para los hermanos Espinosa, construyeran una mojonera en su terreno. El auto de formal prisión era por presumirse que ellos eran quienes habían derribado la mojonera de Puerto de las Ovejas; eran “destructores de propiedad ajena”.463 El jefe político los interrogó de manera tal que parecía sólo estaba interesado en dejar asentado que Agustín Ortiz “ha recibido la posesión judicial de las tierras de ‘los Moctezuma’ y en demostrar que los procesados se opusieron a que Miguel Reyna y sus peones levantaran nuevamente la mojonera del ‘Puerto de las Ovejas’”.464 Al parecer, no le interesó determinar si los hermanos Espinosa y Cuevas tenían derecho a la tierra en disputa; tampoco, conocer quién había destruido la primera mojonera, sino comprobar que los presos se habían opuesto a la construcción de una nueva mojonera. Como lo describió Orozco en su texto, el delito de los condueños era haber defendido su propiedad: “De manera que la averiguación se entrega, sin velos, al desnudo y sin escrúpulos, a comprobar el enorme delito de haber negado Eduardo Yáñez y socios, el permiso de que invadieran sus posesiones. A unos inviolables sujetos que se dicen peones de Palmas”.465

En febrero de 1902, Orozco presentó su alegato de defensa de los condueños encarcelados en Alaquines, ante el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, esperanzado de que obtendría justicia para Yáñez y socios; “la fe que me inspiran vuestra rectitud y sabiduría, y la esperanza cierta de que harán vuestra diligencia y estudio, lo que no ha podido decir en lo alto de esta tribuna el verbo de la defensa”.466 En respuesta, la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado revocó el auto de formal prisión, el 5 de marzo, a ocho de los implicados, mas no a Yáñez, Silva y Gregorio Moctezuma.467 Éstos quedaron libres bajo fianza “mientras se terminaba la instrucción”.

Entre tanto, el 5 de abril de 1902 Wistano Luis Orozco solicitó un nuevo amparo ante la justicia federal, en nombre de Ascensión Rodríguez, Ladislao Acosta, Eduardo Yáñez, Máximo Silva, Francisco y Gregorio Moctezuma, y otros, quienes encabezaban un amplio grupo de los poseedores proindiviso de los mencionados terrenos de los Moctezuma. En este amparo, los predios de la disputa incluían, entre otros, los conocidos como Tortugas, el Zopilote y el Salitre, que cubrían una superficie de cerca de 40 000 ha468 El terreno estaba limitado por tierras del municipio de Alaquines, terrenos de la testamentaria de Dolores Martínez, tierras de Agustín Ledesma y hermanas, la hacienda Palmas de los hermanos Espinosa y Cuevas, tierras de Eugenio Ortiz y tierras de los herederos de Salvador Rodríguez.469

Orozco señaló que la nueva línea divisoria entre el terreno de los Moctezuma y Palmas constituía el foco de la disputa. Ese predio, entre el punto marcado con una mojonera conocida como Peña del Valle y hasta la cumbre de un cerro llamado Los Chávez, había estado en posesión de los Moctezuma pero, desde 1899, les disputaban la propiedad tanto los hermanos Espinosa y Cuevas como Agustín R. Ortiz. Como ya he dicho, en noviembre de 1901 los Espinosa y Cuevas modificaron la línea divisoria entre Palmas y los Moctezuma, con lo que se adjudicaban un predio de unas 1 500 ha, un tercio de ellas de labranza y el resto de tierras eriazas, “sin que proceda deslinde, declaración judicial sobre límites ni autorización legítima alguna”.

Desde el 25 de febrero, el licenciado Salomé Puente, en nombre de los hermanos Espinosa, pidió por escrito al juez de primera instancia de Alaquines que fuera a dar fe de que las mojoneras de Puerto de Ovejas y de Viborillas estaban destruidas, y que su destrucción era reciente.470 Que los cimientos de dichas mojoneras “eran de piedra y de tiempo inmemorial”. También solicitó que el juez citara a los vecinos de Río Abajo y de Carrizal para reparar las mojoneras, y que los amonestara para que no reincidieran en la destrucción y tampoco se opusieran a la construcción de una cerca de piedra que se haría sobre la línea divisoria. Orozco destacó la intención declarada del representante de los hermanos Espinosa Cuevas: “Como verá usted Señor Juez, levantadas los mojoneras y construida la cerca a que he hecho referencia, ya la justicia rural tendrá mayor facilidad para descubrir a los criminales, y mis representados tendrán para pedir su castigo”.471 Era un atrevido intento de asegurar el despojo de las 1 500 ha mediante un truco jurídico: que el juez de Alaquines diera el visto bueno a las maniobras de los hermanos Espinosa y Cuevas, lo cual, además, se convertiría en una diligencia preparatoria de otras acciones posteriores.472

El problema con la acción pedida era, según Orozco, que el representante de los hermanos Espinosa no había solicitado hasta ese momento ningún juicio de apeo y deslinde “para fijar debidamente los términos de las heredades contiguas”, además de que hablar de criminales y de crímenes no estaba dentro de la esfera del derecho civil. La intención del jalisciense era destacar la actuación del juez de Alaquines que dio entrada a las peticiones del licenciado Puente, y del jefe político del partido de Hidalgo.473 El 26 de febrero, el juez de Alaquines mandó practicar la fe judicial de las mojoneras caídas, y pidió al jefe político dictar las medidas conducentes para evitar los crímenes denunciados por los Espinosa y Cuevas. El día 28 dio inicio la diligencia ordenada por el juez, en la que se dio fe de que había terrenos cultivados por Francisco y Margarito Moctezuma en el predio disputado. Luego, el 6 de marzo de 1902, el juez comunicó a los señores Joaquín, Francisco y Margarito Moctezuma que “este juzgado resolvió en vista de una inspección ocular, que quedaran como linderos entre Palmas y los terrenos de los Moctezumas, los que marcan las mojoneras destruidas de Peña del Valle y puerto de las Ovejas”.474 Aquí una transcripción del escrito del juez de Alaquines al juez auxiliar de Río Abajo:

Aga [sic] usted saber inmediatamente a los señores Joaquín, Francisco, Margarito Moctezuma y demás individuos de esa jurisdicción que este juzgado resolvió en vista de una inspección ocular, que quedaron como linderos entre Palomas y los terrenos de Moctezumas los que marcan las mojoneras destruidas de Peña del Valle, y Puerto de las Ovejas, dejando a salvo los derechos que puedan tener los interesados, para que los ejerciten en la vía y forma que más les convenga.475

Esa resolución del juez se hizo a pesar de que, desde la misma inspección ocular, los perjudicados, vecinos de Río Abajo, protestaron verbalmente y por escrito por los actos del magistrado y pidieron que se comunicaran los hechos a sus apoderados generales, Ascensión Rodríguez y Wistano Orozco. Los vecinos perjudicados le señalaron que no sabían que los Espinosa y Cuevas hubiesen comprado el terreno en disputa ni quién se lo hubiera vendido, pero que

la pretensión de aumentar su propiedad los señores Espinosa y Cuevas con lo de los Moctezumas, la tienen hace bastante tiempo porque en el año de 1889 comenzaron a abrir la brecha que en el cerro de la Morita ha venido a paralizar el Jefe Político don Rafael del Castillo y hasta ahora han logrado su apertura haciéndolo de propia autoridad y asimismo la brecha que viene de la Peña del Valle, lo mismo que poner mojoneras en este punto.476

Evidentemente, el magistrado no hizo caso de las protestas ni de las observaciones, ni tampoco dio aviso a los apoderados legales; y por si fuera poco, no otorgó a ninguno de los representantes copias certificadas de las actas en que se asentaban los detalles del asunto. De hecho, las copias simples que Orozco presentaba para la solicitud de amparo fueron obtenidas a pesar de este obstáculo, “vergonzosamente y por muy privados favores”, y las presentó ante el juez de distrito, bajo protesta de rectificarlas si era necesario, conforme los documentos originales.477 Entretanto, el jefe político les advirtió a los Moctezuma que se abstuvieran de ir a los terrenos adjudicados a los Espinosa y Cuevas, “bajo pena de ser llevados a la cárcel; pero no se limitó a las amenazas, y ordenó el arresto de Tiburcio y Emilio Moctezuma por hacer leña dentro de las tierras disputadas; y al no encontrarlos, ordenó el arresto de su padre”. Orozco subrayó en su solicitud de amparo lo escandaloso de las actuaciones de los funcionarios en el asunto:

Solidaridades y sustituciones que solo llegan a reclamarse en las iras de la guerra por cabecillas violentos, pero que son incomprensibles en un país organizado, en medio de la paz y del orden que afortunadamente disfrutamos.478

El jalisciense señaló que las acciones denunciadas tanto del juez de primera instancia como del jefe político violaban las garantías individuales establecidas en los artículos 16 y 27 de la Constitución porque ninguno de ellos fundamentaba “en manera alguna la causa legal de sus procedimientos”; por el contrario, el juez de Alaquines, con sus actos, atropellaba la justicia, con lo que mostraba que se había “perdido en el estado la noción de lo justo y de lo injusto”.479 Había bastantes anomalías legales en ese proceder, como que los asuntos de propiedad, de posesión y de límites no eran asuntos de la justicia penal, sino de la civil “porque las cuestiones de límites entre heredades contiguas se resuelven conforme a los artículos 1225 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles del estado, que tratan del apeo o deslinde”, y las cuestiones de posesión conforme a los artículos 1131 y siguientes. Pero, sobre todo, no se resolvían sin audiencia y defensa del acusado.480 Una inspección ocular, aunque estaba prevista por el artículo 498 del Código como un medio de prueba, no podía ser el único sustento de una demanda, y una sentencia ejecutoria no bastaba como razón para que se entregasen las tierras disputadas a los hermanos Espinosa y Cuevas o encarcelar a los verdaderos poseedores. Mientras que, por el lado penal, una inspección ocular, si bien podía ser un medio para comprobar el cuerpo del delito, según el artículo 252 del Código Penal, no era la última palabra para la decisión final de quitar propiedades a uno y entregarlas a otro.481 Respecto de las violaciones al artículo 27, según el representante de los Moctezuma, estribaron en que no se había respetado la letra que decía que la propiedad de una persona no podía ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y con indemnización previa. Los funcionarios del partido de Hidalgo no cumplieron ninguna condición constitucional. Orozco subrayó que el artículo 730 del Código Civil declaraba inviolable la propiedad, mientras que el artículo 828 del mismo código “declara que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales”; y además, el artículo 857 declaraba “que el poseedor tiene el derecho de ser mantenido en su posesión, siempre que fuere perturbado en ella”.482

Como ya se vio, no era la primera vez que Wistano L. Orozco solicitaba el amparo federal para sus representados. Citó la resolución del 7 de febrero de 1902, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ordenado que los condueños fueran mantenidos en el goce y posesión del predio de los Moctezuma, según su petición de amparo de 28 de diciembre de 1901 por actos de las autoridades locales. Así que, de nueva cuenta, solicitaba el amparo contra los actos de las autoridades locales y la suspensión del acto reclamado, y además señaló que los daños causados a los afectados eran irreparables al haber sido ejecutados por funcionarios insolventes que no podrían cubrir la posible indemnización en el correspondiente juicio de responsabilidad. En la opinión de Orozco, ese tipo de juicios era no sólo difícil, sino ineficaz.483 Además, la usurpación de las tierras era causa de que los legítimos propietarios, los Moctezuma, fueran arrojados de sus casas, por lo que no podrían ocuparse en los trabajos de labranza necesarios “para las siembras del maíz, y el arreglo de los pelillos, en los cultivos de caña de azúcar”; igualmente nocivo para los condueños era que los usurpadores talaran los montes. Y si bien era cierto que los hermanos Espinosa y Cuevas tenían el poder económico suficiente para enfrentar un juicio de responsabilidad, el problema era que ellos no habían promovido ningún juicio civil, sólo quejas del orden penal, y tampoco se habían constituido en parte acusadora, con lo cual era prácticamente imposible hacer caer sobre ellos las responsabilidades por las pérdidas.484

En un escrito con fecha 8 de abril de 1902, el jefe político de Alaquines explicó al juez de distrito las razones de sus acciones, señalando que varias de las afirmaciones de W. L. Orozco eran inexactas. El funcionario primero afirmó que nunca había dado órdenes terminantes y expresas a Ascensión Rodríguez y sus asociados para impedirles el libre ejercicio de sus derechos de propiedad. Declaró además su ignorancia en lo referente al despojo reclamado por los Moctezuma contra los hermanos Espinosa y Cuevas; sin embargo, sabía que

era de pública notoriedad y porque mi deber como Autoridad política del Partido, me pone en el caso de saberlo, es que desde noviembre del año próximo pasado, se produjeron algunos desórdenes entre los vecinos de Río Abajo, con motivo de la posesión judicial que se mandó dar al señor don Agustín Ortiz del terreno conocido por ‘de Moctezumas’, de cuyos desórdenes provino que algunos exaltados derribaran las mojoneras que acotaban el fundo de Angostura. El hecho fue oportunamente consignado a la autoridad judicial, y se ha repetido no obstante que se encontraba legalmente denunciado.485

El jefe político mostró aquí la capacidad del poder político de modelar la narrativa de las cosas con base en medias verdades: señaló claramente su deber de “saber” sobre la posesión judicial de un predio, mientras decía ignorar el reclamo de despojo de los condueños y su oposición al acto judicial. Él estaba al tanto de las maniobras de las élites, para apoyarlas, mientras ignoraba o desechaba las quejas de los pequeños propietarios. El funcionario añadió que, para cumplir con sus deberes de vigilar “por el reposo y tranquilidad públicas”, y para evitar otros trastornos,

en conferencia meramente privada con el señor Rodríguez le hice presente el estado de las cosas, a fin de que su influencia contuviera en límites de prudencia a los precitados vecinos de Río Abajo, designados y justamente sospechados de ser autores del atentado. Esto fue todo, y como se ve, no he cometido violación de garantías. Todavía más, en el supuesto (que no concedo) de que hubiera dado órdenes verbales, no habría existido violación, porque tales órdenes no constituyen actos, y solo una exageración fantástica puede darle apariencia de hechos efectivos.486

Es probable que esa conferencia en privado con Rodríguez, para pedirle contención y prudencia a los condueños mientras se llevaban a cabo los abusos, fue la escenificación de una amenaza velada, una intimidación sutil si se quiere, por parte de quien ejercía el poder político en el partido. Sería ingenuo suponer que aquél fue un diálogo entre iguales, cuando uno detentaba el poder y apoyaba los procesos de despojo mientras Rodríguez y los otros inconformes carecían de capacidad de respuesta inmediata. No hubo delito ni violación de la constitución, todo era bajo el orden legal imperante y, al mismo tiempo, era la confirmación de la inevitabilidad del despojo. El juez de distrito, según oficio del 16 de abril de 1902, no otorgó la suspensión de los actos reclamados, sólo pidió al jefe político otro informe, que éste le envió desde Alaquines el día 24 de abril de 1902. Mariano Zúñiga señaló que la Ley Orgánica Reglamentaria número 39, dada por el Congreso estatal, le otorgaba el apoyo requerido por el funcionario judicial para la inspección ocular. También declaró que debió proceder al arresto de un hijo y un sobrino de Gorgonio Moctezuma, acusados por el juez auxiliar de Palmas del robo de tres cargas de leña de las tierras en disputa. El juez de Río Abajo fue quien tomó bajo arresto al hijo de Gorgonio, pero nunca a éste, si bien el jefe político le había ordenado que, de no encontrarse a los ladrones, se remitiera a su padre con las cargas de leña, por suponer que los estaba ocultando, todo ello entre el 5 de marzo, día de la denuncia de robo, y el 17 de marzo, día en que encerraron a Tiburcio Moctezuma por el supuesto robo. Se le aplicaron seis días de cárcel según el informe.487

El juez de distrito consideró que ninguna de las autoridades involucradas en el caso, es decir, ni el juez de primera instancia ni el jefe político habían procedido fuera de las atribuciones que tenían por ley. El juez de Alaquines sólo había resuelto que se levantaran de nuevo las mojoneras destruidas, en tanto que el jefe político, en uso de sus facultades, arrestó a un joven por seis días. Así que el magistrado federal declaró que “no cabe duda de que si con tales datos se decretara la suspensión pedida, ella traería perjuicios al tercero interesado, y que los causados al quejoso no son irreparables”.488 Con ese fallo parecía que las maniobras de los hermanos Espinosa y Cuevas prosperarían con impunidad. Pero cuando el juez de distrito no quiso otorgar la suspensión de los actos denunciados, Orozco interpuso de inmediato el recurso de revisión del auto ante la Suprema Corte de Justicia.489 El máximo tribunal decretó, en auto de 28 de julio de 1902,

que los actos reclamados afectan de un modo trascendental y grave tanto los derechos civiles de propiedad como la libertad personal de los recurrentes, y los perjuicios que con ellos pudieran recibir serían de difícil reparación, por lo que no puede dudarse que deben suspenderse, por estar comprendidos en la fracción III artículo 784 del Código de Procedimientos Federales. Por lo expuesto y con fundamento además del artículo 796 del mismo Código, se revoca el auto del juez inferior que deniega la suspensión, y se resuelve que son de suspenderse y se suspenden en lo absoluto las providencias dictadas por el juez de 1ª instancia y el Jefe Político del partido de Hidalgo del estado de San Luis Potosí, a que se refiere Ascención Rodríguez y socios en su demanda de amparo.490

El juez auxiliar de Río Abajo ejecutó la sentencia correspondiente por orden del juez de primera instancia de Alaquines, el día 11 de agosto de 1902, y restituyó el terreno en disputa a los Moctezuma, en la persona de su representante, Ascensión Rodríguez; con el detalle de que en ese momento estaban en el terreno dos sirvientes de la hacienda de Palmas, apacentando ganados.491

En cuanto al ámbito local, Eduardo Yáñez y otros dos socios suyos estaban otra vez en la cárcel de Alaquines, desde el 2 de mayo de 1902, por la nueva destrucción de una mojonera en el mismo sitio de la anterior, el 28 de abril. Así que, el 13 de agosto de 1902, su abogado presentó un nuevo alegato de defensa ante el magistrado de primera instancia.492 Orozco destacó que el incidente en el que Yáñez y sus asociados se opusieron a la construcción de una nueva mojonera en tierras de su propiedad, y que los tenía ya por ocho meses en la cárcel, había ocurrido sin ninguna violencia. También hizo hincapié en que no hubo pruebas de que ellos hubiesen destruido la primera mojonera, como tampoco se pidió pruebas a los Espinosa y Cuevas de su derecho de propiedad sobre el predio disputado. Por el contrario, la propiedad legal proindiviso de los terrenos disputados era de los condueños Ascensión Rodríguez, Eduardo Yáñez y asociados, por sentencias de la Suprema Corte de Justicia. De manera que el jalisciense solicitó al juez sobreseer a sus clientes, absolverlos de los cargos que les imputaban y dejarlos en libertad nuevamente.493 El nuevo juez, Genaro Butrón, consideró que José María Espinosa y Cuevas, representante de la sociedad Espinosa y Cuevas, nunca demostró que el lugar de las mojoneras estuviera en su propiedad de Palmas, mientras que los condueños habían obtenido ese reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, por lo que declaró que Yáñez y socios no eran culpables del delito de destrucción de propiedad ajena y los puso en libertad.494

El 19 de agosto de 1902, W. L. Orozco declaró ante el juez de distrito que desde el día 7 de abril de ese año había sido nombrado defensor de Eduardo Yáñez y de Andrés y Máximo Silva, quienes fueron acusados por los hermanos Espinosa y Cuevas de destruir las mojoneras mencionadas, y procesados en el juzgado de Alaquines. En ese proceso judicial paralelo, tuvo conocimiento de algunos datos que hasta entonces había ignorado sobre el original trazo de la línea divisoria (del punto Peña del Valle a Puerto de las Ovejas), que los Espinosa y Cuevas reclamaban como el verdadero límite entre las tierras de su hacienda con las de los Moctezuma. Así que el jalisciense solicitó que el juez federal pidiera al de Alaquines copias certificadas de aquella acusación contra sus defendidos, de la inspección judicial de las mojoneras y de la brecha que realizó el alcalde local por comisión del juez de primera instancia, así como de la información testimonial sobre la posesión y los linderos del terreno en disputa.495 Se procedió con la petición, de manera que, cuando se le pidió al juez auxiliar de Río Abajo copia de la constancia de que se cumplió con la orden del juez de primera instancia de advertir a los Moctezuma sobre los nuevos límites con Palmas, aquél señaló, en 14 de agosto de 1902, que no existía constancia de tal orden en los papeles del juzgado auxiliar.496 Esto dio pie a que Orozco señalara ante el juez de distrito que seguía su petición de amparo bajo dos órdenes de ideas. El primero era el “hecho de la posesión legítima por parte de mis poderdantes de las 1 500 […] ha de terreno invadidas por los señores Espinosa y Cuevas Hermanos en la fracción de Río Abajo, predio de los Moctezuma en el partido de Hidalgo”. El segundo orden consistía en “los hechos atentatorios del juez de primera instancia y del jefe político de Alaquines, perpetrados para arrebatar a mis poderdantes los terrenos mencionados y entregarlos a los señores Espinosa y Cuevas”.497

Para apoyar la primera idea, Wistano señaló que el día 21 de mayo de 1902 declararon ante el alcalde primero constitucional de Alaquines cinco testigos, de entre 55 y 78 años, que coincidieron en señalar que Ascensión Rodríguez, Eduardo Ybarra, Máximo y Andrés Silva, Margarito y Francisco Moctezuma, “y muchos otros ciudadanos conocidos bajo el nombre general de los Moctezuma, desde tiempo inmemorial, continuada, pacífica y públicamente, como causa habientes de don Juan de Dios Andrade y Moctezuma, cultivando y explotando esos terrenos sin interrupción hasta el día de las violaciones de que me quejo”. Esos testigos también dijeron que el terreno invadido por los dueños de Angostura tenía por límites con Palmas “los puntos llamados Peña del Valle, Tanque de Mesquite, Cerrito de los Chávez y Mojonera de la Minita”.498 Enseguida, Orozco citó varios procesos de posesión y de deslinde de tierras en los que se vieron involucrados los Moctezuma a lo largo de todo el siglo XIX, como pruebas de su posesión. Por ejemplo en febrero de 1825, en las diligencias de posesión otorgadas a los naturales de San Nicolás de los Montes, los Moctezuma fueron citados y reconocidos como colindantes y poseedores del predio de su nombre. En junio de 1834, hubo un deslinde de tierras de la hacienda de Cárdenas y las tierras de los Moctezuma, “reconociendo a éstos como reclamantes y como poseedores legítimos del predio que lleva su nombre”. En 1838, se hizo un deslinde de las tierras de los indios de Alaquines con la hacienda de Cárdenas y las tierras de los Moctezuma, proceso en el que se citó y reconoció a los Moctezuma como poseedores de su predio. Y en octubre de 1891, se procedió al deslinde de la hacienda de Agua Buena, colindante con los Moctezuma, con el mismo reconocimiento. Para Wistano L. Orozco, tales pruebas de orden judicial demostraban que sus clientes habían poseído sus tierras “desde tiempo inmemorial con título justo traslativo de dominio”.499

En cuanto al segundo orden de ideas o argumentos, el apoderado de los Moctezuma decía que ya habían quedado probadas las actuaciones de las autoridades locales de las que se quejaban sus defendidos, y que habían dado pie a la solicitud de amparo; tanto las del juez de primera instancia como las del jefe político, con lo que se habían violado las garantías individuales de sus clientes.500

Por su parte, los hermanos Espinosa y Cuevas presentaron “algunos datos que pudieren esclarecer los hechos en el juicio de amparo promovido por el Sr. Lic. Wistano L. Orozco”, el 29 de septiembre de 1902. Primero presentaron una copia certificada de las diligencias de posesión dictadas por el juez de distrito a favor de Agustín Ortiz sobre los terrenos de Moctezuma. Entre tales diligencias, había un acta, del 19 de noviembre de 1901, que señalaba la delimitación que se hizo entre Palmas y Los Moctezuma, y que iba acorde con lo que reclamaban los Espinosa y Cuevas.501 En seguida, una carta de denuncia de José María Espinosa y Cuevas, como representante de sus hermanos (todos propietarios de la hacienda Angostura), porque habían sido destruidas las mojoneras en Puerto de las Ovejas y Peña del Valle. Ambas mojoneras delimitaban su propiedad con la de los Moctezuma. El representante Espinosa afirmó que el hecho podía imputarse a los vecinos de Río Abajo, “lo denuncio a la autoridad que Ud. dignamente representa, sin constituirme parte acusadora, reservándome el ejercicio de acción civil para cuando me convenga usar de ella”. Espinosa afirmaba que cuando se dio posesión al señor Ortiz de los terrenos de los Moctezuma, el 4 de noviembre de 1901, “dicho señor Ortiz estuvo conforme en reconocer los límites de Palmas en la parte que tocan a ellos”.

Es probable que la animosidad suscitada por el mandamiento de despojo que privó a los vecinos de Río Abajo de su posesión, y en el cual, como le consta al juzgado, mis representados y yo somos completamente extraños, se haya extendido erróneamente en contra nuestra, creyendo que tenemos participio en la cuestión; y digo esto porque coincide con la destrucción de nuestras mojoneras una riña habida el día diez del corriente entre los vecinos de Río Abajo y algunos trabajadores de Palmas, cuyo origen puede derivar de la causa de resentimiento anotado, pues ya se sabe con cuanta facilidad las gentes de campo hacen solidarias las personas del propietario y del sirviente, cuando suponen en aquel actos que les son perjudiciales.502

Los Espinosa mostraron que eran hábiles en deslizar imputaciones verbales (“es probable”, “puede derivar”, “ya se sabe”) contra los vecinos de Río Abajo, pero sin “constituirse parte acusadora” ni comprometerse en procesos legales en forma. Usaron de consejas, opiniones y probabilidades que no les comprometían en ningún sentido judicial, pero que sí dejaban sospechas de culpabilidad sobre los Moctezuma. Desde ese discurso elitista, los vecinos de Río Abajo aparecían como sospechosos de “animosidad”, “resentimiento” y “violencia” contra los hermanos Espinosa. Esa visión de las élites sobre el “pueblo bajo” les permitía justificar sus acciones, pues al destacar, sutilmente, la inferioridad de la “plebe” y su carencia de control, se le deslegitimaban sus derechos a la tierra o la propiedad. Esa argumentación contra “el pueblo bajo” puede captarse en un comentario de un destacado miembro de la élite porfirista, el criminólogo Miguel Macedo: “Poco instruido y educado menos aún, se aproxima a un estado rayano a la barbarie. Es capaz de sufrir todos los males, porque […] es bien sufridor, pero al mismo tiempo es capaz de todos los actos de violencia, pues no estimando en nada ni su persona ni sus derechos, es incapaz de respetar la vida y los derechos de otros”.503 Los derechos pertenecían a las élites; y al pueblo, un primitivo resentimiento violento.

Así que los hacendados recalcaron no tener nada que ver con el asunto de despojo, aunque se referían al problema sin dificultad porque les permitía apuntalar su postura en el proceso judicial. Por eso, enseguida incluyeron una protesta de Agustín R. Ortiz, al parecer publicada de alguna forma:

El que suscribe, cesionario de D. Francisco Galván, después de seguir mi cedente un juicio con el albacea de D. Juan de Dios Andrade y Moctezuma, obtuvo la declaración del Juzgado de Distrito de San Luis Potosí de que el albacea de dicha sucesión no había probado que hubiese salido del dominio de la Nación los terrenos llamados “Lo de Moctezumas”, ubicados en los partidos de Hidalgo y Ciudad del Maíz (del mismo estado de San Luis Potosí).

La sentencia causó ejecutoria; en consecuencia, y por haber yo enterado el valor de los terrenos a la Tesorería General de la Federación y al Estado de San Luis Potosí, el primer Magistrado de la República me expidió título de propiedad […] No respetan los que fueron vencidos en el juicio […] Han acudido a los Tribunales reclamando, y sin esperar lo que los tribunales resuelvan, se otorgan a sí mismos lo que de ellos deben esperar, y se han lanzado a las vías de hecho, entretanto vienen resoluciones judiciales, hollando la disposición del primer Magistrado de la República y de la primera autoridad federal de San Luis Potosí.

Tal atentado es un delito castigado por el artículo 906 del Código Penal (que rige en toda la República por tratarse de hechos que afectan al orden federal) por tratarse de resistencia a mandatos legítimos ejecutados en forma legal (mandato del C. Presidente y mandato del Juez de Distrito).

La resistencia está dirigida por Ascención Rodríguez, Serapio Aguilar y Eduardo Yáñez residentes actualmente en el Municipio de Alaquines; y consiste la resistencia en impedir el goce y posesión de los terrenos por parte del que suscribe, amenazando aún de muerte o de otros males, hasta al último sirviente mío, y no solo, sino verificando actos de verdadera violencia.

Los derechos de propiedad que me dio el título expedido por el señor Presidente de la República y la posesión que me dieron los jueces requeridos por el C. Juez de Distrito […] hicieron necesario que me quejase contra los atentados cometidos […] Yo obtuve todo lo que reitero antes, y mis contrarios están oponiéndose ante los tribunales, y además por las vías de hecho. Disponen de lo que no tienen derecho de disponer; hacen contratos y concesiones con aparceros en lo que respecta a cultivos; hacen contratos también en lo que respecta a maderas (productos naturales del terreno). Últimamente he sabido que han celebrado un contrato para entrega de durmientes. No puedo admitir tales hechos, y por tanto

Protesto:

Contra todos los hechos referidos y hago saber al público que no reconoceré ningún acto ni contrato verificado por los que se dicen dueños de los terrenos llamados de “Moctezumas” y que reclamaré ante los tribunales lo que se extraiga de mis terrenos o su valor; y que no admitiré que se contrate con nadie sino conmigo, que soy el propietario, bajo la inteligencia de que aun criminalmente perseguiré a los que tomen parte en esos contratos.

México, septiembre 21 de 1902.

Agustín R. Ortiz.504

En una muestra de enfoque liberal, Orozco señaló ante el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí que las palabras, aunque vinieran de personas honorables, eran sólo palabras en términos judiciales: “Por honorable que sea la palabra de Don José Espinosa y Cuevas, no es más que la palabra del acusador: y no es ni puede ser elemento de prueba en esta causa, bajo ningún concepto”.505 La palabra de un individuo valía lo mismo, o debería valer lo mismo, que la de cualquier otro; frente a la ley no había diferencias o no deberían existir, así que lo que debía ser relevante en un proceso judicial era la observancia de la ley. Lo interesante es que los Espinosa y Cuevas incluyeran la airada perorata del diputado Ortiz como dato para su propio problema. Tanto ellos como los funcionarios decían no saber ni tener nada que ver con ese asunto, pero lo utilizaban porque reiteraba la imagen de los condueños como irrespetuosos de las leyes y los tribunales, criminales, ladrones y violentos. Pero, como los mismos documentos judiciales mostraban, la violencia corrió a cargo del poder político y económico por medio de uno de sus instrumentos: las autoridades locales.

En octubre de 1902, el juez de distrito preguntó al de Alaquines si ya habían sido puestos en libertad los individuos que se habían amparado por sus prisiones. Se le respondió que Tiburcio Moctezuma estuvo preso del 7 al 11 de marzo, y fue puesto en libertad por orden del jefe político; en cuanto a Gorgonio Moctezuma, aunque había orden del juzgado de arrestarlo, en conjunto con Eduardo Yáñez y otros miembros de los Moctezuma, no hubo registros de que hubiese estado en la prisión del pueblo de Alaquines. Pero un testimonio del alcalde Luis Contreras señaló que Gorgonio Moctezuma, Eduardo Yáñez y otros fueron hechos prisioneros desde el 17 de diciembre de 1901 por orden del juez de primera instancia de Alaquines, por la destrucción de las mojoneras. No salieron libres hasta el 28 de enero de 1902.506 Por otro lado, una constancia del propio juzgado de Alaquines decía que

en diez y nueve de diciembre del año pasado, la Jefatura Política puso a disposición de este juzgado a Eduardo Yáñez y trece individuos más, entre ellos Gorgonio Moctezuma, porque tumultuariamente se opusieron a la reconstrucción de la mojonera de Puerto de las Ovejas entre los terrenos de Palmas y Río Abajo.507

Como la investigación sobre la destrucción de las mojoneras había empezado desde el 14 de noviembre de 1901, el jefe político tuvo a bien señalar que “los mencionados Yáñez y socios fueran declarados bien presos por ese delito”. El 28 de enero de 1902 “se les concedió la gracia de la libertad bajo fianza”. Sin embargo, el 1o. de mayo nuevamente se ordenó el arresto de Yáñez, Andrés y Maximiano Silva, Gregorio y Cayetano Moctezuma, porque el “Supremo Tribunal confirmó en su contra el auto de formal prisión”. Los tres primeros fueron presos; a los dos últimos no se les pudo capturar. El 19 de agosto se pronunció nueva sentencia a favor de Yáñez y socios porque no eran responsables del delito de destrucción de propiedad ajena, y fueron de inmediato puestos “en libertad bajo caución mientras el supremo tribunal revisa el fallo”.508

El 25 de octubre de 1902 el fiscal de distrito dio su parecer jurídico. Declaró que la actuación del juez de Alaquines estuvo fuera de toda legalidad, ya que ni como medida perentoria, ni como deslinde, ni tampoco como interdicto cumplió con alguno de los requisitos establecidos en la ley. En cuanto a las pruebas presentadas por los Espinosa y Cuevas, señaló que tal presentación se hizo fuera de tiempo, que se equivocaron en señalar como dueño del predio los Moctezuma a Agustín Ortiz, y que los documentos presentados eran copias simples y sin sellos ni timbres reglamentarios: “Aparte de que esos documentos, en su mayoría, o son copias simples o carecen del timbre correspondiente, por lo que no pueden tener valor alguno, hay que atender a que en el fondo nada resuelvan”.509 De hecho, las diligencias del juez de Alaquines incumplieron con dar aviso a todos los interesados en el predio. Con respecto a la posesión dada a Agustín R. Ortiz:

Ella queda insubsistente en virtud del auto de suspensión decretado por el juzgado y confirmado por la H. Suprema Corte de Justicia, la que declaró además que ella procedía, sin firma. Luego, los representados del quejoso, de esa suprema resolución siguieron siendo poseedores lo mismo que antes, y bien pudieron intentar este juicio.510

Sobre las acciones del jefe político, el fiscal federal las declaró sin ninguna causa o razón legal, y por lo cual también procedía el amparo. “Y aunque los presos han quedado libres por sentencia del juez, como está pendiente de revisión, procede el sobreseimiento por ese capítulo conforme a lo dispuesto en la fracción 9 art. 789 del Código de Procedimientos federales”. Así que el fiscal recomendó al juzgado que concediera el amparo en el asunto de la ocupación del terreno, así como sobreseer la prisión de los interesados.511

El 29 de octubre el juez de distrito Tomás Ortiz se declaró impedido de seguir en el proceso porque entre los Moctezuma quejosos estaban su tío Vicente Lozano y sus primos hermanos Rómulo y José María Lozano. Ellos tenían derechos en los terrenos de los Moctezuma por medio de una herencia de la señora María Antonia Ortiz, su abuela. Ortiz pidió a las partes quedar enteradas y solicitó a la Suprema Corte de Justicia calificara el impedimento. La Corte admitió el impedimento el 13 de noviembre de 1902.512 Por su parte, el juez suplente, Antonio Álvarez, señaló que la mutación de los límites entre Palmas y Moctezuma era “una notoria violación de las leyes que rigen el procedimiento, pues equivalen a condenar sin oír, a despojar sin permitir la defensa y a sentenciar sin previo juicio”. Consideró que “la resolución del C. juez de letras envuelve un verdadero despojo y es injustificable ante la ley”.513 Finalmente, declaró que la justicia de la Unión amparaba a Ascensión Rodríguez y socios contra los actos del juez de primera instancia de Alaquines, y que se declaraba sobreseído el asunto de la prisión de los Moctezuma.514 Todavía en diciembre de 1902, la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado confirmó el sobreseimiento de la causa criminal contra Eduardo Yáñez y socios que había decretado el juez de Alaquines.515

La Corte Suprema de la República revisó el caso de amparo el día 7 de septiembre de 1904. La Corte señaló en el “resultando 5” que el albacea de la testamentaria de Juan de Dios Andrada y Moctezuma había sido don Genaro de la Torre, “que pidieron la cesación del albacea los presuntos herederos de Moctezuma, y por no tener justificada su calidad de herederos, por auto de 10 de marzo de 1900 se les negó que nombraran albacea”. En el mismo documento, también se citaron las fechas, a lo largo de todo el siglo XIX, en las que se llevaron a cabo diferentes procesos de apeo y deslinde de las tierras de los Moctezuma: por ejemplo, el 15 de febrero de 1825, cuando “con consentimiento de los colindantes se pusieron mojoneras y reconocieron los límites de los terrenos de los Moctezuma”; otro apeo de rectificación de linderos ocurrió el 14 de junio de 1834, “aprobado por auto de 19 de julio de 1834”, y en el que aparecieron los señores dueños de la hacienda de Cárdenas defendiendo sus linderos. Además, los apeos de la hacienda de Agua Buena de los señores Díez Gutiérrez, a los que asistieron los dueños de la hacienda de Palmillas, Hipólito Pérez y Atanacio R. Ayala.516 Con todos esos antecedentes y argumentos, la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia del juez de distrito que amparaba a los quejosos, señalando que la justicia de la Unión amparaba y protegía a Ascensión Rodríguez y socios contra los actos irregulares del juez de Alaquines.517

Una vez más, Wistano Luis Orozco consiguió la victoria en los juzgados, en medio de las presiones de destacados miembros de la élite potosina, y a pesar de las maniobras violentas, legales e ilegales que rodeaban los asuntos alrededor de las codiciadas tierras del condueñazgo de los Moctezuma. Si bien los pleitos judiciales por el mencionado predio continuaron de forma artificiosa por parte de los interesados en tomar para sí las tierras,518 el prestigio y la fama del nativo de Jalisco crecieron entre los diversos actores del estado, lo que por supuesto le atrajo nuevos clientes, en especial entre pequeños propietarios y comunidades campesinas, y con ellos le llegaron muchos más problemas. Antes de que acabara la primera década del siglo XX, y con ella el porfiriato, el prestigiado abogado tendría que experimentar en carne propia, de nuevo, la parte violenta del dominio de las élites porfirianas potosinas.

CAPÍTULO IV. PERSECUCIÓN Y CÁRCEL EN SAN LUIS POTOSÍ, 1905-1907

la ley, quizá más claramente que cualquier otra elaboración cultural o institucional […] es a todas luces un instrumento de la clase que es de hecho la dominante: define y a la vez defiende las exigencias de los dominantes en lo referente a recursos y a fuerza de trabajo —dice qué es propiedad y qué es delito— y media en las relaciones de clase con una serie de normas y sanciones oportunas, todas las cuales, a fin de cuentas, confirman y consolidan el vigente poder de clase. Así pues el imperio de la ley no es sino otra máscara del dominio de una clase.

E. P. THOMSON

En 1906 Orozco continuaba como apoderado y defensor de algunos de los condueños del predio conocido como de los Moctezuma. Aunque también había sido apoderado legal del jefe político de Ciudad del Maíz, ahora su relación estaba rota por completo. En esos momentos la posición del hábil abogado jalisciense era ambivalente, pues, por un lado, defendía a pequeños propietarios y, por otro, había tenido hasta recientemente buenas relaciones con miembros de las élites potosinas. Ya mencioné que Orozco tenía una excelente relación profesional con Genaro de la Torre, terrateniente y político regional, a quien todavía llamaba amigo. Tal vez el litigante nacido en Jalisco estaba convencido de que podía ganar todas las disputas gracias a su profundo conocimiento de los antecedentes legales e históricos, además de que su acceso a ambos lados de los conflictos por la tierra le permitiría resolverlos sin mucha dificultad. En ese sentido le hizo este comentario a De la Torre en una carta:

Con motivo de las diferencias de carácter, violento, surgidas entre tan buen amigo como U., y los señores Ascención Rodríguez y socios, igualmente mis amigos, me he ocupado de estudiar el origen y desarrollo de los derechos de propiedad que unos y otros invocan, con la esperanza alhagadora [sic] de que toda diferencia entre ustedes quede terminada con una intervención mía, tan imparcial, recta y afectuosa, como incumbe a mis deberes y a mi afecto por clientes tan estimables para mí como son las dos partes desavenidas.519

Pero al experimentado político no le impresionó el discurso de Orozco ni su intención de que el pleito tuviese un desenlace pacífico. La situación derivó en un rompimiento cuando De la Torre empleó su poder político para acosar, intimidar, maltratar y despojar de un predio a varios condueños mientras se desentendía del pago de ciertos honorarios al abogado. Entonces, Orozco presentó una demanda civil para recuperar las tierras que supuestamente De la Torre había usurpado. Lo que encendió la ira del terrateniente no fue la demanda en sí, sino el hecho de que Orozco mandó imprimir 300 ejemplares de la demanda en un folleto, como era costumbre en la época, y lo distribuyó entre políticos, abogados y jueces del estado de San Luis Potosí y de otros lugares de México. El 8 de octubre de 1906 el juez de primera instancia de Alaquines, Luis G. Gómez, ordenó el arresto e incomunicación de Wistano Luis Orozco por una denuncia por difamación que puso en su contra el abogado Arturo Amaya en nombre de Genaro de la Torre, todavía jefe político del partido de Ciudad del Maíz.520 Orozco quedó en la cárcel local, y el 12 de octubre fue declarado formalmente preso, si bien pudo enviar varios telegramas al juez de distrito en San Luis Potosí, ese día, para demandar un amparo contra los actos del juez de Alaquines.521 El dramatismo de los mensajes, donde el apoderado de los Moctezuma decía estar “ultrajado públicamente, temo por mi vida”, y su argumentación de apoyo en los artículos 7, 14, 16 y 19 de la Constitución, convenció al juez de distrito a dar entrada a la solicitud de suspensión de actos.

Ese proceso legal por la difamación siguió su curso, mientras Orozco obtenía su libertad provisional. Pero, entretanto, el 18 de febrero de 1907 el senador por Querétaro Antonio Arguinzóniz promovió ante el mismo juez de primera instancia de Alaquines otra denuncia por difamación contra Orozco.522 Por medio de su apoderado legal, Pablo Dueñas, Arguinzóniz lo acusó de ser instigador y autor literal de un ocurso o libelo con una serie de calumnias en contra suya, con el pretexto de la defensa de las tierras de las comunidades mayoritariamente indígenas de Lagunillas, Gamotes, Santa María Acapulco, Guayabos y La Palma (todas, del partido de Hidalgo). El ocurso resumía las quejas de los comuneros por haber sido despojados de importantes porciones de sus tierras y por los maltratos que experimentaban, y en los cuales Arguinzóniz era figura destacada. El senador aseguraba en su demanda que Orozco también había aconsejado a los indios para que enviaran el documento directamente al presidente Porfirio Díaz. El juez de Alaquines una vez más ordenó el arresto de Orozco, lo que obligó a éste a tramitar otro amparo de la justicia federal.

Aquéllos ya no eran los tiempos favorables de Díez Gutiérrez, el gobernador desde 1898 era el ingeniero Blas Escontría, quien a su vez dejó la gubernatura potosina a comienzos de 1905 para ocupar un puesto en el gabinete de Díaz. Escontría había sido calificado por Orozco en 1902 de “caballero intachable” de acrisolada honradez e “incapaz de ejercer una venganza personal contra nadie”.523 En abril de 1905, justo cuando Escontría había dejado de ser gobernador de San Luis Potosí, Orozco repitió el elogio:

El digno y encumbrado funcionario observó siempre la actitud más imparcial y más correcta ante las etapas y debates de un negocio en que, por su íntimo enlace con el de “los Moctezuma”, se agitaban tantas y tan vivas pasiones, y se disputaban tan caros intereses, y se invocaban tan altos principios, y se discutían tan importantes derechos. Siempre se mantuvo el Sr. Escontría a la altura de su nombre, de su cargo y de su fama; negando el peso de su influencia en la balanza de la justicia, tanto a unos como a otros, aunque con algunos de los litigantes le vinculara amistad íntima y antigua.524

El elogio era exagerado, aunque Blas Escontría ciertamente gozó de buena fama entre los mismos hombres de negocios de San Luis Potosí, quienes desde 1896 le habían pedido a Porfirio Díaz que lo nombrara gobernador en lugar de Carlos Díez Gutiérrez.525 El sustituto de Escontría fue su pariente y también ingeniero José María Espinosa y Cuevas, prominente miembro de la élite potosina, quien había sido opositor de los clientes de Orozco en el asunto de los terrenos de los Moctezuma. Era otro “caballero” con los mismos finos modales sociales y educación que Escontría, pues Espinosa y Cuevas se abstuvo, como gobernador interino, de intervenir en el pleito judicial que llevaba contra los Moctezuma, ni siquiera cuando el resultado le fue adverso.526 Pero, como ya se ha visto, Espinosa y Cuevas también compartía las actitudes altaneras que la mayoría de los grandes propietarios tenían para con aquellos que no consideraban de su misma clase social. Tampoco dudaba en conseguir la apropiación de tierras por medios ilegales, ni en utilizar sus conexiones políticas y sociales para minimizar o anular a sus adversarios; ambas cosas le eran prácticas normales o naturales desde su punto de vista.527

En menos de cinco meses, entre octubre de 1906 y febrero de 1907, se presentaron las dos demandas por difamación contra Wistano Luis Orozco, y las dos órdenes de aprehensión. La molestia de los políticos y latifundistas contra el abogado de comunidades y pequeños propietarios se convirtió en un ataque abierto. El desempeño como jefe político de Genaro de la Torre parece encarnar muy bien el viejo modelo historiográfico elaborado sobre esa peculiar figura de México y América Latina.528 Funcionario intermedio entre el gobernador del estado y los ayuntamientos municipales, que concentraba diversas funciones de gobierno y sobre todo de policía, y que en la práctica era instrumento del gobernador y del poder central, es decir del mismo Porfirio Díaz.529 Los jefes políticos tenían la capacidad de movilizar cuerpos de seguridad como los rurales, la policía y el ejército cuando era necesario controlar mediante la coerción y la violencia algún asunto por motivos de “seguridad pública”. Pero, al mismo tiempo, podían ser intermediarios entre los poderes ejecutivos, estatal y federal, y los diferentes actores regionales. En algunos casos, como el del jefe del partido de Ciudad del Maíz, su pertenencia a las élites propietarias incidía fuertemente en sus decisiones y en su actuación.

Por otro lado, las condiciones sociopolíticas en el estado de San Luis Potosí no eran armoniosas ni pacíficas. Había bastante inquietud política debido a las actividades de los llamados intelectuales precursores de la Revolución mexicana,530 concentradas en el club liberal Ponciano Arriaga, fundado en 1900, y que de inmediato dio lugar al Primer Congreso Liberal en febrero de 1901.531 Fue un movimiento anticlerical que, al buscar una reforma democrática del sistema político vigente, derivó rápidamente en una abierta crítica al “partido científico” y a la dictadura de Porfirio Díaz. Los clubes liberales y las publicaciones afines fueron clausurados en todo el país, y sus líderes fueron perseguidos y encarcelados, acusados de publicar “libelos”, de sedición y de “ultrajes a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones”, entre otras cosas; el núcleo potosino del movimiento pasó encarcelado buena parte de 1902, enfrentando procesos judiciales.532 En los siguientes años disminuyeron en San Luis las actividades políticas antigubernamentales, pero el gobierno estatal y las élites estaban en alerta contra cualquier indicio de protestas o críticas contra el régimen. Las protestas se dieron en el ámbito laboral como la huelga de trabajadores ferrocarrileros de 1903 en San Luis Potosí, que volvió a repetirse en 1906 y en 1907 (en la estación de Cárdenas).533 En 1908, una nueva huelga de obreros ferroviarios en San Luis Potosí podría haber alcanzado las trágicas dimensiones de las matanzas de Cananea y Río Blanco, cuando el gobernador Espinosa y Cuevas y el propio Porfirio Díaz amenazaron de forma no tan velada a los líderes de encontrar una solución al estilo de Río Blanco.534 Por el lado agrario, sólo se tiene registrado un pequeño levantamiento en la hacienda de Minas Viejas, en el partido de Ciudad del Maíz, en 1905, que no tuvo consecuencias.535

Otros elementos complicaban el panorama general; por ejemplo, debe recordarse que el contexto jurídico de la época era completamente adverso a los actores agrarios colectivos, sobre todo si eran comunidades de origen indígena.536 Desde 1882, una intervención del ministro Ignacio Vallarte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el tono que prevaleció hasta la época de la Revolución: las leyes de reforma, desde la Ley Lerdo de 1856, “declararon extinta a la comunidad de indígenas”.537 La impedimenta legal y el desconocimiento de su capacidad jurídica fueron ampliamente resentidos por los pueblos y las comunidades en la zona Media y la Huasteca potosina. Los tiempos eran, pues, de desasosiego, de creciente malestar contra el régimen de Díaz, de resistencia ante la indefensión legal, y de resentimiento contra las élites económicas,538 que eran sus grandes beneficiarias.

LA PRISIÓN DE WISTANO LUIS OROZCO, 1906

Acorde con la solicitud de amparo de Wistano Luis Orozco, hecha formalmente el 22 de octubre de 1906, el juez de Alaquines dictó un auto de formal prisión en contra suya el día 12 de octubre, por el cargo de difamación, según la demanda presentada por Genaro de la Torre.539 El origen del asunto venía desde 1903, por lo menos, cuando De la Torre alegó que un terreno, llamado fracción de Cuevas y Anexas, que era parte del condueñazgo, era propiedad de su esposa, Trinidad Rodríguez, y amedrentó a los condueños y residentes del predio con embargos de bueyes, prisiones, confiscaciones de cosechas y otros “procedimientos violentos, ilegales y arbitrarios para llegar al vedado fin de apoderarse de unas heredades ajenas”.540 Ya mencioné el episodio en el que Evaristo Morales, uno de los condueños, fue encarcelado por el supuesto delito de destrucción de propiedad ajena y humillado en las diligencias consecuentes. Y ni un juez auxiliar se salvó de ser acusado del delito de asonada o motín por el jefe político, en febrero de 1905.541 Los abusos continuaron todo el año, al grado de que les hizo “verdaderamente imposible continuar en la posesión de esa parte de la heredad de mis poderdantes”.542 Así que Orozco presentó el día 5 de marzo de 1906, ante el juez de Alaquines, Adelaido Velázquez, una demanda civil (“interdicto de recuperar la posesión”) en nombre de un grupo de condueños del predio de los Moctezuma, contra Genaro de la Torre, a quien se le reclamaba “la devolución de unas tierras llamadas de la Cueva y Anexas, y de la Hoya del Agua, situadas casi en su totalidad en territorio de este municipio”.543

En el interdicto, Orozco insistía en que, de acuerdo con su propia investigación de los títulos de las tierras, los derechos de propiedad de los Moctezuma provenían de la adquisición de las tierras en el periodo colonial mediante dos operaciones simultáneas. La primera, cuando la familia Moctezuma avecindada en Puebla (herederos de Felipe Andrada Moctezuma) reconoció en 1764 al capitán Antonio Ortiz de Zárate, que representaba a la rama familiar de los Moctezuma avecindados en Valle del Maíz (herederos de Juan de Dios Andrada Moctezuma), la propiedad de los terrenos conocidos como San Antonio de las Tortugas, Cerrito del Zopilote y El Salitre. Esos terrenos habían sido dados en 1725 a Juan de Dios en pago por “servicios personales”.544 La segunda operación era la venta hecha por el comerciante Felipe Barragán del terreno conocido como Sitio del Carrizal, al capitán Ortiz de Zárate, en diciembre de ese mismo 1764, por 400 pesos.545 Con esas operaciones, los descendientes de Juan de Dios Andrada quedaron, según Orozco, “solidaria e indivisiblemente” dueños de los terrenos que se conocerían como de los Moctezuma. Las tierras no fueron repartidas, ni deslindadas o separadas hasta 1905. El detalle era que Genaro de la Torre se decía representante común de los descendientes de una de las hijas de Juan de Dios Andrada; y entre tales descendientes estaba su esposa, Trinidad Rodríguez. Así que, según el punto de vista del abogado, la cuestión central de todo era saber cuándo y en qué forma se verificó la separación de los derechos de don Florencio Ortiz, en el siglo XIX, de los derechos de los otros descendientes Moctezuma; y por ende, en esa separación se fijaron los límites de sus tierras en El Carrizal. Antes de la demanda, y mientras todavía era su apoderado, en marzo de 1905, Orozco invitó a De la Torre a que presentara los papeles de esa delimitación, para que llegara a un arreglo con los Moctezuma. Pero si no los tenía, el jalisciense trató de hacerle ver que no podía tomar posesión del Carrizal y que además perdería el caso en los tribunales porque, de acuerdo con el artículo 1072 del Código Civil, no había prescripción entre condueños, lo que significaba que los otros representados por Orozco tenían derecho a reclamar su participación proindiviso del terreno.546

Entonces Orozco renunció a la representación legal de Genaro de la Torre porque al parecer éste no aceptó pagarle 1 500 pesos de honorarios por sus servicios en el litigio ganado contra Avelino Ortega. El oriundo de San Cristóbal de la Barranca no quiso insistir en el tema monetario para no enojar a su poderoso cliente, y prefirió renunciar. Pero se quedó con la representación de los Moctezuma. Así que, en octubre de 1905, cuando De la Torre encarceló a algunos de los que se habían atrevido a denunciarlo por robo, decidió Orozco involucrarse de lleno en el conflicto. Como era su costumbre, publicó la demanda en un folleto. Decía demostrar la posesión “quieta, pública, pacífica, con justo título y desde tiempo inmemorial” de sus representados, así como los “hechos reprobados e ilegales, mediante los cuales don Genaro de la Torre ha despojado a mis poderdantes de las tierras mencionadas”.547 Acciones como prisiones arbitrarias, secuestros ilegales y remates de semovientes, y recolección de frutos no sembrados ni cultivados, en las que se mezclaban “la acción privada y la acción oficial” en beneficio del político y latifundista, “de manera que este Señor de la Torre despacha como Jefe Político de C. del Maíz, los negocios del marido de Doña Trinidad Rodríguez, y mete gente a la cárcel para ensanchar bajo tan expedito sistema sus posesiones agrarias”.548 El caso muestra que el abuso de autoridad y la violencia (física, legal, simbólica) era parte de las formas cotidianas locales de dirimir conflictos, apropiarse de tierras y acallar oposiciones; incluso, uno de los condueños y acusadores del terrateniente, Atenógenes Moctezuma, murió asesinado en Ciudad del Maíz.549

Wistano no se atrevió a acusar a De la Torre; no obstante, señaló que esa tragedia “ha infundido terror a los despojados y los ha hecho abandonar sus tierras definitivamente para reclamarlas en juicio”.550 El asunto era delicado, pues era prácticamente imposible demostrar la culpabilidad de un poderoso político a menos que cayera en desgracia frente al poder central; y además, con la experiencia del caso de Pedro López, entendía que el sistema judicial no le sería favorable en el área criminal. Así que dejó bien claro que sólo mencionaba el hecho porque había contribuido a la consumación del despojo, y que por tanto lo hacía “valer en el orden civil, para sus efectos civiles”, por lo que nada tenía que ver el asunto con la honra de Genaro de la Torre. Con base en el artículo 1186 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, Orozco interpuso una demanda por despojo consignando los detalles de lo acontecido, por lo que supuso que no podía considerarse una difamación. Además, señaló que, de acuerdo con el artículo 648 del Código Penal estatal, quedaban a cubierto todas las demandas civiles, y sus autores, de cualquier acusación por difamación.551

Para Orozco, lo más sorprendente era la acción del juez de Alaquines, que iba más allá de la propia demanda presentada por el Lic. Amaya. Éste hizo consistir la difamación no en la demanda misma contra De la Torre, “sino en el hecho de su publicación por medio de la imprenta”. Incluso le reprochaba haber distribuido “el impreso dicho en esta población [Alaquines] y en las demás del estado”. Orozco reclamó al juez la violación de sus garantías individuales conforme los artículos 7, 14 y 16 de la Constitución.552 Aquí el argumento de Orozco sobre sus derechos respecto de la publicación del folleto:

Esto es un ataque a la libertad de imprenta. Reducirme a prisión porque he publicado una demanda civil, es coartar en mi persona la libertad de publicar escritos sobre cualquiera materia, dentro de los límites constitucionales ¿Qué ley prohíbe publicar demandas civiles? Absolutamente ninguna. Y si mi demanda era inocente, lícita y buena escrita con letra inglesa y en papel ministro, no ha podido cambiar su naturaleza, en manera alguna, el solo hecho de aparecer reproducida en letras de imprenta y en papel propio para imprimir [grafía original].

Si no había una ley que impidiera publicar demandas civiles, Orozco no había cometido ningún delito porque, además, la demanda civil era legal y estaba en trámite. Era la publicación del folleto lo que había irritado al terrateniente, y el fundamento de la demanda por difamación, por lo que era esa publicación “con dolo” lo que castigaba el juez con el auto de formal prisión del 12 de octubre. El jalisciense estuvo en la cárcel de Alaquines del 8 de octubre al 12 de noviembre de 1906.553 Durante su encierro, no se le permitió tener papel ni tinta, aunque se le admitió que enviara unos telegramas, por medio de los cuales pidió el amparo. También se quejó de que “se me ha sacado para cualquiera notificación por en medio de la calle y con fuerza armada como a cualquier bandido”.554 Ambas cosas eran parte de la escenificación del poder político sobre los opositores a las maniobras de despojo, que incluían la humillación pública.

Por su parte, el apoderado de Genaro de la Torre señaló que Orozco había hecho circular profusamente el polémico folleto. Además, en su detallada argumentación mencionó que la acusación por robo de animales con uso de la fuerza armada, contenida en el folleto, llevó a que algunos de los Moctezuma demandaran al jefe político de Ciudad del Maíz en junio de 1905, demanda que fue desechada por el Supremo Tribunal de Justicia del estado en agosto de ese año. Asimismo, señaló que dos poderdantes de Orozco habían publicado en un periódico de la capital potosina, El Estandarte, una declaración de que no aceptaban responsabilidad alguna en la demanda contra De la Torre, porque no se les había consultado al respecto, aunque el Lic. Amaya señaló que no tenía un ejemplar del periódico para demostrar su dicho. Lo importante era, insistió, que, “con los hechos de la impresión y circulación del folleto de referencia, el señor don Genaro de la Torre, mi mandante, ha sufrido en su representación incalculables perjuicios, y conceptuándose difamado viene a querellarse contra el autor de esa difamación, que lo es el Lic. Wistano Luis Orozco”.555 La mencionada publicación fue pagada por los señores Lozano y Gallegos, que señalaron:

Por el presente en forma de protesta declaramos: que por lo que a nosotros corresponde no nos constituimos parte ni aceptamos responsabilidad ninguna de la demanda de interdicto propuesta por el señor Lic. Wistano L. Orozco en contra del señor de la Torre, pues no se ha consultado nuestro parecer para esa demanda ni tampoco nos constan los hechos en ella consignados constatándonos por el contrario la muy reconocida honorabilidad del demandado.556

Es claro que no todos los afectados estuvieron dispuestos a seguir adelante en contra del jefe político. Además de los naturales desacuerdos que podían darse entre tantos condueños afectados, y que se manifestaron de esta manera, tener de enemigo declarado a un notable miembro de la élite regional era una mala idea ante la violencia física, judicial, policiaca y simbólica manifestada contra los opositores.

Esas desavenencias entre los condueños eran aprovechadas por Amaya, quien en su alegato jurídico señaló que en el artículo 642 del Código Penal la difamación consistía en “comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra o descrédito, o exponerlo al desprecio de alguno”.557 El asunto se agravaba, en opinión de Anaya, porque Orozco también había publicado en el Diario del Hogar, periódico de la Ciudad de México, un artículo titulado “San Luis Potosí. Las víctimas de Río Abajo” en el que, entre otras cosas, sugería que no podía formular graves cargos contra Genaro de la Torre, lo que para el Lic. Amaya era un reconocimiento tácito de la imputación.558

Igualmente importante en el argumento legal era defender el honor del terrateniente. La deshonra consistía en la pérdida del honor, y el descrédito y el desprecio consistían en la falta de respeto y de la estimación. La deshonra no sólo perjudicaba al hombre privado, a Genaro de la Torre, sino sobre todo al funcionario público, el jefe político, quien no sólo debía cuenta a sus superiores, a los que tocaba investigar su conducta, de tal manera que caería en el “infamante e ignominioso estigma que la opinión pública imprime sobre la frente del que, por desgracia aun siendo inocente, se ve envuelto en las redes de un proceso”.559 Así que Orozco no tenía ningún derecho ni razón para haber publicado el folleto, ya que no era la opinión pública a la que correspondía definir los derechos de las partes involucradas en la demanda, “sino los jueces magistrados instituidos por las leyes para administrar justicia”. Así que el propósito evidente del abogado nativo de Jalisco sólo era “causar escándalo a expensas y con notorio perjuicio de la reputación del señor de la Torre y crearse una atmósfera de simpatía, creyendo sin duda que ella pudiera influir en el ánimo del juez, para fallar en su favor”.560 Cabe señalar que Genaro de la Torre estuvo en la capital potosina desde los primeros días de septiembre de 1906, y que renunció a su cargo de jefe político de Ciudad del Maíz en los primeros días de octubre de ese año,561 cuando le quedaban dos años más en el empleo.

En la demanda por difamación aparecen contrapuestos el honor personal, un valor sociocultural, y la esfera pública, un espacio sociocultural, como elementos irreconciliables. Para las élites que controlaban las diferentes regiones, y el régimen mismo, la opinión pública también les pertenecía, por lo que no había lugar a discusiones sobre los derechos legítimos de propiedad, sobre todo si quedaba involucrado el honor personal de un funcionario público. El peligro de permitir la apertura de ideas y propuestas era evidente: quedarían en entredicho los funcionarios en particular y las élites en general. Por eso era mejor descalificar los intentos de un abogado como Orozco con elementos que poco tenían que ver con la aplicación o violación de las leyes o la interpretación jurídica, sino con consideraciones y valoraciones de tipo moral. Por ejemplo, se señaló que había sido apoderado general de Genaro de la Torre; y como “hubo entre ellos una ruptura por causas que no es necesario hacer presentes aquí”, eran de sospecharse, según Amaya, “malas pasiones” del apoderado de los Moctezuma contra aquél que le había retirado su amistad y su confianza.562 Finalmente, Amaya pidió que se incluyera en el expediente una relación de un antecedente penal de Orozco, condenado a prisión en 1885 en Guadalajara, por nueve meses.563 Para redondear la acusación contra el jalisciense, el mismo Genaro de la Torre señaló ante el juez que, a pesar de las repetidas “protestas de lealtad” de Orozco, éste sólo buscaba perjudicarlo para halagar “las malas pensiones de una clientela muy productiva para él”. Orozco le debía al ex jefe político 304 pesos 80 centavos por un negocio, y 100 pesos por otro, deudas que, de alguna forma, buscaba saldar con la demanda en su contra.564

Ante el juez de Alaquines, Wistano declaró que ya tenía alguna experiencia publicando “multitud de trabajos, unos científicos, político y literarios”, por lo que había revisado cuidadosamente si la demanda mencionada podía publicarse; y convencido de que no tenía nada ilegal, lo mandó imprimir.565 Y enseguida señaló que, si no era legal imprimir la demanda con los detalles del despojo, entonces ni siquiera podría haber demanda en ese sentido, ya que no se podría probar nada contra el agresor. Orozco reconoció haber pagado de su bolsillo a Manuel Esquivel, impresor de San Luis Potosí, la impresión de 300 ejemplares del folleto con la demanda. También reconoció que él mismo lo había distribuido entre abogados, jueces y “personas de consideración”.566 Pero aseguró no tener mala voluntad contra De la Torre porque él mismo había renunciado al poder de representación por “causa honestas”. En dos cartas dirigidas a Genaro de la Torre, Wistano le aseguró su amistad antes de proceder con la demanda de los Moctezuma.567

Como el juez de distrito de San Luis Potosí no le concedió la suspensión de actos,568 Orozco interpuso de inmediato el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. La Corte rápidamente se pronunció en el sentido de que el delito de difamación no tenía considerado una pena grave, por lo que tampoco se perseguía de oficio, de manera que el 12 de noviembre de 1906 se comunicó al juez de Alaquines que concedía la suspensión “para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el procedimiento”.569 Al día siguiente de su liberación, Orozco presentó ante el juez de distrito de San Luis Potosí un escrito con copias de algunas cartas que había dirigido al gobernador Espinosa y Cuevas, y al propio Genaro de la Torre, como parte de las pruebas en el juicio, además de pedir que se le hiciera un pequeño interrogatorio a éste último sobre las cartas.570 Al final de ese año, el abogado Miguel Bolaños Cacho publicó un brevísimo folleto titulado “Apuntes de alegato”, a favor de Orozco y su amparo.571

El juez de Alaquines presentó en diciembre de 1906 su alegato a la Suprema Corte, donde señalaba que la publicación del libelo de Orozco sí había sido hecha con dolo para perjudicar a De la Torre, porque dio a conocer a la opinión pública una demanda que no había probado nada; además, señaló que, si bien la censura contra los funcionarios públicos era un derecho de los ciudadanos para vigilar sus acciones, “el abuso de tal facultad con plena conciencia la convierte en el más odioso de los atentados anárquicos”. Además, según el mismo juez, los tres principios que regían toda la legislación penal eran “vida privada, moral y paz pública”, y habían sido ignorados por el litigante jalisciense, así que la libertad de imprenta que sancionaba el artículo séptimo constitucional no le daba derecho de publicar la demanda, pues, aunque no se debía castigar la publicación de opiniones ni la publicación de censuras contra los funcionarios públicos, “sí debe castigarse cuando maliciosamente es dirigido ese ataque o se pretende subvertir el orden establecido”.572

El discurso legal del magistrado de primera instancia resulta una interesante pieza retórica que retrata las ideas de la élite y deja ver algunos de sus temores en la etapa final del porfiriato: pasó del “dolo” como fundamento de la acusación de difamación para deslizar alusiones más graves y de evidente tinte político. Hablar de atentados anárquicos y de subversión del orden establecido no era gratuito ni descabellado en 1906. Así que, en la opinión del juez, en completa sintonía con las opiniones del abogado demandante y del jefe político de Ciudad del Maíz, en el asunto no estaba en juego nada más la reputación pública de un funcionario, asunto ya suficiente para castigar al difamador, sino que el orden social mismo quedaba en entredicho si se aceptaba que la demanda civil circulara libremente. No se trataba de justicia o injusticia, ni de despojos de tierras, robos o asesinatos; tampoco de si una demanda civil tenía implicaciones criminales; se trataba de la defensa de la honra de un funcionario, que implicaba la defensa misma del régimen político y del orden social.

Orozco refutó las posiciones de sus acusadores en un larguísimo “Alegato jurídico”, con fecha de 26 de marzo de 1907, en el que trató de racionalizar las acusaciones de que era objeto, para desmentirlas. Desechó la acusación de dolo porque era un asunto poco menos que imposible de demostrar, remarcó que había tratado amistosamente con De la Torre, por medio de algunas cartas “afectuosas” el asunto de las tierras y los despojos, y que en la última de ellas Orozco le hizo saber que dejaba de ser su representante o apoderado general, porque no podía estar de acuerdo en la forma en que llevaba el asunto de los Moctezuma. En cuanto a la publicación del folleto con la demanda o interdicto, no era un delito bajo ninguna normativa. En el mismo sentido, el artículo que publicó en El Diario del Hogar no era delito, ni se mezclaba con algún programa político, pero aunque así lo fuera, eso tampoco constituía delito o crimen, y por el contrario:

No creo que mis perseguidores hayan tenido más propósito al manosear ese artículo mío, que mezclar en el asunto un “Programa Político”, para lucir junto de él los cerrojos de una cárcel. ¿Qué tiene que ver el “Programa Político” de un partido legítimo con los despojos de tierras cometidos por Don Genaro de la Torre, y con la demanda civil en que se le reclaman esos despojos por los perjudicados?573

Finalmente, decir que la opinión pública no debía “administrar la justicia” era un argumento “desesperadamente tonto”. ¿De qué servían entonces tantos libros de jurisprudencia en las bibliotecas públicas y privadas, sino para “influir, formar, dominar la opinión pública”? escribió en un tono alterado. Por esa misma alteración, Orozco dejó entrever su opinión del régimen, que en verdad era “subversiva” si se entiende como su anhelo de cambiar un sistema político: perseguir las ideas era una “tiranía”, y por eso “el huracán de la libertad y del progreso, incubados, calentados y formados en el libro, el periódico, y la tribuna, es un delito que merece la cárcel de Alaquines según el criterio de Luis Gómez, y de Arturo Amaya. Herbert Spencer debió ser ahorcado, Mirabeau y Víctor Hugo debieron ser guillotinados!”.574 Libertad y tiranía quedaban contrapuestos como educación, jurisprudencia y divulgación pública lo estaban frente a los despojos, la persecución política y la cárcel, en un país donde predominaban los rasgos tiránicos. Orozco recalcó que el interdicto que interpuso en nombre de sus representados no era una “violación del orden social”, sino un recurso jurídico, legal, para pedir la restitución de las propiedades y evitar despojos y crímenes violentos, pues, de lo contrario, el derecho de propiedad y las “heredades” quedarían “a merced del que quisiera usurparlas”.

El 3 de abril de 1907, el juez de distrito de San Luis Potosí, Tomás Ortiz, falló a favor de Orozco y le concedió el amparo contra el auto de formal prisión del juez de Alaquines, al considerar que el supuesto dolo debía probarse antes de proceder a la prisión, porque el mismo juez de Alaquines señaló que existía “una presunción vehemente” del delito, “mas no una prueba”, además de que, como ya había señalado la Suprema Corte, el delito de difamación no ameritaba la pena corporal.575 Sin embargo, de forma sorpresiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló el 3 de diciembre de 1908 que no otorgaba el amparo a Wistano L. Orozco, ya que el juez de distrito, en su sentencia de 1907, se había anticipado a decidir sobre la existencia o no de dolo, punto que correspondía sólo al juez común, mientras que la publicación de escritos estaba limitada por el respeto a la vida privada, que era la causa de la demanda contra Orozco.576 Con este dictamen de tecnicismos, la Suprema Corte Federal dio la razón a los acusadores de Orozco, pues estableció que, por encima de los derechos y las leyes sobre libertad de imprenta, y sobre propiedad y posesión, estaba una supuesta inviolabilidad de la vida privada. Eso significó que la Corte supeditaba la esfera pública y el sistema jurídico liberal a consideraciones morales como el honor personal y la vida privada, lo que además instauró una jurisprudencia que sujetaba los procesos civiles por conflictos de posesión y propiedad de tierras a las consideraciones sobre valores altamente apreciados, y manipulados, por las élites.

Más allá de los tecnicismos jurídicos, es claro que la publicación de la demanda por parte de Orozco, convertido en un abogado demasiado “incómodo” para las élites, resultó intolerable para el terrateniente-funcionario, así como para los jueces locales y federales. Intolerable, porque dejaba al descubierto la naturaleza abusiva del régimen y las formas violentas e ilegítimas utilizadas por las élites. El caso muestra que, después de una serie de victorias legales en favor de los condueños Moctezuma, los terratenientes ya no estaban dispuestos a recibir nuevos reveses en los tribunales o fuera de ellos. En ese contexto, la sospecha de la subversión del orden establecido y de la anarquía fue un argumento clave, insufrible para los políticos, los latifundistas y los jueces, en tiempos de tensiones políticas y sociales crecientes en México. Orozco, probablemente exasperado por la prisión y la persecución, no pudo evitar deslizar algunas de sus ideas sobre la tiranía, con lo cual dio peso a los argumentos de sus antagonistas en ese aspecto. Escudados en la supuesta defensa de la vida privada y la honra de un funcionario, los adversarios de Orozco dejaron en evidencia que eran incapaces de soportar una opinión pública diferente a la que estaban acostumbrados, que ventilara los procesos litigiosos sobre la propiedad y que expusiera cómo usaban de las leyes y el aparato de justicia como instrumentos para afianzar su dominación.

Por si no bastara con el control de los aparatos de justicia, los antagonistas del apoderado de los Moctezuma recurrieron a la imprenta y a la opinión pública como armas de desprestigio contra quien se atrevía a retarlos. Esto es patente en la maniobra que Genaro de la Torre, o su abogado, o alguien muy cercano al jefe político, realizó para ensuciar la reputación de Orozco mediante la circulación, reservada, de una “hoja suelta” que refería sus problemas en Guadalajara en el año de 1885, como prueba irrefutable de las “malas pasiones” y “malas pensiones” que caracterizaban al jalisciense, y que se mencionaron durante el proceso judicial. Ese golpe moral se dio a mediados de 1906, y le perjudicó tanto que Orozco se vio obligado a publicar en septiembre de ese año un folleto con la explicación y respuesta:

Una mano aleve y desconocida para mí ha hecho circular durante los últimos tres meses, bajo sobre cerrado dirijido [sic] a las personas más caracterizadas del estado, UNA HOJA IGNOMINIOSA PUBLICADA CONTRA MI POR DON FERNANDO IBARRA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 8 DE JUNIO DE 1885. Ignoro quien habrá hecho la reproducción de dicha hoja; pero se comprende que esa cobardía procede de algún enemigo mío en este Estado, interesado vivamente en deshonrarme. Me pareció tan vil y miserable ese procedimiento, que había resuelto no decir una palabra sobre tal asunto; pero se ha continuado la tenebrosa tarea, y he creído al fin, que es conveniente a mi propio decoro explicar a los potosinos la Hoja de Don Fernando Ibarra, y arrancar del alma de mi encubierto agresor el gozo satánico que por tantos días ha saboreado, creyendo que me ha hundido con obsequiar a muchos ese ramillete de ultrajes confeccionado contra mí hace más de 20 años.577

Orozco dedicó ocho páginas del folleto a dar su versión de los pormenores del conflicto que tuvo en Guadalajara en 1885, dándoles un cariz a la vez de política local, de aventura juvenil, y de “ardor de pasiones enconadas”. El jalisciense trató de hacer gala de honorabilidad y buenos modales al señalar que no guardaba rencores personales contra sus enemigos políticos en aquel episodio, y destacó que ellos tampoco le guardaron ningún encono.578 Además, el abogado exoneró de cualquier responsabilidad sobre la infame hoja suelta al gobernador José Espinosa y Cuevas, y a su secretario, Francisco Noyola; y remarcó que no investigaría quién había hecho circular ese papel.579 Pero, ciertamente, el golpe contra su reputación estaba hecho; aquella hoja impresa y el modo en que fue distribuida debieron de ser muy efectivos, pues de lo contrario Orozco no se habría tomado el trabajo de desmentir públicamente el pasquín. La coincidencia de su aparición con la demanda de Genaro de la Torre debía haberlo puesto sobre aviso de que ya no sería bienvenido en algunos círculos políticos y sociales, y de que sus enemigos usarían cuanto recurso tuvieran a su alcance para derrotarlo en los tribunales, meterlo a la cárcel y destruirlo socialmente. A partir de 1906, Wistano L. Orozco y sus clientes llevarían las de perder al enfrentar en juicio a un miembro de las élites políticas y económicas. Veamos ahora el segundo caso que involucró al arriesgado abogado.

LAS COMUNIDADES DEL PARTIDO DE HIDALGO

Las inquietudes por las propiedades de las tierras también se dieron entre lo que quedaba de las comunidades indígenas del partido de Hidalgo, en un tiempo en el cual los políticos amenazaban con hacer y deshacer casi a su antojo, cuando los pequeños y medianos propietarios apenas podían sostener una defensa legal, mientras que la ley prácticamente no les dejaba a las comunidades espacio de maniobra para su defensa. Como se verá enseguida, los líderes de las comunidades siguieron usando el argumento de su origen y carácter indígena, aunque para los comienzos del siglo XX era contraproducente sostenerlo. Entretanto, continuaron recurriendo a los recursos legales que pensaron podían usar. Esto en sí no tenía nada de extraordinario; ya se ha dicho que los diferentes actores rurales, incluidos pueblos y comunidades indígenas, encontraron, en diferentes partes del país, variadas e ingeniosas formas de hacer frente a los cambios legales y las presiones sobre sus tierras en la segunda mitad del siglo XIX.580 El objetivo era “negociar con el Estado mexicano hasta donde fuera posible el mantenimiento de sus bienes, formas de vida y representación política, es decir, una cierta autonomía que les permitiera mantener el control comunal de sus recursos”.581

En otro trabajo he señalado algunas de las estrategias utilizadas por los líderes de esos pueblos de la zona Media potosina para enfrentar el embate de las leyes liberales y de los poderosos latifundistas, entre 1855 y 1900.582 En la vecina Huasteca potosina, el pueblo de Tamazunchale incluso había acudido al presidente Porfirio Díaz para que interviniese en su favor y detuviese la “expropiación” de sus tierras, en 1897. En aquella ocasión el general Díaz apoyó abiertamente las peticiones de los indígenas incluso ante el gobernador potosino Carlos Díez Gutiérrez.583 Así que, dado el protagonismo victorioso de Wistano L. Orozco en la defensa de los condueños Moctezuma, era cuestión de tiempo para que aquellas comunidades en el partido de Hidalgo acudieran a él en busca de sus servicios legales.

Los primeros en buscar al abogado originario de San Cristóbal de la Barranca fueron los representantes de la comunidad del pueblo de Santa María Acapulco, pequeña localidad situada en el extremo sur del estado, muy cerca de los límites con Querétaro. Habían conseguido que el director del Archivo General de la Nación les diera copia certificada de los títulos de las tierras del pueblo. Desde mediados del siglo XIX, era un procedimiento común que los pueblos de todo el país buscaran en el Archivo General los papeles coloniales que ampararan la posesión de sus tierras, o bien que acudieran al repositorio para que les tradujeran los documentos que ellos resguardaban.584 Las compulsas emitidas por el Archivo tenían carácter legal “en todos los tribunales, juzgados y oficinas de la república”.585 En el mencionado caso de Tamazunchale de 1897, los representantes del pueblo no sólo se entrevistaron con Porfirio Díaz, sino también buscaron y obtuvieron copias certificadas de los títulos que amparaban sus tierras.586 El documento dado a los representantes de Santa María Acapulco era una copia de una composición de tierras del periodo colonial mediante la cual se le reconocía al pueblo la propiedad de una merced o concesión real, fechada el 30 de octubre de 1696, a cargo del juez privativo de composiciones de tierras, Francisco de Valenzuela y Venegas.587

Lo cual consta por el título que acompaño en veinticuatro 24 fojas útiles debidamente timbradas, expedido por el Director del Archivo General y público de la Nación, en la Ciudad de México a 24 veinticuatro de noviembre de 1903 mil novecientos tres; cuyo documento esta cuidadosamente encuadernado, y a fin de que no sufra maltrato, y por razón de su importancia, pido se me devuelva.588

De esa forma, los representantes tenían un documento con el cual comprobar que las tierras del pueblo, legalmente amparadas por la merced real, habían sido “cercenadas” en la segunda mitad del siglo XIX, hasta por tres sitios de ganado mayor y menor, por Antonio Arguinzóniz, por el general Rafael Olvera y su hermano Gregorio. Antonio Arguinzóniz podría ser caracterizado como un “junior porfiriano”, similar a su contemporáneo el gobernador de Morelos, Pablo Escandón; en tanto que Olvera fue un cacique regional muy cercano a Manuel González.589 Otros propietarios que supuestamente les habían quitado tierras de forma ilegal eran Higinio Landaverde, Gregorio Pérez y Justa Valderas. Así que, asesorados por Wistano L. Orozco como su apoderado general, Pascual Rodríguez, Basilio Montero y Magdaleno Morales, como representantes del pueblo, promovieron un juicio de apeo y deslinde “preparatorio de una acción reivindicatoria de dominio”, el 8 de julio de 1905.590

En la solicitud correspondiente, Orozco señaló que “mis poderdantes forman lo que se llamaban antiguamente ‘el gobernador, alcalde, común y naturales del pueblo de Santa María Acapulco’”.591 Resaltó además que el pueblo no había perdido “la personalidad jurídica con que fue constituido al tiempo de su fundación” porque no se había disuelto ni sus tierras habían sido repartidas.592 El experimentado abogado, usando como herramienta una figura con validez jurídica, les llamó en aquella solicitud como condueños proindiviso de las tierras del pueblo de Santa María Acapulco. Además, describió que en 1872 los vecinos de Tancoyol acordaron con los de Santa María Acapulco el reconocimiento de sus colindancias, lo que dejaba en claro el derecho de propiedad de los condueños. Finalmente, las tierras de Santa María Acapulco habían sido denunciadas como baldías por la compañía deslindadora Rafael García Martínez y Socios en 1894, pero ese denuncio fue declarado desierto por el juez de distrito de San Luis Potosí.593 Estas acciones legales estaban fuera de lugar desde la Ley Lerdo de 1856, y la Suprema Corte de Justicia así lo entendía desde 1882. Sin embargo, hay que considerar que en mayo de 1901 se había reformado el artículo 27 de la Constitución para permitir que las corporaciones civiles pudieran adquirir y administrar bienes inmuebles, lo que daba pie a interpretaciones legales sobre las corporaciones, entre las cuales estarían los pueblos, que así podrían sustentar sus reclamos sobre tierras.594

A pesar de los argumentos de Orozco, rápidamente, en julio de 1906, el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí declaró en segunda instancia “que las comunidades de indígenas han desaparecido legalmente y no pueden constituir un apoderado que las represente; y que en cuanto a sus bienes actuales, como agrupaciones de hecho sólo pueden ser representadas por los síndicos de los ayuntamientos”.595 Habían promovido la solicitud contra Gregorio Olvera, el hermano del cacique Rafael Olvera que fue representado por el abogado y miembro de la élite potosina Mariano Palau.596 La relampagueante decisión judicial les hizo sentir que quedaban “a merced de la codicia y rapacidad de sus vecinos opulentos”. Por si no fuera suficiente con el revés en el tribunal, el jefe político del partido de Hidalgo, Mariano Zúñiga, les hizo sentir las represalias de la élite. No les permitió elegir libremente sus regidores y síndicos para el ayuntamiento del municipio de Santa Catarina al que pertenecían; además, se hizo acompañar de gente armada para deshacer la elección,597 realizar otras para nombrar síndicos y regidores entre los sirvientes del senador Arguinzóniz, hacer que los hombres trabajaran un mes en la obra material de la iglesia de Santa Catarina y aplicar multas varias. Aparentemente, el gobernador del estado, José María Espinosa y Cuevas, canceló las penas, mientras los representantes indígenas solicitaron a la justicia federal que les amparase contra la sentencia de la corte estatal. Sin embargo, el juez de distrito de San Luis Potosí, Tomás Ortiz, sencillamente se negó a dar entrada a la solicitud de amparo. Los representantes de Acapulco se quejaron amargamente: “Así pues, desde el juez de distrito y la legislatura del estado, hasta los síndicos municipales de Santa Catarina, no tenemos en esta Entidad federativa sino elementos de muerte con quienes tropezar en nuestra vida civil”.598

Sin embargo, los representantes de Acapulco no se rindieron; después de todo, el pueblo llevaba casi tres siglos luchando por defender sus tierras. Otras localidades vecinas de Santa María Acapulco con situaciones similares habían intentado arreglar también la situación legal de sus tierras desde mediados del siglo XIX de manera conjunta o en lo particular, con resultados generalmente desfavorables,599 por lo cual sus líderes también buscaron al jalisciense para que los asesorara jurídicamente. Así, en julio de 1906 los “cabezas de familia de las comunidades de Santa María Acapulco, San Antonio de los Guayabos, La Palma, Gamotes y Lagunillas”, junto con otros “cientos” de vecinos de esas localidades, tanto indígenas como mestizos, le solicitaron formalmente su asesoría legal. Le plantearon sus problemas y lo convencieron de tomar su caso. Recuérdese que esto sucedía a mediados de 1906, cuando ya pesaba sobre Orozco un proceso por difamación, y cuando su reputación había sido dañada por la “hoja suelta”. Se podría pensar que el abogado tenía suficientes problemas como para ya no tomar más asuntos complicados, en especial uno que señalaba directamente a otro poderoso político y miembro destacado de las élites potosinas. Justo entonces, Arguinzóniz se enteró de que el jalisciense tomaba la representación de las comunidades, seguramente avisado por quienes eran sus clientes políticos o por aquellos que trabajaban para él en los pueblos. Al encontrarlo en la Ciudad de México el 16 de julio, “en los bajos del hotel San Carlos”, el senador amenazó o retó al abogado “a un lance de armas”.600 Tal vez ese altercado público fue la razón que decidió a Wistano L. Orozco a seguir con la representación que se le ofrecía.

MAPA 7. ZONA MEDIA Y HUASTECA, 1894.

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra 7376-CGE-7242-A-1.

Bajo su consejo y dirección, los líderes comunitarios firmaron de manera conjunta, el 1 de septiembre de 1906, un ocurso o memorial que resumía los agravios padecidos en el curso de los años, pero acentuados principalmente por la acción del senador Antonio Arguinzóniz, como propietario del predio llamado Tanlacú. El propósito era recabar los testimonios y enviarlos en un solo documento a Porfirio Díaz. En el documento, cada líder o representante de comunidad siguió un guión argumental similar: establecer el origen colonial de sus derechos por las tierras, con sus colindancias “originales”, y después trasladar al siglo XIX los problemas de despojo y violencia que denunciaban.601

La primera comunidad que aparece en el ocurso es, por supuesto, Santa María Acapulco, pequeña localidad fundada en el siglo xvii como visita de la misión franciscana de Tanlacú.602 Sus representantes citaron la mencionada merced de tierras de 1696 de una concesión “perfecta y bien definida” con sus colindancias: “Al norte, concesión al pueblo de Lagunillas; al oriente, concesión real a la estación de Tampot, hoy Tanlacut; al sur, concesión al pueblo de San José del Sáuz; y al poniente, con la concesión de Concá y Lagunillas”.603 Los firmantes señalaron que las tierras de la merced real habían sido “cercenadas” en la segunda mitad del siglo XIX, hasta por tres sitios de ganado mayor y menor, por Antonio Arguinzóniz y por Rafael Olvera (“hombre poderoso en la Sierra de Jalpan”) y su hermano Gregorio. Describieron con detalles cómo los representantes del pueblo habían promovido un juicio de apeo y deslinde, asesorados por Wistano L. Orozco, como su apoderado general, “preparatorio de una acción reivindicatoria de dominio”, el 8 de julio de 1905.604 Finalmente, también describieron la descalificación de su solicitud de apeo, y el rechazo de jueces y tribunales a sus peticiones de 1905, todo lo que ya he descrito páginas atrás.

La siguiente comunidad en el ocurso es San Antonio de los Guayabos, pequeño pueblo ubicado unos pocos kilómetros al norte de Santa María Acapulco, e igualmente fundado en el siglo XVII como misión franciscana. Sus representantes citaron la merced de tierras que fue dada por el mismo Francisco de Valenzuela y Venegas en ese 1696 para un terreno de ocho leguas de circuito, aunque equivocadamente lo llamaron virrey.605 Ese documento probablemente fuera algún título de composición de tierras similar al mencionado por Santa María Acapulco, pero, como prueba jurídica en defensa de sus tierras, era perfectamente válido. Según los representantes de la comunidad “Nosotros y nuestros causantes habíamos disfrutado pacíficamente nuestras tierras hasta el año de mil ochocientos noventa y siete, en cuyo tiempo el Sr. Senador D. Antonio Arguinzóniz nos despojó de toda nuestra propiedad”.

Me detengo en los pormenores de la situación que se había desarrollado en Guayabos por una década. El problema principal fue que el Ministerio de Fomento había otorgado al senador Arguinzóniz “una declaración” oficial, en 1897, en la que señalaba que los terrenos conocidos como Tampot no tenían baldíos, huecos ni demasías. En ese mismo tenor, el juez de distrito de San Luis Potosí también le otorgó al senador la posesión de las tierras desde 1896.606 Con esos documentos, Arguinzóniz le pidió al juez de distrito, “en jurisdicción voluntaria”, que le diera posesión solemne de esas tierras; por supuesto, con ese reconocimiento incluyó terrenos que en Guayabos consideraban suyos. Los poseedores y antiguos propietarios se opusieron a lo que consideraron un despojo, y el problema comenzó a subir de tono; encabezados por su apoderado, Felipe Castillo, se organizaron e incluso hicieron circular hojas donde señalaban que el presidente municipal de Santa Catarina, de apellido Bandín, “tiene compromiso con el señor Arguinzóniz en darle las expresadas tierras”.607 Bandín temía por su vida, y así lo hizo saber al jefe político de Alaquines, Leandro Morales. Éste reunió en su oficina a los líderes de los inconformes y al propio Arguinzóniz para calmar las cosas; y aunque no hubo acuerdo alguno, los ánimos se apaciguaron de momento.608 Se dijo que incluso el senador y los inconformes “tuvieron una conferencia con el general Díez Gutiérrez” para buscar un arreglo,609 aunque tampoco se lograra avance alguno. Enseguida, Arguinzóniz envió al ingeniero Ignacio Castro y a un señor Andrade, empleado suyo, a medir los terrenos que le habían sido reconocidos de forma oficial, por lo que los afectados le pidieron al juez del municipio de Santa Catarina que “mandara suspender la mensura”, a lo cual no hicieron caso ni Andrade ni Castro.

No sabemos si al tiempo de suspenderse el procedimiento o porque no haya sido obedecida la orden del juez de la villa de Catarina, en cuya municipalidad están los terrenos, los vecinos de aquellos rumbos se reunieron y se amotinaron para impedir que se les despoje de lo que ellos creen es su propiedad. Andrade fue lanzado de los terrenos juntamente con el ingeniero Ignacio Castro, que practicaba la medida, y la gente que los acompañaba que era un buen número de personas; haciéndose el escándalo consiguiente.610

A pesar de este escándalo, Arguinzóniz consiguió, el 16 de julio de 1897, que el juez de primera instancia de Alaquines decretara el lanzamiento de los habitantes de las casas y terrenos comprendidos en lo que reclamaba como su propiedad.611 De acuerdo con los afectados, además de Arguinzóniz, estaba involucrada la señora Trinidad Rodríguez de la Torre (esposa de Genaro de la Torre). Los afectados ocupaban terrenos de la llamada fracción de Guayabos y el rancho de Tanlacut desde 1858. El senador por Querétaro utilizó gente armada para amenazar a los que se opusieron a ese abuso; y con el contubernio de los jueces locales, mandó encerrar a varios de ellos en la cárcel de Alaquines o en sus propias casas.612 Más allá de las exageraciones vertidas por un lado y otro, el procedimiento descrito es muy similar a lo que hizo el diputado Agustín Ortiz cuando quiso apoderarse de las tierras de los Moctezuma. El abuso de autoridad y el recurso a la violencia legal e ilegal no eran raros, eran parte del repertorio de herramientas a la mano de las élites terratenientes. Ahora bien, ni las crónicas periodísticas ni los informes documentales de ese pleito, de 1896-1897, hacen referencia de la gente de Guayabos como indígenas, ni de una organización comunitaria que los aglutinara. Se mencionaron apoderados y líderes, pero nada más. Hay que notar también que los afectados por las maniobras de Arguinzóniz pertenecían a sectores bien definidos dentro de Guayabos y no incluían a toda la población. No es posible saber si los quejosos de 1906 eran los mismos de 1896, pero no dudaron en recordar esos episodios.

Vuelvo al documento de 1906, cuya resentida narrativa continuó con el pueblo de Gamotes, otra antigua misión franciscana conocida en tiempos coloniales como San Felipe de los Gamotes. Sus representantes también citaron una merced real del mismo año 1696, por “un terreno de cuatro leguas en cuadro más que menos”. Como es evidente, la composición de tierras que realizó Valenzuela y Venegas en 1696 incluyó a varias de las misiones franciscanas y sus visitas, presionadas en aquel momento para defender sus tierras frente a los estancieros de la época. En el siglo xvii, los pueblos de indios no estaban obligados a componer sus tierras y sus títulos, pero la necesidad les impulsó a aprovechar aquella oportunidad abierta por la Corona.613 Si bien en el memorial sólo se denuncia a los dueños de la hacienda Estancita, quienes en algún momento del siglo XIX arrendaron la parte norte de las tierras, y “bajo ese pretexto avanzaron hasta apoderarse de la mayor parte de nuestras posesiones, usurpaciones que calculamos en tres sitios de ganado mayor”.614

Por su parte, los representantes de la comunidad de Lagunillas citaron una concesión a la Misión de San Antonio de Lagunillas, por cuatro sitios de ganado mayor, dada por el virrey conde de Galve en 1692.615 Luego denunciaron que los dueños de la hacienda de Tampot o Tanlacut, encabezados por un señor llamado Florencio Ortiz, invadieron “de manera violenta la parte SE de nuestras tierras”, quitándoles el sitio conocido como Carrizal Grande. Aseguraban, además, que otra porción de tierras les fue quitada posteriormente por Arguinzóniz, en 1897. En ninguno de esos casos señalaron la extensión de tierras que les fue afectada.616

Los últimos en aparecer en el documento fueron los representantes del pueblo de La Palma, que citaron otra merced dada por el conde de Galve, pero además refrendada en 1696, que había otorgado “como diez sitios de ganado mayor” a la misión de San Francisco Escojhoaa (su nombre original en lengua pame). Al igual que los de Gamotes, ellos también acusaron a los dueños de la hacienda Estancita de apropiarse de las tierras del lado poniente “en tiempos de revolución”, y a un Lic. Manuel Medina de tomar otra gran área de terreno en nombre del expresidente Manuel González y con gente armada.617 Aseguraban que se había presentado una reclamación judicial en la que fueron representados por Vicente Salazar por diez años, pero sin ningún resultado. Se quejaron de manera amarga y elocuente:

Hemos sido despojados de nuestros bienes por hombres opulentos y poderosos, y tenemos de hecho, cerradas todas las puertas en el Estado para reclamar nuestros derechos y reivindicar nuestras tierras, pues el Supremo tribunal de Justicia por la sentencia que dictó su 1ª Sala en 23 de julio último, nos reduce a la condición de cosas ilotas o parias puestos fuera de los derechos civiles o concedidos a los demás hombres.618

Ésa fue la exposición colectiva de los representantes de las comunidades en el memorial, asesorados por el único abogado que se atrevió a tomar su representación en tan complicados reclamos. El escrito fue redactado por Orozco, quien estaba convencido de enviarlo a la presidencia con la esperanza de que Porfirio Díaz, como primer magistrado de la nación, lo leyera y se animara a intervenir. El memorial revela una narrativa comunitaria de principios del siglo xx, mezclada con la perspectiva jurídica de un abogado católico inmerso en las ideas de su época. Cuando los representantes se hacen oír en el texto, éste abreva de perspectivas indígenas ancladas en la memoria colectiva de cada comunidad. Memoria basada en las concesiones coloniales hechas por reyes, virreyes y jueces de composición, que repetía en cada caso que las tierras habían estado en una posesión pacífica por siglos, y que subrayaba los violentos despojos ocurridos en las últimas décadas, además de poner de relieve la indiferencia o la franca actitud hostil de los jueces contemporáneos. Pero el memorial también es un texto político de reivindicación de sus derechos, y un llamado colectivo a Porfirio Díaz para que interviniera paternalmente en su favor.

Llevados hasta un grado tan cruel y profundos los padecimientos de toda una raza no nos queda otra esperanza de verlos remediados por los senderos de la Paz, que el que nuestro digno Presidente de la República, en ejercicio de un poder más alto que el de todos los ricos que nos han despojado y que el de todas las autoridades que nos han menospreciado, tenga a bien extender a nuestro favor su mano paternal y bienhechora.619

Los líderes comunitarios pedían al presidente que ordenara al Ministerio de Fomento nombrar un ingeniero que constara que los títulos primordiales efectivamente se referían a las tierras reclamadas. Y que, con el reconocimiento y el deslinde adecuados, se declarasen las tierras como propiedad de las comunidades, “sin perjuicio de tercero”. Los firmantes también pedían que se nombrara un juez de distrito en San Luis Potosí que no estuviera ligado a los hacendados, ni que tuviera una actitud antiindígena:

A Ud. Señor Presidente de la República muy atentos y sumisos suplicamos que: en uso de las facultades que le otorgan la fracción primera artículo 85 de la Constitución Federal y de más disposiciones generales de esta índole se sirva:

PRIMERO. Disponer que la Secretaría de Fomento nombre directamente un ingeniero que a nuestra costa verifique sobre el terreno la aplicación de nuestros títulos, con las solemnidades debidas. Hecho lo cual se digne Ud. Declarar, sin perjuicio de tercero, que las tierras así deslindadas y amparadas por nuestros títulos son de nuestra legítima propiedad.

SEGUNDO. Proveer lo conducente a que se nombre para San Luis Potosí, como Juez de Distrito un varón ilustrado y recto que en los juicios de oposición nos administre justicia como a los demás ciudadanos y no tenga ligas con los grandes hacendados, ni odios y pasiones comprobados contra la infortunada raza indígena.

TERCERA. Tener a bien recomendar nuestra causa y derecho al amparo y protección del honorable y digno gobernador de ese Estado.620

Las peticiones parecen seguir el exitoso antecedente de Tamazunchale en 1897, pueblo escuchado y apoyado por Porfirio Díaz. Además, Orozco ya había acudido antes a solicitar la intervención directa del general Díaz, con resultados igualmente favorables, por lo que debió de suponer que ésa podría ser la mejor forma de que se escucharan los reclamos de las comunidades, pasando por encima de las barreras levantadas por jueces y tribunales en San Luis Potosí, y por sobre las élites, en especial el senador Arguinzóniz. Recuérdese que era imposible intentar tramitar un amparo federal, ya que el juez de distrito ni siquiera quiso considerar el caso de Santa María Acapulco como condueñazgo. Pero, por otro lado, a pesar de tales antecedentes y de las experiencias anteriores, Orozco reconoció las dificultades que implicaba enviar el ocurso al presidente, por lo que lo tuvo guardado un mes completo mientras reflexionaba en sus alcances y se decidía qué hacer. Una cosa era solicitarle a Díaz que obligase a jefes políticos, jueces o ministros de su gabinete a observar y cumplir las leyes, y otra muy diferente pedirle que favoreciera a unos indígenas que se presentaban como comunidades y denunciaban a un político poderoso. Además, a pesar de ciertos casos, como el de Tamazunchale, el paternalismo no era el rasgo general de las acciones y decisiones del presidente con respecto a los grupos indígenas o sus comunidades.621 Finalmente, el abogado envió el ocurso con los argumentos de que las tierras reclamadas eran bienes proindiviso,622 y de que el memorial era un “documento de estado”.

El problema fue que, cuando el memorial llegó a Díaz, una copia del documento fue enviada a la Secretaría de Fomento, y desde allí se le dio aviso de inmediato al senador Arguinzóniz, además de una copia certificada del texto incómodo.623 Orozco subrayaba el hecho de que todavía no había recibido respuesta a su solicitud, pero que el senador, pasando por encima de la autoridad del presidente Díaz (que lo debía tener bajo “su privativo conocimiento”) y de los jueces de la Ciudad de México, presentó ante el juez de primera instancia de Alaquines la acusación por difamación o calumnia, para que fuera castigado en San Luis Potosí. No le sorprendía a Orozco que el juez de Alaquines, Luis G. Gómez, de inmediato (25 de febrero) librara la orden de prisión en su contra. Era la segunda orden en su contra en tan sólo medio año, pero Wistano Luis Orozco ya no se encontraba en San Luis Potosí, estaba en la capital de la república.

El senador Antonio Arguinzóniz acusó a Orozco de haber instigado a los indios a involucrarse en semejante asunto, así como de escribir el ocurso completo e inventar todo su contenido. La fabricación de documentos apócrifos que aparentaban tener origen colonial y que, como títulos primordiales, daban sustento a los reclamos de diversas comunidades sobre derechos sobre tierras, era una actividad lucrativa en la época.624 De manera que era razonable acusar a Orozco de inventar toda la información del memorial, aunque hacerlo resultaría bastante difícil. Conocer las fechas y nombres del periodo colonial y las fechas y nombres del siglo XIX ya sería bastante complicado, pero darles una apariencia de veracidad implicaría un trabajo de investigación de muchos años. Además, una falsificación hubiera puesto en peligro su carrera legal y, obviamente, su libertad.625 Por otro lado, también es posible que los indígenas inventaran todo, como argumentó el propio Orozco en su defensa:

Por los mismos términos y naturaleza del escrito de que se queja don Antonio Arguinzóniz, se comprende que no puedo yo ser responsable de la narración de los hechos; sino únicamente de su aplicación legal como Abogado. – Yo no presencié el despojo de Guayabos, ni puede haber dicho esto en su queja el señor Arguinzóniz; así es que dejé la palabra a los reclamantes, y bajo el informe de 300 hombres que se quejan al señor Presidente de diversos despojos, formulé yo su Memorial, que bajo el supuesto de ser ciertos los hechos alegados, es enteramente justificado.

No es natural que tantos hombres me hayan engañado; pero si así lo hicieron, ellos serán los responsables de su informe sobre los hechos; pero a mí, solo se me puede reclamar la aplicación del derecho. ¡Dónde iríamos a dar los abogados, si tuviéramos que responder de los hechos alegados por nuestros clientes!626

Es decir, que si bien fue el propio Wistano L. Orozco quien redactó el memorial, al historiador le es posible distinguir en el documento las voces de los representantes de los pueblos, y una estructura narrativa que conjunta hechos, datos y acontecimientos del periodo colonial y del siglo XIX en torno a las tierras que consideraban suyas. Además, aparte de la narrativa, está el hecho de la existencia de los títulos de las tierras, o por lo menos de las concesiones o mercedes reales, algunos de ellos expedidos por el Archivo General de la Nación, como el de Gamotes, por lo que tenían un carácter de documento legal certificado.627

Volviendo con el amparo, el apoderado de los representantes de las comunidades señalaba en su solicitud de 4 de marzo de 1907 que el mismo Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí indicaba que sólo el juez de un territorio era competente para conocer de un delito cometido en ese mismo territorio, pero el pliego del memorial fue abierto en la capital de la república, no en San Luis ni en Alaquines, por lo que no le correspondía a ningún juez local o estatal aceptar la demanda de difamación. Además, para que existiera el delito de calumnia o difamación, era necesario, de acuerdo con la ley, que se comunicase dolosamente a una o más personas un hecho que pudiese causar deshonra, perjuicio o descrédito. Pero esa intención dolosa

no puede existir en las reclamaciones civiles presentadas ante una autoridad competente, cuando los hechos alegados son el fundamento mismo de la reclamación o de la acción que se ejercita; de otra manera, toda reclamación por hechos graves del demandado o del reclamado sería imposible, y todos los despojos violentos, todos los fraudes, todas las estafas, todas las usurpaciones, el robo mismo, quedarían santificados y se desquiciaría el orden social.628

Además, insistía en que el ocurso presentado ante Porfirio Díaz no tenía por objeto deshonrar a Arguinzóniz, sino que, por medio de la intervención presidencial, se reivindicara la posesión y propiedad de unos terrenos de los que estaba señalado el senador haberlos adquirido por medios ilegales y violentos. El objeto de la reclamación jurídica no era la persona del senador, sino los terrenos supuestamente usurpados. Orozco continuó su argumentación con base en el Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí, y en los artículos 14 y 16 de la Constitución. En todo caso, si alguien o algunos debían ser responsables de los hechos descritos en el documento, entonces ésos eran los jueces y las autoridades que ayudaron a Arguinzóniz, no el senador mismo, y por eso eran improcedentes sus quejas, y los procedimientos del juez de Alaquines. Insistió el acusado, hasta la desesperación, que no podía existir difamación en un documento con carácter de solicitud o reclamación civil ante una autoridad competente, ni tampoco podía haber presunción de dolo en tanto no se le interrogara sobre los propósitos del ocurso. No era un proceso llevado ante un tribunal ni tampoco era un proceso de orden penal, por lo que no podía sustentarse ni la difamación ni la calumnia.629

Para dar mayor peso a la acusación, se dijo durante el proceso judicial que Orozco había falsificado las firmas de varios de los individuos que aparecían en el memorial. Él refutó esto señalando que las firmas estaban tal cual en el escrito original, que estaba en poder del presidente de la república, y que esas firmas habían sido puestas por los hombres que dictaron los hechos relatados, quienes además escucharon dos veces la lectura del memorial antes de acordar proceder a su firma.630 Poco después, el juez de Alaquines señaló que los artículos constitucionales y leyes citados por Orozco y los indígenas (artículo 85 constitucional, artículo 38 de la ley sobre terrenos baldíos y artículo 46 de su reglamento) eran inaplicables a los derechos reclamados por los representantes de las comunidades. Además, solicitar la intervención presidencial era una inconsistencia. En otras palabras:

Tal petición plagada de imputaciones difamatorias, no se le encuentra más objeto que el desprestigio de las personas a quienes hace referencia, de donde nace la presunción de dolo; en consecuencia, estando probado el cuerpo del delito, según la copia del repetido documento que ha motivado esta querella, y habiendo presunciones de que su actor lo sea el señor Lic. Wistano L. Orozco, según información del testigo Vicente Salazar.631

Se citaron a varios de los firmantes a declarar ante el juez. Algunos se desdijeron de todo lo escrito, otros aceptaron haber firmado el ocurso, pero solamente en lo relativo a lo que sabían de sus comunidades, deslindándose de lo que se decía de los otros pueblos. Por ejemplo, Serapio Solís, un labrador del rancho Epazote en Lagunillas, testificó ante el juez de primera instancia que sostuvo una conversación con el apoderado de Lagunillas, Pablo Martínez, y que éste traía un ocurso igual al hecho por Wistano L. Orozco:

y que iba al señor presidente de la República con objeto de que nos volvieran los terrenos que hace tiempo venimos reclamando sin resultado; yo que he visto que todos nuestros esfuerzos han resultado infructuosos para conseguir lo que deseamos y que estimé imposible dirigirme a una personalidad de tal naturaleza, y a la vez eficaz su intervención, convine en firmar al día siguiente como en efecto lo hice al día siguiente en los bajos de la casa del Lic. Orozco, en donde se firmaba el ocurso.632

Pero a pesar de que éste y otros testimonios similares confirmaron los dichos de Orozco, de que el memorial recogía los reclamos de cada comunidad mencionada, y de que tenía como objetivo el tratar de recobrar las tierras en cada caso, para lo cual mencionaban los nombres de diversos propietarios involucrados, no sólo a Antonio Arguinzóniz, el juez de distrito de San Luis Potosí no concedió la suspensión de la orden de aprehensión contra el jalisciense. Orozco, prudentemente, ya no regresó al estado potosino, por lo que su esposa, Teresa Sánchez, debió presentarse personalmente al juzgado de distrito en la capital potosina para representar los intereses de su marido, desde el 11 de marzo de 1907.633 Fue ella la que interpuso el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 19 de marzo de 1907. El 26 de abril de 1907, la Corte decretó por unanimidad de votos que no suspendían los actos del juez de Alaquines.634 De nuevo y de forma consecutiva, se negaba el amparo a Wistano L. Orozco. Lejos habían quedado los días de los sonados triunfos legales.

En el ámbito estatal, el 19 de julio el fiscal de distrito señaló que el juez de Alaquines era competente para seguir el proceso contra Orozco, y que para proceder contra el delito de difamación sólo se necesitaba la sospecha de delito para proceder, de modo que recomendaba que no se le concediera el amparo al abogado.635 En consecuencia, el 27 de julio de 1907 el juez de distrito, Tomás Ortiz, señaló que el abogado acusado “no sólo elevó una solicitud infructuosa plagada de imputaciones deshonrosas contra su enemigo, sino que obró por sí y ante sí, según los testigos; y esto suministra vehementes indicios de la existencia del dolo, o sea, el ánimo de producir mal, y tales elementos se han tenido en cuenta para decretar la captura del autor de su producción”.636 Todo el procedimiento del juez de Alaquines quedaba justificado y, por tanto, la justicia federal no amparaba a Orozco.637

Otra vez fueron los tecnicismos legales mediante los que se aplicaron de forma selectiva diversos artículos constitucionales y de los códigos vigentes los utilizados para desechar argumentos de defensa de quienes se decían despojados de tierras por un poderoso político. En ambos casos, la Corte dio mayor importancia a la supuesta difamación contra una persona pública, un funcionario. Es decir, técnicamente hablando, las resoluciones de este tipo eran perfectamente legales y legítimas, impecablemente fundamentadas con las leyes vigentes, pero, como ya ha señalado Romana Falcón,638 fueron producto de una perspectiva legalista-positivista de interpretar tanto documentos jurídicos como reclamos que, entre otras cosas, tiende a oscurecer los constreñimientos socioculturales involucrados, las perspectivas de intereses desde las que se movían los actores, así como las dinámicas sociales y políticas de la época que incidían en sus acciones. En el proceso de construcción del Estado porfirista, comunidades, pequeños propietarios y abogados buscaron incidir en las formas de resolución de conflictos, así como atemperar los abusos de las élites, pero con escaso éxito. De esa manera, las élites impusieron su manera de entender las leyes, los derechos, la justicia, la propiedad, la opinión pública y los valores aceptables; y con ello, minimizaron y descalificaron demandas y reclamos de los directamente afectados, por la propia naturaleza de los documentos.

COLOFÓN

Doblemente amenazado con la cárcel, Wistano Luis Orozco volvió a vivir en 1906-1907, como un amargo déjà vu, los tiempos angustiosos de su salida de Guadalajara en 1885, cuando debió escapar de la sentencia de presidio. De alguna manera, el abogado caído en desgracia consiguió alejarse de sus poderosos enemigos y de las autoridades potosinas, y literalmente desapareció del horizonte público por un tiempo. En los archivos aparece de nuevo un registro a su nombre en abril de 1910, cuando ya estaba de regreso en Guadalajara, donde fue postulado y nombrado juez suplente del juzgado de distrito de Jalisco, cargo que ocupó a partir de julio de ese año.639 Orozco fue juez suplente de distrito varias ocasiones. Mientras tanto, se envolvió en nuevas polémicas y alcanzó a publicar otro libro.640 Pero el porfiriato había terminado, y con él también llegó a su fin la época de más intenso protagonismo del oriundo de San Cristóbal de la Barranca. Al parecer, durante la Revolución volvió a caer en la cárcel de Escobedo en Guadalajara, y debió escapar otra vez a San Luis Potosí, y luego a Tampico. Pero todo ello fue, probablemente, a causa de las actividades revolucionarias en que se involucraron sus hijos.641

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES FINALES

A lo largo de casi treinta años como abogado y “escritor público”, Wistano Luis Orozco buscó expresar públicamente sus opiniones por medio de notas periodísticas, editoriales, folletos y libros. Desde sus primeros días como abogado en Guadalajara, provocaba el debate de ideas, aunque eso significaba ganarse enemigos y provocar escándalos. De fuertes convicciones sobre lo que debía ser la justicia, el derecho y el honor personal, además de su acendrada fe, y que discrepaban de las ideas y de las prácticas políticas prevalecientes, era de esperar que se granjeara antagonistas entre los políticos y los funcionarios públicos. Publicar opiniones, así como sentencias judiciales, era una tendencia profesional común en el periodo, pero ello le granjeó múltiples enemistades y le llevó a confrontar a las élites regionales. Se puede decir que entre sus objetivos estaba mostrar que le asistían la razón y la justicia en sus posiciones en asuntos concretos, así como ampliar el público enterado, informándole de los asuntos en los que estaba involucrado. Cada vez que pudo, Orozco trató de dar a conocer perspectivas alternas respecto de la forma como se hacían las cosas en el régimen porfirista; por supuesto, deseaba que una opinión pública informada (en el término decimonónico) fuese favorable a esas posturas, y con ello crear un debate sobre la legitimidad de lo que ocurría. En Guadalajara, en Zacatecas y en San Luis Potosí, en cada ciudad estuvo al frente de un periódico, y cuando no, entonces escribió y publicó folletos y libros. Con sus actividades y sus críticas, Orozco contribuyó, seguramente de forma involuntaria, a la conformación del régimen político cada vez más elitista y violento.

Circular la información era un asunto peligroso cuando los asuntos atañían directamente a las élites políticas y económicas. En los “reservados” corrillos de las élites en Guadalajara, o de los estrechos circuitos de los tribunales en San Luis Potosí, la información sobre procedimientos, formas y costumbres era considerada privilegio exclusivo de quienes pertenecían a tales esferas. Así que publicar sobre corrupción, doble moral, abusos de poder, despojos y maniobras ilegales, etcétera, algo que en una democracia liberal debería ser un rasgo de normalidad, un asunto cotidiano y necesario, en el México del porfiriato era, literalmente, atraer sobre sí mismo una tempestad. Políticos, funcionarios, jueces y propietarios con dificultad toleraban una opinión pública crítica, con base en la idea de que implicaba un ataque a sus personas. Para ellos, no había diferencia jurídica, ni social, ni política, entre el funcionario público y la persona individual, entre el acto denunciado y la persona privada, de manera que los asuntos que debían ser del interés de una opinión pública ideal en una democracia occidental ideal (del tipo esbozado por J. Habermas) eran entendidos como cuestiones circunscritas al ámbito personal o privado. El político y el funcionario público no eran entendidos por las élites como servidores públicos, eran particulares que privatizaban la actividad y las decisiones políticas, tanto como sus acciones en los cargos de gobierno y los activos públicos a los que tenían acceso. En esa lógica, una crítica impresa era una ofensa personal atentatoria del honor y la reputación del personaje privado, una difamación que podía ser denunciada fácilmente.

Ya se ha dicho que las élites tenían un particular sentido del honor y la reputación en el México del porfiriato. Por ejemplo, usaron del duelo personal como una herramienta para establecer las diferencias de clase con los demás segmentos sociales, en especial en la Ciudad de México.642 Sin dejar de darle importancia a los valores y al honor como consideraciones socioculturales genuinas, no está de más recalcar que, al hacerse los ofendidos y difamados, políticos y latifundistas también conseguían desviar hábilmente la atención pública de asuntos menos glamorosos u honorables, como su corrupción, sus abusos de autoridad, el tráfico de influencias y de información privilegiada, los contubernios que elaboraban para obtener ventajas y ganancias, las disparidades en la aplicación de la ley, el clasismo con el que consideraban a los demás actores, y el despojo de propiedades. Honor y reputación eran, también, elementos de control político que permitieron a las élites configurar un régimen y un Estado nación favorable para sus intereses.

En cada ocasión en que Orozco como periodista, escritor o abogado provocó las reacciones airadas de los políticos o los miembros de las élites económicas, bajo el argumento del honor difamado y la reputación dañada, aquellos encontraron manera de hacerle pagar su osadía. Lo amenazaron con armas de fuego, le propinaron tremenda golpiza, lo metieron a la cárcel, ensuciaron su reputación por medio de la prensa de la capital mexicana, tan sólo en Guadalajara; en Zacatecas, le dispararon a matar y lo demandaron por tentativa de homicidio, y estuvo un breve tiempo detenido; volvieron a enturbiar su figura pública en San Luis Potosí, lo demandaron por difamación, otra vez fue detenido en la cárcel por alrededor de un mes. Incluso, el senador Antonio Arguinzóniz lo retó a duelo. Al final, también fue acusado de sedición y anarquía, cargos que revelan tanto el recelo como el encono que suscitó entre algunos miembros de la élite potosina. Cada uno de esos episodios revela las formas violentas (físicas, simbólicas y jurídicas) de la dominación elitista en el régimen porfirista, lo que podría denominarse una “economía represiva selectiva” dirigida a aquellos agentes demasiado independientes en su criterio, demasiado dispuestos a protestar, a entablar procesos legales en su defensa, aquellos que representaban visiones alternas de las cosas, y que con sus actividades ponían en entredicho la dominación de las élites estatales cercanas al poder de Díaz. Durante el porfiriato, era un negocio arriesgado ser abogado y escritor si se tenían ideas y valores propios y diferentes, además de valor cívico.

La violencia selectiva como herramienta de control de los actores sociales y las estructuras de la propiedad no han sido estudiadas en San Luis Potosí después de los trabajos de James Cockcroft y de Rodney Anderson, que ya tienen más de cuatro décadas desde su publicación. Como no hubo grandes represiones tipo Cananea o Río Blanco, se piensa que las cosas estaban tranquilas en las tierras potosinas.643 Cockcroft revisó el caso del condueñazgo de los Moctezuma, y encontró que sí había elementos de abuso y descontento pero, al no lograr identificar otros casos similares, supuso que “la atmósfera que prevalecía en el campo en el último decenio del porfiriato era de estabilidad social”.644 Pero era una “estabilidad” social y política sustentada en la aplicación sesgada de la ley, así como en la “violencia objetiva”: la persecución, el encarcelamiento o el asesinato de los que se atrevían a objetar los abusos del régimen o de sus élites, a ser “subversivos”.

Por otro lado, el recorrido de Wistano Luis Orozco por tres espacios regionales permite constatar que la dominación de las élites políticas y las económicas regionales estaba muy diferenciada. En Guadalajara, ambas élites estaban en proceso de conjunción en sus intereses y sus posturas, aunque en 1884-1885 todavía tenían algunas diferencias. Incluso, había divergencias al interior de ambos grupos. Por ejemplo, la élite económica estaba constituida de diversos conjuntos en su interior, uno de los cuales entendía los valores como el honor, la decencia, la honradez desde el punto de vista de cierto tipo de catolicismo laico. Esa élite y sus aliados, sectores medios a los que pertenecía Orozco, disputaron con el grupo político en el poder la definición de esos valores y del orden social mismo. Sobra decir que el uso de la violencia física, monopolizada por los políticos y disfrazada de la defensa de la honra de las “buenas familias”, determinó el triunfo de la versión conveniente al poder político, lo cual contribuyó a consolidar el régimen porfirista en su conjunto.

En Zacatecas, la dinámica era distinta. Ciertos elementos del grupo político local en el poder, lo que podría llamarse su clientela, se confrontaron con las poderosas élites económicas y latifundistas mediante la compañía deslindadora para la cual Orozco trabajó como representante. Las disputas por la legalidad de algunas enormes propiedades fueron largas y complicadas, y mientras los pleitos en los tribunales a veces favorecieron a la compañía, que de inmediato hacía negocios con políticos de nivel nacional, en otras ocasiones los latifundistas prefirieron pactar con la compañía, y en otras más ganaron los litigios y conservaron sus tierras. Por lo menos en aquel periodo, las leyes de baldíos, a pesar de sus lagunas e indefiniciones, y la compañía deslindadora fueron instrumentos de negociación utilizados por la élite política para negociar y afirmar, en lo posible, su dominio sobre los diferentes actores agrarios zacatecanos, incluidos algunos grandes hacendados.

Cabe señalar que la normativa sobre tierras dejaba ver el predominio del enfoque político-burocrático por encima de la sensatez jurídica, a lo cual se añadió en 1894 una nueva ley federal que combinó el desconocimiento de las realidades en el campo con una indiferencia a los treinta años de jurisprudencia que le antecedían. Desde la perspicaz mirada de Orozco, el Estado porfirista era inexperto en jurisprudencia agraria, como en casi todos los aspectos de la modernidad que intentaba asumir; un Estado extraviado en su propio laberinto legal, que sólo complicaba los problemas, y con ello contribuía a mantener y aumentar las desigualdades y las injusticias alrededor de la propiedad de la tierra.

En San Luis Potosí, entre 1896 y 1908 las élites fueron una y la misma. Políticos, funcionarios, latifundistas, empresarios, comerciantes, todos conformaban un solo grupo. Controlaban la economía y la política en el ámbito local y estatal, así como el aparato de justicia; por si fuera poco, también controlaban la prensa y la opinión pública. Tan intenso dominio indujo a algunos de sus miembros a expandir su riqueza, su poder y sus propiedades a expensas de los intereses legítimos de los otros actores sociales. Ese San Luis Potosí era como una versión a escala de los males que la vieja historiografía mexicanista achacaba al régimen porfirista en su conjunto: una élite dedicada a los negocios, poseedora de grandes riquezas y de enormes latifundios, con tendencias despóticas, y con algunos de sus miembros con propensión a despojar de sus tierras a pequeños propietarios y comunidades indígenas, y a perseguir y castigar a quienes se atrevieran a oponérseles, como Orozco, en los tribunales y fuera de ellos.

El porfiriato fue una dictadura, pero Porfirio Díaz, como dictador, no tenía el poder absoluto, lo compartía a su conveniencia con las élites mientras éstas aprovechaban las ventajas que les proporcionaba el régimen. A lo largo de todo el periodo, esas élites consiguieron imponer su dominio político y económico en las regiones, y buscaron también imponer las definiciones del régimen y de la nación a través de los valores, la normativa, la educación y la dirección económica, campos de conflicto y de negociación entre diferentes actores y perspectivas, en los que un agente como Wistano L. Orozco pudo actuar y se involucró. En la última década del porfiriato, esos ámbitos muestran que, el dominio de las élites no era absoluto, pues continuaban los conflictos. En ese escenario de dominio disputado el uso faccioso de las leyes y los tribunales acompañó a la violencia como elementos preferidos por las élites para resolver favorablemente las disputas.

En ese contexto, Porfirio Díaz pudo erigirse, entre 1884 y 1911, como árbitro supremo en la política y referente máximo en el proceso de definición del Estado-nación. A lo largo de este trabajo, la silueta de Díaz está siempre presente; en Guadalajara, en 1885, cuando suscitaba esperanzas de cambio su segunda presidencia; en Zacatecas era la figura política central, aunque lejana; y en San Luis Potosí, en el cambio de siglo, el general Díaz era el árbitro supremo al que todos los actores apelaban. Cuando le convenía a él o a la élite a su alrededor, Díaz era el juez que estaba por encima de todos, el único capaz de dirimir los conflictos más polémicos y espinosos, y quien tenía la última palabra. Ante las demandas de los demás actores, Díaz ejerció lo que Max Weber denominó la “justicia del cadí”, o magistratura de ejercicio personal,645 en especial en cuanto a la aplicación de las leyes. Era la faceta “suave” de la dictadura, que podía favorecer a sectores y agentes fuera de las élites si convenía al régimen. Por eso, aquellos que enfrentaban la oposición violenta de las élites regionales, como Orozco entre 1901 y 1907, acudían a él como el supremo magistrado, ubicado por encima de la estructura judicial normal. Así, mientras jueces y tribunales resolvían que la opinión pública no era un espacio correcto para ventilar conflictos por tierras, porque su resolución era de su exclusiva competencia, el general Díaz podía “recomendar”, sin empacho, al gobernador de San Luis Potosí que se atendieran las quejas de los indios de Tamazunchale. Ahora bien, este rasgo “irracional”, de una justicia que estaba social y políticamente condicionada, era un elemento extendido entre los agentes del campo jurídico, como pudo verse en Guadalajara en 1885, cuando un juez decidió que la prisión preventiva del violento Fernando Ibarra era más que suficiente castigo para alguien como él, con base en “el puesto público que ocupa y la clase social a la que pertenece”. El proyecto porfirista de Estado-nación no sólo estuvo en constante redefinición a lo largo de más de 30 años, sino que contenía elementos ajenos, o contrarios, al ideario liberal, elementos que, de una u otra manera, convenían a los diferentes actores políticos y sociales.

Finalmente, aunque la historiografía ha identificado a Wistano L. Orozco como un precursor de la Reforma agraria que sobrevino con la Revolución mexicana, en este libro se constata que, si bien él fue capaz de prever el desastre que se avecinaba, y de recomendar un reparto equitativo de la tierra, siempre fue partidario de la propiedad privada y un abierto opositor a las ideas socialistas. Hasta en su representación de las comunidades del partido de Hidalgo en San Luis Potosí en su lucha por recuperar sus tierras, lo hizo bajo la figura jurídica de bienes particulares proindiviso. Orozco no le achacó a Porfirio Díaz la responsabilidad por los problemas de despojos de tierras; por el contrario, creía que el presidente constituía la única vía de solución para los reclamos. Como hemos visto, buena parte de los problemas estribaron en el uso abusivo que las élites hicieron de las formas jurídicas disponibles.

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1 Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión, San Luis Potosí, octubre de 1906 (ccjslp Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, f. 11). Según Orozco, contó en una carta al gobernador de San Luis Potosí, José María Espinosa y Cuevas, De la Torre mandó encarcelar al secretario del juzgado de primera instancia de Ciudad del Maíz por haber notificado en su domicilio el auto de emplazamiento de la demanda.

2 Orozco, 1906b, pp. 7-9.

3 Orozco, 1906b, p. 11. Grafía original.

4 Orozco, 1906b, pp. 12-15.

5 Esa demanda fue publicada por Orozco en un folleto (Orozco, 1906b).

6 Basta citar el libro éxito de ventas de Paul Garner sobre Porfirio Díaz como el mejor ejemplo de esa revalidación historiográfica. Recomiendo leer el prefacio que le hizo a la segunda edición de su libro (Garner, 2010a, p. 16). Repite sus posturas, un poco matizadas, en Garner (2010b, pp. 276-303). Alan Knight llama al libro de Garner “valioso si algo caritativo” (A. Knight, “VIII. El precio de la longevidad”, Nexos, 2015, http://www.nexos.com.mx/?p=25427 [consultado en enero de 2017]).

7 Es la descripción en Kuntz y Speckman (2010, p. 506). Los proyectos modernizadores de México en el siglo xix también son el tema del volumen coordinado por Pani (2010).

8 Ése es el postulado en Riguzzi (2009, pp. 347-368). El artículo es excelente, evaluó la historiografía económica sobre el porfiriato desde la nueva historia económica, enfocado en lo que se llama la “macroeconomía”. Sin embargo, ese tipo de enfoque, aunque es útil para entender la dinámica de los factores macroeconómicos de crecimiento a largo plazo en una economía capitalista, tiende a oscurecer los impactos de las políticas macroeconómicas en los actores individuales y colectivos, y en los asuntos cotidianos.

9 Llama la atención que es el mismo el tipo de argumento que, en este siglo xxi, se congratula de los “éxitos macroeconómicos”, la “estabilidad”, la “responsabilidad”, y la tendencia “reformista” y globalizante que han prevalecido en los gobiernos mexicanos de los últimos 35 años. Al mismo tiempo, se minimizan como resultados colaterales, y transitorios, la pérdida de poder adquisitivo, la pobreza, la desigualdad social, la injusticia y la violencia, entre otros problemas que padecemos de forma directa y cotidiana los ciudadanos, los individuos.

10 Garner, 2010b, p. 287.

11 Garner, 2010a, p. 16. Garner cita como ejemplo el artículo de Riguzzi. Sin embargo, sí hubo crecimiento económico antes del porfiriato, por lo menos en algunas regiones, véase al respecto Chowning (1999a; y 1999b, pp. 213-254); Cañedo (2015). Por su parte, Graciela Márquez analiza los debates historiográficos sobre el crecimiento o la depresión económicas en el México del siglo XIX (Márquez, 2015, pp. 166-187).

12 El neoporfirismo no es algo nuevo ni siquiera como concepto. Ya en 1947 el destacado historiador Daniel Cosío Villegas recurrió al neologismo para describir lo que él percibía eran las peores tendencias del gobierno mexicano de su tiempo, y lo que Cosío entendía como el abandono de la Revolución mexicana, véase Luna Argudín y Rhi Sausi (2015, p. 22).

13 Este “neoporfirismo” historiográfico está, significativamente, en sintonía con los discursos neoliberales que predominan en este siglo XXI: Bourdieu (1999, pp. 83-94); Žižek (2009, p. 24).

14 Haber, 2010, pp. 411-436. Acerca de los proyectos económicos modernizadores durante el siglo xix, y sus contradicciones, véase Gómez Galvarriato y Kourí (2010, pp. 62-119).

15 El “capitalismo clientelar” que predominaba en el régimen de Díaz además del proteccionismo arancelario, recurre a prácticas como la corrupción, las clientelas, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada en favor de miembros e intereses de las élites y en detrimento de los demás actores, véase Haber (2002, pp. 25-74). La perspectiva revisionista descarta tal interpretación como una visión parcial y poco útil para la comprensión del porfiriato y su proceso de construcción de un Estado-nación (Riguzzi, 2009, pp. 352-353). Sin embargo, como señala recientemente una historiadora, los políticos mexicanos recurrieron a la “ingeniería constitucional”, las estrategias de modernización económica, la organización política, la educación, y también a la “marrullería electoral”, la prensa subvencionada, y el pronunciamiento (Pani, 2010, p. 13); y podríamos añadir que también hicieron uso faccioso del sistema judicial y del sistema policiaco, además de recurrir al clasismo, y al perjuicio racial (Rangel, 2015, pp. 937-1000; Rangel, 2017, pp. 457-484). Todos estos elementos forman parte del mismo proyecto de Estado-nación.

16 Sobre los procesos de desamortización véase el reciente ejemplo del libro La desamortización civil desde perspectivas plurales, Escobar Ohmstede, Falcón y Sánchez, 2017.

17 Un ejemplo reciente sobre San Luis Potosí es Uribe (2016).

18 No es que no se publiquen investigaciones sobre la prensa, más bien las persecuciones y las prisiones a los periodistas, así como los cierres de publicaciones e imprentas no motivan muchas investigaciones, tal vez por ser de sobra conocidos. Puedo citar aquí los recientes trabajos de Ana María Serna sobre los problemas de los periodistas críticos con el régimen, editados por la Suprema Corte de Justicia (Serna, 2010; Serna, 2013). Indudablemente, Piccato (2005a) es una referencia para el tema. Para aquilatar qué tan importante es el tema, en las perspectivas historiográficas actuales sobre el porfiriato, considerese que, mientras Cosío Villegas le dedicó decenas de páginas a la persecución de la prensa en su estudio sobre el porfiriato, en la Nueva Historia General de México, editada en 2010, apenas se le dedican dos renglones al asunto (Kuntz y Speckman, 2010, p. 500).

19 Una manera de abordar los procesos electorales en el porfiriato es entenderlos como una escenificación ritual propiciada por el régimen para legitimar el carácter moderno y democrático del gobierno y de la sociedad misma; la escenificación electoral y el llamado “sufragio sin democracia”, eran parte fundamental del régimen (Ponce, 2004, p. 11). Por algo el movimiento maderista de 1910-1911 recurrió con efectividad al lema “sufragio efectivo, no reelección”. Perspectivas divergentes en Bravo, 2010, pp. 257-281. Gantús y Salmerón (2014, pp. 11-25), y en Ponce Alcocer (2014, pp. 103-126).

20 Garner, 2010a, pp. 11. Interesante elección del término que define una postura historiográfica. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, obsesión implica un trastorno o perturbación mental o de ánimo que le lleva al paciente a consumirse en ansiedad, o a perder el tiempo. No es entonces un argumento historiográfico, o teórico, sino una simple y llana descalificación a partir de un supuesto psicológico. El historiador inglés repite la frase en Garner (2010b, p. 287).

21 Como dice un historiador contemporáneo, refiriéndose a la figura del ministro José Yves Limantour, no se trata de “añadir un brochazo más a la obra de blanqueo del secretario de Hacienda y del porfiriato en general” (Grunstein, 2012, p. 27).

22 Considero más equilibrada la perspectiva de Buve sobre la continuidad del proyecto estatal entre Juárez, Lerdo y Díaz (Buve, 2009, pp. 87-118).

23 Riguzzi señala que los resultados de lo que llama “los programas de cambios institucionales” del régimen porfirista fueron parciales, y desiguales. Su artículo insiste una y otra vez en políticas, programas y proyectos contradictorios: “What the political elite sought, although in contradictory forms, was a way to combine the building of the nation-state and economic development” (2009, pp. 354, 355). Un buen ejemplo de ese tipo de proceso largo, conflictivo, a veces contradictorio y confuso se encuentra en el establecimiento de la red ferroviaria, que desembocó en la compañía Ferrocarriles Nacionales de México, véase el detallado estudio sobre Limantour y los ferrocarriles en Grunstein (2012).

24 Kuntz y Speckman, 2010, p. 488. Un periodo de transición y un proyecto de transición, pero no un éxito o un fracaso.

25 Al respecto, véase la reflexión sobre el absolutismo jurídico que representaron el constitucionalismo y la codificación decimonónicos en Arenal (1999, pp. 303-322).

26 Cruz Barney, 2004, pp. 58-63. En la elaboración del Código de 1897 intervino el ministro de Hacienda, Limantour, más interesado en hacer prevalecer los intereses de su ministerio que en una correcta definición de leyes y derechos, por lo que ese código complicó mucho las cosas en el área del juicio de amparo (Reyes, 2010, pp. XI-XVII).

27 Citado en Cruz (s.f., p. 11).

28 Véase al respecto una tesis reciente sobre los científicos porfiristas y el derecho en México, Álvarez (2011).

29 Según la definición de Mariano Galván, que predominó en la segunda mitad del siglo xix, “la propiedad se divide en perfecta e imperfecta. El vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece es efectivamente susceptible de división. Cuando no está dividido, cuando ningún derecho estraño [sic] viene a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que la propiedad es perfecta” (Galván, 1842, p. 5). Sobre la propiedad perfecta en el porfiriato, véase Marino y Zulueta (2010, pp. 438-443).

30 Tepos, 2017, p. 37.

31 Piccato, 2005a, p. 161; Serna, 2010, p. 4.

32 Castillo, 1994, pp. 27-132; Piccato, 2005a, pp. 145-178; Serna, 2013, p. 12. En la etapa final del porfiriato, la prensa dejó de estar centrada en contenidos y disputas doctrinales, en especial de tipo político, y derivó hacia la presentación y venta de contenidos informativos dirigidos a un público masivo, más acorde con el modelo estadounidense.

33 Luna y Rhi Sausi, 2015, p. 17.

34 Véase Bourdieu (2014, pp. 13-68). Esa propuesta acerca del carácter general del Estado es coincidente con la elaborada por Corrigan y Sayer (1985) sobre el Estado inglés.

35 Pérez, 2008, pp. 50-51; véase también Pani, 2010, pp. 13-14.

36 Sobre resistencias y propuestas alternas de proyectos de Estado-nación, véase Mallon (2003); Thomson y LaFrance (1999); Rangel (2017, pp. 457-484).

37 Sobre los católicos, véase Ceballos (1999, pp. 399-414). Un panorama muy amplio de las formas en las que la Iglesia católica y los feligreses enfrentaron los desafíos del siglo XIX en México, en Connaughton (2010, pp. 238-275).

38 También se les llamaba “escritores públicos” (Serna, 2010, p. 3).

39 Véase Rubio (2017, pp. 21-39); este autor se enfoca en las rebeliones armadas protagonizadas por creyentes católicos, y con motivos religiosos. Los caracteriza como tradicionales o tradicionalistas. Wistano Luis Orozco no fue parte de esos grupos.

40 El catolicismo social como tal se define a partir del papado de León XIII y su encíclica Rerum novarum, de 1891 (Bastián, 1998, p. 431). Entre 1867 y 1891 (fecha de la encíclica) los católicos mexicanos enfrentaron de forma creativa los desafíos a su fe tanto en la prensa y la literatura como en la educación y en las obras sociales (Connaughton, 2010, p. 264). Orozco es un ejemplo de esos esfuerzos.

41 Orozco Sánchez, 1968.

42 Hamon y Niblo, 1975; Cockcroft, 1994, pp. 73, 74.

43 Orozco Sánchez, 1975, pp. 7-42.

44 Cuevas, 2007, pp. 97-128; Kourí, 2009, pp. 12-15; Marino, 2015, pp. 86-114.

45 Un breve texto de Andrés Lira es el mejor referente sobre el tema de los “tinterillos” (Lira, 1984, pp. 375-392). Sobre un abogado constitucionalista véase el trabajo de Charles Hale sobre Emilio Rabasa (Hale, 2011).

46 Para una mirada general sobre la prensa conservadora en el porfiriato, véase Dumas y Zamudio (1989, pp. 243-256).

47 Sobre la publicación de panfletos y folletos de corte político, entre 1810 y 1867, véase Muriá (1995, pp. 163-169) y Rojas (1997, pp. 35-67).

48 El ejemplo más reciente, en Marino (2015, pp. 86-93), quien, por cierto, realiza un balance general de la historiografía mexicanista sobre el tema de la desamortización de las tierras de los pueblos.

49 Retomo la propuesta que Peter Gay hace en su libro sobre Arthur Schnitzler, escritor vienés de clase media. Como señala Gay, el dramaturgo y novelista no era un “burgués típico”, pero sí un testigo y partícipe de un tiempo y una sociedad, por lo que le sirve de guía para una “biografía de la clase media del siglo XIX” (Gay, 2002, p. 13). Sin embargo, no busco aquí identificar a una clase social, sea la burguesía o la clase media, sino al agente individual frente a los diferentes grupos que constituyeron sus clientelas o sus adversarios.

50 Desde el texto clásico de James Cockcroft, publicado en 1968 en español, por primera vez, identificar a los intelectuales en el porfiriato es una constante en la historiografía. Véase Cockcroft (1994); Hamon y Niblo (1975); Cuevas (2007); Villegas (2010); Álvarez (2011); Tepos (2017).

51 Por ejemplo, con algunas excepciones, se ha trabajado muy poco a los ingenieros mexicanos. Véase Azuela (2004, pp. 243-267) y Tamayo (2004, pp. 215-242). Desde la historia de la ciencia en México sí existen investigaciones sobre los ingenieros en el siglo XIX, véase Uribe Salas, 2017, pp. 15-30.

52 Pérez, 2008, p. 52.

53 Bourdieu, 2001, p. 175.

54 Bourdieu, 2001, p. 169.

55 Como es evidente, no se parte de una historia del derecho con base en las formas jurídicas o formalismo, enfocado en la autonomía absoluta del mundo jurídico respecto al mundo social, pero tampoco en una historia con base en un instrumentalismo que entienda al aparato jurídico sólo como una herramienta al servicio de los dominantes. Creo que la perspectiva de campos y agentes permite captar ambas perspectivas en una sola, más amplia y comprensiva (Bourdieu, 2001, pp. 165-167). Una perspectiva similar sobre la manera de abordar temas jurídicos, aunque no basada en Bourdieu, en Rhi (2010, pp. 122-126).

56 Véase el texto citado de Bourdieu para estas características del campo jurídico y sus agentes (Bourdieu, 2001, pp. 165-223).

57 Véase el concepto de campo periodístico en Bourdieu (1999, pp. 95-106).

58 La definición de capital cultural, en Bourdieu (2001, pp. 146-148).

59 Difiero de lo propuesto por J. Habermas, para quien la esfera pública es el conjunto de instituciones que permiten el debate abierto entre ciudadanos con el objeto de formar la opinión pública; ese debate se realiza mediante comunicaciones escritas (cartas, revistas, folletos, periódicos), y busca realizar el ideal de alcanzar acuerdos o consensos mediante la fuerza de los mejores argumentos (Edgar, 2006, pp. 124-127). La esfera pública debería promover valores de igualdad democrática (Habermas, 2009). En México, Piccato (2005a) y Tepos (2017), entre otros, han recurrido al concepto de Habermas para analizar a la prensa del porfiriato. Sin embargo, creo que en el porfiriato lo que predominaba era la disputa, incluso violenta, entre los participantes de la opinión pública, no los acuerdos ni los consensos.

60 Bourdieu, 2014, pp. 92-94.

61 Hale, 2011, pp. 17-34.

62 Orozco señaló que en 1884 él tenía 27 años, por lo que debió de nacer en 1857 (Orozco, 1906a, p. 2). Pero se ha dicho que nació el 19 de enero de 1856 (Orozco Sánchez, 1975, p. 31). San Cristóbal de la Barranca sufrió los efectos de un terremoto que obligó a reubicar el pueblo, que actualmente se localiza muy cerca del famoso pueblo de Tequila.

63 Se dice que su padre era protestante, lo cual es un dato sorprendente dada la época. Pero su salida a Zacatecas con el apoyo del cura tal vez indique conflictos familiares por razones de fe. El mismo Orozco cuenta que Rosas lo guió en sus primeros estudios (Orozco, 1974, p. 935, nota I). La región entre San Cristóbal de la Barranca y El Teul era famosa por “la ocupación de sus hombres en la arriería”, pero también por ser el “cuartel general de las gavillas” de asaltantes en la región (Núñez, 1983, pp. 72, 77).

64 Orozco, 1960, p. 204. En el periodo colonial, Tlaltenango era alcaldía mayor, y San Cristóbal de la Barranca un corregimiento; por la región pasaba el camino de Guadalajara a Zacatecas, pero en 1720 una ruta más corta dejó en el olvido aquella ruta (Núñez, 1983, pp. 73-74). Desde el periodo colonial, toda esa región ha estado más vinculada a Guadalajara que a Zacatecas.

65 El Seminario Conciliar de Guadalajara fue fundado en la década de 1690, al mismo tiempo que el de la Ciudad de México, bajo las ordenanzas del Concilio de Trento. Ambas instituciones mantuvieron en el periodo independiente su prestigio como centros educativos que formaban por igual a clérigos y a laicos. Hasta 1857 los seminarios conciliares fueron considerados centros educativos aislados de los problemas políticos y de las inseguridades financieras, lo que les añadía atractivo para los estudiantes laicos (Lee, 1980, pp. 465-467).

66 No sólo perdió el edificio sede; además, sus colecciones de libros fueron saqueadas en varias ocasiones, en parte para formar la Biblioteca Pública de Jalisco (Kroeber, 1964, p. 377).

67 Lee, 1980, pp. 471-473.

68 Por ejemplo, Gómez Farías se graduó de bachiller de Artes en el Seminario y después de médico en la Universidad de Guadalajara. Véase Aldana (1999, pp. 8-9); Ramírez (1999, 30 pp.).

69 Ramírez, 1999, s. p.

70 Como lo declaró un conocido historiador tapatío: “Así lo reconocen los que han estudiado el desarrollo intelectual de la capital de Jalisco; a la que, con toda justicia, no han vacilado en llamar la Atenas de México” (Iguíniz, 1992, p. 415).

71 Consúltese MacGregor (1992, pp. 99-121); Guzmán (2004); Rodríguez (2014).

72 Guzmán, 2004.

73 Ambos comentarios aparecieron en la revista La Golondrina, un semanario para señoritas, citado en Guzmán (2004).

74 Véase Ortiz (2008, pp. 13-29).

75 Eran clases de lógica, metafísica, moral y latín. Véase Trejo (2005).

76 Hernández, 2002, pp. 20-21.

77 Sobre Justo Sierra y La Libertad, consúltese Hale (2002); para la polémica con Vigil, véanse las pp. 109-117. Sobre el periódico La Libertad, véase Sáez (1986, pp. 217-236).

78 Hernández, 2002, pp. 22-23. Para un análisis de su pensamiento, véase Hernández Prado (2010).

79 Véase el Anuario Relación Histórica (2011). También puede verse una semblanza breve de su obra literaria y un análisis de la polémica que siempre le rodeó en Christopher Domínguez Michael, “Puga y Acal (1860-1930)”, Confabulario, disponible en http://confabulario.eluniversal.com.mx/puga-y-acal-1860-1930/ ( consultado el 3 de marzo de 2017).

80 Junco, 2003, pp. 452-453.

81 Martínez, 1963, pp. 73-87.

82 Piccato, 2007, pp. 13-28. Díaz Mirón fue un personaje muy sensible en asuntos de honor, siempre dispuesto a batirse en duelo de pistolas, lo que le costó dos veces ir a prisión (Piccato, 1999, pp. 341-342).

83 “Efemérides del periodismo mexicano: Manuel Puga y Acal”, disponible en http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=44854 (consultado el 3 de marzo de 2017).

84 Hernández Luna, 1967, pp. 230-239. Sobre Antonio Caso, véanse sus Obras completas, I, México, unam, 1971, 688 pp.

85 Rodríguez, 2014.

86 José Luis Verdía fue canónigo en la catedral de Guadalajara, y un activo participante de varias asociaciones culturales tapatías a mediados del siglo XIX (Iguíniz, 1992, pp. 421-423).

87 Mclean, 1953, pp. 79-88.

88 MacGregor, 1992, p. 106. En 1902 Pérez Verdía era propietario de la hacienda ganadera La Estrella en Pihuamo, Jalisco, con tres mil cabezas de ganado (Aldana, 1986, p. 145).

89 Dávila, 1954, pp. 618-620.

90 El texto era Elementos de Derecho Constitucional Mexicano, publicado en 1887. Ese texto contó con varias ediciones y glosas durante el siglo XX.

91 “Jaliscienses destacados”, disponible en http://www.fomentar.com/Jalisco/Tapatios/index.php?codigo=80&inicio=0 (consultado el 3 de abril de 2017). Coronado fue secretario de Gobierno durante el periodo del gral. Francisco Tolentino (1883-1887) (Peregrina, 2008, p. 401).

92 Peregrina, 2008, p. 401.

93 Peregrina, 2006, pp. 86-88.

94 Peregrina, 2008, pp. 399-413.

95 Martínez Moya, 2005, pp. 28-30. Unos meses antes, en diciembre de 1868, se había establecido la Sociedad Católica de la Nación Mexicana en la Ciudad de México, bajo el impulso de algunos connotados abogados. Entre sus propósitos estaba la creación de escuelas de jurisprudencia de convicción católica (Icaza, 1984, pp. 349-360). Véase también Alvarado, 2016, pp. 137-160.

96 Jesús López Portillo fue abogado, partidario de grupos conservadores, y brevemente gobernador de Jalisco; a la derrota de Maximiliano de Austria, fue condenado al destierro, pero se quedó en Guadalajara (MacGregor, 1992, pp. 99-100). Para la acaudalada y poderosa familia Martínez Negrete, véase Lizama (2007, pp. 75-117).

97 Martínez Moya, 2005, p. 31. Dionisio Rodríguez, declarado “Benemérito de Jalisco”, es considerado una de las figuras más destacadas de la educación en Guadalajara en el siglo xix, tanto en el ámbito público como en el privado.

98 Martínez Moya, 2005, p. 29. Además de abogado, Rodríguez se convirtió en uno de los impresores más importantes de Jalisco, ya que heredó una imprenta de su padre, y le sacó provecho a esa herramienta.

99 Leal, 2012, pp. 76, 77. Dionisio Rodríguez también apoyó la llegada de las hermanas de la Caridad a Guadalajara, para que se hicieran cargo del Hospicio Cabañas, del Hospital de Belem, y de varias escuelas para niñas (Gutiérrez Lorenzo, 2008, pp. 87-89).

100 Martínez Moya, 2005, pp. 29-31.

101 Citado en Martínez Moya (2005, p. 30). Grafía original.

102 Martínez Moya, 2005, p. 31.

103 También se crearon escuelas libres de jurisprudencia de acento católico en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Puebla (Icaza, 1984, pp. 349-360).

104 Martínez Moya, 2005, p. 38.

105 Icaza, 1984, p. 357.

106 López Portillo y Rojas era hijo de Jesús López Portillo. Véase MacGregor (1992, pp. 99-121).

107 Como señala Charles Hale, el término científico conllevaba diversas significaciones en el porfiriato; una era el apelativo constante que algunos políticos e intelectuales hacían de la ciencia, o de argumentos científicos en boga, dentro de los discursos liberales. Los defensores de la política científica abogaban por un poder ejecutivo fuerte con ministros inamovibles, por lo que fueron llamados “científicos” por la prensa de la época (Hale, 2011, pp. 32-34). Justo Sierra, Francisco Bulnes, José Ives Limantour y Emilio Rabasa fueron algunos de los principales miembros del grupo científico que rodeaba a Porfirio Díaz. Véase Álvarez (2011, pp. 19-73).

108 MacGregor, 1992, pp. 99-121.

109 Según Orozco Sánchez (1975, pp. 31-33), sus años de estudiante fueron de penuria económica y de gran esfuerzo para el joven Wistano, que se ganaba la vida dando clases particulares a estudiantes adinerados. Pero, para 1884, ya era abogado y contaba con cierta posición económica (El Tiempo. Diario Católico, “Correspondencias. Revista de Guadalajara”, 9 de mayo de 1884, p. 1). En cuanto a su edad de titulación, compárese con José López Portillo y Rojas, quien se tituló de abogado a los 21 años (Peña, 1980, p. 139). Todavía en 1902 Orozco recordaba un curso de Derecho Mercantil impartido por López Portillo y Rojas (Orozco, 1902, p. 60).

110 Orozco, 1906a, pp. 2, 3.

111 Lizama, 2007, pp. 79-82.

112 “Jalisco”, The Two Republics, 26 de junio de 1886, p. 4. Algunas fábricas textiles y papeleras habían sido fundadas desde la década de los cuarenta del siglo xix (Aldana, 1986, p. 122).

113 Rojas y Pérez, 2013, pp. 24-32. Véase también Mayeli Mariscal, “Historia y tradición del comercio tapatío”, disponible en http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/34625.html (consultado el 7 de julio de 2015); “La Cámara de Comercio de Guadalajara, su labor y trascendencia en Jalisco”, disponible en https://davilagaribi.wordpress.com/2010/05/07/la-camara-de-comercio-de-guadalajara/ (consultado el 26 de agosto de 2015).

114 Las Clases Productoras contaba entre sus miembros a destacados miembros de la élites económicas y sociales de Guadalajara, como José López Portillo y Rojas y Manuel de la Bárcena. Véase Peña (1980, pp. 136-140); Rivas (2008, pp. 77-82). Para los orígenes de la sociedad, y su periódico véase De la Torre, 2006, pp. 153-174.

115 Cada miembro pagaba mensualmente de uno a tres pesos de membresía, pero si caía en bancarrota era expulsado de la sociedad (Rivas, 2008, pp. 81-82).

116 Rivas, 2008, p. 83.

117 “Correspondencias. Revista de Guadalajara”, El Tiempo. Diario católico, 9 de mayo de 1884, p. 1. Grafía original.

118 En aquella ocasión algunos comercios tapatíos abrieron al día siguiente, pero otros tardaron algunos días, como “resistencia opuesta por los comerciantes” ante aquella ley (“Correspondencias. Revista de Guadalajara”, El Tiempo. Diario Católico, 9 de mayo de 1884, p. 2).

119 Véase Muriá (1994, p. 121); Peregrina (2006, p. 135). El grupo adepto de Ignacio Luis Vallarta, integrado por algunos liberales radicales y pensadores locales, existía desde 1867 con el nombre de “La Unión Liberal” (Aldana, 1981, p. 91).

120 Para una idea de cómo la intervención del general Tolentino era impulsada desde la Ciudad de México, véase Coerver (1979, pp. 82-94).

121 Coerver, 1979, pp. 85-86.

122 La formación de gobiernos simultáneos y la intervención de militares en la política estatal no eran asuntos novedosos en Jalisco, ya había ocurrido algo similar entre febrero de 1876 y enero de 1877 (Peregrina, 2006, pp. 130-131).

123 Véase la carta de un Miguel Pérez dirigida a Manuel González, en febrero de 1881, en José (1994, p. 111); también, la carta del general Ramón Corona al presidente, en junio de 1881, en José (1994, p. 112-114).

124 Véase Iguíniz (1955, p. 168). Como es evidente, la propuesta independentista del periódico era una excentricidad, y no tuvo mayor eco.

125 Coerver, 1979, pp. 88-89.

126 Véase Garner (2010a, pp. 106-107).

127 Citado en Ponce, 2000, p. 178.

128 Muriá, 1994, p. 121; Peregrina, 2006, p. 135. Para Manuel González y Porfirio Díaz, el general Tolentino fue siempre la opción ideal en Jalisco (Coerver, 1979, pp. 92-93).

129 Muriá, 1994, p. 121. Por ejemplo, en 1879 Tolentino encarceló a los editores del semanario Juan Panadero, muy popular en Guadalajara. Al impresor, simplemente se lo llevaron por leva (Palacio, 2006, p. 118; Garner, 2010, pp. 106-107).

130 Cosío, 1972, p. 64.

131 “Correspondencias. Revista de Guadalajara”, El Tiempo. Diario Católico, 9 de mayo de 1884, p. 2.

132 Orozco, 1906a, pp. 2, 3.

133 Palacio, 1992, p. 168.

134 Cita atribuida a John Lewis Geiger, citada en Guzmán (2004). Grafía original.

135 Iguíniz, 1992, p. 433. Sobre el periódico Juan Panadero, véase Palacio (1992, p. 167); sobre el periódico El Clarín, véase Iguíniz (1995, pp. 185-187).

136 “El heraldo”, El Heraldo, enero 25 de 1885, p. 1. Grafía original. Para el ambiente político alrededor de la elección presidencial de 1884, en la prensa de la época, véase Gantús, 2014, pp. 127-158.

137 Coerver, 1979, pp. 264-270.

138 “El heraldo”, El Heraldo, enero 25 de 1885, p. 1. Grafía original.

139 “La Prensa”, El Heraldo, enero 25 de 1885, p. 3. La nota de La Prensa era del 14 de enero de 1885. Grafía original.

140 “La Prensa”, El Heraldo, enero 25 de 1885, p. 3. Esta alusión a Catilina, personaje de la historia romana, es indicativa del tipo de grupo que representaba Orozco, y de su postura política: no se trataba de provocar un movimiento popular con base en discursos incendiarios para alcanzar un poder dictatorial, como se le adjudica tradicionalmente al personaje romano (véase Salustio, 2001), se trataba de quitar al dictador (gobernador) mediante un movimiento en el seno de las propias élites, o los grupos cercanos a ellas, como lo indica la referencia a Bruto, personaje romano cercano a César y uno de sus asesinos.

141 “Los redactores del Clarín”, El Heraldo, enero 25 de 1885, p. 3. Grafía original.

142 Iguíniz, 1955, pp. 185-187.

143 El episodio se describe en dos cartas, además de la propia narración de Orozco, publicadas al día siguiente (“Alcance al número 1”, El Heraldo, enero 26 de 1885, pp. 1-2).

144 “Alcance al número 1”, El Heraldo, enero 26 de 1885, p. 2. Antonio Gil y Ochoa era diputado estatal en ese momento, presidente de la mesa directiva de la IX legislatura, Las legislaturas y legisladores de Jalisco, s.f., p. 208.

145 “El heraldo”, El Heraldo, febrero 8 de 1885, p. 2. Grafía original.

146 El presidente Juárez decretó la separación del antiguo cantón de Tepic el 7 de agosto de 1867 (Aldana, 1981, p. 88). En 1884, el Congreso federal reforma el artículo 43 de la Constitución, donde aparece por primera vez la mención el territorio de Tepic como parte integrante de la Federación, y en 1885 Porfirio Díaz publicó el decreto que da forma al territorio de Tepic (Martínez Barragán, 2006).

147 Las conexiones económicas y políticas de ambos personajes, en Contreras (2006, pp. 23-65); José (1994, p. 12).

148 Lo cual es un tanto sorprendente ya que en aquella época las rivalidades regionales, territoriales y estatales estaban a la orden del día (Riguzzi, 1996, pp. 37-38).

149 “El heraldo”, El Heraldo, febrero 8 de 1885, p. 2. Grafía original.

150 “El mensaje del ejecutivo del estado”, El Heraldo, febrero 15 de 1885, p. 4. En El Heraldo del 8 de marzo de 1885, Orozco publicó que declaraba en duelo su publicación por el asesinato del periodista michoacano Luis González. Éste había sido redactor del periódico liberal El Explorador, de Morelia, Michoacán, muy crítico con el gobierno estatal de Prudencio Dorantes. Consúltese Pineda (2004, pp. 75-76; Garner 2010, pp. 143-147).

151 “Juicio que en la capital se emite, acerca de la administración de Tolentino”, El Heraldo, marzo 19 de 1885, p. 4.

152 Cabe señalar que la familia del general Tolentino era dueña, por lo menos, de la hacienda La Colerilla en Tlaquepaque, que contaba con tres mil cabezas de ganado, una cantidad bastante grande para la época (Aldana, 1986, p. 145).

153 “Juicio que en la capital se emite, acerca de la administración de Tolentino”, El Heraldo, marzo 19 de 1885, p. 4. Grafía original.

154 El Heraldo, marzo 29 de 1885, p. 5.

155 Iguíniz, 1992, pp. 415-437.

156 “Acta”, en Iguíniz (1992, p. 433). Grafía original.

157 “Acta”, en Iguíniz (1992, p. 433). Grafía original.

158 Iguíniz, 1992, p. 433.

159 Iguíniz, 1955, p. 274.

160 Iguíniz, 1955, p. 275. Grafía original.

161 Iguíniz, 1955, p. 275.

162 Cosío, 1972, pp. 229-230. Véase Pineda (2004, pp. 71-74).

163 “El ataque al director del Heraldo”, El Partido Liberal, 16 de junio de 1885, p. 1, 2. La reproducción se debía a Fernando Ibarra, funcionario estatal involucrado en el incidente surgido a raíz de la nota de El Heraldo.

164 “El ataque al director del Heraldo”, El Partido Liberal, 16 de junio de 1885, p. 1. Grafía original.

165 “El ataque al director del Heraldo”, El Partido Liberal, 16 de junio de 1885, p. 1. Grafía original.

166 Esa moral burguesa era un ideal no necesariamente correspondiente con la realidad de las dinámicas sociales de la época. Véase Gay (2002). Para una mirada sobre los valores que impregnaban la legislación mexicana, véase Speckman (2001, pp. 241-270). Un estudio sobre las fiestas familiares en Mérida, Yucatán en el siglo xix, y su coincidencia con la moralidad, en Miranda (2007, pp. 36-57).

167 Sobre el tema, véase Rangel (2017).

168 Versión reproducida en El Nacional, 14 de junio de 1885, pp. 1 y 4.

169 Véase La Voz de México. Diario Político, Religioso, Científico y Literario, 13 de junio de 1885, p. 3. Esa noche había una presentación de un clarinetista, por eso la plaza estaba llena de gente (Orozco, 1906a, p. 4). Daniel Cosío Villegas dedicó unas líneas de su investigación sobre el porfiriato a este incidente, un ejemplo más de la arremetida del régimen contra la prensa independiente nacional (Cosío, 1972, pp. 64-65 y 229-274). Véase también Hamon y Niblo (1975, p. 32). Orozco dio una versión más completa de los hechos 21 años después (Orozco, 1906a).

170 Otros atacantes fueron identificados como J. del Moral y F. Fernández Alonzo (El Nacional, 14 de junio de 1885, pp. 1y 4). El secretario de Gobierno de Tolentino era Mariano Coronado. Fernando Ibarra fue, además, miembro del cabildo de la ciudad de Guadalajara en 1886; su hermana Adelaida Ibarra (o Ybarra) se casó en 1883 con el general Tolentino, véase Seminario de Genealogía Mexicana, https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&p=adelaida&n=ybarra+sanchez (Consultado el 9 de octubre de 2017).

171 La Voz de México. Diario Político, Religioso, Científico y Literario, 2 de julio de 1885, pp. 1-2. Véase The Two Republics. City of Mexico, 12 de junio de 1885; también, El Monitor. Diario del Pueblo, 13 de junio de 1885, p. 3.

172 El Nacional, 14 de junio de 1885, p. 1. También, The Two Republics. City of Mexico, 16 de junio de 1885.

173 El Nacional, 14 de junio de 1885, p. 4. Como dice Cosío (1972, p. 239), Orozco “escribía empapando literalmente la pluma en la sangre de sus heridas”.

174 Véase El Foro. Diario de Derecho, Legislación y Jurisprudencia, 22 de julio de 1885, p. 65. Este periódico contiene el dictamen del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco respecto de la demanda del Ministerio Público contra Wistano L. Orozco, reproducida de un diario de Guadalajara llamado El Litigante.

175 El Foro. Diario de Derecho, Legislación y Jurisprudencia, 23 de junio de 1885, p. 440. Grafía original.

176 Véase Rangel (2017, pp. 457-484).

177 Peña, 1980, p. 136. Para una perspectiva más reciente de la “parentela” de la que habla De la Peña, véase el seguimiento que hace Gladys Lizama de las redes matrimoniales, de padrinazgo y de negocios de una destacada familia tapatía, los Martínez Negrete (Lizama, 2007, p. 75-117).

178 Por ejemplo, el conservador José Palomar presidía la Compañía de Telégrafos junto con el destacado liberal Ignacio Vallarta (Peña, 1980, p. 136).

179 Lizama muestra los casos de los militares Pedro Celestino Negrete y Mariano Paredes Arrillaga, quienes estaban dentro de la red de amistades y padrinazgos del comerciante y empresario Francisco Martínez Negrete Ortiz de Rosas, en la primera mitad del siglo XIX (Lizama, 2007, pp. 82-94). Sin embargo, su hijo no tuvo entre sus redes a militares o políticos, justo durante el porfiriato.

180 Lizama, 2015, p. 5.

181 El Partido Liberal, 16 de junio de 1885, p. 2. El uso de la “sociedad” como prosopopeya es un recurso retórico típico de los políticos que invocan lo público para justificar sus acciones (Bourdieu, 2014, pp. 90-91).

182 Tomo esta idea de opinión pública de Bourdieu (2014, pp. 92-94).

183 El Partido Liberal, 16 de junio de 1885, p. 1. Grafía original.

184 La Patria Diario de México, 7 de julio de 1885, p. 2. Además, el juez exculpó a los acompañantes de Ibarra, Isidro del Moral y Francisco Fernández Alonso.

185 “El Sr. Wistano Orozco”, El Partido Liberal, 24 de junio de 1885, p. 3. Orozco, 1906a, p. 6.

186 Hamon y Niblo, 1975, p. 32.

187 La Voz de México, 2 de julio de 1885, t. XVI, n. 145, pp. 1-2. Véase también El Tiempo. Diario Católico, año III, n. 565, p.1. Había en Guadalajara una familia de empresarios estadounidenses de apellido Loweree (Lizama, 2011, pp. 184-185). Pero no me es posible afirmar que el citado impresor Ramón Lowere fuera su pariente. Ramón continuó con su negocio de imprenta después de 1885.

188 Orozco, 1906a, p. 6.

189 Edificio financiado en gran parte por el ya mencionado comerciante, empresario, y filántropo español, Francisco Martínez Negrete. Véase Padilla (2001, pp. 251-256).

190 “Correspondencia de los estados. Jalisco”, La Voz de México, 11 de julio de 1885, p. 2. Cursivas en el original. La nota se publicó también en El Tiempo. Grafía original.

191 El Foro. Diario de Derecho, Legislación y Jurisprudencia, 22 de julio de 1885, p. 65.

192 “Correspondencia de los estados. Jalisco”, La Voz de México, 11 de julio de 1885, p. 2. Grafía original.

193 El Monitor. Diario del Pueblo 7 de julio de 1885, p. 3. También, el ejemplar del 9 de julio de 1885, p. 3.

194 La Voz de México, t. XVI, n. 171, sábado 1 de agosto de 1885, p. 3.

195 Orozco, 1906a, pp. 7-8. En Atemajac, cerca de la capital tapatía, había activas algunas bandas de ladrones, también existían conflictos de tierras entre pueblos de indios. Un tal jefe Corona era el cabecilla de una banda alzada, tal vez sea lo que recordaba Orozco (“Correspondencia de los estados. Jalisco”, La Voz de México, 22 de mayo de 1885, p. 2).

196 Estaba en la cárcel por “un libelo” en octubre (“General Mexican News”, The Two Republics, 18 de octubre de 1885, p. 4).

197 El relato novelesco de su huida, escrito veinte años después y sin duda aderezado con notas heroicas, se encuentra en Orozco (1906a, pp. 8-9).

198 La fábrica La Escoba se encontraban en Zapopan, en terrenos de la Hacienda La Magdalena, a unas cuatro leguas de Guadalajara (Lizama, 2011, p. 184).

199 Orozco, 1906a, pp. 8,9.

200 El Diario del Hogar, en la página 3 de su edición del 5 de noviembre de 1885, señala que la Gaceta Jalisciense dio la noticia de la prisión de W. L. Orozco y de su traslado a Veracruz. Véase también The Two Republics, 6 de noviembre de 1885, p. 3.

201 El Monitor. Diario del Pueblo, 5 de noviembre de 1885, p. 1.

202 Flores et al., 1996, pp. 140, 141.

203 Flores et al., 1996, pp. 143-150. Esa crisis, en especial por los efectos de la epidemia, incluso provocó un fuerte descenso en la población (Noriega, 2014, pp. 96-107).

204 Existía una fundición, una fábrica de pólvora, dos molinos de trigo, una cervecera, una fábrica textil en Guadalupe, además de diversas fábricas de mezcal en haciendas del estado (Flores et al., 1996, pp. 147-148; Noriega, 2014, pp. 141-178).

205 De la Torre, 2011, pp. 144-150.

206 Zacatecas era uno de los principales productores de carne, de lana y de ganado en pie. Para la ganadería zacatecana, el estudio más completo sigue siendo el de Esparza (1978, pp. 61-160).

207 El único rival de Díaz en el estado era el general Trinidad García de la Cadena, varias veces gobernador y candidato a la presidencia de México en 1880. García de la Cadena fue acusado de sedición en 1886, y asesinado por el jefe político de Zacatecas, con el beneplácito del presidente Díaz (Flores et al., 1996, pp. 135-141; Moreno, 2015, p. 111). Sobre el general Aréchiga y su amigo y subordinado Morfín Chávez, gobernador entre 1884 y 1888, véase Noriega, 2014, pp. 213-217; y Moreno, 2015, pp. 112-115.

208 Holden, 1994, pp. 16-24.

209 Pacheco, 1885, p. 26.

210 La ganadería zacatecana prosperó en gran manera durante el porfiriato, y estaba enfocada tanto al mercado nacional como al de exportación (Flores et al., 1996, pp. 143-144).

211 Para una parte de su parentela (Cuevas, 1996, pp. 67-68).

212 Esparza Sánchez, 1978, pp. 68-71. Entre sus parientes hubo varios gobernadores y propietarios de otros latifundios. La hacienda Trancoso se ubicaba muy cerca de la capital zacatecana; de hecho, la fábrica textil La Zacatecana estaba en Guadalupe, a unos pasos de la ciudad capital (Noriega, 2014, pp. 156-167).

213 Para el banco de Zacatecas, véase Noriega (2014, pp. 205-207).

214 Cañedo, 2015, pp. 159-258.

215 Malpaso, cuyo casco se ubicaba en el partido de Jerez, fue adquirida en la última década del periodo colonial por Antonio María Gordoa (Cañedo, 2015, pp. 176-177).

216 Rancho Grande y Ciénega también fueron adquiridas por el patriarca Antonio María Gordoa (Cañedo, 2015, p. 181). San Ignacio o San José del Maguey tenía en 1834 una extensión de unos 50 sitios de ganado mayor, y valía 123 000 pesos. Producía ganado caballar, ovino y caprino, lana y pieles, además de mezcal. San José del Maguey contaba con casi 70 000 ha a finales del siglo XIX (Cuevas, 1996, p. 59).

217 Cuevas, 1996, pp. 59-78; Moreno, 2015, pp. 119-150.

218 De la Torre, 2011, p. 144. Eran 12 partidos con 55 municipios (Noriega, 2014, p. 92).

219 Flores et al., 1996, p. 142.

220 Fenner, 2009, p. 5.

221 Holden, 1994, pp. 30-31, tabla 4. La compañía autorizada era de Rafael García Martínez y socios, en septiembre de 1883, y deslindaría terrenos baldíos en Durango, Zacatecas, Sinaloa y Jalisco (Pacheco, 1885, pp. 68).

222 Pacheco, 1885, pp. 70, 86. Beltrán, ingeniero de profesión, se asoció con Calderón, lo que llevó a algunas confusiones en el quehacer de la compañía. Véase el llamado de atención de la Secretaría de Fomento al juez de distrito en febrero de 1886 (Pacheco, 1885, pp. 226-227).

223 Cuevas, 2007, p. 107.

224 Cuevas (2007, p. 118) dice que la compañía tenía permiso de trabajar en los partidos de Fresnillo, Ojo Caliente, Tlaltenango y Sombrerete. Sin embargo, conforme a los documentos existentes, la compañía tenía facultad de deslindar propiedades en todo el estado, excepto el partido de la capital (CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 8).

225 Fernando Calderón era hacendado, fue además varias veces diputado local en Zacatecas, regidor en el ayuntamiento de la capital estatal y político cercano al gobernador Aréchiga. También se asoció con este gobernador en inversiones mineras, así como con José Jesús Valenzuela, quien en 1889 era diputado federal y radicaba en la Ciudad de México. Véase Noriega (2014, p. 216) y Moreno (2015, pp. 95-97).

226 Por ejemplo, en 1884, Fernando Calderón estaba en proceso de deslindar las haciendas de Mezquite y Salado (ccjz-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 8v).

227 ccjz-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, ff. 9-9v). José Valenzuela tenía experiencia en el negocio de denuncios y deslindes, ya que desde 1882 encabezaba una compañía deslindadora en once cantones de Chihuahua (Pacheco, 1885, p. 65).

228 Moreno, 2015, p. 102.

229 Sierra Hermosa contaba a mediados de siglo con cerca de 85 000 cabezas de ganado ovino, y vendía anualmente un promedio de 25 000 cabezas en México, Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí (Esparza, 1978, p. 51). Además de comerciar la lana y la carne de las ovejas, más el ganado bovino que también se contaba por miles.

230 Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio reunió los títulos nobiliarios de marqués de Jaral, marqués de Villafort y conde de San Mateo porque era el único heredero de ellos (Langue, 1999, p. 195).

231 Véase Moreno y Vázquez (2012, pp. 24-26). En la segunda mitad del siglo XIX, El Carro producía maíz y frijol, pero sobre todo se dedicaba a la cría de ganado bovino.

232 Langue, 1999, pp. 275-278.

233 Langue, 1999, p. 241.

234 Cuevas (2007, pp. 121-122) señala que Ceniceros, aparte de ser un destacado abogado y notario zacatecano, fue gobernador del estado en la posrevolución. El proceso judicial, en CCJZ-Civil (caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 1). Una pequeña parte de Sierra Hermosa estaba en San Luis Potosí.

235 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, ff. 28v-29v. Santa Catarina era otro latifundio dedicado a la cría de ganado ovino (Esparza, 1978, p. 54). Concepción Moncada era dueña de El Carro (Moreno y Vázquez, 2015, p. 26).

236 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 15.

237 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 15v.

238 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 1.

239 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 3.

240 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 5.

241 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 7.

242 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, f. 12.

243 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, ff. 25-27.

244 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 1, “Oposición al denuncio de Sierra hermosa”, 1887, ff. 42-43.

245 González, 1986, p. 36. Miguel Rul era, además, diputado federal.

246 González, 1986, p. 40. Sólo Mezquite contaba con 421 000 hectáreas en 1881.

247 ccjz-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 2v.

248 ccjz-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 8.

249 ccjz-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, ff. 18, 22, 24-25.

250 CCJZ-Civil, caja 32, exp. 1, “Queja del Lic. W. L. Orozco contra el juez 1o. de paz de Tlaltenango”, 1889, ff. 1-1v.

251 CCJZ-Civil, caja 32, exp. 1, “Queja del Lic. W. L. Orozco contra el juez 1o. de paz de Tlaltenango”, 1889, ff. 6-6v.

252 Cuevas, 2007, p. 119.

253 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, ff. 12-13v.

254 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, ff. 10-10v.

255 La Patria, 12 de abril de 1889, p. 2. El Foro, 13 de abril de 1889, pp. 274, 275. La sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia aparece en El Foro (18 de julio de 1889, pp. 49-51). Eduardo Ruiz fue abogado, periodista, escritor, combatiente liberal, Procurador General de Justicia de la Nación y ministro de la Suprema Corte, véase Ramírez, 2010, p. 95.

256 Calderón contaba con la autorización del gobierno federal para denunciar baldíos, y pidió en el juzgado de distrito de Zacatecas que se delimitaran las zonas donde podía hacer su trabajo (La Patria, 12 de abril de 1889, p. 2; El Foro, 13 de abril de 1889, p. 274). La denuncia de los terrenos de Rancho Grande se hizo el 30 de septiembre de 1885; el plano levantado señalaba 105 783 hectáreas, equivalentes a 60 sitios de ganado mayor (El Foro, 18 de julio de 1889, p. 49). Un sitio de ganado mayor equivalía a 1.75 hectáreas (Holden, 1994, p. XV).

257 La Patria 12 de abril de 1889, p. 2; El Foro 13 de abril de 1889, p. 274. Grafía original.

258 El Foro, 13 de abril de 1889, p. 274.

259 El Foro, 18 de julio de 1889, pp. 50-51.

260 Para la conflictividad política que provocó el decreto o ley de 1883, véase Fenner (2009, pp. 6-8).

261 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 1-45. Orozco consiguió un desenlace favorable de la apelación en noviembre de 1888.

262 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, f. 43. La ley citada era del 22 de julio de 1863. Grafía original.

263 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 52-52v.

264 AGN, Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, legajo 2018, número 306, año 1888, Juzgado de Distrito de Zacatecas, segundo suplente Lic. Wistano Luis Orozco.

265 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 62v-63.

266 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 59-59v. Romero había sido gobernador de Puebla.

267 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 55-55v.

268 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 57 y 64-65. Según la ley de 15 de diciembre de 1883, ése era el porcentaje que le correspondía a la compañía deslindadora. La mayor parte de las tierras obtenidas por la compañía habían sido de la hacienda de Trancoso.

269 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 63-63v.

270 Trancoso era propiedad del empresario José León García (Esparza, 1978, p. 68).

271 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, ff. 66-72v.

272 CCJZ-Civil, caja 29, exp. 2, parte 2, sin título, 1888-1889, f. 72v.

273 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 26.

274 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “Competencia promovida por el Lic. Wistano L. Orozco con el juez de lo civil del partido”, 1890, ff. 3-5.

275 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “Competencia promovida por el Lic. Wistano L. Orozco con el juez de lo civil del partido”, 1890, f. 1v. Grafía original.

276 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “Competencia promovida por el Lic. Wistano L. Orozco con el juez de lo civil del partido”, 1890, f. 1v.

277 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “Competencia promovida por el Lic. Wistano L. Orozco con el juez de lo civil del partido”, 1890, ff. 8-9v.

278 Véase El Siglo XIX (16 de enero de 1889, p. 4). Para un panorama de la prensa en Zacatecas en el siglo XIX véase Medina (1998, pp. 57-72). La Época se publicó durante un año, según la lista de publicaciones presentada en Flores, 2006, p. 241.

279 Según parece, Orozco daba pláticas, y probablemente cursos, en algunas escuelas católicas de Zacatecas (La Voz de México, 7 de febrero de 1889, p. 2).

280 La Voz de México, 7 de febrero de 1889, p. 2. En Zacatecas, la prensa católica no sólo se enfrentaba a la prensa liberal, sino a la prensa protestante (Medina, 1998, p. 63).

281 Así lo describen en una nota enviada por un zacatecano a la prensa católica de la ciudad de México (“Zacatecas”, La Voz de México, 30 de agosto de 1890, p. 2).

282 Hamon y Niblo, 1975, p. 32.

283 El Monitor Republicano, 21 de agosto de 1890, p. 2. Avellaneda era veracruzano.

284 La Voz de México, la primera nota fue del t. XXI (no. 191, viernes 22 de agosto de 1890, p. 2); la carta del personaje católico fue del 30 de agosto de 1890, p. 2. La discusión se originó al mencionarse el nombre de un masón, llamado Juan Pujol.

285 El Amigo de la Verdad señaló que el redactor del periódico católico La Rosa del Tepeyac había sido encarcelado por publicar los rumores sobre las amenazas de los masones contra Orozco (El Amigo de la Verdad, septiembre 6 de 1890, p. 3). El Átomo fue el segundo periódico de Orozco en Zacatecas, solo se publicó durante 1890, según Flores, 2006, p. 242.

286 El Amigo de la Verdad, 6 de septiembre de 1890, p. 3.

287 El Diario del Hogar, 19 de julio de 1890, p. 3.

288 Un cubano, apellidado Pujol, era gran secretario general y comendador en la mesa directiva de la asociación masónica denominada Campamento Nacional de Caballeros Templarios, a la que, al parecer, pertenecían altos funcionarios del gobierno federal, incluido el mismo Porfirio Díaz, como gran patrono, y el secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio, como gran maestre (La Voz de México, “Los Caballeros del Temple”, 9 de agosto de 1888, p. 2. Véase la lista completa en “Plumazos”, La Voz de México, 7 de julio de 1888, p. 1).

289 La Voz de México, 22 de agosto de 1890, p. 3.

290 El Amigo de la Verdad, 12 de septiembre de 1891, p. 4.

291 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “El Lic. W. L. Orozco, con poder de don Ignacio Romero Vargas, pide la posesión del sitio San Juan del Sauz”, 1890, ff. 1-7v. El rancho tenía una superficie de 1 797 hectáreas y se ubicaba en el municipio de San José de la Isla.

292 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “El Lic. W. L. Orozco, con poder de don Ignacio Romero Vargas, pide la posesión del sitio San Juan del Sauz”, 1890, f. 14v.

293 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “El Lic. W. L. Orozco, con poder de don Ignacio Romero Vargas, pide la posesión del sitio San Juan del Sauz”, 1890, f. 12v.

294 El Estandarte, 30 de enero de 1891, p. 3.

295 CCJZ-Civil, caja 35, exp. 2, “El Lic. W. L. Orozco, con poder de don Ignacio Romero Vargas, pide la posesión del sitio San Juan del Sauz”, 1890, f. 17. Por cierto, para el acto de posesión, Orozco solicitó se nombrara agrimensor al ingeniero Reginaldo García de la Cadena.

296 El Tiempo. Diario Católico, 15 de enero de 1892, p. 1.

297 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, ff. 28-28v.

298 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 30.

299 El Foro, 23 de diciembre de 1890, p. 1.

300 Orozco, 1974, pp. 789-792.

301 CCJZ-Civil, caja 26, exp. 2, parte 2, sin título, 1887, f. 42.

302 El Tiempo. Edición Ilustrada, 14 de abril de 1892, p. 12.

303 La Patria Diario de México, 20 de octubre de 1893, p. 3.

304 El Foro, 10 de enero de 1894, pp. 22-24.

305 El Foro, 13 de noviembre de 1897, p. 1.

306 El Foro, 13 de noviembre de 1897, p. 1. Pámanes señaló que Peña Blanca y sus ranchos eran parte de la hacienda de Valparaíso, pero como el opositor no había señalado las dimensiones del terreno de Peña Blanca que declaraba suyo, no podía proceder el denuncio en forma, ni la oposición correspondiente.

307 La Voz de México, 28 de junio de 1895, p. 3. También se publicó una nota en Diario del Hogar (4 de julio de 1895, p. 1); véase también el folleto publicado por Wistano en Guadalajara (Orozco, 1895, 58 pp.).

308 La Voz de México, 28 de junio de 1895, p. 3.

309 Diario del Hogar, 4 de julio de 1895, p. 1.

310 Orozco, 1895, pp. 3-4. Los terrenos adjudicados a Beas y Socios cubrían una extensión de 18 467 hectáreas.

311 Orozco, 1895, p. 5.

312 Orozco, 1895, pp. 5-6.

313 Orozco, 1895, pp. 10-11. Cursivas del original.

314 Orozco, 1895, pp. 11-12.

315 Orozco, 1895, pp. 17-18v.

316 Orozco, 1895, pp. 32-33.

317 Orozco, 1895, pp. 45.

318 El tiempo, 17 de julio de 1895, p. 4. La experiencia de Wistano L. Orozco en el campo zacatecano era vasta, como puede verse de los casos en los que Porfirio Díaz otorga títulos de propiedad a diferentes grupos de indígenas, y que cita en su libro (Orozco, 1974, pp. 42-43).

319 La Patria, 29 de agosto de 1895, p. 3. En El Comercio de Morelia (2 de noviembre de 1895, p. 4) se recomendaba a los propietarios adquirir la obra de Wistano Orozco, por su contenido de modelos y formularios para reconocer huecos y demasías de una finca, y “para salvarse de las garras de las panteras”. Se dice que el trabajo no tuvo grandes ventas ni fue especialmente popular (Hamon y Niblo, 1975, p. 35).

320 Orozco, 1974, pp. v-vii.

321 Orozco, 1974, p. xiii.

322 Orozco, 1974, p. vii.

323 Orozco, 1974, pp. 13-23.

324 Orozco, 1974, pp. 45-46. En este parecer, Orozco se apoyó en Vicente Rivapalacio, que señaló en su obra, México a través de los siglos, que aquella fue la primera real cédula relativa a ventas y composiciones de tierras. Véase Orozco (1974, p. 765).

325 Orozco, 1974, pp. 39-40.

326 Orozco, 1974, pp. 46-47. La ley de 22 de julio de 1863, Sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, puede verse en Fabila (1981, pp. 131-135).

327 La Real Cédula en que se da instrucción sobre las condiciones que deben observarse para el otorgamiento de mercedes y composiciones de tierras realengas y baldías que son a cargo de los excmos. Sres. Virreyes y Presidentes de las Reales Audiencias, en Fabila (1981, pp. 34-38).

328 Orozco, 1974, pp. 65-66.

329 Orozco, 1974, p. 86, grafía original. La prevalencia del “denunciante extraño” (la compañía deslindadora) era exactamente lo que había sucedido en varias ocasiones en Zacatecas.

330 Orozco, 1974, pp. 195-218.

331 Orozco, 1974, pp. 277-281.

332 Orozco, 1974, p. 300. Grafía original.

333 Orozco, 1974, p. 306.

334 Orozco, 1974, p. 322. El Decreto sobre colonización y compañías deslindadoras, en Fabila (1981, pp. 183-189).

335 Orozco, 1974, p. 338.

336 Orozco, 1974, pp. 338-339.

337 La Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos tiene fecha de 25 de marzo de 1894 (Fabila, 1981, pp. 189-205), pero Orozco la fecha en 26 de marzo.

338 Orozco, 1974, pp. 346-347.

339 Orozco, 1974, pp. 348-349.

340 Orozco citó los casos de títulos expedidos a favor de Dolores Rivera y Rosa Matute de Rivera, en Villanueva, Zacatecas; Jesús Jiménez de Martínez, en Ahualulco, Jalisco; Desiderio Baez y Socios, en Sayula y otros lugares de Jalisco (Orozco, 1974, pp. 381-382). Sin duda, escribía con pleno conocimiento de causa; recuérdese que representó a Baez y Socios, por lo menos.

341 El autor citó los casos en los que Ignacio Romero Vargas recibió títulos por tierras en Sierra Fría, Morones, Tecolote y otros en Zacatecas; una vez más escribió con pleno conocimiento de causa (Orozco, 1974, p. 382).

342 Véase un caso ocurrido en San Luis Potosí (en El Estandarte, 29 de mayo de 1892, p. 1).

343 Orozco, 1974, p. 383.

344 Lo cual, de hecho, ocurría en la práctica, como se verá en el siguiente capítulo.

345 Orozco, 1974, pp. 386-394.

346 Orozco, 1974, pp. 432-433.

347 Orozco, 1974, pp. 441-444.

348 Orozco, 1974, pp. 473-486. En la práctica, sería un particular contratado para tal efecto. Por ejemplo, en San Luis Potosí, un miembro de la élite local, Rafael Manrique de Lara, fue agente en 1892 (El Estandarte, 9 de junio de 1892).

349 Orozco, 1974, p. 650.

350 Orozco, 1974, pp. 651-653. De hecho, Orozco se detiene en el análisis de las razones legales que derivaron en esta desacreditada posición de los denunciantes, como ladrones, o por lo menos viles delatores. Véase Orozco (1974, pp. 700-703).

351 Orozco, 1974, pp. 654-657. Tiberio y Cayo Graco fueron reformadores que promulgaron leyes y aplicaron diversas medidas para la redistribución de la propiedad de la tierra en favor de los pobres y desposeídos en la antigua república romana, ambos fueron asesinados por las élites que controlaban el senado (Speake, 1999, p. 180).

352 Sobre la importancia dada por los políticos mexicanos a la migración europea para el desarrollo de la nación, véanse las propuestas de los diputados federales en 1885, en especial, el discurso de José María Romero, diputado por Querétaro, transcrito en Pacheco (1885, pp. 170-197).

353 Orozco, 1974, p. 837.

354 Orozco, 1974, p. 919.

355 Orozco, 1974, pp. 940-946.

356 Orozco, 1974, p. 950. Añadido propio entre corchetes.

357 Orozco, 1974, p. 964.

358 Orozco, 1974, pp. 966-968.

359 El libro se anunciaba a la venta muchos años después de su año de publicación, como en 1911, en las páginas de El Tiempo Ilustrado (1 de enero de 1911, p. 52). Uno de los pocos lectores, e intérprete, de su obra fue Andrés Molina Enríquez, como ha sido señalado hasta el cansancio por la historiografía. Pero si se leen con cuidado las obras de ambos, parece que Molina Enríquez tenía ideas y perspectivas muy diferentes de las que se pueden leer en el texto de Orozco. Para una comparación reciente, véase Marino (2015, pp. 86-98).

360 Orozco, 1906a, pp. 10-11.

361 Véase el anuncio en “Wistano Luis Orozco Abogado” (El Tiempo, 21 de agosto de 1895, p. 3); también en 28 de agosto de 1895, p. 3; 11 de septiembre de 1895, p. 3, entre otros.

362 Arenal, 1998, p. 44.

363 Orozco, 1902, p. 21.

364 Flores et al., 1996, pp. 150-151. Para la ciudad capital zacatecana, las epidemias de tifo y de viruela fueron un factor de primordial importancia en el descenso poblacional no sólo por las muertes, sino por la emigración forzada ante el peligro de contagio (Flores et al., 1996, p. 152). Sin embargo, para entender las dimensiones tanto del éxodo como del descenso demográfico, tómese en cuenta que el estado de Zacatecas contaba con 517 672 habitantes, según el censo de 1890 (Noriega, 2014, p. 95). Otra causa del descenso poblacional fue la caída del precio de la plata.

365 La historiografía ha señalado que San Luis Potosí experimentó una crisis económica acompañada de una epidemia de tifo y una grave sequía entre 1892 y 1895 (Cockcroft, 1994, pp. 23-24). Es decir, la capital potosina experimentó una situación similar a la zacatecana.

366 Cruz Maytorena, 2011, pp. 131-133. El partido de la capital tenía 141 691 habitantes en 1891 (Ankerson, 2011, p. 45). La población de la ciudad era de unas 68 000 personas en 1900 (Monroy y Calvillo, 1997, p. 206; Uribe, 2016, p. 59).

367 Para la industria, véase Falcón (1984, pp. 22-23); sobre el asunto de la plata, Ankerson (2011, p. 41); para perspectivas más contemporáneas, Leija (2013, pp. 109-170) y Uribe (2016, pp. 60-66).

368 Monroy y Calvillo, 1997, pp. 206, 207.

369 Luna, 2015, p. 73.

370 Otros edificios propios de la época son la penitenciaría estatal y la Escuela Industrial Militar (Monroy y Calvillo, 1997, pp. 201 y 209).

371 Falcón, 1984, p. 24.

372 Monroy y Calvillo, 1997, p. 205. Para una perspectiva amplia de la familia Díez Gutiérrez, véase también Corral (2002).

373 Falcón, 1984, p. 25. Sobre Carlos Díez Gutiérrez, véase una interesante versión en Uribe (2016, pp. 47-52).

374 Carlos y Pedro Díez Gutiérrez eran bisnietos de Felipe Barragán (Márquez, 1986, pp. 353-357. Véase también Monroy y Calvillo, 1997, p. 205. Sobre Felipe Barragán, su familia y la construcción de su fortuna en el siglo XVIII, Rangel, 2008, pp. 139-201).

375 Sobre Mariano Arguinzóniz, “achichincle” de don Porfirio”, véase Lerner (1986, pp. 328-331).

376 Blas Escontría dejó la gubernatura potosina en 1905 para incorporarse como ministro de Fomento en el gabinete de Porfirio Díaz (Márquez, 1986, p. 101; Monroy y Calvillo, 1997, p. 220).

377 Escontría era un personaje con gusto e interés por la enseñanza superior, fue profesor y director del Instituto Científico y Literario, entre 1885 y 1891, y también entre 1894 y 1897; murió en 1906 (Diccionario, 1992, p. 86).

378 Verástegui controlaba la política en el partido de Rioverde y fue diputado estatal durante la gubernatura de Escontría (Falcón, 1984, pp. 26-27). Era bisnieto de José Florencio Barragán, principal heredero de Felipe Barragán (Motilla, 2012, pp. 33-37).

379 José Encarnación Ipiña, hijo de un comerciante originario de Vizcaya, se casó con Luisa Verástegui. Su padrastro fue Casimiro Toranzo, comerciante de Santander (Motilla, 2012, pp. 4, 29). Ipiña fue gobernador interino de San Luis Potosí a la renuncia de Espinosa y Cuevas en 1911 (Márquez, 1986, p. 383-388).

380 José María Espinosa y Cuevas también era ingeniero; fue gobernador entre 1905 y 1911 (Márquez, 1986, p. 102). Era un apasionado de la ciencia, la tecnología, y la fotografía; murió fusilado por los revolucionarios por apoyar el régimen de Victoriano Huerta (Diccionario, 1992, pp. 86-87).

381 Los Barrenechea emparentaron con matrimonio con los Díez Gutiérrez, así que podría decirse que también formaron parte del círculo familiar (Márquez, 1986, p. 369). Pedro Barrenechea, fue regidor del ayuntamiento capitalino, inversionista en minas y empresario (Luna, 2015, pp. 69-184). En 1910, Barrenechea pagó la fianza para la salida de Francisco I. Madero de la cárcel (Cockcroft, 1994, pp. 41, 42). Sin embargo, se opuso al candidato maderista en las elecciones estatales en 1911 (Diccionario, 1992, pp. 39-40).

382 Los Meade fueron cofundadores del Banco de San Luis, entre otras cosas: la fortuna de uno de ellos, Federico Meade, se calculó en tres millones de dólares a su muerte en 1909 (Cockcroft, 1994, p. 27).

383 Falcón, 1984, 24-25. Sobre la familia Hernández Soto-Soberón, véase Mendoza Martínez (2015, pp. 35-190).

384 Era notable su asociación, y subordinación, a los capitales extranjeros, especialmente en los ferrocarriles y la minería (Cockcroft, 1994, pp. 17-36).

385 Monroy y Calvillo, 1997, p. 205.

386 “San Luis Potosí. Magistrados suplentes”, La Voz de México, 2 de junio de 1896, p. 2; “Decretos”, El Estandarte, 3 de junio de 1896, p. 2.

387 El Amigo de la Verdad. Periódico religioso y social dedicado a la instrucción del pueblo, 26 de septiembre de 1896, p. 4. Vargas fue obispo de Puebla (Bautista, 2012, p. 108); antes lo fue de Colima, cuando se creó ese obispado (Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Fondo Principal, Misceláneas No. 188, “Carta Pastoral del Primer Obispo de la Diócesis de Colima, sobre el Seminario Conciliar de esta ciudad”, año 1883).

388 Según Primo Feliciano Velázquez, fue el propio gobernador Díez Gutiérrez que dijo: “Ese periódico está muy desacreditado” (“Cómo murió ‘El Correo de San Luis’”, El Estandarte, 5 de junio de 1897).

389 El Foro, 3 de junio de 1897, p. 4. Wistano Orozco renunció a ese cargo en junio de 1899. Véase “Gacetilla. Renuncia” (El Tiempo, de junio de 1899, p. 3).

390 “La comisión del Código Civil”, El Estandarte, 7 de noviembre de 1896; El Amigo de la Verdad. Periódico religioso y social dedicado a la instrucción del pueblo, 16 de febrero de 1898, p. 4. Sobre el Instituto Científico y Literario, véase Torres et al. (2011, pp. 34-43).

391 “Las aguas subterráneas”, El Estandarte, 26 de febrero de 1897; El Contemporáneo, San Luis Potosí, 22 de diciembre de 1897, p. 4; “Gacetilla. Las Aguas Subterráneas”, El Contemporáneo, San Luis Potosí, 1o. de enero de 1898, p. 4. También aparece en El Tiempo (7 de agosto de 1898, p. 4).

392 “Ayuntamiento para 1898”, El Estandarte, 23 de diciembre de 1897, p. 3.

393 Cockcroft, 1994, pp. 73-74.

394 ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 24/1897, Juicio de amparo promovido por el Lic. Wistano Luis Orozco en favor de Pedro López contra actos de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, febrero de 1897. Hilario Viadero contaba con 35 años a su muerte, era miembro de “una de las más distinguidas familias de las colonias españolas de México y San Luis Potosí”, con varios hermanos dedicados a muchos negocios y con nexos cercanos entre los altos funcionarios del gobierno federal, como los secretarios de hacienda y de la Guerra (“Fallecimiento del señor D. Hilario Viadero”, La Voz de México, 13 de noviembre de 1895, p. 3).

395 Versión transcrita en un diario católico de la Ciudad de México que hizo eco de todo el asunto hasta la ejecución de López (“El asesinato del español D. Hilario Viadero”, La Voz de México, 6 de junio de 1897, p. 3). La agonía de Viadero se describe en “El robo y asalto al señor Viadero” (La Voz de México, 12 de noviembre de 1895, p. 3). En El Estandarte se decía que la mina se llamaba “Nueva Almadén” y que Viadero llevaba 130 pesos (El Estandarte, 5 de noviembre de 1895, p. 2). En la versión publicada por Orozco, Viadero llevaba consigo 270 pesos en efectivo (Orozco, 1897, p. 1; Cruz, 2011, p. 161).

396 El partido de Venado se ubicaba al norte de la capital del estado.

397 El Estandarte, 6 de noviembre de 1895, p. 2.

398 “Sentenciados a muerte”, La Voz de México, 29 de enero de 1896, p. 3. Otro implicado, Felipe Delgado, fue sentenciado a once meses en prisión.

399 Se supone que Aguilar lideraba grupos de bandidos en la zona entre los poblados de Venado y de Charcas. Era cuñado de Victoriano Torres, otro de los acusados por la muerte de Viadero, y de quien se decía había sido juez auxiliar en la localidad de Tierra Blanca, aledaña a Venado (Cruz, 2011, pp. 170-174).

400 Orozco, 1897, p. 6; Cruz, 2011, pp. 178.

401 Orozco aseguró que ese cambio era una simple venganza de los delincuentes sentenciados (Orozco, 1897, pp. 7-8).

402 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 24/1897, Juicio de amparo promovido por el Lic. Wistano Luis Orozco en favor de Pedro López contra actos de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, febrero de 1897, ff. 9-19.

403 Cruz, 2011, pp. 181-182. Sobre la prensa potosina y otras publicaciones de la época, véase Zamora (2015, pp. 213-229).

404 El gobernador negó el indulto en octubre de 1897. Para entonces, ya había sido ejecutado uno de los reos de ese crimen; otro de los reos era Victoriano Torres, que también había tramitado un amparo, el cual se le negó (“Próximas ejecuciones”, La Voz de México, 13 de octubre de 1897, p. 3). V. Torres fue ejecutado el lunes 6 de diciembre de ese mismo año (“Noticias varias”, La Voz de México, 10 de diciembre de 1897, p. 2).

405 El Congreso estatal cerró sus sesiones el 17 de diciembre sin haber resuelto si daba o no el indulto, pero después la comisión permanente, compuesta “de partidarios de la pena de muerte”, negó el indulto solicitado (“Probable ejecución”, La Voz de México, 18 de diciembre de 1897, p. 3).

406 El Contemporáneo. Diario Independiente, 22 de diciembre de 1897, p. 1. La nota llevaba como título “Los últimos momentos de un sentenciado a muerte. La ejecución de Pedro López. Esfuerzos postreros de defensa”.

407 El Contemporáneo. Diario Independiente, San Luis Potosí, 22 de diciembre de 1897, p. 1 [grafía original]. Firmó la denuncia el 20 de diciembre.

408 Véase la conclusión del caso en ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 233/1897, Juicio de amparo promovido por el Lic. Wistano L. Orozco en favor de Pedro López contra actos de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 23 de diciembre de 1897.

409 Inclusive se procedió a medir el cráneo de López, conforme a la antropología de la época, para mostrar su incapacidad mental, sin que eso cambiara en un ápice la sentencia (Orozco, 1897, p. 17).

410 Un diario capitalino publicó en diciembre de 1897 unas supuestas coplas escritas por Pedro López antes de su ejecución (“Recuerdo de Pedro López”, La Voz de México, 29 de diciembre de 1897, p. 3).

411 Entre los periódicos que Orozco identificó como parte de la campaña de linchamiento contra López estaban El Contemporáneo y el Siglo Futuro (Orozco, 1897, p. 18).

412 “Notificación”, El Contemporáneo. Diario Independiente, San Luis Potosí, 19 de enero de 1898, p. 2. El apellido era Yrisarri o Irizarri. Orozco también fue apoderado del agricultor de Rioverde Manuel Orta y de la señora Emilia Silva, residente en la capital potosina (aheslp, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, escribano público Antonio Nieto, actas 92 y 128, año 1899).

413 “La muerte de Ismael Salas Cabrera”, El Contemporáneo. Diario Independiente, San Luis Potosí, 23 de abril de 1898, p. 2.

414 “La guerra. Deberes de los neutrales”, El Contemporáneo. Diario Independiente, San Luis Potosí, 18 de mayo de 1898, pp. 1-2; “La guerra. Derechos de los estados neutrales”, El Contemporáneo. Diario Independiente, San Luis Potosí, 22 de mayo de 1898, pp. 1-2.

415 El Estandarte, San Luis Potosí, 31 de enero de 1899, p. 3; El Amigo de la Verdad. Periódico religioso y social dedicado a la instrucción del pueblo, 9 de febrero de 1899, p. 1. Sus padrinos de bodas fueron el diputado Jesús Ortiz y su hija, y el señor Juan Sánchez. Véase también, El Amigo de la Verdad. Periódico religioso y social dedicado a la instrucción del pueblo (7 de marzo de 1899, p. 1).

416 Orozco, 1905a, p. 30.

417 Gutiérrez Rivas, 2009, pp. 246-248.

418 San Salvador se dedicaba, sobre todo, al cultivo de caña de azúcar, ganadería y producción de piloncillo (Orozco, 1905a, pp. 7-9).

419 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 11/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra la segunda sala del Superior Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, enero de 1902”. Orozco representó a De la Torre en un juicio contra Avelino Ortega por incumplir el arrendamiento de la hacienda de San Salvador. El jalisciense publicó un folleto con los detalles de ese litigio (Orozco, 1905a).

420 Un terreno de aproximadamente 28 000 hectáreas ubicado entre los partidos de Ciudad del Maíz y de Hidalgo. Sobre los orígenes de la familia Moctezuma en San Luis Potosí, véase Rangel (2008, pp. 107-121). Sobre el condueñazgo de los Moctezuma, Gutiérrez Rivas (2009, pp. 239-255).

421 Gutiérrez Rivas, 2009, pp. 246-250. También había arrendatarios y aparceros dentro del predio.

422 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 198v.-199. Grafía original.

423 Orozco, 1902, p. 33; Orozco, 1905c, p. 21. Galván había sido, entre otras cosas, jefe político en el partido de Cerritos. Pertenecía al grupo político local fiel al gobernador Carlos Díez Gutiérrez, pero a la muerte de éste, Galván perdió relevancia política (Orozco, 1902, pp. 35-36. Sobre los litigios por el predio de los Moctezuma, véase Gutiérrez Rivas, 2009, pp. 255-260).

424 Orozco, 1902, pp. 37-38.

425 Gutiérrez Rivas, 2009, p. 251. Antonio Arguinzóniz era, además, primo hermano del gobernador estatal Blas Escontría. Ni Parada ni Arguinzóniz fueron mencionados abiertamente por Orozco en su publicación, aunque la descripción de una charla que sostuvo con un “encumbrado personaje”, “incógnito”, parece corresponder al entonces senador de la república (Orozco, 1902, pp. 34- 35).

426 Agustín Ortiz pagó a la Secretaría de Hacienda 63 268 pesos 72 centavos por los terrenos (28 116 hectáreas 32 aras) a $2.50 por hectárea (Orozco, 1902, pp. 168-169).

427 Orozco, 1902, p. 33; Orozco, 1905c, p. 22. Orozco describe a Agustín Ortiz en las páginas 36 y 37 de su texto como una persona iletrada y que dependía por completo de la protección y el favor de Díez Gutiérrez. Ortiz fue diputado local dos veces, entre 1881 y 1887 (tres legislaturas), y de nuevo entre 1893 y 1905 (seis legislaturas) (Cañedo et al., 2000, pp. 351-356). El juez de distrito titular en San Luis Potosí era Gabriel Aguirre.

428 Orozco, 1902, pp. 37-38.

429 Orozco, 1902, pp. 128-129. Alaquines era el poblado donde residían tanto el jefe político como el juez de primera instancia del partido de Hidalgo.

430 Orozco, 1902, pp. 39-41.

431 La copia del documento, en ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 47-50.

432 Orozco, 1902, pp. 65-174. Orozco hizo el trámite completo para solicitar la suspensión de diligencias ante el juez de distrito en noviembre de 1901.

433 Orozco, 1902, pp. 65-69.

434 Orozco, 1902, pp. 69-71.

435 Orozco, 1905b, p. 24. Grafía original.

436 Orozco, 1902, pp. 74-76.

437 Orozco, 1902, p. 123. Orozco transcribe íntegro el dictamen de suspensión en las pp. 151-154.

438 Orozco, 1902, pp. 86-93.

439 Orozco, 1902, pp. 94-96.

440 Orozco, 1902, pp. 97-99. De buena fe implica una posesión con derechos legales, de mala fe implica carencia de derechos en la posesión, un asunto ilegal.

441 Orozco, 1902, p. 97.

442 Orozco, 1902, pp. 109-118.

443 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión, San Luis Potosí”, abril de 1902, f. 197 [grafía original]. El auto tiene fecha 25 de agosto de 1896.

444 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión, San Luis Potosí”, abril de 1902, ff. 197-197v. Grafía original.

445 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 197v.-198. Grafía original.

446 Orozco, 1902, p. 117. Grafía original.

447 Orozco, 1905c, pp. 19-20.

448 Orozco, 1902, p. 175. Recuérdese que Orozco nunca mencionó a Antonio Arguinzóniz. De hecho, le dedicó algunas páginas de elogio al hermano, Mariano Arguinzóniz, también poderoso latifundista y cabeza de los negocios familiares (Orozco, 1902, pp. 56-59).

449 Gutiérrez Rivas, 2009, p. 251.

450 Orozco, 1902, p. 175.

451 Orozco, 1905c, pp. 16-17.

452 Orozco, 1905c, p. 34. En 1904, el ministro de Fomento era el general Manuel González Cosío.

453 Orozco, 1905c, p. 35. Rafael Rebollar era un funcionario de carrera en la administración de Porfirio Díaz, fue Ministro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, gobernador del mismo y procurador de la república entre 1901 y 1910. Se distinguía por sus ideas sobre la criminalidad basadas en Lombroso (García Ramírez, 1999, pp. 376-377; Speckman, 2011, pp. 111-151).

454 Orozco, 1905c, pp. 36-42.

455 Orozco, 1905c, pp. 43-44.

456 Orozco, 1905c, pp. 63-64.

457 Orozco, 1905c, p. 64. Grafía original.

458 Orozco, 1905b, p. 9.

459 ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 22-23v.

460 El referido texto de Wistano L. Orozco se llamó Las víctimas de Río Abajo y se publicó en 1905 en la Ciudad de México (Orozco, 1905b).

461 Orozco, 1905b, pp. 10 y 36.

462 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 2-3v.

463 Orozco, 1905b, p. 14.

464 Orozco, 1905b, p. 18.

465 Orozco, 1905b, p. 24. Grafía original.

466 Orozco, 1905b, p. 28; cursivas del original. El alegato completo está en las pp. 13-29 de la misma obra.

467 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 4-4v. La sentencia del tribunal estatal está en Orozco, 1905b, pp. 31-33.

468 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 1-1v.

469 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 1v. Orozco sustentó su solicitud de amparo en los artículos 822, 825, 828, 829, 830, 833, 857, 864, 1059, 1072, 1079 y relativos del Código Civil del estado. La hacienda Palmas era de los hermanos Espinosa y Cuevas, y se consideraba dependiente de la hacienda de Angostura, mucho mayor.

470 La solicitud de Salomé Puente se encuentra en la f. 22 del expediente.

471 ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 5. Grafía y subrayado original.

472 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 5v.

473 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 6-6v.

474 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión, San Luis Potosí”, abril de 1902, ff. 7v.-8v. Grafía original.

475 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 21. Grafía original. Oficio con fecha 6 de marzo de 1902.

476 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 25v-26. Grafía original.

477 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 8-9v. ¿Qué quiso decir Orozco con lo de los “vergonzosos y privados favores”? ¿Tal vez sobornos en dinero? Llama la atención la expresión del abogado, dando fe de cuánto le pudo afectar de forma personal ese “detalle”. Sin embargo, posiblemente esas formas extralegales eran costumbre en el sistema judicial.

478 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 9v.

479 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 10v.

480 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 11-11v.

481 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 12-12v.

482 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 13-13v.

483 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 14v.

484 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 15-15v.

485 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 97-97v. Grafía original.

486 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 97v.-98. Grafía original.

487 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 28-37.

488 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 39-39v.

489 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 113-114v.

490 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 117v-118. Grafía original.

491 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 121v-123.

492 Orozco, 1905b, pp. 35-40.

493 Orozco, 1905b, pp. 35-40.

494 Orozco, 1905b, pp. 41-46.

495 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 57-58.

496 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 64.

497 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 65-65v.

498 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 66-66v.

499 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 68-69.

500 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 69-72v.

501 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 133-136.

502 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 140-140v. Grafía original.

503 Citado en Pérez, 2008, p. 65.

504 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 163. Grafía original.

505 Orozco, 1905b, p. 16. Grafía original.

506 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 165-166.

507 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 166v. Grafía original.

508 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 166v.-167. Grafía original.

509 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 168-169v.

510 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 170. Grafía original.

511 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, f. 170.

512 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 171-172.

513 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 176v-177.

514 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 178v-179.

515 Orozco, 1905b, pp. 47-48.

516 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 184v-185.

517 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 55/1902, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines y jefe del partido político de Hidalgo, por despojo y prisión”, San Luis Potosí, abril de 1902, ff. 186-186v.

518 Los conflictos legales en los que intervino Orozco se prolongaron hasta 1911, por lo menos. Véase Ankerson (1994, p. 21) y Gutiérrez Rivas (2009, pp. 237-262).

519 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Amparo, 189/1906, cuaderno 2, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, San Luis Potosí, octubre de 1906, ff. 26v.-27.

520 Wistano L. Orozco tenía cincuenta años de edad en 1906.

521 Se cita este asunto en Cockcroft (1994, pp. 73-74).

522 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 51/1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, marzo de 1907. En su solicitud de amparo, Orozco dice no saber si lo acusaban de difamación o de calumnia.

523 Orozco, 1902, pp. 43-49.

524 Orozco, 1905a, p. 7.

525 Cockcroft, 1994, pp. 24-25.

526 Orozco, 1905a, p. 6.

527 Ankerson (2011, p. 5) cita el conflicto que sostuvieron los dueños de Angostura, Espinosa Cervantes, contra los pobladores de Villa de Carbonera entre 1879 y 1891, por el despojo de tierras, pleito en el cual incluso llegaron a usar de tropas para intimidar a la población. Escobar (2009, p. 55) expone la capacidad política de los Espinosa, durante las dos últimas décadas del porfiriato, para eludir o ignorar las demandas de algunos de los actores con límites conflictivos con Angostura.

528 Hasta ahora, el estudio más preciso sobre los jefes políticos es el reciente libro de Romana Falcón sobre esos funcionarios en el Estado de México entre 1856 y 1911. Véase Falcón (2015, pp. 147-244).

529 Díaz incluso podía intervenir en la designación de los jefes políticos en todo el país (Falcón, 1988, p. 429).

530 Es la propuesta de James Cockcroft, referencia obligada para el tema. Cockcroft realizó una amplia y profunda investigación de la actuación de seis personajes que consideró los principales intelectuales precursores de la Revolución mexicana: Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero. Los primeros cuatro personajes eran de origen potosino (Cockcroft, 1994, pp. 8-9). Si bien pudo exagerar en algunas apreciaciones, eso no demerita el conjunto general de su trabajo.

531 Cockcroft, 1994, pp. 87-93.

532 Cockcroft, 1994, pp. 96-100.

533 Cockcroft, 1994, pp. 132-133. Incluso hubo planes para iniciar una revuelta armada contra Díaz en 1906, pero en los hechos no se alcanzaron las dimensiones que se buscaban. Otras huelgas se dieron en el sector minero del estado, en 1901 y 1903; en este último año, la represión policial fue bastante violenta (Falcón, 1984, p. 23; Ankerson, 2011, p. 62).

534 Cockcroft, 1994, p. 134. Sobre Cananea y Río Blanco, véase Anderson (2006, pp. 125-252).

535 Márquez, 1986, pp. 535-542.

536 Por ejemplo, la Ley Lerdo y el Artículo 27 de la Constitución de 1857 coartaban la capacidad de las corporaciones civiles para ser dueños, administrar y litigar por bienes raíces (Falcón, 2015, p. 71).

537 Citado en Marino (2015, p. 86).

538 Véase el análisis de Ankerson de las condiciones generales en San Luis Potosí, y en especial el caso de la familia Cedillo en Angostura y Ciudad del Maíz durante el porfiriato, condiciones que contribuyeron al resentimiento creciente contra las élites (Ankerson, 2011, pp. 60-70). Cockcroft también menciona ese resentimiento de los grupos medios, que les llevaron en algunos casos al radicalismo político y al anarquismo (Cockcroft, 1994, pp. 69-82).

539 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 11. Según Orozco, contó en una carta al gobernador José María Espinosa y Cuevas, De la Torre mandó encarcelar al secretario del juzgado de primera instancia de Ciudad del Maíz por haber notificado en su domicilio el auto de emplazamiento de la demanda. Véase el Cuaderno 2, f. 8.

540 Orozco, 1906b, pp. 7-9.

541 Orozco, 1906b, p. 11.

542 Orozco, 1906b, pp. 12-15.

543 Publicada por Orozco en un folleto, con el título Interdicto de recuperar la posesión propuesto por el Lic. Wistano L. Orozco a nombre de los señores Ascención Rodríguez y socios contra D. Genaro de la Torre ante el juzgado de Alaquines, S. L. P. (Orozco, 1906b).

544 Sobre esa transacción y sobre muchos otros detalles de las familias Andrada Moctezuma, Barragán, y Ortiz de Zárate, véase Rangel (2008, pp. 85-131; 139-191).

545 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, Cuaderno 2, ff. 28-30. Para Felipe Barragán, véase también Rangel (2009, pp. 246-248).

546 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, Cuaderno 2, ff. 32-34.

547 De acuerdo con Genaro de la Torre, las tierras en conflicto eran del rancho El Carrizal, propiedad de su esposa Trinidad Rodríguez de la Torre, y de su cuñada, María R. de Barragán (ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, Cuaderno 2, ff. 15-16). En 1909, De la Torre le prestó dinero a Juan Francisco Barragán, que se decía dueño de El Carrizal. Véase Lerner (1986, p. 325).

548 Orozco, 1906b, p. 13. Grafía original.

549 Orozco, 1906b, p. 12.

550 ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 12-12v. Además, Orozco hizo llegar tres ejemplares de la publicación al gobernador Espinosa (ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, Cuaderno 2, ff. 11-12).

551 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 13v-14.

552 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 14v-18.

553 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 9v-10. Hasta el 15 de octubre, el juez de primera instancia no le había dado una copia del auto de formal prisión, aunque se la había pedido.

554 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 15-19v.

555 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 27-28v.

556 “Protesta”, El Estandarte, 4 de mayo de 1906, p. 3. Grafía original.

557 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 28v. Grafía original.

558 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 30v. Amaya citó el número 188, de abril de 1906, del Diario del Hogar. En ese artículo, primero publicado en el diario El Tiempo, de San Luis Potosí, Wistano declaró que no se podía imputar al gobernador de San Luis Potosí, José María Espinosa y Cuevas, conocimiento ni participación en los hechos que sucedían en Ciudad del Maíz. Véanse las ff. 48-49v, del juicio de amparo.

559 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 33. Grafía original.

560 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 36v.-37. Grafía original.

561 La estancia en la capital del estado se menciona en “Jefes políticos” (El Estandarte, 1o. de septiembre de 1906, p. 3); y su renuncia y sustitución por Jacobo Barragán, en “Nuevo jefe político de Ciudad del Maíz” (El Estandarte, 10 de octubre de 1906, p. 3).

562 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 37v.; y Cuaderno 2, ff. 24-24v

563 Véase el capítulo 1 de este libro.

564 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 37v.; y Cuaderno 2, ff. 24-24v.

565 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 40-40v.

566 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 45v.

567 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 58-60.

568 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 84v.-89.

569 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 96-100v.

570 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, Cuaderno 2, ff. 1-4.

571 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, copia del folleto mencionado en la f. 150.

572 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 112-119.

573 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, el alegato completo en ff. 133-149v. Grafía original.

574 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 135-146. Gómez era el juez de Alaquines, Amaya el abogado de Genaro de la Torre.

575 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 126v, y 151-156v.

576 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, amparo, 189/1906, San Luis Potosí, octubre de 1906, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 126v, y 158-161.

577 Orozco, 1906a, p. 1. Grafía original.

578 Orozco, 1906a, pp. 9-11.

579 Orozco, 1906a, pp. 11-13.

580 Entre otros trabajos que abordan la problemática de forma general están Palacios (2001, pp. 119-161), Falcón (2009, pp. 59-85), Ruiz (2012, pp. 19-89), Baitenmann (2017, pp. 2013-2072). Para contextos estatales específicos, algunos ejemplos recientes son Mendoza García (2007, pp. 65-100; y 2015), que se enfoca en los pueblos chocholtecos de Oaxaca; Zárate (2011, pp. 17-52), sobre las formas de adaptación en algunas comunidades de la meseta Purépecha en Michoacán; Falcón (2017, pp. 67-106), que analiza los litigios por tierras en el Estado de México durante la segunda mitad del siglo xix; por su parte, Torres Freyermuth (2017, pp. 449-480) presenta un primer acercamiento al tema para ciertas zonas de Chiapas.

581 Zárate, 2011, pp. 17-18.

582 Véase Rangel (2015, pp. 937- 1000); Escobar (2009, pp. 19-98).

583 Véase Stevens (1982, pp. 160-162).

584 Ruiz, 2012, pp. 44-50. Para un panorama de los contextos jurídicos y políticos en que se dieron las búsquedas de documentos por parte de los representantes de los pueblos, véase Palacios (2001, pp. 119-161).

585 Ruiz, 2012, p. 47.

586 Stevens, 1982, pp. 160-161.

587 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, caja 0462, exp. 82561, f. 1v.

588 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, caja 0462, exp. 82561, ff. 1v-2. Grafía original.

589 Rafael Olvera tuvo una larga trayectoria política, y si bien comenzó del lado conservador, gracias a su amistad y sociedad con el general Manuel González llegó a ser gobernador de Querétaro entre 1883 y 1887. Olvera nunca fue general, pero siempre contó con el mando militar en la región de Jalpan, lo que le permitió ser el poderoso cacique en la Sierra Gorda queretana. Sus adquisiciones de tierras en la zona Media y en la Huasteca potosinas datan del tiempo de su amistad con Manuel González; para el personaje, véase Miró (2013, pp. 1-15; y 2016, pp. 37-59). Sobre el calificativo de “junior porfiriano”, véase Alan Knight (“VIII. El precio de la longevidad”, Nexos, 2015, disponible en http://www.nexos.com.mx/?p=25427 [consultado en enero de 2017]).

590 Una copia de la solicitud de apeo y deslinde del supuesto condueñazgo está en agn (Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, caja 0462, exp. 82561). La lista de los supuestos despojadores está en la f. 8. Coincido con Baitenmann en que es muy difícil para el historiador conocer si esos representantes de las comunidades, no sólo de Santa María Acapulco, eran funcionarios municipales, regidores, autoridades tradicionales u de otro tipo, además de que es posible que representaran sólo a una fracción de la población, o a un grupo (Baitenmann, 2017, pp. 2013-2014).

591 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, caja 0462, exp. 82561, f. 1.

592 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, caja 0462, exp. 82561, f. 1v.

593 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, caja 0462, exp. 82561, ff. 8v-9.

594 Stevens, 1982, p. 162; Flores, 2007, pp. 245-284.

595 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”. Recuérdese la tesis de Ignacio Vallarta sobre las comunidades, de 1882 (Marino, 2015, p. 86).

596 Véase la nota “Importante negocio” (El Estandarte, 29 de julio de 1906, p. 2). El abogado M. Palau era cuñado de Manuel Ambriz Moctezuma, véase la página del Seminario de Genealogía Mexicana, consultada en enero de 2018 https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=palau+cabanas&oc=0&p=mariano

597 D. Ankerson también señaló a Zúñiga como nefasto y arbitrario (Ankerson, 1994, p. 21).

598 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 23-23v.

599 Consúltese Rangel (2015, pp. 947-962).

600 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 25. Sobre los duelos como elementos de unificación de las élites, y de su búsqueda por una distinción social que los separara de los otros grupos sociales, véase Piccato, 1999, pp. 331-354.

601 Una descripción pormenorizada, en Rangel (2015, pp. 970-989).

602 Para ésta y las otras misiones franciscanas establecidas entre los pames y otros grupos durante los siglos xvii y xviii, como parte de las custodias franciscanas de Rioverde y de Tampico, véase Rangel (2009, pp. 225-266).

603 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”.

604 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Órganos Autónomos y Archivos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Archivo Histórico, año 1905, Caja 0462, exp. 82561, 14 ff.

605 Como ya se vio en el caso de Santa María Acapulco, Valenzuela y Venegas era oidor de la Real Audiencia y “Real Chancillería”, y fue “juez privativo de composiciones de tierras y aguas ralelias o realengas” en ese año, véanse los títulos de las tierras del pueblo de San Felipe de los Gamotes, México, año 1696 (AGN, Tierras, vol. 1860, exp. 5, ff. 99-105).

606 “Asunto grave”, El Estandarte, 30 de mayo de 1897, p. 2.

607 AHESLP, Secretaría General de Gobierno, caja 1567, carpeta 14, “Relativo a los desórdenes habidos en el pueblo de Guayabos del Mpio. de Santa Catarina, con motivo de la cesión de terrenos hecha al señor Antonio Arguinzóniz”, marzo de 1896.

608 AHESLP, Secretaría General de Gobierno, caja 1567, carpeta 14, “Relativo a los desórdenes habidos en el pueblo de Guayabos del Mpio. de Santa Catarina, con motivo de la cesión de terrenos hecha al señor Antonio Arguinzóniz”, marzo de 1896.

609 “Asunto grave”, El Estandarte, 30 de mayo de 1897, p. 2.

610 “Asunto grave”, El Estandarte, 30 de mayo de 1897, p. 2. Grafía original.

611 “Lanzamiento de casas y tierras”, El Estandarte, 21 de octubre de 1897, p. 1.

612 “Lanzamiento de casas y tierras”, El Estandarte, 21 de octubre de 1897, p. 1; ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 5-7 y 23v-25.

613 Hasta 1707, la legislación de Indias no obligaba a los pueblos de indios a componer sus títulos y propiedades, véase Ruiz (2007, p. 175).

614 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 25-25v. Los dueños de Estancita eran una rama de la familia Verástegui (Uribe, 2011, pp. 244-247).

615 En su tiempo el virrey conde de Galve debió tratar con varias denuncias de aquellas misiones franciscanas contra los abusos de los estancieros (Rangel, 2009, pp. 241-246).

616 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 25v-26.

617 Manuel González era un gran propietario en Tamaulipas y en la zona Media de San Luis (Garner, 2010a, pp. 111-115).

618 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 27 [grafía original]. La citada resolución de 23 de julio es la que se dio en el caso de Santa María Acapulco.

619 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 6-8 [grafía original]. Sobre la apelación a la máxima autoridad político-jurídica como forma acostumbrada por los indígenas, véase Marino (2006, pp. 1365-1367).

620 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 8 [grafía original]. El juez de distrito antiindígena era Tomás Ortiz, a quien describían como “funesto personaje que hizo una gira devoradora de más de dos años haciendo pedazos a las comunidades de la huasteca como visitador oficial” (f. 20).

621 Díaz recibió muchas peticiones a lo largo de sus años de gobierno, pero no siempre actuaba paternalmente para resolverlas (Marino, 2006, p. 1368).

622 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 14.

623 Una muestra de cómo las élites porfirianas manejaban información privilegiada, en especial si les podía perjudicar, de forma ventajosa y sin considerar los procedimientos legales. El abogado de Arguinzóniz dijo que éste “tuvo conocimiento casual de ese ocurso” (ccjslp, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 59).

624 Véase Ruiz (2012, pp. 44-70); Barrera y Barrera (2012, pp. 90-133).

625 Justo en esos años se dio el caso de Manuel Ramírez de Arellano, apresado justamente en 1905 por “fraude y falsificación de papel sellado”, en la elaboración y venta de títulos apócrifos a diferentes pueblos (Barrera y Barrera, 2012, pp. 97-100).

626 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 3-3v. Grafía y subrayado original.

627 Desde 1846, por lo menos, el Reglamento del Archivo señalaba que “las compulsas extendidas en los términos prevenidos harán entera fe en todos los tribunales, juzgados y oficinas de la república” (en Ruiz, 2012, p. 47).

628 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 2v. Grafía original.

629 Puede verse la repetición del argumento en ccjslp (Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 70v-71v).

630 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 2v-3v.

631 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 31. Grafía y subrayado original.

632 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 38v. Grafía original.

633 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 10-10v.

634 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 58-64v.

635 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, ff. 68-69v.

636 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 72v.

637 CCJSLP, Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, Juicio de amparo, no. 51, México, marzo de 1907, “Juicio de amparo solicitado por el Lic. Wistano Luis Orozco contra el juez de primera instancia de Alaquines, por orden de aprehensión”, f. 75v.

638 Falcón, 2009, pp. 79-83.

639 AGN, Instituciones gubernamentales, Administración Pública Federal s. xix, Justicia, Secretaría de Justicia, caja 710, exp. 6, año 1910.

640 En 1914 publicó Los ejidos de los pueblos. Véase Orozco (1975). En 1911 había publicado un folleto, titulado La cuestión agraria, justo cuando los asuntos agrarios y de reparto de tierras estaba en el centro de la discusión pública, gracias a la “Revolución de San Luis Potosí”, como él le llamaba (Orozco, 1960).

641 Un brevísimo compendio de sus últimos años, en Orozco Sánchez (1975, pp. 7-42).

642 Ya Pablo Piccato ha señalado cómo las élites mexicanas, en especial las de la capital mexicana, usaban de diferentes artilugios para remarcar las diferencias sociales y de clase con los otros grupos, considerados inferiores. Por ejemplo, el duelo, que estaba sancionado como delito pero que en las consideraciones de las élites y en los castigos aplicados, cuando lo eran, mostraba claramente las disparidades y contradicciones mencionadas (Piccato, 1999, pp. 331-354).

643 Esto es lo que Slavoj Žižek llama la violencia objetiva, un tipo de violencia tan sutil que los actores terminan acostumbrados a ella y no la perciben como violencia, les es invisible porque es “sistémica”. Pero sin ella puede ser imposible explicar de forma coherente los estallidos “irracionales” de la violencia subjetiva (Žižek, 2009, pp. 9-18).

644 Ankerson, 1994, pp. 16-20.

645 El cadí era un juez en la estructura jerárquica político-administrativa de Al Ándalus. En la estructura sociológica elaborada por Weber sobre el derecho, uno de los cuatro tipos ideales de derecho es el derecho irracional material, ejemplificado por la “justicia del cadí”, que para Weber era la justicia que solucionaba un caso concreto “de modo no formal y de acuerdo con juicios de valor éticos concretos”, que operaba bajo principios utilitarios, de equidad y de justicia en cada caso, con consideración de la persona, pero irracionales. Una justicia que juzga de acuerdo con el sentimiento concreto, ética, política o socialmente condicionado. Sería un tipo de justicia “de clase”. Para el erudito alemán, en un sistema jurídico racional (con base en nociones y reglas jurídicas rigurosamente formales) también pueden existir manifestaciones de esa justicia irracional (Fariñas, 1998, pp. 219-220; Weber, 1998, pp. 732-734).

Ave de las tempestades. Wistano Luis Orozco y las contradicciones

del porfiriato en la provincia, 1884-1910

de Jose Alfedo Rangel Silva.

Se terminó de convertir a EPUB el 28 de octubre de 2019

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La composición tipográfica la realizó Eugenia Calero.

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